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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 262, de 26/04/2013
cve: BOCG-10-D-262
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
26 de abril de 2013
Núm. 262
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000610 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, de reforma para garantizar la devolución íntegra del valor nominal de las participaciones preferentes y otros instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada
a los ahorradores y pequeños inversores sin experiencia financiera ... (Página3)
162/000611 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el Plan de Aislamiento Acústico del aeropuerto de Gran Canaria ... (Página5)
162/000612 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre actuaciones urgentes y a medio plazo para garantizar el buen servicio de la línea R1 de cercanías en la Comarca del
Maresme ... (Página6)
162/000613 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a un nuevo modelo de selección y formación de carácter nacional para el acceso a la profesión docente ...
162/000614 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la especialización inteligente ... (Página8)
162/000615 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para homogeneizar y mejorar las estimaciones en los Presupuestos de las Administraciones Públicas ... (Página9)
162/000616 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, contra la pobreza infantil ... (Página10)
162/000619 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la necesidad de rehabilitar estructuralmente los firmes de las carreteras ... (Página10)
162/000620 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre participaciones preferentes ... (Página12)
162/000621 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las actuaciones del Gobierno para ayudar a resolver más de 300 crímenes de ETA que siguen sin estar resueltos ...
162/000622 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre aplicación de las exclusiones de cotización al sistema de Seguridad Social en el voluntariado deportivo ... (Página14)
162/000623 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación y reglamentación de un mecanismo que permita a los legítimos herederos de un difunto conocer las posiciones de éste en
depósitos bancarios y en participaciones en fondos de inversión ... (Página15)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000610
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de las diputadas M.a Olaia Fernández Davila (BNG) y Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley, de reforma para garantizar la devolución íntegra del valor nominal de las participaciones preferentes y otros instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada a los ahorradores y pequeños inversores sin experiencia
financiera, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La crítica y caótica situación del sistema financiero español, agravada por la aplicación de decisiones inconexas y erróneas del Gobierno, desembocó en la concertación de un rescate que evitara su colapso, aprobada bajo el amparo de una
decisión en el ámbito comunitario sobre medidas específicas para reforzar la estabilidad financiera en el Estado español.
El 23 de julio de 2012 se firmó el Memorando de entendimiento entre la UE y el Estado español, sobre condiciones de Política Sectorial Financiera, al que siguió el 24 de julio el Acuerdo Marco de Asistencia Financiera, que detallaron las
condiciones del rescate del sector financiero.
En los apartados decimoctavo y decimonoveno del Memorando se recogía expresamente la obligación de adoptar normas por el Estado español antes del final de agosto de 2012 para repercutir en los titulares de instrumentos de capital híbrido y
deuda subordinada los costes de la reestructuración de las entidades financieras, y en concreto, a los bancos con ayudas públicas, la exigencia de convertir el capital híbrido y la deuda subordinada en recursos propios con ocasión de la inyección de
capital público o mediante recompra -según cita textual- 'con descuentos considerables'.
En aplicación del Memorando, se incorporaron al ordenamiento jurídico modificaciones legales que habilitan para imponer fuertes pérdidas a poseedores de participaciones preferentes o deuda subordinada, sin tener en cuenta que la mayor parte
de los mismos habían sido engañados para concertar la compra de dichos productos financieros. De ese modo, se legalizaba la vía para consumar la estafa a miles clientes particulares, de pequeños ahorradores e inversores sin experiencia financiera,
que habían sido engañados con la colocación masiva de participaciones preferentes y deuda subordinada.
Las últimas decisiones del FROB en aplicación de esa norma a las entidades financieras nacionalizadas, confirman el expolio del ahorro a un elevadísimo número de personas que nunca fueron informadas debidamente de las características de
estos productos financieros, ni de sus riesgos, y por ello tampoco otorgaron un consentimiento válido, de que estaban transformando su dinero ahorrado con muchos años de esfuerzo y trabajo en valores especulativos con alto riesgo. En suma, que, a
raíz de una intensa campaña impulsada casi al unísono por todas las entidades financieras al comienzo de la crisis de liquidez derivada del crack financiero con el fin de reforzar sus fondos propios de capital, estaban cambiando sus
ahorros en títulos a largo plazo, e incluso en casos aberrantes a perpetuidad que, ni sabían en que consistían, tanto por su escasa formación financiera como sobre todo por la nula información proporcionada por la entidades bancarias, ni
tampoco deseaban adquirir, pues en la mayoría de casos su relación con dichas entidades se ceñía a realizar contratos de depósito bancario.
El Gobierno español no solo asumió unas condiciones gravosas para la mayoría de ciudadanos, porque también los contribuyentes en general han de realizar enormes esfuerzos para rescatar a la banca española, sino de forma especialmente grave
para miles de pequeños ahorradores poseedores de participaciones preferentes y deuda subordinada, pues era perfectamente conocedor a la altura de mediados de 2012 de la estafa masiva de colocación de dichos productos en ahorradores, tanto por las
fundadas protestas y reclamaciones de las Plataformas de Afectados, como por la existencia de advertencias emitidas por la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) desde abril de 2009 sobre la complejidad y riesgo inherente de las participaciones
preferentes.
Las justas reivindicaciones de los afectados, que incluso han recabado apoyos unánimes de instituciones locales donde más se extienden los efectos de esta estafa, han de provocar la rectificación y revisión de la actuación gubernamental en
esta materia, de forma que no se apliquen los mecanismos legales vigentes que establecen la asunción obligatoria de pérdidas por los poseedores de participaciones preferentes y deuda subordinada, sobre todo en aquellos casos que, como se ha dicho,
son mayoría, donde las personas afectadas son ahorradores con historial carente de inversiones arriesgadas, ni tampoco formación financiera.
Con ello se podrá retomar una solución satisfactoria al problema descrito de la colocación de participaciones preferentes y deuda subordinada entre pequeños ahorradores, que debe pasar por la devolución íntegra del nominal invertido en estos
títulos, sin que se apliquen rebajas o descuentos de ningún tipo, pues, en estricta justicia, no puede atribuírseles ninguna consecuencia directa negativa, como es la asunción de pérdidas en sus ahorros, en el rescate de las entidades financieras,
dado que tampoco han tenido ninguna responsabilidad en la situación crítica, sino que esta descansa claramente, y cada vez con más evidencia ante las noticias que se suceden de la gestión de los últimos años, en directivos, ejecutivos y autoridades
y responsables políticos supervisores vinculados al sector financiero español, de una parte y con carácter general, al haber emprendido una estrategia de gestión del ahorro e inversiones totalmente nefasta, y de otra parte de forma agravada en
determinados casos, por haber cometido prácticas irregulares y corruptas, incluso de carácter delictivo, por las cuales apenas tienen que responder por sus actos y los efectos desastrosos que han ocasionado, mientras se imponen pérdidas a personas
totalmente inocentes.
El Bloque Nacionalista Galego-Grupo Mixto propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Adoptar las modificaciones legislativas e impulsar los acuerdos necesarios para:
a) Que no se apliquen quitas ni descuentos a los adquirentes o poseedores de los instrumentos híbridos de capital o deuda subordinada que sean ahorradores o pequeños inversores sin experiencia financiera que no hubieran recibido información
adecuada del instrumento adquirido.
b) Que se garantice la devolución íntegra del nominal invertido, así como la indemnización por los daños y pérdidas que hubieran sufrido, a los ahorradores y pequeños inversores en participaciones preferentes y deuda subordinada.
c) Que intensifique la realización de arbitrajes por parte de las autoridades competentes en materia de consumo, que permitan la devolución de lo invertido en participaciones preferentes y deuda subordina a aquellas personas que no les fue
ofertada información suficiente.
d) Que queden exentas de la aplicación de tasas judiciales las demandas sobre nulidad de contratos de preferentes y subordinadas, así como se agilice y refuerce la dotación de Juzgados que han recibido demandas sobre la nulidad de contratos
firmados por poseedores de participaciones preferentes y deuda subordinada.
e) Que en el seno del FROB se paralice cualquier decisión o acuerdo relativo a la aplicación de quitas o descuentos en participaciones preferentes o deuda subordina mientras no se garantice la
inaplicación de las mismas a aquellos titulares que sean ahorradores o pequeños inversores sin adecuada formación financiera ni hubieran recibido información suficiente.
f) Que se ordene a la Fiscalía una investigación exhaustiva sobre directivos de entidades financieras que comercializaron abusivamente participaciones preferentes y deuda subordinada entre ahorradores y pequeños inversores sin ofrecer
información adecuada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2013.-Rosana Pérez Fernández y M.a Olaia Fernández Davila, Diputadas.-Enrique Álvarez Sostres, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000611
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Quevedo Iturbe, diputado de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta para su
debate en Pleno la siguiente Proposición no de Ley sobre el Plan de Aislamiento Acústico del aeropuerto de Gran Canaria.
Exposición de motivos
Vivir en las proximidades de un aeropuerto genera servidumbres no elegidas para los vecinos, entre ellas, soportar las molestias que ocasionan en el entorno de la infraestructura aeroportuaria el ruido producido por las aeronaves en sus
operaciones de despegue, aterrizaje, rodadura, pruebas de motores, etc.
Los Planes de Aislamiento Acústico (PAA) son planes de actuación incluidos en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental a los que son sometidos los proyectos de ampliación de los aeropuertos españoles, que son aprobados por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y que tienen como objetivo minimizar las molestias antes mencionadas. Es AENA Aeropuertos la que lleva a cabo la ejecución de dichos Planes de Aislamiento Acústico en el entorno de aquellos
aeropuertos de su red.
La tramitación del respectivo PAA implica:
- Elaboración de la huella acústica y del PAA.
- Solicitud por el vecino de la inclusión en el PAA.
- Verificación de la información y realización de mediciones acústicas in situ.
- Aprobación/denegación de la necesidad de actuaciones de insonorización.
- Presentación del proyecto de insonorización.
- Aprobación del importe de la actuación.
- Realización de las actuaciones de aislamiento acústico.
- Verificación de las obras realizadas.
- Declaración de conformidad de los vecinos con las actuaciones ejecutadas.
- Aprobación del pago de las actuaciones (fin del procedimiento).
La Resolución de 2 de febrero de 2006 de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático y la Resolución de 4 de diciembre de 2009 de la Secretaría de Estado de Cambio Climático formularon sendas
Declaraciones de Impacto Ambiental sobre la evaluación del proyecto de Actuaciones en el Aeropuerto de Gran Canaria y sobre su proyecto de ampliación (DIA 2006 y DIA 2009), incluyendo en las mismas los respectivos PAA.
En la actualidad el Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto de Gran Canaria está en proceso de ejecución conforme a la Declaración de Impacto Ambiental de 2006. La Declaración de Impacto Ambiental 2009 se encuentra en proceso de
presentación y estudio de solicitudes, aprobación de financiación y de ejecución de las obras de insonorización de los inmuebles ubicados dentro de la huella de ruido.
De acuerdo con el informe, de fecha 7 de marzo de 2013, elaborado por los departamentos de Medio Ambiente y Vivienda del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, y según datos obtenidos de las actas de las sesiones de la Comisión de
Seguimiento del Plan de Aislamiento Acústico, 'las viviendas con derecho a presentar la solicitud de aislamiento acústico en el Aeropuerto de Gran Canaria (DIA 2006 y DÍA 2009) son 1.038. De éstas, solamente 248 son las viviendas que han
finalizado las obras de insonorización y con el pago efectuado, es decir, un 23,89%. A fecha 23 de febrero de 2013, el total de solicitudes presentadas por los propietarios de los inmuebles afectados ante la Oficina del PAA es de 840, es
decir, el 80% de los propietarios han incoado la solicitud'. Continúa el informé señalando que en relación a 'los pagos efectuados por AENA a los propietarios de los inmuebles con financiación aprobada y con el aislamiento acústico ejecutado, como
se observa, en el año 2011 el pago realizado fue de 1.560.255,30 euros. Sin embargo, durante el año 2012 fue de 482.202,00 euros, suponiendo una reducción del 69,09% de los pagos efectuados en el año 2012 con respecto al año 2011'.
Concluye el informe que, a la vista de los datos, 'se está produciendo una ralentización de la ejecución del PAA, toda vez que los pagos realizados durante el año 2012, suponen un 69,09% menos que al correspondiente durante el año 2011. Así
como, que el número total de viviendas que han finalizado sus obras es de 248 (DIA 2006 y DIA 2009), representando un 23,89% de la ejecución del PAA'.
Por todo lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a que:
1. El ministerio de Fomento y Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea adopten las medidas necesarias para dar la máxima celeridad al procedimiento de ejecución del Pian de Aislamiento Acústico del aeropuerto de Gran Canaria, manteniendo el
nivel de financiación y gasto de años anteriores, reduciendo de esta manera la vulnerabilidad en la que se encuentran los ciudadanos afectados por la contaminación acústica procedente del Aeropuerto de Gran Canaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2013.-Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.-Enrique Álvarez Sostres, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre actuaciones urgentes y a medio plazo para garantizar el buen
servicio de la línea R1 de cercanías en la comarca del Maresme, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
Una vez más, durante el pasado mes de marzo de 2013, se produjeron una serie de incidencias en la línea ferroviaria de cercanías de Barcelona R1 que da servicio a la comarca del Maresme.
En concreto, el día 6 de marzo y hasta las 10 horas de la mañana del día 7 de marzo, estuvo en servicio una sola vía entre Mataró y Vilassar de Mar, en concreto la vía 2, en tanto la vía 1 estaba inoperativa. El día 19 de marzo se
produjeron retrasos durante la mañana en la R1, después de que a las 10 horas tuvieran que interrumpir el servicio por la caída de un pantógrafo de un tren en la zona de Sagrera. El pantógrafo es un sistema articulado que aguanta un patín y le
presiona contra la catenaria. Los trenes se suspendieron entre Badalona y Molins de Rei y no se restableció el servicio hasta las 13,30 horas, con considerables retrasos.
El día siguiente, 20 de marzo de 2013, a las 8 horas, se averió un tren de la R4 en Arc de Triomf que provocó retrasos en las líneas R1, R3 y R4. Los trenes se desviaron en Passeig de Gràcia y no paraban ni en Plaça Catalunya ni Arc de
Triomf. El tren fue remolcado una hora y media después, y se restableció la circulación entre Arc de Triomf y Sants, con los inevitables retrasos.
Como es bien sabido, los problemas en la línea de cercanías R1, en el trazado que transcurre por el frente marítimo de la comarca del Maresme, son constantes y se acentúan en especial en situaciones de temporal de mar de levante, con cortes
en la vía y retrasos en la circulación de los convoyes, que de hecho no son nada extraordinario, pues se producen desde hace años y como consecuencia del retroceso de las playas y de la falta de protección de las vías ferroviarias.
El Gobierno de la Generalitat, en anteriores legislaturas, se dirigió al Ministerio de Fomento reclamando una solución definitiva para la protección y estabilización de las vías ferroviarias en la costa del Maresme. Fruto de aquellas
gestiones se produjo el compromiso de la redacción por parte de ADIF de un proyecto, valorado en 14 millones de euros, de protección de la vía con la construcción de espigones, que no se ha ejecutado hasta el momento, a pesar del tiempo transcurrido
y la repetición y agravamiento de los problemas.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Ejecutar el proyecto de ADIF de protección de la vía de la R1 en su paso por el Maresme.
2. Garantizar la circulación de los trenes y la seguridad de los usuarios de la línea ferroviaria de cercanías R1 a su paso por la comarca del Maresme.
3. Priorizar la construcción de las obras necesarias para estabilizar la línea R1 y las defensas de las vías ferroviarias en las zonas del Maresme que sufren más incidencias, especialmente entre Vilassar de Mar y Mataró.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2013.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a un nuevo modelo de
selección y formación de carácter nacional para el acceso a la profesión docente, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La calidad del profesorado es uno de los factores primordiales para la mejora de la calidad de la educación. Existe un consenso amplio entre los expertos por el que se considera que la calidad de un sistema educativo no puede ser superior a
la calidad de sus profesores.
El sistema educativo español requiere adoptar un conjunto de medidas integradas en un nuevo modelo, que permitan atraer a los mejores universitarios a la profesión docente y retenerlos en ella de forma satisfactoria.
El informe McKinsey concluye que los distintos sistemas educativos que han experimentado importantes mejoras lo han logrado fundamentalmente porque han creado un sistema que es más eficiente en tres aspectos: conseguir personas con más
talento que se interesen por la docencia, preparar a sus profesores de forma que sean mejores instructores y garantizar que éstos brinden la mejor instrucción posible a todos los niños del sistema.
El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, en su comparecencia del pasado mes de enero ante el Congreso de los Diputados, anunció que los docentes van a ser protagonistas destacados de las reformas previstas.
Y es que en los próximos años se producirá una importante renovación generacional del profesorado. Hay que atraer y seleccionar a los mejores para la profesión. El papel del docente es clave para el éxito del sistema educativo. Hay que
devolver al profesor al centro de la vida educativa.
Por ello, es el momento de replantearse el sistema de acceso a la carrera docente y el progreso dentro de ella, y sustituirlo por otro que sí garantice la selección de los mejores y relacione el progreso de los seleccionados con los
resultados que obtengan.
El Grupo Parlamentario Popular considera que es necesario un marco básico que mantenga el carácter estatal de los cuerpos docentes, que permita su movilidad por todo el territorio nacional, que ofrezca a los
profesores la posibilidad de desarrollar una carrera desde su entrada en el cuerpo hasta su jubilación, que le reconozca como autoridad pública, y que evalúe la formación inicial del profesorado para una práctica docente de calidad así como
su formación permanente.
Por todo ello, el Grupo Popular propone para su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, previo diálogo con los agentes sociales, sindicatos y demás organizaciones de profesores, a:
- Poner en marcha un nuevo modelo de selección y formación para el acceso a la profesión docente, que atraiga a los mejores expedientes académicos y tenga como criterios de selección el mérito y la capacidad.
- Mejorar la formación inicial del profesorado mediante un plan de seguimiento que permita a las administraciones públicas indicar a las Universidades si los nuevos Programas de Postgrado preparan convenientemente a los alumnos para una
práctica docente de calidad.
- Promover el reconocimiento por ley del profesorado como autoridad pública en el ejercicio de su actividad.
- Establecer una carrera docente, constituida por el conjunto de grados y funciones que cada profesor pueda alcanzar como consecuencia de la evaluación de su desempeño, del reconocimiento de su ejercicio profesional y de las actividades de
formación, innovación e investigación.
- Impulsar la movilidad en todo el territorio nacional de todos los cuerpos docentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000614
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la especialización
inteligente, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La especialización inteligente es una aproximación estratégica al desarrollo regional basada en la identificación del nicho de especialización óptima de cada región, evitando políticas de imitación entre regiones dentro de la Unión Europea
(UE) que duplican gastos e impiden una especialización regional eficiente. Adicionalmente la especialización inteligente pone el énfasis en los sectores de la economía del conocimiento como dinamizadores del conjunto de la actividad económica.
Las políticas de especialización inteligente deben estar orientadas por un proceso de 'descubrimiento empresarial', en vez por las herramientas tradicionales de planificación burocrática, y deben incluir un sistema de monitorización que
permita su evaluación y corrección en tiempo real.
La Comisión Europea mantiene un portal electrónico sobre la especialización inteligente ('Smart Specialization Platform'), y según propuesta de la Comisión los fondos de Cohesión para el periodo 2014-2020 dependerán de los planes regionales
de especialización inteligente. Aunque la especialización inteligente es un concepto transversal que afecta al conjunto del desarrollo regional, la UE la considera de especial importancia en el área de la investigación, el desarrollo y la
innovación (I+D+i), las infraestructuras de transporte o de comunicaciones, o la política de fomento del emprendimiento.
En el ámbito español es prioritario que todas las Comunidades Autónomas desarrollen lo antes posible sus Planes de Especialización Inteligente dentro de un marco de coordinación entre todas las administraciones lideradas por la
Administración Central, y que la propia Administración Central tome sus decisiones con impacto regional tomando en consideración los planes de especialización inteligente de cada Comunidad Autónoma.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que fomente y apoye el desarrollo coordinado de los planes de especialización inteligente de las Comunidades Autónomas, dentro de un marco de colaboración y recíproca lealtad institucional.
Dichos planes tendrán en cuenta los objetivos de la Agenda de Lisboa y prestarán una especial atención a la economía del conocimiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000615
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para homogeneizar y mejorar las
estimaciones en los Presupuestos de las Administraciones Públicas, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El papel de la Administración Central como garante de la estabilidad presupuestaria de todo el sector público, tal como está consagrado en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, exige que se desarrollen
los mecanismos necesarios para que ese control sea efectivo, respetando el principio de autonomía financiera de las Administraciones Territoriales. En este sentido, en el artículo 15 y en el capítulo IV de dicha Ley se establecen los mecanismos de
control de que dispone el Gobierno para cumplir con sus obligaciones legales e internacionales.
Para lograr estos objetivos se considera conveniente, y acorde con los principios de transparencia que deben regir el funcionamiento de la Administración, que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas establezca un Código de
Buenas Prácticas para la elaboración de los presupuestos de las administraciones, que en base al cuadro macroeconómico de los Presupuestos Generales del Estado, a los ingresos históricos de la propia administración y a sus parámetros tributarios,
permita estimar las partidas presupuestarias de ingreso y aquellas de gasto que no al no estar sometidas a presupuesto limitativo pudieran desviarse durante la ejecución. Este procedimiento y su posible implementación en una herramienta informática
serían instrumentos de la máxima utilidad para lograr una mayor homogeneidad entre las estimaciones en que se basen los presupuestos de todas las administraciones, y para incrementar la seguridad jurídica de las mismas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a publicar un Código de Buenas Prácticas para las estimaciones presupuestarias de las Administraciones Públicas, que podría acompañarse de una herramienta informática de apoyo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000616
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley contra la pobreza infantil, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Actualmente en España, según los datos de la Encuesta de Población Activa del último trimestre de 2012, el número de parados asciende a los 5.965.400 y los hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro se sitúan en 1.833.700.
Asimismo, según el 'VII Informe del Observatorio de la Realidad Social', elaborado por Cáritas, el número de personas atendidas por sus Servicios de Acogida y Asistencia pasó de 370.251 personas en el 2007 a 1.015.276 en el 2011. Cabe
destacar en el perfil de las personas atendidas por esta organización el incremento de parejas jóvenes (de 20 a 40 años de edad) con hijos, así como mujeres solas con familiares a cargo. Las parejas con hijos suponen el 40% y las familias
monoparentales un 18%, según la base de datos de Cáritas.
Para paliar esta situación, el Ejecutivo, durante este año de legislatura, ha adoptado medidas como el pago a proveedores, que ha permitido que se haya mantenido el funcionamiento de la sanidad, la educación, los servicios sociales y, en
general, los servicios básicos para el ciudadano; la prórroga automática del Plan Prepara, mientras que el nivel de paro sea superior al 20% de la población activa, o la subida de las pensiones, tanto en 2012 como en 2013.
Sin embargo, a pesar de las medidas adoptadas todavía son muchos los españoles que necesitan del apoyo de la Administración y los Servicios Sociales para poder salir adelante, principalmente aquellos colectivos más vulnerables como es el de
la infancia ya que, al no disponer de recursos propios, depende más de los servicios del Estado.
El evidente deterioro de la situación de las familias con hijos ha provocado que los menores se conviertan en el grupo de edad más pobre en España. Según, el informe 'La infancia en España 2012-2013', elaborado por UNICEF, el 13,7% de los
menores de 18 años vive en hogares con un nivel de pobreza alto. Esto son familias con dos niños menores de 14 años y con ingresos inferiores a 10.983 euros anuales. Es la cifra más elevada de todos los países de la Unión Europea de los 15, y sólo
tiene por debajo a Rumania y Bulgaria en la Europa de los 27.
No podemos olvidar que los niños de hoy serán el futuro de España, por eso, su protección es vital.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar, en el plazo de seis meses, un Plan de Acción para la Inclusión Social, con medidas específicas para luchar contra la pobreza, y en especial contra la pobreza infantil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000619
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia su portavoz, doña Rosa Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley sobre la necesidad de rehabilitar estructuralmente los firmes de las carreteras, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Red de Carreteras del Estado está formada por 25.375 km de carreteras, donde se incluyen 2.493 km de autopistas de peaje y 983 km gestionados mediante contratos de concesión en las denominadas autovías de primera generación. Vemos por
tanto que la red no concesionada está compuesta por 21.899 km de carreteras que teniendo en cuenta los kilómetros de autovía totalizan 29.178 km de calzada. Estos datos corresponden al Inventario de la Red de Carreteras del Estado, a 31 de
diciembre de 2008.
La rehabilitación estructural de los firmes de dichas carreteras debe aplicar la Norma 6.3-IC 'rehabilitación de firmes' aprobada por Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, y así ha venido realizándose hasta mediados del años 2009. Ello
requiere planificar para decidir cuáles deben ser las actuaciones prioritarias para las que se debe redactar y aprobar el correspondiente proyecto que finalmente se adjudica.
Como decimos, ése ha sido el sistema empleado hasta mediados del año 2009, en el que se ha abandonado la rehabilitación de los firmes de la Red de Carreteras del Estado. Hasta ese año se venían invirtiendo aproximadamente 300 millones de
euros anuales, cantidad que sin ser la óptima ha permitido que el estado de los firmes fuera correcto.
Asignando una vida útil media de quince años a las rehabilitaciones estructurales de firmes, se requeriría rehabilitar (dada la longitud de calzadas de la Red de Carreteras del Estado) aproximadamente 2.000 km de calzada anualmente. A un
coste medio de 150.000 /km se justifica la cifra de 300 millones de euros anteriormente señalada.
En la siguiente tabla se muestra el número de actuaciones de rehabilitación de firmes en los distintos años. Dichas actuaciones se ejecutaban mediante contratos de obra adjudicadas por subasta a pequeñas y medianas empresas constructoras
muy especializadas e intensivas en mano de obra.
Año;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012
N.° obras.;74;63;47;34;0;2;0
Presupuesto de adjudicación (millones de ).;307;349;330;253;0;29;0
Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE).
Asimismo, hasta hace tres años se invertían unos 300.000.000 de euros en actuaciones en tramos de concentración de accidentes y otras actuaciones para la mejora de la seguridad vial. Aunque en el proyecto de PGE2013 se encuentran partidas
dedicadas a actuaciones de seguridad vial en todo el territorio, también es cierto que la proyección en los próximos años es en ese documento prácticamente inexistente. Además, las partidas reflejadas en los PGE2013 se refieren a obras que están
prácticamente terminadas, luego no es real que se esté realizando nueva inversión en la seguridad vial.
Desde mediados del año 2009 las únicas actuaciones (no contratadas con anterioridad) llevadas a cabo sobre los firmes de las carreteras del Estado han sido 'parcheos' localizados en aquellas zonas en las que el nivel de deterioro existente
ha originado importantes afecciones a la circulación.
Esas actuaciones son realizadas mediante los denominados contratos de conservación integral o mediante contratos adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad, dada la urgencia en realizar dichas actuaciones (el importe de estos
últimos contratos se limita en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público a los 200.000 euros).
Esas actuaciones no rehabilitan el firme, y se limitan a un mero lavado de cara de cortos efectos paliativos sobre una carretera que en poco tiempo volverá al estado previo a dichas actuaciones. Para que se entienda mejor, es como si
pintáramos las humedades de una vivienda en lugar de eliminar las causas que las provocan.
El abandono de la inversión en la rehabilitación estructural de los firmes de las carreteras de la red del Estado no concesionada está llevando a que muchos de éstos se deterioren hasta un punto en el que la única solución posible es la
reconstrucción de los mismos. Ello conlleva una importante pérdida de nuestro patrimonio viario que si es insostenible para cualquier país, lo es mucho más para el nuestro dada la crítica situación económica en la que nos encontramos.
Sin embargo tanto el anterior Gobierno como el actual perseveran en la construcción de nuevas carreteras que difícilmente se justifican mientras siguen disminuyendo año tras año el presupuesto dedicado a la conservación de nuestras
carreteras.
Y con independencia de todo lo anterior no se debe olvidar la importancia que para la seguridad vial, especialmente para los motociclistas, tienen los deterioros en la capa de rodadura de nuestras carreteras.
Es por eso que es necesario reanudar la inversión en rehabilitación estructural de sus firmes y actuaciones sobre Tramos de Concentración de Accidentes y comenzar la realización de un plan de choque para la mejora de los firmes de la Red de
Carreteras del Estado para la mejora de la seguridad vial en aquellos tramos catalogados como de concentración de accidentes con las medidas que presenten mayores índices de eficacia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reanudar la inversión en rehabilitación estructural de sus firmes y actuaciones sobre Tramos de Concentración de Accidentes, abandonada hace tres años y que ha tenido repercusiones en la seguridad vial, y que requiere invertir unas
cantidades muy superiores de las que hoy se proyectan.
2. Comenzar la realización de un plan de choque para la mejora de los firmes de la Red de Carreteras del Estado, y para la mejora de la seguridad vial en aquellos tramos catalogados como de concentración de accidentes con las medidas que
presenten mayores índices de eficacia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000620
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Quevedo Iturbe, diputado de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta para su
debate en Pleno la siguiente Proposición no de Ley sobre participaciones preferentes.
Exposición de motivos
En los últimos años hemos asistido a multitud de denuncias por parte de las asociaciones de consumidores relacionadas con productos financieros de riesgo vendidos a clientes de las cajas y bancos de forma indiscriminada y bajo subterfugios
de 'rentabilidad', 'exclusividad', 'seguridad', etc. Entre esos productos figuran las llamadas 'participaciones preferentes'.
Según los datos de la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores, se han emitido a lo largo de estos años cerca de 30 mil millones de euros en participaciones preferentes, mayoritariamente comercializadas entre pequeños ahorradores que
desconocían los riesgos del producto que se les ofertaba. En el caso de Canarias, a tenor del volumen de preferentes que han comercializado las entidades con mayor implantación en la comunidad, esta cantidad podría superar los 900 millones de euros
comercializados y afectar a miles de familias, en Canarias en general y en Gran Canaria en particular.
En los últimos meses han sido miles los afectados que han formulado denuncias ante los servicios de atención al cliente de las entidades y ante la propia CNMV para denunciar la irregular comercialización de este producto alegando falta de
transparencia al no haber sido informados ni de las características de los mismos ni de sus riesgos, y en especial de su escasa o nula liquidez y de su carácter perpetuo. A la mayoría de estos ahorradores se les aseguró que lo que contrataban era
un depósito a plazo fijo cuyas cantidades podían rembolsar cuando quisieran.
A pesar de solicitarlo reiteradas veces las entidades comercializadoras se han negado a devolver el dinero a los afectados sumiéndoles en muchas de las ocasiones en una situación desesperada y que, además, en la práctica totalidad de los
casos denunciados se trata de ahorradores con historial carente de inversiones
arriesgadas, y que por norma general sus ahorros siempre los habían rentabilizado con la contratación de depósitos bancarios e imposiciones a plazo fijo que les permitían rescatar su dinero cuando quisieran.
Por lo tanto esta práctica ha sido completamente generalizada en los últimos años y las soluciones propuestas por las distintas entidades no satisfacen en absoluto el derecho de los afectados a acceder de forma inmediata a la totalidad de
sus ahorros. Se han cometido diversas irregularidades en la comercialización de estas participaciones preferentes, en particular, en lo concerniente a una total falta de información sobre las características del producto sobre todo en lo que se
refiere a su falta de liquidez y su perpetuidad, ya que bajo la apariencia de un depósito se colocó un producto perpetuo cuya inversión no puede ser recuperada en estos momentos de crisis económica, justo cuando más necesario se hacía disponer de
ella. Por esta forma de proceder se produjeron numerosas irregularidades al incumplirse lo dispuesto en la normativa MIFID ya que en la mayoría de casos no se ha realizado test de idoneidad ni conveniencia alguno, coma obliga respecto a los
inversores minoristas la meritada normativa, y si ha sido realizado, no ha sido cumplimentado por el consumidor, siendo rellenado por la entidad y presentado a la firma al consumidor como un mero formalismo más. Han existido casos incluso de
personas que, con el primer test realizado sobre su perfil del inversor, posteriormente en contrato se han excluido sus efectos imponiendo mediante contrato de adhesión cláusulas que hacen que el consumidor se contradiga de los resultados de ese
test, quedando contemplado en el clausulado que es bajo su responsabilidad, cuestión esta que atañe de lleno a la normativa de protección de consumidores.
Además ha existido trato discriminatorio hacia el ahorrador contratante pues se ha podido constatar también un trato desigual de unos clientes con respecto a otros de la misma entidad. En concreto, las empresas que han emitido estas
participaciones preferentes no actúan de igual manera con todos los inversores a la hora de resolver las posibles controversias: a unos se les ha reembolsado el 100% del capital de una forma muy rápida, mientras que a otros no se les llega a
reembolsar ningún porcentaje tras la solicitud realizada, aduciendo la entidad financiera que no encontraba compradores en el mercado secundario para estas participaciones preferentes. Es la propia CNMV, como se ha reflejado en diversos diarios
económicos, consciente de estas irregularidades la que ha obligado a los propios bancos y cajas a cesar en estas fórmulas arbitrarias y opacas de compraventa de preferentes y les ha obligado a insertar las órdenes de compra y venta en un mercado
secundario más transparente.
Por todo lo anteriormente expuesto y atendiendo al artículo 51 de la Constitución Española, principio rector de la economía, dirigido a todos los poderes públicos, a los que obliga a garantizar la defensa de los consumidores y usuarios
'protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos', se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
Que establezca un modelo de Arbitraje alternativo, colegiado, conforme a lo dispuesto en los artículos 19.2 y 33.2 del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero; universal, que sea un arbitraje colectivo, más amplio en lugar de procesos
individuales, bajo la fórmula prevista en el Real Decreto 231/2008, aunque ello fuera por acumulación de casos semejantes, evitando así trámites innecesarios y propiciando una más eficaz resolución de las cuestiones planteadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2013.-Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.- Enrique Álvarez Sostres, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000621
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre las actuaciones del Gobierno para ayudar a resolver más de 300 crímenes de ETA que siguen, a día de hoy, sin estar resueltos, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Ni el Gobierno de España ni los representantes de los ciudadanos pueden olvidar que son 326 crímenes cometidos por la banda terrorista ETA los que, a día de hoy, siguen sin haberse resuelto. Así lo dice el último informe del Observatorio
contra la Impunidad. Y, por lo tanto, todos los poderes del Estado, y especialmente nosotros como representantes de los ciudadanos, deberíamos hacer todo lo posible para recordar permanentemente este hecho al conjunto de la ciudadanía, mostrar
nuestra cercanía y compromiso con las víctimas y dar los pasos necesarios que hagan posible que todos esos crímenes puedan ser resueltos cuanto antes. Debemos trabajar todos los días del año para que las víctimas de! terrorismo reciban la justicia
que sin duda merecen y para que no pueda haber el mínimo rastro de impunidad para los terroristas.
Es responsabilidad de los representantes políticos y de las instituciones recordar no sólo que ETA debe disolverse incondicionalmente y para siempre, sino recordar también, que siguen estando pendientes de resolver nada menos que 326
crímenes de la banda. Y, obviamente, tanto los representantes políticos como las instituciones debemos hacer todo lo posible y de manera absolutamente prioritaria para que todos estos crímenes sean resueltos. COVITE ha venido denunciando el
silencio clamoroso del Gobierno ante este hecho.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados defiende la necesidad de resolver todos y cada uno de los crímenes cometidos por ETA que, a día de hoy, siguen sin estar resueltos, de modo que las víctimas puedan recibir la justicia que sin duda merecen.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se comprometa a llevar a cabo todas aquellas actuaciones que sean necesarias para promover y lograr la resolución y la revisión de los crímenes cometidos por ETA no resueltos, de modo
que podamos acabar con cualquier tipo de impunidad que socave la dignidad de las víctimas de terrorismo y de la sociedad.
3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el desarrollo y la aplicación de la política penitenciaria a los presos condenados por terrorismo, tenga presente la necesidad de que los presos colaboren con las autoridades y la
Justicia para resolver los delitos terroristas no resueltos.
4. El Congreso de los Diputados insta al Fiscal General del Estado a cumplir escrupulosamente su compromiso con las víctimas del terrorismo expresado en la carta remitida a las víctimas del terrorismo del 4 de diciembre en la que
manifestaba que esos hechos criminales serán objeto de atención especial y que se impulsarán las actuaciones necesarias para que tales hechos tengan la respuesta judicial correspondiente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000622
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia del diputado Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley para aplicar las exclusiones de cotización al sistema de Seguridad Social en el voluntariado deportivo, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Actualmente, clubs deportivos son objeto de inspección por parte de funcionarios inspectores de la Seguridad Social, que levantan acta al entender que no tienen dadas de alta en el sistema a todas las personas que prestan un servicio en la
entidad. Efectivamente, en la organización del deporte no profesional, la participación del voluntariado es crucial: preparadores, entrenadores, etc., sin los cuales la vida de los clubs, tanto en lo que atañe al deporte en concreto como a su
labor cultural y social, resultaría
inviable. De hecho y en las antípodas del deporte espectáculo, en base a estas personas voluntarias es posible el sostenimiento de las asociaciones o clubs, sobre las cuales pivota la actuación de decenas de miles de niños y jóvenes que
semanalmente practican deporte y compiten con el concurso de las familias que participan del ocio y formación de sus hijos.
Sin duda, estos clubs amateurs desarrollan una gran labor de fomento del deporte y de socialización de los valores intrínsecos a la práctica deportiva, razón por la cual su protagonismo es imprescindible a la hora de cohesionar nuestras
sociedades.
Atendiendo a esta realidad, se cree conveniente introducir un criterio discerniente entre el ámbito del deporte profesional y el del deporte amateur o de base, entre los puestos de trabajo profesionales que corresponden a entidades
profesionalizadas (gerencia, aparato administrativo, técnicos deportivos, etc.) y aquellos otros clubs que subsisten y/o basan su viabilidad social en el voluntariado, aun cuando justamente tengan que compensar dichos servicios voluntarios con pago
de pequeñas cantidades por desplazamientos para asistir a concentraciones o competiciones.
En la mayoría de los casos, estas entidades deportivas, establecidas por voluntad social e instaladas en la dificultad económica, han podido desarrollar su labor gracias a las ayudas municipales o, en algún supuesto, gracias a la
colaboración de algún patrocinador, normalmente local, lo cual explica que en la actual coyuntura depresiva una profesionalización de su voluntariado conduzca a su progresiva desaparición.
En consecuencia, el levantamiento de actas por parte de la administración como consecuencia de no haber procedido a dar de alta al voluntariado genera una enorme preocupación.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
Aplicar, de acuerdo con las previsiones del artículo 1.3.d) del Estatuto de los Trabajadores, las exclusiones de cotización al régimen de la Seguridad Social previstas en el artículo 98.a) a las colaboraciones sociales o de voluntariado
deportivo, así como aquellas otras colaboraciones esporádicas y eventuales, de carácter amistoso, benévolas o de buena vecindad, con las entidades deportivas sin ánimo de lucro a secciones de deporte no profesional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2013.-Joan Tardà i Coma, Diputado.- Enrique Álvarez Sostres, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000623
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación y
reglamentación de un mecanismo que permita a los legítimos herederos de un difunto conocer las posiciones de éste en depósitos bancarios y en participaciones en fondos de inversión, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En la actualidad, el papel que desempeñan los registros públicos es fundamental a la hora de proporcionar seguridad jurídica, en la medida que otorgan certidumbre sobre la titularidad de derechos y obligaciones en ellos inscritos. Estos
registros, por ejemplo, adquieren una gran importancia en los supuestos de transacciones mercantiles, proporcionando a las partes de la mismas, fe pública de la titularidad de bienes, derechos y/u obligaciones negociados en la operación o, en casos
de fallecimiento de los titulares de los derechos u obligaciones inscritos en situaciones de sucesión testada o intestada que de este modo pueden conocer mediante el correspondiente trámite administrativo los derechos u obligaciones de los que era
titular el fallecido.
Sin embargo en la actualidad no existe un registro público que centralice y proporcione seguridad jurídica sobre la titularidad de los activos financieros en manos de un difunto. Este registro serviría para sistematizar, centralizar y
suministrar la información necesaria a fin de permitir a los herederos de un difunto dirigirse a las entidades financieras en que está depositado su patrimonio para reclamar total o parcialmente la ejecución, desembolso o transmisión de los
productos financieros que en derecho les correspondan.
Para avanzar en la garantía que supone para los ciudadanos conocer los derechos que tienen al fallecer un allegado, resulta imprescindible crear un mecanismo capaz de informar a los familiares sobre los activos financieros en manos de una
persona recientemente fallecida. Solamente de esta manera se garantiza una protección de carácter integral, total, a los familiares de los fallecidos, independientemente de cuáles son los instrumentos financieros que tuvieran estos últimos
invertidos sus ahorros.
En el ámbito de los seguros privados la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, creó el Registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento, cuya finalidad es suministrar la información necesaria para que pueda conocerse por los posibles
interesados, con la mayor brevedad posible, si una persona fallecida tenía contratado un seguro para caso de fallecimiento, así como la entidad aseguradora con la que lo hubiese suscrito, a fin de permitir a los posibles beneficiarios dirigirse a
ésta para constatar si figuran como beneficiarios y, en su caso reclamar de la entidad aseguradora la prestación derivada del contrato. Conforme a su artículo 4, los contratos de seguro, cuyos datos han de figurar en el Registro, son los relativos
a los seguros de vida con cobertura de fallecimiento y a los seguros de accidentes en los que se cubra la contingencia de la muerte del asegurado. Se considera necesaria la ampliación del ámbito de este registro para incluir otros contratos como
los planes de pensiones u otros sistemas similares de previsión, que determinen el reintegro de cantidades al fallecimiento del contratante, y seguros que cubren los gastos asociados al fallecimiento.
Las entidades financieras que celebren o hayan celebrado los contratos a través de los cuales se adquiere un activo financiero concreto cubierto por los mecanismos ya creados o que se pongan en marcha para asegurar la correcta información
patrimonial a los herederos de un difunto colaborarán en el suministro de información de la forma que determine la Ley.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que impulse la adopción de medidas normativas que contemplen la creación de los mecanismos de información oportunos para que puedan conocerse por los legítimos herederos y beneficiarios, a
petición suya y con la mayor brevedad posible, los productos e instrumentos financieros contratados por una persona fallecida.
En particular, se estudiará la ampliación del ámbito de aplicación del actual Registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento al menos a:
- Los planes de pensiones u otros sistemas similares de previsión, que determinen el reintegro de cantidades al fallecimiento del contratante.
- Los seguros de decesos que cubran los gastos del propio fallecimiento.
Las entidades financieras y de seguros que celebren o hayan celebrado los contratos a través de los cuales se adquieran los derechos y posiciones financieras mencionadas colaborarán en el suministro de la información llegado el caso.
Todo ello respetando los requisitos legales recogidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.