— De la Comisión de Justicia en relación con el
Proyecto de Ley Orgánica complementaria a la Ley para la reforma de la
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del
arbitraje institucional en la Administración General del Estado para la
modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
Senado, número 55, de fecha 29 de abril de 2011.)

(Núm. exp. S. 621/000089.)

(Núm. exp. C.D. 121/000087.)

— De la Comisión de Industria, Turismo y Comercio en
relación con el Proyecto de Ley sobre responsabilidad civil por daños
nucleares o producidos por materiales radiactivos. (Publicado en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 55, de fecha 29
de abril de 2011.)

(Núm. exp. S. 621/000090.)

(Núm. exp. C.D. 121/000092.)

— De la Comisión de Ciencia e Innovación en relación
con el Proyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
(Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número
57, de fecha 4 de mayo de 2011).

(Núm. exp. S. 621/000092.)

(Núm. exp. C.D. 121/000080.)

Página
6971

i Unió; las señoras Alberich Cano, por el Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y Rodríguez Ramírez, por el
Grupo Parlamentario Socialista, así como el señor Muñoz Martín, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a la votación.

Se aprueban las enmiendas números 21 y 51, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 133 votos
a favor y 110 en contra.

Se aprueba la enmienda número 10, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, por 132 votos a favor y 111 abstenciones.

Se aprueban las enmiendas números 68 y 69, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, por 243 votos a favor.

Se rechaza el resto de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, por 110 votos a favor y 133 en
contra.

Se aprueban las propuestas de modificación con números de
registro 63110, 63112 y 63113, por asentimiento de la Cámara.

Se aprueban las propuestas de modificación con números de
registro 63108, 63109 y 63111, por 134 votos a favor y 110 en contra.

Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas
en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores, por 244 votos
a favor.

Se aprueba el resto del proyecto de ley, por 133 votos a
favor y 111 abstenciones.

El señor presidente informa de que, tal y como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre la misma en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.

Página

De la Comisión de Ciencia e Innovación en relación con el
Proyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

7000

El señor López Carvajal, presidente de la comisión,
presenta el dictamen.

Comienza el debate de totalidad.

En turno a favor interviene el señor Salvador García.

Comienza el debate del articulado.

La señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra retira la
enmienda número 100, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas.

La señora Aleixandre i Cerarols defiende las enmiendas
números 190 a 192, 200, 201, 203, 209 a 211, 214 y 216 a 219, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas números 12
a 18, 20 a 27, 29 a 60 y 62 a 94, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana
de Progrés.

El señor Rubio Mielgo defiende las enmiendas números 164,
171 a 174, 176, 178, 185 y 187 a 189, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Vicente
González.

En turno de portavoces intervienen el señor Quintero
Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Leanizbarrutia
de Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas; Aleixandre i Cerarols, por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió, y Celaya i Armisen, por el Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; así como los señores Salvador
García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Alarcó Hernández, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza la votación.

Se aprueban las propuestas de modificación con número de
registro 63120, 63121, 63122, 63123, 63124 y 63125, por 242 votos a
favor.

Se aprueban aquellas partes del ley que han sido enmendadas
en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores, por 241 votos
a favor.

Se aprueba el resto del proyecto de ley por 242 votos a
favor.

El señor presidente informa de que, tal y como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre la misma en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.

Página

De la Comisión de Trabajo e Inmigración en relación con el
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 10/1997, de 24 de abril,
sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las
empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

7018

La señora Rubial Cachorro, presidenta de la comisión,
presenta el dictamen.

Comienza el debate del articulado.

La señora García García defiende las enmiendas números 1 y
2, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra tiene la palabra la señora Gutiérrez del
Castillo.

En turno de portavoces intervienen el señor Bagur Mercadal,
por el Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Leanizbarrutia de
Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas;
Burgués Bargués, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés;
Gutiérrez del Castillo, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como
el señor Benítez de Lugo Massieu, por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado.

Comienza la votación.

Se rechazan las enmiendas números 1 y 2, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, por 110 votos a favor, 122 en contra
y 6 abstenciones.

Se aprueba el resto del proyecto de ley por 239 votos a
favor.

El señor presidente informa de que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.

Se suspende la sesión a las trece horas y cuarenta y cinco
minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

Página

De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de
Ley de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de
regulación del arbitraje institucional en la Administración General del
Estado

7023

Página

De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de
Ley Orgánica complementaria a la Ley para la reforma de la Ley 60/2003,
de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje
institucional en la Administración General del Estado para la
modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

7024

El señor Asensio Martínez, presidente de la comisión,
presenta los dictámenes.

Comienza el debate del articulado del proyecto de ley de
reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de
regulación del arbitraje institucional en la Administración General del
Estado.

La señora Vindel López defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado números 7, 9 a 11, 13, 15 a 17 y 19,
así como las enmiendas números 20 a 22, originariamente presentadas por
el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Irízar
Ortega.

En turno de portavoces intervienen los señores Bofill
Abelló, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, e Irízar
Ortega, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Vindel
López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza la votación.

Se rechazan las enmiendas números 7, 9 a 11, 13, 15 a 17 y
19, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 105 votos a favor y
120 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 20 y 22, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, originariamente presentadas por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 16
votos a favor, 209 en contra y 1 abstención.

Se aprueba el resto del proyecto de ley por 226 votos a
favor.

El señor presidente informa de que, tal y como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre la misma en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.

Comienza la votación del proyecto de ley orgánica
complementaria a la Ley para la reforma de la Ley 60/2003, de 23 de
diciembre, de Arbitraje y regulación del arbitraje institucional en la
Administración General del estado para la modificación de la Ley orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Se aprueba el proyecto de ley por 226 votos a favor.

El señor presidente informa de que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.

Página

De la Comisión de Industria, Turismo y Comercio en relación
con el Proyecto de Ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares o
producidos por materiales radiactivos

7028

El señor Alonso García, presidente de la comisión, presenta
el dictamen.

Comienza el debate el articulado.

La señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra defiende las
enmiendas números 1 y 2, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas.

Los señores Esquerda Segués y Guillot Miravet defienden las
enmiendas números 7 a 45, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de
Progrés.

La señora Fuentes García defiende las enmiendas números 54
a 57, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Marqués López defiende las enmiendas números 46 a
53, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Sampol i Mas,
por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Leanizbarrutia de
Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas;
los señores Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, y Esquerda Segués, por el Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; la señora Durán Fraguas, por el
Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Marqués López, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza la votación.

Se aprueba la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas, por 122 votos a favor, 9 en contra y 105
abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 12, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, por 8 votos a favor, 226 en contra y 2
abstenciones.

Se aprueba la enmienda número 18, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, por 235 votos a favor.

Se aprueba la enmienda número 24, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, por 129 votos a favor y 107 en contra.

Se aprueba la enmienda número 28, de Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, por 129 votos a favor y 107 en contra.

Se rechazan el resto de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 10 votos a favor, 220 en
contra y 6 abstenciones.

Se aprueba la enmienda número 54, del Grupo Parlamentario
Socialista, por 236 votos a favor.

Se aprueba la enmienda número 56, del Grupo Parlamentario
Socialista, por 125 votos a favor y 111 en contra.

Se aprueba la enmienda número 57, del Grupo Parlamentario
Socialista, por 232 votos a favor y 4 en contra.

Se aprueba la enmienda número 46, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, por 225 votos a favor, 7 en contra y 4
abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 48, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, por 106 votos a favor, 124 en contra y 4
abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 51 y 52, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, por 109 votos a favor, 122 en contra
y 4 abstenciones.

Se aprueba la propuesta de modificación con número de
registro 63167, por 232 votos a favor y 4 en contra.

Se aprueba la propuesta de modificación con enmienda número
63168, por 129 votos a favor y 106 abstenciones.

Se aprueba la propuesta de modificación con número de
registro 63169, por 231 votos a favor y 3 en contra.

Se aprueba la propuesta de modificación con enmienda número
63170, por 232 votos a favor y 3 en contra.

Se aprueba la propuesta de modificación con número de
registro 63171, por 231 votos a favor y 4 en contra.

Se aprueba la propuesta de modificación con enmienda número
63172, por 236 votos a favor.

Se aprueba la propuesta de modificación con enmienda número
63173 por 230 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.

Se aprueba el resto del proyecto de ley por 232 votos a
favor, 2 en contra y 2 abstenciones.

El señor presidente informa de que, tal y como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre la misma en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.

Se levanta la sesión a las diecisiete horas y cincuenta
minutos.

Página
6977

Las razones de la persistencia del hambre a tan gran escala
y las medidas que deban tomarse para eliminarla son dos de las cuestiones
más polémicas y espinosas del debate sobre el sistema moderno de la
producción y distribución de alimentos. La mayoría de los especialistas
en este ámbito consideran que el hambre es un síntoma de toda una serie
de problemas que asedian a los países menos desarrollados en general y a
los del África subsahariana en particular.

La población activa rural se ha visto diezmada por la grave
epidemia de sida, y en países como Etiopía y Uganda los interminables
años de guerra, de Gobiernos incapaces, de corrupción y de abandono de
infraestructuras han provocado que la producción de alimentos se haya
estancado a un volumen propio de la era preindustrial.

La inseguridad alimentaria puede considerarse como un ciclo
que se perpetúa en sí mismo y que no podrá romperse hasta que los
problemas políticos y económicos de esos países no se hayan resuelto. Sin
embargo, muchos de esos problemas nacionales están siendo exacerbados por
cambios vertiginosos que escapan a su control.

A las ya enunciadas causas que han facilitado la actual
escalada de precios cabría añadir otras dos. La primera, la especulación
sobre las materias primas agrícolas en los mercados de futuro. Ante la
crisis inmobiliaria y financiera a nivel mundial, los operadores del
mercado han sacado millones de millones de dólares de los mercados de
bonos, de acciones y de hipotecas y los han invertido en masa en los de
materias primas y alimentos. Los inversores saben que los precios de las
materias primas suelen subir cuando otro tipo de activos baja, y además
consideran que estamos en medio de una tendencia a largo plazo que hará
que los precios de los alimentos se mantengan altos durante muchos años.
En las diferentes bolsas del mundo los especuladores juegan con el futuro
de los alimentos básicos, influyendo en los precios de la comida de los
cinco continentes.

Los mercados a futuro no reflejan la situación real de
oferta y demanda en los mercados agrícolas, y sus precios no convergen
con los del mercado de contado, por lo que no proporcionan una cobertura
efectiva sobre las fluctuaciones. La falta de convergencia en los precios
y la alta volatilidad han hecho que los mercados de futuro sobre materias
primas agrícolas sean poco fiables en cuanto a la estimación de los
precios y de poca utilidad en la gestión de riesgos para productores y
consumidores. Países como China e India prohibieron en 2008 la
comercialización de futuro en productos como el arroz, siendo esta una de
las razones por las que su precio se ha mantenido en este nuevo repunte,
a diferencia de la crisis de 2008.

La segunda causa sería el cambio climático como fenómeno
ambiental que va a derivar en probables impactos no en un futuro remoto
sino en el transcurso de nuestra generación.

En 2007, según la FAO, 197 millones de personas sufrieron
los efectos de fenómenos meteorológicos extremos, la mayoría de ellos en
países de menos desarrollo, amenazando sus posibilidades de crecimiento y
de desarrollo futuro y erigiéndose como un serio obstáculo para la
reducción de la pobreza. Esta circunstancia es especialmente grave, ya
que esos países son muy dependientes de las actividades agrícolas,
pesqueras y forestales desarrolladas en las zonas rurales, donde se
concentran aproximadamente 3400 millones de personas.

Estos acontecimientos meteorológicos probablemente sean
algunos de los fenómenos que veremos de manera cada vez más recurrente a
medida que el aumento de las concentraciones de los gases de efecto
invernadero modifique la climatología. Algunos científicos advierten ya
de un grave déficit de alimentos dentro de diez años a causa del
calentamiento global, lo que reducirá la producción agropecuaria en la
mayoría de los países y hará pasar hambre a una quinta parte de los
habitantes del planeta.

Aunque haya quien no crea en la relación calentamiento
global-crisis alimentaria, esta se hizo evidente hace dos años con un
repunte del precio del trigo a causa de una ola de calor y una sequía sin
precedentes que elevaron más que significativamente las temperaturas de
Moscú. La ola de calor rusa no solo no ha sido uno de los muchos
acontecimientos meteorológicos extremos recientes; los récords de
temperatura no solo se batieron en Rusia sino al menos en diecinueve
países, que representan una quinta parte de la superficie terrestre del
planeta. Las lluvias torrenciales y las inundaciones y tornados no solo
afectan a países en desarrollo como Pakistán o Tailandia, sino que
también han afectado a Australia y, recientemente, a Estados de la
América profunda de Faulkner, y ya han dejado cerca de 220 muertos y 250
000 hogares sin electricidad. Por tanto, las sequías, como las
inundaciones, son consecuencias naturales de un mundo que se calienta;
las sequías, porque hace más calor, y las inundaciones, porque los
océanos, más calientes, liberan más vapor de agua.

De acuerdo con las previsiones, es posible que 200 millones
de africanos se vean desplazados hacia la mitad del siglo como
consecuencia del aumento del nivel del mar por inundaciones más
devastadoras y sequías más intensas.

Lo positivo de esta problemática es que, afortunadamente,
ha entrado en la agenda política internacional y que a pesar de las
dificultades que plantea se barajan soluciones. En ese sentido, la última
Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial: los
Desafíos del Cambio Climático y la Bioenergía, organizada por la FAO,
estuvo centrada en la crisis del precio de los alimentos y concluyó con
la necesidad de poner en marcha acciones colectivas entre los diferentes
países y organizaciones internacionales para evitar que se repitan estas
situaciones. Uno de los acuerdos fue el de incrementar la inversión en la
agricultura tanto a nivel de presupuestos de los países en desarrollo
como de la ayuda al desarrollo por parte de los países desarrollados.
Esta inversión debe atender a los pequeños agricultores y muy
especialmente a las mujeres, un guiño que no es un capricho si tenemos en
cuenta que de los casi 1000 millones de personas que sufren hambre en
todo el mundo más del 60% son mujeres, y que muchas de ellas, como
cabezas de familia, son el auténtico pilar sobre el que recae el sustento
básico de sus hogares y asumen el cuidado de unas explotaciones sin
apenas recursos para producir ni garantías legales sobre las tierras que
cultivan.

El desarrollo rural, la lucha contra el hambre y la
seguridad alimentaria han sido prioridades fundamentales de la política
de desarrollo de España, que ha querido situarse y mantenerse en primera
línea en un momento crítico para la revisión de la gobernanza global en
esta materia. El Programa Mundial de Alimentos es la agencia de las
Naciones Unidas en primera línea en la lucha contra el hambre, y en los
últimos cinco años España y el Programa Mundial de Alimentos han
construido una asociación más estrecha que ha llevado a esta última a
constituirse como un socio prioritario de la cooperación española en la
lucha contra el hambre en el mundo, y especialmente en África. Así, en
2011 España ocupa por primera vez desde hace diez años un puesto en la
Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos. Nuestras
contribuciones a este programa han ido aumentando en los últimos años, lo
que sitúa a España entre los principales donantes.

Señorías, el problema de la inseguridad alimentaria global
no es una cuestión de mera producción sino de afirmación y respeto a los
derechos humanos. Adam Smith dijo que ninguna sociedad puede prosperar y
ser feliz si la mayoría de sus miembros son pobres y desdichados. Esta
sociedad global tiene la vocación de prosperar y, por lo tanto, debe
procurar la felicidad de toda la ciudadanía. Ciertamente, a lo mejor
ciudadanía no es la palabra a emplear, porque no puede existir un
estatuto de ciudadanía sino se incluye el derecho a una alimentación
digna. Tal vez la reflexión sea si mientras exista esa lacra podemos
sentirnos plenamente ciudadanos quienes en el primer mundo no la
padecemos.

Finalizo agradeciendo a todos los grupos parlamentarios su
apoyo a esta moción mediante la firma de una enmienda transaccional, que
refuerza su contenido.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Tiene la palabra el senador Belda.

El señor BELDA QUINTANA: Gracias, señor presidente. Buenos
días, señorías.

El Grupo Parlamentario Mixto y Coalición Canaria apoyan,
lógicamente, esta iniciativa, así como la transaccional a la que se ha
llegado entre todos los grupos parlamentarios. Por ello, en la misma
línea, apoyamos el que se impulse la realización del derecho humano a la
alimentación. Participar al más alto nivel en las reuniones y
conferencias celebradas con motivo de las crisis de los precios de los
alimentos y apoyar el High Level Task Force de las Naciones Unidas, y el
resto de iniciativas en el marco del G-8 y del G-20. Mantener, dentro de
las disponibilidades presupuestarias, las partidas destinadas a
organismos multilaterales, y en particular, al Programa Mundial de
Alimentos y a la FAO. Continuar trabajando con los diferentes organismos
multilaterales de desarrollo especializados en la lucha contra el hambre
en sectores prioritarios, como agricultura, seguridad alimentaria y
desarrollo rural. Promover en los diferentes organismos multilaterales el
refuerzo de medidas de apoyo a pequeñas explotaciones y producciones
agrícolas en los países en desarrollo. Promover la firma del acuerdo
marco de asociación estratégica con el Programa Mundial de Alimentos y la
apertura de una oficina de dicho programa en España. Impulsar el
establecimiento de la base logística del Programa Mundial de Alimentos y
la cooperación española en Las Palmas para el apoyo de las operaciones de
emergencia, especialmente en África del oeste. Y seguir

profundizando en los mecanismos de seguimiento y mejora en
la rendición de cuentas de las contribuciones a los organismos
multilaterales, en particular el Programa Mundial de Alimentos, la FAO y
la FIDA.

En relación con el punto 7 de esta moción, Coalición
Canaria quiere destacar, en primer lugar, la tricontinentalidad de
Canarias. Señorías, Canarias tiene un papel destacado como puente entre
los continentes europeo, africano y americano. Esta ha sido la razón
principal de su génesis, que ha puesto de manifiesto a través de su
historia. Y es que no se pueden entender las comunicaciones
tricontinentales sin tener en cuenta el servicio que han prestado los
puertos canarios en el desarrollo del comercio y las comunicaciones
marítimas entre Europa, África y América.

En segundo lugar, Canarias es un gran punto de referencia
de la ayuda humanitaria al contar con el Centro Logístico Internacional
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. La Cruz Roja Internacional, una de
las mayores organizaciones humanitarias del mundo, ya disponía de centros
logísticos en Panamá, Dubai y Malasia, que cubrían las diferentes zonas
del mundo, salvo África. Y para completar la red mundial de Cruz Roja, se
eligió el puerto de Las Palmas para establecer el último centro
logístico.

El Centro de Las Palmas es ya una referencia internacional
de éxito para la Cruz Roja y la Media Luna Roja por su alto nivel de
eficacia y eficiencia. El principal objetivo de este centro de
emergencias y para la distribución urgente de ayuda humanitaria es dar
una respuesta inmediata a las situaciones de crisis que se produzcan en
el oeste y centro del continente africano; además, se trata de que la
ayuda llegue cuanto antes a las familias que puedan verse afectadas por
las posibles catástrofes que ocurran en el mundo, como en el caso del
terremoto de Haití.

Los puertos canarios ofrecen un alto nivel de conectividad
con África que debe ser tenido en cuenta para realizar actividades
humanitarias. Además, se dispone de una base logística de mercancías
ideal para su acopio, regulación, mejora y conservación, sin peligros de
averías o de demoras. Para las islas, incrementar la conectividad con la
ayuda humanitaria también supone un valor añadido para los canarios, ya
que da garantías de movilidad a las personas y a los bienes, fortalece la
posición de Canarias como centro de intercambios con África, y nos
convierte en una seña de identidad en el mundo de la solidaridad
internacional. En este sentido, desde Canarias ofrecemos nuestras mejores
cartas: servicios, conectividad, calidad, precio y seguridad para las
operaciones.

El Gobierno de Canarias, señorías, está implicado para
ofrecer sus ventajas logísticas a la ayuda humanitaria como ejemplo de
nuestra vocación africanista, promoviendo la cooperación y el desarrollo
entre Canarias y el vecino continente africano, con el apoyo,
lógicamente, del Gobierno de España.

El anuncio efectuado por la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional de un próximo acuerdo entre España y el
Programa Mundial de Alimentos para desarrollar en el Puerto de La Luz y
de Las Palmas acciones de logística en materia de ayuda humanitaria,
constituye un importante paso adelante en la estrategia de convertir a
Canarias y al puerto de Las Palmas en un referente mundial de la
logística humanitaria.

En definitiva, señorías, en Canarias tenemos los
instrumentos logísticos para contribuir a crear un mundo mejor. Y no
queremos que se desaproveche esa oportunidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¿Por el Grupo de Senadores Nacionalistas? (Denegación.)

No hace uso de la palabra.

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el
senador Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Bon dia, buenos días. Gràcies,
senyor president.

La veritat és que aquesta moció transaccionada es podria
dir també que és un acord de bona voluntat. És cert, perquè el que fa és
bàsicament instar al Govern a portar a terme el que ja li correspon, que
és impulsar polítiques que portin a terme el dret de les persones a rebre
alimentació. L’encoratja fins i tot a participar en fòrums
internacionals, reunions, conferències, etc., al voltant de les Nacions
Unides. Demana més mesures i fins i tot la signatura d’un acord
marc o obrir una oficina del Programa Mundial d’Aliments a Espanya.
També parla d’impulsar la base logística del Programa Mundial
d’Aliments i de la cooperació espanyola a Les Palmes per donar
suport a accions d’emergència a l’Àfrica. És lògic, donada la
proximitat de les illes Canàries a aquest continent on trobem la major
part de persones que passen gana.

Una vegada més ens trobem davant d’una iniciativa
socialista plena de bones voluntats, però tenim un perill i és que això
acabin sent això: bones voluntats, i que amb el pas del temps quedi en
res —en tenim massa exemples en aquest Senat, on coses que
s’han aprovat i acordat no es porten a terme—. I, per tant,

algú de vostès es pot preguntar per què la votem. Perquè
des de Convergència i Unió sempre tenim com a norma que quan les
iniciatives són positives les votem. Per tant, donada la bondat
d’aquesta iniciativa parlamentària, la votem. Perquè en un món de 1
020 milions de persones desnodrides, persones que passen gana, cal fer
passos endavant, cal actuar. I això és el que demanem en aquesta moció
transaccionada: que el Govern pivoti polítiques de cooperació, en aquest
cas, contra la fam. Li ho demanem donat que forma part d’entitats
internacionals, com per exemple la seva incorporació a l’executiva
del Programa Mundial d’Aliments, que és l’agència de les
Nacions Unides més importants del món i que està en primera línia de la
lluita contra la fam. Demanem, doncs, al Govern que lideri iniciatives en
la línia de rebaixar aquesta greu situació que afecta tanta i tanta gent,
més de 1 000 milions de persones, especialment les capes socials més
febles dels països subdesenvolupats com són les dones i els infants, els
nens i les nenes.

Sabem que no arribarem als objectius marcats en el Programa
per al Desenvolupament del Mil·lenni que es va fixar des de les Nacions
Unides, però sí que podem intentar rebaixar al màxim els nivells de fam i
de pobresa durant aquest període del mil·lenni.

A més, en aquesta moció no fem res més que incidir en les
prioritats del Pla Director de la Cooperació Espanyola 2009-2012. I ho
fem des del consens, amb una transacció signada per tots els partits, per
tant, també per Convergència i Unió. Alhora volem aplaudir l’esforç
de la portaveu socialista, la senadora María Teresa Camacho, per trobar
un consens, i també, com no, la de la portaveu popular, Elvira Velasco,
perquè l’aportació del partit majoritari en el Senat és important a
l’hora de trobar consens. La cooperació per al desenvolupament als
països pobres i, en especial, els projectes per lluitar contra la fam no
són ni poden ser monopoli de cap partit. Per tant, aquest és un tema
clarament social i avui queda palès aquí al Senat amb aquest acord. Per
tant, gràcies a tots els partits presents al Senat per aquest consens.

I ara, aprofitant el meu perfil esportista, donat que sóc
un home del món de l’esport, també culé, avui feliç, camí de
Wembley, faré servir un símil esportiu adreçat al Govern. Els diré:
senyors del Govern, vostès tenen la pilota al seu camp. I, entre cometes,
els diré: facin com el Barça, juguin bé la pilota. Senyors del Govern,
avui el Senat ha parlat. Ara vostès han de tirar endavant, han de portar
a terme, aquesta iniciativa. És una iniciativa que, en moments de crisi,
té més valor del que podria tenir. Ja en tindria per se, és veritat, és
una iniciativa que lluita contra la fam. En un moment que la crisi és
galopant, en un moment en què la crisi afecta tots els països
d’arreu del món, aquesta iniciativa que parla de gent desnodrida,
de gent que passa gana, té encara —repeteixo— més valor.

Hi ha una dita que diu que, en les crisis, els rics acaben
sent més rics i els pobres acaben sent més pobres. Doncs, senyories, en
un moment de crisi la gent que passa gana acaba passant més gana, perquè
la cooperació minva, les ajudes internacionals poden minvar i, per tant,
aquest d’avui és un crit d’alerta demanant al Govern que
estigui present en el moment de la decisió de totes aquelles polítiques
que parlen d’ajuda als països on hi ha gana, on hi ha gent que
pateix fam. Per això —repeteixo— votarem a favor, per això
hem signat la transacció. Agraïm a la ponent socialista portar terme
aquesta iniciativa i el seu debat en el Senat. Només un prec: que no
quedi en res, que no sigui una nova iniciativa que, amb el pas del temps,
passi a formar part de la història escrita, però no de la realitat de les
persones. La gana és una xacra que hauria d’avergonyir a tots i
cadascun dels polítics d’arreu del món. Mentre hi hagi gana, el
polític no hauria d’estar tranquil. Per tant, avui hem de demanar a
tothom i, en aquest cas, al Govern de l’Estat que tiri endavant
polítiques d’ajuda a la gent que pateix fam.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente. Buenos días.

Señorías, la verdad es que podríamos decir que esta moción,
ahora transaccionada, es un acuerdo de buena voluntad. Y es cierto,
porque lo que se hace básicamente es instar al Gobierno a llevar a cabo
aquello que ya le corresponde, esto es, impulsar políticas para la
realización del derecho de las personas a recibir alimentación. También
le alienta a participar en foros internacionales, en reuniones y
conferencias en torno a las Naciones Unidas. Y exige más medidas, incluso
la firma de un acuerdo marco o abrir una oficina del Programa Mundial de
Alimentos en España. También habla de impulsar la base logística del
Programa Mundial de Alimentos y de la cooperación española en Las Palmas
para dar apoyo a las operaciones de emergencia en África, algo lógico,
dada la proximidad de las islas Canarias a ese continente, en el que
están la mayor parte de personas que sufren hambre.

Una vez más nos encontramos ante una iniciativa socialista
llena de buenas voluntades, pero corremos un peligro, y es que pueda
terminar siendo eso: nada más que buenas voluntades que con el paso del

tiempo se queden en nada —tenemos demasiados ejemplos
en el Senado de cosas que han sido aprobadas y acordadas que luego no se
han llevado a cabo—. Por lo tanto, hay quien puede preguntarse por
qué la apoyamos. Pues porque en Convergència i Unió siempre hemos tenido
como norma apoyar las iniciativas cuando son positivas. Y, dada la bondad
de esta, como digo, la vamos a apoyar. Porque en un mundo en el que 1020
millones de personas malnutridas padecen hambre, tenemos que dar pasos
adelante, tenemos que actuar. Y eso es lo que solicitamos en esta moción
transaccionada: que el Gobierno pivote políticas de cooperación, en este
caso de lucha contra el hambre. Le pedimos también que, dado que forma
parte de organismos internacionales, y con su incorporación a la
ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, que es la agencia de las
Naciones Unidas más importante del mundo que está en primera línea de la
lucha contra el hambre, lidere iniciativas en la línea de rebajar esa
grave situación que afecta a tantísima gente, a más de 1000 millones de
personas, en especial a las capas sociales más débiles en los países
subdesarrollados, como son las mujeres y los niños y niñas.

Sabemos que no alcanzaremos los Objetivos de Desarrollo del
Milenio marcados en el Programa para el Desarrollo que fue fijado desde
las Naciones Unidas, pero podemos intentar rebajar al máximo los niveles
de hambre y de pobreza a lo largo de este período, antes del 2020.

Además, en esta moción lo único que hacemos es incidir en
las prioridades del Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012. Y
lo hacemos mediante el consenso, con una transacción firmada por todos
los grupos, por tanto, también por Convergència i Unió. En este sentido,
queremos aplaudir el esfuerzo de la portavoz socialista, la senadora
María Teresa Camacho, para encontrar el consenso. Y también, cómo no, el
de la portavoz popular, Elvira Velasco, porque la aportación del partido
mayoritario en el Senado es importante a la hora de alcanzar consensos.
La cooperación para el desarrollo en los países pobres, y en especial los
proyectos para luchar contra el hambre, no son ni pueden ser monopolio de
ningún partido. Por consiguiente, este es un tema claramente social, y
hoy eso queda de manifiesto aquí, en el Senado, gracias a este acuerdo.
Así que, una vez más, doy las gracias a todos los grupos presentes en el
Senado por dicho consenso.

Y ahora, aprovechando mi perfil deportista, dado que soy
alguien del mundo del deporte, y también culé, hoy feliz ya que avanzamos
hacia Wembley, voy a utilizar un símil deportivo dirigido al Gobierno.
Les diré: señores del Gobierno, ustedes tienen la pelota en su campo; y
entre comillas, les diré también: hagan como el Barça, jueguen bien esa
pelota. Señores del Gobierno, hoy el Senado ha hablado, y ahora son
ustedes los que tienen que sacar adelante esta iniciativa. Es una
iniciativa que en momentos de crisis tiene más valor del que podría
tener. Ya lo tiene por sí misma, evidentemente, porque se refiere a la
lucha contra el hambre, pero en un momento de crisis galopante, en el que
la crisis afecta a los países de todo el mundo, esta iniciativa, que
habla de gente desnutrida y que padece hambre, tiene aún
—repito— mayor valor.

Hay un refrán que dice que en las crisis los ricos acaban
siendo más ricos y los pobres, más pobres. Pues, señorías, en momentos de
crisis la gente que padece hambre acaba padeciendo aún más hambre, porque
la cooperación merma y las ayudas internacionales también pueden mermar.

De modo que el de hoy es un grito de alerta pidiendo al
Gobierno que esté presente en el momento de tomar decisiones sobre
aquellas políticas que hablan de ayudar a los países en los que se sufre
hambre, en los que hay gente que realmente sufre esa hambruna. Por eso
—repito— votaremos a favor, por eso hemos firmado la enmienda
transaccional. Insisto en que agradecemos a la portavoz socialista el que
haya traído esta iniciativa para su debate en el Senado. Y simplemente
quiero hacer un ruego: que esto no quede en papel mojado, que no sea una
nueva iniciativa que con el paso del tiempo pase a formar parte de la
historia escrita pero no de la realidad de las personas. El hambre es una
lacra que debería avergonzar a todos y a cada uno de los políticos en
todo el mundo. Mientras haya hambre, los políticos no deberíamos
sentirnos tranquilos. Por lo tanto, hoy pedimos a todos, y en concreto al
Gobierno del Estado, que se lleven a cabo políticas para ayudar a
aquellos que padecen hambre.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra
el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

El meu grup recolzarà aquesta moció, crec que cal
felicitar-nos un cop més pel consens. A més, considero que l’esmena
que va presentar la senadora Elvira Velasco pel Grup Parlamentari Popular
era una esmena pertinent. Ha estat intel·ligent que la senadora Camacho
l’hagi recollit perquè millora

substancialment aquesta moció a l’incorporar el
seguiment de les partides pressupostàries, el seguiment, l’evolució
i el control de totes les accions contra la fam.

Ens felicito un cop més perquè avui parlem de la fam, de
cooperació internacional, de pobresa i que, un cop més, aquest debat el
finalitzem amb un consens per part de tots els grups parlamentaris. Crec
que és important que una de les principals xacres que pateix la
humanitat, com és la fam —junt amb el canvi climàtic—, sigui
un element de debat en una cambra parlamentària. Ho fem de la mà
d’una moció del Grup Parlamentari Socialista, una moció
substanciada per la senadora Camacho. Jo comparteixo amb ella el primer
diagnòstic: el 2011 a la humanitat es pateix més fam que el 1990. El
primer objectiu dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni,
fonamental per a mi, que és el combat contra la fam, està pitjor que
millor respecte a la signatura dels acords de Monterrey. És a dir, que
estem en una situació crítica on es evident que la situació econòmica
influeix, on és evident que el canvi climàtic influeix, però també on és
evident que la retallada a l’ajut oficial al desenvolupament per
part dels països donants és un factor que dificulta més encara aquesta
lluita contra la fam. I Espanya forma part d’aquest grup de països
que han retallat les ajudes oficial al desenvolupament.

Es pot dir que la fam és la pitjor de les pobreses i avui
dia el pitjor, la paradoxa més cruel, és que res té a veure amb la manca
d’aliments. És fruit, en primer lloc, de l’especulació; en
segon lloc, del malbaratament d’aliments i, en tercer lloc,
d’un model intensiu d’agricultura orientat a
l’exportació que és insostenible ecològicament i socialment. Això
ho diem des d’una àrea geogràfica, Europa, que malbarata els
aliments. El 50% dels aliments durant tot el procés alimentari es fan
malbé, a més d’un 40% de descarts en la pesca i més d’un 50%
de les collites de cereals va a pinso o a agrocombustibles. És a dir, que
som en una situació paradoxal. Hi ha fam, fonamentalment a les zones
rurals, i tot això forma part d’un seguit de factors molt concrets,
on els menors es poden considerar que són les catàstrofes naturals, com
es pot dir per exemple amb aquesta darrera crisi, fruit dels incendis de
Rússia, amb adversitats naturals a Ucraïna o Kazakhstan.

Jo crec que a Europa, i dins dels debats que nosaltres fem
sobre la fam, nosaltres hem d’incorporar conceptes nous. Si els
aliments segueixen sent considerats com únicament i exclusivament
mercaderies, no ens en sortirem, perquè oblidem que els aliments són el
factor fonamental i bàsic d’aportació de nutrició a la població.
Això vol dir que conceptualment els estats, la comunitat internacional,
els organismes internacionals, han de vetllar i intervenir perquè els
aliments no puguin ser únicament i exclusivament considerats mercaderies
i, a partir d’aquí, ubicats únicament als llocs del mercat. Això és
un dels fenòmens que provoca l’especulació. En segon lloc, jo crec
que també cal un canvi de model agrícola. El model actual, insisteixo, un
model intensiu i principalment orientat a l’exportació, és
insostenible, és injust i sóc dels que advoco i dels que aposto pel pas
cap al que es coneix com l’agroecologia o la soberania alimentària,
és a dir, un model de desenvolupament agrícola i ramader molt diferent,
molt centrat en les necessitats, la seva sostenibilitat i, evidentment,
garantir la nutrició de la població.

Crec que aquests canvis de criteris i de model ens
portarien a parlar d’una qüestió. En les nostres mocions, els
nostres debats i fins i tot en l’acció que desenvolupa el Govern en
cooperació internacional per al desenvolupament, sempre cal tenir en
compte la coherència política. Perquè el que no pot ser és que nosaltres
continuem d’una banda fent un esforç amb ajuts al desenvolupament i
participem en programes de lluita contra la fam, però que alhora
desenvolupem polítiques, ja siguin agrícoles, ramaderes o comercials, que
evidentment l’única cosa que fan és aprofundir la bretxa i els
factors que generen la fam. Crec que aquí ha d’haver-hi una
coherència del que són els nostres models. Ha d’haver-hi també una
coherència europea amb el que és el paper de la PAC. I ha
d’haver-hi una coherència que ens permeti dotar-nos de tots els
instruments amb la lluita contra la fam.

Vull acabar un cop més felicitant el fet de la moció, la
transacció, el debat que s’ha produït, el consens a què hem
arribat, perquè crec que és una qüestió important que reiteradament
hauríem de discutir, que és com Espanya participa en la lluita contra la
pobresa i la pau a nivell mundial.

Moltes gràcies, senyor president.

Gracias, señor presidente.

Mi grupo parlamentario apoya esta moción, y creo que
deberíamos felicitarnos una vez más por este consenso. Además, considero
que la enmienda presentada por la senadora Elvira Velasco, del Grupo
Parlamentario Popular, ha sido una enmienda pertinente. Y ha sido
inteligente que la senadora Camacho

la haya recogido, porque mejora sustancialmente esta
moción, incorporando el mantenimiento de las partidas presupuestarias y
el seguimiento, la evolución y el control de todas esas acciones contra
el hambre.

Una vez más hemos de felicitarnos, porque estamos hablando
del hambre, de cooperación internacional, de pobreza, y el debate
consigue el consenso de todos los grupos parlamentarios. Es importante
que una de las principales lacras que sufre la humanidad, el hambre
—junto con el cambio climático—, sea elemento de debate en
una cámara parlamentaria, esta vez de la mano de una moción del Grupo
Parlamentario Socialista, sustanciada por la senadora Camacho, cuyo
primer diagnóstico comparto: en 2011 la humanidad padece más hambre que
en 1990; el primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, combatir
el hambre —para mí, fundamental—, hoy está peor, si lo
comparamos con el momento de la firma de los acuerdos de Monterrey.
Estamos en situación crítica, y es patente que la crisis económica y el
cambio climático influyen, pero también es evidente que el recorte de las
ayudas oficiales al desarrollo por parte de los países donantes dificulta
aún más la lucha contra el hambre, y España forma parte del grupo de
países que han recortado las ayudas oficiales al desarrollo.

Podemos decir que el hambre es la peor de las pobrezas, y
quizá la paradoja más cruel hoy es que no tiene nada que ver con la falta
de alimentos; es fruto de la especulación, del despilfarro de alimentos y
de un modelo intensivo de agricultura orientado a la exportación, que es
insostenible y socialmente injusto. Lo decimos en un área geográfica,
Europa, que despilfarra el 50% de los alimentos por deterioro; el 40% son
descartes en la pesca y más del 50% de las cosechas de cereales se
dedican a piensos o a agrocombustibles. Es una situación paradójica.
Ciertamente hay hambre en las zonas rurales por culpa de distintos
factores, pero los menores entre ellos son las catástrofes naturales,
como los últimos incendios en Rusia o las adversidades naturales en
Ucrania o en Kazajistán.

En los debates que sobre el hambre se producen en Europa
habría que incorporar nuevos conceptos. Si los alimentos son considerados
únicamente mercancías no podremos encontrar una solución, porque se
olvida que son el factor fundamental y básico de aportación de nutrientes
a la población. Eso significa que, conceptualmente, los Estados, la
comunidad internacional, los organismos internacionales, tienen que velar
porque los alimentos no sean considerados tan solo como mercancías que se
ubican en el mercado. Este es uno de los fenómenos que conlleva la
especulación. En segundo lugar, debemos efectuar un cambio del modelo
agrícola. El modelo actual es un modelo intensivo, insisto, y orientado
sobre todo a la exportación, y es insostenible e injusto, por lo que es
necesario cambiarlo mediante una transición hacia la agroecología, es
decir hacia un modelo de desarrollo agrícola y ganadero muy distinto,
centrado en las necesidades y en la sostenibilidad, y que garantice,
evidentemente, la nutrición de la población.

Estos cambios de criterio y de modelo nos llevarían a
hablar de una segunda cuestión. En nuestras mociones y debates, incluso
en las acciones que el Gobierno desarrolla en materia de cooperación
internacional para el desarrollo, debe tenerse en cuenta la coherencia
política. No puede ser que hagamos un esfuerzo en ayudas para el
desarrollo y participemos en programas de lucha contra el hambre, por una
parte, y, a la vez, desarrollemos políticas agrícolas, ganaderas o
comerciales que lo único que hacen es profundizar la brecha del hambre y
agravar los factores que la producen. Nuestros modelos deberían ser
coherentes, el papel de la PAC europea debería ser coherente; nuestra
coherencia debería permitirnos dotarnos de los instrumentos necesarios
para luchar contra el hambre.

Termino felicitando una vez más la presentación de esta
moción, la transacción, el debate que ha producido y el consenso
consiguiente. Esta es una cuestión importante que deberíamos discutir a
menudo. España participa en la lucha contra la pobreza y el hambre a
nivel mundial.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Buenos días. Con la venia, señor
presidente.

Permítanme en primer lugar, en nombre de los senadores
socialistas, como portavoz de los socialistas canarios y como senador
elegido por la población de Gran Canaria, dar la bienvenida a este Pleno
al presidente de la Autoridad Portuaria del Puerto de la Luz y de Las
Palmas y a su equipo técnico, a Magüi, así como a los integrantes del
Comité de Empresa de los Estibadores Miguel Rodríguez y Miguel Martel.
Asimismo, permítanme saludar a los servidores públicos del Programa
Mundial de Alimentos, que también nos acompañan esta mañana.

Fíjense ustedes qué orgullo y qué honor supondría que el
Senado fuera más conocido por lo que estamos haciendo esta mañana,
promover el derecho humano a la alimentación, que por las contaminaciones
acústicas que acompañan a veces los debates. Qué bueno sería que este
impulso del derecho humano a la alimentación fuera el timbre o la bandera
por la que nos reconocieran, de modo que este esfuerzo unánime
constituyera la legitimación de ejercicio del Senado de España. Por mi
parte, suscribo lo que ha dicho Alfredo Belda del archipiélago canario,
lo que han dicho los senadores Maldonado y Guillot, y me adelanto a
suscribir lo que dirá la senadora del Grupo Parlamentario Popular, porque
hoy aprobamos esta moción por unanimidad.

Durante siglos, los puertos canarios han sido la vía de
entrada de alimentos al archipiélago. Son muchas las generaciones de
canarios que han matado el hambre gracias a lo que entraba por el puerto.
Y no solo entraba grano de Latinoamérica; en ocasiones, como parte de los
esfuerzos de lucha contra la dictadura, entraban medicinas, y personas de
Canarias que no contaban con medicinas pudieron recuperar la salud
gracias a los esfuerzos de los hombres y mujeres que trabajan en los
puertos canarios. Hoy, con estos ocho puntos, intensificamos los
esfuerzos a favor de la consecución del derecho humano a la alimentación.
Y aunque haya suscrito lo que han dicho todos los portavoces,
comprenderán ustedes que tenga especial predilección por lo que ha
manifestado mi compañera Teresa Camacho Vázquez. ¿Por qué razón? Primero,
porque es compañera del Grupo Parlamentario Socialista; segundo, porque
compartimos escaño y hemos estado al tanto de la larga gestación que
permite dar a luz esta contribución al derecho humano a la alimentación.
Desde luego, no hay mejor lugar para ubicar el centro logístico del
Programa Mundial de Alimentos —les recuerdo que el esfuerzo de los
servidores públicos internacionales permite dar de comer a 90 millones de
personas en 70 países del mundo— que el Puerto de la Luz y de Las
Palmas. ¿Por qué? Porque es el puerto más importante de África
occidental: no solo es el primero de África occidental, sino que es el
puerto líder en reparaciones navales, en suministro de combustible y en
pesca. Su profundidad de calado, 18 metros, permite el atraque de grandes
contenedores que no podrían atracar en otros puertos africanos. Tiene una
intensa conectividad: 100 líneas, con los 72 puertos del África
occidental. Tiene comunicación con 510 puertos, de 135 países. Está
situado a 20 minutos por carretera del tercer aeropuerto más grande de
España, el de Gran Canaria: el tercer aeropuerto en volumen de negocio de
carga. Está entre los 100 puertos más importantes del mundo en tráfico de
contenedores, y entre los cuatro primeros de España; y no solo porque da
empleo directo a 10 000 personas generando una facturación anual de 600
millones de euros, sino porque genera divisas y porque su negocio supone
el 3% del producto interior bruto del archipiélago canario.

¿Y por qué ha sido posible esta ubicación en el Puerto de
la Luz y de Las Palmas? Pues lo ha sido no solo por renta de situación,
por su ubicación geográfica en la ruta de tres continentes, sino también
por el esfuerzo que durante años han estado haciendo tanto el actual
presidente de la Autoridad Portuaria como quienes le han precedido en el
cargo, tanto los representantes de los estibadores portuarios que hoy
están aquí como quienes les han precedido en su representación. Ha habido
un esfuerzo de conjunto, que se ha transmitido para aprovechar la renta
de situación del archipiélago en estas rutas comerciales, en estas rutas
de comunicación, en estas rutas marinas, en estas rutas trasatlánticas
entre Europa, África y América. Fíjense ustedes: los estibadores
portuarios se han reducido su salario en 1000 euros para hacer posible
una ganancia en competitividad, en calidad y precio de los servicios.
Fíjense ustedes en que el esfuerzo del presidente de la Autoridad
Portuaria ha sido inmenso por conseguir infraestructuras de última
generación, que han aumentado la calidad de los servicios, han
garantizado la conectividad y han garantizado los precios, la
competitividad, en una palabra, de los servicios. Fíjense ustedes, en
fin, en que lo que hoy estamos haciendo aquí no es solo contribuir al
derecho humano a la alimentación, sino también conseguir que esa
plataforma de paz, esa plataforma con que cuentan los países enriquecidos
para trata de garantizar el derecho humano a la alimentación en los
países empobrecidos, utilice el archipiélago como punto de lanzamiento.
¿Qué busca el Programa Mundial de Alimentos? Hacer su labor cuanto antes
y al precio más barato posible, y cuanta mayor conectividad exista mayor
eficacia y más ahorro en el coste se conseguirán. Busca que lleguen
pronto y a un precio razonable, no solo los flujos regulares de
alimentos, sino también los flujos de alimentos cuando se producen
tragedias naturales.

Lo que estamos haciendo ahora es intensificar la
legitimación de ejercicio del Senado; la legitimación de origen la tiene
de suyo, por la elección directa de los senadores por la población
española o por los parlamentos autonómicos o las asambleas legislativas
de las comunidades autónomas, pero la legitimación de ejercicio está en
función de su trabajo diario, de la calidad de las reformas que
introduce, de la calidad de las enmiendas que incorpora o de la calidad
de los acuerdos que adopta. A mí me enorgullece hablar

en nombre de los socialistas españoles, hablar en nombre de
los ocho socialistas canarios que estamos aquí y como senador por Gran
Canaria, y acabo como empecé: les agradezco que hayan estado aquí a los
servidores públicos Benjamín Flores y Antonio Salort Pons, que
representan al Programa Mundial de Alimentos; les agradezco su presencia
a Magüi, a Miguel Martel, a Miguel Rodríguez y a Javier Sánchez-Simón,
que ya es conocido aquí, en la Cámara, porque ha sido senador durante más
años que un servidor de ustedes. Están haciendo ustedes un magnífico
trabajo y cuentan con todo nuestro cariño y nuestro agradecimiento.

Nada más, señor presidente. Ya ve que, para romper con mi
larga costumbre, he acabado antes de que usted me lo advierta. (Risas.)
Gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora
Velasco.

La señora VELASCO MORILLO: Gracias, señor presidente.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, también vamos a
empezar dando las gracias y la bienvenida a los responsables de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas, a su presidente y a las personas que
lo acompañan, y a los miembros del Programa Mundial de Alimentos. Damos
las gracias, igualmente, al Grupo Parlamentario Socialista y a los demás
grupos por la transaccional que ha incorporado la enmienda que ha
presentado el Grupo Popular.

Esta moción tiene mucho que ver con el logro del objetivo 1
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de reducir a la mitad la
proporción de personas desnutridas en los países en desarrollo, cuestión
que compartimos en el Grupo Popular, un asunto al que no le faltan
dificultades, como ya han enunciado los portavoces de los grupos
parlamentarios. La lucha contra el hambre es un largo camino plagado de
buenos propósitos y escasos logros, puesto que ni la meta de la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación de 1996 ni la del ODM 1 se han visto
acompañadas por el necesario esfuerzo de inversión ni por las reformas
públicas imprescindibles para garantizar el derecho a la alimentación de
todas las personas. La grave situación de la seguridad alimentaria en el
mundo ha dado lugar a múltiples reuniones de alto nivel en las que los
Gobiernos del norte y del sur han puesto sobre la mesa propuestas sobre
cómo hacerle frente, y en ellas han surgido diferentes iniciativas
dirigidas a impulsar la producción de alimentos y a fortalecer los
sistemas de protección para atender a las personas que sufren mayor
riesgo de padecer hambre. En el Plan Director de la Cooperación Española
2009-2012 se refleja el compromiso de destinar el 10% de la AOD a la
promoción del desarrollo rural y a la lucha contra el hambre. España
participa en varios procesos internacionales relevantes relacionados con
la seguridad alimentaria, y, como Estado miembro de la FAO, forma parte
del grupo de contacto encargado de llevar a cabo la reforma del Comité de
Seguridad Alimentaria Mundial. Sin embargo, no podemos decir que el papel
de España haya sido muy activo, a pesar de que ha ido comprometiendo
dinero en programas de nutrición. Tenemos varios ejemplos: ¿se celebra la
Conferencia de la FAO en 2008?, comprometemos 550 millones de euros para
tres años; ¿se celebra la Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad
Alimentaria en enero de 2009, en Madrid?, Zapatero se compromete a
destinar 1000 millones de euros en cinco años para garantizar la
seguridad alimentaria —200 millones anuales—; ¿se celebra la
cumbre España-CEDEAO?, España compromete 240 millones de euros que, por
cierto, no son nuevos, sino que forman parte de los 1000 millones
comprometidos en Ramsar; ¿se celebra la reunión de L’Aquila,
impulsada por el G-8?, España anuncia 1500 millones de euros en cinco
años, 1000 de los cuales fueron anunciados en Ramsar y 500 millones
nuevos para nutrición infantil; en noviembre se celebra la Cumbre Mundial
sobre Seguridad Alimentaria de la FAO, y anunciamos 1500 millones de
euros en cinco años, que están incluidos en los anuncios anteriores.
Señorías, con este baile de anuncios y cifras es difícil conocer si se
trata de fondos previamente asignados o de recursos realmente
adicionales, y todo ello demuestra claramente una falta de estrategia
sobre qué queremos hacer y con quién, y cuánto queremos asignar. Queda
muy bien en las cumbres internacionales que el señor Zapatero dé
titulares de periódico, pero, en ocasiones, no pasan de ahí. Lo que
realmente se necesita son reformas políticas de más calado para reducir
la crisis, y no solo compromisos económicos, que, en momentos como estos
por los que estamos pasando, son los que sufren recortes. En épocas de
bonanza económica, España ha hecho aportaciones de AOD a 16 organismos
multilaterales relacionados con la agricultura y la alimentación, que se
han visto afectadas en momentos de restricciones económicas, al
recortarse la AOD en 1200 millones de euros. Conocemos también los
recortes que han sufrido las aportaciones a algunos organismos, y no solo
la del Programa Mundial de Alimentos. En algún titular de

prensa hemos visto que tanto Unicef como el Programa
Mundial de Alimentos podrían verse afectados por los recortes, lo mismo
que los ha sufrido otro gran organismo, el Fondo Mundial de Lucha contra
el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.

En uno de los puntos de la moción se refleja que se
mantendrán las aportaciones de la AOD destinadas a garantizar el Objetivo
de Desarrollo del Milenio numero 1, siempre que las disponibilidades
presupuestarias lo permitan, porque, mal que nos pese, las circunstancias
económicas mandan. Señorías, en momentos en que manda la situación
económica, se ha de hacer un esfuerzo en otros parámetros relacionados
con la calidad, la eficacia y la eficiencia, principios de la Declaración
de París y de la Agenda de Acción de Accra, y es fundamental también la
coordinación entre los donantes y el liderazgo, así como la apropiación
de los países receptores y la alineación en los planes y programas
nacionales. Igualmente, la rendición de cuentas en el uso de los fondos
en la lucha contra el hambre, especialmente de los de la ayuda
multilateral, y la evolución del impacto en los objetivos de reducción
del hambre son fundamentales para lograr el máximo impacto. Además, hay
que fortalecer las capacidades humanas y técnicas del sistema de
cooperación española, poniendo en marcha un sistema de seguimiento y
evaluación de las contribuciones de la AOD española a los organismos
multilaterales, y en particular al Programa Mundial de Alimentos, a la
FAO y al FIDA.

El plan director reconoce el elevado número de fondos
multilaterales, y la inmadurez del sistema de rendición de cuentas
debilita el impacto de las contribuciones, cuestión de la que ya nos ha
advertido en diferentes ocasiones el CAD, el Comité de Ayuda al
Desarrollo. España debe involucrarse de una manera mucho más activa en
los procesos de toma de decisiones, para reclamar los cambios necesarios
en las políticas que afectan a la seguridad alimentaria. Para ello, es
preciso que tenga poder de decisión y que los organismos multilaterales a
los que más recursos destinamos cuenten con personal de España, cuestión
que permanentemente demanda al Gobierno el Grupo Parlamentario
Popular.

El punto de la moción que hace referencia a que Las Palmas
sea la base logística del Programa Mundial de Alimentos y de la ayuda de
emergencia lo consideramos importante, porque el puerto de Las Palmas
ofrece seguridad, servicios y una gran conectividad con África
occidental, como lo ha considerado tanto la Cruz Roja como la Media Luna
Roja.

Aunque somos conscientes de que cualquier proyecto de estas
dimensiones requiere un gran desarrollo para materializarse y no sabemos
si lo llegaremos a ver en esta legislatura o tendremos que esperar a la
próxima, le pedimos al Gobierno que, aparte de anunciarlo en esta Cámara,
como ha hecho, agilice todos los trámites que estén en su mano para que
el proyecto sea cuanto antes una realidad. Nos gustaría que esta moción
sirviera para agilizar el proceso y para que este llegara más allá de las
buenas voluntades, como indicaba el senador Maldonado. Le pido al senador
Díaz Tejera, que tan bien conoce las características del puerto de Las
Palmas, que hable con el Gobierno y que agilice el proceso, para que el
proyecto sea pronto una realidad y para que el Programa Mundial de
Alimentos pueda beneficiarse del acuerdo. Las Palmas es un punto
neurálgico, y esta Cámara le manifiesta su apoyo por unanimidad, para que
lleve a cabo los objetivos.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Finalizado el debate y con la transaccional firmada por
todos los grupos, se entiende que la moción queda aprobada por
asentimiento.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE
LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

— DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN RELACIÓN
CON EL PROYECTO DE LEY DE REGULACIÓN DEL JUEGO. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. S. 621/000095.)

(Núm. exp. C.D. 121/000109.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos, señorías, al punto sexto del
orden del día: dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones
de ley remitidos por el Congreso de los Diputados: De la Comisión de
Economía y Hacienda en relación con el proyecto de ley de regulación del
juego.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el
senador Vilajoana.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Muchas gracias,
presidente.

Presentación del dictamen del proyecto de ley de regulación
del juego. El proyecto de ley que se somete en este acto a la
consideración del Pleno del Senado, que se tramita por el procedimiento
de urgencia, tuvo su entrada en esta Cámara el día 18 de abril, fecha de
su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de
presentación de propuestas de veto y enmiendas terminó el día 25. Se han
presentado 110 enmiendas a este proyecto de ley, así distribuidas: 8 del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; 31 del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió; 20 del Grupo Parlamentario de
Entesa Catalana de Progrés; 5 del Grupo Parlamentario Socialista y 46 del
Grupo Parlamentario Popular.

La ponencia ha estado integrada por doña Judith Alberich
Cano, doña María del Mar Angulo Martínez, don Antonio Hurtado Zurera, don
José Muñoz Martín, don José Manuel Pérez Bouza, doña María José Rodríguez
Ramírez, don Pere Sampol i Mas y el senador que tiene el honor de
dirigirse en estos momentos al Pleno de la Cámara. La ponencia emitió
informe el día 27 de abril y acordó incorporar al texto del proyecto de
ley las propuestas que contienen las enmiendas 106 a 110, del Grupo
Parlamentario Socialista. Ese mismo día la comisión se reunió y aceptó
como dictamen el informe emitido por la ponencia, quedando, por tanto,
rechazadas las demás enmiendas.

Han presentado votos particulares a este proyecto de ley
los grupos parlamentarios de Senadores Nacionalistas, Convergència i
Unió, Entesa Catalana de Progrés y Popular.

Nada más, señor presidente, señorías, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¿Turno a favor? (Pausa.)

¿Turno en contra? (Pausa.)

Al no haber intervenciones, pasamos al debate de las
enmiendas.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas,
tiene la palabra el senador Pérez Bouza.

El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, presidente. Bos día a todos
e a todas.

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas tenía
ocho enmiendas, de la número 52 a la número 59. Hemos transaccionado tres
de ellas, una sobre la base de la enmienda número 57 y otra sobre la base
de las enmiendas 58 y 59. Especialmente importante para nosotros era la
enmienda número 57, que finalmente marca que será una ley la que
establezca los porcentajes de retorno al deporte procedentes de las
apuestas deportivas. Para nosotros esto era un tema importante.

Hemos conseguido llegar a un acuerdo con el Grupo
Parlamentario Socialista y por lo tanto, sobre la base de esas dos
transaccionales que afectan a tres enmiendas iniciales, retiramos el
resto de las enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Muchas gracias, señor
presidente.

El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió presentó en
el Congreso 85 enmiendas, de las cuales 30 fueron aceptadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, 16 mediante enmiendas transaccionales y 14
directamente. En el Senado, nuestro grupo presentó 31 enmiendas y, tras
una negociación positiva, se han aceptado directamente las enmiendas
números 21 y 51, que entendemos muy significativas, y se han
transaccionado las enmiendas números 36, 37, 48, 49 y 50. Por tanto,
quedaban vivas 24 enmiendas que retiramos en este acto; informaremos a la
Mesa de sus números.

Muchas gracias, señor presidente, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,
tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Iniciativa per Catalunya-Verds había presentado 14
enmiendas a este texto, de las que las más importantes, las más señeras,
eran las números 6 y 8. Con esas dos enmiendas pretendíamos diferenciar
entre gestor responsable del juego y políticas de juego responsable, del
actual artículo 8, en el que

creíamos que se producía cierto batiburrillo entre estos
dos conceptos. Para nosotros, gestión responsable del juego es la
protección de la integridad y la legalidad del juego, mientras que las
políticas de juego responsable tienen como objetivo la promoción del
juego responsable, es decir, evitar los efectos negativos del juego sin
medida ni responsabilidad, las ludopatías, etcétera.

Hemos podido llegar a una transacción con el señor Hurtado,
portavoz del Grupo Socialista, sobre esas dos enmiendas, las más
importantes para mi grupo, respecto a un proyecto de ley que nos remite
el Congreso, donde ya acercamos muchas posturas con el Gobierno, lo que
nos hacía cómoda la votación y aprobación de este proyecto de ley.

Con esa diferenciación que figura en la transaccional de
que les hablaba, que incorpora al artículo 8 la protección de los
consumidores y las políticas de juego responsable, y al artículo 10 todo
lo que afecta a la gestión responsable del juego, se produce un cambio
sustancial en el proyecto de ley, que hace aún más cómoda para nosotros
su votación. En consecuencia, señor presidente, le anuncio que, de las
enmiendas que manteníamos, las números 6 y 8 quedan subsumidas en la
transaccional y solo se votará la enmienda número 10; las demás enmiendas
quedan retiradas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, el senador Muñoz tiene
la palabra.

El señor MUÑOZ MARTÍN: Gracias, presidente.

Señorías, a este Pleno han llegado 110 enmiendas que, por
lo que hemos oído ahora a los señores portavoces, se quedan prácticamente
reducidas a las 46 del Grupo Parlamentario Popular, de las cuales, como
diré, algunas han sido transaccionadas. De estas 46, 11 han sido
totalmente nuevas. Y en este punto quiero agradecer a la Consejería de
Justicia e Interior de la Junta de Castilla y León sus valiosas y
razonadas técnicas y opiniones en la persona de su secretario general,
don Miguel González Gago, a quien agradezco públicamente el esfuerzo que
ha hecho contra reloj y en época vacacional para realizar estas
aportaciones técnicas y aclaratorias que, por lo que he oído a los
portavoces, no se van a aprovechar demasiado.

En esta línea de enmiendas técnicas tenemos la número 62,
que añade a las apuestas, y según su concepto, las categorías de estándar
indirecto, omitidas pese a su importancia creciente. Quiero pensar que
esta omisión es debida a un simple error; no me gustaría pensar que ha
sido eliminada por el desembolso que hay que realizar para poner en
marcha este tipo de apuestas y que se pretende dejar tiempo a las
entidades gestoras de los juegos con reserva de actividad, que son más
que reguladas protegidas por esta ley, para ofrecerlas más adelante.
Conviene no olvidar que la Dirección General de Ordenación del Juego, si
no me equivoco, está ubicada en la última planta del edificio donde
reside la Lotería Nacional.

La enmienda número 63 es también técnica. Aclara que no
debe existir tarifación adicional en los concursos coordinando los
párrafos 1 y 2 del artículo encomendado.

Las números 64 y 65 detallan el póker, la ruleta y el bingo
mediante los diferentes medios de comunicación a distancia porque,
señorías, hay que contemplar e incluir toda la oferta de los juegos. Los
que no estén en esta ley pasarán a ser juegos de las redes ilegales
porque estas seguirán ofreciéndolos a quienes lo deseen.

La enmienda número 66 solicita que se cree un catálogo
comprensivo de los diferentes tipos de juego en cada modalidad. En la
número 69 exigimos la regulación fiscal del solicitante de la licencia en
la misma línea que en la número 73.

La enmienda número 68, también técnica, aclara que no es lo
mismo el ámbito de espacio común europeo que los países de la Comunidad
Económica Europea introduciendo a Turquía y a otros países en el ámbito
de la ley y al unificar uno de los dos párrafos del artículo referidos a
uno y otro concepto.

Con algunas de nuestras enmiendas, por ejemplo, las números
65 y 71, intentamos aclarar algo que sigue estando dudoso en varios
pasajes de la ley. Esta ley debe regular, en todo el ámbito nacional,
todas las apuestas que se realicen y desde cualquier lugar del mundo pero
por medio de métodos no presenciales: televisión, radio, Internet u
otros, es decir, a través de medios electrónicos, informáticos o
telemáticos. Los llamados juegos presenciales, físicamente instalados en
un territorio, son competencia y objeto de la legislación de cada una de
las comunidades autónomas y no del Gobierno de la nación.

Otras enmiendas, como las números 73, 74, 75 y 76 exponen
garantías, controles o autocontroles a los operadores a distancia. La
número 79 pide mantener provisionalmente la legislación de contrabando

hasta la modificación del Código penal. La número 80
resalta y exige el dominio .es para el ejercicio de estas actividades. Y
a su vez en la número 81 se solicita un plazo de tres meses, previo
informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, para que se
desarrolle esta norma reglamentariamente.

Otras enmiendas de este grupo cabría denominarlas de
totalmente razonables, por ejemplo, la número 82, que exime de
responsabilidad subsidiaria a los medios de comunicación en las tasas
fiscales del anunciante que no paga. Entendemos que es un nuevo sistema
absolutamente ilegal, y en contra de la más mínima coherencia fiscal, de
matar al mensajero aunque ahora con impuestos que no le pertenecen. Y
sobre la misma hemos llegado a un acuerdo transaccional aunque no con
toda la profundidad y claridad que queríamos.

Otras enmiendas son para agilizar los trámites, por ejemplo
la número 72, en cuya filosofía coincidíamos con la Entesa aunque en
sentido contrario, es decir, dando por válida la solicitud con silencio
administrativo a los 14 días para los juegos ocasionales o promocionales
que se originen en cortos tiempos y esporádicamente.

A través de las números 93 y 94 valoramos las apuestas
hípicas, que son de enorme importancia en otros países además de que son
generadoras de puestos de trabajo relacionados con la propia hípica y con
los caballos. En la enmienda número 84 se retoca algún porcentaje y base
de tributación de los diferentes tipos de apuestas. La experiencia en el
desarrollo de las leyes de juego en otros países así lo aconsejaban.

Las números 100 y 101 son importantes, a nuestro entender,
y arbitran un régimen transitorio para que no se paralicen los contratos
ni la actividad económica en vigor desde el 1 de enero del 2011 y hasta
la plena regulación con las nuevas autorizaciones, permitiendo, además, a
los afectados adecuar sus documentaciones con un régimen transitorio
sancionador y fiscal para con las nuevas normativas. En estas enmiendas,
asi como en la 103 y 104, hemos llegado a un acuerdo transaccional aunque
con efectos más cortos de lo que pretendíamos. Otras 5 enmiendas
corresponden a algunas que fueron presentadas como transaccionales en el
Congreso de los Diputados y que al final no prosperaron.

Y para finalizar esta descripción diré que 30 de estas
enmiendas corresponden a unas presentadas por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso y que tampoco pudieron ser aprobadas,
transaccionadas ni retiradas.

Por el contrario, no ocurre así con las presentadas por
otros grupos; por ejemplo, de las 31 que presentaba Convergència i Unió,
5 son iguales a otras que fueron transaccionadas en el Congreso, y 15 son
iguales a otras que ya fueron retiradas por su grupo.

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas optó por
las que el señor Corcuera presentó dentro del Grupo Mixto, y Entesa
Catalana se remite a todas las presentadas en el Congreso, que son las
que ha retirado, según ha explicado su portavoz.

Aunque estamos muy distantes en algunas materias, como son
las enmiendas repetidas en el Congreso por Convergència i Unió
—ahora número 43 y antes 178—, y por el Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas, enmiendas números 53, 54 y 55 —antes
66, 69 y 70—, y sobre la 11 —que no compartimos ni
apoyamos—, en otros muchos asuntos sin duda cabría llegar a algún
acuerdo con buena voluntad. No pensamos en otros puntos en los que
nuestra posición es totalmente tajante, como en el de crear nuevos
organismos, especialmente en épocas en que aconsejan austeridad.

Esta es la razón de nuestras enmiendas 60 y 61, por las que
nos oponemos a la creación de la comisión nacional del juego, entendiendo
que la Dirección General de Ordenación del Juego puede realizar las
funciones que se le adjudican, y por lo que pedíamos también en nuestras
enmiendas suprimir todo lo relacionado con ella —artículos 20 y
artículos 26 al 33 inclusive de dicho proyecto de ley.

También nos oponemos a la privatización de la LAE. Si un
organismo ha funcionado desde 1763 a plena satisfacción del Estado y de
los ciudadanos, no hay razón económica suficiente para hacer caja con un
ingreso puntual, aunque sea importante —10 000, 15 000
millones—, a costa de eliminar unos ingresos seguros cada año para
los Presupuestos Generales del Estado del orden de 3000 millones
netos.

En cualquier caso, de nuestras 46 enmiendas hemos podido
transaccionar 6. Esta es la voluntad de consenso del Gobierno. Lo
sentimos por la ley y también lo sentimos por los afectados.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para un turno en contra, tiene la palabra el senador
Hurtado.

El señor HURTADO ZURERA: Buenos días, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, debo decir que esta no es una
ley cualquiera, es una ley muy importante. Regula un mercado que a diario
contemplamos en Internet, en los periódicos, en la promoción, en los
patrocinios, y que hasta este momento se encontraba en una situación de
alegalidad, situación que había que regular. En algunos países como
Francia, Reino Unido, Italia —y en este caso España— se está
haciendo una regulación equilibrada. En otros países como, por ejemplo,
Alemania, no lo han regulado y se van a mantener en esa situación de
alegalidad y en Estados Unidos incluso lo han prohibido.

Estamos hablando de un proyecto de ley que, por una parte,
trata de regularizar lo que son las loterías y apuestas del Estado, los
juegos de ámbito estatal, pero sobre todo el juego a través de Internet y
de los medios de comunicación, el denominado juego on line.

Tengo que agradecer a todos los colectivos que han
participado en la mejora de este proyecto de ley; proyecto de ley
—insisto— difícil, porque regula un sector muy complejo.
Hemos mantenido reuniones con representantes de los medios de
comunicación, de publicistas y de las operadoras y quiero hacer una
mención especial a los representantes de los jugadores rehabilitados, a
FEJAR, Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. El Grupo
Parlamentario Socialista desea mostrar sus mayores respetos y admiración
a este colectivo, ya que han sido víctimas del juego y han sido capaces
de rehabilitarse con las terapias correspondientes. Merecen toda nuestra
consideración y todo nuestro respeto. Por eso, les hemos escuchado muy
atentamente acerca de todas las demandas que han propuesto.

Como ya he dicho, este es un sector complejo, no es
cualquier sector económico, y requiere un control público, una regulación
pública, un dimensionamiento público, buscando el equilibrio entre lo
económico y lo social. Y como objetivo de esta ley está la seguridad
jurídica de aquellos que participan y de aquellos que son operadores del
juego. Pero también está la protección de los menores, la protección de
las personas que se autoprohíben jugar, así como la protección del orden
público, porque sabemos que el juego en algunos casos se ha utilizado
para el blanqueo de capitales, incluso para financiación del terrorismo.
Además, esta ley es escrupulosa con las competencias estatutarias de las
comunidades autónomas. Asimismo, incluye la publicidad, la promoción y
los patrocinios.

Tengo que decir que ha sido mucho el trabajo realizado y
agradezco a los portavoces de todos los grupos parlamentarios su
magnífica disposición. A todos ellos les quiero manifestar mi mayor
agradecimiento y, cómo no, a los de mi grupo parlamentario, a mis
compañeros Guillermo, María José, Yolanda y Elena. Especialmente quiero
recordar al equipo de la Secretaría General de Hacienda, que de forma
velada ha estado aportando información y documentación para que hoy
aprobemos lo mejor. Por cierto, a su representante, a quien dirige esa
secretaría general, una cordobesa, nuestro agradecimiento también por su
trabajo.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a decir sí a
5 enmiendas. En primer lugar, a la número 10, presentada por el Grupo
Entesa Catalana de Progrés, que trata de reducir de tres meses a uno la
resolución acerca de los juegos ocasionales para agilizar la gestión.

Vamos a votar a favor de las enmiendas de Convergència i
Unió, números 21 y 51. La primera, respecto de un término con ámbito
estatal considerado en el artículo 1. La segunda, respecto a otro
término, en referencia a los organismos de juego de las comunidades
autónomas.

Y vamos a votar también a favor de dos enmiendas del Grupo
Popular —el diálogo y el debate han fructificado, senador Muñoz, y
se lo agradezco—, en concreto, la relativa al Espacio Económico
Europeo para introducir a Turquía y otros países, y la que hace
referencia a algo que es importante para mejorar esta ley, y es que los
títulos habilitantes han de requerir estar al corriente de las
obligaciones fiscales.

Lo principal es que el trabajo ha fructificado en enmiendas
transaccionales que han resuelto los importantes o significativos flecos
que la ley traía del Congreso. Y quiero hacer mención expresa a esos
flecos. Por ejemplo, se logró una transaccional muy importante con
Entesa, por cuanto que, como bien ha dicho su portavoz, se diferencia
claramente la gestión responsable del juego y la política de juego
responsable. En concreto, la política de juego responsable se plasma en
el artículo 8 y la gestión responsable del juego en el artículo 10, como
una de las obligaciones de los titulares de licencias. La política de
juego responsable es considerada como una política integral, donde se
contempla no solamente el dimensionamiento, sino también la protección,
la seguridad jurídica, la sensibilización, la información.

Por otra parte, hemos resuelto el régimen transitorio de
esta ley. Era un importante fleco que quedaba pues, en principio, tal y
como ha venido aquí, tanto el régimen fiscal como el sancionador se
aplicaban desde el día siguiente a su entrada en vigor y era, desde
luego, algo que había que mejorar. El régimen fiscal se aplica con la
entrada en vigor de la ley, pero teníamos que darle un plazo de
transitoriedad al

régimen sancionador. Ese plazo se ha marcado en la enmienda
que hemos firmado con CiU, con el PP y con otros grupos parlamentarios,
prácticamente con la totalidad, y consiste en establecer un periodo
transitorio hasta el 1 de enero del año 2012 o hasta que se publique la
primera resolución de la concesión de licencias.

Por otra parte, en este régimen transitorio también hemos
resuelto una demanda de los medios de comunicación con respecto a la
publicidad y a los patrocinios que ya estaban contratados antes de la
entrada en vigor de esta ley, y se ha marcado la misma fecha de
transitoriedad: hasta el 1 de enero del año 2012 o hasta que salgan
publicadas las licencias. Se va a permitir que los contratos de
publicidad, de patrocinio, principalmente deportivos, sigan en vigor
hasta que, como he dicho, transcurra el plazo del 1 de enero de 2012 o
hasta que sea publicada la resolución de la primera licitación.

Hemos apoyado también una enmienda propuesta por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas, en concreto del BNG.
Agradecemos su aportación porque hemos resuelto el problema del sistema
de retorno. ¿Cuánto retorna de lo que se recauda en el juego a los clubes
deportivos? En ese sentido, hemos elaborado una enmienda transaccional
muy interesante, porque, en principio, establece que va a ser una ley la
que determine qué porcentaje de la recaudación se va a utilizar en el
sistema de retorno y cómo se va a distribuir; es decir, va a existir la
posibilidad de que todos los grupos parlamentarios participen en esa
definición del porcentaje y de su distribución. En ese sentido,
agradecemos al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas que haya
aportado esa idea para concluir y determinar ese fleco que quedaba en el
sistema de retorno.

Además, hemos incluido una cláusula muy importante, y es
que el retorno solamente sea para los clubes y para las celebraciones en
España. Tal como venía, parecía que también había que retornar dinero a
los partidos de futbol de otros países. Evidentemente, eso era una
barbaridad. Lo que se recauda aquí es para que retorne a los clubes y a
los eventos o celebraciones deportivas españolas.

Hemos introducido también una enmienda transaccional del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado con respecto a la exención del
IRPF, y queremos que se mantenga el statu quo en cuanto a los premios en
el juego, en las loterías, en las quinielas. En ese sentido, si la
sociedad de apuestas estatal crea nuevos juegos, desde luego, sus premios
no estarían exentos del pago correspondiente al IRPF. Agradecemos también
su disposición a firmar esta enmienda transaccional.

En cuanto a la última enmienda que hemos firmado ha sido la
de CiU, relativa a la definición de la base imponible, que no estaba
claramente definida en el artículo 48.6. Había diferencias
interpretativas sobre cuánto suponía la base imponible de las apuestas
cruzadas, algo que se ha definido con claridad; si no había valor de
mercado, se utilizaría siempre el valor que figura en la declaración del
impuesto sobre sociedades. También se establece la determinación del
valor del coste de la llamada.

Por otra parte, hemos resuelto un importante fleco, y es el
que se refiere a los medios de comunicación. Existía mucha preocupación
con lo que venía del Congreso, en cuanto a la responsabilidad solidaria
establecida en el artículo 48.5; una responsabilidad solidaria que aquí
hemos matizado sustancialmente. En ese sentido, había un carácter general
que permanece para los propietarios, para los titulares, para los
prestadores de servicios, para los que se benefician de la actividad del
juego, pero se ha eliminado el carácter especial de responsabilidad
solidaria en el pago del impuesto para aquellos medios de comunicación
que daban publicidad a juegos que no tenían el título habilitante. En
este sentido, agradezco al senador Vilajoana, al senador Muñoz y al resto
de portavoces su esfuerzo porque entre todos hemos sido capaces de
concretar una solución a ese importante fleco que tanto preocupaba.

Por otro lado, vamos a votar en contra de muchas de las
enmiendas que ha mantenido el Grupo Parlamentario Popular. Hemos tratado
de convencerles de que la ley ha mejorado tanto que no valía la pena
mantener ninguna pero el Grupo Popular ha considerado lo contrario. Así,
voy a señalar las más significativas y qué razones de peso nos llevarán a
votar en contra. Por ejemplo, el Grupo Popular no quiere que se cree la
comisión nacional de juego y apoyan su argumento en la austeridad, en que
supone un derroche. Pues bien, quiero aclarar al señor portavoz del Grupo
Popular que los recursos de que disponga la comisión nacional de juego
serán los recursos de que dispone actualmente la Dirección General de
Ordenación del Juego; los mismos recursos humanos y materiales. El coste
será el mismo y, por tanto, ¿cuál será la diferencia? La diferencia
radicará en que la comisión será un organismo independiente de la
Administración General del Estado y de esa forma se garantizará que la
regulación y el control del juego será más eficaz; pero, insisto, sin
coste añadido alguno. Por ese motivo, no vamos a aceptar esa enmienda del
Partido Popular.

Tampoco vamos a aceptar la enmienda que propone la
eliminación de la tasa por las actuaciones generales de la comisión. La
comisión cuenta con una serie de servicios para desarrollar sus funciones
de regulación y de control, de estados comparativos, de análisis y de
investigación que, evidentemente, tienen que sufragar todos los
operadores de juego y no uno específicamente porque se benefician todos a
la par. Esta tasa tiene que sufragar aquellos conceptos de gasto que no
se le pueden imputar a un operador concreto sino a toda una generalidad.

Por otro lado, y quiero poner especial interés en este
tema, tampoco apoyamos la enmienda que trata de incorporar las apuestas
en vivo y en directo. Hemos hecho caso al propio sector, a los propios
afectados, a FEJAR. Las apuestas en vivo y en directo significan una
constante instigación al juego y en ese caso siempre sale perjudicado
aquel que no puede controlarlo. El hecho de estar en un partido de fútbol
preguntando de forma insistente quién será el próximo que saque un córner
o quién será el próximo al que saquen una tarjeta es instigar al juego
continuamente. Insisto, se trata de un aspecto muy preocupante para los
que han sufrido el juego, para sus víctimas, para las asociaciones y para
la federación que están tratando de que sean cada día menos. Por tanto,
hemos hecho caso ideológicamente a este colectivo para rechazar esa
enmienda, señor Muñoz, e incluso consideramos que sería conveniente que
ustedes la retiraran. Son muy pocos los países que tienen reguladas las
apuestas en vivo y en directo porque, insisto, representan una
instigación constante y permanente al juego.

Tampoco vamos a apoyar la definición de otros juegos que
ustedes tratan de incorporar, como es el caso del bingo on line o de las
apuestas en vivo y en directo. Creemos que en el articulado están
suficientemente definidos los otros juegos.

Por otro lado, no estamos de acuerdo con su pretensión de
reducir a 14 días el tiempo para la resolución de los juegos ocasionales
y con un silencio positivo. En este sentido, estamos mucho más de acuerdo
con la propuesta de Entesa Catalana de Progrés de reducción de ese plazo
a un mes, pero que el silencio siempre sea negativo.

Asimismo, no vamos a aceptar el período transitorio en la
implantación de las infracciones, condicionándolo a una modificación del
Código penal. Esta ley marca un régimen administrativo. El Código penal
no ha surtido el efecto deseado; de hecho, el juego ha estado muy vivo en
este país y, cómo digo, no ha surtido efecto. El régimen administrativo
que implantamos seguro que va a ser mucho más efectivo.

No vamos a admitir tampoco la especificidad que se le
quiere dar, en concreto, a Ceuta y a Melilla en cuanto a las
bonificaciones en un impuesto sobre actividades de juego. No tiene,
digamos, explicación hacer una diferenciación territorial de aquellos
operadores que actúen en estas dos ciudades ni tampoco podemos aceptar el
que se incorpore un sistema propio de financiación en Ceuta y Melilla,
cuando realmente no tienen el sistema de financiación de las comunidades
autónomas pues habría que modificar dicho sistema de financiación.

Tampoco vamos a aceptar una pretensión muy insistente del
Partido Popular como es la de condicionar al Gobierno, a través de
disposiciones adicionales, en lo que puede ser la venta de la Sociedad
Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Esa es una competencia del
Gobierno. Vamos a ser respetuosos con el sistema competencial que tenemos
en este país. No podemos atenazar al Gobierno para impedir que desarrolle
una política que es una política legítima y, en este caso, estoy seguro
que eficaz.

Tampoco vamos a poder apoyar la pretensión que tienen a
través de la enmienda relativa a que la unidad de centrales de juego de
los operadores esté en territorio nacional, ¡qué más nos gustaría a
nosotros!, pero es la normativa de la Unión Europea la que lo prohíbe. Sí
nos permite que la Comisión Nacional del Juego esté monitorizada con la
unidad central de todos los operadores y tenga la información en tiempo
real, pero la enmienda, tal como está planteada, no se puede admitir.

Por tanto, señor Muñoz, nos hubiese gustado que usted
hubiese retirado las pocas enmiendas que han quedado. En ese sentido,
sería un éxito de todos haber conseguido un apoyo total y absoluto a esta
ley.

No obstante, agradezco la colaboración, como he dicho
anteriormente, y espero que, cuando acabe el debate y las votaciones,
todos en el Senado nos podamos sentir muy orgullosos del trabajo que
aportamos, que es el de mejorar sustancialmente una ley que tenía
importantes flecos sobre un sector que necesita una regulación y un
control público y que, desde luego, tiene que estar bien dimensionado
atendiendo a principios de equilibrio y, sobre todo, a principios de
orden público y de justicia social. Insisto, no es cualquier sector
económico. Es un sector muy especial que necesita tener y garantizar la
protección de personas que también han sido víctimas del propio juego.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿El Grupo Mixto quiere hacer uso de la palabra?
(Denegación.)

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas,
tiene la palabra el señor Pérez Bouza.

El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, señor presidente.

Voy a ser muy breve. Simplemente quiero manifestar que
vamos a votar favorablemente este proyecto de ley por dos cuestiones
fundamentales: una, porque regula una actividad, fundamentalmente el
juego on line, que hasta el momento estaba en una situación de ilegalidad
o alegalidad, y por lo tanto es positivo porque no solo permitirá
establecer distintas tasas impositivas sobre la actividad del juego, sino
que también protegerá a aquellas clases sociales que puedan estar más
relacionadas o más desprotegidas con respecto a esa actividad. Y dos, ya
que finalmente quedan, a nuestro juicio, a resguardo las competencias
autonómicas que en un principio, tal y como estaba el articulado
presentado por el Gobierno, suscitaban algunas dudas al respecto y que
ahora creemos quedan perfectamente delimitadas. Por lo tanto, estos son
los dos motivos principales, aparte de la disposición del Gobierno y del
Grupo Parlamentario Socialista, tanto en el Congreso como en el Senado,
de llegar a acuerdos con los distintos grupos que pienso que mejoran
sustancialmente esta ley.

Votaremos a favor de algunas de las enmiendas de los
distintos grupos parlamentarios que siguen vivas y votaremos en contra de
aquellas otras que consideramos que no aportan nada nuevo y que no
mejoran sustancialmente este proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, en primer lugar, quiero agradecer el esfuerzo
realizado por el Grupo Parlamentario Socialista para intentar
transaccionar enmiendas presentadas por mi grupo, que consideramos
mejoran esta ley.

En segundo lugar, evidentemente, mi grupo votará
positivamente porque es una ley necesaria. Internet ha introducido un
nuevo mundo en los juegos interactivos; todos estos juegos estaban en una
situación de alegalidad —no tenían la cobertura jurídica adecuada
que deberían— y que regula esta ley.

Por otra parte, ya en el momento en que se debatió y aprobó
la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información entendíamos que había
que incorporar esta cuestión, y nuestro grupo parlamentario en una
disposición adicional solicitó la elaboración de esta ley con la mayor
rapidez posible, que ahora se produce.

Como ha dicho nuestro compañero senador del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas, nos ha preocupado que esta ley
respetara las competencias que otorgan la Constitución y los estatutos de
autonomía a las comunidades autónomas, y creemos que así lo hace.
Entendemos que protege adecuadamente a los menores.

Como ha comentado anteriormente el senador socialista,
también nos hemos preocupado por evitar una situación que se produce en
el mundo del juego, y es que hay personas que juegan impulsivamente y con
este sistema de juego interactivo se podría potenciar y llegar a
situaciones de una gran complejidad. Por otra parte, entendemos que
ofrece seguridad jurídica en el sentido de prevenir fenómenos de blanqueo
de capitales, de financiación del terrorismo, etcétera, que son elementos
que la ley contempla, a los que les da soluciones jurídicas.

Por todo ello, teniendo en cuenta, repito, que estamos ante
una ley necesaria, que el mundo evoluciona, que no regular esta situación
sería un gran error y que, además, perderíamos ingresos tributarios que
en estos momentos son muy importantes, nuestro grupo votará
positivamente. Vamos a apoyar también las enmiendas que todos los grupos
han considerado positivas y no votaremos el resto, habiendo retirado,
como he dicho anteriormente, las nuestras que han quedado pendientes
porque creemos que con las que se han aprobado conseguiremos los
objetivos que nos marcábamos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Vilajoana.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,
tiene la palabra la senadora Alberich.

La señora ALBERICH CANO: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías.

Quiero manifestar el voto a favor del proyecto de ley de
nuestro grupo parlamentario y recordar que Entesa ha llegado a un acuerdo
con el Grupo Parlamentario Socialista, Iniciativa per Catalunya Verds,
por lo que quedarían vivas la enmienda transaccional y una de las
enmiendas, pero se retiraría el resto.

Y vamos a votar a favor por dos razones básicas: en primer
lugar, en los nuevos tiempos, el acceso libre a Internet permite que
menores y que aquellas personas que habían manifestado su disposición a
no participar en juegos pudieran acceder al juego libremente; parecía un
mundo fácil y divertido cuando es todo lo contrario, es realmente
peligroso; ciertos anuncios publicitarios de juegos on line o incluso
publicidad pueden llegar a los móviles libremente, con un vaivén de
mensajes que se acaban convirtiendo en una apuesta o en un juego. Por
tanto, repito, era necesario proteger específicamente a los menores, y
con esta ley se consigue.

En segundo lugar, quiero indicar nuestra satisfacción
porque es una ley que respeta al máximo el marco competencial autonómico,
y lo demuestra con la creación de un órgano coordinador entre Estado y
comunidades autónomas como es el Consejo de Políticas del Juego.

Por tanto, repito, Entesa Catalana de Progrés votará a
favor del proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo en nombre de mi grupo para abordar el
trámite final de este debate.

El proyecto de ley que se somete hoy a aprobación por el
Senado es, sin duda, un proyecto relevante. Se trata de una regulación
necesaria que aborda de un modo integral el sector del juego en España,
que, además, en los últimos años, ha visto cómo ha surgido y se ha
desarrollado de un modo vertiginoso una modalidad nueva dentro de esta
actividad de la mano del desarrollo de las tecnologías de la información
y la comunicación.

La profusión de juegos desarrollados mediante medios
electrónicos, telemáticos e interactivos, en definitiva, lo que se conoce
como juegos on line, demandaba una respuesta normativa que abarcara esa
nueva realidad desde sus múltiples vertientes: en primer lugar, la
práctica de la actividad con garantías para quienes participan de ella
como consumidores y usuarios; en segundo lugar, la seguridad jurídica
también para el desarrollo de una actividad económica dentro de un marco
que establece derechos y obligaciones a los operadores y que permite las
condiciones para el funcionamiento de un sector competitivo en un mercado
con reglas claras; en tercer lugar, la disposición de controles públicos
para evitar la práctica no solo de fraude, sino de otro tipo de
actividades delictivas asociadas al blanqueo de capitales o a la
financiación del terrorismo; y, por último, aunque no menos importante,
la consideración hacia aquellas personas que son merecedoras de una
especial protección frente al juego como son los menores y quienes
padecen algún tipo de patología en relación al mismo.

Se trata, señorías, de un necesario ejercicio de
intervención en la conformación de una norma que tiene la complicada
misión de conciliar intereses múltiples, diversos y, en ocasiones,
claramente enfrentados. Se pone fin con esta ley a un vacío legal, a una
realidad que ha ido desenvolviéndose en términos de alegalidad pero que,
sin duda, con relación a algunas prácticas, todos podríamos coincidir en
calificar de ilegalidad alguna de ellas. Esa necesidad de regular el
juego se recoge en mandatos tanto a nivel nacional como a nivel europeo.
Las más significativas pueden ser: una resolución del Parlamento Europeo
de marzo de 2009 o la anteriormente disposición adicional vigésima de la
Ley de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información en el año 2007.
Y es que el fenómeno, fruto del despliegue de las tecnologías de la
información, de Internet, etcétera debe someterse, al igual que otros que
utilizan esta herramienta como vehículo, a las novedades que nuestro
ordenamiento jurídico ha ido incorporando de la mano de ese escenario
nuevo que plantean los servicios de la sociedad de la información
—en el caso del juego, las consustanciales al comercio electrónico,
la protección de datos o la que tiene que ver con juegos transfronterizos
que trascienden de los límites territoriales de un país u otro.

Señorías, sin duda las tecnologías de la información y la
comunicación no son el problema, pero sí es cierto que, al ofrecer nuevos
cauces a la acción humana, plantean nuevos desafíos y exigen nuevas
respuestas. Al aspecto meramente instrumental se viene a sumar una nueva
modulación que altera los aspectos materiales. Por ejemplo, es indudable
que ante problemas preexistentes en nuestra sociedad

como pueda ser la ludopatía, la práctica del juego en un
entorno digital convierte a quienes sufren esta adición en personas mucho
más vulnerables. Del mismo modo, el fraude, tanto por el operador como
por el usuario que suplanta su identidad, puede ser mucho más fácil.

Desde que en 1996 naciera en Finlandia la primera modalidad
de juego de azar on line —en España algunos años después—,
este sector ha experimentado un crecimiento muy rápido y ha adquirido una
considerable entidad desde el punto de vista económico que conviene
ordenar. Según los datos contabilizados en el Informe anual del juego del
Ministerio del Interior, en 2009, solo en la modalidad presencial, la
cantidad jugada ascendió a más de 30 000 millones de euros en nuestro
país. En este sentido, desde el punto de vista del funcionamiento del
mercado, y salvaguardando aquellas otras implicaciones de carácter social
que lleva el juego, frente a otros países que han optado por una
prohibición total como Estados Unidos, o por fórmulas de monopolio
nacionales bien de carácter público o privado, el Gobierno, a nuestro
juicio, acertadamente, ha optado por una mayor liberalización de la que
hasta ahora tenía en nuestro país el juego presencial, con la excepción
de las reservas fijadas para los operadores de lotería y, ocasionalmente,
para algún sorteo desarrollado por entidades sin fines lucrativos,
reservas que la propia ley justifica por razones de interés público que a
día de hoy siguen en vigor, aunque, señor Muñoz, efectivamente, desde el
siglo XVIII, que ha mencionado usted, afortunadamente muchas cosas han
cambiado y hay razones más que suficientes para modernizar aspectos de
una sociedad que va a seguir siendo de titularidad y de naturaleza
pública.

En el caso de nuestro país, y como no puede ser de otro
modo, la regulación del juego que se desarrolla a nivel estatal atiende a
la coexistencia con ámbitos competenciales propios de las comunidades
autónomas y sin perjuicio, por tanto, de las disposiciones que marcan los
respectivos estatutos de autonomía en la materia. De hecho, el Grupo
Parlamentario Socialista quiere destacar que el proceso de diálogo
entablado con las comunidades autónomas —esta ley viene pactada con
las comunidades autónomas— lo considera muy fructífero y positivo.
Dicha coordinación la asume el Consejo de Políticas de Juego, al que la
ley dibuja, además de esa tarea, otra muy importante cual es promover la
convergencia del régimen jurídico fiscal aplicable a cualquier modalidad
tipo y operador de juego. Eso redundará, sin duda, en beneficio de
todos.

Se trata, por tanto, como señala la ley, de que también con
su aprobación pueda establecerse una oferta dimensionada del juego, una
oferta en un sistema abierto pero controlado pues se prevé que razones de
interés público puedan motivar eventualmente la limitación en el número
de operadores; se establece un sistema en el que quedan claras las
condiciones de acceso mediante un proceso de doble licencia y las de
explotación para los operadores; se establece consecuentemente un régimen
sancionador que preserve la eficacia de la ley; y, por último, un régimen
fiscal que somete a tributación esta actividad, cuya recaudación se
destina en su mayor parte a las comunidades autónomas.

Señorías, la oferta que se pretende alcanzar mediante esta
ordenación se considera por la mayoría de los operadores —y así lo
ha podido constatar el Grupo Parlamentario Socialista— como
suficientemente amplia en atención a las modalidades definidas y a la
referencia residual del artículo 3 en su apartado f), en la que se da
cabida a fórmulas que, por el propio interés de un sector en continua
evolución, no conviene cerrar en un catálogo restrictivo.

Junto a los términos que marca el estatuto de operadores,
la ley prevé igualmente un conjunto de derechos y deberes también para
los participantes en los juegos. Unos y otros sin duda configuran un
marco de relaciones mucho mejor y más clarificador. Entre los primeros
destaca, como ya ha mencionado mi compañero, el senador Hurtado, la
Unidad Central de Juego para, efectivamente, poder monitorizar aquellos
operadores que no desarrollan su actividad con sede en nuestro territorio
o, también, en este sentido, algunas cautelas en cuanto a la exigencia de
representantes permanentes en España para combatir el fraude o aspectos
de tributación. Para los usuarios esta ley viene a favorecer la
existencia de un entorno de seguridad y transparencia, al que también
deben contribuir desde su posición y con su comportamiento. La ley
establece una serie de registros. Y en definitiva, también es digno de
mención, desde luego, el hecho de que la regulación del juego se somete a
los principios y prácticas que se engloban bajo la denominación de
políticas de juego responsable y de gestión responsable del juego
precisamente en atención a estas implicaciones que trascienden del juego
como una mera actividad económica.

Señorías, esta ley viene también a responder a una
necesidad que nos marca la jurisprudencia del Tribunal Europeo, una
demanda acorde con los tiempos y con el funcionamiento de cualquier
mercado hoy en día: la separación del órgano regulador de los órganos
operadores. De esta exigencia deriva la

creación de esa Comisión Nacional del Juego, órgano que
consideramos clave en la implementación de esta ley y en el
funcionamiento del sector y que, como ya se ha dicho, es un organismo
funcionalmente independiente de la Administración General del Estado, lo
cual le da muchas mayores facultades y capacidad para acometer la tarea
que tiene encomendada por la ley. De hecho, tiene encomendadas tareas de
regulación, autorización, supervisión y control, así como las actividades
asociadas al juego que figuran en el proyecto de ley. Así, partiendo de
la orden ministerial que regule cada juego, se le asigna ese desarrollo
con mayor concreción de cada uno de ellos; perseguir el juego no
autorizado; la función de arbitraje; la homologación de los sistemas y el
software para garantizar que se ajustan a estándares de calidad; o
promover trabajos de investigación y estudio sobre el juego y su impacto
en la sociedad, entre otros; un órgano que, no obstante, no invade ningún
tipo de competencia propia de otros órganos como las autoridades de
defensa de la competencia, por supuesto, las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado pero que entendemos de una suma importancia. Por
tanto, estamos a favor, cómo no, de su creación.

Especial consideración merece la publicidad, y hablando de
publicidad y de juego, debemos señalar las implicaciones de esta ley en
el ámbito del deporte. En cuanto a la primera, nos parece adecuado el
camino por el que ha optado este proyecto de ley de que la
autorregulación tenga un papel complementario y no sustitutivo de la
propia norma, así como el tratamiento que esta actividad tiene en la ley
por la especial incidencia que tiene en el sector del juego. Asimismo,
somos conscientes del volumen de negocio publicitario que vincula a
deporte y a operadores de juego mediante patrocinio y acuerdos
publicitarios. Ya se ha dicho que se ha conseguido un camino de seguridad
jurídica en el régimen transitorio de la ley.

También hay que destacar en cuanto al régimen de control la
posibilidad del bloqueo de los soportes digitales a través de los cuales
se desarrolle la actividad por parte de operadores que incurran en
infracciones, cuya sanción requiera de la colaboración de los prestadores
de servicios de intermediación. Finalmente, un sistema de retorno al
deporte que deberá regularse por ley y muchos otros aspectos que quedan
encomendados a la tarea de desarrollo reglamentario.

Por tanto, señoría, estamos ante una norma necesaria e
importante, por lo que el Grupo Socialista, además de destacar la
idoneidad y la oportunidad de su aprobación, que, por primera vez, dibuja
un escenario claro y completo de la realidad del juego en nuestro
país,…

El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego concluya.

La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Termino, señor presidente.

… que proporciona integridad, seguridad, fiabilidad,
transparencia y eficiencia a las operaciones del juego, queremos subrayar
que se ha logrado conformar ese difícil equilibrio entre los distintos
intereses que se dan cita en torno al juego.

Por último, quisiera agradecer las aportaciones de las
entidades que nos han acompañado en el recorrido de esta ley en el
Senado, así como el trabajo de los portavoces —el de mi compañero,
el señor Hurtado y el del resto de los grupos parlamentarios—. Ha
sido un trabajo intenso y decisivo para la mejora de una norma que incide
de un modo trascendental en la regulación de una actividad con
importantes efectos en nuestra sociedad.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Muñoz.

El señor MUÑOZ MARTÍN: Gracias, presidente.

Señorías, el proyecto de ley de regulación del juego que
hoy nos ocupa es una muestra más de la constante improvisación, incluso
también de la falta de respeto del Gobierno, para con el Legislativo y,
especialmente, para con esta Cámara, aunque esto no implique que no deba
agradecer al senador Hurtado su posición y sus buenos oficios en la
misma.

El juego on line, objeto aparente de la misma, mueve un
volumen económico muy difícil de evaluar. Se estima que en el mundo se
mueven entre 25 000 y 30 000 millones de dólares. Pues bien, esta materia
todavía seguía sin estar regulada en España. Otros países como Francia,
Italia o Inglaterra ya lo hicieron con anterioridad y, sin duda,
podríamos haber sacado consecuencias de su experiencia, cosa que dudo
bastante que se haya hecho, y ello, después de siete años de legislatura
y de la expresa petición de la disposición transitoria de la Ley de
Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.

En este mercado mundial de juegos on line, en constante
crecimiento, Europa representa aproximadamente la mitad y, en España,
algunos operadores hablan —basándose en las cifras estimadas del
año 2009 y en los porcentajes de crecimiento del 20%— que la cifra
de beneficios del año 2010 habrá sido del orden de 300 o 400 millones de
euros.

La Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones
apuntaba la cifra de 360 millones de facturación neta en el año 2009, con
una facturación bruta del orden de los 1000 millones.

Son cifras, sin duda, importantes, que representarían una
pérdida fiscal del orden de 200 millones si partimos de unos tipos medios
del 20%, pero, en cualquier caso, son bastante inferiores a los 3000
millones que los juegos del Estado aportan cada año a los presupuestos de
la nación.

Con esta ley no solo no regulamos estos juegos del Estado,
sino que, aunque teóricamente los incluyéramos, solo lo hacemos para, de
hecho, excluirlos de esta regulación, eso sí, insistiendo mucho en las
garantías y en el control público, como si las loterías y apuestas del
Estado no hubiesen estado garantizadas y controladas en este país desde
hace nada menos que tres siglos.

Este proyecto se tramita por el trámite de urgencia
—también lo fue en el Congreso— y con capacidad legislativa
plena en la Comisión de Economía. Aquí se publicó el lunes santo,
finalizando el plazo de enmiendas el lunes de Pascua, una semana de
Pasión para una ley que, por su importancia económica y necesidad
legislativa reconocida y pedida por este grupo y por todo el sector, no
merecía pasar un trámite de enmiendas en esta Cámara de apenas solo tres
días hábiles.

Se notan pues en esta ley dos hándicaps en el Gobierno: la
necesidad de recaudar y la de blindar la posición de loterías para hacer
caja también con la venta de un porcentaje de esa entidad, que quedaría
segura y revaluada con el nuevo marco legal.

Las prisas son las peores consejeras para la serenidad y
análisis que requieren las leyes que se pretende que sean operativas, con
amplio consenso y con vocación de continuidad.

En esta, a pesar del esfuerzo contrarreloj tanto en el
Congreso, como —más todavía— en el Senado, tenemos varias
impresiones: primera, que no se ha escuchado lo suficiente al sector
implicado; segunda, que se han mezclado y se mezclan competencias porque
está sin definir claramente lo que se quería regular o hasta dónde se
quería llegar. Y, tercera —y probablemente esta sea la base del
problema—, se ha legislado con la sombra del deseo de privatizar
cuanto antes a la entidad LAE, que está sobrevolando a lo largo de todo
el articulado. Una absurda obsesión del Gobierno que, a cambio de recibir
4, 10 o 15 000 millones de una sola vez, renuncia a ingresar cada año
unos 3000 millones para sus presupuestos. Una entidad, Loterías y
Apuestas del Estado, que viene funcionando a plena satisfacción del
Estado y de los ciudadanos, que son sus legítimos propietarios, desde
1763. Una entidad que detenta la mejor red comercial especializada en
juegos del Estado de toda la Unión Europea, que es la única que detenta
un 33% de la cuota de su mercado de juego y también es la primera en
gasto por habitante en juego público. Se va a desmantelar el mejor modelo
europeo de juego público y también el menos agresivo para los ciudadanos
jugadores.

Han tenido tres años para coordinar y preparar a las
comunidades autónomas, que también dejan fuera de esta regulación porque
el Consejo de Política del Juego poco va a poder decir a la hora de
organizar y de coordinar la publicidad y la normativa del juego
presencial, que se verá notablemente perjudicado con la entrada de los
nuevos operadores y la propia competencia —nada leal— de los
operadores privados, que serán propietarios de hasta un 49% de lo que
hasta ahora era el negocio del juego exclusivamente del Estado.

Señorías, esta no es nuestra ley. Es más, probablemente
hubieran sido necesarias más de una ley para regular toda la materia que
nos ocupa hoy. En esta ley queda fuera el juego presencial privado, que
representa nada menos que el 60%, y es competencia de las comunidades
autónomas, aunque en algunos artículos de esta ley parece olvidado.
También queda excluida la ONCE —un 7% del mercado— y sobre
todo el 33% del mismo, que es la LAE, a la que ya nos hemos referido, que
será el ente híbrido más beneficiado entre monopolio y competidor, entre
sociedad estatal y señores privados, y, entremedias de todo ello, aparece
el Ministerio de Economía y Hacienda como operador y regulador. ¡Viva la
libre competencia!.

La presente ley no debería llamarse ley del juego, sino ley
reguladora del juego no presencial, aunque esto tampoco se regula con
plenitud, especialmente si no se aprueban, como parece ser, las enmiendas
del Grupo Parlamentario Popular que la complementan. Para regular este
porcentaje en el sector del juego, se crea un organismo, la Comisión
Nacional del Juego, algo a lo que nosotros nos oponemos. Casi es una ley
para crearlo, le dedican un capítulo entero, el II. Y no queremos entrar
en financiaciones y

tantos por ciento que provienen del juego virtual y que
suponemos rebajará lo que recibirán las comunidades autónomas, que algo
tendrían que decir.

En fin, improvisación, falta de diálogo, falta de respeto a
las Cámaras legislativas impidiendo debates enriquecedores que, a nuestro
juicio, permitirían aprovechar la ocasión de regular bien un sector
—hasta ahora ilegal o alegal— de la importancia del que nos
ocupa, que entre los instigadores de la ley ha llegado a producir no solo
tensiones, sino caídos y despedidos.

Esta ley, en definitiva, repito que no es la ley del
Partido Popular, pero lo que es peor, tampoco es la ley que el juego y el
país necesitan. Hemos intentado con nuestras enmiendas hacerla más útil,
operativa y razonable pese a su incongruencia y precipitación. Una vez
más han perdido la gran oportunidad de legislar bien y de escuchar a los
demás. Lo sentimos, es su responsabilidad, y por eso el Grupo
Parlamentario Popular se abstendrá en la votación a la totalidad de esta
ley.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación del proyecto de
ley de regulación del juego.

En primer lugar, votamos las enmiendas de Convergència i
Unió números 21 y 51.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor, 133; en contra, 110.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda número 10, de la Entesa.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor, 132; abstenciones, 111.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Abran las puertas. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Del Grupo Popular, votamos las enmiendas 68 y 69.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor, 243.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Resto de las enmiendas del Grupo Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor, 110; en contra, 133.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las propuestas de modificación firmadas por todos
los grupos números 63110, 63112 y 63113. ¿Se entiende que pueden
aprobarse por asentimiento? (Asentimiento.)

Quedan aprobadas.

Propuestas con número de registro 63108, 63109 y 63111,
firmadas por todos los grupos, con la excepción del Grupo Popular.
¿Pasamos a votarlas? (Asentimiento.)

Votamos.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 244; a favor, 134; en contra, 110.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Señorías, votamos a continuación aquellas partes del
proyecto de ley que no han sido votadas con anterioridad.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 244; a favor, 244.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Votamos el resto del proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 244; a favor, 133; abstenciones, 111.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la
Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado
al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas
en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el rey.

— DE LA COMISIÓN DE CIENCIA E INNOVACIÓN EN RELACIÓN
CON EL PROYECTO DE LEY DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN.

(Núm. exp. S. 621/000092.)

(Núm. exp. C.D. 121/000080.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, a continuación pasamos a
debatir el dictamen de la Comisión de Ciencia e Innovación en relación
con el proyecto de ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el
senador López Carvajal. (Rumores.)

Señoría, espere un momento a que se haga silencio. Queremos
oírle.

Silencio, señorías. Solamente nos quedan cinco proyectos de
ley y prisa no tenemos.

Tiene la palabra, señoría.

El señor LÓPEZ CARVAJAL: Gracias, señor presidente.

El proyecto de ley que se somete a la consideración del
Pleno del Senado se tramita por el procedimiento ordinario y tuvo su
entrada en esta Cámara el día 25 de marzo, fecha de su publicación en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de
enmiendas finalizó el día 6 de abril, ampliándose al 12 de dicho mes. A
este proyecto de ley se presentaron un total de 221 enmiendas,
distribuidas de la siguiente forma: 3 correspondientes al Grupo
Parlamentario Mixto; 1, firmada por don Alfredo Belda Quintana, también
del Grupo Parlamentario Mixto; 87 enmiendas del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés; 7 enmiendas del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas; 88 enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y
32 enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència
i Unió.

El 6 de marzo la comisión designó ponencia, que quedó
integrada por los siguientes senadores: Antonio Alarcó y José Antonio
Rubio, del Grupo Parlamentario Popular; Luis Salvador y Yolanda Vicente,
del Grupo Socialista; Rosa Nuria Aleixandre, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; María Josefa Celaya, del
Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Miren Lore
Leanizbarrutia, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, y el
senador Narvay Quintero, del Grupo Parlamentario Mixto.

La ponencia se reunió para informar el día 28 de abril,
elaborando un informe en el que se incorporaron al texto del proyecto de
ley las siguientes enmiendas: una enmienda transaccional sobre la
enmienda número 7, de don Alfredo Belda Quintana; enmiendas números 95 a
99, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; enmiendas números
194 a 197, 204 y 213, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; enmiendas transaccionales sobre la base de las
enmiendas número 199, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, número 28, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana
de Progrés y número 117, del Grupo Parlamentario Popular, todas ellas
añadiendo una letra f) al apartado 2 del artículo 16; enmiendas
transaccionales sobre la enmienda número 207, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió y la número 165, del Grupo
Parlamentario Popular. Enmienda transaccional sobre la enmienda 212, del
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, al apartado 2 de la
disposición adicional duodécima. Enmiendas 8 a 10 y 61, del Grupo de
Entesa Catalana de Progrés; enmienda transaccional sobre la enmienda 11,
del Grupo de Entesa Catalana de Progrés; enmienda transaccional sobre la
enmienda 19, del Grupo catalán de Entesa. Enmiendas 103 a 106, 109, 110,
121, 131, 136, 143, 146 a 148 y 158, del Grupo Parlamentario Popular;
enmienda transaccional sobre la enmienda 108, del Grupo Parlamentario
Popular; enmienda transaccional sobre la enmienda 113, del Grupo
Parlamentario Popular; enmienda transaccional sobre la enmienda 122, del
Grupo Parlamentario Popular; enmienda transaccional sobre la enmienda
149, del Grupo Parlamentario

Popular; enmienda transaccional sobre la enmienda 151, del
Grupo Parlamentario Popular; enmienda transaccional sobre la enmienda
161, del Grupo Parlamentario Popular.

Se han retirado las siguientes enmiendas: la enmienda 101,
del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; las enmiendas 193,
198, 202, 205, 206, 208, 215, 220 y 221, del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convèrgencia i Unió; las enmiendas 102, 107, 111 a 125,
126 a 130, 132 a 135, 137 a 142, 144 y 145, 150, 152 a 157, 159, 160,
162, 163, 166 a 170, 175, 177, 179 a 184 y 186, del Grupo Parlamentario
Popular.

La comisión se reunió para aprobar el dictamen el pasado
día 28 de abril, acordando como dictamen el texto propuesto por la
ponencia.

Se han presentado cinco votos particulares: el número 1,
del Grupo Parlamentario Mixto; el número 2, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas; el número 3, del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convèrgencia i Unió; el número 4, del Grupo Parlamentario
Popular y el número 5, del Grupo de Entesa Catalana de Progrés.

Quiero agradecer la labor realizada por la letrada de la
comisión, doña Blanca Hernández, y por el resto de los servicios de la
Cámara en la tramitación del proyecto de ley.

Finalmente, deseo subrayar el clima de colaboración y
consenso reinante en la tramitación del proyecto de ley, que ha permitido
aprobar por unanimidad tanto el informe de la ponencia como el dictamen
de la comisión correspondiente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al debate de totalidad.

Turno a favor.

Tiene la palabra el senador Salvador. (El señor
vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)

El señor SALVADOR GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señorías, hoy debatimos en esta Cámara la ley de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, llamada a dar el salto para la
modernización de nuestra ciencia, situándola como el corazón y la cabeza
de nuestro modelo económico; una ley que nuestro sistema de ciencia
necesitaba y que desea el máximo consenso para su aprobación y puesta en
marcha; una ley que tiene el inaplazable compromiso de contribuir a
cambiar definitivamente el patrón de crecimiento de nuestra economía; una
ley que da las respuestas necesarias desde el máximo respeto,
coordinación y colaboración con las competencias delegadas a nuestras
comunidades autónomas.

Desde la legislatura de 2004 llevamos trabajando en ese
cambio de modelo productivo. En ella aprobamos Ingenio 2010, que
incorporaba Euroingenio, Cenit y Consolider y el Plan Avanza para el
desarrollo definitivo de la sociedad de la información y del conocimiento
en nuestro país, plan que nació de una moción aprobada por unanimidad en
esta Cámara tras una transaccional de todos los grupos y que recogió las
decisivas aportaciones de los agentes y actores implicados de la
sociedad, cuyas aportaciones fueron decisivas para su contenido y
legitimación posterior.

Pero ha sido en esta legislatura, tan contaminada e
influenciada por la crisis internacional y el pinchazo de la burbuja
inmobiliaria, cuando hemos dado otros saltos necesarios para el
desarrollo del modelo. Nuestra hoja de ruta pasó inexorablemente por
crear un ministerio especializado y de referencia en las políticas
públicas que había que desarrollar e impulsar, y así nació el Micin, el
Ministerio de Ciencia e Innovación. Estábamos preparados para abordar el
cambio, primero, entendiendo que la universidad, donde se desarrollan dos
tercios de nuestra investigación, no podía estar ajena al modelo, así que
impulsamos el Proyecto Universidad 2015, los campus de excelencia
internacional, los centros de transferencia de conocimiento y acometimos
el proceso de adaptación a Bolonia. Era entender que nuestro talento
debía disponer de mayores facilidades para su desarrollo, pero teníamos
otros retos muy importantes que resolver. El primero, incluir la
innovación de manera transversal, para lo que se diseñó y se puso en
marcha la Estrategia Estatal de Innovación. El segundo, crear una cultura
de ciencia e innovación en nuestro país a nivel estatal y en sus
correspondientes comunidades autónomas. Es aquí donde aparece esta ley de
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, ley que viene a sustituir a
otra gran ley, la de la Ciencia de 1986, tan buena que nos ha durado más
de veinticinco años.

Pero parece claro que los tiempos han cambiado, que hoy
tenemos una comunidad científica que se ha multiplicado por siete, que
vivimos en un mundo globalizado y que la tecnología ha acelerado las
posibilidades de la ciencia y ha acortado sus tiempos de respuesta de una
manera espectacular.

Pero esta ley será mejor en la medida en que aglutine el
máximo consenso, dado que ha sido participada desde ese primer borrador,
elaborado por un grupo de prestigiosos expertos, y sometida a las
aportaciones de la comunidad científica por medio del uso de una
herramienta colaborativa en Internet.

Esta ley debe dar y da respuesta a los aspectos
fundamentales que requería nuestra ciencia e innovación para dar el salto
definitivo, aunque debemos tener en cuenta que si queremos la mejor ley
posible, todos tenemos que ceder en parte de nuestros postulados máximos
en aras del bien común. Hay que entender que para que una ley sea buena
debe no solo establecer el marco normativo al que haga referencia, sino
tener la suficiente flexibilidad para que no pierda su capacidad de
respuesta ante los retos que se nos planteen en el futuro.

Esta ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que
mejora y engrasa la gobernanza de nuestro sistema de ciencia teniendo en
cuenta todos sus ámbitos, viene a resolver aspectos esenciales
demandados, como el diseño de una carrera profesional clara y predecible
en el desarrollo de la naturaleza del trabajo de nuestros investigadores.
Lo resalto en primer lugar porque es uno de sus grandes logros, es una
ley que mejora los mecanismos de captación y retención de talento; es una
ley que sustituye a las becas por contratos de trabajo para nuestros
jóvenes investigadores; una ley que mejora, asimismo, la movilidad entre
el sector público de investigación; una ley en la que se valora la
transferencia de conocimiento y de los resultados de la investigación de
acuerdo con su valor a precio de mercado. Desde esta ley se afronta y se
da respuesta definitiva a la necesidad de cultivar la cultura científica,
innovadora y tecnológica en nuestra sociedad, considerando a la
divulgación como uno de sus pilares fundamentales. Es necesario que
nuestros hijos e hijas vean atractivo de mayores trabajar en empleos
basados en el conocimiento. Es importante cultivar el carácter
emprendedor de nuestros jóvenes desde la confianza y sin temer al fracaso
porque el éxito es el intento.

Esta ley impulsa la internacionalización de nuestra
ciencia, mejora la eficacia del sistema y hace un uso más eficaz de los
recursos públicos. Mejora la gestión de su financiación, pero no podemos
olvidar que también introduce criterios de igualdad de género e incorpora
la ciencia para el desarrollo, por lo que podemos decir que esta es
también una ley con alma. Por eso, señorías, durante estos años hemos ido
evolucionando de la sociedad de la información a la del conocimiento. Es
hora de que incluyamos definitivamente el talento, es hora de que
lleguemos ya a la imaginación de nuestra I+D+i para cambiar
definitivamente nuestro patrón de crecimiento. El país y la sociedad, sin
duda, nos lo agradecerán.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas
gracias.

¿Turno en contra? (Pausa.)

¿Turno de portavoces? (Pausa.)

No hay más intervenciones en el debate de totalidad, por lo
que pasamos a la defensa de las enmiendas.

Las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto han sido
retiradas.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas tiene
la palabra la senadora Leanizbarrutia.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Gracias, señor
presidente.

Señorías, nuestro grupo, cuando presentó esta enmienda, la
número 100, lo hizo pensando precisamente en que la ley debe asegurar al
menos con unos principios de carácter general el hecho de que tenemos que
sacar del mundo de la subvención todo lo que huela a investigación e
innovación. Es hora de animar al capital privado a invertir en proyectos
de investigación e innovación. Invertir en ciencia, señorías, es invertir
para generar economía. Estas van de la mano en la actualidad. La misma
OCDE, en su informe, avisa del peligro que se tiene en este Estado de
entender que investigación e innovación dependan en su mayoría de la
actividad administrativa, puesto que lo que se pretende es que la
sociedad en sí misma se comprometa en estas vías de ciencia. De todas
maneras, nos alegramos de retirarla al haber llegado algunos grupos
parlamentarios a un compromiso que consiste en que se le pedirá al
Gobierno, en una moción que ellos mismos presentarán, que en el plazo de
un año se revise la actual legislación de mecenazgo de tal forma que se
recojan, entre otros, los siguientes aspectos: la regulación de la
fiscalidad para la promoción de la I+D+i en todos los ámbitos de nuestro

sistema de ciencia e innovación; la revisión de los fondos
patrimoniales indisponibles de manera que se garantice la finalidad
perseguida en su uso.

Señorías, los centros de investigación de mayor
reconocimiento en el mundo basan su éxito, entre otros elementos, en su
estabilidad financiera a largo plazo, limitando su dependencia de las
dotaciones anuales procedentes de los poderes públicos. Lograr centros de
investigación competitivos en el ámbito internacional exige que puedan
dotarse de fondos financieros estratégicos, pudiendo nutrirse sus
presupuestos anuales parcialmente de los rendimientos de esos fondos y
pudiendo disponer de parte de ellos cuando deseen realizar apuestas
estratégicas que requieran disponibilidades financieras que no les puedan
ser aportadas por las instituciones públicas.

Esperamos, señorías, que retirando esta moción quede clara
la postura de nuestro grupo parlamentario. Deseamos que antes de que
finalice esta legislatura se garantice, al menos, la supervivencia de
centros de innovación gracias a las aportaciones del capital privado,
sobre todo en estos momentos en que todos sabemos la situación de los
recursos económicos del Gobierno. Esperamos que este vacío no haga que se
pierda capital humano ni que el Estado se pueda descapitalizar en ese
aspecto. Confiamos en que esta revisión se haga rápidamente para que el
Gobierno del Estado y los de las comunidades autónomas puedan establecer
fórmulas que realmente garanticen esa inversión en las infraestructuras
de ciencia e innovación.

Por último, diré que retiramos la enmienda número 101 ya
que será recogida en la Ley de inmigración, y nos alegra que haya un
compromiso de varios grupos parlamentarios de esta Cámara.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

Señoría, entiendo que queda retirada la enmienda que estaba
viva. (Asentimiento.)

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió tiene la palabra la senadora Aleixandre.

La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gràcies, senyor
president.

Señorías, en este primer turno me limitaré a defender las
enmiendas que quedaron vivas durante los trabajos de la ponencia
—he de decir que exhaustivos—, que como ustedes pueden
comprobar, a excepción de un solo grupo, se redujeron notablemente
gracias al esfuerzo de todos los demás grupos, y también al del propio
Gobierno a través de su grupo parlamentario, trabajos y negociaciones que
han seguido vivos incluso hasta esta misma mañana.

Es evidente que en el fondo valía la pena el esfuerzo en
una ley como la presente, una de las más importantes de la actual
legislatura y de la que tanto depende nuestro futuro.

De las 31 enmiendas presentadas, fueron aprobadas en
ponencia 7, 3 transaccionadas y 5 retiradas. En cuanto al resto, por
ajustarme al tiempo, voy a hacer su defensa en bloques.

En las enmiendas números 190, 191 y 192 pedíamos el cambio
del término «español» por el término «estatal» en todo el proyecto, tanto
en lo referente a los sistemas como en relación con las tecnologías. Se
trata exclusivamente de un problema de sensibilidad, señorías, de una
imagen plural del Estado que, por desgracia, no comparten con nosotros
muchos grupos parlamentarios. Es un concepto jacobino del Estado.

Otro de los apartados de enmiendas es el dedicado a
recursos humanos, largamente tratados en esta ley y a nuestro modo de ver
excesivamente exhaustivos, precisamente porque nos falta una legislación
sobre el personal investigador.

La enmienda número 200 se refiere a la extensión del
trabajo a tiempo parcial a todo tipo de empresas, una enmienda que no ha
sido aceptada. Las números 209 y 210, desligan la opción de utilizar
modelos contractuales solamente en el caso de que estas entidades sean
beneficiarias de ayudas o subvenciones.

En cuanto a la enmienda número 203 hoy hemos aceptado una
transaccional que nos propone el Grupo Parlamentario Socialista en la
medida de incorporar a las universidades en las empresas que puedan
utilizar distintos tipos contractuales aunque no sean perceptoras en este
caso de fondos del Estado. Recuerden ustedes que el 60% de la
investigación de este país se está haciendo en las universidades.

Las números 205 y 206 recomiendan la supresión de la letra
d) del artículo 21 y del artículo 22, eliminando los límites de
retribución superiores e inferiores en los contratos. Como decíamos en un

principio, este proyecto de ley baja a unos detalles de
contratación realmente sorprendentes para una ley de estas
características.

En la enmienda 217 se propone la declaración de los centros
de investigación de las comunidades autónomas y de las entidades locales
como beneficiarias de la Ley de Mecenazgo, no solo los centros de
investigación dependientes del Estado. Es curioso que en los primeros
borradores estuvieran los centros tecnológicos en este grupo y hayan
desaparecido en el proyecto de ley actual. El hecho de que solo puedan
ser beneficiarios de organismos públicos de investigación del Estado,
dependientes o no de él, supone una gran discriminación para comunidades
que, teniendo transferida totalmente o una parte de ella la
investigación, tienen centros de investigación propios, pero ellos no
podrán ser favorecidos en el mecenazgo a través de este proyecto de ley.

Otro bloque de enmiendas son las relacionadas con el
mecenazgo, un asunto del que debemos hablar exhaustivamente, ya que es en
estos momentos de crisis, cuando el Estado no puede hacer frente a estas
ayudas, cuando se nota la falta de apoyo de la sociedad civil, de las
empresas y de las instituciones no públicas. Todos estos apoyos a los
organismos de investigación en este país todavía son una asignatura
pendiente: a universidades, a parques tecnológicos; son ayudas que
deberíamos haber recabado hace tiempo; ayudas no solamente en el campo de
la ciencia y de la tecnología, también pueden ser en otra rama del
conocimiento, como la cultura o el arte, y que todas ellas echan en falta
una ley de mecenazgo puesta al día y que recoja las necesidades del siglo
XXI. En este sentido, presentamos las enmiendas 218 y 219 sobre
beneficios fiscales para el mecenazgo en instituciones de investigación,
de excelencia y centros tecnológicos para favorecer su financiación
cuando el Estado falla, como está ocurriendo en estos momentos.

En la misma línea va la 214, que coincide parcialmente con
la número 100, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, y que
la senadora Leanizbarrutia acaba de defender, sobre fondos patrimoniales
indisponibles en fundaciones, un sistema de financiación fuera de toda
sospecha y con prestigio en todo el mundo anglosajón, donde una entidad o
individuo, solo o junto con el Estado, ceden un determinado patrimonio a
una fundación u organismo, público o privado, que solo podrá utilizar sus
beneficios. En esta figura se basan instituciones tan importantes y tan
reconocidas mundialmente como los premios Nobel, figura que sería
importante introducir en nuestro ordenamiento jurídico, no solamente en
el mundo de la ciencia sino en las distintas ramas del conocimiento, y de
la que volveré hablar en el turno de portavoces.

En otro pequeño bloque de enmiendas, que podríamos
calificar de carácter económico, se encuentra la 208, sobre exención de
tasas y solicitud de mantenimiento de las patentes y de los modelos de
utilidad en universidades públicas y fundaciones, consorcios de derecho
público, centros nacionales de salud o concertados, así como las OPI
dependientes del Estado y de las comunidades autónomas, aunque entendemos
que la exención de tasas no se recoja por el Gobierno en un momento de
crisis económica como el actual y que sea remiso a este tipo de
incentivos, ya que supondría una disminución de los ingresos.

Hay dos enmiendas sobre las empresas jóvenes innovadoras.
En la 211 se pide incentivos fiscales para ellas y que se contemplen en
sus estatutos. No entendemos por qué el Gobierno es tan remiso a
aceptarlo, ya que si lo que estamos creando son empresas jóvenes e
innovadoras, estas mismas empresas compensarán largamente estos primeros
presupuestos, que en un principio serían menores.

En esta misma línea se ha presentado la enmienda 210, que
pretende que el Ministerio de Ciencia e Innovación, sin perjuicio de las
competencias de las comunidades autónomas, otorgue la condición de
empresa joven e innovadora… Es curioso el temor que tiene el
Gobierno central a que las comunidades autónomas otorguen el carácter de
empresa joven innovadora. Es como desconfiar del mismo Estado. ¿Las
comunidades autónomas somos o no somos Estado? Si somos Estado, tenemos
que hacer lo mismo que él y, sino somos Estado, deberíamos replantearnos
en qué Estado estamos. Creíamos que al final podríamos llegar a un
consenso.

Por último, la 201 propone la creación de un nuevo
artículo, a continuación del artículo 19, relativo a la participación de
los investigadores en los beneficios obtenidos en la realización de
proyectos. Sería una forma de estimular a estos investigadores. Tampoco
ha sido aceptada.

Sin embargo, fruto de las negociaciones por parte de todos
los grupos, muy especialmente del senador Salvador y de la flexibilidad
de los interlocutores ministeriales, especialmente del secretario de
Estado, hemos llegado a un acuerdo con respecto a las enmiendas que
quedaban vivas, con el compromiso de

que se plasmará en una moción conjunta sobre la revisión de
la legislación vigente de la Ley de Mecenazgo, de la que aprovecharé para
hablar ampliamente en el turno de portavoces.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

En nombre de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra
el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Muchas gracias, señor presidente.

Seguramente, en mi intervención no voy a ser capaz de
trasladar la intensidad y lo extenso que ha sido el proceso de
negociación y de acercamiento de posturas respecto de esta ley de
Ciencia, Tecnología e Innovación.

En primer lugar, quiero agradecer al senador Rubio,
portavoz del Grupo Popular, su disponibilidad, así como a la senadora
Vicente, portavoz del Grupo Socialista, la capacidad de llegar a acuerdos
conmigo y mi grupo.

Soy de los que comparten con muchos de los oradores que
antes han intervenido que la principal riqueza de una nación es su
inteligencia. Y seguramente España tiene mucho que hacer aún en
investigación, desarrollo e innovación, y muchos de los cuellos de
botella que tenemos respecto al desarrollo de nuestra sociedad, la salida
de la crisis, el cambio de modelo productivo y el bienestar general
tienen que ver también con el impulso que demos a todos estos
ámbitos.

Es evidente que el futuro está en la sociedad de
conocimiento —una idea que compartimos todos— y es evidente
que esta ley es muy importante, después de más de 15 años desde la
aprobación de la anterior; una ley esperada y que ha creado expectativas
en el sector del mundo de la investigación, del mundo científico, del
mundo político y del social.

En el proceso de debate que se produjo tanto en el Senado
como en el Congreso, la principal preocupación que Iniciativa per
Catalunya Verds y, en su nombre, yo mismo hemos tenido era la relativa a
aquellos aspectos referentes a la contratación y el acceso a la carrera
profesional, todos aquellos aspectos laborales que tanto tienen que ver
en el diseño y el buen hacer del trabajo en la investigación y la
posibilidad del desarrollo y la aplicación de esta ley de Ciencia,
Tecnología e Innovación.

La principal crítica que hago a este proyecto de ley es que
sigue manteniendo el factor de la precariedad en lo que se refiere a la
contratación, el acceso y la permanencia en el mundo laboral de los
investigadores. Y creo que ello, junto a la falta de una memoria
económica que permita planificar la inversión de manera plurianual, son
dos de los grandes defectos de esta ley, que, a su vez, merman no solo
las posibilidades de una buena gestión y aplicación de la norma, sino
también la capacidad que tenemos como país de avanzar en ciencia,
tecnología e innovación.

Creo que es de sentido común y no hace falta ser
Epaminondas para darse cuenta de que, si nuestra legislación no es capaz,
a partir de determinado desarrollo de una carrera profesional y a partir
de una determinada edad, de dar estabilidad al investigador; si seguimos
insistiendo en precarizar un sector tan estratégico para nuestro
desarrollo como es este, no resolveremos uno de los principales problemas
que tenemos, y es que entre el 40 y el 50% de los investigadores del
sector público están en una situación precaria.

Es evidente, es verdad —y lo reconozco como un
aspecto importante— que se han producido mejoras en el Senado a
partir de las enmiendas transaccionales. Así ha sucedido con la enmienda
83, de Entesa Catalana de Progrés; la 176, del Grupo Popular; la 165, del
Grupo Popular, y la 207, de Convergència i Unió. Hemos logrado dar una
mayor concreción o fijar de una manera mejor aspectos de regulación por
la vía laboral o de estabilidad, por ejemplo, en los contratos de los
programas Ramón y Cajal o Miguel Servet.

Sin embargo, a pesar de las mejoras que ofrecen estas
transaccionales, sigue el interrogante sobre el contrato de acceso. ¿Es
realmente útil el contrato que contempla esta ley? ¿Permite realmente dar
estabilidad, afianzar, captar, fidelizar a los investigadores? Creo que
no, señorías. Creo que este contrato de acceso reduce las garantías que
fija la normativa vigente, como, por ejemplo, respecto a la figura de los
Ramón y Cajal. Además, se elimina la referencia al derecho a que la
institución de destino convoque una plaza acorde con el perfil —no
con la persona— que se contrata al inicio del proceso. Insisto en
que, al no disponer de una planificación económica, no se asegura la
continuidad en el flujo de personal, tan costoso en su formación.

El reconocimiento de la evaluación positiva como mérito
para el acceso a las plazas de laboral-fijo es insuficiente para personas
que han pasado tres evaluaciones públicas previas: contrato predoctoral,

contrato de acceso y evaluación positiva. No hay, por
tanto, continuidad en la carrera de investigador ni garantías para que el
personal científico pueda acceder a un puesto de trabajo estable por
debajo de cierta edad, y para mí esto es letal. No nos damos cuenta de
que esta precarización, esta ausencia de confianza y estabilidad, a ese
tipo de personal es una merma en nuestra capacidad para desarrollar un
trabajo de investigación, de avance en la ciencia, en la tecnología y en
la innovación. Y, por último, este contrato de acceso no precisa cuál es
el convenio de aplicación por el cual se regulará esta relación laboral.
Todos ellos son elementos que en el debate legislativo parecen menores
pero que para una persona, para un investigador, que ha hecho su carrera,
su tesis, su doctorado, paso a paso, con gran esfuerzo y siempre de una
manera costosa como mínimo para el erario público, es decepcionante, e
invita a irse a la privada o al extranjero al no poder encontrar en tu
país el acomodo necesario para estabilizar tu vida y tu carrera
profesional. En este sentido, el proyecto de ley merma la capacidad de
articular una carrera profesional.

Con todo, pienso que el Senado, gracias al debate y al
proceso que ha llevado a cabo, ha dado un paso más en la mejora de esta
ley tan importante. Ya he agradecido anteriormente la negociación y la
capacidad de encuentro en muchas enmiendas transaccionales, que, en mi
opinión, son importantes.

En este debate también me he encontrado con el dilema que
siempre afecta a los partidos minoritarios, en este caso, a subgrupos
minoritarios dentro de un grupo ya minoritario, y es que las 83 enmiendas
que ha presentado el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés se
presentan en nombre de Iniciativa per Catalunya Verds. Como solo somos
dos senadores de este grupo, he tenido que elegir entre marcar perfil o
entrar en una negociación, y en este sentido, he creído que lo más
oportuno es entrar en la negociación, e intentar mejorar en lo posible
este proyecto de ley, y evidentemente, esto tiene un coste. Ya les
anuncio, señor presidente, la retirada del resto de enmiendas que no
están sustentadas en las enmiendas transaccionadas y firmadas.

Voy a terminar mi intervención con tres cuestiones: una,
que habrá que estar atentos al desarrollo de la aplicación de esta ley;
dos, que habrá que estar atentos para ver cuáles son los efectos
positivos y negativos de la aplicación de esta ley, su reglamentación y
su desarrollo posterior, que, insisto, mejora muchos aspectos pero no
resuelve el principal problema de la precariedad ni aborda la necesidad
de la planificación con la introducción de memorias económicas, que
hubiera podido ser mucho más ambiciosa; y, tres, que habrá que estar
mucho más atentos a la petición, por ejemplo, de colaboración de jóvenes
investigadores, a los que quiero agradecer su esfuerzo y su amabilidad en
trasladar su opinión, su conocimiento y su experiencia concreta.

En definitiva, es una ley que se queda a medio camino de lo
que realmente necesitamos, y España necesita, y mucho, tener una buena
ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, porque el futuro de
nuestro país pasa por la sociedad del conocimiento.

Gràcies, senyor president.

Gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias,
senador Guillot.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra el senador Rubio.

El señor RUBIO MIELGO: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías, En primer lugar, quiero agradecer a
todos los ponentes de la ley, al señor Salvador, a la señora Vicente, a
la señora Celaya, a la señora Aleixandre, a la señora Leanizbarrutia y al
señor Quintero, su participación y colaboración para que esta ley haya
obtenido un amplio consenso.

La ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que
hoy traemos aquí, es fundamental para el desarrollo económico y social de
España en los próximos años, ya que regulará un sector como el de la
ciencia, el de la tecnología y el de la innovación que, sin duda, debe
ser uno de los motores de la economía y de la creación de empleo en un
futuro. Es una ley que consiguió un amplio consenso en el Congreso de los
Diputados y que en esta Cámara, con la intención de mejorar el texto, ha
recibido 220 enmiendas, 88 de ellas del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, y en el que, además de agradecer las aportaciones de todos los
grupos, hay que agradecer también las de los agentes sociales implicados,
algunos de ellos presentes hoy en esta tribuna.

De estas 88 enmiendas, en la ponencia nos fueron aceptadas
15, 8 enmiendas fueron transaccionadas y se retiraron en ese momento 54,
de manera que manteníamos para el Pleno 11 enmiendas.

La ley no es perfecta, pero todos los grupos hemos
realizado un gran esfuerzo en aras de lograr un amplio consenso también
en esta Cámara y, por lo tanto, después de una intensa negociación, todos
hemos hecho importantes renuncias.

Es una ley que contempla exhaustivamente aspectos
relacionados con los recursos humanos dedicados a la investigación.
Asimismo, dedica también de forma importante en su articulado y en sus
disposiciones varios capítulos a la coordinación del sistema español de
ciencia, tecnología e innovación, a través del consejo de política
científica, tecnológica y de innovación del Consejo Asesor de Ciencia,
Tecnología e Innovación y del Comité Español de Ética de la
Investigación. Además, es una ley que también establece las herramientas
básicas de la gobernanza del sistema, que estará basada en la Estrategia
Española de Ciencia y Tecnología, en la Estrategia Estatal de Innovación
y en sus respectivos planes.

Sin embargo, existen y existían aspectos Grupo Popular
mantuvo una serie de enmiendas. Dos de ellas, las números 176 y 178 se
centraban en la prestación y las ayudas para el personal de
investigación, y en ellas solicitábamos que se estableciese en una
disposición transitoria la contratación laboral de sus beneficiarios por
parte de las entidades a las que se adscribían, de acuerdo a la normativa
laboral vigente. Se ha llegado a una transaccional sobre estas dos
enmiendas, que creo que satisface a todos y también a los implicados, por
lo que retiramos las enmiendas números 174, 176 y 178.

Además, había otro grupo de enmiendas que hacían referencia
al fomento de la investigación y de la innovación en España a través de
los mecanismos de financiación del sistema, no considerando solo la
capacidad presupuestaria de los agentes de financiación del Ministerio de
Ciencia e Innovación; es decir, de la Agencia Estatal de Investigación
que se crea con esta ley y del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, ya existente, sino también teniendo en cuenta otra serie de
medidas económicas de incentivos fiscales y de bonificaciones en las
cotizaciones a la Seguridad Social. En este sentido, el Grupo Popular ha
introducido una serie de enmiendas tendentes a mejorar de forma
significativa estos aspectos. De hecho, la enmienda número 164 declaraba
la actividad de investigación científica y desarrollo tecnológico como
actividad prioritaria a efectos de lo previsto en el artículo 22 de la
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

La enmienda número 171, que modificaba la Ley 35/2006, de
28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre Sociedades,
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, hace referencia a
bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social a favor del
personal investigador por parte de los empresarios, estableciendo una
reducción del 40%.

La enmienda número 172, de modificación del Texto Refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, hace referencia a las deducciones por
actividades de investigación, que fijaba en el 30% de los gastos
efectivos en gastos de investigación y en el 20% en los gastos de
innovación.

La enmienda número 173 modifica el artículo 35 del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y pretende establecer
la devolución de las deducciones por actividades de investigación e
innovación.

La enmienda número 187 modifica también el Texto Refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y solicita que cuando no se
puedan aplicar las deducciones íntegras por insuficiencia de bases
imponibles positivas, los sujetos pasivos puedan solicitar un anticipo
que tendría siempre la consideración de un crédito fiscal.

La enmienda número 188, de modificación de la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, de Fundaciones, propone dar potestad a estas para
participar en agrupaciones de interés económico y uniones temporales de
empresas cuando tengan por objeto el desarrollo de actividades
relacionadas con el fin fundacional o sean complementarias o accesorias
de las mismas.

La enmienda 189 que modifica la Ley 36/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la que
se establecen exenciones fiscales para las becas no solo para cursar
estudios reglados, sino también para cursar estudios de investigación o
completar la formación tanto en España como en el extranjero. Asimismo,
estarán exentas las becas públicas y las concedidas por entidades sin
fines lucrativos para investigar, así como las otorgadas con fines de
investigación a los funcionarios y demás personal de las administraciones
públicas y al personal docente e investigador de las universidades. Y,
por último, presentábamos la enmienda 185 que da amparo legal a las
modificaciones anteriores.

En aras de conseguir un amplio consenso y dar un valor
añadido a esta ley, el Grupo Parlamentario Popular retira este grupo de
enmiendas ante el compromiso, que ya se ha anunciado en esta Cámara, que
ha sido firmado por los portavoces, de introducir modificaciones en la
Ley de reforma fiscal y de mecenazgo durante esta legislatura. Y, por
eso, retiramos estas enmiendas esperando que seamos capaces de lograr un
amplio acuerdo de modificación de estas leyes para fomentar e incentivar
lo que es la investigación, la ciencia y la tecnología en nuestro país.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias,
señoría.

Turno en contra.

Tiene la palabra la señora Vicente.

La señora VICENTE GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

Utilizo este turno en contra sobre el proyecto de ley de
Ciencia, Tecnología e Innovación para manifestar la posición del Grupo
Parlamentario Socialista con respecto a las enmiendas que se mantienen
vivas en el Pleno. Pero permítanme que antes haga una pequeña reflexión
con respecto a esta ley. Es una ley que ha sido discutida y muy debatida
en el seno de la Comisión de Ciencia e Innovación en el Senado en esta
legislatura. Agradezco, en primer lugar, al portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista el que me haya permitido tener el honor de
formar parte de la misma y, desde luego, el trabajo que se ha realizado
para llegar al acuerdo y unanimidad que se había mantenido en el Congreso
de los Diputados y que ratificamos en el Senado. Agradezco al resto de
los portavoces con los que he tenido el honor de trabajar estos días su
espíritu de unanimidad, y les pediría que ese mismo espíritu siga
manteniéndose en el Senado.

Como decía, se trata de una ley muy acordada y muy
consensuada, pero a pesar de eso ha habido aportaciones de los diferentes
grupos parlamentarios, es decir, en total se han presentado 221 enmiendas
en el Senado, y hemos tenido que trabajar también para mejorar esta ley
que trae una verdadera política científica a este país e impulsa un nuevo
modelo económico y, por consiguiente, creo, señorías, que habrá un antes
y un después en esa nueva configuración de la economía de nuestro país.

Dicho esto, desde el Grupo Parlamentario Socialista
seguimos trabajando para que ese acuerdo inicial que se alcanzó en el
Congreso se plasmase también aquí, y desde luego se tradujese en la
aprobación por unanimidad en el Senado. Y, señorías, he de decirles que
tenemos que sentirnos orgullosos porque realmente lo vamos a conseguir y
porque en este turno del Grupo Parlamentario Socialista que, en
principio, tendría que ser para manifestar las discrepancias que podemos
tener con las enmiendas presentadas por algunos grupos, he de decirles
que agradecemos a cada uno de los portavoces de los diferentes grupos la
manifestación de la retirada del resto de las enmiendas a las que no
hemos podido llegar a acuerdos y porque se incida más en lo que nos une
que en lo que nos separa. De antemano, quiero agradecer el esfuerzo
realizado por los diferentes grupos parlamentarios

Señorías, en la Comisión de Ciencia e Innovación celebrada
hace unos días aprobamos 44 enmiendas que mejoran esta ley, con las que
se pretende avanzar en el proceso de consolidación del modelo económico
de nuestro país.

Pero también hay que tener en cuenta el trabajo realizado
en el Pleno. Concretamente, se han firmado y transaccionado por todos los
grupos parlamentarios seis enmiendas que conseguirán la unanimidad en el
Senado y a las que me voy a referir a continuación.

La enmienda número 13, del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés, que pretende impulsar la transferencia,
interrelación y cooperación de los agentes de las diferentes áreas de
conocimiento y formación de equipos multidisciplinares.

La enmienda número 22, que se refiere al Consejo Asesor de
Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyo reglamento de organización y
funcionamiento se pretende aprobar por real decreto.

La enmienda número 55, también del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, relativa a la Comisión Delegada del Gobierno
para Política Científica, Tecnológica y de Innovación, que determinará el
contenido y la periodicidad con la que se elaborará un informe con la
evaluación de los resultados de la ejecución de la política científica,
tecnológica y de innovación, de carácter mínimo bienal.

La enmienda número 203, del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, que incorpora el desarrollo de los
programas de I+D+i.

La enmienda número 176, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado y la número 83, de Entesa Catalana de Progrés, que tienen en
cuenta los programas de ayuda a la investigación para el personal
investigador que debe requerir la contratación laboral a las entidades
que se adscriban a estos programas;

enmienda muy relevante, ya que la ley recoge en materia de
recursos humanos medidas ambiciosas para las personas, el principal
activo en el sistema de ciencia e innovación, diseña una carrera
científica, y mejora la estabilidad profesional de los investigadores con
esta incorporación.

Por tanto, señorías, quiero remarcar la unanimidad y la
voluntad política de todos los grupos parlamentarios en todos los
acuerdos a los que hemos llegado al respecto.

Por último, no quiero olvidarme de una enmienda de
modificación a la disposición adicional sexta al punto tres que
consideramos debía estar recogido en el texto como había llegado a esta
Cámara desde el Congreso de los Diputados.

Hemos de estar orgullosos del trabajo realizado y quiero
también manifestar el compromiso de todos los grupos parlamentarios
—además de los acuerdos manifestados y recogidos en la propia
ley— para presentar en esta Cámara una iniciativa a fin de revisar
la actual legislación de mecenazgo, de forma que contemple entre otros
aspectos la regulación de la fiscalidad para la promoción del I+D+i en
todos los ámbitos de nuestro sistema de ciencia e innovación, y los
fondos patrimoniales indisponibles, de manera que se garantice la
finalidad perseguida en su uso; cuestiones que están recogidas en el
resto de las enmiendas que han sido retiradas por los diferentes grupos
parlamentarios.

Señorías, desde el consenso, el acuerdo y el debate intenso
que hemos realizado y que vamos a realizar a continuación, esta ley no
solo va a ser mejorada sino que son los investigadores los que más van a
ganar, que van a estar orgullosos de que desde la política se les dé
soluciones a problemas que venían reivindicando desde hacía mucho
tiempo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias,
señoría.

Pasamos al turno de portavoces. Les recuerdo que según la
información disponible todas las enmiendas han sido retiradas, excepto
aquellas que han constituido una transaccional que, con independencia de
las firmas que están en el original, parece que es aceptada por todos los
grupos parlamentarios.

En todo caso, en este turno de portavoces sus señorías
podrán indicar su posición final.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.

Quiero manifestar la satisfacción de Coalición Canaria por
el alto consenso y acuerdo a que se ha llegado en este proyecto de ley
tan importante para España y para el modelo del cambio económico que
necesita el país. Estoy muy agradecido a todos los grupos parlamentarios
porque la enmienda de Coalición Canaria fue incorporada en la ponencia y
comisión con el acuerdo de todos. Esta Cámara ha trabajado, ha dialogado
y ha vuelto a demostrar que se puede llegar a consensos tan importantes
como el del proyecto que estamos debatiendo hoy, el de la ciencia, que es
la Cámara la ciencia, y, como han dicho mis anteriores compañeros, quiero
agradecer a todos el trabajo que han realizado y felicitarnos todos por
este consenso.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas
gracias.

Por el Grupo de Senadores Nacionalistas, la senadora
Leanizbarrutia tiene la palabra.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Muchas
gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías.

Buenos días a todos los que nos acompañan aquí en este
Pleno.

Quisiera manifestar cuál es el espíritu que nos ha animado
a la hora de apoyar esta ley. Para comenzar, respecto a la economía del
siglo pasado en el Estado, les diré que lo que sí ha quedado claro es que
la economía basada en la productividad ya no corresponde a lo que
llamamos economía del primer mundo. Ese perfil que hasta ahora ha estado
presente en el Estado ya no es posible, debemos asumir una nueva realidad
porque es el momento de basar la economía en la ciencia, en la
investigación, en la innovación y en la tecnología. Por ello, debemos
actuar y pensar teniendo presente que esta no es una ley solo para la
ciencia, así, en sentido abstracto, sino que es una ley que tiene que
reformar todo un sistema económico; es una ley que tiene que llevarnos a
esa competitividad tantas veces coreada, pero me temo que todavía hay por
ahí muchos reticentes, otros tantos inconscientes y algún incrédulo.

Señorías, quisiera hacer algo de historia, pues la historia
debe enseñarnos qué es lo que debemos dejar atrás y qué es lo que debemos
aprovechar de la experiencia para poder proyectarnos en el futuro

como sociedad. Este ha sido un Estado que ha vivido siempre
un poco en la nostalgia de un pasado magnificado, reverenciando al poder,
temeroso del pueblo y respetuoso con sus castas burocráticas, que se
reconstituían siempre sin cesar. La historia nos dice que expulsó a sus
élites mercantiles y se gastó inmensos recursos procedentes de América en
industrias obsoletas, o en importaciones procedentes del resto de Europa.
No llegó ni siquiera a controlar los mares, ¡y cuidado que teníamos
magníficos marinos e importantes flotas! No supo tampoco dar prioridad al
desarrollo de un puerto, que hubiera sido un corazón que bombeando
hubiera dado energía económica al Estado; tampoco ha atraído a
suficientes científicos. Es más, ha exportado industriales, creadores de
empresas, teólogos, militares, señores feudales, artistas financiados por
el poder y administradores encargados de sintetizar y administrar, pero
sobre todo sin correr riesgo. Tenemos, pues, un Estado que ha tenido un
gran potencial de desarrollo económico, pero no ha sabido adherirse a las
leyes de la historia, del futuro.

Señorías, quizá sea ahora el momento de ser conscientes de
que en esa historia lo más importante que faltaba era esa proyección al
futuro, apostar con audacia, es decir, con inteligencia y valor, por un
nuevo modelo económico, que en estos momentos puede ser posible si
creemos de veras, como hemos dicho en otras ocasiones, que nos permite
apostar por lo que hay que apostar: por la ciencia de verdad, por la
economía que traerá indudablemente esta ciencia, como sucedió con la ruta
de las especias en su momento, que era un mundo desconocido para Europa,
pero así fue cómo grandes marinos se adentraron en unos mares
desconocidos y llegaron a abrir la ruta de las especias que tanto
porvenir trajo a Europa y a España.

Pero tenemos que tener las ideas claras. No hace falta
buscar las riquezas fuera de aquí, no hace falta ir hasta las Américas,
porque en este siglo la riqueza está donde se encuentran las personas
preparadas, instruidas, dedicadas al interés de sus propios países; es
decir, la auténtica riqueza es la que lleva todo ser humano en la
capacidad de crear, de explorar nuevos mundos intelectuales o de la vida
que hasta ahora no han sido explorados. Luego lo grande de esta nueva
época es que el ser humano es el centro, y la prosperidad vendrá de su
capacidad para crear, inventar y hacer. Para este objetivo es sumamente
importante que las sociedades que creen en ello se doten de instrumentos,
en este caso legales, para conquistar estos mundos hasta ahora no
excesivamente explorados por la gente y por la política que se ha
realizado en este país. Hablar de economía es hablar de ciencia o, al
revés, la nueva economía lleva intrínsecamente el concepto de la ciencia
por excelencia. En estos momentos, además de lo anteriormente mencionado,
debemos ser más conscientes que nunca de que el Estado está en una
posición geopolítica crucial, es decir, en el encrucijada América, África
y Europa, y puede tener un potencial de crecimiento inmenso si se sabe
sacar provecho de esta triple pertenencia.

Por todo esto a nuestro grupo parlamentario le parece muy
importante esta ley. Una ley que debe responder al futuro, que tiene que
dejar a un lado esas nostalgias que tanto tiempo le han hecho perder.
Estamos hablando de una nueva economía basada en la ciencia y tiene que
servir para esto. Como decía, esta ley es muy importante en estos
momentos. Y en el Estado, además de desarrollar los sectores
tradicionales como pueden ser el turismo, los servicios, la industria, la
ciencia debería ser la única posibilidad para dar a este Estado un
estatus en el mundo con una economía competitiva. La economía basa su
actividad en gran parte, vuelvo a repetir, en la ciencia. Si esta ley se
hubiera discutido y aprobado con más celeridad, en este momento quizás no
nos encontraríamos en situaciones como las que se están viviendo, en las
que el capital humano que había apostado por hacer y crear ciencia en el
Estado, se encuentra un poco frustrado por los recortes económicos que se
están produciendo por razones obvias y coyunturales.

Quisiera hacer una reflexión que expresé nada más
presentarse esta ley. ¿Qué es lo que me parecía esta ley? La senadora que
les habla les comentaba que consideraba que tenía demasiada letra, que
era una ley que encorsetaba algunas cosas y no contemplaba asuntos
importantes que hemos comentado aquí los diferentes grupos
parlamentarios, como puede ser la financiación. Es por ello que nosotros
planteamos una moción, que hoy hemos retirado, en aras de la moción que
vamos a presentar todos los grupos parlamentarios y con la que nos hemos
comprometido, porque pensamos que la ley debe contemplar —en este
caso no se puede, pero vamos a asegurarnos de que la ley de mecenazgo lo
haga— este aspecto de la financiación. Tenemos que hacerlo rápido
porque son infraestructuras y necesitamos financiación. Y en estos
momentos en que los Estados, y en este caso el español, no tienen
recursos suficientes para poder atender a todas las necesidades y la
situación económica es la que es, sabemos que el capital privado también
muestra su desconfianza hacia el sector financiero porque no ha dado
seguridad a los ahorros o dineros que podían rentabilizarse debidamente.
Por tanto, este es el momento

de dar cabida a que la financiación privada pueda colaborar
en estos grandes proyectos de la ciencia y de la competitividad con
mayúsculas.

Nuestro grupo parlamentario siempre ha tenido claro que
nuestra petición en esta ley era que se redefiniese un nuevo modelo de
ciencia y tecnología, adecuado a las necesidades y oportunidades de una
economía y una sociedad volcadas al conocimiento y a la innovación, de
modo que esta ley nos lleve hacia la demanda y al servicio de una
sociedad y una economía sostenible basadas en el conocimiento; que
incorpore a la universidad, como se ha dicho aquí; que organice los
organismos públicos de investigación; que genere una progresiva
internacionalización del sistema; que redefina también la gobernanza del
sistema español de ciencia y tecnología dejando claro el papel de las
administraciones públicas en dicha gobernanza; y que, además, redefina
los términos de la colaboración pública-privada entre las
administraciones y el sector privado. Esto es básico y no puede hacerlo
solo el Estado. Así lo señala la misma OCDE, como he comentado
anteriormente en la defensa de nuestra enmienda. No podemos trasladar a
la sociedad que innovación, investigación y ciencia es cuestión de la
administración pública. Esto es una cuestión social. Si hasta ahora las
infraestructuras viarias eran básicas para el desarrollo de una economía,
las infraestructuras de la ciencia implican que necesitamos grandes
dotaciones económicas, y en estos momentos, al menos coyunturalmente, no
pueden venir de otro sector que no sea el privado.

Para terminar quisiera mostrar nuestro agradecimiento a
todas aquellas personas que a través de los tiempos han hecho que la
sociedad avance creando, innovando, investigando, desde el pastor hasta
el astrofísico, pues todos han colaborado para que la condición de la
persona mejore.

Esta ley puede y debe llegar a ser grande. Nuestro deseo es
que sirva para mejorar la vida de las personas y podamos mirar a los ojos
de nuestros hijos y decirles que, al menos, intentamos mejorar su futuro
y su mundo.

He de agradecer el espíritu constructivo con el que todos
los grupos parlamentarios de esta Cámara y, en particular, todos los
portavoces han tenido para que esta ley fuese mejorada. Debemos
alegrarnos, porque está claro que, al margen de las ideologías, está muy
por encima el ser humano, y esto es motivo de alegría, poder compartir
entre todos que esta ley va a beneficiar sin ninguna duda a nuestros
pueblos, a nuestras gentes y al futuro de todos ellos.

Esperamos, por tanto, que este Estado tenga buenos
gobernantes, con criterio, que sepan utilizar el instrumento que les dan
los representantes de los ciudadanos en la buena dirección. Una mala ley,
señorías, siempre será mala, pero si tiene un buen gobernante, puede,
incluso, llegar a mejorarla. Sin embargo, tengamos claro que una buena
ley con un mal gobernante nunca podrá serlo. Lo que importa es el
espíritu, la capacidad de trabajo de aquellos que aplican la ley. Esto es
lo que nosotros le pedimos a la nueva ley, que sirva para mejorar la vida
de los ciudadanos, que genere una economía que cree riqueza, que
prestigie el saber y que haga que el capital humano del Estado eleve su
saber para, junto con la ciencia, mejorar al pueblo.

En definitiva, nuestro grupo, con alegría y con muchísima
satisfacción…

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señora
senadora.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Nuestro grupo
piensa que apoyar esta ley es apostar por un futuro mejor.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Aleixandre.

La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gràcies, senyor
president.

Esta es la última fase de una ley muy esperada, que lleva
gestándose casi tres años, desde que en un primer momento, esta Cámara,
con todos los grupos parlamentarios actuando por unanimidad, apoyó una
moción pidiéndola.

Para su presentación, me habría gustado que hoy estuviese
aquí presente la señora ministra. Es su ley estrella. Posiblemente, sea
la ley Garmendia, que hoy no está en el Senado. Es una ley necesaria,
puesto que desde el 14 de abril de 1986, hace exactamente veinticinco
años, cuando se aprobó la ley anterior, el mundo ha cambiado muchísimo,
especialmente en lo que se refiere a ciencia, tecnología e
innovación.

Y, no siendo una mala ley la de 1986, puesto que a partir
de ella se ha creado toda la organización del Estado en materia de
ciencia y tecnología, permitiendo que nos colocásemos en la esfera
internacional y, en algunos sectores, entre los mejores del mundo, sí se
ha convertido en una ley obsoleta que debía revisarse.

Al esfuerzo realizado en los últimos veinticinco años para
situar a este país en el ámbito de la ciencia y la tecnología, ahora es
el momento de añadirle la tecnología y la innovación, así como la
transferencia de estos resultados al tejido productivo.

La innovación se ha convertido en una de las herramientas
necesarias para la competitividad de nuestras empresas en un mundo
globalizado, donde la competencia por productividad ha dejado de ser una
herramienta viable para nuestro país.

En este nuevo sistema de I+D+i se necesita la contribución,
no solamente del Estado, sino también del sector privado, tanto en la
financiación como en la ejecución de los proyectos. En el preámbulo de la
ley puede leerse que uno de los fines es conseguir situar la legislación
española en materia de ciencia, tecnología e innovación a la vanguardia
internacional.

Nosotros, señorías, nos conformaríamos con tener una ley
que nos permita competir en igualdad de oportunidades con nuestros
compañeros de la Unión Europea, con nuestros iguales de la Unión Europea.
Que nos permita integrarnos plenamente en el Espacio Europeo de
Investigación, un espacio único y común, y no quedarnos rezagados frente
a ellos, menos aún en la lucha que a partir de ahora hemos de tener
contra los grandes gigantes como los Estados Unidos o, en el futuro,
contra los grandes gigantes asiáticos como China.

Una ley que nos permita retener el talento, que, no lo
duden, lo tenemos y mucho. Y, si es necesario, importar los mejores,
siempre en beneficio de nuestro sistema productivo, no lo olviden, un
sistema productivo renovado y basado en el conocimiento, que nos permita
un sistema económico sostenible y, como consecuencia, mayor bienestar
social, donde el feedback entre empresas y organismos públicos y privados
de investigación sea norma para ambos.

Tenemos un sistema complejo de administración del Estado al
que debemos añadir diecisiete comunidades autónomas. Hemos conseguido una
red de organismos públicos de investigación dependientes, no solo del
Estado, sino también de las comunidades autónomas. Hemos conseguido una
red de parques tecnológicos y científicos, algunos de ellos muy bien
dotados: plataformas tecnológicas, agrupaciones de empresas innovadoras
y, no lo olvidemos, 78 universidades distribuidas a lo largo de nuestro
territorio que hacen posible el 60% de la investigación.

Gestionarlo todo es muy complejo y de esta nueva ley,
señorías, me gustaría destacar, primero, la incorporación de la
innovación en todos y cada uno de los ámbitos, tanto en la estrategia
como en la gobernanza, la incorporación de las empresas al tejido
investigador e incluso la creación de la nueva y joven empresa
investigadora e innovadora. Estas jóvenes empresas innovadoras, a nuestro
entender, no reciben con esta ley el estímulo necesario pero la figura ya
está creada, ya están aquí, y a partir de ahí podremos hacer otras cosas
más adelante.

Es importante destacar la creación de la Agencia Estatal de
Investigación, que, tal como reza en una de nuestras enmiendas
incorporadas, debe crearse junto a su estatuto antes de un año, y
esperamos que para ello se tome como modelo el Consejo Europeo de
Investigación, el ERC. Ha de contar con la estructura necesaria para
poder dotar de estabilidad, eficacia, vertebración y cohesión a nuestro
sistema de I+D+i, y les adelanto que estaremos atentos.

Entre las asignaturas pendientes nos queda el estatuto del
personal investigador, motivo por el cual —suponemos— esta
ley contiene un título II, con veinte artículos, dedicado a los recursos
humanos. Como he dicho en el turno de portavoces, nos parece extensísimo
para una ley de estas características en la que se contemplan los tipos
de retribuciones, motivo por el cual se han presentado muchas enmiendas.

Cabe señalar una gran ausencia: una verdadera ley de
mecenazgo, sin duda necesaria y urgente. En un momento como este en el
que la ayuda del Estado falla es cuando más se echa en falta.
Precisamente, su ausencia en esta ley ha sido el desencadenante de
numerosas enmiendas por nuestra parte y por la de otros grupos
parlamentarios. No sé si con buen criterio no ha sido posible su
introducción, quizá por motivos económicos o por no ser el lugar
adecuado, pero nosotros hemos aprovechado la oportunidad para arrancar de
todos los grupos parlamentarios el compromiso de la firma de una moción
conjunta. En este sentido, como ya ha comentado la senadora Vicente, en
línea con la exigencia que planteamos hace tres años en esta Cámara
respecto a la necesidad de una ley de la ciencia —y por fin hoy ve
la luz—,

exigimos una moción para que en la presente legislatura se
proponga una reforma de la legislación vigente sobre el mecenazgo. Debe
contemplarse para la promoción de la I+D+i en todos los ámbitos de la
ciencia y la innovación; no solo en los estatales, también en los de las
comunidades autónomas y otras administraciones. Pedimos también que se
incorpore la figura de los fondos patrimoniales indisponibles. Queremos
una ley que proporcione estabilidad presupuestaria a los organismos e
instituciones del ámbito de la investigación al margen del Estado, pues
ya hemos visto que cuando su ayuda falla surgen importantes problemas.
Sabemos que el momento económico no es el mejor, pero desarrollar la ley
del mecenazgo es importante. Señorías, si la hubiésemos tenido, algunos
de nuestros organismos de investigación, de nuestros institutos y
fundaciones tendrían muchos menos problemas de los que ahora tienen.

En cuanto a la figura de los fondos patrimoniales
indisponibles —y ya me he referido a ello en el turno de defensa de
las enmiendas—, he de aclarar que estos fondos solo permiten la
utilización de sus beneficios. Ya he dicho que esta figura existe en la
legislación anglosajona, así como en la mayoría de los Estados europeos,
y el resultado ha sido muy bueno. Un ejemplo paradigmático es la
Fundación de los premios Nobel, que ha permitido que estos continúen 110
años después de que Nobel hiciese su primera donación. Por lo tanto, se
trata de una estructura estable.

Por último, quiero destacar la unanimidad con la que se ha
actuado en la Comisión de Ciencia e Innovación de esta Cámara, donde
todos los grupos parlamentarios, en especial el senador Alarcó, la
senadora Celaya, la senadora Leanizbarrutia y también el senador
Salvador, han realizado los esfuerzos necesarios para, manteniendo sus
lógicas discrepancias por las distintas ideologías que representan,
llegar a los acuerdos que hoy se reflejan en esta ley.

En cuanto a nuestras enmiendas, ya he anunciado que
retiramos las restantes y que solo votaremos las transaccionales.
Permaneceremos alerta a la ley de investigación y a los cambios
legislativos sobre la ley de mecenazgo, una de las grandes demandas.
También estaremos atentos a la ejecución de esta moción por parte del
Grupo Parlamentario Socialista que da apoyo al Gobierno actual, así como
a un posible cambio en el plazo de unos meses o de un año por parte del
Gobierno. Asimismo, señores del Partido Popular, estaremos al tanto de si
ustedes, que ahora son partidarios de ello, se echan atrás. Tenemos buena
memoria y se lo recordaremos.

Gracias a todos por haber llegado a este punto de
coincidencia. Creo que este país puede estar contento porque, después de
25 años, tenemos una nueva ley de la ciencia. Es verdad que no es tan
ambiciosa como algunos deseábamos pero es una buena ley.

Buenas tardes.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,
tiene la palabra la senadora Celaya.

La señora CELAYA I ARMISEN: Muchas gracias, presidente.

Señorías, quiero destacar en primer lugar que el proyecto
de ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que debatimos recoge
las contribuciones de todos los agentes implicados en el sistema de I+D+i
de nuestro país que se han incorporado a lo largo de más de un año de
trabajos previos: las comunidades autónomas, las universidades, los
agentes sociales, expertos, investigadores y ciudadanía. También quiero
destacar el importante esfuerzo que se ha llevado a cabo por parte de
todos los grupos parlamentarios para llegar a acuerdos con las enmiendas
e incluir en el redactado final de la ley una parte importantísima de
ellas, tanto a través de las que se aprobaron en comisión como a través
de las transaccionales que suscribimos hoy en su totalidad.

La nueva ley de ciencia sustituirá a la primera española
aprobada en 1986, una ley que supuso para España la primera vez en su
historia que comenzábamos a desarrollar una política científica hasta
entonces inexistente. Después de veinticinco años podemos afirmar que nos
hemos convertido en un país de ciencia con amplio reconocimiento
internacional. Somos el noveno país del mundo en producción de ciencia,
el décimo del mundo por su calidad y el quinto país de Europa en
atracción de talento internacional. En estos últimos siete años hemos
duplicado los fondos destinados a la I+D+i, hemos ampliado en el 36%
nuestra comunidad científica y en un 33% sus investigadores. Hemos
llevado a cabo una inversión sin precedentes con importantes
infraestructuras de investigación y hemos desarrollado políticas
efectivas para financiar proyectos de investigación en nuestras
universidades, en los Organismos Públicos de Investigación y en las
empresas que incorporan la innovación en su sistema de negocio.

Hoy nuestro país está por encima de la media de la Unión
Europea en inversión pública en I+D+i. Algunos de nuestros centros e
investigadores ya forman parte de los mejores equipos de investigación
del

mundo en medicina regenerativa. Nuestros laboratorios
compiten con los mejores del mundo y nadie cuestiona nuestro liderazgo en
tecnologías médicas o en energías renovables, por poner algunos ejemplos.
Tampoco podemos ignorar el impulso sin precedentes que estamos dando a la
innovación para hacer efectiva la transferencia del conocimiento a
nuestro sistema productivo y empresarial, a las empresas de base
tecnológica, a las empresas que ya incorporan innovación y a las que
todavía necesitan hacerlo.

La integración de la investigación, la tecnología y la
innovación es la clave para nuestro desarrollo en el presente y en
nuestro futuro, y solo podremos abordar dicha integración a través de la
nueva ley de ciencia, tecnología e innovación que hoy debatimos, que
cuenta con el apoyo y el consenso de la gran mayoría de los grupos
parlamentarios gracias al esfuerzo que hemos llevado a cabo tanto en los
debates de comisión como aquí, en el Pleno.

En los últimos años la sociedad española e internacional ha
cambiado profundamente, tenemos ante nosotros grandes retos, nuevas
necesidades y nuevas oportunidades que de una forma u otra afronta la
nueva ley, una ley que parte y considera el nuevo contexto político,
económico y social español. En primer lugar, la actual división
territorial de España, que cuenta con 17 comunidades autónomas con
competencias transferidas en materia de ciencia, algunas de las cuales ya
han desarrollado sus propios sistemas de ciencia, que a través de esta
ley podremos coordinar en un verdadero sistema de sistemas de
ciencia.

También nos hemos incorporado plenamente al conjunto de
países de la Unión Europea participando en la construcción de un espacio
europeo del conocimiento, en el que España ha tenido y tiene importantes
oportunidades para desarrollar políticas comunitarias de largo alcance en
la I+D+i, políticas que abarcan también las grandes distancias del mundo
global con otros países de otros continentes. Con algunos de ellos, los
más desarrollados, formamos parte de proyectos importantísimos de
investigación en áreas estratégicas, y con otros países en vías de
desarrollo impulsamos proyectos para la cooperación y para su desarrollo.
A lo largo de estos años hemos consolidado un sistema de ciencia con
importantes infraestructuras de investigación, como el Sincrotrón Alba o
el Gran Telescopio de Canarias, por poner algún ejemplo. Tenemos
científicos que trabajan en organismos públicos y en universidades a lo
largo y ancho de nuestro país, con importantes instrumentos, planes y
estrategias nacionales para hacer realidad nuestros objetivos y alcanzar
el progreso que nuestra sociedad necesita. Pero también en estos últimos
años sufrimos las consecuencias devastadoras de una crisis económica
global y ello nos obliga a repensar nuestro sistema de ciencia,
tecnología e investigación para articularlo correctamente y ponerlo al
servicio de la sociedad, para impulsar el cambio del modelo productivo y
desarrollar un crecimiento sostenible, económico y social basado en el
conocimiento y en la innovación.

La nueva ley de ciencia, tecnología e innovación establece
una nueva gobernanza de la I+D+i que permitirá gestionar el sistema de
ciencia estatal en concordancia con los de las comunidades autónomas que
dota de mayores competencias de gestión a los centros de investigación y
garantiza mayor eficacia y eficiencia.

También contempla una carrera científica transparente,
predecible, tecnológica, estable y competitiva para animar a los jóvenes
investigadores a desarrollar su carrera profesional y atraer talento del
exterior. En este sentido, la nueva ley establece tres tipos de contratos
para científicos: En primer lugar, el contrato predoctoral, para los que
ahora tienen estatus de becario, con pleno reconocimiento de sus derechos
a efectos de Seguridad Social; segundo, el contrato de acceso, de una
duración hasta de cinco años, para los investigadores que han superado
los procesos formativos y de evaluación y desean continuar su carrera
científica; y, finalmente, el contrato distinguido, para atraer a nuestro
país científicos de reconocido prestigio de cualquier lugar del
mundo.

Otro aspecto novedoso y relevante de la ley es que favorece
la movilidad de los investigadores entre el sector público y el sector
privado, entre los Organismos Públicos de Investigación y entre estos y
las universidades; impulsa la colaboración del sector público y del
privado, estimulando a las empresas para que inviertan en innovación y
desarrollo tecnológico. También favorece el mecenazgo privado,
imprescindible para alcanzar la inversión que necesitamos, complementando
el esfuerzo directo de las administraciones públicas en I+D+i, al igual
que hacen otros países desarrollados.

Además, la ley desarrolla la Estrategia Estatal de
Innovación para hacer realidad la transferencia del conocimiento y
tecnología y llevar el know-how, tecnologías y nuevos desarrollos, al
entorno socioeconómico e impregnar nuestro sector productivo y
empresarial de innovación.

Finalmente, crea dos importantes agencias de financiación.
En primer lugar, la Agencia Estatal de Investigación, que es de nueva
creación, para mejorar la eficacia y la gestión de la investigación en
nuestro país. Y contempla también el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial —el CDTI—, ya

existente, que impulsa proyectos empresariales de base
tecnológica, facilitando la transferencia al tejido productivo y
empresarial.

En definitiva, señorías, una nueva ley de ciencia,
tecnología e innovación, que podemos definir como un verdadero pacto de
Estado para situar el conocimiento en el núcleo de nuestro desarrollo y
convertirlo en la guía que ha de ayudarnos no solo a salir de la crisis
sino a hacerlo más fuertes y con más garantías de futuro.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas
gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Salvador.

El señor SALVADOR GARCÍA: Gracias, presidente.

Señorías, ya he utilizado el primer turno, de defensa del
proyecto de ley, precisamente para hacer la valoración política de lo que
realmente representaba la ley de la ciencia, la tecnología y la
innovación. Y lo he hecho así porque, dado cómo han ido todas las
conversaciones, quería resaltar en esta intervención del turno de
portavoces algo que yo considero que también es importante trasladar
desde este atril y trasladar desde esta Cámara. Muchas veces
—cuando se habla de la política, cuando salimos en los medios de
comunicación por cuestiones que no tienen nada que ver con la buena
política, cuando vemos que se habla de los políticos como personas que
están sobrando o se pregunta para qué sirve esta Cámara— quiero
poner de manifiesto los siguientes aspectos: fue en la legislatura pasada
cuando en esta Cámara un grupo de senadores y de senadoras aprobaron por
unanimidad una moción que dio lugar después al plan que desarrolló el
modelo de sociedad de la información en nuestro país. El senador Guillot,
que hoy ha participado aquí, fue presidente de la Comisión de la Sociedad
de la Información, de la que buena parte de las personas que han
intervenido en esta ley formaron parte, curiosamente, como la senadora
Nuria o el propio senador Félix Lavilla, que no ha participado en esta
ley pero que es el portavoz de industria. Repito, desde esta Cámara se
lideró toda la política de la sociedad de la información y del
conocimiento de nuestro país.

Y no es casualidad que la primera moción que presentamos en
la legislatura, la primera moción sobre la que hicimos una transaccional
todos los grupos políticos llegando a un acuerdo fuese aquella en la que
pedíamos al Gobierno que desarrollase una ley de la ciencia, la
tecnología y la innovación desde el concepto de pacto de Estado. Pero
como somos alumnos aplicados, lo que hemos hecho en el día a día, en el
trabajo continuo de esa Comisión de Ciencia e Innovación ha sido aprobar
todo, absolutamente todo por unanimidad y no por falta de creatividad,
sino porque hemos empleado el tiempo que ha sido necesario para que todas
aquellas cuestiones que fuesen oportunas y necesarias para nuestro modelo
de ciencia e innovación y para el conjunto del país y de nuestras
comunidades autónomas encontrasen el reconocimiento y el trabajo adecuado
de cada uno de los portavoces. Todos hemos sabido ceder, todos hemos
sabido presionar, todos hemos sabido aportar, pero sobre todo hemos
sabido todos consensuar.

Señorías, sobre todo para la gente que pueda escuchar esto
en Internet o en otros ámbitos de fuera de la Cámara, esto es la
política, la high politic, trabajar con personas que miran por el interés
general, que son visionarias en los planteamientos mucho antes de que se
produzcan las necesidades y que después las lideran demostrándolo día a
día y que cuando llega un momento como este, en donde la ley que venía
del Congreso se residencia en el Senado, se hace un trabajo
impecable.

El presidente de la comisión, Cristóbal, que antes ha leído
el informe de la ponencia, artífice del buen clima de la comisión y de
esa búsqueda de consenso, el senador portavoz en la comisión del Partido
Popular, el senador Antonio Alarcó, Lore Leanizbarrutia, Nuria
Aleixandre, Pepa Celaya, Narvay Quintero, todos ellos como portavoces
siempre han facilitado, igual que en el trabajo de esta ley, estos
acuerdos. Pero como el equipo y la familia es más grande, el senador
Rubio ha hecho un trabajo espectacular sobre todo el contenido de la ley,
demostrando que la oposición también puede trabajar constructiva y
positivamente para realizar cuantas aportaciones creían oportunas y que
hemos estado peleando una a una hasta hacer la mejor ley posible con el
consenso de todos.

También quiero felicitar a la senadora Yolanda, y al
senador Paco Vallejo, que es un referente para todos nosotros en los
temas relacionados con la ciencia y la innovación —él fue pionero
en Andalucía, impulsando muchas de las cuestiones que hoy estamos
recogiendo y viendo reflejadas en una ley—, que dejó su espacio
como ponente principal, por su categoría y por el nivel de las cuestiones
que podía aportar, para que también Yolanda formase parte, porque era la
persona que más conocía de temas económicos por ser la portavoz de
economía y considerábamos un aspecto fundamental para esta moción.

Por tanto, señorías, ya he hecho mi valoración política en
la primera intervención y quiero que esta intervención sirva para poner
en alza el papel del Senado, donde más de 50 enmiendas van a mejorar esta
ley, donde esta ley se va a remitir al Congreso de los Diputados no como
un problema para que lo arreglen, sino habiendo resuelto y arreglado
problemas que venían desde el Congreso al Senado y, por consiguiente,
lanzamos al Congreso una ley mejorada, una ley que buscaba el consenso
desde esa primera moción, que nos hemos peleado hasta conseguirlo, que lo
hemos conseguido y esta Cámara y todos los senadores y senadoras que
están aquí nos tenemos que felicitar y con absoluta humildad decir a los
ciudadanos que esto es lo que es realmente la política, no lo que sale en
los medios, sino lo que hemos conseguido al aprobar esta ley.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas
gracias.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador
Alarcó.

El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, comparezco ante ustedes como ponente y portavoz
del Partido Popular en la Comisión de Ciencia e Innovación para expresar
nuestra postura sobre el proyecto de ley de la Ciencia, la Tecnología y
la Innovación y explicar nuestra posición después de haber pasado por el
Congreso de los Diputados, la Comisión de Ciencia e Innovación y la
ponencia y su dictamen.

De lo primero que quiero dejar constancia en este Pleno es
del magnífico nivel de trabajo y voluntad política de todos los grupos
políticos a través de sus ponentes y portavoces. Asimismo, queremos dar
las gracias a todos los colectivos sociales que se han reunido con
nosotros, como el de jóvenes investigadores, que está entre nosotros y al
que agradezco profundamente sus sugerencias; a la CRUE, la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas; a los becarios, etcétera, que
han contribuido a enriquecer el texto de la ley con sugerencias para
enmiendas y modificaciones y que estoy convencido de que cuando se
apruebe la ley quedará muy clara su aportación. Su inestimable
colaboración hace que la ley se adecue todavía más a la realidad que
nuestro país necesita.

Doy las gracias también en este Pleno al senador José
Antonio Rubio, mi compañero y amigo del Grupo Parlamentario Popular, por
su magnífico trabajo de campo que sobre este proyecto de ley nos ha
servido a todos los partidos, a la comisión y a la ponencia. Lo quiero
hacer porque ha sido un trabajo magnífico al que quiero dar valor y
reconocerlo públicamente.

Todo lo que les estoy contando es un indicador de la
importancia que todos los grupos políticos han dado a este texto, porque
conseguir esta ley por consenso pensamos que tiene un valor añadido muy
importante y un mensaje muy significativo no solamente para la sociedad,
como dice Luis Salvador, sino a toda la comunidad científica y a todo el
país.

Creo que es importante que en estos momentos, a estas
alturas de la sesión, cuente lo que ocurrió el 22 de septiembre de 2008
en este Pleno del Senado cuando nuestro grupo —ya ha sido contado
por algunos, pero creo que es importante decirlo— sentó las bases
de un nuevo proyecto de ley de la ciencia, aprobado por todos de una
forma transaccionada, por unanimidad, a través de una moción que instaba
al Gobierno a impulsar la ciencia, la innovación, como base del cambio de
la economía española y para el desarrollo de la carrera científica. Esto
fue el 22 de septiembre de 2008. Además, se expresaba en los siguientes
términos: El Senado insta al Gobierno a aglutinar en torno a una nueva
ley de la ciencia un pacto por la ciencia —que se está
cumpliendo— que sirva para impulsar y divulgar de manera definitiva
y cuantificada la ciencia, la innovación y la transferencia tecnológica
como base para el cambio de patrón de la economía española y para el
desarrollo de la carrera científica, donde se reconozca el talento y la
dignificación de la labor investigadora e innovadora, potenciando la
colaboración universidad-empresa —eso decíamos el 22 de noviembre
de 2008— presentando un nuevo proyecto de ley de la ciencia en el
menor tiempo posible que recoja estos principios. También decíamos:
Convertir la carrera profesional investigadora en una fuente
imprescindible para la actividad productiva del país. Y seguíamos:
Continuar incentivando fiscalmente y mediante ayudas directas a las
empresas los gastos destinados a los proyectos de investigación,
desarrollo, de forma que nos permitan la internalización del sistema
mejorando la integración en los espacios europeos de investigación y la
enseñanza superior.

Esto lo decíamos en noviembre de 2008. En parte creo que se
ha cumplido. Se han presentado, como se ha dicho por varios ponentes, 45
nuevas enmiendas, de las cuales se han aceptado 27 y transaccionadas
quince. En definitiva, de las más de 200 enmiendas que se han presentado
aquí en el Senado, se ha aceptado un número importante de ellas que, sin
duda, va a mejorar el proyecto definitivo pero no lo va a completar del
todo. Esperemos que esto se consiga a lo largo de los años y con el
reglamento.

Asimismo, señorías, quiero destacar la altura de miras de
todos los grupos políticos porque han dejado a un lado la ideología para
comprender cuán vital es esta ley para el desarrollo no solo científico
sino tecnológico de nuestro país y también, cómo no, económico.

Ya hemos dicho las enmiendas que nosotros queríamos dejar
vivas para el Congreso de los Diputados y en honor a un compromiso formal
de todos los grupos para que durante esta legislatura se revise la actual
legislación de mecenazgo de forma que contemple, entre otros, los
siguientes aspectos —ya dichos pero creo que es importante dejarlo
claro en mi intervención como portavoz—: la regulación de la
fiscalidad para la promoción de la I+D+i+d en todos los ámbitos de
nuestro sistema de ciencia e innovación y buscar los fondos patrimoniales
indisponibles de manera que se garantice la finalidad perseguida por su
uso.

Tampoco quiero dejar de agradecérselo al Ministerio de
Ciencia e innovación y a su ministra, Cristina Garmendia, quien ha
intentado por todos los medios hacer todos los esfuerzos para incorporar
todo lo relativo a la dignificación de la carrera científica así como la
divulgación —la d pequeña—, dejando claro haber intentado el
esfuerzo máximo en cuanto a ventajas fiscales y economía.

Para concluir, he de destacar los puntos fundamentales, a
nuestro entender, de este proyecto de ley, que va a ser aprobado por la
unanimidad de esta Cámara —estoy convencido de ello.

En primer lugar, va a ser una de las leyes más importantes
de esta legislatura dada su trascendencia. En segundo lugar, va a
representar el verdadero cambio de modelo económico que se persigue,
I+D+i+d. Se pone de manifiesto que el Senado es la Cámara de la ciencia,
algo obvio y que cada vez se ve más claro. Se consolida el valor de las
universidades en el espacio europeo de una forma nítida. Se pone de
manifiesto esa quinta libertad de la libre circulación del conocimiento;
la carrera científica como algo de valor en sí mismo; la Agencia Estatal;
el reconocimiento de la labor de los científicos en régimen de becarios
como algo claro, sobre todo los jóvenes investigadores, no como mano de
obra barata; el valor en sí mismo del concepto público-privado; lo que
significa la responsabilidad social cooperativa que tiene un valor muy
importante para la Ley de la ciencia; el fomento del mecenazgo y la
reforma fiscal que, esperemos, por el compromiso que hemos adquirido
entre todos los partidos, se lleve a buen puerto en esta legislatura; y
algo muy importante para el Partido Popular y para mí como portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, que es la cooperación internacional como un
punto básico de la I+D+i, cooperación internacional que es imprescindible
para ese compromiso social que tiene que tener siempre la ciencia.

Por último, nos congratulamos, como canarios que somos, del
reconocimiento específico de una moción transaccionada de lo que
significa el Instituto Astrofísico de Canarias como un bastión importante
y pionero de nuestro país en la investigación puntera en el mundo. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.)

Estoy convencido de que con estos mimbres, con esta ley y
con el compromiso de la moción aprobada y transaccionada por todos vamos
a tener una ley de ciencia e innovación que sustituirá a esa otra gran
Ley de 1986, que lleva vigente más de 25 años. Esta ley consolidará de
forma definitiva y ayudará a desarrollar la investigación y la ciencia
española, y además hará que se consolide como un verdadero cambio de
modelo económico con compromiso social.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Cierren las
puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación del proyecto de
ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Votamos las propuestas de modificación con el número de
registro 63120, 63121, 63122, 63123, 63124 y 63125.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 242; a favor, 242.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos, a continuación, aquellas partes del proyecto de
ley que han sido enmendadas en comisión y no se han votado.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 241; a favor, 241.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos el resto del proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 242; a favor, 242.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos.)

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie en forma previa a la sanción del
texto definitivo por S.M. el Rey.

— DE LA COMISIÓN DE TRABAJO E INMIGRACIÓN EN RELACIÓN
CON EL PROYECCTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 10/1997, DE 24 DE
ABRIL, SOBRE DERECHOS DE INFORMACIÓN Y CONSULTA DE LOS TRABAJADORES EN
LAS EMPRESAS Y GRUPOS DE EMPRESAS DE DIMENSIÓN COMUNITARIA. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. S. 621/000096.)

(Núm. exp. C.D. 121/000112.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al dictamen
de la Comisión de Trabajo e Inmigración en relación con el proyecto de
ley por la que se modifica la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos
de información y consulta de los trabajadores de las empresas y grupos de
empresas de dimensión comunitaria.

Para presentar el dictamen, tiene la palabra la senadora
Rubial.

La señora RUBIAL CACHORRO: Señor presidente,
señorías… (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

La señora RUBIAL CACHORRO: Señorías, he sido designada para
presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión de Trabajo e Inmigración
sobre el proyecto de ley por la que se modifica la Ley 10/1997, de 24 de
abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en
las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria.

Este proyecto tuvo su entrada en el Senado el 18 de abril
de 2011, habiendo sido publicado en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales en la misma fecha. El plazo de presentación de enmiendas
concluyó el pasado 25 de abril, y el proyecto se tramita por el
procedimiento de urgencia.

Se han formulado dos enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado. La Comisión de Trabajo e Inmigración ha dictaminado
dicho proyecto en su sesión del día 27 de abril en la que acordó aceptar
como dictamen el texto remitido por el Congreso de los Diputados.

Por último, para su debate ante el Pleno se ha formulado un
voto particular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¿Turno a favor? (Pausa.)

Pasamos al turno de la defensa de las enmiendas.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su
señoría.

La señora GARCÍA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado dos enmiendas
a este proyecto de ley por la que se modifica la Ley 10/1997 sobre
derechos de información y custodia de los trabajadores de las empresas y
grupos de empresas de dimensión comunitaria.

Hemos presentado dos enmiendas a la disposición adicional
única.

En primer lugar, quiero decir a sus señorías que rechazar
las enmiendas del Grupo Popular significa rechazar el informe emitido por
el Consejo de Estado. También quiero dirigirme a la senadora Gutiérrez.
He de decirle que he leído con mucho detenimiento y atención su
intervención en la Comisión de Trabajo y he llegado a una conclusión
—se lo digo con todo respeto—: poco o nada ha leído nuestras
enmiendas y poco o nada conoce la disposición adicional primera de la Ley
10/1997.

Señoría, el Grupo Parlamentario Popular… (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, por favor.

Tiene la palabra, señoría.

La señora GARCÍA GARCÍA: Muchas gracias, señor
presidente.

Como les decía, el Grupo Parlamentario Popular en sus
enmiendas no omite que los trabajadores o las empresas y grupos de
empresas tengan su centro de dirección en España, ni omite que los
representantes de los trabajadores hayan sido legitimados conforme
establecen los artículos 87 y 88 del Estatuto de los Trabajadores.

Sin embargo, sensu contrario, he de decirle que, tal y como
aparece la disposición adicional única que enmendamos, sí omite
claramente las recomendaciones que les ha hecho el Consejo de Estado en
cuanto a recoger la Directiva 97/74, artículo 3.1, en relación con el
apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley 10/1997. Eso sí
es una omisión, porque los acuerdos que se hayan regulado conforme a esta
directiva no aparecen recogidos en la disposición adicional única que
nosotros enmendamos. Y también han omitido recoger aquellos acuerdos de
revisión que afecten o hayan afectado a las estructuras de las empresas.
Por tanto, omisiones las suyas, no las del Grupo Parlamentario
Popular.

En segundo lugar y siguiendo también las recomendaciones
del Consejo de Estado —que nosotros sí hemos seguido y hemos tenido
en cuenta—, el informe dice que la disposición adicional única del
proyecto de ley no es clara, es compleja y, por tanto, puede dar lugar a
interpretaciones diversas, y recomendaba acogerse al tenor literal, tal
como figura en la directiva que se traspone a través de este proyecto de
ley. Nosotros, tal como viene en el artículo 14 de la Directiva 2009/38,
sí lo hemos recogido literalmente en nuestra enmienda.

Por último, señorías —también lo dice el Consejo de
Estado—, ¿cómo se tiene que regular? Por razón del contenido, a
través de una disposición adicional o transitoria. El Grupo Parlamentario
Popular de nuevo coincide plenamente con el informe del Consejo de
Estado. Dado el contenido, la regulación debe ser a través de una
disposición transitoria. ¿Y por qué a través de una disposición
transitoria? Porque lo que estamos haciendo es un tránsito entre el
anterior régimen jurídico y el actual sobre la base de la nueva
norma.

Señorías, termino como he empezado. Rechazar las enmiendas
del Grupo Parlamentario Popular significa que están rechazando el informe
del órgano asesor del Gobierno, en definitiva, del Consejo de Estado.

Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para un turno en contra, tiene la palabra la senadora
Gutiérrez.

La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Gracias, señor
presidente.

Tomo la palabra para intervenir en el turno en contra en
relación con las dos enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario
Popular a la disposición adicional única del proyecto de ley que modifica
la Ley 10/1997, sobre información y consulta a los trabajadores en
empresas y grupos de empresas de ámbito comunitario, y que, además, se
refiere a los acuerdos en vigor. Pues bien, las enmiendas planteadas,
justificadas sobre la base de una mejora técnica, utilizan una mala
técnica jurídica. El texto, tal y como se presenta la redacción,
desconoce los mecanismos de trasposición de directivas y, además, no
sigue las recomendaciones del Consejo de Estado, lo que provoca vacíos
legislativos, que es lo que trata de evitar esa disposición
adicional.

El dictamen del Consejo de Estado —tuvimos ocasión de
analizarlo en comisión— realiza un análisis muy detallado de todo
el iter de formulación y de aprobación de la Directiva 2009/38, llega a
la conclusión de que podrían darse diversas interpretaciones, según se
tenga en cuenta la redacción del artículo 14, considerandos 41 y 7, y
efectúa varias recomendaciones alternativas al Gobierno: una, recoger el
tenor literal del artículo 14 pero incorporando también una modificación
en la exposición de motivos y, dos, efectuar una consulta a la propia
comisión sobre la base del artículo 4 de los tratados de la Unión
Europea.

Pues bien, lo que hace el Gobierno es optar por esta
segunda vía; se crea un grupo de trabajo que pretende hacer la consulta a
la Comisión Europea y dar una redacción adecuada, integrando el artículo
14, considerandos 41 y 7; y es precisamente sobre esos considerandos como
se redacta la adicional del texto que ha llegado desde el Congreso de los
Diputados.

Por tanto, señoría, consideramos que la propuesta de
enmienda del Grupo Parlamentario Popular no solamente no sigue el informe
del Consejo de Estado sino que además utiliza una mala técnica jurídica,
puesto que las obligaciones que se derivan de la norma que estamos
analizando son precisamente de la norma y no de la directiva, como usted
ha hecho referencia en su propio texto y, además, desconoce profundamente
los mecanismos de trasposición de una directiva que es de refundición, de
acuerdo con la terminología y la técnica legislativa de la Unión Europea.
Lo que hace el texto que remite el Congreso es trasponer al derecho
interno, a través de una modificación de la Ley 10/1997, y, por tanto,
buscar una malla completa de definición del ordenamiento jurídico
aplicable.

En cuanto al debate sobre si se trata de una disposición
adicional o transitoria, le puedo decir cómo es la técnica jurídica de
clasificación de las disposiciones y éstas se ajustan perfectamente a esa
técnica. Además, en la vigente ley de 1997 también se regula como
adicional la normativa referente a las normas aplicables a los acuerdos
vigentes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el senador Bagur.

El señor BAGUR MERCADAL: Gracias, presidente.

El incremento de empresas y de trabajadores cuyo ámbito de
actuación abarca más de un Estado comunitario ha significado que algunas
decisiones empresariales sean de efecto supranacional. La Ley 10/1997, de
24 de abril, ya se refería a los derechos a la información y consulta a
los trabajadores de las empresas y grupos de empresas de ámbito
comunitario, y en ella aparecía, y aparece en estos momentos, el concepto
transnacional como necesaria creación de instrumentos de consulta e
información a través de comités de empresa comunitarios, cuyo
interlocutor es la dirección central de la empresa o grupo de empresas
comunitarias, con la finalidad de que la información sea fructífera y
recíproca a los trabajadores y a los empresarios.

Por tanto, a través de un nuevo concepto de cuestiones
transnacionales como hilo conductor y la comprensión de su ámbito de
aplicación, esta ley que debatimos hoy incorpora una serie de apartados
en su artículo único, que traspone la Directiva 2009/38, de la CE, para
garantizar que los derechos y las negociaciones laborales tengan su
ámbito correcto de aplicación, creándose los comités de empresa europeos,
interlocutores de las direcciones de empresas de dimensión
comunitaria.

Por todo ello, daré soporte al dictamen y, por
consiguiente, a la ley, tal y como hice en la pasada sesión de la
Comisión de Trabajo e Inmigración.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas,
tiene la palabra la senadora Leanizbarrutia.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Gracias, señor
presidente.

Mi grupo parlamentario considera que la directiva tiene una
extraordinaria importancia puesto que lo que se pretendió en su momento
era dar respuesta social a una realidad del mercado interior, una de
cuyas facetas más visibles es la presencia transnacional de los agentes
económicos, que se manifiesta en y desde multitud de formas jurídicas,
tales como concentraciones o agrupaciones de empresas, fusiones o
absorciones transfronterizas y otras más.

La ley reguló que los trabajadores tienen el derecho a
establecer los instrumentos de información y consulta en un ámbito
también transnacional para que no se generen esas inseguridades y que los
agentes económicos den una respuesta distinta, dependiendo de que estén
en un país u otro. Para ello, se aprobó la creación de uno o varios
comités de empresa europeos, cuyo interlocutor natural fuese la dirección
central de la empresa o el grupo de empresas de dimensión comunitaria.

Mi grupo parlamentario considera que este proyecto supone
adaptar la realidad económica a la realidad social y de los agentes
sociales, que era una asignatura pendiente desde hace bastante tiempo y
una petición reiterada que no se había tenido en cuenta. Por tanto,
pensamos que este proyecto dará un paso adelante y profundizará en los
objetivos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y
grupos de dimensión comunitaria, de manera que se dote a dichos procesos
de una existencia real y efectiva, con vistas a nutrir escenarios en los
que se establezcan cauces de diálogo fructíferos y recíprocamente
enriquecedores entre empresas y trabajadores.

Señorías, no me voy a extender más porque creo que la ley
satisface estos principios generales que movieron a la directiva a
ponerse en marcha y que responderá a las peticiones de estos últimos
años, por lo que nos alegramos y votaremos a favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència
i Unió no hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,
tiene la palabra la senadora Burgués.

La señora BURGUÉS BARGUÉS: Gracias, señor presidente.

Mi grupo parlamentario votará a favor de esta ley porque
creemos que es positiva y supone una mejora de los derechos de los
trabajadores.

En cualquier caso, quisiera hacer dos puntualizaciones que
me parecen importantes. Con la aprobación de la Directiva 94/45/CE, de
constitución de un comité de empresa europeo, culminó una etapa de
desarrollo de la Europa social. Esta directiva fue recogida en el
ordenamiento jurídico español dando lugar a la Ley 10/1997, de 24 de
abril. Con esta ley se consiguen logros importantes, como los derechos
para los trabajadores a información y a consulta, además de la creación
de comités de empresa europeos.

Sin embargo, la revisión de esta directiva, que estaba
prevista a los cinco años de su entrada en vigor, demostró que los
procedimientos que se habían utilizado y aprobado no habían dado los
resultados esperados. Por tanto, se modifica esta directiva dando lugar a
una nueva, la 2009/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, en la que
se plasma también la necesidad de modificar la ley que España aprobó en
el año 1997, que es lo que estamos haciendo en este momento.

Este proyecto de ley, que espero que sea aprobado por esta
Cámara porque hay un acuerdo importante, a pesar de que puedan existir
algunas diferencias —como reflejan las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular—, recoge los aspectos nuevos de esta
directiva que modifica la revisión, y también los que se han cambiado,
cumpliendo así el mandato del legislativo europeo.

El objetivo de esta revisión es establecer un verdadero
diálogo entre los trabajadores y las empresas; por lo tanto, define unos
conceptos más claros de lo que es la información y la consulta, mejorando
para una mayor comprensión la redacción anterior y asegurando que ambas
se den antes de la toma de decisiones de la empresa. Lo contrario no
tendría sentido. Todo este proceso, que encierra una cierta complejidad
porque es necesario tener en cuenta diferentes países, precisa de una
coordinación que garantice por igual el derecho de todos los trabajadores
dentro de un grupo de empresas europeas.

Como he dicho al empezar, esta ley mejora los derechos de
los trabajadores y, como también he comentado, nuestro voto va a ser
favorable.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
señora Gutiérrez.

La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Gracias, señor
presidente.

Efectivamente, el proyecto de ley que hoy analizamos
modifica la Ley 10/1997 sobre los derechos de información y consulta de
los trabajadores en empresas y grupos de empresas de dimensión
comunitaria. La necesidad de esta modificación se produce como
consecuencia de la existencia de una nueva Directiva, la 2009/38, que
modifica la 94/45.

La posición del Grupo Parlamentario Socialista es
coincidente con la que han manifestado otros grupos que me han precedido
en el uso de la palabra, primero, porque resalta la importancia que tuvo
la Directiva 94/45, puesto que fue un punto de inflexión en el desarrollo
de la Europa social, regulando los instrumentos de participación de los
trabajadores en las empresas de ámbito comunitario y dando además
respuesta a todo lo que era en aquel momento una nueva realidad de
desarrollo del mercado interior. La propia Directiva 94/45 preveía una
revisión a los cinco años, revisión que, sin embargo, no se ha producido
hasta quince años después. Las razones: la complejidad del tema, pero,
sobre todo, la dificultad del encuentro y el acuerdo con todos los
agentes económicos y sociales.

El objetivo de la nueva directiva es hacer efectivos los
derechos de los trabajadores, puesto que se daba el caso de que había
muchos supuestos de un cumplimiento formal de la norma pero no real. La
propuesta de la nueva directiva, con una técnica de refundición, lo que
hace es una nueva directiva propiamente dicha. La integración que se hace
a nuestro ordenamiento jurídico es precisamente a través

de la modificación de la Ley 10/1997, incorporando
elementos importantes como la nueva definición de consulta e información,
así como los acuerdos transnacionales en relación con las distintas
competencias en el ámbito local y nacional, garantizando en todo caso la
eficacia de la consulta. Se pretende que el ejercicio de los derechos de
información y consulta se efectúe en tiempo y forma, antes de la toma de
decisión por parte de las empresas, para hacer posible una influencia
real y efectiva de los representantes de los trabajadores en la formación
de voluntad de las empresas. La nueva ley incorpora nuevas definiciones;
se refiere a las cuestiones transnacionales para hacer posible una
adecuada distribución de competencias en los distintos ámbitos de
representación.

El proyecto de ley, que hoy por supuesto el Grupo
Parlamentario Socialista apoyará, regula este derecho a los acuerdos en
vigor. El objetivo es no producir una renovación en cadena de todos los
acuerdos existentes, sino, por el contrario, conseguir que se cumplan las
auténticas premisas de la directiva y que se consigan hacer efectivos los
derechos de representación de los trabajadores.

Quiero insistir en que en el proceso de elaboración de este
proyecto de ley se han tenido en cuenta todas las consultas de agentes
económicos y sociales, del CES y del Consejo de Estado, y entendemos que
el texto que nos llega del Congreso supone una aportación importante para
la efectividad de los derechos de los trabajadores y, además, establece
la suficiente malla normativa para cubrir todas las situaciones de
aplicabilidad de la norma a los acuerdos vigentes.

Por esta razón, la posición del Grupo Parlamentario
Socialista es de apoyo al texto de la ley tal y como nos ha llegado del
Congreso de los Diputados.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Gutiérrez.

Tiene la palabra el senador Benítez.

El señor BENÍTEZ DE LUGO MASSIEU: Gracias, señor
presidente.

Señorías, lo primero que voy a decir es que mi grupo va a
votar afirmativamente a la reforma de esta ley, y lo va a hacer porque
considera que esta norma es algo nuestro, en tanto en cuanto vio su luz
en el primer Gobierno de Aznar.

No somos quiénes para cercenar o limitar, catorce años
después, el avance en el reconocimiento de los derechos de los
trabajadores que significó su aprobación en 1997.

Este no puede ser nuestro tributo a un Gobierno que tanto y
tan bien se significó en la garantía y desarrollo de los derechos
sociales en España. Ahora bien, que el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado vaya a apoyar esta reforma no significa que esté de acuerdo en la
totalidad de su contenido, y mucho menos en el procedimiento seguido para
llegar a su aprobación.

El Gobierno del señor Zapatero ha dejado agotar el plazo
previsto para trasponer la directiva que fundamenta esta reforma. Ha
interpretado desde su interés el dictamen del Consejo de Estado, y al
final ha improvisado el procedimiento de consulta y reducido el tiempo de
debate.

Por tanto, vamos a votar afirmativamente pero manifestando
que el Gobierno se toma poco en serio la actividad legislativa, incluso
cuando se trata de asuntos tan sensibles como garantizar los derechos de
información y consulta de los trabajadores.

Señorías, señor presidente, la aprobación de la Directiva
94/45 vino a culminar un capítulo del desarrollo de la Europa social
marcado por la aspiración de mejorar los instrumentos de participación de
los trabajadores en la empresa. Fue la primera norma comunitaria que se
aprobó con respecto a la representación transnacional de los
trabajadores; no obstante, desde el primer momento se han ido poniendo de
manifiesto problemas en el funcionamiento de estos comités, lo que ha
dificultado el cumplimiento de sus fines.

Ya la directiva preveía los mecanismos para su revisión y
el plazo en que debía efectuarse, establecido en cinco años a partir de
su entrada en vigor, si bien se extendió a los diez años.

Efectivamente, es en 2004 cuando la Comisión Europea lleva
a cabo consultas con los interlocutores sociales europeos en las que,
entre otras cuestiones, les pregunta por el sentido de una posible acción
comunitaria en este terreno. Cuatro años después, en febrero de 2008, la
Comisión lanzó de manera más precisa una nueva consulta a las
organizaciones sindicales y empresariales acerca de una posible revisión
de esta directiva. Y de estos materiales surge el proyecto de ley que se
presenta ahora, que no es más que la transposición a España de la
Directiva 99/38.

Señor presidente, antes de concluir mi intervención
permítame dos consideraciones: la primera, que el Consejo y la Comisión
trabajaron con lentitud, también el Gobierno socialista. La directiva
original

preveía un plazo de cinco años para abordar su revisión,
pero este proceso de revisión ha durado quince años, tres veces más. Es
cierto que en todo ese tiempo se ha logrado el consenso con los agentes
económicos y sociales pero ello no justifica en absoluto tanto retraso,
como nada justifica tampoco el retraso que ha sufrido el proceso de
transposición a España de la directiva que transponemos en procedimiento
de urgencia, que tiene fecha de 6 de mayo de 2009. El Gobierno ha tardado
dos años completos en hacer llegar el proyecto al Congreso y al Senado,
con lo que se ha cercenado a esta Cámara el derecho a tener un debate
sosegado, como exige la trascendencia del proyecto.

La segunda, que además de la tardanza no se ha respetado el
espíritu del dictamen del Consejo de Estado. De acuerdo con este
dictamen, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado dos
enmiendas perfectamente defendidas por mi compañera Dorinda García. La
primera tiene que ver con la modificación del título de la disposición
adicional, porque pensamos que su contenido es más propio de una
disposición transitoria; la segunda afecta al contenido y no busca más
que transcribir literalmente el contenido de la propia Directiva 2009/38,
a los apartados b) y c) de la disposición adicional única. Aun así, hemos
de agradecer a los grupos sus aportaciones para conseguir, como no podía
se de otra manera, la unanimidad en su aprobación.

Finalizo ya, señor presidente. El Grupo Popular en el
Senado va a votar afirmativamente este proyecto de ley. La ley es tan
oportuna y necesaria que su aprobación está por encima de estas
diferencias puntuales que, de alguna manera, subsanará la jurisprudencia.
Y lo va a hacer así porque no deja de dar continuidad a una ley que nació
en el primer Gobierno de José María Aznar, ley que ha demostrado su
pertinencia pese a los déficits que ahora se subsanan, al mejorar de
manera considerable los derechos de información y participación de los
trabajadores en las empresas europeas.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños
del Grupo Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación del proyecto de
ley por la que se modifica la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre los
derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y
grupos de empresas de dimensión comunitaria.

Procedemos a la votación de las enmiendas 1 y 2 del Grupo
Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 238; a favor, 110; en contra, 122; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto del proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 239: a favor, 239.

El señor PRESIDENTE: Se aprueba.

Señorías, queda definitivamente aprobado por las Cortes
Generales el proyecto de ley por la que se modifica la Ley 10/1997, de 24
de abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en
las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria.

Señorías, se suspende la sesión hasta las cuatro de la
tarde.

Eran las trece horas y cuarenta y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.

— DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON EL
PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 60/2003, DE 23 DE DICIEMBRE, DE
ARBITRAJE Y DE REGULACIÓN DEL ARBITRAJE INSTITUCIONAL EN LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.

(Núm. exp. S. 621/000087.)

(Núm. exp. C.D. 121/000085.)

— DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON EL
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA A LA LEY PARA LA REFORMA DE LA
LEY 60/2003, DE 23 DE DICIEMBRE, DE ARBITRAJE Y DE REGULACIÓN DEL
ARBITRAJE INSTITUCIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO PARA LA
MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER
JUDICIAL.

(Núm. exp. S. 621/000089.)

(Núm. exp. C.D. 121/000087.)

El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Justicia en
relación con el proyecto de ley de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de
diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la
Administración General del Estado. Y dictamen de la Comisión de Justicia
en relación con el proyecto de ley orgánica complementaria a la Ley para
la reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de
regulación del arbitraje institucional en la Administración General del
Estado para la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial.

Para la presentación de los proyectos de ley, tiene la
palabra el senador Asensio.

El señor ASENSIO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, tengo el honor de presentar el dictamen del
proyecto de ley de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de
Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la
Administración General del Estado.

El proyecto de ley que se somete en este acto a la
consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el día
7 del pasado mes de marzo de 2011, fecha asimismo de su publicación en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de
enmiendas finalizaba el día 18 de marzo de 2011, y fue ampliado hasta el
día 7 de mayo de 2011.

A este proyecto de ley se presentaron 22 enmiendas, así
distribuidas: 1, de los señores Sampol i Mas y Pérez Bouza, 3, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas, 3, del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió, 1, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de
Progrés, y 14, del Grupo Parlamentario Popular.

El día 23 de marzo la comisión designó la ponencia, que
quedó integrada de la siguiente manera: don Manuel Guillermo Altava, del
Grupo Parlamentario Popular, don Alfredo Belda, del Grupo Parlamentario
Mixto, don Miguel Bofill, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de
Progrés, don Francisco Javier Irízar, del Grupo Parlamentario Socialista,
doña Eva Parera, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, doña
Ruth Porta, del Grupo Parlamentario Socialista, doña María Rosa Vindel,
del Grupo Parlamentario Popular, y don Joseba Zubia, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

La ponencia se reunió durante los días 4 y 6 de abril, y
emitió el correspondiente informe. En dicho informe se han incorporado al
texto del proyecto de ley varias enmiendas, tanto de las inicialmente
formuladas como transaccionales. También se han llevado a cabo las
necesarias concordancias y una corrección gramatical.

La comisión se reunió para dictaminar el pasado día 27 de
abril, y emitió un dictamen en el que no se han introducido
modificaciones respecto del informe de la ponencia.

Ha presentado un voto particular el Grupo Parlamentario
Popular.

Asimismo, señorías, tengo también el honor de presentar el
dictamen del proyecto de ley orgánica complementaria a la Ley para la
reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de
regulación del arbitraje institucional en la Administración General del
Estado para la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial.

El proyecto de ley que en este acto se somete a la
consideración del Pleno tuvo su entrada en la Cámara el pasado día 16 de
marzo de 2011, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales.

El plazo de presentación de enmiendas terminó el día 28 de
marzo de 2011. A este proyecto de ley orgánica se presentó una enmienda
del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.

La comisión se reunió para dictaminar el pasado día 27 de
abril, y emitió un dictamen en el que no se han introducido
modificaciones respecto del texto remitido por el Congreso de los
Diputados.

No se han presentado votos particulares.

Es todo, señorías. Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos, a continuación, al turno de defensa de las
enmiendas.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, buenas tardes a todos. Señor presidente, este
proyecto ha sido muy debatido y muy modificado, tanto en su trámite en el
Congreso como en el Senado. Hemos celebrado nada menos que dos reuniones
de ponencia, también hemos mantenido reuniones ulteriores, y luego la
sesión de la Comisión de Justicia en la fecha que muy bien ha indicado el
senador Asensio: el 27 de abril.

Tan solo quedan vivas nueve de las enmiendas que presentó
el Grupo Parlamentario Popular en su momento, que doy ahora por
defendidas, no sin antes mostrar mi agradecimiento a los grupos
parlamentarios, y muy especialmente al Grupo Parlamentario Socialista el
haber aceptado cinco de las enmiendas que presentamos a este proyecto de
ley.

Asimismo, señor presidente, en este acto quiero manifestar
que retiro la enmienda número 21.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¿Turno en contra? (Pausa.)

Tiene la palabra el senador Irízar.

El señor IRÍZAR ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, dado que no ha podido ser más breve el turno de
defensa de las enmiendas, intervengo también con toda brevedad para
oponerme a ellas.

En primer lugar, quiero hacer constar que las números 21 y
22, de CiU, a pesar de que no compareció ningún representante del grupo
en las reuniones de ponencia y de comisión, fueron asumidas por el Grupo
Parlamentario Popular, y ya fueron transadas en el Congreso.

Con respecto a las otras enmiendas a las que nos oponemos,
he de decir que entendemos que la ley ha sido suficientemente mejorada
tanto en la comisión como en la ponencia. Fundamentalmente, se pretende
que se exija un seguro obligatorio a los árbitros, y entendemos que dicho
seguro es procedente —aunque se entiende que no tiene por qué
serlo— ya que la propia Ley del seguro establece la posibilidad de
creación de este seguro obligatorio.

Por otra parte, en una de las enmiendas se propone que
cuando el árbitro se pueda extralimitar en el laudo, no sea posible que
el propio árbitro reconsidere esta posición. Creemos que esa posibilidad
puede evitar acciones judiciales y que, por tanto, debe mantenerse.

Con otra de las enmiendas se pretende que se extienda el
arbitraje a las cooperativas. Entendemos que ello no es necesario, porque
la propia Ley de Cooperativas, en su disposición adicional décima, ya
establece la posibilidad del arbitraje en las cooperativas; por tanto, la
ley nueva solamente lo recoge para las sociedades de capital, ya que no
estaba previsto anteriormente que sus estatutos incluyesen la posibilidad
de un arbitraje, por lo que todavía era necesario acudir a los
juzgados.

Por otro lado, entendemos que la ley ha sido mejorada, que
el Senado ha cumplido su papel de Cámara de segunda lectura. Agradecemos
también la predisposición de todos los grupos tanto en la ponencia como
en la comisión, lo que ha sido suficiente para llegar a una situación que
consideramos que mejora la ley. En el turno de portavoces nos
extenderemos un poquito más, pero ahora doy por manifestada nuestra
oposición a las enmiendas que ha mantenido el Grupo Popular.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.)

¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas?
(Denegación.)

¿Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió?
(Denegación.)

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,
tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor senador inicia su
intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a
la Redacción del Diario de Sesiones.):

«Gràcies, president. Ens podem felicitar del grau
d’acord a què es va arribar en la ponència d’aquesta reforma
de la Llei d’arbitratge, que ha de permetre una agilitació
d’aquests procediments i un augment del

seu nombre, que esperem que tingui una repercussió positiva
sobre la càrrega de feina dels jutjats. Tenint en compte el grau
d’acord aconseguit, votarem a favor del dictamen de la comissió
basat en l’informe de la ponència, no assumirem com a grup les
esmenes que manté vives el PP, i els senadors d’Esquerra i
d’Iniciativa votarem a favor de dues esmenes, la 20 i la 22, que
sorprenentment ens arriben al Ple de la mà del PP i no de CiU, que les
havia presentades inicialment, esmenes que incorporen de manera explicita
el que ja està reconegut en altres lleis, com l’Estatut de
Catalunya o la Llei Orgànica del Poder Judicial, en relació amb la
possibilitat que les CCAA incorporin particularitats del seu dret propi o
de les especialitats pròpies de la seva organització en el sistema
general d’arbitratge que estableix aquesta llei i, també, en
relació amb la validesa de les actuacions i els documents presentats en
l’idioma oficial d’una comunitat autònoma, sense necessitat
de traducció al castellà, tal com estableix l’article 231 de la
Llei Orgànica del Poder Judicial.»

Rápidamente me autotraduzco, a la espera de una nueva
reforma del Reglamento que extienda la normalidad democrática en el uso
de las lenguas a todo el Pleno.

Decía que nos podemos felicitar por el grado de acuerdo al
que se llegó en la ponencia respecto de esta reforma de la Ley de
Arbitraje, que ha de permitir una agilización de esos procedimientos y un
aumento de su número, lo que esperemos que tenga una repercusión positiva
sobre la carga de trabajo de los juzgados.

Teniendo en cuenta el grado de acuerdo conseguido,
votaremos a favor del dictamen de la comisión, basado en el informe de la
ponencia, y no asumiremos como grupo las enmiendas que mantiene vivas el
Grupo Popular. Los senadores de Esquerra y de Iniciativa votaremos a
favor de dos enmiendas, las números 20 y 22, que sorprendentemente nos
llegan al Pleno de la mano del Grupo Popular —que espero que las
vote a favor—, y no de Convergència i Unió, que las había
presentado inicialmente, enmiendas que incorporan de manera explícita lo
que ya está reconocido en otras leyes, como el Estatuto de Cataluña o la
Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con la posibilidad de que
las comunidades autónomas incorporen particularidades de su derecho
propio o de las especialidades propias de su organización en el sistema
general de arbitraje que establece esta ley, así como en relación con la
validez de las actuaciones y los documentos presentados en el idioma
oficial de la comunidad autónoma sin necesidad de traducción al
castellano, tal como establece el artículo 231.4 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial.

Gràcies, president.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Irízar.

El señor IRÍZAR ORTEGA: Gracias, señor presidente.

Aquí se ha producido una cosa curiosa: las enmiendas que
presenta Convèrgencia i Unió no las defienden CiU sino que las da por
defendidas el Grupo Popular; y luego las defiende el Grupo de la Entesa.
Es un galimatías difícil de entender, pero es lo que ha ocurrido hace un
momento en esta Cámara.

Respecto de las enmiendas que hemos dicho que fueron
transadas en el Congreso, entendemos que la ley ordinaria no es la norma
adecuada para atribuir competencias a las comunidades autónomas. Existe
jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que las
competencias de las comunidades autónomas se deben atribuir por la propia
Constitución, por los estatutos de autonomía o por las leyes a las que
estos estatutos de autonomía se remitan. Además, esas enmiendas ya fueron
transadas en el Congreso de los Diputados y, por consiguiente, creemos
que no procede una nueva discusión aquí.

La ley que ahora estamos debatiendo se enmarca en el
proceso emprendido por el Ministerio de Justicia de agilización y
modernización de la justicia, y así, al igual que otras leyes que ya
hemos visto en esta Cámara y de algunas que están por venir, lo que
pretende esta ley es desjudicializar determinados asuntos, como, por
ejemplo —es una novedad—, los conflictos entre las
instituciones del Estado. Hasta ahora, los conflictos de las
instituciones del Estado —son muy corrientes los conflictos con el
Ministerio de Hacienda, fundamentalmente con la Agencia Tributaria, y
también con otras instituciones estatales— terminaban siempre en la
jurisdicción contencioso-administrativa. Y esta ley crea de forma
novedosa el arbitraje institucional y una comisión específica, presidida
por el ministro de la Presidencia, para evitar que instituciones, todas
del Estado, tengan que pleitear entre sí, lo cual parece bastante
absurdo. Aparte de descargar en gran medida la justicia, es bastante
mejor y se evitan pleitos entre las instituciones del Estado.

Por otro lado, la ley de arbitraje que modifica la ley
vigente viene a agilizar y potenciar la posibilidad del arbitraje
institucional. Tiene algunas innovaciones, como la reasignación de las
funciones judiciales,

por la que pasan a conocer de los pleitos por la nulidad de
los laudos los tribunales superiores de justicia, y de la ejecución, los
juzgados de primera instancia. Esta es la razón por la que hay que llevar
esta cuestión a la reforma de la ley orgánica, puesto que aquí estamos
viendo dos leyes de forma conjunta.

Se establece asimismo que las sociedades de capital
contemplen en sus estatutos, siempre que sea por mayoría de dos tercios,
la posibilidad de arbitraje en las controversias que surjan entre los
socios y la propia sociedad. Y se exige un seguro para los árbitros.

Además, con el fin de agilizar más el arbitraje, no se
establece la obligación de que aquellos árbitros que discrepen tengan que
consignar su voto particular, aunque expresamente —esta es una de
las enmiendas que se pactaron— se permite que el árbitro
discrepante consigne su voto particular y lo razone dentro del laudo.

También se recoge —entendemos que es
importante— la posibilidad de medidas cautelares por parte de la
jurisdicción civil o mercantil, según proceda, antes de iniciar la
institución arbitral, cosa que no estaba clara con la anterior
legislación y que favorece también la posibilidad después de iniciar el
arbitraje.

En definitiva, esta es una ley que pretende que el
arbitraje internacional pueda tener en España más viabilidad de la que
actualmente tiene.

Dada la premura de tiempo, sencillamente diré que me
congratulo de que todos los grupos de la Cámara, al igual que ya ocurrió
en el Congreso, saquemos adelante y por unanimidad esta ley, que se
enmarca —repito— en la política del Ministerio de Justicia de
agilizar los procesos judiciales y tratar de que aquellos asuntos en los
que no sea necesario acudir a los tribunales de justicia se resuelvan por
otros procedimientos.

Solo me queda dar las gracias por la comprensión que han
mostrado todos los grupos tanto en la ponencia como en la comisión y en
el Pleno, y anuncio, como no puede ser de otra manera, el voto favorable
de mi grupo.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora
Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Intervengo con toda brevedad. No voy a defender por cuarta
vez lo mismo que venimos hablando desde hace dos meses, señorías, en
apoyo de nuestras enmiendas. Las hemos debatido en múltiples ocasiones,
hemos intercambiado muchos puntos de vista entre todos, y el resultado ha
sido el que ha sido. Ya les anuncio que, a pesar de mantener nuestras
enmiendas para su votación, votaremos a favor, naturalmente, de los dos
dictámenes que se presentan esta tarde sin creernos para nada que el
asunto del arbitraje internacional quite carga de trabajo a los
tribunales. Eso es un desiderátum que no se cree absolutamente nadie.

Por último, me gustaría aclarar a la Cámara, y en
particular al senador Bofill, que, efectivamente, nosotros traemos otras
enmiendas que no son nuestras y que dimos por defendidas en la comisión.
Si su señoría hubiera estado allí habría visto por qué se produjo
aquello. Pero, ya que ha hecho una especie de vaticinio sobre nuestro
sentido de voto, senador Bofill, le diré que como las traemos solo a
efectos de votación, votaremos en contra.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Vindel.

Llamen a votación, por favor. (Pausa.)

Señorías, tomen asiento.

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación, en primer lugar,
del proyecto de ley de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de
Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la
Administración General del Estado.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.

En primer lugar, las enmiendas números 7, 9 a 11, 13, 15 a
17, y 19.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 225; a favor, 105; en contra, 120.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular
números 20 y 22, originalmente presentadas por el Grupo Parlamentario
Catalán de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 226; a favor, 16; en contra, 209; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en
comisión que no hemos votado.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 226; a favor, 226.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos ahora el resto del proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 226; a favor, 226.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, daremos
cuenta al Congreso de los Diputados de las enmiendas aprobadas por el
Senado para que se pronuncie sobre las mismas antes de ser sancionado por
S.M. el rey.

Votamos a continuación el proyecto de ley orgánica
complementaria a la Ley para la reforma de la Ley 60/2003, de 23 de
diciembre, de Arbitraje y regulación del arbitraje institucional en la
Administración General del Estado para la modificación de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Votamos en un solo acto el proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 226; a favor, 226.

El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobado por las
Cortes Generales el proyecto de ley orgánica complementaria a la Ley para
la reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de
regulación del arbitraje institucional en la Administración General del
Estado para la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial.

— DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO EN
RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS
NUCLEARES O PRODUCIDOS POR MATERIALES RADIACTIVOS.

(Núm. exp. S. 621/000090.)

(Núm. exp. C.D. 121/000092.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al debate del
dictamen de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio en relación con
el proyecto de ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares o
producidos por materiales radiactivos.

Para la presentación del dictamen, el senador Alonso tiene
la palabra. (Rumores.)

Silencio, señorías.

El señor ALONSO GARCÍA: Buenas tardes. Gracias, señor
presidente.

El proyecto de ley sobre responsabilidad civil por daños
nucleares o producidos por materiales radiactivos tuvo entrada en la
Cámara el pasado día 18 de marzo. El plazo de presentación de enmiendas
finalizó el día 30 del mismo mes. Con posterioridad hubo una ampliación
del plazo, que finalizó el día 5 de abril.

Se presentaron un total de 57 enmiendas, repartidas entre
los diversos grupos de la siguiente forma. Las enmiendas números 1 a 6
fueron presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas,
y fueron retiradas las números 3 a 6. Las enmiendas números 7 a 45 fueron
presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Las
enmiendas números 46 a 53 fueron presentadas por el

Grupo Parlamentario Popular, y las números 54 a 57 fueron
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. La comisión se reunió
para dictaminar este proyecto de ley el pasado 28 de abril, resultando
aprobado como dictamen el texto remitido por el Congreso de los
Diputados. Se han presentado cuatro votos particulares mediante los
cuales los grupos parlamentarios mantienen, para su defensa y votación en
el Pleno, todas las enmiendas presentadas, excepto las tres retiradas por
el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¿Desean intervenir en turno a favor? (Denegaciones.)

¿Turno en contra? (Denegaciones.)

Pasamos directamente al debate de las enmiendas. Por el
Grupo de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra la señora
Leanizbarrutia.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Gracias, señor
presidente.

Nuestro grupo parlamentario presenta dos enmiendas, las
números 1 y 2, a las que ha presentado una enmienda transaccional el
Grupo Parlamentario Socialista, que hemos aceptado. Por tanto, retiramos
las dos enmiendas citadas y votaremos a favor de la transaccional.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Esquerda. (La señora
Leanizbarrutia de Bizkarralegorra pide la palabra.)

¿Qué desea, señoría?

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Señor
presidente, perdone. Me he equivocado y he dicho que retiraba las
enmiendas números 1 y 2. Retiramos solamente la número 1 porque aceptamos
la enmienda transaccional que se nos ha presentado, pero no retiramos la
enmienda número 2, sino que la mantenemos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Tomamos nota.

Tiene la palabra el senador Esquerda.

El señor ESQUERDA SEGUÉS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, hoy se presenta el proyecto de ley sobre
responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales
radiactivos. Es una ley importante. Hoy, después de los accidentes que
ocurrieron en Japón hace varias semanas, todos, absolutamente todos,
entendemos que los accidentes nucleares son posibles actualmente; no ya
en el pasado, sino en la actualidad. Por tanto, todos estamos bastante
más concienciados de lo que podría ocurrir aquí. Después del accidente
ocurrido en Fukushima, todavía hoy siguen sin control los reactores
nucleares, lo que quiere decir que un accidente nuclear en una central
más o menos caduca o en una de última generación, como en el caso de
Japón, en la que ocurrieron los hechos, puede ser algo muy importante
porque pueden ocurrir muchísimas desgracias. En tal caso, nos encontramos
con responsabilidades civiles de envergadura por parte de las empresas.
En Japón hay cientos de miles de personas fuera de sus hogares, que han
tenido que marcharse por afectaciones radiactivas. Además, no sabemos
exactamente qué va a ocurrir. No obstante el dilema, este proyecto de ley
no se presenta porque el Gobierno crea que tiene que apretar a los
explotadores de centrales nucleares, sino para aplicar unos convenios
europeos que se firmaron cuando todavía no se creía que el peligro
nuclear podría ser tan grave como ha resultado ser. Desde luego, estos
accidentes pueden ocurrir; nosotros lo creemos desde hace mucho tiempo, y
propugnamos que las centrales nucleares se eliminen.

En cuanto al proyecto de ley, lo consideramos
manifiestamente mejorable, y por eso hemos presentado una serie de
enmiendas. La número 13, al artículo 4.1, es de carácter técnico, y se ha
llegado a una transaccional que va tener algún problema. En ella, al
definir la responsabilidad del explotador, añadimos que la
responsabilidad también la tendrá durante la transformación de sustancias
nucleares.

Hay un bloque de enmiendas de supresión de artículos: las
números 17, 22, 23, 25, 29, 33, 36, 38, 43 y 44. La enmienda 38 pretende
eliminar el párrafo del artículo 19.2, que dice: «A estos efectos, dicha
responsabilidad subsistirá durante tres años, contados desde la fecha en
que tales hechos se hubieran

puesto en conocimiento de las autoridades competentes».
Esta supresión tiene como finalidad que no caduque la responsabilidad del
explotador de la central nuclear. En cuanto a las demás, la número 17
pretende suprimir el artículo 4.5; la número 22, el 5.2; la número 23, el
artículo 6; en la número 25, el 8.2; la número 29, el 12.3; la número 33,
el 17.1; la número 36, el 17.3; la número 43, la disposición final
segunda; y la número 44, la disposición final quinta.

En cuanto a nuestras enmiendas de adición o de
modificación, la número 15, al artículo 4.4, introduce el concepto de
inmediatez al hablar de la responsabilidad civil del explotador; si no,
nos podríamos encontrar con que la responsabilidad civil esté reconocida
pero se vaya demorando, y las desgracias que hayan sufrido las personas o
los daños que hayan sufrido los objetos o materiales permanezcan ad
eternum. En la enmienda número 16, al artículo 4.4, añadimos que el resto
de la responsabilidad civil del explotador que no se haya podido cumplir
deberá hacerse efectiva a cargo de los beneficios de los años o
ejercicios siguientes, hasta cumplirla. La enmienda número 20, al
artículo 5.1, definimos en qué circunstancias puede el Estado anticipar
las cantidades que no hayan quedado suficientemente cubiertas con la
responsabilidad del explotador de una instalación nuclear y cómo tienen
que devolverse las citadas cantidades. La enmienda número 21, al artículo
5.1, suprime la indemnización para los casos de 700 millones, porque
entendemos que no debe existir. La número 24, al artículo 7.3, pretende
asegurar que el transportista acredite que dispone de garantía financiera
suficiente para afrontar su responsabilidad civil. La número 28, al
artículo 12.2, añade una nueva letra, que dice: «Inmovilización de fondos
propios por un valor igual o superior a la responsabilidad atribuida.» La
enmienda número 30, al artículo 15.1, pretendemos que el plazo en el que
deberá responder el explotador de la central frente a los perjudicados
sea de treinta años, a contar desde el accidente nuclear. La número 40,
añade una nueva letra al artículo 21.2, que habla de las garantías, que
dice: «Inmovilización de fondos propios para un valor igual o superior a
la responsabilidad atribuida.» La enmienda 42, al artículo 22.1, amplía
el plazo de reclamación de daños de diez a treinta años.

Si ustedes observan las enmiendas que hemos presentado,
verán que intentamos que el perjuicio sea el mínimo posible y la
garantía, la máxima posible; que los plazos sean los máximos posibles y
acordes con la realidad, y que las cantidades destinadas a indemnizar
siempre sean las más altas, al tiempo que se respete al máximo el medio
ambiente. Por todo ello, señorías, solicitamos su voto a favor de estas
enmiendas. Con ellas mejoraríamos sustancialmente el proyecto de ley que
se presenta.

Ahora intervendrá el senador Guillot en nombre de
Iniciativa per Catalunya, porque las enmiendas que yo he propuesto a su
aprobación las he presentado en nombre de Esquerra Republicana de
Catalunya.

Muchas gracias, señorías, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, president.

Señorías, entiendo que seguridad nuclear es un oxímoron, no
existe; es imposible garantizar la seguridad nuclear, tan imposible como
garantizar la seguridad total que exigen unos materiales tan peligrosos
como los radiactivos, de alta toxicidad durante siglos. El primer
interrogante que debiéramos afrontar pues en este debate, y que justifica
la presentación de las enmiendas de Iniciativa per Catalunya Verds, es la
siguiente: si la energía nuclear y las centrales nucleares son una
amenaza para la especia humana y para el planeta, ¿por qué insistimos en
utilizarlas? Es un despropósito, y mucho más ahora, que estamos viviendo
el drama de Japón.

Mi intervención para la defensa de estas enmiendas parte de
una posición radicalmente antinuclear. En Iniciativa defendemos la
necesidad de superar la energía nuclear por tres grandes razones: en
primer lugar, porque la energía nuclear es ingobernable, y así se ha
demostrado en Chernóbil y en Fukushima; en segundo lugar, porque la
energía nuclear es altamente peligrosa y, en tercer lugar, porque
condiciona a las futuras generaciones, cuestión respecto de la que
olvidamos un criterio fundamental de la sostenibilidad: no hipotecar el
futuro. De todos modos, tampoco es una panacea para el presente, ni
resuelve nada. Algunos han planteado el debate de si la energía nuclear
no sería un buen instrumento frente al cambio climático; un debate
estúpido que nos obliga a elegir entre emisiones de CO2 y residuos
radiactivos; y más estúpido aún cuando hay alternativas claras,
concretas, demostradas y en uso: las energías limpias. La energía nuclear
tampoco es barata, ya que externaliza parte de sus costes trasladándolos
a la sociedad; solo sus costes, nunca sus beneficios. Además, no hay que
olvidarlo, produce dependencia energética, tanto en lo que se refiere a
la tecnología, la producción y el enriquecimiento

del uranio, como al hecho de que este último es un recurso
limitado. La energía nuclear, señorías, es el pasado en tecnología, es un
presente de riesgos y un futuro condicionado por los residuos
radiactivos. Y estamos hablando de riesgos no lejanos. Aquí valdría la
máxima de que, cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a
remojar. No hay que olvidar que, por ejemplo, el 28 de abril en Ascó se
vertieron más de 25 000 litros de agua contaminada. La producción de
energía nuclear es solo un negocio; un negocio que se realiza poniendo en
riesgo a la sociedad. Les recuerdo Chernóbil y Fukushima.

Señorías, creo que, por una mínima responsabilidad, por una
mínima racionalidad, en defensa del interés común, en aplicación del
mínimo principio de precaución, España debería abrir un proceso de
transición, como se ha hecho en otros países, para sustituir la energía
nuclear, altamente peligrosa y contaminante, un riego real para la
sociedad, por las energías limpias. Y más, viendo la evolución positiva
en el uso y la implementación de estas energías renovables, que ha
reducido de manera drástica la aportación al mix energético español de la
energía producida en las centrales nucleares. En el año 2002, las ocho
centrales nucleares operativas en España produjeron el 25,7% de la
energía general; hoy no alcanzan el 18%. Estos son datos significativos,
que deberían orientarnos hacia la sustitución progresiva de la energía
nuclear por energías limpias y renovables. Y ya he dicho que la energía
nuclear no es barata; no lo es, si se tienen en cuenta los costes reales:
la gestión de residuos y el desmantelamiento de centrales, los costes de
la moratoria nuclear, los costes de transición, o la responsabilidad
civil hoy en día limitada; porque si esta responsabilidad civil se
abordara en su totalidad, como posteriormente intentaré plantear, los
costes serían muchísimo más altos, pues se utilizan aún fondos públicos
para los planes de emergencia.

A partir de esta reflexión antinuclear, a partir de
posiciones firmemente antinucleares, voy a defender las enmiendas que
presenta Iniciativa per Catalunya Verds. La 45 plantea, en primer lugar,
la necesidad de que haya un calendario de cierre de centrales nucleares;
la necesidad de consensuar un plazo de transición, que nos permita la
sustitución progresiva pero real de la energía nuclear, que permita el
cierre de las centrales nucleares. En segundo lugar, el cierre inmediato
de Garoña y Cofrentes. No entiendo qué razones justifican que no se haya
producido este cierre; de la misma manera que no entiendo este discurso a
veces contradictorio del Gobierno del Partido Socialista Obrero Español,
que está, por un lado, a favor del cierre de las centrales nucleares y,
por otro, presenta proyectos de ley como el de hoy. En tercer lugar,
proponemos la creación de un fondo con los beneficios de las centrales
amortizadas, con tres finalidades fundamentales: una, el mantenimiento de
la seguridad de las centrales, una parte de esos beneficios van dirigidos
a la gestión de la central; dos, la inversión de fondos para la
dinamización de los territorios en los que se produzca su cierre; y,
tres, dedicar una parte importante de esos beneficios al impulso de las
energías renovables, de las nuevas energías limpias.

Junto con esta enmienda número 45, presentamos otras 19
enmiendas. Las números 7, 8, 24, 29, 43 y 44 tienen siete objetivos
fundamentales: en primer lugar, dejar bien claro que los responsables son
los titulares. No puedo entender cómo a estas alturas no hay un proyecto
de ley que impute directamente a los titulares de las centrales nucleares
sus responsabilidades civiles de afrontar los daños que puedan producir
estas centrales nucleares en el traslado o el manejo de las sustancias
radiactivas. En segundo lugar, exigir la responsabilidad civil ilimitada.
No es de recibo que exijamos responsabilidades civiles que no cuenta con
garantía de ningún tipo de retorno, en caso de accidente o daño. Se
calcula que en Chernóbil los costes han supuesto unos 126 000 millones de
euros, y aquí se está hablando de unos costes máximos de 1500 millones de
euros. Es decir, estamos dejando que el titular de la explotación, con el
posterior beneficio de las centrales nucleares, no aborde su
responsabilidad civil en su totalidad. En tercer lugar, los titulares
deben responder de todos los daños sin exclusiones de ningún tipo. En
cuarto lugar, no valen en esta ley frases o conceptos difusos o ambiguos,
y mucho menos al hablar de centrales nucleares, de daños nucleares, es
decir de contaminación radiactiva: no valen degradaciones significantes,
no valen medidas razonables; tiene que haber una legislación concreta,
clara, que responsabilice y que determine cuáles son las
responsabilidades. En quinto lugar, los fondos de garantía deben ser,
como mínimo iguales, cuando no superiores, a la responsabilidad civil; es
otra contradicción incomprensible que no se exijan unos fondos de
garantía que respondan, como mínimo, a las responsabilidades civiles de
los titulares. En sexto lugar, importantísimo, hay que acabar ya con la
consideración de que todo aquello a lo que no llegue la cobertura de los
gestores privados se sustituya por fondos públicos. Esa situación no se
produce en otros sectores de la actividad económica y no entiendo por qué
tiene que ocurrir con respecto a las centrales nucleares. ¿Por qué
tenemos que sustituir con recursos públicos la limitación de
responsabilidades civiles de los titulares de las centrales nucleares?
Por último, en séptimo lugar, es necesario que el tiempo

de responsabilidad, el tiempo durante el que se pueden
exigir indemnizaciones, esté pensado al servicio de los ciudadanos, de
las personas y territorios afectados, en vez de en interés de las
centrales nucleares.

Este Gobierno ha mostrado cierta ceguera e
irresponsabilidad. Y más a estas alturas y si tenemos en cuenta el debate
europeo y mundial abierto sobre las centrales nucleares y sobre el
presente y el futuro de las fuentes de energía, en este caso en España.
No entiendo qué más tiene que pasar, qué más debe aportar la comunidad
científica, para que haya un cambio de orientación como el que se está
produciendo en Alemania, por ejemplo, respecto a la energía nuclear. Es
un error mantener las centrales nucleares; es un error no hacer la
transición; es un error no cerrar ya Garoña y Cofrentes; es un error no
exigir responsabilidades totales a los titulares de la gestión de las
centrales nucleares y, por ello, tanto el senador Saura como yo vamos a
votar en contra de este proyecto de ley, en contra de las enmiendas y
transacciones que han firmado los grupos, y vamos a defender, de forma
minoritaria aquí pero mayoritaria en el seno de la sociedad, que hay que
acabar con la energía nuclear, que hay que acabar con las centrales
nucleares y que hay que implementar ya una transición de sustitución que
nos permita un futuro de seguridad y, evidentemente, de suministro
energético.

Con esta intervención defiendo las enmiendas que hemos
presentado como miembros de Iniciativa per Catalunya Verds y, aunque sin
demasiada convicción, les pido su apoyo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Fuentes.

La señora FUENTES GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señoría, subo al estrado para defender las enmiendas
presentadas por mi grupo parlamentario al proyecto de ley sobre
responsabilidad civil por daños nucleares producidos por materiales
radiactivos.

Antes de nada, quisiera agradecer al resto de los grupos
parlamentarios el entendimiento que ha reinado al debatir algunas de las
enmiendas, la posibilidad que ha existido de llegar a transaccionales y,
sobre todo, el buen clima. Ha sido posible que nos entendiésemos en
algunos casos y, aunque en otros no, hay que tener en cuenta que todo no
puede ser. Las negociaciones han sido buenas, por lo que creo que todos
podemos estar contentos.

Paso ahora a dar a conocer nuestras enmiendas y también
nuestra posición respecto a las del resto de grupos parlamentarios. El
Grupo Socialista ha presentado cuatro enmiendas. La enmienda número 54 es
simplemente de corrección técnica. La enmienda número 55 añade una
disposición adicional y modifica los artículos 2 y 28 de la Ley 25/1964,
de 29 de abril, sobre Energía Nuclear, con objeto de definir algunos
conceptos que constituyen diferencias importantes en la legislación
nuclear, y establece que el titular de la autorización de explotación de
una central nuclear debe ser una única persona jurídica, de manera que el
régimen de responsabilidades técnicas, económicas y legales en la
explotación de la central esté claramente definido, sea indelegable en
cuanto a la seguridad y en cuanto a cualquier otra consideración, y
favorezca la existencia de una interlocución fluida y directa entre el
organismo regulador y el titular. Asimismo, con el fin de propiciar la
transparencia en la explotación y de garantizar que los titulares de las
autorizaciones de las centrales nucleares cuenten con los recursos
necesarios para la explotación segura de las mismas, se requiere que
estos titulares tengan como objeto único la gestión de estas
instalaciones, de manera que lleven una contabilidad separada de los
ingresos y los gastos imputables a cada central, y se les impone la
obligación de informar sobre las intervenciones y recursos humanos
disponibles y sobre las previsiones futuras sobre los mismos. La
disposición transitoria establece los criterios de adaptación de los
titulares de la autorización de explotación de las centrales nucleares
que no reúnan las condiciones establecidas en la disposición adicional
tercera. Soy senadora por la comunidad de Extremadura, que cuenta con una
central nuclear en Almaraz, y entiendo que el cambio legal que va a
producirse en esta ley abre la posibilidad de que las nuevas personas
jurídicas que se constituyan tengan su domicilio fiscal y declaren sus
impuestos en Extremadura, en este caso la de Almaraz; me refiero a las
denominadas balanzas fiscales. Esto es lo importante para mi región, por
supuesto, pero también lo es para todas aquellas en las que existan
centrales nucleares. Además habrá control y conocimiento de las
actividades que se realicen, sobre todo en lo que se refiere a la
seguridad. Por eso nos congratulamos porque hayamos llegado a un acuerdo
sobre este cambio legal. Esta enmienda que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista mejora considerablemente la ley, y por eso doy
las gracias a los grupos que la han apoyado.

La número 56 es una enmienda de modificación del artículo
que se refiere al Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de
Seguros. El texto que se propone es más claro que el actual y evita
discriminaciones que pudieran depender de la voluntad de las entidades
aseguradoras privadas.

La enmienda número 57 la presentamos para que lo recogido
en la ley que se refiera a la titularidad de las centrales nucleares
entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado. Si tenemos que esperar a la ratificación de los protocolos
por todos los Estados miembros de la Unión Europea, tardaríamos un tiempo
que entendemos muy largo y que no interesa. Además, para eso hemos hecho
estas modificaciones.

El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, termine.

La señora FUENTES GARCÍA: Por eso pensamos que sería bueno
que se aprobase esta enmienda también.

Respecto a las enmiendas de otros grupos, votaremos a favor
de la enmienda número 2 del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas, además de la transaccional que le hemos propuesto. De las
del Grupo de Entesa, votaremos a favor de la 18, la 24 y la 28. De las
del Grupo Popular, votaremos a favor de la 26, y hemos transaccionado la
47, la 49, la 50 y la 53.

Gracias a todos los grupos. Repito nuestro agradecimiento
por haber consensuado algunas las enmiendas, y esperemos que la ley salga
lo mejor posible para todos los ciudadanos. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Marqués.

El señor MARQUÉS LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha
presentado 8 enmiendas a este proyecto de ley, 7 de las cuales son de
carácter técnico, ya que consideramos que dan una mayor claridad al texto
y despejan una serie de contradicciones e incertidumbres del texto
original.

Hemos presentado otra enmienda, que podríamos llamar
testimonial, a través de la cual pedimos que se revisen los protocolos de
seguridad de estas instalaciones en nuestro país, analizando los riesgos
a los que están sometidos, y coordinar estas actuaciones con los países
de la Unión Europea. Todo ello a los efectos de reconsiderar si es
necesaria la responsabilidad frente a estas instalaciones, que debe ser
algo en continua revisión y actualización.

Toda vez que cuatro de estas enmiendas han sido incluidas
en sendas modificaciones al dictamen de la comisión firmadas por la
mayoría de los grupos parlamentarios, nos quedan tan solo cuatro: una,
por la que tratamos de solventar la contradicción existente en el
artículo tercero de la Directiva Europea 2009/71. Otra, que pretende
dejar más claras las atribuciones del Estado en el artículo 11. Y dos
más, en las que pedimos que se aproveche el mecanismo establecido por la
Ley de Responsabilidad Medioambiental en el caso de los daños por
materiales radiactivos; de lo contrario, como va a ocurrir si no se
aprueban estas dos enmiendas, estará duplicado el procedimiento legal, en
este caso, de daños.

Espero que estas cuatro enmiendas que quedan vivas sean
aceptadas por el resto de los grupos, y quiero agradecer la colaboración
y el grado de consenso alcanzado con los portavoces de los distintos
grupos parlamentarios.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¿Turno en contra? (Denegación.)

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Sampol.

El señor SAMPOL I MAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, en nombre del Bloc per Mallorca i PSM-Verds,
quiero anunciar el voto favorable a las enmiendas de Entesa Catalana de
Progrés, sobre todo a las presentadas por los senadores Guillot y Saura,
que en la práctica suponen una enmienda a la totalidad, si no a este
proyecto de ley sí a la energía nuclear. Y con toda la razón del mundo,
porque si nos estábamos olvidando de lo que ocurrió hace 25 años

—precisamente esta semana se ha celebrado, entre
comillas, el aniversario de Chernóbil— el último caso ocurrido en
Japón nos recuerda de forma dramática que los humanos no controlamos la
energía atómica.

Por tanto, cuando se produce una fuga radiactiva, ya sea
por un error humano —que se han producido en centrales del Estado
español— ya sea por un fatal accidente, se contamina el aire y el
mar, con unas consecuencias totalmente imprevisibles para la
humanidad.

Además, el hecho de que todavía no se haya encontrado el
método para inertizar los residuos radiactivos hace que durante miles de
años éstos sean una auténtica bomba de relojería que puede activarse
provocando una contaminación radiactiva de consecuencias fatales. Y los
costes para mantener estos cementerios radiactivos no se internalizan a
la hora de calcular el coste de la energía nuclear.

Por si fuera poco —y esto no se ha divulgado—
el Gobierno alemán ha realizado un estudio que demuestra que en las
proximidades de las centrales nucleares de Alemania se está produciendo
un aumento importante de casos de leucemia, especialmente de leucemia
infantil, con incrementos superiores al cien por cien en radios de cinco
kilómetros alrededor de las centrales nucleares.

Quiero desmentir, además, que la energía nuclear sea una
energía barata. Evidentemente, el coste de producción es barato; en el
año 2008 el Foro de la energía nuclear alardeaba de que costaba 12,9
euros el megavatio/hora, sin contar los costes de amortización,
únicamente el mantenimiento y combustible, pero la realidad es que el
sistema tarifario español hace que todos los sistemas cobren la
producción prácticamente al mismo precio. Así que, si hoy en día fabricar
un megavatio mediante la energía nuclear puede costar unos 15 euros, el
fabricante cobra el pool energético, que hoy está en torno a los 50 euros
el megavatio; por tanto, es cierto que es barato de fabricar, pero el
fabricante cobra al precio de la energía más cara. Incluso me atrevo a
decir que hoy la energía nuclear encarece la tarifa. Esta misma semana el
secretario de Estado de Energía compareció en la Comisión de Industria y
afirmó que la energía es más barata en España que en Francia —como
ustedes saben, en Francia el 80% de la energía proviene de la
nuclear—. Pero digo que encarece la tarifa porque las que
determinan el precio de la tarifa en España son las centrales de ciclo
combinado por el hecho de que solamente funcionan al 40% de su capacidad,
y esto encarece el conjunto.

Si en estos momentos cerráramos las nucleares y las
centrales de ciclo combinado pudieran vender el 70 u 80% de su capacidad
de producción, bajaría el precio de la tarifa considerablemente. Por
tanto, afirmo que en estos momentos mantener la energía nuclear, que
necesariamente se ha de comprar toda porque es muy caro parar y poner en
marcha las centrales nucleares, encarece el conjunto de la tarifa. Así
pues, votaremos a favor de las enmiendas de Entesa Catalana.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra
la senadora Leanizbarrutia.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Señor
presidente, señorías, nuestro grupo parlamentario apoyará esta ley.

Quisiera comentar el siguiente aspecto, que nos parece
importante. Esta senadora que les habla, planteó en su primera
interpelación la prórroga o no de las centrales nucleares respecto a la
seguridad de la central nuclear de Garoña, que es algo que nos
preocupaba, y mucho. En estos momentos hay países que están sufriendo
gravísimos problemas por falta de seguridad nuclear, por lo que este tipo
de normativas, este tipo de leyes, son muy importantes para responder de
los posibles daños que puedan causar estas centrales que tanto en el
Estado español como en Europa están en marcha.

Como bien dice el título preliminar, el objeto de la
presente ley es establecer el régimen de responsabilidad por daños
nucleares, sin perjuicio de lo establecido en el convenio sobre
responsabilidad civil en materia de energía nuclear de 29 de julio de
1960. Asimismo, en el Título II de esta Ley se establecía un régimen
específico de responsabilidad civil por daños causados por accidentes que
provoquen la emisión de radiaciones ionizantes que pudieran producirse en
el manejo, almacenamiento y transporte de materiales radiactivos que no
sean sustancias nucleares. También se define lo que es un accidente
nuclear, lo que se denominan instalaciones nucleares y lo que se entiende
por daño nuclear.

En esta ley, señorías, se nos describe todo aquello que
significa daño nuclear, lo que se considera material radiactivo, es
decir, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad civil derivada de
daños nucleares. Pensamos que la actual ley mejora la responsabilidad
civil de las centrales. Además, concreta y depura más los conceptos de lo
que sería daño nuclear por material radiactivo. Por tanto, con esta

disposición conseguimos precisar más cuál es la
responsabilidad civil que tiene toda aquella empresa que utilice material
radiactivo.

Pensamos que es una medida mejorable, pero supone un paso
hacia delante en lo que respecta a las exigencias y responsabilidades de
las que tiene que responder todo aquel que se dedique a esta actividad.
En consecuencia, esta ley es importante porque va a reforzar la
coordinación comunitaria sobre este asunto, ya que se trata de un
problema que afecta más o menos de la misma forma a todos los Estados
contratantes. Y este problema se deriva básicamente del hecho de que el
sector asegurador y reasegurador no quieren hacer frente a algunos de los
riesgos previstos en los convenios, ya sea por considerarlos poco
definidos, ya sea por excesivamente elevados, dado que hay que compensar
los daños inducidos a terceros países y no vale con que unos países se
adapten y otros no.

Por otra parte, entendemos que es necesario desarrollar y
establecer los mecanismos jurídicos y financieros que permitan ofrecer
métodos de aseguramiento alternativos al mercado de seguros en caso de
que dichas entidades, como esta ocurriendo, cubran la totalidad de las
garantías requeridas. Es importante, pues, y así se recoge, que en el
caso de que los fondos necesarios para hacer frente a las reclamaciones
por daños personales superasen la cuantía máxima establecida, el Estado
se obligue a arbitrar los medios legales para compensar a las víctimas
que se produzcan en el Estado, tal y como se dispone en la legislación
actual. Consideramos que establece, además, un sistema garantista y
moderno en materia de responsabilidad civil por daños nucleares o
producidos por materiales radiactivos.

Señorías, esperamos y deseamos que nunca se tenga que
utilizar este tipo de seguros, puesto que para nuestro grupo
parlamentario es sumamente importante que las centrales nucleares sean
seguras y que se nos dé esa garantía de seguridad. Por tanto, nuestro
grupo parlamentario apoyará esta ley.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.

Comparezco para posicionar a Convergència i Unió ante esta
ley de responsabilidad civil por daños nucleares o por materiales
radiactivos. Seguro que algún profano en materia nuclear puede pensar que
esta ley se debate ahora por la grave situación por la que está pasando
Japón, a raíz del accidente nuclear. No es esta la realidad; esta ley
viene a adecuar la legislación española en materia nuclear a los
convenios internacionales. Es, por tanto, una regulación mediante ley que
viene obligada por los convenios internacionales, si bien es cierto que
este grave accidente ha puesto sobre la mesa el debate sobre la seguridad
de la energía nuclear. Por ello, no podemos obviar este debate, y además
debemos hacerlo en sede parlamentaria, para que nos permita aprobar
medidas que aumenten la seguridad en las centrales nucleares.

Ya avanzo el voto positivo de Convergència i Unió a este
ley. Una ley necesaria y que fue pactada en el Congreso, si bien en el
Senado y en nuestro caso no ha sido así. Convergència i Unió tan solo
pretendía transaccionar una enmienda y muy a pesar nuestro no ha sido
posible. La nuestra era una enmienda de transacción a la enmienda número
55 del Grupo Parlamentario Socialista, que se refiere a la titularidad de
los explotadores de las centrales nucleares. Aún pido un último esfuerzo
a las portavoces socialistas, las senadoras Rafaela Fuentes y Ana Durán,
a las que agradezco su actitud pactista y de consenso y su tenacidad en
el diálogo. Les pido un esfuerzo para aceptar nuestra transacción a la
enmienda 55, puesto que solo pide respetar la situación actual desde el
punto de vista de la titularidad. Es una enmienda transaccional de
adición con una disposición adicional que básicamente viene a decir que a
ningún titular se le obligue a renunciar a su actual esquema de control
conjunto de las instalaciones. ¿Qué pretendemos con esta transacción?
Pues lisa y llanamente varias cosas, todas positivas, que son, entre
otras, mantener la situación actual que ha hecho funcionar bien las
centrales nucleares con una presencia plural en la titularidad; respetar
los derechos adquiridos; reducir gastos, ya que la nueva normativa
representará unos gastos innecesarios y más en una situación de crisis
económica como la que vivimos. Esta nueva situación representa nuevos
organigramas, cambios jurídicos, etcétera. Pretende también evitar
monopolios y mayorías innecesarias, pero, sobre todo, pretende seguir con
el modus operandi que hasta ahora ha funcionado bien. Uno se pregunta por
qué cambiar cosas que han funcionado si no hay intereses desconocidos, al
margen del buen funcionamiento, que lo aconsejen. Si la situación actual
era buena

hasta ahora, por qué introducir cambios innecesarios e
injustos que perjudican a los socios minoritarios. Además, con nuestra
transacción se podía igualmente pasar a sociedad anónima.

Por tanto, reitero mi petición de un último intento por
parte del Grupo Socialista para in extremis aprobar nuestra enmienda.
También anuncio nuestro apoyo a la enmienda número 1 del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas, denominada enmienda Enagás, que
ha sido transaccionada con el Grupo Socialista y que en un principio no
veíamos bien pero ahora su redactado nos permite apoyarla. Votaremos la
enmienda número 2 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.
Votaremos a favor de algunas enmiendas socialistas como la 54 y 56, así
como las transaccionadas del Grupo Popular 47, 49 y 50, y nos
abstendremos en las restantes.

Quiero acabar dejando patente la voluntad de Convergència i
Unió de mejorar esta ley. Lo hicimos en el Congreso con las enmiendas que
se aprobaron, y pretendíamos y pretendemos hacerlo aquí en el Senado con
la transacción a la enmienda número 55 del Grupo Socialista.

Esperamos que esta ley garantice la seguridad nuclear y la
responsabilidad ante accidentes que puedan producirse.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra el senador
Esquerda.

El señor ESQUERDA SEGUÉS: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, les voy a leer otra vez el título de la ley:
sobre responsabilidad civil por daños nucleares, lo que quiere decir que
es una ley que tiene en cuenta posibles consecuencias muy graves. Como ya
se ha dicho aquí, lo mejor que nos podría ocurrir es que nunca tuviésemos
que utilizarla porque ello significaría que no habría ocurrido ningún
accidente nuclear.

En Cataluña estamos muy sensibilizados con las nucleares.
Tuvimos un accidente muy grave hace veintisiete años en Vandellós. Tuvo
que cerrarse la central y desmantelarse. Al cabo de veintisiete años,
todo el edificio central sigue sin poder desmantelarse porque todavía no
se ha eliminado todo el calor producido, lo que significa que es algo
realmente serio.

Hace dos años tuvimos en Ascó un accidente, evidentemente,
muchísimo menor, que produjo un escape de partículas radioactivas y que
se ocultó por parte de la empresa durante varios meses. A pesar de tener
unos impresionantes institutos de energía nuclear, no se habló claro y
nadie dijo nada. Esto es gravísimo. Yo no sé si realmente hubo alarma
social, pero, en Cataluña —y supongo que también en el resto de
España— hubo una gran indignación social.

Parece ser que ahora se quiere dejar en Cataluña —y
es lo que más tememos allí— el almacén nuclear temporal de
superficie, cuando todos los grupos lo han rechazado en el Parlament de
Catalunya en varias ocasiones y, además, hay manifestaciones periódicas
en la zona.

Las nucleares tienen alguna ventaja, pero muchísimos
problemas. La ingobernabilidad de la central cuando se desencadena un
accidente es absoluta. Lo estamos viendo estos días y antes lo he dicho,
después de casi dos meses de haber ocurrido el accidente todavía está
ingobernable.

Como antes apunté, lo vimos en Ascó, lo vimos en Chernóbil
y lo vimos en Vandellós, es decir, cuando se desboca no hay quien aguante
esas riendas.

Otro problema impresionante es el de los residuos con vida
durante miles de años, que, además, tiene un costo que nadie puede
calcular a lo largo de todo este tiempo. Y, ¿quién va a pagar esto? ¿Las
empresas que ahora están sacando el dinero de allí? ¡Pero si están
ganando 30 euros por megavatio, como antes señaló un senador! En una
producción industrial de un consumo tan enorme, ¿cómo se puede hacer que
el precio final tenga un margen de más del 100%? Esta es una cuestión
única. Supongo que lo que hacen aquí los lobbies es apretar por todos los
lados. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay una ley, la que estamos
discutiendo ahora, que está bien pero que podría ser muchísimo mejor, y
eso es lo que intentamos conseguir con muchas de las enmiendas que hemos
presentado.

En cuanto a la construcción de nuevas centrales, a lo mejor
podría funcionar pero, según dicen todos los expertos, resultaría
carísimo.

Se habla también de la inseguridad de los residuos
radiactivos. No se almacena en profundidad, que hace unos años parecía la
panacea, porque nadie se fía de lo que puede ocurrir a lo largo de todo
este período, y en superficie tendremos la cuestión empantanada durante
cien años, ¿pero luego qué? Aparte de esto, durante estos cien años va a
gravitar sobre esa zona un problema de una total inseguridad.

Como ventaja, porque hay una, cabe hablar del bajo precio
teórico de explotación de la central nuclear, pero esto es en beneficio
de los grandes explotadores.

Señorías, nosotros vamos a votar a favor de esta ley porque
es muchísimo mejor esto que nada. Ahora bien, creemos que el futuro no
está en las nucleares y que tenemos fuentes inagotables que deberíamos
saber explotar, así que aprovechémoslas. Me gustaría, como decía Stéphane
Hessel, que nos pudiéramos indignar todos juntos y eliminar para siempre
y por fin este tipo de energía.

Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Durán.

La señora DURÁN FRAGUAS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, vemos hoy en el Pleno de esta Cámara el proyecto
de ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por
materiales radiactivos.

Esta ley adapta la normativa española a las últimas
revisiones de los convenios internacionales de los que España es parte.
Entre otros aspectos, esta revisión supone un incremento sustancial de
las indemnizaciones que el titular de una central —en esta ley
también introducimos cómo queremos que sea el titular de esa central,
concretamente en la enmienda 55, a la que se refirió antes mi compañera
Rafaela Fuentes— debe garantizar para compensar a las víctimas de
un eventual accidente, pasando de los 700 que había en la actualidad a
1200 millones de euros. La directiva europea plantea un máximo de 1500
millones de euros de responsabilidad civil, sin embargo, se considera que
las aseguradoras no ofrecerán más de una cobertura de 1200 millones, por
lo que en el caso español el Estado tendría que cubrir esos 300 millones
de euros restantes si —y esperemos que no se dé nunca esa
circunstancia— fuera necesario.

Esta ley, señorías, es consecuencia de dos hechos básicos.
Uno, que España tiene centrales nucleares. Dos, que hemos firmado unos
compromisos internacionales con el objetivo de hacer responsables a los
titulares y establecer garantías para los posibles afectados.

La legislación española en materia de responsabilidad civil
por daños nucleares deriva de los convenios internacionales, en concreto
del convenio de París y el complementario de Bruselas. Estos dos
convenios, señorías, no son recientes, pues datan de 1960 y 1963
respectivamente. La última modificación se produjo en febrero de 2004 y
en ella se basan las características que ahora vamos a señalar.

Se establece que la responsabilidad por daño nuclear es
objetiva; es decir, no es necesario que exista culpa por parte del
operador para que tenga que asumirla. Determina los valores mínimos de
responsabilidad atribuibles a los operadores. Delimita el plazo de tiempo
en el que se han de reclamar las compensaciones por daños y obliga a que
la responsabilidad tenga que estar cubierta mediante una garantía
financiera, ya sea a través de una póliza de seguro o mediante otra
garantía solvente que se considere válida.

En concreto, señorías, cuando esta ley sea definitivamente
aprobada, habrá un aumento sustancial de las cantidades mínimas de
responsabilidad, que se van a multiplicar por más de cuatro; una
introducción de una definición más amplia y detallada del daño nuclear,
pues se añade al ya incluido daño a las personas y a los bienes el daño
al medio ambiente; y la extensión del periodo de reclamación de las
víctimas por daños a las personas, que pasa de diez a treinta años. Hasta
la fecha, y a pesar de que hemos tenido incidentes en distintas centrales
nucleares, no ha sido necesaria la aplicación de esta ley.

Es una ley que viene a cubrir esos riesgos por daños
nucleares, además viene a cumplir los convenios internacionales y damos
un paso más, ya que se incluyen los materiales radiactivos que no sean
sustancias nucleares en el tipo de daños que se pueden indemnizar.

En consecuencia, señorías, en la práctica, a pesar de que
aquí se hablaba de responsabilidad ilimitada, la única garantía para
compensar a las posibles víctimas es la que da la cobertura aseguradora,
y eso es lo que hace esta ley. Por ello se establece la responsabilidad
del operador, que es la máxima prevista en estos convenios —repito,
la máxima—, 1200 millones de euros. El nivel de cobertura que
exigimos en este caso en nuestro país al titular es de los más
importantes de los países de nuestro entorno; por poner algún ejemplo,
Francia y Bélgica. Francia, con un parque nuclear impresionante, ha
establecido la responsabilidad en 700 millones de euros. Nosotros estamos
poniendo un límite de 1200 y otros 300 adicionales, y a través de los
distintos países de la Unión Europea se va a arbitrar la forma para darle
cobertura.

Señorías, todos somos conscientes de que en este tema lo
importante es la seguridad, y creo que seguridad es lo que la gente nos
reclama. Seguridad es lo que da esta ley que estamos aprobando hoy, que
es de responsabilidad civil por esos daños. Seguridad da también un
organismo que tiene fama en el

mundo, que es el Consejo de Seguridad Nuclear, por el que
pasa todo lo que tramitamos sobre este aspecto. Y ese objetivo de
seguridad ahora, desgraciadamente, está más que nunca en boca de todo el
mundo debido a los accidentes que en un país desarrollado como Japón se
han producido por causas naturales —un terremoto y un
tsunami— y que ponen en tela de juicio la seguridad de centrales
que se creían muy seguras, como era la de Fukushima.

Por tanto, estamos haciendo un trabajo importante, que
seguramente no será el último, seguramente habrá que hacer más,
seguramente la propia Unión Europea legislará y reflexionará sobre todos
los temas que se aprendan de la desgraciada experiencia de Fukushima,
seguro que sí, y seguro que llegarán por la vía adecuada tanto al
Congreso como al propio Senado. Pero lo que estamos haciendo hoy mejora
la cobertura que tienen nuestros ciudadanos respecto a una
responsabilidad civil que tienen los operadores de las centrales
nucleares, y el trabajo que hemos hecho para intentar consensuar la mejor
ley que podamos sacar de esta Cámara ha sido un buen ejercicio para todos
nosotros.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Marqués
López.

El señor MARQUÉS LÓPEZ: Gracias, presidente.

Señorías, estamos actualizando la responsabilidad civil a
los convenios internacionales ya ratificados por España en noviembre de
2005 incorporando a nuestra normativa modificaciones que amplían o
mejoran garantías en favor de los damnificados, proyecto de ley que, como
aquí se ha dicho, es necesario, obligatorio y urgente, de gran
importancia y trascendencia, como se ha visto en los sucesos de Japón, y
que lleva seis años de retraso para su actualización.

Supone sin duda un avance significativo respecto a la
actual normativa, reforzando los conceptos de objetividad y exclusividad,
elevando las cantidades a garantizar, el tiempo a reclamar, añadiendo las
damnificaciones al medio ambiente, habilitando mecanismos para garantizar
cantidades más elevadas, y va más allá de los convenios internacionales
firmados, al aplicarla también a los materiales radiactivos, conformando
una de las normativas más exigentes de la OCDE. Por eso nuestro grupo lo
aprobó en el Congreso y lo vamos a aprobar ahora también.

Hemos presentado ocho enmiendas, de las cuales cuatro se
han incluido en sendas transaccionales y esperamos que las cuatro
restantes sean aceptadas.

Hemos firmado también varias transaccionales, de ellas una
del Grupo Socialista; le vamos a aceptar también dos enmiendas de
carácter técnico y, desde luego, no compartimos la 56, porque a pesar de
que ellos dicen que es una redacción más clara, creemos que quitar la
figura del coasegurador significa sacarla fuera del control del
Ministerio de Economía y Hacienda.

Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés —salvo las números 13 y 18 que vamos a
aceptar— no las compartimos por estar fundamentadas en la
responsabilidad ilimitada. La responsabilidad ilimitada no se puede
asegurar, por lo tanto, no es operativa y plantea problemas de
efectividad; se limita, únicamente, al patrimonio societario y, además,
estaríamos incumpliendo los acuerdos internacionales.

En relación con las dos enmiendas del Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas, por las que se establecen modificaciones
sustanciales al sector del gas español, regulado en la Ley 34/1998, del
sector de hidrocarburos, creemos que por el principio de especialidad, y
por su importancia y transcendencia, merecen una normativa y su propio
debate. Son temas fundamentales que pensamos que no es adecuado ponerlos
de comparsa a través de una disposición final nueva en esta ley sobre
responsabilidad. No haríamos otra cosa que fomentar la inseguridad en el
sector jurídico, una inseguridad a la que nos tiene acostumbrados este
Gobierno. Gobierno que, desde luego, no ha hecho una planificación
energética, tratándose de un sector que necesita un marco estable y
cuando además se le ha pedido desde distintos ámbitos: las empresas
fotovoltaicas, eólicas…, incluso el propio sector del gas ha pedido
un marco estable para el sector energético y, desde luego, también lo han
hecho varios grupos parlamentarios en distintas propuestas.

Sin duda, una asignatura pendiente de este Gobierno es el
establecimiento de un marco estable para el sector energético, para lo
cual es necesario un debate técnico, un debate sosegado y responsable
sobre cuál va a ser nuestro mix energético en los próximos veinticinco
años, ya que de ahí depende toda la legislación relativa al sector
energético. Mientras tanto, estaremos esperando a que hagan algún trabajo
en este sentido. Nos lo han anunciado en muchas ocasiones, incluso hace
dos semanas. Así pues, esperemos que el Gobierno, de una vez por todas,
nos plantee una alternativa para estos próximos veinticinco años.

Y ya, para terminar, quiero agradecer a todos los grupos el
clima de consenso y de acuerdo alcanzado en este proyecto de ley.
Asimismo, deseo que este clima se traslade a los importantes debates que
hay pendientes en torno a este sector energético, donde primen las
garantías de seguridad y responsabilidad y, desde luego, vengan avalados
por los informes del Consejo de Seguridad Nuclear.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Llamen a votación, por favor. (Pausa.)

Señorías, tomen asiento, por favor.

Cierren las puertas. (Rumores.)

Por favor, silencio.

Señorías, vamos a proceder a votar el proyecto de ley sobre
responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales
radiactivos.

En primer lugar, votamos la enmienda número 2, del Grupo de
Senadores Nacionalistas.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 122; en contra, 9; abstenciones, 105.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas de Entesa.

En primer lugar, la número 12.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 8; en contra, 226; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 18.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 235; a favor, 235.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda número 24.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 129; en contra, 107.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda número 28.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 129; en contra, 107.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos el resto de las enmiendas de Entesa.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 10; en contra, 220; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas del Grupo Socialista.

En primer lugar, la enmienda número 54.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 236.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda número 56.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 125; en contra, 111.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda número 57.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 232; en contra, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. En
primer lugar la enmienda número 46.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 225; en contra, 7; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda número 48.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 234; a favor, 106; en contra, 124; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas números 51 y 52.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 235; a favor, 109; en contra, 122; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las propuestas de modificación del
dictamen.

En primer lugar, con el número de registro 63167, firmada
por todos los grupos, con la excepción del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 232; en contra, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta de modificación con el número de registro
63168.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 235; a favor, 129; abstenciones, 106.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta de modificación con el número de registro
63169.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 234; a favor, 231; en contra, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta de modificación con el número de registro 63170.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 235; a favor, 232; en contra, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Las propuestas de modificación con los números de registro
63171 y 63173 han sido firmadas por todos los grupos. ¿Pueden ser
aprobadas por asentimiento? (Denegaciones.)

Así pues, votamos la número 63171.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 235; a favor, 231; en contra, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta de modificación con el número de registro
63172.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 236.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta de modificación con el número de registro
63173.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 235; a favor, 230; en contra, 4; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos el resto del proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 232; en contra, 2; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la
Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado
al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie en forma previa a
la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.

Señores senadores, finalizado el orden del día, se levanta
la sesión.

Que Dios reparta suerte.

Eran las diecisiete horas y cincuenta minutos.