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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 247, de 01/04/2013
cve: BOCG-10-D-247
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
1 de abril de 2013
Núm. 247
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000003 Subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario y de las principales reformas que deberán acometerse para garantizar su sostenibilidad. Ampliación del plazo para finalizar sus trabajos ...
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000292 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la gestión de los puertos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Rechazo por el Pleno de la Cámara, así como enmienda formulada ...
162/000424 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa al empleo de los rescates solicitados al Estado por diversas Comunidades Autónomas. Rechazo por el Pleno de la Cámara ...
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000100 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la fusión de municipios y la supresión de las diputaciones provinciales como mejor manera de garantizar unos servicios públicos esenciales
igualitarios, sostenibles y de calidad ... (Página4)
172/000101 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones del Gobierno en relación con el avance del déficit público del ejercicio 2012 ... (Página7)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000067 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para una salida social a la crisis y la generación de empleo. Texto de la moción,
enmiendas formuladas y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página8)
173/000068 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la estrategia de política industrial que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno.
Texto de la moción así como enmiendas formuladas... (Página11)
Aprobación con modificaciones... (Página14)
173/000069 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno acerca de la solución a los titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada que fueron
engañados en la comercialización de estos títulos. Texto de la moción, enmiendas formuladas y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página14)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000003
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el Punto Tercero.2 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, en relación con
la solicitud de la Subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario y de las principales reformas que deberán acometerse para garantizar su sostenibilidad, creada en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios
Sociales, de prórroga del plazo para la finalización de sus trabajos, ampliar dicho plazo por seis meses.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000292
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la gestión de los puertos de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 90, de 11 de mayo de 2012, y corrección de error en serie D, núm. 93, de 18 de mayo de 2012.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Asimismo se publica la enmienda presentada a dicha Proposición no de Ley.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
relativa a la gestión de los puertos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Enmienda
De modificación.
El texto que se propone quedaría redactado de la siguiente forma:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que realice las actuaciones oportunas para impulsar la eficiencia en la gestión de los puertos de Pasaia y Bilbao, de manera que aumente la competitividad de dichas Autoridades Portuarias en
su zona de influencia, se garantice la coordinación con la Comunidad
Autónoma a los efectos de ordenación territorial y su estrategia económica, y se incremente el impacto económico de los puertos en el ámbito local y demás zonas territoriales de influencia. Todo ello dentro del marco del sistema portuario
de titularidad estatal.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000424
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa al empleo de los rescates solicitados al Estado por diversas
Comunidades Autónomas, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 148, de 21 de septiembre de 2012.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000100
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la fusión de municipios y la supresión de las diputaciones provinciales como
mejor manera de garantizar unos servicios públicos esenciales igualitarios, sostenibles y de calidad, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2013.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa Díez González, Diputada de Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso,
presenta la siguiente Interpelación urgente al Gobierno sobre la fusión de municipios y la supresión de las diputaciones provinciales como mejor manera de garantizar unos servicios públicos esenciales igualitarios, sostenibles y de calidad, para su
debate en Pleno.
Exposición de motivos
La organización provincial y municipal de España tiene su origen en el primer tercio del siglo XIX. La Constitución Española de 1812 aprobada por las Cortes de Cádiz preveía la creación de ayuntamientos en los pueblos en los que no los
hubiere y resultase conveniente su existencia, siendo obligatorio en los
de más de 1.000 habitantes. En aquellos años un pueblo con 1.000 habitantes era una entidad de población relativamente grande, especialmente teniendo en cuenta lo exiguo de los servicios que eran provistos por las administraciones de tipo
local. Posteriores leyes consolidaron esta tendencia fijando en 100 personas el número mínimo para constituir un municipio. Como consecuencia de estas normas hemos llegado al siglo XXI con más de ocho mil municipios (8.112), de los cuales más de
cinco mil quinientos tienen menos de dos mil habitantes y en torno al ochenta por ciento tienen menos de cinco mil, situación que algunos expertos han calificado de 'minifundismo municipal'.
España es de los pocos países europeos que no ha acometido desde la segunda mitad del siglo XX planes rigurosos de concentración municipal. En los que se haya fijado un mínimo de población y de extensión territorial para poder constituirse
en municipio y contar con una organización propia. Incluso ha seguido en las últimas décadas el camino contrario, de forma que entre 1996 y 2009 se han producido segregaciones que afectaron a más de treinta municipios. En otros países, sin
embargo, como el Reino Unido, Alemania, Bélgica, Suecia, etc., se han realizado importantes transformaciones del tamaño municipal mediante la fusión de municipios o entidades semejantes, con el objetivo de poder prestar un mejor servicio a los
ciudadanos y de reforzar el gobierno local y la responsabilidad política de sus gobernantes.
Según el Consejo de Europa, entre 1950 y 1992, la mayor parte de los países redujeron notablemente el número de municipios. Bulgaria, el 88 %, pasando de 2.178 a 255; Suecia, el 87 %, pasando de 2.281 a 286; Dinamarca, el 80 %, pasando de
1.387 a 285; Bélgica, el 78 %, pasando de 2.669 a 589; Reino Unido, el 76 %, pasando de 2.028 a 484; Alemania, el 67 %, pasando de 24.272 a 8.077; Chequia, el 44 %, pasando de 11.051 a 6.196; Austria, el 42 %, pasando de 3.999 a 2.301;
Noruega, el 41 %, pasando de 744 a 439, y Holanda, el 36 %, pasando de 1.015 a 647.
También Francia camina en la misma dirección y recientemente ha aprobado la Ley 2010-1563, de 16 de diciembre, de reforma de colectividades territoriales. Sin olvidar que hay otros países como Grecia y Portugal que están acometiendo estas
necesarias reformas obligados por los planes de rescate que les ha impuesto la Unión Europea (UE), o Italia que, sin un plan expreso de rescate, también está concentrando municipios y provincias por las directrices marcadas por la UE.
Nuestro actual modelo municipal podía responder a las necesidades de un país con una economía prevalentemente agrícola, pero no responde a los requerimientos de una sociedad moderna donde debe primar la movilidad de los ciudadanos y la
prestación de servicios de calidad. Ya que es difícil, por no decir imposible, prestar servicios de calidad con ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, al carecer de la capacidad organizativa y financiera suficiente para afrontar la prestación
de servicios esenciales, como el agua, viales, alumbrado, cementerio, mercado, comunicaciones con otras poblaciones, instalaciones deportivas, planeamiento urbanístico, etc. Sin embargo, estas ineficiencias derivadas del reducido tamaño de nuestros
municipios (el 84 % de los municipios españoles tiene menos de 5.000 habitantes) se podrían superar si se fusionaran en otros de tamaño mayor para tener Gobiernos más eficientes.
La legislación autonómica tampoco ha ayudado a establecer unos criterios homogéneos y racionales en la organización municipal. En lo que se refiere al número de habitantes exigidos la legislación autonómica oscila entre la exigencia de
4.000 en Andalucía (rebajados a 2.000 en el caso de que el núcleo de población haya sido anteriormente una entidad local menor) y los 350 de La Rioja. Entre ambos extremos, la Ley Navarra, de Castilla y León y Castilla-La Mancha exigen 1.000.
Un municipio debe fundarse en un territorio y una población congruentes con las economías de escala que existen para la prestación de servicios municipales. Así, con municipios de mayor tamaño se podría contar con una estructura
administrativa más reducida, pero más profesional. Por otra parte se podrían aprovechar las economías de escala, racionalizar la prestación de servicios públicos aprovechando las sinergias existentes y evitar innecesarias duplicidades y
redundancias. Además, disminuiría el considerable número de concejales que ahora hay en España, de los 48.733 concejales que hay en los 6.821 municipios de menos de 5.000 habitantes podría pasarse a unos 13.000 concejales, si se fusionaran en 1.000
municipios de 5.000 habitantes, lo que redundaría en una clase política más reducida y mejor cualificada. Finalmente, municipios de mayor tamaño facilitarían la aprobación de un sistema de financiación viable para ellos y más homogéneo en toda
España.
Un estudio de la Fundación Progreso y Democracia de octubre de 2010 concluyó que, si se fusionaran los 6.821 municipios de menos de cinco mil habitantes que hay en España en municipios de esa cifra, se produciría un ahorro de, al menos,
3.866 millones de euros. Dicho informe concluyó que el tamaño más eficiente era el de 20.000 habitantes, lo que permitiría un ahorro potencial de hasta 16.142 millones de
euros. Cantidades nada desdeñables que se suman a la mejora en la prestación de servicios públicos que resultaría de la fusión, sin que tales procesos de fusión conllevaran la desaparición de nuestros pueblos o sus núcleos de población ni
de sus nombres y fiestas, sino simplemente una mejora de su gobierno.
Con la realización de estas fusiones se podría más fácilmente suprimir las diputaciones provinciales, una estructura administrativa que proviene del siglo XIX y que no se ha adaptado a la existencia del Estado de las Autonomías y a su
distribución competencial. Y es que, actualmente, sobre cualquier parte del territorio español despliegan competencias, como mínimo, cinco entidades: las Instituciones Europeas, el Estado, la Comunidad Autónoma, la Provincia y el Municipio. Todo
ello, sin considerar que, en algunos casos, existen agrupaciones de municipios de ámbito infraprovincial, como las comarcas, y de ámbito inframunicipal, como las entidades locales menores.
Esta situación genera efectos negativos. En primer lugar, aumenta las dificultades para la delimitación de competencias y funciones en determinadas materias, favoreciendo los conflictos de competencias. En segundo lugar, la multiplicación
de Administraciones incrementa la complejidad burocrática y provoca en algunos casos la confusión y desorientación de los ciudadanos, a lo que hay que añadir un desmesurado coste económico.
Y es que las diputaciones realizan muchas funciones duplicadas con las Comunidades Autónomas y municipios y gastan una gran parte de sus recursos -en torno al 10 %- en su propio mantenimiento, y no en conseguir el cumplimiento de su objetivo
esencial: garantizar la igualdad de los ciudadanos de la provincia en la recepción de los servicios municipales esenciales. Su desaparición implicaría un importante ahorro, pero además ayudaría, por una parte, a clarificar el reparto competencial
entre Comunidades Autónomas y municipios y, por otra, a una mejora de la democracia -sus cargos representativos son de elección indirecta- y por tanto de la capacidad de control que los ciudadanos tienen de los cargos electos.
Este proceso de modernización de la Administración local para superar estructuras decimonónicas le corresponde dirigirlo al Estado -de forma similar a como se ha hecho en otros países, como Alemania, de estructura federal- a quien la
Constitución le atribuye la competencia de dictar la normativa básica y que, por lo tanto, debe realizar las modificaciones legales oportunas, para lo cual está habilitado por la propia Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, que en su
artículo 13.3 establece que 'sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, el Estado, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrá establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de Municipios
con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales'.
En lo que respecta a la supresión de las diputaciones sería preciso una modificación constitucional, algo también muy conveniente para clarificar el marco competencial de unos municipios con suficiente tamaño para poder prestar los servicios
básicos esenciales. Esta reforma constitucional conllevaría una modificación de la legislación local para ajustarla a la supresión de las diputaciones y fijar el tamaño mínimo de un municipio en España y los plazos y formas en que debería
realizarse el proceso de fusión. En principio debería establecerse un plazo inicial voluntario en el que se incentivarían las fusiones, para pasar después a realizarse por el poder público competente. En cuanto a la forma, las Comunidades
Autónomas, de acuerdo con sus competencias fijadas en el artículo 148 de la Constitución y sus respectivos Estatutos de Autonomía, deberían participar en la ejecución de este proceso coadyuvando a su realización.
En los últimos tiempos el Gobierno parece coincidir en el diagnóstico de la situación que venimos realizando y, en su proyecto de reforma de la Administración Local, reconoce las dificultades de muchos municipios para garantizar los
servicios públicos que tienen encomendados. Así, aspira a definir con precisión la lista de competencias que deben ser desarrolladas por la administración local, con una serie de competencias obligatorias y unos servicios mínimos imprescindibles,
que han de estar garantizados con carácter previo a ofrecer otros añadidos de menor importancia, lo cual coincide con lo que venimos defendiendo desde este Grupo, pero aplicable a todas las Administraciones, tanto la local como la autonómica.
Pero al margen de lo acertado del diagnóstico, en nuestra opinión se equivoca totalmente el Gobierno con el tratamiento que pretende aplicar para acabar con el problema. Y es que discrepamos respecto a que la solución del déficit
prestacional por parte de los Ayuntamientos consista en una concentración de servicios en las diputaciones, como defiende el Gobierno en el Anteproyecto de reforma de la administración local. Y ello por múltiples razones, como que sus miembros no
están sujetos a elección directa, sino cooptados por los propios partidos políticos entre personas afines, carecen de los controles de los ayuntamientos y responden peor al principio de proximidad al ciudadano que los municipios.
Por eso, se presenta la siguiente Interpelación urgente al Gobierno sobre la fusión de municipios y la supresión de las diputaciones provinciales como mejor manera de garantizar unos servicios públicos esenciales igualitarios, sostenibles y
de calidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
172/000101
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones del Gobierno en relación con el avance del déficit público del ejercicio 2012,
cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2013.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, se presenta la siguiente Interpelación urgente sobre las actuaciones del Gobierno
en relación con el avance del déficit público del ejercicio 2012.
A comienzos de este mes, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha presentado un avance de los datos de ejecución presupuestaria del conjunto de las Administraciones Públicas del pasado año 2012 con un déficit de 70.822 millones
de euros, lo que representaría el 6,74 % del PIB en términos de Contabilidad Nacional.
En la presentación de este dato, el Ministro ha omitido, en primer lugar, la repercusión en el déficit del importe de la deuda pública asumida como consecuencia de las ayudas a entidades financieras, en el marco de un proceso de rescate y
reestructuración del sector financiero.
Igualmente, los datos referentes a los ingresos muestran un retraso en las devoluciones de impuestos en el último mes de 2012, con el consiguiente perjuicio para los contribuyentes y con la exclusiva finalidad de cuadrar artificialmente las
cifras de déficit público, aunque con ello se desprecien los derechos y legítimos intereses de los contribuyentes, precisamente en un año en el que el Gobierno aprobó una amnistía fiscal que ha beneficiado a los grandes defraudadores, y se socave
con ello la credibilidad de nuestro país ante la Unión Europea.
Por lo tanto, a pesar de la amnistía fiscal, con un escaso impacto recaudatorio, y de las subidas de impuestos generalizadas a todos los ciudadanos, no se ha conseguido mejorar el resultado de déficit público respecto del año anterior.
Por todo lo anterior, se formula la presente interpelación urgente sobre las actuaciones del Gobierno en relación con el avance del déficit público del ejercicio 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2013.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000067
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para una salida social a la crisis y
la generación de empleo, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se insertan las enmiendas formuladas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA; CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente sobre medidas del Gobierno para una salida
social a la crisis y la generación de empleo, para su debate en Pleno.
Las políticas de recortes y ajuste macroeconómico conducen a la recesión. El PIB se contrajo en 2012 un 1,4 %, se han perdido en el último año más de 822.000 empleos, la tasa de paro se ha situado en un escandaloso 26 % de la población
activa, lo que significa en valores absolutos seis millones de personas en paro, y el paro juvenil ronda el 52 %. Además, 1.833.000 hogares tienen a todos sus miembros en paro y los desempleados de larga duración, aquellos que llevan sin ocupación
más de un año, son ya 2.789.000 personas.
La política económica está actuando casi exclusivamente por el lado de la oferta considerando, además, que la única alternativa para reducir el déficit público es el recorte de gasto. Se recortan salarios, prestaciones sociales, servicios
públicos e inversión productiva, deprimiendo la demanda y afectando negativamente a la calidad de vida de la ciudadanía.
Se aplican reformas laborales anunciando que van a facilitar la contratación y disminuir la dualidad del mercado de trabajo y su supuesta rigidez, pero solo se consigue agudizar la destrucción de empleo. Porque, en realidad, es la
estructura de nuestro modelo productivo la causante de la especial repercusión de la crisis en España en términos de empleo, y facilitar y abaratar el despido o deprimir los salarios forma parte del problema y no de la solución.
Existen recursos para financiar otras políticas. La brecha en presión fiscal con la media de la UE es de 7 puntos porcentuales con relación al PIB y el fraude fiscal en nuestro país es desmesurado. También existen recursos en el ámbito
comunitario que pueden movilizarse para articular una política europea de creación de empleo y de estímulo de la economía real. Y hay que considerar, además, el Impacto positivo de los retornos sobre los recursos tributarios y sobre los ingresos de
la Seguridad Social de cualquier política activa de creación de empleo.
El propio FMI ha reconocido el efecto pernicioso de los recortes (por cada euro de recorte en gasto público, la economía se contrae en 1,5 euros) y el efecto positivo y multiplicador del gasto y la inversión pública.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Moción
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Defender en la Unión Europea un plan de inversiones para la recuperación de la economía y el empleo con financiación del Banco Europeo de Inversiones y del Banco Central Europeo, y la reestructuración de este último para que el pleno
empleo sea su objetivo prioritario y esté capacitado para financiar directamente a los países miembros de la zona euro.
2. Poner en marcha una auditoría de la deuda pública que estudie todas las suscripciones de títulos con objeto de poder identificar qué contratos pueden considerarse ''odiosos''.
3. Establecer medidas financieras para el apoyo a las pequeñas empresas y autónomos a través del ICO y de las entidades financieras nacionalizadas.
4. Incrementar la inversión en l+D+i hasta los niveles previos a la crisis, poner en marcha una política industrial activa en el marco de un nuevo modelo de desarrollo basado en la economía productiva, y no en la economía especulativa que
cimentó el presunto milagro español, y desarrollar planes de reindustrialización que permitan la consolidación de alternativas económicas industriales en zonas que han sido especialmente perjudicadas durante los últimos años por procesos de
desindustrialización y deslocalización.
5. Derogar la reforma laboral, elaborar un plan de formación-empleo para las personas desempleadas sin prestaciones, un plan de urgencia específico de empleo juvenil destinado a los jóvenes menores de 35 años e impulsar un programa de
escuelas de segunda oportunidad de acuerdo con el programa europeo del mismo contenido. Aplicar de forma inmediata medidas de flexibilidad interna negociadas en el ámbito de las administraciones públicas y de las empresas y organismos dependientes
o vinculados, para preservar el empleo público existente y recuperar el empleo destruido y que ha generado un profundo deterioro de los servicios públicos.
6. Abordar una ambiciosa reforma fiscal que potencie la suficiencia y progresividad del sistema tributario y mejore la distribución de la renta.
Entre las medidas que debe contener dicha reforma se destacan las siguientes:
- Un Plan ambicioso de lucha contra el fraude.
- La integración en la tarifa general del IRPF de los rendimientos del capital incluyendo a las plusvalías generadas en menos de dos años.
- Una revisión en profundidad del impuesto sobre sociedades y del régimen fiscal de las sociedades patrimoniales.
- La creación de un impuesto sobre bienes suntuarios y un impuesto sobre la riqueza.
- La implantación de un impuesto a las transacciones financieras.
- El desarrollo de una fiscalidad verde introduciendo criterios ambientales en el sistema tributario mediante la aplicación de los tributos que gravan la energía, la conversión de algunos tributos ya existentes en medioambientales o mediante
la creación de nuevas figuras tributarias.
7. Aprobar, en colaboración con las comunidades autónomas, un Plan Estatal de Emergencia contra la pobreza y la exclusión social que incluya un plan nacional contra la pobreza infantil y una renta básica de ciudadanía. Derogar el Real
Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, que cambia el modelo universal del Sistema Nacional de Salud por un modelo de seguro, recuperando el consenso sobre el sistema sanitario público. Consolidar el sistema de servicios sociales como el cuarto pilar
del sistema de protección social contando con una financiación suficiente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2013.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de sustitución a la
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para una salida social a la crisis y la generación de empleo.
Enmienda
Redacción que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Revisar en profundidad el carácter social que hasta el momento ha otorgado el Gobierno al ajuste del déficit público. Ello conlleva, en primer lugar, modificar la distribución de los objetivos de déficit entre administraciones, con el fin
de no hacer recaer el grueso del ajuste del déficit público sobre las comunidades autónomas, administraciones cuya mayor parte del gasto es de naturaleza social; educación, sanidad, asistencia social.
- Iniciar un proceso de diálogo político y social para alcanzar un acuerdo por el empleo y aprobar, con la mayor celeridad posible y tras dialogar con los interlocutores sociales y las Comunidades Autónomas, un Plan de Choque para la
creación de empleo con medidas temporales contundentes para la creación de empleo nuevo a corto plazo y medidas destinadas al mantenimiento del empleo existente, sin perjuicio de las competencias que asistan a las Comunidades Autónomas en materia de
políticas activas de empleo, ejecución de la Legislación Laboral del Estado y Ordenación y Promoción de su actividad económica.
- Impulsar el crecimiento y la creación de empleo mediante un plan específico de apoyo a la financiación de las PYMES y autónomos, el cual, entre otras medidas, contemplará el establecimiento de un coeficiente de crédito aplicable a las
entidades financieras nacionalizadas, con el fin de garantizar un aumento del crédito destinado al tejido productivo; asimismo, se estimularán los instrumentos de financiación y capitalización tales como el MAB, el capital riesgo o la inversión de
proximidad (BA).
- Llevar a cabo las medidas necesarias para impulsar los procesos de internacionalización de las empresas, así como la financiación de los mismos, para ello será necesario reducir los plazos efectivos de devolución del IVA por exportación e
incrementar los recursos destinados a los organismos de financiación de los procesos de internacionalización, con especial atención a las PYMES.
- Incorporar medidas fiscales específicas para las pequeñas y medianas empresas que incluyan desde tipos reducidos menores que los actuales, hasta medidas como el pago del IVA en el momento del cobro, para evitar el impacto negativo sobre su
operativa, mientras subsista la elevada morosidad actual. Recuperar la aplicación del IVA reducido a los sectores que recientemente se les ha incrementado (cultura, ocio y deporte, flores y plantas, entre otras). Y Recuperar los incentivos
fiscales a la inversión con el fin de estimular el crecimiento.
- Promover medidas de simplificación administrativa tanto para los procesos de creación de empresa, como para los de mantenimiento de la actividad, así como la limitación de responsabilidades del emprendedor individual.
- Impulsar la política industrial como factor de crecimiento. El objetivo es transformar el modelo productivo hacia una economía basada en el conocimiento, lo cual requiere asignar más recursos a la inversión en I+D+i, especialmente en el
ámbito de la innovación; reconocer la figura del crédito fiscal; promover la llamada ''compra pública innovadora'' e implantar planes de reindustrialización que permitan la consolidación de proyectos alternativos, en las zonas afectadas por
procesos de desindustrialización y deslocalización.
- Adoptar medidas dirigidas al sector de los Servicios a las Personas con el fin de dar cobertura a esta demanda de prestaciones, impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo y regularizar el empleo sumergido en dicho sector.
- Aprobar una Estrategia para el impulso del empleo en la denominada ''economía verde'' con incentivos fiscales, administrativos y sociales concretos, para favorecer la actividad económica sostenible. Y una reforma fiscal (fiscalidad
ecológica) para gravar en mayor medida los comportamientos poco sostenibles e impulsar el ahorro energético, el uso eficiente de los recursos y la I+D en este ámbito.
- Modificar la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, con el fin de potenciar la colaboración público-privada en actividades de interés general, en
particular en el ámbito social.
- Incrementar los esfuerzos dedicados a aumentar las oportunidades y los recursos de las personas en riesgo de pobreza y de exclusión social, especialmente infantil, teniendo en cuenta la distribución de competencias en materia de protección
y política social. Incrementar concretamente, la dotación presupuestaria del programa de servicios sociales, comúnmente conocido corno Plan Concertado, para financiar las prestaciones básicas de los servicios sociales de atención primaria. Y a
defender ante las Instituciones Europeas la aprobación del Fondo de Ayuda Europea para los más necesitados, con una dotación presupuestaria suficiente.
- Impulsar un conjunto de propuestas para que con los recursos del Estado se garantice la percepción de unos ingresos mínimos cuando no se pueda acceder a una prestación contributiva, y que a la vez, respetando las competencias de las
comunidades autónomas, se racionalice el conjunto de prestaciones, subsidios y programas que con el objetivo de incrementar las oportunidades de retorno al mercado de trabajo de los trabajadores desempleados con especiales necesidades económicas y
dificultad para encontrar empleo se llevan a cabo en forma de pago de una renta mensual.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para una salida social a la crisis y la generación de empleo.
Enmienda
De modificación.
Se modifican el apartado 2 y los puntos 2.º y 4.º del apartado 6, que pasan a tener la siguiente redacción:
'2. Evitar utilizar la deuda pública para socializar las deudas del sistema financiero.
6. (...)
- (2.º punto) La convergencia en la tarifa general del IRPF de los rendimientos del capital incluyendo a las plusvalías generadas en menos de dos años.
- (4.º punto) La creación de un impuesto sobre las grandes fortunas que grave la capacidad económica derivada de la riqueza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2013.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
173/000068
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), sobre la estrategia de política industrial que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno y de las enmiendas presentadas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una Moción consecuencia de la
interpelación urgente sobre la estrategia de política industrial que piensa llevar a cabo el Gobierno.
Moción
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Presentar en los próximos tres meses su estrategia de política industrial que, al margen de las medidas realizadas en política económica que repercutan favorablemente sobre el tejido productivo, contemple una hoja de ruta para la
reactivación de la actividad industrial donde se prevea, en coordinación con las CCAA, avanzar hacia los objetivos europeos del 20 % del peso industrial en el PIB para el 2020 y que, entre otros aspectos, deberá:
- Contemplar medidas para atraer nuevo tejido industrial.
- Establecer las bases que permitan acelerar procesos de relocalización industrial, especialmente en el sector textil.
- Identificar aquellos sectores de mayor valor añadido en innovación e internacionalización y que tengan un mayor efecto tractor en la actividad industrial, entre ellos automoción, químico, agroalimentario, metalúrgico, aeronáutico y
espacial.
- Hacer especial hincapié en la industria tecnológica tanto como sector propio, así como instrumento de competitividad industrial transversal.
- Incluir un plan específico de apoyo a la actividad industrial de las PYMES y autónomos, con especial atención a su financiación; en este sentido se estudiará establecer un coeficiente de crédito para que este fluya desde las entidades
financieras nacionalizadas al tejido productivo; asimismo, se estimularán los instrumentos de financiación y capitalización tales como el MAB, el capital riesgo o el de proximidad (BA).
- Impulsar la coordinación de mecanismos de financiación públicos y privados para la reactivación industrial.
- Estimular, en colaboración con las CCAA, procesos de acercamiento entre la industria manufacturera (producción), centros de I+D+I y centros de formación.
- Garantizar incrementos graduales en las dotaciones presupuestarias a los planes de reindustrialización y priorizar aquellos proyectos que permitan la reindustrialización de territorios especialmente afectados por deslocalizaciones o
pérdida de tejido productivo, estableciéndose criterios basados, entre otros, en la evolución del desempleo industrial en el territorio y teniendo en cuenta también factores de competitividad que hayan ido degradándose en el tiempo en las zonas
afectadas.
- Contemplar situaciones críticas temporales de empresas industriales estudiando, en su caso, medidas que permitan evitar su cierre en los casos en que se considere oportuno.
- En materia de I+D+i el Gobierno se compromete a incrementar gradualmente, en función de las disponibilidades financieras, las partidas presupuestarias destinadas a la I+D+i, así como estimular y apoyar aquellos instrumentos y agentes de
apoyo a la innovación industrial.
- En materia de internacionalización el Gobierno se compromete también a incrementar gradualmente, en función de las disponibilidades financieras, las dotaciones presupuestarias destinadas a tales fines a través del Fondo para la
Internacionalización de la Empresa y para Inversiones en el Exterior, así como el Programa de Promoción Comercial e Internacionalización de la empresa contenido en los Presupuestos Generales del Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la estrategia política industrial que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno.
Enmienda
De adición.
Añadir los siguientes puntos al texto de la Moción:
'- Adoptar una política industrial activa, que se base en la identificación de aquellos sectores con mayor potencial de crecimiento y creación de empleo durante las próximas décadas y se establezcan medidas de impulso y apoyo público dentro
del marco comunitario.
- Llevar a cabo una política de austeridad inteligente, no recortando en ayuda directa o de financiación a sectores productivos, y estableciendo una estrategia industrial y energética clara con objetivos a corto, medio y largo plazo, medidas
concretas para cumplirlos, y una memoria económica plurianual que recoja el esfuerzo público y privado necesario.
- Realizar las variaciones presupuestarias oportunas para mantener y, en su caso, aumentar las líneas de actuación como las referidas a los programas de l+D+i en el sector industrial, reindustrialización de zonas afectadas por la
deslocalización; apoyo a sectores tradicionales, entre las que están el textil, calzado, marroquinería, el mueble, el juguete, o la cerámica; apoyo a la competitividad e internacionalización; el vehículo eléctrico; planes de carbón; planes del
sector aeronáutico y naval; y la plena implantación de las TICs en nuestra industria y empresas.
- Contar con dotaciones presupuestarias suficientes para el programa de apoyo a la competitividad industrial en el sector de la automoción y dar continuidad y ampliar el Plan PIVE para reorientarlo hacia los vehículos más eficientes
energéticamente, cuya mayor entrada en el parque ayudará a modificar positivamente las tendencias actuales tanto medioambientales como de consumos energéticos.
- Establecer nuevos instrumentos para facilitar el crédito a la economía real y proporcionar fórmulas de financiación no bancaria, para las pequeñas y medianas empresas y, en particular, a las exportadoras.
- Mejorar las inversiones en capital humano y establecer con carácter urgente una dotación específica para incrementar la oferta educativa de plazas de Formación Profesional Reglada hasta cubrir las insuficiencias en la oferta respecto de la
demanda de las empresas de los sectores estratégicos registradas en los últimos años.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2013.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán
(CiU), sobre la estrategia política industrial que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno.
Enmienda
De modificación.
El texto que se propone quedará redactado como sigue:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Continuar con su estrategia de política industrial que, al margen de las medidas realizadas en política económica que repercutan favorablemente sobre el tejido productivo, contempla una hoja de ruta para la reactivación de la actividad
industrial. Asimismo, a través de la Conferencia Sectorial de Industria, aumentará la coordinación con las Comunidades Autónomas, para avanzar hacia los objetivos Europeos del 20 % del peso industrial en el PIB para el 2020 y que, entre otros
aspectos, contemplará:
- Incentivar la relocalización de actividades previamente deslocalizadas y atracción de inversiones extranjeras.
- Incentivar la inversión industrial en determinados sectores con importante efecto tractor y que incorporen tecnologías facilitadoras y de futuro.
- Dar continuidad a los programas destinados a la reindustrialización y al fortalecimiento de la competitividad industrial, estableciendo nuevos criterios de priorización de las solicitudes y ampliando su ámbito de aplicación.
- Intensificar las actuaciones destinadas a la promoción exterior de empresas industriales, especialmente las de alto contenido tecnológico.
- Potenciar los mecanismos de acceso a la financiación de PYME no bancarios.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
173/000068
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la estrategia de política industrial
que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno, ha acordado lo siguiente:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Impulsar la estrategia de política industrial que, al margen de las medidas realizadas en política económica que repercutan favorablemente sobre el tejido productivo y en coordinación con las Comunidades Autónomas, contemple una hoja de ruta
para la reactivación de la actividad industrial. Asimismo, a través de la Conferencia Sectorial de Industria, se aumentará la coordinación con las Comunidades Autónomas, para avanzar hacia los objetivos del 20 % del peso industrial en el PIB para
el 2020 y, entre otros aspectos, se contemplará:
- Incentivar la relocalización de actividades previamente deslocalizadas y atracción de inversiones extranjeras.
- Estimular, en colaboración con las Comunidades Autónomas, procesos de acercamiento entre la industria manufacturera (producción), centros de innovación y centros de formación como ejes de la competitividad industrial.
- Incentivar la inversión industrial en determinados sectores, con mayor potencial de crecimiento y creación de empleo, con importante efecto tractor y que incorporen tecnologías facilitadoras y de futuro.
- Dar continuidad a los programas destinados a la reindustrialización y al fortalecimiento de la competitividad industrial, estableciendo nuevos criterios de priorización de las solicitudes y ampliando su ámbito de aplicación; así también
se evaluarán incrementos en las dotaciones presupuestarias que fueran posibles en función de la situación y disponibilidad financiera.
- Intensificar las actuaciones destinadas a la promoción exterior de empresas industriales, especialmente las de alto contenido tecnológico.
- Estimular la implantación de las Tics en el tejido empresarial e industrial como herramienta de productividad y competitividad.
- Potenciar los mecanismos de acceso a la financiación proporcionando fórmulas de financiación no bancaria para la PYME, facilitando así el crédito.'
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
173/000069
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno acerca de la solución a los titulares de
participaciones preferentes y deuda subordinada que fueron engañados en la comercialización de estos títulos, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se insertan
las enmiendas formuladas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista se dirige a esa Mesa para, al amparo del artículo 184.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la posición del
Gobierno acerca de la solución a los titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada que fueron engañados en la comercialización de estos títulos.
Moción
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Suspender el procedimiento de arbitraje de participaciones preferentes anunciado en entidades de crédito nacionalizadas o en vías de serlo.
2. Encomendar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a supervisar la calificación de idoneidad de los pequeños inversores y ahorradores que han sido engañados en la comercialización masiva de participaciones preferentes y
deuda subordinada. La CNMV aplicará la normativa vigente, europea y nacional, de protección de los consumidores y usuarios de servicios financieros. Con el objetivo de ser eficaz en el control de idoneidad, se dotará de recursos y medios
suficientes a la CNMV.
3. Establecer una regulación de las operaciones de canje para los titulares que sean considerados ''no idóneos'' por la CNMV, con el objetivo de ofrecer el reintegro directo a través de depósitos con un plazo máximo de tres años o bien, en
su caso, acogerse al procedimiento de arbitraje.
4. Esta operación de canje se aplicará a los titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada calificados como ''no idóneos'' por la CNMV de todas aquellas entidades de crédito que hayan recibido ayudas públicas e incorporará a
aquellos titulares que convirtieron sus participaciones preferentes en acciones, en particular, en el proceso de integración de Bankia (Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia).
5. Las operaciones de canje para los titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada que sean considerados como ''no idóneos'' se financiará con Deuda Púbica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2013.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno acerca de la solución a los titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada que fueron engañados en la comercialización de estos títulos.
Enmienda
De sustitución.
Se sustituye el texto de la Moción por el siguiente:
'1. Suspender el procedimiento de arbitraje de participaciones preferentes anunciado en entidades de crédito nacionalizadas o en vías de serlo.
2. Impulsar un mecanismo que garantice que en el primer semestre de 2013 se procederá a la devolución íntegra de los ahorros a las personas estafadas mediante la comercialización de participaciones preferentes o subordinadas.
3. Dejar en suspenso las facultades del FROB establecidas en el Real Decreto-ley 24/2012 que puedan suponer la asunción de pérdidas de parte de los ahorradores que sean titulares de participaciones preferentes o subordinadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2013.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Izquierda Plural presenta las siguientes enmiendas a la Moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno acerca de la solución a los
titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada que fueron engañados en la comercialización de estos títulos.
Enmienda
De modificación.
Se modifica el punto quinto de la Moción, que queda redactado como sigue:
'5. Las operaciones de canje para los titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada que sean considerados como ''no idóneos'' serán cubiertos con el capital y patrimonio de los que eran Presidentes ejecutivos, Consejeros
Delegados y directivos de las entidades de cada entidad en el momento de la comercialización del producto. En caso de que con sus patrimonios no se pueda cubrir todo el capital inicial de estos productos, se realizarán las reformas legales
necesarias para que sea el Fondo de Garantía de Depósitos quien se haga cargo.'
Motivación.
Hay unos 700.000 ahorradores afectados por la estafa de las participaciones preferentes. El valor total de las emisiones de este producto complejo y de riesgo ronda los 30.000 millones de euros, a pesar de que muchos ahorradores ya han
asumido las pérdidas (en algunos casos de hasta el 90 %) para conseguir el canje.
Es inadmisible que se socialice mediante deuda pública la solución a una estafa que tiene unos responsables claramente identificados: aquellos que comercializaron irresponsablemente y de manera masiva entre ahorradores que ni conocían el
producto ni estaban dispuestos a asumir ningún riesgo. Son los responsables de esta estafa masiva los que tienen que asumir sus responsabilidades civiles y patrimoniales, así como su obligación de reparación.
En caso de que la cuantía no pueda ser cubierta íntegramente, proponemos que sea el Fondo de Garantía de Depósitos quien lo cubra, dado que es un fondo basado en las aportaciones del sector financiero, responsable de consentir, cuando no
incentivar, las malas praxis que han llevado a esta situación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2013.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, doña Rosa Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas a la
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre la posición del Gobierno acerca de la solución a los titulares de las preferentes y deuda subordinada que fueron engañados en la comercialización de estos títulos.
Enmienda
Al punto 3.
De modificación.
Texto que se propone:
'3. Establecer una regulación de las operaciones de canje para los titulares que sean considerados ''no idóneos'' por la CNMV, con el objetivo de ofrecer el reintegro total de las cantidades invertidas mediante activos que gocen de la
suficiente liquidez.'
Texto que se sustituye:
'3. Establecer una regulación de las operaciones de canje para los titulares que sean considerados ''no idóneos'' por la CNMV, con el objetivo de ofrecer el reintegro directo a través de depósitos con un plazo máximo de tres años o bien, en
su caso, acogerse al procedimiento de arbitraje.'
Justificación.
Mejora técnica.
Enmienda
Punto nuevo.
De adición.
Texto que se propone:
'6. Utilizar todos los instrumentos a su disposición para exigir responsabilidades a los culpables de la comercialización fraudulenta y la supervisión deficiente ligadas a las emisiones de participaciones preferentes y deuda subordinada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de sustitución a la
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno acerca de la solución a los titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada que fueron engañados en la comercialización de
estos títulos.
Enmienda
Redacción que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dar amplia cobertura a las medidas de arbitraje e intermediación, tanto por parte de la CNMV como por organismos dependientes de las comunidades autónomas, entre las entidades financieras y los afectados por el canje de participaciones
preferentes en acciones de entidades financieras cuando las mismas hayan supuesto una reducción de sus ahorros.
2. Hacer un seguimiento del número de ahorradores minoristas afectados por este proceso y los resultados de las medidas que se apliquen.
3. Ampliar los procedimientos de arbitraje pensados para participaciones preferentes e instrumentos híbridos de capital, de manera que también aquellos pequeños ahorradores que hayan estado afectados por la tenencia de estos productos
financieros y, en los últimos meses, hubieran convertido el valor los mismos en acciones de una entidad financiera que posteriormente ha experimentado una importante caída en su cotización, por ejemplo Bankia, puedan recuperar los capitales
iniciales.
4. Eximir a las personas afectadas por la tenencia de participaciones preferentes e instrumentos híbridos de capital, del pago de tasas judiciales y de costas a las entidades financieras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).