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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 244, de 22/03/2013
cve: BOCG-10-D-244
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
22 de marzo de 2013
Núm. 244
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000027 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Interior, de Estudio sobre las Redes Sociales. Acuerdo de la Comisión sometiendo su aprobación al Pleno ... (Página3)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000581 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, por la que se insta al Gobierno a la creación de un Fondo de Financiación de los Pagos destinados a saldar las deudas contraídas por las
Administraciones Públicas con las entidades sin ánimo de lucro ... (Página4)
162/000582 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la promoción y el impulso del Programa ADOP de apoyo a los deportistas con discapacidad para su preparación de cara a los Juegos
Olímpicos ... (Página5)
162/000583 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, por la que se insta al Gobierno a impulsar una mejora en la fiscalidad de aquellos sujetos pasivos que tributan por el método de
estimación objetiva del IRPF y el régimen especial simplificado del IVA para el autoempleo de las personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33% ... (Página7)
162/000584 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a impulsar las actuaciones necesarias con el fin de esclarecer los crímenes cometidos por ETA sobre los que no ha
recaído sentencia judicial ... (Página8)
162/000585 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la modificación de la normativa necesaria a los efectos de garantizar el pago de las deudas a las comunidades de propietarios
procedentes de viviendas afectadas por ejecuciones hipotecarias ... (Página9)
162/000586 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre fraude fiscal y corrupción ... (Página10)
Secretaría General
292/000018 Convocatoria de 17 de diciembre de 2012 de concurso para la provisión de varias plazas dentro del Centro de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Secretaría General del Congreso de los Diputados. Resolución
del concurso ... (Página14)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000027
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.
Autor: Comisión de Interior.
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado someter a la aprobación del Pleno la solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Interior, de Estudio sobre las Redes Sociales.
Acuerdo:
Someter al Pleno de la Cámara y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, advirtiendo que no cabe predeterminar en este momento el conocimiento por el Pleno del informe final que se elabore.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
La Comisión de Interior, en su sesión del día 27 de febrero de 2013, tras debatir la solicitud de creación de una Subcomisión de Estudio sobre las Redes Sociales del Grupo parlamentario Popular, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto
en el apartado tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, someter a la aprobación del Pleno la propuesta presentada por dicho Grupo Parlamentario, con las siguientes características:
A) Composición.
La Subcomisión estará compuesta por 4 representantes de los grupos parlamentarios con más de 100 Diputados, 2 representantes de cada uno de los grupos parlamentarios con más de 6 diputados y 1 representante de los restantes grupos
parlamentarios.
Aquellos grupos con un representante podrán designar un suplente.
B) Adopción de acuerdos.
Los acuerdos se adoptarán por voto ponderado.
C) Objeto de la Subcomisión.
1. Analizar la situación actual en España respecto a las Redes Sociales.
2. Analizar la situación en países de nuestro entorno.
3. Estudiar el papel que las administraciones públicas tienen en el mundo de las redes sociales e intensificar la cooperación e intercambio de información con los administradores de las redes sociales, mediante la activación de canales de
comunicación ágiles.
4. Determinar qué modificaciones legislativas se deben llevar a cabo para mejorar la protección integral de nuestros menores y la educación en su utilización.
5. Determinar qué otras medidas además de las legislativas son necesarias para que nuestra sociedad de un tratamiento acorde con las necesidades actuales, mejorando la formación y concienciación de los usuarios.
6. Determinar las medidas necesarias para la protección de los derechos de propiedad intelectual en el entorno de las redes sociales y para la promoción de conductas respetuosas con estos derechos por parte de los usuarios de las citadas
redes.
D) Plazo.
La Subcomisión habrá de culminar sus trabajos dentro de los dos próximos períodos de sesiones.
El informe, una vez aprobado por la Comisión de Interior, junto con las conclusiones finales de los trabajos de la Subcomisión se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2013.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por este, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000581
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para instar al Gobierno a la creación de un Fondo de Financiación de los Pagos destinados a saldar las deudas contraídas por las Administraciones Públicas con las entidades sin ánimo de lucro, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En el contexto de crisis económica en la que nos encontramos, uno de los sectores más castigados por los impagos de las Administraciones es el de la Discapacidad. Como sabemos, muchos de los servicios de atención a estos colectivos se
prestan a través de subvenciones y ayudas a numerosas asociaciones, prestando un servicio vital a numerosos colectivos que sin ayuda se encontrarían en situaciones de riesgo de exclusión social.
El Gobierno ha aprobado a lo largo del presente año dos Reales Decretos-leyes que regulan los mecanismos de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales y de las Comunidades Autónomas. Se trata del Real Decreto-ley
4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales y el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de
marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores.
Las limitaciones del mecanismo Financiación de los Pagos a Proveedores de cara a saldar las deudas contraídas por las Administraciones Públicas con las entidades sin ánimo de lucro, son patentes, ya que:
1. Solo afecta a deudas contraídas por obras, suministros o servicios, al amparo de la Ley de Contratos del Sector Público. Únicamente en el caso de las Corporaciones Locales, y no en el caso de las Comunidades Autónomas, se incluyen los
contratos de gestión de servicios públicos en su modalidad de concesión.
2. Se excluyen del mecanismo determinadas categorías de convenios y contratos que son precisamente las que más se ven obligadas a utilizar las entidades no lucrativas:
- Convenios entre la administración y entidades privadas, cuyo objeto esté excluido de la Ley de Contratos del Sector Público.
- Subvenciones al amparo de la Ley de Subvenciones.
- Contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado.
- Contrato de gestión de servicios públicos en su modalidad de concesión cuando el deudor es una Comunidad Autónoma.
3. Se excluyen totalmente las deudas contraídas por la Administración General del Estado.
Se propone la creación de un Fondo adicional al anteriormente referido, que cubra las deudas no cubiertas por el mismo, que se hayan contraído por las Administraciones Públicas (Entidades Locales y Comunidades Autónomas) con entidades sin
ánimo de lucro.
Las Administraciones autonómicas y las corporaciones locales deben, solo si computamos las organizaciones de iniciativa social de la discapacidad aglutinadas en torno al CERMI, más de 230 millones de euros, sobre todo en concepto de ayudas y
subvenciones reconocidas y no abonadas, y en menor medida, deudas de carácter comercial por la prestación de bienes, productos y servicios. En comparación con el año 2011, en el que el CERMI hizo este mismo cálculo, la deuda se ha incrementado en
75 millones de euros, lo que evidencia que este grave problema de los impagos y los retrasos no solo no se resuelve, sino que se intensifica con el paso de los meses.
De este volumen total de deuda, una parte muy importante -casi 85 millones de euros- corresponde a ayudas y subvenciones públicas a Centros Especiales de Empleo, cuya titularidad es de entidades no lucrativas del sector social de la
discapacidad.
Esta insostenible situación está poniendo en peligro la estabilidad y la continuidad de cientos de dispositivos, recursos y servicios de atención y promoción dirigidos a personas con discapacidad y sus familias, deteriorando el bienestar de
cientos de miles de personas que parten de un grado de vulnerabilidad social considerable.
Resulta alarmante el hecho de que infinidad de dispositivos y recursos que venían funcionando para favorecer la inclusión social de las personas con discapacidad, muchos de los cuales parecían consolidados, están desapareciendo por los
efectos de las políticas de reducción del gasto de las comunidades autónomas y ayuntamientos, con el incremento devastador de la exclusión y la vulnerabilidad que eso supone para un grupo social como el de la discapacidad muy precario en términos de
derechos.
La misma estabilidad y continuidad de las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, se encuentra en peligro, con problemas estructurales de financiación y de mantenimiento del empleo generado en los últimos años.
En atención a todo lo anterior, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo de seis meses cree un Fondo de Financiación de los Pagos destinados a saldar las deudas contraídas por las Administraciones Públicas con las entidades sin ánimo de lucro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000582
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la promoción y el impulso del Programa ADOP de apoyo a los deportistas con discapacidad para su preparación de cara a los Juegos Olímpicos, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La 'Asociación Deportes Olímpicos' (ADO) es una institución española sin ánimo de lucro cuyo fin es el apoyo, desarrollo y promoción de los deportistas nacionales de alto rendimiento a nivel olímpico. Fue fundada en 1988, tras los Juegos
Olímpicos de Seúl, por tres socios: el Comité Olímpico Español (COE), el Consejo Superior de Deportes (CSD) y RTVE con el objetivo de brindar a los deportistas españoles de élite los medios y recursos necesarios para lograr un buen resultado en
cara a los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Su trabajo se centra en la puesta en marcha del denominado 'Programa ADO'. Está financiada a través del patrocinio de importantes empresas y firmas españolas comprometidas con el deporte nacional.
Hasta los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, la asociación había obtenido unos 250 millones de euros por parte de sus patrocinadores.
Entre los fines de la Asociación está promover y desarrollar la práctica de la alta competición de los deportes incluidos en el programa olímpico vigente; obtener recursos económicos a través de patrocinadores, para disponer de las
subvenciones y ayudas necesarias para el adecuado desarrollo de dichos deportes; participar en la selección, preparación y control de los deportistas que, con vocación de participar en los Juegos Olímpicos de la correspondiente olimpiada, vayan a
recibir las subvenciones y ayudas y divulgar entre el público dichas actividades deportivas con el objetivo de su mayor conocimiento y popularidad entre otros.
ADO administra y distribuye las aportaciones económicas recibidas de los patrocinadores entre las diferentes federaciones deportivas nacionales. Estas son las encargadas de entregar a los deportistas y a sus entrenadores las ayudas,
basándose en los resultados obtenidos por los primeros en las últimas competiciones deportivas internacionales. Los deportistas elegidos reciben una beca anual, la beca del Programa ADO, cuya cuantía depende de sus resultados anteriores; los
componentes de un equipo, reciben una ayuda proporcionalmente más baja. Este programa está regido por los ciclos olímpicos (el período de cuatro años que hay entre dos Juegos Olímpicos, de verano o de invierno), es decir, es un programa
cuatrianual.
El éxito de este programa desde su implantación en 1988 ha sido enorme: las medallas obtenidas por deportistas españoles hasta Seúl 1988 (16 juegos de verano y 12 de invierno) sumaban en total 27, de las cuales solo 6 eran de oro. A partir
de esa fecha, los logros nacionales en los JJ.00. se han triplicado en cuanto al número de medallas -88 en total con 29 de oro- en tan solo 10 ediciones (hasta Pekín 2008 son 5 de verano y 5 de invierno); además de numerosas medallas en
campeonatos mundiales y europeos.
Desde 2004 existe paralelamente el 'Programa ADOP' que da apoyo a los deportistas con discapacidad que estén en disposición de participar en los Juegos Olímpicos precedentes. Para los Juegos Olímpicos de 2012 establecía entre algunos de sus
principios y valores ofrecer a los deportistas paralímpicos la posibilidad de poder optar por un estilo de vida orientado al alto rendimiento deportivo y apoyar a las federaciones en el desarrollo de programas de identificación y desarrollo de
Talentos Deportivos. Todo con el objetivo de apoyar a todos los implicados en el alto rendimiento paralímpico, maximizando el impacto de la inversión económica realizada por los patrocinadores del Plan ADOP en el desarrollo de un modelo de
excelencia deportiva a través de planes estratégicos y desarrollo de objetivos cuantificables y medibles, basados en los resultados en competición internacional.
Entre las claves para reforzar el deporte paralímpico en España se encuentran medidas como una equiparación de las becas anuales del Plan ADO con el Plan ADOP ya que por ejemplo un oro paralímpico no equivale siquiera a las retribuciones que
se obtienen por un sexto puesto olímpico. Otro ejemplo de la desigualdad entre ambos planes es que las cuarenta y dos medallas obtenidas por los deportistas paralímpicos hacen un 24,71% del dinero total recibido por los deportistas olímpicos por
las medallas que ellos consiguieron, un total de diecisiete medallas. Hace falta que un deportista paralímpico gane seis medallas y una de ellas de oro para igualar las compensaciones que obtiene un deportista olímpico por la obtención de una sola
medalla de bronce.
Los Juegos Olímpicos celebrados en Londres el pasado verano han dejado patente la equiparación, al menos en resultados, del deporte olímpico con el deporte paralímpico. Las portadas de diferentes medios de comunicación o los programas
informativos abrían su información con noticias relacionadas con el éxito de algunos de nuestros deportistas paralímpicos. Sin el Plan ADOP muchos de estos deportistas jamás habrían logrado alcanzar estos éxitos. Sin embargo, si el Plan ADOP no se
refuerza en los próximos años es posible que en la próxima cita olímpica nuestros resultados sean menores ya que existen todavía deficiencias que deben subsanarse sobre todo en lo relacionado a la equiparación de los
deportistas paralímpicos con los deportistas olímpicos. La equiparación progresiva de la condición de olímpico y paralímpico es importante en todos los sentidos, así como la protección del deportista con gran discapacidad.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las modificaciones necesarias destinadas a establecer una reserva de un porcentaje de los fondos del ADO para incrementar la dotación del ADOP.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000583
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para instar al Gobierno a impulsar una mejora en la fiscalidad de aquellos sujetos pasivos que tributan por el método de estimación objetiva del IRPF y el régimen especial simplificado del IVA para el autoempleo de las personas
con discapacidad reconocida igual o superior al 33% para su debate en Pleno,
Exposición de motivos
Para el CERMI, pese a la situación de 'grave' crisis y con el fin de incrementar las tasas de autoempleo entre el colectivo de las personas con discapacidad, en línea con lo previsto en la Estrategia Global para el Empleo de las Personas con
Discapacidad, aprobada por el Consejo de Ministros allá por 2008, las medidas que plantea 'contribuirán a mejorar la integración socio-laboral de las personas con discapacidad, con el objetivo de que consigan una autonomía plena'.
Así, el Comité plantea en sus reivindicaciones que la reducción del 5% del rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva, previsto para 2013, se incremente al 8% en el caso en que los contribuyentes sean personas con
discapacidad en un grado igual o superior al 33%. Esta pretensión es más que legítima, toda vez que ese porcentaje que se reduce obedece a los gastos de difícil justificación que, en el caso de las Personas con Discapacidad es, sin lugar a duda,
muy superior al resto de los contribuyentes autoempleados.
Esta propuesta se dirige a incrementar la tasa de empleo para personas con discapacidad, y está en sintonía con las reducciones incrementadas para los supuestos de personas con discapacidad ya previstas en la Ley del Impuesto sobre la Renta
de Personas Físicas, en el caso de obtención de rendimiento del trabajo, o en el caso de obtención de rendimientos provenientes del ejercicio de actividades económicas. Se trata de reducir las distancias de competitividad entre aquellas personas
con discapacidad titulares únicos de la actividad económica frente al resto de empresarios o profesionales autónomos.
No podemos olvidar que el empleo de las personas con discapacidad, es el pilar básico para su completa integración en la sociedad, reduciendo considerablemente los costes asistenciales y sociales. En términos de economía efectiva, esta
medida supone un ahorro presupuestario manifiesto, en lugar de una merma en la recaudación, aparte de un mandato constitucional.
Por otro lado, la autopromoción de empleo contribuye a la conciliación de la vida laboral y familiar, fomentando la productividad laboral del resto de los integrantes del entorno y el desarrollo y convivencia de la persona con discapacidad
con el resto de la sociedad.
En época de crisis como la actual, debe ser objetivo prioritario la creación de empleo real, mediante el fomento de la contratación y del alta en la Seguridad Social de las personas que realizan trabajos. Una formula que se ha demostrado
muy útil es el fomento del autoempleo.
Es por todo lo anterior que presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el plazo de seis meses, presente a las Cortes un Proyecto de Ley de medidas fiscales con el fin de incentivar el autoempleo de las personas con discapacidad, incluyendo
específicamente un incremento en la reducción del 5% del rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva para el caso en que el titular de la actividad sea además una persona física con discapacidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000584
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a
impulsar las actuaciones necesarias con el fin de esclarecer los crímenes cometidos por ETA sobre los que no ha recaído sentencia judicial, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En diciembre de 2011, la Fiscalía de la Audiencia Nacional entregó al Observatorio contra la Impunidad un informe sobre los asesinatos de ETA sin resolución judicial de autor material. Este Observatorio Internacional fue creado en el seno
de la Fundación de Víctimas del Terrorismo a instancia de una veintena de asociaciones y colectivos de víctimas.
El informe oficial concluye que todavía son 326 los asesinatos de ETA que han quedado impunes, porque sus autores materiales no han sido juzgados. Esto supone que cuatro de cada diez asesinatos están sin resolver.
Además, hay que recordar que el informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional tan solo abarca a partir de 1978, obviando los 75 atentados mortales cometidos hasta entonces por ETA, anteriores a la Ley 46/1977, de amnistía.
Se trata de asesinatos sin sentencia, bien porque no se conocen los autores materiales, bien porque pese haberse identificado algún autor implicado en los hechos, no se ha obtenido finalmente una condena.
Por este motivo es fundamental que los poderes del Estado perseveren en el esfuerzo, a través de cuantas acciones y medidas sean necesarias, con el fin de esclarecer e identificar a los autores materiales de cada uno de los crímenes, porque
el final del terrorismo nunca podrá estar sustentado en la impunidad de los asesinos o en la injusticia para sus víctimas.
En esta línea, el Fiscal General del Estado ha manifestado que todos estos hechos criminales serán objeto de atención especial y para ello se impulsarán las actuaciones necesarias, de modo que tales crímenes tengan la respuesta judicial
correspondiente.
La propia Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, recoge en su exposición de motivos que 'los poderes públicos garantizarán en el ámbito de sus competencias que no se produzcan
situaciones injustas o de desamparo hacia las víctimas. Concretamente, trabajarán para impedir la impunidad de los crímenes terroristas en cualquiera de sus manifestaciones'.
Y el artículo 90 del Código Penal contempla también la necesaria colaboración activa de las personas condenadas por delitos de terrorismo con las autoridades 'para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos
terroristas'.
La realidad es que a día de hoy conocemos el nombre de todas las víctimas del terrorismo; pero, desgraciadamente, no conocemos el nombre de todos los verdugos; y para escribir la historia tal y como ha sido, desde la verdad, desde la
memoria y desde la justicia, es necesario poner nombre a los asesinos, saber quiénes fueron y atribuirles su responsabilidad criminal.
En definitiva, hablamos de cientos de víctimas que a día de hoy no han recibido esa reparación esencial que es la justicia. Para todas ellas el desamparo es incalculable; sin olvidar, por supuesto, que la impunidad supone una doble
victimización.
Por este motivo es necesario el compromiso firme de los representantes políticos, de las Instituciones y del Gobierno de España con la justicia debida a las víctimas del terrorismo.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados defiende la necesidad de esclarecer todos y cada uno de los crímenes cometidos por ETA que, a día de hoy, siguen sin estar resueltos, de modo que las víctimas puedan recibir justicia.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que continúe desarrollando cuantas actuaciones sean necesarias para promover y lograr la resolución de los crímenes cometidos por ETA y la identificación de sus autores, con el
fin de que no exista ningún tipo de impunidad.
3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que, en el desarrollo y la aplicación de la política penitenciaria a los presos condenados por terrorismo, tenga presente la exigencia de que los presos colaboren con las
autoridades y la justicia para esclarecer los delitos no resueltos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000585
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante el
Pleno, la siguiente Proposición no de Ley relativa a la modificación de la normativa necesaria a los efectos de garantizar el pago de las deudas a las comunidades de propietarios procedentes de viviendas afectadas por ejecuciones hipotecarias.
Antecedentes
Como consecuencia de las crisis financiera e inmobiliaria un elevado número de promotoras, constructoras y familias, no han podido hacer frente al pago de su deuda hipotecaria, por lo que, tras un proceso de ejecución hipotecaria, los
inmuebles afectados han pasado a ser propiedad de entidades financieras o de quien los haya adquirido en subasta. Este proceso, en el caso de viviendas y locales sometidos a la legislación sobre propiedad horizontal, está teniendo una preocupante
repercusión indirecta sobre las comunidades de propietarios a causa del elevado impago de cuotas comunitarias que arrastran estos procesos.
Según el Consejo General de Administradores de Fincas a 31 de diciembre de 2012 la morosidad total de las entidades financieras ascendía a 1.606 millones de euros, siendo Andalucía, 294 millones de euros, Catalunya, 256 millones de euros y
Madrid, 222 millones de euros las CC.AA. más afectadas. Asimismo se recuerda que la deuda de las entidades de crédito con las Comunidades de Propietarios representa el 16% del total de la deuda. El 37% corresponde a las Promotoras y el 47% a
particulares.
Asimismo los Colegios de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida indican que el 82% de las reclamaciones que se realizan en las Comunidades de Propietarios están relacionadas con problemas de morosidad. La litigiosidad en materia de
propiedad horizontal va cada vez en aumento y se informa que hemos pasado, a nivel estatal, de los 394.000 juicios monitorios del año 2007 a los 850.000 del año 2010.
El problema deriva de que las entidades que han adquirido la propiedad tras un procedimiento de ejecución hipotecaria no se responsabilizan de la deuda con la comunidad, que habitualmente había sido generada por el anterior propietario, y en
muchas ocasiones tampoco cubren los gastos generados tras la adquisición del inmueble. En estas circunstancias, las nuevas entidades propietarias únicamente acuden al pago de la deuda cuando se inicia un proceso judicial de requerimiento de pago,
el cual, dado el elevado coste -en tiempo y en recursos- que ello supone para las comunidades de propietarios, solo se lleva a cabo en un número reducido de ocasiones.
El problema que genera el impago de estas cuotas a las comunidades amenaza el buen estado del inmueble, supone importantes perjuicios económicos para los demás vecinos de la comunidad, puede generar un efecto contagio sobre otros
propietarios que también dejan de pagar y afecta a la convivencia, dado que el impago genera problemas de limpieza, seguridad y convivencia vecinal comportando en muchos casos una degradación paulatina de inmuebles e incluso barrios. Además esta
situación puede llegar a bloquear la actividad 'administrativa' de la comunidad de propietarios, dificultando así la consecución de acuerdos para realizaciones de obras o aprobaciones de presupuestos.
Las comunidades de vecinos son acreedoras de esa deuda y la ley establece prerrogativas a su favor para privilegiar su derecho de cobro pero se necesitan medidas previas a estas prerrogativas que obliguen a responsabilizarse de los
mencionados gastos a quien se adjudique la vivienda o local desde el primer momento, es decir desde que se ejecuta la hipoteca.
La presente proposición pretende impulsar las modificaciones normativas pertinentes para garantizar el pago de las deudas existentes con la comunidad de propietarios en el momento de la ejecución hipotecaria y en su posterior inscripción
registral, en el caso de entidades registrales que se rijan por la normativa de la propiedad horizontal, así como a mantener el pago de las correspondientes cuotas al día, sin generar morosidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en el plazo de tres meses, las modificaciones normativas necesarias en la Ley Hipotecaria para garantizar el pago de las deudas existentes con las comunidades de propietarios, en
los casos de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas y locales sometidas a la normativa de la propiedad horizontal y, en concreto:
1. Realizar las modificaciones pertinentes en la Ley Hipotecaria, texto refundido según decreto de 8 de febrero de 1946 y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (relativo al proceso de subasta) para que se no se pueda
llevar a cabo la inscripción de la carta de pago o la inscripción registral del auto de adjudicación de la finca hasta que no se hubieran cancelado los gastos de comunidad en los supuestos en que la vivienda o local se encontrase en un régimen de
propiedad horizontal.
2. Reforzar las medidas contempladas en la Ley 49/1960, de propiedad horizontal para garantizar el pago de las obligaciones económicas que afectan a todos los propietarios de entidades registrales sometidos al régimen de propiedad
horizontal y especialmente de aquellas entidades que hayan adquirido la propiedad a través de un proceso de ejecución hipotecaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
162/000586
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Sabino Cuadra Lasarte, Diputado de AMAIUR, integrado en el Grupo Mixto, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre fraude fiscal y corrupción, para
su debate en Pleno.
Como en tantos otros temas -tasa de paro, gasto social, desigualdad social...- en materia de fraude fiscal el Estado español está también a la cabeza de Europa. En noviembre de 2012 el presidente de la Asociación de Técnicos de Hacienda
(Gestha) afirmaba que 'en la zona del euro somos el país, después de Grecia y junto a Italia, que más nivel de fraude tenemos'. Según los datos actuales, la cifra de economía sumergida y fraude en España está en el 23,3% del PIB, casi 250.000
millones de euros que escapan al control de Hacienda. Esto supone que cada año se dejan de ingresar 88.000 millones por cuotas a la Seguridad Social e Impuestos'. Según la red inglesa 'Tax Justice Network', el Estado español ocuparía el décimo
lugar del mundo con mayor nivel de fraude, señalándose además que, tras la fuga masiva de
capitales habida en 2012, es más que probable que haya ascendido algún puesto más en ese tan poco honrado ranking.
Reducir el nivel de fraude a los parámetros europeos (13%), supondría que el Estado español ingresaría una cantidad anual adicional de 38.000 millones de euros que hoy se dejan de ingresar. La cifra es bastante superior a todo lo que
dedican estos mismos Presupuestos al pago del total de las prestaciones por desempleo y fomento del mismo para casi 6 millones de personas paradas (30.765 millones). Es evidente así que una actuación decidida contra el fraude fiscal evitaría que
los servicios sociales (Educación, Sanidad,...) tuvieran que padecer recorte alguno, a la par que serviría para que la prestaciones sociales (desempleo, pensiones, asistenciales,...) fueran, como mínimo, dignas y suficientes.
Pero es que, además, según los datos aportados por la propia Gestha, el 72% de todo lo defraudado es achacable a las grandes empresas (las que facturan más de 150 millones de euros al año) y patrimonios. Así pues, frente a la imagen falsa e
intencionadamente difundida de que es el 'fraude del fontanero' la principal causa de este gran problema, lo cierto es que son los que más poseen los responsables principales del fraude y sus primeros beneficiarios. Sin embargo, y contra toda
lógica, según señalan estas mismas fuentes, los esfuerzos de Hacienda destinados a combatir el fraude guardan una proporción inversa a la señalada: el 80% del trabajo de los inspectores se centra en perseguir a los pequeños defraudadores:
trabajadores en general, autónomos, pequeñas empresas,..
La explicación a dar a tan altos niveles de fraude no tiene que ver con las supuestas características socio culturales de nuestra sociedad (se suele achacar al carácter 'latino' muchas de estas aficiones defraudatorias), sino con razones
estructurales relacionadas con la específica conformación de las élites de poder del Estado español (económicas, políticas, judiciales,...) y sus relaciones con las instituciones, así como con decisiones estrictamente políticas y administrativas
adoptadas en estos ámbitos: Congreso, Ministerios, Parlamentos autonómicos, poder judicial, Notarías, Registradurías, etc. Por ello, sin despreciar la necesidad de mejorar el nivel social de conciencia fiscal existente, es evidente que el reto
principal se sitúa a nivel político y debe dirigirse a combatir la impunidad con la que los sectores más privilegiados de la sociedad se mueven en este terreno.
Hablar de fraude fiscal es hablar a su vez de los paraísos fiscales. Territorios y estados (Andorra, Gibraltar, Bahamas, Bermudas, Caimán, Liechtenstein, Delaware -EE.UU.-...) que ofrecen a ciudadanos y empresas extranjeras sistemas
impositivos muy bajos y unos escasísimos controles financieros. El fraude fiscal y el lavado de dinero ilegal (narcotráfico, prostitución, venta de armas, financiación ilegal de partidos,...) requieren contar con campamentos base, retaguardias de
confianza y coberturas seguras para la realización de todo este tipo de actividades, y son estos territorios libres de impuestos y, sobre todo, de controles y transparencia, los que dan a sus negocios el mayor nivel de rentabilidad posible.
Al principio de la crisis, allá por el año 2008, los grandes mandatarios políticos -Obama, Sarkozy...- hablaron incluso de poner coto a esta red defraudatoria (también se habló de 'refundar' el capitalismo) pero es evidente que nada de esto
se ha hecho, sino más bien lo contrario. Los paraísos fiscales siguen campando a sus anchas. Según la ONG IntermonOxfam, estos concentran cerca de 24 billones -con 'b'- de euros, es decir, el equivalente a la tercera parte de la riqueza global
existente en el planeta. Otros cálculos elevan lo allí depositado hasta la mitad del PIB mundial.
Según esa ONG, de acuerdo a las memorias anuales publicadas por las propias empresas, ocho de cada diez multinacionales españolas del IBEX 35, tenían al menos una sociedad domiciliada en estos paraísos fiscales. En aquellas fechas, la
empresa del Ibex que contaba con más sociedades en esos territorios (nada menos que 33 en las islas Caimán, Bahamas, Nueva Jersey...) era el Banco Santander. Le seguía de lejos Repsol (13 filiales), Gas Natural (8), Inditex (7), BBVA (6),
Telefónica y Mapfre (5), etc.
A pesar de lo anterior, el interés del Gobierno del PP por atajar este coladero fiscal, fuente de todo tipo de corruptelas, es mínimo. El pasado noviembre de 2012, el Gobierno, haciendo uso de su mayoría absoluta, impidió en la Comisión de
Hacienda del Congreso, en contra de la opinión unánime del resto de los grupos, la creación de una Subcomisión para tratar la lucha contra el fraude tributario y los paraísos fiscales.
En cualquier caso hay que tener en cuenta que, tal como señaló en su día el fiscal anticorrupción, Luis Pastor, 'los paraísos fiscales están en el Paseo de la Castellana'. Desde ella, los grandes bancos españoles ofrecen a sus clientes de
rentas más altas y principales empresas cauces y medios para enviar su dinero a lugares que no saben de impuestos. Como ya se ha señalado, el fraude fiscal es algo intrínsecamente unido a la propia conformación del poder y las élites del Estado
español y aquel no podría
existir sin esos 'paraísos fiscales' madrileños y la colaboración de una importante red de oficinas especializadas, bufetes de abogados...
En cualquier caso, frente a este fraude 'ilegal' existe otro que es 'legal' a través de variadas formas de 'efusión fiscal'. Su exponente máximo son las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) cuya creación exige aportar un
capital mínimo de 2,4 millones de euros y cuyos beneficios solo tributan al 1%, ventaja a la que se une el ser prácticamente inaccesible al control de la Agencia Tributaria. En ellas depositan sus 'ahorros' las grandes fortunas bancarias y
empresariales en general, así como políticos, deportistas, artistas, órdenes religiosas... La reciente 'amnistía fiscal' aprobada por el Gobierno del PP es otra muestra clara del fraude 'legal' a través de la cual defraudadores de todo tipo (caso
'Bárcenas') han podido regularizar su situación pagando tan solo un 10%.
El guante y el puño de seda en el trato de la Administración a todas estas prácticas fraudulentas son evidentes. Así, en enero de 2013, la Asociación de Inspectores del Banco de España acaba de señalar que 'se ha actuado de un modo
excesivamente suave en relación con infracciones...', añadiéndose que 'la forma habitual de reacción -del Banco de España- ante los indicios de delito es mirar hacia otro lado'.
En el Informe de abril de 2011 del Grupo de Estados contra la corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, se suspendía al Estado español por no haber cumplido ninguna de sus recomendaciones (transparencia, información, dependencia bancaria,
endeudamiento,...) en relación a la financiación de los partidos políticos. Igualmente, en el último índice anual de 'Transparency International' sobre corrupción en el mundo, el estado español, que desde 2004 ha venido perdiendo posiciones en este
índice, se encuentra a la altura de Botswana y por debajo de Barbados y Bahama, así como del conjunto de países del norte y centro de Europa.
En el Estado español, tanto las encuestas oficiales del INE como las privadas muestran una opinión muy crítica respecto los partidos políticos y su relación con la corrupción. Desde hace años, estos y la clase polítical son el 'tercer
motivo de preocupación' de la ciudadanía, tan solo por detrás del paro y la situación económica. El 95% de los encuestados piensa además (El País -Metroscopia-, enero 2013) que 'los partidos tienden a tapar y proteger a aquellos de sus militantes
corruptos en vez de denunciarles y expulsarles'. Digamos por último que, tras el estallido del caso Bárcenas, la última encuesta del INE de marzo de 2013 ha situado a la corrupción, tras el paro, como el segundo problema percibido por la ciudadanía
La sociedad capitalista, asentada en el poder del capital y el dinero, unida a unas instituciones y clase política cada vez más distantes e independientes de la sociedad a la que, en teoría al menos, debían servir y representar (Estado
español, U.E.) es la base sobre la cual se asienta la corrupción. El secuestro, cooptación y dependencia de la clase política por el poder financiero, empresarial y mediático, es la base que propicia la aparición y extensión de aquella por toda la
sociedad y sus instituciones. Como vemos ahora durante la crisis, son poderes ajenos (BCE, CEDE, AEB...) los que marcan las hojas de ruta de los gobiernos e imponen sus decisiones por encima de los propios programas electorales de estos.
En el Estado español todo esto se ve agravado por el propio carácter del régimen nacido de la Transición. Durante la Dictadura no era fácil diferenciar en muchos casos dónde empezaba lo público y dónde lo privado; dónde la ley y dónde la
arbitrariedad; dónde el negocio y dónde el estraperlo... Luego, con la Constitución, siguió en pie la Monarquía que juró fidelidad a Franco y sus leyes, una parte de la Iglesia que todo lo bendijo y mantuvo muchas de sus prebendas y privilegios y
la Banca que apoyó y se lucró con aquel régimen... Todo atado y bien atado. Por debajo de la apariencia constitucional del nuevo régimen, continuaron vivas las redes personales, familiares, sociales y de poder que sustentaron la dictadura.
Se habla hoy en día de la llamada política de 'puertas giratorias' para expresar el trasiego continuo de quienes tras su paso por la Administración (Gobierno, Direcciones Generales,..) acceden después a altos cargos de empresas, bancos,
fundaciones dependientes de estos..., así como, a la inversa, el de aquellos directivos de empresas y multinacionales que aterrizan en los Consejos de Ministros o Ministerios. La confusión entre lo público y lo privado derivada de este 'ir y
venir', así como el régimen de 'mediopensionistas' en el que parecen instalarse algunos altos cargos públicos, abonan así la aparición posterior de corruptelas de todo tipo.
Los llamados 'papeles Bárcenas' están poniendo también de manifiesto esta estrecha relación entre mundo empresarial-corrupción-clase política. No es casualidad así (El País, 6 y 28 de febrero de 2013) que la mayor parte de los quince
empresarios anotados en la contabilidad de Bárcenas como donantes del PP fueran empresas constructoras. Entre ellas se encontraban Sacyr, FCC, OHL y Ploder que habían
conseguido importantes concesiones en la financiación, construcción y explotación de distintos hospitales en la Comunidad de Madrid, amén de la adjudicación (Sacyr) de grandes obras de infraestructura: radiales, enlaces, Metro,... La
relación entre esta trama y la 'Gurtel' es el último capítulo de este culebrón de corruptelas que nunca parece tener fin.
La conformación de un sistema de partidos muy profesionalizados, con una composición militante-afiliativa cada vez más débil, dependientes cada vez más de la financiación institucional y, en el caso de las grandes formaciones, de las grandes
aportaciones privadas (créditos bancarios, donaciones,...), favorece también, y mucho, la conversión de aquellos en grupos dependientes de los centros de poder económicos y bancarios. Los partidos han dejado así de ser en gran medida entes
socio-políticos vivos para convertirse en maquinarias electorales y mediáticas que precisan para su funcionamiento ingentes cantidades de medios, profesionales y dinero.
Otro dato que pone de relieve las estrechas relaciones existentes entre el poder económico y político es el muy elevado número de indultos concedidos en materia de prevaricación, malversación de fondos públicos y cohecho. Según fuentes del
Ministerio de Justicia, entre los años 2000- 2012, fueron indultadas 26 personas condenadas por prevaricación, 107 por malversación y 16 por cohecho. Algo más de la mitad de todas ellas lo fueron también de las penas anejas de inhabilitación para
el ejercicio de cargo público por las que también habían sido condenadas.
Finalmente, por aquello de no hablar tan solo de trapos sucios ajenos sin mencionar los propios, es preciso hacer mención a la más que penosa historia de la corrupción en Nafarroa. Allá por los 90, el presidente del Gobierno foral, Gabriel
Urralburu (PSN), su consejero Antonio Aragón, sus esposas y el exdirector de la Guardia Civil y exdelegado del Gobierno, Luis Roldán, fueron condenados por el cobro de comisiones a constructoras en la adjudicación de obras. Más tarde, el siguiente
Delegado del Gobierno, también del PSOE, J. García Villoslada, fue condenado por malversación de fondos públicos. Hoy es la derecha navarra (UPN) la que ha cogido el relevo a esta práctica tal como se está poniendo de manifiesto en el escándalo de
la Caja de Ahorros de Navarra donde vuelven a estar implicados dos presidentes de Gobierno (Yolanda Barcina y Miguel Sanz), varios Consejeros (Álvaro Miranda, Jesús Pejenaute) y otros altos cargos de la política navarra: dietas ocultas, blanqueo de
dinero, uso de información privilegiada, viajes de escándalo...
Por todo ello, AMAIUR sin perjuicio de las competencias propias que corresponden a la Comunidad Autónoma Vasca y Foral de Navarra y de la exigencia de contar con un marco plenamente soberano en materia económica y fiscal para las mismas,
formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar cuantas medidas legales y administrativas sean precisas para combatir el insultante fraude fiscal practicado sobre todo por las grandes empresas y patrimonios, así como para que las
instituciones y cargos públicos carezcan de cualquier tipo de atadura, dependencia o sometimiento a los intereses de los poderes económicos, medidas entre las que deberían incluirse las siguientes:
1. No reconocer legalmente a las sociedades constituidas en paraísos fiscales, impidiendo así que puedan operar mercantilmente en el territorio estatal, así como prohibir que las empresas cotizadas en Bolsa puedan contar con filiales o
sucursales en los paraísos fiscales.
2. Realización en un plazo de dos años de una auditoria pública a todas las sociedades cuyo volumen de negocios sea superior a los 150 millones de euros y, en especial, a las que conforman el XBEX 35.
3. Supresión del régimen de las SICAV y revisión general del sistema de exenciones y bonificaciones dadas al capital y sus inversiones (Sociedades, Patrimonio,...), a fin de suprimir el régimen privilegiado que ostentan y contribuyan de
forma justa y equitativa a las cargas fiscales generales.
4. Revisión general de la normativa vigente en materia de fraude fiscal y corrupción (supuestos, prescripción, sanciones y penas,...), así como de la persecución del mismo (medios personales, organizativos,...), a fin de atajar
drásticamente estas consentidas lacras sociales.
5. Revisión de la normativa relativa a la financiación de los partidos políticos a fin de exigir que un porcentaje mínimo de esta proceda de su base afiliada. Prohibición de condonaciones o tratos bancarios de favor y limitación
substancial de la cuantía de las donaciones privadas. Transparencia total de sus cuentas.
6. Los cargos públicos remunerados en jornada completa tendrán incompatibilidad para la percepción de cualquier otro tipo de retribución pública. Todos los sueldos de los cargos públicos serán referidos y actualizados conforme al importe
del SMI.
7. Separación cautelar de los cargos electos tras su encausamiento por delitos relacionados con la corrupción. Responsabilidad civil subsidiaria de los partidos por los delitos cometidos por aquellos en el ejercicio de sus funciones
propias. Prohibición de indultos en estos delitos, tanto para corruptos como para corruptores.
8. Inhabilitación general y a perpetuidad de los corruptos para el ejercicio de la función pública y de los corruptores para contratar con la Administración. Responsabilidad civil subsidiaria de las empresas por los delitos y fraudes
cometidos por sus directivos y consejeros en el ejercicio de sus cargos.
9. Acentuación del régimen de control interno y externo, así como de la transparencia, en la contratación pública, sobre todo en los excepcionales casos de contratación directa, así como en la aprobación y ejecución de los planes e
instrumentos urbanísticos y concesión de licencias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2013.-Sabino Cuadra Lasarte, Diputado.-Xavier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
SECRETARÍA GENERAL
292/000018
Examinadas las solicitudes y documentación anexa presentadas por los aspirantes que han participado en el concurso para la provisión, entre el personal laboral del Congreso de los Diputados que ostente la condición de Analista, de diversas
plazas dentro del Centro de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, convocado el día 17 de diciembre de 2012,
Vistas las puntuaciones obtenidas por los aspirantes en dicho concurso, en aplicación del baremo aprobado con fecha 10 de abril de 1991 y publicado en el 'BOCG. Sección Congreso de los Diputados', serie E, núm. 145, de 12 de abril de 1991,
Vistas las propuestas de calificación de méritos formuladas por la Ilma. Sra. Directora de Recursos Humanos y Gobierno Interior, así como los informes de adecuación del Coordinador del citado Centro,
He resuelto adjudicar con efectos del día 19 de marzo de 2013 a los contratados laborales del Congreso de los Diputados que se indican los puestos que a continuación se relacionan:
Centro de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
Área de Desarrollo:
- Quedan adscritos D.ª M.ª Ángeles Cuenca Peña y D. Antonio Jesús Sepúlveda Galiano a sendas plazas de Jefe de Proyectos de Desarrollo de Sistemas de Información, en régimen de jornada completa, con horario ordinario, con dedicación especial
y con complemento de destino (el de Jefe de Proyectos).
Las puntuaciones obtenidas por los aspirantes a estas plazas han sido las siguientes:
Nombre y apellidos;Puntos
D.ª M.ª Ángeles Cuenca Peña ;45,00
D. Antonio Jesús Sepúlveda Galiano ;43,15
D. Raúl Fernández Sebastián ;42,40
Área de Sistemas:
- Queda adscrito D. Iñaki López-Pasarín Basabe a la plaza de Jefe de Proyectos de Sistemas y Comunicaciones, en régimen de jornada completa, con horario ordinario, con dedicación especial y con complemento de destino (el de Jefe de
Proyectos).
Las puntuaciones obtenidas por los aspirantes a esta plaza han sido las siguientes:
Nombre y apellidos;Puntos
D. Iñaki López-Pasarín Basabe ;44,40
D. Antonio Luis Sánchez Tellado ;37,90
Contra esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Estatuto de Personal de las Cortes Generales, podrá interponerse recurso ante la Mesa del Congreso de los Diputados, dentro del plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.