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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 282, de 03/06/2013
cve: BOCG-10-D-282
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
3 de junio de 2013
Núm. 282
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001703 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a modernizar la Escuela Diplomática ... (Página7)
161/001728 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre elaboración del Plan Especial de Acción para la asistencia por parte de las Embajadas y Consulados a las personas que busquen empleo en países
extranjeros ... (Página8)
Comisión de Economía y Competitividad
161/001708 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre protección a las personas desempleadas sin ingresos ... (Página9)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/001714 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la agilización de la actuación de los tribunales económico-administrativos y la reducción de la litigiosidad ...
Comisión de Fomento
161/001699 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a los planes del Ministerio de Fomento para suprimir servicios de media distancia ferroviaria en concreto en Galicia ...
161/001707 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para el mantenimiento de las obligaciones de servicio público ferroviario de los trenes regionales o de media
distancia ... (Página15)
161/001718 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre mejora integral de la N-525 a su paso por la provincia de Ourense ... (Página16)
161/001727 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre construcción de la nueva Estación del AVE en Santiago de Compostela (A Coruña) ... (Página17)
Comisión de Educación y Deporte
161/001705 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para mejorar el nivel de destreza de la expresión oral en el sistema educativo ... (Página18)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/001706 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la trata de seres humanos con fines de explotación laboral ... (Página19)
161/001716 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la elaboración de un Proyecto de Ley que convierta en normativa el Convenio de Trabajo Marítimo 2006 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
... (Página20)
161/001730 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de medidas para el empleo y la mejora de la protección de los trabajadores y de las trabajadoras de más edad ... (Página21)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/001720 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el cierre de la histórica fábrica de Chocolates Hueso en Ateca y la necesidad de un plan de reindustrialización en la
comarca de la Comunidad de Calatayud (Aragón) ... (Página23)
161/001722 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la defensa del sector naval ... (Página24)
161/001726 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el impulso del autoconsumo de energía ... (Página25)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/001709 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes para garantizar el abastecimiento de agua potable en la comarca valenciana de La Ribera ... (Página26)
161/001715 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la realización de un estudio sobre la experiencia de pesca-turismo ... (Página28)
161/001721 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre seguros agrarios ... (Página29)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/001700 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al síndrome del desgaste profesional ... (Página30)
161/001704 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la formación sobre el espacio sociosanitario de los profesionales del Sistema Nacional de Salud y de los Servicios Sociales ...
161/001710 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre gestión del Fondo de Ayuda Europeo para los más necesitados por parte de las Comunidades Autónomas ...
161/001711 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre ampliación de los supuestos que permitan cobrar el cien por cien de la retribución cuando el personal al servicio de las
administraciones públicas, organismos y entidades dependientes de las mismas y órganos constitucionales se encuentren en situación de incapacidad temporal ... (Página33)
161/001712 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre inclusión en la Comisión para el Diálogo Social a la 'Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya' ...
161/001713 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre financiación de las innovaciones farmacoterapéuticas ... (Página35)
161/001717 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre financiación de las obras de la Fase III del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Cantabria) ... (Página36)
161/001723 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a estrategia en salud mental ... (Página37)
161/001724 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la promoción de activos para la Salud y Salutogénesis emergentes en salud pública ... (Página38)
161/001729 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre cláusulas suelo ... (Página40)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001702 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para instar al Gobierno a reforzar la cooperación española en el marco del actual agravamiento de la crisis de la región del Sahel ...
Comisión de Cultura
161/001701 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la internacionalización del cine español ... (Página42)
161/001719 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la Declaración del Día Nacional del Flamenco ... (Página43)
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/001725 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a evitar la desaparición del Observatorio español para la sostenibilidad ... (Página43)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Justicia
181/000993 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre juzgados de Paz que dejarían de existir en la provincia de Lugo tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y
Planta ... (Página45)
181/000994 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre opinión del Gobierno acerca de si es adecuado a la defensa del interés de los ciudadanos el proceso de privatización de los servicios públicos del
Registro Civil ... (Página45)
181/000995 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre previsiones acerca de suprimir los Juzgados de Paz ... (Página45)
181/000996 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre juzgados de Paz que dejarían de existir en la provincia de A Coruña tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y
Planta ... (Página46)
181/000997 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre juzgados de Paz que dejarían de existir en la provincia de Pontevedra tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación
y Planta ... (Página46)
181/000998 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre juzgados de Paz que dejarían de existir en la provincia de Ourense tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y
Planta ... (Página46)
181/000999 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre juzgados de Paz que dejarían de existir en Galicia tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta ...
Comisión de Interior
181/001001 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre opinión del Ministro del Interior acerca de la necesidad de instar a la Fiscalía General del Estado a que inicie un procedimiento de ilegalización de
las formaciones EH Bildu y Amaiur después de que Laura Mintegi haya intentado obstaculizar la detención de una persona condenada por colaborar con la banda terrorista ETA ... (Página47)
Comisión de Economía y Competitividad
181/000978 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre motivos por los que desde noviembre de 2011 se ha reducido en más de un 10% la plantilla del CSIC ... (Página47)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
181/000963 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre motivos por los que el Gobierno no fusiona ayuntamientos cuando sus propios estudios señalan que a mayor tamaño y población del municipio más
eficientemente y con más calidad se prestan los servicios en éstos ... (Página48)
Comisión de Fomento
181/000962 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre resultados obtenidos por el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 ... (Página48)
181/000977 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre consecuencias del recorte de personal de AENA para la efectividad de los servicios de seguridad y atención a emergencias en la red de aeropuertos
españoles ... (Página48)
181/000979 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS), sobre gestiones que está realizando AENA para corregir la muy deficiente conectividad actual del aeropuerto de Barajas con Cuba ...
181/000980 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Cortizo Nieto (GS), sobre vigencia del Convenio entre la Administración General del Estado y Autopistas del Atlántico (AUDASA) y ejecución de las obras de ampliación de la AP-9
... (Página49)
181/000981 Pregunta formulada por la Diputada doña María José Rodríguez Ramírez (GS), sobre respuesta prevista al ofrecimiento de la Diputación de Huelva para que sufrague parte del coste del servicio ferroviario que presta la línea
Huelva-Zafra a cambio de mantenerla operativa ... (Página49)
181/000982 Pregunta formulada por la Diputada doña María José Rodríguez Ramírez (GS), sobre actuaciones para la consecución del proyecto de desdoble de la N-435 o A-83 ... (Página49)
181/000983 Pregunta formulada por la Diputada doña María José Rodríguez Ramírez (GS), sobre actuaciones para la consecución del proyecto de la Línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva ... (Página50)
Comisión de Educación y Deporte
181/001000 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre flexibilización de las condiciones de devolución de los Préstamos de Renta Universitaria dada la situación de muchos de sus receptores ...
Comisión de Industria, Energía y Turismo
181/000987 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre planes del Gobierno ante el posible cierre de la empresa T. Solar de paneles solares, ubicada en el Parque Tecnológico de Ourense ...
181/000988 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre acciones de emergencia para impedir el cierre de la empresa T. Solar, ubicada en el Parque Tecnológico de Ourense ...
181/000989 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre contactos mantenidos con la empresa T. Solar, ubicada en el Parque Tecnológico de Ourense, y resultados de los mismos ...
181/000990 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre estudio de un plan de viabilidad que permita mantener los 170 puestos de trabajo y la continuidad de la empresa T. Solar, ubicada en el Parque
Tecnológico de Ourense ... (Página53)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
181/000984 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Puerto Gallego Arriola (GS), sobre aportaciones del Gobierno para la finalización de las obras de la III Fase del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Cantabria) ...
181/000985 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Puerto Gallego Arriola (GS), sobre previsiones acerca de finalizar las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Cantabria) ... (Página54)
181/000986 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Puerto Gallego Arriola (GS), sobre previsiones acerca de modificar la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco ... (Página54)
Comisión de Cultura
181/000991 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre previsiones acerca del Museo Arqueológico de Ourense ... (Página54)
181/000992 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre colaboración existente entre la Xunta de Galicia y el Gobierno respecto al Museo Arqueológico de Ourense ... (Página55)
Otros textos
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
120/000016 Acuerdo de la Mesa de la Cámara admitiendo el escrito presentado por don Félix Cal Cortizas y otros, por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular relativa a la regulación del acceso de los
partidos políticos a los medios de comunicación públicos ... (Página55)
120/000017 Acuerdo de la Mesa de la Cámara admitiendo el escrito presentado por don Antonio García-Galán y otros, por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular relativa a la modificación del Código Civil para
la extensión a todo el territorio del Estado español de las diferentes normativas forales y autonómicas reguladoras de las relaciones de los progenitores con sus descendientes comunes en caso de ruptura de la convivencia, medie o no relación
conyugal ... (Página55)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001703
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a modernizar la Escuela
Diplomática, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
En las últimas décadas, el escenario internacional ha venido sufriendo profundas transformaciones que han cambiado el papel tradicional de la acción exterior de los estados. Factores como el terrorismo internacional, los movimientos
migratorios, la globalización, la irrupción de nuevos actores, las nuevas tecnologías de la información o los retos medioambientales han obligado a los países de nuestro entorno a emprender reformas en los planteamientos, medios materiales y humanos
de sus respectivos servicios exteriores. Sin embargo, en el caso español esta adecuación parece no haber sido suficiente y parece obvio que no se corresponde con el peso actual de España como duodécima economía mundial, con una lengua con gran
potencial expansivo y con una sociedad dinámica y solidaria.
En este mismo sentido, el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, en la presentación del Anteproyecto de Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado en el Consejo de Ministros el 1 de marzo de 2013 subrayó, 'de lo que se trata en
esta Ley es de hacer una diplomacia del siglo XXI, cuando tenemos un esquema de los primeros años del siglo XX'. La presentación del anteproyecto demuestra 'la determinación del Gobierno de llevar a cabo una reforma de las Administraciones, entre
ellas de la acción exterior del Estado' para que España cuente con un servicio exterior moderno y bien dimensionado al servicio de la estrategia exterior del Estado y que corrija las deficiencias en cuanto a la planificación de la acción exterior,
la coordinación ministerial, la flexibilidad de los procedimientos de gestión de personal y la presencia diplomática y consular española en el mundo.
Como centro de estudios y formación dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, la Escuela Diplomática no puede ser ajena a este reto y debe contribuir a los planes del Gobierno dirigidos a lograr estos objetivos. Si
bien sus funciones aparecen recogidas en el artículo 2 de su Reglamento aprobado por Orden de 5 de octubre de 1988, debería reforzarse, sin embargo, su labor como atalaya para el análisis, la observación y la información sobre los grandes problemas
emergentes en el horizonte mundial frente a su labor tradicional de preparar a las nuevas generaciones de funcionarios de la carrera diplomática.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar la labor de modernización de la Escuela Diplomática, abriéndola a la sociedad y a las empresas, participando en proyectos de investigación con universidades, con think tanks de relaciones internacionales y con otros grupos de
investigación, consolidando un programa anual que aborde asimismo temas económicos y comerciales que puedan servir para consolidar la Marca España en el exterior. Asimismo, deben de seguir desarrollándose las relaciones con otras instituciones
similares de nuestro entorno, Iberoamérica, del mundo árabe y de Asia.
2. Potenciar, dentro de la futura Ley de Acción Exterior, la figura de la Escuela Diplomática como instrumento fundamental en la elaboración de programas de formación continua, generalizada, sistemática y homologable que permita una
adecuada formación y reciclaje en el conocimiento de idiomas, las áreas geográficas, los métodos de trabajo y los desafíos internacionales para el personal al servicio de la administración y para la sociedad en general. Para ello debería
potenciarse el carácter práctico de sus cursos y contar con la participación de diversas instituciones y sectores de la sociedad civil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001728
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
elaborar Plan Especial Acción para la asistencia por parte de las Embajadas y Consulados a las personas que busquen empleo en países extranjeros, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Una de las dolorosas consecuencias de la grave situación económica que sufre España es el aumento de la emigración, exilio económico en realidad, que afecta mayoritariamente a la población joven de nuestro país que se ve obligada a buscar en
otros países la subsistencia que no encuentra en España.
Dicho proceso de emigración cada día alcanza unas dimensiones claramente comparables con lo que supuso la etapa más álgida de la emigración laboral en España en los años 50 y 60, llevando en muchos casos a que los/as nietos/as reproduzcan la
experiencia que tuvieron de vivir sus abuelos. Este proceso no solamente afecta a aquellos jóvenes que conforman, a pesar de las críticas al sistema educativo, la generación con una mejor formación académica -la conocida como 'fuga de cerebros' que
lamentablemente tan poco preocupa a nuestro Ministro de Educación-, sino que influye también en aquellos jóvenes que, habiendo dejado un día sus estudios debido al auge de la construcción, no encuentran otra salida laboral que la vía incierta de la
emigración.
Más allá de 'boutades' como la de la ministra de Trabajo cuando se refiere a esta tragedia denominándole 'movilidad exterior', hay que fijarse en las circunstancias en que se produce y la problemática específica que afecta a las personas en
su peregrinaje al país de destino y, una vez allí, al relacionado con la búsqueda de trabajo y a su propia permanencia en dicho país.
Un análisis somero del problema en esta perspectiva permite concluir con facilidad que la atención a los problemas de estos españoles y españolas por parte de las Embajadas y Consulados de España requiere por parte de estas entidades un
nuevo y especial enfoque, en función de la particular casuística surgida en torno a este lamentable fenómeno, por lo que es necesario que se tomen las medidas pertinentes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un Plan Especial de Acción para que las Embajadas y los Consulados de España estén en condiciones de prestar la asistencia y la atención necesaria a las personas que, como
consecuencia de la grave situación del empleo en España, se ven forzadas a buscarlo en países extranjeros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2013.-Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Economía y Competitividad
161/001708
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para la protección a las personas desempleadas sin ingresos, para su
debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
La fiscalidad es la base de un buen gobierno y elemento clave para el bienestar y la redistribución de la riqueza. Sin embargo, está siendo gravemente atacada por los paraísos fiscales que permiten a grandes empresas, así como a grandes
fortunas, beneficiarse de las prestaciones que les ofrece su estado eludiendo sus responsabilidades a pagar por ello. Es el conjunto de trabajadores y trabajadoras, así como los pequeños y medianos empresarios quienes asumen la mayoría de la carga.
Los paraísos fiscales están aumentando la desigualdad y la pobreza y corroen la democracia. Distorsionan los mercados, socavan la regulación financiera y frenan la prosperidad económica, ya que la mayoría de los productos financieros que
han dañado a la economía real y a los pequeños inversores y ahorradores, desde las participaciones preferentes hasta las hipotecas subprime, tienen relación con los paraísos fiscales. Aceleran la fuga de capitales de los países pobres, permitiendo
a dictadores y dirigentes corruptos de estados inestables deslocalizar su riqueza personal extraída injustamente y ponerla 'a salvo' en una cuenta opaca extranjera. También contribuyen a la corrupción y la delincuencia organizada a nivel
internacional y nacional como hemos visto en el caso Bárcenas, Gürtel, Noos, Malaya o el caso de las mafias rusas que operaban en Lloret. Por todo ello, la lucha contra los paraísos fiscales es uno de los grandes desafíos de nuestra época.
Los paraísos fiscales ofrecen no sólo unos niveles impositivos muy bajos o nulos. El problema es mucho mayor, ya con la opacidad y el secreto bancario como herramienta principal, albergan las instalaciones para que personas o entidades
puedan sortear sus obligaciones fiscales. Hasta ahora es necesario tener el nombre del defraudador, sus detalles bancarios y los motivos de sospecha para poder exigir datos a los paraísos fiscales, cosa que hace prácticamente imposible tener acceso
al intercambio de información.
El pasado 7 de mayo el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa presentó la 9.ª edición de su estudio 'La RSC en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35'. El estudio pone de manifiesto el aumento de las sociedades
domiciliadas en paraísos fiscales durante el ejercicio 2011 y un retroceso en la información que las empresas proporcionan en sus memorias anuales de RSC. Un total de 33 de las 35 empresas que forman el selectivo de la Bolsa española, el Ibex 35,
tenían presencia en paraísos fiscales el año 2011.
El dinero procedente de entidades y fortunas españoles residentes en paraísos fiscales estaría alrededor de los 550.000 millones de euros, según la organización independiente Tax Justice Network. Estas cifras dan mesura a la gravedad del
problema. Es una vulneración del Estado de Derecho y de la democracia, además de dejar a las administraciones públicas sin unos ingresos imprescindibles para garantizar el estado social, además de para afrontar las políticas necesarias para superar
la crisis.
La lucha contra los paraísos fiscales se introdujo en el orden del día de la cumbre de jefes de estado y de gobierno del Consejo Europeo del 22 de mayo. Esta inclusión se ha leído como una reacción a las publicaciones del Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ en sus siglas en inglés), según las cuales se habría producido una filtración que destapa la identidad de miles de cuentas en paraísos fiscales en todo el mundo.
La filtración no está sólo en manos de entidades o redes de periodistas. Los EE.UU., Gran Bretaña y las autoridades australianas están trabajando sobre la cantidad ingente de datos filtrados, cosa que puede ser el comienzo de una de las
investigaciones fiscales más grandes de la historia. En un comunicado titulado 'No hay refugios seguros para los evasores de impuestos en centros offshore' el Departamento del Tesoro británico explica que están en proceso de análisis de los 400
gigabytes de la filtración.
En el caso de otras filtraciones recientes, como el caso de la famosa 'Lista de Liechtenstein' o la 'Lista de Falciani' países como Alemania y Francia tuvieron reacciones contundentes en investigar los casos de evasión fiscal. Dichas
actuaciones contrastaron con la respuesta española que dejó mucho que desear a pesar de tener también a ciudadanos afectados en ambas listas.
En este sentido, el pasado 16 de mayo, la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado presentaba en los XIII encuentros tributarios 2013 un documento con propuestas contra la utilización de los paraísos fiscales. En él se
planteaban 17 medidas concretas a adoptar respecto los paraísos, 9 de ellas en el ámbito estatal, es decir, aplicables directamente por el Gobierno, sin depender de los acuerdos en organismos de carácter internacional. Dichas medidas quedan
recogidas en la presente proposición.
Por su parte, la Unidad de la Agencia Tributaria adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, desde hace años, ha venido reclamando un marco legal que obligue a las entidades que operan en paraísos fiscales a dotar de la máxima transparencia sus
operaciones. Sus propuestas, complementaria a todas aquellas iniciativas en el ámbito internacional dirigidas a una desaparición de los paraísos fiscales, también han sido incluidas en esta proposición no de ley. Pero mientras el acuerdo no
llegue, ofrece mejores herramientas para luchar desde la administración española contra los casos de fraude y evasión fiscal.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. A promover en sus participaciones en el Consejo Europeo, el Consejo de la UE, el ECOFIN y el G20 una política decidida contra los paraísos fiscales basada en:
a) La creación de un impuesto unitario, una fiscalidad internacional basada en gravar a las empresas multinacionales de acuerdo con el lugar de donde realmente tiene lugar su actividad económica real, objetivando criterios como dónde se basa
su fuerza de trabajo, dónde mantiene sus activos o qué recursos necesita del país para llevar a cabo su actividad.
b) Un acuerdo en la OCDE para la obtención del intercambio automático de información de carácter mercantil o tributario de las personas y empresas que operan o son titulares de bienes o derechos en los países o territorios calificados como
paraísos fiscales.
c) Promover la firma de convenios de intercambios de información en base al modelo de convenio FATCA, obligando a las Instituciones Financieras Extranjeras que tengan depositados fondos propiedad de ciudadanos españoles a informar a la
Agencia Tributaria.
d) Asegurar que los propietarios que constan en el registro de la empresa sean los propietarios reales y no testaferros o empresas pantallas que evitan que la administración tributaria tenga acceso a la información real.
e) Supresión de prácticas abusivas utilizadas por las grandes corporaciones transnacionales para reducir su factura fiscal internacional y lucha contra el dumping fiscal.
2. A modificar la legislación estatal para:
a) Llevar a cabo las medidas de control, mientras no se prohíba a la Banca abrir filiales en los paraísos fiscales, de la actividad financiera en dichos territorios.
b) Establecer que la autoridad monetaria, como requisito previo para autorizar una entidad de crédito, para operar a través de una filial en un paraíso fiscal exija a la entidad matriz:
b.1 Que facilite los justificantes y antecedentes relativos a la documentación contable de dichas filiales.
b.2 Que suministre a la autoridad tributaria información con trascendencia fiscal de las operaciones realizadas por residentes en territorio español por medio de la filial, así como las llevadas a cabo por los derechohabientes residentes en
dicho territorio de entidades constituidas de acuerdo con el derecho del paraíso fiscal que realicen operaciones con la filial del banco español.
c) Establecer el deber de suministrar la identidad de los clientes que hayan constituido, con su intervención o mediación, bajo titularidad directa o fiduciaria, entidades domiciliadas en un paraíso fiscal.
d) La obligación de suministrar la identidad de los clientes que hayan adquirido, con titularidad directa o fiduciaria, productos comercializados a través de sus filiales en paraísos fiscales, con origen y/o destino, directo o indirecto, en
cuentas abiertas en España.
e) La obligación de suministrar la identidad de quienes hayan cobrado o ingresado fondos por importe igual o superior a 3.000 euros en cuentas de corresponsal abiertas en España de las filiales radicadas en aquellos territorios.
f) Destinar más recursos y permitir mejores herramientas que permitan a la Agencia Tributaria tener acceso a las grandes filtraciones de defraudadores.
g) Regular legalmente la posibilidad de que la Inspección efectúe actuaciones de obtención de información actuando de incógnito.
h) Potenciar la figura de la denuncia tributaria, modificando la Ley General Tributaria, para regular la participación del denunciante en el importe de la sanción.
i) Constituir un fondo a disposición de la AEAT para el pago de informaciones confidenciales que permitan el afloramiento o recuperación de cuotas defraudadas.
j) Hacer pública la información de las entidades financieras y emisoras de tarjetas de crédito o débito que operan en España y mantienen filiales en paraísos fiscales.
k) Que las empresas que operan, directamente o mediante filiales, en paraísos fiscales no puedan acceder a ningún incentivo o beneficio fiscal.
I) Equiparar como delito de blanqueo de capitales todas las actuaciones necesarias para la evasión fiscal, incluidas las de asesoramiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2013.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/001714
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la agilización de la
actuación de los tribunales económico-administrativos y la reducción de la litigiosidad, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
La Constitución Española, en su artículo 24, manifiesta que 'todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda
producirse indefensión', una tutela que en el ámbito tributario se torna esencial para el ciudadano.
La reclamación económico-administrativa en España tiene su origen el año 1881 precisamente en la separación entre los ámbitos de gestión tributaria y de resolución de reclamaciones contra dicha gestión, constituyendo una vía específica para
impugnar los actos tributarios ante la propia Administración.
Aunque si bien en una primera época los órganos competentes para resolver las reclamaciones tributarias eran de carácter unipersonal, pronto se puso de manifiesto la tendencia a que dichos órganos fuesen de naturaleza colegiada, tendencia
que se materializa más tarde en la creación de los Tribunales Económico-Administrativos.
La existencia y buen funcionamiento de estos Tribunales, sean del ámbito que sean, es fundamental para el correcto desarrollo de cualquier Administración Tributaria; porque las cifras nos señalan que cerca del 85 por 100 de las
reclamaciones interpuestas se resuelven en los Tribunales Económico-Administrativos sin que pasen a la esfera judicial, y el 15 por 100 de las reclamaciones restantes que acceden a la jurisdicción contenciosa los Tribunales ven facilitado su
trabajo.
Cabe, asimismo, reseñar que la situación económica y social de nuestro país ha tenido como consecuencia inmediata el incremento extraordinario de la presentación de reclamaciones, al ser la vía económico-administrativa la vía obligatoria de
revisión de los litigios y conflictos tributarios previa a la vía contenciosa. Tan solo en el año 2011 tuvieron entrada 216.747 reclamaciones, la cifra más alta de los últimos 19 años, y el avance de 2012 nos dice que esa cifra se verá superada
hasta alcanzar las 221.830 reclamaciones.
En estos últimos años se ha venido asistiendo a un esfuerzo particular por aumentar el número de resoluciones con el objetivo de resolver en plazo con un alto nivel de calidad. En este sentido, es importante destacar que según los avances
de 2012 los Tribunales han resuelto 188.197 reclamaciones, el número más alto desde su creación.
Aún así, y a pesar de estos resultados eficazmente crecientes, entendemos que la sociedad puede demandar mayor eficacia y una minimización de los costes de actuación. Por eso, el Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Hacienda,
está realizando esfuerzos en apoyo decidido de los Tribunales.
Apoyo en materia de personal, pero también en materia presupuestaria, como el realizado en 2012 en la cobertura de puestos vacantes, el llevado a cabo en el ejercicio actual dotando a los Tribunales de medios suficientes dentro de la
complicada situación, o la modernización de los equipos informáticos, la mejora de los sistemas y aplicaciones informáticas, o el impulso de la actividad electrónica.
Porque la Administración y sus órganos deben adaptarse aún más a los tiempos, aprovechando, por ejemplo, los avances que supone la Administración Electrónica para acercar el servicio público a ciudadanos y empresas, así como para generar
grandes ahorros en costes, ya que en la actualidad el 98% de los trámites para relacionarse con la Administración General del Estado están disponibles en formato electrónico.
No podemos obviar que un trámite presencial tiene un coste medio de 80 euros, mientras que el mismo trámite a través del soporte electrónico no supera los cinco euros, es decir un 94% de ahorro; de igual modo que, preservando las mismas
garantías, los trámites acortan sus plazos, siendo especialmente significativa la reducción en la recepción de documentos, que pasa de 16 días a 16 segundos.
Es verdad que los datos son cada vez más positivos y que se ha hecho un gran esfuerzo por mejorar la calidad, eficacia y la eficiencia de los Tribunales; pero consideramos que aún hay camino por recorrer y que debemos perseverar en la
corrección de ineficiencias, potenciando lo mucho que se está haciendo bien.
Necesitamos que haya una garantía de igualdad de trato en todo el territorio nacional, que haya un equilibrio entre calidad y cantidad de resoluciones o que se evite la prescripción de derechos como consecuencia de la tramitación de
reclamaciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Favorecer la agilización de la actuación de los Tribunales económico-administrativos impulsando modificaciones de las disposiciones reguladoras de los procedimientos económico-administrativos que puedan contribuir a dicha agilización.
2. Promover una mayor utilización de los medios electrónicos en el ámbito económico-administrativo.
3. Realizar un análisis de la actual normativa reguladora de las reclamaciones económico-administrativas con el fin de detectar aquellos extremos que son susceptibles de mejora técnica, así como impulsar las modificaciones normativas que
sean oportunas al objeto de clarificar las cuestiones que puedan resultar generadoras de conflictos jurídicos.
4. Potenciar la seguridad jurídica ampliando los instrumentos jurídicos dirigidos a favorecer la unidad de criterio en el ámbito económico-administrativo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Fomento
161/001699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a los
planes del Ministerio de Fomento para suprimir servicios de media distancia ferroviaria, en concreto en Galicia, para su debate en Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Desde que el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del 28 de diciembre de 2012, el Plan de Racionalización del Transporte Ferroviario, las malas noticias sobre la merma de los servicios ferroviarios en Galicia, y también en el Estado,
se multiplican según pasan los meses y nos acercamos a la temida fecha del 30 de junio.
Dicho Plan contempla los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia que estarán financiados por el Estado y se consideren declarados como obligación de servicio público.
En el Plan aprobado en diciembre pasado, y en relación a Galicia, aparecía claramente la eliminación de la línea Ourense-Puebla de Sanabria.
El Plan de Racionalización establece una serie de plazos para estudiar y analizar que otros servicios ferroviarios de media distancia se van a suprimir. Desde su aprobación, el Plan establece un plazo de seis meses para la aplicación de
este acuerdo y las Obligaciones de Servicio Público tendrán que revisarse cada dos años.
La ambigüedad preside el contenido del Plan puesto que están por definir muchas cuestiones, pero afirmaciones como que algunos trayectos se 'podrán sustituir con transporte en autobús' ya encendían las luces de alarma.
El único interés que persigue el Plan de Fomento es 'la reducción del gasto hasta alcanzar en 2015 los 51 millones de euros anuales', sin importar la cuestión de servicio público ni tampoco el hecho de que vaya a dejar sin comunicación a
muchas poblaciones gallegas o del resto del Estado.
Fomento deberá formalizar antes del 30 de septiembre de 2013 con Renfe Operadora el contrato de servicio público en el que se reflejen las condiciones en que se habrán de ejercer dichas obligaciones de servicio, así como los mecanismos para
su compensación. Ya se avanza que en 'caso de que alguna Comunidad Autónoma tuviera interés en la prestación de un servicio ferroviario de viajeros sobre alguna de las relaciones que no han sido declaradas de obligación de servicio público por la
Administración General del Estado, dicha Comunidad Autónoma podrá formalizar el correspondiente contrato con Renfe Operadora asumiendo la financiación del déficit de explotación de dicho servicio'.
En Galicia, los servicios de media distancia existentes en la actualidad son los siguientes:
- A Coruña-Ferrol.
- A Coruña-Lugo-Monforte.
- A Coruña-Santiago de Compostela.
- A Coruña-Vigo.
- Monforte-A Coruña.
- Pontevedra-Vigo.
- Santiago de Compostela-Ourense.
- Santiago de Compostela-O Carballino.
- Santiago-Vigo.
- Vigo-Ourense.
- Vigo-Ourense-Monforte-Ponferrada.
Fomento tiene un plazo de seis meses para estudiar qué medio de transporte es el 'más eficiente en cada uno de los casos'.
Como hemos afirmado anteriormente, desde la aprobación del Plan mencionado se han sucedido las malas noticias. Los sindicatos ferroviarios ya alertaron de la pérdida de un porcentaje enorme de los servicios ferroviarios. Y la última
noticia, el estudio encargado por Fomento a una empresa de ingeniería, Ineco, para reducir las líneas de tren, ha generado un gran malestar social, político y económico.
Un Informe que supone un duro varapalo para las comunicaciones ferroviarias en Galicia, históricamente deficientes. Sin olvidar, que es de las pocas Comunidades Autónomas que no cuenta con servicio ferroviario de cercanías a pesar de que
territorios mucho más pequeños y con menos población tienen este tipo de servicio.
El estudio recomienda que en Galicia se mantengan tan solo los trenes regionales de las líneas del AVE: A Coruña-Vigo y Santiago-Ourense. El resto, todas las que hemos mencionado arriba, deberían desaparecer según el Informe, y serían
atendidas por los trenes de larga distancia que realizan muy pocas paradas o por el autobús. Es decir, un gran número de poblaciones gallegas quedarían sin parada de tren.
El Informe de Ineco plantea eliminar 49 líneas ferroviarias en todo el Estado, las que tienen 'una ocupación por debajo del 15%'. Se cita la de Ourense-Puebla de Sanabria, Ourense-Monforte-Ponferrada, A Coruña-Ferrol, A Coruña-Lugo-Monforte
y Vigo-Ourense. E incluso, entre las líneas que se salvarían también se plantea el recorte de servicios como en la de Pontevedra-Vigo.
En relación a la línea Ourense-Puebla de Sanabria, que se califica como de 'altamente ineficiente', nos hemos dirigido en numerosas ocasiones a Renfe para que estudie alternativas puesto que esta línea transporta a muchos estudiantes durante
los fines de semana y cumple un servicio público. Actualmente, el bus hace solo un viaje diario en cada sentido y circula por la autovía A-52, muy lejos de estaciones por las que pasa el regional, como Baños de Molgas, Laza o Castrelo do Val.
En las líneas A Coruña-Ferrol y A Coruña-Lugo-Monforte, con un 14% de ocupación, el Informe se basa únicamente en la existencia de una gran oferta de transporte regular de viajeros por carretera. Solo se pronuncia el Informe sobre la
posibilidad de mantener algunos enlaces al campus de Elviña, 'evaluar' las conexiones de Ferrol cuando llegue allí el nuevo Eixo Atlántico (prácticamente desaparecido en su conexión a Ferrol) y aprovechar los trenes de largo recorrido para dar
servicio 'con tarifas superiores'. Es decir, es un brindis al sol que nada concreta y que sólo deja claro la opción de la eliminación del servicio entre dos grandes ciudades gallegas, A Coruña y Ferrol, o A Coruña-Lugo y Monforte. La cuestión es
que en la cortedad de miras del estudio, no se propone una proyección de cómo se podría incrementar la demanda de usuarios de tren si se optase por mejorar un servicio ferroviario caduco, obsoleto y propio del siglo pasado. Vive una importante
población entre la ciudad coruñesa y Ferrol, con personas que se trasladan a trabajar entre una y otra ciudad, o a estudiar. Si Fomento escuchase por fin la histórica demanda de Ferrol de mejorar sus conexiones ferroviarias, con trenes más modernos
y más rápidos, puede estar seguro el Ministerio de que la demanda de viajeros sería muy alta.
Sin embargo, se ha optado por dejar morir el tren.
Entre Vigo y Ourense, el informe dice que 'existe una oferta alternativa de autobuses muy abundante, con mejores tiempos de viaje y tarifas más bajas' y que 'por ello se propone la supresión de los servicios ferroviarios regionales'. Sin
embargo, el autobús circula por la A-52, muy alejado de las estaciones de la orilla del Miño, en las que tampoco paran los trenes de larga distancia.
El estudio concluye que 'la supresión podrá llevarse a cabo global o progresivamente', lo que depende de la implantación de medios de transporte alternativos. Fomento tiene que negociar todavía con las CC.AA.
Como reacción a la gran alarma desatada entre la sociedad gallega, las entidades económicas y sociales, la Ministra de Fomento llegó a afirmar que 'no se elimina ni una sola línea' de ferrocarril. Lo que sucede es que 'los trenes no harán
paradas en estaciones en donde hay uno o, a lo más, tres viajeros'. De nuevo, la responsable del Ministerio de Fomento introduce la inconcreción y la ambigüedad en sus declaraciones, lo que no rebaja la gran inquietud generada por dejar a un
territorio como Galicia sin casi servicios ferroviarios de media distancia que en la práctica son las únicas cercanías que tiene Galicia. Y pasa la pelota a las CC.AA, actualmente asfixiadas con los márgenes de déficit impuestos por el Gobierno
central, para que, si quieren, 'asuman las líneas que se van a eliminar'.
La misma titular de Fomento entra en contradicción cuando muestra su satisfacción por el importante aumento del tráfico de pasajeros en Galicia en los últimos meses debido a la entrada en funcionamiento del tren híbrido de Madrid a Galicia.
Los tráficos de viajeros se incrementaron en un 53%, demostración palpable de que cuando se mejoran los trenes, los tiempos de viaje, y se ofrece un servicio moderno, a la altura del siglo XXI, el tren capta mucha demanda.
Es el botón de muestra de que el tren puede ser muy competitivo y es un medio de transporte que gusta si se da un servicio óptimo. Desde luego, nadie se va a montar en el tren si tarda una hora y media en ir de Ferrol a A Coruña.
Apelamos al Ministerio de Fomento a la reflexión, a que apueste por las comunicaciones ferroviarias de proximidad o media distancia, de modo que se mejoren porque es un transporte seguro, ecológico y que vertebra el territorio. Existe
margen para aumentar los tráficos ferroviarios.
Proposición no de Ley
'Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
- Dar marcha atrás en su propósito de eliminar casi todos los servicios de media distancia existentes actualmente en Galicia, como son los siguientes: Ferrol-A Coruña, Ourense-Puebla de Sanabria, Ourense-Monforte-Ponferrada, A
Coruña-Lugo-Monforte y Vigo-Ourense.
- En el caso concreto de Galicia, tener en cuenta, dada su extensión territorial y su población, que se trata de uno de los pocos territorios que carece de servicios ferroviarios de cercanías, de ahí la necesidad de mantener las conexiones
de media distancia.
- Comenzar un diálogo con la Xunta de Galicia para negociar el traspaso de las competencias en materia de ferrocarril interior, a fin de poder implantar un servicio ferroviario de proximidad que aproveche las líneas existentes, precisamente
las correspondientes a los servicios de media distancia.
- Apostar decididamente por la potenciación del transporte ferroviario de pasajeros y de mercancías puesto que la realidad demuestra que un servicio óptimo, con tiempos reducidos y trenes modernos capta una gran afluencia de pasajeros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2013.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.- Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001707
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para el mantenimiento de las obligaciones de servicio público
ferroviario de los trenes regionales o de media distancia, para su debate en la Comisión de Fomento.
La defensa del Ferrocarril pasa por apoyar a las obligaciones de servicio público ferroviario de los trenes regionales o de media distancia.
Las obligaciones de servicio público provienen del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y conllevan la obligación de financiación de servicios a la ciudadanía que cumplen misiones de interés general, como son los servicios de
transporte público colectivo.
La declaración como obligación de servicio público establece la responsabilidad de su financiación directa a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, en este caso el Ministerio de Fomento.
Estas obligaciones de servicio público ferroviario responden a las necesidades de las comunidades autónomas de disponer de trenes regionales, junto a los trenes de cercanías, de grandes distancias y de mercancías, dentro del sistema
multimodal de transporte que debe vertebrar la red de ciudades que pueblan sus territorios. Respondiendo, al mismo tiempo, a la necesidad de ahorro y eficiencia energética, a la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan
el cambio climático, y al propio cambio de modelo productivo.
Esta declaración de obligación de servicio público para los trenes explotados por Renfe y que circulan por las líneas y estaciones administradas por Adif, debe ser suficiente para evitar cualquier cierre de líneas, como pretende el
Ministerio de Fomento estableciendo un plan de racionalización de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia que son financiados por el Estado.
El cierre de líneas ferroviarias puede ser un paso más en el desmantelamiento del transporte público en el Estado español. La rentabilidad económica se emplea como argumento, pero este no se utiliza al considerar las ingentes cantidades de
recursos invertidos en líneas de alta velocidad que no son rentables en buena parte de los casos. Y el ferrocarril convencional es socialmente más accesible y con unos impactos ambientales muy inferiores.
También se argumenta que se cerrarán los servicios de tren convencional que no son eficientes, además, desde el punto de vista medioambiental y social. Pero ha sido la política de transporte la que ha provocado esa ineficiencia, sesgando la
inversión hacia la construcción y mejora de nuevas infraestructuras de alta velocidad y desatendiendo al ferrocarril convencional, cuyas líneas están cada vez más obsoletas y funcionan peor.
Así, el cierre y la reducción de la oferta de líneas de tren convencional es la continuación de la política de transporte iniciada hace dos décadas, que apostó por desarrollar de manera insostenible las líneas de alta velocidad hasta llegar
a ser en la actualidad el segundo país del mundo en kilómetros de vías ferroviarias de alta velocidad, a base de deuda pública y despilfarro.
Una política de transporte que es injusta en términos sociales, al priorizar la vertebración entre grandes ciudades marginando las pequeñas poblaciones rurales, y en términos económicos, porque la alta velocidad es inaccesible económicamente
para una gran parte de la población, y que además ha incidido en los problemas ambientales que causa el transporte.
Las líneas ferroviarias de media distancia proporcionan un servicio básico para muchas poblaciones rurales que quedarán aún más aisladas con los cierres anunciados. En su caso, la sustitución de los trenes por autobuses supondrá un
deterioro del servicio de transporte para los sectores más vulnerables y en ningún modo sustituirá de igual manera el servicio ferroviario convencional.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Derogar el Real Decreto-ley 22/2012, de 20 de julio, por el que se adoptan medidas en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios.
2. Redefinir el Plan de racionalización de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia al objeto de cumplir de forma explícita con las obligaciones de servicio público de acuerdo al Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, que conlleva la obligación de financiación de servicios a la ciudadanía que cumplen misiones de interés general, como son los servicios de transporte público colectivo, con financiación directa a cargo de los Presupuestos Generales
del Estado.
3. Potenciar los servicios públicos de ferrocarril, mejorando los horarios de los trenes y de las paradas en las estaciones, apoyando la generación de nuevas redes de cercanías en las áreas metropolitanas que aún no poseen dicho servicio, e
impulsando la reapertura de líneas ferroviarias de alto valor estratégico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2013.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/001718
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
mejora integral de la N-525 a su paso por la provincia de Ourense, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La carretera N-525 va desde la ciudad de Benavente hasta Santiago de Compostela. Una gran parte del trayecto cruza la provincia de Ourense, desde su entrada por el Concello de A Mezquita hasta Cea. Y es precisamente en los tramos
ourensanos en los que este vial se encuentra en un lamentable estado de conservación y señalización.
Así, en los tramos de carretera de la entrada a Galicia, en las comarcas de Monterrei, A Limia y Ourense, se ha advertido por parte de los propios gobiernos municipales de la situación del firme, con agujeros y grietas en el asfalto.
Además, se encuentran en muy mal estado los tramos de acceso a varios Polígonos Empresariales e Industriales.
A esta situación se añade además la falta de señalización horizontal y vertical, cuestión que dificulta la circulación especialmente durante las noches y los días de niebla.
La maleza en los márgenes de la carretera es tan espesa que dificulta la visibilidad y por tanto la conducción segura.
Por otro lado, hay varios puntos negros con un nivel elevado de siniestralidad como es el caso del tramo que discurre por el Concello de Coles (Cambeo).
A pesar de que se han llevado a cabo diversas actuaciones de mejora en los últimos años, se puede afirmar que han sido insuficientes para una carretera por la que transitan miles de coches todos los días y que es una de las arterias
principales de comunicación en Galicia, particularmente en la provincia de Ourense.
El Ministerio de Fomento aseguró recientemente que no tiene previsto ningún proyecto de mejora de la N-525 a su paso por Ourense, haciendo oídos sordos a lo que es ya un clamor en toda la provincia.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, a la mayor celeridad posible y con la partida presupuestaria necesaria, un Proyecto de Mejora Integral de la N-525 a su paso por la provincia de Ourense que mejore el estado y
garantice la seguridad en la misma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado y Rafael Simancas Simancas, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001727
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la
construcción de la nueva Estación del AVE en Santiago de Compostela, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
En el mes de diciembre de 2011 se hizo público por parte de ADIF el ganador del concurso para la redacción del proyecto de la estación (intermodal) del AVE en Santiago de Compostela que resultó ser el presentado por
Intecsa-Inarsa-Rubio&Alvarez-Sala-Juan Herreros Arquitectos.
El proyecto incluye, además de la estación del AVE propiamente dicha, una estación de autobuses así como el diseño de la conexión para los usuarios de los diversos modos de transporte en un contexto de intermodalidad y de centralidad urbana.
De este modo, el proyecto iniciaba el desarrollo del Protocolo firmado por el Ministerio de Fomento, Xunta de Galicia, Ayuntamiento de Santiago y ADIF en relación con la construcción de la estación del AVE de Santiago de Compostela.
Por lo anunciado con posterioridad a la constitución del nuevo gobierno del Partido Popular, tanto el Ministerio de Fomento como la Xunta y el Ayuntamiento de Santiago reconsideraban todas las previsiones al respecto con lo que se ha
paralizado, que se sepa, cualquier actuación encaminada a poner en marcha la construcción de la nueva estación compostelana.
En cualquier caso, lo que no ha variado (¿o sí?) es la necesidad de que Santiago disponga de una nueva estación en el contexto de la llegada del AVE pero también en el de la intermodalidad del transporte de viajeros y la alternativa para el
transporte de mercancías en el marco de una ordenación de las infraestructuras y los servicios ferroviarios.
Sin perjuicio de la necesidad de las adaptaciones que pudieran ser justificadas, es necesario asumir la situación, definir los criterios de actuación y tomar las medidas administrativas y presupuestarias necesarias para dar respuesta a la
demanda planteada en torno a las infraestructuras ferroviarias y de transporte en Compostela.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para la construcción de la nueva Estación del AVE en Santiago de Compostela con el criterio de la intermodalidad y para la solución alternativa del tráfico de
mercancías.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2013.-Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Educación y Deporte
161/001705
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a mejorar el nivel de destreza de la
expresión oral en el sistema educativo español, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
En nuestro sistema educativo la expresión oral se ha trabajado poco, a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno.
En Finlandia, uno de los países cuyo sistema educativo es conocido por alcanzar los mejores resultados académicos en el mundo, hay una dedicación importante al discurso oral. Es frecuente, en otros países, trabajar las exposiciones o
discusiones de alumnos en asambleas como parte esencial de las dinámicas de clase y someter habitualmente a los alumnos a exámenes orales. En estos países se ha entendido bien que tan importante es tener una idea como saber expresarla.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) establece en su artículo 2 j) que el sistema educativo español se orientará en la consecución de la capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial si la hubiere.
Este objetivo se concreta de forma distinta en cada etapa educativa. En educación infantil se trata de desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión; en educación primaria conocer y utilizar de manera
apropiada la lengua castellana, y si la hubiere, la cooficial y desarrollar hábitos de lectura; en la secundaria comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito la lengua castellana y si la hubiere la lengua cooficial; y en
bachillerato dominar tanto en su expresión oral como escrita la lengua castellana, o lengua cooficial si la hubiere. A su vez estos objetivos se desarrollan en los correspondientes Reales Decretos por los que se establecen las enseñanzas mínimas de
cada una de estas etapas.
Por otra parte, también en el ámbito universitario el fomento de la expresión oral es un objetivo común para el Espacio Europeo de Educación Superior.
Sin embargo, en la práctica habitual este objetivo es mejorable porque no se trabaja ni en la mayoría de los centros educativos ni en las universidades, incluidas las disciplinas de filología.
El Grupo Popular considera que los poderes públicos deben remover los obstáculos para que la habilidad comunicativa, el intercambio y la comunicación oral, sea efectivamente una destreza esencial de nuestro sistema educativo, que abarque
desde el conocimiento de las técnicas necesarias en las asignaturas de lengua y literatura, a su práctica habitual en el resto de materias.
Por todo ello se propone para su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con la comunidad educativa en su conjunto, a impulsar medidas para mejorar el nivel de destreza en la expresión oral de los estudiantes, así como la competencia lingüística en
comprensión oral, analizar y revisar y, en su caso, los planes de estudio de postgrado de la formación inicial del profesorado y los programas de formación del profesorado con esta finalidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/001706
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
Según los datos de Eurostat, España es el segundo país de la Unión Europea con más víctimas identificadas como víctimas de trata de seres humanos, ocupando el quinto lugar de la Europa de los 27 en nacionalidad de las víctimas y el segundo
por nacionalidad de los tratantes.
Tenemos en este sentido, por tanto, un grave problema que estamos obligados a abordar desde las administraciones públicas.
En los datos ofrecidos por Eurostat, de los países incluidos en el estudio, se deduce que el 79% de las víctimas son mujeres y el 18% hombres.
En concreto, del total de las 1.605 víctimas en España, 1.472 eran mujeres y 133 hombres.
Estos datos constituyen, en sí, una razón para actuar frente a este negocio ilícito, para que la Administración española haga frente a esta realidad, desde diferentes ámbitos: desde los tipos delictivos de la trata, transporte, uso de la
fuerza, coacción, abuso de poder, contratación, etc.
Se ha de hacer un trabajo de prevención, desalentando la demanda y tipificando penalmente el uso de servicios que son objeto de explotación. Se han de adoptar medidas para garantizar la asistencia a las víctimas de trata, así como, todas
aquellas que tengan como fin erradicar este negocio ilícito, en el que somos un país destacado, como recoge la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011 relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres
humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo la transposición, en el plazo de este año, de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011 relativa a la
prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2013.-María Virtudes Monteserín Rodríguez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001716
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la elaboración de un Proyecto de Ley que convierta en normativa el Convenio de Trabajo Marítimo 2006 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
El transporte marítimo absorbe cerca del 90% del comercial mundial. El transporte de contenedores sigue creciendo a un ritmo del 10% anual y el subsector de transporte de pasajeros, a través principalmente de los cruceros, está
experimentado, pese a la crisis, un importante auge. Por otra parte, la red española de Puertos del Estado y Autonómicos, siendo mejorable, ofrece indiscutibles ventajas por su ubicación geográfica, su dotación en infraestructuras y sus condiciones
favorables a la intermodalidad del transporte. Nuestra flota puede estar a su altura.
No parece, sin embargo, que el sector de la economía marítima esté siendo aprovechado ni como palanca de desarrollo ni como nicho propicio a la creación de empleo mientras contemplamos pasivamente cómo, sobre todo en los países del Norte de
Europa, se avanza de modo significativo en ambas oportunidades.
En la era de la globalización económica el sector del transporte marítimo es, por definición, un sector globalizado y al que la desregulación imperante ha dañado en forma de buques técnicamente subestándar o socialmente deficientes para sus
tripulaciones cuyos derechos se han visto disminuidos bajo el amparo, muchas veces, de banderas de conveniencia. La feroz competencia existente se ha traducido en ocasiones, a nivel mundial, en dumping social y en agravios a los derechos laborales
básicos de la gente de mar haciendo, además, poco atractiva la profesión de marinero, lo que incide en pérdidas de valiosas oportunidades de creación de empleo en tiempos en los que es responsabilidad de todos aumentarlas.
El sector de transporte marítimo a nivel mundial, armadores y gente de mar, pidió a la OIT en 2001 su ayuda técnica para elaborar un Convenio sobre Trabajo Marítimo que refundiera, adaptara y modernizara los existentes aprobados desde la
Conferencia de Génova celebrada el año 1920. A la resolución favorable adoptada por los agentes sociales marítimos se sumaron posteriormente los Gobiernos dando lugar al Acuerdo de Ginebra de 2001.
En febrero de 2006 la Conferencia Internacional Marítima de la OIT aprobó con la práctica unanimidad el Convenio de Trabajo Marítimo (conocido por sus siglas en inglés MLC 2006), que ha sido calificado como 'macro convenio' o 'master
convention' y catalogado como 'cuarto pilar de ordenamiento marítimo internacional' por quedar vinculado a los tres fundamentales de la Organización Marítima Internacional (OMI).
El Convenio es de aplicación, en general, a las tripulaciones de los buques mercantes y a las de los de pasaje (se estima que el número de marinos en todo el mundo asciende a 1.5 millones).
El propósito de hacer de este nuevo Convenio (número 186) una ley de alcance universal, motivó que las tres partes, gobiernos, armadores y gente de mar, acordaran unas condiciones muy estrictas para su entrada en vigor: ser ratificado como
mínimo por 30 Estados que representaran el 33% del arqueo bruto de la flota mercante mundial. Con la ratificación de Rusia y Filipinas el día 20 de agosto de 2012 se cumplieron estas condiciones por lo que, de acuerdo con sus cláusulas, entrará en
vigor el próximo 20 de agosto de este mismo año 2013.
El Convenio ha sido objeto de la concertación social europea [Acuerdo celebrado entre las Asociaciones de Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte
(ETF) de 19 de mayo de 2008] y materia de la Directiva 2009/13/CE del Consejo de fecha 16 de febrero de 2009 (DOUE de 20-5-2009). España presentó en Ginebra el instrumento de ratificación en febrero de 2010 que fue publicado, con bastante
retraso, en el BOE el 22 de enero pasado, una vez autorizado por ambas Cámaras en el año 2009.
Mientras varios de los Estados firmantes (34 actualmente que representan el 68,2% del arqueo bruto mundial) han procedido a consensuar la ratificación mediante el diálogo previo con los agentes sociales y a adaptar después su legislación
sobre navegación marítima a lo prescrito en las cláusulas obligatorias una parte del texto del Convenio. No consta hasta la fecha que el Gobierno español, una vez que el anterior fue el primer Gobierno europeo en registrar la ratificación, tengan
intención de elaborar y presentar un Proyecto de Ley de adaptación de nuestra legislación a lo previsto y exigido en el mencionado Convenio ni, tampoco, la de efectuar la trasposición de la Directiva mencionada, cuya entrada en vigor coincidirá con
la del Convenio.
Por último, por si esta omisión no fuera, por sí sola, relevante es de significar que la Estrategia de la UE de Transporte 2018 recoge como 'primera prioridad' de la Unión en materia de las condiciones laborales del transporte marítimo la de
lograr el cumplimiento del MLC 2006 de la OIT. Se cuenta para ello, además, con las nuevas facultades y competencia de control por parte de los Estados del puerto de atraque con independencia del registro o bandera del barco correspondiente
(cláusula de trato no más favorable a las banderas de Estados no signatarios) y de la titularidad estatal o autonómica del puerto.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a presentar un Proyecto de Ley, sobre las materias en que fuera exigido este rango normativo, contenidas en el Convenio de Trabajo Marítimo 2006 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) con el fin de hacer posible el cumplimiento de sus cláusulas, mediante la adaptación al mismo de nuestra legislación laboral marítima.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2013.-Herick Manuel Campos Arteseros y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001730
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley de
medidas para el empleo y la mejora de la protección de los trabajadores y de las trabajadoras de más edad, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Motivación
Según la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2013, el número de trabajadores parados de 55 y más años de edad se ha incrementado, en relación al mismo trimestre de 2012, en un 21,77%.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social en su 'Síntesis Anual del Mercado de Trabajo en 2012' refleja cómo en ese año, respecto a 2011, el paro registrado de las personas trabajadoras de 55 o más años de edad subió en un 14,8%, cuatro
puntos porcentuales más que el incremento global del paro registrado (10,9%) en ese mismo período de tiempo. Y también muestra una situación preocupante para los trabajadores que se sitúan entre 45 y 55 años de edad, cuyo paro registrado subió un
16,5%.
La misma fuente señala las mayores dificultades de acceso al mercado laboral de estos parados. Así, de los 1.811.073 parados de larga duración de 2012, el 24,36% correspondía a parados de 55 o más años de edad, de los cuales el 66,5%
llevaban entre 24 y más meses como demandantes de empleo. Los parados de entre 45 y 55 años de edad representaban el 29,96% del total, y de ellos, igualmente, el 57,1% llevaban como demandantes de empleo más de 24 meses. Es decir, el 54,32% de los
parados de larga
duración en 2012 estaba constituido por personas paradas de entre 45 y más años de edad, frente al 25,2% de las parados entre 35 a 45 años, el 16,2 de los parados entre 25 a 35 años, o el 4,1% de los de menos de 25 años.
Los datos de contratos registrados también muestran esta mayor dificultad de reinserción laboral. Así, del total de contratos registrados en 2012, 14.433.232, sólo el 5% de los contratos se realiza a personas trabajadoras de 55 o más años,
y el 15,9 a aquéllas que se sitúan entre 45 y 55 años.
Frente a esta situación de grave riesgo de permanecer en el desempleo de forma prolongada o incluso de no volver a reincorporarse al mercado laboral de las personas trabajadoras mayores de 45 años, y especialmente de las personas mayores de
55 años, el Gobierno del Partido Popular ha adoptado un conjunto de medidas que facilita su despido, elimina la bonificación al mantenimiento de su empleo, recorta las políticas activas de empleo, especialmente las de inserción, suprime prestaciones
y reduce su cuantía. Y, además, les condena a pensiones de jubilación de subsistencia, con independencia de su carrera de cotización.
El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, supuso un duro ataque en la protección de los trabajadores que a partir de 45 años son expulsados del
mercado laboral, especialmente de los mayores de 55 años. La supresión del subsidio para mayores de 45 años y el retraso en la edad de acceso al subsidio para mayores de 52 años a los 55 años, ha reducido drásticamente el número de beneficiarios de
estas prestaciones. La modificación de la duración de este subsidio, estableciéndose que el mismo se cobrará hasta la edad de acceso a cualquier modalidad de jubilación, cuando antes era hasta la edad ordinaria, y la reducción de la cotización en
un 25% que efectúa la entidad gestora en esta situación merman la cuantía futura de la pensión de jubilación, primero, por la aplicación de coeficientes reductores y, segundo, por la menor cotización, especialmente significativa en los parados de
larga duración. Esta cuantía ya había sido mermada a partir de la modificación de la integración de las lagunas de cotización llevada a cabo con motivo de la reforma laboral, modificación que se efectúa de espaldas al Pacto de Toledo y conculcando
el Acuerdo Social y Económico suscrito por el Gobierno y los interlocutores sociales en febrero de 2011.
El Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, contradiciendo su título, facilita su despido. De este modo, y
tras haber eliminado las bonificaciones que perseguían el mantenimiento de su empleo, el Gobierno adopta en este Decreto-ley medidas que permiten eludir las previsiones disuasorias en cuanto a los despidos de mayores de 50 años, supeditando a un
mero cálculo matemático su cumplimiento. Así, ya no basta con la inclusión de un solo trabajador mayor de 50 años en un expediente de regulación de empleo para que el empresario con beneficios tenga que realizar una aportación económica al Tesoro
Público, ahora el número de trabajadores de esa edad despedidos tienen que constituir un porcentaje superior a los que de esa edad permanezcan en la plantilla.
Además, este mismo Decreto-ley abunda en su mayor desprotección al supeditar el acceso al subsidio para mayores de 55 años a las rentas de la unidad familiar. Y rompe las pasarelas a una jubilación anticipada con una cuantía de pensión más
acorde con su carrera de cotización, condenándoles a una pensión mínima al privarles de la cotización. El alargamiento de la edad de jubilación anticipada forzosa en dos años más, también alargan estas cotizaciones mínimas, en perjuicio de la
cuantía de la pensión y de su carrera de seguro.
En definitiva, el Gobierno lejos de desarrollar la Estrategia Global para el Empleo de los Trabajadores y de las Trabajadoras de más edad, no ha adoptado ninguna medida de prolongación de la vida activa, ha desmantelado las medidas
existentes, incluidas las de mantenimiento del empleo, y ha condenado a las personas mayores y parados de larga duración, arrojados del mercado laboral y con unas escasas oportunidades de reinserción, de presente, a un ámbito de cobertura de
subsistencia, con grave riesgo de expulsión social, y de futuro, a pensiones mínimas, con independencia de su carrera de cotización.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte con carácter urgente las siguientes medidas:
- Desarrollar y renovar la Estrategia Global para el Empleo de los Trabajadores y de las Trabajadoras mayores de 55 años, incluyendo dentro de estas medidas específicas de empleo, de formación, de
condiciones de trabajo e incentivos económicos para el mantenimiento del empleo y la contratación de los mayores de 45 y 50 años de edad.
Esta Estrategia deberá incorporar para estos trabajadores el conjunto de medidas de emprendimiento que se desarrollen.
- Acordar con los interlocutores sociales una moratoria en los despidos por causas económicas, durante 2013, 2014 y 2015, apoyada en un Programa especial de mantenimiento del empleo con ayudas a las empresas en dificultades que se
comprometan a no despedir a sus trabajadores y opten por una reducción de jornada. En este último caso, el coste del puesto de trabajo que se mantenga correrá a cargo del empresario y del Estado, a partes iguales. En el caso de trabajadores
mayores de 50 años, la aportación del Estado alcanzará el 60%.
- Restablecer las bonificaciones para el mantenimiento del empleo de las personas trabajadoras de más edad y las medidas disuasorias en los despidos colectivos que afecten a trabajadores mayores de 50 o más años en empresas con beneficios.
- Restablecer el derecho al subsidio por desempleo en las condiciones previamente existentes a las reformas de 2012 para mayores de 45 años y para mayores de 52 años.
- Recuperar la protección para mayores de 55 años, vigente antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el
envejecimiento activo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2013.-María Concepción Gutiérrez del Castillo, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/001720
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el cierre de la histórica fábrica de Chocolates Hueso en Ateca y
la necesidad de un plan de reindustrialización en la comarca de la Comunidad de Calatayud (Aragón), para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
La localidad aragonesa de Ateca, en la comarca de la Comunidad de Calatayud, está ligada al chocolate desde 1862, en que se abrió la fábrica de Chocolates Hueso. A finales de los años 1980 la histórica empresa fue adquirida por la
multinacional Cadbury y en 2010 por Kraft Foods. Recientemente la división europea de Kraft ha asumido el nombre de Mondelez International. El pasado 25 de abril la dirección de esta empresa anunció el cierre este mismo año de su planta en Ateca,
no por razones económicas, sino de organización. Se habla de un descenso significativo de los volúmenes de producción y de su inviabilidad, aunque se trata de productos líderes como los caramelos mentolados Respiral y las chocolatinas Hueso. De
hecho, la empresa plantea deslocalizar la producción: la de caramelos se trasladará a una fábrica del grupo en Valladolid y la de barritas de chocolate, los populares 'Huesitos', a una planta en Polonia. El cierre de la fábrica de Ateca, con más
de 150 años de historia, supondrá no solo el despido de 107 trabajadores directos, sino también la condena de este municipio de 2.200 habitantes.
Esta mala noticia se suma al cierre, anunciado en marzo, de la planta dedicada a la fabricación de pañales que la multinacional Kimberly-Clark dispone en la ciudad de Calatayud, y que constituye la mayor industria de la comarca con 231
trabajadores. Se produce así el cierre de una planta viable y productiva, que funciona a pleno rendimiento y genera beneficios. El cierre de ambas plantas va a provocar daños irreparables en el tejido industrial y el empleo de la Comunidad de
Calatayud y comarcas vecinas.
Por todo ello, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar a los trabajadores y trabajadoras de las plantas de Mondelez International en Ateca y de Kimberly-Clark en Calatayud en la defensa de sus puestos de trabajo y en la búsqueda de
alternativas para evitar su cierre. Asimismo, consciente de la importancia del mantenimiento del empleo industrial para el desarrollo económico y social de esta comarca, se insta al Gobierno a colaborar con el Gobierno de Aragón en la puesta en
marcha inmediata de un Plan de Reindustrialización de la Comarca de la Comunidad de Calatayud con la participación de todos los agentes sociales, cuyo objetivo sea el mantenimiento del tejido industrial actual y la captación de nuevos proyectos de
inversión empresarial generadores de empleo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2013.-Chesús Yuste Cabello, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/001722
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la defensa del sector naval, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
La grave y profunda crisis económica ha acelerado la necesidad de contar con una política industrial proactiva que incremente la competitividad en un mundo cada vez más globalizado. La evidencia nos dice que el sector industrial conlleva
más exportación e internacionalización, más innovación y mayor productividad. Por tanto, la salida de la crisis económica y el impulso de un nuevo modelo de crecimiento durante los próximos años, basado en la sostenibilidad económica, social y
medioambiental, pasa irremediablemente por mejorar la competitividad de la industria del país.
El sector de la construcción naval aporta más de 85.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, la gran mayoría empleos de cualificación elevada, localizados fundamentalmente en las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias y País
Vasco. Los astilleros tienen, además, una gran capacidad de arrastre para la industria auxiliar y aportan gran valor añadido al construir buques tecnológicamente avanzados. Por tanto, la industria naval tiene que ser considerada estratégica para
el Gobierno de España.
El régimen de arrendamiento financiero vigente entre 2003 y 2011 incorporaba el llamado 'tax lease', aprobado por el Gobierno de España en 2003. La no comunicación puntual de este régimen fiscal a la Comisión Europea, ha provocado la
denuncia de terceros países. Esto ocasionó la apertura en junio de 2011 de un procedimiento de investigación por parte de la Comisión Europea al sistema de arrendamiento financiero, conocido como 'tax lease', que se ha traducido en una paralización
de la contratación de buques por parte de los astilleros con el consiguiente efecto sobre la viabilidad económica y el empleo del sector naval en nuestro país.
A pesar de haberse aprobado el nuevo sistema de 'tax lease' desde noviembre de 2012, la contratación y la carga de trabajo continúan paralizadas en los astilleros como consecuencia de la incertidumbre generada sobre la interpretación
jurídica del régimen anterior. Por ello, es necesario que se solucione de manera inmediata esta situación que genera inseguridad jurídica e impide reanudar la actividad y desarrollar todo el potencial del sector naval español.
Si se tuviera una solución satisfactoria, los astilleros podrían generar empleo puesto que sus balances dependen de manera extraordinaria de estas devoluciones. Si por el contrario se tuvieran que devolver las supuestas ayudas, las empresas
del sector naval tendrían que declararse en quiebra, con el consiguiente impacto sobre los inversores, las entidades financieras y la reputación conseguida a lo largo de muchos años de experiencia en el sector naval.
Ante esta situación, el Gobierno de España debe ejercer su responsabilidad como Estado Miembro en la defensa de la decisión adoptada por España sobre este régimen financiero y su encaje en la normativa
comunitaria. El objetivo sería lograr la no devolución de las supuestas ayudas concedidas con el anterior sistema de 'tax lease', causa del conflicto con terceros países. La solución a este conflicto pasa por lograr un acuerdo que
contemple los principios de confianza legítima y seguridad jurídica. Además, es necesario convocar la Mesa del sector naval para que los afectados por este conflicto puedan tener información puntual del seguimiento de las negociaciones entre el
Gobierno y la Comisión Europea.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Defender ante las instituciones europeas la importancia estratégica del sector naval por su capacidad de generar empleos y su orientación a la exportación, su capacidad de innovación y la experiencia acumulada y contrastada en el sector
industrial español.
2. Una decidida defensa del Principio de Confianza Legítima y Seguridad Jurídica que demuestre ante los servicios jurídicos de la Comisión Europea que las supuestas ayudas aportadas al sector desde el año 2003 no deberían ser objeto de
devolución.
3. Que promueva ante la Comisión Europea a la mayor brevedad posible, la conclusión del procedimiento de investigación para reanudar la actividad y desbloquear los nuevos contratos de construcción de buques y así evitar que determinados
astilleros puedan declararse en concurso de acreedores.
4. Que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo convoque, de manera inmediata, la Mesa de diálogo social del sector naval con los representantes de los trabajadores y de los empresarios para analizar esta situación y ofrecer una
información puntual del seguimiento de las negociaciones entre el Gobierno y la Comisión Europea, al mismo tiempo que acordar un plan con las medidas necesarias que garanticen un futuro estable para el sector naval.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2013.-María del Carmen Silva Rego, María del Puerto Gallego Arriola y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001726
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario de IU, ICV-EUIA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso del autoconsumo de energía, para su debate en Comisión.
Gracias a la energía solar, España llegó a situarse en 2008 en cabeza de un mercado mundial de alta tecnología, atrayendo inversiones de todo el mundo, Pero el frenazo que ha ido aplicando el Gobierno con los sucesivos cambios regulatorios
ha provocado que hayamos perdido el liderazgo en este sector.
En 2010 Alemania instaló 20 veces más potencia fotovoltaica que España -pese a su menor radiación solar-, al haber dado entrada a la participación ciudadana en este modo de producción eléctrica. Los impedimentos administrativos actuales
están favoreciendo a las compañías eléctricas y de gas, pues el sistema está concebido sólo para que las empresas vendan electricidad a la red pero administrativamente es enormemente complicada la producción eléctrica para autoconsumo para un
particular. No se justifica técnicamente que, para conectar 3 kw de fotovoltaica -como ejemplo- haya que registrarse como productor y en cambio para conectar un lavavajillas de idéntica potencia no. Además, el particular no puede consumir esta
energía limpia en casa, pues la que necesite debe seguir comprándola a la red.
Un cambio de este sistema, potenciando la promoción del autoconsumo, reduciendo la burocracia y trabas administrativas, generaría enormes beneficios a la sociedad en su conjunto. De hecho, el Consejo Europeo del 22 de mayo de 2013 hacía
énfasis en incrementar el rol y los derechos de los consumidores mediante el autoconsumo de energía.
Además de reducir las emisiones contaminantes y de CO2, mejorar la balanza comercial al tener que importar menos petróleo y gas, disminuir la dependencia energética y asegurar el suministro energético en el marco del peak oil (agotamiento
del petróleo), el autoconsumo de energía con balance neto supondría una clara mejora en la eficiencia energética al generar la energía en el punto de consumo, logrando una producción descentralizada; y a medio plazo supondría una reducción de los
costes medios del kw, democratizaría el sistema energético y fomentaría el desarrollo local, generando empleos en el sector. En este sentido, la Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético ha elaborado un
estudio macroeconómico prospectivo sobre las posibilidades de desarrollo del autoconsumo con balance neto y los resultados son muy esperanzadores: atendiendo a un volumen de instalación de 400 MW al año, se podrían crear unos 5.700 puestos de
trabajo directos en apenas cinco años.
Junto a esta creación de empleo neta en cinco años, el Estado obtendría unos retornos por la actividad económica generada (recaudación de impuestos y ahorro por desempleo) de 300 millones, evitándose además, el desembolso de más de 130
millones en importaciones energéticas.
Proponemos el autoconsumo de energía con balance neto para consumidores domésticos y pequeñas empresas, con la posibilidad de verter a la red los excedentes y poderíos recuperar sin coste en el plazo de un año. Así, no se trata de realizar
una actividad económica, sino de facilitar al pequeño consumidor que pueda consumir la energía que genera con balance neto.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Realizar todas las modificaciones legales e introducir las medidas económicas y administrativas que permitan fomentar y desarrollar de forma efectiva el autoconsumo de la energía renovable, de manera que:
- Se eliminen todas las trabas burocráticas para la instalación de sistemas de producción energética renovable.
- El consumidor pueda ceder los excedentes de energía que generarán unos derechos de consumo diferido con una vigencia de 12 meses desde la fecha de generación del derecho.
- La tarifa que pagará el consumidor por la energía que necesite, fuera de los derechos de consumo diferido, será la misma que si no contara con el autoconsumo de energía en balance neto.
- Se podrán acoger consumidores con diferentes potencias instaladas, desde domésticos hasta pequeñas empresas.
- Con el fin de favorecer la implantación del autoconsumo de energía con balance neto, no se computarán los costes de los peajes de acceso para la energía autoconsumida. Los peajes que se establezcan por la energía intercambiada dependerán
de la potencia instalada y podrán ser crecientes en el tiempo, en función de la madurez de las tecnologías, con el fin de garantizar una rentabilidad adecuada y una implantación progresiva. En cualquier caso estos peajes permitirán y favorecerán la
implantación del autoconsumo de energía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2013.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/001709
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
medidas urgentes para garantizar el abastecimiento de agua
potable en la comarca valenciana de La Ribera, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El abastecimiento de agua para consumo humano en las poblaciones de la comarca de La Ribera, provincia de Valencia, presenta problemas crecientes de contaminación por nitratos y herbicidas en concentraciones que superan con creces las
compatibles con la protección de la salud.
Con carácter general, son factores que inciden en una pérdida, no sólo de la cantidad del agua, sino de la calidad la sobreexplotación de los acuíferos, el desaprovechamiento de las aguas pluviales y de las residuales, el crecimiento
urbanístico y del turismo o la intensificación de la actividad agraria
Los nitratos y herbicidas detectados en el agua no son en absoluto un problema reciente. Se ha constatado que proceden del incremento del uso de fertilizantes y pesticidas que contienen ese tipo de sustancias y que son filtradas desde las
tierras de cultivo a las aguas superficiales y subterráneas. A ello se debe, en el ámbito europeo, la aprobación de la Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre, relativa a la protección de las aguas ante la contaminación producida por nitratos de
origen agrícola, incorporada a través del Decreto 261/1996, de 16 de febrero.
Tampoco es reciente la presencia de sustancias nocivas en el agua que se emplea para consumo humano en la comarca de La Ribera. La presencia de ese tipo de sustancias fue detectada hace una década y ha sido la errática actuación la
Generalitat valenciana la que, en lugar de solucionar los problemas, ha provocado su cronificación y su agravamiento. Como uno de los mayores despropósitos destaca la realización durante años de una red de infraestructuras hidráulicas que ha
costado más de 50 millones de euros y que ha demostrado ser un despilfarro inútil. Mientras tanto, los Ayuntamientos afectados están asfixiados por una situación económica agravada por los numerosos impagos de la Administración autonómica y por la
necesidad de asumir en solitario los gastos para paliar la situación de falta de agua potable. La situación actual en la comarca de La Ribera es de emergencia y grave riesgo para la salud, tanto que el propio Ayuntamiento de Alzira ha prohibido
hace dos meses el consumo de agua del grifo. La falta de suministro del más básico y elemental de los servicios es una anomalía absolutamente impropia de un país avanzado.
El Gobierno de la Generalitat valenciana está incurriendo en un incumplimiento grave del artículo 17 del Estatuto de autonomía de la comunidad valenciana, que recoge el derecho de los valencianos y valencianas a disponer del abastecimiento
suficiente de agua de calidad, y que también desconoce lo que se ha reconocido explícitamente como el derecho humano al agua y al saneamiento, recogido el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, de la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Ante la ineptitud y la falta de actuación del Gobierno autonómico, ante la imposibilidad de seguir aplazando una situación de esta gravedad, es necesario que el Gobierno de España, dentro del marco de unas competencias que le habilitan para
no permanecer impasible ante este escenario, contribuya de forma inmediata a una solución que contemple medidas a corto, medio y largo plazo, para que todos los afectados puedan disponer de agua potable de calidad y con todas las garantías para que
no sea un riesgo actual ni futuro.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, al amparo de sus competencias, establecidas en el Texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en el resto de la legislación aplicable,
en coordinación y colaboración con el resto de administraciones competentes, a:
1. Adoptar con urgencia las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento de agua para consumo de calidad a todos los habitantes de la comarca valenciana de La Ribera.
2. Realizar una evaluación de los riesgos para la salud pública que puede haber supuesto el consumo de agua hasta el momento de su prohibición.
3. Supervisar el cumplimiento del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y del Reglamento 261/1996, de 16 de
febrero, que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico nacional la Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre, relativa a la protección de las aguas ante la contaminación producida por nitratos de origen agrícola.
4. Cooperar con la Administración autonómica para eliminar o disminuir los agentes contaminantes empleados en la agricultura de la comarca afectada que terminan por incorporarse al agua de consumo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2013.-José Luis Ábalos Meco y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz y María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001715
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la realización de un
estudio sobre la experiencia de pesca-turismo, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
A título particular, algunos pescadores ofrecen a los turistas la posibilidad de embarcar, para disfrutar de una jornada marinera y observar de cerca el trabajo del pescador.
El sector pesquero español se ve inmerso en una crisis que afecta directamente a su rentabilidad. Como marco general, esta falta de rentabilidad tiene su origen, por una parte, en la elevación de los costes de explotación que han sufrido
los buques pesqueros en el último decenio, y por otra, en la reducción de las capturas. La reducción de las cuotas de captura viene impuesta por las políticas de conservación establecidas por UE, o porque los planes de recuperación de las
principales especies objetivo de nuestra flota obligan a una reducción de la actividad. Ambos casos, conllevan una reducción de las jornadas de pesca o permanecer los barcos sin actividad en periodos prolongados.
La oportunidad de poder diversificar la actividad pesquera está contemplada en el Programa Operativo del Fondo Europeo de la Pesca, que, en su eje n.º 4, permite la aplicación de fondos comunitarios para la diversificación económica del
litoral. En este sentido, el nuevo fondo comunitario refuerza este planteamiento en lo que será su periodo de aplicación 2014-2020.
Una de las oportunidades de diversificar la actividad pesquera está en su vinculación con el sector turístico, siempre que esta actividad tenga presente el uso sostenible del litoral.
Constituye una interesante complementariedad para los pescadores profesionales que se pueda generalizar el embarcar a turistas en la jornada de pesca -que debe ser realizada sin alteración de las condiciones de trabajo, ni incremento del
esfuerzo en su desarrollo- o bien haciendo demostraciones o salidas marineras en días de descanso. Todo ello sin responsabilidad alguna, más allá de las condiciones contractuales que se establecieran entre las partes.
Para garantizar que las condiciones de navegación se realizan con el menor riesgo posible, es necesario que las embarcaciones estén dotadas de los medios de salvamento necesarios exigidos por la autoridad marítima.
Por otra parte, para evaluar el alcance de esta oportunidad, parece razonable desarrollar por parte de la Secretaría General de Pesca Marítima, un estudio que permita conocer qué aplicación están haciendo, en las distintas regiones
pesqueras, nuestros pescadores de incorporar turistas en sus faenas de pesca. El estudio debe incorporar así mismo, una evaluación del alcance de la demanda que se podría generar por los operadores turísticos. También sería oportuno analizar
cuáles serían, de ser el caso, las posibles obligaciones fiscales para esta actividad turística como complemento de la actividad pesquera
Por todo ello, el Grupo parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar un estudio sobre la experiencia de pesca-turismo que ya es ofrecida en paquetes turísticos que vienen siendo desarrolladas en distintos territorios costeros en los últimos años, que
recoja las iniciativas puestas en marcha hasta ahora, sus condiciones de permisos, así como, su proyección futura y el análisis de las posibles implicaciones fiscales, que puedan plantearse al ponerse en marcha esta actividad de forma complementaria
a la actividad pesquera.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2013.-Jesús Caicedo Bernabé, Diputado.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001721
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
sobre seguros agrarios, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El sector citrícola valenciano tiene en estos momentos una enorme preocupación por la sostenibilidad del sistema actual de Seguros Agrarios Combinados, porque tiene una gran implantación en las zonas citrícolas valencianas para el cultivo de
naranjas, mandarinas y limones.
En el año 2012 se aseguraron 2.076.468 toneladas, lo que supone el 60% de la producción total y con 95.612 hectáreas aseguradas, los citricultores valencianos tuvieron cobertura ante los riesgos climáticos en el 63% de la superficie total de
cítricos. Además, con ello tuvieron asegurada la producción por un valor de 529.336.972 euros. Estas cifras muestran la importancia que tiene este mecanismo de garantía de la renta de los agricultores valencianos.
La Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2012 que aprueba el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2013, así como la
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de 27 de marzo por el que se aprueba una modificación del Plan, ponen de manifiesto un importante recorte de las subvenciones por parte de ENESA, que está ya
haciendo tambalearse la contratación desde el sector agrario de los seguros destinados a garantizar la protección de su renta ante fenómenos climáticos no controlables por su parte, ya que se incrementa de manera substancial el coste del seguro, que
pasa de ser un precio asumible como gasto de la explotación, a ser un precio desorbitado e inalcanzable.
El encarecimiento del seguro, si se continúa en esta línea, hará desequilibrar la contratación hacia las explotaciones con más riesgo, subiendo la siniestralidad de las diferentes líneas, lo que comportaría subir aún más las tasas y hacer
insostenible el sistema actual.
A la disminución radical de la subvención cabe añadir la franquicia de 60 euros que se ha impuesto a todos los asegurados sin ningún tipo de discriminación para los profesionales, las organizaciones de productores y explotaciones
prioritarias. Esta franquicia, además, tiene una elevada incidencia en nuestra citricultura por la dimensión de las explotaciones citrícolas, lo que ayudará, aún más, a detraer la contratación a causa de la base territorial de las explotaciones
agrarias valencianas. La Conselleria de Presidéncia i d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, en consonancia, aplica la parte que le corresponde de 36 euros y que se suma a la de ENESA.
Cabe destacar que la contratación de los Módulos 1 y 2 supone únicamente el 2% (0,1% y 1,9%, respectivamente), mientras que la de los Módulos 3 y P son el 98% de la contratación (46,5% y 51,3% respectivamente), lo que pone de manifiesto la
preferencia del citricultor valenciano por los seguros que cubren los daños por parcela en detrimento de los que lo hacen por explotación.
Y es precisamente en los Módulos que contratan los citricultores donde más grande es la reducción de las subvenciones de ENESA, concretamente del 40% para las pólizas contratadas bajo el Módulo 3 y del 52,38% para las que se contratan con
las condiciones establecidas para el Módulo P.
Por todo ello, realizo la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que valore las repercusiones negativas que sobre la contratación de seguros de cítricos tendrá el recorte tan acusado de subvenciones, y a que ENESA vuelva a recuperar, al menos, el nivel de
apoyo público de 2012 al sistema de seguros agrarios combinados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2013.-Joan Baldoví Roda, Diputado.- Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/001700
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al síndrome del desgaste
profesional, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El síndrome de desgaste profesional es un padecimiento que a grandes rasgos consiste en la presencia de una respuesta prolongada de estrés en el organismo ante los factores estresantes emocionales e interpersonales que se presentan en el
trabajo, que incluye fatiga crónica, ineficacia y negación de lo ocurrido. Este trastorno adaptativo por un estés crónico de tipo laboral produce una discrepancia entre los ideales individuales y el día a día en el trabajo.
Este desgaste profesional también conocido como 'síndrome de burnout' se caracteriza por el agotamiento emocional o pérdida de recursos emocionales para enfrentarse al trabajo, la despersonalización o desarrollo de actitudes negativas, de
insensibilidad y cinismo hacia los receptores del servicio prestado y la falta de realización personal, como tendencia a evaluar el propio trabajo de forma negativa, con baja autoestima profesional.
La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) ha dado a conocer un informe según el cual la falta de coordinación asistencial entre los centros de atención primaria y los servicios en los que se presta asistencia
especializada es uno de los factores que más contribuye al desgaste de los profesionales sanitarios.
En el análisis, elaborado entre 2005 y 2007, Semfyc plantea además que esta situación se produce en mayor medida en los facultativos del primer nivel asistencial, donde la prevalencia asciende al 68,8 % de los participantes en la
investigación, y que el desencuentro existente entre niveles asistenciales tiene repercusiones directas en la salud física y mental de los sanitarios, así como en el trabajo en equipo que requiere la atención integral al paciente.
La mayor frecuentación de las consultas en primaria o la limitación del tiempo disponible para atender a cada paciente son también razones, según el estudio, que generan desgaste en el profesional, complicando además el correcto
funcionamiento de los centros.
Además, mientras el 71,1 % de los médicos de atención primaria que participaron en la investigación consideran que la coordinación con enfermería es adecuada, sólo el 19,7 % opina que su relación con los servicios de atención especializada
es apropiada.
Por todo lo expuesto, y teniendo presentes iniciativas en las que trabaja el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad para mejorar la gestión y la planificación de los recursos humanos como el Consejo de la Profesión Médica y el
Libro Blanco sobre Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a diseñar y aplicar medidas en colaboración con las Comunidades Autónomas para favorecer la coordinación entre niveles asistenciales y prevenir y evitar el desgaste de los profesionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001704
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la formación sobre el
espacio sociosanitario de los profesionales del Sistema Nacional de Salud y de los Servicios Sociales, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El progresivo envejecimiento de la población, la supervivencia frente a las enfermedades más prevalentes -caso del cáncer, las enfermedades neurodegenerativas o las cardiopatías-, el cambio en las funciones desempeñadas por los familiares
como cuidadores y el desarrollo de la atención a la dependencia, son algunos de los factores por los que las administraciones llevan tiempo orientando sus estructuras, recursos e iniciativas hacia la prestación de una asistencia sociosanitaria
integral y personalizada.
La fusión de los departamentos de Sanidad y Servicios Sociales en el Gobierno central y algunas Comunidades Autónomas, así como la propuesta de un Pacto de Estado por la Sanidad y los Servicios Sociales, y la creación de un Espacio Único
Sociosanitario por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, son algunas de las medidas planteadas por las administraciones para ofrecer un nuevo enfoque coordinado en la prestación de los servicios del Bienestar.
La coordinación sociosanitaria es un objetivo perseguido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y anhelado por los sectores implicados. Las ventajas de su aplicación son múltiples, pero se pueden resumir en conseguir
una atención de mayor calidad y más eficiente, así como que se garanticen las mismas prestaciones, con los mismos derechos, a todos los ciudadanos.
En este contexto, los profesionales son la piedra angular tanto del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de los Servicios Sociales y el éxito del cambio de modelo que se está desarrollando depende principalmente de su identificación con el
proyecto y su implicación en la puesta en práctica de los planes propuestos.
Los profesionales sanitarios y de los servicios sociales representan el principal activo para que los objetivos en ámbitos como la atención integral y personalizada que ahora están sobre la Mesa sean materializados, de ahí que una correcta y
completa formación y preparación sean claves para que la renovación del modelo sea ágil y las innovaciones y soluciones no sólo sean aplicadas, sino que surjan de los propios profesionales.
La adquisición de una visión global del sector sociosanitario (prácticas de éxito, estructuras, recursos, usuarios potenciales...) por parte de los profesionales se antoja cuanto menos necesaria para que puedan gestionar el cambio desde la
calidad y la eficiencia. De esta forma, se mejorará la calidad de vida de los pacientes al tiempo que se optimizan todos los recursos disponibles en el sistema.
Por todo lo expuesto, y con el fin de conseguir un marco de definición de pacientes, y de gestión y actuación sociosanitaria más segura y homogénea que nos permita avanzar equitativamente, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar el diseño y la aplicación, en coordinación con las comunidades autónomas, los colegios profesionales y las sociedades científicas, de acciones formativas con las que favorecer una
formación adecuada sobre el espacio sociosanitario de los profesionales sanitarios y sociales, con el fin de impulsar su capacitación en favor de una asistencia integral y de la optimización de todos los recursos disponibles en la Sanidad y en los
Servicios Sociales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001710
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, una Proposición no de Ley para mejorar la eficiencia del Fondo de Ayuda Europeo para los más Necesitados mediante la adopción de medidas para reforzar su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.
Antecedentes
El Programa de la UE de distribución de alimentos entre las personas más necesitadas, que se financiaba hasta ahora con los Fondos agrarios, pasará a financiarse a través del Fondo Social Europeo, y con el nuevo Marco Plurianual 2014-2020,
se ha anunciado un posible recorte del mismo de 142 millones de euros al año, en concreto, el presupuesto pasaría de los 3.500 millones de euros del periodo actual 2007-2013 a los 2.500 para el periodo 2014-2020.
Este nuevo Fondo de Ayuda Europeo para los más necesitados financiará los programas de los Estados miembros destinados a suministrar alimentos, así como ropa y bienes esenciales a las personas sin hogar y a los niños que padecen privaciones
materiales. No obstante, los Estados miembros deberán hacerse cargo del 15% del coste de los programas de cada estado y el 85% restante procederán del Fondo europeo.
Con este nuevo escenario, con menos presupuesto y más necesidades y necesitados que cubrir, la situación deviene crítica para muchos Estados miembros, entre los cuales se encuentra el Estado español.
Paralelamente, son constantes los llamamientos de SOS de nuestros bancos de alimentos, dado que el incremento de la demanda es tal que va mucho más rápida que el aumento de las donaciones voluntarias de particulares, empresas e
instituciones; ello sumado al posible recorte de ayudas europeas, nos exige buscar soluciones cuanto antes.
El Grupo Parlamentario Catalán (CIU) ha defendido en distintas ocasiones que el Fondo de Ayuda Europea para los más Necesitados tenga una dotación presupuestaria suficiente para hacer frente a la situación de emergencia social extraordinaria
existente actualmente en la UE.
Por otro lado, una de las opciones para poder aligerar esta situación de emergencia social y ser más efectivos en el uso de estos fondos europeos es poder gestionarlos desde instituciones más próximas a los ciudadanos, como por ejemplo desde
las Comunidades Autónomas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a defender ante las Instituciones Europeas que el futuro Fondo de Ayuda Europeo para los más necesitados sea:
1. Gestionado por los Gobiernos autonómicos como autoridades competentes en materia de servicios sociales, al objeto de dar una respuesta más rápida, eficiente y cercana a las necesidades de las personas en situación de pobreza.
2. Financiado íntegramente con fondos europeos, evitado así que los Estados miembros asuman el 15% del su coste.
Asimismo insta al Gobierno a reforzar la financiación de los bancos de los alimentos existentes en las comunidades autónomas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/001711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, una Proposición no de Ley para ampliar los supuestos que permitan cobrar el cien por cien de la retribución cuando el personal al servicio de las Administraciones Públicas, organismos y entidades
dependientes de las mismas y órganos constitucionales se encuentre en situación de incapacidad temporal.
Antecedentes
A mediados del pasado año el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de competitividad, con el objetivo de reducir el déficit público. Un conjunto de
las medidas recogidas en el citado Real Decreto-ley se centraba en la racionalización y reducción del gasto de las Administraciones Públicas. En concreto, en su artículo 9, se modifica la Prestación económica en la situación de incapacidad temporal
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, organismos y entidades dependientes de las mismas y órganos constitucionales, suspendiéndose, a partir de la fecha de su entrada en vigor, los acuerdos, pactos y convenios que contradigan la
nueva regulación.
En este sentido, cada Administración pública, en el ámbito de sus competencias, podrá complementar las prestaciones que perciba el personal funcionario incluido en el Régimen General de Seguridad Social y el personal laboral a su servicio en
las situaciones de incapacidad temporal, de acuerdo con los siguientes límites:
Cuando la incapacidad temporal derive de contingencias comunes, se podrá reconocer un complemento retributivo:
- Durante los tres primeros días (a estos efectos repárese que los días son siempre naturales) hasta alcanzar como máximo el 50 por 100 de las retribuciones que se vengan percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad.
- Desde el día 40 hasta el 200, ambos inclusive, la suma del complemento más la prestación de IT en ningún caso superará el 75 por 100 de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la
incapacidad.
- A partir del día 210, inclusive, podrá reconocerse una prestación equivalente al 100 por 100 de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad.
Por otro lado, cuando la incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, se podrá complementar, desde el primer día, hasta alcanzar como máximo el 100 por 100 de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en
el mes anterior al de causarse la incapacidad.
En los supuestos de personal funcionario y laboral de la Administración General del Estado y organismos y entidades dependientes acogidos al Régimen General se les reconocerán los complementos en los términos que acaban de exponerse.
No obstante, se establece que cada Administración Pública podrá determinar, respecto a su personal, los supuestos en que con carácter excepcional y debidamente justificados se pueda establecer un complemento hasta alcanzar, como máximo, el
cien por cien de las retribuciones que vinieran disfrutando en cada momento. A estos efectos, se considerarán en todo caso debidamente justificados los supuestos de hospitalización e intervención quirúrgica.
Transcurridos más de seis meses desde la aplicación de la modificación del régimen retributivo durante la situación de incapacidad temporal contemplada en el artículo 9 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, han sido constantes las
quejas de personas afectadas por enfermedades crónicas, como la esclerosis múltiple, u otros enfermedades graves, al ver reducida considerablemente su nómina en caso de encontrarse en situación de incapacidad temporal.
De todo lo expuesto, se desprende que los supuestos de hospitalización e intervención quirúrgica contemplados como excepciones, para poder alcanzar, como máximo, el cien por cien de las retribuciones que vinieran disfrutando en cada momento
el personal funcionario, son insuficientes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de competitividad, al objeto de incluir, entre las situaciones de
incapacidad temporal a las que se pueda establecer un complemento hasta alcanzar, como máximo, el cien por cien de las retribuciones que vinieran disfrutando en cada momento el personal al servicio de las Administraciones Públicas, organismos y
entidades dependientes de las mismas y órganos constitucionales, a las siguientes: las enfermedades crónicas, graves y aquellas que cursen brotes, en los supuestos que resulten debidamente justificados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/001712
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, una Proposición no de Ley para incluir en la Comisión para el Diálogo Social a la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.
Antecedentes
El Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 28 de enero, creó la 'Comisión para el Diálogo Civil'. Esta Comisión,
adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tiene el objetivo de constituirse en un mecanismo permanente de interlocución entre esta Secretaría de Estado y las entidades del Tercer Sector de Acción Social. Posteriormente, el
pasado 13 de febrero, tuvo lugar su constitución en un acto que fue presidido por la Ministra.
La 'Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya' cuenta con 10 años de trayectoria y representa a más de 4.000 entidades de acción social de Catalunya, lo que supone aproximadamente, una cuarta parte del tercer sector de acción
social del conjunto del Estado.
Dicha entidad no forma parte, sin embargo, de la 'Plataforma del Tercer Sector', y considerando su importante representatividad, parece del todo adecuado que participe en las próximas reuniones y en la actividad de la 'Comisión para el
Diálogo Civil'.
Por ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a convocar y contar con la participación en cualquier actividad que se lleve a cabo en el marco de la 'Comisión para el Diálogo Civil', de la 'Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/001713
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, una Proposición no de Ley sobre la financiación de las innovaciones farmacoterapéuticas.
Antecedentes
La industria farmacéutica constituye un sector estratégico de suma importancia, por ser generador de un gran número de puestos de trabajo y contribuir notablemente a la capacidad productiva del país. Es también un sector líder de la
economía española en investigación, desarrollo e innovación, un sector que además contribuye a mejorar la salud de los ciudadanos, redundando así en mayor bienestar y calidad de vida.
El principal cliente de la industria farmacéutica es el Sistema Nacional de Salud, éste dedica elevados recursos a la financiación de medicamentos; recursos que en las últimas décadas han tenido crecimientos notables a causa de la
incorporación de nuevos tratamientos de coste generalmente elevado.
En un contexto de crisis como el actual, resulta de vital importancia conjugar la necesaria promoción de un sector estratégico altamente innovador con la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario público, que dispone de unos recursos cada
vez más limitados.
Además, la distribución competencia, hace que la decisión sobre la financiación de nuevos tratamientos con cargo al Sistema Nacional de Salud corresponda al Gobierno central, mientras que la financiación de dichos tratamientos corre a cargo
de las Comunidades Autónomas.
Así, entre las administraciones públicas, son las comunidades autónomas las que están obligadas a afrontar el grueso del ajuste de la administración, lo cual limita e impide su capacidad de asunción del superior coste de los nuevos
tratamientos. Sin embargo, este condicionante no debiera ser obstáculo para que las novedades farmacológicas que aporten realmente un valor terapéutico puedan incorporarse al catálogo de medicamentos financiados públicamente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear un Fondo Sanitario específico para la financiación de las innovaciones farmacoterapéuticas, aprobadas por el Ministerio de Sanidad e incluidas en el catálogo de medicamentos de
financiación pública. Dicho fondo será finalista y adicional a cualquier otro fondo o dotación destinada a prestaciones de bienes o servicios sanitarios y será distribuido entre Comunidades Autónomas, por los criterios que se determinen en la
conferencia sectorial, con la finalidad de que las administraciones autonómicas puedan asumir la financiación de los costes de las innovaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/001717
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre financiación de las obras de la Fase III del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Cantabria), para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El Hospital Valdecilla ha constituido históricamente un centro de referencia nacional que dependía del INSALUD en el momento de producirse el traspaso a la Comunidad Autónoma.
Con carácter previo al traspaso y bajo la dependencia del INSALUD, se produjo el 2 de noviembre de 1999 el derrumbe de una importante parte del Hospital, circunstancia que motivó la pretensión de elaborar un Plan Director destinado a
refundar el centro sanitario.
La disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía para Cantabria establece de forma expresa que la Comunidad Autónoma de Cantabria velará para que el traspaso de funciones y servicios de la gestión de la asistencia sanitaria sea
efectiva.
Tal precepto fue invocado expresamente en el quinto párrafo del apartado A del acuerdo sobre el traspaso a la Comunidad Autónoma de las competencias en materia sanitaria, que señala el Estatuto de Autonomía para Cantabria e incluye una
referencia singular al compromiso de garantizar en el futuro la condición del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla como centro de referencia nacional.
La financiación del traspaso a Cantabria consistió básicamente tanto en la aportación asignada como en la aportación específica destinada a la ejecución del Plan Director del Hospital, que fue objeto de tratamiento separado. Se trataba de
traspasar un hospital que pudiera resultar ulteriormente reconstruido.
Con fecha 27 de agosto de 2002, se formalizó el convenio entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre financiación del Plan Director del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, publicado en el BOE de 25 de
septiembre de 2002.
El Estatuto no solo es norma institucional básica de cada comunidad autónoma, sino también norma estatal en su condición de Ley Orgánica aprobada por las Cortes Generales. Resulta por ello indudable que el precepto estatutario contenido en
la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía para Cantabria resulta directamente vinculante para la Administración del Estado.
La financiación instrumentada a través del convenio suscrito en 2002 no ha supuesto la extinción de la obligación de la Administración del Estado, ya que atendiendo a los términos literales del convenio, las aportaciones a efectuar por el
Estado constituyen una mera previsión que, lógicamente, deberían ser objeto del correspondiente ajuste y eventual ampliación una vez finalizada su vigencia. El convenio persigue la financiación íntegra del Plan Director, si bien, al momento en el
que resultó suscrito, no pudo sino efectuar una mera previsión estimativa del coste de ejecución.
En la actualidad, se calculan 100 millones de euros para su financiación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar, antes de que finalice la actual Legislatura, el cumplimiento del compromiso contraído con la Comunidad Autónoma de Cantabria, consistente en arbitrar fórmulas que permitan la
financiación integra por parte del Estado del Plan Director del Hospital Universitario de Valdecilla.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2013.-María del Puerto Gallego Arriola, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001723
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a
Estrategia en salud mental, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Una de cada cuatro personas puede presentar una enfermedad mental a lo largo de su vida. En nuestra sociedad, alrededor de 10 millones de personas pueden verse afectados por cuadros de ansiedad, depresión, etc. Estas patologías son la
causa del 30% de la discapacidad producida por enfermedades.
Hay consenso en que en torno a 1,5 a 2,5 por mil de personas de la población general sufre trastornos mentales graves.
Las personas con trastorno mental grave (TMG) constituye un conjunto de personas que sufre entidades clínicas diferentes, pero que además presenta una serie de problemas comunes derivados de la discapacidad producida por la enfermedad. En
esta visión se trasciende el diagnóstico clínico teniendo en cuenta otros parámetros, sanitarios y sociosanitarios, como base para organizar la atención en cuanto a procedimientos e intervenciones que dichas personas necesitan.
El impacto del trastorno mental grave es enorme en la calidad de vida de las personas que lo padecen, pero también en la de sus familiares.
El abordaje del paciente con estos trastornos debe seguir un proceso, entendiendo por tal el conjunto de actividades encaminadas a la atención del paciente, que incluya:
1. La detección, identificación y diagnóstico precoz de la persona que lo padece o está en riesgo de evolucionar hacia el mismo.
2. La evaluación clínica y funcional del paciente, su familia y el entorno más próximo.
3. La elaboración consensuada del plan individualizado de tratamiento.
4. La aplicación de distintas intervenciones sanitarias e intersectoriales basadas en la evidencia científica disponible, así como su seguimiento periódico.
El abordaje de estos pacientes debe realizarse en un equipo multidisciplinar con profesionales de Atención Primaria -médicos de familia y enfermería-, equipos de salud mental (formados por psicólogos clínicos, psiquiatras, enfermeras,
trabajadoras sociales, terapeutas ocupacionales, auxiliares, celadores) y profesionales de Atención Hospitalaria, en hospitales de día o unidades de agudos para ingresos.
Los diferentes profesionales deben desarrollar su trabajo en coordinación para garantizar la continuidad asistencial en los distintos espacios de asistencia, consultas, dispositivos de urgencias, espacios hospitalarios y, muy importante, en
los domicilios de los pacientes.
Todos los pacientes con diagnóstico de TMG, confirmado tras su evaluación, deben contar con un plan personal de atención, denominado Plan Individualizado de tratamiento (PIT), que se concreta en un documento que fije en cada momento la
visión general de los principales problemas del paciente, de las estrategias establecidas para abordarlos y de las intervenciones concretas que se considera adecuado aplicar. Las intervenciones terapéuticas deben de ser acordadas, consensuadas o
negociadas con el paciente y/o con los responsables legales, ateniéndose siempre a lo establecido en la Ley de autonomía del paciente, siendo el tratamiento involuntario totalmente excepcional.
Todas las intervenciones se facilitarán con una actitud empática y de apoyo con el paciente y con los familiares, que será útil para establecer una alianza terapéutica con el paciente, teniendo en cuenta las competencias de los y las
profesionales, para llevarlas a cabo con la mayor eficiencia posible.
En la actual situación de crisis, ya hay profesionales que alertan del incremento de patologías mentales y sobre todo de la repercusión que pueden tener los recortes en recursos sociosanitarios en la atención a las personas con enfermedad
mental y a sus familias.
Es fundamental incidir ahora más que nunca en la implantación y seguimiento de todas las recomendaciones de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, llevadas a cabo por los mejores perfiles de profesionales para cada
tarea. Consideramos que es el momento oportuno para
hacer su evaluación en colaboración con todas las Comunidades Autónomas y contando con la participación de los profesionales y los representantes de los pacientes y sus familiares.
Las medidas terapéuticas contenidas en dicha estrategia, sobre todo las referidas con anterioridad, deben de ser impulsadas y asegurar que se implantan de forma unánime para evitar las desigualdades en el acceso a los tratamientos o recursos
sociosanitarios, realizando el seguimiento y correcciones oportunas en el Consejo Interterritorial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar una evaluación de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, en coordinación con la Comunidades Autónomas y con la participación de los profesionales y los representantes de los pacientes y sus familiares, con
técnicas cuantitativas y cualitativas, haciendo especial énfasis en la evaluación de la implantación de las medidas terapéuticas recomendadas, planes de intervención individualizados, atención integrada e integral por equipos multidisciplinares que
incluya la atención familiar.
2. Tomar las medidas necesarias para que las deficiencias de implantación de las medidas terapéuticas incluidas en la Estrategia en Salud Mental del SNS que se detecten se corrijan en el menor tiempo posible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2013.-Gracia Fernández Moya y María del Puerto Gallego Arriola, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001724
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a
la Promoción de Activos para la Salud y Salutogénesis emergentes en salud pública, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Las definiciones positivas de la salud, aquellas que se consideran algo más y distinto que la mera ausencia de enfermedad, tienen en cuenta tanto la faceta somática, como la psicológica y la social, de forma que la relación de las personas
con la sociedad constituye uno de los elementos estructurales.
Es conocido desde el informe Lalonde (1981) que la salud de las personas y de las poblaciones no depende exclusivamente de la intervención del sistema sanitario, sino que es muy sensible a los determinantes biológicos, ambientales y
sociales.
Las intervenciones que pretenden mejorar la salud de la población deben de orientarse a aspectos globales de la sociedad, economía, vivienda, transporte, trabajo, educación, ocio, etc. Es decir a la política general.
El enfoque de la salud pública centrado en la prevención está dando un giro. La tendencia tradicional del siglo XX que, sustentándose en la protección y la prevención, pone el énfasis en la reducción de los factores de riesgo y pretende
poner barreras para detener o atenuar sus consecuencias de la enfermedad, está dando poco a poco pasos hacia el enfoque de la salud pública positiva.
La salud positiva es una forma de ver las acciones en salud, focalizando la mirada hacia lo que hace que las personas, las familias y las comunidades aumenten el control sobre su salud y la mejoren, lo que se denomina empoderamiento.
En este modelo que revitaliza la promoción de la salud, ganan valor el patrimonio y los activos para la salud.
La conceptualización de 'activos para la salud' y 'salud positiva' sigue la lógica de hacer fáciles y accesibles las opciones orientadas al bienestar, crecimiento y envejecimiento saludable. El enfoque es ya tradicional en salud pública
aunque se revitaliza gracias al conocimiento desarrollado desde el campo de la medicina social, las ciencias afines a la salud mental y la salud pública no tradicional. Se centra en la óptica no patogénica. Esa óptica conocida también como
perspectiva salutogénica (Antonovsky A., 1996) o de la salud positiva (Scales PC., 1999), pone énfasis en el origen de la salud y no en el origen de la enfermedad (Hernán M & Lineros, C., 2010).
Un activo para la salud se puede definir como cualquier factor o recurso que potencie la capacidad de los individuos, de las comunidades y poblaciones para mantener la salud y el bienestar (Morgan A., Davis M., & Ziglio, E., 2010).
Los enfoques biosicosociales ligados a la creación e implementación de la Atención primaria de salud y la salud comunitaria, así como los marcos conceptuales relacionados con los determinantes sociales de la salud nos sirven para formular
preguntas como: ¿Qué ocurre para que algunas persona prosperen y otras enfermen en situaciones similares? ¿Dónde están los factores de éxito para la salud? Además, otras aportaciones como el modelo de los activos comunitarios (Mcknight, 2010) se
sustenta en una metodología que enfatiza en las capacidades, habilidades y recursos de las personas y la fortaleza de la comunidad para descubrir capacidades y talentos individuales, colectivos y ambientales existentes en el contexto. En un proceso
diferente a la práctica de inventariar y diagnosticar las deficiencias de individuos y comunidades, el mapa de activos busca las ventajas manejando metodologías diversas (Botello B. et al, 2012). Este método reconoce que cada comunidad tiene
talentos, habilidades, intereses y experiencias que constituyen un valioso arsenal que puede usarse como valor del contexto.
La práctica desde esta perspectiva salutogénica y del modelo de activos es un emergente y un reto actual y de futuro para la salud pública en el ámbito comunitario y en el de la clínica, así como en el terreno de la investigación, la
evaluación y la formación de profesionales. Esta perspectiva de la promoción de la salud desde el bienestar es más necesaria ahora, en un contexto de crisis global y cambios económicos profundos, que pueden afectar a las personas y potenciar las
desigualdades sociales injustas que repercuten en la salud.
Son muchos los Activos en salud que existen en la comunidades, pero no son conocidos o identificados como tales por la ciudadanía.
Los mapeos saludables son una estrategia que persigue implicar a diferentes personas en la identificación de activos de salud. Esto es, recursos que ya existen o nuevos, pueden ser utilizados directamente por la población para mejorar su
salud o también por los responsables de diseñar y ejecutar las políticas tendentes a mejorar los determinantes de salud de esta población.
Los mapeos son también una excusa con la que la ciudadanía comienza a descubrir los recursos de su comunidad y a tejer relaciones y apoyos, que pueden ayudar en un segundo momento (una vez finalizado el mapeo de recursos) a generar proyectos
que mejoren la calidad de vida de la población. El punto de partida es la información de las necesidades de la comunidad y se complementa con las riquezas que van siendo descubiertas por la gente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incorporar en todos los Planes Nacionales de Salud (Salud Mental, Pian Nacional de atención a Drogodependencias, Plan Nacional de atención a la infancia y a la adolescencia, etc.) y programas de salud, la perspectiva del la Promoción de
la salud desde el bienestar, con un enfoque de Salutogénesis.
2. Desarrollar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, programas formativos dirigidos a los profesionales del ámbito de la educación y la salud.
3. Promover la realización de Mapas de activos en Salud, en coordinación con las Comunidades Autónomas y Administraciones locales, incluidos en los planes Locales de salud.
4. Desarrollar estudios de investigación en relación a la salutogénesis, desde el punto de vista de la sociología, la psicología, la educación y la salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2013.-Gracia Fernández Moya y María Consuelo Rumí Ibáñez, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001729
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
cláusulas suelo, para su debate en fa Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El pasado 19 de marzo, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo resolvió en casación el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de. Sevilla declarando la nulidad de determinadas
'cláusulas suelo', suscritas por los consumidores en los contratos de préstamos hipotecarios a interés variable concertados con determinadas entidades financieras.
La citada sentencia dictamina que: la creación de una apariencia de contrato de préstamo a interés variable, la falta de información suficiente de un elemento definitorio del objeto del contrato, la creación de una apariencia de
contraprestación, el enmascaramiento de la cláusula, la ausencia de simulaciones de escenarios y la inexistencia de advertencia clara y comprensible, son determinantes para la anulación de este tipo de cláusulas suelo, condenando a las entidades
financieras demandadas 'a eliminar estas cláusulas de los contratos en los que se insertan y a cesar en su utilización'.
Es imprescindible, con el objeto de garantizar la defensa de los legítimos intereses económicos de los consumidores y promover la máxima transparencia, claridad y confianza de las entidades financieras con sus clientes que, a partir de la
publicación y firmeza de la sentencia, todos los consumidores con contratos de préstamo hipotecario en vigor que contengan este tipo de cláusulas, puedan beneficiarse de los efectos de la misma. Para ello, debe ponerse a disposición de todos los
consumidores afectados el asesoramiento y la información adecuados, a través de las administraciones competentes y las asociaciones de consumidores, con el objeto de garantizar el cumplimiento efectivo de este fallo y promover la eliminación
inmediata, en los contratos hipotecarios en vigor, de las cláusulas suelo que, reuniendo los requisitos fijados por la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, tengan la consideración de cláusula abusiva.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo, a través del Instituto Nacional del Consumo, una campaña de información y asesoramiento a los usuarios afectados, acordando con las asociaciones nacionales de consumidores las actuaciones a seguir para garantizar que todos
los usuarios que tuviesen este tipo de cláusulas puedan beneficiarse de los efectos de la sentencia.
2. Coordinar e impulsar con las Comunidades Autónomas todas las acciones oportunas para garantizar el efectivo cumplimiento de la sentencia a todos los usuarios afectados.
3. Exigir a las entidades de crédito afectadas por esta sentencia una información puntual a todos sus clientes y su aplicación inmediata, dejando sin efectos las citadas cláusulas abusivas.
4. Exigir a las entidades de crédito no afectadas por esta sentencia y que mantengan contratos hipotecarios en vigor con sus clientes con cláusulas suelo idénticas a las consideradas abusivas por el Tribunal Supremo, que dejen sin efectos
las citadas cláusulas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2013.-Pilar Grande Pesquero, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001702
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a reforzar la
cooperación española en el marco del actual agravamiento de la crisis de la región del Sahel, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Las reiteradas crisis alimentarias en el Sanel han afectado a millones de personas. La sequía y las posteriores inundaciones han causado graves males a una población ya de por sí muy vulnerable. Los países de la región del Sahel (Burkina
Faso, Chad, Mali, Mauritania y Níger) cuentan con una tasa de malnutrición que persistentemente supera el umbral de alerta reconocido internacionalmente (10% según Global Acute Malnutrition). Haya o no una crisis, una media de 226.000 niños mueren
al año a causa de esta malnutrición.
Algunos de los factores que intensifican la grave situación de esta región, conocida como el cinturón del hambre en África, son los efectos del cambio climático, la altísima tasa de crecimiento de su población (una de las más altas del
mundo, doblándose su media cada 25 años), la pobreza crónica, unas muy débiles instituciones y un índice de desarrollo humano de los más bajos del mundo (2011 UN Human Development Index).
A todo ello se une la coyuntura actual de alguno de los países de la región que repercute directamente en todo el área. Tal ha sido el caso de las consecuencias que ha tenido el grave conflicto en Libia, que expulsó a más de 200.000 tuaregs
malienses hacia el Sahel.
Pero ha sido el caso de Mali, a partir del golpe militar de marzo 2012, de la posterior proliferación de grupos yihaidistas en el norte del país y el agravamiento de la crisis, el que ha tenido mayores y más visibles consecuencias en la
región con un escenario de inseguridad que amenaza la paz y la seguridad de toda la zona, y tiene efectos directos en la situación humanitaria y de los derechos humanos. Las primeras consecuencias han provocado más de 350.000 desplazados, han
afectado al precio de los alimentos y gran parte de la población se encuentra en situación de inseguridad alimentaria. Se estima que en 2013, 10.8 millones de personas estarán en riesgo de hambruna en el Sahel.
La misión militar, liderada por Francia en la que España participa con otros países europeos, de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidades, es esencial para recuperar la seguridad en la región.
Asimismo, en virtud de nuestros compromisos internacionales, de nuestro compromiso con los más desfavorecidos y de nuestra cercanía a los países del Sahel, debemos reforzar nuestras capacidades para ayudar a la población, prestando una mayor
atención a los grupos en situación de mayor desprotección.
También en materia de seguridad alimentaria, que afecta gravemente a esta región, España ha demostrado su compromiso. Para la cooperación española las políticas de seguridad alimentaria siempre han constituido un referente y prueba de ello
ha sido la celebración el pasado abril en Madrid de las Consultas Globales sobre el Hambre, Seguridad Alimentaria y Nutrición dentro del programa para la elaboración de la Agenda Post 2015, o la firma del Acuerdo de Sede firmado con el Programa
Mundial de Alimentos en 2012.
Por ello, es importante traducir el liderazgo español en estos procesos en herramientas útiles para luchar contra los efectos de la crisis, mitigar los efectos colaterales del conflicto sobre la población civil y apoyar el desarrollo de la
región.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dentro de las posibilidades presupuestarias existentes, continuar mostrando su compromiso hacia la población de la región de Sahel, reforzando y adaptando su programación para que sea flexible
al nuevo contexto y orientando sus objetivos en el Sahel hacia la mejora de las condiciones de la población más vulnerable.
2. Participar plenamente en la Estrategia de la UE sobre Mali, vinculando cobertura de necesidades humanitarias con construcción de capacidades.
3. Dentro de las disponibilidades presupuestarias, coordinar a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación los esfuerzos realizados por las diferentes ONGD, Comunidades Autónomas y Entidades Locales españolas, con el
objetivo de reforzar nuestras capacidades sobre el terreno para mejorar la situación actual que vive la región.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cultura
161/001701
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a impulsar la internacionalización del
cine español, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La Ley del Cine reconoce que actividad cinematográfica y audiovisual conforman un sector estratégico de nuestra cultura y de nuestra economía. Su contribución al avance tecnológico, al desarrollo económico y a la creación de empleo, junto a
su aportación al mantenimiento de la diversidad cultural, son elementos suficientes para que el Estado establezca las medidas necesarias para su fomento y promoción, y determine entre otros, los sistemas más convenientes para su difusión dentro y
fuera de nuestras fronteras.
La cinematografía refleja la identidad y diversidad cultural del país, y en ese sentido favorece la imagen de la marca España. Los creadores, actores y festivales cinematográficos reconocidos internacionalmente hacen de nuestro país una
referencia cultural más allá de nuestras fronteras.
Nuestro país puede sentirse orgulloso de contar con profesionales y festivales de cine de primer orden, referentes indudables a nivel mundial.
El Grupo Parlamentario Popular considera que uno de los objetivos para impulsar la cultura como elemento esencial de proyección exterior de la marca España, es apoyar la internacionalización del cine español y fomentar su prestigio,
visibilidad y su distribución internacionales, lo que permitirá incrementar las cifras de exportación del cine español en el exterior y asegurar que lo reciba el reconocimiento merecido.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar la internacionalización del cine español, fomentar su prestigio, visibilidad y su distribución internacional mediante:
- La incorporación del cine español en la acción cultural en el exterior, mediante la colaboración entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y el Instituto Cervantes, la Acción Cultural Española, la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el ICEX, y restantes instituciones culturales españolas, para asegurar que el cine español sea un elemento fundamental en la estrategia de acción cultural en el exterior y promoción de la
marca España.
- El impulso de convenios de coproducción cinematográfica como instrumentos estratégicos capitales para la internacionalización de nuestro cine y poder así penetrar en algunos mercados con enorme potencial de crecimiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley en relación con la Declaración del Día Nacional del Flamenco, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
En el año 2010, la UNESCO inscribió al Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta declaración, contó con el apoyo expreso de más de 45.000 personas de 60 países distintos, lo que pone de manifiesto la universalidad
de este arte y la pasión que despierta por todo el mundo.
El Flamenco, como manifestación cultural rica y única, es uno de nuestros grandes embajadores en el mundo. Significa un importante legado artístico que tenemos la obligación de preservar. Pero a su vez, el Flamenco es el objeto básico de
muchos jóvenes creadores que aportan innovación y nueva creación artística a un arte vivo.
El Flamenco también tiene una importante vertiente económica, que va unido al turismo y a multitud de pequeñas empresas que lo fomentan y divulgan a través de espectáculos.
El Flamenco nació hace más de 300 años en Andalucía, y el propio Estatuto de Andalucía lo considera un elemento fundamental del Patrimonio Cultural Andaluz. En aras a implicar, aún más, a la sociedad en el crecimiento y consolidación de
este arte, el Consejo de Gobierno Andaluz declaró el 16 de noviembre Día del Flamenco, en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
Consideramos que este esfuerzo también hay que hacerlo a nivel nacional, ya que el Flamenco es para nuestro país uno de los principales motores de nuestra industria cultural, tanto en la música, la danza, la cinematografía, el teatro, la
literatura, la pintura o en cualquier otro modo de expresión artística.
Para ello, la declaración del 16 de noviembre como Día Nacional del Flamenco, sería un importante reconocimiento al Flamenco, al que por cierto le sobran méritos, y un impulso añadido a su divulgación y promoción como reclamo turístico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a Declarar el día 16 de noviembre Día Nacional del Flamenco.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2013.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/001725
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de las Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley para evitar la desaparición del Observatorio español para la sostenibilidad, para su debate en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático.
Exposición de motivos
El Gobierno del Partido Popular va a prescindir del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) a partir del 1 de junio de 2013. Se trata de un organismo independiente, constituido el 28 de febrero de 2005, por convenio de
colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la Fundación Biodiversidad y la Fundación General de la Universidad de Alcalá.
La Misión del OSE es aportar la mejor información disponible y ponerla a disposición de la sociedad, de los procesos de toma de decisiones y de participación pública con la intención de contribuir a la mejora de la sostenibilidad.
Su carácter de independencia ha garantizado la calidad de los datos, investigaciones e informes y ha facilitado la versatilidad a través del trabajo en red, utilizando las mejores capacidades disponibles en el ámbito de las universidades,
centros de investigación, administraciones públicas, así como del sector privado, empresas y en particular en el ámbito de las fundaciones y ONG's.
El prestigio y el buen hacer del OSE le ha llevado a ser referencia de una red de observatorios nacionales que lo han tomado como ejemplo y enlace. Además es la referencia española en el intercambio de datos y experiencias con otros
observatorios europeos e internacionales.
La calidad de la información es imprescindible en cualquier tipo de proceso de toma de decisiones. A lo largo de estos años el OSE ha elaborado múltiples informes con una indiscutible calidad científica y académica, además de los anuales
sobre sostenibilidad, otros monográficos de singular interés.
Las mejoras para la producción y sistematización de la información de referencia en materia ambiental, entre otras cosas gracias precisamente a los trabajos del OSE, no sólo no deben detenerse, sino que deben proseguir. Por poner un
ejemplo, la Plataforma por la Sostenibilidad de los Envases ha invitado en el mes de mayo al ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, a evitar la disparidad de cifras en torno a los residuos.
Por desgracia, el Gobierno del Partido Popular está permanentemente dando pasos que van en la dirección contraria. Las reformas de las leyes con un claro impacto ambiental como La Ley de costas, la Ley de prevención y control integrados de
la contaminación y de residuos y suelos contaminados, han puesto en evidencia que se retrocede en protección y en exigencia ambiental y se abre la mano para la pérdida de recursos públicos insustituibles como los costeros, para permitir valores
límite de emisiones perjudiciales cada vez menos estrictos de lo posible, para hacer más difícil el reciclaje de residuos o para restringir el acceso a información pública sobre las propias empresas contaminantes y sus autorizaciones.
En el Grupo parlamentario socialista estamos convencidos de la necesidad de las actuaciones de protección del Medio Ambiente, porque no sólo lo vemos compatible con la recuperación del crecimiento, sino porque lo insertamos como parte
esencial de ese modelo de desarrollo económico y social. Creemos que conservar el medio que proteger los recursos es una forma de aumentar la calidad de vida y también de garantizar la sostenibilidad del futuro.
El OSE es por tanto una pieza necesaria en un sistema público que debe perseguir entre sus objetivos la sostenibilidad futura de su actividad, algo que es aún más acuciante en periodos de una crisis tan aguda como la que está sufriendo
nuestro país. Cualquier salida a esta crisis, si quiere ser sólida y duradera, requiere un desarrollo sostenible desde un punto de vista económico y ambiental.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a evitar la desaparición del Observatorio de la Sostenibilidad de España, comprometiendo el mantenimiento del apoyo público del Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente a dicho
organismo a través de las dotaciones presupuestarias y la cobertura institucional que sean necesarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2013.-Pedro Sánchez Pérez-Castejón y José Luis Ábalos Meco, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Justicia
181/000993
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
A la vista de las propuestas de reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta, ¿cuántos Juzgados de Paz dejarían de existir en la provincia de Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/000994
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Considera adecuado a la defensa del interés de los ciudadanos el proceso de privatización de los servicios públicos del registro Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/000995
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
A la vista de las propuestas de reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta, ¿está en los planes del Gobierno suprimir los Juzgados de Paz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/000996
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
A la vista de las propuestas de reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta, ¿cuántos Juzgados de Paz dejarían de existir en la provincia de A Coruña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/000997
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
A la vista de las propuestas de reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta, ¿cuántos Juzgados de Paz dejarían de existir en la provincia de Pontevedra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/000998
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
A la vista de las propuestas de reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta, ¿cuántos Juzgados de Paz dejarían de existir en la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/000999
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
A la vista de las propuestas de reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta, ¿cuántos Juzgados de Paz dejarían de existir en Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
Comisión de Interior
181/001001
Grupo Parlamentario Unión, Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputada doña Rosa María Díez González
Texto:
¿Considera el Ministro del Interior que hay que instar a la Fiscalía General del Estado a que inicie un procedimiento de ilegalización de las formaciones EH Bildu y Amaiur después de que Laura Mintegi haya intentado obstaculizar la detención
de una persona condenada por colaborar con la banda terrorista ETA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.
Comisión de Economía y Competitividad
181/000978
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Competitividad
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz
Texto:
¿Por qué desde noviembre de 2011 hasta la fecha, se ha reducido en más de un 10% la plantilla del CSIC?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
181/000963
Grupo Parlamentario Unión, Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
Diputada doña Rosa María Díez González
Texto:
¿Por qué motivos el Gobierno no fusiona Ayuntamientos cuando sus propios estudios señalan que a mayor tamaño y población del municipio más eficientemente y con más calidad se prestan los servicios en éstos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.
Comisión de Fomento
181/000962
Grupo Parlamentario Unión, Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Rosa María Díez González
Texto:
¿Qué resultados está obteniendo hasta el momento el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.
181/000977
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Rafael Simancas Simancas
Texto:
¿Qué consecuencias esta teniendo el recorte de personal de AENA para la efectividad de los servicios de seguridad y atención a emergencias en la red de aeropuertos españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.
181/000979
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán
Texto:
¿Qué gestiones está realizando AENA para corregir la muy deficiente conectividad actual del aeropuerto de Barajas con Cuba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2013.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.
181/000980
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Miguel Ángel Cortizo Nieto
Texto:
El Consejo de Ministros en la Sesión del 18 de noviembre de 2011 aprobó por Real Decreto, publicado en el 'Boletín Oficial del Estado' de 24 de noviembre de 2011, el 'Convenio entre la Administración General del Estado y Autopistas del
Atlántico (AUDASA)'.
En dicho Convenio se estableció, entre otras cosas, 'la construcción de nuevos carriles en el tramo de circunvalación de Santiago de Compostela de la autopista AP-9' y 'la ampliación de capacidad de la autopista AP-9 en el Puente del Rande y
en el tramo Cangas-enlace de Teis'.
El plazo previsto en el Convenio para la ejecución de estas ampliaciones de la AP-9 era de 36 meses a partir de su inicio.
1. ¿Sigue en vigor el citado convenio?
2. ¿Existe alguna previsión para la ejecución de las obras de ampliación de la AP-9 establecidas en el convenio firmado por la Administración General del Estado y AUDASA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.-Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputado.
181/000981
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña María José Rodríguez Ramírez
Texto:
¿Qué respuesta va a dar el Gobierno al ofrecimiento de la Diputación de Huelva para que dicha entidad sufrague parte del coste del servicio ferroviario que presta la línea Huelva-Zafra a cambio de mantenerla operativa y que le ha sido
remitida por carta? ¿Cuándo va a responder? ¿De qué modo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.-María José Rodríguez Ramírez, Diputada.
181/000982
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña María José Rodríguez Ramírez
Texto:
¿Puede concretar el Gobierno, más allá de la previsión genérica que hace el PITVI para 2024, algo más sobre la actuación que llevará a cabo el Gobierno para la consecución del proyecto de desdoble de la N-435 o A-83?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.-María José Rodríguez Ramírez, Diputada.
181/000983
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña María José Rodríguez Ramírez
Texto:
¿Puede concretar el Gobierno, más allá de la previsión genérica que hace el PITVI para 2024, algo más sobre la actuación que llevará a cabo el Gobierno para la consecución del proyecto de la Línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.-María José Rodríguez Ramírez, Diputada.
Comisión de Educación y Deporte
181/001000
Grupo Parlamentario Unión, Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte
Diputado don Carlos Martínez Gorriarán
Texto:
¿Piensa el Gobierno flexibilizar las condiciones de devolución de los Préstamos Renta Universitaria dada la situación de muchos de sus receptores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
181/000987
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Planes del Gobierno ante el posible cierre de la empresa T. Solar de paneles solares, ubicada en el Parque Tecnológico de Ourense.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta el contenido del escrito número de registro 62480, admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Industria, Energía y Turismo. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y a la Sra. Diputada preguntante y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuáles son los planes del Gobierno ante el posible cierre de la empresa T. Solar de paneles solares, ubicada en el Parque Tecnológico de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/000988
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Acciones de emergencia para impedir el cierre de la empresa T. Solar, ubicada en el Parque Tecnológico de Ourense.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta el contenido del escrito número de registro 62480, admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Industria, Energía y Turismo. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y a la Sra. Diputada preguntarte y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Estudia el Gobierno alguna acción de emergencia que impida el cierre de la empresa T. Solar, ubicada en el Parque Tecnológico de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/000989
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Contactos mantenidos con la empresa T. Solar, ubicada en el Parque Tecnológico de Ourense, y resultados de los mismos.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta el contenido del escrito número de registro 62480, admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Industria, Energía y Turismo. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y a la Sra. Diputada preguntante y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Qué contactos ha mantenido el Gobierno con la empresa T. Solar, ubicada en el Parque Tecnológico de Ourense, y cuáles han sido los resultados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/000990
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Estudio de un plan de viabilidad que permita mantener los 170 puestos de trabajo y la continuidad de la empresa T. Solar, ubicada en el Parque Tecnológico de Ourense.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta el contenido del escrito número de registro 62480, admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Industria, Energía y Turismo. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y a la Sra. Diputada preguntante y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
Ante el posible cierre de la empresa T. Solar, ubicada en el Parque Tecnológico de Ourense, ¿está estudiando el Gobierno conjuntamente con otras administraciones y con la propia empresa algún plan de viabilidad que permita mantener los 170
puestos de trabajo y la continuidad de la empresa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
181/000984
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
Diputada doña María del Puerto Gallego Arriola
Texto:
¿Conoce el Gobierno si va a aportar el Estado los 100 millones de euros que quedan para la finalización de las obras de la III Fase del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Cantabria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2013.-María del Puerto Gallego Arriola, Diputada.
181/000985
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
Diputada doña María del Puerto Gallego Arriola
Texto:
¿Tiene intención Gobierno de cumplir, antes de que termine la actual Legislatura, con su compromiso de finalizar las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Cantabria), que está considerado como un hospital público y
universitario de referencia para algunas patologías, generador de conocimiento científico, activador de la economía y del empleo de calidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2013.-María del Puerto Gallego Arriola, Diputada.
181/000986
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
Diputada doña María del Puerto Gallego Arriola
Texto:
¿Tiene intención el Gobierno de modificar la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la
publicidad de los productos del tabaco?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2013.-María del Puerto Gallego Arriola, Diputada.
Comisión de Cultura
181/000991
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
La situación de la rehabilitación del recinto del Museo Arqueológico de Ourense, después de 13 años, es intolerable, ¿cuáles son los planes del Gobierno respecto al Museo Arqueológico en Ourense?, ¿en qué fase se encuentra el proyecto en
este momento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/000992
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Qué tipo de colaboración existe en este momento entre la Xunta de Galicia y el Gobierno de España respecto al Museo Arqueológico de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
OTROS TEXTOS
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
120/000016
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(120) Iniciativa Legislativa Popular.
Autor: Don Félix Cal Cortizas y otros.
Proposición de Ley de regulación del acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación públicos.
Acuerdo:
Admitir a trámite el escrito por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular, comunicando este acuerdo a la Comisión Promotora, a la Junta Electoral Central y al Senado, publicándolo en el Boletín, conforme a
los artículos 5.3 y 7.1 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
120/000017
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(120) Iniciativa Legislativa Popular.
Autor: Don Antonio García-Galán Molina y otros.
Proposición de Ley de modificación del Código Civil para la extensión a todo el territorio del Estado español de las diferentes normativas forales y autonómicas reguladoras de las relaciones de los
progenitores con sus descendientes comunes en caso de ruptura de la convivencia, medie o no relación conyugal.
Acuerdo:
Admitir a trámite el escrito por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular, comunicando este acuerdo a la Comisión Promotora, a la Junta Electoral Central y al Senado, publicándolo en el Boletín, conforme a
los artículos 5.3 y 7.1 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.