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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 299, de 01/07/2013
cve: BOCG-10-D-299
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
1 de julio de 2013
Núm. 299
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/001805 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la convocatoria de un referéndum para que la ciudadanía decida entre monarquía y república ...
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001808 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a medidas para promover el impulso de las relaciones entre España y la República Federativa de Brasil ...
Comisión de Justicia
161/001810 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modificación de la adscripción registral del Valle de Mena, provincia de Burgos... (Página6)
161/001824 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las reformas legales necesarias para tipificar el negacionismo y mejorar la regulación de los delitos relativos a 'discursos del
odio'... (Página7)
Comisión de Interior
161/001801 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre adaptación de la actuación de la policía estatal al plan de erradicación de la prostitución en las carreteras catalanas que llevan a cabo los Mossos
d'Esquadra... (Página11)
Comisión de Economía y Competitividad
161/001813 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el índice de referencia de préstamos hipotecarios... (Página12)
161/001818 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre anulación de todas las cláusulas suelo existentes en los préstamos hipotecarios y limitación del diferencial cobrado por
las entidades financieras en este tipo de producto... (Página13)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/001806 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la solicitud de cese del Delegado del Gobierno en Galicia ... (Página14)
161/001817 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la actualización del Régimen Económico y Fiscal en Ceuta y Melilla ... (Página16)
161/001819 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre pago inmediato de las indemnizaciones comprometidas a las personas expropiadas por ADIF para el trazado del Tren de Alta Velocidad en la demarcación de
Girona... (Página16)
161/001820 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a elaborar un informe anual detallado sobre la magnitud y las principales características de los errores
más habituales que comete la Agencia Tributaria... (Página17)
Comisión de Fomento
161/001803 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al hallazgo de un yacimiento arqueológico en las obras de construcción de la autovía A-54 Lugo-Santiago, a la altura de Coeses (Lugo)...
161/001815 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre mantenimiento del ancho de vía ibérico en el corredor mediterráneo entre Barcelona y Murcia... (Página19)
161/001816 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la pista de aterrizaje de Los Villares (Córdoba)... (Página20)
Comisión de Educación y Deporte
161/001802 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al nuevo modelo de sistema de concesión de becas al estudio que prevé implantar el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte...
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/001812 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a modificar la ubicación de la subestación eléctrica del barrio de Santa Mariña, en Ferrol...
161/001814 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación de la Orden Ministerial IET/2804/2012, de 27 de diciembre... (Página23)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/001800 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre apoyo al sector del tomate de exportación de Canarias y mejora del funcionamiento del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias
(POSEI)... (Página24)
161/001822 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes a adoptar como consecuencia de las recientes inundaciones acaecidas en el Valle de Arán y otras zonas afectadas en el Pirineo
leridano... (Página26)
161/001823 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes a adoptar como consecuencia de las recientes inundaciones acaecidas como consecuencia del desbordamiento del río Esera, principalmente
en el valle de Benasque, en la provincia de Huesca... (Página26)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/001809 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las redes sociales y a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades... (Página27)
Comisión de Cultura
161/001804 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo al Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Salamanca ... (Página28)
161/001821 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la exención de IVA en las Fiestas de Interés Turístico Nacional e Internacional... (Página29)
Comisión de Igualdad
161/001811 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la sensibilización de la juventud para implantar el principio de igualdad de trato y no discriminación en todos los aspectos de la
vida... (Página30)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001807 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al establecimiento de redes de apoyo a las mujeres que hayan recibido un diagnóstico positivo de síndrome de Down o de otras anomalías en
el periodo prenatal ... (Página31)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
181/001070 Pregunta formulada por los Diputados don Francisco González Cabaña y doña María Carmen Sánchez Díaz (GS), sobre defensa de los intereses públicos de la Zona Franca de Cádiz ... (Página32)
181/001071 Pregunta formulada por los Diputados don Francisco González Cabaña y doña María Carmen Sánchez Díaz (GS), sobre actuaciones a realizar para que se devuelvan a las arcas públicas los más de cuatro millones de euros que el Tribunal
de Cuentas exige pagar a los ex delegados de la Zona Franca de Cádiz, Sr. Osuna y Sr. Rodríguez de Castro ... (Página33)
Comisión de Educación y Deporte
181/001069 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre habilitación de un fondo social extraordinario para las personas que no puedan pagar la matrícula universitaria y se encuentran en riesgo de
expulsión... (Página33)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y, considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión Constitucional
161/001805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la convocatoria de un referéndum para que la ciudadanía decida
entre monarquía y república, para su debate en la Comisión de Constitucional.
En una sociedad democrática todas las instituciones se deberían elegir por voluntad popular y estar sometidas al control y a la posibilidad de revocación. Este es un principio básico de las sociedades basadas en la soberanía popular, donde
la fuente última de todo poder y autoridad es exclusivamente la ciudadanía. Por este motivo no puede existir ninguna autoridad ni ningún poder por encima de esta. Así se hace especial referencia al principio básico de igualdad ante la ley de todo
el mundo.
La Constitución española vigente establece una monarquía parlamentaria, en la que todas las instituciones del Estado son elegidas -directa o indirectamente- por sufragio universal, a excepción del jefe de Estado, que lo es por razones
dinásticas. Esto constituye una anomalía y un anacronismo, compartido con otros países europeos. Pero supone un fenómeno absolutamente minoritario tanto en la Unión Europea como a nivel mundial.
La Constitución española de 1978 fue aprobada en referéndum, pero no dejaba opción a elegir la forma de Estado entre monarquía o república, sino que se trataba de ratificar o no una constitución que restablecía las libertades democráticas
después de cuarenta años de dictadura represora. Lógicamente, la inmensa mayoría de los españoles y españolas en aquel momento votaron a favor de la Constitución. Pero eso no puede ser interpretado como un apoyo mayoritario a la institución
monárquica, que nunca se ha sometido al sufragio popular.
Treinta y cuatro años después, la mayoría de la población no votó en aquel referéndum, ya que todos los que hoy tienen menos de 53 años no habían cumplido la mayoría de edad y muchos ni tan siquiera habían nacido.
Además, el apoyo de la ciudadanía a la institución monárquica ha ido reduciéndose, según se manifiesta en todos los estudios de opinión -incluidos los del Centro de Investigaciones Sociológicas-, proceso que se ha acelerado los últimos años
al conocer la opinión pública diversos hechos presuntamente delictivos y otros de dudosa ética que afectan al propio monarca. Es el caso, por ejemplo, de las presuntos actividades de intermediación empresarial efectuadas por el rey, la posesión de
cuentas en Suiza (situación que elude la aplicación del régimen fiscal español), así como la disposición de dinero y medios públicos por personas ajenas a la Casa Real o a toda actividad institucional oficial (como las reuniones programadas por el
Instituto Nóos en el entorno de la Zarzuela para acordar negocios presuntamente delictivos).
Ha llegado el momento en el que el pueblo español decida libre y democráticamente su forma de Estado y, por ello, presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Impulsar la convocatoria de un referéndum consultivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución española, para que la ciudadanía decida entre monarquía y república; de forma que, en el caso de que ganara
democráticamente la opción republicana, pudiera ponerse en marcha el procedimiento de reforma constitucional establecido en el artículo 168 de la Constitución española.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2013.-Ricardo Sixto Iglesias y Joan Josep Nuet Pujals, Diputados.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001808
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a promover el impulso de
las relaciones entre España y la República Federativa de Brasil, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Los pasados días 16 y 17 de noviembre se celebró en Cádiz la XII Cumbre Iberoamericana, con amplia presencia de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros. Esta importante cumbre ha servido para reforzar los lazos de toda
índole que unen a los países miembros de la comunidad iberoamericana y se ha centrado fundamentalmente en aspectos económicos, sociales y culturales, muy especialmente en la importancia que las PYMES tienen para el reforzamiento de las relaciones
comerciales entre los países miembros y la importancia que España concede a ese estratégico sector.
País de especial relieve en este contexto es la República Federativa de Brasil. España y Brasil han mantenido y mantienen importantes relaciones entre los Estados y entre sus pueblos, relaciones que se asientan sobre vínculos históricos,
culturales y económicos. Además de ello, numerosos valores e intereses comunes unen a las dos naciones.
En la última década, distintos acuerdos de cooperación firmados entre España y Brasil han fortalecido estos vínculos. Entre ellos merece destacarse el Plan de Acción de la Asociación Estratégica adoptado en noviembre de 2003, que fue
reforzado a posteriori por la Declaración de Brasilia sobre la Consolidación de la Asociación Estratégica de 2005.
Existe una importante interdependencia entre las economías de los dos países. España se ha convertido en los últimos años en el segundo mayor inversor extranjero en Brasil por volumen acumulado de inversiones directas. Por otro lado,
genera un tremendo potencial para las empresas brasileñas, en relación con los mercados europeos, mediterráneos y africanos.
Al fortalecimiento de estos vínculos han contribuido, sin duda, las visitas a Brasil de Su Majestad el Rey, del Presidente del Gobierno y del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación durante el pasado año, así como la reciente visita a
España de la Presidenta de la República Federativa de Brasil y de otras personalidades de la vida política, económica y cultural de Brasil.
Es conveniente seguir avanzando en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y fijar una concreta agenda de trabajo en los ámbitos, entre otros, de cooperación política, económica, cultural, social, educativa, científica y
tecnológica.
Esta cooperación reforzada entre Brasil y España deberá ser asimismo un acicate en el actual proceso de integración regional en el ámbito iberoamericano en sus distintas organizaciones. España se ha comprometido a participar activamente en
el impulso de los diferentes procesos en marcha, y asimismo Brasil tiene un importante papel que jugar en dicho proceso.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Habilitar los mecanismos oportunos y convenientes al objeto de incrementar el actual nivel de interdependencia económica entre Brasil y España, en el sentido de conseguir mayores niveles de intercambio comercial.
- Estrechar la colaboración en materia de desarrollo estratégico de infraestructuras aumentando las asociaciones en el sector, y fomentando el apoyo y la transferencia de tecnología.
- Desarrollar hasta el extremo de su potencial los acuerdos alcanzados con la República de Brasil, en orden a ampliar las actuaciones en materia de ciencia tecnología e innovación para incrementar su impacto económico-social.
- Intensificar el intercambio de investigadores y tecnólogos, el intercambio de información científica, la cooperación recíproca en l+D y el fomento de establecimiento de contactos directos entre instituciones científicas y tecnológicas de
ambos países.
- Impulsar el intercambio entre estudiantes de ambos países, siguiendo el ejemplo del programa Ciencias sin Fronteras, como una forma de estrechar los vínculos culturales, y en ese sentido seguir favoreciendo el intercambio y la movilidad de
profesionales entre los dos países.
- Fomentar e impulsar las actividades que desarrolla la Fundación Consejo España-Brasil, propiciando los encuentros bilaterales entre las sociedades civiles de ambas naciones.
- Seguir adoptando un papel proactivo en el impulso de los procesos de integración en el ámbito regional iberoamericano, y de igual manera continuar apoyando activamente la conclusión de las negociaciones para lograr un Acuerdo de Asociación
entre MERCOSUR y UE.
- Renovar las relaciones bilaterales en materia de cooperación al desarrollo, desde una perspectiva horizontal, con un especial énfasis en instrumentos como la Cooperación Triangular que permitan a España y Brasil trabajar por el desarrollo
en América Latina y otras regiones de interés compartido.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Justicia
161/001810
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la
modificación de la adscripción registral del Valle de Mena, provincia de Burgos, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La razón de ser de esta Proposición no de Ley es la anómala situación jurídica del Valle de Mena. Este municipio, como es sabido, pertenece a la provincia de Burgos y, por ende, a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Sin embargo,
registralmente forma parte de un Registro de la Propiedad del País Vasco: Balmaseda (Vizcaya). Todo ello se debe a una serie de vicisitudes históricas apoyadas, como a continuación se expone, en una normativa preconstitucional.
Hay que tener en cuenta que, en 1823, el Valle de Mena, que había pertenecido al Partido de Laredo, vuelve con el resto de la montaña a Burgos; hasta que en 1833 y con la división de España en provincias, el Valle de Mena queda incluido en
el Partido de Villarcayo. Sin embargo, a mediados del siglo XIX la tramitación de asuntos civiles del Valle pasó a depender del Juzgado de Balmaseda; por ello, al crearse los Registros de la Propiedad por Ley de 1861, bajo la premisa de que los
libros del Registro están bajo la salvaguardia de los tribunales, los correspondientes a Mena se comenzaron a llevar en el Registro de
Balmaseda. A partir de 1881, los asuntos criminales del Valle pasaron a depender de la Audiencia Provincial de Bilbao, pero bajo la instancia superior común, que era la Audiencia Territorial de Burgos.
Por otro lado, en 1979, en aplicación de la Ley 33/1979, de 8 de noviembre, se creó la Audiencia Territorial de Bilbao, segregada de la de Burgos; dicha ley, en su disposición adicional primera, establece que el término municipal del Valle
de Mena, que administrativamente forma parte de la provincia de Burgos, queda sujeto a la jurisdicción de la Audiencia Territorial de esta capital y se le adscribe al partido judicial de Villarcayo. Finalmente, el Real Decreto 1641/1980, de 24 de
julio, crea el Colegio Notarial de Bilbao y dispone que el territorio de este coincidirá con el asignado a la Audiencia Territorial de Bilbao, por lo que el término municipal del Valle de Mena queda adscrito notarialmente al distrito de Villarcayo,
provincia de Burgos y Colegio Notarial de Burgos,
Tenemos pues que el Valle de Mena pertenece en el orden administrativo, judicial y en el notarial a Burgos, y por ende a Villarcayo, por lo que se hace imprescindible la homogeneización también en el distrito hipotecario. De otro modo, esta
situación seguirá planteando complejas controversias jurídicas. Controversias que afectan a aspectos tan diferentes como el nombramiento del Registrador competente para ejercer las funciones que le son inherentes sobre el Valle de Mena; las
facultades inspectoras que corresponden a los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de los Registros de la Propiedad de su territorio; o las consecuencias de la competencia en materia de gestión y liquidación de los Impuestos de
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Sucesiones y Donaciones, originados en el Valle de Mena, que es exclusiva de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y que al no existir coordinación con la competencia registral, obliga
a desplazamientos innecesarios a los habitantes del Valle de Mena, que tienen que acudir primero a Villarcayo para realizar las autoliquidaciones pertinentes y posteriormente a Balmaseda a inscribir sus documentos públicos.
En conclusión, la situación actual es absolutamente insostenible desde un punto de vista jurídico, que únicamente se puede justificar con una mezcolanza legal absolutamente disparatada, contradictoria e incompatible con la organización del
territorio estatal en distintas Comunidades Autónomas. Siendo este último parámetro el que fundamenta, preside e informa nuestro sistema jurídico constitucional. Así, pues, es necesario poner fin a este anacronismo histórico, carente de parangón
en todo el territorio español. La proximidad geográfica, único argumento que se podría esgrimir para defender la permanencia del Valle de Mena en el Registro de la Propiedad de Balmaseda, carece de sentido, porque el principio de organización
territorial autonómica y provincial prevalece frente a la cercanía física.
Dada esta especial situación, es absolutamente imprescindible subsanar la anomalía que padece el municipio del Valle de Mena.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar con la mayor celeridad posible el expediente de alteración de la circunscripción del Registro de la Propiedad de Balmaseda (Vizcaya), segregando del mismo el municipio del Valle de
Mena, para agregarlo al Registro de la Propiedad de Villarcayo (Burgos). Todo ello motivado en la conveniencia pública de armonizar la situación tributaria, judicial y notarial del Valle de Mena.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001824
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia
Proposición no de Ley sobre las reformas legales necesarias para tipificar el negacionismo y mejorar la regulación de los delitos relativos a 'discursos del odio'.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que se insta al Gobierno a ejercer su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del
Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre las reformas legales necesarias para tipificar el negacionismo y mejorar la regulación de los delitos relativos a 'discursos del odio', para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La libertad de expresión es uno de los ejes centrales de los modernos regímenes democráticos, alcanzando la consideración de derecho fundamental, tal y como se establece en el artículo 20 de nuestra Carta Magna.
No obstante, del mismo modo que ocurre con cualquier otro derecho subjetivo, incluso fundamental, el derecho a la libertad de expresión no es absoluto sino que se encuentra sometido a ciertos límites. Así lo dispone, de hecho, el propio
artículo 20 CE que dispone en su apartado 4 que 'estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a
la propia imagen y a la juventud y de la infancia'.
En un esfuerzo de concreción de lo dispuesto en este precepto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha venido declarando de forma reiterada que el derecho fundamental a la libertad de expresión no permite dar cobertura, en cualquier
caso, a manifestaciones innecesarias que atenten contra el honor y la dignidad de las personas (a través de injurias, tales como insultos graves) o la libertad (mediante amenazas, por ejemplo), o que no se limiten a cuestionar teóricamente el
sistema democrático, sino que lo pongan materialmente en peligro (por ejemplo mediante actos de promoción del delito).
Particularmente destacable resulta, en este contexto, la problemática que plantean aquellas manifestaciones que en el marco de una actividad política o pseudocientífica pueden llegar a constituir un atentado contra la dignidad de los
miembros de determinados colectivos minoritarios, o, incluso, una incitación a la discriminación o a la acción violenta de contenido xenófobo o discriminatorio (lo que se conoce como 'discursos del odio') o la difusión de material histórico
revisionista, que niegue la existencia de un genocidio.
Ejemplo paradigmático de lo que decimos es el negacionismo del holocausto nacionalsocialista, corriente de pensamiento de origen antisemita que reinterpreta los hechos acaecidos en Europa entre los años 1941 y 1945, defendiendo que el
genocidio practicado por la Alemania nazi contra los judíos y los gitanos no existió, calificando de mito o mera propaganda la existencia de las cámaras de gas.
Aun siendo menos conocidos en el ideario popular, podemos encontrar otros muchos ejemplos de este execrable comportamiento, como por ejemplo el negacionismo de los genocidios estalinistas, maoístas, camboyano o el Gulag en la Unión Soviética
o incluso otros menos extendidos pero ciertamente perversos como el que niega o cuestiona la represión franquista.
Hoy en día este tipo de discursos legitimadores del genocidio o del terrorismo no han desaparecido, sino que van evolucionando y 'actualizándose', como ocurre por ejemplo con el discurso de la llamada izquierda abertzale, que de forma
insistente califica al exterminio perpetrado por la banda terrorista ETA como 'violencia política', a sus miembros condenados por diversos asesinatos o por pertenencia a la propia organización terrorista como 'presos políticos', víctimas de un
supuesto 'conflicto', lo cual en
modo alguno es casual o fortuito sino totalmente consciente, que responde a una deliberada estrategia de negar la existencia de los crímenes y, por ende, la de la propia democracia en España.
La preocupación ante el negacionismo y los llamados discursos del odio, así como el necesario cumplimiento por parte de nuestro país de diversos compromisos internacionales llevó a la promulgación de los artículos 510 y 607.2 del actual
Código Penal (aprobados mediante la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre), que según la propia Exposición de Motivos nacieron con la clara vocación de constituir un instrumento penal en la lucha contra la xenofobia, a la vista de 'la
proliferación en distintos países de Europa de episodios de violencia racista y antisemita que se perpetran bajo las banderas y símbolos de ideología nazi', que 'obliga a los Estados democráticos a emprender una acción decidida para luchar contra
ella'.
En concreto, el artículo 607.2, incluido en el capítulo II -delitos de genocidio-, del Titulo XXIV (Delitos contra la Comunidad Internacional), del Código Penal introducía por vez primera en nuestro ordenamiento el concepto de 'negacionismo'
mediante la siguiente redacción que transcribimos:
'La difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen los delitos tipificados en el apartado anterior de este artículo, o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de
los mismos, se castigará con la pena de prisión de uno a dos años'.
Sobre este precepto se planteó la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad, formalizada por el auto de 14 de septiembre de 2000, de la Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, por considerar que el mismo 'contiene una
limitación no justificativa del derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 20 de la Constitución Española'.
Siete años después, el Pleno del Tribunal Constitucional, por medio de su sentencia núm. 235/2007, de 7 de noviembre de 2007, optó, bajo la ponencia del Magistrado Eugeni Gay Montalvo, por declarar inconstitucional el indicado delito de
negacionismo en los términos en que estaba redactado, decretando la nulidad de la expresión 'nieguen o' del primer inciso del artículo 607.2 del Código Penal, al tiempo que consideraba acorde con la Constitución el segundo inciso del artículo 607.2,
que castiga la difusión de ideas o doctrinas tendentes a justificar un delito de genocidio, interpretado conforme a las pautas que aporta la sentencia.
No consideramos necesario a estas alturas entrar a valorar la referida Sentencia, limitándonos a reseñar que el referido fallo no estuvo exento de polémica, como lo demuestran los cuatro votos particulares emitidos por los partidarios de
considerar constitucional la punición del negacionismo en los términos establecidos originalmente, formulados por los magistrados García-Calvo y Montiel, Rodríguez-Zapata Pérez, Rodríguez Arribas y Sala Sánchez, que cuestionaban el fallo por
considerar, entre otras muchas cuestiones, que pecaba de una visión ingenua de la democracia.
No obstante, al margen de lo anterior, y respetando totalmente el fallo de la referida sentencia del máximo intérprete de la Constitución, conviene tener en cuenta que la misma no consideraba el delito de negacionismo incompatible con la
Constitución en sí mismo, sino que discrepaba de la concreta redacción del precepto, que no exigía dolo ni intencionalidad de ningún tipo.
Así lo reconoce la Fiscalía General del Estado en su reciente Memoria del año 2012, cuando manifiesta, a propósito de la referida Sentencia n.º 235/2007 que 'el TC admitía que el negacionismo con la concurrencia de otros elementos sí podría
ser sancionado penalmente, si bien tal función excedía, lógicamente, de sus atribuciones'.
Coincidiendo con tal visión de la Fiscalía General del Estado, consideramos que si el discurso negacionista se limita a poner en cuestión o negar hechos exclusivamente desde una perspectiva histórica puede entenderse amparado por la libertad
de expresión, pero no si el mismo tiene un contenido injurioso sobre grupos o asociaciones en relación a su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual,
enfermedad o minusvalía, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.
Eso mismo es lo que manifiesta la Fiscalía en el apartado IV de la citada Memoria, dedicado a las Propuestas de Reformas Legislativas para una mayor eficacia de la Justicia, en la que concluye que 'cabría sancionar penalmente el negacionismo
no en cuanto tal, esto es, como mera negación de un acontecimiento histórico -tipificación incompatible con la libertad de expresión-, sino en un contexto de incitación al odio o de injurias contra el colectivo protegido, es decir, en un contexto de
abuso de tal libertad de expresión'.
Por su indudable claridad a continuación transcribimos las razones por la que entiende la Fiscalía General del Estado que el artículo 607.2 debería ser readaptado para volver a incluir el negacionismo:
'En este contexto debe tenerse en cuenta que el artículo 6.1 del Protocolo adicional al tratado sobre criminalidad informática, hecho en Budapest el 23 de noviembre de 2001, que aún no ha sido ratificado por España, obliga a los estados a
introducir preceptos penales en contra de la difusión de material que niegue el genocidio u otros delitos contra la humanidad, los minimice groseramente, los apruebe o justifique.
Por su parte, la Decisión Marco 2008/913/JAI, del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal obliga a los Estados de la Unión a
tipificar la apología pública, la negación o la trivialización flagrante de los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra [art. 1 c)].
Es por ello que el artículo 607.2, especialmente a la vista de lo propia doctrina constitucional y del contenido de la Decisión Marco 2008/913/JAI, debería ser readaptado para volver a incluir el negacionismo de forma que, simultáneamente se
respete la doctrina sentada por nuestro máximo intérprete constitucional. En este punto debe recordarse que el TC declaró inconstitucional la mención a 'nieguen o' por la falta de elementos adicionales que el Tribunal no podía añadir sin
convertirse en legislador.
A tales efectos puede servir de modelo el criterio del Código portugués, que en su artículo 240, 2, b) castiga al que difame o injurie a una persona o a un grupo de personas por motivo de su raza, color, origen étnico o nacional, religión,
sexo u orientación sexual, especialmente a través de la negación de crímenes de guerra o contra la paz o contra la humanidad.'
En definitiva, resulta imprescindible incorporar a nuestro ordenamiento el delito de negacionismo, pues es una conducta que debe ser objeto de una nueva regulación ajustada a la Decisión Marco 2008/913/JAI, que ha de ser traspuesta a nuestro
ordenamiento jurídico, lo cual habrá de cumplirse conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, que ha interpretado que la negación del genocidio puede ser delictiva como forma de incitación al odio, a la hostilidad o la xenofobia, so pena de
fomentar un clima de aceptación, trivialización y olvido de estos actos que acabe socavando el propio sistema democrático.
Además de lo anterior, dentro de esas propuestas de reforma del Fiscal General del Estado contenidas en la Memoria de 2012, se incluyen concretas mejoras técnicas al artículo 510 del Código Penal, que tipifica los delitos relativos a
discursos de odio, tales como la provocación a la discriminación contra grupos o asociaciones por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, etnia, raza, sexo... etc., que como la propia fiscalía reconoce no han sufrido
modificación alguna desde la entrada en vigor de la norma en 1995.
Sin embargo, como se pone de manifiesto en la citada Memoria, desde entonces han surgido numerosas dificultades interpretativas en su aplicación práctica y España ha ratificado compromisos supranacionales relacionados con la regulación de
estos delitos que no se han trasladado al Código Penal. Estas circunstancias hacen convenientes abordar una reforma de dichos artículos con la finalidad última de potenciar la tutela penal frente a este tipo de conductas altamente lesivas para la
convivencia en una sociedad democrática.
En relación tanto con el tipo de provocación a la discriminación (párrafo 1 del artículo 510 CP) como con el de informaciones injuriosas contra grupos o asociaciones (párrafo 2 del artículo 510 CP) las reformas que propone la Fiscalía
General del Estado y que consideramos que se han de abordar cuanto antes son las siguientes que literalmente transcribimos:
- En primer lugar, a fin de evitar una banalización del núcleo de prohibición, la descripción típica -aun manteniendo la configuración de delitos de riesgo abstracto-, debe exigir que las conductas tengan un mínimo potencial de eficacia
incitadora de comportamientos discriminadores. Este requisito se asume por el CP alemán en su parágrafo 130.
- En segundo lugar la nueva redacción de los tipos debe dejar claro que la incitación ha de ser pública, como se recoge en el derecho comparado, si bien, en cuanto a los medios, la redacción debería ser lo más amplia posible, utilizando una
fórmula sintética como cualquier que sea el medio o procedimiento o la fórmula portuguesa en una reunión pública, por escrito destinado a la divulgación, o a través de cualquier medio de comunicación social o sistema informático destinado a la
divulgación.
- En tercer lugar la nueva redacción debe aclarar que el sujeto pasivo del delito no son solo los grupos o asociaciones, sino también las personas físicas individualmente consideradas que pertenecen a ellos.
- En cuarto lugar, el término 'minusvalía' debe ser sustituido por el de 'discapacidad'.
- En quinto lugar, debe incluirse el término 'situación socioeconómica', para cubrir los ataques a los mendigos o indigentes.
- Se sugiere además añadir al artículo 510 CP un apartado sobre el enaltecimiento o la justificación a posteriori de los delitos cometidos con este tipo de motivación.
- Se propone igualmente que se incorpore una previsión específica en el artículo 510 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP) y de las organizaciones sin personalidad jurídica (art. 129 CP) y que declare la
aplicabilidad de las penas previstas en el artículo 33.7 CP.
- Debiera finalmente introducirle la posibilidad de clausura de páginas web, blogs o cualesquiera medios técnicos empleados en la comisión del delito, tanto en su modalidad cautelar como definitiva.
En cuanto a las reformas propuestas en relación exclusivamente al tipo de provocación a la discriminación (párrafo 1 del artículo 510 CP), el Fiscal General del Estado propone los siguientes puntos de mejora en relación a dicho tipo
delictivo, que compartimos plenamente y que transcribimos a continuación de la propia Memoria:
- En primer lugar, teniendo en cuenta que el uso del verbo provocaren ha generado disquisiciones doctrinales acerca de si la conducta debe enmarcarse o no en la provocación en sentido técnico (art. 18 CP), para evitar interpretaciones en
exceso restrictivas debería introducirse en lugar de provocaren, como verbos típicos los de incitaren, promovieren y difundieren.
- En segundo lugar, debería adicionarse además, junto a la discriminación, al odio o a la violencia, el término hostilidad, previsto en el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incorporar a nuestro ordenamiento el delito de negacionismo en los términos referidos en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2012, que se ajustan a la Decisión Marco 2008/913/JAI, del Consejo de 28 de noviembre de 2008, de
obligada transposición a nuestro ordenamiento jurídico, y a la propia doctrina del Tribunal Constitucional.
2. Modificar el artículo 510 del Código Penal, incluido dentro de los delitos relativos a discursos del odio, en los términos y por los motivos que señala la Fiscalía General del Estado en el apartado de propuestas de reformas legislativas
de la Memoria correspondiente al año 2012.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Comisión de Interior
161/001801
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia de la Diputada doña Teresa Jordà i Roura, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para adaptar la actuación de la policía estatal al plan de erradicación de la prostitución en las carreteras catalanas que llevan a cabo los Mossos d'Esquadra, para su debate en la Comisión de Interior
Exposición de motivos
Una de las problemáticas que afectan con especial intensidad municipios en la frontera como La Jonquera (Girona) es la gran presencia de prostitución en sus carreteras. En esta zona, en particular, la actividad se desarrolla en el ámbito de
la travesía de la carretera nacional II, dentro mismo del casco urbano.
Pero la proximidad con la frontera también ha favorecido que esta actividad se extienda a lo largo del trazado de la carrera nacional II, más allá de la zona de frontera, con la consiguiente preocupación de vecinos, conductores y alcaldes de
los municipios afectados, así como por la propia seguridad de las personas que ejercen la prostitución.
La Generalitat de Catalunya dispone de competencias en el entorno de las carreteras que son de su titularidad, poniendo en funcionamiento una reglamentación propia de actuación.
Con todo, esta actuación es imposible en el entorno de las carreteras de titularidad estatal y, a consecuencia de esto, aparece la inviabilidad para actuar en lugares como el caso de la travesía de la Jonquera de titularidad estatal.
En una materia tan sensible como esta es conveniente la coherencia y coordinación de todas las administraciones.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
Adaptar la actuación de la policía estatal, en el ámbito y zona de su competencia, al plan de actuación de la policía catalana para la erradicación de la prostitución en las carreteras de Catalunya. En este sentido, se llevarán a cabo las
negociaciones oportunas para coordinar estas actuaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados 18 de junio de 2013.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Economía y Competitividad
161/001813
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
el índice de referencia de préstamos hipotecarios, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Exposición de motivos
El pasado 29 de abril de 2012 entró en vigor la Orden EHA/2899/2011, de transparencia y protección del cliente. Entre otras cuestiones esta Orden prevé la desaparición de los índices de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH) de cajas,
bancos y el tipo CECA y su sustitución por un nuevo índice análogo de préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España. La completa desaparición de los citados índices
se produciría transcurrido un año de la entrada en vigor de la Orden y su normativa de desarrollo, siempre que en ese plazo se hubiese establecido el correspondiente régimen de transición para los préstamos afectados.
El Grupo Parlamentario Socialista ha requerido en varias ocasiones al Gobierno, tanto en preguntas escritas como orales y otras intervenciones en Pleno, la aprobación de este régimen de transición para los préstamos afectados, sin que hasta
la fecha se haya producido ninguna reacción por parte del Gobierno, sin tener en cuenta su impacto las personas afectadas.
La aprobación del régimen transitorio podría suponer un alivio para muchas familias que cada mes ven cómo la referencia interbancaria a un año (Euribor) no tienen impacto en el pago de sus deudas pendientes al aplicárseles un índice de
referencia ya extinto, y que podría tener un efecto beneficioso sobre la renta disponible de las familias. Más teniendo en cuenta la situación de aquellas que adquirieron viviendas de promoción pública, de protección oficial o similares, y aquellas
que están próximas a una situación de insolvencia, sin que el Gobierno utilice los recursos a su disposición para evitarlo.
El retraso en la aprobación del régimen transitorio está permitiendo, además, que en el caso de que los contratos firmados no incorporen en su clausulado una alternativa a la desaparición del IRPH de cajas, bancos y el tipo CECA, las
entidades financieras pueden estar negociando con los prestatarios el cambio de préstamos sin garantías de información ni protección suficiente para el deudor hipotecario.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar, con carácter urgente, el régimen transitorio previsto en la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, por la que se suprimen el tipo medio de los préstamos
hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las Cajas de Ahorros (IRPH Cajas) y los bancos (IRPH Bancos), así como el tipo activo de referencia de las Cajas de Ahorro (indicador CECA).
2. Contemplar en dicho régimen transitorio para los contratos en vigor referenciados a los índices que desaparecen, la opción por parte de los deudores hipotecarios por la aplicación de alguno de los nuevos tipos de interés oficiales. En
el caso de optar el prestatario por la referencia interbancaria a un año (Euribor), el diferencial aplicable no podrá ser superior al 1 %.
3. Adoptar cuantas medidas sean necesarias, en colaboración con el Banco de España, para garantizar el máximo nivel de protección, información y transparencia de los usuarios de servicios financieros afectados por la desaparición de los
tipos que han dejado de ser oficiales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2013.-Leire Iglesias Santiago, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001818
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para anular todas las cláusulas suelo existentes en los préstamos
hipotecarios y limitar el diferencial cobrado por las entidades financieras en este tipo de producto, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Como consecuencia de sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo del presente año, por la que condena a BBVA, Cajas Rurales y Novacaixa Galicia a anular todas las cláusulas de suelo existentes en sus contratos de hipoteca -sentencia que van
a cumplir en el presente mes, con un beneficio importantísimo para los hipotecados-, se están produciendo más demandas contra el resto de entidades financieras, por lo que, estas ineludiblemente serán condenadas igualmente cuando lleguen al Tribunal
Supremo, claro que pasarán entre uno y dos años para que esto sea así, por lo que sería oportuno que el Gobierno legislara de forma urgente respecto de esta materia.
Esta iniciativa supondría una rebaja importante en las hipotecas que mantienen los ciudadanos de forma inmediata, aliviando en cierta forma muchas maltrechas economías familiares y demostrando la preocupación existente por los temas
relacionados con la vivienda, las hipotecas y los desahucios.
Sería razonable que se legislara anulando todas esas cláusulas abusivas y a ser posible con carácter retroactivo, aunque sabemos que esto es difícil, sin que tenga que mediar la demanda individual de los ciudadanos engañados en sus contratos
hipotecarios, con el consiguiente colapso de la judicatura.
Las entidades ya condenadas tendrán que anular, tal y como dice la sentencia, estas cláusulas de todos sus contratos, pero como respuesta a la misma están estableciendo en los nuevos préstamos hipotecarios unas condiciones que se podrían
considerar como abusivas, dado que están pidiendo el Euribor más tres puntos de diferencia, e incluso más, con lo que intentan recuperar el mismo margen de beneficio que obtenían con las citadas cláusulas suelo antes de la sentencia.
Dado este hecho, sería preciso y necesario limitar el diferencial a aplicar dado el precio al que las entidades financieras obtienen crédito en el Banco Central Europeo 0,5 %) lo que les permite obtener un margen sustancial de beneficio sin
tener que llegar a situaciones casi usureras, que es lo que están haciendo.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar a la mayor brevedad posible un Real Decreto-ley que recoja las medidas oportunas para:
1. De acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo, 241/2013, de 9 de mayo del presente año, por la que condena a BBVA, Cajas Rurales y Novacaixa Galicia, anular todas las cláusulas suelo abusivas en los préstamos hipotecarios.
2. Establecer límites a los diferenciales de tipos aplicados a este tipo de préstamos por parte de las entidades financieras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2013.-Alberto Garzón Espinosa y Ascensión de las Heras Ladera, Diputados.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/001806
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de las Diputadas doña Olaia Fernández Davila (BNG) y doña Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la
siguiente Proposición no de Ley, relativa a la solicitud de cese del Delegado del Gobierno en Galicia, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La gestión del Delegado del Gobierno en Galicia al frente de la Delegación del Gobierno, se destaca por la aumento de la represión antidemocrática, al incrementar de manera abusiva los expedientes sancionadores contra personas que ejercen su
derecho a libre expresión y reunión pública. La intensidad de la crisis económica y social, agravada por las políticas impuestas por los actuales Gobiernos, están provocando el rechazo de una amplia mayoría social, que hace uso de su derecho
fundamental a la libre expresión pública. Frente a eso, la reacción de la autoridad gubernativa en Galicia consiste en intentar amedrentar a las personas y colectivos que se movilizan ante las crecientes injusticias y desigualdades, con la
notificación de sanciones pecuniarias por el simple hecho de estar presente en actuaciones públicas en solidaridad y apoyo con los colectivos que más padecen los efectos directos de la crisis, como es el caso de las plataformas de afectados por las
preferentes, contra los desahucios y otras.
Además de insistir en esa estrategia de limitación de libertades y derechos fundamentales, su comportamiento es irrespetuoso con las personas que los ejercen de una manera legítima. El caso más reciente es su definición de 'bárbaros'
atribuida a cientos de personas presentes delante la dirección de una persona de avanzada edad en A Coruña, que iba a ser desalojada a la calle sin ninguna alternativa de asignación de una nueva vivienda donde residir.
La intolerancia que se desprende de esa estrategia de actuación contra las personas que defienden sus derechos públicamente, también se extiende contra quien defiende libre y democráticamente otro ideario político. En el perfil público de
la red social, Facebook del Delegado del Gobierno en Galicia puede comprobarse como figura asociado a un grupo denominado 'Por la supresión de la autonomía catalana', cuyo objetivo es presionar a la clase política para encarar una reforma que
suprima las Comunidades Autónomas y 'para comenzar, no sería mala idea suprimir la autonomía catalana, por separatista, nacionalista y antiespañola'.
Sin embargo, lejos de quedar en el ámbito de su ideario y ejercer el cargo para lo cual fue designado -para lo cual, por cierto, prestó acatamiento a una norma constitucional ante la que, como se ve, comparte una estrategia con otras
personas dirigida a derrocarla por entero- de manera objetiva y neutral, su actuación como delegado se ve contaminada e inducida por esa su ideología particular.
El día 9 de junio de 2013 fue publicada en un medio de comunicación social una entrevista al Delegado del Gobierno en Galicia, donde afirmaba expresamente, en relación a la organización Resistencia Galega, que 'tener dobles lenguajes y
comprensión con ese grupo, como observo en algunos políticos, es incomprensible'. Preguntado sobre quién eran los políticos a que aludía, señaló directamente al Bloque Nacionalista Gallego (BNG), finalizando con la siguiente aseveración 'me
gustaría ver por su parte una condena más clara y más inequívoca'.
Al día siguiente, en declaraciones recogidas por agencias de noticias, el Sr. Delegado del Gobierno se reafirmó en sus 'reflexiones' y añadió que el discurso del BNG es 'incompatible con la claridad que los demócratas deben tener para
condenar el terrorismo a la hora de defender la democracia'.
Estas afirmaciones son falsas, se sustentan en una enorme mentira, con la que se pretende criminalizar a una organización democrática como el BNG, que siempre se distinguió por rechazar los ataques y las acciones violentas de cualquier
persona, grupo u organización o persona tanto en Galicia como en el conjunto del Estado español y al tiempo mostrar su apoyo y defensa de las víctimas afectadas, con lo que se convierten claramente en expresiones calumniosas.
El BNG no precisa justificarse, su trayectoria en este campo es impecable. Sin embargo, por si no fuera suficiente para quien se obstina en instalarse en una actitud de emisión de falsas acusaciones, una revisión simple de las hemerotecas,
donde constan múltiples manifestaciones y notas de prensa de condena enérgica a ataques y actos violentos en Galicia y en resto del Estado español, así como la participación en actos públicos de repulsa y solidaridad con las víctimas de esos actos,
demuestra la mentira manifiesta en la que se sustenta la argumentación del Delegado del Gobierno en Galicia.
Las acusaciones emitidas por el Delegado del Gobierno en Galicia son falsas, y su insistencia demuestran que son además hechas a propósito para causar un daño en la imagen y percepción pública del BNG, con la pretensión de relacionarlo con
personas y organizaciones que perpetran actos violentos en Galicia. Son, por tanto, y acudiendo a la definición común contenida en cualquier diccionario, una calumnia por pretender atribuir con falsedades al BNG actos e intenciones deshonrosas, con
la intención de provocarle un daño con la identificación de una conducta dubitativa en relación con el empleo de la violencia con fines políticos, algo que el BNG nunca practicó y siempre rechazó y condenó.
Es impropio y rechazable que una autoridad pública, que ejerce la representación del Gobierno central en Galicia y ostenta importantes responsabilidades por ello, ataque de manera insidiosa e infundada a una organización política
democrática, que tiene presencia en las instituciones de Galicia y del Estado, cuyos representantes siempre se comportaron con respeto, dentro de la discrepancia, hacia otros partidos políticos e instituciones representativas.
A pesar de las profundas diferencias existentes entre el programa político y actuaciones que lo desarrollan del Gobierno central que el Sr. Delegado del Gobierno representa en Galicia, también con el partido al cual pertenece y sustenta
dicho Gobierno, el BNG jamás empleó la calumnia o la infamia para rechazar esas políticas, mucho menos usó la mentira para fundamentar su oposición, sino que siempre actuó en base al contraste de ideas y también a la interpretación y análisis de
determinados hechos y su efecto en Galicia. En suma, un contraste político, de ningún modo basado, como ahora hace el Delegado del Gobierno en Galicia, en acusaciones infundadas y falsas, realizadas además con intención de provocar daño en el honor
de un contrincante político, que no deben admitirse de ninguna forma, pues, en un momento de decadencia en la percepción social de la política, contribuyen aún más a su degeneración, al trasladar a la ciudadanía que 'todo vale' como regla en los
comportamientos y actuaciones políticas, incluida la calumnia.
Por todo ello, el BNG formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cesar al Delegado del Gobierno en Galicia por incompetencia demostrada para ejercer su cargo, como lo indican la estrategia represora ante las personas y colectivos que se manifiestan pública
y democráticamente, las expresiones irrespetuosas ante actos de resistencia pacífica, o las actuaciones antidemocráticas de difundir calumnias contra fuerzas políticas con el claro objetivo de desprestigiarlas y engañar a la ciudadanía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2013.-Rosana Pérez Fernández y M.ª Olaia Fernández Davila, Diputadas.-Uxue Barkos Berruezo, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001817
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para la
actualización del Régimen Económico y Fiscal en Ceuta y Melilla, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
El Régimen Económico y Fiscal (REF) de Ceuta y Melilla está compuesto por una serie de medidas de tipo fiscal y tributario encaminadas entre otros fines a convertir a estas ciudades en un lugar que resulte atractivo para los inversores y
posibilite la creación de empleo en zonas con tasas de desempleo de las más altas de la Unión Europea.
El actual REF se encuentra desfasado y no es capaz de dar solución a los nuevos escenarios económicos que se están dando en Ceuta y Melilla como puede ser el desarme arancelario de Marruecos y la actual situación de crisis económica.
El tejido económico de Ceuta y Melilla está basado fundamentalmente en el comercio de productos con Marruecos, pero con el estatus de socio preferente de la UE de Marruecos, este comercio está languideciendo de forma lenta pero inexorable.
Al mismo tiempo no se dan, dentro del actual REF, las condiciones óptimas que ayuden a la creación de nuevas empresas y atraer inversores en un contexto de crisis económica como la actual. Los más perjudicados por esta situación son los más
de 10.000 y 14.000 desempleados que actualmente tienen respectivamente Ceuta y Melilla.
Es necesario abordar, por tanto, un cambio necesario y urgente en el Régimen Económico y Fiscal de Ceuta y Melilla. Pero este cambio en el REF debe de hacerse contando con la presencia de los actores políticos y socioeconómicos de las dos
ciudades autónomas sin exclusiones, en el foro adecuado y aportando cada uno su visión y sus prioridades, sus necesidades y sus ideas, para conformar un nuevo Régimen Económico y Fiscal que sea una herramienta realmente útil para el crecimiento
económico de unos territorios con unas singularidades tan específicas como son Ceuta y Melilla. Si algo hemos aprendido de esta situación de crisis que está asfixiando las economías de nuestras ciudades es que las aportaciones de todos los agentes
socioeconómicos no sólo son importantes, sino que son imprescindibles para el éxito de estas medidas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados considera conveniente la creación, mediante los procedimientos reglamentarios oportunos y dentro de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas de la Cámara, de una subcomisión específica para el estudio
y elaboración de un nuevo Régimen Económico y Fiscal para Ceuta y Melilla en la que sean escuchados todos los agentes políticos, económicos y sociales relevantes de las ciudades autónomas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2013.-José Martínez Olmos y María Carmen Sánchez Díaz, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001819
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia de la Diputada doña Teresa Jordà i Roura, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para el pago inmediato de las indemnizaciones comprometidas a las personas expropiadas por ADIF para el trazado del Tren de Alta Velocidad en la demarcación de Girona, para su debate en la Comisión de Hacienda y
Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
El pasado mes de enero de 2013 se puso en funcionamiento la línea del Tren de Alta Velocidad que conecta Barcelona con Girona y Figueres-Vilafant. Este proyecto afecta las comarcas de la Selva, Gironès, Pía de l'Estany i Alt Empordà. En
concreto, en este tramo, esta infraestructura genera afectaciones territoriales en los municipios de Riells i Viabrea, Hostalric, Sant Feliu de Buixalleu, Massanes, Maçanet de la Selva, Sils, Riudarenes, Vilobí d'Onyar, Riudellots de la Selva,
Aiguaviva, Vilablareix, Fornells de la Selva, Girona, Sarriá de Ter, Sant Julià de Ramis, Palol de Revertit, Cornellà de Terri, Vilademuls, Bàscara, Pontós, Garrigàs, Borrassà, Santa Llogaia d'Àlguema, Vilafant, Figueres, Llers, Pont de Molins,
Biure, Darnius, Campmany, Agullana y La Jonquera.
El año 2008 se iniciaron las obras y Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), como órgano encargado de ejecutar el proyecto, firmó con los propietarios las actas de expropiación de las fincas de estos municipios que serían
expropiadas por el paso de la infraestructura. Las actas se firmaron con unos precios unitarios propuestos por el propio ADIF con el consentimiento de los particulares afectados.
A día de hoy son numerosos los casos en que no se han hecho efectivas las compensaciones económicas derivadas de las expropiaciones, pese a haber transcurrido más de tres años desde la firma de las actas y de que los afectados hayan cedido
ya sus terrenos. En la mayoría de los casos, las fincas afectadas son de titularidad privada, aunque también los hay de titularidad municipal.
Asimismo, durante la ejecución del proyecto y por exigencias del mismo, ADIF amplió los terrenos expropiados a algunos propietarios. No obstante, ADIF pretende pagar por estos terrenos adicionales un precio un 50% inferior a los que se
ocuparon inicialmente.
Por otro lado, en estas últimas semanas, ADIF acaba de anunciar a los afectados que va a reducir unilateralmente el precio de las compensaciones de parte de los terrenos que ya se expropiaron y por los que se fijó un justiprecio,
incumpliendo así aquello que el propio ADIF acordó y firmó.
ADIF, pues, pretende incumplir sus compromisos legales con las personas afectadas, generando además agravios comparativos entre ellas y dejándolas, a priori, en una situación de indefensión que sólo podrían resolver mediante los tribunales.
Unos tribunales que podrían acabar condenando al Estado español, generando mucho más gasto del que se pretende ahorrar estafando a las familias afectadas.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Abonar de inmediato, a través de ADIF, los pagos de las indemnizaciones que se pactaron en su momento con los propietarios de las fincas expropiadas por el paso del Tren de Alta Velocidad entre Barcelona y La Jonquera.
2. Cumplir con los compromisos adoptados y mantener en todos los casos el justiprecio pactado en su momento para todas las fincas afectadas por el proyecto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001820
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante
la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a elaborar un informe anual detallado sobre la magnitud y las principales características de los errores más habituales que comete la agencia
tributaria.
La Agencia Tributaria, hizo público un comunicado, el 18 de junio, en el que reconoce que los datos que la misma remitió en respuesta a la petición recibida por el Juzgado en relación con el 'Caso Nóos', eran erróneos, asegurando que el
error en la imputación de transmisiones de inmuebles a la Infanta
Cristina es consecuencia de que la información recibida por la Agencia Tributaria figura atribuida a un DNI que coincide con el suyo y que la Agencia Tributaria no comprobó ni verificó los datos que remitió el Juez porque no podía hacerlo al
tratarse de una solicitud de información.
Además, el comunicado, subraya que estas peticiones de información de Juzgados y Tribunales son habituales y la Agencia Tributaria tiene obligación de cumplimentarlas en virtud del deber de colaboración en el artículo 17 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, y el comunicado indica textualmente que en respuesta a estas peticiones 'se remite un volumen de información ingente, que en ocasiones, afecta a miles de datos, a varios años y que es solicitada para ser remitida en plazos muy
breves. Para dar idea del volumen de información que maneja la Agencia Tributaría, baste el dato de que anualmente se reciben y se procesan más de mil millones de datos que hay que imputar a los contribuyentes.
En este mismo sentido, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha reconocido que lo 'ocurrido se debe a un error administrativo y que es lamentable que se produzcan. Pero decir que no se produzcan este tipo de errores es no
estar en este mundo'.
Es por ello, que a la luz de todos los hechos ocurridos y de las declaraciones del Ministro, en la que se reconoce que este tipo de errores administrativos son habituales, comportando en dichos casos enormes gestiones para los
contribuyentes, Convergència i Unió considera necesario que el Gobierno elabore un informe exhaustivo sobre los errores que habitualmente incurre la Administración Tributaria, con el fin de que se pueda evaluar la magnitud de los mismos, la
transcendencia que tienen dichos errores en los contribuyentes y a su vez ir adoptando medidas para paliarlos.
Cabe destacar que los errores que puedan generarse en la Administración Tributaria suelen comportar problemas y costes a ciudadanos y empresas, a la vez que son difíciles de entender por los contribuyentes. Las normativas relativas a
gestión, inspección y sanción tributaria son muy estrictas en cuanto a plazos de respuesta por parte del contribuyente y en cuanto a la magnitud de las sanciones, por lo que a menudo, los errores de la administración derivan en costes para el
contribuyente,
Con el fin de mejorar la eficiencia de la administración tributaria y minorar costes al contribuyente, resulta imprescindible conocer la magnitud del problema, sistematizar la información sobre los errores más habituales, darles
transparencia y sistematizar también la búsqueda de soluciones para que cada año el índice de errores puedan sea menor. La eficiencia de una administración tributaria no se mide por el número de requerimientos efectuados, sino por la minoración del
fraude conseguido.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Convergència i Unió presenta la presente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un informe anual detallado sobre los errores en que habitualmente incurre la Administración Tributaria con el fin de que se pueda evaluar la magnitud de los mismos y la
transcendencia que tienen dichos errores en los contribuyentes. Dicho informe anual debe permitir sistematizar los errores más habituales y las medidas adoptadas para que el índice de errores sea cada año menor.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Fomento
161/001803
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa
al hallazgo de un yacimiento arqueológico en las obras de construcción de la autovía A-54 Lugo-Santiago, a la altura de Coeses (Lugo), para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Con motivo de las obras de la autovía A-54 Lugo-Santiago, a la altura de Coeses (Lugo) se hallaron unos restos de un yacimiento arqueológico. Los expertos en la materia de la Xunta de Galicia señalan que se trata de un yacimiento de gran
interés.
En los restos arqueológicos descubiertos se hallaron cerámicas que indican que puede tratarse de una época anterior a la Edad de Hierro. Dicha estructura se descubrió en 2011 por la cercanía del castro de Valente.
El Ministerio de Fomento indicó que ya varió el trazado de esta autovía en una ocasión en esta zona, después de localizar el castro de Valente que se encuentra a unos cien metros de distancia de los nuevos restos arqueológicos.
Todavía hay que esperar al informe final de la Dirección Xeral de Patrimonio. En el avance de dicho informe los arqueólogos aluden a un 'recinto de tendencia circular definido por una estructura de tipo parapeto que presenta restos de muro
interno y externo'. Asimismo se refiere a 'fosas con recipientes de cerámica en el interior' y sitúan el yacimiento en la prehistoria reciente. Afirman que el descubrimiento tiene mucho interés porque es 'atípico en Galicia y de difícil
interpretación'.
A pesar de su proximidad, parece que estos restos no están relacionados con el castro de Valente.
Dada la importancia de los restos arqueológicos, no se podría entender que el Ministerio permitiese la destrucción de un complejo arqueológico único que se debería proteger y poner en valor ya que estamos hablando de la historia y de la
cultura de un país.
Además, Fomento ha paralizado las obras de construcción de la A-54 Lugo-Santiago hasta el año 2015, en principio. Sería pertinente que el Ministerio estudiase alternativas o modificaciones del trazado a fin de preservar el yacimiento
mencionado.
Proposición no de Ley
'Por todo lo expuesto, el Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
Variar el trazado de la autovía A-54 (Lugo-Santiago) a la altura de Coeses con el objetivo de preservar, proteger y poner en valor el yacimiento arqueológico hallado en la zona, único en Galicia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2013.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Uxue Barkos Berruezo, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001815
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante
la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para mantener el ancho de vía Ibérico en el corredor Mediterráneo entre Barcelona y Murcia.
Exposición de motivos
El Ministerio de Fomento ha diseñado la incorporación del ancho ferroviario internacional al Corredor Mediterráneo desde Catalunya hasta Murcia. Este proyecto debe ser un primer paso para tener un Corredor Ferroviario Mediterráneo con vías
independientes entre el tránsito de mercancías y el de pasajeros.
La solución adoptada por parte del Ministerio ha sido la implementación de un tercer carril, que permite la circulación tanto de trenes de ancho internacional como de ancho ibérico. Sin embargo, esta solución no se ha considerado para la
totalidad del corredor, si no que el tramo entre Tarragona y Castelló y el tramo entre Novelda y Murcia está previsto que sean únicamente de ancho único internacional. Este diseño conlleva graves consecuencias.
La primera es que la red de ferrocarriles de ancho ibérico deja de existir como tal ya que hay nodos muy importantes de esta red que dejan de estar conectados entre sí. Con este diseño los tráficos de ámbito estatal del área mediterránea y
sus conexiones con Andalucía y Aragón quedan cortados. Hay que tener en cuenta que el corredor mediterráneo es por donde circula el mayor tránsito y el que tiene más posibilidades de crecimiento.
Las empresas dedicadas a ofrecer servicios de transporte de mercancías por ferrocarril de ámbito estatal se van a ver muy perjudicadas, incluso muchas de estas empresas van a desaparecer. Estas empresas tienen activos (locomotoras,
vagones...) adaptados al ancho ibérico que adquirieron en un contexto en el que la red de ancho ibérico estaba asegurada. Estos activos tienen un período de amortización a muy largo plazo que no se pueden recuperar al quedar desfasados.
Ante esta situación estas empresas se pueden plantear posibles alternativas para sacar un rendimiento a sus activos pero en todas ellas implican pérdidas para las empresas. Una podría ser desviar los tráficos actuales por otros recorridos,
pero esto implica un sobrecoste que sitúa los precios del servicio de transporte de mercancías fuera del mercado. Hay que tener en cuenta que el ferrocarril compite con la carretera lo que hace que los márgenes sean muy pequeños. Sirva de ejemplo
que pivotar tráficos desde Murcia a Barcelona, pasando por Madrid incrementa el precio final en un 60%. Otra alternativa seria aprovechar los activos en otros corredores pero ante la poca demanda tampoco es viable para estas empresas.
No solamente las empresas dedicadas a ofrecer servicios de transportes de mercancías por ferrocarril se van a ver gravemente perjudicadas si no que también va a afectar a las empresas cargadoras que han invertido sus infraestructuras en
ancho ibérico (plantas fabriles, apartaderos, centros logísticos...) que no podrán amortizar. Incluso, el desmantelamiento de la red de ancho ibérico puede suponer el desvío de tráficos a otras plantas europeas y el cierre de centros operativos en
el Estado.
Sin embargo, las grandes empresas europeas de transporte de mercancías por ferrocarril se van a ver sumamente beneficiadas al poder transportar mercancías desde la frontera francesa hasta Murcia con su material rodante a diferencia de las
empresas estatales que con el diseño planteado por el Ministerio de Fomento no van a poder usar sus activos.
Consecuentemente, esta iniciativa que tiene el objetivo de favorecer el tránsito ferroviario de mercancías va a tener consecuencias muy negativas para el transporte de mercancías por ferrocarril de ámbito estatal. En los últimos años se ha
conseguido potenciar los tráficos entre Valencia y Aragón pasando por Tarragona, entre Barcelona y Sevilla pasando por Valencia y entre Murcia, Valencia y Barcelona. Un aumento que ha permitido sacar tránsitos de la carretera hacia el ferrocarril.
Sin embargo, este diseño va a significar que todos los tráficos de ámbito doméstico que se realizan por ferrocarril por parte de empresas privadas van a ser transferidos a la carretera.
Hay que tener en cuenta que la implementación del ancho ferroviario internacional para el corredor mediterráneo manteniendo el ancho ibérico sólo incrementa el coste total del proyecto en un 10%.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la implementación del ancho ferroviario internacional entre Barcelona y Murcia con el fin de mantener el ancho de vía ibérico en todo su recorrido.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/001816
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
pista de aterrizaje de los Villares (Córdoba), para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La pista de aterrizaje de aviones de carga en los Villares (Córdoba) fue construida en el año 1988, tras un enorme incendio producido en la falda de la Sierra, que afectó a buena parte del monte público de los Villares, donde se ubica.
Hasta el año 2006 vino funcionando con normalidad, sin incidentes y sin obstáculos técnico-legales alguno.
En el 2006, la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Junta de Andalucía, informa sobre la idoneidad del campo de vuelo de los Villares, donde se concluye que 'se desaconseja la operación para aviones de carga en tierra'.
A partir de ahí, aun manteniéndose el uso de la pista como pista auxiliar para los aviones con base en el Aeropuerto de Córdoba, se ordena la redacción de un proyecto de ampliación de las instalaciones. En este estudio, se observan y
destacan graves dificultades técnicas y económicas para adaptar la pista a la normativa vigente. También se estudian y proponen otras alternativas a la ampliación de la pista de los Villares, entre las que se encontrarían la construcción de una
nueva pista en el Campo Militar de Maniobras del Cerro Muriano o la construcción de una nueva pista en terrenos próximos al Campo Militar.
En agosto del 2012, AESA, agencia estatal de seguridad aérea, Organismo estatal competente en la materia, remite a la operadora de los aviones destacados en Córdoba, Trabajos Aéreos Espejo, Resolución en la que concluye que 'deberá
abstenerse de operar en la pista de los Villares a partir de la presente notificación'. De facto, queda clausurada la pista y los aviones operan únicamente desde el aeropuerto.
Esta decisión ha trascendido y preocupa, en estos momentos, a todos los vecinos de la zona, en plena campaña del INFOCA, y con unos riesgos de incendio tan considerables como existen en estas fechas. Esta infraestructura viene siendo muy
útil para garantizar la seguridad de la rica masa forestal de la Sierra de Córdoba y de los vecinos residentes. La propia Subdelegación del Gobierno, en una reunión mantenida recientemente con los vecinos que habitan los diversos núcleos de
población, reconoció que el no poder utilizar la pista y tenerlo que hacer desde el Aeropuerto de Córdoba, el tiempo de respuesta empeorará de 8 o 10 minutos, tiempo que sería acumulativo a cada una de las acciones que se tuvieran que producir para
la extinción de un incendio.
El momento se considera por todos el más inoportuno, porque el riesgo de incendio aumenta exponencialmente con la proximidad del caluroso verano.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Mantener en uso la Pista Aérea de los Villares, durante la campaña del INFOCA, por ser muy útil para la extinción de incendios en la Sierra de Córdoba.
- Promover un Convenio de Colaboración con la Junta de Andalucía para habilitar una pista aérea en la sierra, que sirva de pista auxiliar para los aviones con base en el Aeropuerto de Córdoba, y que reúna las condiciones exigidas en la
normativa vigente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2013.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Educación y Deporte
161/001802
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa
al nuevo modelo de sistema de concesión de becas al estudio que el Ministerio de Educación quiere implantar, para su debate en Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
Entre las funciones del Ministerio de Educación, concretadas en su propia página web, figura el 'fomento de la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y la promoción de las políticas de igualdad, no discriminación y
accesibilidad universal en el ámbito de la educación'.
Sin embargo, cuando somos conocedores del nuevo modelo del sistema de concesión de ayudas al estudio que el Ministerio pretende implantar, debemos señalar que dicha afirmación hace aguas por todas partes.
Por un lado, el Ministerio tiene la intención de reducir de manera considerable la cantidad a la que tienen derecho los becarios y becarias. La intención es añadir un complemento que tendrá un carácter variable que dependerá de tres
factores: el nivel de renta, el nivel de rendimiento del estudiante y del presupuesto que el Gobierno destine a la convocatoria de becas.
El plan a aplicar pretende distribuir entre los beneficiarios esa primera cantidad fija ya reducida, un máximo de 1.500 euros, y el resto del presupuesto se dividirá bajo una fórmula que tiene en cuenta la nota media del alumno en cuestión,
del resto de becados y de la capacidad económica. Esa parte 'variable' convierte a las becas en algo desconocido porque los becados no sabrán que cuantía van a recibir.
El mismo Ministerio desconoce la cuantía que de media va a cobrar el nuevo alumnado, pues dependerá del número de becarios y del presupuesto sobrante una vez repartida la parte fija.
Según manifestaciones del propio Ministerio, se persigue incentivar 'la mejora del rendimiento académico'. Además, el borrador de decreto cambia los umbrales de renta familiar que no se debe sobrepasar para acceder a una beca.
Desde el punto de vista del BNG, se trata de otro paso en la dirección de recortar las ayudas al estudio, y sobre todo, un nuevo golpe a la igualdad de oportunidades porque las becas deberían servir para posibilitar que alumnos y alumnas de
familias en peores condiciones socio-económicas puedan acceder a los estudios y garantizar su continuidad.
El encarecimiento de los precios de las matrículas, unido a los recortes en las becas y ayudas y esta nueva reducción acompañada de un endurecimiento de los requisitos, va en la dirección contraria de garantizar el acceso universal.
El borrador de real decreto de becas deberá pasar por el Consejo Escolar del Estado, la Conferencia Sectorial de Educación y el Consejo de Universidades.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Educación a:
- Dar marcha atrás en el Real Decreto que prevé la modificación del sistema de concesión de ayudas al estudio, de modo que no se produzcan más reducciones en las cuantías de las becas salario.
- Eliminar la pretensión de introducir un complemento con carácter variable puesto que generará confusión y no permitirá al alumnado saber que cuantía va a percibir.
- Aumentar la partida destinada a becas y ayudas al estudio, más necesarias que nunca debido al duro contexto de crisis económica y a las dificultades de muchas familias para costear los estudios de sus hijos.
- Cumplir con uno de los objetivos fijados por el Ministerio y recogidos en su propia página web que es el 'fomento de la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y la promoción de las políticas de igualdad, no discriminación y
accesibilidad universal en el ámbito de la educación.'
Palacio del Congreso de los Diputados,18 de junio de 2013.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Uxue Barkos Berruezo, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/001812
A La Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre subestación eléctrica del barrio de Santa Mariña en Ferrol, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
En el barrio de Santa Mariña, en Ferrol, colindante con el Ayuntamiento de Narón, persiste la presencia de una subestación eléctrica de considerable tamaño que abastece de energía a parte de la población de ambos municipios.
Esta subestación situada en el centro urbano está rodeada de viviendas y espacios públicos de esparcimiento y convivencia: parque infantil, polideportivo, pista pública, locales de diversas entidades asociativas, iglesia, parque público.
Estos espacios vecinales albergan diversas actividades deportivas, culturales, asociativas y recreativas a las que asiste buena parte de la ciudadanía de Ferrol y de Narón, destacando la presencia de menores en las actividades deportivas y
en el uso del parque infantil.
La existencia de esta infraestructura tan próxima a las viviendas y espacios de convivencia constituye no sólo un foco de riesgo para la salud individual y comunitaria y un foco de contaminación acústica sino también un elemento antiestético
en la configuración urbanística de la zona.
Las entidades vecinales y asociativas del barrio de Santa Mariña han solicitado reiteradamente la reubicación de la citada subestación con objeto de resolver el impacto medioambiental que supone su actual situación, el impacto estético y los
riesgos innecesarios que conlleva el tener una subestación eléctrica dentro del casco urbano así como la regeneración del espacio donde se encuentra la actual subestación para el uso municipal y de la ciudadanía.
Al mismo tiempo, el traslado de esta subestación puede constituir una fuente de creación inmediata y directa de numerosos puestos de trabajo de bastante duración en las ciudades de Ferrol y Narón, con beneficio que eso supone en una comarca
en crisis y con una tasa elevadísima de desempleo.
Considerando que la reubicación de esta necesaria infraestructura es una cuestión perfectamente viable tanto técnica como económicamente, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las distintas Administraciones y entidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, a:
Proceder a la modificación de la ubicación de la subestación eléctrica del barrio de Santa Mariña en Ferrol situándola en un lugar en que no interfiera con las actividades ciudadanas de la zona evitando los riesgos que conlleva la proximidad
de esta infraestructura para la salud pública, la conservación del medio ambiente y la estética urbanística.'
Palacio del Congreso de los Diputados,19 de junio de 2013.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001814
A La Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
modificación de la Orden Ministerial IET/2804/2012, de 27 de diciembre, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
La Orden IET/2804/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, por la que se regula el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad para los consumidores que adquieren su energía en el
mercado de producción establece mecanismos que permiten asignar una mayor retribución a aquellos consumidores que aportan un mayor volumen de energía al sistema en cada
instante y que actualmente, por sus características de funcionamiento, no ven retribuida la potencia puesta a disposición del sistema.
La falta de una visión global de los Gobiernos del Partido Popular, con el fin de planificar y dotar a las distintas Comunidades Autónomas y al conjunto del Estado de un proyecto en la industria energética, conduce a las empresas de este
sector a una situación caótica y a una gran inseguridad jurídica así como a la citada alteración de las reglas de competencia leal.
Esta modificación de las condiciones de mercado altera las reglas de la competencia a favor de determinadas empresas y a costa de otras que se verán abocadas a cierres o despidos de un número importante de su personal con la consiguiente
repercusión negativa para el empleo y la economía de las provincias y Comunidades en que están ubicadas.
En diferentes Comunidades Autónomas se encuentran empresas afectadas negativamente por la citada Orden Ministerial, en concreto en las provincias de A Coruña, Madrid, Sevilla, Badajoz y Guipúzcoa. Empresas que han adoptado todas las medidas
necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente de la competitividad y de la adaptación constante a las normas de interrumpibilidad y de competencia leal y que cuentan con una sólida implantación en sus zonas respectivas e importante
incidencia en el tejido económico e industrial.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar, de forma inmediata y urgente, la Orden Ministerial IET/2804/2012, de 27 de diciembre, con el fin de establecer y regular condiciones que aseguren la leal competencia entre las
empresas sin discriminaciones entre las que operen en el mismo sector.'
Palacio del Congreso de los Diputados,19 de junio de 2013.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Antonio Francisco Pradas Torres, María Soledad Pérez Dominguez, Odón Elorza González y Rafael Simancas Simancas, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/001800
A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Don Pedro Quevedo Iturbe, Diputado de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta, para su
debate en esta Comisión, la siguiente Proposición no de Ley sobre 'apoyo al sector del tomate de exportación de Canarias y mejora del funcionamiento del POSEI'.
Exposición de motivos
La producción de tomate en Canarias destinado a la exportación a los mercados europeos es una actividad que cumple ya 130 años de historia. Desgraciadamente desde la campaña 1995/1996, en la que se alcanza el máximo volumen de las
exportaciones, los envíos no han dejado de disminuir año tras año. En los diez últimos años este fenómeno se ha agravado pasando de exportar a los países europeos 240.000 toneladas en la campaña 2001-2002, a apenas 87.000 toneladas en el último
ejercicio de exportación 2011-2012. La evolución reciente de la superficie de cultivo es un indicador inequívoco de esta tendencia recesiva. Las 4.500 hectáreas de mediados de la década de 1990 han ido reduciéndose paulatinamente hasta situar la
superficie cultivada bastante por debajo de las 1.500 hectáreas en las últimas campañas.
En cualquier caso, el tomate sigue contribuyendo de manera significativa a la producción final agrícola (un 11% en el año 2010). Sigue siendo un cultivo de gran importancia social, sobre todo en aquellos municipios en los que tiene mayor
presencia, situados en el sur y oeste de Gran Canaria, en el sur de
Tenerife y en menor medida en Fuerteventura. Y genera alrededor de 12.000 puestos de trabajo directos, al tratarse de un cultivo más intensivo en mano de obra que otros como el plátano.
Esta continua reducción de las exportaciones del tomate refleja una pérdida de competitividad a la que han contribuido factores exógenos, como las virulentas plagas que han sufrido los cultivos y la consiguiente reducción de rendimientos
derivada de la sustitución de variedades ya adaptadas por otras nuevas. Pero la explicación más profunda debe buscarse en circunstancias de mercado. El incremento de la oferta extracomunitaria procedente de Marruecos, de la producción
norte-europea en el periodo de exportación canaria y, sobre todo, de una exportación peninsular que abarca ya todos los meses del año, provocan la saturación del mercado. Este incremento de la oferta en los mercados empuja a las cotizaciones del
tomate a descender con frecuencia por debajo de los límites de rentabilidad que determinan unos costes en origen crecientes y unos elevados fletes en el transporte marítimo exigido por la lejanía y la condición insular de Canarias.
Esta grave situación hizo que en septiembre de 2008 se aprobara por unanimidad del Parlamento canario el 'Plan estratégico del tomate de exportación' ('BOC' núm. 163, de 17 de septiembre de 2008), que contenía un excelente diagnóstico del
sector y proponía un conjunto de medidas de apoyo a la producción y a la comercialización. En aplicación de este acuerdo se elaboró el 'Plan de reestructuración del tomate de exportación 2009-2013' que las empresas del sector están aplicando.
No obstante las medidas de ayudas comprometidas por parte de las administraciones y contenidas en el citado 'Plan estratégico' no se están cumpliendo. Las importaciones del tomate procedente de Marruecos incumplen sistemáticamente los cupos
acordados en el Acuerdo UE-Marruecos, superando el 140% en la última campaña según datos de Eurostat. Las ayudas al transporte del tomate al amparo de los Reales Decretos de compensación al transporte de mercancías con origen y destino en las Islas
Canarias se han reducido, de forma que si en el año 2011 debía cubrir el 65% del coste del transporte la cantidad abonada fue sólo del 26,89%.
La nueva ayuda establecida en la medida 1.5 'Ayuda a los productores de tomate de exportación' del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI), modificado mediante Decisión de la Comisión de 20 de mayo de
2009 y modificaciones posteriores, sólo ha sido abonada en su integridad en el año 2009, estando pendientes de abonar los años posteriores, tal como se comprometieron los Gobiernos de España y de Canarias.
Por último, las ayudas a la modernización para subvencionar inversiones de las empresas del sector, financiadas por el Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013, están muy por debajo de las solicitudes presentadas, a pesar de la
importante financiación del FEADER que contiene este Programa si se cofinancia adecuadamente por parte del Gobierno de Canarias y del Gobierno de España.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a que:
1. Exija de la Comisión Europea el cumplimiento de los cupos de importación de tomate marroquí al mercado comunitario, establecidos en el Acuerdo UE-Marruecos, continuamente superados, imponiendo las sanciones correspondientes, así como que
se fijen las medidas compensatorias por las repercusiones negativas que dicho acuerdo produce a los productores de tomates canarios.
2. Realice las modificaciones presupuestarias necesarias hasta alcanzar el 70%, siempre que exista disponibilidad para ello, en la compensación al transporte de mercancías con origen o destino en las islas Canarias en cumplimiento del
Real-Decreto 350/2011.
3. Cumpla junto con el Gobierno de Canarias los compromisos financieros establecidos en la medida 1.5 'Ayuda a los productores de tomate de exportación? del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI),
modificado mediante Decisión de la Comisión de 20 de mayo de 2009 y modificaciones posteriores, en el marco de la aplicación del 'Plan de reestructuración del tomate de exportación 2009-2013', en cumplimiento del 'Plan estratégico del tomate de
exportación' aprobado por unanimidad por el Parlamento canario en septiembre de 2008.'
Palacio del Congreso de los Diputados,17 de junio de 2013.-Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.-Uxue Barkos Berruezo, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001822
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
medidas urgentes a adoptar como consecuencia de las recientes inundaciones acaecidas en el Valle de Arán y otras zonas afectadas en el Pirineo leridano, para su debate en Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Como consecuencia del inicio del deshielo y de las recientes lluvias que se produjeron los pasados días en el Pirineo Leridano, en especial en el Valle de Arán, se han ocasionado graves daños en infraestructuras, servicios de todo tipo,
viviendas, camping, explotaciones agrarias, riberas del propio río y zonas colindantes, etc.
Se producen, además, estos graves daños en los días previos al inicio de una nueva temporada estival en la que la actividad turística contribuye a incrementar la actividad económica, deportiva y de ocio de una manera destacada,
convirtiéndose estos próximos meses en un auténtico balón de oxígeno para el desarrollo de un valle y de una comarca, que basa su economía fundamentalmente en las actividades turísticas y agro-ganaderas.
Las diferentes administraciones, incluyendo la Administración General del Estado, deben contribuir con urgencia a paliar o hacer frente a los daños causados en infraestructuras, viviendas, servicios, explotaciones agrarias y otros aspectos
que anteriormente se han comentado. Además, para los casos de inundaciones y desbordamientos, deben adoptar medidas para minimizar o impedir la afección a las riberas de los ríos y zonas aledañas, y para ello es necesario que el mantenimiento y
limpieza de los mismos sea prioritario para la Confederación Hidrográfica correspondiente, en este caso la del Ebro.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta, para su debate en Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Extender para los afectados por las últimas inundaciones y desbordamientos las ayudas, subvenciones, beneficios y demás medidas previstas en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los
daños producidos por incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas.
2. Que, por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en coordinación con la Generalitat de Catalunya se elabore y ponga en práctica un plan de limpieza y mantenimiento de los cauces
y riberas de los ríos en la provincia de Lleida, que permita minimizar y, si es posible, impedir, las afecciones que se puedan producir como consecuencia de inundaciones o desbordamientos de los ríos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2013.-Teresa Cunillera Mestres, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001823
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
medidas urgentes a adoptar como consecuencia de las recientes inundaciones acaecidas como consecuencia del desbordamiento del río Esera, principalmente en el valle
de Benasque en la provincia de Huesca, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Como consecuencia del inicio del deshielo y de las recientes lluvias que se produjeron los pasados días en el Pirineo Aragonés y más concretamente en el valle de Benasque, el río Esera se desbordó ocasionando graves daños en
infraestructuras, servicios de todo tipo, viviendas, camping, explotaciones agrarias, riberas del propio río y zonas colindantes, etc.
Se producen, además, estos graves daños en los días previos al inicio de una nueva temporada estival en la que la actividad turística contribuye a incrementar la actividad económica, deportiva y de ocio de una manera destacada,
convirtiéndose estos próximos meses en un auténtico balón de oxigeno para el desarrollo de un valle y de una comarca, que basa su economía fundamentalmente en las actividades turísticas y agro-ganaderas.
Las diferentes administraciones, incluyendo la Administración General del Estado, deben contribuir con urgencia a paliar o hacer frente a los daños causados en infraestructuras, viviendas, servicios, explotaciones agrarias y otros aspectos
que anteriormente se han comentado. Además, para los casos de inundaciones y desbordamientos, deben adoptar medidas para minimizar o impedir la afección a las riberas de los ríos y zonas aledañas, y para ello es necesario que el mantenimiento y
limpieza de los mismos sea prioritario para la Confederación Hidrográfica correspondiente, en este caso la del Ebro.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Se insta al Gobierno a:
1. Extender para los afectados por las últimas inundaciones y desbordamientos las ayudas, subvenciones, beneficios y demás medidas previstas en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los
daños producidos por incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas.
2. Que por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en coordinación con la Diputación General de Aragón, se elabore y ponga en práctica un plan de limpieza y
mantenimiento de los cauces y riberas de los ríos en la provincia de Huesca, que permita minimizar y, si es posible, impedir, las afecciones que se puedan producir como consecuencia de inundaciones o desbordamientos de los ríos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2013.-Víctor Morlán Gracia, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/001809
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a las redes sociales y a
la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Hablar de internet es hacerlo de una fuente de información general que se desarrolla exponencialmente a diario y que es consultada con asiduidad por los ciudadanos. Las búsquedas en la red sobre cuestiones relacionadas con la salud no son
precisamente la excepción a esta situación, sino más bien un ejemplo representativo. Según el informe 'Los ciudadanos ante la E-Sanidad 2012', que ha elaborado el Observatorio
Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, dependiente de Red.es -entidad pública adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo-, cerca del 50% de los usuarios españoles de internet utilizan la red como
fuente de información para cuestiones relacionadas con la salud.
Estos datos reflejan el potencial que tiene internet en la promoción de la salud y en la prevención de enfermedades. Por ello, es necesario incrementar la presencia de la Administración en las publicaciones sobre salud disponibles en
internet, para dar una mayor fiabilidad a los contenidos accesibles en esta fuente de información.
Un ejemplo de consulta habitual en la red es aquella información relativa a alimentación saludable. Partiendo de que el 55% de los adultos presentan exceso de peso -según la Encuesta Nacional de Salud que elabora el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad-, y de que más del 45% de los niños de entre seis y nueve años de nuestro país sufren obesidad o sobrepeso -de acuerdo con el Estudio Alimentación, Actividad física, Desarrollo infantil y Obesidad (Aladino), elaborado
por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que depende del Ministerio de Sanidad-, el Colegio de Médicos de Barcelona ha liderado una investigación sobre grupos de alimentación saludable en la red social 'Facebook'. El trabajo concluye con
la recomendación de 'incorporar los medios de comunicación social a las estrategias de salud pública y a los servicios de atención sanitaria como herramientas de comunicación entre los profesionales y los ciudadanos que garanticen la veracidad, la
privacidad y la imparcialidad de la información compartida'.
Además, el estudio, que se presentó a finales de 2012 realizado con 14.619 usuarios de la citada red social, reclamaba una mayor implicación de las organizaciones sanitarias en las redes sociales en todo lo relativo a la promoción de la
salud, profundizando en la investigación sobre las posibilidades que ofrecen estos entornos virtuales y sobre cómo deben ser utilizados con fines sanitarios, siendo en todo caso un complemento del consejo, del diagnóstico y del seguimiento que
realizan los profesionales del Sistema Nacional de Salud.
Por todo ello, y teniendo en cuenta la prioridad que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está dando a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad desde el comienzo de la X Legislatura, el Grupo
Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a contar en mayor medida con las redes sociales en sus iniciativas para promocionar hábitos de vida saludables y prevenir la enfermedad, y a hacerlo en coordinación con las comunidades
autónomas y teniendo en cuenta las aportaciones de los colegios profesionales, así como las experiencias de éxito desarrolladas por las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cultura
161/001804
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley de apoyo
al Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Salamanca, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La Fundación Germán Sánchez Ruipérez, institución privada sin ánimo de lucro, creada el 27 de octubre de 1981, inauguró en Salamanca, en el año 1985, su Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil.
A lo largo de sus más de 28 años de existencia, el Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil ha venido desarrollando una labor muy importante, en la que han tenido una presencia destacada sus diversos programas de fomento de la
lectura, muchos de ellos marcadamente innovadores, convirtiéndose en toda una referencia a nivel nacional e internacional.
En los últimos días, se ha conocido que el Patronato de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez ha decidido orientar la mayor parte de sus esfuerzos y recursos al desarrollo de acciones que no requieran de la necesidad de un edificio concreto,
lo cual afecta directamente al Centro Internacional Infantil y Juvenil de Salamanca que, de no alcanzarse un acuerdo con las instituciones locales y autonómicas, vería muy afectada su labor, con la posibilidad incluso de su desaparición, lo que
significaría la pérdida de un patrimonio cultural muy relevante para la ciudad de Salamanca y la incertidumbre sobre el futuro laboral de los trabajadores que actualmente desempeñan su actividad en dicho Centro.
La Fundación Germán Sánchez Ruipérez ha hecho público que adopta esta decisión 'en su ánimo de que la entidad avance en la línea de la investigación y la experimentación en el campo del fomento de la lectura y en un momento en que todo el
ecosistema lector está sufriendo un cambio trascendental'. Al mismo tiempo, de modo reiterado, la Fundación Germán Sánchez Ruipérez ha hecho público su deseo de seguir actuando en la ciudad de Salamanca, mostrando siempre su mejor disponibilidad y
generosidad para que su actuación se realice de manera concertada con las instituciones y colectivos que compartan este mismo fin.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a suscribir un acuerdo de cooperación o un convenio con la Junta de Castilla y León que permita el mantenimiento compartido, en la ciudad de Salamanca, de las actividades que desde el año 1985
se realizan en el Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2013.-Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001821
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
exención de IVA en las Fiestas de Interés Turístico Nacional e Internacional, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Las fiestas suponen, además de la expresión cultural e histórica de un país, un importante recurso turístico y económico. España cuenta con innumerables eventos alrededor de toda la geografía catalogados como 'Fiestas de Interés Turístico
Nacional e Internacional'.
Estas celebraciones realzan el papel cultural y social de nuestro país además de suponer un impulso económico y de generación de empleo en cada uno de los pueblos y ciudades españolas donde se celebran las mismas. Cabe destacar el papel que
estas celebraciones tienen en la Comunidad Valenciana, cuna de una cultura diversa y prolija en Fiestas de Interés Turísticos: Fallas de Valencia, Hogueras de Alicante, Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy...
La crisis económica está causando un daño social, económico y cultural muy importante en los ciudadanos y ciudadanas. Además las últimas actuaciones del Gobierno en pro de una mala entendida austeridad están suponiendo recortes dramáticos
al mundo de la cultura. La cultura no es un lujo, es una necesidad.
Los recortes indiscriminados contra el mundo de la cultura, han ido acompañados con la subida del IVA cultural que ha pasado del 8% al 21%, es decir 13 puntos que van a ir directamente a deslucir y rebajar la importancia que tienen nuestras
fiestas. Este gravamen atenta directamente no sólo contra el esplendor
de nuestras fiestas ejemplo de cultura, sino además, contra la economía y la generación de empleo en los pueblos y ciudades españolas.
Si tomamos como referencias las fiestas grandes de la ciudad de Alicante, Las Hogueras, hemos podido comprobar cómo se ha disminuido la inversión por parte de los entes festeros, la economía ligada a la fiesta y sobre todo, la no creación de
puestos de trabajos derivados de esta Fiesta de Interés Turístico como son Las Hogueras de Alacant.
La subida del IVA ha sido sufragada por la propia fiesta lo que ha llevado a restar brillantez a la misma a la vez que ha propiciado la pérdida del factor impulsor de la economía que supone disponer de unas fiestas tradicionales dignas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dejar sin efecto la subida del tipo impositivo del IVA referida a los bienes y servicios culturales, prevista en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, en especial en relación con las
Fiestas de Interés Turístico Nacional e Internacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2013.-Federico Buyolo García, Patricia Blanquer Alcaraz, Herick Manuel Campos Arteseros, Gabriel Echávarri Fernández y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Igualdad
161/001811
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la sensibilización de la
juventud para implantar el principio de igualdad de trato y no discriminación en todos los aspectos de la vida, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La adolescencia es una etapa de transición entre la infancia y la madurez que tiene una relevancia crucial en la vida de cualquier ser humano.
El adolescente sale de su entorno familiar y empieza a establecer las pautas de relación con el mundo que le rodea, comienza a construir su propio proyecto de vida. El futuro de una sociedad depende de que ese proyecto este fundamentado en
el absoluto respeto a los derechos humanos y, concretamente, a los principios de igualdad de trato y no discriminación e igualdad de oportunidades, especialmente entre mujeres y hombres.
La prohibición de discriminación tiene como función esencial la preservación de las condiciones de igualdad respecto a las personas y los grupos en los que se integran, tradicionalmente discriminados por razón de nacimiento, sexo, raza,
religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Estudios recientes ponen de manifiesto que la discriminación por razón de sexo y la tolerancia hacia la violencia machista se ha incrementado en los últimos años entre la población adolescente.
La Fundación AMAR registró, en el año 2012, un aumento del 15 por 100 en las llamadas relacionadas con la discriminación por razón de sexo al número de atención a niños y adolescentes. Por otra parte, la Universidad Complutense de Madrid,
en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha publicado un informe en el que demuestra que uno de cada cinco jóvenes tolera la discriminación por razón de sexo.
Los jóvenes no pueden construir su identidad basándose en estereotipos y modelos tradicionalmente sexistas ni en prácticas de carácter discriminatorio por razón de sexo. Se trata de un problema público y
social que hay que erradicar, promoviendo que determinados valores como la igualdad y el respeto sean los ejes de cualquier relación.
Aunque hoy día los avances parecen bastante consolidados en cuanto a la valoración de las mujeres en su conjunto y en la relación con ellas como compañeras de estudios, de trabajo o de diversión, no sucede así, sin embargo, cuando se trata
de relaciones afectivas. En las relaciones de pareja, las emociones en ocasiones perturban la percepción de la igualdad, incrementan los sentimientos de inseguridad y propician una mayor complicidad con el machismo transmitido.
En las parejas adolescentes existe una fuerte tendencia a la reproducción intergeneracional de los esquemas emocionales y sociales, incluso de comportamientos machistas que no identifican como tales. Por ejemplo, un alto número de jóvenes
identifica la agresividad y la valentía como características masculinas. Algunos de los roles adoptados pueden ser el preludio de episodios de maltrato. Es necesario erradicar estos estereotipos machistas que perviven en las relaciones de algunos
jóvenes y para poder transformarlos hay que mejorar su conocimiento.
Esta capacidad encuentra en la adolescencia un momento de especial relevancia para cuestionar los patrones a los que la sociedad ha estado expuesta y superar la reproducción del modelo ancestral de dominio y sumisión, sustituyéndolo por un
modelo igualitario basado en el respeto mutuo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover medidas que permitan sensibilizar a la ciudadanía desde edades tempranas, en la importancia del respeto a los derechos humanos, especialmente en lo relativo a la interiorización de
los principios de igualdad de trato, de oportunidades y no discriminación en todos los aspectos de la vida.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001807
A La Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al establecimiento de redes
de apoyo a las mujeres que hayan recibido un diagnóstico positivo de síndrome de Down o de otras anomalías en el periodo prenatal, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La plena integración de las personas con discapacidad es una asignatura prioritaria para cualquier país que apueste por el correcto desarrollo y funcionamiento de la sociedad.
Actualmente, según el 'Informe Mundial sobre la Discapacidad 2011', elaborado por el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de mil millones de personas en el mundo tienen algún tipo de discapacidad reconocida; en
particular, conforme a datos de esta última Organización las anomalías congénitas, también llamadas defectos de nacimiento, afectan aproximadamente a 1 de cada 33 lactantes y causan 3,2 millones de discapacidades al año, asimismo, fuentes de la
misma institución, afirman que el síndrome de Down es uno de los trastornos congénitos graves más frecuentes y la principal causa de discapacidad intelectual.
El síndrome de Down es una alteración genética producida por la presencia de un cromosoma extra, o al menos una parte de él en la pareja cromosómica 21, de tal forma que se genera un exceso de material genético en las células. En España son
más de 34.000 personas las que presentan Síndrome de Down y su incidencia es de 1 de cada 800 nacimientos, con independencia del origen étnico, del
sexo o de las condiciones socioeconómicas de la persona, según informa la Federación Española de Síndrome de Down.
Cuando los padres reciben un diagnóstico de enfermedad congénita en el periodo prenatal, mediante una prueba o examen ofrecido a las mujeres embarazadas que demandan cuidados prenatales rutinarios cuya administración se hace a petición o por
recomendación de un profesional de la salud, o postnatal, deberían recibir información actualizada sobre las distintas expectativas del futuro desarrollo físico, educativo y psicosocial del niño.
En este sentido, cabe destacar la labor llevada a cabo por la OMS, que entre otras medidas, en 2010, emitió un informe sobre los defectos congénitos en el que se describen los componentes básicos para la creación de programas nacionales de
prevención y atención de dichos defectos antes y después del nacimiento. Asimismo, se establecieron las prioridades para que la comunidad internacional colaborase en la creación y fortalecimiento de programas nacionales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a fortalecer las redes de apoyo a mujeres que hayan recibido un diagnóstico positivo de síndrome de Down o de otras anomalías diagnosticadas en el periodo prenatal, así como a proporcionarles
información actualizada sobre las distintas expectativas del desarrollo físico, educativo y psicosocial del niño.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
181/001070
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Diputados don Francisco González Cabaña y doña María Carmen Sánchez Díaz.
Texto:
¿Defiende el Gobierno los intereses públicos de la Zona Franca de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2013.-Francisco González Cabaña y María Carmen Sánchez Díaz, Diputados.
181/001071
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Diputados don Francisco González Cabaña y doña María Carmen Sánchez Díaz.
Texto:
¿Qué actuaciones va a realizar el Gobierno para que se devuelvan a las arcas públicas los más de cuatro millones de euros que el Tribunal de Cuentas exige pagar a los ex delegados de la Zona Franca de Cádiz, señor Osuna y señor Rodríguez de
Castro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2013.-Francisco González Cabaña y María Carmen Sánchez Díaz, Diputados.
Comisión de Educación y Deporte
181/001069
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte.
Diputado don Carlos Martínez Gorriarán.
Texto:
¿Va el Gobierno a habilitar un fondo social extraordinario para aquellas personas que no pueden pagar la matrícula universitaria y por tanto se encuentran en riesgo de expulsión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.