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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 210, de 25/01/2013
cve: BOCG-10-D-210
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
25 de enero de 2013
Núm. 210
ÍNDICE
Página
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000514 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para evitar que empresas con beneficios puedan despedir a sus trabajadores...
162/000515 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la creación de un Plan de ayudas para relanzar la actividad económica y paliar la grave situación creada en las zonas
afectadas por las inundaciones acaecidas el día 28/09/2012... (Página4)
162/000516 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas urgentes para paliar los daños producidos por los efectos de las inundaciones del 28/09/2012 en varias
provincias españolas... (Página6)
162/000517 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre realización de un Plan Integral de apoyo a las Familias... (Página8)
162/000518 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre derogación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses... (Página9)
162/000519 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la aprobación de una disposición legal que permita a las personas afectadas por adopciones irregulares el acceso a la
información de los registros de las instituciones religiosas... (Página10)
162/000520 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la integración operativa de España en el Grupo Intergubernamental de Coordinación del Sistema de Alerta temprana y mitigación de
tsunamis en el Atlántico nororiental, y el Mediterráneo y mares adyacentes... (Página11)
162/000521 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la reforma de la Ley 12/1995, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno y Altos Cargos, y de la Ley 5/2006, de
Regulación de los conflictos de intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado al término de su mandato... (Página12)
162/000522 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la prórroga del Plan Prepara... (Página13)
162/000523 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa al condicionamiento de los rescates de las Comunidades Autónomas y de la exigencia de responsabilidad a las mismas por
incumplimiento del Ordenamiento Jurídico... (Página14)
162/000524 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la creación de una Comisión Permanente de Derechos Humanos... (Página17)
162/000525 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre creación de una auditoría de la deuda pública y de una comisión que determine los criterios económicos y sociales con
los que poder calificar como odiosa parte de la deuda... (Página18)
162/000526 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre subasta de medicamentos y derecho de los inmigrantes a tarjeta sanitaria... (Página20)
162/000527 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a suprimir a las personas físicas como sujetos obligados a la exacción de tasas judiciales...
162/000528 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre negociación de las 'Perspectivas Financieras (PPFF) 2014-2020 (Marco Financiero Plurianual)' en la Unión Europea (UE), y en particular las políticas de
Empleo, I+D+i, Pymes, Europa 2020, Cambio Climático... (Página23)
162/000529 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre negociación de las 'Perspectivas Financieras (PPFF) 2014-2020 (Marco Financiero Plurianual)' en la Unión Europea (UE), y en particular las políticas de
cohesión... (Página25)
162/000530 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre negociación de las 'Perspectivas Financieras (PPFF) 2014-2020 (Marco Financiero Plurianual)' en la Unión Europea (UE), y en particular el marco general
presupuestario de la negociación y cuestiones fiscales... (Página27)
162/000531 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el proyecto de adquisición de terrenos para el Recinto Tecno-Comercial Agroganadero en Bélmez (Córdoba)... (Página30)
Otros textos
AUTORIZACIONES
095/000001 Solicitud de ratificación por el Congreso de los Diputados del Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de enero de 2013 por el que se autoriza el despliegue y la participación de unidades militares en el marco de la crisis de
Mali... (Página31)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000514
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para evitar que empresas con beneficios puedan despedir a sus
trabajadores, para su debate en el Pleno.
Los efectos que causa la reforma laboral impuesta por el Gobierno son evidentes y pueden contabilizarse. Medio millón de personas han sido despedidas desde su entrada en vigor.
Son muchos los ejemplos que en la actualidad podemos encontrar de empresas que tienen beneficios y, sin embargo, despiden a sus trabajadores de forma fácil y barata bajo unas supuestas razones económicas que enmascaran la búsqueda de
contrataciones más precarias o una deslocalización empresarial.
Con el actual marco legal, se entiende que concurren causas económicas para despedir de forma legal colectiva o individualmente, con una indemnización de 20 días por año trabajado y con un límite de 12 mensualidades, cuando de los resultados
de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. Y se aclara que, en todo caso, se entenderá
que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior. La situación económica negativa puede pues
justificarse simplemente por una disminución en los ingresos, aunque la empresa tenga sólidos beneficios y una situación patrimonial saneada.
El despido se ha descausalizado, pero además, cuando un despido sea declarado improcedente por un juez en sentencia definitiva pueden ocurrir dos cosas: la readmisión del trabajador en su puesto de trabajo con las mismas condiciones
laborales de las que disfrutaba con anterioridad al despido, o que el trabajador reciba una indemnización por despido improcedente fijada, con carácter general, en 33 días de salario por año de servicio y hasta un máximo de 24 mensualidades. Estas
son las dos soluciones que establece el Estatuto de los Trabajadores para un despido considerado como improcedente. Despido así considerado porque el empresario no ha cumplido los requisitos formales o por no quedar acreditado el incumplimiento
que, según el empresario justifica el despido, su gravedad y su culpabilidad.
Pero la capacidad de elección ante una u otra solución, indemnización o readmisión, no pertenece al trabajador que ha sido despedido sin causa justificada, sino al empresario, desequilibrando la balanza aun más a favor de quien es la parte
fuerte en la relación laboral.
Abaratar, descausalizar y facilitar el despido se planteaba como una de las soluciones a la crisis y como una herramienta para procurar mayor estabilidad y calidad en el empleo. Sin embargo, las empresas sólo invertirán y generarán empleo
en el sector privado cuando tengan expectativas de vender en el mercado sus servicios o productos. En plena recesión y con la demanda deprimida, abaratar el despido significa automáticamente mayor destrucción de empleo.
Y respecto a la calidad del empleo, no parece que las sucesivas reformas que han abaratado directa o indirectamente el despido e implantado una mayor desregulación laboral, arrojen un balance positivo en términos de estabilidad en el empleo.
La precariedad laboral se ha conformado como un rasgo estructural de nuestro mercado de trabajo. Abaratar el despido podría significar añadir mayor inestabilidad a las relaciones laborales.
Reducir el coste del despido no va a procurar que nuestra economía sea más eficiente, ni más productiva, ni va a conseguir que el empleo que se cree, cuando se cree, sea de mayor calidad.
Las causas económicas establecidas en el marco legal como instrumento de extinción colectivo o por causas objetivas de contratos, son la puerta de entrada a la generalización absoluta de este mecanismo para el despido barato con tan solo 20
días de indemnización. Y en el caso de despido declarado improcedente, que también se ha abaratado, no es justo que la opción por la indemnización o la readmisión pertenezca al empresario.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las medidas legales oportunas para:
1. Establecer que concurren causas económicas para objetivar la extinción de contratos de trabajo únicamente, cuando de los resultados de la empresa se desprenda una progresiva evolución económica negativa que haya conducido a una situación
de pérdidas y que impidan el desarrollo de la actividad de la empresa.
2. Establecer que en el caso de despido declarado improcedente sea el trabajador el que pueda optar a la readmisión en su puesto de trabajo.
3. Establecer que cuando el despido sea declarado improcedente el empresario, en su caso, deberá abonar una indemnización equivalente a 45 días de salario por año de servicio hasta un máximo de 42 mensualidades.
4. Tipificar como un delito de desobediencia civil el incumplimiento por parte del empresario de los derechos del trabajador en el caso de despidos sin causa justificada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.-Cayo Lara Moya y José Luis Centella Gómez, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000515
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de Plan de ayudas para relanzar la actividad económica
y paliar la grave situación creada en las zonas afectadas por las inundaciones acaecidas en pasado 28 de septiembre, para su debate en Pleno.
Dada la situación meteorológica extraordinaria que hemos padecido en algunos meses de este año a punto de finalizar, con una acumulación de precipitaciones en un corto espacio de tiempo sin referentes en la historia de nuestro país y que han
provocado la lamentable pérdida de vidas humanas y una situación extraordinaria de daños, entre otros, en el sector agrario de los municipios afectados por las inundaciones sufridas, nuestro Grupo Parlamentario entiende que es preciso proceder a una
actuación urgente por parte de las Administraciones Públicas que con una dotación de fondos adecuados sea capaz de poner en marcha las medidas oportunas para paliar estos daños, igualmente de carácter extraordinario; máxime si consideramos que en
uno de los municipios más afectados, como es el de Lorca, no ha pasado ni un año y medio desde la ocurrencia de un fuerte terremoto que provocó también graves daños, en este caso en las edificaciones y otras infraestructuras públicas, que en la
actualidad distan mucho de haber sido resueltos.
Por tanto es en este contexto por lo que nuestro Grupo presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para poner en marcha un Plan de ayudas para relanzar la actividad económica y paliar la grave situación creada en las zonas afectadas por las inundaciones
acaecidas en pasado 28 de septiembre que contenga al menos las siguientes:
1. Ayudas por daños personales, muerte e invalidez.
2. Ayudas por daños materiales en establecimientos industriales, mercantiles, turísticos y de otros servicios, y con especial atención a los sufridos en instalaciones agrícolas y ganaderas, como cebaderos y otras instalaciones ganaderas,
almacenes, cabezales de riego, goteros, equipos agrarios y maquinaria, aperos, existencias de insumos afectados (piensos, paja, fitosanitarios, fertilizantes), etc.
3. Ayudas aplicables a las personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes; y régimen de ayudas a Corporaciones Locales.
4. Ayudas excepcionales en materia de vivienda: para alquiler de viviendas si se hubiera producido la destrucción total, así como para la reparación, rehabilitación y reconstrucción de las mismas. Igualmente habrá de contemplarse la
reposición de enseres.
5. Subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria de los municipios afectados en la región de Murcia.
6. Indemnización de daños en producciones agrícolas y ganadera para los titulares de aquellas explotaciones que, estando ubicadas en el ámbito geográfico afectado, hayan sufrido pérdidas superiores al 30 por ciento de su producción, con
arreglo a los criterios establecidos por la Unión Europea a este respecto.
Dado que en las últimas campañas las pérdidas en las explotaciones agrícolas y ganaderas han sido cuantiosas en la zona, y las reducciones por parte de las distintas administraciones en las ayudas a la contratación de seguros agrarios en
este ejercicio, se deberán tener en cuenta de manera excepcional las siguientes líneas de ayuda:
- Serán objeto de indemnización las explotaciones que tengan pólizas en vigor del Plan de seguros agrarios combinados sobre las producciones agrícolas afectadas que, en el momento de producirse los daños, hayan sufrido daños que no fuesen
amparados por dichas pólizas; así como los daños registrados en aquellas producciones agrícolas para las que en las fechas del siniestro no se hubiese iniciado o finalizado el período de contratación del correspondiente seguro, siempre y cuando se
hubiese contratado cualquier tipo de seguro agrario a lo largo de la campaña anterior y el afectado se comprometa a realizar la suscripción del correspondiente seguro para la producción afectada en el primer período que fuera posible.
- Igualmente serán objeto de indemnización los daños originados por los siniestros en las producciones agrícolas y ganaderas no incluidas en el vigente plan de seguros agrarios combinados, así como aquellas producciones susceptibles de
alguna modalidad de aseguramiento en este plan, pero cuyo grado de implantación en la comunidad autónoma sea inferior a la cifra del 5 %.
- Las pérdidas producidas como consecuencia de los daños registrados en las explotaciones ganaderas, siempre y cuando los animales de dichas explotaciones estén asegurados en la línea de seguros de retirada de cadáveres contenida en dicho
plan. En este caso las indemnizaciones del ganado se calcularán en función del 70 % del precio lonja del día del siniestro.
- En aquellas explotaciones agrícolas y ganaderas en las que no concurra ninguna de las circunstancias expuestas en los tres puntos anteriores, se establecerá una indemnización sobre los daños sufridos, equivalente al 70 % de los importes
que correspondieran en el caso de los puntos anteriores.
- Para el caso de producciones agrícolas leñosas se tendrá en cuenta, además, una compensación equivalente al coste de reposición de las plantaciones afectadas y la posible repercusión que pudiera originarse en la cosecha de las próximas
campañas.
- Asimismo, se tendrán en cuenta y se valorarán los costes de reposición de las instalaciones de riego, los tutores y mallas dañados por las inundaciones sufridas.
- La comunidad autónoma reactivará las ayudas a la contratación de seguros agrarios en los municipios afectados por las riadas en el presente ejercicio y en el 2013.
7. Aplicación de beneficios y reducciones fiscales coyunturales para las actividades agrarias, procediendo a conceder la exención en los ejercicios 2012 y 2013 del impuesto sobre actividades económicas y del IBl de aquellos inmuebles que
compongan la explotación agraria; la reducción de los módulos para la declaración de 2013 y la aplicación de un coeficiente reductor el 30 % sobre el IVA repercutido (IVA cobrado) en las declaraciones del IVA en el régimen simplificado
8. Aplicación de extraordinarias medidas laborales y de Seguridad Social. Concediendo una exención desde octubre de 2012 a septiembre 2013 del pago de la Seguridad Social a los trabajadores autónomos, y la eliminación de las posibles
cargas sociales que puedan corresponder al empresario agricultor en caso de ERE.
9. Aplicación de medidas extraordinarias para las Instalaciones de energía fotovoltaica, procediendo a anular la reducción de horas subvencionables y a eliminar el impuesto del 6 % para el ejercicio 2013.
10. Establecer líneas preferenciales de crédito a través de ICO, por un importe máximo equivalente al del daño evaluado por la Delegación del Gobierno o, en su caso, por el Consorcio de Compensación de Seguros, y descontado, en su caso, el
importe del crédito que hayan podido suscribir con cargo a líneas de crédito preferenciales establecidas por iniciativa de la respectiva Comunidad Autónoma. Estos créditos deberán contemplar un plazo de amortización de al menos cinco años, con dos
de carencia, y un tipo de interés de cesión por parte del ICO a las entidades financieras no superior al 1,50 % TAE, con un margen máximo de intermediación para éstas del 0,50 %, de forma que el tipo final máximo para el prestatario sea del dos por
ciento TAE.
11. Promover en relación a los préstamos en vigor la posibilidad de, respecto de los privados, demorar un año la amortización de los mismos con las distintas entidades financieras, mientras que para los de carácter público, conceder una
moratoria de 2 años para todo préstamo contraído.
12. Conceder una prórroga en los plazos de aplicación del R. D. 1135/2002, mediante una moratoria de como mínimo seis meses, con el fin de poder adecuar explotaciones agrarias afectadas por las inundaciones a la normativa sobre bienestar
animal reflejada en el R. D. 1135/2002 y que finaliza el 1 de enero de 2013 en el caso de las explotaciones de porcino.
13. Dotar los fondos necesarios para la puesta en marcha de un 'Plan Agrario para el Guadalentín' que sirva para la reactivación de la agricultura y ganadería en esta comarca, cíe manera similar a lo establecido para los sectores industrial
y del comercio en la reciente normativa sobre ayudas para paliar los efectos del terremoto de Lorca, con la colaboración de las Organizaciones Agrarias y las Cooperativas de la zona afectada, y hacer un seguimiento de todas las medidas que se vayan
aplicando.
14. Solicitar la aplicación del reglamento comunitario (CE) relativo al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, para el restablecimiento rápido de infraestructuras, energía, agua, telecomunicaciones, transporte etc., que permita, además,
liberar recursos del Estado para las demás medidas mencionadas a establecer.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000516
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas urgentes para paliar los daños producidos por los efectos
de las inundaciones de 28 de septiembre de 2012 en varias provincias españolas, para su debate en Pleno.
Las copiosas lluvias del pasado 28 de septiembre de 2012 causaron en el municipio de Lorca (Murcia) la pérdida de vidas humanas y cuantiosísimos daños materiales en viviendas, vehículos, instalaciones comunitarias de regadíos,
infraestructuras públicas de caminos, carreteras, deportivas, sociales y culturales, así como gravísimas afectaciones a explotaciones agrarias y ganaderas con total destrucción de las mismas en muchos casos. En suma, supusieron otra tragedia humana
y una catástrofe material de
extraordinarias dimensiones que se vino a sumar a la anteriormente sufrida con motivo de los terremotos del 11 de mayo de 2011.
Las primeras declaraciones oficiales de miembros del Gobierno de España tras las inundaciones pedían unos días para la verificación de las consecuencias antes de decretar medidas de ayuda, con el fin de no errar y concretar adecuadamente los
términos de las mismas intentado así, evitar subsanaciones posteriores, tal y como podía entenderse que habría pasado con las ayudas para los daños de los terremotos, pronunciándose igualmente a favor de la colaboración de la Unión Europea con
fondos propios.
El Consejo de Ministros siguiente a las inundaciones, es decir, el del 5 de octubre de 2012 recogió esta expresión de voluntades, y así en la referencia de mismo se recoge el siguiente texto literal:
'Informe sobre los daños causados por las inundaciones en varias provincias españolas
El Consejo de Ministros ha recibido un informe de los Ministerios del Interior, Fomento y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre un primer análisis de los daños causados la pasada semana por las lluvias torrenciales y otros
fenómenos naturales ocurridos en varias provincias españolas, que causaron la pérdida de once vidas humanas y de dos personas desaparecidas.
Este primer análisis abarca los daños producidos en Murcia, Málaga, Almería, Granada y Valencia en lo que afecta tanto a daños personales, como a daños materiales en viviendas, en explotaciones agrícolas y ganaderas, así como en otras
actividades económicas.
A la vista de este primer análisis, el Consejo de Ministros ha decidido la constitución, con carácter inmediato, de un grupo de evaluación para que, en plena colaboración con todas las Administraciones afectadas -Comunidades Autónomas,
Diputaciones y Ayuntamientos-, se pueda determinar el volumen de los daños, su importe, su posible o no aseguramiento y la participación de cada Administración en la reparación de los mismos.
Además, el Consejo de Ministros ha decidido iniciar la tramitación, con carácter de urgencia, de la petición española para reclamar fondos europeos para ayudar a sufragar los daños generados por estas inundaciones.'
En el pleno extraordinario convocado por el alcalde de Lorca el sábado 29, se aprobó una declaración institucional manifestando el sentimiento de pésame ante las víctimas, y junto a la voluntad de colaboración expresada de todas las fuerzas
políticas integrantes del Pleno Municipal, quedó igualmente sobrentendida la necesidad de aprobación por parte del Estado de medidas excepcionales de ayuda para la subsanación de los daños producidos.
Como es bien sabido, el fenómeno de lluvia torrencial y la inundación consiguiente es característico de aquella zona y se produce recurrentemente con cierta periodicidad, por lo que el estudio de sus consecuencias y, sobre todo, la puesta en
práctica de acciones y medidas preventivas tendentes a la evitación o, en su caso, minimización de los posibles daños debe ser un principio de actuación claro y bien determinado de las administraciones públicas y organismos relacionados.
Aun considerando la dificultad que ello conlleva, no es menos cierto que muchas veces y quizás debido al tiempo que separa dichos episodios, las administraciones, en no pocas ocasiones, se muestran permisivas en el cumplimiento de normas
existentes y poco exigentes consigo mismas para la determinación y aprobación de otras más estrictas, amplias y completas en el terreno urbanístico o medioambiental para la prevención de daños como los sucedidos en esta última inundación.
Cuestiones esas de sobresaliente importancia sobre las que han llamado la atención investigadores y científicos como por ejemplo Francisco Calvo García-Tornel.
Ante lo ocurrido, nuestro Grupo parlamentario, por convencimiento y por obligación, necesariamente tiene que analizar los hechos desde una perspectiva crítica e impulsar cuantas acciones sean posibles para analizar los hechos y buscar
cuantas causas sean achacables a la descuidada mano del hombre o a la falta de rigor (o posible negligencia) en la actuación de las administraciones públicas, o en su caso, incumplimientos normativos o planes de prevención, y a este respecto
conviene analizar, entre otras cosas, las declaraciones del Presidente del colegio de ingenieros de caminos de Murcia, transcritas el domingo 21 de octubre en el diario 'La Verdad' al respecto del colapso de la autovía A-7 el día de la inundación.
A la vista de los datos ya ofrecidos sobre daños en viviendas y enseres, infraestructuras públicas, entre las que podría destacarse junto a la rotura de la autovía A-7 o los daños en caminos y carreteras, o
también los sistemas de regadío, el efecto sobre la vía ferroviaria en su tramo Lorca-Águilas, es por lo que nuestro Grupo parlamentario presenta esta Proposición no de Ley para reclamar medidas especiales de ayuda del Gobierno de España e
intervención urgente de los correspondientes departamentos ministeriales del Estado o de la propia Comunidad Autónoma de Murcia para restablecer los servicios ahora mermados o inutilizados.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte de forma urgente las medidas necesarias para:
1. Compensar adecuadamente a los damnificados por las inundaciones del 28 de septiembre pasado y que afectó a varias provincias españolas, una vez vista la evaluación de daños provocados.
2. Proceder al inmediato deslinde de cauces llegando incluso a la revisión de mapas en función de las avenidas producidas, así como también al arreglo y mejora de muros en su caso.
3. Proceder a la revisión de los mapas de zonas inundables a fin de actualizarlos en función de los datos obtenidos de la reciente inundación, y que así puedan ser utilizados para las procedentes revisiones de los planes urbanísticos de los
Ayuntamientos.
4. Analizar en colaboración con las Administraciones competentes, las posibles negligencias habidas tanto en la construcción de infraestructuras públicas o de inmuebles particulares, que permitieron en la época dorada del urbanismo,
construir en zonas inundables o potencialmente peligrosas por riesgo de avenidas e inundaciones.
5. Realizar, en colaboración con las Administraciones competentes, un Plan de Evaluación, Prevención y Actuación sobre Riesgos Naturales.
6. Averiguar las causas de lo ocurrido en la autovía A-7 a su paso sobre la rambla de Béjar (Murcia) cuando cedió el día de las inundaciones.
7. Restablecer la conexión ferroviaria entre Lorca y Águilas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000517
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la realización de un Plan Integral de apoyo a las
Familias, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El informe 'Análisis y Perspectivas sobre Exclusión y Desarrollo social', presentado por Cáritas, estima que el año pasado 580.000 familias no tuvieron ningún tipo de ingreso económico, lo que hace muy difícil la atención a sus necesidades
básicas. Como consecuencia de ello, en la actualidad, el 22 % de los hogares españoles se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, afectando muy especialmente a aquellos sustentados por jóvenes y en los que habitan menores.
Las familias son el eje de nuestra sociedad, su institución más importante, ya que se trata del máximo exponente de cohesión social, la principal fuente de confianza, la máxima expresión de la solidaridad y la más extensa red de protección
frente a la exclusión.
En momentos de crisis como el actual, no podemos olvidar el drama personal y colectivo que supone para un país que uno de cada cuatro hogares presente grandes dificultades para llegar a fin de mes. Esto es debido a que hay más de 1.500.000
familias que tienen a todos sus miembros en paro. Por ello, miles de familias españolas viven hoy una situación límite y, según el mandato constitucional del artículo 39, los poderes públicos deben ayudarlas y protegerlas en la medida de lo
posible.
Ir más allá de ese mandato constitucional y promover activamente políticas de apoyo a las familias, es una de las mejores inversiones que puede llevarse a cabo en la actualidad. Es necesario trabajar con el objeto de vertebrar la política
de familia de forma explícita, para que éstas puedan desempeñar sus funciones con autonomía y eficacia, mostrando su valor e importancia en la economía y en la sociedad.
Más allá de las políticas sectoriales o de realizar acciones concretas sobre situaciones específicas de algunos de sus miembros, que también es necesario, es preciso adoptar un conjunto coherente de acciones homogéneas de apoyo a la
institución familiar.
Promover, ayudar, atender y fortalecer la institución familiar, teniendo en cuenta la necesidad de mejorar la coordinación entre administraciones públicas, y de éstas con las organizaciones sociales para hacer más eficaz la asistencia a
personas o familias en situación de necesidad o riesgo de exclusión.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en el ámbito de sus competencias, a elaborar un Plan Integral de apoyo a las Familias para lograr que las políticas públicas tengan en cuenta la perspectiva y el impacto familiar de forma
transversal en todos los ámbitos, así como la mejora de la coordinación con las Comunidades Autónomas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000518
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre derogación de la Ley
10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, para su debate en el Pleno.
Recientemente se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, con el único apoyo del Partido Popular, una ley que plantea nuevas tasas judiciales y que ha tenido el rechazo unánime de la oposición y de todos los sectores profesionales:
abogados, procuradores y jueces, así como de diversas asociaciones, entre otras la de consumidores y usuarios.
La Constitución Española en su artículo 24 garantiza la tutela efectiva sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Pues bien, con la nueva ley de tasas se imponen tasas para acceder a la jurisdicción civil,
contencioso-administrativa y social, salvo algunas excepciones, lo que supone un ataque a la ciudadanía, ya que una parte de la misma no podrá entablar acciones legales en defensa de sus intereses por carecer de recursos suficientes.
Las nuevas tasas lejos de ser disuasorias, para evitar litigar por litigar, vienen a limitar por la vía económica el acceso a la justicia, lo que significa que lo que hasta ahora era un derecho al alcance de todos pase a ser ahora
inaccesible para muchas personas.
Si litigar no resultaba fácil, puesto que existen gastos previos de procuradores, abogados, peritos u otros profesionales que han de intervenir en los procesos judiciales aunque en ocasiones se recupere por la condena en costas de forma que
paga quien pierde el litigio, las tasas judiciales suponen un impedimento a la propia tutela judicial. Sólo a las personas con rentas altas les va a estar permitido el acceso a lo que es un derecho público como la justicia.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la derogación inmediata de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000519
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la aprobación de una disposición legal que permita las personas
afectadas por adopciones irregulares el acceso a la información de los registros de las instituciones religiosas, para su debate en Pleno.
Entre los años 1940 y 1990, se produjeron en el Estado español adopciones irregulares de recién nacidos.
En los últimos años, muchas de las personas afectadas han iniciado un proceso de investigación y de búsqueda de sus familiares, tanto de hijos que buscan a sus auténticos padres como de padres que intentan localizar a los descendientes que
tuvieron durante la Guerra Civil y la posguerra y que acabaron en brazos ajenos.
El muro contra el que chocan las personas que buscan información, sin embargo, suele ser siempre el mismo: la opacidad de las instituciones religiosas. En la posguerra, las llamadas casas cuna, orfanatos y casas de expósitos fueron las
entidades que monopolizaron las adopciones. Allá llegaban los hijos de mujeres sin medios y muchos de ellos salían con padres nuevos, quisiera o no la madre. Incluso, se daban muchos casos de mujeres que no podían hacerse cargo de sus hijos y los
dejaban durante una temporada en estas instituciones. Cuando volvían, les respondían que habían muerto mientras que, en realidad, ya se encontraban en una familia adoptiva.
En los registros de estas entidades figuran los nombres de todas las madres que cedieron o perdieron a sus hijos y la identidad de los padres adoptivos, de aquí su importancia. Sin embargo, al tratarse de ficheros privados, se encuentran en
manos religiosas y fuera del alcance de los interesados.
Hay que poner freno a esta situación y obligar por ley a las instituciones religiosas a permitir el acceso de las personas que buscan a sus familiares a los datos que necesiten para conseguirlo, no solo por el derecho a saber que tienen
estas personas, sino también por las implicaciones económicas o para la salud que puedan resultar.
Por todo ello, se propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Acometer a la mayor brevedad las reformas legales oportunas con la finalidad de permitir a las personas que puedan estar afectadas por adopciones irregulares acceder a la información de los registros de las instituciones religiosas necesaria
para encontrar a sus familiares.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo y Ricardo Sixto Iglesias, Diputados.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000520
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Portavoz doña Rosa Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley sobre la integración operativa de España en Grupo Intergubernamental de Coordinación del Sistema de Alerta temprana y mitigación de tsunamis en el Atlántico nororiental, y el Mediterráneo y mares adyacentes para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En el año 2005 se inició en el seno de la Comisión Oceanográfica Internacional, el Intergovernmental Coordination Group for the tsunami early warning and mitigation system in the North-Eastern Atlantic, the Mediterranean and connected seas
(Grupo Intergubernamental de Coordinación del Sistema de Alerta temprana y mitigación de tsunamis en el Atlántico nororiental, Mediterráneo y mares adyacentes, ICG/NEAMTWS). Desde esta fecha y en este marco, se han celebrando una serie de reuniones
anuales a las que asisten regularmente algunos miembros de distintas organizaciones coordinados por el Instituto Español de Oceanografía.
Tras siete años de reuniones técnicas, el ICG/NEAMTWS ha conseguido montar Centros Regionales de Alerta que deberán distribuir las mismas en caso de detección de riesgo. Al mismo tiempo, la mayoría de los países mediterráneos están montando
sus Redes Nacionales, imprescindibles para un Sistema de Alerta eficaz.
En función de su localización geográfica, España participa del Sistema de Alerta Temprana contra los Tsunamis y Atenuación de sus Efectos en el Atlántico Nororiental y el Mediterráneo y Mares Adyacentes (NEAMTWS). Sin embargo, nuestro País
carece de un Sistema Nacional de Alerta propio. Su necesidad se justifica porque solo una red de medida a nivel nacional es eficaz ante un tsunami de campo cercano o local, como a los que se encuentra expuesta España. Por otra parte, los avisos a
la población y los protocolos y planes de emergencia son competencia nacional ya que los Sistemas Regionales o Globales de Alerta se limitarán a enviar avisos a los Sistemas Nacionales cuando se produzca un evento que se estime puede afectar sus
costas. Pero a partir de ese momento, la responsabilidad corresponde a cada país involucrado en el Sistema.
En la última reunión del NEAMTWS (septiembre 2012), se volvió a recalcar además, la necesidad de establecer una vinculación entre la alerta y la preparación frente a los tsunamis y las tres inundaciones costeras de otros tipos, en el marco
de un enfoque de riesgos múltiples.
En España, no se ha desarrollado esta estructura de Red de Alerta Nacional, no se financiaron los medios necesarios solicitados en 2005 por el Grupo español de tsunamis, y sobre todo, no se ha designado formalmente en el BOE, el o los
organismos responsables de esta red de alerta. Esta petición ha sido realizada en numerosas ocasiones por el mencionado Grupo Español de Tsunamis.
Aunque es notorio el difícil momento económico que atraviesa España, existe la posibilidad de avanzar en la implementación del Sistema de Alerta, simplemente con la designación oficial (BOE) de los Organismos estatales, Instituto Geográfico
Nacional y Protección Civil, como responsables, al menos, de recibir las alertas posibles de los centros regionales del ICG/NEAMTWS.
Asimismo, y considerando que existen estructuras funcionales para riesgos similares como el de terremotos (Red sísmica nacional-Protección Civil, con gabinetes de trabajo 24h/365 días) y que Puertos del Estado está ya facilitando datos de
mareógrafos en tiempo real a las redes regionales, se deberían aprovechar estas estructuras, implementando los recursos necesarios para ampliarlas al riesgo de tsunamis y creando así una Red de Alerta Nacional.
Las Instituciones bajo cuya responsabilidad recae el establecimiento del Sistema Nacional de Alerta (Protección Civil, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Geográfico Nacional, Instituto Geológico y Minero de España,
Instituto Español de Oceanografía, Puertos del Estado, Demarcaciones de Costas y Unidad Militar de Emergencias, entre otros) llevan tiempo solicitando lo anteriormente expuesto.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo más breve posible adopte las medidas necesarias para que:
1. España quede plenamente integrada en el Intergovernmental Coordination Group for the tsunami early warning and mitigation system in the North-Eastern Atlantic, the Mediterranean and connected seas.
2. Se utilicen y aprovechen los equipos y redes que están disponibles como la Red Sísmica del Instituto Geográfico Nacional, la Red de Nivel de mar del Ente Publico Puertos del Estado, la de Rescate y Salvamento y la Sala de Coordinación
Operativa de Protección Civil.
3. Se establezcan planes de emergencia por Protección Civil y por la Unidad Militar de Emergencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2013.-Rosa María Díez González.-Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia.
162/000521
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reforma de la Ley 12/1995, de Incompatibilidades de los Miembros
del Gobierno y Altos Cargos, y de la Ley 5/2006, de Regulación de los conflictos de intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado al término de su mandato, para su debate en el Pleno de la
Cámara.
Los poderes públicos están llamados a adecuar la legislación para garantizar la imparcialidad de la acción pública en condiciones de máxima transparencia y prevenir la corrupción, robusteciendo la deontología de la función pública. El
escándalo causado por la adjudicación de las pruebas clínicas de 6 hospitales y 27 centros de salud a una empresa de la que es directivo el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid que privatizó ese servicio, ha indignado a la opinión pública.
Efectivamente, Juan José Güemes fue titular de la Consejería de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid desde junio de 2007 hasta marzo de 2010. En 2009, Güemes adjudicó la gestión de las pruebas clínicas de seis hospitales madrileños
-Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, Sureste, Henares y Hospital del Tajo- a la UTE BR Salud, formada por Ribera Salud y el grupo Balagué. El 21 de noviembre de 2012, la empresa Unilabs España, la misma que asesora Juan José Güemes,
compró el 55 % que el grupo Balagué Cerner mantenía en BR Salud. De forma escandalosa, el Gobierno de la Comunidad de Madrid acaba de adjudicar las pruebas de estos seis hospitales y 27 centros de salud a Unilabs España, que ya gestionaba los
laboratorios del hospital de Torrejón de Ardoz y del hospital Fundación Jiménez Díaz, propiedad de Capio Salud, en la que está integrada Unilabs.
En Portugal, sin ir más lejos, los titulares de cargos políticos y de altas funciones públicas, en los tres años siguientes al cese de sus funciones, no pueden ejercer funciones en empresas privadas que desarrollen actividades en los
sectores en que desplegaron directamente responsabilidades como ministros, siempre que durante su mandato dichas empresas hayan sido objeto de privatización o beneficiado de ayudas financieras o ventajas fiscales de naturaleza contractual. En
Francia, el artículo 432-13 del Código Penal prohíbe a todo funcionario público que por su cargo hubiere asegurado la supervisión de una empresa privada ocupar una actividad de consejo o formación en dicha empresa o comprar acciones de la misma.
Esta prohibición ha sido fijada en tres años por la ley francesa de modernización de la función pública de 2 de febrero de 2007. En España este período es tan solo de dos años. En Canadá, el artículo 33 de la Ley de conflictos de intereses prohíbe
a todo ex titular de cargo público extraer ventaja indebida de su cargo anterior; el artículo 34 le impide actuar al servicio de empresas privadas en cuestiones en las que haya intervenido oficialmente cuando ocupaba su cargo, o dar a sus
asociados, clientes o empleador consejos basados en informaciones no accesibles al público obtenidas durante su mandato. Y el artículo 35 le prohíbe aceptar un empleo en dichas empresas o ser miembro de su consejo de administración. También se
prohíbe a un ex ministro intervenir acerca de otro ministro que lo fuere en el mismo gabinete que él.
Disposiciones de este tipo tienen por objetivo la preservación de la integridad de los intereses públicos en relación con los intereses particulares que los responsables públicos podrían favorecer en el ejercicio de sus funciones o a partir
del final de su mandato.
Junto a la necesidad y la exigencia de que el Gobierno desarrolle la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, la
casuística más reciente avala la necesidad de introducir el control
de las incompatibilidades en la percepción de indemnizaciones por parte de los miembros del Gobierno, los altos cargos, así como los altos cargos de instituciones del Estado una vez que cesen en el desempeño de sus funciones.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover una reforma de la Ley 12/1995, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno y Altos Cargos, y de la Ley 5/2006, de Regulación de los conflictos de intereses de los Miembros del
Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, con el fin de:
1) Fijar limitaciones más estrictas en el ejercicio de actividades que realicen al término de su mandato.
2) Impedir que en los cinco años siguientes al cese de sus funciones puedan
a) Ejercer funciones en empresas privadas que desarrollen actividades en los sectores en que desplegaron directamente responsabilidades en el ejercicio de su cargo, siempre que durante su mandato dichas empresas hayan sido objeto de
privatización o se beneficien de contratos públicos de servicios externalizados, ayudas financieras o ventajas fiscales de naturaleza contractual.
b) Dar a sus asociados, clientes o empleadores consejos basados en informaciones no accesibles al público obtenidas durante su mandato.
c) Tener participaciones directas o indirectas superiores al 10 % en empresas que tengan conciertos o contratos de cualquier otra naturaleza con empresas públicas privatizadas en los 10 años anteriores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000522
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pedro Quevedo Iturbe, Diputado de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta para su debate
en Pleno la siguiente Proposición no de Ley sobre la prórroga del Plan PREPARA.
Exposición de motivos
El próximo 15 de febrero concluyen las ayudas a los parados de larga duración previstas en el Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su
protección por desempleo, más conocido como Plan PREPARA.
Estas medidas que fueron inicialmente puestas en marcha por el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, aprobando un programa de cualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, basado en acciones
de políticas activas de empleo y en la percepción de una ayuda económica de acompañamiento, ha sido prorrogado en tres ocasiones, una por el anterior Gobierno y dos por el nuevo Gobierno del PP.
La última renovación, aún en vigor, regulada por el citado Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, tiene, como las anteriores, una vigencia de seis meses y ya supuso una polémica reducción del importe de las ayudas y de las condiciones de
acceso a las mismas por parte de los desempleados que establecía la normativa a la que sustituía (Real Decreto 20/2011, de 30 de diciembre).
Mantener estas ayudas de entre 400 y 450 euros a los desempleados más allá del 15 de febrero es imprescindible dado el creciente número de personas que estando en desempleo no reciben ningún tipo de ayudas y la cantidad de hogares que tienen
a todos sus miembros activos en paro.
Si a nivel del Estado la situación del desempleo es muy preocupante, con más del 25 % de la población activa en paro, en Canarias los indicadores son dramáticos: la tasa de paro es del 33,6 %, según la EPA
correspondiente al tercer trimestre de 2012, lo que supone 378.000 parados, y el 53 % de los mismos son de larga duración, por lo que progresivamente van perdiendo las ayudas tradicionales al desempleo (prestación contributiva y subsidio).
Los últimos datos publicados por el Servicio Público de Empleo señalan que en el mes de noviembre había en el conjunto del Estado 1.906.730 parados registrados que no cobraban ningún tipo de ayuda, un 38,8 %. En Canarias esta cifra es aún
más elevada: el 43,0 % de los parados inscritos no tiene acceso a ninguna prestación económica, es decir, hay 124.257 parados registrados que no son beneficiarios de ayuda alguna.
Son estos datos los que explican el incremento de la tasa de riesgo de pobreza que sufren las Islas, un 33,8 % según la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística.
Es por ello imprescindible que el Gobierno de España acuerde cuanto antes prorrogar las ayudas del Plan PREPARA sin mantener en vilo a las personas que las necesitan y ampliándolas a los casos que contemplaba inicialmente la normativa.
Por todo lo anteriormente expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
Prorrogar otros seis meses las ayudas contempladas en el Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, conocido como Plan PREPARA, ampliándolas a los casos que contemplaba inicialmente la normativa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000523
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley relativa al condicionamiento de los rescates de las CC.AA. y de la exigencia de responsabilidad a las mismas por incumplimiento del Ordenamiento Jurídico, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Constitución como norma superior del ordenamiento constituye la expresión máxima de la soberanía nacional, que como indica su artículo 1.2 'reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado', lo cual fundamenta
nuestro Estado de Derecho, sobre la base de un régimen representativo, en el cual la soberanía, que está reservada exclusivamente al ente colectivo y abstracto llamado 'nación', no puede ser ejercida por nadie, sea quien sea, más que a título de
representante nacional. Tal principio, en su ámbito interno, se materializa en el propio Estado de Derecho, en virtud del cual ninguna organización o persona individual puede sustraerse al poder estatal que se ejerce mediante normas jurídicas.
En efecto, nuestra Norma Fundamental comienza afirmando (artículo 1.1) que 'España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho'. Por lo tanto, nadie puede estar por encima del Ordenamiento Jurídico, tal y como se encarga de
proclamar el Preámbulo de la Constitución cuando se refiere a la consolidación de un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular y el artículo 9.1 según el cual 'los ciudadanos y los poderes públicos
están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico', lo que tiene su manifestación en el principio de legalidad, previsto en el artículo 9.3, que conlleva la vinculación de la actividad de los diferentes poderes del Estado a la
ley, sin la cual los mismos carecen de legitimidad alguna.
En definitiva, nadie -tampoco los poderes del Estado- puede estar por encima de la Ley, pues sin Ley no hay Democracia. Así de simple.
El sometimiento al imperio de la ley es el fundamento de las democracias modernas y un principio básico conocido por todos los ciudadanos, que saben que las Leyes, tanto si les gustan como si no, son vinculantes y su incumplimiento está
castigado con la correspondiente sanción económica o, incluso, con la privación de libertad en el caso de las infracciones más graves, sujetas a la responsabilidad penal.
Sin embargo, en los últimos tiempos venimos asistiendo a un preocupante incremento de los casos en que autoridades y cargos públicos (algunos de gran relevancia en el entramado institucional) desafían abiertamente al Estado, afirmando
públicamente su voluntad de incumplir ciertas Leyes e incluso transgrediéndolas abiertamente, ante la pasividad del Gobierno y los poderes públicos competentes, lo cual traslada a la ciudadanía una imagen de absoluta impunidad y pone en peligro la
propia Democracia que tanto nos ha costado construir.
Un ejemplo paradigmático de lo que decimos es la negativa por parte de la Generalitat catalana a cumplir con la obligación, establecida por los tribunales, de adaptar el sistema educativo para que el castellano pueda ser elegido por quien lo
desee como lengua vehicular de la enseñanza. En la misma línea cabe señalar la decisión de convocar un referéndum ilegal, a pesar del perfecto conocimiento de su ilicitud, e incluso haciendo gala de ello o el de otras amenazas como la insumisión
fiscal o el incumplimiento del déficit. No estamos hablando de meras extralimitaciones competenciales sino de verdaderos desafíos al Estado de Derecho, preparatorios de retos mayores, si no se les pone coto.
También en distintas Comunidades y algunas Corporaciones Locales sus autoridades discurren por la misma senda. El País Vasco, por ejemplo, se ha negado a suprimir la paga extra de Navidad de los funcionarios, aumentando la desigualdad entre
los ciudadanos, y en otras regiones se ha hecho pública su decisión de incumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o las reglas de gasto.
Por si lo anterior no fuera suficiente resulta que muchas de las Comunidades Autónomas rescatadas están utilizando los fondos recibidos del Estado no para garantizar los servicios públicos esenciales (que se ven deteriorados día tras día),
sino para 'tapar agujeros', mientras mantienen intactas 'embajadas' en el extranjero, televisiones autonómicas y todo un entramado institucional absolutamente innecesario utilizado como centros de colocación de personas afectas o vinculadas a los
partidos políticos. Por poner un ejemplo entre tantos otros, recientemente se ha publicado que los Tribunales de Defensa de la Competencia Autonómicos han costado desde su puesta en funcionamiento más de 60 millones de euros, diez veces más que el
importe recaudado por la sanción de conductas anticompetitivas de ámbito autonómico. En algunos casos, raza lo esperpéntico: entre los años 2006 y 2011 el Tribunal de Defensa de la Competencia madrileño costó a las arcas públicas cerca de 15
millones de euros, mientras que sus sanciones rozaron los 18.000 euros, tal y como se ha publicado.
En algunos casos es peor todavía, como ocurre por ejemplo en Cataluña, donde la Generalitat está utilizando el rescate del Estado para financiar su propio proyecto secesionista, a través de sus novedosas 'estructuras de Estado', como el
proyectado Consejo Catalán para la Transición Nacional, la agencia tributaria catalana, la conversión del Instituto Catalán de Finanzas en un banco público, la reforma de los Mossos d'Esquadra para que sean una 'policía integral', el pago de los
ruinosos 'bonos patrióticos'..., etc. Todo ello con el dinero español del 'rescate' y dentro el habitual victimismo nacionalista, que no se priva cuando ve la ocasión para ello de denunciar a España en el seno de la Unión Europea o pedir su
'protección' ante imaginarias invasiones.
El Gobierno ha concedido en 2012 más de 17.500 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a nueve comunidades autónomas. Esto ha supuesto que a día de hoy en el fondo queden unos escasos 500 millones de euros. El Fondo se ha
prorrogado para 2013, añadiendo 23.000 millones a los 18.000 previstos para 2012, convirtiendo así en ordinario este mecanismo que nació como extraordinario. El Gobierno afirma que esta ayuda está fuertemente condicionada, como se requiere
legalmente. Sin embargo, las declaraciones de algunos presidentes de Comunidades Autónomas indican que estos no se comprometen ni siquiera a cumplir el objetivo de déficit de su Comunidad para 2012.
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera contempla una serie de medidas preventivas, correctivas y coercitivas caso de apreciar un riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones Locales, pero son en todo caso a posteriori, sin ningún tipo de condición previa o de carácter finalista, en orden a garantizar
que el 'rescate' esté destinado exclusivamente a financiar los servicios públicos esenciales, cada día más deteriorados y desiguales.
A diferencia del laxo y permisivo comportamiento del Estado con las Comunidades Autónomas, el rescate financiero de un país soberano como España conllevó por parte de la Unión Europea (UE) la imposición de hasta 32 condiciones para el
sistema financiero y alguna más, en paralelo, para la política fiscal y el conjunto de la economía española, inclusive la aplicación de recortes bajo una estricta y constante fiscalización de la Troika.
¿Alguien puede imaginar qué diría la UE si España decidiera utilizar el rescate europeo para una hipotética salida de la Unión? Incomprensiblemente, lo que es inimaginable en un contexto europeo, en España se permite y hasta se considera
moderno y 'progresista'.
En este sentido conviene resaltar que Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera prevé en su disposición adicional segunda un mecanismo de exigencia de 'responsabilidad por incumplimiento
de normas de Derecho comunitario', en virtud del cual 'las Administraciones Públicas y cualesquiera otras entidades integrantes del sector público que, en el ejercicio de sus competencias, incumplieran obligaciones derivadas de normas del derecho de
la Unión Europea, dando lugar a que el Reino de España sea sancionado por las instituciones europeas asumirán, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que se devenguen de tal incumplimiento' declarando que el Consejo de Ministros
'será el órgano competente para declarar la responsabilidad por dicho incumplimiento y acordar, en su caso, la compensación o retención de dicha deuda con las cantidades que deba transferir el Estado a la Administración o entidad responsable por
cualquier concepto, presupuestario y no presupuestarlo'.
Por lo tanto, de forma ciertamente incomprensible, resulta que el Estado puede compensar o retener el importe del rescate a una Comunidad Autónoma que incumpla el Derecho Comunitario, pero si lo que incumple es directamente el ordenamiento
jurídico español no hay previsto ningún mecanismo para que el Estado retenga cantidad alguna ni que pueda siquiera condicionar sus transferencias al cumplimiento de la legalidad o a la lealtad institucional.
Por otra parte, la inacción del Estado frente a las Comunidades que incumplen la Ley, las que no destinan los rescates a garantizar servicios públicos esenciales a los ciudadanos (sino para seguir alimentando su red clientelar) o las que lo
utilizan incluso contra el propio Estado rescatador (como pasa en Cataluña con su particular proyecto secesionista), contrasta abiertamente con el trato que están recibiendo los proveedores de la Administración, que sí pueden cobrar directamente del
Estado, caso de que la Administración deudora sea morosa y existan sospechas de que puede destinar los fondos públicos a otros menesteres.
En efecto, según hemos conocido recientemente, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está trabajando en la creación de un instrumento por el cual los proveedores de cualquier Administración que sea morosa puedan dirigirse
directamente al Ministerio para que éste 'arbitre la forma de pago'. Según palabras del propio ministro, este instrumento estará listo en los primeros meses de 2013 e impedirá que las administraciones se financien a costa de no pagar a los
proveedores.
Es decir, se pretende evitar que las Administraciones se financien 'a costa de no pagar a los proveedores', pero sin embargo esas mismas administraciones son libres de no utilizar el rescate para garantizar los servicios públicos, sino para
lo que tengan por conveniente, entre lo cual cabe citar la construcción 'nacional', alimentar las tupidas redes clientelares, la promoción política a través proyectos inviables o ruinosos, los entes superfluos..., etc.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'En su virtud el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo máximo de tres meses impulse las reformas legales necesarias en Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
así como en cuantas otras normas fuere necesario a fin de que:
- Análogamente a lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para los incumplimientos de normas de Derecho comunitario por parte de
las Comunidades Autónomas, el incumplimiento de las leyes españolas o la falta de lealtad constitucional habilite al Consejo de Ministros para declarar la responsabilidad por dicho incumplimiento y acordar, en su caso, la compensación o retención de
la deuda con las cantidades
que deba transferir el Estado a la Administración o entidad responsable por cualquier concepto, presupuestario y no presupuestario.
- De forma análoga a como condiciona la Unión Europea los rescates o las ayudas a los países miembros, España conceda las ayudas a las Comunidades Autónomas correspondientes de forma finalista, en orden a que las mismas sirvan para
garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales en situación de igualdad, condicionando las mismas a la supresión de gastos y entes superfluos y a la eliminación de duplicidades en el entramado institucional.
- Al igual que se prevé hacer con los pagos a proveedores de la Administración, establecer los mecanismos necesarios para que el Estado pueda garantizar directamente a los ciudadanos los servicios públicos esenciales, en el caso de que las
Comunidades Autónomas o las Corporaciones Locales destinen el rescate o las transferencias de fondos estatales a otras finalidades distintas a la que acabamos de referir.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000524
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Proposición no de Ley sobre la creación de una Comisión Permanente de Derechos Humanos.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y entendiendo que la eventual aprobación de la iniciativa no implicaría la creación de la Comisión a la que se alude, sino que en todo caso ésta tendría que atenerse al
cauce reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de una Comisión Permanente de Derechos Humanos, para su
debate en el Pleno.
Existen en el Estado español graves problemas relacionados con los derechos humanos que han sido señalados así por numerosos organismos internacionales y ONGs que operan en ese ámbito. Sin embargo en el Gobierno de España, únicamente
atribuye competencias específicas en materia de Derechos Humanos a la Oficina de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Una materia fundamental como la defensa y la promoción de los Derechos Humanos debieran ocupar un
lugar destacado, tanto en las estructuras del Gobierno cómo en las Cortes Generales.
Existen precedentes en otros países sobre la creación y el funcionamiento de Comisiones parlamentarias de Derechos Humanos, incluso llegándose a constituir como la principal institución estatal
de control del respeto de los derechos humanos. En el caso de esta Cámara, los debates y las cuestiones relacionadas con la vulneración de los Derechos Humanos tanto en nuestro territorio como en el ámbito internacional, se abordan de forma
difusa en la Comisión Constitucional o de Asuntos Exteriores en cada caso. Por tanto existe una Comisión específica, que otorgue el papel relevante que en una democracia avanzada, de calidad, debiera tener la defensa y la promoción de los Derechos
Humanos. Es más, el tratamiento de la materia actual deja entrever cierto 'negacionismo', y en este sentido se han pronunciado diversas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, al no existir un área de Gobierno relevante ni una Comisión
parlamentaria permanente que aborde la situación de los Derechos Humanos en España, obviando las reiteradas denuncias de violaciones que se reportan en diversos informes de ámbito nacional e internacional, que son una referencia en la materia.
En el caso de España, sería necesario la creación de una Comisión Permanente de Derechos Humanos en el Congreso de los Diputados, que entre otras cuestiones, debería abordar las demandas de los colectivos de recuperación de la Memoria
Histórica, una Comisión parlamentaria abierta a la sociedad civil, que atienda las demandas de uno de los ejes esenciales en el ejercicio y en la calidad de una democracia y ayude a resolver, entre otras cosas, las numerosas consecuencias de la
dictadura franquista que sufren todavía miles de familias.
La futura reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados debiera contemplar esta posibilidad. Es en esta Cámara es donde se establece el marco general de Derechos Humanos, se legisla, se debaten las líneas rectoras de la política
sobre Derechos Humanos (que se concretaron en el I Plan de Derechos Humanos), se ratifican Tratados Internacionales, y se legisla la transposición a nuestro marco normativo. Además, se debaten y se aprueban los Presupuestos Generales del Estado, en
el que la defensa y la promoción de los Derechos Humanos debe tener una partida presupuestaria adecuada. También se ejerce el control a la acción del Gobierno, examinando constantemente las políticas y decisiones gubernamentales sobre esta materia.
Por último, la creación de una Comisión Permanente de Derechos Humanos puede contribuir en gran medida a crear una cultura de derechos humanos en España.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta su voluntad de constituir, conforme al cauce reglamentario pertinente, una nueva Comisión Permanente de Derechos Humanos que tenga por objeto específicamente la defensa, la promoción y el control del
respeto a los Derechos Humanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.-Joan Nuet i Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000525
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de una auditoría de la deuda pública y de una comisión
que determine los criterios económicos y sociales con los que poder calificar como odiosa parte de la deuda, para su debate en el Pleno de la Cámara.
En el año 2000 la deuda pública española fue del 59,4 % del PIB de acuerdo con los datos de la oficina Eurostat. Sin embargo y como consecuencia de la crisis se prevé que en 2012 dicho ratio haya subido hasta el 85,3 % del PIB, mientras que
en los Presupuestos Generales el Gobierno estima que en 2013 se incrementará hasta el 90,5 % del PIB. En cantidades absolutas, lo previsto para 2013 significa un total de 728.800 millones de euros. Asimismo, en concepto de pago de intereses el
Gobierno ha previsto la cantidad de 38.589 millones de euros.
Esta deuda tiene diferentes orígenes, como consecuencia de la crisis financiera y económica, y sin más datos es difícil dilucidar qué parte corresponde a las necesidades de financiación de la activación de
los estabilizadores automáticos, de los planes de estímulo o de los rescates bancarios. Sin embargo, sí cabe reconocer que en comparación con las grandes entidades financieras el contexto de financiación del Estado ha sido enormemente
injusto. Al menos en las dos formas siguientes:
1. En primer lugar, mientras el Banco Central Europeo (BCE) pone a disposición de las entidades financieras una financiación muy barata y prácticamente ilimitada, los Estados tienen que recurrir exclusivamente a los mercados financieros de
deuda pública en un contexto de recesión económica -con las implicaciones que ello conlleva en términos de rentabilidad y precio de los títulos de deuda-. Esta situación, derivada de las fallas de la construcción europea y del propio diseño de las
instituciones europeas, ha llevado a la creación de espacios de arbitraje que las entidades financieras han aprovechado. Es decir, estas entidades financieras pueden acceder a financiación a un tipo de interés muy reducido y prestar esas cantidades
al Estado a tipos de interés mucho más elevados. Situación paradójica teniendo en cuenta que por otros mecanismos y de forma sistemática es el propio Estado, junto con las instituciones europeas, el que está rescatando a las entidades financieras.
2. En segundo lugar, porque gran parte de la financiación obtenida por el Estado ha tenido como destino el salvamento del sistema financiero o de otras entidades empresariales. El esquema lleva a que el Estado se endeude no para hacer
frente a los gastos corrientes o de inversión en la economía real sino para prestar el dinero de nuevo en condiciones favorables a sujetos privados cuyos intereses no son necesariamente coincidentes con los de los ciudadanos. Informes
independientes, como el del técnico de hacienda D. Agustín Turiel, plantean que el total de este tipo de endeudamiento 'ilegítimo' asciende a 95.671 millones de euros sólo entre 2008 y 2010.
No cabe duda de que gran parte de las emisiones de deuda pública de los últimos años se han suscrito a través de los mecanismos arriba descritos, produciéndose así un ilegítimo rescate a las entidades financieras de toda Europa. Por esa
razón nuestro grupo considera que es posible calificar gran parte de los contratos de deuda pública con el concepto de 'deuda odiosa' tal y como aparece recogido en la doctrina internacional sobre la cuestión. Cabe recordar que este concepto ha
sido usado históricamente en múltiples ocasiones, entre ellas en Cuba en 1898 por parte de Estados Unidos o en Iraq en 2004 por parte del Gobierno impuesto por Estados Unidos. Asimismo, los casos de Argentina en 2001 y Ecuador en 2007 ilustran no
sólo la posibilidad de realizar eficazmente estas medidas sino también que son instrumentos útiles para garantizar el desarrollo económico futuro.
En un contexto de recesión, y con las expectativas para 2013 de un decrecimiento del 1,4 % según la Comisión Europea -especialmente por el agravamiento de la demanda interna en mitad de un proceso de desapalancamiento financiero-, es
previsible que la capacidad de ingreso del Estado siga mermándose hasta el punto de hacer insostenible el ritmo de crecimiento de la deuda pública. Ya hay datos que apuntan a esta dificultad creciente. Entre 2010 y 2011 el déficit primario
descendió un 9,09 % (hasta el 7 % según Eurostat) como consecuencia de las políticas de austeridad, pero el déficit público final sólo descendió un 3,09 % (hasta el 9,4 % según Eurostat). Este diferente ritmo de crecimiento no hace sino revelar el
lastre que supone el creciente peso del pago de los intereses de la deuda pública, los cuales ejercen una punción sobre los recursos públicos e impiden que éstos puedan dedicarse a políticas de reactivación económica.
La descrita aquí es una peligrosa senda que aúna socialización de las deudas privadas, crecimiento del endeudamiento público, recesión económica y creciente peso de la carga financiera. No es éste un problema que pueda resolverse con más
austeridad, como ilustra dramáticamente el caso griego -que ha tenido que reconocer en varias ocasiones la imposibilidad de pagar toda la deuda pública-, sino que manifiesta la necesidad de liberar parte del lastre financiero que supone la deuda
pública. Algo que, a nuestro juicio, debería acompañarse de una política expansiva por parte del Banco Central Europeo y por un nuevo y muy distinto diseño de la Unión Europea.
Por los motivos anteriormente expuestos se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Poner en marcha una auditoría de la deuda pública que estudie todas las suscripciones de títulos con objeto de poder identificar qué contratos pueden considerarse 'odiosos'.
2. Promover la creación de una comisión formada por expertos de diferentes ámbitos de la vida social y económica, incluyendo a las múltiples organizaciones especializadas en este tema que trabajan en la línea apuntada desde hace años tanto
a nivel nacional como internacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000526
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
subasta de medicamentos y derecho de los inmigrantes a tarjeta sanitaria, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El sistema público de salud requiere una estrategia de gestión de sus recursos que haga posible un mecanismo de gasto que ofrezca las garantías necesarias para conseguir el objetivo de gastar bien en un contexto de calidad y excelencia.
La sanidad pública debe ofrecer prestaciones de calidad basadas en la incorporación de los mejores avances científicos así como un enfoque de equidad para toda la ciudadanía y de lucha frente a las desigualdades en salud.
Una sanidad universal, pública y gratuita se ha mostrado como el mejor sistema para organizar la atención a los problemas de salud de una sociedad.
En el caso de España, esto ha sido una realidad hasta el año 2011. Nuestro país ha disfrutado de un sistema nacional de salud que se convirtió en uno de los mejores del mundo a un coste asequible y sobre todo a un coste muy eficiente.
Un sistema adecuado también en tiempos de crisis económica.
Tras la llegada del Partido Popular al Gobierno de España, se han desarrollado medidas, ya de recorte sanitario, ya de reorientación del sistema sanitario que han roto el consenso que había en torno a las características básicas que lo
definían y que permitieron alcanzar un gran nivel de calidad y un enorme aprecio por parte de la sociedad española.
El Real Decreto-ley 16/2012 supuso la concreción de ese enorme cambio que además no cuenta con el apoyo ni del resto de grupos parlamentarios ni de los agentes profesionales del sector, tampoco de las organizaciones de pacientes y usuarios.
En política sanitaria, los medicamentos son, en muchos casos, un elemento esencial para asegurar la calidad asistencial. Por ello, la política farmacéutica se constituye en clave esencial para la calidad asistencial y para la eficiencia en
la gestión de los recursos.
En concreto, una vez que se agota la patente de los medicamentos, es necesario abordar decisiones que permitan disminuir su coste entre las que cabe señalar la rápida autorización de nuevos genéricos de esos medicamentos que acaban su
patente o medidas que favorezcan la prescripción de los mismos e, incluso, mecanismos de competencia entre las compañías proveedoras para conseguir el mejor precio posible para el sistema público de salud.
La extensión de mecanismos de prescripción por principio activo es una de las medidas que mayor eficacia ha demostrado en el control del gasto en medicamentos.
Una de las primeras Comunidades en adoptar este tipo de políticas ha sido Andalucía, que en los últimos diez años ha conseguido ahorros muy relevantes en esta materia.
En la actualidad Andalucía ha puesto en marcha otro mecanismo de control del gasto y de generación de importantes ahorros sin tener que recurrir ni al recorte de prestaciones ni a la imposición de copagos, ahorros que dedica a la asistencia
sanitaria.
Este mecanismo es el de la subasta de medicamentos para determinar la provisión al sistema público de salud de fármacos de determinados principios activos a un precio más económico, gracias a la competencia entre empresas proveedoras.
El Gobierno de España, lejos de aprovechar esta iniciativa (que ya estaba contemplada en el Real Decreto-ley 9/2011) y extenderla al conjunto del sistema sanitario público español, decidió plantear un conflicto jurídico ante el Tribunal
Constitucional que generó la suspensión cautelar de la medida.
No obstante, recientemente el Tribunal Constitucional ha decidido levantar esta suspensión cautelar lo que ha permitido que el Gobierno de Andalucía reiniciara el proceso para conseguir ahorros relevantes, que se calculan en unos 200
millones de euros anuales.
Esta decisión del Tribunal Constitucional, se produce en un momento político en el que la sanidad pública española se ve sometida a decisiones del Gobierno que suponen tanto un conjunto de recortes de derechos sanitarios a la ciudadanía como
la imposición de copagos o la privatización de la gestión de los servicios públicos de salud, decisiones que terminan afectando a la calidad asistencial, a la accesibilidad a las prestaciones y a la equidad del sistema.
Merece la pena explorar alternativas que permitan la generación de ahorros al gasto público que sean más compatibles con el mantenimiento de la calidad asistencial, de la cartera de servicios y de las garantías de accesibilidad de toda la
ciudadanía.
La subasta de medicamentos es una buena estrategia tal como fue prevista en el Real Decreto-ley 9/2011 y tal como se desarrolla en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
Se estima que puede conseguir unos ahorros anuales de 1.500 millones de euros, lo que supera ampliamente el efecto de la medida del copago farmacéutico a pensionistas, evitando además las barreras de acceso que suponen un riesgo para su
salud.
Por otra parte, el Gobierno decidió eliminar el derecho a la cobertura sanitaria de aquellas personas procedentes de terceros países que residen en España y que no tienen regularizada su situación laboral.
Ha sido una medida muy contestada desde ámbitos profesionales puesto que, además de suponer una vulneración de un derecho fundamental como es el derecho a la protección de la salud, no contribuye a un ahorro relevante. La falta de
asistencia deteriora la salud de aquellas personas con patologías crónicas que terminarán necesitando una atención sanitaria hospitalaria, lo que es más costoso para la sanidad pública. De igual forma, en lo que se refiere a enfermedades
infecciosas o mentales, la no asistencia a estos colectivos de población genera situaciones que también perjudican al resto de la comunidad.
Esta exclusión ha contado con una gran oposición de las organizaciones de profesionales sanitarios así como de varias Comunidades Autónomas como Andalucía, Cataluña, Asturias o País Vasco.
Incluso se han planteado recursos de institucionalidad en el Tribunal Constitucional. En el recurso interpuesto por la C.A. del País Vasco, el Tribunal ha dado prevalencia a la decisión de esa Comunidad de ofrecer cobertura a estos
colectivos de inmigrantes; en su resolución incluye reflexiones de enorme calado respecto a la necesidad de evitar daño a la salud de la ciudadanía con la adopción de medidas de control del gasto sanitario y reconoce el riesgo de afectación a la
salud de la comunidad que convive con estos colectivos desposeídos del derecho a la asistencia sanitaria.
Se hace pues urgente reponer este derecho en los colectivos de inmigrantes para asegurar su protección y la del resto de la sociedad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar un proceso de subasta de medicamentos para el suministro al sistema sanitario público español de aquellos principios activos no sometidos a protección de patente que permita generar un ahorro de, al menos, 1.500 millones de
euros anuales y, como consecuencia, proceda a derogar el copago farmacéutico a pensionistas.
2. Reponer de inmediato el derecho a la tarjeta sanitaria que permite el acceso a la sanidad pública a las personas inmigrantes en situación irregular, lo que garantizará la protección eficaz de su derecho a la salud así como de manera
indirecta, el de la salud del resto de la comunidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.-José Martínez Olmos, Diputado.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000527
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley instando al
Gobierno a suprimir a las personas físicas como sujetos obligados a la exacción de tasas judiciales, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El 14 de noviembre el Senado aprobó sin modificaciones respecto al texto remitido por el Congreso, el Proyecto de Ley el por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses. Publicada el día 21 de noviembre, entrará en vigor al día siguiente de su publicación, es decir mañana 22 de noviembre.
Este Proyecto, remitido por el Gobierno a la Cámara el día 2 de agosto, induce a pensar en un evidente afán de ocultación a los ciudadanos, ha tenido una tramitación de vértigo y su contenido constituye una muestra más de la voluntad del
Gobierno de llevar a cabo un vaciado de los servicios públicos esenciales.
Si la Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de Supresión de las Tasas Judiciales, erradicó de nuestro ordenamiento jurídico la figura de la tasa judicial, para propiciar que todos los ciudadanos pudieran obtener justicia cualquiera que fuera su
situación económica o su posición social. La Ley aprobada por las Cámaras, con solo la mayoría absoluta del Grupo Popular, sin aceptar ninguna propuesta de los Grupos Parlamentarios, extendió, contra el criterio del Grupo Socialista, el pago de
tasas judiciales a toda persona natural y jurídica y a los órdenes jurisdiccionales civil, contencioso administrativo y social.
Si bien el Tribunal Constitucional en STC 20/2012 de 16 de febrero de 2012 consideró constitucional la reintroducción de la tasa hecha por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre también afirmó que 'Esta conclusión general sólo podría verse
modificada si se mostrase que la cuantía de las tasas .../..., son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables, atendiendo a los criterios de la jurisprudencia
expuestos en el fundamento jurídico 7. Sin embargo, la cuantía de las tasas no debe ser excesiva, a la luz de las circunstancias propias de cada caso, de tal modo que impida satisfacer el contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la
justicia'. En consecuencia la cuantía de las tasas no debe impedir u obstaculizar de manera desproporcionada el acceso a la jurisdicción.
Recientemente, el Sr. Manuel Cachón Cadenas, Catedrático de Derecho Procesal Universidad Autónoma de Barcelona decía que: 'Si el legislador, mediante la imposición de tasas judiciales o de otra forma, pone dificultades para que un
ciudadano que ha sufrido una lesión de sus derechos pueda acudir a los Tribunales a pedir protección, esto significa que ese legislador está favoreciendo a quien ha lesionado aquellos derechos. Por ello, la existencia de tasas judiciales fomenta la
morosidad y, en general, el incumplimiento de las obligaciones. En la medida en que un sistema de tasas judiciales dificulte la obtención de tutela judicial, en esa misma medida está beneficiando a los que incumplen sus obligaciones.'
El objetivo recaudatorio que persigue es desproporcionado a la limitación del derecho de acceso a la justicia que, puede convertirse en un obstáculo impeditivo para la obtención de tutela judicial efectiva.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar, que nadie vea limitado su derecho de acceso a la justicia por no poder hacer frente al pago de
la tasa judicial, así como a remitir a la Cámara, de manera inmediata, un Proyecto de Ley donde se excluya a las personas físicas como sujetos obligados al pago de tasas judiciales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre la
negociación de las 'Perspectivas Financieras (PPFF) 2014-2020 (Marco Financiero Plurianual)' en la Unión Europea (UE), y en particular las políticas de Empleo, I+D+i, Pymes, Europa 2020, Cambio Climático, para su debate en el Pleno del Congreso.
Exposición de motivos
El debate sobre el futuro del presupuesto de la Unión Europea (UE) durante los años 2014-2020, las llamadas Perspectivas Financieras (PPFF), tanto en relación con su tamaño y estructura (Marco Financiero Plurianual 2014-2020), sobre sus
modalidades de trabajo (Acuerdo Interinstitucional) y sobre su financiación (recursos propios) es absolutamente crucial para el futuro del proyecto europeo y de sus ciudadanos.
Este debate no puede desconectarse del debate sobre la política económica adecuada que la UE en su conjunto necesita para salir de la crisis, librarse del falso fundamentalismo de la austeridad, volver a crecer y crear empleo y alcanzar los
objetivos de la Estrategia Europa 2020.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS) está profundamente preocupado ante la evidencia de que los efectos de la crisis económica están destruyendo los entramados básicos de nuestra sociedad. Esta preocupación la hemos expresado en
infinidad de ocasiones, tanto en nuestro país en todos los niveles en los que los socialistas españoles del PSOE estamos representados -local, autonómico, nacional- como a escala europea a través del grupo parlamentario Socialistas & Demócratas
(S&D) en el Parlamento Europeo.
Los socialistas no creemos en el pensamiento único que la derecha española y europea nos intentan imponer, el de la austeridad económica como único camino para salir de la actual crisis económica y financiera.
A escala europea, en el conjunto de la Unión, la inversión viene cayendo desde 1992, tendencia que se ha agravado desde el inicio de la crisis (2,8 % del PIB en 2009 frente a 2,3 % en 2011). Esta tendencia debe revertirse con el fin de
devolver el rumbo a la economía de la UE y apostar de una vez por todas por el crecimiento económico basado en los sectores capaces de garantizar empleo estable y de calidad, un modelo de crecimiento que pueda respaldar el modelo de bienestar
europeo, el Modelo Social Europeo, y un futuro de prosperidad y justicia social.
En ese sentido, el presupuesto de la UE puede y debe ser un importante instrumento de política anticíclica. Recortar en este momento el presupuesto de la UE provocaría una disminución drástica del gasto público en muchos Estados miembros,
contribuyendo a profundizar la crisis y retrasar su superación.
Desde el PSOE creemos que el presupuesto de la UE debe ser una herramienta para coordinar y mejorar los esfuerzos nacionales y catalizar desde Europa inversiones orientadas al futuro, en capital humano y educación, a favor de una sociedad
basada en el conocimiento, a favor de las infraestructuras, la investigación, la innovación, las PYME y las nuevas tecnologías verdes. Los Estados miembros no pueden alcanzar por sí solos estos objetivos como hemos comprobado en los últimos años,
no sólo de profunda crisis, sino también, por ejemplo, tras el demostrado fracaso de la llamada Estrategia de Lisboa 2000-2010 durante una etapa de claro crecimiento económico.
Europa no puede volver a fracasar en ese objetivo porque ello descabalgaría definitivamente a la Unión del liderazgo global como la sociedad más desarrollada y con más bienestar social, cohesionada, y capaz de generar empleo de alta calidad.
Por esta razón ni la Unión en su conjunto ni mucho menos España pueden permitirse el lujo de perder el debate sobre el presupuesto de la UE para el periodo 2014-2020 para lograr que estas nuevas Perspectivas Financieras contribuyan a lograr
un fortalecimiento de la gobernanza económica europea y la realización de la estrategia UE-2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Estamos convencidos de que el Gobierno español, en el marco del proceso de revisión de las Perspectivas Financieras de la Unión Europa, de reforma del sistema de recursos propios y de las reformas de las políticas de cohesión y agraria
común, y ahora más que nunca tras el fracaso y la falta de acuerdo del Consejo Europeo extraordinario del pasado 22 y 23 de noviembre de 2012 que debatió de manera monográfica dicha cuestión, debe seguir los objetivos que desarrollamos a
continuación para definir y cerrar la estrategia de negociación y lograr un acuerdo en 2013 aunque no a cualquier precio, pues sería inaceptable cualquier reducción de recursos que impidan desarrollar estrategias de crecimiento para el próximo
período.
El Grupo Parlamentario Socialista considera que con el objeto de reforzar la posición negociadora del Gobierno es necesario renovar el compromiso alcanzado por todos los grupos parlamentarios al final de la anterior legislatura, actualizando
su contenido para lograr que los intereses de nuestro país y de la propia Unión Europea sean defendidos como corresponde en la fase final de aprobación del nuevo Marco Financiero Plurianual 2014-2020.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aumentar la financiación (en comparación con el periodo 2007-2013) para el empleo, la educación, la formación, la movilidad, la juventud y la inclusión social. La inclusión social de los jóvenes europeos tiene que integrarse y figurar
como prioridad en todas las políticas pertinentes financiadas con cargo al presupuesto de la UE.
2. Asignar, en el marco de la Estrategia Europea 2020, un mayor volumen de recursos a la formación y educación a largo plazo, especialmente para luchar contra el desempleo juvenil y de larga duración. La Comisión Europea ha propuesto
instrumentos relacionados con la juventud, corno la Garantía para los Jóvenes. Esta garantía juvenil debe ser un programa europeo, de calidad con unos derechos sociales mínimos, cofinanciado, y que combine formación e inserción que debe ser
impulsado también por los Estados miembros por lo que se insta al Gobierno español también a apoyarlo y ponerlo en marcha en nuestro país.
3. Asignar al FSE (Fondo Social Europeo) el 25 % de la financiación global de la política de cohesión para promover la empleabilidad y la inversión social. Debería reservarse el 20 % de la financiación del FSE para la promoción de la
inclusión social y la lucha contra la pobreza.
4. Garantizar que el Fondo Europeo de Globalización se mantiene en vigor y se actualiza como un instrumento para ayudar a todas las categorías de trabajadores a reincorporarse al mercado de trabajo y adquirir nuevas habilidades.
5. Encontrar una solución adecuada para continuar con el programa de Ayuda a las Personas desfavorecidas.
6. Aumentar la financiación en favor de la investigación y la innovación, las PYME, y la competitividad en comparación con el marco financiero plurianual 2007-2013. Mantener en las nuevas Perspectivas Financieras el esfuerzo en la
financiación de las políticas orientadas a la innovación e investigación dentro de la Unión Europea, es clave para el éxito de la Estrategia 2020, potenciando sobre todo las líneas dedicadas a las PYMES en el VIII futuro Programa Marco y, en
particular, en el Programa de Competitividad e Innovación.
7. Establecer dentro de las Perspectivas Financieras un instrumento específico dedicado a las PYMES que promueva su competitividad y apoye la estrategia de la Unión Europea a favor de las pequeñas empresas.
8. Defender la necesidad de introducir en el presupuesto de la Unión Europea elementos que tengan en cuenta el esfuerzo realizado por los Estados para cerrar la denominada 'brecha tecnológica'.
9. Respaldar la propuesta del Mecanismo Conectar Europa (MCE) para garantizar una mayor financiación para la realización de proyectos prioritarios de infraestructuras identificados en el ámbito del transporte, la energía y las
telecomunicaciones. La transferencia propuesta del Fondo de Cohesión al MCE se de llevar a cabo exclusivamente en países de la cohesión, y en favor de sus infraestructuras de transporte, en línea con la mejora de la capacidad administrativa de
dichos Estados miembros.
10. Apoyar la propuesta de la Comisión respecto a las medidas esenciales en materia de medio ambiente, cambio climático y biodiversidad en el conjunto del presupuesto de la UE con el fin de movilizar inversiones en favor de una economía
sostenible baja en carbono. Se debe dar un apoyo adecuado para
alcanzar los objetivos de Europa 2020 y los objetivos de la Unión respecto al clima, la energía, la eficiencia de los recursos y la biodiversidad. Asimismo deben disponerse salvaguardias extremas para evitar inversiones ambientalmente
dañinas e incoherentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000529
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre la
negociación de las 'Perspectivas Financieras (PPFF) 2014-2020 (Marco Financiero Plurianual)' en la Unión Europea (UE), y en particular las políticas de cohesión, para su debate en el Pleno del Congreso.
Exposición de motivos
El debate sobre el futuro del presupuesto de la Unión Europea (UE) durante los años 2014-2020, las llamadas Perspectivas Financieras (PPFF), tanto en relación con su tamaño y estructura (Marco Financiero Plurianual 2014-2020), sobre sus
modalidades de trabajo (Acuerdo Interinstitucional) y sobre su financiación (recursos propios) es absolutamente crucial para el futuro del proyecto europeo y de sus ciudadanos.
Este debate no puede desconectarse del debate sobre la política económica adecuada que la UE en su conjunto necesita para salir de la crisis, librarse del falso fundamentalismo de la austeridad, volver a crecer y crear empleo y alcanzar los
objetivos de la Estrategia Europa 2020.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS) está profundamente preocupado ante la evidencia de que los efectos de la crisis económica están destruyendo los entramados básicos de nuestra sociedad. Esta preocupación la hemos expresado en
infinidad de ocasiones, tanto en nuestro país en todos los niveles en los que los socialistas españoles del PSOE estamos representados -local, autonómico, nacional- como a escala europea a través del grupo parlamentario Socialistas & Demócratas
(S&D) en el Parlamento Europeo.
Los socialistas no creemos en el pensamiento único que la derecha española y europea nos intentan imponer, el de la austeridad económica como único camino para salir de la actual crisis económica y financiera.
A escala europea, en el conjunto de la Unión, la inversión viene cayendo desde 1992, tendencia que se ha agravado desde el inicio de la crisis (2,8 % del PIB en 2009 frente a 2,3 % en 2011). Esta tendencia debe revertirse con el fin de
devolver el rumbo a la economía de la UE y apostar de una vez por todas por el crecimiento económico basado en los sectores capaces de garantizar empleo estable y de calidad, un modelo de crecimiento que pueda respaldar el modelo de bienestar
europeo, el Modelo Social Europeo, y un futuro de prosperidad y justicia social.
En ese sentido, el presupuesto de la UE puede y debe ser un importante instrumento de política anticíclica. Recortar en este momento el presupuesto de la UE provocaría una disminución drástica del gasto público en muchos Estados miembros,
contribuyendo a profundizar la crisis y retrasar su superación.
Desde el PSOE creemos que el presupuesto de la UE debe ser una herramienta para coordinar y mejorar los esfuerzos nacionales y catalizar desde Europa inversiones orientadas al futuro, en capital humano y educación, a favor de una sociedad
basada en el conocimiento, a favor de las infraestructuras, la investigación, la innovación, las PYME y las nuevas tecnologías verdes. Los Estados miembros no pueden alcanzar por sí solos estos objetivos como hemos comprobado en los últimos años,
no sólo de profunda crisis, sino también, por ejemplo, tras el demostrado fracaso de la llamada Estrategia de Lisboa 2000-2010 durante una etapa de claro crecimiento económico.
Europa no puede volver a fracasar en ese objetivo, porque ello descabalgaría definitivamente a la Unión del liderazgo global como la sociedad más desarrollada y con más bienestar social, cohesionada, y capaz de generar empleo de alta
calidad.
Por esta razón ni la Unión en su conjunto ni mucho menos España pueden permitirse el lujo de perder el debate sobre el presupuesto de la UE para el periodo 2014-2020 para lograr que estas nuevas Perspectivas Financieras contribuyan a lograr
un fortalecimiento de la gobernanza económica europea y la realización de la estrategia UE-2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Estamos convencidos de que el Gobierno español, en el marco del proceso de revisión de las Perspectivas Financieras de la Unión Europa, de reforma del sistema de recursos propios y de las reformas de las políticas de cohesión y agraria
común, y ahora más que nunca tras el fracaso y la falta de acuerdo del Consejo Europeo extraordinario del pasado 22 y 23 de noviembre de 2012 que debatió de manera monográfica dicha cuestión, debe seguir los objetivos que desarrollamos a
continuación para definir y cerrar la estrategia de negociación y lograr un acuerdo en 2013 aunque no a cualquier precio, pues sería inaceptable cualquier reducción de recursos que impidan desarrollar estrategias de crecimiento para el próximo
período.
El Grupo Parlamentario Socialista considera que con el objeto de reforzar la posición negociadora del gobierno es necesario renovar el compromiso alcanzado por todos los grupos parlamentarios al final de la anterior legislatura, actualizando
su contenido para lograr que los intereses de nuestro país y de la propia Unión Europea sean defendidos como corresponde en la fase final de aprobación del nuevo Marco Financiero Plurianual 2014-2020.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La financiación de la Política de Cohesión, los Fondos de Desarrollo Rural y la financiación de las Políticas Marítimas y Pesqueras tienen que contribuir de manera concreta y medible a la consecución de los objetivos de la Estrategia
2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y ayudar a corregir los desequilibrios macroeconómicos en la UE. Estos fondos, no obstante, pueden convertirse en una herramienta de castigo vinculada a la condicionalidad
macroeconómica.
2. Garantizar que no se impongan las condiciones macroeconómicas relacionadas con el cumplimiento del Pacto de Estabilidad a la disposición y utilización de estos fondos. Las autoridades regionales y locales que actúan en nombre de los
ciudadanos no deben ser penalizados o condicionados por las consecuencias macroeconómicas de las decisiones adoptadas en otros niveles. No existe una relación directa entre los resultados de la política regional y los resultados macroeconómicos de
un Estado miembro, y las regiones no deben ser castigadas por el incumplimiento a nivel nacional de los procedimientos relativos a la gobernanza económica; consideramos que imponer nuevas sanciones podría exacerbar los problemas de los Estados
miembros que ya se enfrentan a dificultades macroeconómicas y, por tanto, la condicionalidad macroeconómica es inaceptable.
3. Lograr que la financiación de la Política de Cohesión (los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión) debe estar disponible para todas las regiones y mantenerse al menos a nivel de 2007-13. Debe asignarse al FSE (Fondo Social Europeo)
el 25 % de la financiación global de la política de cohesión para promover la empleabilidad y la inversión social. Debería reservarse el 20 % de la financiación del FSE para la promoción de la inclusión social y la lucha contra la pobreza.
4. Tener en cuenta que en este momento de crisis profunda los entes locales y regionales necesitan planificar sus estrategias de crecimiento para el próximo período con certidumbre y cierta ambición para volver a crecer y crear empleo. Los
objetivos de la Estrategia Europa 2020 exigen una política regional sólida en la que la cohesión demuestre como ha hecho en el pasado que Europa no sólo actúa para salvar a los bancos, sino también para crear empleo y crecimiento.
5. Establecer como prioridad absoluta la negociación de políticas de cohesión que se diseñen e introduzcan estrategias de salida graduales y justas para aquellas regiones que deben abandonar el Objetivo de Convergencia por haber superado su
renta per cápita el 75 % de la media europea, determinando los periodos transitorios precisos para que no se produzcan cambios bruscos en la dotación financiera que reciben estas regiones de la política de cohesión, modulando esa atribución,
dándoles estabilidad financiera y permitiéndoles seguir convergiendo con las regiones más prósperas.
6. No apoyar un resultado final que no garantice la modulación de la distribución de recursos dentro del objetivo de competitividad teniendo en cuenta el distinto nivel de desarrollo de las regiones, estudiando la posibilidad de establecer
tramos dentro del mismo objetivo de forma que, aun manteniendo la etiqueta
colectiva de regiones de competitividad, haya distintos tipos y tratamientos de regiones dentro de este objetivo, lo que reflejará mejor la heterogeneidad existente entre las regiones y permitirá establecer un reparto de fondos más preciso.
7. Defender la simplificación y flexibilización en la gestión de la futura Política de Cohesión, asegurando la eficacia en el modelo de gestión para aumentar al máximo posible la absorción de fondos. Por ello se debe plantear la
continuidad del sistema actual, introduciendo las mejoras necesarias para lograr el objetivo de flexibilidad que permita utilizar con mayor eficacia todos los fondos asignados para el periodo.
8. Negociar un tratamiento singular dentro de las Políticas de Cohesión para Canarias, como región ultraperiférica en desarrollo de los mandatos contenidos en el Tratado de Lisboa así como en el Tratado de Funcionamiento de la UE.
9. Ceuta y Melilla, como ciudades fronterizas alejadas, dada su especial singularidad, deberán ser objeto de un tratamiento singularizado que refleje las circunstancias adversas derivadas de su condición geográfica.
10. Adaptar los criterios de reparto de los fondos de la Política de Cohesión en coherencia con los objetivos de la Estrategia Europea 2020, tal y como se estableció en la resolución adoptada por el Congreso de los Diputados en 2011, dando
más importancia al desempleo e introduciendo otros factores para el reparto de fondos tales como la brecha tecnológica, la innovación, los índices de abandono escolar o la tasa de población inmigrante de los distintos Estados y regiones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.-Juan Moscoso del Prado Hernández, Diputado.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000530
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre la
negociación de las 'Perspectivas Financieras (PPFF) 2014-2020 (Marco Financiero Plurianual)' en la Unión Europea (UE), y en particular el marco general presupuestario de la negociación y cuestiones fiscales, para su debate en el Pleno del Congreso.
Exposición de motivos
El debate sobre el futuro del presupuesto de la Unión Europea (UE) durante los años 2014-2020, las llamadas Perspectivas Financieras (PPFF), tanto en relación con su tamaño y estructura (Marco Financiero Plurianual 2014-2020), sobre sus
modalidades de trabajo (Acuerdo Interinstitucional) y sobre su financiación (recursos propios) es absolutamente crucial para el futuro del proyecto europeo y de sus ciudadanos.
Este debate no puede desconectarse del debate sobre la política económica adecuada que la UE en su conjunto necesita para salir de la crisis, librarse del falso fundamentalismo de la austeridad, volver a crecer y crear empleo y alcanzar los
objetivos de la Estrategia Europa 2020.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS) está profundamente preocupado ante la evidencia de que los efectos de la crisis económica están destruyendo los entramados básicos de nuestra sociedad. Esta preocupación la hemos expresado en
infinidad de ocasiones, tanto en nuestro país en todos los niveles en los que los socialistas españoles del PSOE estamos representados -local, autonómico, nacional-como a escala europea a través del grupo parlamentario Socialistas & Demócratas (S&D)
en el Parlamento Europeo.
Los socialistas no creemos en el pensamiento único que la derecha española y europea nos intentan imponer, el de la austeridad económica como único camino para salir de la actual crisis económica y financiera.
A escala europea, en el conjunto de la Unión, la inversión viene cayendo desde 1992, tendencia que se ha agravado desde el inicio de la crisis (2,8 % del PIB en 2009 frente a 2,3 % en 2011). Esta tendencia debe revertirse con el fin de
devolver el rumbo a la economía de la UE y apostar de una vez por todas por
el crecimiento económico basado en los sectores capaces de garantizar empleo estable y de calidad, un modelo de crecimiento que pueda respaldar el modelo de bienestar europeo, el Modelo Social Europeo, y un futuro de prosperidad y justicia
social.
En ese sentido, el presupuesto de la UE puede y debe ser un importante instrumento de política anticíclica. Recortar en este momento el presupuesto de la UE provocaría una disminución drástica del gasto público en muchos Estados miembros,
contribuyendo a profundizar la crisis y retrasar su superación.
Desde el PSOE creemos que el presupuesto de la UE debe ser una herramienta para coordinar y mejorar los esfuerzos nacionales y catalizar desde Europa inversiones orientadas al futuro, en capital humano y educación, a favor de una sociedad
basada en el conocimiento, a favor de las infraestructuras, la investigación, la innovación, las PYME y las nuevas tecnologías verdes. Los Estados miembros no pueden alcanzar por sí solos estos objetivos como hemos comprobado en los últimos años,
no sólo de profunda crisis, sino también, por ejemplo, tras el demostrado fracaso de la llamada Estrategia de Lisboa 2000-2010 durante una etapa de claro crecimiento económico.
Europa no puede volver a fracasar en ese objetivo porque ello descabalgaría definitivamente a la Unión del liderazgo global como la sociedad más desarrollada y con más bienestar social, cohesionada, y capaz de generar empleo de alta calidad.
Por esta razón ni la Unión en su conjunto ni mucho menos España pueden permitirse el lujo de perder el debate sobre el presupuesto de la UE para el periodo 2014-2020 para lograr que estas nuevas Perspectivas Financieras contribuyan a lograr
un fortalecimiento de la gobernanza económica europea y la realización de la estrategia UE-2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Estamos convencidos de que el Gobierno español, en el marco del proceso de revisión de las Perspectivas Financieras de la Unión Europa, de reforma del sistema de recursos propios y de las reformas de las políticas de cohesión y agraria
común, y ahora más que nunca tras el fracaso y la falta de acuerdo del Consejo Europeo extraordinario del pasado 22 y 23 de noviembre de 2012 que debatió de manera monográfica dicha cuestión, debe seguir los objetivos que desarrollamos a
continuación para definir y cerrar la estrategia de negociación y lograr un acuerdo en 2013 aunque no a cualquier precio, pues sería inaceptable cualquier reducción de recursos que impidan desarrollar estrategias de crecimiento para el próximo
período.
El Grupo Parlamentario Socialista considera que con el objeto de reforzar la posición negociadora del gobierno es necesario renovar el compromiso alcanzado por todos los grupos parlamentarios al final de la anterior legislatura, actualizando
su contenido para lograr que los intereses de nuestro país y de la propia Unión Europea sean defendidos como corresponde en la fase final de aprobación del nuevo Marco Financiero Plurianual 2014-2020.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Considerar que cualquier acuerdo político alcanzado en el Consejo Europeo debe tomar tanto el planteamiento inicial de la Comisión Europea como la posición del Parlamento Europeo plenamente en consideración. De lo contrario, el
Parlamento Europeo deberá examinar ese acuerdo político alcanzado entre Gobiernos en el Consejo como un mandato de negociación del Consejo. Antes de que el Consejo presente formalmente sus propuestas a la aprobación del Parlamento deben tener lugar
negociaciones en toda regla entre el Parlamento y el Consejo para garantizar que los derechos y la voz y voluntad de los ciudadanos europeos participan exprimiendo al máximo los mecanismos democráticos de la Unión tal y como exigen los Tratados. En
la situación actual, y desde ahora para siempre, el Parlamento Europeo debe ser considerado como una parte fundamental del proceso de negociación de este marco porque lo contrario sólo contribuirá a debilitar a la Unión en su conjunto y a
profundizar su debilidad política e institucional un momento de grave crisis económica.
2. Adherirse al principio de que 'no hay ningún acuerdo hasta que haya un pleno acuerdo' que considere como un todo todas las negociaciones sobre el marco financiero plurianual 2014-20 y sobre los distintos programas plurianuales para el
mismo período (Política Agrícola Común, Fondos estructurales y Fondo de Cohesión, Horizonte 2020, Instrumento de Vecindad Europea, etc.). Todas las negociaciones sobre estos programas tienen que llevarse a cabo con arreglo al procedimiento
legislativo ordinario.
3. Recuperar la posición de partida planteada actualizada por la Comisión Europea el 6 de julio de 2012, un punto que, a pesar de su insuficiencia, es irrenunciable por lo que debe ser defendido como base para negociar un presupuesto mayor,
Esa posición de partida contempla que el presupuesto de la unión debe representar como mínimo el 1.14 de la RNB de la UE incluida Croacia, esto es, en términos reales y utilizando como techo el gasto del año 2013. El presupuesto de la UE es 45
veces inferior a la suma de los presupuestos de los Estados miembros. Ese planteamiento de partida debe ser defendido frente a los Estados miembros que proponen recortes porque ya, de hecho, implicaría que cualquier crecimiento económico de la UE
durante el período 2014-2020 no se traducirá en gastos públicos adicionales a escala de la UE.
4. Defender que sin un adecuado incremento (como mínimo de entre un 5 % a lo largo de los 7 años) de los techos 2014-2020 por encima del techo de 2013, el presupuesto de la UE no será capaz de financiar las actuales ambiciones políticas de
la UE (establecidas por el propio Consejo Europeo) y la aplicación de las nuevas prerrogativas de la UE determinadas por el Tratado de Lisboa. En caso de que los Estados miembros no estén de acuerdo, se tendrán que exponer clara y públicamente que
las prioridades políticas de la UE habrán de revisarse a la baja o incluso suspenderse.
5. Asegurar que en las Perspectivas Financieras 2014-2020, la financiación de las nuevas competencias que asigna a la Unión Europea el Tratado de Lisboa y los proyectos y acciones que se deriven de la Estrategia 2020 se pongan en marcha,
garantizando las políticas tradicionales reconocidas en los tratados, en especial la Política Agraria Común y las Políticas de Cohesión. Es prioritario, además, conciliar la necesidad de ajuste presupuestario con la necesidad de dotar a la Unión
Europea con los recursos suficientes para afrontar los retos futuros.
6. Abordar el debate y negociación sobre los ingresos y gastos del presupuesto europeo en paralelo, hasta alcanzar un acuerdo global. Un mayor y mejor presupuesto exige que la estructura del presupuesto de la UE mejore. No hay duda de que
la estructura del presupuesto de la UE tiene que evolucionar, por ejemplo, mejorando la coordinación entre los diferentes programas plurianuales 2014 -2020 como ha propuesto la Comisión, incluyendo un mayor y mejor uso de los llamados 'instrumentos
financieros innovadores' (tales como los bonos proyecto), en particular respecto a las inversiones a largo plazo, y racionalizando los gastos administrativos de la UE que con todo representan menos del 6 % del presupuesto de la UE, aunque evitando
aplicar reducciones lineales para el personal de todas las instituciones, órganos y organismos descentralizados de la UE como proponen algunos Estados miembros con el objetivo de reducir la eficacia de la Unión en su conjunto.
7. Apoyar las propuestas de la Comisión de 29 de junio de 2011 de reformar la financiación del presupuesto de la UE mediante la reducción de la cuota de contribución de los Estados miembros basada en el PNB para el presupuesto de la UE que
alcanzaría el 40 % en 2020 frente al 85 % en la actualidad). Estas propuestas contribuirán a los esfuerzos de consolidación fiscal de los Estados miembros, lo que les permitirá hacer transferencias financieras inferiores al presupuesto de la UE al
tiempo que garantizará una mayor autonomía y estabilidad en la financiación del presupuesto de la UE. Al mismo tiempo, la soberanía fiscal de los Estados miembros, consagrada en los Tratados, será plenamente respetada. Este objetivo exige un
acuerdo sobre el sistema de recursos propios en línea con las propuestas de la Comisión que garantice un sistema de recursos propios genuino, claro y simple.
8. Proponer que el nuevo sistema se sustente sobre los principios de equidad y transparencia en los ingresos, que combine los recursos propios tradicionales como los basados en la Renta Nacional Bruta, eliminando todas las compensaciones,
descuentos y mecanismos de corrección que los distorsionen.
9. Garantizar que los Estados miembros que quieran introducir un impuesto sobre las transacciones financieras, en el marco de la solicitud formal a la Comisión sobre una propuesta de cooperación reforzada en este ámbito, decidirán si los
ingresos por este impuesto son total o parcialmente asignados al presupuesto de la UE como recursos propios, pudiendo reducir en consecuencia las contribuciones nacionales basadas en el PNB de los Estados miembros que introduzcan este impuesto, y
permitiendo por lo tanto que el beneficio fiscal de este impuesto se refleje el 100 % de sus presupuestos nacionales.
10. Alcanzar un acuerdo sobre la reforma del IVA como recurso propio, así como sus modalidades de aplicación, en paralelo con el acuerdo sobre el marco financiero plurianual.
11. Lograr que el futuro Reglamento Marco Financiero Plurianual 2014-2020 y el Acuerdo Interinstitucional que lo acompañe proporcione una mayor flexibilidad presupuestaria dentro y a través de
las partidas, así como entre los ejercicios del marco financiero plurianual, con el fin de asegurar que se utilizan al máximo los recursos presupuestarios disponibles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.-Juan Moscoso del Prado Hernández, Diputado.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000531
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley en relación al Proyecto de Adquisición de Terrenos para el Recinto Tecno-Comercial Agroganadero en BéImez, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Para la adquisición de Terrenos para un Recinto Tecno-Comercial Agroganadero en calle Covadonga de Bélmez, se tramitó un Convenio de Colaboración específico entre el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras, la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Bélmez, por importe de seiscientos mil euros.
En el año 2010 no se pudo firmar por parte del Ministerio ese convenio, debido a discrepancias en el contenido del texto entre la Junta, el IRMC y la Intervención Delegada.
Salvadas esas discrepancias, en el año 2011 se volvió a tramitar el convenio que no se firmó a lo largo del año por motivos presupuestarios. No obstante, y por motivos de oportunidad, el municipio adquirió el terreno, entregando a cuenta,
al propietario doscientos mil euros.
Nuevamente en el año 2012 se tramitó un convenio para el 'pago' de la actuación, que tras la publicación de la orden HAP/2326/2012, de 29 de octubre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2012 relativas al presupuesto
de gastos y operaciones no presupuestarias, que indicaba que la fiscalización previa de los expedientes de aprobación del gasto a las I.D. tenía fecha límite el 7 de noviembre, al no estar fiscalizado el convenio en esa fecha hubo que paralizar su
tramitación.
Por tanto, han sido problemas burocráticos los que han impedido que este proyecto, con cargo a los Fondos Miner, se haga realidad en esta Municipio de Córdoba. En la actualidad, el Ayuntamiento de Bélmez tiene entregada a cuenta una
cantidad económica muy elevada para el montante de su Presupuesto, y el Ministerio no da respuesta a un proyecto que se ha dilatado en el tiempo, que contaba con los parabienes de todos, y que se considera decisivo para el progreso económico del
Municipio y para la definición de un modelo económico alternativo a la minería del carbón.
Toda la Corporación Municipal está reivindicando el proyecto, incluso se han acampado en las puertas de la Subdelegación del Gobierno, con la Alcaldesa a la cabeza, tras no recibir respuesta alguna por parte del Ministerio. La Comarca del
Guadiato también puso de manifiesto su apoyo con una reciente Marcha a Pie desde sus respectivos pueblos a la capital. En estas pasadas Navidades se han cumplido los 50 días de asentamiento y llama la atención la insensibilidad del Gobierno y de
sus representantes en la Provincia, respecto a esta justa reivindicación y al sacrificio personal que está suponiendo para estas familias.
La solución no puede ser, hacer oídos sordos a fa reivindicación de un pueblo y de su comarca.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, con carácter de urgencia, el Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Bélmez y la Junta de Andalucía, para la Adquisición de Terrenos, para el Parque Técnico-Comercial
Agroganadero en el Municipio de Bélmez (Córdoba)'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2013.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
OTROS TEXTOS
AUTORIZACIONES
095/000001
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(95) Operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior.
Autor: Gobierno.
Solicitud de ratificación por el Congreso de los Diputados del Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de enero de 2013 por el que se autoriza el despliegue y la participación de unidades militares en el marco de la crisis de Mali.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la solicitud remitida por el Gobierno mediante escrito número de registro 41754, en ejercicio de las competencias que el artículo 31.1.4.º y 5.º del Reglamento confiere a la Mesa, y ante la ausencia de previsión
reglamentaria, someter a la deliberación del Pleno, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este
acuerdo al Gobierno.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL DESPLIEGUE Y LA PARTICIPACIÓN DE UNIDADES MILITARES ESPAÑOLAS EN EL MARCO DE LA CRISIS DE MALI Y SU REMISIÓN AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA SU RATIFICACIÓN
Atendiendo a la petición del Presidente de Mali, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su Resolución 2071/2012 de 12 de octubre de 2012, reitera su firme compromiso con la soberanía, la unidad y la integridad de Mali, muestra su
preocupación por la situación en el país, exhorta a los grupos rebeldes a cortar lazos con las organizaciones terroristas y solicita al Secretario General que provea planificadores militares y de seguridad para apoyar la labor de planificación para
el despliegue de una fuerza militar internacional para responder a la solicitud de Mali. Además, exhorta a los países miembros y a las organizaciones regionales e internacionales, entre ellas la Unión Africana y la Unión Europea, a que proporcionen
lo antes posible a las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Mali, asistencia coordinada, conocimientos especializadas, capacitación y apoyo.
Tras el agravamiento de la situación, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ante una nueva petición del Presidente de Mali, emitió el pasado 20 de diciembre de 2012 la Resolución 2085/2012, aprobada por unanimidad, mediante la cual, en
virtud del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, autorizaba el envío de una fuerza internacional dirigida por la Unión Africana para ayudar a las fuerzas militares y policiales de Mali a recuperar la soberanía y la integridad territorial del
Estado en las zonas de Gao, Tombuctú y Kisal, que estaban controladas por los terroristas extremistas de Al-Qaeda en el Magheb Islámico (AQMI) y por el movimiento para la Unidad y la Yihad en el África Occidental (MUJAO) y otros grupos afiliados.
La Unión Europea, en cumplimiento de las solicitudes contenidas en las Resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas anteriores, comenzó el planeamiento de la operación de la Unión Europea para el adiestramiento de las
Fuerzas Armadas de Mali (EUTM-Mali) para proporcionar adiestramiento militar y asesoramiento a las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Mali.
El pasado 7 de enero de 2013, grupos terroristas iniciaron un avance hacia el Sur del país poniendo en riesgo la integridad del mismo, ante lo cual, Francia, en apoyo a las citadas Resoluciones, la Declaración del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas de 11 de enero y la petición expresa del Gobierno de Mali, tomó la iniciativa para, junto con las Fuerzas Armadas de Mali, frenar el avance y recuperar las localidades clave en poder de los terroristas.
España ha apoyado políticamente desde el principio la actuación decidida de Francia, y ha buscado vivamente la implicación temprana de la Unión Europea. En este ámbito, el Consejo de Asuntos Exteriores extraordinario del pasado día 17 de
enero ha apoyado claramente la intervención de Francia y la aportación de otros países a la estabilización de la situación, y ha decidido el adelanto de la misión de adiestramiento como contribución al esfuerzo internacional instado por las Naciones
Unidas.
España centró su contribución a la resolución de este conflicto mediante su implicación relevante en el planeamiento y puesta en marcha de la misión de la Unión Europea EUTM-MALI, como aportación al esfuerzo internacional instado por las
Naciones Unidas y mostrando su implicación en el desarrollo de la política de seguridad común de la Unión Europea.
En las condiciones actuales, sin embargo, se hace necesaria la contribución de elementos de nuestras Fuerzas Armadas para apoyar a Mali, al esfuerzo liderado por Francia, a las organizaciones regionales y a la Unión Europea en el
cumplimiento de las solicitudes del Consejo de Seguridad.
En este sentido, España continuará las negociaciones en el ámbito de la Unión Europea para determinar las capacidades concretas a aportar y cometidos a desempeñar por el contingente español en la Misión EUTM-MALI.
Así las cosas, España actuará bajo los criterios de proporcionar la máxima seguridad y protección al personal desplegado en el teatro de operaciones, la contribución al esfuerzo de nuestros aliados de la Alianza Atlántica y socios de la
Unión Europea y la no participación en cometidos de combate.
El Ministro de Defensa, en virtud de lo establecido en el artículo 17, apartado 3, de la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional, comparecerá ante el Congreso de los Diputados para solicitar la ratificación sobre la participación de
fuerzas españolas en la resolución de la crisis en Mali, autorizada por este Acuerdo.
En su virtud, el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el Ministro de Defensa, someten a la aprobación del Consejo de Ministros el siguiente
ACUERDO:
Primero. Facilitar el tránsito por el espacio aéreo de soberanía y zona contigua al Mar Territorial español y el uso de determinadas bases aéreas a los aviones militares y de estado de países miembros de la UE y OTAN, participantes en las
misiones y operaciones establecidas en apoyo a las Resoluciones del Consejo de Seguridad de NN.UU. citados.
Segundo. Poner a disposición de la operación un avión T-10 (C-130) para contribuir al transporte estratégico de las capacidades regionales.
Tercero. Dentro de la misión EUTM Mali, confirmar la participación de hasta 50 efectivos para labores de adiestramiento de las FAS de Mali y las unidades de apoyo necesarias.
Cuarto. Se autoriza al Ministro de Defensa a realizar los ajustes operativos necesarios en nuestra participación, de acuerdo con los condicionantes operativos de cada momento y de la situación específica sobre el terreno.
Quinto. Los gastos derivados de la participación española en estas operaciones se financiarán con cargo a la rúbrica presupuestaria 'Participación de las FAS en Operaciones de Mantenimiento de la Paz', créditos 14.122M.03.128,
14.122M.03.228 y 14.03.122M.668 del Ministerio de Defensa.
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