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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 153, de 02/10/2012
cve: BOCG-10-D-153-C1
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
2 de octubre de 2012
Núm. 153
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
DIPUTADOS
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados ... (Página3)
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000022 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Educación y Deporte, para el análisis del Sistema Universitario Español ... (Página9)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/000934 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a los requisitos exigidos para votar a los ciudadanos españoles residentes temporalmente en el extranjero ... (Página11)
Comisión de Defensa
161/000929 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la búsqueda de cauces para promover fórmulas de colaboración público-privada para la divulgación de la cultura y el fomento de la
conciencia de defensa ... (Página12)
161/000933 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a suspender los pagos de programas especiales de armamento ... (Página13)
161/000937 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre racionalización de estructuras orgánicas de Defensa y de las Fuerzas Armadas y los correspondientes planes de Infraestructuras ...
161/000938 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre criterios para el repliegue de los contingentes de las Fuerzas Armadas españolas en Afganistán ... (Página16)
Comisión de Fomento
161/000931 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo para los residentes en las Comunidades Autónomas de Canarias e Illes Balears y en
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla ... (Página17)
Comisión de Educación y Deporte
161/000926 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación y de las Sentencias de 23 y 24 de julio del Tribunal Supremo ...
161/000932 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo a la celebración en Ponferrada del campeonato del mundo de ciclismo en ruta 2014 ... (Página21)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000925 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la declaración de 2013 como año de la Biotecnología en España ... (Página22)
161/000927 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la consideración del pan sin gluten como alimento básico, con la consiguiente aplicación del IVA superreducido del 4 por ciento...
(Página22)
161/000936 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de apoyo a la conmemoración del día mundial del Alzheimer y protección de los derechos de las personas en situación de dependencia ...
Comisión de Cultura
161/000924 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el acuerdo de reciprocidad con las autoridades eclesiásticas ... (Página25)
161/000930 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la situación en que se encuentran los legados literarios de algunos destacados miembros de la llamada 'Generación del
27'.... (Página26)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000928 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre modificación del reglamento general de conductores en relación a la incapacidad potencial para conducir de las personas que padecen
esclerosis múltiple o lesiones medulares ... (Página27)
161/000935 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo a la conmemoración del día mundial del Alzheimer y a una política integral de Alzheimer ... (Página28)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Igualdad
181/000557 Pregunta formulada por la Diputada doña Lourdes Ciuró i Buldó (GC-CiU), sobre estado de elaboración del Plan Integral de Apoyo a la Conciliación ... (Página29)
181/000558 Pregunta formulada por la Diputada doña Lourdes Ciuró i Buldó (GC-CiU), sobre opinión del Gobierno acerca de la necesidad de retirar los anuncios de prostitución de la prensa generalista, a la vista del informe del Consejo de
Estado de fecha 09/03/2011 ... (Página29)
181/000559 Pregunta formulada por la Diputada doña Lourdes Ciuró i Buldó (GC-CiU), sobre acciones para ejecutar el Programa para la Igualdad de Género que tiene previsto destinar 1.800.000 euros, provenientes del Espacio Económico Europeo, a
la lucha contra la brecha salarial ... (Página29)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la declaración de modificación de bienes y rentas presentada, una vez calificada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota: La presente declaración modifica la publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 13, de 9 de enero de 2012.
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000022
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Educación y Deporte, para el análisis del Sistema Universitario Español.
Acuerdo:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Educación y Deporte, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, sobre procedimiento de creación y
reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, presentar la siguiente propuesta, relativa a la creación, en el seno de la Comisión de Educación y Deporte, de una Subcomisión para el análisis del Sistema
Universitario Español.
Motivación
Las universidades son el motor de la nueva sociedad basada en el conocimiento. La calidad y excelencia de nuestro sistema universitario ha de ser una preocupación de todos y todas. En la situación de crisis económica que estamos viviendo
nuestras Universidades precisan de instrumentos que le permitan crecer y asentarse en una sociedad cambiante. La sociedad necesita que desde las Universidades se contribuya a: la formación de la población, la mejora y ampliación de nuestro sistema
de I+D+i y su función de transmisión y transferencia de conocimiento.
Nos encontramos ante nuevos retos que debemos encarar desde el trabajo conjunto y coordinado de todos los agentes y actores. Nuestra obligación es la de contribuir a la mejora y modernización de las Universidades encontrando desde el
consenso de todos y todas un Contrato Social entre la Universidad y la Sociedad que dé respuestas a los problemas actuales de nuestro sistema y permita aprovechar las oportunidades y retos que tenemos planteados como país.
Para contribuir a esta tarea es necesario analizar la situación de las Universidades españolas con la aportación de todos los actores y agentes implicados. Debemos huir de la utilización partidista de los datos educativos para justificar
nuestros planteamientos, el análisis de la realidad universitaria requiere rigor y no la utilización de los datos como estrategia mediática. Necesitamos un análisis racional, preciso, objetivo sostenido en datos certeros y no en impresiones o datos
parciales ni opiniones ocurrentes.
Tras este análisis cuantitativo, es necesario sumar las aportaciones de los actores y agentes del ámbito económico y social: Administraciones (Estatal, Autonómica, Local), agentes sociales y económicos, grupos sociales, expertos y
expertas... así como del mundo universitario: Rectores y Rectoras, Profesores y Profesoras, Investigadores e Investigadoras, estudiantes... que aporten elementos para la realización de un análisis cualitativo que mejore y amplíen el conocimiento
de la realidad planteando propuestas que
atiendan los problemas actuales y mejoren y aprovechen las oportunidades futuras así como los nuevos retos ante la situación social y económica que estamos viviendo en el mundo.
La educación necesita de estabilidad y esta sólo se logra desde el consenso de todos los actores y agentes del mundo universitario. Nuestra labor como Parlamento es contribuir a la mejora permanente de nuestra democracia. Hoy nuestro
sistema universitario y de investigación requiere de nuestra aportación, desde el rigor y la racionalidad, contribuir a la mejora permanente de nuestras Universidades que les permita hacer frente a los problemas actuales derivados de la crisis
mundial, así como la adaptación a un mundo más globalizado y cambiante.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista propone la creación de una Subcomisión en el seno de la Comisión de Educación y Deporte, para realizar un análisis del Sistema Universitario Español con el objeto, composición y reglas de
funcionamiento que se desarrollan a continuación.
Objeto.
La Subcomisión deberá:
- Analizar el vigente Sistema Universitario Español e identificar los problemas y retos que deben afrontar las Universidades españolas en la actual situación.
- Convocar en el desarrollo de sus sesiones a los actores y agentes universitarios, sin perjuicio de las demás comparecencias que se acuerden, para que participen y contribuyan con sus aportaciones a los trabajos de la subcomisión.
- Elaborar un Informe en el que, además del análisis referido, se propongan un conjunto de medidas que contribuyan, desde el máximo consenso, a la mejora y modernización de las Universidades españolas.
Composición.
La Subcomisión se compondrá de diez miembros, de los que tres pertenecerán al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, dos al Grupo Parlamentario Socialista y uno a cada uno de los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergencia i Unió), de
lU, ICV-EUiA, CHA: La izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto.
Adopción de acuerdos.
En la adopción de acuerdos por la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.
Plazo.
La duración de los trabajos de la Subcomisión será de seis meses desde su constitución. En dicho plazo deberán elevar a la Comisión, para su aprobación, el Informe que se haya elaborado, con los votos particulares que, en su caso, se
hubieran presentado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2012.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión Constitucional
161/000934
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada doña Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
los requisitos exigidos para votar a los ciudadanos españoles residentes temporalmente en el extranjero, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Los requisitos establecidos en el Real Decreto 1621/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de votación para los ciudadanos residentes en España que se encuentran temporalmente en el extranjero, está evidenciando en la
práctica una serie de problemas que la ley no contempló, obvió o no tuvo en cuenta, bien por desconocimiento o bien por simple omisión.
No es la primera vez que se legisla sobre la teoría pero después la realidad práctica demuestra que dicha normativa adolece de insuficiencias, no arregla determinados problemas o bien suscita nuevas cuestiones.
Es el caso del procedimiento de voto establecido para los ciudadanos españoles residentes de manera temporal en el extranjero. Con motivo de las Elecciones al Parlamento de Galicia, para el 21 de octubre, numerosos estudiantes de becas
'Erasmus' o trabajadores temporales han puesto de manifiesto la falta de garantías para poder ejercer el derecho fundamental a votar.
Así, estudiantes gallegos que se encuentran estudiando en la ciudad noruega de Tromso, donde existe un Consulado Honorífico, han comprobado cómo la legislación obliga a desplazarse a un Consulado General o Embajada para poder solicitar el
voto por correo.
Reproducimos a continuación lo que se indica desde el Gobierno para poder votar en este tipo de casos:
'Los electores residentes en Galicia que se encuentren temporalmente en el extranjero, una vez efectuada la convocatoria y que prevean permanecer en esa situación hasta el día de la votación, y que deseen participar en las elecciones deben
figurar inscritos en el Registro de Matrícula Consular como no residentes y solicitar la documentación para ejercer su derecho de sufragio desde el extranjero a la correspondiente Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral, no más tarde
del día 22 de septiembre. Dicha solicitud deberá entregarse personalmente en la Oficina Consular de Carrera o Sección Consular de Embajada (Consulado español más cercano a su residencia en el extranjero)'.
Como en el caso particular mencionado, sucede que este grupo de estudiantes no pueden tramitar la petición del voto por correo en el Consulado de Tromso porque tiene la categoría de honorífico.
Por tanto, y después de haber dirigido sus inquietudes a la Embajada en Oslo, dicha administración les ha comunicado que tendrían que trasladarse a la capital noruega, que dista 1.600 km de la ciudad donde residen temporalmente, para poder
solicitar el voto por correo.
Una situación que se está repitiendo en otros muchos países con quejas de ciudadanos gallegos porque no se les facilita este trámite y se les obliga a realizar grandes desplazamientos, totalmente inasumibles.
Téngase en cuenta que los requisitos para los emigrantes residentes ausentes son muy distintos, no existe la obligación de personarse:
'Los electores residentes en el extranjero que deseen ejercer su derecho a votar en las elecciones al Parlamento de Galicia, deberán formular mediante impreso oficial la solicitud de voto dirigida a la Delegación Provincial de la Oficina del
Censo Electoral de la provincia correspondiente a su municipio de inscripción del 28 de agosto al 22 de septiembre.'
La Oficina del Censo Electoral ha enviado una comunicación a estos electores con el impreso de solicitud incorporado, también pueden descargar el impreso solicitud de voto.
Una vez firmada la solicitud el elector debe enviarla, por correo postal o fax, a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral correspondiente a su municipio de inscripción vigente para estas elecciones, adjuntando uno de los
siguientes documentos:
- Fotocopia del DNI español.
- Fotocopia del pasaporte expedido por las autoridades españolas.
- Certificado de nacionalidad (de expedición gratuita por el Consulado o Embajada en la que esté inscrito).
- Certificado de inscripción en el Registro de Matrícula Consular (de expedición gratuita por el Consulado o Embajada en la que esté inscrito).
Por tanto, no sólo estamos ante una deficiencia problemática de la ley porque provoca problemas de carácter logístico a los ciudadanos desplazados temporalmente en el extranjero. Y al mismo tiempo, introduce una discriminación entre los
ciudadanos residentes temporalmente en el extranjero y los residentes ausentes puesto que unos se deben personar en los Consulados para tramitar la solicitud de voto y los otros no.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Modificar la normativa electoral vigente sobre el procedimiento de voto de los ciudadanos españoles residentes temporalmente en el extranjero para que puedan solicitar el voto sin tener que personarse en Consulados o Embajadas, de modo que
no exista discriminación entre los ciudadanos españoles residentes temporalmente en el extranjero y los residentes ausentes a los que no se exije personarse en dichas instituciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2012.-M.a Olaia Fernández Davila, Diputada.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto del Congreso.
Comisión de Defensa
161/000929
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la búsqueda de cauces
para promover fórmulas de colaboración público-privada para la divulgación de la cultura y el fomento de la conciencia de defensa, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La paz, la libertad y la democracia no pueden existir fuera de un marco de seguridad. Esta es la base para poder ejercer cualquiera de los derechos fundamentales. Para garantizar su protección, las Fuerzas
Armadas defienden los valores e intereses de los españoles allí donde puedan verse amenazados o donde la seguridad de nuestros ciudadanos pueda quedar comprometida.
Las Fuerzas Armadas son la institución más valorada por los españoles y su participación en operaciones internacionales es objeto de reconocimiento dentro y fuera de nuestras fronteras.
Estas operaciones son una extensión del mantenimiento de la seguridad en nuestro país, controlan los focos de tensión en su origen y mitigan el sufrimiento de inocentes en las zonas afectadas. Evitan así que se propaguen los conflictos y
que tengan consecuencias más graves o incluso que nos afecten en nuestro propio territorio.
Por su parte, y en otro orden de cosas, las inversiones en tecnologías de la defensa aportan un amplio conjunto de efectos positivos: producen puestos de trabajo altamente cualificados. Generan avances en sectores estratégicos como el
aeronáutico, nuevos materiales, comunicaciones, electrónica y computación, entre otros y promueven la renovación tecnológica a través de sus innovaciones que pueden aplicarse a bienes de consumo no relacionados con la defensa. De hecho, la gran
mayoría de las industrias de tecnologías de la defensa generan bienes de uso dual, civil y militar.
Sin embargo, la necesidad de sostener las inversiones en política de defensa a veces se comprende mal por la ciudadanía. Subsiste la sensación de que la seguridad existe per se, está garantizada y se desconocen los beneficios de la
inversión en la industria de defensa. No se entiende suficientemente que la garantía de las libertades y la generación de otros beneficios sociales tienen un coste material y humano. Por ello, es necesaria la difusión de una cultura y conciencia
de defensa nacional, una acción que ha contado en muchos momentos con grandes acuerdos entre las principales fuerzas parlamentarias y que permitiría afrontar decisiones que deben contar con una planificación a medio y largo plazo, haciendo de la
política de defensa una verdadera política de Estado.
La Directiva de Defensa Nacional establece que, de acuerdo con la Constitución, 'la Cultura de Defensa debe impulsar el papel y de la necesidad de la defensa, con el fin de favorecer una mayor implicación de la sociedad y de posibilitar el
ejercicio del derecho y el deber de defender a España'.
En esta misma línea, el Ministro de Defensa, en su comparecencia ante la Comisión de Defensa de fecha 26 de enero (BOCD 28) indicó que 'La labor didáctica imprescindible para comprender la necesidad de la defensa y la existencia de unas
fuerzas armadas que la sustenten ha de ser parte de las líneas generales de actuación del Ministerio'.
Esta Cultura y Conciencia de la Seguridad y defensa nacional debe promoverse en todos los ámbitos sociales, muy singularmente en los académicos y educativos. No obstante, existen también otros actores que, a nivel privado, están interesados
en participar en la difusión de la Cultura y de la Conciencia de Defensa y se les deben proporcionar los cauces para ello.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover fórmulas de colaboración público-privada para la divulgación de la cultura y el fomento de la conciencia de defensa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000933
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley que insta
al Gobierno a suspender los pagos de programas especiales de armamento, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El Pleno del Congreso debatió el jueves 20 de septiembre el Real Decreto-Ley 26/2012, de 7 de septiembre, por el que se concede un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Defensa para atender al pago de obligaciones
correspondientes a programas especiales de armamento por entregas ya realizadas.
Un Real Decreto que finalmente se tramitará como proyecto de ley.
El BNG votó en contra de dicho Real Decreto porque en un contexto de grave crisis económica como el actual, en el que se aplican duras medidas de recortes que afectan a las mayorías sociales y cuando están en la cuerda floja la sanidad, la
educación y los servicios públicos, es de todo modo impensable que se justifique el aumento del presupuesto destinado a Defensa.
El Real Decreto-ley 26/2012, de 7 de septiembre, concede un crédito extraordinario de 1.782,7 millones de euros al presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender los pagos de 'programas especiales de armamento' por entregas ya
realizadas, pero que se financiará con la emisión de deuda pública.
Como bien sabe el Gobierno, el crédito para Defensa estaría destinado al pago del siguiente programa de armamento:
Subconcepto;Denominación;Importe (en euros)
659.01;Avión EF-2000 ;1.171.607.690
659.02;Helicóptero Tigre ;76.267.140
659.03;Obús 155152 ;16.065.970
659.04;Misil SPYKE ;27.824.410
659.05;Buque BAM ;187.800.000
659.06;Carro c. LEOPARDO ;242.337.280
659.07;Misil IRIS-T ;38.968.560
659.08;Helicóptero UME ;21.181.310
659.09;Sistemas CIS UME ;718.530
; Total ;1.782.770.890
El presupuesto aprobado para el Ministerio de Defensa para 2012 fue de 6.316 millones de euros, lo que supuso un descenso del 8,8 por ciento con respecto al presupuesto aprobado para 2011. Se trata de una reducción inferior a la media de
reducción del gasto de los Ministerios, que fue del 9,6 por ciento, y una reducción también menor que la de Ministerios con importantes atribuciones para el bienestar y la cohesión social como el de sanidad, servicios sociales e igualdad, que obtuvo
un descenso del 13,7 por ciento, el de educación, cultura y deporte, cuyo presupuesto desciende un 21,2 por ciento con respecto al 2011. Otros ministerios, con importantes funciones para estimular la economía, como el de industria o el de
agricultura vieron recortados sus presupuestos en más del 30 por ciento.
Cuando la mayoría de ministerios sufren recortes aún incluso después de los recortados presupuestos (en mayo se aprobó un recorte de aproximadamente 7.000 millones de euros para sanidad y 3.000 millones de euros para educación), el
presupuesto para defensa se ve notablemente incrementado. Con este crédito extraordinario, el Ministerio de Defensa pasa a ser el único ministerio con mayor presupuesto para 2012 que para 2011. Suma un total de 8.099 millones de euros, lo que
supone un incremento del 16,9 por ciento con respecto al año pasado.
Es realmente difícil justificar socialmente que en la actual situación, en un contexto en el que parece más que claro que el Gobierno español tendrá que pedir un segundo rescate a la UE, se vaya a incrementar el presupuesto del Ministerio de
Defensa. Resulta complicado entender que a los ciudadanos se les rebaje constantemente el poder adquisitivo, que tengan que copagar las medicinas, pagar más por las matrículas universitarias, por los libros de texto de sus hijos, por el IVA de
muchos productos de necesidad, que las cifras del paro aumenten de manera alarmante, que se cancele la Ley de Dependencia, que se recorte el Estado de Bienestar de manera salvaje, mientras se sube el presupuesto en Defensa.
El BNG siempre propuso que se aplicara la tijera al presupuesto de Defensa, con la vuelta de las tropas desplegadas en el extranjero, que se aplicase la tijera antes a gastos superfluos e innecesarios y
que se eliminaran las estructuras administrativas caducas como las diputaciones. Sin embargo, el Gobierno parece ir en la dirección contraria: mantiene Ministerios cuyas competencias están transferidas a las CC.AA, mantiene las
diputaciones provinciales, e incrementa el gasto en Defensa.
Proposición no de Ley:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Mientras perviva la grave situación de crisis económica, suspender los pagos de programas especiales de armamento, y en consecuencia, anular el Real Decreto-ley 26/2012, de 7 de septiembre, que concede un crédito extraordinario de 1.782,7
millones de euros al presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender los pagos de 'programas especiales de armamento'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2012.-M.a Olaia Fernández Davila, Diputada.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto del Congreso.
161/000937
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley sobre racionalización de estructuras orgánicas de Defensa y de las Fuerzas Armadas y los correspondientes planes de Infraestructuras, para su debate ante la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Constitución, las bases de la organización militar están contenidas en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, que en su Título II dedica sendos capítulos al
Ministerio de Defensa y a la Organización de las Fuerzas Armadas.
Diversas normas reglamentarias la desarrollan o complementan. Son especialmente significativas el Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, algunas anteriores a
la propia Ley Orgánica, como el Real Decreto 912/2002, de 6 de septiembre, por el que se desarrolla fa estructura básica de los Ejércitos (parcialmente derogado) y el Real Decreto 913/2002, de 6 de septiembre, sobre representación institucional de
las Fuerzas Armadas, y otras posteriores, entre las que destaca el Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, por el que se establece la organización y el despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, así como de
la Unidad Militar de Emergencias (actualizado por la Orden DEF 13771/2008, de 10 de diciembre), el Real Decreto 308/2007, de 2 de marzo, sobre organización y funcionamiento de las Delegaciones de Defensa, el Real Decreto 787/2007, de 15 de junio,
por el que se regula la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, y la Orden Ministerial 5/2009, de 11 de febrero, de creación del Consejo de Jefes de Estado Mayor.
Su simple enunciado pone de manifiesto la conveniencia de afrontar su actualización y refundición o, al menos, su tratamiento coordinado con una visión global y de conjunto, que permita la racionalización de las estructuras de la Defensa y
de las Fuerzas Armadas.
Esa tarea se hace más perentoria en unos tiempos en los que es necesario definir e implantar un nuevo modelo de Fuerzas Armadas y hacerlo, además, en un contexto que requiere aplicar ajustes presupuestarios, de medios y de efectivos.
Esta es la línea seguida en países de referencia de nuestro entorno, como Francia, Reino Unido, Alemania y EEUU, que están procediendo a racionalizar las estructuras de sus Fuerzas Armadas con la finalidad de mejorar su capacidad de
respuesta en los posibles escenarios de futuro.
Se deben tener muy en cuenta, además de los señalados, los criterios establecidos en la citada Ley Orgánica que han estado más presentes, como es lógico, en la redacción de los Reales Decretos posteriores a su promulgación, sobre todo en lo
que concierne a la estructura operativa de las Fuerzas Armadas y a la organización y despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército
del Aire. En estos momentos es preciso efectuar una revisión de esa organización y despliegue de esa Fuerza, teniendo en cuenta la limitación de recursos, pero mucho más necesario es una reforma en profundidad de los centros directivos y de
las estructuras de mando y control, logísticas y de apoyo, y de los aparatos burocráticos que los acompañan, para estar en condiciones de dar respuesta a un nivel de ambición realista en nuestra política de defensa.
El proceso debe estar orientado a satisfacer las necesidades de carácter general de nuestra defensa pero no debe ignorar los problemas que pueda originar una profunda transformación en los intereses y expectativas del personal militar y
civil afectado, así como en el entorno geográfico y social de referencia, con objeto de diseñar e implementar medidas que minimicen sus efectos negativos.
Lógicamente una racionalización de las 'estructuras' de la Defensa y las Fuerzas Armadas debe ser complementada con una revisión a fondo del Plan Director de Infraestructura de la Defensa para que se adapte a las necesidades de unas Fuerzas
Armadas más reducidas y con una mayor concentración en su despliegue, conciliando en todo caso sus objetivos de fondo con la necesidad de recursos para favorecer la modernizo de equipos e infraestructuras de los ejércitos y la aplicación de
criterios de utilidad social.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Presentar ante esta Cámara en un plazo de seis meses:
1. Un Plan de Racionalización de las estructuras orgánicas de la Defensa y las Fuerzas Armadas, con los ajustes que sean necesarios en los órganos directivos y de mando del Ministerio de Defensa y de los Cuarteles Generales; en la Fuerza
del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y en la Unidad Militar de Emergencias y, especialmente, en el Apoyo a la Fuerza (estructuras periféricas y logísticas, centros de formación, de enseñanza y de investigación y servicios de
sanidad, de apoyo al personal y de acción social).
En ese Plan se dará prioridad a la potenciación de las unidades de la Fuerza que queden definidas en el nuevo modelo de Fuerzas Armadas; se restringirán los órganos directivos y cuarteles generales, eliminando duplicidades, y en el ámbito
logístico y de apoyo se tenderá a lo conjunto aplicando los criterios establecidos en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.
El Plan deberá estar acompañado por medidas de política y gestión de personal, dotaciones económicas e informes de viabilidad en el ámbito del Ministerio de Defensa que hagan factible su implementación.
2. Un documento con los criterios generales del Plan Director de Infraestructura de la Defensa, con el objetivo de satisfacer las necesidades derivadas de la racionalización de estructuras en el modelo al que se refiere el apartado
anterior.
3. Las pautas generales para el establecimiento de programas de acción en localidades y comarcas que puedan verse singularmente afectadas por la desaparición o disminución significativa de efectivos, instalaciones y actividades militares.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2012.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
161/000938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley sobre criterios para el repliegue de los contingentes de las Fuerzas Armadas españolas en Afganistán para su debate ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.
Exposición de motivos
La participación de los militares españoles en la misión ISAF de imposición de la paz en apoyo al Gobierno de Afganistán, amparada por diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se ha desarrollado, en palabras de la
anterior Ministra de Defensa, en el escenario más duro, más complejo y más arriesgado en el que han participado nuestros militares en ya casi un cuarto de siglo de misiones internacionales. Ha constituido un esfuerzo muy significativo de nuestro
país para responder al compromiso con el pueblo afgano, por solidaridad con nuestros aliados y también como un elemento coadyuvante para nuestra propia seguridad.
El Ministro de Defensa en su comparecencia parlamentaria del día 17 de julio del presente año señaló que el programa estimado de repliegue en Afganistán es una misión sujeta a muchos condicionantes y que no se descarta, si la situación, la
seguridad de nuestras tropas y el acuerdo con nuestros aliados lo permiten, un adelanto sobre el anterior calendario.
Los criterios expuestos deben ser puestos en común en sede parlamentaria con la información proporcionada por el Gobierno, al que en todo caso es al que corresponde, según el artículo 5 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la
Defensa Nacional, acordar la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional y, lógicamente, decidir sobre su finalización y repliegue. Pero esa misma Ley Orgánica, en sus artículos 4, 17 y 18, asigna un papel
fundamental al Congreso de los Diputados en la autorización y control de esas operaciones.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Que remita a esta Cámara, para su debate en la Comisión de Defensa, una comunicación sobre el análisis de la misión ISAF en Afganistán y los criterios generales y calendario para el repliegue progresivo de efectivos humanos y medios
materiales de los contingentes de las Fuerzas Armadas españolas en ese país, en el que se tendrán en cuenta las necesidades derivadas de completar las misiones comprometidas; los calendarios y ritmos de repliegue de nuestros aliados; las
exigencias logístico-operativas para recuperar las unidades y medios desplegados y, de forma muy especial, la propia seguridad de nuestros contingentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2012.-Diego López Garrido, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Comisión de Fomento
161/000931
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley
sobre las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo para los residentes en las Comunidades Autónomas de Canarias e llles Balears y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El pasado día 13 de septiembre se aprobó en el Senado una Moción del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno de España a la adopción de determinadas medidas para la mejora de la conectividad de las Islas Canarias, las
llles Balears y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla,
Entre esas medidas, cabe destacar la del punto 5 que, literalmente dice, 'Mantener, siempre que sea compatible con las disponibilidades presupuestarias, el régimen de bonificaciones a los billetes de avión
de los residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, avanzando en la mejora de la eficiencia de dichas subvenciones'.
El Real Decreto 1316/2001, de 30 de noviembre, regula la bonificación en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo para los residentes en las Comunidades Autónomas de Canarias e llles Balears y en las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla, promoviendo con ello la vertebración del territorio y el desarrollo económico y social de las regiones y ciudades favorecidas con dicha subvención.
El Consejo de Ministros, en reunión de 11 de octubre de 2007, aprobó a petición del Ministerio de Fomento un Real Decreto que modifica la normativa existente sobre la bonificación en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo
y marítimo para los residentes de las Comunidades Autónomas de Canarias e llles Balears y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Con esta modificación se garantiza un mayor rigor en la aplicación de las bonificaciones.
En este sentido, la norma aprobada depura el Real Decreto 1310/2001, de 30 de noviembre, destacando, entre otros, los siguientes aspectos:
- Los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea o de los demás Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o Suiza, acreditarán su residencia en territorio insular mediante el certificado de registro
expedido el Registro Central de Extranjeros.
- La declaración expresa de compatibilidad de las bonificaciones con las subvenciones por familia numerosa.
- En el ámbito del transporte aéreo, el concepto de tarifa aérea básica -sobre la que se aplica la bonificación- incluirá el 'cargo por emisión'.
- También en el marco del transporte aéreo, se modifican los ficheros informáticos de datos de los billetes bonificados que deben cumplimentar mensualmente las compañías aéreas para justificar ante el Ministerio de Fomento la aplicación de
las bonificaciones.
Durante aquella legislatura, el Gobierno dio un fuerte impulso a la bonificación en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo para los residentes de las Comunidades Autónomas de Canarias e llles Balears y de las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
El incremento de las ayudas para los trayectos a la península en transporte aéreo y marítimo y para los vuelos interinsulares pasó de cubrir el 33 por ciento del coste del billete en 2004, a cubrir el 50 por ciento en 2007. En lo que
respecta a los trayectos interinsulares marítimos, pasó de cubrir el 10 por ciento en 2004, a cubrir el 25 por ciento. Esta última bonificación se completa con la que aplican las Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias hasta alcanzar el 50 por
ciento de la tarifa.
Incremento de las bonificaciones 2004-2007;;;;
Canarias e Illes Balears;2004;2005;2006;2007
Trayectos directos resto del territorio nacional y transporte aéreo y marítimo.;33%;38%;45%;50%
Trayectos interinsulares:
- Transporte aéreo.;33%;38%;45%;50%
- Transporte marítimo.;10%;15%;22%;25%
Ceuta y Melilla;2004;2005;2006;2007
Trayectos directos resto del territorio nacional transporte aéreo y marítimo.;33%;38%;45%;50%
Las ayudas al transporte aéreo y marítimo facilitan la movilidad de la ciudadanía residente en las Comunidades Autónomas de Canarias e llles Balears y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, en sus desplazamientos hacia el resto del
territorio nacional, incluyendo tanto los enlaces con la Península como las conexiones interinsulares.
Dichas bonificaciones contribuyen al acercamiento de estos territorios, altamente dependiente de esos modos de transporte, con el resto del territorio nacional, cuyos efectos positivos desde el punto de vista social, político, cultural y
económico son inestimables.
Sin embargo, durante la actual legislatura, el Partido Popular ha reducido en 68 millones de euros las subvenciones en apoyo al transporte aéreo y marítimo para los residentes de las Comunidades Autónomas de Canarias e Illes Balears y en las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, y ha implantado la obligatoriedad de la aportación del certificado de residencia, a lo que se une ahora la moción aprobada en el Senado condicionando las subvenciones al transporte aéreo y marítimo a la
disponibilidad presupuestaria, lo que supone un claro desprecio a los ciudadanos de Canarias, Illes Balears, Ceuta y Melilla y a sus instituciones.
La moción del Grupo Popular aprobada en el Senado parece el paso previo al cambio de sistema de bonificaciones y, por consiguiente, al recorte de las mismas, lo que conseguirá alejar más a las Comunidades Autónomas de Canarias e illes
Balears y a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla del resto del territorio nacional.
Si la implantación por el Ministerio de Fomento de la obligatoriedad del certificado de residencia ha sido un ataque a la insularidad, un recorte en el porcentaje de las bonificaciones en el transporte regular de viajeros entre la península
y las Comunidades Autónomas de Canarias e Illes Balears y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla sería todo un atentado a nuestras peculiaridades.
La sospecha del Ministerio de Fomento de que existe fraude en estas bonificaciones en el transporte regular de viajeros basado en que un 6 por ciento de los pasajeros que viajaron bonificados en 2011, es decir, unas 150.000 personas,
pudieron incumplir los requisitos necesarios para disfrutar de esa subvención, no es motivo suficiente para volver a la obligación de aportar el certificado para más de 2,5 millones de pasajeros, sobre todo cuando el Gobierno dispone de otros medios
para acreditar la residencia. Llama la atención, además, que los datos del posible fraude se obtengan de una encuesta realizada por la Dirección General de Aviación Civil entre 600 pasajeros residentes, y que el Gobierno no disponga de datos e
información fidedigna sobre los casos reales detectados, si los hubiere.
Por tanto, consideramos que la medida de la obligatoriedad del certificado de residentes adoptada por el Ministerio de Fomento significa poner bajo sospecha a todos los pasajeros residentes en Canarias, Illes Balears, Ceuta y Melilla. Es
necesario recordar que para los residentes de estas comunidades subirse a un avión no es capricho, ni mucho menos una comodidad; es un derecho que el gobierno debería proteger y, al mismo tiempo, un impedimento geográfico, un obstáculo, que el
Gobierno debería ayudar a salvar. Esta medida ha supuesto una vuelta al pasado, creando dificultades a los ciudadanos, que han tenido que padecer colas humillantes por las incomodidades burocráticas, y a los ayuntamientos, que no estaban preparados
ni disponían medios para asumir la avalancha de solicitudes en plena época estival.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que mantengan las actuales bonificaciones en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo para los residentes en las Comunidades Autónomas de Canarias e Illes Balears y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla, de manera que no se reduzca los porcentajes aplicados.
2. Exigir al Gobierno de España la supresión de la exigencia del certificado de residencia y la puesta en funcionamiento, de manera inmediata, d e un sistema telemático que permita confirmar que los viajeros residentes de Canarias, Illes
Balears, Ceuta y Melilla cumplen los requisitos establecidos cuando se emite el billete, evitando así las enormes molestias que se están ocasionando a los residentes y el trato degradante y discriminatorio que vienen sufriendo en puertos y
aeropuertos, lo que supone una intolerable humillación para quienes se ven criminalizados por ejercer su derecho a desplazarse.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2012.-Sebastián Franquis Vera, José Segura Clavel, Pilar Grande Pesquero, Patricia Hernández Gutiérrez, Pablo Martín Peré, Sofía Herranz Costa, Guillem García Gasulla, M.ª del Carmen
Sánchez Díaz y Antonio Hernando Vera, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Comisión de Educación y Deporte
161/000926
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación y de las Sentencias de 23 y 24 de julio del Tribunal Supremo para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha reiterado, en sentencias de 23 y 24 de julio de este mismo año, que los centros educativos privados que estén financiados con fondos públicos no pueden llevar a cabo una
enseñanza que separe a niños y niñas. Con estas sentencias, el Tribunal no rechaza que exista ese tipo de educación pero concluye que, con arreglo a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los centros docentes que opten por el modelo de
enseñanza diferenciada no pueden ser concertados y por ello no pueden ser sostenidos con fondos públicos. En concreto, el articulo 84.3 de la citada LOE establece que en los colegios de la red pública 'en ningún caso habrá discriminación por razón
de nacimiento, raza; sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social' y este principio es asimismo desarrollado y concretado por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres.
A pesar de estos pronunciamientos del más alto órgano jurisdiccional, algunas Comunidades Autónomas han anunciado que seguirán permitiendo la financiación pública de este tipo de educación, manteniendo los conciertos educativos con centros
que discriminan en la admisión de alumnos por razón de sexo.
El propio Ministro de Educación, Cultura y Deporte, que, por el cargo que ostenta, debería ser el primer interesado en que las administraciones y los ciudadanos cumplan las resoluciones judiciales, ha descartado que vaya a exigirse el
cumplimiento de esta sentencia e incluso ha adelantado su intención de modificar la legislación para que esta financiación pública sea legalmente posible
Esta intención ministerial es inaceptable, especialmente en un momento en el que se están produciendo recortes terribles, dolorosísimos y generalizados en los presupuestos, dedicados a la educación por el Gobierno de la Nación y muchas
Comunidades Autónomas, y en el que la red pública educativa ve mermada su calidad, sus programas de orientación y refuerzo, sus becas e incluso su plantilla de profesorado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 84.3 de la Ley Orgánica de Educación y acatar las Sentencias de 23 y 24 de julio del Tribunal Supremo en esta materia, promoviendo todas aquellas medidas que sean necesarias para
que los centros educativos que discriminan en la admisión del alumnado por razón de sexo y que, a través de la figura del concierto educativo, reciben subvenciones y ayudas de las distintas Administraciones Públicas, opten con carácter urgente entre
su adaptación inmediata a lo establecido en las leyes y la renuncia al concierto educativo y otras ayudas públicas.
2. Destinar a incrementar las partidas dedicadas a becas los créditos presupuestarios procedentes de la posible retirada de los conciertos educativos a los centros que mantengan la segregación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2012.-Mario Bedera Bravo, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
161/000932
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley, sobre
el apoyo a la celebración en Ponferrada del campeonato del mundo de ciclismo en ruta 2014 para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
La ciudad de Ponferrada (León) fue elegida por la Unión Ciclista Internacional (UCI) a finales de 2011 para organizar el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Ruta 2014, tras el intento fallido de organizarlo en 2013, que contó con el apoyo
institucional del Congreso de los Diputados en una Declaración unánime de mayo de 2010.
El éxito de la candidatura de Ponferrada para 2014, venía a dar continuidad a unos campeonatos que ya se habían celebrado en España siete veces: Lasarte (1965), Barcelona (1973 y 1984), Benidorm (1992), San Sebastián (1997) y Madrid (2005).
En esta ocasión la ciudad de Ponferrada contó con el apoyo expreso del Consejo de Ministros y un presupuesto inicial de 15 millones de euros que comprometieron el Ayuntamiento de Ponferrada, la comarca del Bierzo, la Diputación de León, la
Junta de Castilla y León y el Gobierno de España, a través del Consejo Superior de Deportes, que inicialmente comprometió casi el 15 por ciento de la inversión necesaria.
Sin embargo los PGE de 2012 dejaron sin ninguna partida presupuestaria a esta celebración, como a otras previstas anteriormente, sustituyendo la aportación directa por la declaración del Campeonato como de especial interés a efectos de
conceder beneficios fiscales a los patrocinadores y empresas privadas, lo que se consigue a partir de la constitución de un Consorcio en el que estén todas las partes interesadas en la celebración prevista.
El fortísimo recorte presupuestario del Consejo Superior de Deportes y la necesidad de financiar prioritariamente a las Federaciones deportivas, así como la brusca reducción de los presupuestos de todas las administraciones comprometidas con
Ponferrada y la celebración del Mundial de Ciclismo en 2014, han llevado a una situación límite la celebración, que está en riesgo si no se hace frente al pago del canon obligatorio que exige la UCI, de cinco millones de euros, así como de las
inversiones en infraestructuras indispensables, con todo el rigor que exigen los tiempos que estamos viviendo.
Parece indispensable por todo ello hacer un esfuerzo adicional para no perder la celebración del Campeonato del Mundo de Ciclismo en Ruta 2014 en Ponferrada, que aportaría sin duda grandes beneficios económicos a esta ciudad, a toda la
comarca del Bierzo y a la provincia de León.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Pedir al Gobierno de España que acelere la constitución del consorcio fiscal con los Ministerios de Hacienda y Educación, Cultura y Deporte, para poder poner en marcha de manera inmediata los beneficios fiscales previstos en los PGE 2012
y poder atraer patrocinadores privados.
2. Que el Consejo Superior de Deportes comprometa las partidas presupuestarias indispensables ya acordadas anteriormente para poder junto a las restantes administraciones públicas del territorio hacer frente a las infraestructuras
requeridas para poder celebrar el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Ruta 2014 en Ponferrada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2012.-Manuel Pezzi Cereto, José Antonio Alonso Suárez y Helena Castellano Ramón, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000925
A La Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la declaración de 2013
como año de la Biotecnología en España, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico define la Biotecnología como la aplicación de la ciencia y la tecnología a los organismos vivos con el fin de alterar materiales vivos e inertes para el desarrollo de
conocimientos, bienes y servicios.
El crecimiento experimentado por la Biotecnología en el siglo XX y principios del siglo XXI ha proporcionado beneficios a la sociedad en forma, por ejemplo, de diagnósticos moleculares cada vez más precisos, de tratamientos, de vacunas más
eficaces y seguras, de nuevos antibióticos, o de proteínas con fines terapéuticos.
El 'Informe sobre la relevancia de la Biotecnología en España 2011', elaborado por la Fundación Genoma España, pone de manifiesto que la presencia científica española en el ámbito de la Biotecnología es cada vez mayor, pues nuestro país fue
responsable del 3 por ciento de la producción científica mundial en este sector en 2010.
Según el Instituto Nacional de Estadística, el personal empleado en la investigación y el desarrollo ligados a la Biotecnología ascendía a casi 22.000 personas en 2009. Además, el número de empresas del sector ha aumentado un 359 por ciento
en la última década y su facturación ha crecido más del 600 por ciento. El ritmo de crecimiento anual para alcanzar estos niveles de facturación ha sido del 23 por ciento, lo que ha hecho posible que el impacto de la Biotecnología en el PIB
(Producto Interior Bruto) de nuestro país sea cercano al 1 por ciento.
En el desarrollo de una economía basada en el conocimiento, la Biotecnología es un nexo de unión entre la investigación académica y el sector empresarial en el que hay margen de mejora en solicitudes de patentes, colaboración entre el sector
público y el privado, divulgación científica y transferencia de tecnología.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Impulsar la declaración de 2013 como el año de la Biotecnología en España'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular del Congreso.
161/000927
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, una Proposición no de Ley sobre la consideración del pan sin gluten como alimento básico, con la consiguiente aplicación del IVA superreducido del 4 por ciento.
Antecedentes
Se calcula que en Europa padecen celiaquía el 1 por ciento de la población, sobre todo mujeres (son el doble que los hombres afectados). Se trata de una enfermedad permanente, sin mejora ni cura, y su tratamiento consiste en seguir una
dieta estricta sin gluten toda la vida. La intolerancia al gluten -presente en el trigo, cebada, centeno, avena- provoca en las personas que tienen esta predisposición genética una reacción inflamatoria en la mucosa intestinal. Ello les impide una
correcta absorción de los nutrientes y les causa una larga lista de problemas intestinales (vómitos, diarreas, dolor...).
El problema de los afectados por celiaquía no se ciñe únicamente a la hora de realizar la compra y encontrar alimentos sin gluten con cierta facilidad, e ir siempre con las listas de marcas certificadas y leyendo la letra pequeña de cada
alimento que adquieran, sino que tiene también una importante repercusión económica, los productos sin gluten son más caros. El problema más grave es el precio, así, a modo de ejemplo, una barra de pan sin gluten cuesta un 523 por ciento por ciento
más que una de trigo; unos macarrones, 441,8 por ciento más; las madalenas, 526 por ciento y la lista continua, en resumen, según la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE) la cesta de la compra de un celíaco es un 280 por ciento
más costosa que la de un consumidor que sí tolera el gluten, lo que supone como mínimo L525,18 euros más al año.
Si como decimos el sistema digestiva de un celiaco no tolera el pan elaborado con trigo, por tanto no tolera el pan común catalogado como alimento básico, y necesariamente precisa consumir el pan sin gluten, dicho producto debería
catalogarse como básico para un celiaco, único consumidor de este producto.
Actualmente, el pan sin gluten se cataloga como pan especial, en vez de catalogarse como alimento básico y en consecuencia no es considerado como producto de primera necesidad. Ello significa que no se le aplica el IVA superreducido del 4
por ciento, es decir, el pan sin gluten a pesar de ser de primera necesidad para las personas celiacas al no poder optar por ningún otro, es catalogado como especial con un gravamen actualmente del 10 por ciento, una discriminación totalmente
injusta por padecer una enfermedad.
En síntesis, las personas afectadas por celiaquía ya asumen un coste mayor por la adquisición de productos elaborados sin gluten dado que su preparación requiere condiciones y materias primas especiales, pero no tienen porque asumir unos
tipos impositivos distintos a los aplicados a productos similares elaborados con gluten.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la legislación pertinente al objeto de catalogar el pan sin gluten como básico, con la consecuente aplicación del IVA superreducido del 4 por ciento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000936
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley de apoyo a la conmemoración del día mundial del Alzheimer y protección de los derechos de las personas en situación de dependencia, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El 21 de septiembre es la fecha elegida por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Alzheimer para celebrar el día mundial del Alzheimer. Esta conmemoración tiene como finalidades informar y dar a conocer la
enfermedad; colaborar con las familias en su lucha contra esta patología; defender los intereses de las personas que padecen esta enfermedad y sus familiares; solicitar el apoyo y la solidaridad de la población en general, de instituciones y de
organismos oficiales.
Más del 60 por ciento de todos los casos de demencia detectados corresponden a la enfermedad de Alzheimer. En todo el mundo hay 36 millones de personas afectadas. En España conviven directa o indirectamente con esta patología tres millones
y medio de personas. Aunque se dan casos de comienzo más temprano, la enfermedad afecta fundamentalmente a la población mayor de 65 años. Por eso es en los países desarrollados, con mayor esperanza de vida, donde hay más pacientes.
Las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencias disfrutan en la actualidad de unas condiciones de atención mucho mejores que hace apenas treinta años debido a los avances que se han producido en diversos
ámbitos: incremento de la inversión en investigación, mejora de los tratamientos tanto farmacológicos como no farmacológicos, aprobación de la Ley de la Dependencia, etc.
En coherencia con este esfuerzo, el Gobierno español declaró el año 2011 como 'Año Internacional para la Investigación de Alzheimer y Enfermedades Neurodegenerativas'. El objetivo de esta iniciativa fue divulgar los grandes retos del
Alzheimer y apoyar proyectos de investigación promovidos por la Fundación Reina Sofía y la Fundación Pasqual Maragall.
En el momento actual, en el que la dimensión de la enfermedad y de sus efectos exigiría un mayor esfuerzo por parte de las administraciones públicas, se están produciendo retrocesos significativos como el repago sanitario y farmacéutico o el
desmantelamiento de la Ley de Dependencia.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia vino a reconocer el derecho de las personas que no pueden valerse por sí mismas a ser atendidas por los poderes
públicos. La aprobación de esta Ley supuso un enorme avance en la mejora de la calidad de vida para las personas con enfermedad de Alzheimer y sus familias.
Una de las primeras medidas del actual Gobierno fue la decisión de paralizar el calendario de aplicación de la Ley impidiendo a casi 400.000 personas con dependencia moderada acceder a una prestación o servicio. Posteriormente, en los
Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno eliminó una de las vías de financiación, la partida para el nivel acordado que ascendía a 283 millones de euros. Continuando con el proceso de desmantelamiento del Sistema, el Real Decreto-ley 20/2012,
de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad introdujo numerosas modificaciones en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia. Entre estas modificaciones destaca la supresión de los dos niveles en que se dividía cada grado; la reducción en un 13 por ciento de la aportación de la Administración General del Estado para la financiación del nivel
mínimo de protección; la reducción en un 15 por ciento de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, la eliminación del abono por parte de la Administración General del Estado de las cotizaciones correspondientes al convenio
especial en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Manifiesta su apoyo y adhesión a la conmemoración del día mundial del Alzheimer.
2. Insta al Gobierno a reponer en sus derechos a las personas en situación de dependencia, derogando todas las medidas que han supuesto recortes en el Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia y devolviendo a su redacción
original la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (BOE 15-12-2006).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2012.-Rosa Aguilar Rivero, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Comisión de Cultura
161/000924
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
acuerdo de reciprocidad con las autoridades eclesiásticas, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El Patrimonio Histórico Español constituye la expresión de la identidad de nuestro pueblo, es testimonio de su trayectoria histórica y manifestación de su riqueza y diversidad cultural.
Ya la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985, una Ley del primer gobierno socialista, reconoce el valor del Patrimonio Histórico Español como elemento de identidad cultural y de riqueza colectiva y expresa la aportación histórica de
los españoles a la cultura universal. Entiende y reconoce la sensibilidad de los ciudadanos en torno a los bienes culturales, pues de la propia revalorización ciudadana de los bienes culturales emana su conversión en parte integrante del Patrimonio
Histórico y, consecuentemente justifica la inversión pública en su protección y conservación.
Reconocemos, por tanto, que es innegable la función social inherente a todo Bien Cultural y que el objetivo último de la acción del Gobierno no puede ser otro que el acceso de la ciudadanía a los bienes que constituyen nuestro Patrimonio
Histórico. Así lo han entendido los diferentes Gobiernos en su apuesta por la conservación del Patrimonio en general y eclesiástico en particular.
Cuantiosas y numerosas han sido las inversiones en bienes propiedad de la iglesia a lo largo de los años, apoyadas en esta convicción de que son parte fundamental del Patrimonio Histórico Español, esencia de nuestra historia y del legado a
nuestros hijos que debe ser conservado, conocido y disfrutado por la ciudadanía.
Y, aún a sabiendas de que la responsabilidad de la conservación y mantenimiento de un Bien de Interés Cultural (BIC) corresponde a su titular, así se establece en la Ley del Patrimonio Histórico Español, apoyamos sin fisuras todas las
medidas de protección y fomento que se dirijan a favorecer el mayor acceso y disfrute de los ciudadanos y ciudadanas al rico Patrimonio Histórico y Cultural español.
Pero también recoge esta Ley que los propietarios están obligados a permitir y facilitar la visita pública a BIC en condiciones de gratuidad. Sin embargo, la realidad es bien distinta, y el acceso de la ciudadanía a los BIC de titularidad
de la iglesia en ocasiones difícil y arbitraria, incluso a aquellos restaurados con fondos públicos con dinero de todos los españoles. En la práctica resulta imposible visitar y conocer la mayor parte de estos bienes, cuando los ciudadanos
encuentran la puerta cerrada o sujeta a doble pago.
Lo cual quiebra el equilibrio mismo de reciprocidad que es exigible por la ciudadanía que se ve privada del disfrute de un Patrimonio al que ha contribuido a mantener, conservar y proteger.
Por otro lado, a España se le reconoce mundialmente su rico Patrimonio Histórico y Cultural, un elemento clave en la elección como destino turístico y que influye decisivamente en el desarrollo económico de este país, lo que adquiere mayor
importancia en el momento actual, no sólo desde el punto de vista de crecimiento económico, sino también desde la recuperación de la imagen de nuestro país en el ámbito internacional.
El innegable derecho de la ciudadanía a disfrutar de los bienes del Patrimonio Español unida a la firme voluntad de conservar, proteger y divulgar el rico Patrimonio, entre otros el eclesiástico, exige una intervención inmediata del Gobierno
de la nación a fin de establecer un espacio de diálogo que garantice ese derecho, en las mismas condiciones de horario y gratuidad exigibles a cualquier Bien de Interés Cultural del Patrimonio Español y, consecuentemente, subsane este desequilibrio
que grava a los españoles y que es contrario al desarrollo económico y cultural de nuestro país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Establecer un Espacio de Diálogo con la Autoridad Eclesiástica, a fin de alcanzar acuerdos que garanticen el acceso y disfrute de la ciudadanía a los Bienes de Interés Cultural, propiedad de la Iglesia
Católica. Un diálogo que contribuya a superar los obstáculos y desequilibrios existentes y que busque las mejores condiciones de acceso, conocimiento y divulgación del patrimonio español, contribuyendo, con ello, al desarrollo cultural,
educativo, turístico, social y económico de España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2012.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.- Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
161/000930
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la preocupante situación en que se encuentran los legados literarios
de algunos destacados miembros de la llamada 'Generación del 27', para su debate en la Comisión de Cultura,
'La poesía no quiere adeptos, quiere amantes' (Federico García Lorca)
En los últimos meses han ido apareciendo distintas y, a veces, preocupantes noticias referidas a miembros de la llamada 'Generación del 27'. Un medio de comunicación tituló recientemente, 'La generación del 27 pide auxilio', y no es
gratuito el encabezamiento pues la conservación y difusión de los legados literarios de destacados miembros de ese grupo generacional, es el caso de Rafael Alberti, Federico García Lorca, Miguel Hernández o el Premio Nobel de Literatura Vicente
Aleixandre..., se encuentran en una preocupante situación debido a la crisis económica, a pugnas políticas y a choques entre herederos e instituciones.
Por los motivos que todos conocernos debieron pasar cuarenta largos años para que esta `constelación' de autores del 27, fuera reconocida como una de las más importantes de la historia de la literatura española. Ahora, por distintas
razones, la sombra del silencio vuelve a amenazar su herencia. La crisis económica, la mala gestión y litigios de diversa índole amenazan la conservación y difusión de sus legados culturales.
La necesidad de preservar la memoria y de hacer viable la identidad de la lengua se está viendo entorpecida en su gestión y desarrollo por múltiples circunstancias. 'La pérdida de cualquier legado o su no uso es un atentado a la cultura.
Si no somos capaces de valorar la importancia de los legados culturales de la generación del 27 u otras generaciones y crear espacios de especial atención para ellos es que, como país, somos un desastre', ha valorado a un medio de comunicación José
Carlos Rovira, catedrático de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Alicante.
El mantenimiento del legado cultural, el adecuado uso del mismo y el compromiso responsable con las generaciones futuras son elementos que no debieran entenderse como de izquierdas o de derechas. La cultura con mayúsculas y, por ende, la
'Generación del 27', nos pertenece a todos, es decir, a todos nos concierne el deber de su protección y difusión, ya que es parte del ser humano conservar aquello que forma parte su identidad. 'Todo es compatible; sólo hay que empatizar y
solidarizarnos con hechos', señalaba recientemente un ciudadano en su comentario tras la lectura de una información sobre el asunto que motiva esta iniciativa.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Elaborar un informe de situación que detalle las circunstancias en las que están inmersos los legados literarios de destacados miembros de la 'generación del 27' a los que esta iniciativa hace referencia.
Este informe, una vez concluido, se remitirá a la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados para que se debatan las posibles soluciones alternativas y se encuentre un espacio común donde poner en salvaguarda este ámbito de nuestra
identidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2012.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000928
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, una Proposición no de Ley sobre la modificación del Reglamento General de Conductores en relación a la incapacidad potencial para conducir de las personas que padecen esclerosis múltiple o
lesiones medulares.
Antecedentes
El Anexo IV del Real Decreto 818/2009, que aprueba el Reglamento General de Conductores, regula las aptitudes psicofísicas requeridas para obtener o prorrogar la vigencia del permiso o de la licencia de conducción y en su apartado 9
especifica las que corresponden al sistema nervioso y muscular.
En relación a la obtención del permiso para conducir para las personas que padecen esclerosis múltiple, cabe señalar la existencia de una problemática doble. Por una parte, parece ser que al menos la mitad de las personas con esclerosis
múltiple no comunican que padecen la enfermedad si esta no tiene síntomas visibles y superan las pruebas de valoración de los Centros de Reconocimiento sin problemas.
Esta situación les puede acarrear problemas legales y de seguros en caso de accidente, al haber ocultado la enfermedad.
Por el contrario, si el enfermo declara tener esclerosis múltiple, debe aportar no solo un informe genérico sobre la enfermedad, sino también un informe del neurólogo diciendo que son aptos para conducir, ya que según han puesto de
manifiesto diversas asociaciones, el hecho de que el Real Decreto antes mencionado incluya a enfermedades como la esclerosis múltiple como causa de incompatibilidad con la conducción, ha dado origen a los problemas con la aplicación informática, que
hacen que se deban aportar los dos informes.
Existen muchas enfermedades a las que no se puede asociar una incapacidad potencial para conducir como son la senectud, la esclerosis múltiple o otras enfermedades neurológicas como las lesiones medulares, por lo que la valoración del Centro
de Reconocimiento debería ser suficiente para determinar la aptitud de un conductor para conducir, ya que de lo contrario es trasladar responsabilidades sin aportar ningún valor añadido real al proceso de valoración.
Por otro lado, para conseguir solventar la problemática expuesta y en consonancia con el Plan Estratégico de Seguridad Vial 2010-2020, aprobado en Consejo de Ministros el pasado mes de febrero, corresponde a la DGT trabajar en cinco áreas de
actuación, siendo una de ellas la Reforma del sistema de obtención y reobtención del permiso de conducir.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Crear un grupo de trabajo en el que se incorpore la Sociedad española de Neurología para revisar el apartado 9 del Real Decreto 818/2009 relativo al sistema nervioso y muscular, para actualizar y subsanar posibles errores.
2. Realizar las modificaciones necesarias en el Anexo IV del Real Decreto 818/2009, que aprueba el Reglamento General de Conductores, para adecuar los criterios de aptitud requeridos en el epígrafe 9.1 que afecta a la esclerosis múltiple y
a otras enfermedades neurológicas como las lesiones medulares.
3. Modificar el sistema de obtención y reobtención del permiso de conducir cuando el diagnóstico de una enfermedad como la esclerosis múltiple no sea un inconveniente más allá de la aptitud y capacidad acreditada en el sistema de valoración
de la capacidad de los conductores, debiendo ser este suficiente y no necesitando nuevas pruebas e informes complementarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000935
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
apoyo a la conmemoración del día mundial del Alzheimer y a una política integral de Alzheimer, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Alzheimer eligieron la fecha del 21 de septiembre para celebrar el día mundial del Alzheimer. Los actos organizados en nuestro país en torno a esta conmemoración tiene un
doble objetivo; por un lado, sensibilizar a la sociedad española acerca de esta 'epidemia del siglo XXI', así como sus consecuencias sociosanitarias; y por otro lado, desarrollar una campaña de educación sanitaria dirigida a promover la prevención
de esta patología, que afecta a más de 3,5 millones de personas en España, entre quienes la padecen directamente y sus familiares cuidadores.
El Gobierno español declaró el año 2011 como 'Año Internacional para la Investigación de Alzheimer y Enfermedades Neurodegenerativas. Fue una iniciativa promovida por la Fundación Reina Sofía y la Fundación Pasqual Maragall, con el apoyo
del gobierno, Ministerio de Ciencia e Innovación, del Ministerio de Sanidad y Política Social, del Ministerio de Economía y Hacienda, de la Fundación Centro de Investigación Enfermedades Neurológicas y del Instituto de Salud Carlos III. Otras
entidades participantes fueron el Centro de referencia estatal de Alzheimer de Salamanca dependiente del IMSERSO, la Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) y la Asociación para las familias con
Alzheimer (AFAL Contigo). El objetivo de esta iniciativa fue divulgar los grandes retos del Alzheimer y apoyar proyectos de investigación.
Las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencias disfrutan en la actualidad de unas condiciones de atención mucho mejores que hace apenas treinta años debido a los avances que se han producido en diversos
ámbitos: incremento de la inversión en investigación, mejora de los tratamientos tanto farmacológicos como no farmacológicos, aprobación de la Ley de la Dependencia, etc. Sin embargo, la dimensión tanto de la enfermedad como de sus efectos o
consecuencias exige poner encima de la mesa un planteamiento integrador de abordaje específico. Por ello, las asociaciones que representan a las personas con enfermedad de Alzheimer y sus familias demandan que el Gobierno articule las medidas
oportunas que permitan hacer frente a las necesidades (sociales, sanitarias, económicas, etc.) que el Alzheimer va a generar, y ello sólo será posible si se dispone de una adecuada Política integral de Alzheimer que supere las diferencias políticas
y se centre en el abordaje claro y decidido de esta epidemia del siglo XXI.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Manifiesta su apoyo y adhesión a la conmemoración del día mundial del Alzheimer.
2. Insta al Gobierno a:
? Llevar a cabo una política integral de Alzheimer que contemple los aspectos sanitario, social y de apoyo a la investigación.
? Elaborar un Libro Blanco que inspire las líneas maestras de dicha política.
? Contar para todo ello con las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias y con las organizaciones representativas de este colectivo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2012.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Igualdad
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2012.-P. D., El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
181/000557
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad
Diputada doña Lourdes Ciuró i Buldó
Texto:
Al Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad:
¿En qué estado de elaboración se encuentra el anunciado Plan Integral de Apoyo a la Conciliación, siendo la Conciliación de la vida laboral, personal y familiar un objetivo anunciado por el actual Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2012.-Loudes Ciuró i Buldó, Diputada.
181/000558
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad
Diputada doña Lourdes Ciuró i Buldó
Texto:
Al Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad:
¿Comparte el Gobierno la necesidad de retirar los anuncios de prostitución de la prensa generalista, a la vista del informe del Consejo de Estado de fecha 9 de marzo de 2011, y en caso afirmativo, qué acciones legales tiene previsto
realizar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2012.-Lourdes Ciuró i Buldó, Diputada.
181/000559
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en Comisión de Igualdad
Diputada doña Lourdes Ciuró i Buldó
Texto:
Al Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad:
¿Qué acciones tiene previsto el Gobierno implementar para ejecutar el Programa para la Igualdad de Género, que tiene previsto destinar 1.800.000 euros, provenientes del Espacio Económico Europeo a la lucha contra la brecha salarial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2012.-Loudes Ciuró i Buldó, Diputada.
Nota:
Advertidos errores en el BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 153 de 2 de octubre de 2012 el ejemplar con cve: BOCG-10-D-153 se ha sustituido por el presente con cve: BOCG-10-D-153-C1.