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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 308, de 16/07/2013
cve: BOCG-10-D-308
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
16 de julio de 2013
Núm. 308
ÍNDICE
Página
Composición y organización de la Cámara
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000003 Solicitud de creación, en el seno de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, de una Subcomisión para el análisis de la situación del empleo juvenil en España. Acuerdo de la Comisión sometiendo su aprobación al Pleno ...
158/000031 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, para el estudio de las mejores prácticas, el seguimiento y propuestas de medidas para el empleo juvenil. Acuerdo de la Comisión
sometiendo su aprobación al Pleno ... (Página3)
158/000032 Propuesta de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, para el estudio de las mejores prácticas, el seguimiento y propuestas de medidas para el empleo juvenil. Acuerdo de la Comisión
sometiendo su aprobación al Pleno ... (Página3)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000695 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre derogación del Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, por el que se autoriza a la multinacional Repsol a la exploración
y posterior explotación de yacimientos de hidrocarburos frente a las Islas Canarias de Lanzarote y de Fuerteventura ... (Página4)
162/000696 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, por la que se insta al Gobierno a revisar la financiación de TVE ... (Página6)
162/000698 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre participación de los clubes femeninos de fútbol en los ingresos procedentes de las Apuestas Deportivas del Estado ...
162/000699 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de paralizar el proceso de venta de NCG (Novagalicia Banco) anunciada por el FROB ... (Página9)
162/000700 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a una solución efectiva y urgente sobre los derechos del pueblo saharaui ... (Página11)
162/000702 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ- PNV) y
Mixto, sobre la defensa del sector naval español ... (Página13)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000003, 158/000031 y 158/000032
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.
Autor: Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Propuesta de creación de una Subcomisión para el estudio de las mejores prácticas, el seguimiento y propuestas de medidas para el empleo juvenil.
Acuerdo:
Someter al Pleno de la Cámara y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, advirtiendo que no cabe predeterminar en este momento el conocimiento por el Pleno del informe final que se elabore.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
La Comisión de Empleo y Seguridad Social, en su sesión del día 27 de junio de 2013, tras debatir conjuntamente las solicitudes de creación de una Subcomisión para el análisis de la situación del empleo juvenil en España (Grupo Parlamentario
Socialista) (núm. expte. 158/000003) y de una Subcomisión para el estudio de las mejores prácticas, el seguimiento y propuestas de medidas para el empleo juvenil [Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Grupo Parlamentario Mixto] (núm. expte. 158/000031), ha
aprobado, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, la propuesta de creación de una Subcomisión para el estudio de las mejores prácticas, el
seguimiento y propuestas de medidas para el empleo juvenil (núm. expte. 158/000032), con las siguientes características:
A) Composición.
La Subcomisión se compondrá de diez miembros, de los que tres pertenecerán al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, dos al Grupo Parlamentario Socialista y uno a cada uno de los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió), de
IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto.
Podrán existir suplentes de cada uno de los miembros de la Subcomisión, que pueden asistir a cada una de las sesiones.
B) Adopción de acuerdos.
En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.
C) Objeto de la Subcomisión.
- Poner en funcionamiento un panel de expertos en la materia para obtener así las mejores prácticas llevadas a cabo tanto en España como en el resto de Europa y en otros países.
- Conocer las medidas propuestas por el Gobierno y proponer otras nuevas.
- Analizar en profundidad las medidas de formación profesional, la relación entre los dos subsistemas, el de empleo y el del sistema educativo, y las soluciones de futuro para las mismas.
- Contribuir al buen desarrollo de las actuaciones contempladas en la estrategia de emprendimiento y empleo joven.
D) Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá realizar los trabajos y presentar sus conclusiones en el plazo de dos años. El mencionado Informe, una vez aprobado por la Comisión de Empleo y Seguridad Social junto con las conclusiones finales de los trabajos de la
Subcomisión, se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación.
Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria para la realización de los trabajos de la Subcomisión desde el momento de su constitución, así como las comparecencias que se consideren oportunas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2013.-El Presidente de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, José Eugenio Azpiroz Villar.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000695
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para derogar el Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, por el que se
autoriza a la multinacional Repsol a la exploración y posterior explotación de yacimientos de hidrocarburos frente a las Islas Canarias de Lanzarote y de Fuerteventura, para su debate en el Pleno.
Canarias sufre las consecuencias de la crisis económica de manera especialmente grave, con un índice de desempleo próximo al 35% de la población activa y un desempleo juvenil superior al 70%. En este contexto, el sector turístico nacional e
internacional genera empleo directo e indirecto para más de 200.000 personas en el archipiélago, incluyendo más del 50% del empleo en las Islas de Lanzarote y de Fuerteventura. El mantenimiento de estos puestos de trabajo en la actual coyuntura
económica es absolutamente vital para la supervivencia de decenas de miles de familias en las islas, y el pilar esencial del presente y del futuro de este sector económico está inherente y directamente vinculado con la salud y la preservación de su
medio natural costero y oceánico.
Asimismo, las políticas más imprescindibles que Canarias demanda en el presente deben sustentarse mediante iniciativas de ámbito social donde prime el interés general frente al particular, evitando de manera especial cualquier actividad
privada que ponga en riesgo el principal patrimonio del territorio, el medio ambiente oceánico y costero.
En materia energética, la población de Canarias afronta una situación insostenible tanto desde el punto de vista de la generación como del coste repercutido al consumidor, ya que más del 95% de la energía consumida es producida mediante la
quema de combustibles fósiles que no están disponibles en Canarias y muchísimo más caras que las energías renovables provocando que el coste cuadruplique, de media, el aplicado en el territorio peninsular. En el coste gravado a la población canaria
se incluyen además los costes de la desalación de agua del mar para producir agua potable, con un porcentaje cercano al 20%.
Paradójicamente, el desarrollo de las energías renovables está muy por debajo de la media del conjunto del Estado, fruto de una mala planificación y la acumulación de barreras económicas y burocráticas a la implantación de estas tecnologías.
La situación ha empeorado y se ha experimentado un claro retroceso desde enero de 2012, a causa de las medidas que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha adoptado cercenando las ayudas al sector en un ámbito territorial donde las
extraordinarias condiciones climáticas permitirían la autosuficiencia energética con fuentes renovables, sostenibles, libres de emisiones y más baratas.
El Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, fue aprobado por el gobierno de España otorgando sin concurso público a la multinacional Repsol, a la multinacional alemana RWE Dea Energy, y a la multinacional australiana Woodside Petroleum, una
concesión territorial de 616.000 hectáreas situadas entre 9 y 80 kilómetros de las principales playas y costas de las islas de Lanzarote y de Fuerteventura.
La escasa distancia de las nueve cuadrículas en que se divide el área de explotación petrolífera en torno a los principales núcleos turísticos, la sistemática actividad sísmica registrada en la zona, así como la condición de ultraprofundidad
en que se localizan los lechos marinos donde se prevén realizar las perforaciones (hasta más de 5.000 metros tras una lámina de agua de 1.500 metros), constituyen dos factores de elevado riesgo para el medio ambiente marino no sólo de estas islas,
sino también para el conjunto de las islas que conforman el archipiélago canario.
Por estos motivos, desde comienzos del pasado año 2012 y hasta la fecha de hoy, el Parlamento de Canarias, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote, el Cabildo de Fuerteventura, el Cabildo de Tenerife, las Reservas de la Biosfera de
las Islas de Lanzarote, de Fuerteventura y de La Palma, las principales organizaciones no gubernamentales del mundo en materia ambiental, sectores profesionales y culturales de las islas, varias universidades de todo el mundo, operadores turísticos
internacionales, partidos políticos, sindicatos y otras instituciones públicas y privadas de ámbito empresarial, científico y medioambiental, han expresado su oposición o preocupación sobre este proyecto al considerar que amenaza seriamente la
biodiversidad y el futuro económico de las islas.
En una industria donde los derrames y la contaminación marina son fenómenos frecuentes, el inicio de perforaciones en aguas profundas a tan escasa distancia de las islas no sólo pone en peligro la biodiversidad o el turismo, sino también el
suministro de agua potable a la población residente y turística, ya que el 100% de este recurso se obtiene de plantas desalinizadoras situadas en la costa y frente a las áreas donde el consorcio petrolero está autorizado a perforar.
Por otro lado, los beneficios generados por esta supuesta explotación, así como los puestos de trabajo que la actividad pudiera crear en el archipiélago, son del todo insignificantes en relación al empleo que hoy en día sustenta el sector
turístico y la calidad ambiental de sus aguas oceánicas. Es importante señalar que Repsol es una compañía que opera en multitud de paraísos fiscales desde hace décadas, y que una parte indeterminada de sus beneficios mundiales no se tributan a la
hacienda española, por lo que en la actual situación económica de España, esta multinacional no constituye ningún ejemplo de transparencia ni de contribución al desarrollo de las poblaciones locales donde opera, al contrario, en Canarias, esta
compañía está desplegando una intensa campaña publicitaria con argumentos demostradamente falsos y desoyendo la voluntad popular representada por sus instituciones públicas.
En este sentido y, desde el punto de vista democrático y de la transparencia, el Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, así como las distintas órdenes y autorizaciones que se han otorgado posteriormente por el Gobierno de España para
impulsar el proyecto petrolífero en Canarias, se han adoptado e impuesto sin tener la más mínima consideración con el criterio expresado por las instituciones públicas soberanas de Canarias. Por este motivo, el Gobierno de Canarias, los Cabildos de
Lanzarote y de Fuerteventura, además de diversas entidades de ámbito privado y no gubernamental, han emprendido acciones legales ante el Tribunal Supremo y ante la Unión Europea.
Es preciso, en interés de la colectividad canaria en particular, y en interés de la población española y mundial en general, modificar el modelo energético actual dependiente de los combustibles fósiles para
dar paso a una firme e irreversible política de transición que implemente modelos energéticos procedentes de fuentes sostenibles, contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático, reduciendo progresivamente las explotaciones de
hidrocarburos ya existentes, e impidiendo aquellas perforaciones de alto riesgo próximas a geografías donde las economías dependan del turismo, de la calidad de su medio natural, y donde confluyan además espacios dotados de alta biodiversidad
protegidos por legislaciones estatales, europeas y mundiales, como es el caso de Canarias.
El espacio marino donde se localizan las prospecciones en Canarias no puede exponerse en ningún caso a una explotación petrolífera en las mismas orillas de sus principales costas, donde un accidente como el acaecido en el Golfo de México
hace tres años tendría unas consecuencias devastadoras para el futuro de las islas, de su economía, de su naturaleza y de su población humana.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Derogar de forma inmediata el Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, dejando sin efecto la totalidad de las operaciones presentes y futuras de prospección o de explotación de hidrocarburos frente a las costas canarias.
- Promover con carácter de urgencia en Canarias y en el resto del Estado español una política energética, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, acorde con su realidad territorial, climática y social, que contribuya a la autosuficiencia
energética mediante el impulso de fuentes autóctonas, sostenibles y renovables.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2013.-Alberto Garzón Espinosa y Laia Ortiz Castellví, Diputados.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA: La Izquierda Plural..
162/000696
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para instar al Gobierno a revisar la financiación de TVE, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Ley de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (CRTVE) de 2009, introdujo junto a los viejos problemas de financiación nunca analizados a fondo en sede parlamentaria, un nuevo modelo de televisión pública lleno de
riesgos: no sólo por su nueva y discutible financiación, sino por las nuevas obligaciones relativas a la programación, que podían considerarse contradictorias con la obligación de CRTVE de ofrecer contenidos del mayor interés y calidad, de acceso
gratuito y universal, en su calidad de servicio público. El cumplimiento adecuado de las obligaciones constitucionales de derecho a la información no fue discutido en profundidad, sin vincular a la nueva financiación obligaciones adicionales de
'servicio público' que apuntaban la posibilidad factible de que se reforzara y agravara el endeudamiento ya tradicional de la RTVE.
Los efectos directos e indirectos de la ley han resultado de amplio alcance. No sólo sobre el conjunto del sector de la televisión pública y privada en todos sus ámbitos territoriales y tecnologías, sino también en el sector de la
publicidad y la producción audiovisual, además de en empresas y sectores productivos estratégicos, como los operadores de telecomunicaciones que ofrecen servicios de telefonía e internet.
Para financiar una nueva CRTVE sin ingresos publicitarios, el modelo imponía un tributo sobre ingresos brutos del 3% a las cadenas privadas de televisión, 1,5% a las de pago y del 0,9% a las operadoras de telecomunicaciones de ámbito
nacional. Si bien el caso español está pendiente de resolver en Tribunal de
Justicia de la Unión Europea (TJUE), el modelo francés, en el que se inspiró el nuestro, ha recibido el visto bueno de la justicia comunitaria en una sentencia hecha pública el 27 de junio.
La eliminación definitiva de la publicidad comercial de las emisiones de TVE era uno de los objetivos fundamentales de la nueva financiación prevista. Esta Ley partía de un apriorismo falso: que la eliminación total de la publicidad de la
televisión pública representa un avance hacia una mayor calidad. Los estudios de opinión pública señalaban más bien que los consumidores no se oponen categóricamente a la publicidad, sino que valoran positivamente la calidad audiovisual y lo que
rechazan es la saturación y el uso inadecuado. Igual que lo estaban, por cierto, las casi 5.000 empresas que utilizaban por entonces el medio TV para la comunicación comercial.
En cuanto a la calidad, el paso del tiempo ha demostrado lo que era previsible: una buena televisión pública se calibra por lo que emite más que por lo que no emite. En la actualidad se está muy lejos de alcanzar unos estándares básicos de
calidad equiparables a los de nuestros vecinos europeos, tanto en la programación general, como especialmente en el caso de los informativos. Se puede decir que el Gobierno ha acabado con el bipartidismo en TVE para instaurar el monopartidismo. La
peculiaridad de los tiempos que vivimos hace que, siendo imposible controlar la información, el único efecto visible haya sido el de alejar a los espectadores de la televisión pública.
Tal y como recogía el Dictamen del Consejo de Estado 884/2009 (Presidencia) de 28 de mayo de 2009, hubiera sido conveniente que la memoria económica de la ley incluyese el estudio, la previsión y la exposición de las principales
consecuencias económicas en los sectores y entidades afectados por la regulación proyectada. Ya que esto no se hizo, sería conveniente llevar a cabo ahora una evaluación rigurosa de cómo ha afectado la pérdida de los ingresos de publicidad a la
financiación de RTVE. Pues aunque sea previsible que el TJUE dé cobertura legal al modelo de financiación vigente, su legalidad no garantiza su sostenibilidad: los problemas financieros de TVE no dejan de agravarse con el paso del tiempo, la
prolongación de la crisis y los recortes presupuestarios.
En el año 2004 el llamado Consejo de Sabios (del que formaron parte don Emilio Lledó, don Enrique Bustamante, doña Victoria Camps, don Fernando Savater y don Fernando González Urbaneja) llevó a cabo un exhaustivo informe sobre el régimen
jurídico, incluido el modo de designación de sus órganos directivos, la programación y la financiación de los medios de comunicación de titularidad estatal. En el momento de elaborar la ley no se tuvo en cuenta, y lo cierto es que sus
recomendaciones siguen siendo vigentes, lo cual da fe, desde luego, de la sabiduría de los autores, pero no menos de que los cambios no se hicieron bien. En lo relativo a las fórmulas de financiación, los 'sabios' recomendaban un sistema mixto de
financiación que incluyera publicidad. Exactamente aquello que el Consejo de Europa aprobaba en julio de 2009 para sus 47 Estados miembros: 'Que la radiodifusión pública diversifique sus servicios y garantice su financiación', garantizando su
'objetividad, equidad e independencia editorial' contra toda 'injerencia política y económica'.
Cuatro años después de la aprobación de esta Ley promovida por el Gobierno del PSOE gracias a la abstención del Partido Popular y CiU, y un año y medio después de la llegada del PP al Gobierno de la nación, sigue sin resolverse (o siquiera
plantearse), la pregunta fundamental: ¿cuál es el modelo de televisión pública nacional que pretende impulsar el Gobierno y cómo prevé financiarla? ¿Considera su eliminación a la griega? Los recortes impuestos por el Gobierno a los presupuestos
del Estado destinados a TVE no han hecho sino agravar la situación. La utilización abusiva de los patrocinios en los últimos dos años viene a demostrar una doble realidad: la necesidad de aumentar los ingresos de TVE y la infrautilización de sus
posibilidades debido precisamente a las restricciones publicitarias a que obliga la ley. El establecimiento de un modelo de financiación sostenible resulta urgente para garantizar la estabilidad de la televisión pública.
En atención a todo lo expuesto, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar en el plazo de seis meses la financiación de TVE y a contemplar tanto la presencia publicitaria -adecuada a los fines de una televisión pública- como la mejora en la explotación de la
producción propia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000698
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
participación de los clubes femeninos de fútbol en los ingresos procedentes de las Apuestas Deportivas del Estado, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
Han pasado muchos años desde que las futbolistas españolas se viesen obligadas a renunciar a participar en el Mundial Femenino de 1971 de México, debido a la prohibición de una Real Federación Española de Fútbol que no reconocería el fútbol
femenino hasta 1983. Hoy, la selección femenina está encuadrada en el grupo 2 para lograr la clasificación para el Mundial de 2015 en Canadá. El recorrido ha sido largo y los objetivos logrados importantes a pesar de que los obstáculos siguen
siendo hoy visibles, reales y persistentes.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, fomenta la inclusión de estrategias de fomento del deporte femenino y en su artículo 29 encomienda al Gobierno la promoción del deporte femenino mediante
programas específicos, instándole a favorecer su acceso a la práctica deportiva, además de exigir la inclusión de la igualdad en los programas públicos de desarrollo deportivo.
Organismos como el COI o el CSD han incorporado en sus estrategias la promoción del deporte femenino, e incluyen en sus objetivos, facilitar el acceso a la práctica deportiva de las mujeres y el fomento de una educación para la integración
de la mujer en todas las actividades deportivas.
Si bien se ha iniciado el camino, es evidente que, en España, el fútbol femenino no tiene muchos apoyos económicos ni oficiales. La falta de incentivos económicos por jugar a pesar de militar en Primera División, la falta de patrocinios que
lo hiciesen posible o la escasez de horas de retransmisión de fútbol femenino que pudiese incentivar los apoyos publicitarios, se presentan como obstáculos que dificultan el crecimiento de la afición y de los propios equipos.
Sin un apoyo decidido y activo por parte de la administración resultará imposible cambiar los parámetros que permitan un mayor desarrollo de la actividad deportiva de las mujeres como futbolistas profesionales.
Acabar con la discriminación, conseguir visibilidad y beneficios económicos que permita profesionalizarse a las mujeres es lo que la presente Proposición no de Ley reclama para que los clubes femeninos de fútbol sean partícipes en los
ingresos procedentes de las Apuestas Deportivas del Estado, que se regulan en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, así como en el Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y
premios de las Apuestas Deportivas del Estado.
En base a la legislación anteriormente citada, resulta necesario prever reglamentariamente los términos en los que los equipos femeninos puedan ser entidades beneficiarias de la recaudación por el Impuesto sobre actividades del juego en
relación con las apuestas mutuas deportivas de fútbol, los porcentajes de asignación financiera y su destino.
Al respecto se precisa una reforma normativa que permita incorporar como entidades beneficiarias de las apuestas deportivas a los clubes femeninos de fútbol y donde se determine en qué circunstancias pueden incorporarse los partidos
femeninos a las quinielas y qué cantidades procedentes de la recaudación de apuestas serán objeto de retorno al deporte femenino.
La profesionalización de las jugadoras de fútbol ha de ser un objetivo del Consejo Superior de Deportes que debe tomar conciencia de que la igualdad en el deporte profesional femenino significa poder contar con 'profesionales reales', es
decir, con mujeres dadas de alta en la Seguridad Social que no necesiten compaginar el deporte a nivel profesional con otros trabajos para vivir.
Esta reclamación que plantean las jugadoras y sus organizaciones representativas en el sentido de aparecer en las quinielas, supone una apuesta concreta de efectos múltiples como los siguientes:
- Dar visibilidad a las mujeres futbolistas y los clubes femeninos;
- Ayudar a incentivar los patrocinios;
- Acabar con la discriminación que supone que no exista posibilidad de participar en la distribución de los recursos materiales, humanos y económicos;
- Dar reconocimiento social e institucional al avance del deporte femenino de alta competición en los últimos años;
- Sustanciar una medida que permita ofrecer beneficios económicos suficientes para que las jugadoras puedan profesionalizarse.
Mediante la presente Proposición no de Ley se trata de hacer realidad un compromiso activo en el impulso por la igualdad en el deporte a través de la modificación del Real Decreto 419/1991, para que los clubes femeninos de fútbol, a través
de la recaudación de las apuestas deportivas, sean entidades beneficiarias de un porcentaje que permita la promoción del deporte femenino profesional.
La posibilidad de una modificación en la asignación de la recaudación que se obtiene a través de la regulación de las apuestas deportivas del Estado queda justificada por las dificultades con las que se encuentra el fútbol femenino cuasi
profesional y tiene un precedente en el Real Decreto 403/2013, de 7 junio, por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios en las apuestas deportivas del
Estado y otros juegos gestionados por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Visibilizar el fútbol femenino en las apuestas deportivas.
2. Modificar el Real Decreto 403/2013, de 7 junio, para que se destine y consigne un porcentaje de la distribución obtenida, al desarrollo del fútbol profesional femenino.
3. Constituir una comisión específica para la gestión de las aportaciones que con dicha finalidad se deriven de la recaudación obtenida, en cuya composición además del CSD, participen representantes de los equipos de máxima categoría de la
superliga femenina, así como de las asociaciones que promueven programas y servicios para fomentar el fútbol femenino y aumentar el número de mujeres y niñas que lo practican.
4. Hasta la necesaria aprobación y aplicación de la normativa que regule la asignación de la recaudación obtenida, comenzar a situar a los partidos de la superliga femenina al menos en la semana que no haya fútbol de máxima categoría
nacional de la liga de fútbol profesional masculina.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2013.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
necesidad de paralizar el proceso de venta de NCG (Novagalicia Banco) anunciado por el FROB, para su debate en Pleno.
El FROB tiene intención de vender en los próximos meses y antes de terminar el año, las entidades de Novagalicia Banco (NCG) y Catalunya Banc.
En relación a la entidad gallega, se espera que se pueda culminar el proceso de venta antes de que finalice el 2013, en el periodo situado entre septiembre y octubre, o al menos ese parece ser el guión fijado por el Presidente de NCG, José
María Castellano.
Sin embargo, el propio FROB reconoce que en el momento actual, ambas entidades no tienen necesidades de capital que hagan necesaria su venta inmediata, es decir, tienen sus cuentas saneadas. La decisión del FROB está tomada bajo el
asesoramiento de la consultoría norteamericana, McKinsey and Company.
El FROB es propietario del 100% de NCG, y señala que ha detectado un fuerte interés por Novagalicia de inversores nacionales (bancos) e internacionales. Según parece, el presidente de NCG banco lleva meses negociando con estos últimos;
unas negociaciones que conoce el Banco de España, el Ministerio de Economía y la Comisión Europea.
Al FROB sólo parece preocuparle poder recuperar el dinero invertido en la entidad gallega. Ha explicado que el proceso de venta sería una subasta abierta que podría convocarse oficialmente en septiembre. La intención es que NCG salga antes
a la puja que Catalunya Banc, ambas nacionalizadas al igual que Bankia, aunque es curioso que Bankia no se incluya en el proceso de venta por considerarla 'sistémica'. Un criterio que consideramos arbitrario y falto de objetividad puesto que igual
de sistémica es NCG para Galicia. Observamos en este sentido una doble vara de medir a la hora de definir tres entidades nacionalizadas por el FROB, aplicando el criterio de 'sistémico' según intereses nada claros. Consideramos que se trata de una
discriminación territorial, y que es un paso más en la política recentralizadora que está aplicando el Gobierno, con la evidente defensa de los poderes financieros capitalinos.
NCG ha pasado por un auténtico calvario, un fuerte proceso de reestructuración que ha llevado al cierre de multitud de oficinas, un extenso ERE que ha afectado a miles de trabajadores, una venta masiva de participaciones industriales, la
inquietud sobre la importante y necesaria obra social, y aún así, ha sido capaz de volver a beneficios: 21,1 millones de euros entre enero y marzo. Prueba evidente de que el 'alto interés' por la entidad gallega reside en el hecho de que es
rentable y no olvidemos que concentra más de la mitad de los ahorros de gallegos y gallegas.
El BNG considera de vital importancia que Galicia conserve una entidad sistémica como un instrumento fundamental para la permanencia de los ahorros de los gallegos y gallegas en Galicia. NCG concentra más del 50% del ahorro gallego, y su
venta supondría el finiquito del sistema financiero gallego, necesario para la economía del país. Tener entidades financieras propias es necesario para evitar el expolio del ahorro gallego, para asegurar que ese ahorro se invierta en Galicia y
contribuya al desarrollo de la economía del país.
Y desde el principio advertimos que lo que se presentó como una nacionalización no era más que el uso de recursos públicos del Estado para sanear al sector privado y después venderlo al mejor postor y a precio de saldo. La consabida máxima
de socializar pérdidas y privatizar beneficios. Para el BNG estaba claro que los Decretos de los distintos Gobiernos centrales, fuese PP o PSOE, para reestructurar las Cajas de Ahorros, solo tenían por objetivo fundamental el desmantelamiento del
sector financiero gallego para entregarlo a los grandes bancos o fondos de inversión.
La venta de NCG supone el golpe de gracia a la economía gallega.
Preocupa seriamente este aspecto al BNG porque en un contexto de crisis como la actual, se añade más leña al fuego de la crisis para que arda y perdure durante más tiempo. El dinero de los gallegos y gallegas será utilizado fuera del
territorio de Galicia, no revertirá en beneficio de quien genera esos ahorros. No servirá para mejorar la economía gallega.
Existen alternativas, sin embargo el Gobierno central se cierra a ellas, y es la conversión de NCG en un banco público gallego. Es una cuestión de voluntad política porque el FROB es el propietario principal de la entidad gallega
nacionalizada.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Requerir al FROB que paralice la decisión de vender NCG (Novagalicia banco) a partir de septiembre del presente año 2013, puesto que para Galicia se trata de una entidad sistémica.
- Aplicar a NCG el mismo criterio de entidad sistémica que se otorga a Bankia, entidad igualmente nacionalizada, pero que se ha excluido del proceso de venta.
- Estudiar la alternativa de convertir a NCG en un banco público gallego con vocación de permanencia en Galicia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2013.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000700
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Quevedo Iturbe, Diputado de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta para su
debate en Pleno la siguiente Proposición no de Ley sobre una solución efectiva y urgente sobre los derechos del pueblo saharaui.
Exposición de motivos
El Pueblo Saharaui vive una grave situación desde hace ya 38 años. En 1975, tras la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, fue expulsado de su territorio en el Sáhara Occidental debido a la ocupación del mismo por parte de Marruecos y
Mauritania, impidiéndose con ello la celebración del previsto Referéndum de Autodeterminación, bajo los auspicios de la ONU y en el marco de la Resolución 1514 que reconoce este derecho a los pueblos colonizados. Desde ese momento el Pueblo
Saharaui vive un verdadero drama humanitario, con gran parte de la población en Campamentos de Refugiados, otra en los territorios ocupados del Sáhara Occidental y otra parte en la diáspora.
El Pueblo Saharaui tiene reconocido su derecho a la Autodeterminación y a ejercitarlo mediante un Referéndum libre y democrático en las múltiples y reiteradas Resoluciones de la ONU, en diversos pronunciamientos de la Unión Europea y en el
Dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de octubre de 1975. A pesar de ello, Marruecos sigue ocupando ilegalmente el territorio del Sáhara Occidental y bloquea sistemáticamente la celebración del Referéndum, creando en la zona una situación
de inestabilidad y vulnerando los principios del Derecho Internacional.
El Estado español tiene una responsabilidad histórica, política, jurídica y moral con el Pueblo Saharaui, al ser la antigua potencia colonizadora y propiciar con la firma de los ilegales Acuerdos Tripartitos de Madrid de 1975, la ocupación
del territorio, impidiendo con ello culminar el proceso de descolonización. A pesar de la ocupación ni la ONU ni ningún país del mundo reconoce la soberanía marroquí sobre el territorio al ser un proceso descolonizador inconcluso, reafirmándose que
la única solución que respete la legalidad internacional y que sea firme y duradera se debe propiciar en el marco del Derecho de Autodeterminación del Pueblo Saharaui, bajo los auspicios de las Naciones Unidas.
Existe una enorme preocupación por la violación de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, expresada en las resoluciones de las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en los informes del Relator de la ONU contra
la Tortura y en la reciente visita del enviado personal del Secretario General de la ONU, Sr. Christopher Ross, a los territorios ocupados. Igualmente, prestigiosas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, como Amnistía Internacional y
la Fundación Robert Kennedy de EE.UU., han denunciado la situación. El propio representante de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad planteó una propuesta de ampliar el mandato de la Minurso a los DD.HH., opción que finalmente, y ante la
negativa del Gobierno de Marruecos, fue desechada por presiones de Francia, España y Rusia. Esta situación crea un clima de represión y de intimidación en la población saharaui, que sufre todo tipo de vulneraciones en sus derechos políticos,
sociales y económicos. Las detenciones ilegales, las torturas, los juicios sin garantías, las condenas injustas y la prohibición de la presencia de observadores de Derechos Humanos en el Territorio están creando un clima de violencia inadmisible e
intolerable. Especialmente grave ha sido el juicio militar contra 25 activistas saharauis del Campamento de Gdaym-lzik, que ha concluido con condenas a cadenas perpetuas, y a 30 años, 25 años y 20 años de prisión, vulnerándose las mínimas garantías
procesales de los detenidos, como han informado los observadores internacionales presentes en el juicio.
Igualmente preocupante es el expolio de las riquezas naturales que se viene produciendo en el territorio del Sáhara Occidental y que vulnera los derechos económicos de la población saharaui.
Además, las enormes dificultades para solventar las necesidades de carácter humanitario en los Campamentos de Refugiados de Tinduf, están a punto de provocar una catástrofe humanitaria. Las carencias alimentarias, sanitarias, de
abastecimiento de agua, de equipamientos sociales y educativos y de necesidades básicas están llevando a la población refugiada a una situación de desesperación, agravándose todo ello por la disminución de la ayuda humanitaria de los países donantes
como consecuencia de la crisis económica y los recortes sociales y presupuestarios.
Por otro lado, algunos acontecimientos recientes configuran un escenario alentador para desbloquear la situación actual: la última Resolución 2099 (2013) del Consejo de Seguridad de la ONU reitera una vez más que la solución pasa por
respetar el principio de Autodeterminación y celebrar un Referéndum para que el Pueblo Saharaui decida su futuro; el conflicto de Mali es una amenaza para la estabilidad de la Región y para su desarrollo por lo que otro conflicto en el Sáhara
Occidental tendría repercusiones imprevisibles; el creciente protagonismo de Argelia en la región, con acuerdos económicos y comerciales con EE.UU., Francia y España, es un factor de equilibrio para propiciar una solución pacífica y respetuosa con
el orden internacional y los derechos del Pueblo Saharaui; la propuesta del Gobierno de los EE.UU. de evidenciar la violación de los DD.HH. por Marruecos en el Sáhara Occidental y encargar su protección a la Minurso, es un varapalo al Gobierno de
Marruecos que tendrá sus repercusiones en el futuro.
Por todo ello, mediante esta Proposición no de Ley el Congreso de los Diputados:
'1. Reitera el apoyo al derecho que tiene reconocido el Pueblo Saharaui a la Autodeterminación y a ejercitarlo a través de un Referéndum libre, democrático y donde se planteen todas las opciones, incluida la opción de la independencia, tal
como reconoce el Derecho Internacional y, sobre todo, las reiteradas resoluciones de la ONU. El conflicto tiene su origen en un proceso de descolonización que no ha concluido, por lo que cualquier fórmula que no respete este principio se aleja de
una solución efectiva y realista.
2. Condena la violación de los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados que se ejerce sobre la población civil saharaui del Sáhara Occidental e exige el cese inmediato de la represión, la libertad de todos los presos políticos saharauis
defensores de los DD.HH., el fin del expolio de los recursos naturales y el acceso al territorio de observadores internacionales. En este sentido es esencial la ampliación del mandato de la Minurso para garantizar el respeto de los Derechos Humanos
en el Territorio y que la ONU garantice no sólo el alto el fuego, sino que evite la vulneración de los Derechos Humanos, hasta la celebración del Referéndum.
3. Igualmente exige la anulación del juicio militar contra los 25 activistas del Campamento de Gdaym-lzik y la libertad inmediata de los detenidos.
4. Apoya los proyectos de ayuda humanitaria destinados a paliar las graves carencias de productos básicos en los campamentos de refugiados, sobre todo en alimentación, salud, educación, vestido, calzado y servicios básicos.
5. Hace un llamamiento a la opinión pública y a las organizaciones solidarias, sociales, educativas, sindicales e instituciones públicas para que apoyen las justas demandas de la población saharaui.
6. Insta al Gobierno de España a que mantengan e incremente la cooperación humanitaria, y en especial el proyecto de 'Vacaciones en Paz' que posibilita la llegada de miles de niños y niñas.
7. Solicita al Gobierno de España una posición clara en defensa de la legalidad internacional y la implementación de los acuerdos de la ONU para desbloquear la celebración del Referéndum que impide el Gobierno de Marruecos.
8. Insta al Gobierno de España a que facilite el reconocimiento efectivo del Frente Polisario, como representante legítimo del Pueblo Saharaui, tal como lo considera la ONU, y a que otorgue a sus representantes el mismo status diplomático
del que goza la Misión Diplomática Palestina en el Reino de España, con el objeto de facilitar sus iniciativas políticas y humanitarias orientadas a responder a las necesidades del Pueblo Saharaui.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 2013.-Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000702
La Presidencia de la Cámara, en el ejercicio de la delegación conferida por la Mesa, en su reunión del día 21 de diciembre de 2011, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto.
Proposición no de Ley sobre la defensa del sector naval español.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la declaración de voluntad contenida en el escrito registrado con el número 70879 y considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos abajo firmantes se dirigen a esta Mesa, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre la defensa del sector
naval español.
Exposición de motivos
El futuro del sector naval español está en riesgo. Alrededor de 87.000 empleos y diecinueve astilleros privados, armadores nacionales e internacionales y una voluminosa industria auxiliar, corren el riesgo de desaparecer si la Comisión
Europea adoptara finalmente la decisión anunciada por el Comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, y materializase su amenaza de que España deberá devolver las ayudas del tax lease por considerarlas ayuda de Estado tras la denuncia en 2011 de
los astilleros holandeses.
Esta decisión obligaría a devolver en torno a 2.000 millones de euros en ayudas percibidas por el sector naval español desde el año 2005 en adelante, lo que abocaría directamente a la ruina a un sector industrial vital para España, que
exporta el 90% de lo que produce, con una elevada capacidad tecnológica, puntero a nivel internacional y con capacidad de generar nuevos puestos de trabajo de manera inmediata. Además de suponer el incremento de las ya preocupantes cifras de
desempleo en España, la pérdida de miles de puestos de trabajo se focalizaría en tres comunidades autónomas españolas, fundamentalmente Galicia, País Vasco y Asturias.
Esto ocurriría, en primer lugar, porque el sector naval español ya ha sufrido a lo largo de los últimos años una grave disminución de su actividad directamente proporcional al incremento de cartera de los países denunciantes de los
astilleros españoles.
Además de por la crisis económica, la construcción de barcos en los astilleros españoles se ha visto seriamente diezmada por la ausencia de un mecanismo de financiación para competir en igualdad de condiciones con el resto de estados
miembros de la UE y por la incertidumbre generada por la Dirección General de la Competencia al no resolver el expediente abierto al tax lease español desde hace más de dos años. En consecuencia, supondría someter al sector a un doble castigo por
el mismo motivo.
Siendo ya suficientemente relevantes las dramáticas consecuencias industriales, económicas y laborales que tendría en el contexto actual de recesión en toda Europa, son aún más contundentes los argumentos legales aportados por España a lo
largo del procedimiento, basados en la seguridad jurídica y la confianza legitima que amparó todas las operaciones realizadas.
Una eventual decisión de reembolso de las supuestas ayudas supondría un grave trato discriminatorio de España respecto a Francia, que en un expediente similar fue eximida de devolver las ayudas por aplicación del principio de seguridad
jurídica, que contundentemente ha sido demostrado por España. Si en ese momento lo argumentado por Francia fue válido para la Comisión Europea, ahora debería aplicarse el mismo criterio y no otro que manifiestamente acabaría con un sector
industrial español y con muchos armadores europeos.
Por otro lado, a pesar de que el comisario de la Competencia, con ánimo exculpatorio, señala que no serán los astilleros los perjudicados, sino que los responsables únicos serán los armadores y los financiadores de las distintas operaciones,
esta reflexión oculta premeditadamente la auténtica realidad. En efecto, la consecuencia directa sería la búsqueda por parte de los armadores de nuevos países donde contratar sus buques a menor coste y con mayores garantías protección jurídica, así
como el evidente bloqueo del crédito necesario para seguir construyendo barcos en nuestro país o cualquier otro activo sujeto a riesgo regulatorio.
Es evidente que esta consecuencia afectaría directamente a España pero también acabaría repercutiendo en los intereses económicos de la Unión Europea a través de la solicitud de devolución a los armadores europeos y de la cadena de denuncias
cruzadas entre países que como Holanda, utilizarían la política de competencia como arma comercial. Los principales beneficiarios de este comportamiento destructivo, serían los astilleros situados en países asiáticos, principales competidores del
sector naval europeo, al verse desplazada hacia ellos la demanda de nuevos pedidos.
En este sentido, los Grupos Parlamentarios firmantes de esta iniciativa, apoyamos la declaración institucional adoptada ayer por el Gobierno de España, así como los gobiernos autonómicos de Galicia, País Vasco y Asturias y PYMAR en
representación de los astilleros privados españoles y solicitamos la reconsideración de la propuesta avanzada por el comisario de Competencia. Contamos con sólidos argumentos jurídicos que avalan esta petición, pero también con la firme convicción
de que la Comisión Europea no puede permitirse poner en riesgo todo un sector industrial de un Estado Miembro, cuyas consecuencias multiplicarían la recesión económica y el grave problema del desempleo.
Por todo ello, los Grupos Parlamentarios presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a que solicite ante las instancias de la Union Europea, la reconsideración de la propuesta avanzada por el Comisario de la Competencia de devolución por España de las ayudas del tax lease, en
línea con la declaración institucional adoptada el 1 de julio de 2013 por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, los Gobiernos autonómicos de Galicia, País Vasco y Asturias y PYMAR en representación de los astilleros privados españoles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Josep Antoni Duran i
Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de
Unión Progreso y Democracia.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
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