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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 319, de 06/09/2013
cve: BOCG-10-D-319
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
6 de septiembre de 2013
Núm. 319
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000706 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para garantizar y acelerar las ayudas a los afectados por el terremoto de Lorca a través de una norma de rango legal ...
162/000707 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la propuesta de reforma de la Demarcación y Planta Judicial ... (Página3)
162/000708 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre el acceso a la Renta Activa de Inserción ... (Página4)
162/000709 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la fijación de objetivos de crédito para PYMES a las entidades de crédito nacionalizadas ... (Página6)
162/000710 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre el acceso al trabajo de los parados que reciben prestaciones por desempleo ... (Página7)
162/000711 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre el acceso al empleo de los parados que participan en el programa PREPARA ... (Página9)
162/000712 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas de protección del patrimonio prerrománico asturiano ... (Página11)
162/000713 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para impulsar la protección de los derechos del colectivo LGTB en Rusia ... (Página12)
162/000714 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el establecimiento de un techo salarial vinculado al salario mínimo en relación de 1:12 ... (Página14)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000706
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
garantizar y acelerar las ayudas a los afectados por el terremoto de Lorca a través de una norma de rango legal, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Han transcurrido más de dos años desde los trágicos terremotos que asolaron la ciudad de Lorca y sus ciudadanos se enfrentan a una situación desoladora. Las Administraciones encargadas de aplicar el Plan Lorca han visto drásticamente
recortados sus presupuestos, hay 1.500 viviendas pendientes de reconstruir, cerca de 5.000 personas siguen fuera de la que fue su vivienda, un alto porcentaje de las ayudas aprobadas no han llegado a los beneficiarios, no hay fondos para sufragar
las demoliciones de inmuebles catalogados como ruina técnica o económica y cerca de una decena de infraestructuras dependientes de la Administración Regional siguen pendientes de reconstruir.
En el mes de mayo de 2013, se habían resuelto 14.009 expedientes de ayudas por importe de 53.275.320 euros, de los que 13.745 corresponden a vivienda y 264 a comercio. De estos, se han recibido poco más de la mitad, 28 millones de euros.
Está pendiente el pago de ayudas, principalmente de alquileres, por valor de 7,5 millones de euros. Aún 3.000 expedientes están a la espera de ser resueltos y de los 14.009 expedientes solventados, se han concedido ayudas a 6.456, lo que supone que
más del 50% han sido denegados.
Mil cien familias tienen ayudas aprobadas para el alquiler pero ninguna de ellas ha cobrado más de cuatro meses y muchas de ellas no han percibido cantidad alguna. Más de siete millones de euros que no están llegando a sus legítimos
destinatarios.
Los decretos de ruina económica expedidos por el Ayuntamiento son inservibles, porque obligan a la demolición forzosa en el plazo de dos meses, pero el Consorcio no asume la reconstrucción ni los propietarios cuentan con medios -la
indemnización no supone, en la mayoría de los casos, ni el 20% de su coste real.
Las orientaciones del Ayuntamiento y del Comisionado a las comunidades de propietarios afectadas aconsejan seguir la vía judicial, lo que implicaría asumir aún mayores desembolsos económicos para unas familias en una situación precaria y
tardarían años en resolverse. La realidad es que el Ayuntamiento y los gobiernos regional y estatal en este asunto están abandonando a su suerte a los afectados.
Esta situación de indefensión se ve incrementada porque el Plan Lorca, ahora Plan Lorca +, carece de fuerza vinculante. No ha sido capaz de resolverse el drama humano que hay detrás de cada situación a la que debería dar respuesta y la
inseguridad jurídica provocada por la ausencia de carácter normativo sitúa a los afectados en víctimas desprotegidas.
En síntesis dos años después del siniestro no se han paliado las consecuencias del seísmo, el desempleo que sigue creciendo ante la falta de actividad económica y ahora las recientes riadas han perjudicado el frágil tejido productivo clave
para sostener la economía y el empleo en el sector agrícola y ganadero.
Los gobiernos estatal, autonómico y local, dirigidos por un mismo partido político, no puede continuar con su desidia y seguir mirando a otro lado, convirtiendo en crónico un problema que debería haber sido resuelto hace tiempo. Es urgente
actuar y en este contexto resulta imprescindible que el Gobierno de España asuma y establezca compromisos reales, es preciso que actúe decididamente para garantizar las ayudas a los afectados y eso solo puede conseguirse convirtiendo las promesas de
ayudas que no han llegado en verdaderos derechos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar con carácter inmediato un Real Decreto-ley de modificación del Plan Lorca +, que incluya cuantas disposiciones sean necesarias para eliminar la inseguridad jurídica existente, reconociendo los derechos de los afectados a percibir
una compensación justa, rápida y eficaz por los daños que han sufrido.
2. La norma que se apruebe deberá contemplar en todo caso:
a) La liquidación de los pagos pendientes de las ayudas aprobadas en el plazo máximo de tres meses.
b) La resolución de la totalidad de expedientes antes de 31 de diciembre de 2013.
c) La dotación de financiación pública suficiente para la demolición de los inmuebles catalogadas como ruinas técnicas o económicas.
d) La inclusión de las indemnizaciones por los daños originados por el terremoto pero detectados con posterioridad a las peritaciones o evaluaciones realizadas para la solicitud de las ayudas, así como aquellos derivados de la dilación
indebida de las Administraciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2013.-María González Veracruz, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000707
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
propuesta de reforma de la Demarcación y Planta Judicial, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El Ministerio de Justicia ha hecho pública, a través de su página web, la propuesta de texto articulado de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial elaborada por la Comisión Institucional a la que se encomendó su redacción.
El propio Ministro de Justicia compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, en el mes de mayo pasado, para presentar un texto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, texto propuesto por la misma Comisión
Institucional que elaboró esta propuesta. El texto de reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial ya avanzaba las líneas que ahora se concretan en la reforma de la demarcación y planta judicial, pero el Ministro anunció, sembrando la confusión, que
no hacía suyo el texto que presentaba en sede parlamentaria abriendo así, a modo de globo sonda, un debate artificial y
escondiéndose una vez más el Gobierno, tras una Comisión de expertos, para no asumir su directa responsabilidad.
La propuesta de modificación de la demarcación y planta judicial que formula, sigue la senda de las reformas de la administración que nos viene proponiendo el Gobierno, y que como otras, ignora a los ciudadanos, las competencias que la
Constitución y sus Estatutos reservan a las Comunidades Autónomas y tiene como único eje rector, con el pretexto de un supuesto ahorro, la reducción de la administración orientada, en última instancia, al desmantelamiento de los servicios públicos.
El Ministro afirmó el 9 de julio en Valladolid que no se suprimirá ninguna sede judicial en España, pero, de llevarse a cabo la propuesta publicada, esta afirmación no sería cierta porque de su lectura se extrae que la 'implantación del
nuevo modelo condiciona el gasto que las Administraciones Públicas puedan realizar en mejora de los medios materiales al servicio de la Administración de Justicia, siendo así que aquel deberá localizarse en los edificios e instalaciones que han de
albergar las sedes reflejadas en la presente Ley y solamente en ellas' que estarán solo radicadas en las capitales de provincia según se deriva del articulado de la propuesta de Ley Orgánica del Poder Judicial y de los Anexos de la propuesta de ley
de demarcación y planta. Centralizar y alejar la justicia de los ciudadanos, como hace la propuesta, es radicalmente contrario a la facilitación de la tutela judicial.
Por tanto, la propuesta presentada supone un severo riesgo para la pervivencia de los partidos judiciales rurales amenazados de supresión o de una pérdida de funciones tal que los convertiría en poco más que sedes administrativas.
Cualquier propuesta que se formule, para merecer una mínima consideración, tiene que tener en cuenta, además de las competencias de otras administraciones en la materia, aspectos demográficos, de redes de comunicación, de tipología de la
litigiosidad existente en cada zona, del carácter rural, urbano o turístico de la zona, etc., y que, en base a un estudio de los mismos, llegase a conclusiones de dotación debidamente razonadas y articuladas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desestimar y no llevar a efecto la propuesta de reforma de la Ley de Demarcación y Planta hecha pública en la página web del Ministerio de Justicia.
2. Presentar una nueva propuesta de reforma en la que en su elaboración y contenido:
- Se tengan en cuenta las distintas competencias que concurren.
- Se mantenga la demarcación y planta vinculada a los territorios conformados por los partidos judiciales, dejando sin efecto la recentralización que lleva a cabo en las capitales de provincia.
- Mantenga las Audiencias Provinciales y los Juzgados de Paz para evitar el alejamiento y la concentración de la administración de justicia tan contraria a los intereses de los ciudadanos.
3. Implantar los Tribunales de Instancia simultáneamente con el pleno despliegue de la nueva oficina judicial, con el fin de garantizar el completo desarrollo de los servicios comunes procesales y agilizar la justicia, mejorando el servicio
público.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2013.-Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000708
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el acceso a la Renta Activa de Inserción, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Los requisitos actuales de acceso a la RAI desincentivan el acceso al empleo y penalizan a los trabajadores más dinámicos, ya que el principal requisito para ser beneficiario de la RAI, aparte de tener 45 años de edad, es haber estado en
paro e inscrito como demandante de empleo durante un año ininterrumpidamente.
La creación de la Renta Activa de Inserción fue autorizada por la Ley 45/2002, y se regula actualmente en el Real Decreto 1369/2006. La RAI es una ayuda peculiar dentro del elenco de prestaciones por desempleo, que fue pensada para apoyar a
las acciones de inserción laboral con grupos de personas muy específicos mediante el pago de una ayuda de 426 euros al mes durante 11 meses (y que puede cobrarse hasta en tres ocasiones con pausas de un año; es decir, 33 meses en total). Su
eficacia en la consecución de los objetivos de inserción laboral resulta discutible, como mostró un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas que, con datos referidos a un año de bonanza como 2005, estimó que solo el 26% de los beneficiarios de
la RAI había encontrado algún tipo de colocación durante el cobro de la ayuda (contratos normalmente muy cortos), y sólo un 7% había abandonado el programa por una inserción laboral real (contratos de más de seis meses). Sin embargo, ante la
dramática situación de paro que sufre España, el programa RAI ha desbordado su ámbito inicial, ya que ahora es una de las últimas ayudas a las que se pueden acoger los parados de larga duración de más de 45 años de edad (el número de beneficiarios
ha pasado de 65.600 personas de media en 2007, a unas 235.000 en mayo de 2013).
La inscripción como demandante de empleo que se exige para acceder a la RAI suele ser en la práctica, ante el desbordamiento que sufren los servicios autonómicos de empleo, una mera formalidad burocrática, que se realiza presencialmente en
una oficina de empleo para la inscripción inicial y se renueva cada tres meses presencialmente, o a través de internet. Este requisito de inscripción ininterrumpida durante un año se incumple cuando la persona acumula más de 90 días de trabajo
durante ese año. Esta característica, distinta a las del resto de prestaciones por desempleo, puede suponer en algunos casos un desincentivo al empleo, e incluso un incentivo al trabajo en la economía sumergida, ya que el trabajador sabe que si
acepta trabajos temporales legalmente cotizados que sumen más de esos 90 días, al finalizar su contrato no podrá acceder a la Renta Activa de Inserción hasta pasado otro año adicional en paro. Si el límite de 90 días trabajados se elevara hasta 180
días, el trabajador que superara esta cantidad de días cotizados no podría acceder a la RAI, pero sí podría acceder como mínimo al subsidio por cotización insuficiente, que para personas sin cargas familiares concede seis meses de prestación (y la
posibilidad de acceder más tarde a la RAI, si no se encuentra empleo mientras tanto).
En cualquier caso, resulta injusto castigar a los desempleados más dinámicos con la exclusión del programa RAI precisamente por intentar integrarse en el mercado laboral aceptando contratos temporales, que como es bien conocido son los que
predominan abrumadoramente en las ofertas de empleo en España. Modificando los requisitos de tiempo en desempleo se eliminarían desincentivos al trabajo y se mejoraría la función del programa como protección de último recurso para los trabajadores
que hayan agotado sus derechos a prestación contributiva o a subsidio asistencial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las modificaciones legales necesarias para que, a efectos del acceso al programa RAI, no se considere interrumpida la inscripción como demandante de empleo si el solicitante ha
trabajado menos de 180 días en el año anterior a su solicitud (en lugar de los 90 días de límite actual).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de agosto de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
162/000709
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la fijación de objetivos de crédito para PYMES a las entidades de crédito nacionalizadas, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Tras seis años de crisis económica, la restricción del crédito a las familias y empresas no ha remitido. Por el contrario, el crédito cae ahora a las mayores tasas desde el inicio de la crisis. Según los datos de junio de 2013, publicados
por el Banco de España, el crédito a los hogares cae al 4,4% en tasa interanual y el crédito a las sociedades no financieras al 6,6%. El crédito concedido por la banca española a las empresas se ha desplomado un 27% desde 2009, de nuevo según los
datos del Banco de España.
Los problemas en el acceso a la financiación bancaria no son solo de cantidades, sino también de precios: las entidades financieras han incrementado tanto los tipos de interés de los préstamos (en algunos casos llegando a cifras de dos
dígitos), como la exigencia de garantías (a menudo la vivienda habitual) y el cobro de comisiones.
Es cierto que una caída tan acusada del crédito obedece tanto a factores de demanda como de oferta. En un contexto de recesión económica, es más difícil encontrar demanda solvente. Pero no es menos cierto que las restricciones que existen
por el lado de la oferta son las que explican una parte muy importante del desplome del crédito. incluso el FMI y el BCE han reconocido la existencia del drama de empresas españolas solventes que se quedan sin acceso al crédito.
Esta situación dificulta extraordinariamente la recuperación económica. Parte del consumo, el componente con mayor peso en la demanda agregada, se financia mediante préstamos (hipotecas, crédito al consumo de bienes duraderos como
automóviles...). Aún en mayor grado depende de la financiación bancaria la inversión empresarial. Las empresas necesitan esos adelantos para comprar maquinaria, e incluso para circulante, antes de poder generar ingresos con que devolverlos. Por
ello, la normalización del crédito ha de considerarse un prerrequisito esencial de la recuperación económica.
Dentro de este problema general, las pequeñas y medianas empresas españolas son las que están sufriendo con mayor virulencia las restricciones en el acceso a la financiación bancaria. Las entidades financieras las perciben como prestatarios
con mayor riesgo, y algunas parecen estar optando por un cierre generalizado del crédito, que les lleva a dejar de prestar incluso a Pymes que son perfectamente viables. En ocasiones, se les priva del circulante sin razones aparentes que lo
justifiquen. Cuando logran acceder al crédito, las condiciones que se les imponen son también más gravosas. Esto exige una respuesta urgente, por la importancia de las Pymes en el tejido productivo y el empleo de nuestro país, así como por su
mayor dificultad para acceder a fuentes de financiación alternativas a las bancarias.
El gobierno dispone de instrumentos para actuar directamente en este ámbito. Uno de ellos es el ICO, pero este concedió en préstamos a empresas en el primer semestre de 2013 un 47,3% menos que en el mismo período del año anterior.
Otro instrumento lo constituyen las entidades financieras (sobre todo antiguas Cajas de Ahorros) que han acabado en manos públicas al ser rescatadas, para evitar su quiebra, a costa del contribuyente. Esto ha supuesto un considerable
sacrificio al conjunto de la sociedad, en forma de 40.000 millones de euros del rescate europeo, una deuda pública que tendrá que ser devuelta y que se ha utilizado para realizar unas recapitalizaciones con fondos públicos que en buena parte se
perderán. Como consecuencia, el Estado (a través del FROB) controla hoy esas entidades.
No obstante, tras el rescate no solo no han cesado las restricciones al crédito, sino que incluso se han agravado, y en ellas participan con un protagonismo especial las propias entidades nacionalizadas.
El mismo presidente del Gobierno ha reconocido públicamente que las líneas de crédito del ICO no están funcionando 'como quisiera' y reclamado que la banca colabore más con el organismo público para facilitar la financiación de las pequeñas
y medianas empresas. También se ha sumado, junto al ministro de Economía y al de Industria, a la tesis de que las entidades nacionalizadas servirán para reanimar el crédito. En la misma línea, el FROB puso en marcha una polémica campaña
publicitaria.
En este contexto, un objetivo mínimo consistiría en evitar que, al menos en las entidades financieras nacionalizadas, disminuya el crédito a las Pymes en términos reales.
Por todo lo anterior, el Grupo parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para que las entidades financieras nacionalizadas realicen una labor social mientras permanezcan en manos públicas, impidiendo que en su ámbito de competencia
disminuya el crédito que reciben las Pequeñas y Medianas Empresas. Con este fin, el Gobierno les fijará anualmente unos objetivos de crecimiento del crédito que conceden a estas empresas que al menos iguale la tasa esperada de inflación, para
evitar que disminuya en términos reales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de agosto de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
162/000710
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el acceso al trabajo de los parados que reciben prestaciones por desempleo, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Uno de los fines principales de todo sistema de protección contra el desempleo ha de ser el favorecer la recolocación de los desempleados, facilitándoles la incorporación a una nueva ocupación, tal y como recoge el artículo 206 del Real
Decreto-ley 1/1994 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social. Por ello, uno de los principios generales de todo sistema de protección debe ser la promoción y el incentivo del empleo, en estrecha relación con las
políticas activas, según recomienda la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Una vía esencial para lograr dicha promoción del empleo sería garantizar a los trabajadores en paro que, en ningún caso, comenzar un nuevo trabajo les supondrá una merma de futuros derechos a la protección por desempleo. Sin embargo,
algunas características de las prestaciones y ayudas por desempleo actualmente vigentes en nuestro país penalizan a los trabajadores más dinámicos, generando desincentivos a la búsqueda de empleo. Probablemente, las continuas modificaciones de la
normativa que regula nuestro sistema de protección contra el desempleo y su complejidad hayan sido la causa de estos incentivos no deseados, que penalizan la búsqueda de empleo y restan coherencia a las políticas del mercado de trabajo.
Tales desincentivos al trabajo pueden identificarse en uno de los elementos importantes del sistema de protección contra el desempleo: la duración de una prestación cuando se compatibiliza con el trabajo a tiempo parcial.
Los beneficiarios de una prestación que se colocan a tiempo parcial y solicitan compatibilizar este nuevo empleo con el cobro de su prestación resultan injustamente penalizados, ya que cobran solo el porcentaje de jornada no trabajado pero
consumen días completos de la duración de su derecho a prestación (según lo previsto en el art. 221 del Real Decreto-ley 1/1994 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social). Esta característica puede estar
desanimando a muchos perceptores de prestaciones a la hora de aceptar un empleo a tiempo parcial, por los siguientes inconvenientes que se les plantean:
1. Si el desempleado acepta una colocación a tiempo parcial y suspende su prestación (no la compatibiliza), podrá reanudar el cobro de esa prestación en el futuro, en el caso de que pierda la nueva colocación, pero probablemente vea
reducidos sus ingresos familiares mientras trabaje a
tiempo parcial. Las ocupaciones a tiempo parcial tienen como suelo el salario mínimo interprofesional ponderado por el porcentaje de una jornada total que supongan (por ejemplo, un contrato de media jornada tiene un salario mínimo del 50%,
es decir unos 320 euros al mes) y en muchas ocasiones los contratos parciales se emplean para tareas de menor cualificación o para puestos de entrada a las empresas que suponen salarios bajos. Estas retribuciones bajas hay que compararlas con la
cuantía media de una prestación contributiva, que actualmente es de unos 870 euros al mes según las estadísticas publicadas por el SEPE, y con la cuantía estándar de un subsidio asistencial, que es de 426 euros mensuales.
2. Si, por el contrario, el desempleado acepta un trabajo a tiempo parcial y solicita compatibilidad con su prestación, probablemente mantendrá o aumentará sus ingresos familiares, pero a la vez estará renunciando a una renta futura si se
vuelve a quedar en paro. Tomando como ejemplo una prestación de 800 euros al mes con diez meses de duración pendientes, su compatibilidad con un trabajo de media jornada durante esos diez meses supondría para el beneficiario una renta de 400 euros
mensuales de prestación más el salario a tiempo parcial. Pero, a la vez, estaría renunciando a otros 400 euros mensuales (4.000 euros en total) que ya no podría percibir nunca, porque si al cabo de los diez meses o posteriormente perdiera su nuevo
empleo, ya no le quedaría prestación que reanudar, al haberse consumido ésta completamente durante la compatibilidad. Solo podría acogerse a alguna prestación o subsidio por finalizar un trabajo a tiempo parcial, que normalmente son de muy escasa
cuantía, al calcularse sobre unas bases reguladores bajas y tener unos topes mínimos reducidos.
Ante estas perspectivas, muchos parados perceptores de prestación pueden estar renunciando a la búsqueda de empleos a tiempo parcial, a la espera de poder conseguir un empleo a tiempo total. Este comportamiento quedaría superado si se
estableciera normativamente el consumo parcial de días de prestación a los parados que se coloquen a tiempo parcial, en proporción a la jornada no trabajada, algo que ya se permite en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de reducción de
jornada y en la Renta Activa de Inserción. De esta forma, el trabajador podría aceptar ocupaciones parciales sin menoscabo de su renta familiar o sin poner en riesgo su futura protección por desempleo.
Promover la compatibilidad de la prestación por desempleo con el trabajo a tiempo parcial mediante el consumo parcial de la duración de la prestación tendría grandes ventajas para el desempleado, pero también resultaría de interés general
desde el punto de vista de las políticas activas de empleo, el funcionamiento del mercado laboral y la estabilidad presupuestaria.
Desde la perspectiva de las políticas activas de empleo, las posibilidades de inserción laboral a tiempo completo del trabajador son mayores si se mantiene activo a tiempo parcial, que si permanece en desempleo completo. El trabajador no
pierde cualificación por la inactividad, que es uno de los factores de persistencia del paro de larga duración, o al menos gana experiencia en una nueva ocupación. Al mismo tiempo, un trabajador que tiene un contrato a tiempo parcial en regla y
cobra a la vez una prestación tendrá pocos incentivos para aceptar trabajos irregulares en la economía sumergida.
Desde el punto de vista de la Hacienda Pública, el trabajador que compatibiliza cobra solo parte de su prestación (lo que supone un gasto menor para el presupuesto del Estado que el pago de una prestación completa), y a la vez genera una
nueva cotización a la Seguridad Social, paga el correspondiente IRPF (que se le retiene directamente en su nómina) y, con el nuevo salario, aumenta su capacidad de consumo, tributando por tanto más por IVA y otros impuestos indirectos. Es probable
que, en muchos casos, los ingresos fiscales adicionales que genera la colocación a tiempo parcial del parado puedan incluso superar el gasto de la prestación que se le continúa pagando, especialmente en el caso de los perceptores de prestaciones de
escasa cuantía, como los subsidios asistenciales (426 euros al mes como máximo).
Desde el punto de vista del funcionamiento del mercado laboral, la OIT ha recomendado a España promover el uso de los contratos a tiempo parcial, señalando varios beneficios potenciales. Por una parte, el trabajo a tiempo parcial puede
ayudar a promover la participación en el mercado laboral de grupos de desempleados de larga duración y, por otra, en algunos casos un contrato a tiempo parcial puede otorgar a los empleados una mayor flexibilidad en términos de equilibrio entre vida
laboral y personal. Además, la OIT afirma que la posibilidad de ajustar las jornadas laborales puede ayudar a reducir la pérdida de puestos de trabajo durante las recesiones. Sin embargo, el mercado de trabajo en España se caracteriza por un uso
más reducido de los contratos a tiempo parcial que en la mayoría de los países de la Unión Europea. Si tomamos los datos de Eurostat referidos al año 2012, en España el 15% de los trabajadores ocupados tienen un contrato a tiempo parcial, mientras
que la media de los países de la Eurozona es
del 21%, y en países como Alemania, Dinamarca, Austria, Suecia o Reino Unido la contratación parcial supera el 25%.
La contratación a tiempo parcial puede ser una vía de especial interés para aquellos autónomos y emprendedores que contratan personal por primera vez, por lo que necesitan hacerlo de forma gradual para decidirse a dar el paso de convertirse
en empleadores.
En definitiva, establecer la consunción parcial de días de prestación en la compatibilidad con el trabajo a tiempo parcial sería una buena medida de promoción de la actividad de los desempleados, que no tendría por qué generar gastos
fiscales significativos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que introduzca los cambios normativos necesarios para que los perceptores de prestaciones por desempleo que decidan compatibilizar el cobro de su prestación con un trabajo a tiempo parcial
vean reducida la duración de su prestación no por días enteros (como hasta ahora), sino en proporción al porcentaje no trabajado de jornada, como ya se contempla para los trabajadores afectados por un ERE de reducción de jornada y para los
beneficiarios de la Renta Activa de Inserción.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de agosto de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
162/000711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el acceso al empleo de los parados que participan en el programa PREPARA, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El diseño actual del programa PREPARA genera graves desincentivos al empleo de los trabajadores parados que participan en él. El Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, introdujo de forma coyuntural el programa de recualificación
profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, en sustitución del anterior programa PRODI, vigente desde el año 2009. El programa PREPARA está basado (en teoría) en acciones de políticas activas de empleo y en la percepción de
una ayuda económica de acompañamiento (de 400 o 450 euros mensuales durante un máximo de seis meses). El programa, en principio de seis meses de duración, ha sido prorrogado en cuatro ocasiones y, desde la publicación del Real Decreto-ley 1/2013,
de 25 de enero, ha pasado a prorrogarse automáticamente por períodos de seis meses, mientras la tasa de desempleo (según la Encuesta de Población Activa) sea superior al 20%. En cada una de sus prórrogas, este programa ha sufrido modificaciones que
han ido introduciendo cortapisas a la búsqueda de empleo por parte de los parados.
En la prórroga aprobada por Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, se introdujo la caducidad del cobro de la ayuda económica del PREPARA a los seis meses naturales desde la inclusión del desempleado en el programa. De esta manera, el
beneficiario que empiece a trabajar no podrá retomar la ayuda por el tiempo no cobrado, en el caso de que se vuelva a quedar en paro, si no que solo podrá volver a cobrar la ayuda reducida en el tiempo que haya trabajado (eso suponiendo que no hayan
transcurrido los seis meses naturales desde la aprobación de su ayuda, en cuyo caso ya no conservaría ningún derecho).
A este primer castigo a los que vuelvan a trabajar, se une el que la ayuda del PREPARA sea incompatible con el trabajo a tiempo pardal. Cualquier trabajo poco cualificado, con una jornada parcial del 50% o inferior, suele generar un salario
menor que los 400 o 450 euros de ayuda económica del PREPARA, por lo que un beneficiario del programa normalmente pierde dinero si acepta uno de estos empleos.
Por otro lado, con la reforma introducida por Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, se introdujo un requisito adicional para el acceso al PREPARA de los desempleados sin cargas familiares: haber estado en paro e inscrito como
demandante de empleo en 12 de los últimos 18 meses. De esta forma, se excluye de los beneficios del PREPARA a los trabajadores más dinámicos, que entran y salen del desempleo a causa de la proliferación de los contratos temporales. Incluso se
puede dar el caso de que un desempleado que esté próximo a finalizar una prestación vea que aceptar un trabajo temporal de semanas o meses le haría perder la posibilidad de incorporarse luego al programa PREPARA, cuando vuelva a quedarse en paro y
agote su prestación.
Esta discriminación hacia los trabajadores más activos, junto a otros requisitos adicionales, ha tenido como consecuencia que el número de beneficiarios del programa PREPARA haya caído drásticamente tras la reforma de agosto de 2012,
reduciéndose, muy probablemente, a menos de la mitad. Pese a que el Gobierno no ha cumplido a día de hoy su compromiso de evaluar periódicamente este programa publicando datos objetivos, algunas fuentes de información apuntan claramente a este
fuerte descenso del número de beneficiarios. En primer lugar, el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 14 de marzo de 2013 publica la respuesta escrita del Gobierno a una pregunta formulada por el Diputado don Miguel A. Heredia Díaz. Los
datos incluidos en esta respuesta indican que, a partir de la reforma de agosto de 2012, el número de beneficiarios desciende de forma continua mes a mes, pasando de 211.000 en julio de 2012 a 127.000 en noviembre del mismo año (un descenso de casi
el 40%). Si a esto añadimos el seguimiento mensual de las nóminas del PREPARA publicadas en los Boletines Oficiales de algunas provincias, podemos afirmar que se ha pasado de una nómina mensual de más de 200.000 beneficiarios antes de la reforma de
agosto de 2012, a una nómina actual que puede no llegar ni siquiera a los 100.000 desempleados.
Estos datos resultan aún más preocupantes si consideramos que la protección del PREPARA debería suplir la bajada en la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo ordinarias. Esta tasa de cobertura (parados que reciben prestación
entre parados inscritos en los Servicios Públicos de Empleo), ha pasado del 78% a finales del año 2010, al 65% al terminar 2012. Actualmente, algo menos de tres millones de personas reciben una prestación por desempleo en España, frente a una cifra
de más de seis millones de parados. En consecuencia, el PREPARA no está cumpliendo bien la misión de proteger a los que agotan una prestación por desempleo, probablemente por la introducción de requisitos adicionales de acceso (como la condición de
estar desempleado en 12 de los 18 últimos meses previos a la solicitud de acceso al programa). La eliminación de este requisito es necesaria, tanto para evitar desincentivos a la búsqueda de empleo, como para mejorar la protección de los
desempleados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Introducir los cambios normativos necesarios para que la ayuda del programa PREPARA quede suspendida en caso de colocación del beneficiario, de forma que este pueda percibir el tiempo restante de ayuda si vuelve a quedarse en paro.
2. Permitir la compatibilidad de la ayuda del programa PREPARA con el trabajo a tiempo parcial, adaptando la cuantía de la ayuda (y el consumo de su duración) en proporción al porcentaje no trabajado de jornada.
3. Eliminar el requisito de haber sido demandante de empleo en doce de los últimos dieciocho meses, para el acceso al programa PREPARA de los trabajadores sin cargas familiares.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de agosto de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
162/000712
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUíA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas de protección del patrimonio prerrománico asturiano, para
su debate en el Pleno.
El prerrománico asturiano es una joya cultural europea declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y, sin embargo, sufre una situación de abandono absurda e inadmisible. Ya Jovellanos había llamado la atención sobre la originalidad y
belleza de estos doce templos y tres construcciones civiles construidos entre el año 800 y el 950 en Asturias.
Prestigiosas organizaciones como Hispania Nostra y el Real Instituto de Estudios Asturianos han respaldado la protesta de una plataforma ciudadana en defensa de la conservación de la iglesia de San Antolín de Bedón (Llanes), monumento
prerrománico que se encuentra en una situación de absoluto abandono y en estado de ruina, pese a haber sido declarado monumento nacional en 1931 y bien de interés cultural (BIC) hace unos treinta años.
Tampoco hay dinero para la rehabilitación del monasterio de Cornellana, en Salas, ni para el parador de Corias. Mientras tanto, Foncalada sigue pendiente de excavaciones e investigaciones arqueológicas, las tejas caen de la cumbrera de
Santa María del Naranco, las pinturas de Santullano siguen sin restaurar y la iglesia de San Julián de los Prados continúa viendo pasar a su lado miles de vehículos que llegan a Oviedo por la autopista.
El Estado, desde el Gobierno de la nación y el de Asturias hasta los Ayuntamientos, tienen la obligación de velar por el patrimonio y evitar que se borre de un plumazo la memoria histórica. El Principado acaba de decidir la inversión de
54.617,51 euros en la conservación de San Miguel de Lillo, Santa María del Naranco y San Julián de los Prados, una cantidad a todas luces insuficiente para hacer frente a las necesidades señaladas por los expertos. El Estado, por su parte, ha ido
reduciendo el presupuesto asignado al plan director del prerrománico asturiano, cuya partida ha pasado de 300.000 euros en 2011 a solo 100.000 en 2012 pese a las propuestas avanzadas en una proposición no de ley aprobada el 16 de mayo de 2012 por
unanimidad en la Comisión de Cultura del Congreso a instancias del Grupo Parlamentario de IU.
No es aceptable que las distintas administraciones eludan su responsabilidad alegando que 'no es de su competencia', pues es una responsabilidad de todas ellas y están obligadas a tomar las medidas necesarias para evitar el deterioro de este
valioso patrimonio.
Tampoco es de recibo que el Gobierno escatime los medios del Plan para el Prerrománico Asturiano, cuando solo para la restauración de la portada de la basílica del Valle de los Caídos, el Gobierno destinó el 18 de julio de 2013 una cantidad
de 214.847 euros.
Gobiernos anteriores anunciaron la creación de un Patronato y de una Comisión de expertos, comprometiendo a la vez la creación de un Centro Internacional del Prerrománico. Pero aquellos compromisos duermen el sueño de los justos en algún
cajón del Ministerio.
Por todo ello, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Concertar con el Gobierno del Principado de Asturias un plan de medidas urgentes para la protección del Prerrománico Asturiano, ante las numerosas señales de alarma que muestran su deterioro.
2. Dar continuidad al Plan Director para el Prerrománico Asturiano, teniendo en cuenta las necesidades presentes, que permitan garantizar de manera efectiva su conservación y puesta en valor en la medida de la disponibilidad presupuestaria
para su desarrollo.
3. Fortalecer los canales de comunicación y colaboración en el marco del Plan entre el Gobierno de la nación y el Gobierno de Asturias para coordinar la ejecución de medidas de protección y promoción del Prerrománico Asturiano.
4. Dar continuidad al Convenio de colaboración suscrito el 19 de julio de 2010 entre el Principado, el Ministerio de Cultura, el Arzobispado de Oviedo y los Ayuntamientos interesados, como los de Lena,
Colunga, Pravia, La Reguera, Santo Adriano, Villaviciosa y Oviedo, y que estuvo en vigor hasta el 31 de diciembre de 2010.
5. Promover la creación de una comisión de seguimiento del Prerrománico Asturiano formada por representantes del Principado, Ministerio de Cultura, Arzobispado de Oviedo y Ayuntamientos interesados.
6. Incluir una partida suficiente para el Plan Director del Prerrománico Asturiano, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2014.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de agosto de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000713
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
medidas para impulsar la protección de los derechos del colectivo LGTB en Rusia, paya su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
En la Federación Rusa con la justificación de la defensa de la Nación, el Gobierno ha aprobado una legislación que discrimina y persigue la homosexualidad.
Se trata de dos leyes homofóbicas. La primera de ellas prohibe bajo la consideración de 'propaganda homosexual' cualquier actividad pública en defensa de los derechos del colectivo LGTB. La segunda prohíbe la adopción por parte de
homosexuales extranjeros o solteros procedentes de países donde son legales los matrimonios o las uniones entre personas del mismo sexo.
Ambas normas jurídicas han contribuido a fomentar la homofobia, la estigmatización y la discriminación en contra la población LGTB.
Algo que según las informaciones aparecidas en los medios de comunicación, se ha materializado prontamente en los recientes y brutales episodios de violencia por parte de grupos radicales, fascistas y neonazis, que secuestran y agreden a
adolescentes homosexuales, que según denuncian organizaciones de derechos humanos, cuentan con la complicidad del Gobierno que no está respondiendo adecuadamente a las agresiones.
Para justificar la actuación del Gobierno ruso todos los discursos introducen el argumento de la defensa de la nación frente a la homosexualidad, a la que se le considera como un acto que destruye el orden establecido.
Un llamado patriotismo que, como se está viendo, legitima la violencia hacia quienes no cumplen con sus normas excluyentes y discriminatorias y no se adaptan al rol establecido en ellas.
De forma muy preocupante, en nuestro Gobierno también hemos oído este tipo de discurso, en boca del Ministro de Interior que vincula la homosexualidad con el fin de la especie.
Frente a esta ideología ultraconservadora, queremos defender otra forma de patriotismo, el de las personas que trabajamos por la construcción de un espacio político, social y cultural realmente democrático, con leyes, normas y valores desde
los que se garantiza la libertad, la igualdad y el bienestar de todas las personas, y en el que los derechos de ciudadanía incluyen la protección efectiva de su integridad física y psicológica.
Defender a LGTB de ataques de grupos neonazis y fascistas no puede ser un hecho aislado y exclusivo de activistas anti homofobia. Ante la discriminación, la represión y la persecución de las personas LGTB en Rusia y en tantos otros lugares
del mundo, debemos hacer una reflexión y una propuesta global sobre el mundo en el que queremos vivir. Reivindicar los derechos de las personas LGTB en Rusia, en Europa y en el mundo, significa reclamar un modelo de convivencia en libertad e
igualdad para todas las personas, así como reclamar un mundo igualitario, libre de roles de género y que rechace la imposición de normas contrarias a la libertad.
Este es el patriotismo que muchas personas queremos para el mundo, !a Unión Europea y España, y por eso es fundamental que tanto el Parlamento como el Gobierno de nuestro país se dirija a la comunidad internacional a fin de impulsar medidas
que garanticen los derechos y la seguridad de la población LGTB en Rusia. Y así evitar el ataque a los derechos humanos en Rusia y dar una respuesta inmediata, que ataje esta terrible situación, haciendo un llamamiento a las autoridades rusas para
que adapte su legislación a sus obligaciones jurídicas internacionales y que intervengan con eficacia, imparcialidad e independencia, ante los actos violentos informados por la prensa internacional.
Como también se hace necesario que el Gobierno de España muestre el rechazo a los sucesos que están acaeciendo en Rusia y manifieste la preocupación por la seguridad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, así como, por la garantía de
sus derechos fundamentales.
Por todo ello, y con la finalidad de trasladar a Rusia la importancia del cumplimiento de las obligaciones jurídicas internacionales, derivadas de su pertenencia al Consejo de Europa y del respeto a los derechos humanos fundamentales, así
como ofrecer una respuesta para que el colectivo LGTB deje de ser discriminado por su orientación sexual o su identidad de género el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Manifestar su preocupación ante las informaciones sobre los actos de violencia sobre miembros de la comunidad LGTB y trasladar a las autoridades rusas el rechazo de España sobre cualquier legislación homófona, contraria a la igualdad y
la garantía de derechos de las personas, sea cual sea, su orientación sexual o su identidad de género.
2. Solicitar al Gobierno ruso que, en el ejercicio de sus responsabilidades y a fin de garantizar la vida, la seguridad y la dignidad de las personas, persiga las torturas y los ataques a lesbianas, gays, transexuales y bisexuales
perpetradas por grupos neonazis y difundidas a través de internet, que están siendo denunciados por la organización Spectrum Human Rights Alliance.
3. Solicitar al Consejo de Europa que analice la llamada 'Ley contra la propaganda homosexual' a los efectos de valorar si fomenta la discriminación, la persecución y los ataques a la población LGTB. Además, el Consejo debe vigilar y
garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en el mencionado país respecto a las políticas y actuaciones dirigidas a las mencionadas personas.
4. Solicitar al COI (Comité Olímpico Internacional) que verifique que la seguridad y los derechos humanos de las personas LGTB están garantizadas en Rusia de cara a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno.
5. Continuar profundizando y desarrollando sus relaciones con Rusia, basadas en el compromiso con los principios democráticos, el Estado de Derecho, los derechos humanos y los derechos fundamentales.
6. Instar a las instituciones de la Unión Europea a que recuerden a Rusia que, en virtud del Derecho internacional, los Estados tienen la obligación de apoyar las actividades de la sociedad civil, creando un entorno que les sea favorable y
sin interferir en su independencia.
7. Facilitar, en el caso de que continúe la espiral de homofobia y violencia en Rusia, la posibilidad de admitir las solicitudes de asilo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales rusos y rusas, que se encuentren en territorio español.
8. Solicitar al Consejo que adopte las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE sobre derechos humanos en Rusia, con el fin de aportar un apoyo crítico a quienes en Rusia trabajan por proteger los derechos de las personas que
son discriminadas por razón de su orientación sexual o su identidad de género.
9. Instar al Consejo de Europa a impulsar todos los instrumentos disponibles para que Rusia cumpla sus obligaciones derivadas de la pertenencia al mismo, así como de las recomendaciones adoptadas por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa desde 1981, relativas a la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género y sobre libertad de reunión y de expresión de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.
10. Impulsar acciones de información (incluyendo los correspondientes avisos en las páginas web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y otras) dirigidas a las ciudadanas y los ciudadanos españoles que se dispongan a viajar a
Rusia, sobre los riesgos para su seguridad y relativas al ejercicio de sus libertades con respecto a las leyes mencionadas.
11. Impulsar a que las instituciones de la Unión Europea insten a la Federación Rusa a que responda a estas preocupaciones adaptando la mencionada legislación a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de agosto de 2013.-Carmén Montón Giménez, Diputada.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000714
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre el establecimiento de un techo salarial vinculado al salario mínimo en relación de 1:12.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y entendiendo que se insta al Gobierno a ejercer su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del
Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa y publicarla en la Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia del diputado don Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley sobre
el establecimiento de un techo salarial vinculado al salario mínimo en relación de 1:12, para su debate en Pleno,
Exposición de motivos
En octubre de 2008, al inicio de la crisis económica, el entonces Presidente de turno de la Unión Europea, Nicolas Sarkozy, anunció el acuerdo unánime de los líderes de los Veintisiete para la refundación del sistema capitalista mundial.
Desde entonces se han impuesto una serie de llamadas reformas estructurales, que en el caso de los Estados más endeudados ha supuesto recortes de derechos y servicios sociales, así como de derechos laborales y económicos, especialmente para las
clases medias y bajas.
Sin embargo, los límites y recortes no han afectado -en justa correlación- a las clases más pudientes, que lejos de recortar sus beneficios, los han visto ampliados. De esta manera, si en 2007, los altos directivos de las empresas del IBEX
35 ganaban 23 veces más que sus empleados, hoy cobran unas 25 veces más. Según otras cifras, las de la Encuesta de Estructura Salarial del INE, la diferencia salarial media entre directivos y personas no cualificadas se amplió de 44.075,17 euros a
49.679,43 de 2008 a 2010, indicando una tendencia que se mantiene.
En otras palabras, los discursos de austeridad, sacrificios y de 'apretarse el cinturón' por parte de las clases dirigentes parecen realizarse verticalmente y excepcionar a estas mismas clases, que cada vez son más ricas -en términos
absolutos y relativos- mientras la gran mayoría de la población se empobrece.
Una de las propuestas que se barajan en algunos Estados europeos para frenar esta desigual tendencia es la limitación de los salarios de los directivos, vinculándose proporcionalmente al salario mínimo dentro de una misma empresa. En este
sentido, nació en Suiza la Iniciativa 1:12, según la cual se pretende limitar constitucionalmente que una persona pueda ganar en un mes más de lo que un trabajador de la misma empresa gana en un año. Hay que señalar que algunas empresas, como el
banco ético Triados, ya establece este tipo de limitación salarial.
Si bien a priori podría parecer compleja la reforma propuesta, su lógica en materia de política retributiva subyace en que la limitación se establece empresa por empresa, y aún más, podría establecerse en núcleos más acotados incluso. En
cualquier caso, nuestro ordenamiento jurídico permitiría una modificación de este tipo con una pequeña reforma del artículo 26 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores. Debemos recordar en este sentido que la regulación laboral en nuestro país ha pretendido siempre proteger (como en la mayoría de países) los derechos mínimos indisponibles de los trabajadores, y que por ello, una limitación de
máximos no contravendría nuestra tradición en materia de derecho social.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Realizar las reformas legislativas oportunas con la finalidad de establecer un techo salarial máximo bruto vinculado al salario más bajo en relación de 1:12 dentro de una misma empresa. Esta proporción incluiría el salario fijo y los
posibles bonos, incentivos, complementos y cualquier forma de retribución directa o indirecta, tanto a nivel mensual como anual.
2. Realizar las reformas legislativas oportunas para establecer esta misma vinculación salarial entre el salario máximo y mínimo en relación de 1:12 entre todos los sueldos del sector público de cualquier tipo, entendiendo como tal tanto
la administración y las instituciones del Estado así como aquellas otras instituciones, organizaciones, empresas, fundaciones u otras formas organizativas en las que exista participación pública directa o indirecta, bien sea en su capital, en sus
órganos de administración o mediante la aportación de recursos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2013.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-M.ª Olaia Fernández Davila, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.