BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


SECCIÓN CORTES GENERALES


X LEGISLATURA


Serie A: ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS


13 de octubre de 2014

Núm. 327

ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY/MOCIONES


Comisión Mixta para la Unión Europea


161/003071 (CD) 663/000083 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se reclama la incorporación de Ceuta y Melilla al Comité de las Regiones, órgano consultivo que representa a los entes
regionales y locales de la Unión Europea ... (Página2)


Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas;;


161/003075 (CD) 663/000084 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el incremento de recursos destinado a combatir más eficazmente el consumo de drogas y demás adicciones ... href='#(Página3)'>(Página3)


661/000577 (S) 161/003094 (CD);Moción presentada por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) por la que se insta al Gobierno a confeccionar y presentar un informe sobre los cambios necesarios en la Ley 17/1967, de 8 de abril,
por la que se actualizan las normas vigentes sobre estupefacientes y adaptándolas a lo establecido en el convenio de 1961 de las Naciones Unidas, y en el Código Penal, basándose en los acuerdos y recomendaciones en materia de drogas adoptados a
escala europea ... (Página5)

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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY/MOCIONES


Comisión Mixta para la Unión Europea


161/003071 (CD)


663/000083 (S)


La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


Autor: Grupo Parlamentario Socialista.


Proposición no de Ley por la que se reclama la incorporación de Ceuta y Melilla al Comité de las Regiones, órgano consultivo que representa a los entes regionales y locales de la Unión Europea.


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para la Unión Europea. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Senado, al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2014.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley que
reclame la incorporación de Ceuta y Melilla al Comité de las Regiones, órgano consultivo que representa a los entes regionales y locales de la Unión Europea, para su debate en la Comisión Mixta para la Unión Europea.


Exposición de motivos


Desde que se crea el Comité de las Regiones por la entrada en vigor, el 7 de febrero de 1992, del Tratado de Maastrich, este órgano, llamado a ser la voz de las Regiones y los Gobiernos Locales europeos en los procesos decisorios de las
políticas comunitarias, ha venido respondiendo a la necesidad de que Gobiernos Locales y Regiones participasen en la construcción europea. Esta necesidad de participación se ha hecho tan evidente que todos los Tratados europeos suscritos con
posterioridad han ido reforzando, competencial e institucionalmente, al Comité.


Finalmente, la entrada en vigor del Tratado de Lisboa refuerza el papel institucional del Comité de las Regiones y garantiza una mayor participación de los Gobiernos Locales en la aplicación y evaluación de las políticas comunitarias.


Posibilidades como la de interponer recurso ante el Tribunal de Justicia europeo contra aquellas nuevas iniciativas legislativas de la UE que consideren que vulneran el principio de subsidiariedad; ser consultado por el Parlamento Europeo,
y no sólo por la Comisión y el Consejo en nuevas áreas políticas, como la energía y el cambio climático; participar de las reuniones para debatir y aprobar los dictámenes sobre una o varias políticas fundamentales: cohesión territorial, política
económica y social, desarrollo sostenible, cultura, educación e investigación, asuntos constitucionales y relaciones exteriores; y

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finalmente, la posibilidad de influir, son algunas de las cuestiones principales que se cercena a la Ciudad Autónoma de Ceuta y a la Ciudad Autónoma de Melilla.


El CDR trabaja también en nombre de todos los entes regionales y locales de Europa, luchando por su derecho a disponer de los recursos financieros apropiados para el ejercicio de sus responsabilidades, promoviendo los principios y
procedimientos de buena gobernanza y fomentando el proceso de descentralización. También favorece la cooperación entre los entes regionales y locales de los Estados miembros, así como con los entes correspondientes de los países candidatos, de los
países candidatos potenciales, de Estados vecinos y de terceros Estados, cuestión esta última, de mayor sentido, si cabe, en el caso de las dos ciudades autónomas por ser territorio frontera sur terrestre de la Unión en el continente africano.


Esta condición de territorios frontera, imprime un carácter de mayor justificación en la inclusión en el Comité de las Regiones, al ser este órgano y sus miembros, sobre todo, y así lo recoge el Tratado de Lisboa, embajadores de Europa en
sus respectivas regiones, ciudades y municipios, en cuyos portavoces se erigen en el debate europeo, y contribuyen también a explicar y dar cuenta de la ejecución y el impacto territorial de las políticas comunitarias a nivel local y regional.


Las Ciudades Autónomas por su naturaleza jurídica que les confieren sus estatutos de autonomía y que les otorga y reconoce competencias propias a semejanza de las Comunidades Autónomas, han de tener el derecho de representarse a si mismas
como un territorio más del Estado Español en el Comité de las Regiones.


El carácter además de regiones receptoras de fondos estructurales europeos al mismo nivel del resto de comunidades autónomas refuerza aun más, la necesidad de la mencionada representación y capacidad de opinión y derecho de consulta sobre
las decisiones que nos afecten.


La delegación española está formada por 21 miembros, dentro de los cuales han de estar las ciudades autónomas.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'La Comisión Míxta de la Unión Europea insta al Gobierno a buscar un acuerdo para la aprobación por parte del Gobierno de España de un nuevo reparto de asientos en la delegación española del Comité de las Regiones que de entrada, a las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por ser de justicia y en aras a una plena representatividad de todos los territorios españoles en el Comité.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2014.-Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, Diputado.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas


161/003075 (CD)


663/000084 (S)


La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


Autor: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Proposición no de Ley sobre el incremento de recursos destinado a combatir más eficazmente el consumo de drogas y demás adicciones.


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que es la Comisión Mixta la que insta al Gobierno a la adopción de las medidas correspondientes, admitirla a trámite como

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Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado, al Grupo proponente y
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2014.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, una Proposición no de Ley sobre el incremento de recursos destinado a combatir más eficazmente el consumo de drogas y demás adicciones.


Antecedentes


Las prevalencias de consumo drogas, alcohol y otras adicciones por parte de la población se mantienen en cotas muy elevadas, incluso con incrementos en el consumo diario de las drogas más accesibles. Según la última Encuesta sobre alcohol y
drogas en población general en España 2011-2012 (EDADES) la estimación de la prevalencia del consumo de alcohol de riesgo fue de un 2,2% (1,9% en los hombres y un 2,5% en las mujeres), en lo que respecta a otras drogas se constata un ligero aumento
del consumo de tranquilizantes y somníferos. Asimismo, se han observado incrementos en las conductas y consumos de riesgo en la población de entre 14 a 18 años, en relación al consumo de alcohol e hipnosedantes. Por otro lado, el número de
tratamientos iniciados se ha incrementado ligeramente en los casos relacionados con el consumo de alcohol.


Además de la dependencia en si que comportan las adicciones, cabe señalar que el consumo de riesgo de alcohol y otras drogas tienen una relación directa con la accidentalidad viaria, con relaciones sexuales de riesgo y violencia, así como
las elevadas prevalencias de hepatitis C y coinfección con HIV en consumidores de drogas, así como con actividades delictivas.


Las consecuencias derivadas del consumo de drogas legales e ilegales constituye un problema de salud pública que afecta a los grupos sociales en situación de mayor vulnerabilidad: adolescentes, jóvenes y determinados grupos poblacionales
que por diversas causas se encuentran expuestos a más factores de riesgo que la población en general. De entre las circunstancias que alientan la probabilidad de consumir drogas cabe destacar: la elevada disponibilidad y facilidad de acceso a
diversas drogas (legales o ilegales), el paro acompañado de la falta de perspectivas laborales, y obviamente la crisis económica. Esta última puede haber influido en la disminución del consumo de las drogas más costosas, pero ha aumentado el
consumo de nuevas sustancias psicotrópicas, y sobretodo ha incidido muy negativamente en las posibilidades de reinserción sociolaboral de las personas con problemas de drogodependencia.


El Informe sobre las perspectivas de futuro en el abordaje de las actuales y nuevas adicciones legales e ilegales, elaborado por la Ponencia creada en el seno de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las drogas, recoge una
veintena de recomendaciones que deberían guiar las políticas de las diferentes administraciones implicadas en el abordaje de las actuales y nuevas adicciones, las cuales contribuirían a dar respuesta a las problemáticas planteadas, no obstante, su
implementación tiene un coste.


Para que la política de lucha contra las adicciones sea eficaz necesitamos más recursos, y estos han sufrido un fuerte descenso en el último cuatrienio. Cabe destacar también que la mayor parte de actuaciones encaminadas a la prevención, la
detección precoz y acceso a los tratamientos corresponde a competencias de las comunidades autónomas, administraciones que en las que se ha centrado la mayor parte del ajuste del sector público en España.

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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar y dar cumplimiento a las recomendaciones del Informe sobre las perspectivas de futuro en el abordaje de las actuales y nuevas adicciones legales e ilegales, elaborado por la Ponencia creada en el seno de la Comisión Mixta para
el Estudio del Problema de las drogas, lo cual requiere incrementar significativamente los recursos presupuestarios destinados a estas políticas, los cuales en su mayor parte corresponde gestionar a las comunidades autónomas.


2. Aumentar la dotación presupuestaria destinada a las Comunidades Autónomas para hacer frente al Plan Nacional sobre Drogas, con el fin de garantizar la continuidad de los programas existentes, así como dar viabilidad a los de nueva
aprobación.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


661/000577 (S)


161/003094 (CD)


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.


Moción en Comisión.


Autor: Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


Moción por la que se insta al Gobierno a confeccionar y presentar un informe sobre los cambios necesarios en la Ley 17/1967, de 8 de abril, por la que se actualizan las normas vigentes sobre estupefacientes y adaptándolas a lo establecido en
el convenio de 1961 de las Naciones Unidas, y en el Código Penal, basándose en los acuerdos y recomendaciones en materia de drogas adoptados a escala europea.


Acuerdo:


Entendiendo que es la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas la que insta al Gobierno, admitir a trámite, conforme al artículo 177.1 del Reglamento de la Cámara y disponer su conocimiento por dicha Comisión; asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno, al Congreso de los Diputados, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (sección Cortes Generales).


En consecuencia se ordena la publicación en la Sección Cortes Generales del BOCG, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 19 de diciembre de 1996.


Palacio del Senado, 7 de octubre de 2014.-P.D. El Letrado Mayor del Senado, Manuel Cavero Gómez.


A la Mesa del Senado


El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el vigente Reglamento del Senado, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Estudio del Problema de las Drogas.


Exposición de motivos


Los operadores sociales privados y, sobre todo, los públicos tenemos la obligación de velar por la salud pública: salud física, mental y social.

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Para ello es importante luchar contra los efectos indeseables de las adicciones, no solo a medicamentos, alimentos o drogas sino también a actividades sociales o de ocio, preservando de manera especial a los menores, por los nocivos efectos
que todas las adicciones pueden tener en su crecimiento y desarrollo físico y social.


También es esencial luchar contra los tráficos ilegales de sustancias, porque no podemos permitir que nadie se enriquezca a costa de la desgracia que puede suponer una adicción, especialmente a las sustancias más adictivas y más
destructivas, ni que estas actividades delictivas pongan en peligro los frágiles equilibrios sociales.


Pero, a pesar del marco legal y normativo y los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas, las adicciones legales y, sobre todo las ilegales, no han disminuido, ni mucho menos desaparecido.


En cualquier caso, es imprescindible hacer compatible el respeto al derecho individual al consumo con el derecho colectivo a preservar la salud pública.


Es obligación de todos:


- Evitar, por todos los medios, el consumo y el acceso a sustancias y actividades adictivas a los menores de edad y otros colectivos vulnerables.


- Conseguir que, si existe, sea un consumo normalizado, no abusivo y trabajar para convertir los hábitos abusivos en consumos normalizados.


-Dar a conocer los riesgos derivados del consumo abusivo e incontrolado entre los colectivos de consumidores.


- Conseguir sacar a los consumidores del mercado ilegal de sustancias estupefacientes.


- Eliminar los riesgos para la salud derivados de la falta de calidad de las sustancias adictivas o de la inconstancia de la misma.


La vigente ley española de estupefacientes de 1967 se promulgó para legislar sobre lo recogido en la Convención Única sobre Estupefacientes de la ONU de 1961.


Una norma en la que se regulan el cultivo, la producción, la fabricación, el tráfico ilícito, la posesión, el uso y consumo de sustancias denominadas estupefacientes.


Por otro lado, desde 1974, la jurisprudencia viene manteniendo una postura respetuosa con los derechos individuales, considerando que la posesión y consumo de drogas para uso propio no constituyen delitos penales, aunque sí pueden existir,
en su caso, responsabilidades de tipo administrativo, por consumos en lugares públicos, por ejemplo.


En la misma línea, el consumo compartido y la donación altruista o compasiva quedan también excluidos del tipo básico del artículo 368 del Código Penal, por no considerarse el consumo entre personas adictas o habituales al mismo, como un
acto de difusión de las drogas entre terceras personas indeterminadas. Especialmente cuando éste se desarrolla en un recinto o círculo cerrado, sin contraprestación alguna y en cantidades asimilables a un consumo no abusivo.


Basándose en esta realidad jurídica, surgen los llamados Clubes Sociales de Cannabis: asociaciones de personas interesadas en consumir una sustancia adictiva (el cannabis) en las mejores condiciones posibles, para ellas mismas y para la
sociedad.


Asociaciones legalmente reconocidas que, por sus objetivos, por su condición de entidades sin ánimo de lucro y por sus condiciones operativas y de gestión, cumplen con los preceptos anteriormente expuestos y son una experiencia a tener en
cuenta y a preservar.


En cambio, nos encontramos con que una ley promulgada hace casi 50 años, reflejo de una sociedad y unos valores sociales y personales ya ampliamente superados, no sirve para regular estas realidades cotidianas en la actualidad.


Tampoco existe una unificación de criterios, basada en las ya numerosas sentencias judiciales ya emitidas.


Todo esto deriva en la ausencia de un marco normativo y procesal adecuados, concretos y específicos, para regular la realidad de los CSC, ampliamente extendidos por todo el territorio del Estado, lo que no genera más que inseguridad jurídica
y problemas con la autoridad policial, poniéndose en riesgo estas experiencias, basadas en el respeto y el encaje entre la salud pública y el derecho individual al consumo del cannabis.


Por otra parte, es importante prever, desde un punto de vista normativo, situaciones que en estos momentos son puntuales o residuales, pero que pueden extenderse y convertirse en habituales: compra

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de sustancias en el mercado ilegal, arrendamiento de la producción y el cultivo a agricultores profesionales, importación de cannabis desde otras zonas productoras del Estado o de otros países.


Proposición no de Ley


'Por todo esto, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) insta al Gobierno a confeccionar y presentar, en el plazo de un año, un informe sobre los cambios necesarios en la Ley 17/1967 de Estupefacientes, y en el Código Penal, basándose en los
acuerdos y recomendaciones en materia de drogas adoptados a escala europea, así como un informe de unificación de doctrina, junto con un calendario de aplicación de las medidas que sean necesarias para adoptar el marco normativo y procesal actual a
la realidad existentes de los Clubes Sociales de Cannabis.'


Palacio del Senado, 3 de octubre de 2014.-Jokin Bildarratz Sorron, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).