Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 290, de 14/06/2013
cve: BOCG-10-D-290
PDF
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
14 de junio de 2013
Núm. 290
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000031 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, para el estudio de las mejores prácticas, el seguimiento y propuestas de medidas para el empleo juvenil, presentada por los Grupos
Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto ... (Página3)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000654 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un Plan Nacional para la Inclusión Social. Corrección de error ... (Página5)
162/000657 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre protección a las personas desempleadas sin ingresos. Retirada ... (Página5)
162/000670 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de una cartera de servicios sociosanitarios ... (Página6)
162/000671 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para garantizar el acceso a los seguros agrarios ... (Página7)
162/000672 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) ... (Página7)
162/000673 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre lucha contra el fraude y la elusión fiscal ... (Página9)
162/000674 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para reforzar los recursos materiales y legales de la lucha contra los paraísos fiscales ...
162/000675 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación del FOGASA (Fondo de Garantía Salarial) ... (Página14)
162/000676 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre rechazo de la propuesta de modificación del Reglamento comunitario sobre indicación geográfica de bebidas espirituosas ...
162/000677 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las políticas activas de empleo ... (Página17)
162/000678 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para reducir el importe de las matrículas y facilitar el acceso a las becas de los estudiantes universitarios ...
Comisión de Economía y Competitividad
161/001708 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre protección a las personas desempleadas sin ingresos. Retirada ... (Página22)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Empleo y Seguridad Social
181/000185 Pregunta formulada por la Diputada doña Elvira Ramón Utrabo (GS), sobre modificación de la regulación sobre el absentismo laboral, especialmente sobre las bajas inferiores a veinte días. Retirada ...
181/000209 Pregunta formulada por la Diputada doña Elvira Ramón Utrabo (GS), sobre valoración del hecho de que un trabajador con bajas de 8 ó 9 días en dos meses pueda ser despedido. Retirada ... (Página22)
Otros textos
AUTORIZACIONES
095/000002 Solicitud de autorización del Congreso de los Diputados para el incremento del número de efectivos en la participación de las Fuerzas Armadas españolas en la misión de la Unión Europea EUTM-Mali ...
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000031
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.
Autor: Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto.
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, para el estudio de las mejores prácticas, el seguimiento y propuestas de medidas para el empleo juvenil.
Acuerdo:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Empleo y Seguridad Social, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, advirtiendo que no cabe predeterminar en este momento el conocimiento por el
Pleno del informe final que se elabore, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Asimismo comunicar este acuerdo a los Grupos Parlamentarios solicitantes.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes tienen el honor de dirigirse a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, sobre el procedimiento de creación y
reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, presentar la siguiente propuesta de creación de una subcomisión, en el seno de la Comisión de Empleo y Seguridad Social para el estudio de las mejores
prácticas, el seguimiento y propuestas de medidas para el empleo juvenil.
Exposición de motivos
El desempleo juvenil en España se ha convertido en una cuestión de Estado. Un 57,22% de jóvenes menores de 25 años, según la EPA del IV trimestre de 2012, está en situación de desempleo.
Sin políticas públicas que generen crecimiento, las posibilidades de conseguir un empleo o generar tu propio empleo se ven muy reducidas. Sin políticas activas de empleo es muy difícil ofrecer una transición desde la formación y/o el
desempleo hacia el empleo de estos jóvenes.
Esta situación se une a un descenso en la población juvenil por la caída de la tasa de natalidad en esta generación, por el freno de la llegada de inmigrantes y por la emigración de muchos jóvenes en busca de oportunidades laborales. Nos
encontramos por tanto ante un panorama de envejecimiento de la población y de dificultad máxima para la reposición demográfica que permita el sostenimiento del sistema público de pensiones y el mantenimiento del sistema de bienestar logrado.
El Gobierno ha presentado una 'Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016', con 100 medidas y una dotación de 3.500 millones de euros, que se enmarca en el objetivo de impulsar medidas dirigidas a reducir el desempleo juvenil, ya
sea mediante la inserción laboral por cuenta ajena o a través del autoempleo y el emprendimiento. Además, y a iniciativa de varios grupos parlamentarios se han debatido iniciativas parlamentarias con propuestas para combatir el desempleo juvenil
porque consideramos que hipotecar el futuro de los jóvenes es hipotecar el futuro de un país. Coincidimos con el Gobierno en la
necesidad de tomar medidas contra el desempleo juvenil, incorporando medidas novedosas. Además consideramos necesario generar conocimiento y estudiar en profundidad las medidas adecuadas, aprovechar las buenas prácticas desarrolladas por
las distintas Administraciones públicas españolas y por otros países, haciendo especial hincapié en la formación profesional. También se debe hacer una evaluación permanente de las medidas que se vayan a tomar, tal y como recoge la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven.
Por tanto, consideramos que el empleo juvenil es un tema de urgencia nacional y que debe abordarse con las garantías de eficacia y eficiencia, celeridad, suficiencia presupuestaria y con las garantías de transparencia que ofrece el
parlamento y por ello se debe seguir profundizando en medidas que aborden el desempleo juvenil, en línea con las recomendaciones y objetivos de la 'Garantía Juvenil' europea y, por todo ello, proponemos la creación en el seno de la Comisión de
Empleo y Seguridad Social de una subcomisión para el estudio y seguimiento de las políticas de empleo destinadas a jóvenes.
A) Composición.
La Subcomisión se compondrá de diez miembros, de los que tres pertenecerán al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, dos al Grupo Parlamentario Socialista y uno a cada uno de los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió), de
IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV), Mixto.
Podrán existir suplentes de cada uno de los ¡miembros de la Subcomisión, que pueden asistir a cada una de las sesiones.
B) Adopción de Acuerdos.
En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.
C) Objeto de la Subcomisión.
- Poner en funcionamiento un panel de expertos en la materia para obtener así las mejores prácticas llevadas a cabo tanto en España como en el resto de Europa y en otros países.
- Conocer las medidas propuestas por el Gobierno y proponer otras nuevas.
- Analizar en profundidad las medidas de formación profesional, la relación entre los dos subsistemas, el de empleo y el del sistema educativo, y las soluciones de futuro para las mismas.
- Contribuir al buen desarrollo de las actuaciones contempladas en la estrategia de emprendimiento y empleo joven.
D) Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá realizar los trabajos y presentar sus conclusiones en el plazo de dos años. El mencionado Informe, una vez aprobado por la Comisión de Empleo y Seguridad Social junto con las conclusiones finales de los trabajos de la
Subcomisión, se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación.
Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria para la realización de los trabajos de la Subcomisión desde el momento de su constitución, así como las comparecencias que se consideren oportunas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Josep Antoni Duran i Lleida,
Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (CiU).-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia
(UPyD).-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000654
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Corrección de error en su Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un Plan integral de Acción Social contra la pobreza, en el sentido de que donde dice: 'Plan Integral de Acción Social contra la Pobreza', debe decir: 'Plan
Nacional para la Inclusión Social'.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por corregida la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 281, de 31 de mayo de 2013.
162/000657
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: Izquierda Plural.
Retirada de su Proposición no de Ley sobre protección a las personas desempleadas sin ingresos.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 281, de 31 de mayo de 2013.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000670
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de una
cartera de servicios sociosanitarios, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El creciente envejecimiento de la población y la cada vez mayor supervivencia frente a las enfermedades más prevalentes en el Sistema Nacional de Salud (SNS) -el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas y las cardiopatías son los ejemplos
más representativos-, suponen algunos de los motivos por los que las administraciones llevan tiempo orientando sus estructuras e iniciativas hacia la prestación de una asistencia sociosanitaria personalizada e integral.
La unión de los departamentos de Sanidad y Servicios Sociales en el Gobierno central y en algunas Comunidades Autónomas, así como la propuesta de un Pacto de Estado por la Sanidad y los Servicios Sociales, y la creación de un Espacio Único
Sociosanitario por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, son algunas de las últimas medidas planteadas por las administraciones para ofrecer una respuesta satisfactoria a las demandas asistenciales cambiantes de los
ciudadanos.
Son iniciativas que el propio Ministerio de Sanidad está complementando con propuestas como la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, creada con el fin de favorecer el
coste-efectividad de toda tecnología y prestación financiada con fondos públicos, de participar en la elaboración y actualización de guías de práctica clínica, y de colaborar en la identificación y priorización de necesidades en evaluación de
tecnologías, en la detección de tecnologías y prestaciones emergentes, y en la detección de tecnologías que pudieran considerarse obsoletas.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta el contexto socioeconómico actual y el previsto a medio y largo plazo, así como lo establecido en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios
comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, y el catálogo de servicios incluido en La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
El Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar la creación, en coordinación con las Comunidades Autónomas, de una cartera de servicios sociosanitarios con la que favorecer una asistencia continuada e integral, así como la
optimización de todos los recursos disponibles en el Sistema Nacional de Salud y en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000671
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de ley para garantizar el acceso a los Seguros Agrarios, para su debate en el
Pleno.
Una de las partidas más afectadas en los PGE 2013 en materia de agricultura fue la de seguros agrarios de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), que supondrá que el Gobierno tendrá menos capacidad de reacción y planificación ante
cualquier situación de urgencia. El recorte presupuestario del Plan Anual de Seguros Agrarios fue duramente criticado desde diversos grupos políticos y de las organizaciones de agricultores y cooperativas. Estos seguros van destinados a garantizar
la protección de la renta de los productores ante fenómenos climáticos no controlables por su parte.
Este Plan es con el que el Gobierno español, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, aprueba cada ejercicio, determinando: los riesgos a cubrir, en forma combinada o aislada, en las producciones agrícolas,
pecuaria y forestal; el ámbito territorial de su aplicación; la superficie continua necesaria para la obligatoriedad del seguro y su evaluación económica, coste de realización, estimación de la aportación global del Estado y distribución de la
misma, para subvención de las primas que han de satisfacer los asegurados.
Recientemente se han dado a conocer cifras que cuantifican en el 30% el descenso de la contratación de seguros agrarios por el recorte de subvenciones del Ministerio de Agricultura y de las comunidades autónomas, sumado a la fuerte subida de
las primas pagadas por agricultores y ganaderos. El recorte de las subvenciones ha supuesto que algunas primas hayan tenido incrementos de hasta el 600%, como es el caso de la retirada de animales en Catalunya.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Establecer mediante ENESA la cuantía de las primas de seguros agrarios en colaboración con las Comunidades Autónomas, las organizaciones agrarias y cooperativas, para evitar que los agricultores queden excluidos por sus altos precios.
2. Recuperar en los Presupuestos Generales del Estado los niveles de aportación que hagan viable el seguro agrario para todos los sectores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2013.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000672
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre las
líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO), para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
Las empresas, y especialmente las PYMES y autónomos, afrontan un problema de financiación bancaria que supone el principal freno para la recuperación de la actividad y la creación de empleo en nuestro país. Además, después de conseguir
financiación, las empresas españolas tienen a su vez que
pagar en intereses casi el doble de lo que pagan las empresas alemanas como consecuencia de la fragmentación del mercado financiero europeo.
En España, las dificultades de determinadas entidades de crédito, inmersas en procesos de reestructuración y saneamiento por el deterioro de sus activos tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, impide que llegue la oferta de crédito a
proyectos empresariales claramente rentables y viables. De hecho, el propio Banco de España señala que el proceso de desapalancamiento estructural en el que está sumida la economía española tendría que ser compatible 'con el flujo de financiación
hacia aquellas actividades productivas rentables'.
Según señala el Informe de Estabilidad Financiera de mayo, el crédito a las empresas no financieras se redujo en diciembre de 2012 frente al mismo período del año anterior en un 14,6 por ciento, tasa de variación que está afectada por el
traspaso de préstamos de las entidades del Grupo 1 a la SAREB (banco malo). Si excluimos dicho impacto, la tasa de variación interanual se situaría de aproximadamente en una caída del 8,0 por ciento.
Los procesos de reestructuración puestos en marcha están acelerando la evolución contractiva del crédito, puesto que éstos obligan a una reducción del balance de las entidades que han recibido inyecciones de capital a través del FROB. Así,
la caída del crédito de las entidades nacionalizadas (Bankia, Novagalicia banco, CatalunyaCaixa y Banco Valencia) ha sido del 18 por ciento entre 2010 y 2012, frente al 12 por ciento del resto del sector. Asimismo, las entidades nacionalizadas
lejos de utilizar las ayudas públicas para que fluya el crédito a proyectos empresariales claramente rentables, deniegan 8 de cada 10 créditos que se solicitan.
Sin embargo, la financiación de las administraciones públicas ha aumentado un 14,5 por ciento el año pasado, con lo que su peso en los balances de la banca se ha incrementado del 10,3 por ciento al 11,8 por ciento en 2012, siendo las
entidades nacionalizadas las que más han elevado sus posiciones en renta fija, incluyendo tanto la deuda pública española como otros bonos con garantía pública.
Además, la principal Agencia Financiera del Estado, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), acaba de presentar los datos del primer trimestre de 2013 en el que se produce una caída del crédito a las empresas del 70 por ciento con respecto al
mismo periodo de 2012. Así, entre enero y marzo de 2013, la movilización de crédito del ICO se situó en 1.539 millones de euros, desde los 5.105 millones de los tres primeros meses del pasado año. Por tanto, se está reduciendo de forma
extraordinaria la financiación destinada a las empresas como consecuencia del desplome de las operaciones de préstamos, que bajaron a 23.500 entre enero y marzo, desde las 57.000 del primer trimestre de 2012. Estos resultados ponen de manifiesto
que las líneas de crédito del ICO no están funcionando adecuadamente. Su causa no se debe únicamente
a la caída de la demanda de créditos del ICO, sino a la escasa expectativa de los autónomos y empresarios en la consecución de los créditos, debido a los criterios de valoración del riesgo que aplican las entidades financieras y, a su vez,
las desproporcionadas garantías que solicitan, lo que hace desistir, con carácter previo, a muchas empresas y autónomos solicitantes. Asimismo, esta gestión ineficiente supone un enrome despilfarro de la capacidad financiera del ICO, que al no
utilizarse, no puede destinarse a reactivar la actividad económica.
Ante estos resultados del ICO, las principales asociaciones y organizaciones de la pequeña y mediana empresa y autónomos, consideran necesario aprovechar las sinergias que existen entre las entidades nacionalizadas y el ICO para que fluya el
crédito que es, sin duda, una condición necesaria para la recuperación económica. También consideran prioritario y urgente que se cree una nueva línea de microfinanciación en la que se aumente el aval o garantía del Estado en la asunción del riesgo
frente a aquellas líneas que dependen de la intermediación de las entidades bancarias. El objetivo es aprovechar al máximo el potencial del ICO para no desperdiciar sus mejores oportunidades frente a la financiación bancaria.
Para dar respuesta a esta preocupante situación del crédito en España, y particularmente en el ICO, es urgente instrumentar mecanismos alternativos que fomenten el acceso a la financiación por parte de las empresas como condición
imprescindible para estimular el crecimiento y el empleo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dar las instrucciones oportunas a las entidades nacionalizadas para que pongan en marcha con carácter urgente en todas sus oficinas y sucursales una Ventanilla Única donde se ofrezca información y asesoramiento financiero gratuito de
todas las líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
2. Establecer con carácter urgente en el ICO una Línea de microfinanciación orientada a autónomos y empresas que necesiten financiación de liquidez (necesidades de circulante) e inversiones productivas, en la que se aumente el aval o
garantía del Estado en la asunción del riesgo. Para ello, se reforzará la actuación de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA) cuya actividad se basa en el reafianzamiento o cobertura parcial del riesgo asumido por las Sociedades de
Garantía Recíproca con las pequeñas y medianas empresas que precisan de garantías adicionales para obtener financiación.
3. Adoptar las medidas necesarias en las entidades nacionalizadas para incrementar y mejorar la oferta de microcréditos orientada a autónomos y empresas destinados a financiar liquidez (necesidades de circulante) e inversiones productivas.
En todo caso, en estos supuestos, no podrá exigirse a los autónomos y empresas para la concesión de dichos créditos, más de un 30% de garantía patrimonial, valorándose el 70% restante en función de la viabilidad del proyecto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2013.-Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000673
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado ei acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre lucha contra el fraude y la elusión fiscal.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el PIeno, y entendiendo que en sus apartados 5 y 9 se instaría al Gobierno a ejercer su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo
Parlamentario autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre lucha contra el fraude y la elusión fiscal para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
El fraude fiscal es la principal lacra de nuestro sistema, no sólo porque impide conseguir los objetivos sociales y económicos del país, sino porque también es el principal elemento de injusticia en nuestro sistema tributario.
El fraude fiscal, en su acepción más amplia, no sólo está constituido por aquellas conductas claramente defraudatorias. El abuso de estrategias de optimización fiscal que vulneran el espíritu de las normas también es un fraude a la sociedad
y, dentro de las primeras, es especialmente injusto el fraude sofisticado y complejo ligado a paraísos fiscales, al estar fundamentalmente al alcance de los grandes patrimonios y empresas.
Este fraude entronca además con diversas formas de corrupción y con otros delitos económicos. Los casos que están en la mente de todos demuestran que si somos eficaces en la lucha contra el fraude fiscal lo seremos, por extensión, en atacar
la corrupción.
Entre los efectos negativos del fraude fiscal, además de los relacionados con la financiación del Estado del Bienestar, también se deben incluir los relativos a la competitividad de la economía: las empresas que no declaran sus beneficios
apenas los destinan a inversiones de futuro (innovación, internacionalización, etc) y por consiguiente no se logra sentar las bases un crecimiento económico sano y duradero; asimismo, en presencia de fraude fiscal, las empresas más productivas, que
son las cumplidoras con la tributación, tienen que pagar más impuestos menoscabando la competitividad de las mismas.
La UE estima que los Estados miembros dejan de recaudar un billón de euros al año debido al fraude y la elusión fiscal, superando dicha cantidad lo que destinan los Estados miembros a sanidad, y correspondiendo a más de cuatro veces los
recursos destinados a educación por la UE. En concreto, y en relación con España, la UE estima dicho fraude en 74.000 millones de euros anuales.
Junto a la decidida lucha contra el gran fraude internacional, la elusión fiscal de las multinacionales, los paraísos fiscales y jurisdicciones no cooperativas, ya propuesta en anteriores iniciativas parlamentarias, debe incidirse también en
la necesidad de abordar, en el ámbito interno y con carácter urgente, cuantos cambios normativos sean necesarios para corregir los vacíos legales y aquellas interpretaciones normativas que posibilitan la elusión fiscal, así como en la inexcusable
necesidad de aumentar y mejorar los medios humanos y materiales de las administraciones públicas competentes en la materia.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, para luchar con carácter urgente y de forma eficaz contra el fraude y la elusión fiscal, a:
1. Poner en marcha una estrategia inmediata de lucha contra el fraude, estimado en España por la UE en 74.000 millones de euros, para reducir a la mitad dicho fraude antes del año 2020.
2. Incrementar en 5.000 empleados públicos (inspectores, técnicos, agentes tributarios, administrativos) los efectivos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaría, doblando su número actual, al objeto de situar a España en la
media de los países de mayor tamaño de la Unión Europea.
3. Abordar, para reducir la brecha entre tipos nominales y efectivos, una reforma fiscal que simplifique los impuestos, y que elimine deducciones y exenciones que no contribuyen a la eficiencia y equidad del sistema tributario.
4. Crear una Oficina de Lucha contra el Fraude que coordine a los distintos departamentos de la Administración del Estado, colaborando igualmente con las restantes Administraciones Territoriales.
5. Elaborar anualmente una Ley Antifraude que incorpore las modificaciones necesarias para corregir los vacíos legales y aquellas interpretaciones normativas que posibilitan la elusión fiscal.
6. Establecer una priorización clara de los objetivos anuales del Plan de Control Tributario, así como a la medición de dichos objetivos.
7. Remitir al Parlamento un informe anual con evaluación de los resultados de la lucha contra el fraude y su comparación internacional.
8. Poner en marcha un plan de formación y especialización de Jueces, Fiscales, Policía y Guardia Civil, creando, en su caso, una policía fiscal.
9. Reformar la normativa vigente en relación con el delito fiscal, incrementando las penas y sanciones.
10. Regular la responsabilidad solidaria de las instituciones financieras y asesores fiscales que colaboren en la evasión de impuestos y en la comisión de infracciones tributarias. A estos efectos, las empresas de auditoría deberán
comunicar de la Hacienda Pública todas las operaciones fiscales dudosas de las que tengan conocimiento.
11. Promover la supresión de los billetes de 500 euros, así como limitar los pagos en efectivo entre particulares y entre empresas, reduciendo los costes relacionados con los medios electrónicos de pago.
12. Ofrecer a las grandes empresas contratos de colaboración con la Agencia Tributaria, a cambio de abrir su información fiscal, Para estimular dicha colaboración, las empresas recibirán el correspondiente reconocimiento público.
13. Analizar y, en su caso, revisar el régimen de estimación objetiva con el objetivo de minimizar el fraude fiscal que se pudiera producir a través de tal instrumento tributario.
14. Prestar especial atención al fraude relacionado con el IVA, en particular, utilizando las herramientas más eficaces para luchar contra el fraude del IVA llamado 'carrusel'.
15. Realizar los cambios legales oportunos que posibiliten conocer el nombre de los grandes defraudares de nuestro país, comenzando por publicar la identidad de los defraudadores que se acogieron a la reciente amnistía fiscal.
16. Promover la concienciación social en el rechazo al fraude fiscal; desde la formación reglada hasta las campañas de concienciación dirigidas al conjunto de la población.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2013.-Pedro Saura García, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000674
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario lU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de ley para reforzar los recursos materiales y legales de la lucha contra los
paraísos fiscales, para su debate en el Pleno.
La fiscalidad es la base de un buen gobierno y elemento clave para el bienestar y la redistribución de la riqueza. Sin embargo, está siendo gravemente atacada por los paraísos fiscales que permiten a grandes empresas, así como a grandes
fortunas, beneficiarse de las prestaciones que les ofrece su estado eludiendo sus responsabilidades a pagar por ello. Es el conjunto de trabajadores y trabajadoras, así corno los pequeños y medianos empresarios quienes asumen la mayoría de la
carga.
Los paraísos fiscales están aumentando la desigualdad y la pobreza y corroen la democracia. Distorsionan los mercados, socavan la regulación financiera y frenan la prosperidad económica, ya que la
mayoría de los productos financieros que han dañado a la economía real y a los pequeños inversores y ahorradores, desde las participaciones preferentes hasta las hipotecas subprime, tienen relación con los paraísos fiscales. Aceleran la
fuga de capitales de los países pobres, permitiendo a dictadores y dirigentes corruptos de estados instables deslocalizar su riqueza personal extraída injustamente y ponerla 'a salvo' en una cuenta opaca extranjera. También contribuyen a la
corrupción y la delincuencia organizada a nivel internacional y nacional como hemos visto en el caso Bárcenas, Gürtel, Noos, Malaya o el caso de las mafias rusas que operaban en Lloret. Por todo ello, la lucha contra los paraísos fiscales es uno de
los grandes desafíos de nuestra época.
Los paraísos fiscales ofrecen no sólo unos niveles impositivos muy bajos o nulos. El problema es mucho mayor, ya con la opacidad y el secreto bancario como herramienta principal, albergan las instalaciones para que personas o entidades
puedan sortear sus obligaciones fiscales. Hasta ahora es necesario tener el nombre del defraudador, sus detalles bancarios y los motivos de sospecha para poder exigir datos a los paraísos fiscales, cosa que hace prácticamente imposible tener acceso
al intercambio de información.
El pasado 7 de mayo el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa presentó la 9.ª edición de su estudio 'La RSC en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35'. El estudio pone de manifiesto el aumento de las sociedades
domiciliadas en paraísos fiscales durante el ejercicio 2011 y un retroceso en la información que las empresas proporcionan en sus memorias anuales de RSC. Un total de 33 de las 35 empresas que forman el selectivo de la Bolsa española, el Ibex 35,
tenían presencia en paraísos fiscales el año 2011.
Es un hecho constatado que las Compañías multinacionales suelan utilizar sus filiales constituidas en paraísos fiscales para trasladar artificialmente las bases imponibles generadas en los países donde realmente operan, que finalmente quedan
sin gravamen o con uno mucho menor de lo que les correspondería.
El dinero procedente de entidades y fortunas españoles residentes en paraísos fiscales estaría alrededor de los 550.000 millones de euros, según la organización independiente Tax Justice Network. Estas cifras dan mesura a la gravedad del
problema. Es una vulneración del Estado de Derecho y de la democracia, además de dejar a las administraciones públicas sin unos ingresos imprescindibles para garantizar el estado social, además de para afrontar las políticas necesarias para superar
la crisis.
La lucha contra los paraísos fiscales se introdujo en el orden del día de la cumbre de jefes de estado y de gobierno del Consejo Europeo del 22 de mayo. Esta inclusión se ha leído como una reacción a las publicaciones del Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ en sus siglas en inglés), según las cuales se habría producido una filtración que destapa la identidad de miles de cuentas en paraísos fiscales en todo el mundo.
La filtración no está sólo en manos de entidades o redes de periodistas. Los EE.UU., Gran Bretaña y las autoridades australianas están trabajando sobre la cantidad ingente de datos filtrados, cosa que puede ser el comienzo de una de las
investigaciones fiscales más grandes de la historia. En un comunicado titulado 'No hay refugios seguros para los evasores de impuestos en centros offshore' el Departamento del Tesoro británico explica que están en proceso de análisis de los 400
gigabytes de la filtración.
En el caso de otras filtraciones recientes, como el caso de la famosa 'Lista de Liechtenstein' o la 'Lista de Falciani' países como Alemania y Francia tuvieron reacciones contundentes en investigar los casos de evasión fiscal. Dichas
actuaciones contrastaron con la respuesta española que dejó mucho que desear a pesar de tener también a ciudadanos afectados en ambas listas.
La persecución penal en USA y Francia a la UBS por comercializar cuentas secretas suscita la sospecha vehemente de que su conducta en España no haya sido diferente.
En este sentido, el pasado 16 de mayo, la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado presentaba en el XIII encuentros tributarios 2013 un documento con propuestas contra la utilización de los paraísos fiscales. En él se
planteaban 17 medidas concretas a adoptar respecto los paraísos, 9 de ellas en el ámbito estatal, es decir, aplicables directamente por el gobierno, sin depender de los acuerdos en organismos de carácter internacional. Dichas medidas quedan
recogidas en este texto.
Por su parte, la Unidad de la Agencia Tributaria adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, desde hace años, ha venido reclamando un marco legal que obligue a las entidades que operan en paraísos fiscales a dotar de la máxima transparencia sus
operaciones. Sus propuestas, complementaria a todas aquellas iniciativas en el ámbito internacional dirigidas a una desaparición de los paraísos
fiscales, también han sido incluidas en esta proposición no de ley. Pero mientras el acuerdo no llegue, ofrece mejores herramientas para luchar desde la administración española contra los casos de fraude y evasión fiscal.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. A promover en sus participaciones en el Consejo Europeo, el Consejo de la UE, el ECOFIN y el G20 una política decidida contra los paraísos fiscales basada en:
a) La creación de un impuesto unitario, una fiscalidad internacional basada en gravar a las empresas multinacionales de acuerdo con el lugar donde realmente tiene lugar su actividad económica real, objetivando criterios como dónde se basa su
fuerza de trabajo, dónde mantiene sus activos o qué recursos necesita del país para llevar a cabo su actividad. Para hacer efectivo este tributo y los que en la actualidad se evaden con agresivas maniobras de planificación fiscal internacional, de
ingeniería fiscal en definitiva, ha de exigirse a los grupos multinacionales la rendición anual de un informe financiero por cada uno de los países en los que operan sus filiales.
En el informe han de incluirse los datos siguientes:
- La razón social de las compañías que operan en cada país.
- Los detalles de sus resultados financieros, incluyendo:
? Las ventas intragrupo y a terceros países.
? Las compras intragrupo y a terceros países.
? Los costes laborales y el número de empleados en cada país.
? Los costes financieros distinguiendo los pagados a empresas del grupo y a terceros.
? El beneficio antes de impuestos.
- Los impuestos satisfechos en el país en cuestión.
- El detalle del coste y del valor neto contable del inmovilizado material situado en el país del que se trate.
- El valor de los activos que el grupo posee en la jurisdicción.
En definitiva se trata de disponer de información suficiente y homogénea que permita evaluar la congruencia de las bases imponibles declaradas en cada país por los grupos multinacionales con la estructura de la que disponen y actividad
económica que desarrollan en cada uno de esos países.
b) El intercambio automático de información debe ser el estándar de transparencia necesario en los convenios de la OCDE.
Todos los Estados que quieran formar parte de la comunidad internacional han de comprometerse a facilitar anualmente a los demás Estados la identidad de los clientes de sus bancos y demás Instituciones financieras.
Para ello han de adaptarse las siguientes medidas:
- Incorporar al Modelo de Acuerdo de Intercambio de Información, que promueve, la OCDE el intercambio automático de información como uno de los ejes centrales en los que ha de basarse.
- Promover que los Convenios suscritos y que se suscriban de acuerdo con los Modelos de la OCDE y de las Naciones Unidas para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal incluyan la cláusula del intercambio automático de
información.
- Impulsar que todos los estados y jurisdicciones suscriban el Convenio sobre Asistencia Mutua Administrativa en Materia Fiscal incluida la cláusula para el intercambio automático de información.
c) Promover la firma de convenios de intercambios de información en base al modelo de convenio FATCA, obligando a las Instituciones Financieras Extranjeras que tengan depositados fondos propiedad de ciudadanos españoles a informar a la
Agencia Tributaria. Ello sin perjuicio de su eliminación para el caso de que los países donde estén establecidas estas entidades hayan suscrito un acuerdo con España de intercambio automático de datos bancarios, que incluya los estándares de
intercambio de información y de diligencia debida.
d) Asegurar que los propietarios que constan en el registro de la empresa sean los propietarios reales y no testaferros o empresas pantallas que evitan que la administración tributaria tenga acceso a la información real.
2. A modificar la legislación estatal para:
a) Llevar a cabo las medidas de control, mientras no se prohíba a la Banca abrir filiales en los paraísos fiscales, de la actividad financiera en dichos territorios.
b) Establecer que la autoridad monetaria, como requisito previo para autorizar una entidad de crédito, para operar a través de una filial en un paraíso fiscal exija a la entidad matriz:
b. 1) Que facilite los justificantes y antecedentes relativos a la documentación contable de dichas filiales.
b. 2) Que suministre a la autoridad tributaria información con trascendencia fiscal de las operaciones realizadas por residentes en territorio español por medio de la filial, así como las llevadas a cabo por los derechohabientes residentes
en dicho territorio de entidades constituidas de acuerdo con el derecho del paraíso fiscal que realicen operaciones con la filial del banco español.
c) Establecer el deber de suministrar la identidad de los clientes que hayan constituido, con su intervención o mediación, bajo titularidad directa o fiduciaria, entidades domiciliadas en un paraíso fiscal.
d) La obligación de suministrar la identidad de los clientes que hayan adquirido, con titularidad directa o fiduciaria, productos comercializados a través de sus filiales en paraísos fiscales, con origen y/o destino, directo o indirecto, en
cuentas abiertas en España.
e) La obligación de suministrar la identidad de quienes hayan cobrado o ingresado fondos por importe igual o superior a 3.000 euros en cuentas de corresponsal abiertas en España de las entidades de crédito cualquiera que sea su forma
jurídica radicadas en aquellos territorios.
f) Destinar más recursos y permitir mejores herramientas que permitan a la Agencia Tributaria tener acceso a las grandes filtraciones de defraudadores.
g) Regular legalmente la posibilidad de que la Inspección efectúe actuaciones de obtención de información actuando de incógnito.
h) Potenciar la figura de la denuncia tributaria, modificando la Ley General Tributaria, para regular la participación del denunciante en el importe de la sanción.
i) Constituir un fondo a disposición de la AEAT para el pago de informaciones confidenciales que permitan el afloramiento o recuperación de cuotas defraudadas.
j) Hacer pública la información de las entidades financieras y emisoras de tarjetas de crédito o débito que operan en España y mantienen filiales en paraísos fiscales.
k) Que las empresas que operan, directamente o mediante filiales, en paraísos fiscales no puedan acceder a ningún incentivo o beneficio fiscal.
I) Equiparar corno delito de blanqueo de capitales todas las actuaciones necesarias para la evasión fiscal, incluidas las de asesoramiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2013.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000675
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la situación del FOGASA (Fondo de Garantía Salarial), para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El FOGASA es un organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de los fines
establecidos en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. Fines entre los que se encuentra, ser la institución de garantía de los créditos salariales ante la insolvencia del empleador. Es decir, tiene atribuido el abono a los
trabajadores y a las trabajadoras de los salarios e indemnizaciones que las empresas no han podido satisfacer por encontrarse en situación legal por insolvencia o por haber sido declarados en situación de concurso.
Tiene también como finalidades complementarias, el apoyo o protección a empresas en situación de crisis, para lo que despliega diferentes medios: restitución a fondo perdido, insolvencia técnica e inscripción de convenios de devolución
aplazada de las cantidades abonadas por el Organismo, A la vez que al subrogarse en la posición de los trabajadores a los que abona indemnizaciones o salarios, reclama el reintegro de esas cantidades adelantadas a las empresas que tienen solvencia.
Todo esto nos lleva a concluir que desde el comienzo de la crisis, es un Organismo con un volumen superior de trabajo.
Sin embargo, el presupuesto en prestaciones para el año 2013 se sitúa en 843 millones de euros, lo que supone una reducción del 33%, frente al presupuesto del 2012.
Esta cantidad será claramente insuficiente para el pago de prestaciones, puesto que las cantidades de los últimos tres años están en torno a los 1.400 millones de euros año y los expedientes pendientes de tramitar por este Organismo
ascienden en estos momentos aproximadamente a 150.000.
Por otra parte la deuda de la TGSS con el FOGASA es muy importante, actuando este Organismo de financiador de la TGSS, en perjuicio de los trabajadores que tardan más en cobrar las cantidades que éste les debe abonar.
A esta situación, debemos sumar que el aumento de carga de trabajo viene acompañado de una disminución de efectivos que están llevando a este Organismo a una situación límite, en el momento que más se necesita.
La situación actual del FOGASA, repercute sobre las personas en la peor de las situaciones, sin empleo, sin salarios y con retrasos intolerables en el reconocimiento de sus prestaciones.
El Grupo Parlamentario Socialista considera fundamental que el Gobierno adopte medidas que frenen el deterioro de este importante Organismo, para que pueda salir de la situación de colapso en la que se encuentra actualmente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Definir un Plan de aplicación inmediata, que responda al incremento de expedientes administrativos pendientes y a las necesidades de los trabajadores que reclaman al FOGASA, y a la vez permita incrementar las cantidades a recuperar de
las empresas.
2. Acelerar el pago de las cuotas recaudadas por la TGSS al FOGASA, disminuyendo la deuda que aquélla tiene con este Organismo.
3. Implantar medidas que ataquen los déficit estructurales que hoy ya se detectan en el FOGASA, para desarrollarlas en un marco temporal amplio, que permitan una adecuada gestión del Organismo, de cara al futuro y para lo que es
imprescindible contar con una estructura de plantilla adecuada, eliminado la tasa de reposición '0' y equiparando a los servicios de empleo y seguridad social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2013.-María Virtudes Monteserín Rodríguez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000676
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
rechazo de la propuesta de modificación del Reglamento comunitario sobre indicación geográfica de bebidas espirituosas, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El brandy es una bebida espirituosa cuyo nombre procede del apócope 'brandewijn' que en holandés significa 'vino quemado' es decir destilado. El brandy es un aguardiente obtenido a través de la destilación de vino.
La Real Academia Española de la Lengua destaca su origen en los siguientes términos: 'voz inglesa y esta del neerlandés. Brandewijn vino quemado' y lo define como 'nombre que, por razones legales, se da hoy comercialmente a los tipos de
coñac elaborados fuera de Francia y a otros aguardientes'.
En España se ha definido el 'vino de quema' como el que se destina a la destilación, produciendo destilados de vino, que históricamente se han exportado a Holanda, de ahí la denominación también de 'holandas'. Es a partir de las 'holandas'
y mediante su envejecimiento en barricas de roble, como se obtiene el brandy.
En España se elabora brandy en Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia, Valencia, etc., y existen marcas de reconocido prestigio desde el siglo XVIII.
En el marco de la Unión Europea, el brandy se produce en Francia, España, Italia, Rumania, Portugal, Bulgaria y otros países y es una bebida alcohólica sometida a una regulación comunitaria. Esta normativa europea no permite que esta bebida
sea elaborada en base a productos distintos del vino. En este sentido, el brandy es definido, en el Reglamento (CE) n.° 110/2008 relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas
espirituosas, como 'la bebida espirituosa obtenida de aguardiente de vino, con o sin adición de un destilado de vino, destilado a menos de 94,8% vol., siempre que dicho destilado no exceda del límite máximo del 50% en grado alcohólico del producto
acabado. Graduación alcohólica mínima de 36% vol.'
El brandy es, por tanto, un producto elaborado exclusivamente con vino y así debe seguir siendo.
Algunos representantes del sector de elaboradores de brandy han realizado una propuesta de modificación de esta normativa europea para permitir que esta bebida pueda ser elaborada con aguardientes no vínicos. En este sentido, pretenden que
coexistan los brandy elaborados con uva 100%, aunque abriendo la mano a que hasta el 50% de los mismos pueda proceder de destilados vitivinícolas (orujos o lías), ahora prohibidos para la elaboración de brandy, con los mezclados con otros
aguardientes procedentes de melazas, cereales u otros derivados agrícolas y que todos ellos lleven el nombre de brandy.
Esta propuesta de modificación es, desde todo punto de vista, inaceptable y puede causar un daño irreparable en el sector vinícola español. España no puede aprobar esta modificación normativa, puesto que de la misma se derivarían
importantes perjuicios para el sector español. El brandy es y debe ser un producto elaborado exclusivamente con destilados de vino, y los que se obtengan a partir de destilados vitivinícolas (lías y orujos) y otros destilados agrícolas no pueden
identificarse en su etiquetado como tal.
Los promotores de la reforma justifican la medida en razones económicas: bajar el precio del brandy para, abaratando el coste y en consecuencia el precio final, poder competir más eficazmente con otras bebidas espirituosas. Pero estas
razones no son asumibles y no deben ser aceptadas. El brandy es un producto de vino (y sólo de vino, no de los subproductos de la vinificación), como el vino es un producto de uva. Si se acepta el principio de abaratamiento de costes se
desvirtuarían las propiedades de gran parte de los productos sometidos a regulación, e incluso, en el caso del vino, podría plantearse por alguien su elaboración con productos distintos y más baratos que la uva.
No debemos olvidar que España es el primer país en superficie de viñedo (más de un millón de hectáreas) y uno de los principales productores de uva y vino del mundo. España es el principal país productor de aguardientes y destilados de vino
a los que se destinan, anualmente, unos 6,5 millones de hectolitros, lo que representa entre el 25% y el 30% de total del vino producido. Es evidente que si se modificara la norma el destino actual hacia el brandy quedaría reducido, provocando de
forma inmediata desequilibrios en el frágil mercado del vino.
Traducido en superficie, a la producción de aguardientes y destilados de vino se destina en España la producción de 100.000-150.000 hectáreas, que tendrían que ser arrancadas, si la norma se aprobara, con la consiguiente pérdida de empleo y
actividad en las zonas vitivinícolas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados manifiesta su oposición a la propuesta de modificación del Reglamento (CE) n.° 110/2008 relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección
de la indicación geográfica de bebidas espirituosas, dirigida a permitir definir como brandy productos que puedan ser elaborados con alcoholes de otros orígenes agrícolas distintos del vino.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar ante las instituciones europeas cuantas gestiones pueda para evitar que prospere dicha modificación de la norma en relación con la elaboración del brandy.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2013.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre las políticas activas de empleo, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Los distintos documentos de planificación en el ámbito de las políticas de empleo, tales como la Estrategia Española de Empleo, el Plan Anual de Política de Empleo o el propio Plan Nacional de Reformas, así como las recomendaciones para
España de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hacen hincapié en la necesidad de comenzar una evaluación de las políticas activas de empleo en España. Esto da una idea de las carencias actuales en cuanto a datos y análisis objetivos
sobre la cuestión, siendo la escasez de evaluación de las políticas activas de empleo una de las causas de su falta de eficacia. Pese a ello, un repaso a la realidad de estas políticas a partir de los pocos datos disponibles permite identificar sus
principales problemas y proponer mejoras relevantes en el Sistema Nacional de Empleo.
En cuanto al reparto competencial en materia de empleo, la gestión de las 'políticas activas' (intermediación laboral y formación para el empleo) es competencia autonómica a día de hoy en prácticamente toda España, según la Ley 56/2003, de
Empleo (arts. 20 y 23) y los respectivos Estatutos de Autonomía, que transfirieron las competencias estatales a las Comunidades Autónomas. Para ejercer estas competencias, todas las Comunidades cuentan con entidades propias (servicios de empleo
autonómicos). El Estado, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, heredero del antiguo INEM, extinto en 2003) gestiona las prestaciones por desempleo, destacando equipos de funcionarios en las oficinas de empleo de titularidad
autonómica. Además, el Estado continúa participando en las políticas activas de empleo a través de las bonificaciones a la Seguridad Social para diversos colectivos y tipos de contratos. El SEPE ejerce estas funciones estatales, así como una
coordinación general del Sistema Nacional de Empleo, que incluye propuestas normativas, estadística y transferencias de recursos finalistas a las Comunidades Autónomas a partir de los Presupuestos Generales del Estado de cada año.
Respecto a los recursos humanos destinados a políticas activas de empleo, un dato fundamental es la ratio de desempleados por trabajador dedicado a la orientación laboral. Para España, en el año 2010 era de unos 450 (según la OIT) y
estimamos que en 2012 ha podido superar los 600 parados por trabajador de los servicios autonómicos de empleo (4.587.455 demandantes de empleo registrados en las oficinas en julio de 2012 para una plantilla de 7.400 personas en esas oficinas
autonómicas de empleo, según datos del SEPE). Estas cifras contrastan fuertemente con las de países como Francia (unos 50 desempleados por orientador), Alemania y Reino Unido (unos 30 desempleados por orientador), o Dinamarca (que destaca
positivamente, con menos de 20 desempleados por orientador).
En cuanto a recursos económicos, el gasto en políticas activas en España (según la OIT) puede considerarse intermedio en comparación con otros países europeos: un 0,7% del PIB frente al 0,9% de Francia, el 1,1% de Holanda o el 1,3% de
Dinamarca, como países de mayor gasto, o el 0,7% de Alemania, 0,5% de Portugal e Italia o 0,3% de Reino Unido. Los datos más recientes de la OIT son de 2008, por lo que los recortes presupuestarios en España (casi un 50% en los Presupuestos
Generales del Estado entre 2011 y 2013) han podido variar esta comparativa.
Sin embargo, este nivel de gasto debe matizarse observando su composición, ya que incluye un fuerte peso de incentivos al empleo (sobre todo bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social). En la comparativa internacional, sólo
Italia gasta más en incentivos al empleo que España (en torno al 40% del total de gasto en políticas activas frente al 30% español). Países como Francia, Alemania y el Reino Unido gastaron tan sólo 12,5%, 9,3% y 3,9%, respectivamente, en incentivos
al empleo.
En otros países (como Japón, EE.UU. y el Reino Unido), los servicios públicos de empleo y la formación profesional tienden a ser las mayores áreas en términos de gasto, con los primeros alcanzando a menudo más del 50 por ciento del gasto
anual total, España gasta relativamente menos en medidas de formación profesional que la mayoría de las economías avanzadas, quedando por debajo tanto de la media de la UE como de la de la OCDE.
Con la mayor parte del presupuesto para políticas activas centrado en unos incentivos a la contratación de dudosa eficiencia, España gasta mucho menos que otros países en términos de prestación de servicios, es decir, en los servicios
públicos de empleo. En 2008, de nuevo según la OIT, España gastó en torno al 18 por ciento del presupuesto total de las políticas activas del mercado de trabajo en los servicios públicos de empleo, comparado con el 30 por ciento que gastó la Unión
Europea en promedio.
El gasto público en políticas activas en España tiene un doble origen. Por una parte hay partidas consignadas en los Presupuestos Generales del Estado, que incluyen el Fondo Social Europeo (FSE) y que, en gran parte, se transfieren a las
Comunidades Autónomas. Por otra parte, las Comunidades pueden complementar estos recursos nacionales con transferencias propias a sus servicios autonómicos de empleo. Sólo disponemos de información en detalle de los fondos reflejados en los PGE.
En cuanto a éstos, podemos señalar un fuerte descenso general del presupuesto dedicado a políticas activas de empleo (casi un 50% menos entre 2011 y 2013; de 7.322 a 3.765 millones de euros, consignados en el programa 241A). En cuanto a conceptos,
continúa la estructura señalada por la OIT: las bonificaciones a la Seguridad Social para ciertos colectivos y tipos de contratos siguen siendo la partida preponderante, con entre un 40% y un 54% del total presupuestado, fluctuando en función del
año.
En cuanto al uso de los recursos de la administración electrónica, la presencia en Internet de los servicios públicos de empleo es desordenada e ineficiente, con una gran profusión de páginas web, lo que los hace caer en la irrelevancia
frente a los buscadores privados de empleo. Si tecleamos en el buscador de Internet más utilizado la frase 'buscar trabajo en España', la primera página de resultados nos muestra las direcciones de ocho webs privadas, sin rastro alguno de los
servicios públicos de empleo. Una simple aproximación como usuarios a los servicios en Internet de los servicios públicos de empleo permite intuir por qué no son los más populares en la red para buscar trabajo en España. Los distintos portales
estatales y autonómicos de búsqueda de empleo no coinciden ni en los criterios de búsqueda que admiten (sectores, profesiones...) ni en los resultados que devuelven sus búsquedas, ya que no coinciden las ofertas que aparecen en portales que, en
principio, cubren los mismos ámbitos geográficos. Las web de búsqueda de empleo de los servicios públicos pecan de complejidad e incoherencia, y es muy probable que su elevado número encarezca la gestión respecto a lo que costaría una única web
nacional pública de ofertas de empleo, más simple y útil que la actual profusión de páginas web estatales y autonómicas. La creación por parte del Gobierno de una web única nacional, anunciada en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, no
debe limitarse a la creación de otro portal más que se sume al marasmo actual, si no que debe eliminar duplicidades, sustituyendo efectivamente a los buscadores autonómicos y a las actuales web del SEPE (www.puntodeencuentro.es,
www.sistemanacionaldeempleo.es o la hoy clausurada por orden judicial www.redtrabaja.es). Una plataforma electrónica única compartida por todas las administraciones, que registrara todas las vacantes laborales y las oportunidades de formación
comunicadas a los servicios de empleo, otorgaría mayor transparencia a nuestro mercado laboral y, por lo tanto, mejoraría su eficiencia. Asimismo, facilitaría la movilidad entre Comunidades y ayudaría a evitar la fragmentación del mercado de
trabajo español.
Si se analizan los resultados obtenidos por los servicios autonómicos de empleo, el dato más llamativo en cuanto a su eficacia en la intermediación laboral se refiere al porcentaje de asalariados que declara haber encontrado su ocupación
actual a través de una oficina pública de empleo. Este porcentaje fue del 2,5% en 2011, y no ha superado el 3,2% en media nacional en ningún momento desde 2005. En 2011, el conjunto de los servicios autonómicos de empleo gestionaron 379.300
contratos, según datos del INE. Uno de los portales privados de búsqueda de empleo más utilizados en España por trabajadores y empresas afirma haber gestionado 330.925 contratos de trabajo en el año 2011. En nuestro país se firmaron en ese año
unos 15 millones de contratos de trabajo, según el INE. Por tanto, el conjunto de los
servicios autonómicos de empleo se mueve en volúmenes de gestión muy bajos, similares a los de las ETT o a los de un solo portal privado en Internet. Esto induce a pensar que las empresas confían muy poco en los servicios autonómicos de
empleo a la hora de seleccionar trabajadores.
Además del reducido porcentaje de intermediación conseguido por los servicios de empleo, también resultan ilustrativos los resultados en inserción laboral de los programas específicos PREPARA y RAI. El Ministerio de Empleo y Seguridad
Social ha informado de que, entre febrero y agosto de 2011, consiguieron empleo el 20% de los beneficiarios del programa de recualificación PREPARA, mientras que en el mismo período de 2012 este porcentaje apenas superó el 6%. Lamentablemente, no
se han publicado datos referidos a los últimos meses desde la reforma del programa. Respecto a otro programa específico, la Renta Activa de Inserción (RAI), su eficacia en la consecución de los objetivos de inserción laboral resulta también
discutible, ya que según el Tribunal de Cuentas sólo el 26% de los beneficiarios de la RAl encuentra algún tipo de colocación durante el cobro de la ayuda (contratos normalmente muy cortos), y sólo un 7% abandona el programa por una inserción
laboral real (contratos de más de seis meses). Y todo ello con datos referidos a un año de bonanza económica y laboral como 2005. Desgraciadamente tampoco se han publicado datos más recientes que nos ayuden a seguir la evolución del programa RAI.
Los pobres resultados conseguidos por los servicios autonómicos en intermediación e inserción laboral evidencian una gran desconfianza de las empresas hacia estos servicios, hecho clave que debe analizarse a la mayor brevedad. Para comenzar
este análisis, deberían incluirse preguntas específicas en la Encuesta de Coyuntura Laboral del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que trimestralmente sondea a más de 12.000 empresas. En ningún caso debe cancelarse esta encuesta, como parece
ser la intención del Gobierno, ya que se perdería una herramienta imprescindible para el análisis del mercado laboral.
Si se quiere ganar la confianza de un mayor número de empleadores es necesario poner al servicio de las empresas las oficinas públicas de empleo, ofreciendo un servicio de selección de personal ágil, gratuito y de calidad. Completándolo
incluso con labores de asesoría laboral a empresas, sobre todo PYMES, y a trabajadores. Para ello, deberían simplificarse los trámites exigidos a las empresas para acceder a los servicios autonómicos de empleo, concentrando todos los recursos de
gestión e información laboral de las distintas Administraciones Públicas y potenciando los canales telemáticos. Al mismo tiempo debe darse a los técnicos de empleo de la Administración autonomía y medios suficientes para realizar su trabajo,
especialmente el de selección de personal, si se quiere que puedan desempeñarlo de manera rápida y orientada al servicio de los usuarios (empresas y trabajadores).
Las actuales propuestas de provisión privada del servicio público de intermediación laboral, a través de agencias privadas de colocación, no garantizan una mejora de los resultados, y es muy dudoso que permitan ahorrar recursos al sistema
nacional de empleo, si se permite que las agencias privadas sean remuneradas por el presupuesto público y no por las empresas que utilicen sus servicios de intermediación (R.D. 1796/2010, cap. IV). Además, se corre el riesgo de una pérdida de
igualdad y garantías en los procesos de selección de personal. En lugar de la provisión privada de un servicio público, UPyD cree que existe margen para la mejora de los actuales servicios públicos de empleo, mediante un incremento de la
coordinación nacional y de la orientación hacia las necesidades empresariales.
En cuanto a los resultados de la formación para el empleo, en el año 2010 sólo un 8,6% de los desempleados inscritos como demandantes de empleo participó en algún tipo de acción formativa para el empleo, según el primer informe del Plan
Anual de Evaluación de la Formación Profesional para el Empleo. Este porcentaje, bajo en términos absolutos, llama aún más la atención si lo comparamos con el 16% de trabajadores ocupados que participó en algún tipo de acción formativa para el
empleo financiada con fondos públicos. Y, según los datos publicados por el Gobierno, sólo un 7% de los beneficiarios del plan de recualificación de desempleados (PREPARA) durante los años 2011 y 2012 recibió algún tipo de formación para el empleo.
Lamentablemente, no se han publicado datos nacionales que permitan analizar el impacto de esta formación profesional en la empleabilidad de los parados. En cualquier caso, ante una economía española sometida a un intenso cambio estructural, con
salida de trabajadores de la construcción hacia otros sectores, las Administraciones Públicas deberían facilitar este cambio con una adecuada formación para el reciclaje profesional. En los PGE para 2013, sólo el 25% de los recursos de las
políticas activas se dirigen a la formación profesional para el empleo, frente al 40% destinado a bonificaciones e incentivos a la contratación. En línea con lo propuesto por la OIT', sería necesario que se invirtieran estos términos, destinando la
mayor parte de los recursos a la formación.
Los datos que hemos expuesto muestran que los resultados de los servicios autonómicos de empleo no pueden considerarse aceptables, ni en lo referido a la intermediación laboral, ni respecto a la formación de
los desempleados, tras una larga andadura iniciada a finales de los años noventa. Convendría introducir un esquema de evaluación de los servicios autonómicos de empleo, para la mejora de su eficiencia y para favorecer el establecimiento de
mejores prácticas y estándares de gestión (benchmarking). Esta evaluación de los servicios autonómicos de empleo debería recompensar directamente a su personal por las posibles mejoras de los resultados, ya que el esquema de evaluación introducido
en 2012 por la Conferencia Sectorial de Empleo no incentiva ni premia el desempeño de estos profesionales. Un buen ejemplo a seguir sería el actual sistema de evaluación provincial del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), que ha estimulado y
recompensado parcialmente el gran aumento de productividad de la plantilla del SEPE, sometida en los últimos años a un crecimiento desmesurado del número de desempleados usuarios de sus servicios.
No puede extrañar que la OIT insista en la necesidad de mejorar los servicios públicos de empleo en España, ya que el mercado laboral no es autonómico, sino nacional y, cada vez más, europeo. Debería garantizarse la posibilidad de que una
empresa realice una selección de personal a nivel nacional a través del Servicio Público Estatal de Empleo. En la misma línea, un desempleado debería poder participar en actividades de formación de Comunidades Autónomas distintas a la suya. Al
mismo tiempo, y como ya hemos señalado, una única web de ofertas de empleo resultaría más barata, simple y útil que la actual profusión de páginas web estatales y autonómicas. En último término, y si las medidas de refuerzo de la coherencia del
Sistema Nacional de Empleo no dan resultados objetivos en un plazo razonable, debería plantearse la vuelta a la competencia estatal de las políticas activas de empleo para mejorar su eficiencia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el menor plazo posible, adopte medidas dirigidas a:
I. Analizar en profundidad las causas de la desconfianza de las empresas hacia los servicios autonómicos de empleo. Para comenzar este análisis, se deberán incluir preguntas específicas en la Encuesta de Coyuntura Laboral, que ha de seguir
elaborándose.
2. Poner al servicio de las empresas a los servicios públicos de empleo, ofreciendo un servicio de selección de personal ágil, gratuito y de calidad, completándolo incluso con labores de asesoría laboral a las empresas (sobre todo a PYMES)
y a los trabajadores. Para ello, deberán simplificarse los trámites exigidos a las empresas para acceder a sus servicios, unificar todos los recursos de información laboral de las Administraciones Públicas, potenciar los canales telemáticos y
proporcionar tanto recursos como autonomía suficientes a los técnicos de empleo.
3. Mejorar los servicios públicos de empleo, garantizando la posibilidad de que una empresa realice una selección de personal a nivel nacional a través del Servicio Público Estatal de Empleo y facilitando que un desempleado pueda participar
en actividades de formación de Comunidades Autónomas distintas a la suya.
4. Crear una única web nacional de ofertas de empleo y formación que sustituya la actual profusión de páginas web estatales y autonómicas.
5. Introducir un sistema de control y evaluación de los resultados de los servicios autonómicos de empleo, articulando sistemas para recompensar al personal de estos servicios por la mejora de sus resultados, en lugar de recompensar al
presupuesto general de dichos servicios.
6. Reorientar las políticas activas de empleo hacia las medidas de formación profesional para los desempleados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000678
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para reducir el importe de las matrículas y facilitar el acceso a las becas de los estudiantes universitarios, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El actual Gobierno ha acometido medidas que dificultan a los estudiantes universitarios con menos recursos la continuidad en sus estudios por razones económicas, elevando los precios de las matrículas y dificultando el acceso a las becas, a
pesar de algunas declaraciones de los distintos responsables ministeriales negando estas actuaciones, atacando así de forma brutal al principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior.
El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, aprobado pocos días después de haber presentado unos presupuestos en los que se reducía en un 79% la asignación
presupuestaria para enseñanzas universitarias, desaparecían las becas para estudiar idiomas fuera de España y se reducían a la mitad los créditos destinados a las becas ERASMUS, permitía un incremento de las tasas universitarias en un 66%, con
aumentos progresivos en las sucesivas matrículas, llegando en algunos casos hasta el 100% de subida.
El Presidente del Gobierno dijo entonces que estos incrementos suponían pedirle 'unos pocos euros' a los españoles y otros dirigentes de su partido lo equipararon con el coste de cuatro cafés, pero para muchos estudiantes universitarios la
subida de los precios de las matrículas han supuesto poner en riesgo la continuidad de sus estudios por razones exclusivamente económicas, y no de rendimiento académico.
Poco tiempo después, el Gobierno aprobó la modificación por Real Decreto del régimen de las becas y ayudas al estudio, elevando las exigencias de rendimiento académico para el acceso a las becas y obligando a reintegrar las becas en caso de
no superar más de la mitad de los créditos o asignaturas en que se hubieren matriculado sus beneficiarios.
El resultado de estas medidas es que durante este curso muchos universitarios han visto cómo se les denegaba la beca cuando más la necesitaban o no han podido abonar las matrículas, incluso habiendo ya aprobado los créditos a los que se
refieren, por lo que el esfuerzo de todo el curso académico puede ser echado por tierra por su imposibilidad de hacer frente a los costes de sus estudios.
El Ministro de Educación ha considerado excesivo el porcentaje de titulados universitarios en España. Pero el acceso de los ciudadanos a la educación universitaria, no sólo es uno de los pilares básicos de la igualdad de oportunidades en
una sociedad justa, sino que es también uno de los elementos claves para lograr un modelo sostenible de crecimiento económico y cohesión social, y así lo reconoce la OCDE.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar medidas para reducir el importe de las matrículas y facilitar el acceso a las becas de los estudiantes universitarios, y de manera específica a:
1. Rebajar los precios de las matrículas universitarias, suprimiendo las restricciones a la capacidad de la Conferencia General de Política Universitaria de establecer los límites de los precios públicos de matrícula introducidas por el
Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
2. Promover, en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria, el establecimiento de límites que permitan a las Comunidades Autónomas restablecer los precios públicos en los niveles anteriores a la aplicación de lo dispuesto
por el Real Decreto-ley 14/2012, así como la extensión de mecanismos que faciliten el pago aplazado de los mismos.
3. Suprimir las mayores exigencias introducidas para la obtención de becas, restituyendo los requisitos académicos establecidos por el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al
estudio personalizadas en los niveles fijados con anterioridad a su modificación por el Real Decreto 1000/2012, de 29 de junio.
4. Realizar una convocatoria extraordinaria de ayudas al estudio dirigida a la cobertura total o parcial de los precios públicos de matrícula de aquellos estudiantes que por su situación económica no puedan asumir el pago de los mismos.
5. Establecer una prórroga en el período de carencia de los Préstamos Renta Universidad para aquellos beneficiarios que se encuentran en una situación económica que impida su devolución.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2013.-María Angelina Costa Palacios, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Economía y Competitividad
161/001708
Mediante escrito de fecha 6 de junio de 2013 se ha retirado por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural la Proposición no de Ley sobre protección a las personas desempleadas sin ingresos, publicada en el 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 282, de 3 de junio de 2013.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
181/000185 y 181/000209
Por escrito de fecha 15 de junio de 2012, se han retirado las preguntas formuladas por la Diputada doña Elvira Ramón Utrabo sobre:
- Modificación de la regulación sobre el absentismo laboral, especialmente sobre las bajas inferiores a veinte días (núm. expte. 181/000185), publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 63, de 27 de marzo de 2012.
- Valoración del hecho de que un trabajador con bajas de 8 ó 9 días en dos meses pueda ser despedido (núm. expte. 181/000209), publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 72, de 11 de abril de 2012.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2012.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
OTROS TEXTOS
AUTORIZACIONES
095/000002
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(95) Operaciones de las Fuerzas Armadas en eI exterior.
Autor: Gobierno.
Solicitud de autorización del Congreso de los Diputados para eI incremento del número de efectivos en la participación de las Fuerzas Armadas españolas en la misión de la Unión Europea EUTM-Mali.
Acuerdo:
En ejercicio de las competencias que el artículo 31.1.4.° y 5.° del Reglamento confiere a Ia Mesa, y ante la ausencia de previsión reglamentaria, someter a Ia deliberación de la Comisión de Defensa, a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 17.1 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Gobierno.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
ACUERDO DE CONSEJO DE MINISTROS, DE 7 DE JUNIO DE 2013, POR EL QUE SE AUTORIZA EL INCREMENTO DEL NÚMERO DE EFECTIVOS EN LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS EN LA MISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EUTM-MALI
Mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de enero de 2013, se aprobó el despliegue y la participación de unidades militares en el marco de la crisis de Malí, por el cual se confirmaba la participación de hasta 50 efectivos para labores
de adiestramiento y las unidades de apoyo necesarias en la misión EUTM-Mali, y se ponía a disposición de la operación denominada 'Serval' y liderada por Francia, un avión T-10 (C-130) para contribuir al transporte estratégico de las capacidades
regionales.
La operación 'Serval' llevada a cabo por Francia, las Fuerzas Armadas de Mali y contigentes de diferentes países africanos pertenecientes fundamentalmente a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), ha mejorado
sustancialmente la situación de seguridad en Malí. Esta actuación requiere la realización de un esfuerzo continuado para restablecer en su totalidad la seguridad y la estabilidad en las zonas de Gao, Tombuctú, y Kidal, que eran controladas por
grupos terroristas. España continúa con su contribución al desarrollo de esta operación con un avión T-10 (C-130) en misiones de apoyo; el modelo de la aeronave, atendiendo a modificaciones en la situación operativa y a criterios económicos y
logísticos, fue sustituido el 31 de mayo por un avión T-21 (C-295) que se adapta mejor a los actuales cometidos en zona.
Por otra parte, el Consejo de la Unión Europea adoptó, el 18 de febrero de 2013, la Decisión 2013/87/CFSP de lanzar la misión EUTM-Mali. La misión, amparada en el marco de la Resolución 2085 (2012) del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, es parte de la aproximación global de la Unión Europea a la situación en Mali y en el Sahel. Su objetivo es proporcionar adiestramiento militar y asesoramiento a las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Malí para restaurar su capacidad militar
y poder recuperar la seguridad, estabilidad e integridad de su territorio.
Con tal motivo, en aplicación del Acuerdo del Consejo de Ministros ya citado, y de conformidad con la preceptiva autorización por el Congreso de los Diputados en sesión del pasado 30 de enero, en la que se detalló por el Ministro de Defensa
la contribución a la operación 'Serval' y a la misión EUTM-Mali, España ofreció las capacidades antes mencionadas, que se concretaron en los equipos de adiestradores acordados con la Unión Europea, y, como apoyos necesarios, una sección de
protección a la fuerza, todo ello sin incrementar el contingente autorizado.
Tras el despliegue de los primeros efectivos y a la vista de la situación actual en Mali, la Unión Europea percibe la necesidad de robustecer el conjunto del dispositivo. Nuestro país, en consonancia con los compromisos adquiridos y para
contribuir a la seguridad y estabilidad de la zona, considera necesario reforzar la entidad de contingente en EUTM-Mali.
Ante esta necesidad de incrementar los efectivos participantes, y en coherencia con lo previsto en el artículo 18 de la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional, el Ministro de Defensa informará al Congreso de los Diputados de las
circunstancias y nuevas previsiones de participación española en la misión EUTM-Mali.
En virtud de todo ello, el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el Ministro de Defensa, someten a la aprobación del Consejo de Ministros el siguiente
ACUERDO
Primero. Autorizar el incremento del número de efectivos de las Fuerzas Armadas españolas en la misión EUTM-Mali, hasta un máximo de 110 efectivos y los elementos puntuales de apoyo necesarios, para contribuir al Cuartel General de la
Misión, a las funciones de adiestramiento y a la fuerza de protección.
Segundo. La autorización, en concordancia con la duración del Mandato otorgado a la Misión por el Consejo de la Unión Europea, tiene un período de vigencia de quince meses a contar desde el 18 de febrero de 2013, fecha en la que se aprobó
el lanzamiento de la Misión EUTM-Mali. Este plazo podrá ser prorrogado posteriormente si las circunstancias así lo aconsejasen.
Tercero. Se autoriza al Ministro de Defensa a realizar los ajustes operativos necesarios en nuestra participación, de acuerdo con los condicionantes operativos de cada momento y de la situación específica sobre el terreno.
Cuarto. Los gastos derivados de la participación española en estas operaciones se financiarán con cargo a la rúbrica presupuestaria 'Participación de las FAS en Operaciones de Mantenimiento de la Paz', créditos 14.122M.03.128,
14.122M.03.228 y 14.03.122M.668 del Ministerio de Defensa.