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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 187, de 30/11/2012
cve: BOCG-10-D-187
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
30 de noviembre de 2012
Núm. 187
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000026 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Defensa, de reforma del régimen transitorio de la Ley de la carrera militar, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ...
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000473 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre reconocimiento de Palestina como Estado observador de las Naciones Unidas y mediación para el cese de los
enfrentamientos armados en la Franja de Gaza ... (Página3)
162/000474 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el desarrollo de un Mapa de Conocimiento ... (Página4)
162/000475 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la retirada del proyecto de Línea de Muy Alta Tensión Peñalba-El Arnedo-Isona ... (Página5)
162/000476 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la convocatoria de becas FPU (Formación del Profesorado Universitario) y FPI (Formación del Personal Investigador) ...
(Página6)
162/000477 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el sector forestal ... (Página8)
162/000478 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de dar marcha atrás en las subidas de las tasas aeroportuarias para el año 2012 y 2013 ... (Página9)
162/000479 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de adoptar medidas en relación a las comisiones bancarias abusivas.
11
162/000480 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, por la que se insta al Gobierno a promover en el Consejo Europeo las modificaciones legales oportunas para el estricto cumplimiento de los
criterios de Copenhague tras el ingreso de un nuevo estado en la Unión Europea ... (Página12)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000026
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Defensa, de reforma del régimen transitorio de la Ley de la carrera militar.
Acuerdo:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Defensa, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2012.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre el procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las
Comisiones de la Cámara de fecha 26 de junio de 1996, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 27 de junio de 1996, solicita la creación de una Subcomisión de reforma del régimen transitorio de la Ley de la carrera militar, en el
seno de la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, establece en su disposición final duodécima la reforma del régimen transitorio de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera
militar:
En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de ley para la reforma del régimen transitorio de la Ley de la carrera militar, tras la experiencia
adquirida en su aplicación. A estos efectos, la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados emitirá un dictamen con carácter previo, que aborde los diferentes elementos del período transitorio de la ley, en particular los referidos a la
promoción y cambio de escala, régimen de ascensos, antigüedad, pase a la situación de reserva y reconocimientos académicos de la formación adquirida, así como al retiro del personal discapacitado, considerando, en su caso, los correspondientes
efectos económicos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular propone la creación de una Subcomisión de estudio con el fin de dar cumplimiento a lo indicado en la Ley Orgánica 9/2011 y elaborar un informe que sea elevado posteriormente a la Comisión de
Defensa.
A) Objeto de la Subcomisión.
1. Analizar los resultados de la aplicación de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar en la estructura y funcionamiento de las Fuerzas Armadas, en especial, sobre la capacidad de cumplimiento de sus misiones y el régimen
de personal.
2. Recabar la información necesaria a fin de tener elementos de juicio suficientes, en particular los relativos a los elementos referidos a la promoción y cambio de escala, régimen de ascensos, antigüedad, pase a la situación de reserva,
reconocimientos académicos de la formación adquirida y retiro del personal discapacitado.
Para ello, la subcomisión podrá solicitar la comparecencia de autoridades, funcionarios públicos u otras personas competentes en la materia.
3. Elaborar un informe para su debate y aprobación por la Comisión de Defensa en el que se expongan las conclusiones sobre el resultado de la aplicación de la Ley de la carrera militar.
4. Sugerir modificaciones a la Ley de la carrera militar para mejorar el cumplimiento de sus fines.
5. Determinar otras medidas complementarias.
B) Composición.
La subcomisión estará compuesta por 3 representantes de los grupos parlamentarios con más de 100 Diputados, 2 representantes de cada uno de los grupos parlamentarios con más de 6 diputados y 1 representante de los restantes grupos
parlamentarios.
C) Adopción de acuerdos.
Los acuerdos se adoptarán por voto ponderado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2012.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000473
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre reconocimiento de Palestina como Estado observador de las Naciones
Unidas, y mediación para el cese de los enfrentamientos armados en la Franja de Gaza, para su debate en el Pleno.
En respuesta a varios ataques con cohetes contra Israel, disparados desde la Franja de Gaza, el gobierno israelí intensifica a lo largo del mes de noviembre de 2012 los bombardeos por mar y aire sobre la Franja de Gaza, provocando la muerte
de varias decenas de civiles y cientos de heridos, destruyendo infraestructuras y edificios, y atacando con precisión las sedes de cadenas de televisión como la alemana
ARD y la británica Sky News. Cobra fuerza la posibilidad de una invasión terrestre de la Franja, similar a la operación Plomo Fundido, que costaría la vida a cientos de civiles.
De otra parte, el presidente palestino, Mahmud Abbas, ha anunciado que el 29 de noviembre someterá a la Asamblea General de la ONU la candidatura de Palestina como Estado observador no miembro de las Naciones Unidas. Israel, que teme que
Palestina pueda denunciar a sus autoridades por crímenes de guerra, ha iniciado una intensa campaña diplomática para disuadir a los distintos países de que apoyen la iniciativa de Mahmud Abbas, con la amenaza de derrocarle y desmantelar la Autoridad
Nacional Palestina.
El Gobierno español aún no se ha definido. Palestina necesita más que nunca la voz y el voto de España, manteniendo su tradicional política de Estado en su apoyo a Palestina dentro de la DE y de la ONU, como anteriormente la defendió para
el ingreso de Palestina en la UNESCO.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Votar en la Asamblea General de Naciones Unidas a favor del reconocimiento de Palestina como Estado observador no miembro de las Naciones Unidas.
2. Reconocer expresamente a Palestina como Estado libre e independiente en las fronteras del 4 de junio de 1967.
3. Promover activamente dicho reconocimiento tanto en sus relaciones bilaterales como multilaterales y, en particular, como posición común en el seno de la UE.
4. Mediar ante el Gobierno de Israel y las autoridades de la Franja de Gaza para que detengan de forma permanente las operaciones militares israelíes en la Franja y el lanzamiento de cohetes sobre territorio israelí.
5. Solicitar la intervención de la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores con el fin de alcanzar un cese el fuego permanente entre las partes en conflicto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2012.-Gaspar Llamazares Trigo y Joan Josep Nuet i Pujals, Diputados.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000474
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para el desarrollo de un Mapa de
Conocimiento, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La innovación y la investigación han constituido, tradicionalmente, la base del conocimiento y de la tecnología para conseguir un desarrollo económico, social y ambiental sostenible.
Nuestro modelo de organización territorial ha fomentado una gran dispersión del conocimiento, lo que resulta enriquecedor, ya que se han creado muchos puntos de innovación, desarrollo creativo y fuentes de conocimiento, pero a su vez,
resulta muy complicado de gestionar y de conocer por quienes no sean especialistas en la materia y en especial por el sector empresarial.
La aplicación de técnicas para crear 'mapas del conocimiento' permiten localizar fácilmente estos puntos de interés relacionados con la ciencia, la tecnología, la innovación, o cualquier área de interés, y las actividades que realizan, tanto
los grupos y programas de investigación, como las empresas más innovadoras.
Algunas empresas y administraciones públicas, conscientes de la necesidad de gestionar sus recursos y el conocimiento de una manera más eficaz, eficiente y competitiva, han iniciado acciones similares, echándose en falta un 'mapa' a escala
más amplia, a escala nacional. En este sentido, es importante destacar que una buena parte de estos centros de innovación y generación de conocimiento son públicos, lo que facilita la realización de un mapeo.
De cara a una mejora en las políticas de innovación y una visión más estratégica, tener un 'mapa del conocimiento español' aportaría ventajas importantes y serviría de guía de las actividades del Sector Público, además de permitir a la
Industria cubrir una parte importante de sus necesidades tecnológicas y profesionales para obtener éxito en los mercados mundiales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar el mapa del conocimiento español, incluyendo todos los centros públicos de innovación (Parques Científicos y Tecnológicos, Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación, etc.) Universidades, CSIC y sectores
estratégicos de innovación.
2. Trasladar este mapa del conocimiento a una herramienta de consulta pública, accesible, bien estructurada por tipo de infraestructura o recurso, en continua actualización y que disponga de la información esencial de una manera
comprensible, así como la posibilidad de desplegar la información más completa sobre las actividades de los grupos de investigación, proyectos más relevantes, principales publicaciones, material audiovisual, empresas con las que colaboran,
disponibilidad de equipos o instalaciones, patentes y empresas de base tecnológica, etc.
3. Crear una página web de carácter institucional, donde los aspectos anteriormente mencionados del sistema español de I+D+i que ofrezcan conjuntamente de forma homogénea, sistematizada, sencilla y muy accesible, y que cuente con un
buscador efectivo.
4. Permitir un sistema de búsqueda para las empresas con total confidencialidad, especificando las características, las aptitudes o las competencias profesionales que precisan. La aplicación debería proporcionar un listado de ofertas y
capacidades tecnológicas, patentes, empresas de base tecnológica, resultados de investigación o, según lo solicitado, instalaciones, equipos, investigadores u otras personas que reúnen el perfil requerido, con el currículum, los datos de contacto y
demás información que se considere relevante.
5. Promocionar dentro de esta página web una mayor y más sistematizada información sobre nuestra oferta formativa con el acceso a una herramienta que permitiese detectar las titulaciones existentes y donde se imparten a partir de consultas
sobre las materias que se desean estudiar o las capacitaciones que se quieran obtener.
6. Incluir un apartado donde el sector empresarial pudiese realizar sus ofertas de empleo, especificando las características, las aptitudes y las competencias profesionales que precisan para cubrir un puesto de trabajo, y en la que la
aplicación de esa página pudiese proporcionar un listado de las personas que reúnen ese perfil, con el currículum, el detalle de la formación adquirida y los datos de contacto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000475
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la retirada del proyecto de Línea de Muy Alta
Tensión PeñaIba-El Arnedo-Isona, para su debate en el Pleno.
En enero de 2011, alcaldes y alcaldesas del Pallars Jussà y de la provincia de Huesca se reunían, en el Palacio de la Diputación de Lleida, con el delegado en Cataluña de Red Eléctrica de España (REESA), que les presentó el trazado escogido
por la compañía para la construcción de la nueva línea de Muy Alta Tensión (MAT). El nuevo trazado afectaba a la zona leridana de las localidades de Tremp, Castell de Mur, Llimiana, Gavet de la Conca e Isona. Los alcaldes de estos municipios ya
han hecho saber a REE su oposición al anteproyecto presentado.
El proyecto de línea de Alta Tensión a 400 kilovoltios (kV) Penyalba-EI Amero (Monzón)-Isona es una vieja pretensión de Red Eléctrica de España, que, resucitando los antiguos trazados Aragón-Cazaril y Graus-Sallent, pretende construir una
'autopista eléctrica', aprovechando parte de los apoyos que instaló a principios de los 90.
En el territorio se constituyó la Plataforma unitaria contra de la autopista eléctrica por el Pallars Jussà de Aragón y Cataluña, con amplio apoyo ciudadano que se opone radicalmente a la construcción de esta nueva línea de Muy Alta Tensión
en un territorio de gran valor ambiental, paisajístico y cultural y ya bastante afectados por otros corredores eléctricos. Las movilizaciones contrarias al trazado han continuado durante todo el 2011 y 2012 y actualmente reclaman que REESA explique
qué intención tiene ante el proyecto a la vista de las reducciones presupuestarias para las infraestructuras eléctricas que imposibilitan la construcción de la línea.
Esta oposición de los municipios afectados, y de las entidades y población del territorio, se justifica por el importante impacto ambiental que supone la línea proyectada, ya que cruza el espacio de interés natural de la Noguera Pallaresa y
el barranco de San Gregorio, dos espacios protegidos al ser corredores y hábitats de avifauna. Se hace evidente también, que la nueva línea hipoteca las posibilidades de desarrollo sostenible del Pallars Jussà en base a sus recursos naturales,
culturales, históricos y turísticos.
Además el Pallars Jussà ya soporta muchas servidumbres de paso de infraestructuras que no benefician directamente la comarca, entre ellas una gran infraestructura eléctrica con los más de 350 kilómetros de líneas eléctricas con una potencia
de entre 110 y 400 kV.
El pleno de la diputación de Lleida, en la sesión celebrada el 21 de enero de 2011, acordó por unanimidad manifestar su apoyo a los alcaldes de Tremp, Castell de Mur, Llimiana, Gavet de la Conca e Isona en su posicionamiento sobre el trazado
de la línea de Muy Alta Tensión (MAT) Penyalba-El Arnedo-Isona, así como pedir al Ministerio de Industria y a la Red Eléctrica de España que no se ejecutara el anteproyecto y que alternativamente se aprovechen otros corredores ya existentes.
A pesar de todo ello, el pasado 19 de mayo de 2011 el gobierno hacía público el anuncio de la declaración de Impacto Ambiental de la línea. Las entidades habían denunciado graves deficiencias en el Estudio de Impacto Ambiental, que utilizó
una metodología inadecuada: ni concreta aspectos importantes ni tiene en cuenta el carácter acumulativo del impacto con otras infraestructuras. El proyecto supondría graves afecciones en territorios de la Red Natura 2000, deterioraría Hábitats de
Interés Comunitario, así como Área de Importancia para las Aves. Todas estas graves deficiencias en el EIA, podrían entenderse que lo hacen nulo de pleno derecho, con lo que el proceso debería paralizarse de inmediato.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a rehacer los proyectos de Línea aérea de transporte de energía eléctrica de doble circuito a 400 kV 'Peñalba-Arnero-Isona', en las provincias de Huesca y Lleida, Nuevas Subestaciones
eléctricas de transporte 400 kV Arnero e Isona y Línea aérea de transporte de energía eléctrica de doble circuito, a 400 kV, 'Entrada y Salida en Isona', con la línea de doble circuito a 400 kV, 'Sallent-Sentmenat' y 'Sallent-Calders' para que en el
hipotético caso de construcción de la línea se aproveche los corredores ya existentes para evitar un impacto ambiental grave que afectaría a los potenciales socioeconómicos del territorio del Pirineo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000476
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la convocatoria de becas FPU (Formación Profesorado Universitario)
y FPI (Formación Personal Investigador), para su debate en el Pleno de esta Cámara.
Exposición de motivos
Las becas de Formación de Personal Investigador (FPI) gestionadas por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad constituyen el programa de captación de
investigadores predoctorales más numeroso y consisten en una ayuda económica de hasta 48 meses de duración para la realización de tesis doctorales a tiempo completo asociadas a proyectos de investigación y desarrollo en todas las áreas de
desarrollo.
La convocatoria para el año 2012, publicada el 8 de febrero, establecía un total de 1.020 becas, de 1.142 mensuales durante los 2 primeros años, y en un contrato por el mismo salario los dos últimos años.
De acuerdo con la convocatoria inicial la resolución debería haber sido publicada el pasado 8 de agosto, pero el 31 de julio se pospuso su resolución definitiva hasta el 8 de noviembre. A día de hoy no tenemos todavía resolución definitiva
ni información acerca de la resolución final.
Existe una resolución provisional del pasado 26 de julio. En este sentido, las personas que han optado por iniciar sus proyectos han tenido que pagar la matrícula del máster o doctorado con sus propios recursos, están trabajando sin cobrar,
se han mudado a la ciudad donde está su centro de investigación asumiendo todos los costes de alquiler y traslado. Las personas que han preferido esperar a la resolución definitiva llevan 9 meses esperando, sin poder comprometerse con otra
actividad.
Las últimas noticias apuntan a que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no autoriza el gasto y existe preocupación por la posibilidad de interpretar la desestimación por silencio administrativo tal y como la propia
convocatoria prevé.
Por lo que respecta al programa de ayudas de Formación del Profesorado Universitario (FPU) constituye el programa de incorporación de investigadores predoctorales más competitivo y consisten en cuatro años de financiación complementados con
la posibilidad de realizar estancias en otros centros de investigación, incluso en el extranjero, con el fin de participar en proyectos coordinados y aumentar la internacionalización y la calidad de las investigaciones.
Las FPU dependen del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Este programa ya se quedó en 2011 sin convocatoria pero la sorpresa para 2012 ha sido la publicación en el BOE del pasado 12 de noviembre la modificación de la convocatoria
mediante la cual se eliminan 150 de las ayudas previstas sobre un total de 950 y se reduce en un escandaloso 50% el número de las estancias.
Más de 6 meses después, los grupos no saben si van a tener un personal que ahora, además, ve reducida sus posibilidades de obtener financiación. Más escandaloso si cabe es el caso de las estancias temporales, cuya organización requiere una
gran cantidad de esfuerzo coordinador entre grupos y centros de acogida, muchas veces fuera de nuestras fronteras. La convocatoria establecia que tuviesen lugar entre el 1 de noviembre de 2012 y el 31 de julio de 2013. A día de hoy, con únicamente
una resolución provisional, muchos candidatos se encuentran ya desplazados debido a las necesidades de los proyectos y se han encontrado que no están entre los elegidos debido a esta reducción indecente de casi el 50 % de las ayudas.
Tanto las FPI como las FPU son las becas de mayor importancia del Estado español para la formación de personal investigador predoctoral, la titulación máxima a la que se puede aspirar académicamente. El título de doctor se requiere
habitualmente para acceder a la docencia universitaria o para trabajar en centros de I+D, ambos son los principales responsables de los avances tecnológicos de hoy día, pero la falta de compromiso del Gobierno español está asfixiando un sector de
futuro, capaz de generar empleo y crecimiento.
Por todo ello y recogiendo las demandas de la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Publicar urgentemente la resolución definitiva del programa de ayudas de Formación de Personal Investigador (FPI).
2. Reinstaurar para la convocatoria del programa de ayudas de Formación de Profesorado Universitario del año 2012 el número de ayudas inicialmente convocadas y su inmediata resolución.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000477
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el sector forestal, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Finlandia es un país con una de las mayores rentas per capita del mundo, que basa su bienestar social en que el monte es la productora de su principal recurso natural, la madera, tanto por sus productos forestales como por la industria
asociada a ella que se calcula que es un 21 %. Su superficie forestal es del orden de magnitud de la nuestra, su productividad por hectárea por suelo y clima es inferior a la española, la diversidad de especies en sus montes y plantaciones son de 4
frente a las varias decenas de nuestro país, pero la producción y el valor añadido que obtienen de sus productos a través de su industria es muchísimo más alto.
Los inventarios forestales muestran el progresivo aumento de la superficie y los productos que contiene la biomasa forestal en España, una de las mayores de Europa con una ocupación de la mitad del territorio y una fuente de riqueza
desaprovechada en un país con millones de desempleados. Con una gestión sostenible y eficaz de nuestro patrimonio forestal, podríamos generar empleo con inversiones modestas, se frenaría el despoblamiento de muchos pueblos, tendríamos más
combustible, resinas, corcho, papel, muebles, vigas y tableros, además de contribuir a la prevención de incendios y la mitigación del cambio climático.
A pesar de estas y otras razones de tanto peso nuestro país sigue viviendo de espaldas al monte. El empleo forestal es un yacimiento casi inexplorado. El Instituto Nacional de Estadística recoge en el año 2008 a 31.700 trabajadores
ocupados en la rama de selvicultura, explotación forestal y actividades relacionadas en el CNAE 02. Sin embargo la cifra puede aumentar si se añade el empleo ilegal, moneda corriente en el sector forestal. La calidad del empleo en el sector es
francamente mejorable. Se ejemplariza en los siguientes datos: peligrosidad, alta temporalidad, desequilibrio de género, rotación excesiva, escasa formación profesional y escasos convenios colectivos sectoriales que sólo existen en Castilla-León y
Castilla-La Mancha.
En un intento de invertir el despoblamiento de las zonas rurales se aprobó el Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 y el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) para el período 2010-2014, que se deriva de la Ley
45/2007 de Desarrollo Rural Sostenible, y que contemplan como primer eje de actuación la gestión sostenible de la silvicultura y los recursos forestales.
Pero el sector forestal sigue adoleciendo de importantes debilidades:
- La titularidad del monte no está consolidada legalmente. Los montes privados, que constituyen el 72% de la superficie forestal española, no tienen en una gran parte, la documentación en regla que acredite a sus propietarios. El registro
de la propiedad no ha funcionado en España para las pequeñas y medianas parcelas rústicas, por lo que sería precisa su reforma.
- No existe apenas planificación de la gestión forestal de las cortas y cosechas
- Los propietarios forestales quedan a expensas de un reducido grupo de compradores, tanto finales como de intermediarios o rematantes, que deja poco espacio para la libre competencia en ofertas y presiona a la baja los precios de la madera.
Y sobre el sector pesan graves amenazas:
- El despoblamiento rural.
- La fluctuante inversión pública y la escasa inversión privada.
- La inexistencia de investigación y el desarrollo.
- Los incendios forestales, producto del abandono y falta de gestión de los montes.
Sin embargo, sus fortalezas son muy valiosas:
- La tasa de retorno a las arcas públicas de las inversiones en el sector forestal son muy altas, cercanas al 50%.
- La inversión necesaria para crear un empleo directo en el sector forestal es reducida en comparación al resto de los sectores.
- Tenemos superficie forestal y productos forestales para aprovechar, sin menoscabo de la conservación del medio ambiente y de los aprovechamientos futuros.
La certificación forestal FSC es fundamental para la mejora de precios del producto certificado frente al que no lo está, así como para la calidad del empleo forestal.
Tal y como afirma Comisiones Obreras, es factible generar más de 50.000 empleos directos de aquí a 2022, con una inversión sustancialmente inferior a la de cualquier sector de la construcción o industrial, además de tener un mayor retorno de
lo invertido a las arcas públicas a través del IVA, cotizaciones a la Seguridad Social e IRPF.
La normativa forestal, como en general la ambiental, está muy desarrollada y, aunque no se aplican muchas de sus disposiciones, es un aceptable punto de comienzo. Las principales normas a nivel estatal son la Ley 43/2003 de Montes,
modificada por la ley 10/2006, la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural y la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Pero lo esencial en estos momentos debería ser garantizar su desarrollo y cumplimiento, junto
a la promoción de medidas concretas de apoyo a la creación de empleos en el sector forestal.
Ante esta situación este Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las siguientes medidas:
1. A doblar la inversión pública en el sector forestal.
2. Desarrollar la normativa existente para reducir el abandono de las propiedades forestales.
3. A la creación de un Registro de la Propiedad único, como se realiza en el resto de Europa, en el que el actual y el catastro se unifican y sean gestionados por funcionarios/as públicos.
4. Incentivar la gestión colectiva, la concentración parcelaria o la agrupación de propiedades para la gestión forestal, allí donde exista minifundio o baja rentabilidad forestal.
5. Promover y apoyar la planificación de la gestión forestal sostenible a través de planes de ordenación o cualquier otro elemento de planificación que cada CCAA crea oportuno en razón del tamaño e intensidad de la gestión forestal.
6. Mayorar las subvenciones a aquellos titulares que tengan una certificación forestal FSC (Consejo Administración Forestal).
7. Aumentar la dotación de I + D en la mejora del aprovechamiento y maquinaria forestal.
8. A la ordenación y puesta en aprovechamiento de la totalidad de nuestros montes públicos en un plazo de 10 años.
9. Instar a la inspección de trabajo a aumentar la vigilancia en este sector para hacer cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales.
10. Instar a las patronales a la negociación de un convenio colectivo que mejore sustancialmente la calidad del trabajador forestal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2012.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000478
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
necesidad de dar marcha atrás en las subidas de las tasas aeroportuarias para el año 2012 y 2013, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Comisión Europea acaba de abrir una investigación para determinar la legalidad de los aumentos de las tasas aeroportuarias que se aplicaron en los aeropuertos del Estado español en julio del presente año 2012. En este sentido, el
Gobierno español dispone de dos meses para remitir información que justifique tales subidas.
La investigación de la UE se debe a las denuncias presentadas por diversas aerolíneas y agencias de viajes porque les afecta negativamente. Las compañías aéreas señalan que AENA no les consultó antes de proceder a incrementar las tasas, tal
y como establece la directiva relativa a las tasas aeroportuarias adoptada en 2009.
La Comisión europea recuerda al Gobierno que la normativa fija 'unos requisitos mínimos para el cálculo de las tasas' y le pide información que justifique la subida. Además, advierte de las consecuencias sobre los aeropuertos. De hecho,
los aeropuertos gallegos como el de Lavacolla, Peinador y Alvedro están perdiendo servicios aéreos, hay compañías aéreas que han decidido anular sus vuelos porque no pueden sostener los costes.
Ya se han producido varios casos en distintos aeropuertos del Estado español y en Galicia en el caso del aeropuerto de Santiago de Compostela, el de A Coruña y el de Vigo.
De hecho, la Comisión europea señala que 'el incremento de las tasas es significativo para las compañías aéreas, a consecuencia de lo cual las compañías podrían verse disuadidas de operar en ambos aeropuertos'.
Es preciso recordar que AENA aprobó para el año 2012 una subida media de las tasas del 19%, que incluso fue del 50% en Barajas y El Prat. Para el año 2013 las tasas volverán a aumentar en un porcentaje del 8%. AENA alega que las subidas de
tasas se realizan para recuperar parte de los costes operativos por haber invertido 18.500 millones en los últimos diez años. AENA tiene una deuda de 14.000 millones de euros.
En un contexto de crisis económica tan grave no es de recibo que se encarezcan las tasas aeroportuarias de manera tan abusiva, unos costes que repercuten negativamente en las aerolíneas y en la agencias de viajes porque contraen la demanda
de billetes.
Son los usuarios los que pagan el sobrecoste, son los consumidores los que pagan las tasas que encarecen significativamente el precio de los billetes de avión.
Las políticas del Gobierno consistentes en el aumento generalizado de los costes, caso de las enormes subidas del IVA, la introducción del copago farmacéutico, el aumento de los costes de los peajes de las autopistas, o el incremento de las
tasas aeroportuarias parece ser el único camino elegido para lograr más ingresos y siempre por la vía de repercutir más gasto sobre los ciudadanos. El Gobierno está asfixiando a la gente con costes mayores en un contexto generalizado de bajadas de
salarios y de aumento del paro. Una dirección que está repercutiendo de manera muy negativa sobre el consumo, contrayéndolo y que resulta muy perjudicial para pequeñas y medianas empresas y también para grandes compañías como el caso al que nos
referimos.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Suspender los incrementos de tasas aeroportuarias aprobadas para este año 2012 y para el próximo año 2013, puesto que están perjudicando a los aeropuertos del Estado español como los tres de Galicia, provocan efectos negativos y pérdidas a
las compañías aéreas, a las agencias de viajes y a los consumidores, además de una disminución del tráfico aéreo, la anulación y suspensión de conexiones aéreas, la marcha de compañías aéreas, la pérdida de clientes a las agencias de viajes y la
caída del consumo en el sector.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2012.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-M.ª Olaia Fernández Davila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000479
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de las diputadas M.ª Olaia Fernández Davila (BNG) y Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente
Proposición no de Ley, relativa a la necesidad de adoptar medidas en relación a las comisiones bancarias abusivas, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Las comisiones que las entidades financieras repercuten a los usuarios han experimentado una subida significativa en plena crisis económica, de manera especial a lo largo de los últimos meses.
En lo que va de año, los bancos y lo que queda de las Cajas han realizado fuertes subidas de las comisiones que cobran por servicios y productos. Por ejemplo, por el mantenimiento de una cuenta corriente hoy cobran un máximo de 75 euros
frente a los 42 de 2011, según datos del Banco de España, un 78% más.
Precisamente, en julio del pasado año 2011 el Banco de España dejó de regular las comisiones que bancos y cajas cobran a sus clientes por la prestación de servicios y productos. Un cambio que las entidades financieras aprovecharon para
incrementar sus beneficios.
En el último año, y según datos del Banco de España, las comisiones bancarias han aumentado de media un 40%, aunque hay servicios que han registrado un repunte de hasta un 300%. Este es el caso de la comisión que las entidades cobran por la
realización de transferencias, cuyo precio máximo ha pasado de los 5 euros que costaba en 2011 a 20 euros de este año. El mínimo de este tipo de operaciones continúa en los 2 euros (un 0,18%).
Las comisiones por mantenimiento de cuenta corriente o de ahorro también han crecido con fuerza. El mínimo se mantiene en los 12,50 euros, sin embargo, el máximo se ha disparado desde los 42 euros que costaba en 2011 a 75 que los bancos
cobran ahora.
El cobro abusivo de comisiones bancarias es todavía más censurable en el caso de las entidades financieras que han recibido dinero público su saneamiento y a las que el Gobierno debería exigir la supresión de comisiones para este tipo de
cuentas o transacciones bancarias básicas.
Un Informe de la Comisión Europea pone de manifiesto que las comisiones de la banca española son las segundas más elevadas de Europa, sólo superadas por Italia. Dicho documento indica que los principales bancos del Estado español ingresaron
hasta el mes de septiembre más de 14.000 millones de euros por el cobro de comisiones a sus clientes.
Las comisiones de los bancos españoles casi doblan a las de las entidades alemanas y multiplican por tres las comisiones de los bancos de Bélgica u Holanda.
Estas subidas coinciden con una persistente situación de restricción en el acceso al crédito para la mayoría de personas, de dificultades para obtener financiación tanto por parte de empresas, emprendedores como particulares, sin olvidar, el
drama social de los desahucios, situaciones de extrema fragilidad social que los bancos aprovechan con usura y sin asumir todavía la más mínima responsabilidad al respecto.
La subida de las comisiones bancarias se está aplicando a los servicIos financieros básicos, como es el caso del mantenimiento de cuentas corrientes o de ahorro, que deberían estar exentas de pagos puesto que la administración que sobre las
mismas ejercen las entidades financieras se ve compensada sobradamente por el hecho de poder disponer del dinero depositado y con ello generar valor añadido que se traduce en beneficios para dichas entidades.
En este caso no solo es abusiva la subida soportada por los usuarios sino el hecho de que se mantengan comisiones, siquiera mínimas, por el mantenimiento de cuentas corrientes o de ahorro.
La aplicación de cláusulas abusivas e injustas por parte de las entidades financieras no puede ser consentida de manera indefinida. En un contexto de grave crisis económica como la actual, y después de que la banca se haya beneficiado de
miles de millones de dinero público para su saneamiento, resulta inadmisible, sobre todo en los casos de entidades nacionalizadas, que cobren comisiones y que, además, se permita el lujo de aumentarlas. El Gobierno debería tomar cartas en el asunto
porque supone un abuso desmedido.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta la Gobierno a:
1. Adoptar las medidas necesarias para impedir que mientras se mantenga la situación de crisis económica se produzcan aumentos de las comisiones que aplican las entidades financieras.
2. Realizar una supervisión de las comisiones de las entidades financieras, estableciendo límites máximos por cada comisión en función de parámetros objetivos que tengan en cuenta el coste real del servicio prestado.
3. Elaborar una normativa específica para las entidades financieras que han recibido dinero público para su saneamiento, en la que, cuando menos, se elimine el cobro de comisiones por cuentas corrientes o de ahorro y para transacciones
bancarias habituales.
4. Obligar a las entidades financieras a ofrecer de forma transparente el importe de las comisiones por los distintos servicios, y así mismo, a notificar fehacientemente a todos sus clientes, con una antelación superior a tres meses, las
variaciones que prevea aplicar, y a facilitar los cambios de entidad financiera sin penalización en caso de disconformidad.
5. A regular legalmente la disposición de una cuenta bancaria como servicio financiero básico, y con ello la exoneración del cobro de comisiones por mantenimiento o administración de cuentas corrientes o de ahorro por parte de las entidades
financieras.
6. Aprobar de forma inmediata las normas legales precisas para evitar que por parte de las entidades financieras se mantenga el cobro abusivo en concepto de mantenimiento o administración de cuentas corrientes o de ahorro, y a obligar a la
devolución de las cantidades ingresadas en caso de persistir en dicha práctica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2012.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-M.ª Olaia Fernández Davila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000480
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para instar al Gobierno a promover en el Consejo Europeo las modificaciones legales oportunas para el estricto cumplimiento de los criterios de Copenhague tras el ingreso de un nuevo Estado en la Unión Europea, para su debate
en Pleno.
Exposición de motivos
El germen de la actual Unión Europea es el Tratado de París de 1951 que institucionaliza la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) entre Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Durante los ya más de sesenta
años de historia de la comunidad la ampliación es una constante que ha impulsado la idea de Europa y de unión. Tras las ampliaciones de 1973 (Reino Unido, Dinamarca e Irlanda), 1981 (Grecia), 1986 (España y Portugal) y 1995 (Suecia, Austria y
Finlandia) se produjo la mayor de la historia en 2004 con el ingreso de Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Chipre y Malta, que se completó en 2007 con la entrada de Rumanía y Bulgaria. El año
próximo ingresará también Croacia.
Tras las ampliaciones de países de Europa del Este se esconde una crisis que está pasando desapercibida. Se trata de una crisis política fomentada por países que no han hecho suyo el proyecto de fusionar los intereses europeos y que se
evidencia en los episodios nacionalistas que se han sucedido en lugares como Polonia, Hungría, Rumanía o Eslovenia. En la Polonia de los hermanos Kaczynski han tenido lugar los capítulos más ásperos de la obstrucción al Tratado de Lisboa y, en la
actualidad, con el objetivo de recuperar el poder Lech Kaczynski está rescatando y avivando los conflictos históricos con Alemania y Rusia. En Hungría Viktor Orbán hizo aprobar una nueva Constitución en la que se aviva un etnicismo magiar que ha
hecho sonar las alarmas en todas las instituciones europeas. Las disputas -más
allá de toda lógica democrática- entre el primer ministro Ponta y el presidente Basescu obligaron a la vicepresidenta de la Comisión, Viviane Reding, a manifestarse de forma contundente: 'No excluyo que la Comisión tenga que vigilar durante
años el Estado de derecho en Rumania'. En los Balcanes vuelven a asomar los fantasmas del nacionalismo ante las amenazas de Eslovenia de vetar el ingreso de Croacia en la Unión para defender al Banco de Liubliana en el que 130.000 croatas perdieron
sus ahorros.
Las condiciones para entrar en la Unión Europea son complejas y el procedimiento de adhesión es lo bastante dilatado en el tiempo para asegurar que los países candidatos cumplen escrupulosamente con los criterios de Copenhague. Hay cálculos
como el del sociólogo serbio Iván Kuzminovic que cifran en 1.960 los puntos de veto que debe superar un país antes de ingresar en la Unión. Una vez que se ha alcanzado la condición de país miembro, no obstante, tales obligaciones pueden tratar de
eludirse, lo que obliga a las instituciones europeas a ejercer una vigilancia constante y cercana, así como a dedicar enormes recursos humanos a combatir políticas que parecían haber quedado erradicadas durante el proceso. El desgaste político que
esto supone para la Unión no requiere mayor glosa. Asimismo, el hipernacionalismo no duda en bloquear los avances en el proceso de unión cuando lo considera conveniente por cuestiones de electoralismo puramente locales. El boicoteo de las
instituciones europeas por parte de países miembros es uno de los mayores riesgos a los que se enfrenta la UE en estos difíciles momentos. De cara a los próximos años, y con la vista puesta en una mayor unión bancaria, fiscal, presupuestaria y
política, estas actitudes pueden causar verdaderos problemas e incluso poner en riesgo el proyecto europeo, de por sí debilitado en los últimos tiempos a causa de las crisis económica.
La esencia constitutiva de la Unión Europea, que se construye y se funda como antídoto a la guerra y el nacionalismo, puede verse amenazada desde dentro si en las instituciones no se lleva a cabo una reflexión seria sobre los criterios y
procedimientos de ampliación, que tenga en consideración la experiencia proporcionada por las incorporaciones de los últimos años. De hecho, algunas instituciones europeas ya están elaborando esta reflexión. En un reciente informe del Parlamento
Europeo sobre la ampliación, se señalaba expresamente: 'Ha llegado el momento de revisar los procedimientos establecidos, así como el conjunto de la política de ampliación'. Y se hacía no desde posiciones restrictivas, sino simplemente analíticas
y con la voluntad de mejorar los citados procedimientos.
El europeísmo está disminuyendo en varios países de la UE. Otros muchos, tradicionalmente europeístas, sufren en la actualidad procesos de renacionalización. En cierto modo, se trata de una reacción ante la crisis, pero debemos tener claro
que se trata de una respuesta errónea, pues opta por el cierre de los países sobre sí mismos y no por la profundización en la unión. La Unión Europea no puede funcionar si cada país acude a sus instituciones pensando sólo en sus intereses
nacionales. La Unión Europea carece en este momento de un diagnóstico común respecto a la crisis y a los remedios para superarla. Existen opiniones diversas, enfrentadas incluso, en las opiniones mayoritarias de los distintos Estados miembros,
justo cuando más necesario sería fomentar la conciencia común de los europeos. Sólo ahondando en la unión y en aquella fusión de intereses de todos los países anhelada por Monnet conseguiremos que la Unión supere estos críticos momentos y emerja
fortalecida de ellos.
En este momento, nos encontramos mucho más lejos que hace diez años de conseguir esa fusión de intereses: prevalecen las visiones nacionales, los intereses nacionales, y en muchas ocasiones el cortoplacismo local de líderes políticos con
más interés en ganar elecciones en su propio país que en avanzar en el proyecto europeo. Es el momento de repensar sobre los criterios de Copenhague (en particular los criterios políticos y los relativos al acervo comunitario: la capacidad para
asumir las obligaciones que se derivan de la adhesión, especialmente la aceptación de los objetivos y los valores de la unión política, económica y monetaria), reexaminarlos e impulsarlos a la luz de la experiencia reciente. Todo ello
proporcionaría además el impulso político necesario a las ideas de unidad y cohesión que han inspirado a la Unión desde su fundación, y que serán las únicas que hagan a Europa avanzar en los años venideros. De no hacerse, corremos el riesgo de que
en la ampliación estas ideas queden diluidas, se desvanezcan e incluso -mediante su uso espurio- acaben con aquella misma comunidad política que se pretende fortalecer.
Algunos mecanismos ya existentes en los procesos de adhesión, como el screening, pueden servir de inspiración para llevar a la práctica algún tipo de vigilancia posterior a la adhesión. El screening (o examen analítico del acervo) garantiza
que en la fase de preparación de las negociaciones de adhesión, puedan identificar aquellos ámbitos en los que son necesarios progresos por parte del país aspirante. Del mismo modo, aunque con posterioridad al ingreso, un mecanismo similar serviría
para reforzar el compromiso de los nuevos socios con los valores europeístas, así como para avanzar en reformas profundas que con
frecuencia sobrepasan el mero cambio institucional para convertirse en una cuestión de cultura política que obliga a persistir en la transmisión de valores y prácticas propias de quien pertenece a una unión de países y aspira a su mejora y
profundización.
Por todo lo anterior el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover en el seno del Consejo Europeo las modificaciones legales oportunas para establecer mecanismos de supervisión post-adhesión tras el ingreso de un estado en la Unión Europea. A
través de estos cauces se seguirá garantizando el cumplimiento de los criterios de Copenhague; se impulsará y acompañará el cambio de cultura política necesaria en los nuevos socios para favorecer la integración; y se reforzará el compromiso del
Estado recién ingresado con la defensa de los intereses comunes de los europeos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.