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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 264, de 30/04/2013
cve: BOCG-10-D-264
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
30 de abril de 2013
Núm. 264
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Interior
161/001609 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las actuaciones del Gobierno para ayudar a resolver más de 300 crímenes de ETA que siguen sin estar resueltos ...
161/001616 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre prevención, control, persecución y en su caso castigo de la actuación de los grupos violentos, fascistas, racistas y xenófobos ...
Comisión de Defensa
161/001596 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la conmemoración del 250 Aniversario del Palacio de la Capitanía General de A Coruña ... (Página9)
Comisión de Economía y Competitividad
161/001594 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo de la Administración para crear empresas de base tecnológica ... (Página10)
161/001604 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre participaciones preferentes ... (Página11)
161/001618 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre resolución de las ayudas a subprogramas de investigación y desarrollo ... (Página12)
161/001619 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para evitar que una incorrecta aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
afecte a las Universidades ... (Página13)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/001591 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para homogeneizar y mejorar las estimaciones en los Presupuestos de las Administraciones Públicas ... (Página14)
161/001598 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción de la implantación de la receta electrónica en el Régimen Especial de Seguridad Social gestionado por MUFACE ...
Comisión de Fomento
161/001585 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el Plan de Aislamiento Acústico del aeropuerto de Gran Canaria ... (Página15)
161/001586 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre actuaciones urgentes y a medio plazo para garantizar el buen servicio de la línea R1 de cercanías en la Comarca del
Maresme ... (Página17)
161/001602 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la necesidad de rehabilitar estructuralmente los firmes de las carreteras ... (Página18)
161/001612 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la aprobación de un Plan de Mejora de la N-642 y de la N-634, así como a la mejora de un tramo de la A-8, a su paso por la comarca lucense de A Mariña
... (Página19)
161/001625 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre estación de ferrocarril en municipios de Almería (Gádor, Fiñana y Gérgal) ... (Página20)
161/001626 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para impulsar la contratación y los trabajos de montaje de vía, electrificación, control de tráfico, telecomunicaciones y seguridad en la línea
de alta velocidad Olmedo-Zamora-Lubián-Ourense ... (Página22)
Comisión de Educación y Deporte
161/001592 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción del deporte para prevenir y reducir el consumo de drogas en menores ... (Página24)
161/001593 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la legalización de los documentos académicos universitarios oficiales que han de surtir efectos en el extranjero ...
161/001601 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción conjunta de la alimentación saludable y de la práctica de ejercicio físico entre la población en edad escolar ...
161/001606 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la coordinación entre los organismos públicos de investigación y el Consejo Superior de Deportes en materia de I+D+i biomédica ...
161/001607 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre seguimiento de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el fútbol ...
161/001610 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre aplicación de las exclusiones de cotización al sistema de Seguridad Social en el voluntariado deportivo ... (Página29)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/001603 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a medidas para resolver el problema del colectivo de marineros gallegos que en 1960 y 1970 trabajaron en buques de la marina mercante noruega ...
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/001587 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo a la implantación y certificación de sistemas de calidad bajo la marca Q en el sector turístico ...
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/001588 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP) ...
161/001590 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la propuesta sobre la Política Pesquera Común ... (Página34)
161/001617 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre recuperación del dominio y uso público de la parcela de la Punta del Arenal de Jávea (Alicante), así como de su
yacimiento arqueológico ... (Página36)
161/001621 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el incremento de la cuota de captura del atún rojo ... (Página37)
161/001622 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre reconocimiento de compromiso de cofinanciación ante la Comisión Europea del proyecto de investigación en salud humana y medio ambiente LIFE NAT08 ES
0064 'CUBOMED' de erradicación y control de métodos para la invasión de la especie Carybdea marsupialis (Cubozoa) en Dènia ... (Página39)
161/001624 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a seguros agrarios ... (Página41)
161/001627 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la reforma del mercado europeo de carbono ... (Página42)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/001595 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora del abordaje de los trastornos en la conducta alimentaria ... (Página43)
161/001597 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, dirigida a impulsar la prevención y el abordaje de las enfermedades crónicas en atención primaria ... (Página44)
161/001600 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la duplicidad de servicios asistenciales en el Sistema Nacional de Salud ... (Página45)
161/001605 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la prevención de accidentes domésticos o de ocio y a la promoción de medidas con las que reducir sus costes asistenciales ...
161/001623 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de impulso de la prevención del VIH/Sida y asistencia a los pacientes ... (Página47)
Comisión de Cultura
161/001608 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el apoyo a la declaración de la fiesta de Los Caballos del Vino de Caravaca de la Cruz como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO ...
(Página50)
161/001611 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la transmisión de la propiedad de los arcos islámicos del Palacio de la Aljafería de Zaragoza, actualmente bajo
titularidad del Museo Arqueológico Nacional, al Gobierno de Aragón ... (Página51)
161/001613 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la declaración, por parte de la UNESCO, de la Fiesta de los Caballos del Vino de Caravaca de la Cruz como patrimonio cultural inmaterial de la
Humanidad ... (Página52)
Comisión de Igualdad
161/001589 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la inclusión dentro de los grupos exentos de la prestación personal que los Ayuntamientos pueden exigir a los ciudadanos, de las
mujeres embarazadas y aquellas que se encuentren disfrutando de la baja por maternidad ... (Página53)
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/001614 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre mejora de la gobernanza y participación de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en los instrumentos del Estado de lucha contra el cambio climático
... (Página54)
161/001615 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre empleo verde y economía sostenible ... (Página56)
161/001620 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impacto de las políticas de lucha contra el cambio climático en la Administración ... (Página57)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/000925 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre medidas para luchar contra la explotación sexual de menores ... (Página59)
Comisión de Fomento
181/000919 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre consecuencias que tendrá la nueva tasa de seguridad aérea que habrán de pagar los usuarios sobre la pérdida de competitividad de nuestros aeropuertos ...
(Página59)
181/000920 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre relación que establece el Ministerio de Fomento entre la caída de los tráficos en nuestros aeropuertos, la subida de las tasas aeroportuarias y las
restricciones horarias en algunas instalaciones ... (Página59)
181/000922 Pregunta formulada por la Diputada doña Teresa Cunillera Mestres (GS), sobre proyectos previstos para la línea AVANT entre Lleida-Camp de Tarragona y Barcelona ... (Página60)
Comisión de Educación y Deporte
181/000915 Pregunta formulada por la Diputada doña María Jesús Moro Almaraz (GP), sobre acciones promovidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en las universidades españolas para favorecer el emprendimiento entre los jóvenes
... (Página60)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/000918 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre previsiones acerca de la ejecución del Proyecto de abastecimiento a la llanura manchega ... (Página60)
181/000921 Pregunta formulada por la Diputada doña María Soledad Pérez Domínguez (GS), sobre incidencia de los desbordamientos e inundaciones ocurridos en la cuenca hidrográfica del Guadiana en la Comunidad Autónoma de Extremadura en las
últimas semanas, así como daños producidos en las zonas afectadas ... (Página61)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
181/000916 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre mejoras y seguridad en las prestaciones producidas en el Sistema Nacional de Salud un año después de la aprobación del Real Decreto 16/2012 ...
181/000917 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa Aguilar Rivero (GS), sobre previsiones acerca de que el Plan Integral de Apoyo a las Familias trate bajo el principio de igualdad plena y total a todas las familias independientemente
de la orientación sexual de sus miembros ... (Página62)
Comisión de Igualdad
181/000923 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Cantó García del Moral (GUPyD), sobre medidas previstas para prevenir y perseguir los casos de ablación aplicando la jurisprudencia emanada de la sentencia de la Audiencia Nacional al
respecto ... (Página62)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000148 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 2295/2004, promovido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra el apartado 2 de la disposición final segunda de la Ley
24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino ... (Página62)
232/000149 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 7837/2006, interpuesto por el Consejo de Gobierno de La Rioja contra los artículos 50.1 y 54 bis de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes, en la redacción dada por el artículo único, apartados 32 y 33, de la Ley 10/2006, de 28 de abril ... (Página63)
232/000150 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 2394/2008, promovido por don Enrique Múgica Herzog, en su condición de Defensor del Pueblo, contra la disposición adicional once de la Ley
15/2007, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Presupuestos para el ejercicio 2008, que se reputa contraria a los artículos 9.3 y 134 de la Constitución española, el artículo 21.1 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de
Financiación de las Comunidades Autónomas, y el artículo 76 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana ... (Página64)
232/000151 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 6868/2008 interpuesto por la Letrada del Gobierno de Canarias, en representación y defensa de la misma, contra el artículo 36.1 de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad ... (Página66)
232/000152 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 9451/2006, interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso, en relación con diversos preceptos de
la Ley del Parlamento Vasco 1/2006, de 23 de junio, de aguas... (Página67)
233/000086 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 6760/2003 planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid respecto a los artículos 3,
4, 5, 8 y 9 de la Ley de la Comunidad de Madrid 11/2001, de 19 de diciembre, de Uniones de Hecho ... (Página68)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley, y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Interior
161/001609
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre las actuaciones del Gobierno para ayudar a resolver más de 300 crímenes de ETA que siguen, a día de hoy, sin estar resueltos, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Ni el Gobierno de España ni los representantes de los ciudadanos pueden olvidar que son 326 crímenes cometidos por la banda terrorista ETA los que, a día de hoy, siguen sin haberse resuelto. Así lo dice el último informe del Observatorio
contra la Impunidad. Y, por lo tanto, todos los poderes del Estado, y especialmente nosotros como representantes de los ciudadanos, deberíamos hacer todo lo posible para recordar permanentemente este hecho al conjunto de la ciudadanía, mostrar
nuestra cercanía y compromiso con las víctimas y dar los pasos necesarios que hagan posible que todos esos crímenes puedan ser resueltos cuanto antes. Debemos trabajar todos los días del año para que las víctimas del terrorismo reciban la justicia
que sin duda merecen y para que no pueda haber el mínimo rastro de impunidad para los terroristas.
Es responsabilidad de los representantes políticos y de las instituciones recordar no sólo que ETA debe disolverse incondicionalmente y para siempre, sino recordar también que siguen estando pendientes de resolver nada menos que 326 crímenes
de la banda. Y, obviamente, tanto los representantes políticos como las instituciones debemos hacer todo lo posible y de manera absolutamente prioritaria para que todos estos crímenes sean resueltos. COVITE ha venido denunciando el silencio
clamoroso del Gobierno ante este hecho.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados defiende la necesidad de resolver todos y cada uno de los crímenes cometidos por ETA que, a día de hoy, siguen sin estar resueltos, de modo que las víctimas puedan recibir la justicia que sin duda merecen.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se comprometa a llevar a cabo todas aquellas actuaciones que sean necesarias para promover y lograr la resolución y la revisión de los crímenes cometidos por ETA no resueltos, de modo
que podamos acabar con cualquier tipo de impunidad que socave la dignidad de las víctimas de terrorismo y de la sociedad.
3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el desarrollo y la aplicación de la política penitenciaria a los presos condenados por terrorismo, tenga presente la necesidad de que los presos colaboren con las autoridades y la
Justicia para resolver los delitos terroristas no resueltos.
4. El Congreso de los Diputados insta al Fiscal General del Estado a cumplir escrupulosamente su compromiso con las víctimas del terrorismo expresado en la carta remitida a las víctimas del terrorismo del 4 de diciembre en la que
manifestaba que esos hechos criminales serán objeto de atención especial y que se impulsarán las actuaciones necesarias para que tales hechos tengan la respuesta judicial correspondiente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/001616
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
prevención, control, persecución y en su caso castigo de las actuación de los grupos violentos, fascistas, racistas y xenófobos, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Ya se han cumplido 20 años del asesinato de Guillem Agulló, un joven antifascista de Burjassot, y sigue en nuestro recuerdo su figura y lucha. Todavía su familia sigue siendo víctima de los amigos, colegas y correligionarios de su asesino,
que siguen manchando su memoria y ofendiendo su recuerdo sin que hasta ahora ninguno haya pagado por estas ofensas.
Esto nos pone si cabe más en evidencia que la violencia fascista, racista y xenófoba sólo puede combatirse eficazmente de un modo integral, por eso la lucha contra la misma se debe abordar con diversas clases de medidas. Medidas educativas
y de concienciación social, medidas policiales y medidas legales y punitivas.
En esta línea, materias como la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos fue una apuesta firme y rigurosa del Gobierno socialista para el aprendizaje de actitudes contrarias al racismo, la xenofobia y el fascismo.
Primero el Gobierno de la Generalitat Valenciana pretendió hacer desaparecer esta asignatura, desconfigurando prácticamente su contenido, y ahora el Gobierno de España la ha eliminado definitivamente.
Desde la aprobación del Código Penal en 1995 hemos mejorado el castigo de conductas violentas vinculadas a postulados fascistas, racistas y xenófobos y así se previó, por primera vez, como circunstancia agravante, cometer el delito por
motivos racistas /.../ o nación a la que se pertenezca. También hemos tipificado la provocación a la discriminación, al odio o a la violencia por esos mismos motivos, a la vez que se declara asociación ilícita la que promueva dichas conductas, y se
prevé castigar con una pena autónoma la pertenencia a grupos u organizaciones criminales.
Tenemos incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico las directivas comunitarias para garantizar y reforzar la igualdad de trato, y ello sin olvidar un elemento que en ocasiones ha sido importante caldo de cultivo cual es el ámbito del
deporte, donde mediante la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, se han previsto medidas específicas para luchar contra los violentos.
A pesar de lo anterior, la larga la lista de delitos atribuibles a estos grupos violentos de carácter fascista, racista y xenófobo, incluso delitos gravísimos como los tristemente conocidos asesinatos de Guillem Agulló, Lucrecia Pérez, el
caso del congoleño Dnombele, Carlos Palomino, Ricardo Rodríguez o Aitor Zabaleta, nos dice que no podemos, ni debemos relajar la guardia.
Es preciso que en las investigaciones policiales se trabaje con criterios objetivos que permitan inferir la adscripción o pertenencia de los individuos a los grupos como los mencionados anteriormente.
También se ha constatado que Internet constituye una de las principales vías de organización, gestión, comunicación, opinión y de ofensa con sus antagónicos por parte de estos grupos y que por las dificultades
de prueba en la represión de estos delitos es muy habitual que queden impunes, lo que de una parte refuerza al infractor a la vez que castiga doblemente a la víctima.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, para prevenir, controlar, perseguir y en su caso reprimir la actuación de los grupos violentos, fascistas, racistas y xenófobos, a que:
- Promueva un plan de actuación y coordinación policial, que se adapte en sus especificidades a las de aquellos territorios como el valenciano donde la incidencia de estos grupos es muy visible y su actuación bastante habitual.
- Efectúe un seguimiento permanente de los mismos por los servicios de información de Policía y Guardia Civil, con control de las redes sociales e internet, los cuales, en las investigaciones de los delitos cometidos por estos grupos ponga
especial énfasis en aportar las pruebas pertinentes para determinar que el hecho delictivo presenta aspectos racistas o xenófobos.
- Incluya en el currículum escolar el aprendizaje de aptitudes de derechos de ciudadanía y respeto, así como de actitudes contrarias a la violencia, al racismo, la xenofobia y el fascismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2013.-Carmen Montón Giménez y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/001596
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
conmemoración del 250 Aniversario del Palacio de la Capitanía General de A Coruña, para su debate ante la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El Palacio de la Capitanía General de A Coruña fue construido durante el reinado de Fernando VI, bajo las directrices de los ingenieros militares Juan Vergel y Francisco Llobet. Fue inaugurado en 1763, siendo rey Carlos III, aunque la
historia del Palacio de la Capitanía General de Galicia en la ciudad de A Coruña se abrió con la Real Orden que Felipe II dio por escrito al Gobernador y Capitán General de Galicia don Rodrigo Pacheco, I Marqués de Cerralbo.
Desde entonces, en un territorio tan lejano y aislado de la capital de España, la Capitanía General de A Coruña ha sido referente para los coruñeses y para todos los gallegos en general. Hasta 1835, momento en que se retiraron las
potestades en justicia, era también sede del mantenimiento del orden público y administración civil, sala de justicia, sede del impulso de las obras públicas, aparte de sus misiones militares, especialmente aquellas relacionadas con ataques e
intentos de invasión desde el mar. No obstante, aunque las potestades de administración judicial habían sido eliminadas de las potestades del Capitán General, la Audiencia permaneció en el Palacio de la Capitanía General hasta 1930.
La Capitanía General tuvo una repercusión destacada tanto en lo social, como en lo económico y militar. Mejoró el desarrollo a la ciudad al controlar toda la actividad económica en cuanto a precios, aduanas, comercio marítimo, transporte
terrestre y gravámenes, propiciando, además, la presencia de una importante guarnición militar.
El Palacio es un edificio de sólida arquitectura en el que destaca su fachada de estilo neoclásico, su vidriera ornamental, el Salón del Trono, el Pasillo de los Espejos y la Sala de Honor.
Junto a su valor arquitectónico, guarda un patrimonio artístico de gran valor. La colección de pinturas que decora el Palacio, constituida por obras pertenecientes al Museo del Prado y a Patrimonio Nacional,
alberga temáticas muy diversas cuyo abanico temporal abarca desde el siglo XVII al XX. Destaca la colección de obras pertenecientes a la escuela flamenca del siglo XVII, entre la que sobresale la serie de lienzos dedicados a los meses del
año. También hay obras de la escuela italiana, francesa y española.
Otro capítulo destacado de los fondos artísticos que alberga el Palacio es el de las cerámicas, abanicos, relojes, marfiles, vidrio y cristal, mobiliario, metales, alfombras, relojes, etc. Sin olvidar que en su pasado tuvo una
importantísima biblioteca, hoy trasladada al Acuartelamiento de Atocha.
La gran tradición militar de Galicia, con más de 500 años de historia, sigue viva hoy con el Mando de la Fuerza Logística Operativa instalado en la sede de la Capitanía General, que ha querido abrir a todo el público el Palacio para su
conocimiento, pudiéndose visitar los últimos viernes de mes tras el solemne acto de relevo de la guardia.
Aproximándose el cuarto de milenio de la inauguración del Palacio de Capitanía General de A Coruña, multitud de instituciones públicas y privadas han mostrado el interés en conmemorar tan singular hecho, organizándose programas de
actividades y de difusión de su conocimiento.
Por todo lo expuesto el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Colaborar en la conmemoración del 250 Aniversario de la inauguración del Palacio de la Capitanía General de A Coruña.
2. Divulgar, promover y facilitar con este motivo aquellos actos que fomenten el conocimiento de la historia y significado de la Capitanía General de A Coruña para la ciudad, para Galicia y para España.
3. Continuar el camino iniciado por el Ministerio de Defensa de difusión del patrimonio que se guarda en el Palacio de la Capitanía General, siempre que no se perjudiquen las labores de las unidades instaladas en ella.
4. Realizar todo ello sin que haya aumento de gasto de ningún tipo para las instituciones del Estado involucradas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Economía y Competitividad
161/001594
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al apoyo de la
Administración para crear empresas de base tecnológica, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Exposición de motivos
En el contexto económico y social actual, donde se ha hecho patente la necesidad de renovar el modelo de desarrollo económico de España, los científicos emprendedores son especialmente necesarios para agilizar la recuperación de nuestro
tejido productivo.
La colaboración de todos los agentes implicados en la materialización práctica de nuevos procesos, productos y servicios se antoja fundamental para generar riqueza y bienestar social en la coyuntura actual. El sector público y el sector
privado han de caminar de la mano para apoyar a los científicos emprendedores y facilitarles los instrumentos que requieran para que sus ideas se materialicen.
En el ámbito de la actuación de la administración tiene especial importancia la labor desarrollada por la Unidad de Apoyo a la Creación de Empresas promovida por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en su Plan de
Actuación 2010-2013.
La unidad de apoyo del CSIC fue propuesta con el fin de proveer a los científicos de capacidades y servicios con los que analizar, dar dimensión y completar su idea empresarial del modo más acorde con la realidad del mercado.
Con la mencionada unidad, el CSIC ha puesto a disposición del científico con un proyecto empresarial información sobre las opciones de financiación, los mercados potenciales, la promoción de vías de transferencia de conocimiento, y en
general las herramientas necesarias para convertir los avances científicos en productos económicamente viables.
Por todo lo expuesto, y aprovechando la experiencia atesorada por el CSIC en los últimos años, así como las necesidades de los científicos y las particularidades de la coyuntura económica, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar desde la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación el asesoramiento a los científicos sobre la consecución de fondos, la definición de equipos de trabajo, el
diseño y aplicación de modelos de negocio, la búsqueda de financiación y la transferencia de tecnología, con el fin de favorecer la creación y el desarrollo de empresas de base tecnológica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001604
A la Mesa de la Comisión de Economía y Competitividad
Pedro Quevedo Iturbe, Diputado de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta para su debate
en esta Comisión la siguiente Proposición no de Ley sobre participaciones preferentes.
Exposición de motivos
En los últimos años hemos asistido a multitud de denuncias por parte de las asociaciones de consumidores relacionadas con productos financieros de riesgo vendidos a clientes de las cajas y bancos de forma indiscriminada y bajo subterfugios
de 'rentabilidad', 'exclusividad', 'seguridad', etc. Entre esos productos figuran las llamadas 'participaciones preferentes'.
Según los datos de la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores, se han emitido a lo largo de estos años cerca de 30 mil millones de Euros en participaciones preferentes, mayoritariamente comercializadas entre pequeños ahorradores que
desconocían los riesgos del producto que se les ofertaba. En el caso de Canarias, a tenor del volumen de preferentes que han comercializado las entidades con mayor implantación en la Comunidad, esta cantidad podría superar los 900 millones de euros
comercializados y afectar a miles de familias, en Canarias en general y en Gran Canaria en particular.
En los últimos meses han sido miles los afectados que han formulado denuncias ante los servicios de atención al cliente de las entidades y ante la propia CNMV para denunciar la irregular comercialización de este producto alegando falta de
transparencia al no haber sido informados ni de las características de los mismos ni de sus riesgos, y en especial de su escasa o nula liquidez y de su carácter perpetuo. A la mayoría de estos ahorradores se les aseguró que lo que contrataban era
un depósito a plazo fijo cuyas cantidades podían reembolsar cuando quisieran.
A pesar de solicitarlo reiteradas veces las entidades comercializadoras se han negado a devolver el dinero a los afectados sumiéndoles en muchas de las ocasiones en una situación desesperada y que, además, en la práctica totalidad de los
casos denunciados se trata de ahorradores con historial carente de inversiones arriesgadas, y que por norma general sus ahorros siempre los habían rentabilizado con la contratación de depósitos bancarios e imposiciones a plazo fijo que les permitían
rescatar su dinero cuando quisieran.
Por lo tanto esta práctica ha sido completamente generalizada en los últimos años y las soluciones propuestas por las distintas entidades no satisfacen en absoluto el derecho de los afectados a acceder de forma inmediata a la totalidad de
sus ahorros. Se han cometido diversas irregularidades en la comercialización de estas participaciones preferentes, en particular, en lo concerniente a una total falta de información sobre las características del producto sobre todo en lo que se
refiere a su falta de liquidez y su perpetuidad, ya que bajo la apariencia de un depósito se colocó un producto perpetuo cuya inversión no puede ser recuperada en estos momentos de crisis económica, justo cuando más necesario se hacía disponer de
ella. Por esta forma de proceder se produjeron numerosas irregularidades al incumplirse lo dispuesto en la normativa MIFID ya que en la mayoría de casos no se ha realizado 'test' de idoneidad ni conveniencia alguno, como obliga respecto a los
inversores minoristas la mentada normativa, y si ha sido realizado, no ha sido cumplimentado por el consumidor, siendo rellenado por la entidad y presentado a la firma al consumidor como un mero formalismo más. Han existido casos incluso de
personas que, con el primer 'test' realizado sobre su perfil del inversor, posteriormente en contrato se han excluido sus efectos imponiendo mediante contrato de adhesión cláusulas que hacen que el consumidor se contradiga de los resultados de ese
'test', quedando contemplado en el clausulado que es bajo su responsabilidad, cuestión esta que atañe de lleno a la normativa de protección de consumidores.
Además ha existido trato discriminatorio hacia el ahorrador contratante pues se ha podido constatar también un trato desigual de unos clientes con respecto a otros de la misma entidad. En concreto, las empresas que han emitido estas
participaciones preferentes no actúan de igual manera con todos los inversores a la hora de resolver las posibles controversias: a unos se les ha reembolsado el 100 % del capital de una forma muy rápida, mientras que a otros no se les llega a
reembolsar ningún porcentaje tras la solicitud realizada, aduciendo la entidad financiera que no encontraba compradores en el mercado secundario para estas participaciones preferentes. Es la propia CNMV, como se ha reflejado en diversos diarios
económicos, consciente de estas irregularidades la que ha obligado a los propios bancos y cajas a cesar en estas fórmulas arbitrarias y opacas de compraventa de preferentes y les ha obligado a insertar las órdenes de compra y venta en un mercado
secundario más transparente.
Por todo lo anteriormente expuesto y atendiendo al artículo 51 de la Constitución Española, principio rector de la economía, dirigido a todos los poderes públicos, a los que obliga a garantizar la defensa de los consumidores y usuarios
'protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos', se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Que establezca un modelo de Arbitraje alternativo, colegiado, conforme a lo dispuesto en los artículos 19.2 y 33.2 del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero; universal, que sea un arbitraje colectivo, más amplio en lugar de procesos
individuales, bajo la fórmula prevista en el Real Decreto 231/2008, aunque ello fuera por acumulación de casos semejantes, evitando así trámites innecesarios y propiciando una más eficaz resolución de las cuestiones planteadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2013.-Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.-Enrique Álvarez Sostres, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001618
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la
resolución de las ayudas a subprogramas de investigación y desarrollo, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Exposición de motivos
En el ámbito de la I+D+i el Gobierno de España, además de brutales recortes presupuestarios oficiales, está tomando medidas aparentemente técnicas que son, en sí mismas, otro tipo de recorte, eso sí, en este caso encubierto. Es el caso de
la ampliación del plazo de resolución del procedimiento de concesión de ayudas de los subprogramas Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Personal Técnico de Apoyo y Tomás Quevedo.
Con el pretexto de dificultades técnicas, lo que se hace es dilatar los plazos de tal forma que en realidad se ahorra, habría que decir se recorta, una convocatoria.
El sistema de ciencia y tecnología español ha sido constreñido en los últimos presupuestos hasta límites inconcebibles en un país con ambición, y ahora se le asfixia aún más, de manera tan engañosa que resulta tan zafia como burda, pero que
en cualquier caso profundiza el daño causado ya al sistema en los Presupuestos de 2012 y 2013.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a resolver de inmediato la concesión de ayudas de los subprogramas Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Personal Técnico de Apoyo y Tomás Quevedo, evitando cualquier dilación injustificada, cuyo
único fin sea el 'ahorro' de una convocatoria de ayudas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2013.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001619
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
evitar que una incorrecta aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria, afecte a las Universidades, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Exposición de motivos
El artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), establece la necesidad de informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en los
supuestos de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de deuda pública o de regla de gasto, para la concesión de subvenciones o la suscripción de convenios por parte de la Administración Central con Comunidades Autónomas.
Aplicando esta previsión legal de una forma, no ya incorrecta sino a todas luces disparatada, Universidades de diversas Comunidades Autónomas dejan de recibir fondos para diferentes programas de I+D+i, porque la Comunidad Autónoma en la que
se ubican no cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Por tanto, se trata de un disparate elevado a categoría de esperpento hacendístico en su versión coercitiva y sancionadora.
Sin duda, todo ello es un fiel reflejo de la nula sensibilidad que el Gobierno de España tiene en relación con la educación y la I+D+i. Sectores a los que somete a recortes inmisericordes de forma directa, indirecta o encubierta.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para que la aplicación del artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a las Comunidades Autónomas no
suponga privar a las Universidades españolas de los fondos para
proyectos de I+D+i, evitando así los efectos indeseables e inadmisibles que se están produciendo en determinados casos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2013.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/001591
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para homogeneizar y mejorar las
estimaciones en los Presupuestos de las Administraciones Públicas, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
El papel de la Administración Central como garante de la estabilidad presupuestaria de todo el sector público, tal como está consagrado en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, exige que se desarrollen
los mecanismos necesarios para que ese control sea efectivo, respetando el principio de autonomía financiera de las Administraciones Territoriales. En este sentido, el artículo 15 y el capítulo lV de dicha Ley se establecen los mecanismos de
control de que dispone el Gobierno para cumplir con sus obligaciones legales e internacionales.
Para lograr estos objetivos se considera conveniente, y acorde con los principios de transparencia que deben regir el funcionamiento de la Administración, que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas establezca un Código de
Buenas Prácticas para la elaboración de los presupuestos de las administraciones, que en base al cuadro macroeconómico de los Presupuestos Generales del Estado, a los ingresos históricos de la propia administración y a sus parámetros tributarios,
permita estimar las partidas presupuestarias de ingreso y aquellas de gasto que al no estar sometidas a presupuesto limitativo pudieran desviarse durante la ejecución. Este procedimiento y su posible implementación en una herramienta informática
serían instrumentos de la máxima utilidad para lograr una mayor homogeneidad entre las estimaciones en que se basen los presupuestos de todas las administraciones, y para incrementar la seguridad jurídica de las mismas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a publicar un Código de Buenas Prácticas para las estimaciones presupuestarias de las Administraciones Públicas, que podría acompañarse de una herramienta informática de apoyo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001598
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la promoción de la
implantación de la receta electrónica en el Régimen Especial de Seguridad Social gestionado por MUFACE, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
La Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado (MUFACE) presta servicio a más de 1.500.000 funcionarios y sus beneficiarios constituyendo un sistema que garantiza y gestiona las prestaciones sanitarias, farmacéuticas y
sociales de este colectivo.
El modelo goza en la actualidad de un extraordinario prestigio y una gran consideración social, amparado en la gestión profesional, eficaz e independiente de sus gestores, lo que ha permitido que, pese los envites de la crisis, el modelo
MUFACE sea reconocido como un modelo de éxito como régimen de cobertura social.
Sin embargo, las necesidades de ajuste presupuestario derivados de los requerimientos de consolidación fiscal para lograr el cumplimiento de los objetivos de déficit público exigen optimizar y maximizar, sin merma de la calidad de las
prestaciones sociales y sanitarias ofertadas, los recursos disponibles.
En ese sentido, y en aras de mejorar el servicio y garantizar la calidad, la progresiva implantación de la receta electrónica sirve a un doble objetivo: por un lado, permite optimizar los recursos generando importantes ahorros de costes,
aumentando el control y mejorando la gestión de la prestación farmacéutica y, por otro lado, agiliza los procedimientos al hacer de la vía electrónica la fundamental en la gestión de esta prestación, lo que también, y no menos importante, acelera la
implantación de la administración del futuro, la Administración Electrónica.
Por ello, la receta electrónica representa una oportunidad para mejorar la calidad y seguridad del proceso de dispensación de medicamentos a través de las oficinas de farmacia, ahorrando costes y mejorando la gestión, para ganar en calidad,
celeridad y eficiencia.
Hay que tener en cuenta que su implantación y puesta en marcha sería muy progresiva dada la gran cantidad de entidades públicas y privadas implicadas en este proceso (Administraciones públicas, entidades de seguro libre, profesionales
médicos y farmacéuticos), financiándose en parte con los ahorros que el propio esquema de receta electrónica genere, lo que permitiría generar fondos en distintas partidas presupuestarias sin requerir una fuerte inversión previa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover el uso de las tecnologías de la información y comunicación, para la progresiva implantación en todo el territorio nacional de un modelo de receta electrónica para todos los
beneficiarios del régimen de MUFACE, eliminando paulatinamente el uso del papel y potenciando la utilización, en la gestión de las prestaciones sociales y sanitarias, de la Administración Electrónica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Fomento
161/001585
A la Mesa de la Comisión de Fomento
Pedro Quevedo Iturbe, diputado de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta, para su
debate en Comisión, la siguiente Proposición no de Ley sobre el Plan de Aislamiento Acústico del aeropuerto de Gran Canaria.
Exposición de motivos
Vivir en las proximidades de un aeropuerto genera servidumbres no elegidas para los vecinos, entre ellas, soportar las molestias que ocasionan en el entorno de la infraestructura aeroportuaria el ruido producido por las aeronaves en sus
operaciones de despegue, aterrizaje, rodadura, pruebas de motores, etc.
Los Planes de Aislamiento Acústico (PAA) son planes de actuación incluidos en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental a los que son sometidos los proyectos de ampliación de los aeropuertos españoles, que son aprobados por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y que tienen como objetivo minimizar las molestias antes mencionadas. Es AENA Aeropuertos la que lleva a cabo la ejecución de dichos Planes de Aislamiento Acústico en el entorno de aquellos
aeropuertos de su red.
La tramitación del respectivo PAA implica:
- Elaboración de la huella acústica y del PAA.
- Solicitud por el vecino de la inclusión en el PAA.
- Verificación de la información y realización de mediciones acústicas 'in situ'.
- Aprobación/denegación de la necesidad de actuaciones de insonorización.
- Presentación del proyecto de insonorización.
- Aprobación del importe de la actuación.
- Realización de las actuaciones de aislamiento acústico.
- Verificación de las obras realizadas.
- Declaración de conformidad de los vecinos con las actuaciones ejecutadas.
- Aprobación del pago de las actuaciones (fin del procedimiento).
La Resolución de 2 de febrero de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, y la Resolución de 4 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, formularon sendas
Declaraciones de Impacto Ambiental sobre la evaluación del proyecto de Actuaciones en el Aeropuerto de Gran Canaria y sobre su proyecto de ampliación (DIA 2006 y DIA 2009), incluyendo en las mismas los respectivos PAA.
En la actualidad el Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto de Gran Canaria está en proceso de ejecución conforme a la Declaración de Impacto Ambiental de 2006. La Declaración de Impacto Ambiental 2009 se encuentra en proceso de
presentación y estudio de solicitudes, aprobación de financiación y de ejecución de las obras de insonorización de los inmuebles ubicados dentro de la huella de ruido.
De acuerdo con el informe, de fecha 7 de marzo de 2013, elaborado por los departamentos de Medio Ambiente y Vivienda del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, y según datos obtenidos de las actas de las sesiones de la Comisión de
Seguimiento del Plan de Aislamiento Acústico, 'las viviendas con derecho a presentar la solicitud de aislamiento acústico en el Aeropuerto de Gran Canaria (DIA 2006 y DIA 2009) son 1.038. De éstas, solamente 248 son las viviendas que han finalizado
las obras de insonorización y con el pago efectuado, es decir, un 23,89 %. A fecha 23 de febrero de 2013, el total de solicitudes presentadas por los propietarios de los inmuebles afectados ante la Oficina del PAA es de 840, es decir, el 80 % de
los propietarios han incoado la solicitud.' Continua el informe señalando que en relación a 'los pagos efectuados por AENA a los propietarios de los inmuebles con financiación aprobada y con el aislamiento acústico ejecutado, como se observa, en el
año 2011 el pago realizado fue de 1.560.255,30 . Sin embargo, durante el año 2012 fue de 482.202,00 , suponiendo una reducción del 69,09 % de los pagos efectuados en el año 2012 con respecto al año 2011.'
Concluye el informe que, a la vista de los datos, 'se está produciendo una ralentización de la ejecución del PAA, toda vez que los pagos realizados durante el año 2012, suponen un 69,09 % menos que al correspondiente durante el año 2011.
Así como, que el número total de viviendas que han finalizado sus obras es de 248 (DIA 2006 y DIA 2009), representando un 23,89 % de la ejecución del PAA.'
Por todo lo anteriormente expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a que
1. El Ministerio de Fomento y Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea adopten las medidas necesarias para dar la máxima celeridad al procedimiento de ejecución del Plan de Aislamiento Acústico
del aeropuerto de Gran Canaria, manteniendo el nivel de financiación y gasto de años anteriores, reduciendo de esta manera la vulnerabilidad en la que se encuentran los ciudadanos afectados por la contaminación acústica procedente del
aeropuerto de Gran Canaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 abril de 2013.-Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.-Enrique Álvarez Sostres, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001586
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre actuaciones urgentes y a medio plazo para garantizar el buen
servicio de la línea R1 de cercanías en la comarca del Maresme, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Una vez más, durante el pasado mes de marzo de 2013, se produjeron una serie de incidencias en la línea ferroviaria de cercanías de Barcelona R1 que da servicio a la comarca del Maresme.
En concreto, el día 6 de marzo y hasta las 10 horas de la mañana del día 7 de marzo, estuvo en servicio una sola vía entre Mataró y Vilassar de Mar, en concreto la vía 2, en tanto la vía 1 estaba inoperativa. El día 19 de marzo se
produjeron retrasos durante la mañana en la R1, después de que a las 10 horas tuvieran que interrumpir el servicio por la caída de un pantógrafo de un tren en la zona de Sagrera. El pantógrafo es un sistema articulado que aguanta un patín y le
presiona contra la catenaria. Los trenes se suspendieron entre Badalona y Molins de Rei y no se restableció el servicio hasta las 13,30 horas, con considerables retrasos.
El día siguiente, 20 de marzo de 2013, a las 8 horas, se averió un tren de la R4 en Arc de Triomf que provocó retrasos en las líneas R1, R3 y R4. Los trenes se desviaron en Passeig de Gràcia y no paraban ni en Plaça Catalunya, ni Arc de
Triomf. El tren fue remolcado una hora y media después, y se restableció la circulación entre Arc de Triomf y Sants, con los inevitables retrasos.
Como es bien sabido, los problemas en la línea de cercanías R1, en el trazado que transcurre por el frente marítimo de la comarca del Maresme, son constantes y se acentúan en especial en situaciones de temporal de mar de levante, con cortes
en la vía y retrasos en la circulación de los convoyes, que de hecho no son nada extraordinario, pues se producen desde hace años y como consecuencia del retroceso de las playas y de la falta de protección de las vías ferroviarias.
El Gobierno de la Generalitat, en anteriores legislaturas, se dirigió al Ministerio de Fomento reclamando una solución definitiva para la protección y estabilización de las vías ferroviarias en la costa del Maresme. Fruto de aquellas
gestiones se produjo el compromiso de la redacción por parte de ADIF de un proyecto, valorado en 14 millones de , de protección de la vía con la construcción de espigones, que no se ha ejecutado hasta el momento, a pesar del tiempo transcurrido y
la repetición y agravamiento de los problemas.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Ejecutar el proyecto de ADIF de protección de la vía de la R1 en su paso por el Maresme.
2. Garantizar la circulación de los trenes y la seguridad de los usuarios de la línea ferroviaria de cercanías R1 a su paso por la Comarca del Maresme.
3. Priorizar la construcción de las obras necesarias para estabilizar la línea R1 y las defensas de las vías ferroviarias en las zonas del Maresme que sufren más incidencias, especialmente entre Vilassar de Mar y Mataró.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2013.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Izquierda Plural.
161/001602
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley sobre la necesidad de rehabilitar estructuralmente los firmes de las carreteras, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La Red de Carreteras del Estado está formada por 25.375 km de carreteras, donde se incluyen 2.493 km de autopistas de peaje y 983 km gestionados mediante contratos de concesión en las denominadas autovías de primera generación. Vemos por
tanto que la red no concesionada está compuesta por 21.899 km de carreteras que teniendo en cuenta los kilómetros de autovía totalizan 29.178 km de calzada. Estos datos corresponden al Inventario de la Red de Carreteras del Estado, a 31 de
diciembre de 2008.
La rehabilitación estructural de los firmes de dichas carreteras debe aplicar la Norma 6.3-IC 'rehabilitación de firmes' aprobada por Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, y así ha venido realizándose hasta mediados del año 2009. Ello
requiere planificar para decidir cuáles deben ser las actuaciones prioritarias para las que se debe redactar y aprobar el correspondiente proyecto que finalmente se adjudica.
Como decimos, ése ha sido el sistema empleado hasta mediados del año 2009, en el que se ha abandonado la rehabilitación de los firmes de la Red de Carreteras del Estado. Hasta ese año se venían invirtiendo aproximadamente 300 millones de
euros anuales, cantidad que sin ser la óptima ha permitido que el estado de los firmes fuera correcto.
Asignando una vida útil media de quince años a las rehabilitaciones estructurales de firmes, se requeriría rehabilitar (dada la longitud de calzadas de la Red de Carreteras del Estado) aproximadamente 2.000 km de calzada anualmente. A un
coste medio de 150.000 /km se justifica la cifra de 300 millones de euros anteriormente señalada.
En la siguiente tabla se muestra el número de actuaciones de rehabilitación de firmes en !os distintos años. Dichas actuaciones se ejecutaban mediante contratos de obra adjudicadas por subasta a pequeñas y medianas empresas constructoras
muy especializadas e intensivas en mano de obra.
Año;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012
N.º obras;74;63;47;34;0;2;0
Presupuesto de adjudicación (millones de );307;349;330;253;0;29;0
Fuente: 'Boletín Oficial del Estado' ('BOE');;;;;;;
Asimismo, hasta hace tres años se invertían unos 300.000.000 de en actuaciones en tramos de concentración de accidentes y otras actuaciones para la mejora de la seguridad vial. Aunque en el proyecto de PGE2013 se encuentran partidas
dedicadas a actuaciones de seguridad vial en todo el territorio, también es cierto que la proyección en los próximos años es en ese documento prácticamente inexistente. Además, las partidas reflejadas en los PGE2013 se refieren a obras que están
prácticamente terminadas, luego no es real que se esté realizando nueva inversión en la seguridad vial.
Desde mediados del año 2009 las únicas actuaciones (no contratadas con anterioridad) llevadas a cabo sobre los firmes de las carreteras del Estado han sido 'parcheos' localizados en aquellas zonas en las que el nivel de deterioro existente
ha originado importantes afecciones a la circulación.
Esas actuaciones son realizadas mediante los denominados contratos de conservación integral o mediante contratos adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad, dada la urgencia en realizar dichas actuaciones (el importe de estos
últimos contratos se limita en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público a los 200.000 ).
Esas actuaciones no rehabilitan el firme, y se limitan a un mero lavado de cara de cortos efectos paliativos sobre una carretera que en poco tiempo volverá al estado previo a dichas actuaciones. Para que se entienda mejor, es como si
pintáramos las humedades de una vivienda en lugar de eliminar las causas que las provocan.
El abandono de la inversión en la rehabilitación estructural de los firmes de las carreteras de la red del Estado no concesionada está llevando a que muchos de éstos se deterioren hasta un punto en el que la única solución posible es la
reconstrucción de los mismos. Ello conlleva una importante pérdida de nuestro patrimonio viario que si es insostenible para cualquier país, lo es mucho más para el nuestro dada la crítica situación económica en la que nos encontramos.
Sin embargo tanto el anterior Gobierno como el actual perseveran en la construcción de nuevas carreteras que difícilmente se justifican mientras siguen disminuyendo año tras año el presupuesto dedicado a la conservación de nuestras
carreteras.
Y con independencia de todo lo anterior no se debe olvidar la importancia que para la seguridad vial, especialmente para los motociclistas, tienen los deterioros en la capa de rodadura de nuestras carreteras.
Es por eso que es necesario reanudar la inversión en rehabilitación estructural de sus firmes y actuaciones sobre Tramos de Concentración de Accidentes. Comenzar la realización de un plan de choque para la mejora de los firmes de la Red de
Carreteras del Estado y para la mejora de la seguridad vial en aquellos tramos catalogados como de concentración de accidentes con las medidas que presenten mayores índices de eficacia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Unión, Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reanudar la inversión en rehabilitación estructural de sus firmes y actuaciones sobre Tramos de Concentración de Accidentes, abandonada hace tres años y que ha tenido repercusiones en la seguridad vial, y que requiere invertir unas
cantidades muy superiores de las que hoy se proyectan.
2. Comenzar la realización de un plan de choque para la mejora de los firmes de la Red de Carreteras del Estado, y para la mejora de la seguridad vial en aquellos tramos catalogados como de concentración de accidentes con las medidas que
presenten mayores índices de eficacia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/001612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el articulo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
necesidad de aprobar un Plan de Mejora de la N-642 y de la N-634, así como la mejora de un tramo de la A-8, a su paso por la comarca lucense de A Mariña, para su debate en Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Son numerosas las ocasiones en las que el BNG se ha dirigido al Ministerio de Fomento para demandar la mejora de las vías de titularidad estatal que atraviesan la comarca lucense de A Mariña debido a su mal
estado de conservación en diversos tramos. Carreteras llenas de baches y con el firme muy deteriorado que la convierten en peligrosa desde el punto de vista de la seguridad vial.
Nos referimos a la N-642, a la N-634 y a la A-8, en el tramo que va de Barreiros a Ribadeo.
La N-642 es la única vía de comunicación que en sus tramos lucenses entre San Cibrao (ayuntamiento de Cervo) y el ayuntamiento de Barreiros, donde conecta en el lugar de Espiñeira (Barreiros) con la A-8 hasta Ribadeo y el interior de la
provincia.
En sus 25,7 km, la N-642 pasa por numerosas travesías de los ayuntamientos de Cervo, Burela y Foz pero debido a su deterioro y mala señalización presenta diversos puntos negros que suponen un serio riesgo para los conductores y para los
viandantes. Además, hay que añadir la deficiente iluminación nocturna que empeora la visibilidad para detectar el sinfín de problemas que presenta el firme.
Esta circunstancia se une a la parálisis en la construcción de la autovía A-8 entre Barreiros y San Cibrao. Con lo cual, hay que concluir que las infraestructuras estatales a su paso por A Mariña no ofrecen un servicio adecuado a los
ciudadanos, sobre todo, no garantiza la seguridad vial.
Respecto a la N-634 Santiago-Irún que comunica la zona oriental de la comarca de A Mariña con el centro, desde Ribadeo hasta A Espiñeira (Barreiros), cruza travesías del ayuntamiento de Ribadeo y Barreiros, y con el interior de la provincia
pasando por los ayuntamientos de Vilanova de Lourenzá y de Mondoñedo hasta Abadín.
La A-8 no está completamente terminada y con tramos paralizados que se desconoce cuando se finalizarán. Por eso, resulta inadmisible el abandono en el que se encuentran vías como las mencionadas. En este caso, preocupan especialmente los
tramos entre A Espiñeira (ayuntamiento de Barreiros) y Abadín, con muchos tramos con un firme en muy mal estado.
En relación a la autovía A-8, en concreto, en su tramo entre A Espiñeira y Ribadeo, de poco más de 22 kms y a pesar de su reciente inauguración, ya presenta un tramo que se puede considerar un punto negro. Nos referimos al situado entre el
punto kilométrico 512 y el 515 en dirección a Ribadeo. Un tramo mal diseñado que lleva a los conductores a invadir el carril izquierdo para sortear sus deficiencias e irregularidades del firme, con el consiguiente peligro que esto implica.
Esta situación fue trasladada en numerosas ocasiones al Ministerio de Fomento que como única medida propuso la reducción de velocidad.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
- Aprobar un Plan de Mejora de la seguridad vial de la N-642 y de la N-634 a su paso por la comarca lucense de A Mariña.
- Emprender una mejora del firme de la A-8, en el tramo que discurre entre A Espiñeira y Ribadeo, en los puntos kilométricos 512-515 en dirección a Ribadeo, a fin de evitar que los conductores se vean obligados a invadir el carril contrario
por el mal estado de la calzada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2013.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.- Enrique Álvarez Sostres, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001625
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
estación de ferrocarril en municipios de Almería (Gádor, Fiñana y Gérgal), para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 22/2012, de 20 de julio, mediante el cual se adoptan importantes medidas relacionadas con el sector ferroviario, entre las que destacan la fijación de una fecha -el 31 de julio de 2013- para
la apertura general del mercado del transporte de viajeros
nacional por ferrocarril, el establecimiento de una nueva estructura organizativa para la entidad pública empresarial RENFE-Operadora, la supresión de la entidad pública empresarial FEVE y el emplazamiento al Ministerio de Fomento para que
presente, antes del 31 de diciembre de 2012, una propuesta sobre la viabilidad de las líneas o tramos de la infraestructura ferroviaria carentes de rentabilidad económica o social y una propuesta sobre los servicios ferroviarios de media distancia
que no tienen la consideración de obligaciones de servicios públicos.
Con estas medidas más de 28 trenes de media distancia semanales van a ser suprimidos en las relaciones que unen Almería, Granada y Jaén, por considerar que no son Obligaciones de Servicio Público o, en algún caso, que no interesa su
circulación. Los sectores sociales más desfavorecidos, como mayores o jóvenes estudiantes sin otros recursos, usuarios más frecuentes del sistema ferroviario, se quedarán sin el citado servicio.
El número de relaciones en Andalucía son 20, ello supone un tráfico de 820 circulaciones semanales, de las cuales tan solo 84 son las que tenemos en la actualidad en Andalucía Oriental, lo que supone en torno al 10 % de estas. Suprimen 28
de las 84 circulaciones actuales, cerca del 33 % del total.
A esta actuación, se une la intención manifestada por RENFE-Operadora de cerrar los talleres de mantenimiento de trenes en Almería y Granada.
Estas medidas suponen una pérdida importante de empleo tanto en RENFE-Operadora como en Adif y en las empresas del entorno ferroviario.
Las autoridades europeas y las españolas, han decidido dar al tren un tratamiento exclusivamente económico, sin que se hable de la necesidad imperiosa de revisar la configuración de la Red Ferroviaria, apostando por invertir en el
acondicionamiento de la red convencional, mucho más barata y con posibilidad de gran eficacia, de modo que el territorio se equilibre en cuanto a posibilidades de uso del tren público.
Las Obligaciones de Servicio Público tienen un cometido, evitar las distorsiones en la oferta ferroviaria y dar posibilidad a la ciudadanía de un acceso más equilibrado a un transporte de calidad, más seguro y más limpio
Las obligaciones de servicio público (OSP) provienen del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y conllevan la obligación de financiación de servicios a la ciudadanía que cumplen misiones de interés general, como son los servicios de
transporte público colectivo y establece la financiación directa a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
Con estas medidas propuestas, desaparece la única infraestructura ferroviaria de toda la provincia preparada para carga y descarga de mercancías y contenedores. Todo esto supone una merma en la capacidad de movilidad (y de progreso) de la
ciudadanía y de los productos y mercancías, tanto en los que queremos enviar como en los que queremos recibir.
Según información del Ministerio de Fomento, existe intención de eliminar paradas de los trenes regionales en las estaciones de Gádor, Gérgal y Fiñana y que éste es el primer paso para el cierre definitivo de la misma, esto supone impedir
proyectos que se pudieran plantear en el futuro.
En el Municipio se han producido protestas y en apoyo de los vecinos, el grupo Municipal Socialista ha presentado una moción solicitando que se mantengan estos servicios. Incluso el alcalde de Gádor (Almería), presidente de la Mancomunidad
de Municipios del Bajo Andarax, ha remitido una carta a la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la que le insta a que disipe 'cualquier sombra de duda' sobre una posible eliminación de la estación de tren de Gádor, así como sobre la de reducción de
paradas de trenes regionales en las estaciones de, Gádor, Gérgal y Fiñana.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a adoptar las medidas necesarias para mantener en funcionamiento las estaciones ferroviarias en los municipios de la provincia de Almería: Gádor, Fiñana y Gérgal, con todas las paradas de
trenes actuales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2013.-Gracia Fernández Moya y María Consuelo Rumí Ibáñez, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001626
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para impulsar la contratación y los trabajos de montaje de vía, electrificación, control de tráfico, telecomunicaciones y seguridad en la línea de alta velocidad Olmedo-Zamora-Lubián-Ourense, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El 10 de diciembre de 2011 Galicia se convirtió en la primera comunidad autónoma del norte de España en disponer de alta velocidad ferroviaria con la puesta en servicio de la línea A Coruña-Santiago-Ourense. Una línea, de 150 kilómetros y
3.300 millones de euros de inversión, que constituye el primer tramo de la conexión de alta velocidad que en el futuro unirá Galicia con Madrid y el resto de España y Europa.
Pero para llegar hasta ahí, Galicia ha tenido que salvar grandes obstáculos pues no siempre ha tenido garantizada una conexión con la Meseta con plenas características de alta velocidad.
Ejemplo de ello es que el primer protocolo firmado entre la Xunta de Galicia y el Ministerio de Fomento en abril de 2001 preveía únicamente la adecuación de la vía del tramo Lubián-Ourense, aprovechando la existente, lo que condenaba a esta
línea a velocidades máximas de 140 km/h.
Sólo tras el desastre del Prestige y la marea de indignación ciudadana generada por la gestión de esa crisis accedió el Gobierno a modificar tal situación, desdoblando la entrada a Galicia. Sin embargo, el estudio informativo que salió a
información pública en diciembre de 2003 estipulaba trazados entre Lubián y Ourense que no permitían velocidades superiores a los 200 km/h, es decir, no se proyectaba que la entrada del nuevo trazado ferroviario en Galicia fuera de alta velocidad.
Ante esta situación, el Gobierno socialista impulsó la reforma de los trazados entre Lubián y Ourense para dotar a ese tramo vital para la salida hacia la Meseta de características homologables al resto de líneas de alta velocidad en
construcción en España. Así, en mayo de 2009 el Gobierno socialista decidió modificar los trazados entre Lubián y Ourense para independizarlos de la vía actualmente en servicio (de forma que la obra pudiera ejecutarse sin necesidad de cortar la
línea actual) y adecuarlos a alta velocidad, con velocidades superiores a los 300 km/h, aprobando, entre otras mejoras, la construcción del doble túnel de Padornelo.
Este trabajo de adaptación se culminó a finales de 2010, en un proceso que se vio demorado debido a que la Xunta de Galicia, contraviniendo los acuerdos alcanzados en reuniones previas, el 28 de enero de 2010 contestó negativamente a la
exención ambiental solicitada por el Ministerio de Fomento para el tramo Lubián-Cerdedelo.
No obstante, gracias al esfuerzo de diálogo emprendido con la Xunta de Galicia y el Gobierno de Castilla y León, se logró la exención ambiental, si bien al coste de demorar en 8 meses la aprobación del estudio de los tramos reformados.
De igual forma, se procedió al cambio de la conexión ferroviaria entre Lugo y Ourense, proyectado de acuerdo a la DIA de 2003 con un trazado de vía única que no permitía velocidades superiores a 160 km/h.
Buen ejemplo de las prestaciones de aquel proyecto es que no se planteaba realizar modificaciones en el tramo entre Os Peares y Ourense, de forma que se dejaba el trazado con vía única y los radios de curva de finales del siglo XIX, no
preparados para velocidades superiores a los 70 km/h.
Fue el Gobierno socialista el que en el año 2009 decidió modificar este trazado para adecuar esta línea a estándares de alta velocidad ferroviaria. Entonces, el Ministerio de Fomento proyectó un nuevo trazado que permite velocidades
superiores a los 250 km/h, con doble vía electrificada en todo su recorrido y apta para permitir tráfico mixto de viajeros y mercancías.
Una vez redefinidos los trazados y superados los obstáculos existentes, hubo de diseñarse un camino alternativo para vencer las dificultades que la crisis supuso para la financiación de la línea de alta velocidad a Galicia. Y en un
ejercicio de compromiso político con la cohesión social y territorial de España, el Gobierno encontró en la colaboración público-privada la fórmula idónea para salvar los obstáculos existentes.
Así, en abril de 2011, el Consejo de Ministros autorizó la mayor licitación de la historia para blindar la construcción de esta línea de alta velocidad. Compromiso reflejado en el 'Boletín Oficial del Estado' del 5 de mayo de 2011, que
anunció la licitación de los cinco lotes en que se subdividieron tanto las obras de montaje de vía y su mantenimiento como las correspondientes a las instalaciones de electrificación, control de tráfico, telecomunicaciones y seguridad entre Olmedo y
Santiago.
Fruto de este impulso, llegado el cambio de Gobierno, la totalidad de los tramos entre Olmedo y Zamora se encontraba en obras, mientras que entre Zamora, Lubián y Ourense todos habían sido licitados (y seis de ellos adjudicados) o estaban a
punto de serlo. No obstante, y en cumplimiento de lo exigido por el Partido Popular, el Gobierno saliente paralizó todas las licitaciones de obra hasta que el Gobierno entrante tomara posesión, lo que introdujo un retraso de más de seis meses
respecto al calendario inicialmente aprobado.
Desde entonces, se han licitado y adjudicado las obras pendientes conforme a la planificación prevista por el anterior Gobierno. Sin embargo, en lo que atañe a los contratos de colaboración público-privada sólo uno de ellos, el lote número
1 de montaje de vía entre Olmedo y Pedralba de la Pradería, ha sido adjudicado, tal y como recoge el 'BOE' del pasado 8 de septiembre, estando pendientes los otros cuatro lotes.
Este hecho, junto a la parálisis que sufren los trabajos de montaje de las instalaciones de electrificación, control de tráfico y telecomunicaciones entre Olmedo y Zamora, está impidiendo la puesta en servicio de la línea de alta velocidad
hasta esta capital, con el consiguiente trastorno para los ciudadanos de Castilla y León y Galicia, pues su conclusión hasta Zamora permitiría ahorrar una hora más en el tiempo de conexión con Madrid.
Por otra parte, en paralelo a la política de extensión de la red de alta velocidad, el Gobierno socialista emprendió una política de optimización de esta red, de forma que los nuevos kilómetros construidos pudieran aprovecharse sin tener que
esperar a la finalización completa de las líneas, acelerando así su puesta en servicio para que los ciudadanos pudieran beneficiarse cuanto antes del ahorro de tiempos que suponen los nuevos trazados.
Para ello, el Gobierno impulsó la puesta en marcha de un tren pionero en Europa y en el mundo capaz de poder circular por vías de diferente ancho, electrificadas o no, gracias a su capacidad para cambiar de modo de tracción durante la
circulación. Un tren, por tanto, que pudiera aprovechar los tramos de alta velocidad que se fueran poniendo en servicio sin tener que esperar a completar los trayectos, mejorando así los tiempos de conexión ofrecidos a los usuarios.
La empresa Talgo presentó el proyecto de trenes híbridos al Ministerio de Fomento y el Ministerio ordenó su homologación para poder utilizarlos en España, hecho que se produjo por primera vez el 20 de septiembre de 2011 cuando el primer tren
híbrido Alvia S-730 realizó un viaje de pruebas entre Santiago de Compostela y Ourense.
Fue entonces cuando el Gobierno socialista decidió aprobar una partida de 75 millones de euros para poder construir una flota de 15 trenes híbridos y que comenzasen a prestar el servicio entre Galicia y Madrid a mediados del pasado año, de
forma que se viesen sustancialmente mejorados los tiempos de viaje.
Ese compromiso y ese calendario ha sido mantenido por el actual Gobierno, que hace diez meses aprobó la puesta en servicio de un conjunto de nuevas conexiones de la clase S-730 entre Galicia y Madrid.
Estos nuevos servicios han venido a sumarse, y reforzar, a la conexión pionera que cubre la línea de alta velocidad entre A Coruña, Santiago y Ourense, inaugurada el 10 de diciembre del año 2011, y que ha permitido una sensible reducción en
los tiempos de viaje entre estas tres ciudades, así como entre Galicia y Madrid. Baste recordar que el tiempo de viaje entre Ourense y A Coruña se ha reducido en 67 minutos y entre Ourense y Santiago en casi una hora, al igual que la conexión entre
Galicia y Madrid, lo que ha repercutido en un notable incremento del número de usuarios de estos servicios.
Sin embargo, y a pesar de que estaba planificado por el anterior Gobierno y fue ratificado por el actual, la ciudad de Lugo ha quedado excluida de tales servicios pues a pesar de que se anunció la puesta en marcha de una conexión con Madrid
mediante trenes híbridos a partir del pasado mes de septiembre, seis meses después esta sigue sin materializarse, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos de esta ciudad y de toda la provincia que no pueden beneficiarse de la reducción de
tiempos y la mejora de las prestaciones que suponen estos nuevos trenes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la contratación y los trabajos de montaje de vía, electrificación, control de tráfico, telecomunicaciones y seguridad en la línea de alta velocidad Olmedo-Zamora-Lubián-Ourense, al
objeto de superar la parálisis que afecta a estas obras y acelerar la entrada en servicio del AVE a Zamora, lo que permitirá recortar en una hora los tiempos de viaje de los trenes híbridos a Galicia.
Igualmente, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cumplir el compromiso adquirido con la provincia de Lugo para que su capital disponga cuanto antes de conexión con Madrid mediante trenes híbridos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2013.-José Blanco López, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Educación y Deporte
161/001592
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la promoción del deporte
para prevenir y reducir el consumo de drogas en menores, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
La prevención y la reducción del consumo de drogas es un objetivo del Gobierno desde el comienzo de la X Legislatura.
Acciones como la adhesión de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas a la campaña mundial impulsada por la Organización de las Naciones Unidas contra las Drogas y los Delitos Asociados, el desarrollo de la campaña 'No
compres, ni consumas, ni trafiques con drogas en el extranjero', y la firma de un convenio con los hosteleros para prevenir el abuso de alcohol y el consumo de drogas en los espacios de ocio nocturno, son algunas de las iniciativas desarrolladas
desde finales de 2011 para hacer frente a las adicciones, tanto a sustancias legales como ilegales, en España.
Este trabajo es en gran medida responsable de que la Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y otras Drogas (Edades) 2011-2012 ponga de manifiesto un descenso del consumo de todo tipo de drogas en nuestro país con la salvedad de los
hipnosedantes. La reducción ha sido especialmente significativa, de acuerdo con los datos reflejados en el citado sondeo, en sustancias como el tabaco, el alcohol, el cannabis y la cocaína. No obstante, y durante la presentación de la encuesta, el
Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, puso de manifiesto la importancia de no bajar la guardia para consolidar y mejorar los resultados, y comentó, además, su intención de intensificar los esfuerzos destinados a la lucha contra
las adicciones en menores.
Aunque la Encuesta Edades muestra que la edad de inicio en el consumo de drogas se mantiene estable con respecto a ediciones anteriores de la encuesta, los primeros contactos con el tabaco y el alcohol se siguen produciendo poco después de
los 16 años, y el de cannabis poco después de los 18. Además, el 1,2 % de los adolescentes entre los 15 y los 17 años dice haber probado la cocaína alguna vez en el último año, y el policonsumo es una práctica habitual, con la presencia del alcohol
en el 90 % de los casos registrados.
En este contexto, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha puesto en marcha el Plan de Acción 2013-2016 -incluido en la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016-, en el que el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad apuesta por impulsar la prevención, sobre todo en menores en situación de riesgo, adolescentes y jóvenes.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta la experiencia y las prácticas de éxito cosechadas por el Consejo Superior de Deportes con el Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel (en menores de edad), así como por iniciativas
dirigidas a la promoción del deporte escolar como el Plan integral para la Actividad Física y el Deporte en Edad Escolar, el Programa Nacional de Promoción y Ayuda al Deporte Escolar, la Fundación Deporte Joven, los Encuentros Nacionales de Centros
Escolares promotores de la Actividad Física y el Deporte, o los campeonatos de España en edad escolar, además de los resultados reflejados en el estudio sobre los hábitos deportivos de la Población Escolar en España, el Grupo Parlamentario Popular
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el contexto del Plan de Acción 2013-2016 y en coordinación con el sistema educativo, a impulsar la colaboración entre el Plan Nacional sobre Drogas y el Consejo Superior de Deportes para
desarrollar, desde la promoción de la práctica deportiva, la prevención del consumo de drogas en la niñez y la adolescencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001593
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la legalización de los
documentos académicos universitarios oficiales que han de surtir efectos en el extranjero, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
La legalización de los documentos académicos universitarios oficiales, de los estudiantes que hayan o estén cursando estudios en España, que han de surtir efectos en el extranjero, es un proceso convenido con carácter internacional, que
requiere contar previamente con el reconocimiento de firmas por parte de las correspondientes Autoridades españolas.
Este trámite precisa de la máxima celeridad para aquellas personas que cuentan o bien con una oferta de trabajo en el exterior o bien con la aceptación en una universidad o en un centro de estudios extranjero y, que podría verse fallida por
su dilación en el tiempo y resultar lesiva a sus intereses. En un momento en que las circunstancias económicas están llevando a muchas personas a trabajar o, en su caso, formarse fuera de nuestras fronteras, las Administraciones Públicas no deben
suponer un obstáculo en alcanzar tal fin.
El trámite necesario depende a su vez del país de destino de trabajo o de estudio que se rija por convenios bilaterales o multilaterales o por convenios con universidades, etc.
El Gobierno viene trabajando en acuerdos con otros países sobre homologación de títulos universitarios. A título de ejemplo, merecen destacarse los acuerdos con Argentina, Colombia -recientemente publicado en su Boletín Oficial- o con
Chile, acuerdo a que se ha llegado el pasado mes de enero.
En el proceso para la legalización de los títulos universitarios oficiales es necesario el trámite de certificación de firmas por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, trámite que en si mismo no resulta complicado. Sin
embargo, las demoras y dificultades se suscitan en la fase de obtención de documentos requeridos por parte de las universidades: el título, el certificado de notas, el plan de estudios con la correspondiente relación crédito con número de horas
lectivas, el certificado de calificaciones, o los programas de las asignaturas cursadas en los requisitos de su presentación.
Una vez certificadas las firmas para finalizar el proceso de legalización, estos documentos han de presentarse, si son documentos con destino a países firmantes del Convenio de La Haya, ante el Ministerio de Justicia, y si son documentos con
destino a países no firmantes del Convenio de La Haya, a través de la Sección de Legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y de la Representación diplomática o consular acreditada en España del país en que va surtir efecto el
documento.
El Grupo Parlamentario Popular entiende que la administración debe prestar los servicios del trámite de legalización de títulos universitarios oficiales españoles con las debidas garantías de seguridad y fiabilidad de una manera eficaz v
eficiente.
Por todo ello, se propone para su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar trabajando en coordinación entre los distintos departamentos ministeriales de una manera eficaz, e insta a las universidades a conseguir la máxima agilización de los trámites
necesarios para la legalización de los títulos universitarios oficiales españoles, con el objetivo de ofrecer un servicio eficiente con las debidas garantías de seguridad y fiabilidad que permita facilitar la movilidad de aquellas personas que
encuentran otras oportunidades de empleo o formación fuera de nuestras fronteras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001601
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la promoción conjunta de
la alimentación saludable y de la práctica de ejercicio físico entre la población en edad escolar, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
El exceso de peso es un problema de salud pública relevante en España, tanto en la población adulta como entre los niños y los adolescentes. El 55 % de los adultos presentan sobrepeso según la Encuesta Nacional de Salud, y más del 45 % de
los niños comprendidos entre los seis y los nueve años sufren obesidad o sobrepeso en nuestro país de acuerdo con el Estudio Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad (Aladino), que ha elaborado la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
En consecuencia, desde el comienzo de la X Legislatura, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha dado prioridad a la promoción de hábitos de vida saludables con los que prevenir y reducir la obesidad. Decisiones como la de
poner en marcha del 'Plan Cuídate + 2012', la de renovar el Código PAOS de regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores, la de rubricar acuerdos con las empresas de alimentación y bebidas para aunar esfuerzos, y la de crear
el Observatorio de la Nutrición y de Estudio de la Obesidad, están sentando las bases para impulsar cambios en la alimentación de la población hacia pautas más saludables.
Al mismo tiempo, considera fundamental hacer frente al sedentarismo, especialmente entre los más pequeños. Se trata de un reto, el de impulsar la práctica del ejercicio, que Sanidad comparte con el Consejo Superior de Deportes (CSD), que
depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta que el sedentarismo -considerando como tal las prácticas de ejercicio físico inferiores a las 3 horas a la semana-, asciende al 35 % de acuerdo el Estudio sobre los Hábitos Deportivos de la población
Escolar en España elaborado por el propio CSD, así como los objetivos, medidas y recursos del Plan A+D de promoción de la Actividad Física y el Deporte.
El Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar la colaboración entre la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y el Consejo Superior de Deportes para, de forma conjunta
y en coordinación con el sistema educativo, promover la alimentación saludable e incentivar la práctica de ejercicio físico entre la población en edad escolar.'
Palacio del Congresos de los Diputados, 15 de abril de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la coordinación entre
los organismos públicos de investigación y el Consejo Superior de Deportes en materia de I+D+i biomédica, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
Los organismos públicos de investigación (OPI) son instituciones de carácter público y de ámbito de actuación nacional que, junto con las universidades, constituyen el núcleo básico del sistema público de investigación científica y
desarrollo tecnológico español.
El Instituto de Salud Carlos III (ISM) es la institución que centraliza el trabajo en el área de la investigación, el desarrollo y la innovación en biomedicina, sector en el que España es un país puntero a nivel mundial. Además, otros
Organismos Públicos de Investigación (OPI), principalmente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), desarrollan también actividades con las que promover la consecución de avances científicos que permitan mejorar la prevención, el
tratamiento y la rehabilitación de las enfermedades.
Biología molecular y celular, microbiología, parasitología, virología, inmunología, neurociencias, calidad y seguridad de los alimentos, función y dinámica de los genomas, señalización celular, farmacología y terapéutica bioquímica,
envejecimiento, secuenciación de ADN y proteínas... Son algunos ejemplos de las líneas de investigación y técnicas instrumentales impulsadas por el CSIC y coincidentes en muchos casos con las áreas de trabajo existentes en el ISCIII, que además
pueden ampliarse, desarrollarse y dar lugar a nuevas sinergias con las aportaciones de la Subdirección General de Deporte y Salud del Consejo Superior de Deportes (CSD).
La experiencia, el trabajo y las buenas prácticas desarrolladas por la citada subdirección general del CSD, que integra al Centro de Medicina del Deporte y presta apoyo a la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y del Dopaje, pueden
generar nuevas líneas de investigación, desarrollo e innovación, agilizar la consecución de hallazgos, y sumar energías para optimizar los recursos públicos destinados a la I+D+i en biomedicina e incrementar las posibilidades de que los OPI y el CSD
consigan fondos públicos de concurrencia competitiva -especialmente europeos- y recursos provenientes del mecenazgo.
Por todo lo expuesto, y teniendo presente la relevancia de aunar esfuerzos, compartir buenas prácticas y optimizar los recursos existentes en favor del avance de la investigación biomédica y del rendimiento de nuestros deportistas.
El Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la coordinación entre los organismos públicos de investigación y el Consejo Superior de Deportes para agilizar la consecución y la aplicación de avances científicos en I+D+i
biomédica, impulsar el rendimiento de nuestros deportistas y favorecer el acceso a fondos de concurrencia competitiva y provenientes del mecenazgo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001607
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre si tiene el Gobierno la intención de materializar un seguimiento de
la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el fútbol, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
A mediados del mes de febrero de 2013 un árbitro valenciano de 17 años perdió el bazo tras sufrir una paliza durante un partido de Segunda Regional entre Los Silos y Mislata UF 'B' (Valencia). La agresión se produjo después de que el
colegiado mostrara una tarjeta roja a un jugador de este último equipo, quien reaccionó de forma violenta ante su expulsión y le propinó un puñetazo en la cara y, cuando cayó al suelo, varias patadas a resultas de las cuales tuvo que ser
hospitalizado para practicarle de urgencia una extirpación de bazo.
Al tiempo que tenía lugar el incidente arriba reseñado, otra noticia relacionada con el entorno del fútbol alcanzó gran repercusión en España. Ésta fue protagonizada por Salva Ballesta, ex jugador de Atlético de Madrid, Valencia, Málaga o
Levante, entre otros clubes, que había sido llamado por Abel Resino para que lo acompañara en su nueva aventura como entrenador en el Celta de Vigo. Sin embargo, en cuanto se supo de su llegada como ayudante del nuevo responsable técnico, un sector
de la afición del Celta expresó su rechazo a su contratación en las redes sociales, tildando a Ballesta de 'fascista' y el presidente del club gallego decidió no contratarle.
Lo cierto es que Salva Ballesta se ha declarado públicamente admirador de García Morato, aviador militar español del bando franquista durante la Guerra Civil, y de Hans Rudel, piloto alemán durante la Segunda Guerra Mundial, incluso del
golpista del 23-F, Antonio Tejero. El futbolista, que celebraba sus goles con el saludo militar, también tuvo un encontronazo con la afición de Osasuna. En un partido con el Málaga en El Sedar, después de ser expulsado por el árbitro, dedicó a la
grada: '¡Que viva España, hijos de puta!'.
En febrero de este año, Esteban Ibarra, portavoz de 'Movimiento contra la Intolerancia', expresó su apoyo a las declaraciones del jugador del Barça, Daniel Alves, quien denunció que en los campos de fútbol españoles sigue habiendo racismo.
Todo ello tenía como origen unos sucesos ocurridos durante un partido de la Copa del Rey, en el que parte del público asistente realizó insultos racistas imitando los movimientos de un mono y diciendo 'uh uh uh', dirigiéndose al futbolista Dani
Alves. En rueda de prensa posterior, el jugador brasileño denunció estos hechos y recalcó que los insultos racistas 'son un mal que abunda en todos los estadios de fútbol españoles'.
Al respecto, el portavoz del 'Movimiento contra la Intolerancia', manifestó: 'Ratificamos las declaraciones de Alves. Es verdad lo que dice, en muchos campos de futbol por desgracia hay gritos racistas y grupos ultras. Denunciamos que no
se está aplicando la ley como se exige en estos casos'.
El racismo, la xenofobia y, en general, la intolerancia, son una forma de violencia que no debe tener cabida en la sociedad. El deporte tiene una función de promoción de valores como el respeto mutuo, la tolerancia, la deportividad y la no
discriminación de las personas.
El Consejo Superior de Deportes ha impulsado diversas actuaciones orientadas a la realización de esa función integradora, entre las cuales se incluye la constitución, el 22 de diciembre de 2004, del Observatorio de la Violencia, el Racismo y
la Intolerancia en el Deporte, como grupo de trabajo incardinado en la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos. En el Observatorio participan representantes de la Administración del Estado (CSD, Interior, Trabajo y
Asuntos Sociales), de organizaciones representativas del mundo del deporte, y específicamente del fútbol, de ONG del ámbito de la prevención y lucha contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia, la Federación Española de Municipios y
Provincias, y de la Asociación Española de Prensa Deportiva.
Concebido para actuaciones de estudio y realización de informes, al Observatorio se le encargó hacer el seguimiento del Protocolo de Actuaciones contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Fútbol, firmado el 18 de marzo de 2005.
La entrada en vigor de la Ley 19/2007, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, produce un cambio en la situación. La Administración General del Estado debe impulsar una serie de actuaciones entre las
que se encuentra el desarrollo del Observatorio de la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.
El desarrollo normativo más detallado, del Observatorio se ha producido en el capítulo VIII, sección 2.ª, artículos 83-86 del Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de prevención de la violencia, el
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
El Observatorio queda adscrito al CSD, y se establecen unas funciones genéricas del mismo: estudio, análisis, propuesta y seguimiento en materia de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar un seguimiento de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el fútbol, desbloqueando una situación de parálisis de más de dos años desde que no se reúne el
Observatorio de la Violencia, el Racismo y la Intolerancia en el Deporte, al no haber sido convocado por el Consejo Superior de Deportes.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover iniciativas para impedir la presencia de grupos ultras en los campos de fútbol, para sancionar a quienes promueven gritos racistas, así como para sancionar a los clubes que amparen a
aficionados que hayan realizado insultos racistas y no tomen medidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2013.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ECV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/001610
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia del diputado Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-SÍ (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley para aplicar las exclusiones de cotización al sistema de Seguridad Social en el voluntariado deportivo, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
Actualmente, clubs deportivos son objeto de inspección por parte de funcionarios inspectores de la Seguridad Social, que levantan acta al entender que no tienen dadas de alta en el sistema a todas las personas que prestan un servicio en la
entidad. Efectivamente, en la organización del deporte no profesional, la participación del voluntariado es crucial: preparadores, entrenadores, etc... sin los cuales la vida de los clubs, tanto en lo que atañe al deporte en concreto como a su
labor cultural y social, resultaría inviable. De hecho y en las antípodas del deporte espectáculo, en base a estas personas voluntarias es posible el sostenimiento de las asociaciones o clubs, sobre las cuales pivote la actuación de decenas de
miles de niños y jóvenes que semanalmente practican deporte y compiten con el concurso de las familias que participan del ocio y formación de sus hijos.
Sin duda, estos clubs amateurs desarrollan una gran labor de fomento del deporte y de socialización de los valores intrínsecos a la práctica deportiva, razón por la cual su protagonismo es imprescindible a la hora de cohesionar nuestras
sociedades.
Atendiendo a esta realidad, se cree conveniente introducir un criterio discerniente entre el ámbito del deporte profesional y el del deporte amateur o de base, entre los puestos de trabajo profesionales que corresponden a entidades
profesionalizadas (gerencia, aparato administrativo, técnicos deportivos, etc...) y aquellos otros clubs que subsisten y/o basan su viabilidad social en el voluntariado, aun cuando justamente tengan que compensar dichos servicios voluntarios con
pago de pequeñas cantidades por desplazamientos para asistir a concentraciones o competiciones.
En la mayoría de los casos, estas entidades deportivas, establecidas por voluntad social e instaladas en la dificultad económica, han podido desarrollar su labor gracias a las ayudas municipales o, en algún
supuesto, gracias a la colaboración de algún patrocinador, normalmente local, lo cual explica que en la actual coyuntura depresiva una profesionalización de su voluntariado conduzca a su progresiva desaparición.
En consecuencia, el levantamiento de actas por parte de la administración como consecuencia de no haber procedido a dar de alta al voluntariado genera una enorme preocupación.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
Aplicar, de acuerdo con las previsiones del artículo 1.3.d del Estatuto de los Trabajadores, las exclusiones de cotización al régimen de la Seguridad Social previstas en el artículo 98.a a las colaboraciones sociales o de voluntariado
deportivo, así como aquellas otras colaboraciones esporádicas y eventuales, de carácter amistoso, benévolas o de buena vecindad, con las entidades deportivas sin ánimo de lucro a secciones de deporte no profesional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2013.-Joan Tardà i Coma, Diputado.- Enrique Álvarez Sostres, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/001603
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de las diputadas Olaia Fernández Davila (BNG) y Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente
Proposición no de Ley, relativa a la necesidad de resolver el problema del colectivo de marineros gallegos que en 1960 y 1970 trabajaron en buques de la marina mercante noruega, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Durante la década de 1960 y 1970 sobre todo, y en menor medida en la de 1980, fueron muchos los marineros gallegos que se trasladaron a Noruega a trabajar en cargueros, rebocadores off-shore y otros muchos buques de la marina mercante
noruega.
Están más que acreditadas las relaciones laborales formales que estos trabajadores del mar contrajeron con muchas empresas noruegas. Las autoridades tributarias noruegas les obligaron a pagar las correspondientes contribuciones al Estado.
Los impuestos se fijaron de acuerdo con el tratado tributario vigente y la ley tributaria interna de Noruega, sin tener en cuenta ningún derecho a pensión ni otras ventajas.
Esta diputada se dirigió en numerosas ocasiones al Gobierno en la anterior legislatura por el grave problema que sufre este colectivo ante las dificultades para percibir las prestaciones que le corresponden legalmente de cara a la
jubilación. La tramitación para conseguir las prestaciones que les corresponden es un arduo camino, plagado de tramitaciones burocráticas y lleno de impedimentos.
Los afectados han dirigido una carta al Presidente del Gobierno el pasado mes de enero, para demandarle una solución a este problema. En dicha misiva, proponían una alternativa: un acuerdo entre el Gobierno español y su homólogo noruego
para que se transfiera a la Seguridad Social española las cuantías correspondientes a lo aportado por estos trabajadores del mar durante el periodo en el que trabajaron en la marina mercante noruega, a fin de que se refleje en sus pensiones de
jubilación.
Ponen de manifiesto que después de haber trabajado durante décadas en Noruega, sus pensiones son irrisorias porque non les computa el tiempo trabajado en el país noruego.
Es preciso recordar que Noruega no pertenece a la UE, y que si se pretende solucionar esta injusticia, debe ser el Gobierno español quien realice las gestiones oportunas ante Noruega.
Alegan además los afectados de avanzada edad, que llevan dos años esperando la solución a la que se comprometió la UE. Este caso se ha llevado al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, después de concluir que los solicitantes
españoles son víctimas de una injusticia social grave. El Comité demandó a Noruega el establecimiento de un acuerdo bilateral con el Estado español que asegure la devolución de dichas cuantías.
La desesperación ha cundido ya entre estos marineros retirados que han dirigido también una carta al Defensor del Pueblo noruego, donde ponen de manifiesto que Noruega recaudó 3,5 mil millones de coronas noruegas en impuestos sobre la renta
de los marineros españoles entre 1970 y 1980. La cuestión no es fácil puesto que el plazo límite para modificar las decisiones tributarias es de diez años. Así que la devolución de los impuestos pagados no parece ser una posibilidad, de ahí la
importancia de que se alcance un acuerdo bilateral entre ambos países.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
- Realizar las gestiones pertinentes ante el Gobierno de Noruega para resolver el problema del colectivo de marineros gallegos que en la década de 1960 y 1970 trabajaron largos periodos en buques noruegos, pero que no se reflejan en sus
pensiones de jubilación a pesar de haber tributado al Estado noruego.
- Demandar al Estado noruego la firma de un acuerdo bilateral entre ambos Estados que asegure la devolución de las cuantías aportadas por estos trabajadores del mar al Estado noruego.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2013.-Rosana Pérez Fernández y M.ª Olaia Fernández Davila, Diputadas.- Enrique Álvarez Sostres, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/001587
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al apoyo a la implantación
y certificación de sistemas de calidad bajo la Marca Q en el sector turístico, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
La calidad de nuestro sector turístico debe, como mínimo, mantenerse si España desea conservar su liderazgo en el ranking mundial de destinos turísticos.
El Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), es una entidad de Certificación de Sistemas de Calidad especialmente creados para empresas turísticas. Es un organismo español, privado, independiente, sin ánimo de lucro y reconocido
en todo el ámbito nacional.
El ICTE administra y gestiona en exclusiva la Marca Q emitiendo en su caso la correspondiente actualización para su uso y vigilando la adecuada utilización.
La Marca Q de Calidad Turística cumple con una serie de características aportando prestigio, diferenciación, fiabilidad y rigor a los establecimientos turísticos certificados.
La Marca Q demuestra el compromiso del establecimiento certificado por alcanzar la plena satisfacción del cliente, cubriendo las necesidades y superando sus expectativas, ofreciéndole un servicio excelente. Ésta sólo podrá obtenerse por
aquellos establecimientos que aseguren unos niveles de calidad establecidos por la Norma de Calidad de Servicios.
El ICTE cuenta con los mecanismos necesarios para evaluar el cumplimiento de los requisitos solicitados por las Normas de Calidad de Servicios y son independientes del propio sector, estando diseñados de acuerdo a la normativa
intersectorial.
La imagen de la Marca Q de Calidad Turística Española, con más de 2.000 establecimientos certificados con el sello correspondiente, comienza a ser reconocida a nivel nacional e internacional. Este reconocimiento, tanto del consumidor
nacional como de los operadores y consumidores emisores es un objetivo primordial, obteniendo resultados positivos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a impulsar elementos diferenciadores que fomenten la calidad, para dotar a las empresas y destinos turísticos de instrumentos contrastados de gestión interna óptima, como el Sistema de Calidad Turístico Español
(SCTE) desarrollado por la Administración General del Estado, y que en la actualidad está plenamente consolidado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2013.-Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/001588
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP), para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
En la comunicación relativa a la propuesta de Reglamento de un nuevo Fondo se integran las ayudas destinadas a respaldar los objetivos de la Política Pesquera Común y los de la Política Marítima Integrada. Este fondo, que se llamará 'Fondo
Europeo Marítimo y Pesquero' (FEMP), fue presentado por la Comisión Europea el pasado 2 de diciembre de 2011, para el periodo 2014-2020, si bien necesita ser mejorado para que cumpla el objetivo de alcanzar el rendimiento máximo sostenible (RMS) de
aquí al 2020 de las especies pesqueras que así se consideren sin comprometer el bienestar de las comunidades que viven del sector pesquero. Esta propuesta enmarcada en la Estrategia 2020, contiene aspectos positivos, pero hay que considerarla
restrictiva para garantizar 'un crecimiento inteligente, sostenible e integrador', cuya prioridad debe ser 'aumentar el empleo y la cohesión territorial'.
Hay que destacar como elementos positivos de la propuesta su apuesta por la innovación, la mejora de la recopilación de datos y colaboración con los distintos estamentos del sector pesquero, la mejora de la gestión de las pesquerías, una
mayor participación de los pescadores en tareas de protección y recuperación de los ecosistemas marinos y el mantenimiento de las ayudas a proyectos de acciones colectivas, grupos de acción costera y organizaciones de productores.
Sin embargo, se deben paliar los efectos negativos que tendrá la orientación adoptada en la propuesta, de priorizar la consideración medioambiental por encima de la económica y social, y para evitar que ese enfoque actúe de forma traumática
en las comunidades costeras dependientes de la pesca.
Una medida conveniente para cumplir con el objetivo de alcanzar el RMS es financiar actuaciones sobre el esfuerzo de pesca en aquellas pesquerías o conjunto de estas en que sea necesario actuar en el marco de los planes plurianuales
orientados al logro del RMS en 2020, y establecer medidas socioeconómicas para los pescadores que se vean afectados por las políticas implementadas para lograr el mencionado objetivo.
El tratamiento dado a la flota costera artesanal en la propuesta de reglamento se considera insuficiente, al no incorporar medidas que permitan aplicar una financiación específica a medidas de gestión propias de esta flota. Este apartado
debería extenderse a la flota de litoral artesanal (aquella que realiza mareas de menos de 24 horas).
Los problemas derivados de situaciones de urgencia como rupturas de acuerdos de pesca, o desastres naturales, deben tener respuesta a través de la creación de un apartado específico para estos fines, de manera que permita la atención de
tripulantes y armadores en tanto no se subsana el problema, o se realice el ajuste de la flota, llegado el caso.
Debe ser ampliado el planteamiento hecho para mejorar la salud, la seguridad y las condiciones de vida a bordo de las embarcaciones, de manera que no quede limitado en el periodo de programación las ayudas a recibir por estos conceptos,
siempre que no supongan un aumento real del esfuerzo de pesca. El sector pesquero europeo está sufriendo un proceso de envejecimiento consecuencia de la falta de relevo generacional, que es intenso en el sector extractivo y para paliar tal
situación debe formar parte del FEMP una medida de apoyo a los jóvenes pescadores para adquirir un buque pesquero de la flota artesanal, costera o litoral.
Por la labor de apoyo y de actividad equivalente a la que desempeñan los trabajadores a bordo de un buque pesquero, deben ser incorporados como beneficiarios de las medidas incorporadas en el FEMP en equiparación al de pescador, otros
colectivos como son las rederas, empacadoras, neskatillas, mariscadoras y trabajadores del sector almadrabero.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a defender y elevar a las instancias comunitarias un posicionamiento sobre la propuesta de Reglamento de un nuevo fondo en el que se integren las ayudas destinadas a respaldar los objetivos de
la Política Pesquera Común y los de la Política Marítima Integrada, que se llamará 'Fondo Europeo Marítimo y Pesquero' (FEMP) que incluya las siguientes propuestas:
1. Financiación de los programas de ajuste del esfuerzo de pesca.
Disponer en el FEMP de una medida para las actuaciones sobre el esfuerzo de pesca en aquellas pesquerías o conjunto de éstas que tengan previsto su reducción en el marco de los planes plurianuales, para entre otros objetivos, alcanzar el
Rendimiento Máximo Sostenible de los caladeros de forma ordenada y ajustada a la situación de cada pesquería y zona pesquera, implementando en esta planificación las correspondientes medidas socioeconómicas para los pescadores afectados.
2. Atención a la suspensión de acuerdos y a las situaciones de emergencia.
Dar respuesta a través de la oportuna disposición financiera a los problemas derivados de situaciones de emergencia, como roturas de acuerdos de pesca, o desastres naturales, de manera que permita atender a tripulantes y armadores de manera
transitoria.
3. Tratamiento diferenciado para la flota artesanal.
Establecer para la flota artesanal un tratamiento diferenciado que incorpore medidas que permitan aplicar financiación para el ajuste del esfuerzo pesquero, a la reconversión de las embarcaciones, y la aplicación de medidas de gestión
propias, aplicables específicamente a esta flota de menos de 15 metros de eslora o que realicen mareas de menos de 24 horas.
4. Salud y seguridad a bordo.
Ampliar el planteamiento establecido para mejorar las condiciones de trabajo de los pescadores y la seguridad a bordo de las embarcaciones financiando este tipo de inversiones.
5. Apoyo a los jóvenes pescadores.
Establecer dentro del nuevo FEMP, medidas de apoyo a los jóvenes pescadores para adquirir un buque pesquero de la flota artesanal, costera o litoral, como herramienta para combatir la falta de relevo generacional del sector y contribuir al
mantenimiento de la actividad.
6. Apoyo a otros colectivos.
Incorporar como beneficiarios de las medidas de aplicación del FEMP en equiparación a los trabajadores a bordo de un buque pesquero, a las rederas, empacadoras, neskatillas, mariscadoras y trabajadores del sector almadrabero.
7. Apoyo a las comunidades costeras dependientes de la pesca.
Disponer de una clara cualificación y determinación de las comunidades costeras dependientes de la pesca para un mejor sostén de la estructura marítimo-pesquera.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
161/001590
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la propuesta sobre la
Política Pesquera Común, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
En el proceso del debate legislativo que ha emprendido el Parlamento Europeo como codecisor en la aprobación del paquete de Reglamentos comunitarios de modificación de la Política Pesquera Común (PPC), se pretende recabar el parecer de los
distintos parlamentos nacionales, por lo que el pasado mes de febrero celebró una jornada de parlamentarios nacionales con el fin de que expusieran sus puntos de vista.
Para que quede constancia de este parecer por parte del Congreso de los Diputados, como representante de la soberanía nacional, al igual que han procedido a hacer otros parlamentos nacionales europeos, se somete a debate y aprobación por el
Pleno si procede, la presente proposición no de ley en la que se fija la posición sobre el 'Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Política Pesquera Común', proceder que se seguirá igualmente mediante sendas proposiciones no de ley
con los otros dos Reglamentos que conforman el paquete legislativo de la reforma, 'el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al fondo europeo marítimo y pesquero y el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
establece la Organización común de mercados en el sector de la pesca y de la acuicultura'.
Respecto a la propuesta del Reglamento sobre la Política Pesquera Común, se modifica sustancialmente la política pesquera común vigente desde el 2002, si bien la propuesta sólo aborda parcial y superficialmente los desafíos a !os que se
enfrenta el sector, y no da soluciones eficaces para la sostenibilidad y viabilidad de la actividad marítima-pesquera en la UE, y particularmente, en países con regiones con Zonas Altamente Dependientes de la pesca como es Galicia.
El proyecto contiene aspectos positivos en algunas cuestiones, e intenta responder a algunos problemas planteados en el proceso de consulta desarrollado a lo largo de 2009 con el sector pesquero y las autoridades de los distintos Estados
miembros.
Sin embargo, la propuesta presenta carencias fundamentales con un trato sesgado por una triple razón: en primer lugar, por la prevalencia de las consideraciones medioambientales frente a las económicas y sociales, argumentando que es
imposible garantizar objetivos económicos y sociales, si antes no se ha conseguido un equilibrio de desarrollo biológico, ecológico y medioambiental sostenible. En nuestra opinión ambos tipos de consideraciones deben tener un peso similar, de forma
que los objetivos medioambientales y biológicos estén al servicio del bienestar social y económico de las poblaciones que dependen del sector y de los consumidores. En segundo lugar, se favorece el ejercicio de una pesca industrial, destinada a la
fabricación de harinas o alimentación animal y practicada por los EEMM del Norte, en detrimento de una pesca dirigida al consumo humano, realizada por los países del Sur, tanto en España como en el resto del Mediterráneo. Por último, la reforma se
queda corta, pues se mantiene en un concepto de la gestión pesquera tradicionalista y disfuncional, mientras se resiste a proponer medidas verdaderamente novedosas, como la gestión por esfuerzo (en lugar de TACs y cuotas), reajuste del principio de
la estabilidad relativa, creación de cuotas individuales transferibles entre los operadores de los EEMM, etc.
Llama poderosamente la atención que en la propuesta de Reglamento para la PPC no se mencione en ninguno de sus artículos la posibilidad de gestionar el esfuerzo de pesca como una medida más de control. Es evidente que una omisión tan
sustancial no es el resultado de un olvido, sino una postura beligerante de la Comisión en contra de la alteración de la estabilidad relativa.
En cuanto al control de las capturas realizadas, la propuesta establece un mecanismo de control altamente sofisticado sobre la obligación de desembarcar la totalidad de las capturas realizadas por los buques de pesca, que es complementado
con una planificación plurianual de la gestión de los recursos pesqueros, circunstancia que originará un debilitamiento de la rentabilidad de la flota que no disponga de cuotas suficientes para las especies accesorias, cuando no, la imposibilidad de
poder salir a faenar al no disponer de cuotas de algunas especies.
Crea la propuesta la cesión de los derechos de pesca transferibles en base a las asignaciones por Estados miembros de posibilidades de pesca derivados de las decisiones del Consejo. Estos derechos se transforman posteriormente en
asignaciones individuales de pesca que pueden ser transferidos entre particulares de un Estado miembro, no entre particulares de diferentes Estados miembros si no es autorizado por éste.
Se hace necesario establecer unas pautas de gestión pesquera que avancen hacia la simplificación mediante la implantación generalizada del esfuerzo de pesca como mecanismo de control de acceso a los recursos, unido a la actualización de la
estabilidad relativa.
Asimismo, se constata una insuficiencia en la definición de lo que constituye la pesca artesanal, que considera exclusivamente el criterio de la eslora de las embarcaciones (12 metros). Es necesario tener en cuenta otras consideraciones,
debido a la diversidad de artes y embarcaciones que practican una pesca de carácter no industrial, sino familiar y artesanal, por lo que sería conveniente introducir el criterio de la marea de un solo día de duración y aumentar la eslora a 15
metros.
Entendemos que la aprobación de la propuesta, tal como se presenta por parte de la Comisión Europea, supondría dar carta de naturaleza a asuntos claramente lesivos para la actividad marítima-pesquera comunitaria y española.
Para alcanzar los objetivos planteados en la reforma y no hacer traumáticas a las poblaciones costeras dependientes de la pesca las modificaciones incorporadas, es necesario modificar su contenido.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a defender y elevar a las instancias comunitarias un posicionamiento sobre la propuesta de Reglamento sobre Política Pesquera Común que incluya las siguientes propuestas:
1. El equilibrio en sus objetivos.
Restablecer y mantener las poblaciones objetivo de la flota comunitaria de forma sostenible, garantizando su explotación en condiciones económicas, medioambientales y sociales equilibradas, e incorporando a todas las posibles medidas de
gestión plazos que tengan en cuenta los objetivos y las evaluaciones del impacto económico y social a corto y a largo plazo.
2. Las concesiones y posibilidades de pesca.
Regular las transferencias y el arrendamiento de las cuotas de pesca según el principio de la libre voluntad de las partes, sin que los acuerdos de transferencia y arrendamiento de dichas cuotas entre particulares de distintos Estados
miembros exijan la autorización de los Estados miembros de bandera de los buques, pero sí su conocimiento exceptuando de esta norma tan solo a la flota costera artesanal.
3. La implantación del objetivo del rendimiento máximo sostenible (RMS).
Alcanzar el RMS, teniendo en cuenta los diferentes tipos de pesquerías y los sistemas de pesca utilizados, en un periodo que habría que situar en 2015, siempre que sea posible, y si no en el horizonte de 2020.
4. El principio de estabilidad relativa.
Revisar periódicamente, a la luz de la evolución histórica reciente de los resultados de la actividad pesquera, los porcentajes de participación de los Estados miembros en los Totales Admisibles de Capturas (TACs).
5. Pesca artesanal y marisqueo.
Ampliar la consideración de artesanal a la flota litoral, contemplando como criterio para definir el concepto de artesanal el de aquella flota con eslora inferior a 15 metros y/o que efectúe mareas inferiores a 24 horas.
6. Los descartes.
Realizar, de cara a la implantación de los descartes, los estudios necesarios, pesquería por pesquería, para determinar en cuales se producen, con qué magnitud y cuáles son las causas de este fenómeno en cada una de ellas. Identificadas las
causas y las especies descartadas, deben aplicarse soluciones de selectividad o de cambios de métodos de gestión. Establecer planes, objetivos y plazos para la progresiva reducción de los descartes o para establecer, si es posible, la obligación de
desembarcar, apoyando con el Fondo Europeo de la Pesca, la mejora de la selectividad y evitando la comercialización o transformación lucrativa de las capturas de talla ilegal (aunque sea para consumo humano).
7. La gestión del esfuerzo de pesca.
Implementar, especialmente en las pesquerías multiespecíficas, la gestión pesquera basada en el control directo del esfuerzo y no por cuotas de capturas.
8. Política exterior.
Repartir entre los Estados miembros los derechos de pesca obtenidos en virtud de acuerdos de pesca sostenibles con terceros países, respetando la evolución histórica de la presencia de las flotas en dichos acuerdos, valorando la asignación
de concesiones de pesca transferibles y aunque sea de manera transitoria, asignaciones de pesca individuales.
9. Integración y desarrollo de una política de investigación pesquera.
Basar las decisiones de las autoridades comunitarias y nacionales en el mejor conocimiento científico disponible, de manera que abarque no solamente a los aspectos biológicos sino también a los económicos y sociales.
10. Desarrollo de la acuicultura.
Establecer en las zonas costeras y como pilar fundamental un desarrollo integrado de una acuicultura sostenible en lo ambiental, social y económico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001617
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para recuperar para el domino y uso público la parcela de la Punta del
Arenal de Jávea (Alicante), así como su yacimiento arqueológico, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El Ayuntamiento de Jávea (Alicante) vendió en 1959 por diez mil pesetas, cada una, varias parcelas del dominio público marítimo-terrestre a influyentes cargos del franquismo. Esas parcelas fueron vendidas, por un ayuntamiento no democrático
mediante un proceso poco transparente, al amparo de una ley del año 1935, la denominada Ley Chapatrieta, que daba a este consistorio el usufructo de parte de su litoral, pero no la plena propiedad, En la parcela de la Punta del Arenal el Ministro
franquista de hacienda entre 1957 y 1965, Mariano Navarro Rubio, quien después fue también Gobernador del Banco de España entre 1965 y 1970, construyó una lujosa residencia. Al iniciarse las obras en 1964 se confirmó que la construcción se estaba
realizando sobre un yacimiento romano. En un pasaje del libro 'La factoría pesquera de la Punta de l'Arenal y otros restos romanos de Jávea', publicado en 1970 se lee: 'El señor Navarro decidió conservar estas cisternas (romanas) para lo cual
ordenó vaciarlas y, cubriéndolas con un techo, las convirtió en un sótano donde se halla instalado un pequeño museo'. Ese museo siempre fue privado. Aquella venta de terrenos del litoral a influyentes cargos de la dictadura franquista respondía a
privilegios que, en el caso que nos ocupa, todavía hoy se mantienen.
Los otros compradores no llegaron a construir y, en 1987, tras un largo conflicto judicial, vieron como las parcelas dejaban de pertenecerles. El Tribunal Supremo declaró nulas las ventas ya que los terrenos del dominio público
marítimo-terrestre son inalienables. La misma Ley Chapatrieta que invocó el ayuntamiento en 1959 para congraciarse con estos prohombres del régimen sirvió para cambiar las tornas. Daba la titularidad del litoral a los municipios, pero, al mismo
tiempo, prohibía la venta, arriendo o permuta. No fue, sin embargo, hasta 2007 cuando las parcelas volvieron a ser públicas. La última sentencia que finalmente ha recaído en este contencioso ha sido la de la Sala 3 del Tribunal Supremo de 10 de
diciembre de 2010, que desestimaba un recurso de casación al respecto,
Tras ganar el ayuntamiento de Jávea los pleitos para recuperar las otras parcelas enajenadas ilegalmente, a instancias del consistorio la Abogacía del Estado realizó en 2000 un informe demoledor. Rechazaba que la sociedad Puntar, S.A.,
creada por el ex ministro y su esposa y a cuyo nombre inscribieron la finca, pudiera ser propietaria de la parcela. Esa sociedad 'es hoy en día titular de una concesión de uso y aprovechamiento de los terrenos ubicados en el dominio público
marítimo-terrestre'.
La parcela de la Punta del Arenal en la que se construyó una lujosa residencia sobre un yacimiento arqueológico fue objeto de una concesión administrativa el 24 de abril de 1982 por plazo de 30 años a la sociedad Puntar, S.A., propiedad de
los herederos del ex Ministro Navarro Rubio. Ese plazo concluyó en abril del pasado año 2012. En estos momentos se está tramitando un expediente administrativo para determinar los posibles derechos de la propiedad para prolongar por otros 30 años
dicha concesión.
El Ayuntamiento de Jávea ha alegado en dicha tramitación en contra de la posibilidad de un nuevo plazo de concesión.
Resulta de interés general la recuperación del dominio público sobre dicha parcela incluida en la ZMT de forma especial por el yacimiento arqueológico que alberga, uno de los más singulares de toda la costa española atendiendo al informe del
arqueólogo Manuel Olcina Doménech del Museo de Arqueología de Alicante, aportado por el Ayuntamiento de Jávea.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las actuaciones necesarias para que en la tramitación del expediente actualmente instruido sobre los derechos que pudieren quedar sobre la parcela de la Punta del Arenal de Jávea
(Alicante), se contemple la recuperación para el dominio y uso público de dicha parcela, así como el yacimiento arqueológico que alberga.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2013.- Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.- José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/001621
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
siguiente Proposición no de Ley sobre el incremento de la cuota de captura del atún rojo, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Los últimos informes científicos emitidos por el Comité Permanente de Investigación y Estadísticas de la Comisión Internacional para la conservación del atún Atlántico (CICAA) indican signos de recuperación de la población de atún rojo.
La CICAA, responsable de establecer las normas para el ejercicio de la pesquería de atún rojo a nivel internacional, ha adoptado la Recomendación CICAA 12/03 al objeto de introducir nuevas medidas acordes con la situación actual de este
stock.
A la luz de las últimas decisiones adoptadas en el seno de CICAA, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha redactado un proyecto de Orden Ministerial por la que se regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico
Oriental y Mediterráneo.
El citado proyecto de Orden Ministerial recoge dentro de la normativa interna española las nuevas medidas emanadas de CICAA y revisa los procedimientos establecidos hasta el momento para la asignación de cuotas y la transmisión de las
posibilidades de pesca.
La revisión de estos procedimientos supone, en la práctica, importantes cambios que perjudican a la pesquería de atún rojo que es llevada a cabo por cuatro almadrabas en la provincia de Cádiz, que generan en torno a 500 empleos directos así
como cerca de 200 empleos indirectos vinculados a esta pesquería.
El proyecto de Orden Ministerial castiga a las almadrabas a la hora de establecer la asignación de cuotas, toda vez que se establece una bajada del porcentaje de reparto que, en la práctica, supone que las cuatro almadrabas de la provincia
de Cádiz no se beneficiarán del incremento de 93 toneladas aprobado el pasado mes de noviembre en la reunión anual de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA).
El proyecto de Orden Ministerial introduce importantes cambios también perjudiciales para las almadrabas en la regulación del Fondo de Maniobra, que hasta el momento permitía buscar cuotas de otros países de la Unión Europea para destinarlas
a las almadrabas.
El nuevo criterio que plantea el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para la asignación de cuotas para cada flota, que se realizará atendiendo a las capturas históricas del periodo 2002-2006, no cuenta con un respaldo
científico ni el consenso suficiente en el sector.
El régimen de transmisión de posibilidades de pesca también se ve modificado en el proyecto de Orden Ministerial y establece importantes trabas que perjudican igualmente a las almadrabas.
El proyecto de censo específico de la flota autorizada para el ejercicio de la pesca de atún rojo introduce modificaciones en los porcentajes de distribución del TAC nacional que no tienen el esfuerzo de las almadrabas en los últimos años,
mostrando un firme y activo compromiso con la preservación del atún rojo y con el cumplimiento de unas normas fuertemente restrictivas para el desarrollo de su actividad en términos de rentabilidad.
El malestar y la incertidumbre en las almadrabas por la tardanza en la publicación de la Orden Ministerial así como en los cambios que pretende introducir se han visto agravados por el anuncio de que las almadrabas se quedarán sin el apoyo
del Instituto Español de Oceanografía.
La catalogación de las almadrabas como Observatorio Científico ha permitido avalar con estudios la recuperación de la especie y el incremento de las cuotas.
Los trabajos científicos del Instituto Español de Oceanografía, además, han permitido prolongar los meses de trabajo habituales en las almadrabas, ofreciendo de esta manera solución a un problema socio-laboral importante.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, con el fin de garantizar la continuidad de la actividad de las almadrabas y el mantenimiento de los puestos de trabajo, insta al Gobierno a:
1. La publicación urgente de la Orden Ministerial por la que se regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y Mediterráneo y en la que se contemple una modificación de los porcentajes de distribución del TAC nacional que
permita a las almadrabas beneficiarse del incremento de 93 toneladas
aprobado el pasado noviembre en la reunión anual de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA), celebrada en Agadir (Marruecos).
2. El mantenimiento en la citada Orden Ministerial de la regulación del Fondo de Maniobra, de manera que las almadrabas que agotan su cuota puedan solicitar capturas adicionales con cargo al Fondo de Maniobra, nutrido de las posibilidades
de pesca adicionales obtenidas por España a través de intercambios con otros Estados Miembros de la Unión Europea y manteniendo la cuota del año anterior a la flota artesanal del Estrecho.
3. El establecimiento en la Orden Ministerial de un régimen de transmisión de posibilidades de pesca que no suponga un agravio comparativo para las almadrabas respecto a otras pesquerías.
4. La continuidad de las almadrabas como observatorio científico para la realización de estudios sobre la población de atún rojo por parte del Instituto Español de Oceanografía. Los informes científicos han permitido constatar la
recuperación de la población de atún rojo y han posibilitado el consiguiente aumento de las cuotas de pesca. La catalogación de las almadrabas como observatorio científico, además, permite que se prolongue el periodo laboral de los trabajadores de
este sector, con los consiguientes beneficios socioeconómicos en los territorios donde se ubican estas pesquerías.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2013.-Francisco González Cabaña y María Consuelo Rumí Ibáñez, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001622
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre reconocimiento de compromiso de cofinanciación ante la Comisión Europea del proyecto de investigación en salud humana y medio ambiente LIFE NAT08 ES 0064 'CUBOMED' de erradicación y control de métodos para la invasión de la especie
Carybdea marsupialis (Cubozoa) en Dènia, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El proyecto de investigación en salud humana y medio ambiente LIFE NAT08 ES 0064 'CUBOMED', cuyo título oficial del proyecto es: Development and demonstration eradication and control methods for an invasive species: Carybdea marsupialis
(Cubozoa), Mediterranean, y que se desarrolla principalmente en aguas de Dénia, tenía los siguientes objetivos:
a) Estudio de proliferaciones anómalas de organismos marinos gelatinosos, en especial la cubomedusa Carybdea marsupialis (picaduras dolorosas a bañistas), el ctenóforo invasor Mnemiopsis leidyi (impactos severos sobre pesca y el ecosistema
marino) y otras especies de medusas que afectan al equilibrio del ecosistema, o bien son perjudiciales para la salud (picaduras de medusas).
b) Prevención de dichas invasiones. Desarrollo de métodos de control poblacional.
c) Propuestas de modificaciones legislativas encaminadas a mejorar las condiciones ambientales y reducir el riesgo de proliferaciones masivas de organismos marinos.
d) Reducción de la incidencia en el número de picaduras a bañistas en las costas españolas del Mediterráneo, a partir de un sistema de alerta temprana y un mejor estudio de la dinámica espacio-temporal. Actualmente entre el 30 % y el 70 %
de las asistencias de los servicios de socorrismo en playas se deben a picaduras de medusas, afectando a decenas de miles de personas anualmente en el Mediterráneo español.
e) Evitar el sensacionalismo sobre 'cierres de playas' por medusas, tanto en la prensa nacional como extrajera, aportando datos científicos de los ciclos biológicos, así como marcar pautas sobre la gestión a realizar para reducir su
incidencia en los bañistas.
Los antecedentes son:
1. En enero de 2010 empezó un proyecto LIFE, cofinanciado y respaldado por la Comisión Europea, a través de su Dirección General de Medio Ambiente (Programa LIFE Naturaleza). Los ejecutores del proyecto son el Instituto de Ciencias del Mar
de Barcelona, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y el Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante. Ambas instituciones con gran prestigio a nivel internacional.
2. Los resultados que está teniendo este proyecto están apareciendo tanto en revistas científicas internacionales como en congresos científicos de índole internacional.
3. Los proyectos LIFE son la 'élite' de los proyectos europeos en conservación de la naturaleza, abordando también aspectos relacionados con el bienestar humano, la contaminación o la salud.
4. España es uno de los países europeos que más fondos comunitarios LIFE ha recibido desde su entrada en la Comunidad.
5. El Ministerio competente en Medio Ambiente firmó en 2009, a través de la División de la Protección del Mar y Prevención de la Contaminación Marina, el documento oficial que se remitió a la Comisión Europea sobre el compromiso de
financiación. El porcentaje de financiación del Ministerio asciende a un 46 % aproximadamente (150.000 anuales durante 5 años, de enero de 2010 a diciembre de 2014),
6. El otro cofinanciador es la Generalitat Valenciana, a través de su Conselleria competente en Calidad de Aguas, con una aportación de 20.000 anuales que sí que ha cumplido desde el inicio del proyecto. Es de remarcar el esfuerzo que
realiza la Generalitat Valenciana en el apoyo a este proyecto.
7. No obstante, según hemos podido saber, tanto el Beneficiario Coordinador (Universidad de Alicante) como el Beneficiario Asociado (CSIC) tan sólo han recibido una pequeña parte de la financiación comprometida por parte del Ministerio, no
llegando ni a la suma total de una anualidad (150.000 ), de los 450.000 que deberían haber recibido (150.000 por año) para 2010, 2011 y 2012.
8. El Ministerio competente en Medio Ambiente abandonó la financiación del proyecto a principios de 2012, a pesar que la propia Comisión Europea considera este proyecto LIFE de 'suma importancia' (respuesta de la Comisión Europea al
Europarlamento de 6 de julio de 2012, referencia P-005466/2012).
9. El argumento único de abandono de la cofinanciación del proyecto por parte del Ministerio ha sido el argumento económico.
10. Ahora bien, ¿no es suficiente argumento económico 'a favor' de la cofinanciación del proyecto LIFE CUBOMED que la Comisión Europea aporte más del 50 % de la cofinanciación? (cerca de 800.000 ) ¿Qué vale reducir el número de picaduras
en los bañistas? ¿puede una Administración de un país 'turístico' dejar a su suerte este hecho?
11. Además, desde un punto de vista de fiscalidad, si en números redondos, el proyecto supone la inyección de 800.000 de dinero de la Comisión Europea, y del total del proyecto, habrá unos pagos en impuestos directos (IVA del 21 %) y
además unos pagos por IRPF (de los trabajadores) y de impuesto de sociedades (para mercantiles subcontratadas), si estimamos en un tipo de gravamen de un 20 %, sobre el total del proyecto (1,6 millones ), el Estado recaudaría 320.000 euros en
impuestos, sin contar las aportaciones de cuotas a la seguridad social de trabajadores, por lo que incluso desde un punto de vista de 'gasto para el Estado', realmente supone un gasto significativamente menor.
12. Desde nuestro punto de vista, el Ministerio obviando este proyecto está dejando de ejercer unas competencias que por Ley le competen, existiendo además un altísimo número de personas afectadas por picaduras de medusas en nuestro país,
actualmente no cuantificado, pero posiblemente esté entre las 50.000 y las 100.000 personas. Actualmente no existe información sobre picaduras, complicaciones hospitalarias posteriores, etc.
13. Es importante hacer hincapié en el argumento de la salud pública en la medida en que estudios similares en Italia han mostrado que un 4,9 % de las picaduras de medusas en sus playas (las especies italianas son similares a las existentes
en el Mediterráneo español), tenían complicaciones posteriores (Publicado en Contact Dermatitis, año 2009, ver anexo 5), requiriendo incluso hospitalización.
14. Por último, el incumplimiento del compromiso de cofinanciación de este proyecto LIFE por parte del Ministerio daña la credibilidad del Estado español frente a nuevos proyectos. Es más, para este año 2013, el propio Ministerio ha
presentado nuevos proyectos LIFE que cofinancian ¿es coherente financiar nuevos proyectos cuando hay proyectos LIFE en marcha que además están considerados por la propia Comisión Europea como prioritarios, como es el caso del LIFE Cuborned?
15. Hubo una dura respuesta de la Comisión Europea a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.
Es necesario que el Gobierno de España renueve su compromiso de cofinanciación con el proyecto LIFE CUBOMED, debido a la necesidad legal de prevenir la afección a la salud de nuestros bañistas, cuidar el turismo de costa como uno de nuestros
activos más importante, así como prever y corregir cualquier impacto ambiental derivado de las proliferaciones de organismos gelatinosos, como medusas y ctenóforos.
Además, desde un punto de vista economicista y en aras de poner nuestro granito de arena para la recuperación económica del país, la cofinanciación del Ministerio es imprescindible para que no se pierda la cofinanciación europea de 813.498
.
El Gobierno de España debe incorporar a los Presupuestos Generales del Estado de 2013 una partida suficiente para la cofinanciación necesaria de las anualidades de 2010 (parte), 2011, 2012 y 2013 estipulada en aproximadamente 500.000 .
De esta manera, el Gobierno de España reconocería la importancia de hacer frente a esta situación que afecta a nuestra principal industria -el turismo- así como a la salud de todos los usuarios de la playas y al equilibrio del ecosistema
marino, y de este modo, que restituya la credibilidad de España ante la Comisión Europea y ante otros organismos científicos de carácter internacional.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Que renueve su compromiso de cofinanciación con el proyecto LIFE CUBOMED.
2. Que realice los cambios presupuestarios oportunos en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para dotarlo de una partida suficiente para la cofinanciación necesaria de las anualidades de 2010 (parte), 2011, 2012 y 2013.
3. Que tome las medidas recogidas en los puntos anteriores y todas aquellas que sean necesarias ante la Unión Europea para que no se pierda la cofinanciación reconocida.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2013.-Herick Manuel Campos Arteseros y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001624
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a Seguros Agrarios, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Si hay una política que ha dado resultados exitosos en el ámbito de la agricultura española ha sido, sin duda, la relativa a los seguros agrarios que se instauró en España en el año 1978 y ha tenido sus mejores desarrollos en los últimos
años hasta convertir la política española de seguros agrarios en un referente mundial en países con una climatología similar a la de España.
No obstante, desde el año 2012 estamos asistiendo a un recorte presupuestario generalizado que, en materia de seguros agrarios, ha supuesto una rebaja de hasta un 30 % en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, pasando de 264
millones de euros en 2012 a 199 en 2013.
Sin ningún género de duda, ello genera un desajuste que afecta en primer lugar a las aportaciones que las Comunidades Autónomas deben hacer para que el seguro agrario sea una línea atractiva para el agricultor, en la preservación de su
trabajo y en el encarecimiento de sus desembolsos, que podríamos cifrar entre un 50 % y un 60 % de su coste bruto, en la mayoría de los casos.
Lo que fue un éxito de penetración en el aseguramiento de los sectores, está ahora en peligro real, puesto que a lo dicho anteriormente debemos añadir los cambios de criterio en cuanto al otorgamiento de subvenciones.
Dado igualmente que las previsiones que se pueden tener en este momento para los Presupuestos Generales del Estado del año 2014 no parecen augurar que se vaya a disminuir la senda emprendida por el Gobierno de recortes, nos podemos encontrar
ante una tendencia a que los sectores que tienen poco riesgo abandonen el sistema y éste se quede solo con aquellos que lo tienen alto, con el consecuente riesgo de desequilibrio del sistema.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Recuperar en los próximos Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 los niveles de aportación que hagan viable el seguro agrario para todos los sectores.
- Recuperar, para este año 2013, el 20 % del Presupuesto que quedó mermado respecto del año 2012.
- Comprometer, en el marco de la Conferencia Sectorial de Agricultura, a las Comunidades Autónomas para que colaboren, desde sus responsabilidades, a alcanzar los niveles que se exigen.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2013.-Teresa Cunillera Mestres y Alejandro Alonso Núñez, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001627
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la reforma del mercado europeo de carbono, para su debate en la
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La Comisión Europea elaboró una propuesta para hacer frente al creciente desequilibro que se está produciendo en el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) de la UE entre la oferta y la demanda de dichos derechos, en la que
revisaba el calendario y aplazaba la subasta de 900 millones de derechos de emisión en la tercera fase del RCDE durante los tres próximos años.
Según Connie Hedegaard, comisaría europea de Acción por el Clima, no se debería inundar un mercado que ya adolece de un exceso de oferta. Debido a este exceso, el régimen de comercio de derechos de emisión no está logrando cumplir los
objetivos de eficiencia energética y ecotecnología, lo cual es negativo para la innovación y la competitividad de la UE.
El sistema se diseñó para que el precio de los derechos de emisión se mantuviera entre los 25 y los 30 euros, pero hoy, emitir una tonelada de carbono cuesta lo mismo que una hamburguesa, 3,59 .
Este superávit de derechos de emisiones se ha generado, entre otros, porque con la crisis económica se han reducido antes de lo previsto las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria, lo cual se ha traducido en la reducción de
la demanda de derechos por parte de las empresas. Se estima que el superávit continuará durante la tercera fase del régimen, la cual abarca de 2013 a 2020.
La Comisión proponía reducir en 900 millones el número de derechos de emisión que saldrán a subasta entre 2013 y 2015 e incrementar en la misma cantidad el volumen subastado al final de la tercera fase.
A través de esta estrategia de aplazamiento se ofrecerían en las subastas menos derechos de emisión a corto plazo, mientras la demanda siga muy baja, pero se ofrecerán en mayor medida más tarde, cuando se prevé que la demanda se haya
recuperado.
Pero el Parlamento Europeo rechazó el 16 de abril, por un estrecho margen de 315 votos a favor, 334 votos en contra y 63 abstenciones, la propuesta de la Comisión para estabilizar el mercado de emisiones de la UE y evitar que siga cayendo el
precio del CO2. De hecho, después de la votación, el precio de la tonelada sufrió un descenso histórico llegando a 2,63 .
La reducción de emisiones de cambio climático queda afectada por esta decisión, ya que si finalmente no se aprobara la propuesta de la Comisión, los precios de la tonelada continuarían descendiendo, desincentivando de esta manera un cambio
de las tecnologías bajas en carbono y por lo tanto un descenso de las emisiones de CO2.
Se sigue anteponiendo los intereses de la industria a los del medio ambiente y por lo tanto al conjunto de la ciudadanía. Hay que recordar que según el informe Stern, será necesario invertir un 1 % del PIB mundial de mediados de siglo para
combatir el cambio climático, pero no hacer nada significaría multiplicar por 20 esta factura. Así que finalmente, acabaremos pagando, nuestra generación y las futuras los costes que las empresas no quieren asumir, en otro episodio de socialización
de los impactos negativos de la industria.
Es necesario y urgente modificar el mercado de emisiones de CO2 de la UE incorporando cambios estructurales como los siguientes: limitar el exceso de oferta, combatir la especulación con los derechos de emisión, incluir sectores clave como
el aeronáutico, retirar al menos 1,4 millones de permisos, y asumir el compromiso de reducir las emisiones, como mínimo en un 30 % para el año 2020, como medida para recuperar un mayor liderazgo internacional en la lucha contra el cambio climático.
Es realmente necesario y urgente que los Estados apuesten decididamente por una propuesta a nivel europeo que evite el colapso del mercado de emisiones, con el objetivo de fomentar una economía baja en carbono y así lograr una disminución de
las emisiones de cambio climático.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Apoye decididamente la propuesta de la Comisión Europea de reforma del mercado europeo de carbono de reducir en 900 millones el número de derechos de emisión que saldrán a subasta entre 2013 y 2015.
2. Adopte una posición de liderazgo en la Unión Europea y proponga una modificación del mercado de emisiones de CO2 de la UE incorporando cambios estructurales como los siguientes: limitar el exceso de oferta, combatir la especulación con
los derechos de emisión, incluir sectores clave como el aeronáutico, retirar al menos 1,4 millones de permisos, y asumir el compromiso de reducir las emisiones, como mínimo en un 30 % para el año 2020.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2013.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA: La Izquierda Plural.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/001595
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el articulo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la mejora del abordaje
de los trastornos en la conducta alimentaria, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Hablar de trastornos en la conducta alimentaria es referirse a casos en los que la persona vincula en gran medida su vida social, familiar y laboral a su dieta, ligando en exceso su apariencia corporal a su identidad y a su seguridad
personal.
El Instituto de Trastornos Alimentarios ha publicado un manual en noviembre de 2012 donde pone de manifiesto que la incidencia de las perturbaciones de la conducta alimentaria está aumentado, esencialmente en menores de 10 años.
Teniendo presente que los desórdenes alimentarios se encuentran entre las enfermedades crónicas más frecuentes en la adolescencia y afectan a un hombre por cada diez mujeres, el citado documento destaca que los casos registrados entre los
menores de 10 años suelen limitarse a algún tipo de ayuno, pero también suelen ser la antesala de trastornos que merecen mayor consideración como la anorexia o
la bulimia, así como de otros desórdenes alimentarios cuya prevalencia en España empieza a ser relevante.
Un ejemplo de desajuste en la conducta alimentaria infradiagnosticado es el trastorno por ingesta cornpulsiva, que suele comenzar en la adolescencia o en edades adultas después de que la persona se haya sometido a varios regímenes.
Otro caso es el síndrome del comedor nocturno, por el cual la persona ingiere más de la mitad de las calorías que consume entre la media noche y las seis de la mañana.
Un tercer supuesto es la ortorexia, cuyos pacientes están obsesionados por la comida sana hasta niveles que puedan considerarse patológicos.
Trastorno por ingesta compulsiva, hiperfagia y ortorexia son algunas muestras de desórdenes alimentarios infradiagnosticados en España que incluso pueden pasar inadvertidas para el afectado y que suelen ser llegar a las consultas de los
médicos en estados avanzados que complican su abordaje.
Por todo lo expuesto, y en el contexto de la anunciada fusión del Instituto Nacional de Consumo con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que cuenta entre sus objetivos con la planificación, la coordinación y el
desarrollo de estrategias y actuaciones que fomenten la información, la formación, la educación y la promoción de la salud en el ámbito de la nutrición, favoreciendo la colaboración entre las administraciones públicas y los sectores interesados
(productores, distribuidores, consumidores, colegios profesionales), el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar y actualizar en coordinación con las comunidades autónomas y los sectores implicados en la alimentación, las medidas ya aplicadas para mejorar la prevención, el tratamiento y la
rehabilitación de los trastornos alimenticios, prestando especial atención a los adolescentes y a los desórdenes emergentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001597
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de la establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de las Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley dirigida a impulsar la prevención y
el abordaje de las enfermedades crónicas en atención primaria, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
En medicina, se flama enfermedad crónica a aquellas patologías de larga duración y por lo general de progresión lenta. No hay un consenso acerca del plazo a partir del cual una enfermedad pasa a considerarse crónica, pero por término medio,
toda enfermedad que tenga una duración mayor a seis meses puede considerarse como crónica. Además del sufrimiento humano, el coste de las enfermedades crónicas representa cada vez un porcentaje mayor en la economía mundial.
El progresivo envejecimiento poblacional y el éxito alcanzado por la ciencia médica en el desarrollo de tratamientos eficaces para incrementar la supervivencia frente a las enfermedades más prevalentes -caso del cáncer, las enfermedades
neurodegenerativas o las cardiopatías-, son la principal causa del aumento de los episodios crónicos acontecidos en los últimos años en España. Esta situación hace necesaria la introducción de cambios en la estructura y el funcionamiento del
Sistema Nacional de Salud (SNS) para favorecer una atención sociosanitaria integral y personalizada, así corno la optimización de los recursos disponibles.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 60 % de las muertes que se producen cada día en el mundo están relacionadas con las enfermedades crónicas.
También según la OMS, en 2015 las defunciones por enfermedades crónicas habrán aumentado un 17 % con respecto a 2005, lo que significaría, de cumplirse la previsión, que el 64 % de los fallecimientos estarían relacionados con este tipo de
patologías.
En el mismo sentido, la última Encuesta de Salud Europea muestra que más del 45,6 % de la población española mayor de 16 años padece, al menos, un proceso crónico. Además, hasta el 22 % de la población presenta dos o más procesos y los
ciudadanos comprendidos entre los 65 y los 74 años sufren una media de 2,8 patologías crónicas.
La promoción de la salud, la continuidad asistencial, la reorientación de la asistencia sanitaria, la equidad de trato, la investigación y la innovación son los pilares sobre los que se sustenta la Estrategia para el Abordaje de la
Cronicidad, a la que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) dio visto bueno el 27 de junio de 2012.
La citada estrategia, dirigida a pacientes de todas las edades, incluye la coordinación por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de un proyecto para estratificar a la población en función de las necesidades
asistenciales, de un sistema de indicadores que permita realizar un seguimiento de la atención que se presta a los pacientes, de una red de escuelas de salud para promover la autogestión de la enfermedad por los enfermos, y de un plan con el que
mejorar el abordaje del dolor crónico con el fin de promover mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos.
Con la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), el ministerio pretende responder a los cambios en la atención que requiere el sistema sanitario en constante colaboración con las comunidades autónomas,
destacando la relevancia de la infancia y la adolescencia como periodos críticos para el desarrollo de patologías de larga duración y la adopción de estilos de vida saludables, además del fomento de actuaciones encaminadas a lograr un envejecimiento
activo.
En la misma línea, el Instituto de Salud Carlos III, dependiente de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación y a su vez del Ministerio de Economía y Competitividad, ha puesto en marcha una red temática de
investigación cooperativa sanitaria sobre servicios de salud orientados a las enfermedades crónicas. Formada por 117 investigadores repartidos en 14 grupos de 8 Comunidades Autónomas, la red debe generar evidencia científica y ponerla a disposición
de los pacientes.
Teniendo presente todo lo expuesto, y contando con que las enfermedades crónicas llegan a motivar el 60 % de los ingresos hospitalarios, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar medidas con las que impulsar la prevención y el abordaje de las enfermedades crónicas que se realiza en los centros de atención primaria con el fin de reducir la presión
asistencial y los reingresos en los hospitales, en coordinación con las Comunidades Autónomas, en el contexto de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad del Sistema Nacional de Salud, y teniendo en cuenta los avances que promueva la red
temática de investigación cooperativa sobre servicios de salud orientados a las enfermedades crónicas del Instituto de Salud Carlos IlI.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la duplicidad de
servicios asistenciales en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La optimización de todos los recursos disponibles en el Sistema Nacional de Salud (SNS) es un objetivo prioritario para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde el comienzo de la X Legislatura.
En constante coordinación con las comunidades autónomas y el sector sanitario en su conjunto, el Ministerio de Sanidad trabaja con una visión global del sistema para favorecer la calidad asistencial y la sostenibilidad económica, impulsando
la equidad con medidas como fa tarjeta sanitaria electrónica interoperable en todas las autonomías y garantizando la cohesión con iniciativas como el Fondo de Garantía Asistencial o el propio Fondo de Cohesión Sanitaria.
Además, la creación por parte del ministerio de organismos como la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS, diseñada a imagen del National Institute for Health and Clinical Excellence
británico, pretende garantizar una evaluación y actualización continuadas y permanentes de la cartera pública de servicios que permita asegurar que únicamente se financian los avances tecnológicos y los servicios cuyas seguridad, eficacia y
eficiencia estén probadas.
Con análisis objetivos como los permitidos por la red de evaluación, y la aplicación de otras medidas como la evaluación comparativa en la cooperación entre servicios y centros sociosanitarios, las administraciones contarán con la
información necesaria para decidir qué servicios es necesario ofrecer y cómo y en qué centro hacerlo mejor, teniendo la información esencial para evitar duplicidades innecesarias de servicios asistenciales -especialmente hospitalarios- y favorecer
que los resultados, principalmente en términos de salud, pero también económicos, son los mejores que pueden obtenerse con los recursos disponibles.
De esta forma, y partiendo de los servicios punteros de cada centro de cada comunidad autónoma, se favorecerá la cohesión nacional, el desarrollo de las áreas asistenciales en las que despunta cada centro, y el impulso de la eficiencia de
las inversiones públicas realizadas en el sistema sanitario.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta la necesidad de adaptar la organización y la estructura del sistema sanitario para dar una respuesta satisfactoria a las demandas dinámicas de los ciudadanos, el Grupo Parlamentario Popular formula
la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar la aplicación de medidas con las que evitar duplicidades en los servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud, en coordinación con las comunidades autónomas y velando por la
calidad asistencial y la sostenibilidad económica del modelo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001605
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la prevención de
accidentes domésticos o de ocio y a la promoción de medidas con las que reducir sus costes asistenciales, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Los accidentes domésticos suponen la cuarta causa de mortalidad en Europa. Son, en consecuencia, el motivo más prevalente de fallecimiento en los países miembros de la Unión Europea después de las cardiopatías, el cáncer y las enfermedades
cerebrovasculares.
De acuerdo con los datos ofrecidos por la última edición del Estudio sobre Detección de Accidentes Domésticos y de Ocio (DADO), que elabora el Instituto Nacional de Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, y que se dieron a conocer el pasado 28 de enero de 2013, el 3,75 % de los españoles padecieron un accidente doméstico o relacionado con el ocio en 2011.
El estudio, que contempla todo percance acontecido en el ámbito doméstico o durante el desarrollo de las actividades de ocio o deportivas, se ha realizado sobre encuestas planteadas en 74.514 hogares que recogieron 206.588 testimonios y que
fijan la cifra de accidentes en 2.576.601.
La Encuesta DADO también pone de manifiesto que el 58,7 % del total de personas accidentadas son mujeres y el 41,3 % son hombres, siendo el grupo comprendido entre los 25 y los 44 años el de mayor riesgo, y el interior de los hogares el
contexto donde más accidentes se producen (54,5 %).
Otro factor por el que los accidentes domésticos y de ocio merecen una atención especial es el grado de asistencia sanitaria que generan. El 87,5 % de los accidentados recibió algún tipo de tratamiento como consecuencia del siniestro y la
duración media de la terapia fue de 18 días. Además, la inmensa mayoría de los accidentes registrados se atendieron en los servicios de urgencias de los hospitales (35,4 %), en los centros de salud y atención primaria (28,2 %) y en los ambulatorios
y centros de especialidades (27,5 %). En consecuencia, el informe concluye que el coste asistencial, especialmente el hospitalario, es elevado.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir avanzando en el desarrollo de medidas para impulsar la prevención de accidentes domésticos y de ocio, así como a promover medidas con las que reducir los costes asistenciales que
generan, teniendo en cuenta la información generada por el Instituto Nacional de Consumo y prácticas de éxito llevadas a cabo por las Comunidades Autónomas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001623
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
medidas de impulso de la prevención del VIH/Sida y asistencia a los pacientes, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Durante el año 2012, el Gobierno decidió un conjunto de recortes sanitarios de enorme magnitud, contemplados tanto en los Presupuestos Generales del Estado para ese año como en el Real Decreto-ley 16/2012.
Estas medidas han supuesto un claro perjuicio para el conjunto de la ciudadanía y, en especial, para los pensionistas y los pacientes con enfermedades crónicas. También para las actividades preventivas y los programas integrales, que
necesitan recursos económicos y organizativos para asegurar la eficacia de las medidas preventivas y asistenciales.
Es el caso del VIH/Sida donde estas decisiones y estos recortes ponen en peligro los avances logrados durante los últimos 30 años en la respuesta frente al VIH en España y, también, ponen en peligro el cumplimiento de los compromisos
internacionales asumidos en el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Parlamento Europeo (PE), para alcanzar el
'Objetivo Cero: un mundo con cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida'.
Es preocupante la desaparición, en el organigrama del Ministerio de Sanidad, de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida como organismo encargado de la coordinación de todos los programas y actividades de prevención, asistencia e
investigación relacionadas con esta patología.
Igualmente es reseñable que, una vez desaparecida dicha Secretaría, el Plan Nacional sobre el Sida se ha integrado en la Subdirección de Promoción de la Salud y Epidemiología, lo que ha supuesto su reestructuración y una pérdida del peso
relevante en la organización del Ministerio de Sanidad. Ha ocurrido
además en un año fundamental, cuando había finalizado el Plan Multisectorial frente a la infección por VIH y el sida 2008-2012 y por tanto debía ser evaluado y cuando se tenía que elaborar el nuevo Plan Multisectorial para los años
2013-2017.
Junto a estas decisiones se ha reducido drásticamente el presupuesto económico de prevención del VIH; también se ha producido una gran descapitalización humana, perdiendo recursos profesionales dedicados a esta tarea.
En 2011 el gasto en VIH alcanzó 14,863 millones de euros; de ellos 4,8 millones se destinaron a las Comunidades Autónomas para actividades de prevención, control y vigilancia, y 4,15 millones a subvenciones a ONGs para programas de
prevención. También se destinaron recursos suficientes a la realización de campañas, investigaciones, actividades de prevención y control en forma de convenios con otros Ministerios y agentes clave en la implementación del Plan Multisectorial.
El presupuesto de 2012, en cambio, fue tan sólo de 3,5 millones, descendiendo un 76,35 %, lo que ha supuesto un recorte de actividades que perjudica la salud de los afectados y dificulta la eficacia de los objetivos de prevención y de
promoción de la salud.
Durante 2011 se comenzó la evaluación del citado Plan Multisectorial lo que permitía sentar las bases para la elaboración, consensuada entre todos los agentes implicados, de un nuevo Plan que rigiera las políticas públicas sobre esta
patología durante el periodo 2013-2017.
Sin embargo hoy dicha evaluación no está finalizada y sólo en fecha muy reciente se ha solicitado la participación de las ONGs a través de dos representantes, sin que se haya aclarado aún la dinámica de participación, la metodología y las
prioridades del nuevo Plan Multisectorial y sin que dicha participación haya dado comienzo de forma efectiva.
Por otra parte, el retraso en la publicación (25 de septiembre de 2012) de la convocatoria estatal de subvenciones para ONGs correspondientes al año 2012 y la drástica reducción de los fondos, de 4,8 millones en 2011 a tan sólo 1 millón en
2012, ha dado al traste con proyectos pioneros de entidades históricas de probada y reconocida efectividad con un tremendo impacto en la comunidad del VIH, en especial los proyectos de ONGs con sede en Cataluña cuya financiación prácticamente se ha
eliminado en esta convocatoria.
De igual forma, la eliminación de las transferencias finalistas dedicadas a la realización de acciones de prevención del VIH a las administraciones que poseen la competencia legal para hacerlo, esto es a las Comunidades Autónomas, ha
condicionado la afectación de los presupuestos que van destinados a la sociedad civil y a las actividades de prevención que llevan a cabo los agentes de estos ámbitos territoriales.
También la eliminación de las transferencias a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que tenían como fin el desarrollo de acciones de prevención del VIH/sida en centros penitenciarios, y la decisión de restringir el
tratamiento de la hepatitis C suponen el empeoramiento de la calidad de vida de la población reclusa afectada y coinfectada.
La ausencia de campañas de sensibilización para la población general en el 2012, elaboradas desde el Ministerio, y la desaparición del histórico convenio con el Consejo de la Juventud de España para la realización de campañas y actividades
de prevención dirigidas a fa población más joven son otros aspectos negativos relevantes.
La ruptura del acceso igualitario de toda la ciudadanía a las coberturas sanitarias básicas, al pasar de un sistema de atención universal a uno de aseguramiento por la implementación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, impide la
atención sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular y afectará en el corto plazo no sólo a los individuos privados de tratamiento sino a la comunidad en general pues cabe esperar un rebrote de nuevas infecciones.
Además de este cambio radical en el modelo de asistencia sanitaria se han introducido nuevas medidas de copago de fármacos, hasta ahora gratuitos, que afectan a personas aseguradas pero con escasos recursos y más vulnerables. Entre estas
nuevas medidas se incluye los copagos de medicamentos de diagnóstico hospitalario y de dispensación ambulatoria en las farmacias de los hospitales, como por ejemplo ribavirina, interferón pegilado, boceprevir y telaprevir -utilizados todos ellos en
el tratamiento de la hepatitis C- y algunos antitumorales.
Otras medidas complementarias están afectando ya a las personas coinfectadas por VIH-VHC, al limitarse la prescripción de las nuevas terapias frente al VHC por motivos de costes. Especialmente preocupante es fa asistencia médica a personas
privadas de libertad, que en el caso de las personas coinfectadas por VIH-VHC no serán ni siquiera candidatos a las nuevas terapias frente a la infección por VHC.
Así rnismo, los programas nacionales sobre I+D+i se han visto afectados por estas políticas de supuesto 'ahorro', que supondrán un retroceso de más de una década en todos los campos de la investigación, desde el área básica a la
investigación social.
En el caso particular de la investigación sobre VIH el Ministerio de Sanidad ha cancelado el convenio con la Agencia Española de Ensayos Clínicos GESIDA. Esta agencia agrupa a la mayoría de grupos clínicos del Estado y ha colaborado desde
su creación en la redacción de importantes documentos de consenso sobre asistencia y tratamiento y en la elaboración de numerosas guías clínicas, además de ser la principal agencia promotora de ensayos clínicos independientes.
Pero la investigación clínica en general también se ha visto afectada por la cancelación en 2012 de la Convocatoria de Investigación Clínica Independiente del Ministerio de Sanidad, que se inició con el Gobierno socialista y que en 2011
financió proyectos por más de 20 millones de euros, entre ellos, numerosos proyectos relacionados con el VIH.
Por otro lado, el Ministerio de Sanidad ha abandonado el trabajo con la Fundación para la Investigación y la Prevención del Sida en España (FIPSE) y aunque ésta sea una fundación privada, anteriormente el apoyo institucional del Ministerio
de Sanidad había sido fundamental en su trayectoria y, especialmente, en la coordinación que esta fundación mantenía con la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida para priorizar proyectos especialmente relevantes para la salud pública.
La paralización de la aprobación del 'Pacto Social por la no discriminación asociada al VIH y al sida', herramienta imprescindible para abordar, de forma global, el estigma y la discriminación que sufren las personas con VIH en nuestro país,
es otro paso atrás en este periodo.
En este contexto de recortes son todavía más preocupantes tanto la ausencia de convocatoria de los órganos o espacios legitimados para tomar decisiones sobre el modelo y las estrategias para la respuesta frente al VIH en España (Comisión
Nacional y otros) como la marcha atrás en la decisión de contribuir con 10 millones de euros al Fondo Mundial de Lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, pese a haberse anunciado en julio de 2012 esta colaboración.
Mediante todas estas decisiones ha quedado demostrada la falta de compromiso del Gobierno en la respuesta nacional e internacional frente a la infección por VIH y el sida. Se está abonando el terreno para que aumente en los próximos años el
número de personas infectadas por el VIH y para que empeore su calidad de vida y la de las personas enfermas de sida, así como la estigmatización y marginalización de muchas de ellas. Todo ello va a tener grandes y graves repercusiones personales,
sociales, sanitarias y también económicas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incorporar de nuevo en el organigrama del Ministerio de Sanidad la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida con una dotación económica suficiente para su mantenimiento y el ejercicio de sus funciones, así como reforzar los recursos
humanos cualificados.
2. Reactivar los trabajos de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del Sida y en especial los relativos a la aprobación de los criterios de distribución y las prioridades de prevención para los fondos
transferidos a las Comunidades Autónomas de régimen hacendístico común y de los criterios asignados a las subvenciones dirigidas a las entidades sin ánimo de lucro.
3. Reponer el presupuesto dedicado a la respuesta al VIH/Sida en idéntica cuantía a la establecida para 2011 y con idénticas actividades.
4. Culminar el nuevo Plan Multisectorial 2013-2017 con una dotación presupuestaria suficiente y acordada con los diferentes agentes sociales implicados.
5. Aprobar un Pacto Social para la no discriminación asociada al VIH/Sida que dé respuesta a las personas afectadas y haga posible un aprendizaje que permita la puesta en marcha de estrategias que aborden la discriminación que sufren
también las personas con otras enfermedades crónicas.
6. Derogar el Real Decreto-ley 16/2012, con el fin de acabar con la desprotección de las personas en general no cubiertas por la sanidad pública y también las afectadas con VIH/sida, así como suprimir el copago de medicamentos de
dispensación a través de farmacia hospitalaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2013.-José Martínez Olmos, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura
161/001608
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el apoyo a la declaración de
la fiesta de Los Caballos del Vino de Caravaca de la Cruz como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, para su debate en Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La fiesta de Los Caballos del Vino de Caravaca de la Cruz, Murcia, se viene celebrando desde la Edad Media. En el siglo XVIII, en pleno Barroco, es cuando la fiesta comienza a configurarse corno tal, y ya en el Romanticismo alcanza la
estructura lúdica, festiva y conmemorativa que hoy tiene.
Cada año, el 2 de mayo, los Caballos del Vino de Caravaca de la Cruz, se recorren las calles de la ciudad, con espléndidos mantos bordados en seda y oro, y tiene lugar la espectacular carrera de los Caballos del Vino en la cuesta del
castillo, Las peñas caballistas caravaqueñas engalanan un caballo y eligen a cuatro representantes para correr una carrera en la cuesta de acceso al santuario de la Vera Cruz. A continuación, tiene lugar la Ofrenda de las Flores por parte del
pueblo a la Cruz, y finalmente la Reliquia se sumerge en una jarra de vino que se reparte a lo largo de todo el año en Caravaca.
Los orígenes de la fiesta, según la tradición popular, se remontan al sitio de la fortaleza templaria de Caravaca fronteriza con el Reino de Granada, hacia 1250, y necesitando los moradores de la misma agua para abastecerse, un grupo de
caballeros templarios atravesaron el sitio musulmán cargando pellejos de vino a lomo de sus corceles, y al no poder conseguir agua en Campillo de los Caballeros, volvieron de nuevo, en veloz y espectacular carrera, para llevarlo al defensor del
Castillo, donde ya se guardaba, desde 1231, la Reliquia de la Santísima Cruz.
La fiesta de los Caballos del Vino representa en sí misma la perfecta alianza entre las tradiciones y cultura popular de nuestro país.
El Grupo Parlamentario Popular considera necesario impulsar el reconocimiento cultural de la conservación de las tradiciones y fomentar su reconocimiento a nivel internacional.
La importancia y la responsabilidad de su conservación pertenecen a las administraciones públicas y al propio pueblo de Caravaca que a través de su ayuntamiento tratan de conseguir el ansiado reconocimiento de la UNESCO que esta fiesta sin
duda merece.
Por ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, previo acuerdo del Consejo de Patrimonio Histórico, y una vez haya sido incluida en la 'lista indicativa', apoye y defienda en las instancias internacionales oportunas, la candidatura
como Patrimonio Cultural inmaterial de la UNESCO a la fiesta de Los Caballos del Vino de Caravaca de la Cruz, sin que implique coste adicional alguno presupuestario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001611
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la transmisión de la propiedad de los arcos islámicos del Palacio
de la Aljafería de Zaragoza actualmente bajo titularidad del Museo Arqueológico Nacional al Gobierno de Aragón, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El Ministerio de Cultura viene reclamando a las Cortes de Aragón los arcos islámicos del siglo Xl que, con motivo de la Exposición Internacional de Zaragoza y de los 25 años de las Cortes de Aragón, se cedieron para que fueran expuestos en
el Palacio de la Aljafería, su lugar de origen, y que en la actualidad se ubican entre el hemiciclo y la zona administrativa, para disfrute de sus visitantes.
La cesión inicial era por un año pero se aceptó prorrogarla hasta ahora, e incluía varios capiteles, frisos decorativos, los dos arcos mixtilíneos y un rosetón, conjunto de piezas en las que destacan los arcos por su valor monumental y de
tasación. Se da la circunstancia de que estos arcos de la Aljafería, de incalculable valor histórico, se regalaron al Museo Arqueológico Nacional en 1868 por la Comisión Provincial de Monumentos.
Con fecha 5 de marzo de 2012, el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert Ortega, remitió una carta al presidente de las Cortes de Aragón manifestándole que consideraba necesario que las Cortes facilitaran el regreso de
los 'Arcos de la Aljafería' al Museo. Estas piezas se pretende que regresen ahora al Museo Arqueológico Nacional, situado en la calle Serrano de Madrid, que ha estado cerrado temporalmente durante cuatro años para renovar sus instalaciones, y que
prevé abrir de nuevo sus puertas en 2013. El Ministro de Cultura alega que esos arcos han de ocupar un lugar preferente en el área medieval del Museo, considerándolos esenciales para completar la exposición permanente del Museo remodelado.
El Palacio de la Aljafería está catalogado como Bien de Interés Cultural Inmueble, en la categoría de Monumento, resultando de aplicación al mismo, en cuanto a su protección, lo establecido por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español. El artículo 14.1 de esa norma establece, en relación a la consideración de los bienes inmuebles, que 'Para los efectos de esta Ley tienen la consideración de bienes inmuebles, además de los enumerados en el artículo 334 del
Código Civil, cuantos elementos puedan considerarse consustanciales con los edificios y formen parte de los mismos o de su entorno, o lo hayan formado, aunque en el caso de poder ser separados constituyan un todo perfecto de fácil aplicación a otras
construcciones o a usos distintos del suyo original, cualquiera que sea la materia de que estén formados y aunque su separación no perjudique visiblemente al mérito histórico o artístico del inmueble al que están adheridos'. Siendo los señalados
arcos un elemento esencial del inmueble, y formando parte consustancial del mismo, los más elementales criterios de conservación e unidad del conjunto histórico hacen no solo aconsejable sino indispensable que los arcos permanezcan en el lugar del
que física e históricamente forman parte corno es el Palacio de la Aljafería.
Este diputado ha formulado varias preguntas escritas al Gobierno en relación con los arcos mixtilíneos del Palacio de la Aljafería. En concreto, en respuesta a la Pregunta núm. 184/11814, el Gobierno manifestó lo siguiente: 'El traslado
de los Arcos a la Aljafería se encuentra en proceso de tramitación, no habiéndose concretado la fecha de retorno a su ubicación en el Museo Arqueológico Nacional'.
Por ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A transmitir a la Comunidad Autónoma de Aragón la plena propiedad de los arcos islámicos del siglo XI cedidos por el Ministerio de Cultura, y actualmente instalados en el Palacio de la Aljafería, así como del resto de los elementos que
fueron objeto de esa cesión para su exposición en el mismo recinto.
2. A prorrogar la cesión de los arcos islámicos y del resto de elementos que fueron objeto de cesión, para su permanencia en el Palacio de la Aljafería hasta que se formalice la definitiva transmisión de la propiedad de esos bienes en favor
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. A conformar una comisión paritaria Aragón-Estado de expertos con objeto de determinar la existencia de otros elementos de carácter histórico-artístico en colecciones y museos titularidad de la Administración General del Estado que por
sus características resulte aconsejable albergar en sus emplazamientos originales en Aragón o en museos aragoneses.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2013.-Chesús Yuste Cabello, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/001613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa
a la declaración, por parte de la UNESCO, de la Fiesta de los Caballos del Vino de Caravaca de la Cruz como patrimonio cultural Inmaterial de la Humanidad, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) es el organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de cuestiones relacionadas con la educación, las ciencias sociales o naturales, la
cultura y la comunicación, con objeto de promover la cooperación internacional en estas esferas para conseguir un mundo más pacífico.
El trabajo de investigación realizado por la UNESCO sobre funciones y valores de las expresiones culturales amplía el enfoque hacia la comprensión, la protección y respeta al patrimonio cultural de la humanidad.
La Organización lleva trabajando más de 60 años en el ámbito del patrimonio cultural inmaterial, en 2003 se culmina este trabajo con la adopción de la Convención en París para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Esta
Convención establece que 'se entiende por 'patrimonio cultural inmaterial' los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las
comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades
y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana...'.
El patrimonio cultural abarca también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos,
conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, o saberes y técnicas tradicionales de fabricación de objetos artesanales. Aunque esos elementos no son materiales, ya que no son tangibles, constituyen una parte muy importante de
nuestro patrimonio cultural. Son el patrimonio cultural inmaterial, una forma viva del patrimonio que se recrea continuamente y evoluciona a medida que adaptamos nuestros usos y tradiciones al mundo que nos rodea.
En este marco, las fiestas de los Caballos del Vino que tienen lugar cada dos de mayo en Caravaca de la Cruz, en la Región de Murcia, son dignas de este reconocimiento. Tradición, belleza, pasión y vida es un excelente lema para un evento
genuino y único en el mundo, que merece ser declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
De todos los festejos que componen el ciclo festivo del mayo caravaqueño, declarado de interés turístico internacional, exceptuando los actos religiosos, el de los Caballos del Vino es, sin duda, el más original y característico. Las
razones de su peculiaridad y singularidad proceden directamente de su origen, desarrollo y evolución.
El origen de los Caballos del Vino está vinculado a la ceremonia del baño de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca en vino, ritual este igualmente único en el mundo cristiano, y que también está relacionado con otro de similares
características, en el que la reliquia de la Vera Cruz es bañada en las aguas que
riegan la huerta caravaqueña, que asimismo se celebra, con motivo de las fiestas de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca, el 3 de mayo y cuya existencia está constatada a mediados del siglo XIV.
Aunque su origen es anterior, su presencia está documentalmente comprobada desde hace tres siglos, y en ella confluyen una serie de elementos sociales, culturales, históricos, religiosos y tradicionales que superan el simple evento festivo,
convirtiéndola en una manifestación antropológica reconocida como única en el mundo mantenida a lo largo de siglos.
Los Caballos del Vino son toda una seña de identidad caravaqueña, una pasión que se transmite de padres a hijos sin normas escritas. Un legado histórico que los caravaqueños han sabido cuidar y proteger, para mantener su esencia, su pureza,
su integridad.
Todas estas características y valores mantenidos a lo largo de su extraordinaria historia, íntimamente ligada a la de la ciudad de Caravaca de la Cruz y su patrona la Santísima y Vera Cruz, motivaron la solicitud de su declaración por parte
de la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, ya que se trata de una manifestación antropológica única en el mundo, mantenida a lo largo de los siglos con pequeñas variaciones que no alteran su esencia y fundamento, transmitida de
generación en generación sin normas escritas y con un carácter popular que debe preservarse con la mayor integridad posible, evitando con ello cualquier desvirtuación o transformación que pudiera degradarle o afectarle negativamente.
Tanto el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz como la Asamblea Regional de Murcia aprobaron por unanimidad mociones donde se acordó impulsar el expediente para iniciar el procedimiento que ha conseguido que la Fiesta de los Caballos del Vino
se encuentre entre los expedientes pendientes para ser parte finalmente de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que muestre su impulso decidido a la candidatura apoyada de forma unánime por el Ayuntamiento de Caravaca y la Asamblea Regional de Murcia para obtener de la UNESCO la declaración de la
Fiesta de los Caballos del Vino de Caravaca de la Cruz como patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2013.-María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Igualdad
161/001589
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la inclusión dentro de los grupos exentos de la
prestación personal que los ayuntamientos pueden exigir a los ciudadanos, de las mujeres embarazadas y aquellas que se encuentren disfrutando de la baja por maternidad, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El artículo 128 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, recoge la prestación personal y de transporte que los ayuntamientos con población de
derecho no superior a 5.000 habitantes pueden imponer a sus ciudadanos para la realización de obras de la competencia municipal, o que hayan sido cedidas o transferidas por otras entidades públicas.
Salvo en caso de fuerza mayor, la falta de concurrencia a esa prestación sin justa causa, lleva aparejado el pago del importe del doble del salario mínimo interprofesional, además de una sanción económica de la misma cuantía, exigiéndose
ambos conceptos por vía ejecutiva para su recaudación.
El artículo 129.1 del aludido Real Decreto establece quiénes son las personas que están sujetas al cumplimiento de la prestación personal anteriormente citada, mediante una relación de los sujetos que están exentos de prestarla, en la que se
incluyen: a los menores de dieciocho años y mayores de cincuenta y cinco, las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, psíquicos y sensoriales, los reclusos en establecimientos penitenciarios y los mozos mientras permanezcan en filas
en cumplimiento del servicio militar.
Este artículo no se ajusta a la realidad por dos motivos, en primer lugar, deberían incluirse en la relación de sujetos exentos, a las mujeres embarazadas. En general, las mujeres embarazadas están en perfecto estado físico y realizan su
vida con total normalidad. Pero, en algunas ocasiones, necesitan un especial cuidado de su salud, y no es el mejor momento para realizar determinados trabajos que requieren un esfuerzo adicional, porque podrían poner en riesgo el embarazo.
Es verdad que la regulación vigente permite exenciones en caso de fuerza mayor, y, seguramente, un estado de gestación podría considerarse como un estado de fuerza mayor para no cumplir la prestación. Sin embargo, se trata de una situación
dotada de la suficiente entidad como para establecerla de manera específica. En este sentido, la exención sería solamente por el tiempo que dure el embarazo.
Ahora bien, entendemos que si, pasado el embarazo, ya no persiste la causa que originó la exención, esa dispensa podría extenderse al periodo de baja maternal, por ser el tiempo en el que la mujer dedica todo su esfuerzo a la crianza de su
bebé.
Finalmente, debería eliminarse de la relación de exenciones el apartado 1.d) que excluye a !os mozos mientras permanezcan en filas en cumplimiento del servicio militar, habida cuenta de que el servicio militar dejó de ser obligatorio el 31
de diciembre de 2001, esta previsión resulta claramente anacrónica.
Por todo lo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar la posibilidad de modificar el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/001614
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
mejora de la gobernanza y participación de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en los instrumentos del Estado de lucha contra el cambio climático, para su debate en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático.
Exposición de motivos
Desde marzo de 2007, en el ámbito europeo, España ha asumido el compromiso de reducir, en 2020, sus emisiones globales de gases de efecto invernadero, al menos, en un 20 % respecto a los niveles de 1990.
Las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero empezaron a funcionar el pasado año (2012), las denominadas subastas tempranas, y lo harán de forma plena durante este año 2013.
Según la normativa vigente, especialmente la Directiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y ampliar el régimen comunitario de comercio de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero, al menos el 50 % de los recursos generados en estas subastas, debería destinarse a actuaciones relacionadas con el cambio climático (reducción de emisiones, adaptación al cambio climático, energías
renovables, transporte y otros sectores difusos...).
Este Grupo Parlamentario siempre ha concebido esta cifra como un mínimo y que lo obtenido a través de estas subastas ha de aplicarse, en su integridad, a las políticas de lucha contra el cambio climático. La Ley 13/2010, de 5 de julio, por
la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para perfeccionar y ampliar el régimen general de comercio de derechos de emisión e incluir la
aviación en el mismo ya establecía (si bien en su preámbulo) que los ingresos de las subastas de derechos de emisión habían de destinarse a políticas de cambio climático, muy especialmente en los denominados sectores difusos.
No obstante, el redactado de la normativa europea citada no es lo suficientemente claro y esto ha permitido al Gobierno español modular esta obligación. A simple titulo de ejemplo, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 se
estableció que un máximo de 500 millones de euros de lo obtenido en las subastas de derechos de emisión se destinarían a sufragar los costes del sistema eléctrico.
Recientemente, en nuestro país se ha comenzado a debatir sobre la posible regionalización de lo obtenido con las subastas de derechos de emisión entre las distintas Administraciones y, en especial, entre las Comunidades Autónomas. Este
debate resulta insoslayable si se tiene en cuenta que las políticas de lucha contra el cambio climático son, por definición, transversales y, en consecuencia, demanda la coordinación y cooperación de las administraciones públicas competentes.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Enviar al Congreso de los Diputados, en el plazo de seis meses, un Proyecto de Ley de modificación de la Ley 13/2006, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para perfeccionar y ampliar el régimen general de comercio de derechos de emisión e incluir la aviación en el mismo, que incluya, como mínimo, los siguientes aspectos:
A) Determinar el destino de los recursos obtenidos a través de las subastas que se celebrarán como método básico para la asignación de derechos de emisión de gases con efecto invernadero, a partir de 2013, se destinarán en su totalidad, a
políticas de cambio climático que tengan como objetivo los siguientes:
- Reducir emisiones de GEI a adoptar medidas de adaptación a los impactos de cambio climático, y a financiar la investigación y el desarrollo relativa la reducción y la adaptación señaladas.
- Desarrollar energías renovables con el objeto de cumplir el compromiso comunitario de utilizar el 20 % de energías renovables de aquí a 2020, así como a desarrollar otras tecnologías que contribuyan a la transición a una economía con bajas
emisiones de carbono, segura y sostenible, y a medidas destinadas a contribuir al cumplimiento del compromiso comunitario de aumentar la eficiencia energética un 20 % para 2020.
- Desarrollar medidas dirigidas a impedir la deforestación y a aumentar la forestación y reforestación, también en los países en desarrollo que hayan ratificado el acuerdo internacional sobre cambio climático; para transferir tecnologías y
facilitar la adaptación a los efectos adversos del cambio climático en estos países.
- Desarrollar y aplicar sistemas de captura y almacenamiento geológico, en condiciones de seguridad para el medio ambiente, de CO2, en particular procedente de centrales eléctricas de combustibles fósiles sólidos y de una serie de sectores y
subsectores industriales, también en terceros países.
- Fomentar el paso a formas de transporte con un nivel bajo de emisiones y al transporte público.
- Financiar la investigación y el desarrollo de la eficiencia energética y las tecnologías limpias en los sectores cubiertos por la Directiva 2009/29/CE, de 23 de abril de 2009.
- Desarrollar medidas que pretenden aumentar la eficiencia energética y el aislamiento de las viviendas o prestar ayuda financiera para abordar aspectos sociales en hogares con ingresos bajos y medios.
B) Incluir la necesidad de que el Gobierno informe a las Cortes anualmente de la ejecución de las previsiones contenidas en esta ley, tanto de los recursos obtenidos a través de las subastas, como del destino concreto de los mismos, así como
de los criterios utilizados para su distribución.
2. Modificar el Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre, por el que se regula el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible para:
A) Aumentar la presencia y participación, a propuesta de la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, de las Comunidades Autónomas en el Consejo Rector del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, e incluir también la
representación en el mismo de la Federación Española de Municipios y Provincias.
B) Modificar la composición de la Comisión Ejecutiva del Fondo de Carbono para incluir un representante de las Comunidades Autónomas y un representante de la Federación Española de Municipios y Provincias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2013.-Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001615
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
empleo verde y economía sostenible, para su debate en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático.
Exposición de motivos
Realizar un correcto diagnóstico de la crisis del sistema económico global, y por tanto del español, es reconocer que atravesamos una crisis multidimensional y sistémica con una fuerte interrelación entre la esfera social, económica y
medioambiental. La múltiple manifestación de la crisis en los ámbitos económico, energético, financiero, entre otros, revela la tendencia insostenible que genera el actual modelo de desarrollo. Resulta necesario plantear una nueva política
económica que prevea escenarios de recuperación económica compatibles con soluciones medioambientales en el medio y largo plazo. Lejos de ser un obstáculo para el desarrollo económico, la protección medioambiental es la garantía de una recuperación
sostenible.
Sin duda, los grandes desafíos provocados por el cambio climático deben transformarse en oportunidades a las que dar respuesta desde el conjunto de la sociedad, sobre todo, desde el sector público. El compromiso del Gobierno en la
transformación del modelo productivo hacia parámetros de sostenibilidad ambiental, social y económica implicaría la activación y creación de empleos vinculados con el medio ambiente, los llamados empleos verdes.
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) define los empleos verdes como aquellos que reducen el impacto ambiental de la actividad de empresas y sectores económicos hasta lograr niveles sostenibles. El potencial de
creación de empleo verde es indudable. La Comisión Europea cifra en 2,8 millones la creación de empleos gracias al cumplimiento del compromiso de los Estados miembros, fijado en fa Estrategia 2020, de impulso a las energías renovables. Los
estudios indican que el balance neto en términos de empleo es positivo, y las inversiones necesarias se compensan sobradamente por los retornos sociales y fiscales que los empleos verdes generan.
El principal problema que sufre la economía española es la insoportable e inasumible tasa de desempleo, cercana al 27 %, y que el actual Gobierno aumenta con sus políticas. El Partido Socialista planteó un acuerdo político y social frente
al desempleo masivo. La propuesta incluía medidas coherentes
con el impulso a la creación de empleo. En primer lugar, se propuso construir un nuevo modelo productivo más competitivo y sostenible vinculando medio ambiente y economía, y, por otro lado, promover sectores creadores de empleo verde, entre
otros, la ecoindustria, las energías renovables, la eficiencia energética, el tratamiento de aguas de gestión de residuos. Finalmente, resulta necesario afrontar la modernización de sectores tradicionales hacia parámetros de sostenibiliciad. Todo
ello permitirá a la economía española cumplir con los objetivos de sostenibilidad y mitigación de emisiones de GEI asumidos en la Unión, al tiempo que damos respuesta al principal problema del país, la falta de empleo.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Instar al Gobierno a aprobar en el plazo de seis meses y con el consenso de los agentes sociales, una estrategia de mejora de la competitividad y sostenibilidad que impulse la creación de empleo verde en nuevos sectores al tiempo que
moderniza los tradicionales. Este plan tendrá la suficiente financiación pública y privada para su correcto desarrollo.
2. La estrategia de creación de empleo verde deberá contar, al menos, con los siguientes puntos: reforzar la I+D ambiental y aumentar el presupuesto de proyectos ligados al empleo verde con cargo a las subastas de derechos de emisión;
crear una Unidad específica y planes concretos en tecnologías ambientales en el ICEX, promocionando con ello las empresas ambientales en el exterior; apoyar la eco-industria española incluyendo medidas de refuerzo de la protección forestal,
política de agua y gestión de residuos.
3. Instar al Gobierno a apostar por el liderazgo español en el sector de las energías renovables, revertiendo la actual política del Ejecutivo, incluyendo las renovables como sector prioritario en todos los planes de reactivación económica
que apruebe el Gobierno; así como acciones de mejora de la eficiencia y ahorro energético de nuestra economía y los hogares españoles.
4. Articular políticas activas de empleo vinculadas con la economía sostenible baja en carbono. Con ello se logrará capacitar a los trabajadores y trabajadoras así como desempleados en las nuevas oportunidades que ofrece el empleo verde.
Incorporar en los Planes de Enseñanza medidas de sensibilización con respecto al cambio climático y las consiguientes medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2013.-Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001620
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa al impacto de las políticas de lucha contra el cambio climático en la Administración, para su debate en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático.
Exposición de motivos
Con la aprobación en 2009 del Libro Blanco de adaptación al Cambio Climático, la Unión Europea expresó su voluntad de planificar no sólo políticas de mitigación sino de adaptación a este fenómeno global. El Libro Blanco planteó dos fases de
trabajo: una primera, de elaboración de la estrategia global de adaptación (2009 y 2012); y una segunda, de puesta en marcha de la estrategia, que empezaría durante el presente año 2013. En el mes de abril de 2013, la Comisión Europea acaba de
publicar la Estrategia Europea prevista para esta segunda fase.
La importancia de poner en marcha la estrategia de adaptación a un fenómeno inequívoco como el cambio climático resulta de vital importancia para Europa y para España. Fenómeno, conviene subrayar, que lamentablemente viene intensificándose
en los últimos años según han constatado los sucesivos
informes del IPPC, y que a los efectos de la presente iniciativa parlamentaria refuerzan el argumento de plantear una acción decidida por parte del Gobierno de España. Como refiere el documento de la Estrategia Europea de adaptación al
cambio climático, Europa ha registrado una elevación media de temperatura de 1.3°C respecto al periodo preindustrial, siendo la zona mediterránea, en la que se incluye España, una de las más afectadas.
Una de las estrategias incluidas en el Libro Blanco de 2009 y en la Estrategia de 2013 es la integración de la componente del cambio climático en las políticas ambientales, económicas y sociales... que sean relevantes, entendiendo la
política de lucha contra el cambio climático como una política transversal, e incrementando con ello la resiliencia de todas las áreas de actividad frente a los efectos del cambio climático.
La adaptación al cambio climático está íntimamente vinculada con la mayor resiliencia de los sectores económicos y de previsión que la normativa incorpore sobre sus efectos. Contemplar desde el ámbito normativo la realidad del cambio
climático es central en el logro de tal resiliencia, anticipando con ello los impactos que pueda provocar. Por si fuera poco, multitud de estudios de organismos multilaterales demuestran los mayores costes en los que incurrirán los países, sobre
todo el sector público, si no se contemplan a tiempo medidas de adaptación al cambio climático. Las estimaciones de la propia Comisión Europea cifran en un mínimo de 100 billones de euros anuales para el conjunto de la UE, a partir de 2020 hasta
2050, si no se realizan a tiempo políticas de adaptación al cambio climático. La política de adaptación resulta también importante si queremos convertir nuestro sector público una administración eficiente y eficaz, sostenible también en el ámbito
financiero, tal y como reconoce, por ejemplo, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Financiera de 2012.
El actual Gobierno, en su reunión de Consejo de Ministros de 26 de octubre de 2012 aprobó crear una Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, entre cuyos objetivos se encontraba eliminar las duplicidades administrativas,
simplificar los trámites administrativos y mejorar la gestión de servicios y medios comunes, así como revisar la administración institucional. Lamentablemente esta revisión de las Administraciones Públicas obvió el objetivo de integrar las
políticas de adaptación al cambio climático en la normativa sectorial en la acción de las Administraciones; tal y como recomienda el Libro Blanco de la UE, la reciente Estrategia publicada por la Comisión Europea, antes mencionada, y la Comisión
Mixta no permanente para el Estudio del Cambio Climático, durante la IX Legislatura. Como también el objetivo marcado, en ese mismo sentido, en el II Informe de Evaluación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Instar al Gobierno a cumplir con la recomendación realizada por la Comisión Mixta no permanente para el Estudio del Cambio Climático (IX Legislatura) que dice, textualmente, que el Gobierno impulsará 'una revisión sistemática y
coordinada tanto de sus proyectos normativos como de la normativa española en vigor y los instrumentos de planificación en aquellos sectores que se consideran vulnerables a los efectos del cambio climático. A tal efecto toda disposición normativa
debe incorporar una memoria específica que describa y valore el escenario de condiciones climáticas más probables, sus efectos en el entorno sectorial regulado y la incorporación de medidas destinadas a la correcta adaptación a los mismos'.
2. Instar al Gobierno a que la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático lidere este ambicioso objetivo en cooperación con las Comunidades Autónomas.
3. Instar al Gobierno a publicar con carácter anual Informes de Seguimiento del Plan Nacional de Adaptación y presentarlo mediante comparecencia en las Cortes Generales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2013.-Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Interior
181/000925
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputada doña Rosa María Díez González
Texto:
¿Qué medidas está tomando el Gobierno para luchar contra la explotación sexual de menores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.
Comisión de Fomento
181/000919
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Rafael Simancas Simancas
Texto:
¿Qué consecuencias tendrá la nueva tasa de seguridad aérea que habrán de pagar los usuarios sobre la pérdida de competitividad de nuestros aeropuertos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2013.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.
181/000920
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Rafael Simancas Simancas
Texto:
¿Qué relación establece el Ministerio de Fomento entre la caída de los tráficos en nuestros aeropuertos, la subida de las tasas aeroportuarias y las restricciones horarias en algunas instalaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2013.- Rafael Simancas Simancas, Diputado.
181/000922
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Teresa Cunillera Mestres
Texto:
¿Cuáles son los proyectos que tiene el Gobierno previstos para la línea AVANT entre Lleida-Camp de Tarragona y Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2013.-Teresa Cunillera Mestre, Diputada.
Comisión de Educación y Deporte
181/000915
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte
Diputada doña María Jesús Moro Almaraz
Texto:
¿Qué acciones ha promovido el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en las universidades españolas para favorecer el emprendimiento entre los jóvenes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2013.-María Jesús Moro Almaraz, Diputada.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/000918
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputado don Alejandro Alonso Núñez
Texto:
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en relación a la ejecución del proyecto de abastecimiento a la llanura manchega?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2013.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.
181/000921
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputada doña María Soledad Pérez Domínguez
Texto:
Con relación a los desbordamientos, inundaciones y daños producidos en las últimas semanas en las zonas afectadas por la cuenca hidrográfica del Guadiana, que afectan a la Comunidad de Extremadura, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué medidas y en qué momento adoptó la confederación hidrográfica del Guadiana en relación a las crecidas del río Guardiana y sus afluentes durante los últimos días de marzo y primeros de abril del presente año en la provincia de Badajoz?
¿Qué tipo de seguimiento realizó la confederación hidrográfica del Guadiana sobre el impacto que los desbordamientos y desembalses en la Comunidad de Castilla-La Mancha podrían tener en la cuenca a su paso por Extremadura?
¿Qué medidas y en qué momento se adoptaron para los desembalses llevados a cabo en las presas y embalses del la cuenca del Guadiana enclavados en la provincia de Badajoz?
¿Cuál era la dotación de personal de la confederación hidrográfica del Guadiana para la atención y vigilancia de la cuenca del Guadiana y sus afluentes, presas y embalses durante los días 27, 28, 29, 30, 31 de marzo y 1, 2, 3, 4 y 5 de abril
pasado?
¿Qué actuaciones llevó a cabo la C.H.G. para evitar los daños producidos por los desbordamientos?
¿En qué momento y por parte de quién se avisó a los posibles afectados por los desbordamientos: Agricultores, Alcaldes, Empresas de extracción de áridos, protección civil, etc.?
¿Cuáles fueron las comunicaciones, avisos y protocolo que se trasladaron por el personal de la C.H.G., tanto desde los responsables hacia subalternos como desde estos a los responsables técnicos y políticos durante el periodo comprendido
entre el 27 de marzo y el 5 de abril de 2013?
¿Cuáles fueron las personas y órganos responsables de la coordinación de actuaciones llevadas a cabo durante las graves inundaciones sufridas en Extremadura entre los días 28 de marzo y 5 de abril de 2013?
¿Tiene previsto el Gobierno de España eximir del pago del canon anual y tarifas a los regantes afectados por las inundaciones sufridas por los mismos en los últimos días de marzo y primeros de abril pasados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2013.-María Soledad Pérez Domínguez, Diputada.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
181/000916
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
Diputada doña Rosa María Díez González
Texto:
¿Qué mejoras y seguridad en las prestaciones se han producido en el Sistema Nacional de Salud un año después de la aprobación del Real Decreto 16/2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.
181/000917
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
Diputada doña Rosa Aguilar Rivero
Texto:
¿El Plan Integral de Apoyo a las Familias va a tratar bajo el principio de igualdad plena y total a todas las familias, independientemente de la orientación sexual de sus miembros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.-Rosa Aguilar Rivero, Diputada.
Comisión de Igualdad
181/000923
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad
Diputado don Antonio Cantó García del Moral
Texto:
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para prevenir y perseguir los casos de ablación aplicando la jurisprudencia emanada de la sentencia de la Audiencia Nacional al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2013.-Antonio Cantó García del Moral, Diputado.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000148
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 2295/2004, promovido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra el apartado 2 de la disposición final segunda de la Ley 24/2003, de 10 de
julio, de la Viña y el Vino.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco
Pérez de los Cobos Orihuel, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 2295-2004, promovido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra el apartado 2 de la disposición final segunda de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino. Han comparecido
el Congreso y el Senado y formulado alegaciones el Gobierno. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo Pérez Tremps, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
1.º Declarar que los apartados 5, 7 y 9 del artículo 25 de la Ley, a los que la disposición final segunda, apartado 2 de la Ley 24/2003 declara básicos, no son inconstitucionales siempre que se interpreten en los términos fijados en el
fundamento jurídico 4 e).
2.º Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 11 de abril de 2013.
232/000149
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 7837/2006, interpuesto por el Consejo de Gobierno de La Rioja contra los artículos 50.1 y 54 bis de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en la
redacción dada por el artículo único, apartados 32 y 33, de la Ley 10/2006, de 28 de abril.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco
Pérez de los Cobos Orihuel, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 7837-2006, interpuesto por el Consejo de Gobierno de La Rioja contra los artículos 50.1 y 54 bis de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en la redacción dada por el artículo único,
apartados 32 y 33, de la Ley 10/2006, de 28 de abril. Ha comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido ponente el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 11 de abril de 2013.
232/000150
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 2394/2008, promovido por don Enrique Múgica Herzog, en su condición de Defensor del Pueblo, contra la disposición adicional
once de la Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Presupuestos para el ejercicio 2008, que se reputa contraria a los artículos 9.3 y 134 de la Constitución española, el artículo 21.1 de la Ley Orgánica 8/1980, de
22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y el artículo 76 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco
Pérez de los Cobos Orihuel, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 2394-2008, promovido por don Enrique Múgica Herzog, en su condición de Defensor del Pueblo, contra la disposición adicional once de la Ley 15/2007, de 27 de diciernbre, de la Generalitat
Valenciana, de Presupuestos para el ejercicio 2008, que se reputa contraria a los arts. 9.3 y 134 de la Constitución española, el art. 21.1 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y el artículo
76 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Han intervenido y formulado alegaciones las Cortes y el Gobierno Valencianos. Se ha personado sin formular alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Fernando
Valdés Dal-Ré, que expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Estimar el presente recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional once de la Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Presupuestos para el
ejercicio 2008, con los efectos establecidos en el FJ 5.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 11 de abril de 2013.
232/000151
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 6868/2008 interpuesto por la Letrada del Gobierno de Canarias, en representación y defensa de la misma, contra el artículo 36.1 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, doña Adela Asúa Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco
Pérez de los Cobos Orihuel, doña Encarna Roca Trías, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Andrés Ollero Tassara y don Juan José González Rivas, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 6868/2008 interpuesto por la Letrada del Gobierno de Canarias, en representación y defensa de la misma, contra el art. 36.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad. Ha formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Desestimar el recurso interpuesto por el Gobierno de Canarias contra el art. 36.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 11 de abril de 2013.
232/000152
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 9451/2006, interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso, en relación con diversos preceptos de la Ley del
Parlamento Vasco 1/2006, de 23 de junio, de aguas, así como voto particular formulado a la misma.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Herrando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don Luis
Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de los Cabos Orihuel, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 9451-2006, interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso, en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento Vasco 1/2006, de 23 de junio, de
aguas. Han comparecido y formulado alegaciones el Parlamento Vasco y el Gobierno Vasco. Ha sido Ponente el Magistrado don Francisco José Hernando Santiago, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
1.º Estimar parcialmente el presente recurso de inconstitucionalidad y declarar, en su consecuencia; A) que el art. 41.4 de la Ley del Parlamento Vasco 1/2006, de 23 de junio, de aguas, es inconstitucional y nulo; y B) que el artículo 9
e) no es inconstitucional interpretado en los términos fijados en el fundamento jurídico 5 b).
2.º Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 11 de abril de 2013.
233/000086
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(233) Cuestión de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 6760/2003 planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid respecto a los artículos 3, 4, 5, 8 y 9 de la
Ley de la Comunidad de Madrid 11/2001, de 19 de diciembre, de Uniones de Hecho, así como voto particular formulado a la misma.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados' 23 de abril de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Trernps, don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don
Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión de constitucionalidad núm. 6760-2003 planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid respecto a los arts. 3, 4, 5, 8 y 9 de la Ley de la Comunidad de Madrid 11/2001, de 19
de diciembre, de Uniones de Hecho. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado, el Fiscal General del Estado y la Letrada de la Comunidad de Madrid. Ha sido Ponente el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez, quien expresa el
parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
1.º Estimar parcialmente la presente cuestión de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar inconstitucionales y nulos los arts. 4 y 5 de la Ley de la Comunidad de Madrid 11/2001, de 19 de diciembre, de Uniones de Hecho.
2.º Desestimar la cuestión de inconstitucionalidad en todo lo demás.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 11 de abril de 2013.