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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 64, de 13/04/2020
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 64, de 13/04/2020
Esta solución que cada vez adoptan más entidades locales, en los momentos
actuales exige la adopción de soluciones comunes y de general aplicación
a todas las Entidades Locales.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar con urgencia
las modificaciones legales necesarias para garantizar el normal
funcionamiento de los órganos colegiados de los Entes Locales mientras
persistan las restricciones a la movilidad de las personas derivada de la
declaración del Estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, decretado el pasado 14 de
marzo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2020.-Antonio
González Terol y Carlos Rojas García, Diputados.-Cayetana Álvarez de
Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Ángel López Maraver y D. Pedro Jesús
Requejo Novoa, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tienen la obligación de presentar la siguiente Proposición
No de Ley en relación con el Almacén Temporal Controlado de Villar de
Cañas (Cuenca), para su discusión en la Comisión de Transición Ecológica
y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Si observamos los datos, en el mundo existen más de 443 centrales
nucleares en activo, 56 en construcción, 109 planificadas y 330
propuestas para su construcción. De este modo, el futuro será
inexorablemente nuclear en las próximas décadas, especialmente tras la
prolongación en Estados Unidos de la vida útil de algunas de sus
centrales hasta los ochenta años.
Desde hace décadas, nuestro país emplea la energía nuclear como una fuente
fiable, regular y segura que proporciona energía a buen precio, así como
una energía limpia gracias a su contrastada neutralidad con el carbono.
Actualmente en España existen 5 centrales nucleares en funcionamiento (7
reactores) y tres en proceso de desmantelamiento, cese o periodo de
latencia. Ahora bien, una de las servidumbres más evidentes que hay que
afrontar en este sector se relaciona con la gestión de los residuos
nucleares porque en algunas ocasiones el combustible irradiado de estas
instalaciones se envía a Francia o al Reino Unido (casos de las C.N. de
Vandellos I y de Garoña).
En cambio, en otros casos los residuos se almacenan en la propia central
nuclear. Así pues, España posee nueve almacenes de combustible irradiado,
todos ellos con experiencias de operación en general de más de treinta
años y sin haber presentado ningún incidente, aunque la industria nuclear
ha propuesto en diversas ocasiones como solución la construcción de un
Almacén Temporal Controlado (ATC) para recoger todo el combustible
irradiado de las centrales nucleares españolas.
Siguiendo esta propuesta, la Comisión de Industria del Congreso de los
Diputados aprobó por unanimidad su construcción dado que resulta más
seguro poseer una única instalación diseñada expresamente para almacenar
dicho combustible irradiado que diversos almacenes individuales, los
cuales además poseen menos niveles de seguridad.
En diciembre de 2004, la Comisión de Industria del Congreso aprobó por
unanimidad una resolución que instaba al Gobierno, en colaboración con
Enresa, a desarrollar los criterios para llevar a cabo una instalación de
almacenamiento temporal para el combustible irradiado y los residuos de
alta actividad en España. Posteriormente se abrió un proceso de
información pública de esta instalación para todos aquellos municipios
interesados en acogerla.
El ATC está diseñado para garantizar la gestión de estos residuos con
total seguridad, con materiales convenientemente seleccionados y con un
sistema diseñado para evitar la reacción en cadena y soportar diversas
catástrofes como terremotos o el impacto de un avión. Además, la
instalación dispone de un sistema pasivo de refrigeración por aire, que
permite extraer el calor que genera el combustible irradiado y que
garantiza que la temperatura alcanzada por el combustible no dañe su
integridad. Este método es más seguro que los sistemas activos que
extraen el calor mediante agua en circulación.
Este almacén se llama temporal porque tiene previsto guardar el
combustible irradiado entre 60 y 100 años y una vez transcurrido ese
tiempo el combustible puede seguir distintos destinos: ser reutilizado en
las centrales de cuarta generación; seguir un proceso de separación o
trasmutación; ser reprocesado y posteriormente utilizado en las centrales
nucleares actuales; proceder a su almacenamiento definitivo. Por lo
tanto, las opciones que se plantean para después tratan de extraer más
energía de este combustible y hacer así un aprovechamiento más intensivo
del combustible.
En diciembre de 2011, el Consejo de Ministros acordó, después de un
proceso largo, transparente y riguroso, la localización del ATC y su
Centro Tecnológico en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca) que
también contaba con la decisión unánime del Congreso.
Villar de Cañas obtuvo la calificación de Muy Bueno (MB) en apartados como
extensión y geometría, topografía, geotecnia, sismicidad, meteorología,
hidrología, instalaciones de riesgo alrededor, zonas de interés
estratégico o distancias a núcleos principales. El parámetro de
contribución de los ayuntamientos también ha obtenido una alta
calificación, por ello el Gobierno aprobó por unanimidad que Villar de
Cañas (Cuenca) acogiese el ATC.
Por estos motivos, en julio de 2015 el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
informó favorablemente la autorización previa de emplazamiento, pero el 6
de julio de 2018 el Ministerio paralizó por sorpresa la emisión del
informe final de evaluación del CSN que dura hasta hoy, pese a que se han
invertido más de 47.000 horas de estudio y a que la evaluación está
realizada al 98 %.
El CSN es un órgano independiente y la carta remitida en julio de 2018 por
el Secretario de Estado de Energía al mismo, ordenando parar
temporalmente la evaluación del ATC, supone entre otras cosas un atentado
a su independencia.
Además, la demora en la construcción del ATC ya ha generado unos
sobrecostes económicos de más de 342,8 millones de euros debido a la
necesidad de construir Almacenes Temporales Individualizados (ATI), de
alcance total en todas las centrales, mientras que el ATC no se
construya, así como un coste de 9.500 toneladas de material con
radiactividad.
Una vez más, la construcción del ATC es la opción más segura para la
gestión de estos residuos, más incluso que el hecho de tener diez
almacenes temporales individualizados. Por ello, lo razonable es terminar
la evaluación del ATC por parte del CSN e iniciar cuanto antes la
construcción del ATC en Villar de Cañas.
Urge actuar con rapidez, responsabilidad y sentido común.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Que permita al Consejo de Seguridad Nuclear finalizar la evaluación del
proyecto de construcción del ATC en Villar de Cañas (Cuenca) ya que solo
restan 800 horas de estudio (15-30 días) para emitir el informe final
sobre la viabilidad del ATC.
2. Iniciar las obras de construcción del ATC en Villar de Cañas (Cuenca)
de manera inmediata y evitar así seguir incurriendo en mayores costes de
ATI.
3. El caso de no seguir adelante con la apertura del ATC, elabore un
informe a presentar en la comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico en la que proponga y explique una alternativa viable,
económica y segura que sustituya el proyecto de gestión de los residuos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2020.-Pedro Jesús
Requejo Novoa y Ángel López Maraver, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000368
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
gestión de plásticos en las zona de control de pasajeros de los
aeropuertos, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico.
Exposición de motivos
El Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil (PNS) tiene como
finalidad establecer la organización, métodos y procedimientos necesarios
para asegurar la protección y salvaguarda de los pasajeros,
tripulaciones, público, personal de tierra, aeronaves, aeropuertos y sus
instalaciones, frente a actos de interferencia ilícita, perpetrados en
tierra o en aire, preservando la regularidad y eficiencia del tránsito
aéreo nacional e internacional en el Estado español y su espacio aéreo.
El PNS dedica dos capítulos al control de pasajeros y equipajes de mano y
en bodega, incluida las actuaciones para la inspección. Antes de pasar el
control, los pasajeros deberán quitarse abrigos y chaquetas, que pasarán
por los escáneres como equipaje de mano, y el personal de seguridad podrá
pedir al pasajero que se desprenda también de otros elementos, si no
existen equipos de detección específicos.
Así, las zonas de control de los aeropuertos exigen descalzarse a un
número alto de pasajeros por las exigencias de tal medida para muchos
tipos de calzado. La práctica generalizada es utilizar unos 'patucos de
plástico' que proporciona el servicio de la propia terminal para no
caminar descalzo.
A la salida de la zona de control, una vez atravesado el mismo, muchos
aeropuertos no disponen de contenedores para la recogida separada de
residuos. Habitualmente hay unas papeleras en las que se mezclan todo
tipo de residuos impidiendo su reciclaje. Solo en algunos casos, existen
pequeños contenedores o puntos limpios alejados de la zona de salida
propiamente dicha.
Los patucos, cubrezapatos o fundas suelen estar fabricados con materiales
plásticos y tienen un solo uso. Sin embargo, no se han incluido en la
Directiva (UE) 2019/904, relativa a la reducción del impacto de
determinados productos de plástico en el medio ambiente, comúnmente
conocida como de plásticos de un solo uso.
Este es solo un ejemplo, pero los aeropuertos funcionan como pequeñas
ciudades. Un aeropuerto como el Adolfo Suárez Madrid-Barajas genera al
cabo de un año alrededor de 10.000 toneladas de residuos. Los aeropuertos
españoles han obtenido varias certificaciones ambientales, especialmente
ISO 14001 y EMAS, que garantizan la implantación del correspondiente
sistema, sus procedimientos y la evolución de sus acciones para conseguir
objetivos ambientales.
Las prioridades que se asumen por los gestores aeroportuarios en relación
con la gestión de residuos son reducir la generación de residuos y
controlar y efectuar un seguimiento de la correcta separación, acopio y
gestión externa de los mismos, primando el reciclaje frente a la
deposición en vertedero.
La gestión de residuos tiene el reto de futuro, la gestión de los
denominados residuos de cabinas en vuelo, especialmente los sujetos por
reglamentación internacional y evitar la incineración.
Existen múltiples experiencias, en diferentes aeropuertos del mundo, en
las que ya se ha prohibido el uso de plásticos de un solo uso o que
buscan usos alternativos e innovadores a los residuos generados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Generalizar la implantación de sistemas de vigilancia y control de
accesos que eviten la necesidad de tener que descalzarse y utilizar
patucos de plástico.
- Iniciar la aplicación de la Directiva de plásticos de un solo uso en los
aeropuertos españoles, incluyendo la gestión de los plásticos
específicos, como los patucos de plástico, reduciendo su uso, mejorando
su reciclado o buscando materiales alternativos.
- Incrementar los objetivos de reciclaje de las instalaciones
aeroportuarias hasta alcanzar el vertido cero.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2020.-Paloma Gázquez
Collado, Andrés Lorite Lorite, Guillermo Mariscal Anaya y César Sánchez
Pérez, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000383
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada D.ª Norma
Pujol i Farré, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley relativa a la finalización de las obras del Plan de Restitución
Territorial del Ebro, para su debate en la Comisión de Transición
Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El mes de marzo del año 2010 el secretario de Estado de Medio Rural y Agua
del Ministerio de Medioambiente, y Medio Rural y Marino (MARM); y el
Departamento de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya;
firmaban un Convenio de Colaboración con la finalidad de realizar todas
las actuaciones incluidas en el Plan de Restitución Territorial del Ebro
para las obras de descontaminación del embalse de Flix. Elaborado
mediante la colaboración de las dos administraciones tenía como finalidad
garantizar, bajo cualquier circunstancia, la seguridad y la provisión en
el abastecimiento de agua a los 71 municipios de las comarcas catalanas
del Baix Ebre, Montsiá, Priorat, Ribera d'Ebre y la Terra Alta, que se
encuentran a menos de 15 kilómetros del Ebro, y muy cercanos a la
localidad de Flix.
El Plan contenía 44 obras y había de garantizar, de forma definitiva, la
provisión con agua de calidad a más de 185.000 personas, asegurando la
fuente del recurso hídrico, la eficiencia y la reposición de les
infraestructuras de abastecimiento local y supranacional.
El convenio también estableció la creación de una Comisión Mixta de
Seguimiento paritaria, formada por tres representantes de cada una de las
Administraciones que intervienen en el Plan de Restitución, y que entre
sus funciones está la de establecer los programas de desarrollo de las
actuaciones y velar por su cumplimiento, así como proponer la
substitución de las actuaciones inicialmente previstas por otras.
Al margen de las obras específicas de descontaminación del embalse de
Flix, el Plan de Restitución consta de 44 obras, entre las cuales,
captaciones de agua, pozos, conducciones y construcción de nuevos
depósitos ubicados en pueblos cercanos al río Ebro. Algunas de estas
actuaciones están planificadas desde hace muchos años, y una gran mayoría
de Ayuntamientos de estas comarcas las han demandado de manera reiterada
porque san fundamentales para mejorar el abastecimiento de agua y
garantizar un suministro óptimo de agua potable a sus municipios. La
Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha sido la encargada de redactar los
proyectos y llevar a cabo las expropiaciones de los terrenos; y la
empresa pública Acuamed era la que había de ejecutar las obras.
A fecha de hoy solo se han ejecutado de manera completa 13 de las 44 obras
hidráulicas previstas en el Plan de Restitución. El resto de obras se
encuentran en diferentes fases; algunas pendientes de adjudicación, y
otras pendientes de licitación o ejecución. Diferentes Ayuntamientos y
Consejos Comarcales han mostrado su malestar por el retraso y
paralización de las obras, y por la falta de información recibida de
parte del Ministerio de Transición Ecológica sobre la continuación y
finalización de las mismas. Con el agravante que algunas de estas obras
son de urgente necesidad para poder asegurar un suministro óptimo al
municipio.
Por otra parte, cabe destacar que la Comisión de Seguimiento del Plan de
Restitución Territorial solo se ha reunido una única vez, el 26 de
noviembre de 2013 en Madrid. A pesar de que el Ministerio de Agricultura
y Medio Ambiente se había comprometido a convocar una nueva reunión de
seguimiento en Catalunya, esta no llegó a realizarse.
Por todo lo manifestado, el Grupo Parlamentario Republicano presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el gobierno español a:
1. A convocar de manera inmediata una reunión de la Comisión de
Seguimiento del Plan de Restitución Territorial.
2. A finalizar todas las obras y actuaciones pendientes del Pian de
Restitución Territorial estableciendo un calendario de ejecución y las
partidas presupuestarias correspondientes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2020.-Norma Pujol i
Farré, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario
Republicano.
161/000390
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Lourdes Méndez Monasterio, D.ª Patricia
Rueda Perellón y D. Ignacio Gil Lázaro, en su calidad de Portavoz Adjunta
y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
Proposición no de Ley relativa a relativa a la elaboración de un nuevo
plan hidrológico nacional y un sistema nacional de recursos hídricos que,
bajo los principios de solidaridad, cooperación territorial y justicia
distributiva, garantice el suministro de agua de calidad y en cantidad
suficiente para las necesidades de todos los españoles, para su discusión
en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El agua es un bien de todos, indispensable y generador de riqueza allí
donde hay en abundancia. Una buena distribución, equilibra y vertebra
nuestra Nación, por lo que es de extrema necesidad un plan que abarque
todas las demandas hidrológicas de las regiones de España, y un sistema
nacional de suministros hídricos que integre la gestión de cuencas y
garantice el acceso al agua a todos los españoles, sin importar donde
residan.
La actual desigualdad en el acceso a los recursos hídricos está provocando
daños en nuestro ecosistema, debido a las extracciones en los acuíferos
con el fin de compensar la falta de agua en ciertas zonas de España. Si
no se actúa con celeridad, los daños podrán llegar a ser irreversibles
para nuestro medio ambiente, con motivo de su agotamiento y salinización,
alterando la sostenibilidad de los recursos subterráneos y el ecosistema
terrestre y marino.
La política de construir desatadoras, como alternativa al Plan Hidrológico
Nacional, instaladas por todo el litoral español, ha fracasado como
remedio para las necesidades del sector agrícola por la mala calidad del
agua obtenida, su coste económico y su impacto energético y ambiental. La
desalación es un componente más del sistema de recursos no convencionales
o alternativos, que aporta seguridad al sistema de suministros en zonas
costeras, pero no puede sustituir la gestión integrada de recursos y las
transferencias entre cuencas allí donde sea necesario.
También es preocupante el impacto ambiental que producen las aguas
residuales sin depurar ni poder ser reutilizadas en muchas zonas de
España, lo que resulta lesivo para los ecosistemas fluviales y marinos, y
perturba la determinación de los caudales ecológicos de las cuencas
hidrográficas.
Por todo lo anterior, consideramos necesaria la elaboración de un Plan
Hidrológico Nacional. Dicho Plan debe responder a las exigencias
ambientales de los ríos españoles, estableciendo un sistema nacional de
tratamiento, saneamiento y depuración de aguas residuales para su
posterior reutilización, pudiendo pasar los caudales regenerados al
sistema nacional de bancos de agua.
El sistema nacional de suministros contemplado en el Plan Hidrológico
Nacional a aprobar, garantizaría que los recursos naturales y los no
convencionales (desalación, reutilización y trasvases) formen un sistema
al servicio de la seguridad hidráulica de la Nación. Para la implantación
de un verdadero Plan Hidrológico se debe impulsar la creación de una
autoridad única para el agua en España, que coordine las
actuaciones necesarias para llevar a cabo una gestión del agua sometida al
bien común y a una autoridad nacional única. Las zonas de escasez y
sequía estructural deben ser objeto de especial atención en un necesario
Plan Hidrológico Nacional que debe unificar el sistema nacional de
trasvases y suministros para su gestión no politizada y profesional,
conforme al principio de cooperación entre los territorios afectados.
También es necesaria la creación de una Plataforma de Entendimiento para
que todos los afectados e interesados en la gestión integrada de cuencas,
especialmente regantes y ribereños, puedan participar y contrastar su
información y necesidades, sin contaminar los órganos de asesoramiento
técnico de la administración hidráulica española. El Plan Hidrológico
Nacional priorizará la disciplina de la planificación hídrica, para
evitar que las Administraciones regionales y locales sigan ignorando los
mapas de zonas inundables en sus decisiones urbanísticas y de ordenación
territorial.
Asimismo, un sistema nacional integrado de recursos hídricos, impulsará la
regulación de las transferencias de acuerdo con normas técnicas, de
aplicación automática, que eviten la discrecionalidad y la arbitrariedad
en la toma de decisiones e impidan los conflictos entre usuarios. Un
sistema nacional integrado de cuencas y recursos debe adaptar su
planificación a las singularidades climáticas de nuestra Patria y
promover las excepciones y adaptaciones necesarias en el marco de la
normativa europea.
El Plan Hidrológico Nacional y el sistema de gestión integrada deben poner
fin a la guerra del agua entre territorios y ciudadanos españoles, un
conflicto artificial promovido por las Comunidades Autónomas, las
oligarquías regionales y los activistas climáticos contrarios a la
agricultura y el turismo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a llevar a
cabo las siguientes actuaciones:
1. Redactar y aprobar un Proyecto de Ley para su remisión a las Cortes de
un Plan Hidrológico Nacional que, bajo los principios de solidaridad,
cooperación y justicia distributiva, promueva el interés general y
vertebre nuestra Nación, garantizando el acceso al agua de calidad para
atender todas las necesidades económicas y ambientales.
2. La aprobación de este Plan Hidrológico Nacional permitirá desarrollar
un sistema nacional de suministros ordenado al bien común, que garantice
la sostenibilidad de los recursos naturales y facilite una gestión
eficiente del agua de todas las cuencas de forma integrada, con la
previsión de transferencias entre ellas, incluyendo un banco nacional de
agua y mercado que favorezca los intercambios de asignaciones entre
usuarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2020.-Lourdes Méndez
Monasterio, Ignacio Gil Lázaro y Patricia Rueda Perellón,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000422
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán y D. Ricardo Chamorro Delmo, en su calidad de
Portavoz Adjunta y Diputado del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX)
respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de
medidas necesarias para paliar los efectos de la despoblación, para su
discusión en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Primero. Uno de los problemas más importantes que nuestro país ha heredado
con el advenimiento del nuevo siglo, y que se ha acuciado en los últimos
años con especial gravedad, es el del vaciamiento interior que, por su
naturaleza lenta pero inexorable, ha venido careciendo del adecuado
análisis y respuesta política.
Esta 'España vaciada' es consecuencia de las migraciones interiores en
España provocadas por el desarrollo del capitalismo, tanto en lo que se
refiere a la polarización de población en zonas con una mayor oferta de
trabajo y salarios más altos (y por tanto a la concentración espacial del
desarrollo económico), como en el cambio estructural de la economía en su
paso hacia una sociedad plenamente industrial. Se parte, pues, de la base
de que la evolución de la economía y la falta de futuro es la principal
fuerza motriz de las migraciones interiores.
La población de amplias zonas vacías, caracterizadas por una orografía y
una situación de lejanía de los grandes ejes demográficos, ha venido
envejeciendo, se ha masculinizado y, finalmente, ha pasado a encontrarse
en una fase de cuasi desaparición. Se trata de zonas con densidades de
población inferiores a 10 habitantes/km2, pero que, una vez detraídas las
capitales de provincia y algunas ciudades medias, reducen esta densidad
incluso por debajo de los 4 habitantes/km2.
Segundo. Cabe recordar que el origen del problema arranca en la década de
los años 50 del pasado siglo, cuando se produjo un incremento de
población con un crecimiento anual de un 0,78 %. Los movimientos
migratorios que acompañaron a este crecimiento de la población se
dirigieron hacia ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia,
siendo los principales puntos de partida de los inmigrantes las zonas que
formaban parte de la España agraria tradicional y que coincidían con las
áreas de menos nivel de renta, tales como Andalucía, las dos Castillas,
Galicia y Extremadura.
Tercero. Con el inicio del siglo XXI, la situación se ha agravado por el
envejecimiento de la población y por unas tasas de reposición bajísimas y
de esta forma, nuestro país ha pasado de ser un territorio
predominantemente rural a ser un territorio urbano-metropolitano; de ser
'reserva demográfica' de Europa en los años 70 a estar sumido en uno de
los más rápidos procesos de envejecimiento de la Unión Europea, a causa
fundamentalmente de la caída de la fecundidad; de ser uno de los países
con más baja esperanza de vida en nuestro continente a ser uno de los que
presenta los más altos niveles del mundo en relación con este indicador;
de ser un espacio económico de dominio agrario a depender económicamente
cada vez más del sector industrial y, singularmente, del de los
servicios. Es la recientemente denominada como 'España vaciada', en la
que muchas comarcas y núcleos de población han sido ya abandonados o
están en proceso de estarlo.
Cuarto. En primer lugar y partiendo de lo expuesto, simplemente deberíamos
atender y cumplir el artículo 138 de nuestra Constitución de 1978, en el
que se señala que 'el Estado garantiza la realización efectiva del
principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución,
velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y
justo entre las diversas partes del territorio y atendiendo en particular
a las circunstancias del hecho insular'. O simplemente cumplir con las
directrices comunitarias, véase el artículo 174 del Tratado de la Unión
Europea que indica que 'a fin de promover un desarrollo armonioso del
conjunto de la Unión, esta desarrollará y proseguirá su acción encaminada
a reforzar su cohesión económica, social y territorial. La Unión se
propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de
desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos
favorecidas. Entre las regiones afectadas se prestará especial atención a
las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y
a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y
permanentes como, por ejemplo, las regiones más septentrionales, con una
escasa densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y
de montaña'.
Quinto. En definitiva, estamos a favor de seguir las líneas fijadas en el
documento 'Principios sobre Política Rural de la OCDE', adoptado por la
reunión ministerial de dicha Organización en sesión celebrada en Atenas
los pasados 19 y 20 de marzo, teniendo como referente también 'la
estrategia de territorios y pueblos inteligentes' que está promoviendo la
Red Europea de Desarrollo Rural de la UE.
El pasado mes de septiembre se produjo la rebelión de esa España vacía,
con la conclusión y elaboración del Informe que recoge sus preocupaciones
y exigencias, entre las que se encuentran la necesidad de la firma de un
Pacto de Estado por la repoblación y el reequilibrio territorial, con la
creación de un Ministerio específico, o al menos una Secretaría de
Estado, con objeto de abordar este reto de forma consciente, decidida e
inmediata, todo ello, en una actuación similar al llamado Pacto de
Solidaridad que se ha venido llevando a cabo en Alemania desde la caída
del muro comunista.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
Poner en marcha un Pacto de Estado que permita afrontar el grave problema
de la despoblación, en el que la lucha contra el desierto demográfico y a
favor del reequilibrio territorial, social, económico y demográfico de la
España rural se conviertan definitivamente en una cuestión de Estado que
contemple las siguientes medidas:
a) Elaboración de un Informe de estado de situación y objetivos por
Provincia. Se deben analizar las zonas de prioridad demográfica y
municipales necesarias para la prestación de servicios a la población en
función de los parámetros demográficos que se determinen.
b) Políticas de incentivos globales. Para hacer frente al problema es
necesario una acción conjunta de incentivos como son las bonificaciones y
deducciones en el IRPF, en las actividades profesionales y empresariales,
así como subvenciones a la contratación y bonificaciones de las cuotas de
la seguridad social para todos aquellos que desarrollen su actividad y
tengan su residencia habitual en municipios con una masa poblacional
inferior a 5.000 habitantes.
c) Además, han de articularse incentivos para la cotitularidad de las
explotaciones agrarias como medio de promoción de la mujer en el medio
rural. Al mismo tiempo, ha de articularse un plan de estímulos
específicos destinados a PYMES y autónomos y a la creación de empresas y
empleo en el sector agroalimentario, pequeño comercio y turístico del
medio rural, primando a aquellas empresas en la adjudicación de contratos
públicos que contraten a personas residentes en dichas zonas,
garantizando el suministro de las necesidades de consumo, la
profesionalización del sector agroalimentario y la inyección de recursos
económicos provenientes del sector turístico.
d) Desde el punto de vista del empleo público, se debe crear un plan de
incentivos económicos y de carrera profesional con el fin de conseguir
fijar la residencia habitual de los servidores públicos en las zonas
rurales donde estén destinados.
e) Inversión en las redes de comunicación y reindustrialización. Dotación
presupuestaria desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana para la inversión en mantenimiento, reparación y nuevas
infraestructuras en la red de comunicación vial con el fin de garantizar
la rapidez en el acceso a los servicios básicos (sanidad, educación,
servicios sociales y comerciales) y a las vías de comunicación
interprovinciales e internacionales, (autopistas, autovías, aeropuertos y
fundamentalmente ferrocarriles). Inversión en la reindustrialización de
zonas en decadencia y en las que sea necesario impulsar la implantación
industrial. Garantizar la movilidad de la población por medio de la
reconfiguración del transporte público sobre la base de la demanda
existente en el medio rural.
f) Inversión en la conservación y recuperación del patrimonio
arquitectónico tradicional. Partidas presupuestarias cuyo fin sea el
mantenimiento del legado histórico y la conservación del patrimonio
arquitectónico tradicional del medio rural puesto que no solo nos
confiere nuestra identidad como nación sino que es una fuente de recursos
económicos importantes provenientes del turismo para las zonas rurales.
g) Plan de comunicación digital en el medio rural. El acceso a internet de
alta velocidad es una de las claves del desarrollo económico y social. Es
necesario acelerar la Agenda Digital para España en materia de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y de
Administración Electrónica. Todos los municipios de más de 1.000
habitantes tiene que tener conexiones de más de 100 Mbps y el acceso de
todos los hogares y empresas españolas a la banda ancha de al menos 30
Mbps que en la actualidad no llega al 19 % de la población española. Las
cifras de territorio que cubren con sus redes 3G varían según las
operadoras y muchas de ellas no invierten por los bajos ratios de
retorno. La Administración Pública debe asumir el papel de garantizar
estas zonas de cobertura potenciando el acceso telefónico y la calidad de
las conexiones móviles.
h) Fondos presupuestarios para garantizar los servicios en el medio rural.
El acceso a la educación hasta los 3 años en las zonas más deprimidas
demográficamente y el acceso a los servicios sanitarios deben ser una de
la prioridades básicas. Promover una red de servicios de guardería de
proximidad para garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral,
y por otro lado, en el marco de la garantía de derechos de los
ciudadanos, se debe comprometer el acceso a los servicios sociales
(especialmente las personas en situación de dependencia o discapacidad) y
obligar a las instituciones financieras a la prestación de los servicios
bancarios en el medio rural.
i) Defensa de la Vida y aumento de la natalidad. Proteger e incentivar por
medio de bonificaciones proporcionales al número de miembros de las
familias residentes en el medio rural. Dotando anualmente en los
Presupuestos Generales del Estado de una prestación universal por hijo y
ayudas especiales a la natalidad que tengan en cuenta las características
de los espacios rurales en cuanto a su prioridad demográfica y el
establecimiento de bonificaciones impositivas para familias con hijos
residentes en el medio rural bajo criterios objetivos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2020.-Ricardo
Chamorro Delmo, Diputado.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
161/000430
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Ricardo Chamorro Delmo y D. Luis Gestoso de
Miguel en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del
Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente Proposición no de Ley en relación con la
desertificación en España, para su discusión en la Comisión de Transición
Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La reducción de las precipitaciones, la intensificación de la sequía y la
reducción de los recursos hídricos están provocando un proceso serio de
desertificación en España. La desertificación es un problema complejo que
consiste en el proceso de transformación por el que un territorio que no
posee ni el clima, ni la vegetación, ni los suelos propios de los
desiertos, termina adquiriendo sus características.
Tan grave es este problema que un alto territorio de nuestro país se
encuentra afectado por él. En el caso de España, dos tercios de su
superficie pueden clasificarse dentro de la categoría de tierra seca, es
decir, se encuentra en riesgo de desertificación, en especial los
territorios situados en la costa mediterránea, la submeseta sur, el valle
del Ebro y el archipiélago canario. Y, según las estimaciones, para
finales de este siglo tres millones de hectáreas podrían estar desiertas,
es decir, más del 80 % de la superficie de España.
Riesgo de desertificación en España
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De esta manera, se ponen en peligro determinados sectores económicos de
España que viven directamente del campo, como la agricultura y la
ganadería, pero también tantos otros que se benefician indirectamente. La
desertificación amenaza la viabilidad de numerosas actividades, empresas
y trabajadores que dependen de la superficie arable de nuestro país.
Evolución de las hectáreas de tierra arable por persona según el Banco
mundial
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Las causas de este grave problema son diversas, pero principalmente se
derivan de la escasez de precipitaciones, de la existencia de un clima
árido o semiárido y de la degradación de los ecosistemas vegetales y de
los suelos, como consecuencia de una excesiva presión humana. Además,
otra de las causas reside en el uso que se hace de los recursos hídricos
y en el sistema de gestión de recursos fluviales, lo que hace a este un
problema de difícil solución, ya que las previsiones establecen que las
precipitaciones van a disminuir un 20 % en los próximos años mientras que
el caudal de los ríos lo hará en un 40 %.
Ahora bien, se pueden llevar a cabo acciones que reduzcan el impacto de la
desertificación. Por estos motivos, se aprobó en 2008 el Programa de
acción nacional contra la desertificación como una medida para hacer
frente a este gran reto nacional. El Programa viene a dar cumplimiento a
la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación
en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular
en África (CNULD), que España ratificó en 1996, y que impone la
obligación de determinar los factores que contribuyen a la
desertificación y las medidas prácticas necesarias para luchar contra
ella para mitigar sus efectos.
Sin embargo, con el tiempo se demostró que este Programa fue infructuoso,
ya que no ha servido para revertir la situación, incluso porque el
período de tiempo para el cual se lanzó ya terminó, además de que la
situación actual ha evolucionado por lo que resulta necesario adoptar un
nuevo Programa que dé respuesta a los problemas actuales.
En este sentido, es necesario elaborar un nuevo Programa de carácter
nacional que incluya, coordine y proponga todas las soluciones posibles,
desde diversos ámbitos, para dar una respuesta global a este problema,
que permita afrontar este desafío ahora y después. Por ejemplo, que
incluya medidas de desarrollo rural o planes de mejora de la gestión del
agua y de las reservas hídricas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Elaborar un nuevo Programa de acción nacional contra la desertificación
que tome en consideración la problemática actual, detalle la situación en
la que se encuentra España y proponga soluciones para combatir la sequía
y la desertificación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2020.-Ricardo
Chamorro Delmo y Luis Gestoso de Migel, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000437
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Mireia Borrás Pabón, D. Francisco José
Contreras Peláez, D. Luis Gestoso de Miguel y D. Tomás Fernández Ríos, en
sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la continuación y
finalización de las obras de la presa de Alcolea y al proyecto de
construcción de la infraestructura hidráulica del Canal de Trigueros
(Huelva), para su discusión en la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico.
Exposición de motivos
Primero. Huelva, aun siendo una provincia con superávit de reservas
hídricas, sufre limitaciones en el suministro, debido a que depende para
el 90 % de la provincia de una infraestructura denominada
Chanza-Piedras-Machos, que transporta el agua recogida en la zona
occidental de la cuenca del Guadiana al resto de la zona sur y oriental
de la provincia, que es la zona en la que se produce el mayor consumo
tanto urbano, agrícola, industrial como turístico.
Dentro de toda esta infraestructura, cobra una especial relevancia la
construcción de la Presa de Alcolea y su obra complementaria del Canal de
Trigueros, fundamentales para el desarrollo de la provincia onubense y
especialmente para las comarcas de la Campiña, el Andévalo Minero y el
Condado.
Segundo. La extensión a regar con el agua de la Presa de Alcolea se
distribuye en cuatro subzonas: la Campiña Oeste con Gibraleón, Huelva y
San Juan del Puerto; la Campiña Centro, con Beas, Trigueros, Niebla y
Bonares; la Campiña Norte, que la forman Villarrasa, La Palma de Condado
y Villalba con extensión a límites de Paterna-Manzanilla; y la Zona del
Andévalo Minero con toma en el Canal de Trigueros para Valverde del
Camino, norte de Trigueros, Beas y Niebla; y con tomas en palafito para
Alosno, ELA Tharsis, Cerro de Andévalo, La Zarza y Calaña.
El embalse permitirá también regular el caudal del río Odiel, eliminando
el riesgo de inundaciones en la cuenca baja del río (actualmente
caracterizada como de nivel máximo); así como la mejora de la calidad de
las aguas de todo el cauce aguas abajo, reduciendo la contaminación de
las explotaciones mineras de la cuenca y mejorando el impacto en el
Paraje Natural Marismas del Odiel, garantizando además el suministro para
el consumo humano y usos industriales.
El canal, como obra complementaria a la presa de Alcolea, permitirá a su
vez, alimentar el denominado Anillo Hídrico de Huelva, haciendo posible
liberar importantes recursos del sistema Chanza-Piedras-Machos.
Tercero. La presa de Alcolea y el Canal de Trigueros permitirán, con la
puesta en marcha de los regadíos, reducir casi a la mitad el desempleo en
los municipios beneficiados, y en hasta 7 puntos el del conjunto de la
provincia de Huelva, según recoge un informe del Consejo Económico y
Social de la provincia de Huelva (CESpH).
Según este informe, la construcción de la presa de Alcolea y el Canal de
Trigueros, supondrá para la provincia un valor añadido bruto (es decir,
descontando impuestos indirectos y los consumos intermedios) de 611,2
millones de euros, lo que equivale al 7,9 % de este valor y al 7,2 % del
Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia. Un impacto económico muy
considerable que además tendría un efecto positivo en el empleo, ya que
se calcula que se crearían 17.957 puestos de trabajo, de los que más de
13.000 serían de larga duración. El resto de empleo, casi 5.000,
corresponde a la fase de inversión y construcción de ambas
infraestructuras. Según el Consejo Económico y Social, la tasa de paro
pasaría así del 27,8 % al 20,4 %. Es decir, bajaría más de 7 puntos en el
total de la provincia.
Por todo ello, la presa de Alcolea y el Canal de Trigueros están
declarados de Interés General del Estado e incluidas en el anexo II de
Inversiones de la Ley 10/2011, de 5 de julio, del Plan Hidrográfico
Nacional.
Las arcas públicas también se beneficiarían de esta infraestructura, ya
que las cotizaciones a la Seguridad Social crecerían un 4,6 por ciento,
que traducido en Euros supondría que el Estado recibiría 47,3 millones de
euros, más de 58 millones de euros si sumamos los impuestos indirectos
que recaudaría Hacienda.
Cuarto. El proyecto, gestado en 1978, fue definitivamente aprobado en
1988, incluyéndose en el Plan Hidrológico Nacional.
La obra se adjudicó por primera vez en 2008 a una UTE liderada por la
empresa Sacyr, aunque ni una sola excavadora se movió hasta el año 2012.
Una vez comenzadas las obras, la empresa constructora adujo que las
condiciones geotécnicas del suelo no eran las esperadas, así que de
nuevo, se procedió a modificar el proyecto sin costes añadidos, proyecto
que se aprobó definitivamente en 2015.
Una vez retomadas las obras y alcanzado tan solo el 20 % de ejecución del
proyecto, la empresa Sacyr alegó nuevos problemas técnicos que volvían a
elevar el coste de la operación.
En marzo de 2017, la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España
(Acuaes), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, decidió
resolver por completo el contrato con la empresa constructora y las obras
se suspendieron.
Tras la resolución del contrato con Sacyr, el Ministerio de Transición
Ecológica se comprometió a licitar las obras en octubre de 2018.
Quinto. Para terminar el embalse, el Gobierno central y la Junta de
Andalucía acordaron desbloquear la financiación de los trabajos de la
construcción con unas previsiones de 96.9 millones Euros. Teniendo en
cuenta que en el convenio de abril de 2003 la inversión era de 73,67
millones, esto suponía un coste adicional de 23.23 millones, si bien
había que tener en cuenta la adjudicación de la obra del Puente del
Ferrocarril, que es de 8,6 millones de Euros y el resultado del litigio
sobre la liquidación de la UTE-Alcolea. Asimismo, es necesario redactar
la adenda y ser aprobado el proyecto de finalización que ya disponía de
todos los informes favorables.
Acuaes se comprometió a licitar las obras en octubre de 2018, pero el
proyecto en los dos últimos años sigue sufriendo unas 'demoras
injustificadas', debido a la indecisión y falta de voluntad política. Por
lo que a fecha de 18 de febrero de 2020, y tres años después de que se
paralizaran las obras, Acuaes sigue sin tener entre sus licitaciones en
curso la presa de Alcolea.
Sexto. Por otra parte, el 6 de marzo de 2018, el Consejo de Administración
de la sociedad estatal Acuaes, acordó la adjudicación del contrato para
la redacción del proyecto del Canal de Trigueros.
El contrato fue adjudicado a la U.T.E. Navier Ingeniería, S.A.-VS
Ingeniería y Urbanismo, S.L.-ATTEC, S.L.U., por un importe de 1.156.954,1
Euros, financiado al 50 % por el Ministerio y la Junta de Andalucía
El contrato adjudicado incluía los estudios de demanda y de alternativas,
así como un documento de trazado que, una vez finalizados, debía dar paso
a desarrollar el proyecto de construcción de la infraestructura
hidráulica, cosa que hasta la fecha, tampoco ha sucedido.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Ordenar a la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España
(Acuaes), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto
Demográfico, que licite de forma inmediata las obras para la terminación
de la construcción de la presa de Alcolea.
2. Promover de manera urgente el desarrollo del proyecto de construcción
de la infraestructura hidráulica del Canal de Trigueros, cuya redacción
del proyecto ya fue adjudicado por el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA); y que fue adjudicado a la UTE
Navier Ingeniería, SA-VS Ingeniería y Urbanismo, SL-ATTEC, SLU, por un
importe de unos 1,1 millón de euros.
3. Destinar las partidas plurianuales necesarias en los próximos
Presupuestos Generales del Estado, con el objeto de finalizar las obras
de la Presa de Alcolea y del Canal de Trigueros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2020.-Tomás
Fernández Ríos, Mireia Borrás Pabón, Francisco José Contreras Peláez y
Luis Gestoso de Miguel.-Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Cultura y Deporte
161/000375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley Camino Real de
Guadalupe, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
El Camino Real de Guadalupe fue el camino de peregrinación más popular
durante tres siglos. Miles de peregrinos se desplazaban a lo largo del
año desde muy diferentes puntos de la geografía española pasando por el
centro de Talavera de la Reina. Esos caminos eran denominados en aquella
época 'caminos reales', vías de comunicación que pertenecían al Rey y que
por tanto no podían ser enajenadas, ni roturadas, ni invadidas.
El Camino Real de Guadalupe tiene dos orígenes: Madrid y Toledo. El
trayecto desde Madrid suma 257 km en total, pasando por Alcorcón,
Móstoles y El Álamo, entre otros municipios, antes de unirse con la
variante de Toledo en La Mata. Desde La Mata viene hasta Talavera de la
Reina, pasando por Alberche, Calera y Chozas, Oropesa, Alcolea de Tajo,
Puente del Arzobispo, Villar del Pedroso, Carrascalejo y Navatrasierra.
Esta ruta, ya utilizada como vía de comunicación por los romanos y más
tarde por los árabes, tuvo un papel determinante a partir de la
construcción del monasterio de Guadalupe en el siglo XIV,
fundamentalmente en las peregrinaciones que lo unían con Castilla; siendo
una de las rutas más frecuentadas desde la Baja Edad Media, con su mayor
apogeo entre los siglos XV y XVI.
Múltiples viajeros ilustres fueron dejando constancia, en distintas
épocas, de los lugares que recorrieron y visitaron en sus largos viajes
por el Camino Real; aquellos parajes, veredas, ventas y villas que
componían el trazado histórico de nuestra ruta y que han sido de gran
utilidad para, trasladándolos y adaptándolos en la medida de lo posible,
reconstruir el Camino.
Alfonso XI y su hijo Pedro I favorecieron la creación del Priorato Secular
de Guadalupe y la construcción de un santuario para peregrinaciones,
afianzando así esta ruta, con hospital, colegios, hospedería y otros
servicios. Serían los Reyes Católicos los artífices de la consolidación
del Camino Real; se cuentan como dieciséis las veces que la reina viajó
hasta Guadalupe, de las que al menos en siete ocasiones utilizó este
camino. La designación como Camino Real se consolida en la España de los
Austrias, por haber sido protegido y utilizado por sus diferentes
monarcas.
Llegaron en peregrinaje personalidades religiosas, como San Pedro de
Alcántara, Santa Teresa de Jesús y San Francisco de Borja. Cristóbal
Colón trajo aquí a bautizar a los indios Cristóbal y Pedro;
posteriormente, Miguel de Cervantes vino a ofrecer sus cadenas a la
Virgen tras ser liberado de las mazmorras de Argel. Hasta finales del
siglo XVII conservó Guadalupe su carácter peregrino y de centro
espiritual del reino, pues gozó del aprecio de la casa de los Austrias.
La Asociación de Vecinos Fray Hernando de Talavera ha puesto en marcha un
proyecto que tiene como objetivo la recuperación del Camino Real de
Guadalupe, uno de los elementos histórico-cultural-espiritual más
característico de nuestras comarcas, y su ampliación a aquellas otras
localidades y provincias implicadas en el mismo.
Se trata de un plan de futuro con un peso destacado en el desarrollo
económico, cultural y social. De acuerdo a los problemas y activos
detectados en la comarca, las prioridades y valores sobre los que debe
fundamentarse el desarrollo de este proyecto, de manera integral, son los
siguientes: potenciar la mejora urbana y atracción demográfica de las
comarcas que atraviesa, frenar el estancamiento, la recesión y la
despoblación, diversificar la economía, crear ciudades y pueblos
equilibrados en cuanto a las dotaciones e infraestructuras públicas,
potenciar el valor turístico del grupo de municipios del recorrido, la
diversificación de la oferta turística, así como fomentar la
participación vecinal y de los agentes y colectivos en fas decisiones
públicas.
Desde su puesta en marcha, y con la participación de los ayuntamientos,
han conseguido la señalización, impulso y difusión del Camino Real de
Guadalupe a su paso por Madrid, Alcorcón, Móstoles, Navalcarnero, El
Álamo, Casarrubios del Monte, Valmojado, Las Ventas de Retamosa,
Camarena,
Fuensalida, Novés, Torrijos, Gerindote, Carmena, La Mata, Escalonilla,
Burujón, Albarreal de Tajo, Toledo, Aranjuez, Titulcia, Erustes, Cebolla,
Montearagón, Talavera de la Reina, Alberche del Caudillo, Calera y
Chozas, Alcañizo, Oropesa, Alcolea de Tajo, El Puente del Arzobispo,
Villar del Pedroso y Carrascalejo.
Se han colocado hitos kilométricos generales desde el Monasterio de los
Jerónimos en Madrid hasta el Monasterio de Santa María de Guadalupe en
Guadalupe (Cáceres), un total de 257 mojones de granito toledano con
azulejería de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo. Se han
señalización con postes de madera en cada una de las bifurcaciones que
encuentra el camino a su paso, con un total de 459.
Se ha construido un Monumento al Camino de Guadalupe de ladrillo y con
motivos cerámicos de singular belleza en Talavera de la Reina y Puente
del Arzobispo. Se ha implantado un pasaporte oficial similar al del
Camino de Santiago para ser sellado a su paso por las distintas
Localidades. Asimismo, se ha puesto a disposición de los peregrinos un
diploma al que se tiene derecho al realizar el camino desde Talavera y su
comarca, del mismo modo que se han distribuido sellos oficiales en los
lugares de paso. Se ha creado una plataforma de difusión a través de
redes sociales para animar a caminantes, ciclistas y jinetes de toda
España para realizar el Camino. Se ha potenciado y coordinado la apertura
de albergues municipales gratuitos: ya están funcionando en Torrijos,
Noves, Talavera de la Reina, Oropesa, Villar del Pedroso y La Calera.
El Proyecto Guadalupe de señalización y difusión del Camino Real de
Guadalupe, Madrid-Guadalupe 257 kilómetros es un ejemplo de iniciativa
popular donde se han implicado 33 municipios, que afecta a tres
provincias, Madrid, Toledo y Cáceres y tres comunidades autónomas,
Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, que ha movilizado a miles de
peregrinos y cuyos objetivos económicos y de desarrollo social y
turístico son vitales para frenar la progresiva despoblación de
municipios y comarcas de las zonas rurales deprimidas que atraviesa el
Camino.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un Proyecto Estatal de Desarrollo del Camino Real de
Guadalupe.
2. Apoyar la implantación y el desarrollo del Proyecto del Camino de
Guadalupe de la Asociación de vecinos Fray Hernando de Talavera de la
Reina.
3. Dotar una partida presupuestaria para elaborar el Proyecto, desarrollar
las infraestructuras necesarias en todo el trazado y promocionar el
Camino Real de Guadalupe.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2020.-Carmen Riolobos
Regadera, Vicente Tirado Ochoa, Alberto Casero Ávila, Ana Pastor Julián,
Adolfo Suárez Illana, Isabel García Tejerina, Edurne Uriarte Bengoechea,
María Elvira Rodríguez Herrer, Ana María Beltrán Villalba, Antonio
González Terol, Carlos Aragonés Mendiguchía y Pilar Marcos Domínguez,
Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000441
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Rafael Férnandez-Lomana Gutiérrez y D.ª
Mireia Borrás Pabón, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados
del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, formula la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la implantación de medidas urgentes de apoyo a la preparación
de los deportistas olímpicos y paralímpicos para la próxima cita
olímpica, para su debate ante la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Primero. La presente Proposición no de Ley se presenta con el fin de
instar al Gobierno de España a adoptar medidas urgentes para mejorar la
vida profesional de nuestros deportistas olímpicos y
paralímpicos, y de esa manera, mejorar el desempeño del Equipo Olímpico
Español en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Segundo. El 7 de septiembre de 2013, la 125a Asamblea General del Comité
Olímpico Internacional designó a Tokio como sede de los Juegos Olímpicos
y Paralímpicos, que regresarán a la capital Nipona 56 años después. En
aquel momento, ni siquiera se preveía la posibilidad de que el mundo
entero se encontrase en una situación parecida a la que estamos viviendo.
La crisis sanitaria producida por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), que ha
provocado la muerte de más de 8.000 personas y ha contagiado a 220.000 a
lo largo de todo el mundo, tiene en jaque a la comunidad internacional y
amenaza con la posibilidad de cancelar la cita olímpica.
La mayoría de nuestros atletas olímpicos y paralímpicos, que se encuentran
preparándose para la cita prevista para el próximo verano, no pueden
entrenar en condiciones normales como consecuencia de esta pandemia.
Todos ellos son embajadores de nuestro país en una cita tan importante
como lo son los Juegos Olímpicos, un escaparate para los deportistas en
el mundo entero.
Tercero. En España, la promoción y la organización del deporte de alto
nivel corresponde al Consejo Superior de Deportes en colaboración con las
Comunidades Autónomas, las federaciones deportivas españolas, el Comité
Olímpico Español, los clubes, etc. Estos organismos públicos persiguen
mejorar los éxitos deportivos de España a nivel internacional. Tal y como
garantiza la Constitución Española en su artículo 43.3 'los poderes
públicos fomentaran la educación sanitaria, la educación física y el
deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio'.
El pasado 6 de marzo, el Centro de Alto Rendimiento de Madrid del Consejo
Superior de Deportes cerró sus puertas hasta nuevo aviso por la amenaza
del SARS-CoV-2 (COVID-19). En los días posteriores, el resto de los
centros nacionales llevaron a cabo la misma medida, obligando a nuestros
atletas con esperanzas olímpicas a inventarse fórmulas para poder seguir
ejercitándose, a tan solo cuatro meses de unos hipotéticos Juegos
Olímpicos.
De esta manera, las aspiraciones deportivas de atletas de la talla de Saúl
Craviotto Rivero, el deportista español en activo con más medallas de oro
olímpicas y llamado a ser el abanderado en los JJ. OO. de Tokio 2020, se
avecinan muy complicadas puesto que necesita un embalse para poder
entrenar con su piragua. Mireia Belmonte García, nuestra mejor nadadora
olímpica, entrena en su propia casa 'subiendo y bajando escaleras', sin
que esto le sirva para entrenar su disciplina olímpica. La propia Mireia,
en declaraciones esta pasada semana a un conocido diario, reconoció que
'Lo primero es la salud, pero te rompen la preparación y así no haremos
un papel digno en Tokio'.
Cuarto. Italia, el país europeo con una peor situación en cuanto a
contagios y muertes por esta pandemia, ha encontrado una solución para
que sus deportistas puedan entrenar. Pese a la grave situación del país,
al considerarse sus deportistas de 'interés nacional', tienen derecho a
seguir entrenando en vista de su eventual participación en la cita
olímpica. Los deportistas del Comité Olímpico Nacional Italiano tienen la
posibilidad de beneficiarse de las instalaciones deportivas a puerta
cerrada para seguir con su preparación física. Dichas instalaciones solo
pueden ser usadas por los atletas, profesionales y no profesionales
designados por las respectivas federaciones en vista de su participación
en los Juegos Olímpicos. De igual manera, las asociaciones y sociedades
deportivas, a través de su cuerpo médico, deben realizar los controles
idóneos para contener el riesgo de difusión del SARS-CoV-2 (COVID-19).
Además de ello, el pasado 18 de marzo supimos que el Presidente del Comité
Olímpico Español, el señor Alejandro Blanco Bravo, envió una misiva al
Ministro de Cultura y Deportes, el señor José Manuel Rodríguez Uribes, en
la que requería al Gobierno que se realizase una excepcionalidad en el
confinamiento en lo que refería a los deportistas.
Por tanto, desde el Grupo Parlamentario VOX entendemos que es preciso
tomar nuevas decisiones por parte del ejecutivo que permitan a nuestros
deportistas no romper con su rutina diaria de entrenamiento siempre, por
supuesto, ajustando tales medidas a las recomendaciones de las
autoridades sanitarias.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Elaborar, junto con el Consejo Superior de Deportes, un protocolo de
actuación en los Centros de Alto Rendimiento Españoles dependientes de
este organismo, para que nuestros deportistas puedan seguir preparándose
para la cita olímpica en dichas instalaciones.
2. Elaborar, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, un protocolo
sanitario específico para reducir los riesgos de que los deportistas
puedan contagiarse del SARS-CoV-2 (COVID-19), atendiendo fundamentalmente
a las especificidades de los atletas. En este sentido, deberá valorarse
especialmente que el confinamiento sea realizado en los centros de alto
rendimiento y otras instalaciones deportivas con capacidad y herramientas
adecuadas.
3. Destinar temporalmente espacios e instalaciones públicas deportivas, en
especial, las olímpicas, al uso exclusivo por parte de los atletas que se
estén preparando para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2020.-Mireia Borrás
Pabón y Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/000457
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre
eliminación de las restricciones impuestas en el Real Decreto-ley 8/2020,
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19 a las inversiones extranjeras en
start-ups españolas, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos
y Transformación Digital.
Exposición de motivos
En la primera intervención de la Ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital en esta comisión (13 de febrero de 2020) se
anunció, dentro de su responsabilidad en el área de Digitalización e
Inteligencia Artificial, la creación de una Ley de start-ups, que
incluyera medidas de reconocimiento de esta figura específica de
innovación y desarrollo económico, favoreciendo la captación de inversión
y talento.
Las empresas emergentes (start-ups) tienen la particularidad de dinamizar
la economía, generando una mayor necesidad de consumo con el desarrollo y
transferencia tecnológica de nuevos productos o la prestación de
servicios novedosos, contribuyendo de forma paralela al crecimiento del
empleo.
Es imprescindible y necesario mantener vivo y operativo el ecosistema de
start-up e innovación, pues habrá que basarse en él -junto a otros
sectores- para la recuperación económica posterior a los efectos
económicos y sociales provocados por el COVID-19.
Sin embargo, el 20 de marzo de 2020, el Gobierno de España decidió la
suspensión del régimen de liberalización de determinadas inversiones
extranjeras directas en España como actuación tras el inicio de la
pandemia global de COVID-19. Esta decisión, pensada para proteger a las
grandes empresas, puede suponer la salida de muchas start-ups de este
sistema de innovación, desarrollo y generador de empleo, con necesidades
de cerrar rondas de inversión o inmersas en procesos de fusiones y
adquisiciones de empresas y otros activos empresariales.
La declaración del estado de alarma decretada ante el avance de la
pandemia causada por el COVID-19 y las medidas publicadas en el BOE van a
provocar importantes cambios en prácticamente todos los sectores
productivos y con graves consecuencias para la economía española. Sin
embargo, si algo hay que potenciar en momentos de absoluta crisis,
provocada por esta pandemia mundial, son los sectores productivos que
pueden hacer uso de las nuevas tecnologías e impulsar la transformación
digital en muchos sectores productivos, generando empleo y liderando el
inicio de una nueva economía que surja tras este periodo de crisis, cuyas
cifras aún no pueden predecirse.
Las empresas emergentes, las start-ups, son compañías con una enorme
capacidad de adaptación a un entorno tan cambiante como el que estamos
viviendo en España durante este episodio de propagación
de la pandemia provocada por COVID-19. Con personal joven, preparado y de
grandes habilidades y competencias tecnológicas para liderar, desde la
inteligencia artificial, Big Data, loT, blockchain, etc., las
transferencias innovadoras a la sociedad. Son empresas con una
metodología de teletrabajo increíble y que se financian con dinero de
inversores nacionales y extranjeros, así como de fondos públicos.
Precisamente, esta capacidad de desarrollo basada en teletrabajo, en una
situación de confinamiento por el decreto del estado de alarma, precisa
de un impulso de su actividad desde el Gobierno.
Sin embargo, con las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno (Real
Decreto 8/2020 de 17 de marzo) para diferentes ámbitos (civil,
financiero, laboral o fiscal), la modificación de la Ley 19/2003 sobre el
régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones
económicas con el exterior supone un freno, por restricciones a su
financiación, para el desarrollo de muchas de estas empresas emergentes,
cuya actividad resulta ahora más imprescindible que nunca.
En concreto, se suspende el régimen de liberalización de determinadas
inversiones extranjeras directas en España. Esto afecta a todas aquellas
inversiones realizadas por residentes de países fuera de la Unión Europea
y de la Asociación Europea de Libre Comercio cuando el inversor pase a
ostentar una participación igual o superior al 10 % del capital social de
la sociedad española, o cuando como consecuencia de la operación
societaria, acto o negocio jurídico, se participe de forma efectiva en la
gestión o el control de dicha sociedad. Dicha suspensión, alcanza también
a inversiones extranjeras directas en sectores como las tecnologías
críticas y productos de doble uso tal, como se definen en el Reglamento
(CE) número 428/2009 del Consejo, incluidas la inteligencia artificial,
la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, las tecnologías
aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de energía cuántica y
nuclear, así como las nanotecnologías y biotecnologías. Tecnologías estas
que son la base de desarrollo de la mayoría de las start-ups en España y
cuyas operaciones de adquisición y/o financiación suelen provenir de
fondos norteamericanos o asiáticos, afectando también a operaciones en
curso o proyectadas a corto plazo.
Eliminar estas restricciones redundará, sin duda, en lograr que España
impulse una economía de innovación más fuerte y competitiva a nivel
global. Debido a la singularidad de las start-ups, las medidas de
carácter general que se están aplicando no serán efectivas o incluso
algunas de ellas puede ser contraproducentes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la modificación de la
Disposición adicional cuarta del Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo de
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-19 por la que se suspende la liberalización de
inversiones extranjeras y se limitan para sectores estratégicos,
estableciendo un criterio de no aplicación a empresas que no coticen en
bolsa, permitiendo la continuidad y supervivencia de las start-ups en
España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2020.-Juan Luis
Pedreño Molina, Mario Cortés Carballo, Miguel Ángel Castellón Rubio y
Teodoro García Egea, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/000384
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la Diputada de Junts per
Catalunya Laura Borràs i Castanyer, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su
debate ante la Comisión de Sanidad y Consumo, una Proposición no de Ley
por la que se insta al Gobierno a aprobar un crédito extraordinario,
destinado a financiar la contratación de personal sanitario y adquisición
de recursos para combatir el coronavirus y reducir tensiones en el
sistema sanitario público.
Exposición de motivos
El problema de la sanidad, en una parte importante, es en estos momentos
sin duda el coronavirus y es aquí donde deben concentrarse los esfuerzos.
Pero si se observa retrospectivamente el sistema sanitario que ha
encontrado el coronavirus en estos primeros meses de 2020, llegaremos a
la conclusión de que disponemos de un excelente sistema sanitario, pero
que este está absolutamente tensionado por los recortes presupuestarios y
humanos a los que ha sido sometido durante los últimos 12 años.
Durante la crisis del coronavirus que vivimos el Gobierno ha asumido la
coordinación de la información y en la adopción de determinadas medidas,
como es el caso de la consideración asimilada a la de accidente laboral
la prescripción de aislamiento preventivo. Sin embargo, es preciso
incorporar dos consideraciones a este 'liderazgo' del Gobierno. La
primera, es que quienes de verdad están aguantando la tensión de las
aglomeraciones que colapsan los servicios de urgencia de la sanidad
pública son los profesionales de la sanidad, los mismos que, desde hace
muchos años, están pidiendo más personal y más recursos para afrontar su
día a día, sin que esta reivindicación sea atendida desde el Gobierno.
El coronavirus aterriza sobre un sistema sanitario agotado y esta realidad
es preciso destacarla. La tensión adicional que aporta ahora el
coronavirus no es más que la gota que colma el vaso. Agradezcamos una vez
más la dedicación, entrega y profesionalidad de todo el personal
sanitario. Sin ellos, hoy viviríamos una situación caótica, pero el
agradecimiento es insuficiente, debe venir acompañado de recursos
materiales y humanos.
La segunda consideración respecto a la gestión de este sistema sanitario
agotado, es que quienes gestionan la sanidad, quienes la financian son la
Generalitat entre otras, excepto en Ceuta y Melilla, únicos territorios
donde la gestión de la sanidad está a cargo del Gobierno. El presupuesto
que el Estado destina a la sanidad es bajo, muy bajo. Quien de verdad
asume el coste es la Generalitat, es preciso remarcarlo. Si la sanidad no
dispone hoy de más recursos es porque no dispone de una financiación
específica que evolucione al ritmo que evolucionan las necesidades de
gasto. Su financiación depende del sistema global de financiación y este
no se ha modificado desde 2009, hace 11 años y en plena crisis. En 2014
debía revisarse, no se revisó, hace de ello 7 años y en este período la
financiación de la sanidad no ha mejorado, pero el gasto sí ha crecido.
La consecuencia es la tensión del sistema, grandes tensiones sobre el
personal sanitario, médicos, enfermeros, personal auxiliar, ...tensiones
que son previas a la llegada del coronavirus.
En China, para hacer frente a las urgencias que previeron en las primeras
etapas después de la aparición de la epidemia, decidieron construir
diversos hospitales de 1.000 camas cada uno y en el brevísimo plazo de 10
días. Fue una decisión de emergencia, absolutamente extraordinaria. No es
esta decisión la que debe adoptar el Gobierno español, ya tenemos una
magnífica red de hospitales. Sin embargo, sí que necesitamos más personal
y más recursos para que el sistema pueda dar la respuesta adecuada a lo
que le exigimos. Son la Generalitat y las administraciones competentes
para gestionar la sanidad, las administraciones que requieren de más
recursos, en cambio el caducado e insuficiente sistema de financiación no
les permite incrementar los recursos destinados a la sanidad, tampoco
tienen la capacidad legislativa o de endeudamiento para poder hacerlo.
Por ello es al Estado a quien le corresponde ejecutar una aportación
extraordinaria de recursos a las comunidades autónomas para la
financiación de la sanidad.
Por todo ello los diputados y diputadas de Junts per Catalunya presentan
la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar con urgencia un
crédito extraordinario para la financiación de la sanidad, con el fin que
se pueda abordar la contratación de personal sanitario y la adquisición
de aquellos recursos que les permita hacer frente a la urgencia de la
crisis sanitaria del coronavirus, a la vez que contribuyan a destensar y
estabilizar el sistema.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2020.-Laura Borràs
Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/000386
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Juan Luis Steegmann Olmedillas, D. Ignacio
Garriga Vaz de Concicao y D. Antonio Salvá Verd, en sus condiciones de
Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al
amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
adopción de medidas para prevenir la propagación de coronavirus
(SARS-CoV-2) que afecta a la Nación, en relación a la zoonosis vírica,
con el fin de proteger la salud de la ciudadanía en España, para su
discusión en Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Primero. El 31 de diciembre de 2019, según informe del Centro de
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de 23 de enero de 2020
actualización 7.ª , la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan
(provincia de Hubei, China) informó sobre un agrupamiento de 27 casos de
neumonía de etiología desconocida con inicio de síntomas el 8 de
diciembre, incluyendo siete casos graves, con una exposición común a un
mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos en la ciudad de
Wuhan, sin identificar la fuente del brote. El mercado fue cerrado el día
1 de enero de 2020. El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas
identificaron como agente causante del brote un nuevo tipo de virus de la
familia Coronaviridae, que fue denominado 'nuevo coronavirus', 2019-nCoV.
Posteriormente el virus ha sido denominado como SARS-CoV-2 y la
enfermedad se denomina COVID-19. La secuencia genética fue compartida por
las autoridades chinas el 12 de enero. El 30 de enero la Organización
Mundial de la Salud declaró el brote de SARS-CoV-2 en China Emergencia de
Salud Pública de Importancia Internacional.
El coronavirus también podría transmitirse a cánidos. El Gobierno de Hong
Kong, según informó el Departamento de Agricultura y Pesca, confirmó el
pasado viernes que se han detectados 'niveles bajos' del virus en el
perro de un paciente con Covid-19 y ha sido puesto en cuarentena.
Para asegurar la adecuada vigilancia de las zoonosis y una buena
coordinación con las Comunidades Autónomas, la Administración General del
Estado a través del MAPAMA (Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente) y de la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición son la autoridad competente.
Segundo. La legislación Española y Europea, en concreto Real Decreto
1940/2004, de 27 de septiembre, sobre la vigilancia de las zoonosis y los
agentes zoonóticos, en su anexo 1, recogen una clasificación en dos
listas A y B. La primera de ellas, Zoonosis y agentes zoonóticos que
siempre deben ser objeto de vigilancia, mientras que la segunda hace
referencia a lista de zoonosis y agentes zoonóticos que deben ser objeto
de vigilancia en función de la situación epidemiológica.
Se persigue dar debido cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del
Real Decreto 1940/2004 y el artículo 9 de la Directiva 2003/99/CE, sobre
la vigilancia de las zoonosis y los agentes zoonóticos, y su actividad
consiste principalmente, en coordinar la recogida de información por las
Comunidades Autónomas (CC.AA.), analizarla, realizar los estudios
precisos y ser el punto de contacto con la EFSA (Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria) para las actividades y proyectos que en control de
zoonosis en alimentos se desarrollan.
Tercero. Dada la aparición continuada y diaria de nuevos casos en España,
a tenor del inexistente registro en la lista de zoonosis y agentes
zoonóticos que deben ser objeto de vigilancia en función de la situación
epidemiológica de animales contagiados por coronavirus, con el fin de
proteger a la ciudadanía en España.
El Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo e impulsar
todas las medidas y actuaciones necesarias para prevenir y contener la
propagación de enfermedad o infección que se transmite de los animales al
hombre, y viceversa, de una forma directa o indirecta, por Coronavirus.
- Se incluirá en Real Decreto 1940/2004, anexo I, lista B, subíndice
zoonosis víricas, Coronavirus (SARS-CoV-2).
- Regular la vigilancia de las zoonosis y de los agentes zoonóticos, la
vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos asociada, la
investigación epidemiológica de los brotes de zoonosis y el intercambio
de información sobre las zoonosis y los agentes zoonóticos relativos al
Coronavirus.
- Las autoridades competentes, comprobarán dando prioridad a las
diferentes regiones donde se han registrado los primeros y principales
focos de contagio por Coronavirus (SARS-CoV-2) de España, recopilando
datos pertinentes y comparables para determinar y caracterizar peligros,
evaluando la exposición a zoonosis y agentes zoonóticos y caracterizando
los posibles riesgos que entrañan, diseñando y estructurando plan de
contención unificado de actuación en todo el ámbito Nacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2020.-Juan Luis
Steegmann Olmedillas, Ignacio Garriga Vaz de Concicao y Antonio Salvá
Verd, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario
VOX.
161/000418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley instando al
Gobierno a que active todos los mecanismos necesarios para que en todos
los Centros Sanitarios dispongan de todo el material necesario para
atender a las personas afectadas por el SARS-Cov-2, para su debate en la
Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El agente causante del brote identificado por las autoridades chinas el 7
de enero de 2020 es un virus de la familia Coronaviridae, que fue
denominado 'nuevo coronavirus' 2019-nCov. Posteriormente el virus ha sido
denominado como SARS-Cov-2 y la enfermedad se denomina COVID-19. La
secuencia genética fue compartida por las autoridades chinas el 12 de
enero.
El 30 de enero la Organización Mundial de la Salud declaró el brote
SARS-Cov-2 en China, Emergencia de Salud Pública de Importancia
Internacional.
Por similitud con otros coronavirus conocidos se piensa que el SARS-Cov-2
se transmite principalmente por las gotas respiratorias de más de 5
micras y por el contacto directo con las secreciones de personas
infectadas, aunque se puede estar valorando otras vías de transmisión.
El período de incubación de la enfermedad se ha estimado entre 2 y 14
días.
La extensión del COVID-19 nos ha generado una situación de emergencia de
Salud Pública que la Organización Mundial de la Salud elevó a pandemia
internacional el pasado 11 de marzo de 2020 y el Gobierno de la Nación,
en el ejercicio de sus competencias constitucionalmente atribuidas,
acordó declarar, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el
estado de alarma en todo el territorio nacional.
Ante esta situación es trascendental el trabajo que desempeñan los
profesionales sanitarios y el resto de personal que trabaja en el Sistema
Nacional de Salud, en los diferentes lugares de atención a las personas
que tienen el COVID-19, siendo fundamental que dispongan de unas medidas
claras dirigidas a la prevención y control de la infección.
Las precauciones adecuadas para el manejo de los pacientes en
investigación o confinados de infección por SARS-Cov-2 incluyen
precauciones estándar, precauciones de contacto y precauciones de
transmisión por gotas.
El personal sanitario que atienda a las personas con COVID-19, desde que
llegan a un centro sanitario y bien se encuentren en habitación de
aislamiento (incluidos familiares y personal de limpieza...) deberán
llevar un equipo de protección individual para la prevención de infección
por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto que incluya
bata resistente a líquidos, mascarilla FFP2 o FFP3, guantes y protección
ocular antisalpicaduras.
Al igual que los centros deben disponer de los PCR de screening o de PCR
de confirmación necesarios para el diagnóstico de infección por el
SARS-Cov-2.
Disponer de todo el material de protección para los profesionales
sanitarios fundamentalmente y para todo el personal que puede estar en
contacto con personas que sean positivos por el SARS-Cov-2 es de extrema
necesidad.
Los profesionales sanitarios están arriesgando sus vidas para salvar la de
los demás y deben contar con toda la protección.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que active todos los
mecanismos necesarios para que en todos los centros sanitarios no exista
desabastecimiento de equipos de protección individual, mascarillas
quirúrgicas de tipo II y IIR, mascarillas de protección FFP2 y FFP3, kits
PCR diagnóstico COVID19 y sus consumibles, kits de diagnóstico rápido
(detección de antígeno), gafas de protección, guantes de nitrito con y
sin polvo, botas desechables e impermeables, solución hidroalcohólica
(biocida y cosmética) y sus materias primas, dispositivos de ventilación
mecánica invasiva (VMI), fungibles o consumibles de equipos de VMI,
alcoholes sanitarios y todo el material que sea preciso para que los
profesionales sanitarios puedan ejercer su trabajo con todas las
garantías de seguridad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2020.-José Ignacio
Echániz Salgado, Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo y Elvira Velasco
Morillo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000431
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
creación de una línea telefónica gratuita en apoyo a la práctica
asistencial de los profesionales sanitarios, para su debate en la
Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
La pandemia generada por el virus SARS-Cov-2 que está padeciendo
prácticamente el mundo entero, y que golpea con especial crudeza a España
desde el 7 de marzo, es la crisis sanitaria más grande que conoce nuestra
sociedad desde hace más de un siglo.
En esta crisis el papel de los profesionales sanitarios es indiscutible;
su trabajo, entrega, espíritu de sacrificio, capacitación y
responsabilidad están fuera de duda y lo están demostrando de manera
sobrada, garantizando la atención y cuidados necesarios en una coyuntura
especialmente sensible y difícil.
Para hacer frente a la pandemia se necesitan profesionales bien formados,
en número suficiente, con criterios claros de actuación, protocolos
ágiles y adecuados, siendo esto una gran preocupación en el día a día de
la práctica en los centros asistenciales.
No hay experiencia científica previa, salvo lo que sabemos de sus inicios
en China, la situación de Italia y lo que está sucediendo en España. Ello
lleva a estar constantemente actualizando los protocolos. Los
tratamientos están en fase de investigación, se buscan los medicamentos
que sean más eficaces al SARS-Cov-2.
Ante esta situación de permanente actualización de la evidencia
científica, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear una línea
telefónica gratuita de apoyo a los profesionales sanitarios para
cuestiones de práctica asistencial ante la variabilidad clínica de los
pacientes con el virus del SARS-Cov-2.
La línea telefónica será atendida por personal que cuente con los
conocimientos más actualizados y avanzados sobre la enfermedad en cada
momento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2020.-José Ignacio
Echániz Salgado, Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo y Elvira Velasco
Morillo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000436
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Juan Luis Steegmann Olmedillas, D. Antonio
Salvá Verd, y D. Ignacio Garriga Vaz de Concicao, en sus condiciones de
Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al
amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
adopción de medidas coordinadas y urgentes para la detección de casos de
COVID-19 en personal sanitario y en pacientes sintomáticos, para su
discusión en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Primero. Recientemente, una compañía de diagnóstica, ROCHE AG (Roche), ha
recibido una aprobación de emergencia del Gobierno de Estados Unidos para
una prueba de coronavirus muy automatizada que podría acelerar la
capacidad de diagnosticar a pacientes en 10 veces. La Food & Drug
Administration de los Estados Unidos (FDA) otorgó la 'autorización de uso
de emergencia' para la prueba cobas(r) SARS-CoV-2 Test, que se realiza en
los sistemas Cobas 6800/8800 de Roche. La herramienta también está
disponible en Europa y en los países que aceptan su registro CE para
dispositivos médicos. El día 13 de marzo de 2020 la prensa económica
especializada también ha recogido la noticia.
Segundo. Somos conocedores de que, al menos en Madrid, hay cuatro
hospitales que disponen del aparato Cobas 6800. Son los Hospitales La
Paz, La Princesa, Ramón y Cajal y Puerta de Hierro. Desde estos
hospitales nos han informado de que la nueva herramienta diagnóstica
presenta las siguientes características:
1. Es una PCR a tiempo real.
2. Tiene certificado de la FDA.
3. Hace la extracción y amplificación automática.
4. Utiliza Kits de 96 muestras.
5. El proceso dura 3,5 horas.
6. Cada máquina puede hacer 1.400 pruebas al día. (Entre los 4 hospitales
podrían hacer 5.600 muestras al día, que es más que suficiente para
Madrid y parte de Esparta si se aplica a personal sanitario
paucisintomático y a pacientes con síntomas moderados o graves).
7. El coste aproximado sería de 15-30 euros por prueba.
Roche puede proporcionar millones de pruebas para los sistemas pero está
llegando a los límites de su capacidad de producción. Se prevé una
petición masiva y urgente procedente de naciones de nuestro entorno, por
lo que es urgente que el Ministerio de Sanidad proceda de forma urgente a
su compra.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo e impulsar
todas las medidas y actuaciones necesarias para lo siguiente:
1. Realizar un inventario a nivel nacional de todos los aparatos COBAS
6800/8800 que hay en España.
2. Comprar de forma urgente el Kit de diagnóstico mediante la prueba
cobas(r) SARS-CoV-2 Test.
3. Proveer de esta prueba de forma preferente a aquellas regiones en las
que haya más incidencia acumulada de casos.
4. Priorizar la realización de estas pruebas en personal sanitario,
personal de residencias de ancianos, fuerzas y cuerpos de seguridad del
estado, protección civil y funcionarios de prisiones.
5. Asegurar la realización de esta prueba a todos los pacientes con
síntomas moderados/ graves.
6. Asegurar la realización de esta prueba a los pacientes con pocos
síntomas, comenzando en las regiones de alta incidencia de casos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2020.-Juan Luis
Steegmann Olmedillas, Antonio Salvá Verd e Ignacio Garriga Vaz de
Concicao, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
161/000453
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Juan Luis Steegmann Olmedillas, D. Ignacio
Garriga Vaz de Concicao y D. Antonio Salvá Verd, en sus condiciones de
Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al
amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
contratación de Médicos Internos Residentes (MIR) como especialistas del
Sistema Nacional de Salud durante la crisis sanitaria provocada por el
COVID19, para su discusión en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Primero. Con fecha 11 de marzo de 2020, se publica en el BOE n.º 62 el
Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan
determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección
de la salud pública.
Con la declaración del estado de alarma, mediante Real Decreto-ley
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
(BOE n.º 67, de 14 de marzo), modificado por Real Decreto-ley 465/2020,
de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE n.º 73, de
18 de marzo), se han establecido determinadas limitaciones de libertades,
así como medidas de contención y medidas dirigidas a reforzar el Sistema
Nacional de Salud en todo el territorio nacional.
De igual forma, con fecha 18 de marzo (BOE n.º 73), se publica el Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Segundo. Al amparo de dicha regulación, de carácter urgente y
extraordinario, se dictan con fecha 15 de marzo las siguientes Órdenes:
- Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en
materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
- Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen
determinadas obligaciones de información de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19.
- Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y
medidas de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad
ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Tercero. Entre las medidas relativas a recursos humanos para la gestión de
la crisis sanitaria, la Orden SND/232/2020 establece, en su punto
segundo, la prórroga de la contratación de los residentes en el último
año de formación, de las especialidades siguientes: Geriatría, Medicina
del Trabajo, Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Intensiva,
Medicina Interna, Medicina Preventiva y Salud Pública, Neumología,
Pediatría y sus Áreas Especificas, Radiodiagnóstico, Microbiología y
Parasitología, Enfermería del Trabajo, Enfermería Familiar y Comunitaria,
Enfermería Geriátrica y Enfermería Pediátrica.
Este personal realizará, según el director del Centro de Coordinación de
Alertas y Emergencias Sanitarias, señor Simón Soria, 'tareas
asistenciales de ámbito general'.
Asimismo, quedan suspendidas las rotaciones en curso o programadas de los
residentes, para que estos puedan prestar servicios en aquellas unidades
en las que se precise un refuerzo del personal derivado de las
necesidades asistenciales.
En el punto tercero se desarrollan las medidas de contratación excepcional
de personal facultativo y no facultativo, y se autoriza, con carácter
excepcional y transitorio la contratación de aquellas personas con un
Grado o Licenciatura en Medicina y que carecen aún del título de
especialista para la realización de funciones propias de una
especialidad, en los siguientes supuestos:
- Los profesionales que realizaron las pruebas selectivas 2018/2019 de
formación sanitaria especializada. Los profesionales que realizaron las
pruebas selectivas 2018 para el acceso en el año 2019, a plazas de
formación sanitaria especializada para médicos y que, habiendo superado
la puntuación mínima en el ejercicio, no resultaron adjudicatarios de
plaza. Estos podrán ser contratados bajo la modalidad contractual
prevista en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se
regula la relación laboral especial de residencia para la formación de
especialistas en Ciencias de la Salud. El contrato que se suscriba tendrá
una duración de tres meses prorrogables por sucesivos periodos de tres
meses.
- Profesionales con título de especialista obtenido en Estados no miembros
de la Unión Europea. Además, se prevé que todos aquellos profesionales
sanitarios incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto
459/2010, de 16 de abril, por el que se regulan las condiciones para el
reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de
especialista en Ciencias de la Salud, obtenidos en Estados no miembros de
la Unión Europea, que no dispongan del título de especialista, pero que
hayan sido evaluados positivamente por el Comité de evaluación o que
hayan superado la parte teórica de las pruebas teórico-prácticas
reguladas en el citado real decreto, podrán ser contratados por los
servicios de salud de las comunidades autónomas.
En el caso de profesionales con títulos de especialista obtenidos en
Estados miembros de la Unión Europea mediante procedimiento abierto de
reconocimiento, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Universidades
habilitarán los medios necesarios para finalizar los procedimientos en
curso.
Por otro lado, los puntos cuarto, quinto y sexto de la Orden SND/232/2020
prevén las medidas de reincorporación de profesionales sanitarios
médicos/as y enfermeros/as en situación de jubilación, que deberán ser
menores de 70 años, así como la reincorporación de personal, de forma
voluntaria, con dispensa por la realización de funciones sindicales y la
contratación de estudiantes de los grados de Medicina y Enfermería, para
auxilio sanitario y bajo la supervisión de un profesional sanitario.
Cuarto. Centrándonos en la prórroga de las relaciones laborales especiales
de residencia para la formación de especialistas, el artículo 11 del Real
Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación
laboral especial de residencia para la formación de especialistas en
Ciencias de la Salud, dispone en su apartado 1.º, letra a), que el
contrato se extinguirá 'por haber obtenido una evaluación anual positiva
en el último año de formación y por lo tanto, finalizar el programa de la
especialidad correspondiente, sin que proceda indemnización por fin de
contrato'. No obstante, nada obsta en estos tiempos de urgente necesidad
a su continuidad.
Y todo ello en el periodo inicial establecido en el artículo undécimo de
la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo '(...) por un plazo inicial de tres
meses a partir de su entrada en vigor, pudiendo ser prorrogadas por el
titular del Ministerio de Sanidad por sucesivos periodos de tres meses o
inferiores en función de las necesidades organizativas y asistenciales
derivadas de la evolución de la crisis sanitaria'.
Sin embargo, no resulta aceptable en modo alguno que un médico, ya
especialista por haber finalizado su periodo de residencia, sometido a
esa relación laboral de carácter especial, no vea compensado en modo
alguno dicho esfuerzo, a costa de su propia salud y esfuerzo personal.
Asimismo, resulta exigible su equiparación a los médicos especialistas en
la remuneración. De esta manera, y tal y como refiere la Vocalía de
Médicos Jóvenes y Promoción del Empleo del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos (CGCOM), los médicos internos residentes (MIR) son
personal cualificado, que realizan una formación consistente en la
adquisición progresiva de competencias y responsabilidades que son
necesarias para obtener el título de médico especialista, y ante esta
situación excepcional, al igual que el resto del colectivo, no han
solicitado nada a cambio, a pesar de estar desarrollando incluso el papel
de especialistas, sin tener aún dicho título y tirando de esfuerzo,
vocación y de voluntarismo.
Por ese motivo, resulta imprescindible que se reconozca, por parte del
Ministerio de Sanidad, a aquellos médicos internos residentes (MIR) que
finalizarán su formación en el mes de mayo de 2020, aún bajo la fórmula
de la prórroga contractual, su condición de médicos especialistas y no
como médicos en formación, así como su reconocimiento a efectos de
carrera profesional para sanitarios fijos y no fijos.
Dicho esto, en lugar de resultar aplicable, a efectos retributivos y de
categoría, el artículo 7 del RD 1146/2006, de 6 de octubre, procedería la
aplicación, aún por analogía, de las disposiciones de carácter autonómico
sobre contratación de personal estatutario temporal para cuyo acceso se
exija estar en posesión del título de especialistas en ciencias de la
salud en los centros e instituciones sanitarias en las que presten
servicios en la actualidad.
En todas estas regulaciones se prevé que el personal temporal/eventual
perciba la totalidad de las retribuciones básicas y complementarias,
fijas y variables, que correspondan a su nombramiento, con excepción de
los trienios.
En virtud de todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas y
actuaciones necesarias para garantizar la categoría de médico
especialista, y su correspondiente retribución y reconocimiento a efectos
de carrera profesional, conforme a la vigente regulación, a los médicos
MIR, cuya relación laboral de carácter especial finaliza en el mes de
mayo de 2020, al haber sido prorrogada esta de forma excepcional y
temporal, según lo dispuesto en la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo,
por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
virus SARS-CoV-2 (COVID-19).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2020.-Juan Luis
Steegmann Olmedillas, Ignacio Garriga Vaz de Concicao y Antonio Salvá
Verd, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario
VOX.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Mireia Borras Pabón, D. Pedro Fernández
Hernández, D. Francisco José Contreras Peláez, D. Rubén Manso Olivar y D.
José Ramírez del Río, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados
del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la
siguiente Proposición no de Ley relativa a la tutela de la Libertad de
Expresión y Cátedra en las Universidades, para su discusión en la
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
Primero. La Universidad española padece desde hace años un clima de
creciente coacción ideológica. Las libertades de expresión y cátedra,
consagradas por la Constitución en su artículo 20.1, y esencia misma de
la institución universitaria, se ven cada vez más erosionadas por la
presión de grupos y asociaciones que revientan conferencias, consiguen la
cancelación de actos académicos o intimidan a profesores que no comparten
sus ideas. Siguen algunos ejemplos:
- El 18 de diciembre de 2019, un grupo de feministas irrumpió en la
conferencia del profesor Pablo de Lora Deltoro -que iba a tratar sobre la
transexualidad- e impidió a gritos que se celebrara. El altercado suscitó
un manifiesto de solidaridad con el docente, suscrito por más de
doscientos profesores de Filosofía del Derecho de toda España, que
pidieron que 'las autoridades académicas refuercen su compromiso con la
libertad ideológica, con la libertad de expresión y con ideales como el
pluralismo ideológico, el respeto y la tolerancia y la discusión
racional'.
- El 3 de marzo de 2020, un grupo de jóvenes del colectivo 'Frente Obrero'
reventó una intervención del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo
Iglesias Turrión, en la Universidad Complutense. (Pablo Iglesias Turrión
lideró en su momento agresiones similares contra conferencias como la de
Rosa Díez González; nosotros consideramos inadmisibles todos los
escraches: tanto los dirigidos como los padecidos por él).
- El 16 de febrero de 2020, un grupo de estudiantes de extrema izquierda
reventó la conferencia de Martín Huete en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense, al grito de
'¡fuera empresas de la Universidad!'.
- El 22 de noviembre de 2019, un grupo de jóvenes reventó una conferencia
del ex ministro Jaime Mayor Oreja en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Sevilla al grito de '¡fuera fascistas de la Universidad!'.
- El 11 de noviembre de 2019, en la Universidad Carlos III (campus de
Getafe), alborotadoras impidieron -al grito de '¡fuera doctrina de
nuestras vaginas!'- la celebración de la mesa redonda 'La problemática
moral y jurídica del aborto', en la que intentaban participar el profesor
Alvaro de la Torre y Marta Velarde, presidenta de la asociación 'Más
Futuro'. Asociaciones estudiantiles como Somosefam, Asociación
Universitaria Carlos Marx, Asociación Universitaria Callana o Abrir
Brecha Madrid llevaban días pidiendo que el acto fuese prohibido por
'machista'.
- El 28 de octubre de 2019 un grupo de estudiantes independentistas
increpó y expulsó al profesor Nicolás Nogueroles Peiró, que intentaba
impartir su clase de Derecho Civil pese a la huelga estudiantil de
protesta.
- El 10 de marzo de 2017, las presiones de grupos feministas consiguieron
la cancelación de una mesa redonda sobre libertad de expresión que se iba
a celebrar en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, y en
la que iban a intervenir, entre otros, Rocío Monasterio San Martín y la
profesora Alicia Rubio Calle (autora del libro Cuando nos prohibieron ser
mujeres y os persiguieron por ser hombres, hoy diputada de VOX en la
Asamblea de Madrid).
- El 16 de febrero de 2017, estudiantes feministas y de colectivos LGTB
reventaron con gritos y bocinas, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Sevilla, una mesa redonda en la que intentaban intervenir,
entre otros, Diego de los Santos (autor de Género singular), Alicia Rubio
Calle y el profesor Francisco José Contreras Peláez (hoy diputado
nacional de VOX).
- El 20 de marzo de 2016, en la Facultad de Ciencias de la Información de
la Universidad Complutense, jóvenes de ultraizquierda arrinconaron y
zarandearon a estudiantes de la Asociación Cultural Atlántida que
intentaban distribuir el manifiesto pro-vida 'Es bueno que tú existas'.
Les arrebataron los folletos y los rompieron.
- El 25 de febrero de 2016, un numeroso grupo de estudiantes
pro-palestinos reventó la conferencia del profesor israelí Haim Eshach,
que ni siquiera tenía contenido político (aunque tampoco esto hubiese
justificado la agresión), sino técnico (docencia de la ciencia y
tecnología en preescolar).
En varios de esos incidentes, se ofreció a los alborotadores entrar en
debate civilizado con los conferenciantes una vez concluyeran sus
intervenciones. Nunca la aceptaron. Esos estudiantes no creen en el
debate, sino en la mordaza.
Segundo. Las agresiones proceden siempre de grupos de extremistas, de
ordinario de ultraizquierda (en Cataluña, País Vasco y Galicia, también
grupos nacionalistas radicales). La ideología de esos colectivos ha
experimentado una deriva intolerante que les lleva a denigrar como
'fascista' o 'discurso de odio' cualquier afirmación que cuestione sus
peculiares dogmas. En lugar de permitir un contraste de argumentos
racional en el que puedan prevalecer las tesis mejor fundadas, los nuevos
fanáticos exigen el silenciamiento de quienes no piensen como ellos,
mediante el cómodo expediente de presentarlos como 'machistas',
'racistas' u 'homófobos'. El etiquetado político-moral sustituye así a la
argumentación racional: en lugar de medir mis argumentos con el otro en
un debate abierto, decreto que sus ideas 'fomentan el odio', exijo su
amordazamiento y reclamo el monopolio del espacio académico.
Tercero. Es especialmente inquietante que esta atmósfera de intolerancia
se enseñoree precisamente de la Universidad, que debería ser el templo
del logos. La esencia de la razón crítica es la 'búsqueda sin término'
(Karl Popper) de la verdad, una verdad que no se deja petrificar en
dogmas definitivos. Los profesores boicoteados son los herejes
perseguidos por los nuevos inquisidores; como a Sócrates, se les acusa de
'corromper a los jóvenes y de no reconocer a los dioses del Estado'
(Platón, Apología de Sócrates, XI). La mayéutica socrática consistía en
el desmontaje de los prejuicios mediante la dialéctica y
la racionalidad crítica. Desde Platón -cuyas obras adoptaron,
significativamente, la forma de diálogos- Occidente ha sabido que la
búsqueda de la verdad requería un ambiente de libertad intelectual.
Incluso en la supuestamente teocrática Edad Media, las lecciones
universitarias consistían a menudo en disputationes, es decir, duelos
dialécticos entre dos maestros que defendían tesis opuestas. Kant
escribió en la Crítica de la razón pura que 'el derecho a exponer a
pública consideración los propios pensamientos, sin por eso ser tachado
de ciudadano peligroso, es parte fundamental de nuestra libertad bajo el
imperio de la ley' (KRV, A 752); también entendió que sin libertad
intelectual no hay progreso cognoscitivo: 'si la libertad de expresión es
suprimida, nos es sustraído el medio de verificar la validez de nuestros
propios juicios, y quedamos así a merced del error' (Antropología en
sentido práctico). y John Stuart Mill explicó que, cada vez que alguien
pretende sofocar la difusión de una idea alegando su falsedad o su
peligrosidad social, se está arrogando una infalibilidad insostenible,
pues 'la nocividad de una opinión es en sí materia opinable, tan
discutible como la opinión misma, y que exige, con la misma fuerza que
ella, una discusión' (Sobre la libertad).
John Stuart Mill dijo también que, allí donde impera la libertad de
pensamiento y expresión, 'existen tantos centros independientes de
progreso cognoscitivo como individuos'. Una sociedad que permite que
muchas personas busquen la verdad desde perspectivas e hipótesis
diferentes tendrá más probabilidades de progresar hacia ella; en cambio,
una que esclerotiza su credo en un repertorio cerrado de dogmas
incuestionables se condena al estancamiento, además de a la intolerancia.
Cuarto. Y es lo que le está ocurriendo a nuestra sociedad. Es inquietante
que estudiantes y profesores universitarios exijan la quema de libros y
el silenciamiento de oradores heterodoxos. Los nuevos dogmas son los de
la identity politics: ideas tales como que la sociedad occidental se basa
en la dominación de la mujer por el hombre y en la discriminación racial;
que la violencia doméstica se debe al 'patriarcado'; que existen mujeres
con pene y hombres con vagina, etc. Quien discrepe de eso es un bárbaro
que no tiene derecho a hablar.
Se da, además, una paradoja: hay hoy menos libertad intelectual en la
Universidad que fuera de ella. Los pensadores heterodoxos -los que
discrepan de la identity politics o 'marxismo cultural', convertido en
nueva religión de Estado- prefieren expresarse en foros no
universitarios, donde al menos podrán ser protegidos por la policía
frente a los alborotadores. Las fuerzas de orden público no pueden
penetrar en el alma mater -salvo en caso de delito grave y flagrante- en
virtud de una interpretación anacrónica y desnaturalizada de la autonomía
universitaria consagrada por el artículo 27.1 de la Constitución y la Ley
Orgánica de Universidades. El sentido de esa autonomía estribaba
precisamente en garantizar la libertad de cátedra frente a gobiernos que
pretendan imponer una ideología oficial (como reconoció la sentencia del
Tribunal Constitucional de 28 de julio de 1981). Pero ahora sirve
exactamente para lo contrario: para que quienes discrepan de la doctrina
oficial queden a merced de alborotadores que imponen su ley ante la
pasividad de los rectores.
Quinto. La sentencia contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 26
de mayo de 2003 estableció que la autonomía universitaria debe referirse
a aspectos como la libertad de cátedra, la gestión y la organización,
pero no a la seguridad. No es de recibo que haya más seguridad fuera de
la Universidad que dentro de ella. No es de recibo que tantos oradores
universitarios hayan quedado indefensos frente a bandas de reventadores.
Para que la autonomía universitaria recupere su sentido genuino, es
preciso que los rectores tutelen efectivamente -si es necesario, mediante
la protección policial- el pensamiento libre y el pluralismo. Nadie debe
ser amordazado por sus ideas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes
medidas:
1. Que el Ministerio de Universidades elabore, en el marco de sus
funciones y competencias, un protocolo de actuación que asegure y
garantice el ejercicio de la libertad de cátedra y de expresión en las
actividades organizadas por estas instituciones, de manera que ni la
violencia ni la intolerancia puedan impedir la celebración de actos y
conferencias debidamente autorizados.
2 Que el Ministro de Universidades convoque al Consejo de Universidades a
una sesión específica sobre el problema del deterioro de la libertad de
expresión en el ámbito universitario y de las medidas a adoptar para su
defensa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2020.-Mireia Borras
Pabón, Pedro Fernández Hernández, Francisco José Contreras Peláez, Rubén
Silvano Manso Olivar y José Ramírez del Río, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Juan Luis Steegmann Olmedillas, D.ª Mireia
Borrás Pabón y D. Víctor González Coello de Portugal, en sus condiciones
de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX)
respectivamente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan
la siguiente Proposición no de Ley relativa al desarrollo de una
aplicación informática similar a la de Corea del Sur para hacer frente a
la crisis del coronavirus (COVID-19), para su discusión en la Comisión de
Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
Primero. El coronavirus está causando una oleada de pánico nunca antes
vista en nuestro país. Se trata de una epidemia global que está poniendo
a prueba a todos los sectores de la sanidad española, tanto en los
principales focos de transmisión como Madrid, como en el resto de
Comunidades Autónomas, donde el número de infectados va creciendo cada
día. Como consecuencia, desde hace días las autoridades sanitarias han
dejado muy claro el protocolo a seguir en caso de registrar los síntomas
relacionados con el COVID-19 (fiebre, fatiga, tos y dificultad para
respirar): llamar a los teléfonos de atención sanitaria y quedarse en
casa.
La incertidumbre y preocupación, junto a los síntomas de este virus, que
inicialmente pueden definirse 'ambiguos', está provocando un gran colapso
del sistema, dejando fuera a cientos de personas que están padeciendo
leves o graves síntomas sin poder recibir asistencia. Como consecuencia,
no solo se están colapsando las líneas telefónicas si no que algunas
personas, desesperadas, están saliendo a la calle para buscar esa
asistencia, convirtiéndose en potenciales propagadores del virus y
agravando también el permanente colapso de las urgencias en los
hospitales españoles. Esta problemática no solo afecta a los pacientes,
sino a los propios profesionales sanitarios y a los cientos de
trabajadores que operan esas líneas, que llevan días sin dejar de coger
el teléfono.
Segundo. La gestión telefónica actual para la detección y prevención del
virus está resultando muy ineficaz. 'Todos nuestros agentes están
ocupados, por favor manténgase a la espera o inténtelo más tarde' es el
mensaje con el que se encuentran cientos de personas que intentan llamar
para comunicar posibles casos. Otra de las graves deficiencias del
sistema, es que no detecta prioridades ante una emergencia, no distingue
entre un paciente en situación leve, grave o muy grave, y se están
denunciando casos en los que los profesionales sanitarios han tardado
varios días en poder acudir a un domicilio para realizar las pruebas del
SARS-CoV-2 (COVID-19).
Nos encontramos ante una situación de emergencia nacional, donde hay una
gran preocupación no solo por identificar a los portadores del virus,
sino en identificar también a los grandes propagadores infectados que
rompen la cuarentena y siguen propagando el virus de forma exponencial.
Es necesario frenar la curva de contagios lo antes posible, como ha
anunciado el Gobierno en sucesivas ocasiones, y el modelo actual no es el
adecuado para ello por cuanto que es lento, ineficiente, ineficaz y deja
fuera a personas que necesitan atención urgente por falta de
priorización. Desde el Grupo Parlamentario VOX, creemos que resulta
indispensable tomar medidas más rápidas y eficaces para contener la
propagación, como se han adoptado en otros países. Resulta fundamental
desatascar el embudo en el que está el sistema actualmente y poner sobre
la adoptar soluciones que ya han funcionado, como el caso de Corea del
Sur, que gracias a una aplicación para móviles ha conseguido controlar la
pandemia de coronavirus en un tiempo récord de solo una semana, gracias
al diagnóstico masivo de su población.
Tercero. Por ello, desde el Grupo Parlamentario VOX proponemos la creación
de una aplicación app para smartphones por parte del Gobierno, en
colaboración con el Ministerio de Sanidad, que sea una alternativa para
descongestionar líneas telefónicas y hospitales en todo el territorio
nacional. Actualmente, la Comunidad de Madrid está desarrollando una app
con similares características para atajar el problema, pero puesto que
esto es una situación de emergencia nacional, reclamamos una solución
tecnológica que ofrezca este servicio para todo el territorio nacional.
Hablamos de una herramienta muy sencilla y eficaz para la gestión de esta
crisis sanitaria, destinada a todos los españoles que deseen usarla, que
permita identificar a los ciudadanos con sintomatología o infectados por
el COVID-19, y gestionar online su estado de salud. Además, gracias al
sistema GPS y aceptación de la gestión de la localización, se puede
ejercer un mejor control para monitorizar a los ciudadanos en cuarentena,
estableciendo sanciones oportunas, y detectar también zonas calientes
donde el virus se propaga más rápido y donde conviene realizar una
cuarentena más estricta.
Cuarto. Esta app pediría rellenar un sencillo registro: domicilio, edad,
sexo y un correo electrónico o un teléfono móvil. Sin embargo, desde VOX
consideramos que es muy importante establecer también un criterio de
prioridad y de urgencia, por lo que incluiríamos también un breve
cuestionario que determine la gravedad del usuario, y a través de un
algoritmo, el sistema pueda establecer el orden de atención a los
pacientes.
Además, incorporaríamos un sistema de detección similar al coreano, tipo
drive in (sin salir del vehículo) para evitar ambulancias y colapsos en
hospitales: cuando una persona se registra y pide hora, se acude en coche
a un lugar despejado donde, sin bajarse del coche y en cinco minutos, un
sanitario perfectamente aislado le realiza un raspado nasal. Este método
también elimina el riesgo de contagio de los sanitarios porque no hay
prácticamente contacto desde el coche.
A las 24 horas desde la toma de la muestra, la persona recibe en su móvil
los resultados del test. Si es positivo, se le exige una cuarentena
obligatoria en su domicilio de quince días. La herramienta permite al
Ejecutivo monitorear a los ciudadanos mientras se encuentran en este
período a través de geolocalización. Así, si una persona afectada por
COVID-19 abandona su área de cuarentena, recibe una alerta que también
llega a los agentes que controlan esa zona. La violación de esta
normativa deriva en sanciones y multas y solo en casos justificados
pueden conseguirse permisos de desplazamiento vía QR móvil.
Además, esta app puede ofrecer información adicional de gran utilidad,
como los casos diarios que han dado positivo en su área de influencia y,
con ello, un código de riesgo amarillo, rojo o verde en su zona. Los
datos agregados de todos los que han pasado el test sirven, como se ha
señalado anteriormente, para detectar zonas calientes donde el virus se
propaga más rápido, lo que permitiría al Gobierno tomar decisiones
sanitarias estratégicas como acotar zonas específicas con elevados
niveles de contagio o realizar desinfecciones exhaustivas en zonas de
alto riesgo según los casos registrados, así como en centros comerciales,
mercados y otros lugares susceptibles de ser foco de contagio.
Quinto. Gracias a una eficiente gestión de esta emergencia sanitaria
podemos conseguir recuperar el control de la propagación del virus,
utilizar los datos a nuestro favor para entender como se está expandiendo
-según declaraciones de la propia OMS 'No puedes luchar contra un virus
si no sabes dónde está'-, atender a personas infectadas en su seguimiento
desde casa y evitar colapsar de manera innecesaria los hospitales y otros
servicios sanitarios para atender a los pacientes que realmente se
encuentran en situación crítica.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Desarrollar cuanto antes, y de acuerdo con el Real Decreto 1112/2018,
de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones
para móviles del sector público, una aplicación y/o web-app (ej:
ESCOVID-19.com) que, siguiendo las advertencias de la OMS, suponga una
vigilancia robusta para encontrar, aislar y tratar todos los casos de
Coronavirus, cortando las cadenas de transmisión y siendo una herramienta
eficaz de control y gestión durante la duración del Estado de Alarma. El
aplicativo web-app o app tendrá las siguientes características y
funcionalidades:
a) La app será una herramienta de apoyo para el Gobierno en la gestión del
Protocolo de actuación sanitaria único:
1. Establecimiento de un único Número Nacional de Contacto.
2. Unificar los criterios de definición de casos.
3. Unificar los criterios de realización de test diagnósticos que serán
aplicable desde esta app/web app.
4. Información transparente y actualizada a través de la aplicación/web
app en intervalos de 8 horas y por municipios.
5. Unificación de todos los datos clínicos y de laboratorio en una base de
datos común que se nutrirá también de la propia aplicación, en base a los
resultados, sintomatología y otra información sanitaria que se genera a
través de la herramienta.
6. Se hará una eficiente gestión de toda la DATA generada a través de la
aplicación, para fines exclusivamente científicos, para datos clínicos y
de laboratorio que sirvan en la investigación de soluciones frente al
COVID-19.
7. Establecimiento de una red capilar no hospitalaria mediante la
metodología drive in surcoreana, para la realización masiva de tests
diagnósticos de COVID-19, priorizando en el tiempo a aquellos colectivos
que sean estratégicos para la Nación.
8. Aseguramiento de la donación de sangre, mediante la detección rápida
del virus en potenciales donantes y pudiendo gestionar esta actividad a
través de la propia app, con los usuarios que se han realizado la prueba
con resultado negativo.
9. Incorporar a personal sanitario en prácticas para la atención a
distancia de seguimiento, telefónica o en formato chatbot, y/o
realización de estos sencillos test, con personal sanitario de la UME, en
todo el territorio español para la modalidad drive in (sin salir del
vehículo).
b) La app será de descarga totalmente voluntaria, pero es obligatorio
completar el registro de datos como la edad, sexo, domicilio, correo
electrónico o un teléfono móvil.
c) Con la finalidad de que el sistema tenga la capacidad de filtrar la
información según la urgencia, la app incluirá un test inicial con los
criterios de realización de tests de diagnóstico según indica el
Protocolo de Actuación Sanitaria Único para el diagnóstico del usuario
(enfermedades, problemas respiratorios, fiebre alta, contacto con
personas portadoras del virus, etc.). Un algoritmo evalúa y determina los
factores de riesgo e identifica las emergencias para la atención
prioritaria de los pacientes. Este sistema les permitirá a las
autoridades actuar de forma controlada y con criterio, según la gravedad
y el grado de urgencia del paciente.
d) El registro se hará aceptando el sistema de geolocalización, que le
ofrecerá varias funciones al usuario: en primer lugar, para su
monitorización en caso de cuarentena y también, para informarle de los
casos diarios que han dado positivo en su área de influencia a través de
un código de riesgo verde, amarillo o rojo en su zona.
e) El Gobierno tendrá a su disposición para su análisis la DATA generada
por todos los que han pasado el test y utilizará la gestión de esta BIG
DATA en beneficio de la población para tomar decisiones sanitarias
estratégicas, para detectar zonas calientes donde el virus se propaga más
rápido y donde conviene realizar una cuarentena más estricta.
f) La aplicación ofrecerá a quienes han recibido la orden de no salir de
su casa mantenerse en contacto con los trabajadores sociales e informar
sobre su progreso. De esta manera, aquellos que se encuentren en
cuarentena pueden informar a través de la aplicación del desarrollo de su
sintomatología.
g) Funcionalidad:
1. Cada persona que tiene síntomas registra sus datos de manera sencilla e
intuitiva y pide hora para la realización del test del coronavirus.
2. Cuando una persona se registra y pide hora se acude a través de una
geolocalización que lanza la propia app, en su coche o taxi/uber/cabify a
un lugar despejado. No se acudirá en transporte público.
3. Allí sanitarios de la UME, con trajes de protección, le realizarán sin
bajarse del coche una toma nasofaríngea para PCR de Coronavirus
(SARS-Cov2). Se le suministrará al usuario en todo caso un kit con
mascarilla y guantes para su protección.
4. A las 24 horas la persona recibirá en su móvil los resultados del test.
Si es positivo se le exige una cuarentena obligatoria en su domicilio de
quince días. También se utilizará esta funcionalidad, pasados los quince
días, si fuera necesario volver a repetir la prueba.
5. Diariamente se le envía información al titular sobre los casos que han
dado positivo en su área de influencia y con ello un código de riesgo
amarillo, rojo o verde en su zona y se realiza un seguimiento por llamada
o chatbot para su control de salud.
6. Si la persona tiene que romper la cuarentena por motivos excepcionales,
solicita una autorización con un código QR para que la policía pueda
verificar que están circulando de manera autorizada. De lo
contrario podrán aplicarse las sanciones económicas previstas. Tendrá la
obligación de salir con el material de prevención apropiado (mascarillas
y guantes).
7. La aplicación ejercerá también su labor de herramienta informativa,
ofreciendo información transparente y actualizada en intervalos de 8
horas y por municipios, gracias a la geolocalización, para que el
ciudadano pueda conocer de primera mano la información más relevante en
tiempo real. Dicha herramienta del aplicativo, ofrecerá información que
se emitirá en todo el territorio nacional en español, pudiendo emitirse
también, luego en el idioma oficial de la región, sobre:
a) Métodos de contagio y su prevención.
b) Medidas higiénicas preventivas.
c) Perfiles de riesgo en función de la edad y patologías previas.
2. En el caso de personas de nacionalidad española o residentes legales se
realizará test de coronavirus antes de la entrada en territorio nacional.
En el caso de positividad se realizará aislamiento vigilado mediante
geolocalización optando por descargarse la app y/o videollamadas de
control por parte de las fuerzas de seguridad. En caso de tener síntomas,
se valorará in situ su estado clínico, por si precisa tratamiento
hospitalario.
3. Que, con las herramientas provistas por esta aplicación, el gobierno
establezca los mecanismos de control necesarios para la gestión óptima
del Estado de Alarma durante esta crisis sanitaria, apoyándose también en
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para que todos los
ciudadanos cumplan con las prescripciones de salud pública y que pueda
servir también, para futuras crisis o emergencias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2020.-Mireia Borrás
Pabón, Víctor González Coello de Portugal y Juan Luis Steegmann
Olmedillas, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000440
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Víctor Manuel Sánchez del Real, D. Alberto
Asarta Cuevas y D. Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, en sus condiciones
de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX),
respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa al estudio y
análisis de buenas prácticas frente al COVID-19, para su discusión en la
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Primero. Hasta la fecha, España cuenta con más de 13.000 casos
diagnosticados de COVID-19, y 598 fallecidos a costa de este, y ello,
teniendo en consideración las escasas pruebas que se están realizando en
relación con la población posiblemente contagiada. La propagación tan
rápida del virus, como alega el propio Gobierno, tanto 'a escala nacional
e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces
para hacer frente a esta coyuntura'. En el plano internacional, el mapa
arroja unas cifras de más de 160.000 infectados en más de 150 países.
Segundo. Las medidas adoptadas por el Gobierno, como informan numerosos
expertos, técnicos, y científicos, son muy tardías, lo que ha supuesto un
crecimiento exponencial (hablando en términos relativos: desconocemos el
número real de contagiados) de los contagios y muertes consecuencia de
los mismos. No obstante lo anterior, la experiencia que lamentablemente
ha sufrido y continuará sufriendo España, debe ser compartida en el plano
internacional para, de esa manera, ayudar a los países que ahora
comienzan a enfrentarse a la pandemia.
A ello debemos añadir que tenemos conocimiento de las experiencias de
otros países que han sufrido la propagación del COVID-19, así como de
aquellos que por su buen hacer y previsión, han sido capaces de controlar
su expansión.
Sabemos ahora qué medidas han de adoptarse y en qué momento, de manera que
el avance del virus sea dominado.
Tercero. En referencia a aquellos países cuyas actuaciones han resultado
satisfactorias para contener el virus, quizá el ejemplo más adecuado sea
Corea del Sur, por tamaño, nivel socioeconómico y régimen político.
Corea del Sur reaccionó más rápido y con más eficiencia que el Gobierno de
la nación. Contando únicamente con cincuenta casos, según los datos de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el alcalde de Daegu (primer foco)
decía que era una 'crisis sin precedentes', requiriendo a todos los
ciudadanos que permanecieran en sus casos y emplearan mascarillas.
El 21 de febrero, con un centenar de positivos, el primer ministro
surcoreano definió la situación de 'urgente' y, dos días después, de 'la
más alta alarma'. Corea del Sur inició un plan para hacer pruebas de
identificación del virus y el Ministro de Sanidad surcoreano indicaba
que, 'A diferencia de otros países, donde solo se hacen test a quienes
tienen síntomas, nosotros hemos decidido realizarlos a todo el que haya
estado en contacto directo con casos confirmados. En lugar de esperar a
que los pacientes vinieran, hemos ido a por ellos y buscado posibles
infectados para evitar que contagiaran a la comunidad'.
Corea del Sur realiza más de 15.000 pruebas diarias. En España, decía el
Ministro el pasado 15 de marzo, se han hecho más de 30.000, pero desde el
principio de la crisis. Fernando Simón, director del Centro de
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, adoptaba una política
totalmente contraria a la surcoreana, pues indicaba que 'Tomar muestras a
personas asintomáticas no tiene mucho sentido porque un negativo de hoy
no quiere decir que mañana no puedas desarrollar síntomas. No aportan
información y sí una falsa sensación de seguridad: 'Como yo fui negativo
ya no me tengo que preocupar, puedo ir a todas partes, no tengo que
tomarme la temperatura'.
Como informan numerosos medios públicos, Corea del Sur puso en marcha una
red de casi un centenar de laboratorios para tener los resultados, cuando
en España podían hacerlo una veintena de hospitales. Esto hizo aflorar en
el país asiático los contagios, lo que también resultó en una tasa de
mortalidad muchísimo más baja que en otros lugares: un 0,8 %, según los
últimos datos. En España, la tasa de mortalidad es más alta, en torno al
3 %, pero existe un claro infradiagnóstico pues, recordemos, que existe
una catalogación de 'posibles' y no se realizan test a personas con
síntomas.
En la ciudad surcoreana de Busan, con solamente un caso, las paradas de
metro, las tiendas y los lugares públicos contaban con dispensadores de
desinfectante de manos.
En opinión de Miguel A. Hernán, catedrático de Epidemiología de la
Universidad de Harvard, debería haberse hecho algo más parecido a Corea
del Sur. Todos los países europeos se han quedado cortos. En Wuhan
llegaron tarde y luego consiguieron reducir la epidemia con medidas
bestiales, casi crueles. Pero todas las otras ciudades chinas actuaron
antes y fueron capaces de evitar brotes con el cierre de escuelas y
medidas similares muchísimo antes del momento de epidemia que está ahora
Europa [Hernán hablaba el día que el cierre de colegios se había
extendido por toda España]. Para este experto, los límites al contacto
social han llegado tarde.
'Sin dañar el principio de una sociedad transparente y abierta,
recomendamos un sistema de respuesta que combine la participación pública
voluntaria con aplicaciones creativas de tecnología avanzada', explicó
Kim Gang-lip, viceministro de Salud coreano.
Cuarto. La experiencia de países como Corea del Sur o Taiwán, deja
entrever que con las medidas adecuadas, adoptadas en los momentos
precisos, la expansión del COVID-19 se puede controlar debidamente. Y, la
experiencia de España, tan negativa, como evidente, nos permite aprender
de los errores cometidos por el actual ejecutivo, dando una perspectiva
necesaria de lo que es y lo que debió ser.
Desde esa perspectiva, la cooperación para el desarrollo es y debe ser un
instrumento esencial para el impulso y diseminación, a nivel
internacional, de programas que contemplen protocolos para evitar el
contagio y la propagación del COVID-19. Las labores de propagación de las
medidas necesarias que han de adoptarse a nivel mundial, deben
articularse por mecanismos ya operativos que permitan la rápida difusión
de protocolos de seguridad.
En la actualidad, la Cooperación Española tiene presencia en 37 países,
ocupándose de la canalización de la política de cooperación, según sus
diferentes tipologías, y de su implementación mediante modalidades e
instrumentos que llegan a través de los programas, proyectos y
actuaciones que
se desarrollan sobre el terreno. Precisamente por ello, se debe poner en
marcha un proyecto ambicioso de buenas prácticas frente a la expansión
del COVID-19, centrando su canalización a través de la agenda
internacional para la política de cooperación.
Estos informes de buenas prácticas, deben ocupar un lugar importante en la
agenda española de cooperación, y no solo desarrollarse respecto del
COVID-19, sino también, de una forma más genérica, habrían de
desarrollarse programas estructurados que eviten crisis globales.
Quinto. Cuanto antecede, debe ir necesariamente acompañado de una
prevención inmediata para nuestros compatriotas en el extranjero. Para
ello, el protocolo actual de actuación debe ser transmitido a la
Cooperación Española, a todos sus integrantes, paralizando su actividad
de manera inminente y aplicando los protocolos sanitarios a todas las
actividades supervisadas o participadas por nuestros cooperantes. Con tal
actuación, no solo protegemos a estos últimos, sino que evitamos, en la
medida de lo posible, la propagación del virus que ya ahoga a España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Realizar un estudio y análisis de buenas prácticas para hacer frente al
COVID-19, a cuya conclusión, deberá desarrollarse una guía de buenas
prácticas para su difusión a la Cooperación Española.
2. Aplicar esas buenas prácticas a todos los programas de cooperación
española en curso.
3. Desarrollar un futuro programa específico para la diseminación
internacional de esas buenas prácticas por la Cooperación Española frente
a crisis sanitarias globales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2020.-Víctor Manuel
Sánchez del Real, Alberto Asarta Cuevas y Carlos Hugo Fernández-Roca
Suárez, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
Comisión de Igualdad
161/000395
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Lourdes Méndez Monasterio, D.ª María
Teresa López Álvarez, D.ª Rocío de Meer Méndez, D.ª María de la Cabeza
Ruiz Solás y D.ª Carla Toscano de Balbín, en calidad de Portavoz Adjunta
y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
Proposición no de Ley relativa al Pacto de Estado contra la Violencia de
Género, por la que se insta su modificación y la elaboración de una Ley
de Violencia Intrafamiliar, para su discusión en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La familia es el núcleo esencial en torno al cual gira nuestra
convivencia, como espacio vital para el desarrollo y bienestar de sus
miembros, que desempeña una importante función de solidaridad entre
personas y generaciones.
Según el barómetro CIS de octubre de 2017, para el 82,6 % de los
españoles, la familia es la institución más importante; está por encima
incluso de los amigos, el trabajo o el dinero.
Debemos ser conscientes de que cuando hablamos de Estado de Bienestar,
hemos de volver la vista hacia las familias españolas de los últimos
cuarenta años de historia democrática, porque gracias a su talento y su
esfuerzo son ellas las que han contribuido y continúan contribuyendo a
mejorar nuestra sociedad; a prevenir la pobreza, la exclusión social y la
soledad, y lo hacen con su ayuda económica, sus cuidados y sus afectos.
Por ese motivo, no debe llamar la atención que el artículo 39 de la
Constitución
española preste especial atención a la familia, imponiendo a los poderes
públicos el deber de asegurar su protección social, económica y jurídica.
Precisamente, uno de los aspectos más sensibles en los que se debe
concentrar la acción de los poderes públicos es brindar protección a la
familia contra todo tipo de violencia -sea externa o interna- que puedan
sufrir sus miembros. La violencia intrafamiliar abarca todo aquel
comportamiento por parte de un miembro de la familia, de violencia
física, sexual o psicológica que llega a poner en situación de peligro la
seguridad o integridad de otra persona del grupo familiar.
En esa dirección, el propósito del Grupo Parlamentario VOX es proteger de
forma inequívoca la integridad de la familia y de todos sus miembros: los
hijos, abuelos, parejas, sean heterosexuales u homosexuales, y hermanos,
poniendo coto a las agresiones que puedan llegar a producirse.
No es tolerable que por consignas ideológicas, el esfuerzo y los recursos
de todos los ciudadanos se centren únicamente en proteger a la mujer
contra los actos violentos de los que son objeto por parte de sus parejas
masculinas. Sabemos que la mujer no es la única víctima, y por lo tanto,
consideramos injusta cualquier tipo de legislación que excluya al resto
de miembros del núcleo familiar en cuanto a protección se refiere, así
como es igualmente injusto excluir a las parejas homosexuales.
El feminismo radical es quien más ha promovido unas leyes de género, que
además de carecer de base científica, solo contemplan la violencia contra
la mujer cuando es ejercida por un hombre, con el pretendido fin de
luchar por los derechos de la mujer, y percibiendo a esta como a una
víctima del machismo secular de la sociedad en que vivimos. Para culminar
este proceso en el que hay que resarcir a la mujer de todos los agravios
recibidos a lo largo de la historia, la Ley Integral Contra la Violencia
de Género impone el castigo sistemático del hombre, sea inocente o no
-aunque para el feminismo el hombre nunca es inocente; a través de una
fuerte e incansable campaña de demonización, y por medio de esta ley que
favorece y privilegia a la mujer. El Pacto de Estado contra la Violencia
de Género de 27 de diciembre de 2017 y demás leyes de género son las
consecuencias más relevantes de esta nueva forma de entender las
relaciones humanas, que plasman de manera perfecta un espíritu de
venganza contra el sexo masculino, al tiempo que no soluciona el problema
de las mujeres maltratadas, mientras se reparten millones de euros de
todos los españoles en subvenciones. La Ley Integral Contra la Violencia
de Género y el Pacto no implementan medidas realmente eficaces y
efectivas para proteger a la mujer, liquidan garantías constitucionales,
acaban con algunos derechos civiles básicos para la mitad de la población
-como el derecho a la presunción de inocencia, el principio in dubio pro
reo y la igualdad entre todos los españoles- y suprimen garantías
judiciales que son las que al fin y al cabo dan seguridad jurídica al
individuo y fundamentan el Estado de Derecho.
Además, la Ley Integral contra la Violencia de Género y el Pacto de Estado
contra la Violencia de Género vulneran el Convenio de Estambul,
ratificado por España en 2014, que en su artículo 3.B habla
explícitamente de la 'violencia doméstica'; en su artículo 4.3, insta a
las partes a proteger los derechos de todas las víctimas de violencia
doméstica sin discriminación alguna basada en el sexo o la orientación
sexual o cualquier otra situación; en su artículo 7.1 establece que los
Estados deben adoptar las medidas legislativas o de otro tipo necesarias
para adoptar y poner en práctica políticas nacionales para prevenir y
combatir todas las formas de violencia, y en su artículo 11 se conmina a
que los Estados deben recoger datos estadísticos e investigar sobre todas
las formas de violencia doméstica, no solo de violencia contra la mujer
heterosexual.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Promover la modificación del Pacto de Estado contra la Violencia de
Género, así como la derogación de la Ley Integral contra la Violencia de
Género.
2. Presentar a las Cortes Generales un Proyecto de Ley de Violencia
Intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños,
y garantice la igualdad jurídica de todos los españoles, con penas
iguales para todos los casos de violencia en el ámbito familiar,
independientemente del sexo de la víctima y del agresor, y medidas de
protección para todas las víctimas.
3. Promover que solo tengan la condición de víctima las personas a las que
un juez así se lo haya otorgado mediante una sentencia firme, con el fin
de evitar los efectos perniciosos que se producen con respecto a
prestaciones, desincentivando también las denuncias falsas.
4. Excluir de los programas educativos la enseñanza del feminismo y de la
ideología de género que, con la excusa de prevenir el machismo,
transmiten a los menores una imagen deformada del hombre y del ser humano
y de la sexualidad, lesionando el derecho de los padres a elegir el
modelo educativo de sus hijos que contempla el artículo 27.3 de la
Constitución española.
5. Promover la supresión del agravante por género: no se castigará al
hombre por el mero hecho de ser hombre, pues no se puede violar el
principio de igualdad contemplado en el artículo 14 de la Constitución
española: 'Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social'.
6. Velar por el cumplimiento del principio de presunción de inocencia de
todos y cada uno de los acusados, independientemente de su sexo y del
sexo de quien les acuse, reconocido tanto en la Constitución Española, en
su artículo 24.2, como en otros textos internacionales, véase la
Declaración Universal de Derechos Humanos, en cuyo artículo 11, señala
expresamente que 'toda persona acusada de delito tiene derecho a que se
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la
ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las
garantías necesarias para su defensa'.
7. Eliminar las subvenciones otorgadas a asociaciones ideológicas para
prevenir la mal llamada 'violencia machista'.
8. Promover la persecución, de forma prioritaria, de las denuncias falsas,
publicando las cifras reales de dicho tipo de denuncias, eliminando los
requisitos actuales que impone, para su publicación, la Fiscalía General
del Estado.
9. Llevar a cabo la publicación anual de cifras, datos estadísticos
detallados e informes relativos a todos los tipos de violencia doméstica,
independientemente de quién sea el autor y quién sea la víctima.
10. Promover la consideración de estos casos de violencia como 'violencia
doméstica', con base en el artículo 173.2 del Código Penal, proponiendo
el endurecimiento de las penas para los delitos que se encuentran dentro
de este ámbito -lesiones, coacciones y amenazas-.
11. Llevar a cabo la implementación de un modelo de mediación y resolución
de conflictos, con su código ético correspondiente para el grupo de
profesionales que intervengan en estos casos, ahorrando así a las
personas involucradas el coste económico, judicial y emocional que supone
la vía judicial.
12. Establecer la Prisión Permanente para los casos de violencia sexual y
asesinato de excepcional gravedad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2020.-Lourdes
Méndez Monasterio, María Teresa López Álvarez, Rocío de Meer Méndez,
María de la Cabeza Ruiz Solás y Carla Toscano de Balbín,
Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/000424
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª María Teresa López Álvarez, D.ª Lourdes
Méndez Monasterio, D. Juan Luis Steegmann Olmedillas, en sus condiciones
de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX),
respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a implantar nuevas
estrategias en los colegios de Ceuta y Melilla, tanto en el ámbito
formativo como psicopedagógico, para promover que las familias residentes
en ambas Ciudades Autónomas de origen marroquí se vinculen al compromiso
de la escuela, para su discusión en la Comisión de Infancia y
Adolescencia.
Exposición de motivos
La escuela no es el único núcleo de los procesos de Educación, y Ceuta y
Melilla son un ejemplo de ello. Es la familia el mayor centro del
contexto educativo. En ese sentido, los centros educativos de ambas
ciudades se encuentran con el problema del idioma de una parte importante
de la población. Se trata de niños que no dominan bien el español debido
a la falta de integración de sus padres, ya que son niños que desde su
nacimiento no son formados en la lengua nacional, sino en la lengua
materna de sus progenitores, residentes en Ceuta y Melilla de origen
marroquí, el dariya, derivado dialectal del árabe, una circunstancia que
dificulta que dichos niños conozcan el español para poder integrarse en
la escuela, y que está provocando bajos niveles educativos en algunos
centros de educación primaria, ya que el profesorado no puede avanzar sin
esa base.
Por tanto, de no adoptarse medidas, el nivel educativo seguirá mermando y
perjudicando el desarrollo educativo de aquellos niños que sí pueden
continuar perfectamente con el plan del profesorado por curso escolar.
Así, mientras no consigamos integrar a los padres, el efecto seguirá
siendo el de no integración de los niños y su desconocimiento del
español. En noviembre de 2019, el Consejo Escolar del Estado (CEE)
reiteraba su recomendación al Ministerio de Educación y Formación
Profesional de 'elaborar, en el marco de los objetivos para el 2030, un
Plan integral de actuaciones en Ceuta y en Melilla, para equiparar sus
recursos educativos y sus resultados escolares a la media estatal y
europea'.
A juicio de ese órgano, dicho Plan 'debería prever, entre otras, medidas
de choque para garantizar que ningún alumno salga de segundo de Educación
Primaria sin el conocimiento de la lectura y la escritura', una de las
dificultades que se encuentra el profesorado por el problema de
integración existente en las Ciudades Autónomas.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Implantar nuevas estrategias tanto en el ámbito formativo como
psicopedagógico para promover que las familias residentes en Ceuta y
Melilla, de origen marroquí, con hijos escolarizados en las ciudades de
Ceuta y Melilla, se comprometan con la formación reglada de sus hijos,
con el fin de aumentar las posibilidades de éxito escolar de los mismos.
2. Integrar en planes de formación a los padres que no tienen el
conocimiento del idioma oficial del territorio nacional para que den
preferencia al español en el ámbito familiar por encima de la lengua
materna.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2020.-María Teresa
López Álvarez, Lourdes Méndez Monasterio, Juan Luis Steegmann Olmedillas,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/000378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Inés
Granollers i Cunillera y el Diputado Xavier Eritja i Ciuró, al amparo de
lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para establecer una
moratoria a la Instrucción 20N-139 de la Dirección General de Tráfico
para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La Dirección General de Tráfico publicó el pasado febrero la Instrucción
20N-139 que trata de aclarar la situación referente a los aperos
agrícolas y sus requisitos de matriculación.
Desde el pasado 21 de febrero se considera vehículo todos los aperos que
necesiten una rueda de apoyo para desplazarse como arados, gradas,
rodillos, cinceles y máquinas de siembra directa, entre otras, y que no
vayan suspendidos.
Como ya ha manifestado Unió de Pagesos, este tipo de maquinaria supone
aproximadamente el 40 % del total de los aperos agrícolas. Las
asociaciones denuncian que dicha instrucción va a suponer un gran impacto
negativo en términos económicos en el sector por los incrementos de
costes de matriculación. Todo ello en medio de una severa crisis del
sector agrario.
Esta instrucción se ha tomado para adaptar la definición según el marco de
la normativa europea. Con la transposición de la directiva se faculta a
dicha maquinaria a circular por las vías públicas en tanto que vehículo
agrícola y por ello se exigirá que estén homologados, matriculados,
inscritos al Registro Oficial de Maquinaria Agrícola, disponer de seguro
y haber pasado la ITV previamente.
Por todo ello se presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
- Aprobar una moratoria de 18 meses a la entrada en vigor de la
Instrucción 20N-139 de la Dirección General de Tráfico del pasado 21 de
febrero de 2020.
- Establecer un dialogo con los agentes del sector para garantizar que la
trasposición de la legislación comunitaria se lleve a cabo limitando al
máximo la afectación negativa en la competitividad del sector agrario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2020.-Inés
Granollers Cunillera y diputado Francesc Xavier Eritja Ciuró,
Diputados.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario
Republicano.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo
189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en
Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo de 2020.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/000061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana
Diputada doña Patricia de las Heras Fernández, Diputada del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX)
Dirigida al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, don José
Luis Ábalos Meco
Texto:
¿Cree el Gobierno que las declaraciones de la ministra doña Teresa Ribera
Rodríguez en las que afirma que 'quién más viaja en avión es
probablemente quien tiene más recursos o quien ve sus billetes sufragados
por la empresa', son positivas para el desarrollo del turismo y del
transporte aéreo en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2020.-Patricia de
las Heras Fernández, Diputada.
181/000062
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana
Diputada doña Patricia de las Heras Fernández, Diputada del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX)
Dirigida al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, don José
Luis Ábalos Meco
Texto:
¿Cómo va a afectar al turismo, tanto nacional como internacional, y a la
conectividad entre la España insular y peninsular el anuncio del
Ministerio de Hacienda de sometimiento a consulta pública de un nuevo
gravamen al transporte aéreo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2020.-Patricia de
las Heras Fernández, Diputada.
181/000064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana
Diputada doña Patricia de las Heras Fernández, Diputada del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX)
Dirigida al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, don José
Luis Ábalos Meco
Texto:
¿Se está planteando el Gobierno ceder la completa gestión de los trenes de
media distancia y cercanías en Cataluña al Gobierno de la comunidad
autónoma española de Cataluña, así como ceder competencias con respecto a
los puertos y aeropuertos sitos en Cataluña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2020.-Patricia de
las Heras Fernández, Diputada.
181/000068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana
Diputada doña Patricia de las Heras Fernández, Diputada del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX)
Dirigida al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, don José
Luis Ábalos Meco
Texto:
¿Por qué en los servicios ferroviarios de Alta Velocidad los trenes solo
pueden ir a un tercio de su capacidad, para garantizar la distancia entre
pasajeros, pero en los servicios de cercanías no se aplica esta
restricción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2020.-Patricia de
las Heras Fernández, Diputada.
181/000069
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana
Diputada doña Patricia de las Heras Fernández, Diputada del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX)
Dirigida al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, don José
Luis Ábalos Meco
Texto:
¿Cree el Gobierno que su gestión de los servicios de cercanías ha puesto
en riesgo a los ciudadanos, debido a las aglomeraciones que se han
producido el primer día laborable en Estado de alarma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2020.-Patricia de
las Heras Fernández, Diputada.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/000054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y
Turismo
Diputado don Agustín Almodóbar Barceló
Texto:
La Ministra de Industria, Comercio y Turismo afirmó en su comparecencia en
el Congreso el 19 de febrero que la suspensión del Mobile World Congress
no se había producido por la enfermedad por coronavirus (COVID-19).
¿A qué motivos obedece por tanto tal suspensión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-Agustín
Almodóbar Barceló, Diputado.
181/000070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y
Turismo
Diputada doña Mireia Borrás Pabón, Diputada del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX)
Dirigida al Vicepresidente Segundo del Gobierno, don Pablo Iglesias
Turrión
Texto:
¿Qué opinión le merece al Vicepresidente Segundo del Gobierno, Pablo
Iglesias, la donación de material sanitario por parte del empresario
Amancio Ortega para ayudar a su país, así como la disposición de todos
sus recursos de aprovisionamiento, gestión comercial y logística al
Gobierno de España, ante las enormes carencias y desprotección provista
de nuestros sanitarios durante esta crisis? ¿Considera que la ineficaz
gestión de este Gobierno ha condicionado la donación y movilización de
recursos por parte del empresario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2020.-Mireia Borrás
Pabón, Diputada.
Comisión de Cultura y Deporte
181/000067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura y Deporte
Diputado don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez, Diputado del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX)
Dirigida a la Presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), doña
Irene Lozano Domingo
Texto:
¿Cuáles son los motivos por los que se ha producido el cese del Sr. Ramón
Barba, tras más de 20 años desempeñando sus funciones como subdirector
general de régimen jurídico en el CSD?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2020.-Rafael
Fernández-Lomana Gutiérrez, Diputado.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
181/000071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Económicos y
Transformación Digital
Diputado don Ferran Bel Accensi
Dirigida a la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Texto:
¿Cuáles son las razones del Gobierno para suspender la portabilidad de
numeración en los servicios de telecomunicaciones, contemplada en el
artículo 20 del RDL 8/2020?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2020.-Ferran Bel
Accensi, Diputado.
Comisión de Sanidad y Consumo
181/000063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo
Diputado don Juan Luis Steegmann Olmedillas, Diputado del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX)
Dirigida al Ministro de Sanidad, don Salvador Illa Roca
Texto:
¿Se está planteando el Gobierno incluir dentro de las Áreas de
Capacitación Específica la incorporación de la especialidad médica en
Urgencias y Emergencias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2020.-Juan Luis
Steegmann Olmedillas, Diputado.
181/000065
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo
Diputado don Juan Luis Steegmann Olmedillas, Diputado del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX)
Dirigida al Ministro de Sanidad, don Salvador Illa Roca
Texto:
¿Se está planteando el Gobierno cubrir las plazas de interinos únicamente
mediante médicos que posean la titulación de médico especialista
requerida para el puesto para el que se le contrata?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2020.-Juan Luis
Steegmann Olmedillas, Diputado.
181/000066
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo
Diputado don Ignacio Garriga Vaz de Concicao, Diputado del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX)
Dirigida al Ministro de Consumo, don Alberto Garzón Espinosa
Texto:
¿Qué medidas tiene previsto implementar el Ministerio de Consumo para
proteger a los consumidores que han tenido que cancelar, fruto de la
pandemia del COVID-19, billetes de avión, barco o tren, viajes
programados con estancias hoteleras, reserva de vehículos, etc. y que no
disponían de seguro y, por tanto, no tienen garantizado el reembolso del
dinero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2020.-Ignacio Garriga
Vaz de Concicao, Diputado.