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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 240, de 15/03/2013
cve: BOCG-10-D-240
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
15 de marzo de 2013
Núm. 240
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000026 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Defensa, de reforma del régimen transitorio de la Ley de la carrera militar. Acuerdo de la Comisión sometiendo a su aprobación al Pleno ...
158/000030 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas, presentada por los Grupos Parlamentarios Popular en el
Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto... (Página3)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000575 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa al fomento del empleo juvenil ... (Página5)
162/000576 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el reconocimiento del Servicio Militar Obligatorio o Prestación Social Sustitutoria a efectos de cotización a la
Seguridad Social ... (Página6)
162/000577 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la puesta en marcha de una Estrategia frente a la pobreza ... (Página8)
162/000578 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre ratificación del Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las
trabajadoras o trabajadores domésticos ... (Página9)
162/000579 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre estrategia para la igualdad en el empleo ... (Página10)
162/000580 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la lealtad institucional comprometida por el Estado español con Cataluña en gasto e inversión, así como una flexibilización de los objetivos del déficit para
el año 2013 ... (Página12)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000026
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.
Autor: Comisión de Defensa.
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado someter a la aprobación del Pleno la solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Defensa, de reforma del régimen transitorio de la Ley de la carrera militar.
Acuerdo:
Someter al Pleno de la Cámara y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
La Comisión de Defensa, en su sesión del día 27 de febrero de 2013, tras debatir la solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Defensa, de reforma del régimen transitorio de la Ley de la carrera militar (Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso), ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, someter a la aprobación del Pleno la propuesta
presentada por dicho Grupo Parlamentario, con las siguientes características:
A) Composición.
La Subcomisión estará compuesta por tres representantes de los grupos parlamentarios con más de 100 Diputados, dos representantes de cada uno de los grupos parlamentarios con más de seis diputados y un representante de los restantes grupos
parlamentarios.
B) Adopción de acuerdos.
En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.
C) Objeto de la Subcomisión.
1. Analizar los resultados de la aplicación de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar en la estructura y funcionamiento de las Fuerzas Armadas, en especial, sobre la capacidad de cumplimiento de sus misiones y el régimen
de personal.
2. Recabar la información necesaria a fin de tener elementos de juicio suficientes, en particular, los relativos a los elementos referidos a la promoción y cambio de escala, régimen de ascensos, antigüedad, pase a la situación de reserva,
reconocimientos académicos de la formación adquirida y retiro del personal discapacitado.
Para ello, la Subcomisión podrá solicitar la comparecencia de autoridades, funcionarios públicos u otras personas competentes en la materia.
3. Elaborar un informe para su debate y aprobación por la Comisión de Defensa en el que se expongan las conclusiones sobre el resultado de la aplicación de la Ley de la carrera militar.
4. Sugerir modificaciones a la Ley de la carrera militar para mejorar el cumplimiento de sus fines.
5. Determinar otras medidas complementarias.
D) Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá presentar sus conclusiones en un plazo máximo de seis meses desde su constitución, que se elevarán a informe para conocimiento y debate de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2013.-El Presidente de la Comisión de Defensa, Agustín Conde Bajén.
158/000030
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.
Autor: Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto.
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas.
Acuerdo:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo establecido en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, sobre el procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las
Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, solicitan la creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas.
Exposición de motivos
La violencia contra la infancia es una realidad de enormes proporciones que afecta a millones de niños y niñas en todo el mundo, y que, además de incidir muy negativamente en su bienestar y desarrollo, es la principal manifestación de
desprecio y negación de la dignidad de los niños y niñas como titulares de derechos.
Para abordar adecuadamente este problema es necesario partir de la definición de violencia contra los niños y las niñas que establece Naciones Unidas y que va más allá de la idea tradicional del maltrato infantil: 'toda forma de perjuicio o
abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o abuso
sexual'. Es decir, toda acción u omisión que afecte de manera dañina al normal desarrollo del niño y a su bienestar físico y psicológico.
La violencia contra la infancia puede adoptar múltiples y cambiantes formas. Puede ser ejercida por los adultos o por los otros niños, en el seno de la familia, en la escuela, en la comunidad o en los centros o instituciones encargados de
la protección de los menores de edad, así como en ámbito judicial o incluso por parte de los medios de comunicación y a través de las tecnologías de la información.
Nunca es justificable, independientemente de la gravedad de las lesiones producidas, de las consecuencias sobre el desarrollo de los niños y las niñas, de la persistencia, la duración o la aceptación social de la forma concreta de violencia.
La violencia contra la infancia en sus diferentes manifestaciones conlleva numerosos efectos negativos para el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social. Además, la ampliación de la investigación en las ciencias neurobiológicas,
sociales y del comportamiento, ha generado una comprensión mucho más profunda de la importancia de las experiencias vividas durante la niñez para el desarrollo saludable del cerebro y el proceso de maduración del individuo.
La violencia genera violencia, y, en ningún caso, es una consecuencia inevitable de la condición humana. Prevenirla y combatirla, es una de las maneras más eficaces de eliminar las distintas formas de violencia de la sociedad. La
prevención de la violencia en una generación, reduce su probabilidad en la siguiente.
En España, la violencia contra la infancia ha permanecido oculta como una realidad poco documentada y poco denunciada, sin que haya sido abordada de una manera global ni percibida como un problema social grave de grandes proporciones que
requiere una respuesta urgente por parte de los poderes públicos y del conjunto de la sociedad. Uno de los principales obstáculos es que no existen datos oficiales globales, ni estudios relevantes que aborden de manera integral las distintas formas
de violencia que afectan a los niños y niñas, debido a que los más pequeños carecen de capacidad de denuncia y a la ausencia de mecanismos oficiales de recogida de datos eficaces que permitan un conocimiento de la realidad de la violencia contra la
infancia.
La Ley Orgánica 1/1996 define el marco jurídico de intervención de las autoridades públicas sólo ante algunas situaciones de violencia que pueden afectar a los menores de edad en todo el Estado. Esta ley solo contempla medidas para
intervenir ante la desprotección del menor de edad en situaciones de riesgo o desamparo, para las que establece una serie de actuaciones de protección que, por un lado, no siempre son adecuadas o suficientes para responder a ciertas realidades
sociales, y, por otro, no dan respuesta a todas las formas de violencia contra la infancia reconocidas en la normativa internacional.
Si bien es cierto que se han puesto en marcha importantes políticas, planes y programas (como el PENIA o el RUMI), estas iniciativas responden al enfoque fragmentado con que se aborda el problema, no a un objetivo común formulado a partir de
un diagnóstico global del problema de la violencia contra la infancia en España.
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en sus últimas Observaciones de 2010, mostró su preocupación sobre este tema e instó al Estado español a aprobar una ley integral sobre la violencia contra los niños para combatir todas
sus formas.
La violencia contra los niños y las niñas es una violación grave de los derechos humanos que requiere una respuesta urgente y decidida por parte de los poderes públicos en España.
REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
A) Composición.
La Subcomisión se compondrá de diez miembros, de los que tres pertenecerán al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, dos al Grupo Parlamentario Socialista y uno a cada uno de los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió), de
IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto.
B) Adopción de acuerdos.
En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.
C) Objeto de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá realizar un estudio sobre la violencia contra los niños y las niñas en nuestro país, así como extraer y aprobar unas conclusiones que orienten las políticas destinadas a prevenir y abordar este problema.
D) Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá realizar el estudio correspondiente y presentar sus conclusiones en un plazo máximo de seis meses desde su constitución.
El mencionado Informe, que contendrá las conclusiones finales y recomendaciones, una vez aprobado por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, será publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, junto con los votos particulares
que formulen los grupos parlamentarios.
Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria para la realización de los trabajos de la Subcomisión desde el momento de su constitución, así como las comparecencias que se consideren oportunas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Josep Antoni Duran i Lleida,
Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).-El Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión
Progreso y Democracia.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000575
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al fomento del empleo juvenil, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El desempleo constituye el principal problema del Estado español. Su configuración es desigual y afecta de forma particularmente dramática a los jóvenes desempleados que superan ya el 54 % del total de demandantes de empleo menores de 25
años.
El colectivo de jóvenes desempleados supera la cifra de 1,4 millones y un porcentaje de estas dimensiones requiere articular medidas de acción positiva que atenúen ante esta verdadera patología social.
Por otra parte, son numerosos los jóvenes que poseyendo una alta cualificación académica y profesional están encontrando trabajo en el extranjero generándose un preocupante efecto: la descapitalización humana de nuestras estructuras
económicas perdiendo a quienes están llamados a ser los mejores profesionales y por otra parte, la disminución de la población activa.
Para afrontar estos problemas otros Estados de nuestro entorno socioeconómico están ensayando con eficiencia fórmulas como las que se explicitan en esta Proposición no de Ley.
Las medidas que a continuación se proponen se ejecutarán respetando las competencias autonómicas en materia de políticas activas de empleo, ejecución de la legislación laboral del Estado y de ordenación y promoción de su propia actividad
económica.
Por todo ello se presenta la siguiente Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Fomentar e incentivar las fórmulas de incorporación de las personas en calidad de socios trabajadores y de trabajo en sociedades cooperativas y laborales, al ser éstas fórmulas de autoempleo colectivo, alternativas generadoras de empleo
en épocas como la actual.
2. Fomentar las Sociedades de Garantía Recíproca, con el objetivo de promover el acceso al crédito de autónomos, jóvenes y entidades del tercer sector en condiciones preferentes.
3. Impulsar los créditos de formación certificable de duración variable, que conlleven la mejora de la cualificación profesional, flexibilizar el acceso a la formación, estableciendo entre otras una mayor oferta de formación a distancia, y
ampliar el reconocimiento de la experiencia laboral y de los aprendizajes informales.
4. Posibilitar el desarrollo de una formación en alternancia real, bien estructurada, en la que participen grupos de empresas, clusters y parques tecnológicos de los ámbitos territoriales estableciendo de forma prioritaria las acciones
formativas necesarias y presenciales en las empresas anteriormente citadas.
5. Adaptar a las competencias requeridas por las empresas en el ámbito de las TIC a las cualificaciones profesionales actuales, utilizando para ello los canales de comunicación con el sector privado para realizar el análisis requerido.
6. Articular mecanismos que posibiliten la disposición de capital circulante suficiente para la puesta en marcha de actividades empresariales de carácter autónomo o mediante la configuración de microempresas o de empresas de economía
social.
7. Utilizar en los países de la Unión Europea los denominados Activos de Gran experiencia o Seniors, trabajadores jubilados o prejubilados de alta cualificación que puedan colaborar con los jóvenes emprendedores en los aspectos relativos a
la gestión empresarial, promoción del producto, búsqueda de financiación, etc.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2013.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
162/000576
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento del Servicio Militar obligatorio o Prestación
Social sustitutoria a efectos de cotización a la Seguridad Social, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
Actualmente no existe el reconocimiento del Servicio Militar obligatorio o Prestación Social sustitutoria como período cotizado de manera universal, quedando sólo reconocido en determinadas situaciones. El artículo 125.2 del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, considera el servicio militar
obligatorio o la prestación social sustitutoria como situaciones asimiladas al alta, en caso de suspensión del contrato de trabajo. El artículo 161.bis.2.c), del mismo texto legal, establece que se computan como cotizados a la Seguridad
Social el período de prestación de servicio militar obligatorio y el período de prestación social sustitutoria, con el límite de un año, a los exclusivos efectos de acreditar el período mínimo de cotización efectiva de 33 años, en los supuestos de
jubilación anticipada. En la disposición adicional 28.ª de la Ley 27/2011 se dispone que el Gobierno presentará un proyecto de ley, en el plazo de un año (período ya excedido), que establezca un sistema de compensación a la Seguridad Social para
que se pueda reconocer un período de asimilación del tiempo de servicio militar o de prestación social sustitutoria que compense la interrupción de las carreras de cotización ocasionadas por tales circunstancias. De tales previsiones normativas se
deduce la hasta ahora escasa y pobre consideración del servicio militar obligatorio y de la prestación social sustitutoria en nuestro sistema de Seguridad Social, especialmente en cuanto a la integración de dichos períodos en el cómputo de la
carencia y de las correspondientes prestaciones que se derivan de ésta.
Resulta injustamente discriminatorio que se mantenga una situación de agravio con un colectivo importante de aquellas generaciones de ciudadanos que se vieron obligados -con carácter forzoso- a prestar unos servicios que hoy, en cambio, sí
se les reconocen a los que voluntaria y/o profesionalmente los prestan. Se trata, pues, de un asunto de simple justicia intergeneracional con quienes tuvieron que aparcar sus responsabilidades laborales o retrasar su entrada en el mercado de
trabajo, cuando menos. Son diversos los elementos que dibujan una discriminación de difícil explicación.
En primer lugar, por la propia naturaleza jurídica de tales servicios, como prestación personal obligatoria por ley, que movilizó a personas sustrayéndolas de su vida ordinaria, familiar y laboral y que vieron paralizada y/o interrumpida
ésta por dicha causa. En este sentido, se podría, al menos, encontrar cierto paralelismo y similitud entre el servicio militar o prestación social sustitutoria y los actuales trabajos de colaboración social (en los que los perceptores de
prestaciones por desempleo tienen obligación de participar), con la diferencia de que en este último caso sí se cotiza y computa a efectos de futuras prestaciones del trabajador, mientras que no es así con el antiguo servicio militar obligatorio o
prestación social sustitutoria.
En segundo lugar, la propia naturaleza material de tales servicios, que se prestaron, en su mayoría, por personas desplazadas de su domicilio habitual, con gastos considerables del pecunio particular del ciudadano y quebranto económico para
las familias, en tareas muchas veces penosas y/o peligrosas o de alta responsabilidad pues no en vano concurrían en ellas servicios con armas y explosivos o de turnicidad y disponibilidad plena las 24 horas del día, todo lo cual configuraba un
servicio exigente y absorbente, muy jerarquizado y susceptible de alta siniestralidad y riesgo laboral en contingencias profesionales. En resumen, toda una serie de notas distintivas y singulares que, en cambio, sí se consideran -y hasta se priman-
en otros ámbitos socioprofesionales.
En tercer lugar, debemos destacar que varios de los países del entorno, como Francia y Alemania, reconocen los periodos durante los que se presta el servicio militar o el servicio social sustitutorio, como períodos de cotización obligatoria.
Y, en cuarto lugar, resulta inexplicable el tratamiento especial y diferenciado que se viene aprobando durante estos últimos años para diversos colectivos, equiparándoles en derechos o estableciendo ciertos beneficios en sus carreras
laborales con efectos en sus prestaciones.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que presente en el próximo período de sesiones un proyecto de ley en el que se aborde íntegramente el reconocimiento pleno del servicio militar obligatorio o, en su caso, la prestación social
sustitutoria en nuestro sistema de Seguridad Social, especialmente en todo lo relativo a su cómputo como período de seguro a efectos de carencia, de porcentaje ordinario y adicional de la base reguladora y de coeficientes reductores; o que,
subsidiariamente, se aplique de forma paulatina y gradual ese reconocimiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2013.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000577
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la puesta en marcha de una Estrategia frente a la pobreza, para su
debate en el Pleno.
Estamos ante una crisis que no es únicamente económica, de un sistema que genera riqueza a costa de dejar a millones de personas en situación de pobreza y exclusión social.
Ante esta crisis, los sucesivos gobiernos desde 2008 han puesto en marcha graves recortes sociales, haciendo que paguen sobre todo quienes no son responsables de la actual situación. Es necesario un cambio de modelo, en el que la pobreza y
la exclusión social se combatan con justicia y equidad.
El crecimiento económico sostenido que hemos tenido en España durante más de quince años (1994-2007), no solamente no ha reducido las tasas de pobreza, tanto la relativa como la severa, sino que además ha agravado las desigualdades entre el
segmento más rico y el segmento más pobre de la población. Ello es debido a que no se han abordado los problemas estructurales que están en la base de las desigualdades.
Hay claras evidencias de que la crisis que estamos padeciendo en los tres últimos años ha traído consigo un aumento de la pobreza y nuevos fenómenos de exclusión social, discriminación y pérdida de derechos. El incremento desorbitado de
desempleo, junto con las drásticas políticas de ajuste de gasto, se traduce en el aumento de situaciones de exclusión social, pobreza y vulnerabilidad de las personas.
La Estrategia Europa 2020, fija objetivos económicos y sociales para la Unión Europea en la presente década, tanto en términos de crecimiento, como en materia de empleo, formación y reducción de la exclusión. España ha de hacer los
esfuerzos necesarios para cumplir esos objetivos.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
Prevención y lucha contra la pobreza.
1. Aprobar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, un Plan Estatal de Emergencia contra la pobreza y a favor de la inclusión social 2014-2020 en el marco de la Estrategia Europea 2020 y cuyos objetivos sean medibles, evaluados y
actualizados anualmente y que incluya, entre otras medidas:
a) Un Plan Nacional contra la Pobreza Infantil.
b) Una Renta Básica de Ciudadanía garantizada en todo el país como derecho subjetivo, partiendo de las Rentas Básicas de Inserción de las Comunidades Autónomas.
c) Incrementar las dotaciones necesarias para que los albergues de acogida para personas sin hogar puedan afrontar las nuevas necesidades generadas por la crisis económica y el desempleo.
2. Incluir en su Estrategia las recomendaciones de la Red Europea contra la pobreza (Ingreso Mínimo garantizado, vivienda como bien básico, escolarización efectiva frente al fracaso y al abandono, cobertura sanitaria universal, cambio de la
gestión de los servicios sociales, derechos de los inmigrantes y legalización del papel esencial del Tercer Sector)
3. Dotar a las entidades locales de los medios suficientes para:
a) reforzar las ayudas de urgente necesidad a personas y familias para atender necesidades básicas.
b) proporcionar becas de comedor escolar a todos los niños y niñas de familias sin recursos suficientes.
4. Asumir las medidas contenidas en la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), desde la consideración de la vivienda como bien básico no sujeto a especulación y el reconocimiento de la
dación en pago de la vivienda.
5. Paralizar los desahucios en casos de pobreza manifiesta, y ofrecer soluciones alternativas desde las Administraciones Públicas.
6. Asegurar la integración de las personas extranjeras con igualdad de derechos sociales.
7. Introducir cláusulas sociales en la contratación pública.
8. Reconocer y regular por Ley el papel esencial que juega el Tercer Sector de Acción Social (TSAS) en las políticas de inclusión.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000578
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de ley para la ratificación del Convenio n.° 189 de la OIT y la Recomendación n.°
201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos, para su debate en el Pleno de la Cámara.
En junio de 2011 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio n.° 189 y la Recomendación n.° 201 sobre Trabajo decente para los trabajadores domésticos.
El Convenio 189 establece las condiciones laborales mínimas en este sector de actividad. Establece los derechos y principios básicos, y exige a los Estados tomar una serie de medidas con el fin de lograr que el trabajo decente sea una
realidad para trabajadoras y trabajadores domésticos. Las normas mínimas establecidas abarcan ámbitos como: el respeto y protección de los derechos fundamentales en el trabajo (libertad de asociación, negociación colectiva, eliminación trabajo
forzoso, abolición trabajo infantil), información sobre condiciones de empleo, horas de trabajo (tiempo de trabajo y descanso, horas extra, vacaciones pagadas, remuneración) seguridad social y cobertura de la maternidad, entre otras.
La Recomendación 201 sobre trabajadoras y trabajadores domésticos, también adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo de 2011, complementa al Convenio 189. A diferencia de éste, la Recomendación 201 no se ratifica. Esta
proporciona directrices prácticas sobre posibles medidas legales y de otro tipo, para poder hacer efectivos los derechos y principios enunciados en el Convenio.
En la reunión del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2012 se adoptó un Acuerdo para la no ratificación del Convenio n.°189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos y su sumisión, junto a
la Recomendación n.° 201, a las Cortes Generales a los efectos exclusivos de su conocimiento, sin proporcionar argumentos claros que motiven tal decisión.
El empleo en el sector de los servicios del hogar siempre se ha caracterizado en nuestro país por la precariedad, la irregularidad y la desprotección social. En este sentido, la Ley 27/2011 y el Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre,
por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar representó un avance indudable y supuso la equiparación con el resto de los trabajadores por cuenta ajena tanto en las condiciones de trabajo como en
protección en seguridad social, exceptuando el despido y la prestación por desempleo.
A pesar del balance positivo por parte de todos los sectores que ha representado esta nueva normativa en lo relativo a la emersión del empleo sumergido hemos de lamentar el paso atrás hecho por el Gobierno mediante el Real Decreto 29/2012,
de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social, que representa menor protección para las personas que trabajen menos de 60 horas, un aumento
real de los costes de cotización debido a la reducción en los tramos de las bases de cotización e inseguridad jurídica para las familias.
De no ser que el Gobierno quiera retroceder en el reconocimiento de derechos de este sector, en línea de la última reforma mencionada, es incompresible que no ratifique un convenio dirigido a dignificar el trabajo del servicio doméstico,
pues las discrepancias que puedan surgir se podrán modular con modificaciones legales.
Según los datos de la última Encuesta de Población Activa el empleo doméstico ocupa a 658.000 personas en España, de las cuales un 90 % son mujeres. Según el movimiento laboral registrado el 54 % de las personas afiliadas al régimen del
hogar son extranjeras.
Por todo ello, consideramos necesario que el Gobierno continúe apoyando este sector y adquiera compromisos para que en nuestro país y en el resto del mundo deje de ser una ocupación infravalorada socialmente, mal remunerada y se equipare a
cualquier otra ocupación.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ratificar el Convenio n.° 189 de la OIT y la Recomendación n.° 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2013.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000579
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
estrategia para la igualdad en el empleo, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Las políticas y objetivos de igualdad entre mujeres y hombres han ido avanzando en España durante los años de consolidación de la democracia, contribuyendo a construir una vida mejor para las mujeres en nuestro país, al proteger y reconocer
sus derechos y extender así las condiciones de libertad y derechos para el conjunto de la sociedad.
La prioridad de las políticas activas de igualdad, junto a los esfuerzos de la sociedad en su conjunto, de las organizaciones feministas, del conjunto de la las fuerzas progresistas y, sobre todo, de las mujeres, han incrementado el impacto
del cambio y la modernización que se ha registrado en la sociedad española. Junto a los avances en materia de educación y salud, y a través de las políticas integrales para la igualdad, las mujeres han ido progresivamente ocupando espacios en la
vida pública, en la economía y en el crecimiento más allá del PIB, en las artes, en la ciencia, en los deportes, en las empresas. Así debe recordarse el próximo 8 de marzo, con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres.
No obstante las desigualdades persisten y deben removerse muchos de los actuales obstáculos existentes para que la igualdad sea plena y efectiva en todos los ámbitos públicos y privados. Además, algunas de las brechas existentes,
especialmente en empleo, en la disparidad de rentas, oportunidades y recursos disponibles que discriminan a las mujeres, se están viendo agudizadas como consecuencia de las rígidas políticas de ajuste fiscal, del impacto de la reforma laboral y de
los profundos recortes en el Estado del Bienestar que se han venido adoptando. El desempleo femenino crece significativamente como efecto directo de las políticas que el Gobierno del PP está aplicando, tal y como se constata en los últimos datos de
la EPA.
Esta destrucción de empleo, resultado directo de la reforma laboral, hace además imposible el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, expulsa a los sectores más vulnerables del empleo como las mujeres, y más específicamente
a las que tienen trabajo a tiempo parcial, trabajo temporal, o a aquellas que tienen responsabilidades familiares. Asimismo, los recortes en servicios públicos esenciales relacionados con la educación y las escuelas infantiles, en la salud, con la
atención a la dependencia, con los programas y actuaciones dirigidos a mejorar la calidad de vida, donde trabajan muchas mujeres -tanto en las administraciones públicas como en las empresas y entidades sociales prestadoras de dichos servicios
públicos- influyen directamente en la caída del empleo de las mujeres y en que éstas además tengan muchas más dificultades para la conciliación. Las especiales dificultades para la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito rural se intensifican
por los recortes en la prestación de estos servicios y del Estado del Bienestar.
La incorporación de las mujeres al trabajo remunerado representa un activo fundamental para la recuperación económica de nuestro país y el cambio hacia un modelo de crecimiento más sostenible. Una economía globalizada, basada en el
conocimiento no puede prescindir de la mitad del talento y de la capacidad de una sociedad si quiere alcanzar ventajas competitivas. En esta grave crisis que estamos viviendo, saldremos con las mujeres, o no saldremos.
Las políticas activas de incorporación de las mujeres al empleo, deben ser asumidas como una obligación y una oportunidad que debe ser acompañada y sostenida por una red pública que atienda las tareas de cuidados para hacerla posible, al
tiempo que genera empleo. Este binomio es, sin duda, una inversión rentable pues constituye, además, una fuente de ingresos para el Estado así como muchos otros beneficios sociales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Abrir un proceso de diálogo social para acordar un nuevo marco laboral, suspendiendo mientras tanto los aspectos más dañinos de la reforma laboral, especialmente en lo relativo al acceso y mantenimiento del empleo, formación y promoción
profesional de las mujeres, así como a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
2. La urgente puesta en marcha de un Plan de Empleo para las mujeres, que contemple, entre otras, las siguientes medidas:
- Incentivación de la actividad empresarial, garantizando el acceso de las mujeres al crédito.
- La recuperación de políticas activas de empleo específicas para mujeres, teniendo en cuenta a aquellos grupos de edad y situación económica más desfavorables y priorizando el apoyo a las mujeres del medio rural.
- El seguimiento por las administraciones públicas de la aplicación efectiva de los planes de igualdad de género en las empresas y su periódica evaluación y mejora, a través de la negociación colectiva.
- Objetivos y mecanismos concretos destinados a eliminar la desigualdad salarial, incorporando la negociación sindical.
3. Establecer en España un sistema de cuotas obligatorias en los Consejos de Administración de las grandes empresas, al objeto de asegurar el objetivo de presencia equilibrada de ambos géneros, con el fin de alcanzar al menos el 40 % de la
representación de mujeres en dichos órganos de decisión.
4. La puesta en marcha de políticas públicas que focalicen y establezcan mecanismos para asegurar la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal de hombres y mujeres.
5. Derogar la suspensión de la ampliación del permiso de paternidad.
6. Modificar el sistema de cálculo de las pensiones de jubilación en relación con los contratos a tiempo parcial, dado que el sistema actual supone una discriminación indirecta hacia las mujeres, de acuerdo con la reciente sentencia del
Tribunal Europeo de Justicia.
7. Mantener los derechos y prestaciones recogidas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y recuperar la financiación por parte del Estado del Convenio Especial con la Seguridad
Social de las personas cuidadoras, en su mayoría mujeres, que de esta forma se incorporan al sistema contributivo de pensiones.
8. Adoptar un plan de fomento de las empresas de economía social para la prestación de servicios de proximidad, cuidado de personas dependientes y programas de desarrollo sostenible en zonas rurales, favoreciendo el emprendimiento femenino,
la capacitación, así como el incremento de su afiliación a la seguridad social a través de los empleos obtenidos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2013.-Carmen Montón Giménez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000580
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia del diputado Alfred Bosch i Pascual, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre
la lealtad institucional comprometida por el Estado español con Catalunya en gasto e inversión, así como una flexibilización de los objetivos del déficit para el año 2013, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El objetivo de déficit del 0,7 % del PIB fijado por el Gobierno del Estado para Catalunya para el ejercicio presupuestario 2013 es incoherente con el nivel de gasto público que asumen las diferentes administraciones, responde a un reparto
injusto de los límites de déficit y obliga a un ajuste del gasto público que tendrá un impacto muy negativo sobre los servicios del Estado del Bienestar que estas desarrollan, poniendo en riesgo la prestación del nivel mínimo exigible de los
servicios públicos de educación, sanidad y protección social, entre otros, sobre todo teniendo en cuenta que la reducción en los dos años anteriores de gasto no financiero no finalista, en el caso de Catalunya hasta un 15,7 % (sin incluir el pago de
los intereses).
En este sentido, el reparto del objetivo de déficit fijado por el Gobierno del Estado entra en contradicción con la posición del Parlamento Europeo en su resolución de 16 de enero de 2013 sobre 'Finanzas Públicas en la UEM-2011 y 2012', el
punto 28 de la cual establece que 'los esfuerzos de consolidación fiscales deben repartirse de manera justa entre las diferentes administraciones, teniendo en cuenta los servicios que prestan'.
Asimismo, el Gobierno del Estado, al tiempo que fija este objetivo de déficit público excesivamente restrictivo, dificulta la viabilidad de las finanzas de algunas Comunidades Autónomas, como es el caso de la catalana, impidiendo desarrollar
plenamente sus competencias tributarias y autonomía financiera, al bloquear las decisiones que permitirían incrementar los ingresos para realizar una reducción del gasto público menor, como ha sido el caso de la presentación de recursos de
inconstitucionalidad contra diferentes medidas tributarias. Como ha sucedido contra Decreto-ley 5/2012, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito, que tendrá un impacto negativo sobre las finanzas de la
Generalitat de unos 500 millones de euros en el periodo de un año.
En este sentido, más allá de las decisiones anteriormente expuestas tomadas por el Gobierno del Estado, hay que constatar la existencia de una larga lista de deslealtades e incumplimientos en relación a las finanzas e inversiones
autonómicas, que incrementan el ajuste del gasto a realizar con consecuencias muy negativas sobre los servicios públicos del Estado del Bienestar.
Entre las deslealtades del Estado con Catalunya se encuentran las siguientes:
- Incumplimiento del pago de las liquidaciones de los años 2008, 2009 y 2010 correspondientes a lo que determina la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía y los mecanismos de control, seguimiento y compensación acordados en
la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, correspondientes a un mínimo de 1.689 millones de euros;
- incumplimiento en la Ley de Presupuestos General del Estado para 2013 de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía que fija que la inversión del Estado en Catalunya en infraestructuras se equiparará a la participación
relativa del PIB de Catalunya en relación al PIB del Estado para un periodo de siete años, con un impacto de 661 millones de euros para el presente ejercicio;
- reducción de ingresos finalistas del Estado que han caído en 496 millones de euros entre el 2011 y el 2012, que la Generalitat ha tenido que compensar, con un impacto de 296 millones de euros;
- impacto en el año 2012 del incremento de los tipos impositivos del IVA, correspondiente a 66 millones de euros.
Según lo expuesto anteriormente se considera necesaria y oportuna la lealtad institucional comprometida por el Estado español en gasto e inversión, así como una flexibilización de los objetivos del déficit para el año 2013. Sólo esta
flexibilización permitiría a Catalunya reducir el ajuste en 2.000 millones de euros.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Negociar con el Govern de Catalunya una modificación del objetivo de déficit para el año 2013 no inferior al 35 % de lo que fije la Unión Europea para el conjunto de todas las Administraciones del Estado.
2. Colaborar con Catalunya para evitar el ajuste presupuestario a realizar durante el año 2013 en coherencia con lo expresado en el punto anterior, mediante las siguientes medidas:
a) El cumplimiento de los acuerdos en materia de inversiones y financiación y la compensación del incremento de gasto derivado de la deslealtad institucional, así como el establecimiento de un calendario de pago de todas las cantidades
debidas por estos conceptos durante el año 2013.
b) Permitir que las comunidades autónomas se beneficien de la recaudación adicional derivada de incrementos de tipos impositivos del IVA e Impuestos Especiales en función los porcentajes de cesión establecidos en la Ley 22/2009.
c) Otorgar a Catalunya -y al conjunto de Comunidades Autónomas- la liquidación correspondiente al 50 % de la recaudación derivada de la regularización fiscal extraordinaria establecida por la disposición adicional primera del Real
Decreto-ley 12/2012, así como la información tributaria que se deriva, por la articulación de las Comunidades Autónomas competentes en la lucha contra el fraude fiscal en el ámbito de los tributos propios.
d) Negociar con Catalunya la fijación en el plazo más breve posible de los pagos atrasados para los conceptos mencionados en los puntos anteriores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2013.-Alfred Bosch i Pascual, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.