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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 199, de 21/12/2012
cve: BOCG-10-D-199
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
21 de diciembre de 2012
Núm. 199
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PLENO
059/000013 Calendario de sesiones plenarias para el período febrero-junio de 2013... (Página3)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000497 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre regulación de la comercialización de productos agrícolas y alimenticios característicos de la gastronomía nacional...
162/000498 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la paralización de todos los procesos de cambios en los modelos de gestión hospitalaria en las Comunidades Autónomas...
162/000499 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre ayudas a los medios de comunicación impresos y articulación de medidas ante la grave situación laboral de los profesionales del periodismo,
posibilitando una formación continuada y estudios reglados que habiliten para ejercer otras profesiones afines... (Página10)
162/000500 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a un Plan de acción para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas multinacionales...
162/000501 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el futuro de la red de Paradores Nacionales de Turismo... (Página14)
162/000502 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el fomento de la competencia efectiva en el sector de los carburantes en España... (Página16)
162/000503 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la técnica de explotación minera denominada fracturación hidráulica (fracking)... (Página18)
162/000504 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre realización de las gestiones oportunas con el fin de que ONU Mujeres vuelva a instalar su oficina de enlace en Madrid...
(Página19)
162/000505 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para evitar la privatización de la red de Paradores de Turismo de España... (Página20)
Secretaría General
292/000015 Convocatoria de 18 de septiembre de 2012, de becas para la realización de estudios y trabajos sobre comunicación institucional, tanto en sus aspectos de comunicación interna como externa, relacionados con el Parlamento. Concesión
de las becas... (Página22)
292/000016 Convocatoria de 9 de octubre de 2012, de becas para la formación práctica de archiveros, bibliotecarios y documentalistas. Concesión de las becas... (Página22)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
PLENO
059/000013
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado aprobar, oída la Junta de Portavoces, el calendario de sesiones plenarias para el período de sesiones febrero-junio de 2013.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2012.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
CALENDARIO DE SESIONES PLENARIAS PARA EL PERIODO DE SESIONES FEBRERO-JUNIO 2013
IV PERIODO DE SESIONES
Semana;Con/Sin Pleno;
Del 5 al 7 de febrero;Sin Pleno;
Del 12 al 14 de febrero;Con Pleno;
Del 19 al 21 de febrero;Con Pleno;
Del 26 al 28 de febrero;Con Pleno;
Del 5 al 7 de marzo;Sin Pleno;
Del 12 al 14 de marzo;Con Pleno;
Del 19 al 21 de marzo;Con Pleno;Festivo el lunes 18
Del 26 al 28 de marzo;Sin Pleno;Semana Santa
Del 2 al 4 de abril;Sin Pleno;
Del 9 al 11 de abril;Con Pleno;
Del 16 al 18 de abril;Con Pleno;
Del 23 al 25 de abril;Con Pleno;
Del 30 de abril al 2 de mayo;Sin Pleno;Festivos los días 1 y 2 de mayo
Del 7 al 9 de mayo;Con Pleno;
Del 14 al 16 de mayo;Sin Pleno;Festivo el día 15 de mayo
Del 21 al 23 de mayo;Con Pleno;
Del 28 al 30 de mayo;Con Pleno;
Del 4 al 6 de junio;Sin Pleno;
Del 11 al 13 de junio;Con Pleno;
Del 18 al 20 de junio;Con Pleno;
Del 25 al 27 de junio;Con Pleno;
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2012.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000497
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Portavoz, doña Rosa María Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre regulación de la comercialización de productos agrícolas y alimenticios característicos de la gastronomía nacional, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La gastronomía española ha poseído siempre unos productos de referencia cuyas cualidades y calidad han hecho que sean respetados y codiciados en numerosas cocinas y comedores de restaurantes de todo el mundo, compitiendo incluso con
productos gastronómicos bandera de otros países.
Estos productos han sido tradicionalmente producidos en España o como mucho en algunos territorios colindantes a nuestra frontera del vecino Portugal. Estos productos gastronómicos han llegado incluso a ser parte importante del valor
añadido de la marca España favoreciendo el turismo y la cultura gastronómica.
Sin embargo estas mismas cualidades y características que hacen únicos productos típicos de nuestra gastronomía hacen que sean objetivo de plagio que intentan aprovechar esta fama mundial de las diferentes variedades de productos
gastronómicos para obtener beneficios económicos, suponiendo además de una estafa, un riesgo para la salud de los consumidores de estos productos. Lo que produce un deterioro de la fama de estos productos y de la marca España.
Tres ejemplos muy claros que afectan a productos característicos de nuestra gastronomía es la falsificación de vinos de Denominación de Origen española (Rioja, Ribera del Duero, Somontano, Jerez-Xeres-Sherry, ...), ya sea a través de la
falsificación de contraetiquetas que pretenden engañar a los consumidores y hacerles creer que están consumiendo un producto con determinadas características y controles de calidad, hasta la suplantación del vino por productos derivados del vino o
por bebidas no fermentadas con un bajo contenido alcohólico.
Los quesos con Denominación de Origen de diferentes territorios españoles son también falsificados y comercializados suplantando los productos originales, transgrediendo así la legislación existente sobre Denominación de Origen Protegida
nacional, compitiendo en mercados europeos y estadounidenses con el producto auténtico. Ejemplos de esto es la falsificación del propio Queso Manchego D.O. y otros quesos como procedentes de Castilla-La Mancha.
Los antedichos ejemplos han venido ilustrando durante las dos últimas décadas en unos casos una cierta falta de pulso por parte de la Comisión Europea para forzar acuerdos vinculantes más allá de expresiones genéricas y memorandos, en otros
casos incapacidad para exigir el cumplimiento efectivo de los acuerdos bilaterales o multilaterales ante repetidas malas prácticas, y casi siempre una larguísima demora para una solución definitiva que entretanto se traduce en daños comerciales a
nuestras marcas y productores.
Otro ejemplo es uno de los productos estrella de nuestra gastronomía, el jamón serrano. Las diversas variedades de jamón serrano se diferencian en función de la raza de cerdo utilizado para la obtención de la materia prima, así como el tipo
de alimentación, tiempo de vida y de curación a los que se somete a los cerdos y a la materia prima en los secaderos. Así podemos distinguir entre jamón serrano, que proviene en su gran mayoría del cerdo blanco, así como otra variedad más cotizada
de éste que proviene del cerdo ibérico dando lugar a jamón ibérico puro (de bellota, de recebo o cebo) o jamón ibérico (de recebo, de cebo de campo o de cebo).
La importancia que el jamón serrano posee en sus diferentes variantes, como producto estrella tanto dentro de nuestras fronteras, como fuera de ellas de la marca España y la cultura gastronómica de nuestro país, se ve refrendada por
legislación existente como el Real Decreto 1469/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos.
Diferentes asociaciones de productores y criadores de cerdos han detectado varias amenazas al sector de la producción de jamón serrano y jamón ibérico que pueden dañar la imagen de este producto y de la marca España asociada a él, poniendo
en peligro puestos de trabajo de este sector en nuestro país, así como poniendo en riesgo la calidad asociada a este producto y garantizada por la legislación española.
Una de las amenazas que los productores y criadores han detectado es la producción de jamón serrano iniciada en otros Estados miembros de la Unión Europea de acuerdo a unos procedimientos diferentes a lo establecido en la legislación
nacional y su posterior comercialización como jamón serrano. Esto puede producir distorsiones en la calidad del producto 'jamón serrano' a nivel internacional e incluso dentro de nuestras fronteras, así como un agravio comparativo en lo que a
gastos de producción supone para los criadores y productores nacionales, ya que ellos están obligados por la legislación a seguir unos procedimientos regulados por Ley que buscan garantizar las cualidades de un producto reconocido y asociado
internacionalmente a la marca España. Esto es posible ya que el jamón serrano ha sido catalogado como Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) acorde con el Reglamento (CE) n.º 509/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre las
especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios, un reconocimiento que no impide que un producto catalogado como tal, pueda ser producida en un área geográfica diferente a la de producción tradicional de este
producto.
Otro problema detectado ha sido la suplantación en el mercado de jamones serranos ibéricos, en sus diferentes variantes, producidos a partir de cerdos ibéricos, por un producto de similares características pero mucho más barato de producir,
proveniente de la raza porcina mangálica, originaria de Hungría. Según diferentes asociaciones de productores la producción de este tipo de jamón se ha reducido en un 20% además de por la situación económica que sufre nuestro país, por el problema
de la caída de la demanda de esta variante de jamones por la suplantación de los jamones provenientes de la raza porcina mangálica.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar los trámites necesarios para el registro y protección en forma de la figura de Indicación Geográfica acorde a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 510/2006, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones
geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, de los productos elaborados completamente en territorio nacional relativos al jamón serrano y sus diferentes variantes para garantizar unos estándares mínimos
de calidad de estos productos evitando suplantaciones y distorsiones de la calidad de éstos en el mercado, así como garantizando el prestigio de la cultura gastronómica asociada a estos productos.
2. Reforzar la labor tanto interna ante la Comisión Europea cuanto diplomática ante países donde se concentran las infracciones -USA, México, Mercosur, Sudáfrica, Australia, etc.- para estimular la adopción efectiva de todos los esquemas,
medidas y sistemas de protección y sanción de marcas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen recogidos en diversos textos vinculantes y acuerdos tanto multilaterales como bilaterales entre España o la Unión Europea con dichos y otros
países o con sus respectivas áreas de mercado común.
3. Realizar las modificaciones legales necesarias para reforzar la protección de las ETGs de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 509/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre las especialidades tradicionales
garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000498
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada, doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la paralización de todos los procesos de cambios en los modelos de gestión hospitalaria en las diferentes Comunidades Autónomas, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La crisis económica y los ajustes presupuestarios están provocando que la mayoría de las comunidades autónomas promuevan recortes en Sanidad. Estos recortes están afectando a la equidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (en adelante
SNS). Los cambios en los modelos de gestión hospitalaria que han aflorado en los últimos años, y sobre cuyos resultados no se ha realizado ninguna evaluación pública por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ni con este
Gobierno ni con los anteriores, están generando numerosas controversias entre pacientes y profesionales sanitarios cuando se presentan como una medida de ahorro. Es evidente que se están ejecutando cambios estructurales en nuestro sistema sanitario
como respuesta a problemas coyunturales de la situación económica. Con la privatización de la gestión sanitaria se está pretendiendo ahorrar a corto plazo sin valorar suficientemente las posibles consecuencias a medio y largo plazo.
El Gobierno regional de Madrid ha anunciado el desarrollo durante el año 2013 del llamado 'Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid' que incluye la privatización de la gestión
sanitaria de seis hospitales públicos y 27 centros de salud de atención primaria de la Comunidad. Estos seis hospitales fueron inaugurados hace 4-5 años con un modelo de gestión mixta, por el que una empresa concesionaria se encarga de la
construcción del hospital, el mantenimiento del edificio, y la gestión de los servicios no sanitarios del centro. Las intenciones del Gobierno regional dejan entrever que en su opinión el modelo implantado hace pocos años ha fracasado. En una
muestra más de incoherencia, el Gobierno de la Comunidad de Madrid afirma disponer de estudios que justifican su decisión pero sin embargo no los publica.
En Cataluña el Gobierno regional planteó en 2011 la posibilidad de obligar a los ciudadanos a tener un seguro médico privado a partir de determinado nivel de renta, así como la posibilidad de fragmentar el Instituto Catalán de la Salud para
dar entrada al sector privado en la gestión de hospitales y centros de salud.
En Valencia en abril de 2012 se anunció la intención de ceder la gestión de áreas de salud a empresas a cambio de un canon, lo que finalmente no pudo llevarse a cabo por la ausencia de empresas que aceptasen el modelo que se planteaba.
En La Rioja se ha sacado a concurso la gestión de la Fundación Hospital de Calahorra.
Desde que culminaron las transferencias, en varias comunidades autónomas se han construido hospitales con diferentes sistemas de gestión. La burbuja hospitalaria de la última década ha venido acompañada de otra 'burbuja' en los modelos de
gestión hospitalaria. La construcción de muchos de estos hospitales se decidió sin haber presentado ninguna planificación ni estudio previo que justificase la necesidad de su construcción ni garantizase su viabilidad. La colaboración público
privada ha permitido construir hospitales retrasando los pagos durante décadas. Estos compromisos de pago a largo plazo no se contabilizan como deuda, con lo que permiten 'maquillar' las cuentas públicas. Una clara muestra de la falta de
planificación es la edificación en Lliria, Gandía y Collado Villalba de tres hospitales prácticamente construidos cuyos proyectos han quedado paralizados porque no se dispone de recursos para que
comiencen a atender pacientes. Cuando la crisis económica ya era evidente y mientras se seguía generando deuda sanitaria, en la Comunidad de Madrid se han inaugurado los hospitales de Torrejón y Rey Juan Carlos en Móstoles como cumplimiento
de los compromisos con las empresas concesionarias. En el caso de Collado Villalba, durante el año 2013 se va a tener que compensar a la concesionaria por el retraso en la apertura del centro. Es decir, se va a pagar por un hospital vacío porque
no hay dinero para pagar el coste de ponerlo en funcionamiento.
La falta de coordinación entre las diferentes comunidades autónomas y de supervisión por parte del Ministerio ha llevado a una red hospitalaria con un exceso de capacidad para tratar pacientes agudos, que ha incrementado los gastos
corrientes, y que no ha tenido en cuenta economías de escala dentro de las propias comunidades autónomas y en todo el territorio español. En muchas ocasiones la construcción de los nuevos hospitales no ha estado ligada a datos y evidencias
objetivas. Eso sí, permitieron muchas inauguraciones que tuvieron réditos electorales locales y autonómicos a corto plazo.
Por otra parte, las concesiones a empresas privadas pueden estar creando problemas de oligopolio privado. En Madrid, la misma empresa (Capio Sanidad) gestiona tres hospitales y tiene pendiente la apertura del de Collado Villalba. Es decir,
gestionará cuatro de los cinco hospitales de gestión enteramente privada que tienen asignada toda la atención sanitaria especializada de pacientes del Servicio Madrileño de Salud. Esta empresa se hizo en 2002 con el 50% de la Fundación Jiménez Díaz
en una negociación a tres bandas con el hospital y la Consejería. A cambio de asumir la deuda a proveedores y un compromiso de inversión en los cinco años siguientes se quedó con la mayoría de los beneficios. En 2007 se inauguró el Hospital
Infanta Elena, en Valdemoro, y en 2012 el Hospital Rey Juan Carlos, en Móstoles. La mayor parte de la facturación de Capio Sanidad en España procede de sus contratos con el Servicio Madrileño de Salud.
Ribera Salud, concesionaria de varios hospitales de la Comunidad Valenciana y hasta hace poco concesionaria exclusiva del hospital de Torrejón de Ardoz en la Comunidad de Madrid, era inicialmente propiedad de las cajas de ahorros Bancaixa y
Caja del Mediterráneo al 50%. Es decir, las cajas, dirigidas por personas nombradas y elegidas entre políticos de la Comunidad Valenciana mayoritariamente miembros del Partido Popular, fueron las propietarias y financiadoras de la empresa Ribera
Salud. Empresa a la que la administración controlada por el mismo Partido Popular adjudicaba la gestión de hospitales del sistema sanitario público, mediante contratos de concesión. Estos hechos evidencian que el papel real de la iniciativa
privada en estas concesiones fue más bien escaso y que se produjo una clara colusión de intereses entre las empresas y la administración. Lo que representa un claro supuesto de lo que ha venido a llamarse extracción de rentas públicas.
Esta situación de oligopolio privado y de mezcla de intereses público-privados podría afectar y ha afectado a los términos de la contratación de las colaboraciones público-privadas ya que aunque al principio se acepten por las empresas unos
términos ventajosos para las Administraciones Públicas en los pactos económico-financieros, posteriormente por su capacidad de presión o por la confusión de intereses entre su dirección y la del partido que dirige la administración autonómica pueden
obligar a reequilibrios económico-financieros muy negativos para las Administraciones Públicas y por ende el conjunto de los ciudadanos. En Valencia ya hubo que rescatar las finanzas del hospital de Alcira. Sólo un verdadero mercado con muchas
empresas oferentes de esos servicios y efectivamente privadas podría mitigar el riesgo moral que implica la presión de las contratistas de abandonar a la administración el servicio o bajar la calidad si no hay una renegociación del equilibrio
económico-financiero a su favor. Llama la atención que tanto en Valencia como en Madrid, cuando el modelo fracasa se opta por avanzar aún más en la privatización en lugar de replantearse si planteamientos ideológicos nos están impidiendo tomar
medidas realistas. Este riesgo moral, similar al que en España hemos vivido con las concesionarias de autopistas o las cajas de ahorro, puede llevar a las empresas concesionarias de hospitales a embarcarse en proyectos inviables con la garantía
implícita de los presupuestos públicos.
Este riesgo moral se agrava con lo que en EE.UU. se denomina 'revolving door' o 'puerta giratoria': existen significativos casos de directivos que pasan de la empresa privada a la Administración Pública y viceversa, en el marco del
excesivamente laxo régimen de incompatibilidades establecido por la legislación vigente, que deja un amplio margen para la existencia de evidentes conflictos de interés. Esta situación lleva a pensar que en el caso de algunas personas la principal
motivación para promover la privatización de la gestión podría ser garantizar rentas de situación a determinados entes privados sin que aporten realmente una mejora de la gestión sanitaria. Estos hechos muestran que las decisiones pueden estar
motivadas por la confusión de intereses públicos y privados debido al ir y venir entre responsables de la administración pública y las entidades privadas sanitarias.
No se puede dejar de señalar tampoco, como se ha apuntado antes, que el uso de esta colaboración público-privada ha venido motivada en gran parte por una de sus principales 'ventajas' para las Administraciones Públicas: el coste de la
inversión (de la obra del hospital) no computaba como déficit público. Ya que según el manual del Sistema Europeo de Contabilidad (SEC) de Eurostat, si los contratos contenían una 'adecuada' traslación de riesgos al contratista privado el coste no
se tenía en cuenta como déficit. Así, gracias al uso de esta técnica muchas Administraciones Públicas han realizado un gran número de obras bajo este esquema sin necesidad de endeudarse contablemente. Ahora bien, la transmisión de riesgos que
exige Eurostat para que no se produzca la consolidación en el déficit presupuestario requiere, en términos generales, que se traslade al contratista privado la posibilidad de 'perder dinero' si la explotación de la infraestructura no se realiza
adecuadamente o en los términos que éste tenía previsto. Lo que no se ha producido realmente, siendo la administración quien ha rescatado con su dinero a los contratistas. Lo que sucede porque tanto por razones jurídicas como socio-políticas, la
prestación de un servicio como el sanitario no permite una verdadera traslación de riesgos al sector privado. Al menos, no en los términos en los que se suelen plantear los modelos de concesión de servicios sanitarios, en los que se pretende una
prestación con mejor calidad, de forma más barata y con riesgo 'cero' para las Administraciones Públicas. Éste es un elemento central a considerar al elegir el modelo de gestión sanitaria que se promueve.
En suma, se están torrando decisiones trascendentales para el modelo sanitario de nuestro país pero que se deberían adoptar tras un debate previo sobre las finalidades que se quieren conseguir con los cambios, los fallos que impiden al
sistema existente conseguir esas finalidades y los mecanismos más acertados para lograrlas. Ese debate debería realizarse con cifras sobre la mesa, tras estudios rigurosos e independientes y sin prejuicios ideológicos, centrándose en las evidencias
y por supuesto implicando a todos los actores que se puedan ver afectados por la reforma sanitaria: pacientes, profesionales, gestores sanitarios y los representantes de los ciudadanos. Sólo desde un mínimo consenso se puede garantizar la
continuidad y sostenibilidad de estas medidas a largo plazo. Esa es la manera racional y sensata de impulsar una reforma sanitaria de tanto calado, ya que con ella se afecta a un derecho esencial: la salud de los ciudadanos.
Desde el Estado se ha hecho muy poco en la última década para garantizar la cohesión y coordinación del sistema sanitario sobre datos y evidencias fiables. En la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de 18 de
marzo de 2010 se aprobó entre las medidas a poner en práctica en el periodo 2010-2013 el establecimiento de un sistema nacional de resultados de salud del SNS. Una medida de la que no se conocen aún resultados prácticos. Pero que sin embargo es
esencial para una correcta adopción de decisiones a nivel tanto nacional como autonómico en materia sanitaria, entre ellas las que se refieren a sus modelos de gestión.
Hay que tener en cuenta que los datos de los que ya se disponen sobre actividad y resultados muestran importantes disparidades entre comunidades autónomas y aún más dentro de ellas entre áreas de salud y hospitales tanto en el acceso, como
en la calidad, la seguridad y la eficiencia de sus servicios sanitarios. Variabilidad y desigualdad que podría incrementarse, si se permiten reformas en los modos de gestión hospitalaria y de los centros de salud sin atender a datos, evidencias
empíricas y los riesgos que implican.
En la Constitución Española se establece claramente en el artículo 43 el derecho a la protección de la salud, como un derecho fundamental, y por ello el artículo 149.1.16 le otorga al Estado la competencia de las 'bases y coordinación
general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos'. En aplicación de este precepto se dictaron la Ley 14/1986 General de Sanidad, la Ley 15/1997 sobre Habilitación de Nuevas Formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud, la Ley
16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, la Ley 33/2011 General de Salud Pública de 2011 y el Real Decreto-ley 16/2012. En relación con la gestión sanitaria, esencial para el sistema, la regulación de la Ley del año 1997 ha sido
insuficiente al permitir la descoordinación entre las diferentes comunidades autónomas así como la existencia de modelos de gestión muy diferentes por decisiones políticas improvisadas. Los riesgos de esta falta de regulación de los modelos de
gestión se están acentuando con la crisis.
Esta normativa y las funciones que atribuye al Estado han mostrado su insuficiencia para garantizar las coordinación entre los 17 sistemas sanitarios autonómicos más el del Instituto de Gestión Sanitaria en Ceuta y Melilla de forma que
permitan obtener una más alta cohesión y calidad del Sistema Nacional de
Salud. Lo que aún se pone más de manifiesto en este periodo de crisis donde, en un sálvese quien pueda, cada administración está actuando según su conveniencia sin atender a un interés general superior: el del conjunto de los ciudadanos
del país. La Constitución otorga importantes responsabilidades al Estado, ya que las bases y la coordinación de la sanidad tienen por objeto garantizar la igualdad de acceso de todos los españoles con calidad y resultados similares en sanidad. Por
tanto, el Estado debería intervenir y regular más claramente los diferentes modelos de gestión, los supuestos y premisas para su implantación.
Pero además, respecto de los modelos de gestión sanitaria, hemos de señalar que la opción por la privatización de la gestión sanitaria de los centros hospitalarios públicos puede alterar la libre competencia en un ámbito supra autonómico o
en el conjunto del mercado nacional tanto por posibles prácticas monopolísticas, como por la confusión de intereses público-privados. El artículo 149.1.13 indica que competen al Estado las 'Bases y coordinación de la planificación general de la
actividad económica', y por ese precepto se deben regular también los criterios y premisas de los contratos de gestión privada de la sanidad que pretenden hacer las comunidades al afectar a la actividad económica general, la unidad de mercado y la
libre competencia.
Igualmente el Estado tiene competencias sobre hacienda pública y deuda del Estado, artículo 149.1.14, lo que exige su intervención para evitar que tras esos contratos las comunidades pretendan 'tapar' sus niveles reales de déficit y deuda.
Por tanto, el Estado tiene títulos competenciales para poder dictar normas que eviten situaciones de monopolio u oligopolio de hecho y la confusión de intereses público-privados que produzcan rentas de situación a favor de las empresas
contratistas sin riesgos y en perjuicio de los ciudadanos que son quienes pagarían de más. Por otra parte, también es esencial que garantice que no se producen situaciones de riesgo moral haciendo que las empresas que incumplan sus obligaciones del
régimen económico-financiero del contrato público tengan penalidades importantes.
En definitiva, para evitar decisiones precipitadas por los actores autonómicos, el Estado debe ejercer las responsabilidades que le atribuye la Constitución, sin perjuicio de que además posteriormente se plantee su reforma para recuperar
competencias en sanidad que permitan conseguir los fines descritos con mayor efectividad. Así el Estado debe adoptar las medidas siguientes:
1. Una rápida y efectiva evaluación de la gestión de los hospitales del Sistema Nacional de Salud.
2. Una clarificación de los sistemas de gestión sanitaria y de los criterios y premisas bajo los que se pueden implantar los sistemas de gestión privada.
3. Condicionar la privatización de la gestión de los hospitales a la existencia de un verdadero mercado de empresas con capacidad de mejorar la calidad de la prestación sanitaria hospitalaria, evitando situaciones de monopolio u oligopolio
de hecho y de riesgo moral.
4. Un régimen de incompatibilidades más efectivo entre los cargos y directivos públicos y los de las empresas adjudicatarias de contratos de gestión privada de hospitales o centros de salud que impida la confusión de intereses
público-privados.
5. Una mayor capacidad del Estado para adoptar decisiones ejecutivas en las materias citadas que vinculen a todas las comunidades autónomas, sin perjuicio de su debate en el Consejo Interterritorial de Salud.
6. Un mayor control sobre los contratos de colaboración público-privada en materia sanitaria que permita determinar si realmente el contratista asume el riesgo y por tanto si la inversión en la obra ha de computar o no a efectos del déficit
público.
7. Estas medidas exigen reformas legales y deben conllevar la paralización de los modelos de gestión que están en vías de adoptar las comunidades autónomas en los próximos meses y en concreto los planes de la Comunidad de Madrid.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Paralizar todos los procesos que impliquen un cambio en los modelos de gestión hospitalaria hasta que no se haya realizado por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad un estudio independiente que analice los
resultados que han tenido los diversos modelos implantados hasta
el momento y las implicaciones económicas que puedan tener a medio y largo plazo en la sostenibilidad y calidad de la sanidad pública española.
2. Promover los cambios legislativos necesarios que fomenten un mayor papel del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a la hora de planificar, evaluar y autorizar la construcción de nuevos hospitales e introducir nuevas
formas de gestión en la red del Sistema Nacional de Salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000499
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre ayudas a los medios de comunicación impresos y articulación de medidas ante la grave situación laboral de los profesionales del periodismo, posibilitando una formación continuada y estudios reglados que habiliten
para ejercer otras profesiones afines.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno y teniendo en cuenta la corrección contenida en el escrito registrado con el número 38551, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del
Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2012.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
ayudas a los medios de comunicación impresos y articulación de medidas ante la grave situación laboral de los profesionales del periodismo, posibilitando una formación continuada y estudios reglados que habiliten para ejercer otras profesiones
afines, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
Resulta conocida la difícil situación económica que atraviesan los medios de comunicación en general y la prensa escrita en particular. Este grave panorama afecta tanto a las empresas como a los profesionales de la comunicación que trabajan
en ellas.
El anterior Ejecutivo trabajó durante 2011 impulsando el diálogo con todas las partes afectadas e incluso elaborando un plan específico para dinamizar el sector periodístico, tanto en lo relativo a sus profesionales, como a las empresas, ya
fueran de prensa gratuita o de pago. Esta decisión vino dada tras constatar una intensa destrucción de empleo en este sector y la acusada y prolongada caída de los ingresos publicitarios en este ámbito, fuente primaria en el balance de resultados
de las empresas de comunicación, situación que se generaba en un entorno caracterizado por la aparición de nuevos modelos de negocio y la necesidad de acometer una reconversión tanto desde una óptica empresarial, como desde una perspectiva puramente
laboral, con la aparición de nuevos perfiles profesionales.
Sin embargo, la convocatoria y celebración de las elecciones generales del pasado mes de noviembre paralizó esta iniciativa de manera definitiva.
En esto momentos, los datos económicos disponibles sobre este sector indican que el mercado publicitario de la prensa en papel se ha derrumbado hasta la mitad en los últimos cuatro ejercicios. Muchas empresas han aplicado expedientes de
regulación de empleo o negocian este tipo de ajuste laboral en la actualidad. El sector ha pasado de facturar 1.461 millones de euros en 2007 a 742 millones de euros el año pasado, tal y como pone de manifiesto el informe anual de la Asociación de
Editores de Diarios Españoles (AEDE). El documento confirma que la inversión publicitaria captada por las principales cabeceras de la prensa diaria en 2011 se redujo un 11,8% hasta el 31 de diciembre. Fuentes asociadas a AEDE, en este sentido,
destacan que 2012 está siendo más duro: la mayoría de cabeceras nacionales roza el 20% de disminución, mientras que las locales alcanzan en algunos casos el 30%.
Respecto de los datos de difusión de ejemplares, este indicador descendió un 6% en 2011, hasta los 3,52 millones de ejemplares diarios.
En 2012 se espera un peor comportamiento de los ingresos publicitarios, con una caída de la venta de publicidad neta en torno al 18%. Adicionalmente, como consecuencia de una caída de la difusión que en 2012 sigue acentuándose, los ingresos
por venta de ejemplares experimentarían una disminución mayor que en 2011, de alrededor de un 10%. Desde 2007 hasta la previsión para 2012, los ingresos de explotación del conjunto de los diarios se han reducido un 41,7%, desde 2.980,4 millones
hasta 1.737,3 millones de euros. (Fuente: AEDE, Libro Blanco 2013.)
En la actualidad, la situación de este sector se ha agravado notablemente y la evolución negativa del mercado laboral, en general, ha impactado de manera particularmente intensa en los periodistas. Así lo atestiguan los datos manejados por
la Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles (FAPE) que cifran en más de 8.822 los empleos perdidos desde noviembre de 2008 -3.879 en 2012- y más de 70 medios que se habrían visto abocados al cierre desde que comenzó la actual crisis
económica, recordando que la profesión periodística está desempeñada por más de 17.000 persona inscritas en el Registro Profesional de Periodistas. Por su parte, la Federación de Sindicatos de Periodistas calcula en más 11.000 los profesionales de
la información que han perdido su empleo. Desgraciadamente, las previsiones apuntan a que las anteriores cifras sufrirán un considerable incremento en los próximos meses, habida cuenta de la profunda reestructuración que afrontan varias empresas
públicas y privadas del sector.
No resulta baladí recordar que los medios de comunicación constituyen un pilar fundamental de nuestra democracia. Sin ellos, se reduce el necesario equilibrio de poderes y su precariedad perjudica seriamente la función social del
periodismo, limitando considerablemente el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir información en las condiciones contempladas en el artículo 20 de nuestra Carta Magna y los profesionales del periodismo son una pieza clave en su garantía.
No podemos olvidar el papel que estos profesionales tienen a la hora de recoger, jerarquizar, confirmar, contrastar y difundir las noticias, que los ciudadanos podrán analizar y formarse sus propias opiniones. Este proceso no podría
realizarse, de ninguna manera, si, aparte de los principios éticos y deontológicos que deben seguir los periodistas, no cuentan con las condiciones y garantías suficientes para tal fin. Y, desde luego, el paulatino incremento del desempleo, la
barrera infranqueable para acceder al mercado de trabajo, la disminución de sueldos y el deterioro de sus condiciones laborales no son el mejor marco.
Dada la especial relevancia que presentan los medios de comunicación en el equilibrio de poderes de cualquier sociedad democrática madura, y en tanto que el sector de los medios escritos presentan unas características que se homologan y
asemejan a los sectores que tradicionalmente han sido objeto de procesos de reconversión industrial, consideramos necesario de todo punto que el Gobierno actúe de inmediato en aras a proporcionar los instrumentos jurídicos, económicos, fiscales,
laborales y de cualquier
otra índole, que a su juicio estime necesarios para frenar el deterioro de este sector, en su doble perspectiva mercantil y laboral.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un informe sobre la situación de la prensa en España en el que se analicen, entre otras cosas, la situación económica de los grupos editoriales de información, la evolución de la publicidad y de los ejemplares vendidos, la
evolución de las plantillas y demás circunstancias generales que describen la crisis del sector. El informe debe recoger también la situación de los profesionales del periodismo, a la vista de la alarmante reducción de plantillas y la progresiva
devaluación de sus condiciones laborales.
El informe o 'Libro Blanco' reunirá datos, tendencias y perspectivas del sector, sirviendo de base para impulsar una transición global a un nuevo modelo de comunicación, que tenga en consideración no sólo los retos económicos y mercantiles
de las empresas, sino también las nuevas perspectivas y perfiles laborales que demandará el sector. El informe se realizará en colaboración con las asociaciones profesionales, empresariales y sindicales del sector; tendrá en cuenta lo que está
ocurriendo en los países europeos, y será entregado a los grupos parlamentarios de las Cortes, en el plazo de seis meses.
2. Reanudar el diálogo con las empresas y las asociaciones representativas del sector para establecer la posibilidad de acordar un marco de ayudas al sector de la prensa, dada su alta función constitucional como vehículos de uno de los
derechos fundamentales de los españoles (artículo 20.d). Dichas negociaciones tratarán de establecer mecanismos de ayuda para favorecer la transición a los nuevos soportes tecnológicos de la comunicación, sin perturbar el derecho fundamental de los
españoles a la información veraz de los medios de difusión. En tal sentido, deberán tomarse en consideración los siguientes instrumentos:
a) El aplazamiento de cuotas de la Tesorería General de la Seguridad Social y su fraccionamiento, permitiendo a las empresas fraccionar el pago de las cuotas de Seguridad Social ya devengadas, facilitando el ingreso en un período razonable
de tiempo.
b) Promoción de líneas de crédito y ayudas financieras del Instituto de Crédito Oficial, ICO, específicamente diseñadas para este sector, tanto para empresas como para autónomos.
c) Subvenciones y préstamos reembolsables para la renovación tecnológica del sector; ayudas dentro de la tipología de proyectos de I+D+i orientados al desarrollo de productos y servicios digitales nuevos o, sustancialmente mejorados y la
mejora de su eficiencia energética.
d) Planes sectoriales de promoción de la industria editorial en el exterior, a través de ayudas del ICEX.
3. Abordar, en contacto con las asociaciones profesionales de los periodistas y con sus sindicatos representativos, un plan de medidas destinado a dinamizar el mercado laboral de los profesionales del periodismo y mejorar las condiciones
laborales de los profesionales del sector. En este sentido se propone la negociación de las siguientes iniciativas:
a) La elaboración de un informe sobre profesiones paralelas y profesiones frontera de los periodistas, con objeto de diversificar las salidas profesionales de los licenciados en periodismo.
b) Establecer en los servicios públicos de empleo cursos específicos de formación para los periodistas en paro y planes de reconversión profesional para los profesionales del periodismo, en base al informe establecido en el párrafo anterior
y en coordinación con las asociaciones representativas del sector.
c) En el marco de los planes de la formación continua, establecer planes de formación para los trabajadores en activo que permitan la mejora de sus polivalencias profesionales y la reorientación para alcanzar la máxima eficacia en el acceso
al empleo de la profesión periodística.
Para la elaboración de estos planes, el Gobierno tendrá en cuenta la información, y en su caso, conclusiones obtenidas de la ponencia creada con motivo de la Proposición de Ley sobre el Estatuto del Periodista Profesional de 23 abril de 2004
así como de las comparecencias producidas en ella.
4. Promover con las empresas del sector y las asociaciones profesionales y sindicatos representativos, acuerdos sociales que eviten los despidos en el sector, a través de expedientes de regulación transitorios
y, en su caso, la creación de planes sociales de inserción laboral, para que las empresas que se vean obligadas a reducir su plantilla, asuman compromisos de reorientación profesional y de compensación laboral de los afectados.
5. El Gobierno dará cuenta a la Comisión Constitucional del Congreso, del desarrollo de todas estas iniciativas, en el comienzo del próximo período de sesiones (septiembre de 2013).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2012.-Juan Luis Gordo Pérez y Ramón Jáuregui Atondo, Diputados.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000500
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley relativa a un Plan de acción para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas multinacionales.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno y entendiendo que la tramitación de las comparecencias a las que se alude se realizaría en su caso por el cauce reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la
iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2012.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley relativa a un
Plan de acción para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas multinacionales, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La movilidad internacional de los grandes patrimonios y de las grandes empresas, incluidas las multinacionales erosiona la capacidad fiscal de los países.
Si además sumamos la competencia fiscal a la baja para atraer a las grandes corporaciones y patrimonios, de nuevo se reducen los ingresos públicos, incrementa la desigualdad, dificulta la salida a la crisis económica, y aumenta la
desconfianza en nuestro sistema impositivo puesto que muchos ciudadanos observan que están aportando más de lo que les correspondería en función de su capacidad económica.
Por ello, en el caso de las multinacionales consideramos que el pago de una cantidad apropiada de impuestos en el país en el que se obtengan beneficios no es sólo una cuestión de índole económica, es también una cuestión de justicia y
moralidad. En el caso español, hay que analizar cuáles son las causas que están detrás del importante desplome del Impuesto de Sociedades, puesto que la caída de los beneficios solamente explica una parte.
Con dicho objetivo, en primer lugar, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas debería calcular la brecha fiscal que mide la diferencia entre lo que realmente pagan los contribuyentes y lo que deberían pagar de acuerdo con la
ley, y qué parte de dicha brecha es consecuencia de las prácticas agresivas de las multinacionales.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar ante esta Cámara, para su tramitación y dictamen en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas conforme a lo previsto en el artículo 198 del Reglamento, un Plan de acción
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas multinacionales. Dicho Plan contemplará medidas eficaces para erradicar la evasión fiscal que se pueda producir mediante la utilización, por parte de las empresas
multinacionales, de técnicas de ingeniería fiscal para trasladar a otros países los beneficios que se produzcan en España. Así como una estimación de lo que representa esta evasión en relación al total de la recaudación.
En su tramitación, y sin perjuicio de lo dispuesto reglamentariamente, se deberían recabar, con carácter previo al dictamen definitivo del Plan, las comparecencias que los grupos parlamentarios consideren necesarias, y entre ellas se
considera conveniente la inclusión de las siguientes:
- Responsables de la Comisión Europea en materia de fiscalidad.
- Eurodiputados del Parlamento Europeo.
- Directivos de empresas multinacionales en España.
- El fiscal francés Éric de Montgolfier que utilizó la información fiscal, obtenida por el informático Hervé Falciani, para perseguir el fraude fiscal en varios países.
- Técnicos de la Hacienda Pública, profesores universitarios y profesionales, relacionados con el sistema impositivo español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2012.-Pedro Saura García, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000501
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el futuro de la red de Paradores Nacionales de Turismo, para su
debate en Pleno.
Las medidas anunciadas por el Gobierno sobre el futuro de Paradores ponen en peligro uno de los instrumentos más importantes de la industria turística española. No podemos olvidar que los Paradores Nacionales desde 1928 han servido para que
la Administración pudiera fomentar el desarrollo local debido, en buena parte, a estar situados en el mundo rural. A través del fomento de una acogida turística de calidad y singular, han sido recurso para el desarrollo rural porque han dado
trabajo y proyectado una imagen de comarcas enteras. Y no hay que olvidar que los edificios históricos donde se ubican gran parte de los paradores son en gran parte patrimonio del Estado, con categoría de bienes históricos o edificios singulares.
Plantearse en estos momentos realizar recortes en este ámbito no sólo es una irresponsabilidad, sino que puede suponer la quiebra de uno de los instrumentos que mejor han contribuido a dar calidad al producto turístico español. De esta
manera cerrar siete Paradores y asumir el cierre de temporada de otros muchos va directamente contra el interés general. En este sentido es significativo que mientras el turismo genera el 11,5% a la economía nacional, los recortes presupuestarios
en los dos últimos ejercicios superan el 40%.
Acudir a la falta de rentabilidad para justificar esta posición evidencia que no se entiende para nada el papel que han jugado los Paradores Nacionales en la historia, y de lo que representa configurar un producto turístico de calidad como
base de la competitividad.
Desde nuestro punto de vista los principales motivos causantes de esta situación son muy complejos y ninguno de ellos es en absoluto achacable a los trabajadores, podríamos destacar dos como los más importantes:
- En la constitución de la empresa Paradores de Turismo en el año 1991 se establecía claramente que las obras de mayor calado las realizaría Turespaña ya que Paradores no es dueña de los edificios, sino que éstos pertenecen a la Dirección
General del Patrimonio. Filosofía fundacional que ha ido cambiando a lo largo de los tiempos ya que últimamente Paradores ha pagado las obras de varios edificios que se han construido o reformado por motivos políticos como recientemente el Parador
de Cádiz para coincidir con el II Centenario de la Constitución de 1812 o hace algunos años el Parador del Saler en Valencia coincidiendo con la Copa América de Vela tan profusamente patrocinada por la Generalitat Valenciana.
- Otro de los aspectos que lastra la economía de Paradores es el canon que se paga al Estado, fluctuando éste a lo largo de su establecimiento en el año 1995, llegándose a pagar en algunos momentos hasta 14 millones de euros.
De continuar los proyectos del Gobierno podemos estar ante un desmantelamiento del producto que ofrece la Red de Paradores que puede terminar en su privatización bajo la coartada de que su venta puede ayudar a hacer frente a los vencimientos
de una deuda que los ciudadanos, en su mayoría, no han generado, pero cuyas consecuencias están sufriendo. Para alcanzar este objetivo nada mejor que precarizar el sector y vaciarlo de inversiones con el fin de justificar otra venta más del
patrimonio público, entregando todos los sectores estratégicos que aún son de titularidad estatal al capital privado donde la obtención del máximo beneficio sea el único criterio de gestión.
Muestra de ello son las condiciones laborales abusivas que se están tratando de imponer a los 4.600 trabajadores y trabajadoras del cerca del centenar de Paradores Nacionales repartidos por todo el Estado mediante un convenio colectivo que
flexibiliza horarios, turnos y vacaciones; que aumenta las jornadas laborales a más de 10 horas durante varíos días a la semana; o que reduce las prestaciones de baja por enfermedad, por no hablar de los sueldos existentes ya de por sí
insuficientes, la eliminación de la paga extra de Navidad, la rebaja de las actuales garantías en materia de IT o las amenazas de recortes relativos a su jubilación y permisos retribuidos.
O el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado hace pocos días por la dirección de esta empresa, que afecta a 644 trabajadores (el 14% de la plantilla) mediante despido, y precariza el trabajo de otros 948, pues les cambia su
condición de fijos por la de fijos discontinuos, dejándoles sin trabajo 5 meses al año.
Paradores Nacionales constituye el buque insignia del turismo estatal, y pertenece a un sector cuya infraestructura es de todos y todas. Paradores es 'Marca España'.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas precisas para:
1. Paralizar de inmediato el Expediente de Regulación de Empleo presentado por la empresa Paradores Nacionales.
2. Desestimar cualquier intento de privatización de la Red de Paradores Nacionales.
3. Abonar a Paradores las obras realizadas en edificios pertenecientes a la Dirección General de Patrimonio.
4. Rebajar el canon que paga Paradores al Estado.
5. Potenciar el turismo hacia nuestro país a través del fortalecimiento de la Red de Paradores Nacionales y que su logotipo 'Calidad, Amabilidad, Leyenda desde 1928', patrimonio en gran medida de sus trabajadores, también forme parte de la
'Marca España'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2012.-Laia Ortiz Castellví y Ascensión de las Heras Ladera, Diputadas.-José Luis Centella Gómez y Chesús Yuste Cabello, Portavoces del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La
Izquierda Plural.
162/000502
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
fomento de la competencia efectiva en el sector de los carburantes en España, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Los precios de los carburantes en España se encuentran, antes de impuestos (PAI), entre los más elevados de las principales economías europeas y la evolución de los márgenes brutos de distribución es propia de un mercado poco competitivo.
Según los datos de las Comisión Nacional de Energía (CNE), desde el inicio de la crisis económica en 2007 hasta el año 2010, el margen bruto de distribución ha crecido alrededor de un 20%, tanto en gasolina como en gasóleo. España es uno de los
países con menores impuestos sobre los combustibles de automoción de la Unión Europea. Sin embargo, en 2011 fuimos el tercer país con mayores precios antes de impuestos (PAI) de GNA95 (Gasolina 95) y el sexto con mayores precios en GOA (Gasóleo A).
El gasto en transporte por carretera es una de las partidas más importantes en la cesta de consumo de los hogares. La Encuesta de Presupuestos Familiares que elabora el INE para el año 2010 indica que la partida 'carburantes y lubricantes'
representa un 4,4% del gasto doméstico (gasto medio por hogar superior a los 1.300 euros anuales). De hecho, la factura de carburantes para una familia con un coche que recorra 50 km diarios será en 2012 de más de 1.500 euros al año, un 50% más que
lo que costaba en 2010, todo ello en un contexto económico de profunda crisis en el que se ha reducido la renta disponible de las familias.
Los recientes informes sobre carburantes publicados por la Comisión Nacional de la Competencia y la Comisión Nacional de la Energía son una buena prueba de la necesidad de modificar la regulación en el mercado de los carburantes en España.
El informe de la CNC señala que el sector español de carburantes de automoción está altamente concentrado en torno a los tres principales operadores (Repsol, Cepsa y BP), que disfrutan de ventajas sustanciales respecto al resto de operadores
derivadas de su peso e importancia en el mercado, su integración vertical con actividades de refino en España, sus vínculos estructurales con el monopolista de la red de transporte, CLH, que les permite influir en la gestión y acceder a información
sobre las infraestructuras de importación, transporte y almacenamiento, y por la capilaridad y estabilidad de sus redes minoristas de estaciones de servicio. Esto genera indudables barreras de entrada a los operadores interesados en acceder y
expandirse en el mercado español de distribución minorista, que encuentran dificultades para abrir nuevas estaciones de servicio, para crecer abanderando estaciones de servicio ya existentes y para aprovisionarse de carburante en condiciones de
costes comparables a los operadores con capacidad de refino en España.
Además, el informe de la CNC concluye que existe una asimetría en la velocidad de traslación de las variaciones en los precios internacionales de los carburantes a los precios en España, de manera que los incrementos en el precio
internacional tienen un impacto más rápido que las reducciones. Este resultado es robusto para la GNA95 (Gasolina 95), y débil para el GOA (Gasóleo A).
Por su parte, el informe de la CNE concluye también que existe una fuerte concentración de precios entre los operadores dominantes (Repsol, Cepsa y BP), que además de marcar siempre los precios más altos tanto en el ámbito nacional, como
local, muestran un fuerte alineamiento. Estas compañías mantienen con las estaciones de servicio contratos en exclusiva de largo plazo que les permite coordinar los precios finales, de forma que las gasolineras apenas compiten entre sí. Únicamente
las gasolineras de las marcas blancas o hipermercados, se desligan de estos precios que marcan las grandes operadoras. De hecho, se observa que aquellas zonas con una mayor penetración de gasolineras independientes disfrutan de precios más
competitivos. Sin embargo, como su participación en la cuota de ventas es muy inferior a la de los operadores dominantes, cuya cuota es del 78%, los precios medios en España son sensiblemente más elevados que los de nuestros socios europeos, donde
la participación de independientes es mucho más elevada, como en Francia, donde el 60% de las ventas se realiza por hipermercados. El efecto de la falta de competencia en los bolsillos de los ciudadanos y las empresas es reseñable. Si en España se
aplicasen precios antes de impuestos similares a los de Francia, la factura de carburantes sería de 2.000 millones de euros menos al año.
Por otro lado, la CNE -en el informe de supervisión que analiza la distribución de carburantes en estaciones de servicio para el mes de octubre de 2012- ha observado fuertes picos de descenso puntuales todos los lunes y repuntes el martes en
un valor similar. Este efecto se observa fundamentalmente para el Gasóleo A. Hay que recordar que el lunes es el día de la semana que se informa de los precios de los carburantes a la Unión Europea para realizar la comparación homogénea con los
Estados miembros.
Para resolver el problema de los elevados precios y márgenes en el sector de carburantes en España es requisito indispensable la introducción de mayor competencia efectiva. Por tanto, consideramos que el Gobierno tiene que abordar de manera
integral una serie de cambios estructurales de carácter regulatorio para que los grandes operadores no puedan seguir utilizando su poder de mercado en detrimento de la competencia efectiva.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha las recomendaciones de los recientes informes de la CNC y CNE sobre el sector de los carburantes, con las siguientes medidas de carácter regulatorio:
1. En el segmento mayorista:
1.1 Asegurar que ninguna empresa que opere en los segmentos de refino y comercialización de carburantes en España pueda ejercer un control o una influencia significativa sobre la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH).
1.2 Garantizar que la red de transporte y la actividad de almacenamiento se produzca en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias.
1.3 Introducir mayor competencia en la actividad de refino.
2. En el segmento minorista:
2.1 Facilitar la apertura de nuevas estaciones de servicio en hipermercados y revisar los procesos de concesión o autorización en carreteras y autopistas para evitar la excesiva concentración que se ha observado en algunos de esos entornos.
2.2 Reducir la duración de los contratos de suministro en exclusiva de los principales operadores para evitar barreras a la entrada y a la expansión de operadores en España alternativos a los grandes operadores con capacidad de refino.
2.3 Limitar las recomendaciones de precios de venta al público y los incentivos a la coordinación entre empresas con el objeto de evitar la confluencia de intereses comerciales entre operadores, debilitar las posibilidades de alineamiento de
estrategias comerciales entre ellos y de fomentar la competencia entre estaciones de servicio abanderadas por un mismo operador y no gestionadas por él.
2.4 Intensificar todas aquellas medidas encaminadas a incrementar la transparencia en el sector con el fin de reducir los costes de búsqueda y mejorar la capacidad de los consumidores de comparar entre estaciones de servicio y, de esta
forma, estimular la competencia entre las mismas. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo elaborará y publicará rankings de las estaciones de servicio más baratas en la última semana, el último mes o el último año, en entornos locales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2012.-Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000503
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley relativa a la técnica de explotación minera denominada fracturación hidráulica (fracking).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno y entendiendo que la Subcomisión mencionada en el punto 3 se constituiría, en su caso, por el cauce reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley
conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la
iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2012.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley relativa
a la técnica de explotación minera denominada fracturación hidráulica (fracking), para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Para la explotación de determinados gases no convencionales que se encuentran depositados en formaciones geológicas de baja permeabilidad, normalmente pizarras o esquistos, en los últimos tiempos se ha venido desarrollando un sistema que
permite el aprovechamiento de estos yacimientos, y que se ha denominado fracturación hidráulica o 'fracking' en inglés. Este procedimiento consiste en la inyección de agua, arena y productos químicos a alta presión para fracturar las rocas entre
las que se encuentre contenido el gas o el petróleo.
La formación geológica está compuesta por niveles o estratos a grandes profundidades (hasta los 5 kilómetros), y en cuyos intersticioso micro-poros se encuentra el fluido que se desea extraer. Dado que no hay interconexión apenas apreciable
entre dichos poros de la roca, al perforar la misma mediante un pozo vertical no se produce la migración del fluido, como si sucede en otras formaciones arenosas o de mayor permeabilidad. El sistema de fractura hidráulica consiste en provocar una
rotura de los niveles rocosos con el objetivo de aumentar dicha permeabilidad.
La técnica consiste en realizar perforaciones horizontales en varios subniveles de cada formación geológica, con longitudes de entre 1 y 3 kilómetros, colocando explosivos en las mismas para, mediante voladuras, conseguir dicha fracturación
en profundidad. A continuación, se introduce un fluido a alta presión que se compone de agua, arena y aditivos químicos. Este fluido arrastra el material almacenado en la roca, recuperándose en superficie como retorno.
Una parte de dicho fluido inyectado se pierde en el propio proceso, tratándose de una cantidad muy variable dependiendo de las condiciones de explotación en las que se encuentre la roca (entre un 15 % y un 80 %). Como aditivos químicos se
emplean numerosas sustancias, como cianuros, bencenos, xilenos y otras cancerígenas o mutágenas.
Todo ello genera una alta contaminación en los niveles freáticos más profundos, con la posibilidad de propagarse en el tiempo hacia niveles más superficiales. Además, estas explotaciones deben contemplar
desde el punto de vista ambiental otros impactos como son los posibles efectos de metales pesados como el mercurio o del uranio.
Ante esta situación, denunciada por diferentes instancias y grupos sociales, el Parlamento Europeo ha realizado un estudio sobre el impacto de esta técnica evidenciando la falta de normativa que regule esta actividad. Países como Francia ya
se han puesto a desarrollar normativa para su control. La clara interferencia con las aguas subterráneas como recurso a proteger requiere de una valoración y del consiguiente control. Podemos afirmar que en la Unión Europea se está cuestionando la
conveniencia de tales técnicas; así en países como Francia, Alemania o Gran Bretaña ya se cuestiona la legitimidad de la referida tecnología con la que con el objetivo de alargar la vida de los recursos gasísticos, que por otro lado están
inexorablemente condenados a agotarse, ponen en grave peligro el suministro de otro recurso realmente indispensable: el suministro de agua potable.
En Francia, el Parlamento ha prohibido la explotación de hidrocarburos mediante la fractura hidráulica y han revocado las autorizaciones que habían sido concedidas en virtud del Principio de Precaución recogido en el Tratado Constitutivo de
la Unión Europea en su artículo 174.2 y en el que se establece que se deben adoptar las medidas de protección necesarias antes de que se produzcan daños cuando hay motivos razonables para temer que efectos potencialmente peligrosos puedan afectar al
medio ambiente o a la salud humana, animal o vegetal, aunque los datos disponibles no permitan su exacta evaluación. En Alemania y en Gran Bretaña se está considerando la prohibición total de este tipo de técnicas y en Estados Unidos se están
imponiendo moratorias con el objeto de estudiar mejor sus efectos.
Este asunto también afecta a España. En toda la historia petrolera o gasística española se han perforado más de un millar de pozos con el objeto de extraer gas o petróleo y un dato objetivo y comprobable nos pone de manifiesto que en los
últimos años la petición de permisos de exploración ha crecido de forma significativa en aquellas áreas en las que existen rastros de hidrocarburos. Dado que se han podido conocer las intenciones de su utilización dentro del territorio español,
donde existen formaciones cuya explotación con otras técnicas convencionales no resulta rentable, entendemos que existe una necesidad urgente de regular esta práctica.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de las Diputados insta al Gobierno a:
1. Promulgar una moratoria para el uso de la técnica de explotación minera denominada fracturación hidráulica (fracking) en todo el territorio, suspendiendo con carácter inmediato las actividades que se estuviesen realizando en virtud de
autorizaciones concedidas hasta la fecha, y prohibiendo la concesión de nuevas autorizaciones.
2. Constituir un grupo de expertos con la encomienda de elaborar un informe en el cual se evalúen los riesgos ambientales de toda índole ligados a las técnicas de fracturación hidráulica, u otras destinadas a la explotación del llamado gas
no convencional.
3. Remitir dicho informe al Parlamento, una vez haya sido concluido, a fin de que el mismo sirva de base para los trabajos de una ponencia o subcomisión que defina el contenido de una normativa reguladora para todo el Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2012.-José Segura Clavell y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000504
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Gobierno realice las gestiones oportunas con el fin de que ONU
Mujeres vuelva a instalar su oficina de enlace en Madrid, para su debate en el Pleno de la Cámara.
En una Proposición no de Ley (PNL) de finales de octubre, registrada con la firma de la Diputada que suscribe, instábamos al Gobierno a reconsiderar su negativa a realizar aportaciones económicas a ONU Mujeres y a conservar los niveles de
financiación más adecuados para el mantenimiento de los programas desarrollados por la oficina española de la organización internacional.
La iniciativa de mi grupo estaba cimentada en la seguridad de que España cuenta con una larga trayectoria en la defensa de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, no se entiende la actitud del actual Gobierno español. Un
Gobierno que, en otros momentos, ha apoyado a ONU Mujeres y a sus organizaciones predecesoras para llevar a cabo una serie de programas orientados a avanzar por este camino y en el combate de la violencia contra las mujeres en todo el mundo.
Pero el diálogo de este Gobierno con las agencias de la ONU no ha sido provechoso, según se puede comprobar a tenor de los resultados. Una vez que se pusieron en marcha las reuniones de alto nivel entre ONU Mujeres y el Gobierno, ya se
atisbaba que el buen entendimiento no sería fácil. El cierre se confirmó el pasado 6 de diciembre en Nueva York entre el secretario general de Cooperación, Gonzalo Robles, y una delegación de este organismo de las Naciones Unidas.
Hay que destacar que, en todo momento, la posición de ONU Mujeres, más allá de la radicalidad del Gobierno español, ha sido comprensiva con las circunstancias actuales y, por tanto, de una gran disposición para superar las dificultades que
España presenta a la hora de afrontar sus compromisos de financiación multilateral.
Esta decisión es incomprensible, si además contamos con que la oficina de ONU Mujeres en España se abrió hace cinco años no suponía coste alguno para el Gobierno. La financiación de la oficina procedía de los fondos corrientes de ONU
Mujeres -tal y como sucede en todas sus delegaciones- y el Ejecutivo únicamente ha contribuido económicamente en proyectos concretos.
El trabajo que hasta ahora ha venido desarrollando ONU Mujeres España se han demostrado oportunos y necesarios, no solo comprometidos hasta 2015 sino con programas específicos posteriores a esa fecha.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que realice las gestiones oportunas con el fin de que ONU Mujeres vuelva a instalar en España su oficina de enlace en Madrid, y así este organismo pueda seguir desarrollando sus trabajos
enmarcados en la Campaña del Milenio de Naciones Unidas sobre la agenda de desarrollo Post-2015.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2012.-Ascensión de las Heras Ladera y Laia Ortiz Castellví, Diputadas.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000505
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
evitar la privatización de la red de Paradores de Turismo de España, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La dirección de Paradores de Turismo presentó el pasado día 26 de noviembre, a los representantes de los trabajadores, un plan de restructuración de centros (Paradores) y de plantilla que supone la extinción de 644 puestos de trabajo.
Este plan conlleva un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a la totalidad de la plantilla integrada en la red de más de noventa paradores en toda España. Asimismo, incluye cierres temporales y totales de algunos
establecimientos y de servicios de restauración.
De forma complementaria al plan de reestructuración, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Senado una enmienda a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 en la que se establece que 'Paradores de Turismo de España
tendrá por finalidad la gestión y explotación, directa o indirecta de la red de establecimientos e instalaciones turísticas del Estado'. Dicha propuesta de modificación, que previsiblemente será aprobada, abriría la puerta a la externalización de
los servicios de Paradores y a un proceso de privatización del conjunto de centros por parte del Gobierno del Partido Popular.
Por tanto, estamos ante un ataque directo al modelo público de la red de Paradores de Turismo, que constituye un instrumento clave para la promoción de un turismo de calidad y excelencia en nuestro país. La estrategia a seguir por el
Gobierno del Partido Popular es ir desmantelando poco a poco los Paradores con el cierre definitivo o temporal, poner en duda su viabilidad y abonar el terreno para que resulte inevitable llevar a cabo un proceso de privatización de estas
instalaciones. Las recientes declaraciones del Ministro de Industria, Energía y Turismo, en las que señala que Paradores de Turismo caminaría hacia el proceso concursal si no se aprueba el plan de reestructuración propuesto por la dirección, son
una prueba más del interés del Gobierno por privatizar.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que Paradores de Turismo es una marca de referencia del sector turístico español, una 'Marca España' de calidad y excelencia que abandera la preservación del patrimonio
histórico-artístico, natural y cultural y contribuye al desarrollo económico de los entornos locales, siendo el motor de dinamización de zonas con reducido movimiento turístico o económico. Por ello, Paradores de Turismo tiene que seguir siendo un
instrumento de la política turística del Gobierno, ya que proyecta una imagen de modernidad y calidad de nuestro turismo en el exterior.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar una estrategia de negociación con los representantes de los trabajadores de Paradores, a través del diálogo social, para alcanzar un acuerdo que garantice el mantenimiento del mayor número posible de puestos de trabajo y que,
en todo caso, incluya medidas de recolocación, formación y readaptación de los trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo.
2. Evitar el desmantelamiento y la privatización de la red de Paradores de Turismo de España, apostando por su viabilidad y que continúe siendo referencia de calidad y excelencia del sector turístico en España.
3. Elaborar un nuevo Plan Estratégico para la innovación y modernización de la red y establecer políticas de marketing integral para la promoción internacional de Paradores, elaborando un plan de mercados emergentes y de captación de nuevos
clientes de mayor valor añadido.
4. Fortalecer las sinergias entre dos sectores en los que España es líder mundial, el turismo y la cultura, con una línea específica de promoción del turismo cultural a través de Paradores, favoreciendo la diversidad y calidad de la
oferta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2012.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
SECRETARÍA GENERAL
292/000015
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 18 de diciembre de 2012, de conformidad con la propuesta elevada por el Jurado constituido al efecto, acordó conceder cuatro becas para la realización de estudios y trabajos sobre comunicación
institucional, tanto en sus aspectos de comunicación interna como externa relacionados con el Parlamento a las siguientes personas:
- D.ª Raquel Ibáñez Valdivielso.
- D.ª Cristina Castro Fernández.
- D.ª Lorena Diego Sánchez, por el turno de discapacidad.
- D.ª Bárbara Alós Forner.
Asimismo para el caso de renuncia de las anteriores, la Mesa acuerda designar como suplentes a las siguientes personas:
1. D.ª María Gómez Vanini.
2. D.ª Paula Pérez Cava.
3. D.ª Samira Saleh Contell.
4. D. Álvaro Causapié Castro.
5. D. Sergio Sánchez Barreda.
6. D.ª Patricia Carrascal Sinovas.
7. D.ª Blanca González Romero.
8. D.ª María Montero Tortajada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2012.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada Moreno.
292/000016
La Mesa de la Cámara, en su reunión de 18 de diciembre de 2012, de conformidad con la propuesta elevada por el Jurado constituido al efecto, ha acordado conceder doce becas para la formación práctica de Archiveros, Bibliotecarios y
Documentalistas convocadas por Acuerdo de la Mesa de 9 de octubre de 2012 (publicado en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 163, de 17 de octubre de 2012) a los solicitantes que según el orden de puntuación obtenida se indican a
continuación:
1. Román Molina, Juan.
2. Gómez Sarabia, María Luisa.
3. Fernández Rodríguez, Ana.
4. Romero Sevillano, Ana María.
5. Igareta Gómez, Ana Belén.
6. Resta Gómez, Laura.
7. Gertrudis Casado, María del Carmen.
8. Carrillo González, Raquel.
9. Chamizo Jurado, Ana Belén.
10. Rodríguez Castillo, Miguel.
11. Álvarez Vivas, Lucía.
12. Torres Sánchez, Estefanía del Puerto.
Por otra parte, y de conformidad asimismo con la propuesta del Jurado, la Mesa de la Cámara ha acordado, para el caso de renuncia de los anteriores, designar a los siguientes suplentes, por este orden:
1. Cano Pastor, Ruth Eladia.
2. Ratón Aguilar, Ana.
3. Sánchez López, Ángel.
4. Rodríguez Fernández, Mónica.
5. Anguita Grajales, María Luisa.
6. Liberia Vayá, Irene Higinia.
7. Fernández Abenoza, Patricia.
8. Muñoz Horcajada, Cristina.
9. Rodrigo Mateu, Berta.
10. Fernández Ramón, José María.
11. Alaguero Santos, Patricia.
12. Ruiz Nalda, Javier.
13. Navares Menaza, Raquel.
14. Pintado Grande, Rosa.
15. Bouza López, Noemí.
16. Sierra Pérez, Ana.
17. Serrano García, Lorena.
18. Mora Aprile, Laura.
19. Capussi, Vania Lilia.
20. Méndez Laso, César.
21. Cuña Migallón, Elisa.
22. Lafuente Ángel, Manuel.
23. Damunt Romero, María Isabel.
24. García Nóvoa, Lorena.
25. Claramunt Martorell, Juan Jesús.
26. Cruz Cuesta, María Eugenia.
27. Pascual Bosser, Anna.
28. Redondo Lara, Diana.
29. López Díaz, Irene.
30. Gel Moreno, Helena.
31. Hernández Gómez, Mónica.
32. Rodríguez Núñez, Rosario.
33. Reyes Manzano, María Rosa.
34. Pastor Portillo, Susana.
35. González Sivit, Iván Daniel.
36. González González, Luis Urbano.
37. Fernández Machado, Estrella.
38. Pérez Rey, Sara.
39. Gancedo Igarza, Ángela.
40. García del Río, Irene.
41. Rodríguez Crespo, Marina.
42. Ruiz Velarde, Enrique.
43. Carretero Bailón, Raquel.
44. López Mendoza, Alicia Carmen.
45. Hidalgo Santamarta, Judit.
46. Mateu Marín, Javier.
47. Vegas Recio, Raquel.
48. Benito García, Nuria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2012.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada Moreno.