Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 265, de 07/05/2013
cve: BOCG-10-D-265
PDF
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
7 de mayo de 2013
Núm. 265
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000346 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la exportación de libros a Argentina. Retirada... (Página4)
162/000601 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Mixto, sobre el atún rojo. Corrección de error ... (Página4)
162/000624 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la mejora de la cobertura del tratamiento y la atención de las personas diagnosticadas de enfermedades raras ...
162/000625 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre retirada del Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) ...
162/000626 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a elaboración de la Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado ... (Página10)
162/000627 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso del Estatuto del Directivo Público profesional ... (Página10)
162/000628 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, para consensuar una normativa única respecto al uso de la bicicleta en ciudad ... (Página11)
162/000629 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para fomentar el empleo juvenil en España y de apoyo a jóvenes en situación de exilio económico ... (Página12)
162/000630 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la homogeneización de la práctica y exigencias de colegiatura en España ... (Página14)
162/000631 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre medidas para armonizar la creación de infraestructuras sanitarias de forma que se garantice a todos los ciudadanos el acceso a los
servicios en condiciones de igualdad ... (Página17)
162/000632 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre promoción de un Programa de Apoyo a la financiación de pequeñas y medianas empresas ... (Página18)
162/000633 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para dar una solución justa a los tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada ... (Página20)
162/000634 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las ayudas de subsidiación de préstamos ... (Página22)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000255 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la prohibición de las prospecciones petrolíferas en el mar Mediterráneo. Desestimación así como enmienda formulada ... (Página23)
161/000403 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la creación de una línea específica para la reestructuración industrial de empresas con viabilidad. Desestimación ...
161/000612 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre paralización del proyecto de explotación minera de magnesitas de Borobia (Soria). Desestimación así como enmienda
formulada ... (Página24)
161/000826 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a presentar un proyecto de Real Decreto que permita el despegue y la consolidación del sector de la biomasa térmica y
eléctrica y el biogás en España. Desestimación ... (Página24)
161/001490 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre impulso del modelo de colaboración público privada para promover inversiones en medidas de eficiencia energética en el sector de la
edificación. Aprobación ... (Página25)
161/001510 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, por la que se insta al Gobierno a la presentación, en el plazo máximo de seis meses desde su aprobación, de un Proyecto de Ley para
regular la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante el método de fracturación hidráulica o 'fracking' o técnicas análogas. Desestimación así como enmiendas formuladas ... (Página25)
161/001511 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la marca turística 'La España Verde'. Desestimación ... (Página24)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgente
173/000079 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el respeto a los valores democráticos por parte del Gobierno en el proceso soberanista de Cataluña ...
173/000080 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos del Gobierno para acometer una reforma de la legislación que protege los derechos de la salud sexual y reproductiva
de la mujer y el ejercicio libre y responsable de la interrupción voluntaria del embarazo ... (Página28)
173/000081 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el criterio del Gobierno a la hora de transformar en autovías aquellas carreteras que discurren
de manera paralela a autopistas de peaje, con especial referencia a la N-II y N-232 en sus tramos aragoneses ... (Página30)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Industria, Energía y Turismo
181/000756 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Lavilla Martínez (GS), sobre cantidad de dinero que se ha ejecutado en la provincia de Soria durante el año 2012 por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Retirada ...
181/000757 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Lavilla Martínez (GS), sobre evolución de la plantilla, plazas ocupadas desde el año 2000 y prestaciones en relación con el Parador de Turismo de la ciudad de Soria. Retirada ...
181/000766 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Lavilla Martínez (GS), sobre cobertura de telefonía móvil en la provincia de Soria. Retirada ... (Página31)
181/000767 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Lavilla Martínez (GS), sobre opinión del Gobierno acerca de si es un criterio razonable no medir el nivel de cobertura en telefónia móvil cuando es un indicador básico en cualquier
indicador de Sociedad de la Información a nivel europeo. Retirada ... (Página31)
181/000768 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Lavilla Martínez (GS), sobre medidas para impulsar la producción de fuentes eléctricas renovables, facturación automática a la red, clave para el conjunto del país, en especial para
provincias rurales como Soria. Retirada ... (Página31)
181/000883 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Lavilla Martínez (GS), sobre cantidad cobrada por impuesto sobre la electricidad sobre el 'término de potencia' entre 2008 y 2012. Retirada ... (Página32)
181/000886 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Lavilla Martínez (GS), sobre créditos concedidos para 'incrementar la financiación de las PYMES y las familias' en la provincia de Soria, a 31/12/2012. Retirada ...
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000346
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Retirada de su Proposición no de Ley sobre la exportación de libros a Argentina.
Acuerdo
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013. P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 115, de 22 de junio de 2012.
162/000601
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto.
Corrección de error en su Proposición no de Ley sobre el atún rojo.
Acuerdo
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por corregida la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013. P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 258, de 19 de abril de 2013.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ana María Oramas González-Moro, diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, solicita que sea subsanado el siguiente error en la Proposición no de Ley sobre el Atún Rojo que fue presentada el
pasado 10 de abril y número de registro de entrada: 54317.
En el apartado a)
Donde dice: 'Modificar la cuota de atún rojo asignada a Canarias, llegando al 7% del total de España, ...'
Debe decir: 'Modificar la cuota de atún rojo asignada a Canarias, llegando al 9% del total de España, ...'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Enrique Álvarez Sostres, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de la iniciativa ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000624
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la mejora de la cobertura del tratamiento y la atención de las personas diagnosticadas de enfermedades raras para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Las enfermedades raras son aquellas patologías que poseen una incidencia baja en la población. Para que una enfermedad sea considerada como rara, debe afectar a un número limitado de personas, concretamente, a menos de 5 personas cada
10.000 habitantes según la definición oficial de la Unión Europea. El número de personas afectadas por enfermedades raras o de baja prevalencia en Europa alcanza los 36 millones de ciudadanos, habiéndose calculado para España la existencia de cerca
de 3 millones de casos. Esas cifras han sido significativas para identificar este tipo de patologías como un problema prioritario de Salud Pública en el entorno comunitario.
Una de las peculiaridades de este tipo de patologías es su número. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que existen cerca de 7.000 enfermedades raras que podrían afectar una cifra de personas cercana al 7% de la población
mundial.
Las enfermedades raras se caracterizan por un gran número y diversidad de desórdenes y síntomas que varían no sólo de enfermedad a enfermedad, sino también dentro de la misma patología, ya que pueden tener manifestaciones clínicas
significativamente diferentes de una a otra persona. Incluso para muchos desórdenes, hay una gran diversidad de subtipos de la misma enfermedad. La peculiaridad de estas patologías y en diferentes casos, la complejidad etiológica y terapéutica,
hace que las personas afectadas por enfermedades raras posean una capacidad limitada tanto de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria de una forma normal, así como poseer un proceso terapéutico que abarque todos los ámbitos que la
enfermedad correspondiente abarca. Esta peculiaridad, unida a una baja incidencia de las enfermedades raras, hace que muchas veces los tratamientos para estas enfermedades no posean
interés significativo para la industria farmacéutica o equipos de investigación sufragados por fondos públicos.
Históricamente las asociaciones de personas que poseen enfermedades raras y sus familias han exigido una mejora de la acción e implicación institucional, en el cuidado y tratamiento de los ciudadanos que poseen patologías de baja incidencia.
Las enfermedades raras aparecen en los primeros años de vida en un número elevado de casos, acompañando los signos y síntomas a estas personas el resto de sus vidas. La cronicidad que suponen las enfermedades raras y su incidencia en
diferentes ámbitos de la vida, hace que casi la totalidad de afectados necesiten de tratamientos desde una edad temprana. Esto supone una complicación añadida y más en una situación económica como la actual. Numerosas veces los tratamientos no se
encuentran cubiertos por la Seguridad Social por lo que su obtención supone un impacto significativo en la economía familiar de los enfermos. Diferentes estudios señalan que en una parte mayoritaria de enfermedades raras, el 30% del coste total
anual no se encuentra cubierto por la Seguridad Social. Existen enfermedades en las que por su complejidad terapéutica, las familias deben costear hasta un 80% del gasto total anual en el tratamiento de éstas como puede ser en los casos de X-frágil
o Epidermosis Bullosa.
Las enfermedades raras no solo suponen un factor crónico, sino también invalidante, necesitando por tanto, cuidados especializados de por vida y con una complejidad mayor según avanza la enfermedad. Este factor invalidante se conjuga con un
elevado riesgo de aislamiento social del enfermo y su familia, una consecuencia que debe ser tenida en cuenta por los diferentes ámbitos profesionales que intervienen en el cuidado y tratamiento de estas personas.
La normativa española, sin embargo, no reconoce este tipo de enfermedades como crónicas. Una situación legal que dificulta el acceso de manera adecuada a los tratamientos y supone, además, una carga económica para muchos pacientes y sus
familias, que en la actual situación económica no pueden costear. La dificultad en el acceso al tratamiento se ve profundizada con las nuevas medidas puestas en marcha por el actual Gobierno con el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones y el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la
Seguridad Social. Con las modificaciones del presente Ejecutivo sobre la dispensación hospitalaria de fármacos, asociando ésta a la aportación económica del usuario, y la exclusión de las personas afectadas por enfermedades raras de las excepciones
previstas del copago farmacéutico de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 16/2012, no se facilita desde las administraciones el acceso a los tratamientos adecuados para estas personas. La Federación Española de Enfermedades Raras
(FEDER) señala que el promedio estimado de los ingresos anuales destinados por las familias al tratamiento de estas patologías alcanza el 20%, destinándose la mayor parte de los gastos a costear productos sanitarios accesorios al tratamiento o el
tratamiento de la patología. Las ayudas técnicas y de ortopedia, el transporte adaptado, la asistencia personal y la adaptación de la vivienda son otros de los gastos más corrientes de las personas afectadas por enfermedades raras.
FEDER señala como necesario impulsar medidas para asegurar el acceso en equidad a medicamentos de uso vital para los pacientes y familias con enfermedades raras incluyendo los Medicamentos Huérfanos (MHU) dentro de los fármacos sufragados
por la Seguridad Social, preferiblemente a través del Fondo de Cohesión del Sistema Nacional de Salud, como la forma de garantizar el acceso equitativo a estos tratamientos indiferentemente de la Comunidad Autónoma en la que residan los afectados
por enfermedades raras. Actualmente no existe una homogeneización de criterios de accesibilidad entre las diferentes Comunidades Autónomas para evitar el retraso y minimizar el riesgo de inequidad frente al acceso a este tipo de tratamientos.
Los afectados por las enfermedades raras no solo reclaman una mayor especialización de los cuidados en enfermedades raras en el sistema sanitario, sino que señalan constantemente la falta de información que desde las administraciones se les
facilita sobre los centros y especialistas en este tipo de enfermedades. La elaboración de un mapa de especialistas y unidades especializadas en la atención y cuidado de enfermedades raras, Unidades de Referencia a nivel estatal, así como la
elaboración de un registro de recursos sociosanitarios en enfermedades raras en todo el territorio nacional por parte del Centro de Referencia Estatal para las Personas con Enfermedades Raras (CREER) supondría un significativo paso en el acceso a la
información y tratamiento por parte de estas personas.
La falta de información sobre recursos sociosanitarios y centros de tratamiento especializados en enfermedades raras ha supuesto, hasta el momento, una barrera importante a la hora de acceder a los
tratamientos adecuados por parte de los afectados. Los desplazamientos a diferentes provincias de la geografía española ya sea para realizar pruebas diagnósticas, recibir tratamientos o simplemente para acceder a la medicación necesaria ha
sido la norma general en diferentes enfermedades raras. Según FEDER la distancia media recorrida en esos desplazamientos es de 520 kilómetros, teniendo incluso muchas personas que salir de España para poder acceder al diagnóstico, tratamiento o
fármacos para su enfermedad. Por ello es necesario establecer rutas de derivación que faciliten el correcto acceso de las personas con enfermedades raras a las unidades de referencia, sin importar el lugar de residencia de los afectados, que
permita garantizar una atención real y efectiva de todos los ciudadanos afectados por patologías de baja incidencia eliminando las situaciones de desigualdad existentes hoy en día, entre las diferentes Comunidades Autónomas en éste ámbito. La ruta
de derivación supone además que las Unidades de Referencia a nivel estatal deben trabajar en estrecha coordinación con los hospitales y centros de salud a nivel local, cuya cercanía con los pacientes es mayor, ya que será vital para garantizar la
calidad de la atención en la etapa de diagnóstico y seguimiento permitiendo, además, ahorrar en desplazamiento minimizando los costes económicos que origina el peregrinaje de estos enfermos.
El diagnóstico de las enfermedades raras numerosas veces supone un plazo de tiempo amplio que puede abarcar en algunos casos incluso una década. El acceso a un diagnóstico de manera eficaz es vital para un tratamiento precoz de los signos y
síntomas de muchas enfermedades raras que merman la calidad de vida de los afectados. Para evitar el descenso de la calidad de vida de los enfermos y las consecuencias biopsicosociales que ello conlleva, es necesaria la creación de Unidades
Multidisciplinares de Información y Atención General a los afectados por enfermedades raras en las Comunidades Autónomas. Actualmente es necesaria una atención multidisciplinar para el diagnóstico de diferentes enfermedades raras y la canalización
de los potenciales afectados hacia centros de referencia especializados que puedan detectar de manera eficaz y prematura la patología.
La detección y cuidado precoz de las enfermedades raras son elementos necesarios para garantizar un desarrollo biopsicosocial de los afectados por estas patologías permitiéndoles desarrollar las actividades básicas de la vida diaria de la
manera más normal posible. Para ello es necesario elaborar programas que respondan a las necesidades especiales de este colectivo en todos los procesos de su vida. Un ejemplo claro es la escolarización de las personas con enfermedades raras, ya
que los recursos específicos para su patología se encuentran concentrados la mayor parte de las veces en Centros de Educación Especial y en centros de integración preferente, lo que supone que niños con enfermedades poco frecuentes, con una
capacidad cognitiva totalmente funcional que les permite alcanzar el currículo establecido para su edad, con los apoyos pertinentes, se estén escolarizando en Centros de Educación Social, con fas implicaciones para el desarrollo social de estas
personas que implica.
La implantación de medidas de apoyo a la mejora del acceso a diagnóstico, tratamiento y fármacos por parte del colectivo de personas con enfermedades raras es una de las asignaturas pendiente de todas las administraciones públicas con estos
ciudadanos. La preocupación por la ausencia de un sistema eficiente en la detección, tratamiento e investigación de las enfermedades raras ha sido manifestada por diferentes formaciones políticas, tanto presentes en el Congreso de los Diputados
como en el Senado.
En marzo de 2010, la IX Legislatura, el Congreso de los Diputados aprobó con un amplio consenso una Moción consecuencia de Interpelación urgente con modificaciones para propiciar una mejor calidad de vida y acceso a los tratamientos en
igualdad de condiciones a los afectados por enfermedades raras.
Sin embargo, según el Gobierno en una respuesta del mes de mayo de 2012 sobre las actividades y políticas llevadas a cabo para cumplir con los términos de la moción aprobada, todavía existían numerosas deficiencias para cumplir con los
objetivos de la moción. Según el Gobierno no se habían incluido la totalidad de los procedimientos, productos sanitarios y cirugías especializadas imprescindibles para el tratamiento de los pacientes de enfermedades raras en la Cartera de Servicios
del Sistema Nacional de Salud. La compatibilidad y coordinación de los registros tanto de las Comunidades Autónomas como de la administración central todavía era incompleta y se encontraba en una fase inicial. También señala en la respuesta que no
todas las enfermedades raras poseen una derivación específica a Centros, Servicios o Unidades de Referencia (CSUR), solo algunas de ellas. Por lo que es necesario seguir impulsando la acreditación de Centros, Servicios y Unidades de Referencia para
este tipo de enfermedades.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Declarar a las enfermedades raras como enfermedades crónicas en el Sistema Nacional de Salud.
2. Eximir del copago farmacéutico a las personas con enfermedades raras.
3. Elaborar un mapa de expertos y profesionales de referencia en enfermedades raras existentes actualmente en España.
4. Acreditar los centros, servicios y unidades de referencia (CSUR) para enfermedades raras en el Sistema Nacional de Salud, dotando a estos centros de los recursos suficientes para garantizar su calidad, sostenibilidad y la investigación
en este tipo de enfermedades.
5. Establecer y publicar la ruta de derivación que garantice la efectiva atención de las personas con enfermedades raras en cualquier punto de la geografía española.
6. Incluir en la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras las propuestas e indicadores del Informe EUROPLAN a fin de mejorar la incidencia de dicho Plan en la atención de las personas con enfermedades raras.
7. Apoyar la Directiva de Movilidad Sanitaria Transfronteriza con las propuestas de las asociaciones de personas con enfermedades raras más representativas.
8. Que en colaboración con todas las administraciones autonómicas se cree en todas ellas unidades multidisciplinares de información, seguimiento, control y atención integral de las personas con enfermedades raras.
9. Utilizar la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, liderando el IMSERSO la homogeneización de los criterios de valoración a la discapacidad en las enfermedades raras en las Comunidades
Autónomas.
10. Impulsar la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales y enfermedades raras en los centros ordinarios incorporando recursos educativos y de asistencia sanitaria necesarios y se fomente la creación de protocolos
entre centros educativos y hospitales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
162/000625
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley solicitando la retirada del Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE), para su debate en Pleno.
Desde la llegada del Gobierno del PP, hace poco más de un año, los recortes educativos han ascendido a 5.212 millones de euros, lo que ha supuesto un mayor deterioro de la educación pública, tanto en el desarrollo de las enseñanzas como en
las políticas de personal (merma retributiva, precarización de condiciones laborales del profesorado, cerca de 80.000 docentes menos, más horas de clase y más estudiantes por aula; menos becas y más tasas en etapas no obligatorias y en servicios
esenciales, como el comedor o el transporte escolar).
Por otra parte, la inversión pública educativa en España ha descendido en casi 8.000 millones de euros en los últimos años, y para 2015 el gobierno del PP se ha comprometido a rebajarla hasta el 3,9% del PIB, lo que supondrá retroceder a los
años 80 situándonos a la cola de la UE y de la OCDE.
Estamos ante una propuesta de Ley que, es en realidad, una reforma educativa en primer lugar antipedagógica, que muestra una profunda ignorancia acerca del funcionamiento de los procesos educativos y es contraria a lo que la investigación
científica nos viene enseñando sobre las insuficiencias de una enseñanza basada en la presión del examen, que sólo puede conducir al aumento del abandono y del fracaso escolar, frente a un modelo educativo centrado en las necesidades y motivaciones
del alumnado para contribuir al éxito escolar de todos y todas.
Es a su vez una reforma impuesta, sin un diagnóstico riguroso y compartido, sin debate previo y de espaldas a la comunidad educativa. Se plantea además sin recursos suficientes y en medio de brutales recortes que degradan la calidad
educativa y atentan contra su equidad.
Tiene un marcado enfoque mercantilista, pues supedita la educación a intereses economicistas, anteponiendo las exigencias de los mercados a la formación integral, y suprimiendo materias y contenidos considerados poco 'útiles' para la
'empleabilidad'. Es también una reforma privatizadora, que incluye a los 'agentes privados' como parte del Sistema Educativo, que permite crear centros privados con recursos públicos, que fomenta los conciertos y otorga un papel subsidiario a la
escuela pública.
Es una reforma segregadora, que restaura viejos itinerarios segregadores desde los 13 años, devalúa la FP y convierte la educación en una carrera de obstáculos con continuas reválidas excluyentes.
Es una reforma antidemocrática, que suprime competencias de la comunidad educativa en la gestión de centros y opta por una dirección unipersonal nombrada por la administración.
Es una reforma competitiva, que promueve la competitividad entre los centros, en lugar de la cooperación, y su especialización para poder seleccionar a su alumnado, estableciendo clasificaciones según resultados o ranking, que permitirán
obtener mayor financiación.
Es una reforma adoctrinadora, que potencia la enseñanza de la religión e impone una alternativa 'dura y evaluable' al gusto de la jerarquía católica. Es también una reforma sexista, que permite la enseñanza separada por sexos asegurando
financiación pública a los centros ultraconservadores que la practican. Es en fin una reforma recentralizadora, que menosprecia la diversidad lingüística y cultural de las CCAA, invade sus competencias imponiendo buena parte de los contenidos
curriculares, y revela una gran desconfianza hacia el profesorado.
En definitiva, los principales cambios que introduce esta reforma responden a un pensamiento clasista y segregador. Se apuesta claramente por clasificar y segregar al alumnado, excluyendo del sistema educativo común, desde edades muy
tempranas, a quienes tienen más dificultades y necesitan mayor apoyo escolar. Y se opta también por consolidar dos redes de centros educativos, financiadas con dinero público, pero dirigidas a un alumnado bien diferenciado: los centros públicos
como red asistencial, dirigida a los sectores más desfavorecidos de la población; y los centros privados concertados, destinados a satisfacer cierta 'demanda social' mediante la selección de su alumnado.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Retirar de forma inmediata el Anteproyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), por haberse gestado sin el necesario debate previo, sin contar con el profesorado y de espaldas a la comunidad educativa y a la
investigación pedagógica.
2. Promover un amplio debate público, con participación de expertos y de todos los sectores del ámbito escolar, para alcanzar realmente un diagnóstico riguroso y compartido sobre las causas de los principales problemas de nuestro sistema
público educativo, con el fin de plantear medidas efectivas y recursos suficientes para extender y mejorar nuestra educación pública, avanzando hacia un modelo educativo que permita asegurar el éxito escolar de todo el alumnado y la formación de
personas más iguales, más libres, más críticas, más creativas y más solidarias, comprometidas en la construcción de un mundo más justo,
3. Tomar las medidas legales necesarias para blindar el gasto público educativo frente a cualquier tipo de recortes presupuestarios, aplicar al sistema público educativo un 'rescate' similar al que se ha llevado a cabo con entidades
bancarias y grandes grupos financieros, aumentando las cuantías destinadas a educación en los Presupuestos Generales del Estado y en los Presupuestos Autonómicos hasta lograr su equiparación con la media europea (UE-15) en porcentaje de PIB'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.-María Caridad García Álvarez, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000626
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a elaboración de la Ley de
la Función Pública de la Administración General del Estado, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, estableció un marco jurídico común para todas las Administraciones Públicas que sirviese de modelo de referencia para que, posteriormente, tanto la Administración
General del Estado como las administraciones autonómicas pudiesen, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementar el suyo propio.
Cinco años después, en el ámbito de la Administración General del Estado, dicho desarrollo normativo aún no se ha producido, mientras que algunas Comunidades Autónomas, como Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, sí han elaborado el
suyo.
En ese sentido, la necesidad de una Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado ha pasado hoy de ser conveniente a imprescindible para definir claramente una serie de elementos nucleares de la Función Pública y dar
respuesta a una serie problemas que llevan sin resolución desde los albores de la Transición y que, en un contexto de reforma como el actual, resultan indispensables.
En particular, la futura Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado debería abordar la carrera profesional de los funcionarios, tanto la horizontal como la vertical, o la promoción interna, en la convicción de que la
carrera profesional constituye un instrumento de promoción y satisfacción que permite extraer lo mejor de los empleados públicos, fomentando su productividad y competitividad.
Otro aspecto, como las retribuciones, tanto las básicas como las complementarias, deberá ser tenido en cuenta, en estrecha vinculación con la evaluación del desempeño, para articular un sistema que, en conexión con los modelos europeos
actualmente vigentes, y en consonancia con lo establecido en el EBEP, permita adaptar las retribuciones de los funcionarios a sus actitudes y aptitudes personales y a su puesto de trabajo.
Además, otros elementos debieran ser incluidos en la futura ley, como la formación de los funcionarios, la movilidad o la simplificación de los Cuerpos y Escalas.
El objetivo, en definitiva, es adaptar el marco jurídico de la Función pública española al siglo XXI.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar los trámites para elaborar la Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado, en consonancia con lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000627
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al impulso del Estatuto
del Directivo Público profesional, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Los directivos públicos profesionales de las Administraciones Públicas, conformados en su inmensa mayoría por funcionarios de los Cuerpos Superiores de la Administración constituyen, en la actualidad, el pilar básico que sustenta la
eficacia, el rigor y la profesionalidad de la acción administrativa.
Su carácter neutro, fruto de un riguroso proceso de selección y aprendizaje, basado en los principios constitucionales de mérito y capacidad, hace de ellos técnicos altamente cualificados, capaces de elaborar, implementar y ejecutar con
éxito las políticas públicas.
Consciente de ello, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, reguló por primera vez, en su artículo 13, la figura del directivo público profesional, en la convicción de que dicho colectivo, numeroso,
necesitaba de un estatuto propio que potenciase su figura como eslabón fundamental entre la estructura burocrática y los altos cargos.
En la actualidad, cinco años después de la aprobación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), dicho Estatuto no ha sido desarrollado, por vía norma legal o reglamentaria, lo que ha impedido, en
cierto sentido, que el resto de Administraciones Públicas, principalmente las Comunidades Autónomas, puedan tomar como referente el Estatuto del Directivo Público profesional de la Administración General del Estado para diseñar los suyos propios.
Por ello, la necesidad de un Estatuto del Directivo Público profesional se torna hoy imprescindible. Un Estatuto claro, diáfano, que establezca con precisión su régimen jurídico y, particularmente, la relación existente entre la
Administración General del Estado y los directivos públicos profesionales, su proceso de selección y formación y, en consonancia con los principios de gobernanza y gobierno abierto, la evaluación del desempeño.
Además, dicho Estatuto debería contener una serie de precisiones, como los criterios de delimitación del personal directivo de las Entidades Públicas o su régimen de cese e indemnizaciones.
Todo ello, en aras de garantizar y potenciar la figura del directivo público profesional, una figura cada vez más importante, soporte y motor de la acción política y administrativa.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar los trámites necesarios para la aprobación del Estatuto del Directivo Público profesional de la Administración General del Estado'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000628
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para consensuar una normativa única respecto al uso de la bicicleta en ciudad, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Actualmente la reforma del Reglamento General de Circulación se encuentra en proceso de borrador y envuelto en polémicas con el colectivo ciclista, entre otras por la obligatoriedad del uso del casco en ciudad. El actual Reglamento General
de Circulación apenas recoge unas pocas normas sobre bicicletas mientras los ayuntamientos mantienen diferentes ordenanzas creando confusión entre ciclistas y conductores cuando cambian de municipio. De hecho, de acuerdo al 'Informe sobre el uso de
la bicicleta en vías urbanas' de la Fundación CEA (Comisaríado Europeo del Automóvil): 'Un ejemplo de las discrepancias existentes entre varias ciudades y la misma Dirección General de Tráfico es una ordenanza del Ayuntamiento de Valencia, que
prohíbe circular por la acera a las bicicletas. Sin embargo la DGT, en el Reglamento General de Circulación, permite su uso siempre que el pavimento tenga 3 metros o más de
ancho. En el lado opuesto a la ordenanza valenciana encontramos Barcelona donde, siguiendo la línea marcada por la DGT, permite la circulación de las bicicletas en fas aceras anchas cuando no haya una aglomeración que pueda generar peligro.
Por otra parte, al igual que ocurre en otros ámbitos, no existen tarifas únicas para las sanciones, lo que conlleva una discriminación a los ciudadanos que cometen la misma infracción en dos municipios distintos'.
En el mismo informe se recoge una encuesta realizada entre conductores del club que revela que el 92,83% no conoce las normas de circulación para la bicicleta y un 97,91% reclama más campañas informativas al respecto.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar las modificaciones legales necesarias para consensuar, en colaboración con los ayuntamientos y los colectivos de ciclistas, una normativa única respecto al uso de la bicicleta en ciudad aplicable en todos los municipios.
2. Retirar de la reforma del Reglamento General de Circulación el uso obligatorio del casco en ciudad para los ciclistas.
3. Desarrollar campañas informativas sobre las normas de circulación de la bicicleta destinadas a conductores, peatones y ciclistas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000629
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
medidas para fomentar el empleo juvenil en España y de apoyo a jóvenes en situación de exilio económico, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Nuestro país adolece de un paro juvenil del 57,22%, según las últimas cifras de la EPA del primer trimestre. Esta cifra supone un lastre sin precedentes para nuestra economía, un problema gravísimo en el corto plazo, y crítico en el medio y
en el largo plazo, congelando la evolución vital de una generación y poniendo en tela de juicio el bienestar social, económico y demográfico de nuestro país. Ello requiere articular medidas de acción positiva ante este verdadero drama social.
El Grupo Socialista ha registrado ya varias iniciativas parlamentarias para fomentar el empleo juvenil como son la Proposición no de Ley sobre creación de un Fondo para el Empleo en las pequeñas y medianas empresas, para emprendedores y para
el autoempleo de jóvenes desempleados (162/000319), la Proposición no de Ley sobre elaboración de un Plan de Empleo para Jóvenes para reducir el elevado desempleo juvenil y apoyar la creación de empleo de los jóvenes (162/000165), y la Proposición
no de Ley sobre promoción del empleo juvenil (162/000320), Proposición no de Ley sobre estrategia para combatir el desempleo juvenil en Europa y en España (162/000375). Además de solicitar la creación, en el seno de la Comisión de Empleo y
Seguridad Social, de una Subcomisión para el análisis de la situación del empleo juvenil en España (158/000003), todas estas iniciativas confluyen en un documento final y muy completo que en enero de 2013, el PSOE presentó al Gobierno, agentes
sociales y al resto de los partidos políticos, el Pacto Nacional por el Empleo. Un documento que no es una mera declaración de intenciones sino que aporta a la mesa de diálogo un documento serio y largamente trabajado, con propuestas muy claras.
Un documento de 49 páginas, que incluye 17 propuestas y medidas concretas. El documento del PSOE presta especial atención a toda una serie de medidas específicas para favorecer el empleo de los y las jóvenes en nuestro país, por ser uno de los
sectores de la población más afectado por el paro.
El Gobierno ha rechazado la casi totalidad de nuestras propuestas y el ofrecimiento de nuestro acuerdo. Algo que no ayuda a buscar una solución real a la problemática.
Son numerosos los y las jóvenes que, poseyendo una alta cualificación académica y profesional, se ven forzados a salir fuera de nuestro país para encontrar la oportunidad que en España no consiguen. La consecuencia de esta situación es la
pérdida de los recursos humanos mejor preparados en los que el Estado ha invertido millones de euros en su formación, inversión que no va a revertir en la sociedad española, ni en nuestro sistema económico, por la fuga de talento que no estamos
sabiendo retener.
Por otro lado, no nos podemos olvidar que durante demasiados años, muchos jóvenes abandonaron el sistema educativo para ocupar puestos de trabajo precarios, poco cualificados y muy frágiles, ligados a la burbuja de la construcción, empleos
que ya no existen. Para estos jóvenes con escasa cualificación y formación que carecen de oportunidades reales para encontrar un empleo en España, debemos establecer un compromiso para su atención, tanto en los países a los que se hayan podido
exiliar en busca de un empleo, como aplicar medidas formativas específicas e incentivos para su contratación y ampliación de su experiencia laboral en España.
Las cifras de ciudadanos y ciudadanas españolas que han partido al exterior en busca de un empleo son una realidad social que aún no ha sido cuantificada, pero de la que cada vez conocemos más testimonios. Desconocemos datos sobre la
realidad compleja de este fenómeno en los últimos años. Desconocemos cuántos jóvenes han emigrado en búsqueda de empleo, en qué condiciones viven, qué experiencia laboral están adquiriendo, cuál es su formación y cualificación, en qué condiciones
retornan los que lo hacen y un largo etcétera que nos ayudaría a tener una fotografía mucho más completa de la situación real de nuestros jóvenes exiliados, y así poder tomar decisiones políticas en consecuencia para poder atender mejor a sus
necesidades.
Ante el drama de quienes tienen que emigrar para buscar empleo es imprescindible que se encuentren con todo un sistema de apoyo institucional y protección en el país al que han decidido emigrar. Sin embargo, en los dos últimos ejercicios
presupuestarios, la cantidad de dinero destinada por el Gobierno central para atender a la ciudadanía española en el exterior ha ido en constante disminución: pasando de 140,9 millones en 2011 a sólo 89,7 millones de euros en 2012, y bajando aún
más hasta los 76,7 millones en 2013.
Es preciso, por tanto, que en el marco de implantar medidas que combatan el riesgo de exclusión social que padecen los jóvenes, atendamos también las necesidades de los jóvenes españoles en el Exterior.
Para ello, incluimos en la siguiente Proposición no de Ley medidas para el fomento del empleo juvenil, mecanismos necesarios de investigación, estudio y análisis, así como de información sobre la situación de los flujos migratorios juveniles
en nuestro país. También nuevos instrumentos y mejoras de participación de población juvenil en el exterior por diferentes canales, incluyendo la tecnología.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Fomentar el empleo juvenil constituyendo una mesa de diálogo social juvenil enfocada al empleo de los y las jóvenes y a los movimientos migratorios emprendidos por éstos.
Exigir a las instituciones de la UE un mayor presupuesto e implicación para combatir el desempleo juvenil.
Establecer medidas y beneficios fiscales para evitar que nuestros jóvenes se vayan de España, como una bonificación del 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social en el primer año de contrato en prácticas para licenciados/as y con FP y
una bonificación del 75% en el segundo año.
Aumentar, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, los recursos destinados a la formación y las políticas activas de empleo, especialmente a jóvenes desempleados y desempleadas de larga duración, que han manifestado la intención o corren el
riesgo de emigrar por cuestiones económicas y que no desean hacerlo.
Recuperar la inversión en E+D+i y garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos de las convocatorias de los programas de investigación dedicados a 'acogida para recuperación de talentos' como los Juan de la Cierva y los Ramón y
Cajal, así como otras ayudas para jóvenes investigadores como los FPI, para evitar la fuga de 'cerebros'.
2. Poner en marcha mecanismos de investigación, seguimiento y evaluación de los flujos migratorios en España creando para ello un observatorio de jóvenes y emigración. Realizar una Encuesta Nacional anual de Juventud, Empleo y Emigración y
una consulta dando cabida a la participación de la población joven emigrada.
3. Diseñar un Plan para la atención a los ciudadanos españoles que buscan empleo o se han desplazado recientemente para trabajar en otros países, que incluya, al menos
- El seguimiento estadístico que refleje los datos objetivos de la nueva emigración española.
- La sistematización y difusión por todos los canales que faciliten acceso de la información relevante para los nuevos emigrantes, con información actualizada en diferentes países, especialmente aquellos que son destinos preferentes de los
nuevos emigrantes, e información especialmente destinada a aquellos jóvenes que pretenden iniciar su primera experiencia laboral, relacionada con becas, prácticas laborales, voluntariado y ofertas laborales a las que pudieran concurrir como
candidatos.
- La mejora de los recursos informativos de la Administración española para que los españoles que se planteen emigrar o lo hayan hecho recientemente conozcan sus derechos relacionados con la situación, desempleo, cotizaciones a la seguridad
social u otras prestaciones que pudieran estar percibiendo.
- La atención a los nuevos emigrantes como prioridad política en las relaciones del Gobierno con otros países donde se ha desplazado mayoritariamente, especialmente a través de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación y de Empleo
y Seguridad Social, elaborando una agenda de reuniones para abordar la situación laboral y social de los españoles residentes en ellos, favoreciendo su inclusión en programas de apoyo ya existentes o instando aquellas actuaciones que puedan
favorecerles como colectivo.
- La inclusión de programas de adaptación e integración de los españoles recientemente desplazados, facilitando gestiones relacionadas con vivienda, cursos de lenguas, oportunidades de trabajo, etcétera, tanto en las asociaciones como en
aquellas Consejerías laborales o Consulados.
- La difusión entre los españoles recientemente emigrados del conocimiento de las asociaciones de españoles existentes en los países donde se encuentran, así como de los Consejos de Residentes y el Consejo General de la Ciudadanía española
en el exterior.
- Impulsar convenios de reciprocidad para la homologación de títulos, tomando las medidas pertinentes para agilizar la tramitación de convalidaciones y favorecer la extensión de los servicios de la UNED en las sedes de nuestra Administración
en el Exterior (exámenes, pruebas de selectividad, acceso universidad mayores de 25 años) como oferta de formación en niveles educativos superiores para estos españoles desplazados.
- La adaptación específica de los recursos de la Administración electrónica dependiente de la Administración General del Estado que facilite la realización telemática de todo tipo de trámites administrativos a los españoles que se encuentran
en otro país.
- La presentación de las necesarias modificaciones en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, que permita facilitar el acceso a su derecho a voto de la ciudadanía española en el exterior.
4. Diseñar una Estrategia Nacional de Emigración e Integración para el periodo 2013-2018 que tenga en cuenta el retorno de españoles que se hayan desplazado temporalmente al exterior.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.-María González Veracruz, María del Carmen Silva Rego, Concepción Gutiérrez del Castillo y Esperança Esteve Ortega, Diputadas.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
162/000630
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la homogeneización de la práctica y exigencias de colegiatura en España para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La liberalización de los servicios profesionales en España ha experimentado un desarrollo significativo tras la aprobación de la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios
en el mercado interior y su transposición en nuestro ordenamiento interno a través de dos normas, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, Leyes denominadas como Ley Paraguas y Ley Ómnibus respectivamente.
La obligación de colegiación constituye una restricción de la competencia, según ha indicado en diferentes ocasiones la Comisión Nacional de la Competencia. Los Colegios Profesionales introducen ciertas restricciones al libre acceso a la
actividad laboral. Hay barreras económicas como las cuotas de inscripción o colegiación, elevadas en numerosos casos, y especialmente cuando la colegiación otorga una ventaja competitiva significativa a los miembros colegiados porque suponen una
barrera de acceso con el efecto de desanimar, retrasar o impedir la entrada de nuevos competidores.
Las cuotas de colegiación son una forma de financiación tradicional de los Colegios Profesionales pero, incluso cuando no implican situaciones de exclusión, es necesario analizar sus costes y sus beneficios a fin de que no sean
discriminatorias, abusivas o constituyan una práctica anticompetitiva y una barrera de acceso al ejercicio de la profesión. Otras prácticas colegiales menos habituales, como el establecimiento de fianzas, pueden tener el mismo resultado. La fianza
se deposita al colegiarse y es devuelta cuando cesa la colegiación, pero en una cuantía menor al momento en que se depositó por no remunerarse al precio variable del mercado.
Los Colegios Profesionales también pueden abusar de su monopolio para predeterminar o restringir la contratación de determinados productos o servicios a, por ejemplo, un tercero designado por el propio Colegio, limitando la libre competencia
de modo considerable. Algunos Colegios incluyen como requisito para colegiarse la contratación de un seguro de responsabilidad civil o la afiliación a determinados grupos de previsión social que el Colegio Profesional determine, lo que puede
suponer un abuso de posición y limitación de la libertad del colegiado para elegir productos y servicios. Esta práctica sigue existiendo pese a que la Ley Paraguas lo prohíbe expresamente.
Por estos motivos es necesario establecer de forma clara, y basada en motivos adicionales a los que justifiquen la reserva de la actividad, las razones de la obligatoriedad de colegiación, que deberá ser una medida proporcionada y no
discriminatoria, de acuerdo con lo recogido en la disposición transitoria cuarta de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio: 'Dicho Proyecto deberá prever la continuidad de la obligación de colegiación en aquellos casos y supuestos de ejercicio en que se fundamente como instrumento eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los
destinatarios de los servicios y en aquellas actividades en que puedan verse afectadas, de manera grave y directa, materias de especial interés público, como pueden ser la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o
jurídica de las personas físicas.'
Sin embargo, el desarrollo normativo nacional no se ha seguido siempre por la correspondiente adaptación en las Comunidades Autónomas, desfase que ha creado problemas como una importante restricción para la movilidad profesional, o complejas
barreras de entrada en el mercado laboral.
El análisis de diferentes normativas autonómicas evidencia que muchas regiones todavía no han adaptado el nuevo marco básico estatal, manteniendo normativas que se alejan de lo establecido en el marco legal común, cuando no de un sentido
totalmente contrario a éste. Esta incongruencia puede suponer sanciones al Reino de España por incumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo, y la del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios
en el mercado interior.
Las actuales normas colegiales autonómicas implican restricciones a la competencia profesional, la movilidad de los trabajadores y la libre prestación de servicios profesionales debido a la creación de barreras de acceso al mercado laboral.
Son barreras de acceso para ciertos colectivos profesionales la obligación de la colegiación según la Comunidad Autónoma, la existencia de dificultades para poder colegiarse mediante diferentes tasas, fianzas o cuotas de mantenimiento, o las
restricciones territoriales del efecto jurídico y laboral de esa colegiación.
Tampoco existe un Registro único de profesiones de colegiación obligatoria. La Ley Ómnibus no las determina, aunque dispone un plazo para que el Gobierno lo haga. Y en su disposición transitoria cuarta, determina la obligatoriedad de
colegiación para aquellos 'casos y supuestos de ejercicio en que se fundamente como instrumento eficiente de control de ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios y en aquellas actividades en que pueden verse
afectadas, de manera grave y directa, materias de especial interés público, como es la protección a la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas'.
Además, la normativa mediante la que se pretendía armonizar e impulsar la actividad de los colegios profesionales no derogó las obligaciones de colegiación existentes en el momento de su entrada en vigor, sino que las mantenía
transitoriamente hasta que el Gobierno determinase por ley las profesiones de colegiación obligatoria. Algo que, transcurrido tres años desde la entrada en vigor de la norma, no se ha hecho. En consecuencia, el mapa de colegiaciones obligatorias
vigente a la fecha de entrada en vigor de la Ley Ómnibus quedó congelado, provocando una situación de incertidumbre jurídica e inseguridad laboral en diferentes profesiones.
Unidas a ese vacío legal, las diferentes y divergentes normas autonómicas han complicado también la representación y obligaciones deontológicas de los profesionales. De acuerdo con el artículo 1.3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre
Colegios Profesionales, el Colegio tiene como fin esencial la representación de la profesión de manera exclusiva. Cuando un profesional domiciliado en un territorio en el que no existe la colegiación obligatoria actúa en una Comunidad donde sí es
obligatoria queda vinculado a la representación del Colegio Profesional de esa Comunidad, pero sin poder intervenir en éste, al no estar colegiado, ni poder ser representado por otra asociación diferente.
El principio de colegiación única busca erradicar estas incongruencias normativas y las barreras de acceso y movimiento entre Comunidades Autónomas, logrando una mayor integración del mercado nacional, permitiendo una mayor movilidad y
promoviendo un entorno más competitivo. La actual colegiación múltiple para determinadas profesiones eleva los costes de funcionamiento del sistema, y también supone una infracción de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales,
que en su artículo 3.3 señala que bastará la colegiación a un solo Colegio Profesional, que será el del domicilio profesional principal, para ejercer en todo el territorio español.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un registro de las profesiones que requieren de colegiación obligatoria para su ejercicio de acuerdo con lo recogido en la disposición transitoria cuarta de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
2. Analizar y homogeneizar las normativas existentes sobre Colegios Profesionales en el territorio nacional, en colaboración con las Comunidades Autónomas, para adaptar estas normas a las leyes horizontales básicas de ámbito nacional.
3. Promover la modificación de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, así como las leyes modificatorias de la primera en el sentido de:
a) Fusionar, por cada una de las profesiones, los distintos Colegios Profesionales autonómicos a un único Colegio Profesional de rango estatal que desarrollará las actividades encomendadas descritas en la Ley.
b) Hacer que la colegiación obligatoria consista en un registro, del que el profesional cargará con las costas de la inscripción y cuyo coste de mantenimiento será simbólico y proporcionado.
c) Obligar a los Colegios Profesionales a dar cuenta en sus páginas web, al menos con carácter anual, de las actividades llevadas a cabo y de sus cuentas económicas, posibilitando que los colegiados estén informados y ejerzan un control
efectivo de las actividades de las organizaciones colegiales.
d) Privar a los Colegios Profesionales de la representación institucional exclusiva de las profesiones cuando su ejercicio no requiera colegiación obligatoria.
e) Liberar al profesional colegiado de la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil necesariamente vinculado al Colegio Profesional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000631
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada Doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre medidas para armonizar la creación de infraestructuras sanitarias de forma que se garanticen a todos los ciudadanos el acceso a los servicios en condiciones de igualdad para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La decisión de construir una nueva infraestructura sanitaria, bien sea ésta un hospital, un centro de especialidades o un centro de salud, debe fundamentarse en estudios técnicos que valoren la necesidad de la misma en función del
crecimiento de población previsto, el estado de salud de dicha población y sus necesidades asistenciales, las transformaciones y los nuevos retos de la práctica clínica y la gestión sanitaria, así como la posibilidad de mantener dicha
infraestructura a lo largo del tiempo, valorando posibles alternativas, su coste, y su impacto en el funcionamiento de la red sanitaria existente previamente.
Desde que se completaron las transferencias sanitarias a las comunidades autónomas en 2002 y aprovechando el período de bonanza económica, en España se han construido hospitales, centros de especialidades y centros de salud sin haberse
valorado adecuadamente las consecuencias a medio y largo plazo. Muchas de las veces incluso la construcción de estos centros han correspondido a intereses puramente electoralistas puesto que una vez finalizadas las obras no existían fondos
suficientes para poner en marcha dichos centros.
Esto sucede ya que al contrario de lo que pueda ocurrir en otros sectores, el coste más relevante que generan las infraestructuras sanitarias no se produce en el momento inicial en el que se construyen, sino cuando se ponen en funcionamiento
y se gestionan a lo largo del tiempo.
La demanda sanitaria de la población tiende a infinito, y corresponde al gestor sanitario decidir cuál es la forma más eficiente de destinar los recursos disponibles para conseguir los mejores resultados en salud posibles. Frente a esto, en
nuestro país hemos visto cómo se promovía para determinada localidad 'el mayor hospital de Europa', aunque esta localidad diste mucho de ser la mayor de Europa, o se aprovechaba un mitin electoral para anunciar la construcción de un nuevo hospital.
El uso y abuso de sistemas de financiación que permiten maquillar el déficit público a través de sistemas de colaboración público-privada ha sido otro acicate relevante en la burbuja hospitalaria vivida en España en los últimos años. Los
compromisos con las empresas concesionarias han llevado a la paradoja de que en mitad de una profunda crisis económica se hayan puesto en funcionamiento hospitales cuando existían alternativas cercanas.
La principal consecuencia de esta burbuja es que hoy desde algunas administraciones públicas se pretende culpar a los ciudadanos de un gasto sanitario que en realidad ellos no han demandado y ven como se privatiza la gestión de hospitales
construidos hace pocos años o se cierran centros de atención rural de urgencias, sin que las necesidades ni la demanda asistencial haya cambiado sustancialmente. Ni el crecimiento económico justificaba la implantación de estos servicios, ni la
crisis económica justifica su cierre. Los pacientes asisten perplejos a la ineptitud de sus gobernantes, a la crispación de los profesionales sanitarios y a la confusión derivada de la incapacidad para explicar los procesos de toma de decisiones y
de la opacidad con la que gestiona cada una de las Comunidades Autónomas nuestro Sistema de Salud.
Actualmente en España existen tres hospitales ya construidos pero que no han sido puestos en funcionamiento por falta de fondos (en Gandía, Llíria y Collado-Villalba), siete con las obras paralizadas (en Toledo, Vigo, Cáceres, Salamanca,
Guadalajara, Cuenca y Granada) y varios anunciados o proyectados pero que no han llegado a construirse (en Torrent, Vall d'Uxo, Peñíscola, Ontinyent, Benidorm, Cádiz,
Málaga, Jaén y Eibar). También existen centros de salud y servicios de urgencias de atención primaria pendientes de dotación tras haber sido construidos.
La construcción de estos centros ha cumplido las funciones propagandísticas con que se diseñaron sin que en muchos casos se haya conseguido una mejora real de los parámetros que permiten evaluar la eficiencia del conjunto de un servicio
sanitario como listas de espera quirúrgica y diagnóstica, derivaciones a centros concertados, etc.
Es importante transmitir a la ciudadanía desde los poderes públicos que el centro sanitario más cercano no siempre es el mejor, sino que es necesario que determinadas enfermedades poco frecuentes se concentren en ciertos centros para
permitir a los equipos de profesionales sanitarios adquirir la experiencia y habilidad clínica imprescindibles para un manejo adecuado.
Urge tomar medidas que eviten que el electoralismo, el localismo, y la ausencia de planificación transparente y verificable primen a la hora de tomar decisiones relevantes y estratégicas para nuestro sistema sanitario. Es fundamental que la
administración general del Estado recupere un papel que nunca debió perder a la hora de autorizar y evaluar los proyectos de construcción y rehabilitación de infraestructuras sanitarias para garantizar la equidad y sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud, avalando su continuidad al margen de vaivenes políticos.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las medidas necesarias para que:
1. La construcción de una nueva infraestructura sanitaria del Sistema Nacional de Salud requiera una autorización previa del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
2. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad garantice que la construcción de una nueva infraestructura sanitaria cuente con un estudio previo que analice la demanda asistencial prevista, las alternativas posibles para
satisfacer dicha demanda, el impacto que la puesta en funcionamiento de dicha infraestructura tendrá sobre la red existente y la viabilidad económica a medio y largo plazo de mantener la infraestructura en funcionamiento.
3. El Gobierno fomentará la máxima transparencia de la planificación sanitaria de manera que dicho estudio deberá ser publicado en la página web del Ministerio.
4. Se establezcan los mecanismos necesarios de coordinación entre comunidades autónomas para que la construcción de nuevas infraestructuras sanitarias se realice de forma armónica y pueda repercutir en una mejora de la atención sanitaria de
los ciudadanos que viven en comunidades limítrofes a aquélla en la que se produzca la inversión. Para ello, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad promoverá la elaboración de un Plan Nacional de Infraestructuras Sanitarias dentro
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000632
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
promover un Programa de Apoyo a la financiación de pequeñas y medianas empresas, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
La economía española afronta un serio problema de financiación que supone hoy en día el principal cuello de botella para la recuperación de la actividad. La mala situación del sector financiero, que se encuentra inmerso en un proceso de
saneamiento de sus balances, ha propiciado que llegue poca financiación a la economía real y que no estén cubiertas las necesidades de empresas y familias.
Además la crisis ha complicado extraordinariamente las condiciones de financiación de las empresas y hogares. Se ha reducido el volumen y se han endurecido las condiciones de acceso (p.e., tipos de interés, garantías y plazos). En el caso
de las PYMES, esta situación provoca la destrucción masiva del tejido empresarial y limita la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales. El número de PYMES inscritas en la Seguridad Social se ha reducido en 160.000 desde 2008 (un -12%) y
más del 75% son empresas de menos de 9 trabajadores. Ello ha provocado una pérdida de más de 1,4 millones de empleos (un -17%).
Ante esta situación, cada vez menos empresas intentan acceder a financiación externa -a finales de 2012 solo el 24% de las PYMES españolas aspiró a acceder a financiación externa frente al 51,5% que lo intentó en 2011- un dato preocupante ya
que la mayoría se están quedando excluidas de los canales de crédito y ello se está traduciendo en un incremento de la morosidad y dificultando el desarrollo de su actividad.
Entre las PYMES que persisten en su intento de acceder a los canales de financiación el problema se deriva del endurecimiento de las condiciones del crédito, En el cuarto trimestre de 2012, únicamente un 4% consiguen financiación sin
problema, un 64% de las PYMES que intentaron acceder a crédito recibieron un préstamo aunque en condiciones más duras y un 32% se quedaron sin la necesaria financiación. En particular, el volumen de financiación proporcionado por la entidad
financiera se ha reducido, se ha incrementado el coste de financiación (tipo de interés), se han encarecido los gastos y comisiones, han aumentado las exigencias de avales y garantías, se ha dilatado el plazo de la respuesta de la entidad financiera
y se les exige un plazo de devolución de la financiación más reducido.
Para dar respuesta a esta preocupante situación, es necesario instrumentar mecanismos para fomentar el acceso a la financiación al sector empresarial y, en particular, a las pequeñas y medianas empresas. En la situación actual, dominada por
la falta de liquidez y crédito a las empresas, resulta prioritario facilitar financiación como elemento imprescindible para impulsar la actividad y el empleo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Solicitar al Banco de España, en coordinación con el Banco Central Europeo, a poner en marcha un programa de Financiación por Prestamos, inspirado en la propuesta británica 'Funding for lending scheme', con el objetivo de incentivar al
sector bancario a otorgar créditos a empresas no financieras a través de una reducción en los costes de financiación de las entidades financieras. Este esquema tendría las siguientes características:
a) Financiaría el crecimiento del crédito neto de las entidades financieras que podrían utilizar el colateral de su nuevo crédito a la economía real para tener acceso a esa línea de financiación.
b) El acceso al programa estaría condicionado al volumen y la variación del crédito concedido a pymes por parte de las entidades.
c) Las entidades que accedan al programa tendrán condiciones privilegiadas de financiación y el coste dependerá de la cantidad neta prestada, siendo menor para aquellas entidades financieras que mantengan o aumenten su crédito concedido.
d) El programa estaría en vigor por un plazo determinado de tiempo, a precisar por la autoridad bancaria en función de objetivos reales y se mantendría hasta que se recupere la actividad económica en nuestro país.
e) Los incentivos tendrían un carácter contracíclico y serían crecientes en función de la distancia a los objetivos perseguidos y disminuirían según la economía se acerque a su cumplimiento.
f) El acceso a mejores condiciones de financiación incluiría esquemas que permitan sacar del balance de las entidades financieras a los nuevos préstamos concedidos a las empresas sustituyéndolos por títulos públicos con mayores garantías.
g) Se establecerán incentivos que reconozcan públicamente la labor de aquellas entidades con mayores esfuerzos por facilitar financiación a la actividad económica.
h) El ICO reconocerá explícitamente en el acceso a sus líneas el cumplimiento de los objetivos en este programa.
2. Establecer incentivos para incrementar el volumen disponible en otros instrumentos alternativos para la obtención de financiación ajena por parte de las empresas -Capital riesgo, 'Business angels', Capital semilla y Préstamos
participativos- y así reducir la fuerte dependencia de la financiación bancaria.
3. En relación con el papel de ICO se proponen las siguientes medidas:
a) Nueva definición del ICO que refuerce su papel en el mercado financiero español.
b) La línea ICO-Liquidez debería de prorrogarse mientras persistan las necesidades financieras de las PYMES y aumentar su cuantía cuando esta se agote.
c) Reforzar las líneas de crédito del ICO con asunción total o parcial del riesgo por este último, frente a aquellas que dependen de la mediación de la banca comercial.
d) Ampliar las líneas ICO destinadas a reforzar el capital de determinadas empresas: i) empresas de reciente creación, en sectores con perspectivas de crecimiento elevadas ii) empresas ya establecidas, con dificultades para recapitalizarse
y para acceder a la financiación bancaria, iii) descuento de facturas pendientes de pago por parte de las administraciones públicas.
4. Establecer medidas dirigidas directamente a fomentar el crédito bancario mediante programas de garantías a través de sociedades de garantía recíproca (SGR), para garantizar créditos a micro, pequeñas y medianas empresas. Con este
programa, similar al que se puso en marcha en Reino Unido en 2010 llamado 'Enterprise Finance Guarantee', se pretende reformar el sistema español de garantías recíprocas, para aumentar la eficacia de la actuación del ICO.
5. Instrumentar líneas de crédito específicas de financiación a PYMES a través del BEI.
6. Disminuir la morosidad mediante la puesta en marcha de un paquete de medidas como las siguientes: i) el establecimiento de procedimientos de reclamación simplificados para las deudas de bajo importe; ii) avanzar en el cumplimiento de
la normativa europea y nacional en lo relativo a la morosidad y iii) facilitar la posibilidad de que las empresas puedan compensar a través de una única cuenta con la administración pública los cobros y pagos pendientes reconocidos con la misma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.-Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000633
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para dar una solución justa a los tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Los planes de recapitalización, reestructuración y/o resolución de las distintas entidades financieras, conforme a lo establecido en el Memorando de Entendimiento (MOU) acordado por el Ministro de Economía con ocasión del rescate financiero,
establecen que 'se adoptarán medidas a fin de aligerar la carga para el contribuyente de la reestructuración bancaria. Tras asignar pérdidas a los accionistas, las autoridades españolas exigirán la aplicación de medidas para repartir la carga entre
los titulares de capital híbrido y los de deuda subordinada de los bancos que reciban ayuda pública, mediante la introducción de ejercicios voluntarios y, en su caso, obligatorios de responsabilidad subordinada.' (apartado 17). De esta forma, según
las condiciones acordadas por el MOU, 'las autoridades españolas introducirán las modificaciones legislativas necesarias para permitir los ejercicios de responsabilidad subordinada, cuando el reparto exigido de la carga no se logre de forma
voluntaria. Estas modificaciones deberán incluir disposiciones que contemplen la plena participación en tales ejercicios de los titulares de instrumentos de capital híbrido y de deuda subordinada.' (apartado 18). Asimismo, establece que 'los
bancos con déficit de capital que precisen de ayuda pública introducirán ejercicios de responsabilidad subordinada sobre la base del marco jurídico revisado y de conformidad con las normas en materia de ayuda estatal, convirtiendo el capital
híbrido y la deuda subordinada en recursos propios con ocasión de la inyección de capital público o mediante recompra con descuentos considerables.' (apartado 19).
Esta condicionalidad de la política financiera ha sido trasladada al capítulo VII de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que contempla las acciones de gestión de los instrumentos
híbridos de capital y de deuda subordinada que se vayan a realizar para asegurar un reparto de los costes de reestructuración de la entidad. Dicha Ley también prevé que estos ejercicios de responsabilidad se impongan por el FROB con carácter
obligatorio.
Ese reparto de los costes ('burden sharing') o quita dependerá, entre otros, de las circunstancias de cada entidad, del tipo de título y de su vencimiento. No obstante, los planes de reestructuración no contemplan un trato diferencial para
los pequeños ahorradores que han sido engañados en la comercialización masiva de participaciones preferentes y deuda subordinada. Los tenedores de dichos instrumentos híbridos asumirán parte de las pérdidas, con quitas muy significativas del valor
nominal.
Por otro lado, el Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero, establece la posibilidad de aplicar un procedimiento de
arbitraje a través de la creación de una comisión de seguimiento y de un asesor independiente de carácter privado, que llevará a cabo una supervisión e identificación de los casos que han podido ser objeto de una mala praxis en la comercialización,
con unos criterios que les serán señalados pero que no han sido previstos ni concretados en dicho Real Decreto-ley. La regulación de la comisión de seguimiento no establece ninguna previsión adicional en relación con los procedimientos de
arbitraje, ni se aclara cómo se coordinarán esos criterios con los de aquellas entidades que ya tienen en marcha mecanismos de arbitraje en relación con sus emisiones de instrumentos híbridos. Estos criterios habrán de adoptarlos todas las
entidades participadas por el FROB; es decir, en terminología del Memorando de Entendimiento, en principio todas las entidades de crédito del Grupo 1 así como aquellas entidades del Grupo 2 en las que el FROB tenga una participación accionarial.
Asimismo, se exige que la adquisición de estas acciones ilíquidas se haga de acuerdo con la normativa de la Unión Europea de ayudas de Estado y sin que en ningún caso su precio de adquisición supere su valor de mercado, tal y como quede
determinado por el experto independiente. Habrá, por tanto, una nueva valoración de estas acciones a efectos de su adquisición por el Fondo de Garantía de Depósitos que podría ser distinta de la tenida en cuenta a efectos del canje de instrumentos
híbridos.
El FROB en uso de sus facultades previstas en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, ha publicado varias resoluciones con las normas de valoración de los instrumentos híbridos de las entidades controladas por él. Al Grupo BFA-Bankia se le
aplicará un recorte medio del 38% a los tenedores de participaciones preferentes, del 36% a los tenedores de deuda subordinada perpetua y del 13% a los tenedores de deuda subordinada con vencimiento. A Novagalicia Banco se le aplicará un recorte
medio del 43% a los tenedores de participaciones preferentes, del 41% a los tenedores de deuda subordinada perpetua y del 22% a los tenedores de deuda subordinada con vencimiento. A Catalunya Banc se le aplicará un recorte medio del 61% a los
tenedores de participaciones preferentes, del 40% a los tenedores de deuda subordinada perpetua y del 15% a los tenedores de deuda subordinada con vencimiento. Al Banco Gallego se le aplicará un recorte medio del 50% a los tenedores de
participaciones preferentes, del 39% a los tenedores de deuda subordinada perpetua y del 11% a los tenedores de deuda subordinada con vencimiento.
En definitiva, las medidas que ha adoptado el Gobierno no prevén una solución justa al problema de la comercialización masiva de participaciones preferentes y deuda subordinada, entre la clientela minorista, puesto que el procedimiento de
arbitraje es muy restrictivo para poder acceder a él.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar una solución justa a los tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada que fueron engañados en la comercialización masiva de estos instrumentos híbridos. Para ello, se
adoptarán las siguientes medidas:
1. Suspender, con carácter inmediato, todas las resoluciones adoptadas por la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por las que se acuerdan acciones de gestión de los instrumentos híbridos de capital y
deuda subordinada en ejecución de los planes de reestructuración o resolución para cada una de las entidades del Grupo 1 y 2 apoyadas o participadas por el FROB, y que suponen la aplicación de recortes o quitas para tenedores de participaciones
preferentes y deuda subordinada.
2. Dejar sin efecto el Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, suspendiendo el procedimiento de arbitraje previsto en el mismo y los criterios básicos determinados por la Comisión de Seguimiento de instrumentos híbridos de capital y deuda
subordinada.
3. Encomendar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la gestión de la calificación de idoneidad de los pequeños ahorradores que han sido engañados en la comercialización masiva de participaciones preferentes y deuda
subordinada. Esta calificación se aplicará a todos los tenedores de participaciones preferentes, deuda subordinada y titulares que hubieran convertido el valor de estos instrumentos en acciones considerados como ''no idóneos'' por la CNMV de todas
aquellas entidades que hayan recibido apoyo o estén participadas por el FROB, en particular, en el proceso de integración de Bankia (Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia). La CNMV aplicará
la normativa vigente de protección de los consumidores y usuarios de servicios financieros. Con el fin de que el control de idoneidad sea lo más eficaz y ágil posible, se dotará de recursos y medios suficientes a la CNMV.
4. Establecer las medidas necesarias para que los tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada considerados ''no idóneos'' por la CNMV se les garantice la recuperación total del nominal invertido mediante instrumentos que
gocen de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos.
5. Eximir del pago de tasas judiciales las demandas sobre la nulidad de los contratos de participaciones preferentes y deuda subordinada.
6. Utilizar todos los mecanismos a disposición del Gobierno para exigir responsabilidades a las entidades causantes de la comercialización fraudulenta entre la clientela minorista de participaciones preferentes y deuda subordinada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2013.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000634
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre las
ayudas de subsidiación de préstamos, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad establece que, a partir de la entrada en vigor del mismo, quedan suprimidas las ayudas de subsidiación de
préstamos, incluidas las que estén en tramitación y que no hayan sido objeto de concesión por parte de la Comunidad Autónoma.
Ahora, ante el alargamiento y empeoramiento de la crisis económica, son más necesarias que nunca medidas que calen y garanticen el acceso a la vivienda y el derecho constitucional a una vivienda digna.
Eliminar estas ayudas supondrá más dificultades para garantizar el derecho a la vivienda a miles de ciudadanos que se encuentran hoy en día en el paro y en situación de insolvencia sobrevenida.
Al igual que otros Reales Decretos-leyes, tiene un carácter retroactivo implícito y crea inseguridad jurídica, pues incluye en la exclusión del derecho a percibir las ayudas a las peticiones ya registradas y a las solicitudes de prórroga.
Esta retroactividad es clara en el caso de los que demanda la prórroga de las ayudas, ya que esas ayudas son concedidas por cinco años y renovables hasta llegar a quince años.
El Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, en lugar de limitar estas ayudas, amplió sus
beneficiarios e incorporó cinco años a los diez que se podría recibir, estableciendo que la subsidiación se concederá por un período inicial de cinco años, que podrá ser renovado durante otros dos períodos de igual duración y por la cuantía que
corresponda, con unas determinadas condiciones.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. A incluir, de forma inmediata, en un Real Decreto-ley la derogación de los apartados del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, así como de
todas aquellos artículos de normas, decretos y leyes posteriores, que eliminen las ayudas de subsidiación de préstamos o varíen las condiciones establecidas para dichas ayudas antes de la aprobación de dicho Real Decreto-ley.
2. Que se aprueben los cambios oportunos para mantener el derecho a percibir la ayuda de subsidiación de préstamos para aquellas personas que lo hubieran solicitado antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio,
y desde la aprobación del mismo hasta su modificación, y así como para aquellas personas que soliciten una prórroga del mismo, con la única limitación de ampliar las condiciones establecidas para dichas ayudas antes de la aprobación del referido
Real Decreto-ley.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.-Herick Manuel Campos Arteseros y Leire Iglesias Santiago, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000255
Se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del acuerdo adoptado por la Comisión de Industria, Energía y Turismo en su sesión del día 25 de abril de 2013, de desestimar la Proposición no de Ley sobre la prohibición
de las prospecciones petrolíferas en el mar Mediterráneo, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y publicada en el 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie D, núm. 43, de 27 de febrero de 2012.
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2013.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa de la Comisión de Industria, Energía y Turismo
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
prohibición de las prospecciones petrolíferas en el mar Mediterráneo.
Enmienda
De modificación.
El texto quedaría redactado de la siguiente manera:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en colaboración con la Generalitat Valenciana, vele por el cumplimiento de las normas de protección medio ambiental y de protección de los recursos marinos vivos en los permisos de
investigación de hidrocarburos en la costa mediterránea.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000403, 161/000826 y 161/001511
La Comisión de Industria, Energía y Turismo, en su sesión del día 25 de abril de 2013, adoptó el acuerdo de desestimar las siguientes iniciativas:
- Proposición no de Ley relativa a la creación de una línea específica para la reestructuración industrial de empresas con viabilidad (núm. expte. 161/000403), presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 59, de 21 de marzo de 2012.
- Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a presentar un proyecto de Real Decreto que permita el despegue y la consolidación del sector de la biomasa térmica y eléctrica y el biogás en España (núm. expte. 161/000826),
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 138, de 2 de agosto de 2012.
- Proposición no de Ley sobre la marca turística 'La España Verde' (núm. expte. 161/001511), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 252, de 8 de abril de 2013.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
161/000612
La Comisión de Industria, Energía y Turismo, en su sesión del día 25 de abril de 2013, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre paralización del proyecto de explotación minera de magnesitas de Borobia (Soria),
presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 95, de 22 de mayo de 2012.
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa de la Comisión de Industria, Energía y Turismo
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Enmienda a la Proposición no
de Ley sobre paralización del proyecto de explotación minera de magnesitas de Borobia (Soria) del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Enmienda
De modificación.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas, en el ámbito de sus competencias, para liderar un acuerdo político previo sobre la posible explotación de la mina de magnesita, denominada San Pablo, en el
término municipal de Borobia (Soria), entre la Comunidad Autónoma de Castilla y León (órgano promotor) y la Comunidad Autónoma de Aragón, así como con la aceptación y aprobación mayoritaria en la Corporación Municipal de Borobia; que garantice el
respeto al medio ambiente, en especial la protección de las aguas y el desarrollo socio-económico de la zona.'
Motivación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001490
La Comisión de Industria, Energía y Turismo, en su sesión del día 25 de abril de 2013, aprobó la Proposición no de Ley sobre impulso del modelo de colaboración público privada para promover inversiones en medidas de eficiencia energética en
el sector de la edificación, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 245, de 25 de marzo de 2013, en sus propios términos.
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Seguir impulsando el modelo de contrato basado en la colaboración público privada en los edificios de la administración pública dependientes del Estado para conseguir reducir el consumo energético de los edificios, disminuir la
dependencia energética de España, acercarnos al cumplimiento de los objetivos 20-20-20 y crear empleo bajo un sector de futuro como es el del ahorro y la eficiencia energética asociado al sector de la edificación.
2. Reforzar la colaboración entre los Organismos con competencias en material de edificaciones administrativas, vivienda y energía del Gobierno de España para coordinar e impulsar la contratación público privada en materia energética en el
conjunto de las Administraciones Públicas a través del próximo programa de ahorro y eficiencia energética en España.
3. Impulsar conjuntamente con operadores privados especializados, en particular, con las empresas de servicios energéticos aquellas medidas que fuesen necesarias para activar el mercado de los servicios energéticos en toda su cadena de
valor, desde la fabricación de los componentes hasta el mantenimiento pasando por las actividades de diseño e instalación de las medidas de ahorro y eficiencia energética que fuesen necesarias en cada caso.'
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
161/001510
La Comisión de Industria, Energía y Turismo, en su sesión del día 25 de abril de 2013, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a la presentación, en el plazo máximo de seis meses desde su
aprobación, de un Proyecto de Ley para regular la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante el método de fracturación hidráulica o 'fracking' o técnicas
análogas, presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 252, de 8 de abril de 2013.
A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyos textos se insertan a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa de la Comisión de Industria, Energía y Turismo
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Enmienda a la Proposición no
de Ley por la que se insta al Gobierno a la presentación, en el plazo máximo de seis meses desde su aprobación, de un Proyecto de Ley para regular la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante el método de fracturación hidráulica o
'fracking' o técnicas análogas, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Enmienda
De modificación.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Constituir un Grupo Independiente de Expertos, con la encomienda de elaborar, en el plazo máximo de tres meses, un informe en el cual se evalúen los riesgos ambientales de toda índole ligados a las técnicas de fracturación hidráulica u
otras destinadas a la explotación del llamado gas no convencional. Para su puesta a disposición de la ponencia parlamentaria que al efecto se constituya.
2. De forma inmediata, y hasta que la normativa estatal reguladora que habrá de aprobarse entre en vigor, suspender todas las actividades de prospección, exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales que supongan la
utilización de la fractura hidráulica, y por consiguiente no autorizar ninguna nueva solicitud y dejar en suspenso las previamente autorizadas.
3. Las prospecciones, exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales no se realizará, en ningún caso, en zonas de acuíferos y espacios protegidos.
4. Impulsar un cambio de modelo energético, en convergencia con la estrategia europea y su hoja de ruta, basado en las fuentes renovables y limpias y en el ahorro y la eficiencia.'
Motivación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa de la Comisión de Industria, Energía y Turismo
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a iniciativa de su portavoz doña Rosa María Díez González, al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguiente Enmienda a la
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a la presentación, en el plazo máximo de seis meses desde su aprobación, de un Proyecto de Ley para regular la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante el método de fracturación
hidráulica o 'fracking' o técnicas análogas, del Grupo Parlamentario de UPyD.
Enmienda
Al nuevo punto
De adición.
Texto que se propone:
'4. Las prospecciones, exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales no se realizará, en ningún caso, en espacios protegidos.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000079
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto.
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre el respeto a los valores democráticos por parte del Gobierno en el proceso soberanista de Cataluña.
Acuerdo
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el
acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia del diputado don Alfred Bosch i Pascual, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación
urgente sobre el respeto a los valores democráticos por parte del Gobierno español en el proceso soberanista de Catalunya para su debate en Pleno.
Moción
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Garantizar que el Centro Nacional de Inteligencia no realice actividades que supongan una intervención en las decisiones adoptadas por el Parlament de Catalunya.
2. Garantizar que los indicios de delito cometidos por cargos electos son investigados por la policía competente y, en su caso, mediante la autorización judicial correspondiente, asegurando que el Centro Nacional de Inteligencia no realice
seguimiento de cargos electos por sus ideas.
3. Realizar una investigación exhaustiva sobre la actuación del Centro Nacional de Inteligencia en la operación conocida como Horizonte Después o en cualquier otra actividad del CNI en relación a la política o los políticos catalanes (como
por ejemplo la vinculada con Método3). Dicha investigación deberá aclarar si hubo directrices políticas que iniciaran, instigaran o legitimaran estas operaciones, si ha habido o continúa habiendo periodistas pagados por el CNI para defender una
posición ideológica, qué cargos políticos estuvieron informados y/o vinculados con estas operaciones y, en su caso, si éstas tuvieron el preceptivo control judicial previo por parte del Magistrado del Tribunal Supremo competente. Esta investigación
será presentada, mediante un informe y siguiendo los cauces reglamentarios oportunos, ante el Congreso de los Diputados, que podrá reclamar cuántos documentos o información detallada o complementaria considere oportuna.
4. Respetar las decisiones del Parlament de Catalunya adoptadas democráticamente, así como la voluntad del pueblo de Catalunya expresada en las urnas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.-Alfred Bosch i Pascual, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
173/000080
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre los motivos del Gobierno para acometer una reforma de la legislación que protege los derechos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y el ejercicio libre y responsable de la
interrupción voluntaria del embarazo.
Acuerdo:
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el
acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista se dirige a esa Mesa para, al amparo del artículo 184.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Moción consecuencia de Interpelación Urgente sobre los motivos del
Gobierno para acometer una reforma de la legislación que protege los
derechos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y el ejercicio libre y responsable de la interrupción voluntaria del embarazo.
Moción
'1. El Congreso de los Diputados rechaza la anunciada revisión de la vigente legislación en España sobre salud sexual y reproductiva y sobre el ejercicio libre y responsable de la interrupción voluntaria del embarazo.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
a) Considerar, en todo caso, que las leyes deben garantizar los derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, así como las condiciones de la interrupción voluntaria, legal y segura del embarazo que han
sido reconocidos por los diversos instrumentos internacionales suscritos por España, de Naciones Unidas, a través de resoluciones del Consejo de Europa, del Parlamento Europeo y por las directrices técnicas y de políticas para los sistemas de salud
adoptadas por la OMS sobre aborto sin riesgos en 2012. Legislación que ha sido incorporada a nuestro ordenamiento a través de la Ley Orgánica 2/2010, teniendo en cuenta el Informe del Consejo de Estado en relación a su constitucionalidad, las
aportaciones de las diversas personas expertas que informaron su elaboración a través de los trabajos de la Subcomisión parlamentaria creada al efecto y que, en especial, refleja el alcance del consenso generado entre las distintas fuerzas políticas
a lo largo de su tramitación parlamentaria.
b) Asumir que la salud sexual y reproductiva debe ser asegurada por los distintos poderes públicos, con equidad en el acceso a las prestaciones, en desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y sociales, para así poder contar con una
política pública, integral y preventiva de salud sexual y reproductiva que implica:
- La información y la educación afectivo-sexual y reproductiva en los contenidos formales del sistema educativo;
- El acceso universal a los servicios y programas de salud sexual y reproductiva;
- El acceso a métodos seguros y eficaces que permitan regular la fecundidad;
- La eliminación de toda forma de discriminación, con especial atención a las personas con algún tipo de discapacidad, a las que se les debe garantizar su derecho a la salud sexual y reproductiva, estableciendo para ellas los apoyos
necesarios en función de su discapacidad;
- La educación sanitaria integral, y con perspectiva de género sobre salud sexual y salud reproductiva;
- La sensibilización social y la información sanitaria sobre anticoncepción y sexo seguro que prevenga, tanto las enfermedades e infecciones de transmisión sexual, corno los embarazos no deseados.
c) Garantizar legalmente el acceso a la interrupción del embarazo en condiciones que aseguren la protección y eficacia de los derechos de cualquier mujer que solicite la mencionada intervención en el Sistema Nacional de Salud, y en
particular, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación.
d) Respetar, siguiendo las diversas recomendaciones expertas y la aplicación del derecho comparado, una legislación de plazos combinada con determinados supuestos de indicación terapéutica, que asegure a las mujeres la adopción de una
decisión libre e informada en un periodo concreto de la gestación, ejerciendo la 'autodeterminación consciente' sin interferencia de terceros, como ha recogido el TC en su STC 53/1985, previendo que tras los plazos de gestación fijados en la
normativa, se determinen los requisitos y condiciones de la protección que deba prestarse ante los supuestas de indicación terapéutica que procedan.
e) Asegurar la protección de la intimidad y la confidencialidad de los centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma que presten la interrupción voluntaria del embarazo, así como la seguridad jurídica y derechos de los
profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo.
f) Que, al objeto de reforzar la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, debe mantenerse la derogación de la tipificación penal tal y como fue expresamente contemplada en la disposición derogatoria de
la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
g) Que no debe abordarse reforma alguna de esa normativa antes del pronunciamiento del Tribunal Constitucional pendiente de emitir al respecto, como consecuencia del recurso interpuesto ante dicha ley por el partido que apoya al Gobierno.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
173/000081
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.
Autor: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre el criterio del Gobierno a la hora de transformar en autovías aquellas carreteras que discurren de manera paralela a autopistas de peaje, con especial referencia a la N-II y N-232 en sus
tramos aragoneses.
Acuerdo:
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el
acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA, La Izquierda Plural, a instancia del Diputado de CHA don Chesús Yuste, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Moción como consecuencia de fa interpelación urgente 'sobre el criterio del Gobierno a la hora de transformar en autovías aquellas carreteras que discurren de manera paralela a autopistas de peaje, con especial referencia a la N-II y N-232
en sus tramos aragoneses', para debatir en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
La diversidad de respuestas formuladas por los responsables del Gobierno con respecto al criterio a seguir en los procesos de desdoblamiento de las carreteras dependientes del Ministerio de Fomento, que discurren de forma paralela a
autopistas de peaje, concretamente los tramos aragoneses de la N-II entre Pina y Fraga y de la N-232 entre Mallén y Figueruelas, ha creado una creciente indignación entre los usuarios y las diversas administraciones de los territorios por los que
discurren estos trazados, incluido el propio Gobierno de Aragón.
El pasado 5 de octubre de 2012 el Secretario de Estado de Infraestructuras, sellar Catalá, afirmó en la Comisión de Fomento: 'Es un tanto complicado sostener que todos los tramos de carreteras nacionales que transcurren en paralelo con
autopistas de peaje deban ser desdoblados'. Tal declaración provocó las críticas de todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón y del propio Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, así como una matización posterior desde el
propio Ministerio de Fomento.
No obstante, el pasado 20 de febrero de 2013, durante la celebración del Debate de Política General sobre el 'Estado de la Nación', el propio Presidente del Gobierno respondió, al ser cuestionado por los desdoblamientos pendientes en Aragón:
'En relación con las demandas de carreteras, no se desdoblan, ya que existen en paralelo autopistas de peaje'. Afirmación que fue matizada posteriormente por fuentes del Ministerio de Fomento, pero que ha vuelto a generar confusión sobre los
verdaderos planes del Gobierno con respecto a estas infraestructuras, que son reclamadas, de manera unánime por las instituciones y la sociedad aragonesas.
Con la intención de esclarecer definitivamente las clamorosas contradicciones de los máximos responsables del Gobierno en esta materia y, por supuesto, de impulsar compromisos que aceleren las inversiones precisas para completar estos tramos
sin desdoblar, los de mayor siniestralidad de las carreteras aragonesas, que ya suman doscientos muertos en diez años, el Grupo Parlamentario IU, ICVEUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente:
Moción consecuencia de la interpelación urgente al Gobierno
'El Pleno del Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Implementar de forma inmediata, de acuerdo con el Gobierno de Aragón, la liberación completa del peaje para camiones y vehículos pesados en los tramos de las autopistas AP-2 Alfajarín-Fraga y AP-68 Aragón-Tudela.
2. Acelerar la tramitación y consignar recursos presupuestarios suficientes para que, antes de la finalización de la presente legislatura, se pueda liberar permanentemente el peaje de la AP-2 entre Alfajarín y Pina de Ebro y comenzar la
ejecución de las siguientes obras, consideradas prioritarias y urgentes: los desdoblamientos de la N-II entre Pina de Ebro y Fraga y de la N-232 entre Mallén y Figueruelas.
3. Y, mientras se estén realizando las obras de ejecución de los mencionados desdoblamientos por razones de seguridad vial, liberar completamente el peaje para todo tipo de vehículos de las autopistas AP-2 Alfajarín-Fraga y AP-68
Alagón-Tudela.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.-Chesús Yuste Cabello, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Industria, Energía y Turismo
181/000756, 181/000757, 181/000766, 181/000767 y 181/000768
En la sesión de la Comisión de Industria, Energía y Turismo del día 10 de abril de 2013 han quedado retiradas por manifestación de voluntad del Diputado don Félix Lavilla Martínez (G.P. Socialista) las preguntas sobre:
- Cantidad de dinero que se ha ejecutado en la provincia de Soria durante el año 2012 por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/013020) (núm. expte. 181/000756).
- Evolución de la plantilla, plazas ocupadas desde el año 2000 y prestaciones en relación con el Parador de Turismo de la ciudad de Soria (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/013427) (núm. expte. 181/000757).
- Cobertura de telefonía móvil en la provincia de Soria (procedente la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/014379) (núm. expte. 181/000766).
- Opinión del Gobierno acerca de si es un criterio razonable no medir el nivel de cobertura en telefónia móvil cuando es un indicador básico en cualquier indicador de Sociedad de la Información a nivel europeo (procedente de la pregunta al
Gobierno con respuesta escrita 184/014380) (núm. expte. 181/000767).
- Medidas para impulsar la producción de fuentes eléctricas renovables, facturación automática a la red, clave para el conjunto del país, en especial para provincias rurales como Soria (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta
escrita 184/014381) (núm. expte. 181/000768).
Publicadas en el 'BOCG. Congreso de los Diputados',serie D, núm. 242, de 20 de marzo de 2013.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
181/000883 y 181/000886
En la sesión de la Comisión de Industria, Energía y Turismo del día 24 de abril de 2013 han quedado retiradas por manifestación de voluntad del Diputado don Félix Lavilla Martínez (G.P. Socialista) las preguntas sobre:
- Cantidad cobrada por impuesto sobre la electricidad sobre el 'término de potencia' entre 2008 y 2012 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/015492) (núm. expte. 181/000883).
- Créditos concedidos para 'incrementar la financiación de las PYMES y las familias' en la provincia de Soria a 31/12/2012 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/015497) (núm. expte.
181/000886).
Publicadas en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 255, de 16 de abril de 2013.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.