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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 158, de 09/10/2012
cve: BOCG-10-D-158
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
9 de octubre de 2012
Núm. 158
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Justicia
161/000950 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la nulidad de pleno derecho de las sentencias franquistas contra los defensores de las libertades democráticas...
Comisión de Defensa
161/000817 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la mejora de la transparencia en los conceptos de los presupuestos asociados a la 'Participación de las Fuerzas Armadas en
operaciones de mantenimiento de la paz'. Corrección de errores... (Página4)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000944 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la aplicación del IVA superreducido para los productos alimenticios específicos para personas afectadas por la celiaquía...
Comisión de Fomento
161/000948 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre restablecimiento del servicio de enfermería y primeros auxilios en los aeropuertos gestionados por AENA... (Página6)
Comisión de Educación y Deporte
161/000949 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre homogeneización de sueldos de los profesionales de la escuela concertada con la escuela pública...
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000946 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la subida de la tarifa del gas para el sector cerámico... (Página8)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000942 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la calificación del furtivismo reincidente en el marisqueo como delito... (Página9)
161/000951 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre Regadíos El Fresno... (Página10)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000943 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la importancia y la necesidad de sensibilizar a la ciudadanía, aumentar la eficacia y blindar la seguridad jurídica y
los objetivos que sustentan al 'Programa Donantes de Cuerpo'... (Página11)
161/000945 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre las ayudas a la dependencia en el territorio valenciano... (Página13)
161/000952 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la permanencia de las mamografías en la cartera de servicios básicos prestados de forma gratuita por el Sistema Nacional de Salud...
161/000955 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la vacuna del virus del papiloma humano... (Página15)
Comisión de Cultura
161/000939 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el innecesario gasto en cuadros de retratos oficiales de ex altos cargos... (Página16)
161/000954 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la Pontificia de Comillas... (Página16)
Comisión de Igualdad
161/000956 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre cumplimiento por el Gobierno de los compromisos internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres...
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000940 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre reconocimiento a don Antonio Vicente Mosquete, primer Presidente del Consejo General de la ONCE...
Otros textos
DECLARACIONES INSTITUCIONALES
140/000003 Declaración institucional de adhesión a la Semana Europea de la Movilidad (SEM) ... (Página21)
Secretaría General
292/000015 Convocatoria de 18 de septiembre de 2011, de becas para la realización de estudios y trabajos sobre comunicación institucional, tanto en sus aspectos de comunicación interna como externa, relacionados con el Parlamento.
Convocatoria... (Página22)
Designación de los miembros del Jurado... (Página26)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2012.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Justicia
161/000950
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la nulidad de pleno derecho de las sentencias franquistas contra los
defensores de las libertades democráticas, para su debate en la Comisión de Justicia.
El Parlamento de Catalunya, el Gobierno de la Generalitat, numerosas entidades cívicas y asociaciones que reivindican la memoria democrática, entidades que agrupan a expresos y represaliados del franquismo, excombatientes por la República,
partidos políticos y sindicatos, personalidades académicas, historiadores y el mundo de la cultura, han venido reivindicando en numerosas ocasiones que se anulen todas las Sentencias dictadas durante la dictadura franquista.
Esta nulidad debe alcanzar todas las Sentencias o actos de apariencia judicial dictados, durante la dictadura franquista (1936-1977) por los Tribunales de todo tipo y denominación militares, especiales, de excepción, de orden público u
ordinarios -civiles y penales- y otros órganos represivos, que afectaron con pérdida de la libertad o de su vida a cientos de miles de personas, hombres y mujeres, por razón de haberse mantenido fieles y defendido el régimen democrático de la
Segunda República y de la Generalitat de Catalunya, por haber luchado contra el régimen dictatorial, por las libertades democráticas, nacionales, sindicales y en general los derechos humanos o por razón de su ideología democrática.
Se reclama que la anulación sea de forma efectiva, mediante pronunciamientos con fuerza legal y siguiendo los procedimientos previstos en las leyes procesales, sin ambigüedades ni subterfugios.
La forma en que el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado han venido interpretando y aplicando la Ley de Memoria Histórica, 52/2007, de 26 de diciembre, y las resoluciones dictadas por dichos organismos, en procedimientos de
revisión individual de Consejos de Guerra y otros procedimientos judiciales represivos, en especial en casos como la revisión de los Consejos de Guerra contra el Presidente de la Generalitat Lluís Companys o el Sindicalista y Ministro Joan Peiró, no
sólo no ha dado satisfacción a lo que es justo y legítimo, y lo que es de esperar de la justicia de una democracia. Es más, deben considerarse como un verdadero escarnio para las víctimas de la dictadura, sus familiares y para toda la sociedad
democrática.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Cambiar la aplicación que ha venido haciendo de la Ley de Memoria Histórica, Ley 52/2007, de 26 de diciembre, en especial en lo referente a la negativa de hacer los trámites necesarios para revisar y
declarar nulos de pleno derecho -y no simplemente ilegítimos o injustos- los consejos de guerra y demás procedimientos seguidos ante los Consejos de Guerra y demás tribunales de excepción u ordinarios durante el régimen dictatorial
franquista que supusieron la condena a muerte o a prisión de cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas, por el hecho de haber defendido el legítimo gobierno republicano o haber luchado contra la dictadura franquista.
2. Por su simbolismo y relieve institucional, que se acepte de manera inmediata la petición de revisión con declaración de nulidad de pleno derecho del consejo de guerra que llevó al fusilamiento del Presidente de la Generalitat, el Muy
Honorable Lluís Companys i Jové y del Sindicalista y Ministro de la República, Joan Peiró.
3. Promover las directrices al Fiscal General del Estado y los cambios legislativos necesarios para hacer posible la declaración de nulidad de pleno derecho general, pero también individualizada para todas aquellas personas que lo soliciten
para ellas o sus antepasados, de todos los procedimientos judiciales seguidos ante los Consejos de Guerra y demás tribunales de excepción u ordinarios durante el régimen dictatorial franquista que supusieron la condena a muerte o a prisión de
cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas, por el solo hecho de haber defendido el legítimo gobierno republicano o haber luchado contra la dictadura franquista.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Defensa
161/000817
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Corrección de errores en su Proposición no de Ley sobre mejora de la transparencia en los conceptos de los presupuestos asociados a la 'Participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz'.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por corregida la iniciativa de referencia, así como comunicarlo a la Comisión de Defensa, al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2012.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 138, de 2 de agosto de 2012.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa Díez González solicita mediante el presenta escrito la corrección de errores en la Proposición no de Ley con número de expediente 161/000817
presentada en Comisión de Defensa.
Donde dice:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en los sucesivos Presupuestos realice un ejercicio de transparencia y presupueste correctamente el importe de los conceptos 128, 228 y 668 asociados a la 'Participación de las Fuerzas
Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz' dentro del programa 14.122M en función de los compromisos de gasto ya asumidos para las misiones en curso en el momento de su realización.'
Debería decir:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar en los sucesivos Presupuestos un ejercicio de transparencia presupuestando correctamente el importe de los conceptos 128, 228 y 668 asociados a la 'Participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz'
dentro del programa 14.122M en función de los compromisos de gasto ya asumidos para las misiones en curso en el momento de su realización.
2. Presentar ante el Congreso de los Diputados al finalizar el período presupuestario un informe sobre la contribución financiera y en efectivos civiles y militares a las operaciones de paz y a los organismos multilaterales de seguridad y
defensa con un desglose de los efectivos y coste por misión, así como un análisis de los logros según el mandato.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000944
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
sobre la aplicación del IVA superreducido para los productos alimenticios específicos para personas afectadas por la celiaquía, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La celiaquía es una intolerancia permanente al gluten, sustancia presente en el trigo, la avena, la cebada, el centeno y sus derivados. A día de hoy los celíacos no cuentan con un tratamiento, por lo que deben seguir una dieta estrictamente
exenta de gluten de por vida.
Actualmente, el trigo y sus productos derivados, como panes y pastas, son considerados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria productos de primera necesidad, y en consecuencia se gravan con un IVA superreducido del 4 %. Sin
embargo, los productos específicos para celíacos, como por ejemplo las harinas, los panes y las pastas sin gluten, no son considerados de primera necesidad, sino que se incluyen en la categoría de productos dietéticos, y por lo tanto se gravan con
un impuesto reducido del 8 %. Además, dado que el Real Decreto-ley 20/2012, aprobado el pasado 13 de julio, estipula el aumento del IVA reducido del 8 al 10 %, la diferencia del gravamen entre unos productos y otros es aún mayor a partir del 1 de
septiembre, con la entrada en vigor esta normativa.
La no aplicación del IVA superreducido para los productos alimenticios específicos para personas celíacas es un claro caso de discriminación hacia este colectivo de más de 500.000 personas en todo el Estado. Los productos específicos sin
gluten son una necesidad para quienes padecen esta intolerancia y no un producto dietético como cualquier otro. Son imprescindibles para una dieta equilibrada y completa desde un punto de vista nutricional.
Por todo lo anteriormente expuesto, presento la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno Central que los productos específicos sin gluten, como la harina sin gluten y todos aquellos productos elaborados con ella, pasen a considerarse artículos de primera necesidad y se graven en
consecuencia con el IVA superreducido del 4 %'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2012.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Fomento
161/000948
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia de la Diputada doña Teresa Jordà i Roura, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCAT-CATSÍ), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para el restablecimiento del servicio de enfermería y primeros auxilios en los aeropuertos gestionados por AENA, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
En fecha 16 de julio AENA suprimió el servicio de asistencia sanitaria que proporcionaba la enfermería del aeropuerto Girona-Costa Brava. Su cierre ha supuesto el desmantelamiento de las dependencias dedicadas a este fin en la terminal, el
despido de los técnicos sanitarios y la retirada de los recursos con que estaba dotada la instalación. En definitiva, la pérdida de los primeros auxilios y la atención médica inmediata tanto al personal del aeropuerto como de los más de cinco
millones de pasajeros que pasan por esta instalación aeroportuaria.
Esta situación se ha reproducido en casi todos los aeropuertos españoles, sean internacionales o no: Girona, Fuerteventura, Bilbao, Asturias, Alicante, Eivissa, etc.
El efecto de esta medida ha sido la reiterada denuncia de incidentes en todos estos aeropuertos a causa de la inexistencia de servicios sanitarios de atención inmediata y los retardos causados por la necesidad de acudir a servicios médicos
externos. Una simple revisión a la hemeroteca de estos dos últimos meses, en los que han abundado noticias sobre tiempos de espera para que diversos pacientes fueran atendidos por servicios médicos externos a los complejos aeroportuarios, demuestra
los nocivos efectos de esta medida que solo se ha justificado por razón de recortes presupuestarios.
La eliminación de los servicios médicos en los aeropuertos deja sin asistencia inmediata a los pasajeros y los trabajadores de las instalaciones y sin ningún tipo de vigencia la Política Asistencia Sanitaria en los Aeropuertos Españoles que
aprobó AENA en el año 2007 y que establecía, para aeropuertos con tráfico entre 1 y 8 millones de pasajeros, la presencia de personal sanitario (DUE/ATS) en las instalaciones, con la posibilidad de establecer convenios o acuerdos con centros o
entidades sanitarios locales solo en períodos con muy baja intensidad de tráfico.
Esta Política de Asistencia Sanitaria aprobada por AENA habría de ser, entre otros servicios, uno de los elementos que permitirían reconocer la calidad de los aeropuertos españoles. Sin servicio sanitario queda en tela de juicio tal
calidad.
La eliminación del servicio también contradice lo previsto en el Manual de facilitación de la Organización de Aviación Civil Internacional, que recomienda la existencia de estos servicios en los aeropuertos internacionales. Asimismo, la
ausencia de los servicios sanitarios evoca en los turistas una imagen de país pobre contraria a la de país moderno y competitivo que se pretende vender para generar confianza y atraer la inversión.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
Restablecer con carácter inmediato los servicios de asistencia sanitaria en los aeropuertos internacionales en los que se ha eliminado este servicio, con la voluntad de mantener las ratios de calidad y servicio establecidas con la Política
Asistencia Sanitaria en los Aeropuertos Españoles que aprobó AENA en el año 2007 y de acuerdo con las normas fijadas en el Manual de facilitación de la Organización de Aviación Civil Internacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2012.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Educación y Deporte
161/000949
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley para la homogeneización de sueldos de los profesionales de la escuela concertada con la escuela pública, para su debate en Comisión.
Los recortes que de manera sucesiva se han venido produciendo desde el año 2010 y posteriormente continuados por el actual Gobierno han supuesto un tratamiento injusto de los profesionales de centros concertados y de los propios centros de
enseñanza.
El Real Decreto 8/2010, de 20 de mayo, estableció, entre otras medidas, un recorte del 5 % de la masa salarial anual de los funcionarios sin que sus cotizaciones sociales a la Seguridad Social se vieran mermadas. Este recorte fue aplicado a
los docentes de la enseñanza concertada a pesar de no figurar en el mencionado Real Decreto-ley como personal afectado por la norma y, además, afectó a sus cotizaciones a la Seguridad Social. La reducción se aplicó por parte de las Comunidades
Autónomas en el año 2010 en el conocido como 'complemento de equiparación autonómico' respetando el salario base y antigüedad. Las CCAA utilizaron criterios dispares a la hora de los conceptos salariales sobre los que aplicar el recorte así como el
porcentaje del mismo. Por ejemplo no aplicaron el recorte en 2010 las Comunidades Autónomas de Galicia, Extremadura, Ceuta y Melilla.
En el año 2011 se produjo un nuevo recorte del 5 % en los Presupuestos Generales del Estado para ese mismo año, afectando en esta ocasión al salario base.
Por otra parte, desde enero de 2011 la homogeneidad de las tablas salariales que se negociaban en el convenio colectivo nacional del sector, se quiebra al verse modificados los conceptos de salario base y antigüedad con distintos porcentajes
según los territorios y las decisiones adoptadas por los mismos.
La negociación colectiva entre sindicatos y patronales del sector está bloqueada y sin poder dar una solución técnica a este grave problema. Se está abocando a miles de profesores de la escuela concertada a la pérdida del convenio colectivo
y todos los derechos pactados en el mismo, como consecuencia de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral aprobado por el Congreso de los Diputados. Los argumentos utilizados en su momento son que los
salarios del personal de la escuela concertada dependen de la financiación pública y que hay que recortarles porque su situación debe equipararse a los funcionarios docentes. A este último argumento se rebate indicando que la equiparación no se ha
producido nunca, debido a que no se ha reconocido equiparación mediante los oportunos incrementos.
Por otra parte el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio de 2012, en una disposición final décima que establece una disminución en la partida de salarios del personal docente de un 4,5 % con efectos retroactivos desde el día 1 de enero de
2012. También con los mismos efectos, se aprueba una disminución
del 4,5 % en la partida de gastos variables y de un 1,5 % de la partida de otros gastos que incluye las cantidades para abonar el salario base del personal de administración y servicios.
Este recorte puede entenderse que es consecuencia de la equiparación con los funcionarios docentes al aplicarles la medida aprobada en este RDL de suspender a los funcionarios, pero la realidad es bien diferente, ya que lo aprobado para los
funcionarios tiene diferencias sustanciales. Las nuevas reducciones aprobadas supondrán, en algunas CCAA, la pérdida desde 2010 de más de un 15 % del salario en unas retribuciones ya de por sí mucho más bajas que las de los funcionarios docentes
sin contar, además, con el perjuicio que supone la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social con el cálculo de la futura pensión de los docentes de la enseñanza concertada.
En definitiva, la equiparación entre los funcionarios docentes y los profesionales de la enseñanza concertada, a la hora de aplicar las reducciones salariales, se traducen en una nueva discriminación y en un mayor recorte para éstos últimos.
En la práctica, la discriminación se traduce en un recorte salarial consolidado en la nómina de un 4,5 % con efecto 1 de enero de 2012. Por otra parte se recorta con efectos retroactivos desde el 1 de enero, todas las retribuciones para el
año 2012 y no se explicita que este recorte sea de 'carácter excepcional' (como sí lo es para los funcionarios públicos) y que en el 2013 se vuelvan a cobrar los módulos de los conciertos sin este recorte aplicado en el Real Decreto-ley 20/2012.
Por otra parte no hay opción de recuperación los salarios dejados de percibir en 2012 y se reducen todas las cotizaciones mensuales a la Seguridad Social.
Como conclusión, los sucesivos recortes y aplicaciones de Reales Decretos han consolidado una situación de discriminación y no se ha cumplido el objetivo de equiparación salarial de los docentes de centros concertados con los funcionarios
públicos del sector de la enseñanza.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Garantizar en el año 2013 que los docentes de la enseñanza concertada no pierdan salario en comparación con sus homólogos de la función pública.
- A compensar la pérdida de poder adquisitivo de este sector con un incremento en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013 de la misma cantidad que ahora se ha eliminado en los PGE del año 2012 a través del Real Decreto
20/2012.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto de Unión Progreso y Democracia.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000946
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
sobre la subida de la tarifa del gas para el sector cerámico, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Por parte del Gobierno del Estado se está estudiando cobrar una nueva tasa en el gas natural, lo que supondría unos costes adicionales para el sector cerámico de más de 43 millones de euros, según la Asociación de Española de Fabricantes de
Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER). El cobro de la nueva tasa tendría un impacto muy negativo en el sector cerámico en la provincia de Castelló, que tiene una gran importancia para la economía estatal. El sector cerámico de Castelló es una
industria, de origen y capital local, adalid en todo el mundo en tecnología, calidad, prestigio y diseño y también es el segundo productor europeo, el tercer exportador mundial y el sector industrial español que mayor superávit
comercial aporta a la balanza comercial del Estado. Este sector conforma un 'clúster industrial' con un gran impacto económico, social y laboral en un reducido espacio geográfico como lo es el distrito cerámico de la provincia de Castelló.
A pesar de las dificultades, este es un sector que sigue siendo competitivo, lo cual se demuestra por su capacidad de exportación en todo el mundo, a pesar del incremento de la competencia y de la penalización en costes logísticos de sus
productos. La industria cerámica valenciana y más en particular la de Castelló, se presenta como un claro ejemplo de industria asentada y con la capacidad de competir con éxito en un mercado global creando riqueza y trabajo.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizo la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a no tomar ninguna decisión sobre la posible creación de una nueva tasa que se aplicaría sobre el gas natural sin tener en cuenta las consideraciones que pueda realizar ASCER y, del
mismo modo, se insta a que el ejecutivo tenga en cuenta las consideraciones de ASCER antes de tomar ninguna decisión que pueda afectar la competitividad de la producción cerámica de Castelló.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2012.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000942
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a calificar el furtivismo
reincidente en el marisqueo como delito, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La riqueza marisquera de algunas regiones españolas, principalmente de Galicia, se ve amenazada por la actividad que llevan a cabo los furtivos.
Las medidas adoptadas por las autoridades de la Comunidad Autónoma de Galicia recuperando la colaboración entre los Servicios de Guardacostas de Galicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como el refuerzo de los medios
materiales y humanos que participan en la lucha contra el furtivismo, no han permitido erradicar esta práctica.
La experiencia, conforme a las manifestaciones de la inmensa mayoría de quienes practican el furtivismo de forma recurrente, demuestra que lo hacen amparados por subterfugios y trucos legales, declarándose insolventes o recurriendo a todo
tipo de encubrimientos.
Este hecho da lugar a que, tanto desde el sector como desde la Xunta de Galicia y desde el propio Parlamento de Galicia, se insista en la busca de otro tipo de fórmulas para atajar esta problemática y evitar que la acción reincidente de los
furtivos finalice, en muchos casos, en total impunidad.
El furtivismo es una amenaza por sus efectos sobre el recurso y sus ciclos biológicos; y, en consecuencia, por los graves perjuicios ocasionados sobre los ciclos económicos derivados de su explotación. Esta lacra debe eliminarse, y para
ello hay que profundizar en medidas que tengan mayor eficacia. Con la reforma planteada se establecerían mecanismos adecuados para dar respuesta a la actividad ilegal de los que, por una razón o por otra, esquilman los recursos presentes y amenazan
el futuro del mar, en Galicia o en otros lugares de España, y atentan contra la calidad de vida de los profesionales del mar, que trabajan de una forma honrada y civilizada, respetando las normas y colaborando para el futuro y la sostenibilidad de
su actividad.
El Grupo Parlamentario Popular, haciéndose eco también de la reflexión y las demandas de respuesta del sector, considera que es necesario avanzar en el rigor de nuestra legislación, reforzando su carácter disuasorio, de modo que la práctica
reincidente del furtivismo sea considerada delito. Son necesarios cambios legislativos con el fin de convertir la reincidencia en algo más que una falta, ya que cuando se practica el marisqueo furtivo se está perjudicando el futuro de miles de
profesionales honrados y de sus familias.
El furtivismo ha traspasado además sus propias barreras, constituyendo un problema de seguridad, por los ataques a los bienes de los responsables de las organizaciones profesionales y cofradías; son hechos inaceptables, que lastran la
propia capacidad de gestión y ordenación de los recursos, y que hacen aún más urgente una actuación que endurezca el reproche penal del furtivismo reincidente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las modificaciones legislativas que estime necesarias con el objeto de aumentar el reproche penal del furtivismo reincidente en el marisqueo, tipificándolo como delito en el Código
Penal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000951
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre Regadíos El Fresno, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Una buena parte de la actividad económica de la provincia de Huelva descansa sobre la agricultura y, de manera muy destacada, sobre el cultivo de la fresa y otros cultivos de primor. Sin duda, una de las comarcas onubenses en la que mayor
relevancia adquieren estos cultivos para sus habitantes es la del Condado, en la que se genera empleo para unas 100.000 personas en torno a los mismos.
Se trata, en cambio, de una comarca con un aporte deficitario de aguas superficiales lo que dificulta la disponibilidad de tan importante recurso, en condiciones de estabilidad para afrontar el regadío de unas 3.500 hectáreas. Al dinamismo
económico de los pueblos de esta comarca, se une un factor añadido que hacen de la misma un espacio rico y valioso: la existencia en su territorio de una parte muy destacada del Parque Nacional de Doñana.
Este déficit hídrico llevó en 2011 al Gobierno a declarar de interés general determinadas obras de infraestructuras hidráulicas para resolver la precariedad de los regadíos y poner fin, de paso, a la afección que la existencia de cientos de
pozos provoca sobre el acuífero 27, esencial para la buena salud de Doñana. De esta manera, se abría paso la transferencia de 4,99 hectómetros cúbicos de agua para riego desde la cuenca del Guadiana a la del Guadalquivir, aprobado por el Gobierno
en febrero de 2008. Un proyecto que cuenta además con financiación procedente de fondos FEDER para su ejecución por valor de 17,5 millones de euros y cuya ejecución debe estar justificada, en un 50 %, a finales del próximo año.
El actual Gobierno ha dado hasta ahora distintas fechas para culminar el trámite de la Declaración de Impacto Ambiental previo a los trabajos de ejecución del proyecto y los agricultores ven con inquietud la falta de determinación del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para continuar con la tramitación de la 'Mejora y consolidación de los regadíos de la Comunidad de Regantes El Fresno', al tiempo que temen por que, un incumplimiento de los plazos provoque la
pérdida de la financiación al tener que proceder a la devolución de los fondos.
Esta falta de respuesta del Gobierno ha llevado a la constitución de una Plataforma en Defensa de los Regadíos de El Condado liderada por la Comunidad de Regantes del Fresno e integrada, entre otras, por organizaciones agrícolas, sindicales
y políticas y Ayuntamientos de municipios que la integran, y que viene desarrollando acciones de concienciación, movilización y protesta para propiciar una mayor agilidad en la ejecución de este proyecto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a ultimar, de forma inmediata, la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de 'Modernización y consolidación de los regadíos de la
Comunidad de Regantes El Fresno, Comarca del Condado' para que la conclusión de dicho trámite permita iniciar, con la máxima celeridad, la ejecución del mismo.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a arbitrar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la prórroga y disponibilidad de los fondos concedidos para la ejecución de este proyecto o, en su caso, para garantizar una
financiación alternativa que permita la consecución de tan importante proyecto para la Comarca del Condado y de la provincia de Huelva.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2012.-María José Rodríguez Ramírez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000943
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la importancia y la necesidad de sensibilizar a la ciudadanía,
aumentar la eficacia y blindar la seguridad jurídica y los objetivos que sustentan al 'Programa Donantes de Cuerpo', para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
El 'Programa Donantes de Cuerpo' abre su página web con el siguiente texto explicativo sobre la importancia de la donación de cuerpos a la ciencia:
'La Anatomía, el estudio de la estructura del cuerpo humano, es uno de los cursos más importantes de la educación de médicos, de dentistas y de otros profesionales de la salud tales como enfermeras y fisioterapeutas.
El regalo único de la donación del cuerpo da la oportunidad de estudiar la anatomía humana permitiendo que los estudiantes de medicina examinen, evalúen, y entiendan de cerca la estructura detallada del cuerpo humano.
Además de ser utilizado para enseñar a estudiantes médicos y otros de la profesión médica, los cuerpos que se donan a las escuelas médicas también son utilizados por los médicos de la investigación en el desarrollo de nuevos procedimientos
quirúrgicos, por ejemplo para desarrollar nuevas cirugías artroscópicas, procedimientos de cirugía plástica incluyendo reconstrucción de piel para víctimas de quemadura, acercamientos quirúrgicos a los distintos órganos internos, y muchos otros.
Las personas que donan sus cuerpos a la ciencia contribuyen a garantizar que el médico aprenda con un donante, ese médico puede llegar a mejorar un procedimiento quirúrgico sin poner en riesgo la vida de un paciente.
La donación del cuerpo es ciertamente el último regalo que un ser humano hace a la sociedad de la que ha gozado en vida.
Donar su cuerpo a la ciencia es un gesto noble, compasivo y humanitario. Los beneficios para la humanidad son enormes.'
El propósito del 'Programa Donantes de Cuerpo' -se nos explica- es acentuar la importancia y la necesidad de proporcionar material inestimable para el estudio educativo y científico de modo que podamos proveer a nuestros estudiantes, médicos
e investigadores de la mejor educación y entrenamiento, ya que todos nosotros somos los beneficiarios finales.
El conocimiento de la anatomía humana obtenido con la disección es una parte imprescindible de la educación a los profesionales del cuidado médico, no podemos llevar eso a cabo a través de vídeos, maquetas de plástico o programas
informáticos,
El 'Programa Donantes de Cuerpo' garantiza a los donantes de cuerpo y a su familia que serán tratados con dignidad, respeto y anonimato en todo momento. 'Durante los estudios que se realizan, los estudiantes son supervisados por los
profesores tratando el cuerpo con el máximo respeto y dignidad', este es el compromiso asumido por el Programa.
Los alumnos deben saber y tener pleno conocimiento de que el cuerpo que van a estudiar es el de una persona, que hizo un gran regalo a la sociedad, en plena libertad y consciencia, que donó su cuerpo para la docencia y la investigación de
una forma altruista, solidaria y generosa, guiado tan sólo por el inapreciable objetivo de servir a los demás.
Otro aspecto del Programa también muy importante es el operativo, Por informaciones aparecidas recientemente en medios de comunicación hemos sabido que los extranjeros, ciudadanos comunitarios en su mayoría, siguen nutriendo las facultades
de Medicina españolas de cadáveres donados para la ciencia. Más de la mitad, 'quizá hasta un 65 % de estas donaciones, son de extranjeros, que viven en las comunidades del arco mediterráneo o en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona', según datos
hechos públicos por el presidente de la Sociedad Anatómica Española, Francisco Sánchez del Campo. Pero las donaciones españolas 'se han incrementado extraordinariamente en la última década, debido, sobre todo, al mayor nivel cultural de la gente'.
Donar el cuerpo a la ciencia es una decisión que divide España en extrañas regiones. El arco Mediterráneo y en general las zonas turísticas no tienen problemas para encontrar cuerpos que sirvan de estudio en las universidades. Alicante
podría ser el ejemplo. La Universidad Miguel Hernández tiene excedentes, incluso presta a quienes no tienen tantos cadáveres para Anatomía. Muchos extranjeros que viven y mueren allí prefieren donar el cuerpo. Con ello se ahorran una onerosa
repatriación del cadáver y satisfacen una práctica arraigada en sus países. 'Para los ingleses es un orgullo. En la Universidad de Cambrigde no tienen problemas', asegura el doctor Murillo, de uno de los departamentos de Anatomía de la
Complutense.
Pero la solidaridad es desigual. En la facultad de Medicina de Badajoz, por ejemplo, apenas tienen cinco cadáveres al año. Necesitan en ocasiones trasladarlos desde otros sitios, 'con el consiguiente gasto de dinero en funerarias, salvo
que el finado tuviera un seguro que lo cubra', explica Virginio García Martínez, Catedrático de Anatomía de la Universidad de Extremadura. En estos casos, es evidente que la publicidad y sensibilización se hace necesaria y supondría una inversión
de tiempo y dinero socialmente rentable.
Asimismo, informaciones recientes a cargo del 'Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación', nos han revelado una extensa red de 'tráfico de tejidos humanos'. El documentado informe lleva por título: 'cadáveres son el botín en
una búsqueda global de ganancias'. El contenido de ese reportaje nos desvela que su uso va desde implantes dentales hasta tratamientos para arrugas. Una rigurosa investigación del Consorcio de Periodistas de Investigación de Estados Unidos (ICIJ)
dio cuenta recientemente de una extensa red de tráfico internacional de tejidos humanos que alimenta el negocio de productos médicos. El punto de partida una investigación de las autoridades ucranianas que descubren huesos y otros tejidos humanos
en unas heladeras colocadas en un viejo ómnibus. La pista sugería que restos de ucranianos eran enviados a RTI Biologics, una fábrica en Alemania subsidiaria de otra de productos médicos asentada en Florida (EE.UU.). RTI es parte de una industria
creciente que obtiene ganancias convirtiendo restos mortales en implantes dentales, cintas uretrales o tratamientos para arrugas. Esta investigación en 11 países del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revela una
impactante arista de la industria del tejido humano.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover los cambios normativos oportunos para que el 'Programa Donantes de Cuerpo' conceda la posibilidad de que el donante exponga en una tarjeta, de forma escueta y breve (podría ser
el equivalente a los 140 caracteres de un Tweed), cuáles han sido las razones que han guiado su donación. De esta forma se trasladará a los alumnos y científicos una primera y transcendental lección: los conocimientos que posteriormente extraigan
del estudio sobre ese cuerpo tienen como objetivo final ser devueltos a la sociedad.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover una campaña de sensibilización, especialmente en aquellos territorios donde la ciudadanía esté menos concienciada, para subsanar los desequilibrios y carencias de donaciones.
3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la creación de un programa especial de traslados de cuerpos entre universidades y departamentos de investigación, para que estos no sean tan costosos como en la actualidad.
4. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar la normativa existente al respecto en España para dotar de la seguridad jurídica suficiente al sector, con el objetivo de que el 'Programa Donantes de Cuerpo' no sea manipulado
para usos distintos para el que fue creado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2012.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000945
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
sobre las ayudas a la dependencia en el territorio valenciano, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Recientemente, el Gobierno del Estado ha anunciado la modificación de la llamada Ley de Dependencia con recortes presupuestarios que llevarán emparejados una disminución de las subvenciones para los dependientes y cuidadores.
Este hecho supone un duro golpe a un sector que, por la congelación de las partidas destinadas a ese fin y por los impagos ya está en una situación límite.
El Observatorio Estatal de Dependencia ha evaluado en unos 51 millones de euros negativos la afección en la Comunidad Autónoma Valenciana en su informe 'Impacto económico de la reforma de la Ley de Dependencia'. Además, la supresión de las
cotizaciones de la Seguridad Social para los cuidadores y cuidadoras, añade una disminución de 15 millones de euros a los valencianos y valencianas.
En resumen, la asfixia económica supone la muerte de la Ley y un ataque a una de las franjas de población más débil.
Por todo lo anteriormente expuesto, presento la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a revertir los cambios legislativos producidos en el ámbito de la protección de la dependencia y para favorecer la autonomía personal de las personas con algún tipo de dependencia,
garantizando la suficiente financiación para materializar el derecho subjetivo.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno Central a no retirar en el territorio valenciano la financiación a las persones dependientes, supliendo la bajada del Gobierno del Estado de forma que las personas dependientes no vean reducidas
sus prestaciones.
El Congreso de los Diputados insta también al Gobierno a priorizar como principio la gestión pública en la inversión y financiación de las líneas sociales, frente a otros gastos suntuarios prescindibles, como garantía de justicia y
equilibrios sociales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2012.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000952
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la permanencia de las mamografías en la cartera de servicios básicos prestados de forma gratuita por el Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad.
Exposición de motivos
El cáncer de mama representa la primera causa de mortalidad por cáncer en la mujer. La mayoría son diagnosticados entre los 35 y los 80 años, con una mayor incidencia entre los 45 y 65 años. Sin embargo, también es el tumor maligno con más
amplias posibilidades de curación, si se detecta en estadios iniciales.
Para el diagnóstico precoz del cáncer de mama, la técnica utilizada y mundialmente aceptada es la mamografía.
Esta técnica radiológica permite detectar lesiones en la mama hasta dos años antes de que sean palpables. Así mismo, permite aplicar tratamientos menos agresivos con menores secuelas físicas y psicológicas para las mujeres. Por tanto, la
mamografía es la técnica más eficaz y sencilla para detectar de forma precoz el cáncer de mama.
Los programas de screening o cribado que se llevan a cabo en la Sanidad pública están dando excelentes resultados. Según las conclusiones del Observatorio del Cáncer en octubre de 2010, las mujeres han introducido las mamografías dentro de
sus revisiones periódicas. Este Observatorio aconseja reducir todo tipo de 'trabas' o interferencias, ya sea por intereses económicos o políticos.
El reciente anuncio del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad acerca de la 'revisión' de la cartera de prestaciones básicas, que hasta el momento eran gratuitas, entre las que se encuentran las mamografías, ha causado una alta
preocupación ya que puede suponer un retroceso en la lucha contra el cáncer de mama.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mantener las mamografías como prestación básica y gratuita.
2. Asegurar la igualdad de las pruebas de cribado de cáncer de mama, sin exclusión alguna y manteniendo la importancia de la cohesión territorial.
3. Dirigir las campañas de cribado de cáncer de mama a todas las mujeres, en las que por edad esté indicado, independientemente de la situación administrativa de las mujeres en España.
4. Seguir intensificando las campañas de comunicación y sensibilización acerca de los beneficios del diagnóstico precoz del cáncer de mama.
5. Facilitar los trámites y evitar que estos obstáculos se conviertan en argumentos que alejen a las mujeres del control periódico, aconsejado en las mamografías.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2012.-María del Puerto Gallego Arriola, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000955
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la vacuna del virus del papiloma humano, para su debate en la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
El Consejo Interterritorial de Salud incluyó en octubre de 2007 la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), en el calendario vacunal de España.
Esta vacuna fue incluida a pesar de que existen dudas razonables sobre su eficacia en la prevención del cáncer de cérvix, así como sobre su eficiencia en relación a las actuales prácticas preventivas. En España, la prevalencia es baja: 7,6
casos por cada 100.000 mujeres. La mortalidad es de unas 600 mujeres al año. Gran parte de estas muertes se evitarían si se aplicase correctamente el método de detección hasta ahora utilizado, el cribado mediante citología. Algunos estudios
indican que el 80 % de las pacientes que han muerto no habían realizado una citología preventiva.
Además hoy en día, la vacuna contra el VPH no constituye una alternativa a la citología pues la vacuna protege contra cuatro tipos de cepas del virus.
Por otro lado el coste de la medida ha alcanzado del orden de los 200 millones de euros sólo de las vacunas (2008-2012), lo cual plantea también dudas sobre el costo oportunidad de la vacuna del papiloma humano en relación a otras vacunas u
otras iniciativas de prevención más necesarias que quedarán relegadas.
La aparición reciente de dos jóvenes afectadas y el fallecimiento de Andrea en Asturias supuestamente por lote contaminado de la VPH, ha provocado el debate público en relación a la posibilidad de reconsiderar esta medida por parte del
Consejo Interterritorial de Salud.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar en el marco de sus competencias a:
1. Retirar la vacuna contra el virus del papiloma humano (VHP) del calendario vacunal.
2. Realizar nuevos estudios de la eficacia, eficiencia, efectos adversos y costo oportunidad de la mencionada vacuna, en relación a otras medidas preventivas sobre el cáncer de cérvix y con respecto también al conjunto de las prioridades de
vacunaciones en el marco de la política de salud pública.
3. Evaluar rigurosamente los resultados de los programas reales (no sólo los escritos) del uso de la citología y corregir los excesos y los defectos, compartiendo resultados y preocupaciones con la clínica, con un enfoque desmedicalizador y
de uso racional de los recursos e informar adecuadamente a las mujeres.
4. Promover el uso del preservativo gratuito con un enfoque que corresponsabilice al hombre de sus actos.
5. Dotar con recursos suficientes los programas de educación afectivo-sexual con enfoque de género, para mejorar la salud de las personas y contribuir a corregir la inequidad existente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2012.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Cultura
161/000939
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el innecesario gasto en cuadros de retratos
oficiales de ex altos cargos, para su debate en la Comisión de Cultura.
Es evidente el malestar que ha provocado en momentos como estos, de ajustes, recortes y restricciones económicas, las noticias conocidas en relación con el mantenimiento de la costumbre de encargar obras pictóricas onerosas con retratos de
quienes fueron altos cargos en diferentes instituciones. El mundo del arte y buena parte de la sociedad ha mostrado su estupor.
Una iniciativa civil ha recogido varias decenas de miles de firmas, a raíz de conocerse el dispendio del Estado por el pago de 190.000 euros por la reproducción de una imagen de Francisco Álvarez Cascos como Ministro de Fomento, así como
otros 82.000 euros por un ostentoso cuadro de José Bono como ex Presidente del Congreso.
Es opinión muy extendida que el retrato oficial es un uso a extinguir, al menos tal como lo conocemos, y aquellos que declaran entender esa costumbre creen que, a estas alturas del siglo XXI, la fotografía resulta mucho más adecuada que un
afectado y suntuoso retrato clavado en la pared de la institución de turno. Siempre más barata, la fotografía podría servir para mantener un supuesto interés documental y artístico, que en otros tiempos se le atribuyó a este género cortesano.
Diferentes expertos del mundo del arte han opinado sobre este asunto. Es el caso del galerista barcelonés Caries Taché, que se ha mostrado crítico con el objetivo (el retrato) así como con el método (los autores son siempre elegidos por el
homenajeado). 'Es tan inadecuado como revisable. Habría que ver en qué cosas imprescindibles están metiendo la tijera y qué otras, prescindibles como estas, se están manteniendo como en tiempos muy viejos. Además, el método me parece inapropiado.
Cuando los museos se rigen por las buenas prácticas, parece mentira que sobrevivan comportamientos como estos. No digo yo que se haga un concurso público, pero sí que se aplique un poco de sentido común a situaciones como ésta'.
Asimismo, para Manuel Borja-Villel, director del Museo Reina Sofía, 'es evidente que este tipo de retratos no tienen, en general, un gran valor artístico; y su valor documental puede ser reemplazado en la actualidad fácilmente por otros
medios de reproducción. En otras épocas, recuerda, 'los pintores, escultores, músicos..., necesitaban el amparo de una corte para poder ejercer su trabajo (...) Desde el siglo XIX y con el advenimiento de la autonomía artística ese no ha sido el
caso...'
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar la posibilidad de racionalizar y reducir el capítulo de gastos destinado a la realización de retratos oficiales y que consisten en:
1. Reducir considerablemente y limitar el gasto dedicado a la producción de retratos oficiales.
2. Implantar otros métodos de elaboración de dichas obras que resulten menos onerosos para el Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2012.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000954
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la Pontificia de Comillas, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
En el seno del patrimonio artístico de la localidad de Comillas (Cantabria) destaca la enorme infraestructura educativa que constituye la antigua Universidad Pontificia, regida por los jesuitas durante casi un siglo y ahora de propiedad
pública.
Este legado estuvo en trance de desaparecer hace pocos años; afortunadamente la administración regional y el Estado central en la anterior Legislatura, gobernada por el Partido Socialista y, a través de la Fundación Comillas, han
rehabilitado una parte del edificio histórico del Seminario Mayor y han buscado un futuro para el conjunto de la finca, con la creación del CIESE (Centro Internacional de Estudios Superiores del Español) y el proyecto de Colegios del Mundo Unidos,
para cuyas instalaciones ya existía un presupuesto aprobado. Ello cumplía al tiempo el objetivo de conservación de una obra singular del patrimonio histórico-artístico, así como fidelidad a la voluntad del mecenazgo de Antonio López y creación de
puestos de trabajo permanentes en una comarca con altísimas tasas de paro fuera de los meses de verano. Significa para su entorno una apuesta por el conocimiento y la innovación frente al modelo del ladrillo y la especulación.
Lamentablemente, la parte del Seminario Mayor no rehabilitada viene deteriorándose progresivamente, y el proyecto de Colegios del Mundo ha sufrido un aplazamiento sine die. Ello ha llevado a algunos responsables políticos regionales a
plantear la venta de una parte de la finca de la Universidad Pontificia para obtener recursos (véanse las declaraciones desafortunadas del Presidente del Gobierno de Cantabria señor Ignacio Diego en este último mes de julio), lo que va contra toda
lógica de conservación del patrimonio histórico-artístico, cuyas obras se ubican en un marco que ha de ser preservado rigurosamente. También, supondría apartarse del espíritu del que emana el 'Proyecto Singular de la Universidad Pontificia de
Comillas', aprobado de modo definitivo por el Gobierno de Cantabria el 9 de diciembre de 2011. Además, la venta llevaría a un incremento de viviendas vacacionales que abundaría en la dinámica de empleo precario de la comarca.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La conservación del edificio protegido del Seminario Mayor en el marco de su área de influencia, que es el conjunto de la finca de la Pontificia.
2. Mantener como bien público el legado de Antonio López en su integridad, evitando la desmembración y la privatización de una parte.
3. Apoyar la dedicación exclusiva de carácter educativo y cultural de dicho legado, gestionado actualmente por la Fundación Comillas.
4. Dotar en los Presupuestos Generales del Estado de una partida para la rehabilitación de este importante legado arquitectónico y cultural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2012.-María del Puerto Gallego Arriola, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Igualdad
161/000956
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
cumplimiento por el Gobierno de los compromisos internacionales
en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El concepto de Salud Sexual y Reproductiva está definido por el Fondo de Población de Naciones Unidas como un 'enfoque integral para analizar y responder a las necesidades de hombres y mujeres respecto a la sexualidad y la reproducción'.
Conlleva además la 'capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y de procrear, la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia'.
La Salud Sexual y Reproductiva así definida tiene su origen en la 'Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de Naciones Unidas' (CIPD) que tuvo lugar en El Cairo el año 1994. Hasta entonces se había iniciado un largo camino
desde 1948, cuando en la Declaración de los Derechos Humanos además de reconocerse el derecho de todo ser humano a la salud, se recoge por primera vez una alusión directa a la salud materna e infantil al señalar que 'la maternidad y la infancia
tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños y todas las niñas, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social'. No obstante, aun cuando la Organización internacional del Trabajo (OIT)
aprueba en 1952 el 'Convenio relativo a la protección de la maternidad', tuvieron que pasar varias décadas para que se fuera ampliando el concepto. Así fue en la 'Conferencia de Alma Ata' (1978), al incluir la planificación familiar como un mínimo
más de la salud materna e infantil. Finalmente, será en 1979, en la 'Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer' de Naciones Unidas (CEDAW), cuando se reconozca el derecho el 'acceso al material
informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluidos la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia'
En cuanto al término de Salud Sexual y Reproductiva -por primera vez acuñado en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo- significa un gran logro del trabajo conjunto de los movimientos feministas en el mundo, ya que supone
un gran cambio con respecto a las políticas de población hasta entonces debatidas en foros internacionales, cuyo único objetivo consistía en cumplir una serie de metas demográficas para frenar la superpoblación y paliar la pobreza, instrumentando el
control de la fecundidad como medio para alcanzar dichas metas demográficas. Por tanto, el Programa de Acción de la CIPD dará un giro radical al establecer que las políticas de población deben tener como metas el bienestar y la calidad de vida de
las persona, siempre dentro del marco de los derechos humanos. Hará además especial hincapié en el empoderamiento de las mujeres como piedra angular de todos los programas, así como su autonomía en todas las esferas vitales, especialmente respecto
a su sexualidad y la reproducción.
Un año más tarde, en Beijing, con motivo de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas, se aprueba la Declaración y Plataforma de Acción. La Plataforma afirmará rotundamente que 'los derechos humanos de las mujeres incluyen
su derecho a ejercer el control y decidir libre y responsablemente sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, libres de coerción, discriminación y violencia', reconociendo que 'la capacidad de las
mujeres para controlar su fecundidad constituye una base fundamental para el disfrute de otros derechos'.
En 1996, la Unión Europea y todos sus estados miembros, adoptarán formalmente el 'Plan de Acción sobre Población y Desarrollo de El Cairo'. A partir de este momento, la política de la Unión en salud sexual y reproductiva asume un enfoque
holístico, junto al reconocimiento de la salud 'y de los derechos en materia de reproducción y sexualidad (...) incluida una maternidad exenta de riesgos y el acceso universal a una gama completa de cuidados y servicios seguros y fiables en materia
de salud reproductiva y sexual'. En la 'Cumbre del Milenio' del año 2000, esta concepción estará presente a la hora de definir dos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, recogiendo cuestiones fundamentales para la mejora de la salud
reproductiva a nivel global: la reducción de la mortalidad materna y el avance hacia la igualdad entre los géneros junto con el empoderamiento de las mujeres.
Sin embargo, desde El Cairo, el consenso global alcanzado sobre salud y derechos sexuales y reproductivos vive y registra momentos difíciles, dado que el cumplimiento de los compromisos retrocede o no sigue el ritmo deseado. Las
conferencias El Cairo +5 (1999) y El Cairo +10 (2004), aunque supusieron una ratificación y evaluación de los compromisos alcanzados en 1994, han dejado al descubierto los riesgos a los que está enfrentada la agenda contemporánea en materia de salud
sexual y reproductiva. Tanto es así que el Informe de 2011 presentado ante la Asamblea General de Naciones por Anand Grover, Relator Especial sobre derechos relacionados con salud física y mental, ha puesto en evidencia la
interacción entre las leyes penales y el resto de restricciones jurídicas que afectan a la salud sexual y reproductiva, así como la obligación de eliminar estas barreras, al vulnerar el derecho a la salud. Al examinar sus efectos en el
aborto, la conducta durante el embarazo, los métodos anticonceptivos, la planificación familiar o acceso a la educación y la información en materia de salud sexual y reproductiva, el Relator incide en calificar dichas barreras penalizadoras como
discriminatorias, que atentan contra la dignidad humana al coartar las libertades dimanantes del derecho a la salud, en particular en lo que respecta a la adopción de decisiones y a la integridad física de las mujeres y las adolescentes.
Por consiguiente, las barreras erigidas con arreglo a leyes penales y otras leyes y políticas que afectan a la salud sexual y reproductiva deben eliminarse inmediatamente a fin de asegurar el pleno ejercicio del derecho a la salud.
Un reciente informe de marzo de 2012 del FNUAP destaca la alta tasa de embarazos no deseados en el caso de mujeres en edad fértil en los países en desarrollo. Dicho Informe subraya que cerca del 90 % de los 208 millones de embarazos
estimados anualmente ocurren en dichas regiones y, de ellos, 86 millones corresponden a embarazos no deseados, de los que 41 millones de ellos acaban en un aborto inducido en condiciones clandestinas, sin asistencia médica y en condiciones muy
inseguras. Según las estimaciones que se contienen dicho Informe 'Contraceptive Commodities for Women's Health', el uso y difusión adecuada de los servicios de atención en dicha materia hubiera adicionalmente salvado cada año, la vida de 90.000
mujeres, evitado más de 25 millones de abortos inducidos y salvado la vida de 590.000 bebes recién nacidos.
Otro estudio de 2011 publicado conjuntamente por el FNUAP y el Centro para los Derechos Reproductivos alerta acerca de la falta de acceso a la información y a los servicios sobre contraceptivos para mujeres y adolescentes en todo el mundo y
cómo la financiación para los programas de ayuda en esta materia ha descendido de un 55 % en 1995 a un 8 % en 2010, al mismo tiempo que la creciente pérdida de empleo y salario como consecuencia de la crisis financiera global cercena con barreras
económicas adicionales el acceso a estos servicios, por lo que se han incrementado los embarazos de menores y las tasas de abortos entre adolescentes y mujeres jóvenes. Como ha afirmado el Director Ejecutivo del FNUAP, el Dr. Babatunde Osotimehin
en su Informe de 2011 'demasiadas chicas adolescentes se convierten en madres, demasiadas mueren al dar a luz, demasiadas abandonan la escuela...'. Cuando las niñas acceden a la educación, a la salud, y pueden evitar el matrimonio precoz, los
embarazos no deseados y el VIH-SIDA, es cuando pueden contribuir plenamente a la lucha contra la pobreza en sus sociedades.
Por ultimo recordar que todos los Estados están obligados a aplicar los compromisos contenidos en el Programa de Acción de El Cairo sobre Población y Desarrollo, tanto en su correspondiente nivel nacional como en el global: una revisión que
se realizará en el año 2014 con motivo de la 69 Asamblea de Naciones Unidas. Y también recordar que, en esta 67 Asamblea de Naciones Unidas que se está celebrando actualmente en la que el Gobierno trabaja por la candidatura de España en el Consejo
de Seguridad, nuestros representantes públicos deben sentirse especialmente concernidos por los avances que, en el ámbito multilateral y nacional, deben impulsarse en materia de derechos de la salud de las mujeres y de los jóvenes de ambos sexos.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, en apoyo del pleno cumplimiento del Programa de Acción de El Cairo hacia la Agenda de Desarrollo más allá del 2014, que integre la centralidad de los derechos sexuales y los derechos
reproductivos de todas las mujeres, incluidas niñas, adolescentes y jóvenes, dentro de las políticas de salud, población y desarrollo, insta al Gobierno a:
1. Establecer acciones específicas para que en el proceso de aplicación del Programa de Acción de El Cairo más allá de 2014, se impulse una acción concertada entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, con énfasis en los espacios
colectivos de mujeres, que conlleve el acceso universal y sin barreras a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, integrales e integrados, incluyendo el desarrollo de políticas públicas que promuevan la igualdad de género entre hombres y
mujeres.
2. Con el fin de respetar los derechos humanos de las mujeres, asegurar que en desarrollo de la legislación actualmente vigente en nuestro país, se preserve el acceso a la información adecuada, a los
anticonceptivos, y a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) segura y legal, en el marco de la prestación de los servicios públicos correspondientes.
3. Informar ante la Comisión de Igualdad sobre las actuaciones y medidas previstas en relación al cumplimiento del Programa de Acción de El Cairo y su desarrollo en el ámbito de la cooperación internacional y de nuestro país, con el fin de
asegurar su adecuado seguimiento y evaluación en sede parlamentaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2012.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre reconocimiento a don Antonio Vicente Mosquete primer Presidente del
Consejo General de la ONCE, para su debate en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad.
Al cumplirse en el presente año el XXV Aniversario de la muerte trágica de don Antonio Vicente Mosquete, primer Presidente del Consejo General de la ONCE, cuyo fallecimiento tuvo lugar el 3 de junio de 1987, desde Izquierda Plural entendemos
necesario y conveniente hacer con tal motivo un reconocimiento público de su gran labor social al frente de la ONCE, por parte de esta Comisión.
Como primer Presidente electo de la Entidad, él lideró su modernización, democratización y éxito social. Con su personalidad humanista y solidaria y con una capacidad intelectual y profesional excepcionales trabajó al servicio de la ONCE y
de todo el colectivo de personas con discapacidad. En cambio, su memoria ha quedado prácticamente en el olvido, ya porque la propia Institución ONCE haya descuidado claramente su recuerdo ejemplar, ya porque su pensamiento crítico no se quiere que
sirva para concienciar a las nuevas generaciones de invidentes.
La publicación en la misma fecha del XXV Aniversario de su muerte, de una obra biográfica sobre su trayectoria humana y social titulada: Antonio Vicente Mosquete, la ONCE que pudo ser; Impulsada por su familia y amigos más próximos, ha
permitido recuperar su conocimiento y valoración, así como las circunstancias complejas de su muerte.
Desde la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad, pasado el evento del Aniversario, creemos debe impulsarse esta importante personalidad para que no vuelva a quedar injustamente arrinconada su gran tarea transformadora.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1.º Insta al Gobierno a que en torno a la fecha del 13 de diciembre, conmemoración del aniversario de la ONCE, se lleve a cabo en Sede Parlamentaria un Homenaje a la persona de don Antonio Vicente Mosquete como primer presidente del Consejo
General.
2.º Instar al Gobierno para que, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Políticas Integrales de la Discapacidad, cree y dote el Premio Vicente Mosquete a la integración Social de Personas con Discapacidad, que se
falle en el mes de junio de cada año, convocando su 1.ª edición en el ejercicio de 2013.
3.º Instar al Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Políticas Integrales de la Discapacidad, para que con apoyo de los demás departamentos ministeriales presentes en el Consejo de Protectorado de la
ONCE, cree una comisión de trabajo, que analice la evolución de la Entidad en los últimos 25 años en aspectos tales como, su democracia interna, su función social, su
gestión económica y comercial y su desarrollo laboral a fin de detectar las dificultades actuales en relación con su potencialidad pasada y así prever las medidas de reforma institucional pertinentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2012.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
OTROS TEXTOS
DECLARACIONES INSTITUCIONALES
140/000003
Se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la siguiente declaración institucional adoptada por unanimidad por la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, en su sesión
del día 19 de septiembre de 2012:
'La Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados manifiesta su adhesión a la Semana Europea de la Movilidad (SEM), como instrumento de concienciación dirigido a sensibilizar tanto a los responsables
políticos como a los ciudadanos, sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el
transporte público, la bicicleta y los viajes a pie.
Asimismo la Comisión se compromete a impulsar y colaborar en el fomento de la implantación de los Planes de Movilidad Urbana Sostenibles (PMUS), como medidas interrelacionadas que acercan a las ciudades a la movilidad que necesitan los
ciudadanos y las empresas, al mismo tiempo que mejoran la calidad de vida de la ciudad; medidas dirigidas, principalmente, a infraestructuras para peatones y bicicletas; medidas de mejora del tráfico, mejora de accesibilidad al transporte público
y sensibilización sobre hábitos de desplazamiento.
El lema elegido para este año, 'Participa en los planes de movilidad de tu ciudad: ¡Muévete en la buena dirección!', pretende poner de manifiesto la utilidad que tiene un Plan de Movilidad Urbana Sostenible a la hora de dar un enfoque
planificado e integrador que tenga también en cuenta todos los modos de transporte de la ciudad y de sus áreas circundantes para avanzar así hacia la movilidad sostenible.
La Comisión Permanente de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible hace suyas las aspiraciones y retos de esta Semana Europea y compartiendo las reflexiones del Comisario Europeo de Transportes Siim Kallas y del Comisario Europeo de Medio
Ambiente, Janez Potocnik, cuando señalan que moverse hacia un sistema de transporte sostenible y eficiente ayudará a mejorar la movilidad y al mismo tiempo a reducir la contaminación y regenerar la calidad de vida en las ciudades. Al responder al
desafío de hacer nuestras ciudades más limpias y seguras, tenemos que encontrar el equilibrio adecuado para nuestras necesidades diarias de transporte.
Desde este foro queremos poner en valor el papel de Administraciones y Sociedad Civil como impulsores y prescriptores de estos buenos hábitos así como animar a los ciudadanos, que viven en áreas urbanas, a moverse con inteligencia: a pie,
en bicicleta, en transporte público, cada distancia y cada usuario tienen su modo de transporte óptimo en cuanto a eficiencia energética, seguridad y ganancia en salud personal. Cualquier iniciativa que fomente la reevaluación por parte de los
usuarios del vehículo privado a motor, especialmente en el casco urbano, contribuye no sólo al bien de la persona particular, sino al bien común.
El camino hacia la movilidad sostenible debe incidir en las cinco facetas que la caracterizan: ecológica, universal, competitiva, saludable y, en especial, segura.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2012.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
SECRETARÍA GENERAL
292/000015
ACUERDO DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012, DE LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, DE CONVOCATORIA DE CUATRO BECAS INDIVIDUALES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, TANTO EN SUS ASPECTOS DE COMUNICACIÓN
INTERNA COMO EXTERNA, RELACIONADOS CON EL PARLAMENTO
En el ámbito de sus actividades destinadas a difundir el mejor conocimiento de la Institución Parlamentaria y las informaciones que en ella se generan, el Congreso de los Diputados, por acuerdo de la Mesa de la Cámara de 18 de septiembre de
2012, convoca el presente concurso con el fin de adjudicar cuatro becas individuales para la realización de estudios y trabajos sobre comunicación institucional, tanto en sus aspectos de comunicación interna como externa, relacionados con el
Parlamento, de acuerdo con las bases que figuran a continuación.
Primera. Objeto.
El Congreso de las Diputados convoca cuatro becas individuales para realizar trabajos o estudios sobre comunicación institucional relacionados con la actividad parlamentaria que encomiende el Departamento de Prensa de la Cámara. Los
estudios y trabajos realizados quedarán de propiedad del Congreso de los Diputados.
De dichas becas se reservará una de ellas para su concesión entre personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento, siempre que reúnan los requisitos establecidos en la base cuarta y acrediten, dentro del plazo a que se
refiere el apartado 7 de la base quinta, el indicado grado de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes. En el caso de que dicha beca no quedara cubierta acrecerá al turno libre.
Los aspirantes que deseen acogerse al turno de reserva previsto en el párrafo anterior deberán consignarlo así en la correspondiente instancia.
Segunda. Duración y cuantía.
1. Cada una de las cuatro becas tendrá una duración de doce meses, y su cuantía total será de 12.900 euros íntegros cada año, que se percibirán finalizado cada mes a razón de 1.075 euros. El Congreso de los Diputados contratará un seguro
de accidentes y enfermedad para cada uno de los becarios por el tiempo de duración de la beca, en el supuesto de que no tuvieran cubiertas estas contingencias, y dentro de las condiciones propias de este tipo de contratos. Las becas, que serán
indivisibles e improrrogables, serán incompatibles con cualquier otra concedida para el mismo periodo o con cualquier otro trabajo remunerado.
2. La concesión y disfrute de la beca no supondrá vinculación laboral o funcionarial entre el becario y la Cámara. No es aplicable a estas becas el Estatuto del personal investigador en formación.
Tercera. Jurado.
1. Las becas se concederán por la Mesa del Congreso de los Diputados, a propuesta de un Jurado integrado por el Presidente de la Cámara o Vicepresidente en quien delegue, que lo presidirá; un Secretario de la Mesa, el Secretario General o,
por delegación, un Secretario General Adjunto y el Director de Comunicación, que actuará como Secretario. De las deliberaciones se levantará acta con los acuerdos del Jurado, firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente.
2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Jurado se reunirá para examinarlas y elevar la propuesta a la Mesa antes del día 14 de diciembre de 2012.
3. La concesión de las becas se propondrá por el Jurado por mayoría de votos y se otorgarán por la Mesa, igualmente, por mayoría de votos, pero también podrán declararse desiertas. El Jurado propondrá asimismo 8 suplentes para el caso de
renuncia o no justificación de requisitos y méritos de los adjudicatarios.
Cuarta. Solicitantes.
1. Podrán solicitar la concesión de beca los Licenciados universitarios españoles en Ciencias de la Información que reúnan las siguientes condiciones:
a) Haber finalizado los estudios con posterioridad a enero de 2008.
b) No haber disfrutado durante más de seis meses de otra beca del Congreso de los Diputados de las mismas características.
2. Sin perjuicio de lo previsto en la Base Primera, los solicitantes no podrán padecer enfermedad o defecto físico que impida la realización efectiva de las prácticas, ni haber sido separados, mediante expediente disciplinario, de servicios
del Estado o de cualquier Ente Territorial.
3. Se valorarán como méritos el expediente académico, los estudios y prácticas sobre comunicación institucional, los estudios y experiencias en medios de comunicación, los conocimientos informáticos y nuevas tecnologías relacionadas con la
actividad periodística y el conocimiento de idiomas.
4. El jurado hará una preselección de los candidatos para realizar una entrevista personal. El lugar, fecha y hora serán comunicados a cada uno de ellos oportunamente.
Quinta. Solicitudes.
1. Los solicitantes de las becas deben presentar una instancia dirigida al Secretario General del Congreso de los Diputados dentro de los diez días hábiles siguientes al de la publicación de este anuncio en el 'Boletín Oficial del Estado',
en la Secretaría de la Dirección de Comunicación (calle Floridablanca, s/n, Edificio Ampliación II, planta baja, Congreso de los Diputados, 28071 Madrid) en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas, de lunes a viernes, o remitirla en la forma
prevista en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La solicitud deberá ir acompañada del currículum vítae, fotocopia del Documento
Nacional de Identidad, dos fotografías recientes de tamaño carnet y el formulario que se publica como anexo a la presente convocatoria.
2. La formación teórica de los solicitantes se computará según las horas lectivas de los cursos realizados (al margen de la carrera que les habilita para concurrir a este concurso).
3. La experiencia práctica se evaluará por meses completos.
4. Ambos extremos deberán figurar claramente expresados en el formulario de instancia.
5. El jurado podrá exigir a cualquiera de los solicitantes la presentación de las certificaciones que demuestren los méritos alegados.
6. En todo caso, los candidatos preseleccionados deberán poner a disposición del Jurado, el día de la entrevista, las certificaciones de los méritos alegados.
7. Los aspirantes seleccionados deberán presentar en un plazo de diez días siguientes a su nombramiento y, en todo caso, antes de la toma de posesión, fotocopia compulsada de su título universitario (anverso y reverso).
8. Aquellos solicitantes que no hayan obtenido beca ni como titular ni como suplente, dispondrán de un plazo de dos meses para recoger la documentación presentada, finalizado este plazo será destruida.
Sexta. Obligaciones del becario.
1. La aceptación de la beca implica el compromiso de cumplir las bases de la convocatoria y las demás normas que resulten de aplicación como consecuencia de las mismas y comenzar el disfrute de la beca el día que se señale.
2. El becario llevará a cabo las tareas que se le encomienden por el Departamento de Prensa en las condiciones de lugar y tiempo que se le indiquen en alguna de las dependencias del Departamento de Prensa.
3. El becario estará obligado a observar la mayor discreción en todo lo que se refiere a los asuntos, hechos o informaciones de los que hubiera tenido conocimiento durante el periodo de la beca. No deberá comunicar bajo ninguna forma
documentos o informaciones que no hubieran sido hechos públicos a personas que no estuvieren cualificadas para tener conocimientos de los mismos, a reserva del acuerdo previo de la institución. Seguirá sometido a esta obligación después de
finalizar su periodo de prácticas.
4. El Congreso se reserva el derecho de suspender la beca en el supuesto de que el becario no realizara los trabajos para su formación práctica en condiciones satisfactorias.
5. El incumplimiento por el becario de sus obligaciones podrá dar lugar a la privación de la beca por el tiempo que quedare pendiente, sin perjuicio de las responsabilidades que resultaren exigibles.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2012.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada Moreno.
292/000015
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día 18 de septiembre de 2012, acordó autorizar la convocatoria de cuatro becas para la realización de estudios y trabajos sobre comunicación institucional, tanto en sus aspectos de
comunicación interna como externa, relacionados con el Parlamento, de acuerdo con las bases que figuran como Anexo I al acta de dicha reunión así como, de conformidad con la cláusula Tercera de dicha convocatoria, que el Jurado esté integrado por
las siguientes personas:
- Excmo. Sr. D. Javier Barrero López, Vicepresidente Segundo del Congreso de los Diputados, que lo presidirá.
- Excmo. Sr. D. Ignacio Gil Lázaro, Secretario Primero del Congreso de los Diputados.
- Excmo. Sr. Secretario General del Congreso de los Diputados, o Secretario General Adjunto en quien delegue.
- Ilmo. Sr. D. Jesús Serrano Martínez, Director de Comunicación, que actuará como Secretario del Jurado.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2012.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.