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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 82, de 09/02/2024
cve: BOCG-15-D-82
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
9 de febrero de 2024
Núm. 82
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
DIPUTADOS
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados ... (Página3)
Declaración de intereses económicos ... (Página19)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000115 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la defensa de los transportistas y agricultores españoles ante los ataques sufridos en la frontera con Francia ... (Página26)
162/000116 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para defender al campo español ... (Página28)
162/000117 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para bloquear la invasión inmigratoria ilegal que amenaza a España ... (Página31)
162/000118 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre energía eólica marina ... (Página35)
162/000119 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la expulsión de Israel del Festival de la Canción de Eurovisión ... (Página38)
162/000120 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de la COP28 ... (Página39)
162/000121 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adhesión de Suecia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ... (Página41)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000027 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 7007/2021, promovido por más de
cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario VOX, contra el artículo Segundo.Dos del Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y
económica, por la redacción que confiere a los apartados 1 y 7 c) del artículo 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19
... (Página43)
233/000007 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 2577/2023, planteada por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en relación con el artículo
3. Primero, apartados uno y dos, del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social, por posible
vulneración de los artículos 86.1 y 31.1 de la Constitución española ... (Página44)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las siguientes declaraciones de bienes y rentas presentadas, una vez calificadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
ÍNDICE
LÓPEZ TAGLIAFICO, Candela (GSUMAR) (núm. expte. 005/000372/0000)0 ... (Página4)
NÚÑEZ GUIJARRO, José Enrique (GP) (núm. expte. 005/000373/0000)0 ... (Página9)
TOSCANO DE BALBÍN, Carla (GVOX) (núm. expte. 005/000289/0001)2 ... (Página14)
0 Declaración inicial.
1 Modificación de la declaración.
2 Declaración final.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.4 del Código de Conducta de las Cortes Generales, aprobado por Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 1 de octubre de 2020, se ordena la publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales de las siguientes declaraciones de intereses económicos presentadas, una vez calificadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
ÍNDICE
LÓPEZ TAGLIAFICO, Candela (GSUMAR) (núm. expte. 007/000372/0000)1 ... (Página20)
NÚÑEZ GUIJARRO, José Enrique (GP) (núm. expte. 007/000374/0000)1 ... (Página24)
URIARTE BENGOECHEA, Edurne (GP) (núm. expte. 007/000373/0000)1 ... (Página22)
1 Declaración inicial.
2 Modificación de la declaración de intereses económicos.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
162/000115
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Ignacio Hoces Íñiguez, Ricardo Chamorro Delmo, Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la defensa de los transportistas y agricultores españoles ante los ataques sufridos en la frontera con
Francia, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. Ataques a los transportistas y agricultores españoles.
En las últimas semanas, los agricultores europeos 1 están protestando contra las políticas de la Unión Europea y el abandono al que les han sometido, así como contra los impedimentos que se han establecido para su modo de vida. A estas
protestas, se sumaron los agricultores franceses, quienes llevan semanas protagonizando protestas y manifestaciones en contra del Gobierno de Emmanuel Macron, alegando que sus políticas están generando graves consecuencias en el ámbito agrícola del
país 2. Estas protestas han alcanzado un punto crítico, culminando el 26 de enero de 2024 en ataques a cientos de transportistas españoles una vez cruzan la frontera con Francia 3. Entre los incidentes notables está el ocurrido en Nimes, donde
quince cargamentos de verduras y frutas provenientes de España fueron dispersados en la vía pública 4; y el sucedido en Montpellier, donde representantes del sector agrícola francés descargaron en plena vía una cisterna de vino español 5.
1 https://gaceta.es/europa/la-revuelta-del-sector-primario-se-intensifica-en-francia-el-mayor-productor-agricola-de-toda-la-ue-20240129-0400/
2 https://www.elperiodico.com/es/economia/20240120/agricultores-franceses-suman-protesta-colegas-97141936
3 https://www.ondacero.es/noticias/espana/viernes-negro-carreteras-francesas-transportistas-solicitan-gobierno-medidas-ataques-camiones-francia_2024012665b34fd3327cdd0001dcd9c5.html
4 Ibidem.
5 https://x.com/CetmTransporte/status/1750562688701190176?s=20
Estos disturbios han ocasionado graves daños a los agricultores y transportistas españoles, quienes han reprochado la inacción del Gobierno frente a estos acontecimientos. En este sentido, la Asociación de Empresarios de Transportes
Discrecionales ha respaldado a los transportistas españoles a través una declaración en la que enfatizó sobre 'la imperante necesidad de que los transportistas desarrollen su labor con seguridad' 6. Del mismo modo, el 24 de enero, la Asociación del
Transporte Internacional por Carretera y la Asociación de Cargadores de España envió una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, solicitando la intervención del Gobierno 'para que el Ejecutivo francés asegure la
protección de los conductores españoles y la integridad de las transacciones comerciales ante las recientes protestas de agricultores' 7.
Segundo. El derecho a la libre circulación de productos.
El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (Tratado de París) sentó las bases legales para la formación de la Unión Europea. Desde entonces, los países signatarios se comprometieron a facilitar, entre otras, 'la
libre circulación de los productos y el libre acceso a las fuentes de producción'.
El desarrollo de un mercado interior es una nota esencial de la constitución de la Unión Europea, tal y como se desprende del hoy Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que reconoce el establecimiento de un mercado común destinado a
garantizar 'la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales', y del Tratado de la Unión Europea, el cual refiere respecto al mercado interior que 'obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento
económico equilibrado'.
En definitiva, desde que España se integró en la Comunidad Económica Europea, en 1986, asumió la obligación de cumplir con los deberes establecidos en los tratados mencionados anteriormente. Del mismo modo, las demás naciones que ya
formaban parte del mercado común también son titulares de estos derechos y, por lo tanto, se les puede exigir el cumplimiento íntegro de las acciones pertinentes al objeto.
Tercero. Conclusiones.
Las legítimas demandas del sector primario francés, en línea con las numerosas quejas expresadas en las últimas semanas en toda Europa 8, no deben encontrar en el agricultor español un enemigo. Los agricultores españoles están afectados por
las mismas problemáticas: gobiernos que adoptan políticas globalistas de la Agenda 2030 y burócratas de Bruselas que han abandonado al conjunto del campo europeo, imponiendo exigencias ecológicas inasumibles y permitiendo la entrada masiva de
productos de terceros países que ejercen una competencia desleal contra nuestros productores al no estar sometidos a las mismas imposiciones que sí exige la Unión Europea a nuestros agricultores. Todo ello sin respetar el principio de reciprocidad
y de preferencia comunitaria.
El Gobierno de España no puede permanecer indiferente ante los ataques contra nuestros intereses nacionales, en especial aquellos referidos al sector primario y a los transportistas españoles, debiendo exigir de inmediato al gobierno francés
que garantice la seguridad y el tránsito normal de los transportistas. Resulta inaceptable que los agricultores españoles sufran agresiones y boicots como consecuencia de los problemas generados por el gobierno francés y la élite de Bruselas.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
6 https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/salamanca/20240126/aestradis-demanda-accion-gubernamental-crisis-transportistas-espanoles-francia/827917655_0.html
7 https://www.20minutos.es/noticia/5212041/0/transportistas-mandan-carta-ministro-puente-intervencion-disturbios-francia/
8 https://www.france24.com/es/europa/20240108-alemania-los-agricultores-bloquean-carreteras-para-protestar-contra-los-recortes-de-subvenciones
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Promover todas las medidas necesarias para exigir al gobierno francés la protección de los transportistas y agricultores españoles frente a los ataques que están sufriendo en la frontera con Francia.
2) Impulsar cuantas acciones sean necesarias en el seno de la Unión Europea para garantizar la protección de agricultores, ganaderos, transportistas y de cualquier sector afectado por la competencia desleal de terceros países y por las
trabas impuestas por las instituciones europeas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2024.-Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías, Patricia Rueda Perelló, Ricardo Chamorro Delmo e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX.
162/000116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Ignacio Hoces Íñiguez, Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Tomás Fernández Ríos y Francisco José Alcaraz Martos, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para defender al campo español, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. Importancia del sector primario.
El sector primario es un sector estratégico para España, dada su importancia económica y social. La relevancia de este sector también radica en su capacidad para contribuir a la reducción de la brecha territorial existente entre la España
rural y despoblada y la España urbanizada que concentra mayor población; una brecha que no es meramente poblacional, sino que se concreta en desequilibrios económicos, sociales, administrativos y de infraestructuras.
Desde un punto de vista económico, la influencia del sector primario es clave. Según los datos de la Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística ('INE') para el año 2022, el referido sector representó el 2,4 % del Producto
Interior Bruto ('PIB') de forma directa y el 4 % de la población activa de España 9.
Por otra parte, la defensa del sector primario sirve a la consecución de la soberanía alimentaria, ya que contribuye a la reducción de la dependencia del exterior (los recientes acontecimientos a escala global han revelado las consecuencias
prácticas de estas debilidades). En este sentido, cabe destacar que casi la mitad del territorio español es superficie agraria útil, con una extensión de más de 23 millones de hectáreas, de las cuales 17 millones están destinadas al cultivo 10.
No obstante, la situación de inflación generalizada, que se sitúa en torno al 3,5 % en España, está afectando a un sector ya de por sí castigado por la falta de rentabilidad y de
9 https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/indicadores_2022_roboto_web baja_resolucion_tcm30-666558.pdf
10 https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/agricola.html#:~:text=La%20superficie%20agraria%20%C3%BAtil%20de,24%25%20al%20cultivo%20en%20regad%C3%ADo
relevo generacional 11, debido a las trabas ideológicas y climáticas que se le han ido imponiendo al sector. Una situación de alza de precios que repercute en última instancia en las familias españolas, que ven amenazada su capacidad para
acceder a los alimentos básicos, tal y como apunta el último Informe de la situación financiera de los hogares y las empresas publicado por el Banco de España 12.
Segundo. Situación actual de la agricultura y la ganadería.
Tal y como ha venido denunciando de manera reiterada VOX, el cumplimiento de estándares medioambientales impuestos por el ecologismo radical, unido a los costes de producción y a la burocracia e hiperregulación europea suponen una clara
desventaja competitiva de los productores españoles frente a países extracomunitarios.
A ello se suma la situación de sequía y otras inclemencias del clima en España, que convive con el reducido volumen de agua almacenada en buena parte del territorio nacional y la inexistencia de una planificación hidrológica que responda a
la realidad geográfica de España 13.
En otro orden de cosas, tal y como ha puesto de relieve el Informe sobre la evolución de los insumos agrarios de ASAJA, se han producido 'variaciones significativas en los precios de los insumos clave, lo que impacta directamente en la
rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas' 14. Así, desde octubre de 2020 hasta mayo de 2023 se han incrementado los precios de los siguientes insumos 15:
- Fertilizantes: 112 % (DAP) y 191 % (NAC).
- Fitosanitarios: 197 %.
- Combustibles: 104 %.
- Luz: 129 %.
- Semillas: 84 % (trigo r2) y 83 % (cebada r2).
Por otro lado, desde octubre de 2021 se ha producido un incremento en el precio de los plásticos del 6 % y, desde mayo de 2022, del 200 % en el precio de la paja 16. Como consecuencia de todo lo anterior, en España la tasa de inflación real
anual de los alimentos oscila en torno al 5,9 %, lo que la convierte en uno de los países europeos con mayor tasa de inflación alimentaria según los últimos datos publicados por Eurostat 17. Por este motivo, las familias españolas se enfrentan a la
cesta de la compra más cara de los últimos años.
Como ejemplo más paradigmático, cabe hablar del crecimiento del 120 % del precio del aceite de oliva en los dos últimos años (Eurostat) 18. Sólo en septiembre experimentó un aumento de un 67 % respecto al mismo mes de 2022 y del 10,1 %
respecto al mes de agosto, 'su mayor subida interanual en 21 años' 19, según datos del INE. De igual modo,
11 El Ministerio de Trabajo apunta a que España ha perdido 18.500 agricultores y ganaderos autónomos en los últimos siete años, mientras que la edad media de los agricultores en España, se sitúa en torno a los 61,4 años, según la Asociación
Agraria de Jóvenes Agricultores ('ASAJA'): https://www.asaja.com/publicaciones/ava-asaja_alerta_de_que_la_c_valenciana_tiene_la_edad_media_agraria_mas_alta_de_espana_con_64-4_ anos_10305
12 https://www.bde.es/f/webbe/SES/Secciones/Publicaciones/Informesituacionfinancierafamiliasyempresas /2023/Sl/Fich/SituacionFinanciera_012023.pdf
13
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/2023/10/la-reserva-hidrica-espanola-se-encuentraal-35-6--de-su-capacida.html#:~:text-24%2F10%2F2023&text=La%20reserva%20h%C3%ADdrica%20espa%C3%B1ola%20est%C3%A1,total%20actual%20de%20Ios%20
embalses
14 https://www.asajajaen.com/wp-content/uploads/2023/05/INFORME-DE-INSUMOS-n6-Mayo.pdf
15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 https://es.euronews.com/my-europe/2023/11/21/inflacion-de-los-alimentos-en-europa-cuales-son-lospaises-mas-afectados
18 España es el país de la UE donde más se ha encarecido el aceite de oliva desde 2021: https://cincodias.elpais.com/economía/2023-11-06/espana-es-el-pais-de-la-ue-donde-mas-se-ha-encarecido-el-aceite-de-olivadesde-2021.htm
19 El precio del aceite de oliva se dispara: un 67 % más caro que hace un año y un 10,1 % más alto que en agosto:
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-precio-aceite-oIiva-dispara-67-mascaro-hace-ano-101-mas-alto-agosto-20231013093438.html
cabe destacar otros casos como los del azúcar, que se ha encarecido un 12,3 % en un año; las patatas, un 12 %; la leche, un 10,4 %; o los cereales, un 8,3 % 20.
Todo lo anterior coexiste con la firma de tratados internacionales y acuerdos comerciales que permiten la competencia desleal de países extracomunitarios en detrimento de nuestro sector primario, lesionando el principio de preferencia
comunitaria.
En definitiva, en un contexto generalizado de inflación y de aumento de los costes de producción -combustible, fitosanitarios, fertilizantes, entre otros insumos- sorprende la omisión por parte del Gobierno de medidas ordenadas a la
viabilidad de las explotaciones de los productores españoles y a la consecución de la soberanía alimentaria, como incentivos fiscales o la gestión racional de nuestros recursos hídricos.
Tercero. Medidas para la defensa del campo español.
El campo español precisa de grandes reformas estructurales que garanticen la viabilidad de las explotaciones y el relevo generacional. Además de las medidas detalladas en la parte dispositiva de la presente iniciativa, destacamos las
siguientes:
Por un lado, es urgente la revisión del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC). En los últimos meses de 2023, período en el que se concentra el desembolso de la mayoría de las ayudas de la PAC, los agricultores y ganaderos españoles han
experimentado una reducción de 580 millones de euros en comparación con el ejercicio de 2022 21. Su reciente reforma podría haber desempeñado un papel esencial en la viabilidad de las explotaciones del sector primario y en el impulso del relevo
generacional. No obstante, el Gobierno ha vuelto a pasar por alto al sector primario, olvidando los principales problemas a los que se enfrentan, como las nuevas exigencias e imposiciones climáticas y burocráticas, comprometiendo así el bienestar
del campo y dejando 'la producción alimentaria en manos de fondos de inversión y de grandes grupos multinacionales con los que no pueden competir en eficiencia y rentabilidad' 22.
Por otro lado, es necesaria la creación de un Plan Nacional del Agua que responda a la sequía connatural a la realidad geográfica española. Este debe servir como base para construir auténticas 'autopistas del agua' que garanticen el acceso
a un bien que es de todos, libre de autonomismos; una apuesta decidida por un marco integral para la gestión sostenible de nuestros recursos hídricos, mediante una distribución equitativa y eficiente del agua, y permitiendo abordar los posibles
impactos de las inclemencias climáticas. Es necesario garantizar la interconexión de cuencas a través de la solidaridad entre todos los territorios de España.
Las medidas propuestas por el Gobierno se han revelado insuficientes para mitigar los daños asociados a la sequía y las condiciones climatológicas, no solo por la desproporción entre los daños y las ayudas previstas, sino precisamente por su
carácter provisional que elude medidas estructurales que pongan el foco en los verdaderos problemas del sector primario español, como son la gestión del agua y la viabilidad de las explotaciones agrarias.
Asimismo, es necesaria la revisión de los seguros agrarios. El propio Gobierno reconocía la gravedad de la situación el pasado 27 de diciembre, cuando fue aprobado en Consejo de Ministros el 45° Plan de Seguros Agrarios: 'El fuerte
incremento de los fenómenos naturales adversos durante los últimos años ha ocasionado un desequilibrio entre las primas recaudadás a través del seguro y la siniestralidad, que se ha acentuado de manera extraordinaria en 2023' 23. Por ello es
necesaria una revisión del Sistema Español de Seguros Agrarios para reforzarlo ante las necesidades del campo español.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
20 https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc1023.pdf
21 https://www.larazon.es/economia/ayudas-directas-pac-han-bajado-580-millones-euros_20240108659b581a67d53e0001d5b380.html
22 https://fundaciondisenso.org/el-asedio-continuo-al-campo-y-al-medio-rural-en-espana/
23 https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2023/20231227-referencia-consejo-de-ministros.aspx#plansegurosagrarios
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas en defensa del campo español:
1. Modificar el Plan Estratégico de la PAC ('PEPAC 2023-2027'), atendiendo a los intereses de los agricultores españoles, mediante su flexibilización y eliminación de exigencias medioambientales ideológicas y alejadas del bien común.
2. Ampliar las ayudas excepcionales a las explotaciones agrícolas con el objeto de compensar la pérdida de rentabilidad por el aumento de los costes de producción y la sequía y, en particular, al sector del olivar y del viñedo, excluidos de
los apoyos promovidos hasta el presente.
3. Impulsar en las instancias europeas la recuperación y aplicación del principio de preferencia comunitaria y reciprocidad como principios jurídicos de alcance general a todos los acuerdos comerciales que contravengan los intereses del
sector primario español, a fin de garantizar la soberanía alimentaria. Asimismo, elaborar un estudio acerca del impacto socioeconómico del Acuerdo UE- Mercosur en el sector primario español.
4. Promover una revisión del Sistema Español de Seguros Agrarios para reforzarlo ante las necesidades del campo español.
5. Garantizar una correcta aplicación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria que garantice la protección y la rentabilidad de agricultores y ganaderos españoles.
6. Fomentar medidas que garanticen el relevo generacional en el sector primario.
7. Promover un Plan Nacional del Agua ordenado a la gestión racional de nuestros recursos hídricos, garantizando con ello una respuesta eficaz a los contextos producidos por las inclemencias del clima, como la sequía, y que garantice,
mediante una autopista del agua, el acceso al agua a todos los españoles con independencia del lugar en que se encuentren.
8. Promover un plan de regadíos que contribuya a la modernización del regadío español para favorecer un uso más eficaz del agua, así como la reducción del volumen de consumo.
9. Impulsar la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección Especial e impulsar un Plan Nacional del Lobo para su adecuado control que integre un censo nacional actualizado, una guía con fórmulas de
prevención y un sistema de compensaciones justo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2024.-Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Francisco José Alcaraz Martos, Tomás Fernandez Ríos e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz
del Grupo Parlamentario VOX.
162/000117
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dña. María José Rodríguez de Millán Parro, Dña. Rocío de Meer Méndez, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Ignacio Gil Lázaro y D. Juan José Aizcorbe Torra, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente Proposición no de Ley para bloquear la invasión inmigratoria ilegal que amenaza a España, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
España, como el resto de Europa, está sufriendo una invasión inmigratoria que pone en grave riesgo el futuro de Europa tal y como la conocemos, y con consecuencias directas
sobre la convivencia, la seguridad y la prosperidad de todos los europeos. Esta invasión inmigratoria está promovida por unas élites de Bruselas que, en lugar de apostar por el fomento de la natalidad y por el apoyo a las familias y los
trabajadores, han decidido implantar un modelo de inmigración descontrolada que promueve la llegada de millones de inmigrantes ilegales.
Pedro Sánchez y su gobierno han sido aliados y promotores de todas estas políticas globalistas y del multiculturalismo que sufren directamente los españoles en sus barrios y ciudades con el aumento de la inseguridad, la precarización de los
empleos y la entrada de culturas incompatibles con la nuestra. Como ocurre con tantas otras cuestiones, todas las consecuencias de estas nefastas políticas no las sufren aquellos que las promueven desde sus despachos bien protegidos o desde sus
urbanizaciones con seguridad privada.
Además, estas élites, con su enorme hipocresía, nos ocultan el grave perjuicio que producen a los países de los que proceden todas estas personas, a los que arrebatan la esperanza de un futuro mejor y de prosperidad haciendo imposible su
desarrollo por la ausencia de jóvenes preparados que pretenden traer a Europa como mano de obra barata.
En España la situación ha superado cualquier límite posible. Sólo a las Islas Canarias han llegado en lo que va de año más de 28.000 mil inmigrantes ilegales que han emprendido un peligrosísimo viaje arriesgando su vida y que son víctimas
de esos políticos, asociaciones y organizaciones internacionales que están colaborando activamente con las mafias del tráfico de seres humanos, y que hacen negocio de la tragedia y del buenismo devastador de las élites.
VOX lleva advirtiendo de esta situación insostenible mucho tiempo frente a los insultos y la demagogia de partidos políticos, medios de comunicación y asociaciones que, cuando no eran cómplices de este drama, miraban para otro lado y se
negaban a afrontar la realidad y las consecuencias de sus políticas multiculturales.
España debe tomar inmediatamente las medidas necesarias para que nuestras ciudades no sigan el modelo de sociedades multiculturales que se ha demostrado inviable en países como Bélgica, Francia o Reino Unido, y que ya están sufriendo
demasiadas ciudades y pueblos españoles. La inmigración debe ser controlada, adaptada a las necesidades de España, y con capacidad y voluntad de adaptación.
Además de los españoles, los inmigrantes que han llegado a España de forma legal y con la intención de trabajar, integrarse y contribuir al desarrollo de la Nación que les acoge son también víctimas de la llegada masiva de inmigrantes
ilegales promovida por las élites.
La situación en estos momentos es especialmente grave; solo en la última semana se ha registrado la llegada de más de 5.000 inmigrantes ilegales al archipiélago canario, según se ha podido saber, la mayoría de ellos procedentes de Senegal.
Todos los españoles están pudiendo ver las imágenes de cómo son reubicados por todo el territorio nacional sin ningún tipo de control. Esto, además de provocar el temor de muchos españoles, es especialmente escandaloso ya que, mientras los
españoles afectados por la erupción del Volcán de La Palma siguen instalados en contenedores, a los inmigrantes ilegales se les ha ido hospedando en hoteles que en muchos casos son de lujo.
Las medidas que ha tomado el Gobierno de Pedro Sánchez ante esta nueva oleada inmigratoria atenían contra el deber y la precaución que debe tener cualquier gobernante; ya que ha decidido trasladar sin ningún tipo de vigilancia ni control a
nuestros barrios y ciudades a miles de personas de las que desconocemos con mínima certeza 'su origen, sus antecedentes penales y su voluntad de integración.
Nos encontramos ante una situación insostenible que pone en riesgo el futuro, el bienestar y la prosperidad de los españoles. Si queremos acabar con toda forma de inmigración ilegal, hay que poner fin a todas las políticas de efecto llamada
que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y a perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa con la complicidad de oenegés y mafias del tráfico de personas. Y debemos
asimismo trasladar un mensaje claro de que cualquier inmigrante que llegue ilegalmente nunca podrá regularizar su situación en España.
El Gobierno de la Nación no puede seguir eludiendo sus responsabilidades y debe expulsar de forma inmediata a todos los inmigrantes que hayan accedido ilegalmente a nuestro país. Para frenar el efecto llamada es fundamental que cualquier
persona que esté pensando emprender ese peligroso viaje sepa que a España solo se entra de forma legal, ordenada y con la voluntad de integrarse y aportar al desarrollo de nuestra Nación.
Debemos eliminar todas las ayudas públicas a inmigrantes en situación ilegal y a las oenegés, asociaciones o cualquier entidad que destine sus fondos a promover o ayudar a la inmigración ilegal, así como endurecer las penas contra las mafias
de la inmigración ilegal y contra todo aquel que colabore con ellas, ya sean oenegés, empresas o particulares.
España debe impulsar junto a sus aliados un bloqueo naval que proteja nuestras costas de la llegada masiva de inmigrantes ilegales, evitando los trágicos naufragios de embarcaciones lanzadas al mar por las políticas de fronteras abiertas, y
asegurando su devolución inmediata a los puertos cercanos más seguros en los países de origen y tránsito.
No podemos tolerar que ningún Estado promueva oleadas masivas de inmigrantes ni use estas como arma diplomática. España y Europa deben supeditar cualquier tipo de cooperación internacional a la colaboración en el control de los flujos y en
la lucha contra las mafias del tráfico de personas; así como sancionar a aquellos que no lo hagan y suspender toda ayuda internacional a estos.
En este sentido, es importante que España y el resto de Estados miembros de la Unión Europea auditen todos sus programas de cooperación internacional, y que desechen los que se desarrollen en países que no colaboran en la lucha contra la
inmigración ilegal.
Debemos exigir también a la Unión Europea la creación de plataformas seguras de desembarco en territorios no europeos gestionados por la propia Unión para evaluar las solicitudes de asilo y reparto equitativo solo de los que tengan derecho
en los 27 países miembros, así como para la gestión eficaz del retorno de inmigrantes ilegales.
Es evidente que es necesario reformar toda la normativa en materia inmigratoria para convertirla en una verdadera herramienta que nos permita proteger nuestras fronteras y asegurar que toda persona que entra en España lo haga de manera legal
y ordenada; pero, mientras eso ocurre, las autoridades deben terminar con el uso fraudulento que se hace de las normas vigentes y que utilizan las mafias del tráfico de personas para alimentar el efecto llamada.
Actualmente se utilizan de manera fraudulenta las figuras jurídicas de arraigo y asilo. La figura del asilo es fundamental para todas aquellas personas que efectivamente están sufriendo las consecuencias terribles de una guerra o cualquier
tipo de persecución ya sea política o religiosa. Además, jurídicamente, el refugiado nunca ha tenido la intención de arraigar ya que, por definición, el refugio es temporal.
Por tanto, estas personas que efectivamente se encuentran en una situación crítica, se ven perjudicadas debido a que las mafias del tráfico de personas y distintas oenegés, a través de un fraude de ley, utilizan las leyes para que personas
que no se encuentran en esta situación y cuyo único objetivo es emigrar a nuestro país sin huir de ningún conflicto y sin cumplir los supuestos de asilo, se acojan a esta figura con la única motivación de paralizar los trámites administrativos que
deberían desembocar en su expulsión.
El fraude de ley, en claro perjuicio de las personas que solicitan asilo, se produce cuando un inmigrante ilegal, que está a punto de ser expulsado, solicita asilo con el propósito de aprovecharse del artículo 19 de la Ley 12/2009 reguladora
del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, que impide su expulsión mientras se evalúa su solicitud; recurriendo la resolución de expulsión mediante recurso de reposición amparándose en que la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo
Común que establece que la eficacia de una resolución puede suspenderse si se argumenta la protección de derechos fundamentales o la existencia de causas de nulidad de pleno derecho según el artículo 47 de la misma ley. Aprovechándose de la
situación de desbordamiento administrativo, provocado por la falta de capacidad y voluntad política, estas solicitudes de suspensión a menudo quedan sin resolver y al no resolverse el recurso de reposición en un mes se suspende automáticamente la
inadmisión, lo que significa que no pueden expulsar al solicitante. En ese plazo los demandantes fraudulentos de asilo aprovechan para utilizar el
procedimiento de arraigo y, cuando se deniega su petición de asilo, han podido conseguir la residencia legal cuando teóricamente el peticionario de asilo nunca debería tener la pretensión de arraigar, sino de huir del conflicto y volver a su
país de origen cuando cese.
Esto supone un auténtico fraude de ley que es utilizado por las mafias del tráfico de personas y, en muchos casos, por la mala fe de miembros de oenegés que retuercen la legislación ante la pasividad de todas las administraciones.
Por tanto, es vital que todos los representantes públicos afronten con honestidad y contundencia este gravísimo problema que en muchos lugares de Europa tiene difícil solución, y que en España aún estamos a tiempo de revertir.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proceder a tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestro país.
2. Acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa.
3. Impulsar que todas las administraciones públicas trasladen el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación en nuestro país ni recibir ningún tipo de ayuda pública.
4. Eliminar las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones u oenegés que promuevan o faciliten de cualquier forma la inmigración ilegal y el tráfico de personas, así como a promover el endurecimiento de las penas contra las
mafias de la inmigración ilegal y a todos sus colaboradores.
5. Proceder a aprobar, de forma urgente, de conformidad con la Directiva 2013/32/UE, la lista de países seguros; esto es, todos aquellos en que, de manera general y sistemática, no existe persecución, tortura o tratos inhumanos o
degradantes, ni amenaza de violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado; tales como, por ejemplo, Marruecos, Argelia o Senegal, países de origen y de tránsito o salida hacia España de las operaciones de las mafias de tráfico ilegal
de personas.
6. Suspender la cooperación al desarrollo con Senegal o cualquier otro país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos para la cooperación en materia de
gestión de la emigración internacional con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales.
7. Suspender la cooperación al desarrollo con todos aquellos países que llevan paralizadas las negociaciones con la UE para firmar Acuerdos de readmisión de inmigrantes ilegales, tales como Argelia o Marruecos.
8. Llevar a cabo las reformas legales necesarias para impedir que ningún inmigrante ilegal pueda cometer un fraude de ley en la tramitación de su expediente de extranjería o petición de asilo.
9. Proceder a la correcta transposición de la Directiva de retorno en España, y en concreto, regular el internamiento en centros de extranjeros, y sus prórrogas, para todos los extranjeros que tengan pendiente la ejecución de una orden de
expulsión y retorno.
10. Aplicar de forma sistemática y rigurosa, con la mayor celeridad y rigor, lo establecido en el art. 8 Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de
los solicitantes de protección internacional; a fin de acordar el internamiento de quienes, al llegar al territorio nacional, soliciten cualquier tipo de protección internacional a fin de verificar la existencia de causas de exclusión o denegación
de la protección y acordarla inmediatamente en su caso; teniendo en cuenta el criterio de país seguro a fin de no reconocer protección internacional, por ejemplo, a quienes proceden de Marruecos, Argelia y otros países seguros. En tanto no se
apruebe la lista de país seguro, deberá entenderse como país seguro cualquier país tercero considerado como tal por cualquier Estado miembro de la Unión Europea.
11. A establecer de manera inmediata refuerzos de personal en la administración competente para tramitar las solicitudes de asilo y de resolver los expedientes de extranjería con el fin de agilizar todos los trámites y que ningún inmigrante
ilegal pueda verse favorecido por los retrasos de la administración.
12. Favorecer que en todos los municipios de España se inicien los estudios y trámites necesarios para la elaboración y aprobación de una ordenanza reguladora del procedimiento sancionador para los incumplimientos de la ciudadanía en
relación con sus obligaciones con el Padrón Municipal con el fin de que los inmigrantes ilegales no puedan empadronarse.
13. Poner fin inmediatamente a la reubicación en el territorio municipal o regional de cualquier inmigrante que haya entrado ilegal o irregularmente en territorio nacional que no haya solicitado protección internacional de ningún tipo.
14. Cesar en la reubicación en el territorio municipal o regional de cualquier inmigrante que haya entrado ilegal o irregularmente en territorio nacional y haya solicitado protección internacional en tanto no se acompañe por el Ministerio
competente, bajo la responsabilidad personal del Ministro, certificación de haberse realizado el examen pormenorizado de todos los motivos de inadmisión, exclusión y denegación de las solicitudes de protección internacional y de que el sujeto
correspondiente no procede de ningún país seguro.
15. Reforzar con agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado todas aquellas regiones y localidades españolas que sean sujeto de la reubicación de inmigrantes ilegales por mandato del Ministerio del interior, con el fin de
garantizar la seguridad de los vecinos y tener controlados a los inmigrantes ilegales mientras se tramitan sus expedientes de expulsión.
16. Exigir la responsabilidad de Fernando Grande-Marlaska, como ministro del Interior, por cualquier ataque contra la libertad o la seguridad de los españoles derivada de la reubicación de los inmigrantes ilegales.
17. Impulsar todas las medidas necesarias para que ninguna partida presupuestaria pública sea destinada a la reubicación de inmigrantes ilegales en España.
18. Garantizar que la política en materia de cooperación internacional, así como todas las ayudas relacionadas con esta, sean competencia exclusiva del Gobierno de la Nación.
19. Suspender de forma inmediata cualquier pago destinado a Palestina o a cualquier ONG que opere en dicho territorio con el fin de realizar una auditoría urgente de dichos pagos que determine si estos se han destinado, o no, a ayuda
humanitaria; garantizando que ni un solo euro de los españoles se destina a organizaciones terroristas como Hamás.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2024.-Rocío de Meer Méndez, Alberto Asarta Cuevas, Ignacio Gil Lázaro y Juan José Aizcorbe Torra, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/000118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto a instancia de la diputada Cristina Valido García de Coalición Canaria, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre energía
eólica marina, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La necesidad de impulsar de manera decidida la transición energética mediante el despliegue estratégico de las energías renovable y, es una cuestión de suma importancia para el futuro de Canarias debido a la particularidad en materia de
emergencia climática
que sufre, más allá de la necesidad del conjunto del Estado en cumplir con los acuerdos y objetivos de Europa a nivel de generación energética de origen renovable.
Por todos son conocidas las consecuencias que trae consigo la proliferación de los gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera, Canarias no es una excepción. Como el resto del estado, sufrimos el aumento de las temperaturas, episodios
climáticos extremos y hasta cambios en los patrones de precipitación son evidencias concluyentes de hasta dónde nos puede conducir esta deriva meteorológica. Les voy a recordar dos datos que reflejan perfectamente la anomalía climática que estamos
viviendo. El pasado verano, según datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Canarias sufrió un incremento de 2,3 grados respecto de la media de la temperatura de los últimos 30 años; por su parte, la España peninsular,
sufrió un incremento de 1,8 grados respecto al mismo periodo.
La declaración de emergencia climática y las consecuencias derivadas de esta situación subrayan la urgencia de abordar estos problemas y adoptar medidas tanto de mitigación, como de adaptación para hacer frente a los impactos inevitables del
cambio climático.
Pero el cambio climático no es el único gran reto al que debe enfrentarse la comunidad canaria, también debemos solucionar con carácter de urgencia el déficit energético. Hablamos de una consecuencia directa de la diferencia entre la
demanda de energía y la capacidad de producción local llegando a provocar grandes apagones por un déficit en el suministro de energía. Nos encontramos en una situación que, en ocasiones, el suministro energético no está asegurado para los canarios
y su tejido industrial, hecho que ha obligado al Gobierno de Canarias a declarar la situación de emergencia energética con un plan de choque que ha necesitado la implicación y el apoyo del Gobierno de España para hacerlo realidad. Después del cero
energético de La Gomera que afectó a unos 15.000 usuarios, ya llevamos acumulados en el archipiélago siete ceros energéticos desde el año 2009, y parece impensable que una región europea en pleno siglo XXI no tenga garantizado el suministro
eléctrico, pero para los canarios es una realidad.
Canarias posee particularidades propias que, con su riqueza natural y su singularidad geográfica, le hace enfrentarse a desafíos específicos en el ámbito energético y económico que debemos resolver de forma inmediata. Nuestra dependencia
histórica hacia la importación de combustibles fósiles nos convierte en un sujeto pasivo supeditado a las fluctuaciones de los precios y nos provoca inseguridad en el suministro; por ello, ha obligado a la región a realizar grandes esfuerzos para
diversificar su mix energético, y en este contexto, las energías renovables emergen como un pilar fundamental para nuestro desarrollo sostenible. La implementación de diferentes tecnologías de generación de energía renovable no solo aborda la
superación de la brecha en dependencia de la energía fósil, sino que también contribuye a la seguridad de suministro y fortalece la capacidad de generación local.
La descarbonización se ha convertido en una piedra angular de la política energética del archipiélago, con el claro compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde hace más de dos décadas, Canarias, con el fin de
aprovechar la abundancia de sus recursos naturales, está apostando por diferentes proyectos de energía renovable. La inversión en tecnologías limpias, como la energía solar y eólica, refleja el esfuerzo continuo por mitigar los impactos ambientales
asociados con la quema de combustibles fósiles.
Es fundamental destacar que la transición hacia las energías renovables no solo responde a una necesidad de mitigar los efectos del cambio climático y dar respuesta al problema de suministro eléctrico, sino que también contribuye
significativamente al desarrollo industrial y económico de nuestra región. La hoja de ruta elaborada por el Ministerio de Transición Ecológica para el proceso de descarbonización arroja datos de empleo muy esperanzadores para impulsar el desarrollo
industrial de nuestro país. Cifran entre 250.000 y 364.000 los nuevos empleos de calidad que pueden llegar a generar la suma de las diferentes medidas en materia de transición energética entre el pasado año 2021 y el próximo 2030. Según ratifica
el ministerio, hablamos de empleos ligados fundamentalmente a la industria, a la mejora de la eficiencia -especialmente en la rehabilitación de casas y edificios-, la innovación, las energías renovables, y el sector servicios. Sólo las inversiones
en renovables generarán entre 102.000 y 182.000 empleos durante la década, a raíz de los
cuales se beneficiará principalmente la industria manufacturera (18%), construcción (15%), comercio y reparación (13%) asociadas al sector renovable.
La emergencia climática no solo interpela a Canarias sino a toda Europa y al conjunto de la humanidad. Es imperativo reconocer que vivimos en un momento crítico de la historia, donde la acción responsable, diligente y valiente es esencial
para garantizar un futuro sostenible y próspero.
El ejecutivo ha fijado objetivos claros para aumentar significativamente la participación de las energías renovables en nuestra matriz energética. Estamos comprometidos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a impulsar la
eficiencia energética en todos los sectores a nivel nacional. Estas metas no solo son ambiciosas, sino también necesarias para garantizar la resiliencia de nuestra economía y la seguridad energética a largo plazo.
Desde la Unión Europea nos llega el Pacto Verde Europeo, una hoja de ruta integral que busca transformar la economía y la sociedad hacia la sostenibilidad. Más recientemente, la Comisión Europea lanzó el 'Wind Power Package' en octubre de
2023, en el que no solo se reconoce el papel esencial que desempeña la energía eólica para alcanzar nuestros objetivos nacionales y europeos, sino que también se evidencia la situación crítica en la que se encuentra toda Europa y la necesidad de una
intervención inmediata por parte de todos los Estados miembros.
La transición energética no es simplemente una cuestión para tener en cuenta de cara a cumplir con regulaciones o metas numéricas, es una oportunidad para impulsar la innovación, fomentar el crecimiento económico sostenible y crear empleos
en sectores emergentes.
Sin embargo, no podemos pasar por alto una cuestión fundamental para Canarias que definirá la velocidad de implantación de los proyectos y su viabilidad. Para lograr una rápida implementación de este tipo de proyectos y disfrutar a la mayor
brevedad posible de sus beneficios, será necesario exigir a los promotores un nivel mínimo de madurez técnica y concertación en sus propuestas con el fin de asegurar que el proyecto que gane la licitación esté bien caracterizado e integrado en su
entorno. Así pues, la obtención de datos procedentes de los estudios necesarios para determinar dicha madurez técnica no solo garantizará la viabilidad de la propuesta, sino que también se traducirá en precios ofertados mejor informados,
beneficiando tanto a los promotores como a los consumidores y administradores. De otra manera, podemos correr el riesgo de sufrir diferentes contratiempos que nos devuelvan al punto de partido provocando un retraso en su instalación.
En definitiva, este es el momento para la unidad y la acción colectiva, necesitamos el compromiso inequívoco de cada uno de los actores políticos que representan a la ciudadanía tanto a nivel regional, nacional como europeo. Al abrazar las
nuevas tecnologías para contribuir a la transición hacia un modelo energético más sostenible, estamos construyendo un futuro más próspero, equitativo y respetuoso con nuestro entorno y las comunidades que lo habitan.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- La creación de un marco regulatorio sólido y efectivo que proporcione la seguridad jurídica necesaria para impulsar las inversiones en proyectos de energía eólica marina flotante.
- La publicación de las licitaciones públicas por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, se deberá llevar a cabo mediante un sistema de competencia entre los diferentes promotores en liza donde se garantice la
elección del mejor proyecto para el territorio y aquel con la propuesta participada, mejor caracterizada y madurada.
- A que los concursos públicos deberán tener en consideración criterios de adjudicación más allá de los estrictamente económicos. Nuestra sociedad ha evolucionado y el nuevo marco conceptual exige, en última instancia, un grado de
concertación social y ambiental que demuestre la viabilidad y el encaje de cualquier proyecto con el entorno. Para dar respuesta a este cambio en el paradigma, los criterios del concurso público deben garantizar la inclusión del territorio en la
propuesta del proyecto. El diálogo temprano con
todos los agentes locales favorecerá la disminución del potencial de cualquier contestación social contraria y ayudará en la elaboración de una propuesta sostenible y realista, dejando atrás prácticas pretéritas que imponían los proyectos a
los territorios. En la misma línea, los concursos también deberán exigir a los promotores los estudios medioambientales necesarios que corroboren la viabilidad y coexistencia positiva de estos proyectos con el entorno, garantizando un nivel de
compromiso medioambiental suficiente de cada proyecto.
- A que se valoren positivamente aquellas propuestas que demuestren un grado de madurez mayor, que hayan demostrado la factibilidad del proyecto mediante la interlocución con el territorio y que hayan incorporado, en la medida de lo posible,
las exigencias o preocupaciones de estos. De esta manera, tendremos la certeza de que el proyecto ganador en el concurso estará sujeto a un menor grado de variaciones durante su desarrollo y contará con una mayor solidez durante la fase posterior
de permisos. Todo ello, gracias a la certidumbre que le habrá proporcionado toda la información recogida previamente y los esfuerzos y avances llevados a cabo para llegar a un consenso con los agentes implicados.
- A pensar en las necesidades energéticas, climáticas y sociales del ahora, adoptando medidas concretas y eficaces para acelerar dichos proyectos. Con un compromiso activo en acciones tangibles que impulsen nuestra transición hacia un
sistema energético más limpio y sostenible. Garantizando que los proyectos ganadores respondan a todas las exigencias descritas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2024.-Cristina Valido García, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000119
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto presenta, con la firma de su Portavoz, lone Belarra Urteaga, integrante de Podemos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente
Proposición no de Ley para su debate ante el Pleno del Congreso relativa a la expulsión de Israel del Festival de la Canción de Eurovisión.
Exposición de motivos
El Festival de la Canción de Eurovisión se celebró por primera vez en 1956. La idea detrás del evento era fomentar la unidad y la colaboración entre los países europeos después de la devastadora Segunda Guerra Mundial.
La relevancia social de Eurovisión es incuestionable: es el programa de televisión más antiguo del mundo y en España tiene un importante seguimiento, ya que año tras año se convierte en el evento no deportivo de mayor audiencia en
televisión.
Es una coproducción internacional de organismos de radiodifusión con el estatus de miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER). España participa en el festival a través de RTVE como miembro de la UER. Parte de la producción del
evento y la representación de nuestro país se sufraga mediante recursos públicos. Esto también dota al Festival de una especial relevancia pública.
La UER, como organizadora del evento, establece las pautas y normativas que los países participantes deben seguir. También los valores que promueve y que lo inspiran: la universalidad, la diversidad, la igualdad y la inclusión. Eurovisión
se basa en principios de cooperación y pretende unir a los países participantes a través de la música, independientemente de sus diferencias culturales o lingüísticas.
Estos valores y estos objetivos se hacen incompatibles con la participación de Israel. Desde el pasado mes de octubre existe un recrudecimiento del conflicto palestino-israelí en el que Israel, en tanto que Estado colonial, ha aumentado la
violación sistemática del
derecho internacional y los Derechos Humanos tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza. Al margen de que cada día se registran ataques indiscriminados contra la población civil que aumentan las cifras de asesinados, heridos y
desplazados, la dimensión de los daños humanos y materiales ha alcanzado cotas de violencia pocas veces vistas.
En ese sentido, resulta preocupante que un escaparate como el que representa Eurovisión sirva para blanquear de cara a millones de espectadoras y espectadores al Estado sionista de Israel. Máxime cuando, en 2022, la UER decidió expulsara
Rusia del certamen después de la invasión de Ucrania.
Hasta ahora, desde RTVE se han limitado a confirmar su participación en la edición del 2024 y a remitir a la posición oficial de la UER sobre la participación de Israel, plasmada en un comunicado el 10 de diciembre de 2023: 'En este momento
existe una actitud inclusiva hacia los participantes israelíes en las principales competiciones. El Festival de Eurovisión sigue siendo un evento apolítico que une a audiencias de todo el mundo a través de la música'.
Puesto que RTVE, como servicio público, tiene entre sus objetivos 'promover el conocimiento y difusión de los principios constitucionales y los valores cívicos' y también 'los valores de la paz', según establece la Ley 17/2006, de 5 de
junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, debe velar por que su implicación en el Festival de Eurovisión sirva para que sea un evento donde se celebre la diversidad, no para blanquear a un Estado denunciado ante la Corte Penal
Internacional como posible responsable de un genocidio.
En este punto cabe recordar que el pasado febrero de 2023, RTVE comunicaba que el ente español de radiotelevisión pasaba a integrar el grupo de referencia del Festival de Eurovisión. La jefa de la delegación española en el festival, Ana
María Bordas, es una de las integrantes de este grupo directivo encargado de supervisar, aprobar y tomar decisiones sobre la organización. Esto dota a RTVE de una posición estratégica para lograr que Eurovisión cumpla con los estándares mínimos de
respeto a los valores cívicos, constitucionales y de paz.
Por todo lo anterior, se propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Posicionarse de forma clara y nítida contra la participación de Israel en el Festival de la Canción de Eurovisión.
2. Que el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación promueva, junto a otros países de la Unión, la expulsión de Israel en el Festival de la Canción de Eurovisión.
3. Que RTVE, en tanto que miembro de la UER y miembro del grupo de referencia del Festival de la Canción de Eurovisión, promueva junto a otras emisoras públicas la expulsión de Israel del certamen, del mismo modo que se hizo con Rusia tras
la invasión de Ucrania.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2024.-Javier Sánchez Serna, Diputado.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de la COP28, para su
debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Por primera vez en la historia de las COP, el texto final del acuerdo pide 'transicionar hacia el abandono de los combustibles fósiles' y a la necesidad de 'llevar la transición más allá'. Hasta ahora, las cumbres se habían centrado en la
necesidad de reducir las emisiones, pero no se mencionaba el abandono progresivo de los combustibles que generan esas emisiones -principalmente, el petróleo, el gas y el carbón-.
A pesar de los avances contenidos en el acuerdo, entre los que se incluyen 'triplicar la capacidad mundial de energía renovable y duplicar la tasa media anual mundial de mejoras de la eficiencia energética para 2030', así como 'acelerar los
esfuerzos encaminados a la eliminación gradual de la energía del carbón' o la necesidad de reducir las emisiones a la mitad en 2030 existe una falta de ambición, especialmente en materia de financiación y adaptación. Así lo han expresado
organizaciones ecologistas como Greenpeace o Ecologistas en Acción, que demandan la materialización del principio de 'responsabilidad común pero diferenciada', contemplado en el párrafo 1 de los artículos 3 y 4 de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Este principio también se conoce como 'quien contamina, paga'.
Si hablamos de financiación, no es asumible que los países del sur global, cuya huella de carbono es notablemente inferior a los del norte, no sólo no dispongan de los medios suficientes para iniciar su transición a las energías limpias,
sino que sean los más vulnerables a los riesgos y amenazadas derivados de la emergencia climática global habiendo contribuido en menor medida al calentamiento global. Si bien celebramos la aprobación del funcionamiento del Fondo de Pérdidas y
Daños, lo cierto es que los 700 millones comprometidos son claramente insuficientes para abordar la descarbonización de estos países y regiones.
Frente a las medidas aprobadas para compensar a los petroestados, es necesario adoptar un nuevo marco fiscal global que contemple el aumento de los impuestos a la industria fósil y la eliminación de las subvenciones al sector. En este
sentido se ha pronunciado Pedro Zorrilla Miras, representante español en la delegación de Greenpeace en la COP28: 'España, la Unión Europea y el resto de países del norte global deben hacer una transición justa hacia las renovables, la eficiencia y
la suficiencia, y no solo dejar de financiar la industria fósil, sino introducir nuevos impuestos a este sector y, sobre todo, aportar la financiación que necesitan los países del sur global para que puedan afrontar la transición justa que necesitan
y merecen'.
En el caso de España, debemos ser más ambiciosos e ir más allá de los compromisos acordados en la COP28, lo que implica el cumplimiento íntegro del eje verde del acuerdo de Gobierno de En el caso de España, debemos ser más ambiciosos e ir
más allá de los compromisos acordados en la COP28, lo que implica el cumplimiento íntegro del eje verde del acuerdo de Gobierno de Coalición Progresista. A nivel europeo, es preciso acelerar y reforzar el Pacto Verde Europeo, la agenda legislativa
del Fitfor55 y sus instrumentos: el Fondo de Transición Justa y el Fondo Social Climático, principalmente.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Cumplir los compromisos adoptados en la COP 28.
2. Acabar con las subvenciones al consumo de combustibles fósiles.
3. Elaborar un informe sobre la implantación de nuevas figuras fiscales a la industria de los combustibles fósiles en España y Europa.
4. Acelerar los planes de transición ecológica para que España cumpla con el objetivo de la descarbonización completa y la no dependencia de combustibles fósiles en 2040.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2024.-Eloi Badia Casas y Vicenç Vidal Matas, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Prurinacional SUMAR.
162/000121
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adhesión de Suecia a la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Pronto se cumplirán 75 años de la creación de la OTAN, fundada el 4 de abril de 1949 mediante la firma del Tratado de Washington, que entró en vigor el 24 de agosto de ese año, tras ser depositados los instrumentos de ratificación de todos
los Estados firmantes.
Su preámbulo propugna lo siguiente: 'Los Estados Partes en este Tratado: Reafirmando su fe en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y su deseo de vivir en paz con todos los pueblos y todos los Gobiernos; Decididos
a salvaguardar la libertad, la herencia común y la civilización de sus pueblos, fundadas en los principios de democracia, libertades individuales e imperio de la ley; Deseosos de favorecer el bienestar y la estabilidad en la región del Atlántico
Norte; Resueltos a unir sus esfuerzos para su defensa colectiva y la conservación de la paz y la seguridad, Han convenido en el siguiente Tratado del Atlántico Norte'.
El 2 de diciembre de 1981 España comunicó su intención formal de adherirse al Tratado de Washington, formalizándose el ingreso seis meses más tarde, el 30 de mayo de 1982, pasando a ser desde esa fecha el decimosexto miembro de dicha
organización internacional.
Se trataba de la tercera ampliación, pues a los 12 miembros iniciales se habían sumado Grecia y Turquía en 1952 y Alemania en 1955. Desde la caída del muro de Berlín -que significó el fin de la 'Guerra Fría'- se han producido otras seis
ampliaciones más, que han supuesto la entrada en la OTAN de países que habían sido signatarios del Pacto de Varsovia (incluyendo varios países que formaban parte de la Unión Soviética hasta su desintegración, y de la RDA reunificada con la República
Federal de Alemania a principios de los noventa) así como varias repúblicas ex yugoslavas. Ese proceso de incorporación de los países que habían pertenecido a la órbita soviética comenzó precisamente en la Cumbre de la OTAN de Madrid de 1997,
cuando República Checa, Hungría y Polonia fueron invitados a adherirse a la organización.
El 29 y 30 de junio de 2022 se celebró la cumbre de la OTAN nuevamente en Madrid, coincidiendo con el cuadragésimo aniversario de nuestro ingreso. En esta reunión se adoptó el 'Nuevo Concepto Estratégico', cuyo prefacio demuestra la vital
importancia de la Alianza para nuestra defensa y seguridad, y que en sus primeros párrafos dice lo siguiente:
'Nosotros, los jefes de Estado y de Gobierno de los Aliados de la OTAN, nos hemos reunido en Madrid en un momento crítico para nuestra seguridad y para la paz y la estabilidad internacionales. [ ...]
A lo largo de más de 70 años, la OTAN ha garantizado la libertad y la seguridad de los Aliados. Nuestro éxito es el resultado del servicio y el sacrificio de los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas. Tenemos una enorme deuda de
gratitud con ellos y con sus familias.
Permanecemos firmes en nuestra determinación de proteger a nuestros 1.000 millones de ciudadanos, defender nuestro territorio y salvaguardar nuestra libertad y nuestra democracia. Reforzaremos nuestra unidad, nuestra cohesión y nuestra
solidaridad basándonos en el perdurable vínculo transatlántico entre nuestras naciones y en la fuerza de los valores democráticos que compartimos. Reiteramos nuestro firme compromiso con el Tratado del Atlántico Norte y con la defensa mutua frente
a todas las amenazas, independientemente de su procedencia.
Seguiremos trabajando por una paz justa, inclusiva y duradera, siendo un baluarte del orden internacional basado en normas. Mantendremos una perspectiva global y colaboraremos estrechamente con nuestros socios, con otros países y con
organizaciones internacionales como la Unión Europea y Naciones Unidas para contribuir a la paz y la seguridad internacionales.'
Añade que: 'Nuestro mundo se caracteriza por la conflictividad y la imprevisibilidad. La guerra de agresión de la Federación Rusa contra Ucrania ha destruido la paz y ha alterado gravemente nuestro entorno de seguridad. Su invasión brutal
e ilegal, sus repetidas violaciones del derecho internacional humanitario y sus abyectos ataques y atrocidades han causado un sufrimiento y una destrucción inenarrables. Una Ucrania fuerte e independiente es vital para la estabilidad del área
euroatlántica. El comportamiento de Moscú refleja una pauta de acciones agresivas rusas contra sus vecinos y contra la comunidad transatlántica en sentido amplio. También nos enfrentamos a la persistente amenaza del terrorismo en todas sus formas
y manifestaciones. La inestabilidad generalizada, la creciente competición estratégica y el avance del autoritarismo representan un desafío para los intereses y los valores de la Alianza.'
La gran mayoría de los países de nuestro entorno pertenecen al Tratado de Washington: de hecho, 22 estados miembros de la Unión Europea son también nuestros aliados en la OTAN.
En la cumbre de Madrid se acordó invitar a Suecia y Finlandia a formar parte de la organización. Pero solo este último país -Finlandia- ha podido ingresar en la OTAN hasta la fecha.
Los procedimientos para la admisión de Suecia en la Alianza se han ido cumplimentando a lo largo de este año y medio que ha transcurrido desde su invitación formal.
En el caso de nuestro país, el día 5 de julio de 2022 el Plenipotenciario de España firmó en Bruselas el Protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión de la República de Finlandia; el 15 de septiembre de 2022, el pleno del
Congreso de los Diputados, en lectura única, y por el procedimiento de urgencia, concedió la autorización solicitada por el Gobierno y prevista en el artículo 94.1 de la Constitución, para prestar el consentimiento para obligarse; el 21 de dicho
mes y año, el Senado concedió la correspondiente autorización; seis días más tarde S.M. el Rey expidió los instrumentos de ratificación con el refrendo del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación tanto de la adhesión de
Finlandia como de la de Suecia. Por tanto, el trámite de ratificación del Protocolo conforme a nuestro Derecho interno duró menos de tres meses.
Sin embargo, este proceso ha sido especialmente dilatado en los casos de Hungría y Turquía. No obstante, a pesar de las vicisitudes, el pasado 23 de enero de 2024, la Gran Asamblea Nacional de Turquía ratificó parlamentariamente por una
amplísima mayoría la adhesión de Suecia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
Por lo tanto, en este momento, de los treinta y un miembros que forman la OTAN todos han completado los procedimientos internos para autorizar la adhesión, con la única excepción de Hungría.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Exhortar a Hungría a ratificar el Protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión del Reino de Suecia, hecho en Bruselas el 5 de julio de 2022.
2. Reiterar el compromiso con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas y del Tratado del Atlántico Norte.
3. Contribuir dentro del ámbito de sus facultades al cumplimiento de las 'Tareas fundamentales de la OTAN' definidas en el 'Nuevo Concepto Estratégico' adoptado en la Cumbre de Madrid de junio de 2022.
4. Expresar nuestro reconocimiento y gratitud a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil que participan en misiones militares en el exterior.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2024.-Carlos Rojas García Diputado.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000027
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 7007/2021, promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario VOX, contra el artículo Segundo.Dos del Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de
agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, por la redacción que confiere a los apartados 1 y 7 c) del artículo 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo,
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, así como voto particular formulado a la misma.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón, presidente, y las magistradas y magistrados doña Inmaculada Montalbán Huertas, don Ricardo Enríquez Sancho, doña María Luisa Balaguer
Callejón, don Ramón Sáez Valcárcel, don Enrique Arnaldo Alcubilla, doña Concepción Espejel Jorquera, doña María Luisa Segoviano Astaburuaga, don César Tolosa Tribiño, don Juan Carlos Campo Moreno y doña Laura Díez Bueso, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 7007-2021, interpuesto por cincuenta y dos diputados del Grupo Parlamentario Vox del Congreso de los Diputados contra el artículo Segundo.Dos del Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el
que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Ha formulado alegaciones el Gobierno de la Nación. Ha sido ponente el magistrado don Ramón Saéz Valcárcel.
[ ...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución, ha decidido:
1.º Declarar la pérdida sobrevenida de objeto del presente recurso de inconstitucionalidad en lo que hace a los motivos de impugnación relativos al derecho de propiedad (art. 33 CE) y al derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente
de derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales en sus propios términos (art. 24.1 CE) en relación con la potestad de jueces y tribunales para hacer ejecutar lo juzgado (arts. 117 y 118 CE).
2.º Desestimar el recurso de inconstitucionalidad en todo lo demás.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 16 de enero de 2024.
233/000007
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(233) Cuestión de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 2577/2023, planteada por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en relación con el artículo 3.Primero,
apartados uno y dos, del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social, por posible vulneración de
los artículos 86.1 y 31.1 de la Constitución española, así como voto particular formulado a la misma.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón, presidente, y las magistradas y magistrados doña Inmaculada Montalbán Huertas, don Ricardo Enríquez Sancho, doña María Luisa Balaguer
Callejón, don Ramón Sáez Valcárcel, don Enrique Arnaldo Alcubilla, doña Concepción Espejel Jorquera, doña María Luisa Segoviano Astaburuaga, don César Tolosa Tribifio y doña Laura Díez Bueso, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 2577-2023, planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en relación con el art. 3.Primero, apartados Uno y Dos, del Real Decreto-ley
3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social, por posible vulneración del art. 86.1 CE. Han comparecido y
formulado alegaciones el Gobierno, el fiscal general del Estado y la entidad Globalia Corporación Empresarial S.A. Ha sido ponente el magistrado don César Tolosa Tribiño.
[ ...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 2577-2023, promovida por la Sección Segunda de
la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, y, en consecuencia, declarar que la disposición adicional decimoquinta y el apartado 3 de la disposición transitoria decimosexta de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto
sobre sociedades, en la redacción dada por el art. 3.Primero, apartados Uno y Dos, del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras
medidas urgentes en materia social, son inconstitucionales y nulos, con los efectos previstos en el fundamento jurídico cuarto.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 18 de enero de 2024.