BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


X LEGISLATURA


Serie C: TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES


9 de mayo de 2013

Núm. 95-2

ENMIENDA


110/000085 Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, hecho en Bruselas el 26 de junio de 2012.


En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación, en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la enmienda presentada en relación con el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y
sus Estados Miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, hecho en Bruselas el 26 de junio de 2012.


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


ENMIENDA NÚM. 1


FIRMANTE:


Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente enmienda a la totalidad a la ratificación del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus
Estados Miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, hecho en Bruselas el 26 de junio de 2012.


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.-Joan Josep Nuet Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta enmienda de totalidad contra el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, hecho en Bruselas el 26
de junio de 2012, por el impacto negativo en la defensa de los Derechos Humanos, por las consecuencias negativas en Colombia y Perú, que pudieran derivarse de la aplicación del Tratado de Libre Comercio en sus economías, en el nivel socio-ambiental
y en los procesos de integración regional en curso.


En Colombia, la situación de los Derechos Humanos sigue siendo dramática, no se ve mejoras sustanciales ni estructurales y, por el contrario, ciertos indicadores de violaciones a los Derechos Humanos siguen aumentando. A continuación
exponemos unos ejemplos no exhaustivos que reflejan esta grave situación:

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- Con 35 asesinatos en 2011, Colombia es, 'una vez más, el país más peligroso para los sindicalistas' en el mundo. Si bien el número de sindicalistas asesinados ha bajado en los últimos años, 'desde el 2007 han aumentado las amenazas'. Por
lo tanto, más que un descenso de la violencia, podría tratarse de 'una transformación de sus manifestaciones'. La impunidad de la violencia contra sindicalistas es generalizada: Colombia ha obtenido condenas en menos del 10% de los más de 2.900
asesinatos de sindicalistas informados por la ENS desde 1986. Esta situación desalienta la afiliación a sindicatos y contribuye a crear un ambiente propicio a las violaciones a los derechos laborales. Por su lado, la Confederación Sindical
Internacional (CSI) reporta el encarcelamiento de 16 sindicalistas en el 2011.


- Por lo menos 34 pueblos indígenas se encuentran en peligro de extinción El gobierno colombiano aún no ha cumplido con el Auto 004 de la Corte Constitucional que exige la elaboración, en consulta con los pueblos indígenas afectados, de
'Planes de Salvaguardia' y la implementación de un Programa de Garantías. El número de asesinatos de pueblos indígenas aumentó de un 9% entre 2010 y 2011, y entre enero y julio de 2012, 54 indígenas habían sido asesinados. Los megaproyectos
(minería, infraestructura, etc.) se concentran, en particular, en los territorios de las comunidades indígenas y afrocolombianas. La consulta previa, libre e informada no se ha aplicado debidamente en ningún caso de implementación de proyectos de
minería desde el 2005, mientras tanto los títulos mineros han aumentado en un 300%. El avance de los megaproyectos en sus territorios agrava también su situación socio-económica. La reducción de la disponibilidad de tierras arables, la fumigación
y la contaminación generada por la explotación creciente de recursos naturales y de la tierra afectan los cultivos, lo cual viene a incrementar su vulnerabilidad en cuanto a seguridad alimentaria. El 70% de los niños indígenas sufren de
malnutrición crónica y entre enero y julio de 2012 la ONIC reportó la muerte de 15 niños debido a una falta de atención médica o vinculada con seguridad alimentaria. La población afrocolombiana vive en una situación de pobreza extrema: el 80% de
la población tiene sus necesidades básicas insatisfechas y las tasas de mortalidad infantil y materna doblan las nacionales.


- Para las personas defensoras de los derechos humanos, el 2012 presenta una situación aún más alarmante que en los años anteriores. En el primer semestre de 2012 se registraron 163 agresiones individuales contra defensores/as (incluidos 81
amenazas, 29 asesinatos, 3 desapariciones forzadas, 29 atentados, 17 detenciones arbitrarias). Ya en el 2011 se había registrado un aumento del 36% de los ataques en comparación con 2010 con 239 agresiones individuales (incluidos 49 asesinatos y 6
desapariciones forzadas). Del total de los casos registrados, en el 2011, 50% fueron cometidos presuntamente por grupos paramilitares, 17% por la Fuerza Pública, 4% por guerrillas y 29% por desconocidos.


- Y muchas más violaciones a los derechos humanos siguen pasando en Colombia en una impunidad casi total. Las personas desplazadas internamente siguen aumentando cada año (entre 155.692 o 259.146 durante el 2011 según la fuente) para
alcanzar la cifra descomunal de entre 4 y 5,5 millones dependiendo de las fuentes consultadas. Las desapariciones forzadas continúan, hasta llegar a 18.638 personas desaparecidas forzadamente, entre las 74.631 desapariciones registradas
oficialmente en el Instituto Nacional de Medicina Legal. Las ejecuciones extrajudiciales, que entre 2002 y 2010 llegaron a 3.512 víctimas, no han sido del todo eliminadas como asegura el Gobierno: en 2011 se registraron, al menos, 38 casos nuevos.


- Desafortunadamente, el Gobierno colombiano en vez de tomar todas las medidas adecuadas para luchar contra estas violaciones a los derechos humanos ha ido impulsando reformas al sistema de justicia que contiene un alto riesgo de fomentar la
impunidad en Colombia. El ejemplo claro de ello es la decisión de ampliar la extensión del fuero penal militar, la cual conlleva a un retroceso, al menos, de veinte años en materia de derechos humanos. Por ello -en un hecho sin precedentes-, 11
relatores de la ONU han solicitado al Congreso colombiano que retire esa propuesta de reforma que, 'de aprobarse, (...) perjudicaría seriamente la administración de la justicia para casos de presuntas violaciones de derechos humanos y del derecho
internacional humanitario, incluidos los crímenes graves, por parte de las fuerzas militares o de la policía'.


- Ni la cláusula en derechos humanos del acuerdo comercial ni la hoja de ruta presentada por el Gobierno colombiano representan garantías de una mejora de los derechos humanos. La cláusula en derechos humanos es una cláusula general que no
representa ninguna presión real al Estado colombiano para que tome las medidas necesarias para corregir la situación. La hoja de ruta -entre otras cosas- no representa ningún condicionamiento vinculante con el acuerdo comercial.

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Pero, además, hemos de considerar las consecuencias económicas que pudieran derivarse de la aplicación del Tratado de Libre Comercio:


Este acuerdo comercial puede resultar perjudicial para las economías de Colombia y Perú. Los proveedores de servicios de la Unión Europea que tienen una gran ventaja económica tendrán -debido a que mediante los Acuerdos la Unión Europea ha
logrado un amplio acceso al mercado y trato nacional- acceso a los mercados de estos dos países andinos bajo las mismas condiciones que los proveedores locales en desventaja económica. El Gobierno de Colombia ya no podrá favorecer a los productores
locales por encima de los extranjeros. Las evaluaciones de impacto sobre la sostenibilidad del comercio (EISC) muestran que los TLC, en términos de producción y empleo en el sector de servicios, traerán impactos negativos para Colombia y Perú, al
estar presionados por las empresas e importaciones de la UE.


El Tratado prevé amplias liberalizaciones para muchos sectores de servicios. Esta liberalización impide controles sobre los flujos de capital, favorece a empresas españolas en sectores claves como las telecomunicaciones, el agua, el
petróleo, entre otras. Con concesiones en cuanto al acceso al mercado y trato nacional, Colombia ha otorgado muchas facilidades a la Unión Europea, incluso en el establecimiento de empresas inversoras en el sector agrícola, forestal, minera y
petrolero.


El Tratado mejora la protección de los inversores, ya que la Unión Europea podría denunciar eventuales infracciones contra los principios de igualdad de trato a través de mecanismos de resolución de conflictos del tratado y solicitar
compensaciones. El Estado colombiano pierde así un considerable espacio político de acción, por ejemplo, para la promoción de inversores, productores y productos locales.


El Tratado de Libre Comercio extiende la protección de la propiedad intelectual, lo que puede tener impactos graves en cuanto al acceso a medicamentos como a semillas. Esto tendrá un impacto directo para toda la ciudadanía de los dos países
andinos, afectando el acceso a la salud y la seguridad alimentaria particularmente para los grupos vulnerables de bajos ingresos.


Más inversión extranjera no significa desarrollo. Efectivamente, a pesar de que se triplicó la Inversión Extranjera Directa en Colombia entre 2005 y 2008, los niveles de desigualdad social aumentaron, sobre todo para las poblaciones más
vulnerables. Por otro lado, como apuntábamos anteriormente, el Tratado de Libre Comercio tendrá unas consecuencias al nivel socio-ambiental negativas para ambos países.


Colombia y Perú, se estima que los productos que podrían beneficiarse más son azúcar y frutas (bananos principalmente) y los sectores de minería e hidrocarburos. Por consiguiente, estas economías dependerán aún más de las exportaciones de
productos primarios, estrategia que no ha resultado adecuada para el desarrollo sostenible. Es de subrayar que, además, estos sectores requieren de mucha superficie y si se continúa intensificando la apropiación de tierras para la producción de
estos bienes es de esperar que los conflictos rurales violentos aumenten y se ejerza mayor presión sobre los pequeños campesinos.


En el caso del Estudio de Impacto sobre Sostenibilidad Socio Ambiental encargado por la Comisión Europea para la Comunidad Andina: 'El Acuerdo Comercial resulta en una mayor producción de combustibles biológicos destinados a la exportación
y es de esperar que la deforestación se incremente, ya que las tierras boscosas son limpiadas para permitir la expansión de caña de azúcar y aceite de palma'. El estudio añade que tales impactos medioambientales pueden amenazar la forma de vida de
la población más pobre.


La Unión Europea es el principal destino de las exportaciones de carbón colombiano (en el 2009, el 56% de las ventas totales del mineral fueron a la Unión Europea), y es de apuntar que Colombia exporta el 94% de su producción de carbón (al
nivel global el porcentaje de comercialización de la producción de carbón es de 18%). El 97% de la producción de carbón en Colombia fue realizado por cinco compañías extranjeras, BHP Billiton, Anglo American y Xstrata (Glencore), Drummond y
Glencore. Numerosas son las denuncias por desvío de ríos, contaminación del medioambiente, condiciones laborales pésimas, despojo de tierras, violación al derecho a la consulta previa libre e informada.


Otros estudios mostraron los posibles impactos negativos de este acuerdo sobre el acceso al agua potable por parte de los habitantes de las zonas rurales de los países andinos. Una deficiencia decisiva del TLC es el debilitamiento de las
posibilidades de sanción respecto a conflictos referentes a estándares laborales y ambientales. Las violaciones de estos estándares quedan excluidas del mecanismo de resolución de conflictos previsto y no se pueden aplicar sanciones como la
suspensión temporal de aranceles preferenciales.

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El poder de las autoridades para aplicar los controles sobre los flujos de capital están siendo restringidos por el acuerdo de libre comercio. Sin embargo, no hay artículos específicos en el acuerdo que garantiza la existencia de
instrumentos y reglamentos que permitan efectivamente prevenir y detener los flujos ilícitos. Esto contrasta con otros acuerdos comerciales que la Unión Europea ha firmado, acuerdos que tienen fuertes compromisos de cooperación y de implementación
de acciones contra el lavado de dinero, la delincuencia y la evasión o elusión fiscal.


Aunque la Unión Europea tiene diferentes países con jurisdicciones que tienen un alto nivel de evasión de impuestos por parte de empresas e individuos, el TLC no tiene ningún compromiso firme de reducir la evasión o elusión fiscal. Por el
contrario, el TLC establece más libre movimiento de capitales sin control, la liberalización de los servicios de fideicomisos y servicios de asesoramiento fiscal, y no excluye totalmente que los inversionistas extranjeros se establezcan con el fin
de evadir impuestos. El uso de paraísos fiscales de la Unión Europea resulta en una pérdida importante de ingresos para los gobiernos signatarios, ingresos que se podrían utilizar para la reducción de la deuda y el desarrollo sostenible.


Aunque una amplia gama de servicios financieros, a veces arriesgados y especulativos, se están liberalizando por el TLC, no existen mecanismos específicos establecidos por este acuerdo para asegurar una fuerte regulación y supervisión
conjunta de estos servicios financieros. Esto podría debilitar el sector financiero y la estabilidad financiera.


Las normas del TLC no permiten a la Unión Europea y sus dos homólogos a regular el sector financiero y controlar los flujos de capital. Varias reformas financieras de la Unión Europea ya están en contraste con las reglas del TLC sobre el
acceso al mercado y la reglamentación nacional. Las normas del TLC no permiten aplicar plenamente las lecciones de la crisis financiera.


Por último, el Tratado de Libre Comercio afecta negativamente a los procesos de integración regional actualmente en curso.


Fortalecer el proceso subregional de integración fue uno de los objetivos fundamentales enunciados por la Unión Europea con este Acuerdo y presentado como una diferencia significativa frente a los Tratados de Libre Comercio negociados con
los Estados Unidos. No obstante, la evolución de la negociación demostró su incoherencia al respecto. El haber aceptado continuar la negociación con tan solo dos miembros, Perú y Colombia, ha contribuido a agudizar las tensiones ya existentes
entre los países miembros de la Comunidad Andina.


El acuerdo tiene efectos negativos en la integración regional y estimula la competencia entre los países andinos por el acceso a mercados y para atraer la inversión extranjera. Ejemplo de ello lo constituye el impacto que para Ecuador tiene
y tendrá lo negociado en el marco del Acuerdo respecto al Arancel del Banano. Por un lado, el incorporar al Acuerdo una reducción más ventajosa del arancel que la pactada en el marco de la OMC entre la Unión Europea y los países latinoamericanos,
se ha convertido en una fuerte herramienta de presión al Gobierno de Ecuador para negociar con la Unión Europea. Por otro, una vez entre en vigencia el Acuerdo, el mercado de banano ecuatoriano en la Unión Europea corre el riesgo de ser desplazado
por el banano colombiano.