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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 408, de 01/03/2022
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 408, de 01/03/2022
223 Carlota García Encina. 2001. La retirada de Afganistán y sus
implicaciones para la Administración Biden. Real Instituto El Cano. ARI
73/2021.
Occidente tuvo que evacuar apresuradamente al contingente de militares,
diplomáticos y al grueso de colaboradores afganos de los distintos países
que habían trabajado en el terreno durante las últimas dos décadas.
Estados Unidos lideró, junto con la reconocida contribución de España, la
evacuación de más de 110.000 personas en el plazo de dos semanas. No
obstante, se calcula que alrededor de 150.000 y 170.000 afganos 224 que
trabajaron junto con los países aliados fueron abandonados. Fuimos
testigos de las dramáticas situaciones que se vivieron en el aeropuerto
internacional de Kabul, sintiendo la desesperación de miles de afganos
que huían de la represión del régimen talibán. Sin embargo, muchas y
muchos ciudadanos afganos no pudieron alcanzar su esperanza.
Tras la toma del país y la posterior evacuación, el pueblo afgano fue, y
sigue siendo, el más perjudicado por la situación política del país.
Fundamentalmente los derechos humanos y, especialmente, los derechos de
las mujeres y niñas, han sido silenciados, olvidados, quebrantados y
perseguidos por el régimen talibán.
Los talibanes están incumpliendo sistemáticamente el acuerdo alcanzado
para la retirada de las tropas: han desmantelado el Ministerio de la
Mujer, obviando la integración de las mujeres en la vida pública y
vetando los puestos de liderazgo para las mujeres. Mujeres líderes,
funcionarias y activistas están siendo reprimidas con el temor a que sea
derogada la ley contra la violencia de género. Se están produciendo
vulneraciones de los derechos humanos hacia el colectivo LGTBI y las
diferentes minorías étnicas y religiosas, empeorando notablemente los
estándares democráticos y de libertades alcanzados durante las últimas
dos décadas.
El Parlamento Europeo, en su resolución del 15 de septiembre de 2021, hizo
un llamamiento a poner fin a la violencia, a mejorar los esfuerzos para
la evacuación, a seguir apoyando a las mujeres y niñas afganas, al
incremento de la ayuda humanitaria y a la articulación de una respuesta
sólida frente a los refugiados afganos, entre otras cuestiones 225.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su resolución de 22 de
diciembre de 2021 destacó: 'El importante papel que las Naciones Unidas
seguirán desempeñando en la promoción de la paz y la estabilidad en
Afganistán, reafirmando su inquebrantable compromiso con la soberanía, la
independencia, la integridad territorial y la unidad nacional de
Afganistán, así como su apoyo constante al pueblo de Afganistán.' 226.
Afganistán se enfrenta actualmente a una crisis política y humanitaria que
está haciendo mella en su población y, particularmente, en los colectivos
en situación de vulnerabilidad. El Gobierno español ha contribuido con 20
millones de asistencia humanitaria a la catástrofe que se vive en el
país, ejecutando los primeros 7 millones durante el año 2021 227. Hay que
ser muy conscientes que escasean alimentos, agua, medicinas y bienes de
primera necesidad. Según la ONU: 'Afganistán se enfrenta a una crisis
humanitaria sin precedentes con un elevado riesgo de colapso estructural.
El 55 % de la población precisará ayuda humanitaria durante este año y
unos 23 millones de afganos sufren hambre aguda. Los planes de respuesta
humanitaria y para refugiados proporcionarán socorro a 22 millones de
afganos y apoyarán a 5,7 millones de desplazados y a las comunidades
locales en cinco países vecinos.' 228.
El pueblo afgano ha necesitado apoyo de la cooperación internacional de
manera permanente, siendo uno de los países más dependientes del mundo.
El 75 % del presupuesto afgano procedía de la comunidad internacional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Mantener la ayuda humanitaria destinada al pueblo afgano desde el
Gobierno de España por medio de los diversos organismos multilaterales
humanitarios y trabajar en el seno de la UE para asegurar un esfuerzo
sostenido que atienda las necesidades humanitarias de la población.
224 Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Afganistán.
[2021/2877(RSP)].
225 Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Afganistán.
[2021/2877(RSP)].
226 Consejo de Seguridad. Resolución 2615 (2021). Aprobada por el Consejo
de Seguridad en su 8941.ª sesión, celebrada el 22 de diciembre de 2021
[S/RES/2615 (2021)].
227
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021
/refc20211214.aspx.
228 https://news.un.org/es/story/2022/01/1502362.
2. En el marco de la AECID, apoyar los llamamientos para dar una respuesta
humanitaria y 'humanitaria plus' que necesita la población afgana sin
olvidar, cuando las circunstancias lo permitan, posibles acciones en
desarrollo necesarias para evitar el colapso del país.
3. Seguir trabajando con los diferentes países limítrofes en el apoyo a
las personas desplazadas y refugiadas y a las comunidades de acogida.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2022.-María
Guijarro Ceballos, Javier Cerqueiro González, Josefa Andrés Barea, Gemma
Araujo Morales, Julio del Valle de Iscar, Luc André Diouf Dioh, Sonia
Ferrer Tesoro, José Losada Fernández, Esther Padilla Ruiz, Pere Joan Pons
Sampietro, Susana Sumelzo Jordán y Noemí Villagrasa Quero, Diputados.-Ana
Belén Fernández Casero y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/003761
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
mantener la exención de tributación de las indemnizaciones recibidas por
las víctimas de la siniestralidad vial o sus familiares, para su debate
en la Comisión sobre Seguridad Vial.
Exposición de motivos
Las víctimas de la siniestralidad vial se verán obligadas a tributar por
la indemnización que reciban de las compañías aseguradoras, si la
disposición final segunda del anteproyecto de Ley de Medidas de
Eficiencia Procesal acaba entrando en vigor. Este texto legislativo fue
impulsado por el Ministerio de Justicia y además aprobado por el Consejo
de Ministros el día 15 de diciembre de 2020.
El precepto incorpora una novedad en la tributación del IRPF de las
indemnizaciones al someter a tributación aquellas en las que se alcance
un acuerdo amistoso entre las partes a través de un mediador o 'un
tercero neutral', y para ello se requiere el otorgamiento de 'escritura
pública cuando el pago lo realiza una entidad aseguradora'. Esto
supondría que las víctimas o los familiares tendrían que hacer frente a
los gastos que comporta la introducción de estos dos nuevos requisitos en
la ley.
De aprobarse el precepto en el anteproyecto se quebraría el principio de
reparación integra o total indemnidad de las víctimas, pues parte de la
indemnización se destinaría al pago de impuestos.
Por contra, las indemnizaciones decretadas por un juzgado estarían todas
ellas exentas de tributación, circunstancia esta última por la que
optarían buena parte de las víctimas convirtiendo esta medida en ineficaz
si de lo que se trata es de descongestionar la carga de trabajo que
tienen acumulada los juzgados en nuestro país.
En consecuencia, lo que se estaría penalizando a través de este propósito
sería el acuerdo, el pacto o la conformidad entre las partes, hecho que
en modo alguno debería gravarse con una medida fiscal sino incentivarse
como medio primero de resarcimiento del daño.
Esta medida ha contado con la enérgica reacción adversa de los colectivos
que representan a los profesionales intervinientes, a las compañías
aseguradoras y a las víctimas de accidentes de tráfico que no aceptan la
inclusión de esta medida y a su vez piden su retirada o reformulación.
La asociación empresarial del seguro, y el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), exigen que las
indemnizaciones por accidentes de tráfico sigan exentas de tributación en
su totalidad.
El Consejo General de la Abogacía Española también se ha mostrado en
contra y advierte sobre el 'incremento de los procedimientos judiciales
en casos que hasta ahora se resolvían por la vía amistosa, normalmente
con las aseguradoras, para evitar la tributación planteada'.
Por último, la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y
Responsabilidad Civil (ANAVA-RC) señala que 'estos ciudadanos más
vulnerables son perjudicados por la culpa o negligencia de un tercero que
les provoca un daño corporal que debe ser resarcido en su totalidad y se
vería totalmente afectado en el supuesto que sea aprobada la mencionada
Disposición'.
Vista la reacción adversa que ha creado la iniciativa legislativa del
Ministerio de Justicia -con la más que presumible complicidad del
Ministerio de Hacienda-, la frustración que significa para las víctimas
la obligación de someter sus indemnizaciones a tributación y sobre todo
la proliferación de reclamaciones por vía judicial que puede provocar su
entrada en vigor, se hace necesario la inmediata retirara de la medida
con carácter previo a su aprobación por el Consejo de Ministros como
Proyecto de Ley, y su presentación para la tramitación en las Cortes
Generales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a retirar del anteproyecto
de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal la disposición final segunda a
fin de mantener exentas de tributación las indemnizaciones recibidas por
las víctimas de los accidentes de tráfico o sus familiares antes de su
aprobación como Proyecto de Ley.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2022.-Óscar Gamazo
Micó, Jaime Miguel Mateu Istúriz, Miguel Ángel Jerez Juan y Luis
Santamaría Ruiz, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003773
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Inés
Granollers Cunillera, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley para la señalización de curvas peligrosas para su debate en la
Comisión de Seguridad Vial.
Exposición de motivos
Los siniestros viales con víctimas mortales y heridos graves en Cataluña
representaron en 2021 el 40 % del total de los accidentes en que se
vieron involucrados motoristas.
Esta elevada tasa de siniestralidad puede explicarse por diversos
factores: la falta de pericia, la subestimación del riesgo que presenta
la curva, la falta de consciencia de la propia fragilidad o la
insuficiente sensibilización de otros conductores sobre la misma.
Por este motivo, el Servei Catalá de Tránsit empezó en octubre de 2019 en
la carretera BV-2115 (Castellet y la Gornal), alrededor del pantano de
Foix, una prueba piloto de señalización vertical y horizontal
específicamente dirigida a motoristas. Esta prueba piloto se concretó en
un trazado de 3,7 kilómetros con 22 curvas donde se combinan las nuevas
señales horizontales (pintura en la calzada) con otras verticales (placas
informativas) con la advertencia 'Atención motos'. Otros países europeos
como Austria o Luxemburgo también han implementado este tipo de medidas.
En el Estado español, la Comunidad Autónoma de La Rioja, con acuerdo de la
DGT, impulsó en otoño de 2018, en el marco de una campaña de promoción
turística, las llamadas 'Rutas Moteras'. En estas rutas, se han instalado
una novedosa señalización en la calzada, específica para motociclistas,
que recomienda la forma más adecuada de realizar la trazada, así como una
señalización vertical para aclarar a todos los usuarios de la vía la
finalidad y exclusividad de esta medida.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:
1. Estudiar la localización de los tramos de concentración de siniestros
en que se ven involucradas motocicletas, sobre todo curvas de punto ciego
y curvas de inclinación media, en la Red de Carreteras del Estado.
2. Señalizar, en la Red de Carreteras del Estado, por un método de
colocación de marcas de pintura en la calzada que el motorista evitará
pisar y así no invadirá el sentido contrario de la marcha.
3. Valorar la elección en función de la utilidad de dicha señalización
horizontal de preaviso a la hora de encarar la curva, descartando la
señalización horizontal en curvas en zigzag siempre y cuando haya
visibilidad. Se propone en este caso, la señalización nueva de una línea
continua.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2022.-Inés
Granollers Cunillera, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo
Parlamentario Republicano.
Comisión de Política Territorial
161/003759
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley para seguir reforzando la cooperación interterritorial entre
todas las administraciones públicas fomentando el diálogo y el acuerdo,
para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
Las Comisiones Bilaterales de Cooperación se fueron constituyendo a partir
de finales de los años ochenta, sin una previsión legal específica, como
órganos bilaterales de cooperación entre el Estado y las Comunidades
Autónomas.
La primera regulación con rango legal de las Comisiones Bilaterales de
Cooperación se produjo en de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. En su artículo 5.2
se las definía como órganos de cooperación de composición bilateral y de
ámbito general que reúnen a miembros del Gobierno, en representación de
la Administración General del Estado, y a miembros del Consejo de
Gobierno, en representación de la Administración de la respectiva
Comunidad Autónoma.
A estas Comisiones se les atribuyeron nuevas funciones con la reforma del
artículo 33 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, mediante la Ley
Orgánica 1/2000, de 7 de enero, con la finalidad de evitar el
planteamiento de conflictos ante el Tribunal Constitucional.
La mayor parte de los Estatutos de Autonomía aprobados en 2006 y 2007,
regularon de manera más extensa la cooperación bilateral,
fundamentalmente a través de Comisiones Bilaterales. De esta manera, los
Estatutos de Cataluña, Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura y
Canarias otorgaron mayor relevancia a las Comisiones Bilaterales de
Cooperación, como órganos permanentes de cooperación de carácter general.
Además, los Estatutos de Cataluña, llles Balears, Andalucía, Aragón y
Extremadura crearon otros órganos específicos de cooperación en materias
económico-fiscales.
Para el actual Gobierno de España la cohesión territorial es fundamental
porque ello implica también cohesión social. Desde el comienzo de la
actual legislatura este ha sido uno de los ejes fundamentales del
Ministerio de Política Territorial y en ello está trabajando, poniendo el
énfasis en una mejor y más amplia coordinación con todos los territorios,
autonomías y ayuntamientos.
El marco para efectuar este proceso pivota sobre la cogobernanza,
cogobernanza que se ha puesto de manifiesto hasta en 19 ocasiones,
habiéndose reunido los presidentes autonómicos durante estos dos años,
así como en diversas conferencias sectoriales, que se han multiplicado
por 200 en el número de reuniones, pasando de una media anual de 56
reuniones a 169 en 2020. En 2021, el Gobierno ha mantenido este
compromiso, celebrándose hasta hoy 171 reuniones.
El Ministerio de Política Territorial ha alcanzado durante los dos
primeros años de la XIV Legislatura un total de 95 acuerdos con las
comunidades autónomas, que han evitado conflictos de competencias y
recursos ante el Tribunal Constitucional.
En este balance positivo en el ecuador de la Legislatura, resultado de la
política de impulso al diálogo y a la negociación para reducir la
conflictividad, destacan los acuerdos alcanzados en el último año. En
2021, se alcanzaron 55 acuerdos finales.
Comparando estos datos con el año anterior, hay que destacar el incremento
de acuerdos finales alcanzados en 2021 respecto a 2020, puesto que en
2020 se firmaron 31 acuerdos finales.
Desde el inicio de la XIV Legislatura se han alcanzado un total de 89
acuerdos finales totales y 6 acuerdos finales parciales (con
independencia de que el acuerdo de inicio se haya firmado o no en la
presente Legislatura), haciendo un total conjunto de 95 acuerdos finales.
Las comunidades autónomas que más acuerdos han alcanzado con el Estado
son las de Cataluña (13), Canarias (12), llles Balears (10), Galicia (7)
y Andalucía, Navarra y Murcia (6 cada una de ellas).
Desde junio de 2018, cuando el PSOE accedió al Gobierno, se han aprobado
1.016 normas autonómicas con rango de Ley, sobre las que el Estado solo
ha interpuesto 23 recursos, lo que representa que se han recurrido solo
el 2,26 % de las normas autonómicas aprobadas en este período.
En comparación con el periodo comprendido entre julio de 2016 a junio 2018
de la XII Legislatura, se aprobaron 391 normas autonómicas con rango de
Ley, sobre las que el Estado interpuso recurso de inconstitucionalidad
contra 37, lo que representa que se recurrió el 9,46 % de las normas
autonómicas aprobadas en dicho periodo.
Por tanto, la conflictividad se ha reducido en un 76,1 % dado que entre
julio de 2016 y junio de 2018 se recurrió el 9,46 % de la normativa
aprobada y desde junio de 2018 se ha recurrido el 2,26 % de la normativa
aprobada hasta hoy.
Es necesario seguir reforzando la cooperación interterritorial entre todas
las administraciones, recuperando el diálogo y la negociación para
conocer mejor las necesidades de cada territorio y poder darles
respuesta.
Es por ello que el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir impulsando la cogobernanza entre todas las administraciones
públicas, Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, fomentando
la colaboración multilateral y la cooperación territorial.
2. Potenciar las reuniones de las Comisiones Bilaterales de Cooperación
con todas las Comunidades Autónomas, reforzando el diálogo y la
negociación, para avanzar en los traspasos de competencias pendientes,
impulsar el desarrollo de los estatutos de autonomía, clarificando la
distribución competencial y reduciendo la conflictividad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2022.-Josefa
Andrés Barea, Antidio Fagúndez Campo, Ariagona González Pérez, Patxi
López Álvarez, Gema López Somoza, José Losada Fernández, Inmaculada Oria
López, Esther Padilla Ruiz, Raquel Pedraja Sáinz, José Luis Ramos
Rodríguez, Herminio Rufino Sancho Íñiguez y Uxía Tizón Vázquez,
Diputados.-Isaura Leal Fernández y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del
Grupo Parlamentario Socialista.
161/003780
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, al amparo
del artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, sobre la creación y dotación de Fondos
extraordinarios para paliar los efectos ocasionados por el COVID-19 a las
Entidades Locales, para su debate en Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares constituyen las
administraciones más accesibles a los ciudadanos que les demandan
servicios públicos de calidad y les reclaman soluciones a sus necesidades
y problemas.
Las Entidades Locales siempre han respondido de manera eficaz a esas
exigencias de sus vecinos excediéndose, en muchas ocasiones, de las
competencias propias que tienen asignadas y, además, han jugado un papel
fundamental en la prestación de servicios públicos básicos en todos los
pueblos y ciudades de España.
Un papel decisivo y fundamental que las Entidades Locales españolas han
vuelto a ejercer desde el inicio la pandemia provocada por el COVID-19.
Así, desde el mes de marzo de 2020, los Ayuntamientos, Diputaciones,
Cabildos y Consells Insulares han puesto en marcha muy distintas medidas
para contener la expansión del virus, proteger a su población y apoyar a
los ciudadanos más vulnerables, siendo pioneras en implantar programas y
ayudas para paliar los efectos de la crisis sanitaria, social y económica
derivada de la pandemia.
Mientras esto sucedía, el Gobierno de España no ha destinado ni un solo
euro a apoyar a las Entidades Locales en su lucha contra el virus. Un año
después de la declaración del estado de alarma, y a pesar de sus
declaraciones y promesas, no ha adoptado ni una sola medida destinada a
paliar las negativas consecuencias que la pandemia ha tenido en estas
corporaciones demostrando su falta de respeto a la autonomía de las
Entidades Locales y al marco jurídico que las regula, así como una grave
deslealtad a los gobiernos locales y a todos los vecinos a los que
representan.
Ante esta realidad, el Partido Popular ha reclamado en diversas ocasiones:
1. La creación del fondo de reconstrucción para las Entidades Locales; un
compromiso asumido por diversos ministros del Gobierno en diferentes
ocasiones que no se ha cumplido.
2. La creación de un Fondo de Transporte, fundamental para el
sostenimiento de este servicio público que, debido al descenso de
usuarios durante 2020 y lo que llevamos de 2021, ha dejado a numerosas
ciudades en situaciones extremas.
3. Un decreto de gestión de los fondos europeos que garantizase una
participación real y transparente de las Entidades Locales en los mismos,
y en una cantidad equivalente a lo que supone su participación en el
gasto público del Estado.
Pero esta reclamación no es exclusiva del Partido Popular. Más bien al
contrario, alcaldes de todos los partidos políticos se han sumado a estas
reivindicaciones y particularmente, la Federación Española de Municipios
y Provincias se ha implicado en diversas iniciativas. En primer lugar, en
su día remitió al Congreso de los Diputados 26 enmiendas a los
Presupuestos Generales del Estado para 2021 reclamando algunas de estas
medidas. Y más recientemente, el pasado 23 de febrero, aprobando por
unanimidad en su Junta de Gobierno una declaración sobre la participación
directa de las Entidades Locales en el Fondo de Recuperación de la Unión
Europea.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno -en coordinación con las
diferentes administraciones públicas y el resto de las fuerzas políticas-
a aprobar y dotar de manera urgente un Fondo de Reconstrucción Local por
valor de, al menos, 4.000 millones de euros.
A aprobar de manera urgente un Fondo de Transporte por valor de, al menos,
1.000 millones de euros, ampliable para poder hacer frente a los efectos
puedan producirse durante 2021.
A reconocer el protagonismo que las Entidades Locales deben tener en la
gestión directa de Fondos de la Unión Europea para la reconstrucción,
haciendo efectiva la transferencia del 14,56 % de los mismos, que
equivale a la participación de la Administración Local en el gasto
público del Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2022.-Antonio
González Terol, Diputado.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
liquidación de las CCAA en 2022 y 2023 respecto a las entregas a cuenta
de 2020 y 2021, para su debate en Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
La excepcionalidad de la crisis sanitaria y económica ha impactado de
forma directa tanto en las comunidades autónomas como en los entes
locales, que han visto reducidos sus ingresos al tiempo que han aumentado
sus gastos para poder hacer frente a las consecuencias sanitarias,
económicas y sociales de la pandemia. No olvidemos que las Comunidades
Autónomas (CCAA), entre otras, tienen transferidas las competencias en
sanidad, en educación y en la mayoría de los servicios sociales. Además,
ha sido este nivel de administración pública la que ha adoptado
diferentes medidas (tanto fiscales como ayudas directas) para apoyar a
autónomos y pymes e intentar mantener el empleo.
La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, LOFCA,
regula los recursos financieros de estas administraciones públicas, que
son los tributos cedidos, la transferencia del Fondo de Garantía de
Servicios Públicos Fundamentales y el Fondo de Suficiencia Global.
El más importante de ellos, los tributos cedidos, conforman lo que se
denomina en la propia ley como 'capacidad tributaria de las Comunidades
Autónomas', y que se nutre de los siguientes recursos tributarios:
- La recaudación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, de
los Tributos sobre el Juego y Tasas afectas a los servicios transferidos.
- La recaudación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos y del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte.
- La Tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, que asciende al 50 % de los residentes en la Comunidad Autónoma.
- La cesión del 50 % de la recaudación líquida por Impuesto sobre el Valor
Añadido.
- La cesión del 58 % de la recaudación líquida por los Impuestos
Especiales de Fabricación sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas
Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre el Alcohol y Bebidas
Derivadas, sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco.
- Y la cesión del 100 % de la recaudación líquida por el Impuesto sobre la
Electricidad.
Cada año, y coincidiendo normalmente con la aprobación de los Presupuestos
Generales del Estado, el ejecutivo central hace una estimación de
ingresos tributarios y transfiere a las CCAA unas entregas a cuenta de
esos ingresos estimados. Dos años después, cuando se conoce la
liquidación definitiva, se realiza una compensación a favor de las CCAA
(si las entregas a cuenta que recibieron dos años antes fueron menores
que los ingresos tributarios reales) o a favor de la Administración
General del Estado (si las entregas a cuenta que recibieron dos años
antes las CCAA fueron mayores que los ingresos tributarios reales).
La solución adoptada por el ejecutivo central en 2020, incrementando las
entregas a cuenta un 1,6 % a pesar de que se sabía que, como consecuencia
de la pandemia, se produciría una fuerte caída de los ingresos
tributarios, va a generar un problema en 2022 cuando deba realizarse la
liquidación definitiva y las CCAA tengan que devolver a la Administración
Central del Estado una cantidad que, como veremos, supera los 6.000
millones de euros. Y esto mismo se va a repetir en 2023, cuando se tenga
que liquidar la recaudación definitiva de 2021, puesto que tampoco se van
a cumplir las sesgadas estimaciones de ingresos que se incluyeron en los
Presupuestos Generales del Estado del año en curso.
Analizando la recaudación real en 2020 de las figuras tributarias que
conforman la capacidad tributaria de las CCAA podemos calcular el tamaño
del agujero que se les ha creado en 2022:
- La recaudación por IRPF, que ha subido un 1,2 %, es la única que no
tiene un impacto significativo respecto a lo previsto en las entregas a
cuenta.
- La recaudación por IVA ha caído un -11,5 % pasando de 71.538 ME en 2019
a 63.337; el impacto en la liquidación de 2022 es de -4.673 M para las
CCAA.
- La recaudación por Impuestos Especiales ha caído un -12,1 %, pasando de
21.380 ME a 18.790 ME, lo que tiene un impacto en la liquidación de
-1.466 M para las CCAA.
Teniendo en cuenta que en 2022 aún no se habrán recuperado los niveles de
actividad previos a la pandemia y que el Gobierno ha incumplido su
compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica, ninguna
Comunidad Autónoma va a poder hacer frente a esta deuda que el Gobierno
le ha generado de forma consciente, probablemente para poder
chantajearlas en la tramitación de los próximos
Presupuestos Generales del Estado tal y como hizo en 2019 con los 2.500 M
que les debía por la implantación del SIl y que, las CCAA han perdido de
forma definitiva, por no acceder al chantaje de apoyar los PGE de ese
año.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar los mecanismos que sean necesarios para impedir que se produzca
el desajuste económico-financiero resultante del saldo negativo que se
generará en 2022 y 2023, cuando se calcule la liquidación definitiva y se
compare con las entregas a cuenta recibidas en 2020 y 2021.
2. Dar los pasos necesarios para reformar el sistema de financiación
autonómica para garantizar una financiación justa, suficiente, equitativa
y solidaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2022.-Carolina
España Reina, Javier Bas Corugeira, Mario Garcés Sanagustín y Eloy Suárez
Lamata, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003782
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
liquidación de los Entes Locales en 2022 y 2023 respecto a las entregas a
cuenta de 2020 y 2021, para su debate en Comisión de Política
Territorial.
Exposición de motivos
La excepcionalidad de la crisis sanitaria y económica ha impactado de
forma directa tanto en las comunidades autónomas como en los entes
locales, que han visto reducidos sus ingresos al tiempo que han aumentado
sus gastos para poder hacer frente a las consecuencias sanitarias,
económicas y sociales de la pandemia. No olvidemos que las CCAA, entre
otras, tienen transferidas las competencias en sanidad, en educación y en
la mayoría de los servicios sociales.
Por su parte, el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local establece las competencias reservadas a
los municipios, un amplio listado que convierte estas administraciones
públicas en la base de los servicios que el Estado presta a los
ciudadanos y que van desde la policía local, protección civil, prevención
y extinción de incendios, protección de la salubridad pública, promoción
del deporte, la cultura y la igualdad entre hombres y mujeres, a la
vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, entre otros.
La ventaja del ámbito local es doble. De una parte, los 8.131 municipios
que hay en nuestro país garantizan la máxima cercanía al ciudadano y los
convierten en el primer lugar al que acuden las familias cuando tienen
problemas, como ha quedado más que evidenciado con la crisis económica y
social que ha seguido a la crisis sanitaria. De otra, su versatilidad
permite adaptar las políticas públicas generales a las especificidades y
singularidades de cada territorio, logrando que su ejecución sea más
eficiente y eficaz. Y además lo puede hacer con una capacidad de reacción
de la que adolece la administración central del Estado.
Por eso, desde el inicio de la pandemia provocada por el virus COVID-19
las entidades locales se adelantaron al propio gobierno central y
pusieron en marcha medidas para contener la expansión del virus, para
preservar la salud de empleados públicos y vecinos, y también para paliar
los efectos de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la
pandemia.
Un esfuerzo extraordinario realizado por los gobiernos locales que no se
ha visto correspondido por el Gobierno de España, que no solo no ha
destinado un solo euro a apoyar a las entidades locales en su lucha
contra el virus y las negativas consecuencias del mismo, sino que intentó
apropiarse de los remanentes de tesorería que estas administraciones
fueron ahorrando desde 2012 (en una propuesta que
la unión del municipalismo consiguió tumbar) y, además, le ha generado de
forma consciente un problema en 2022 y 2023.
Recordemos que a las provincias y los municipios que sean capitales de
provincia o de Comunidad Autónoma, o aquellos que tengan más de 75.000
habitantes, se les cede una parte del IRPF, del IVA y de los impuestos
especiales sobre alcoholes, hidrocarburos y labores del tabaco (que
oscila entre el 1 % y el 3 %, aproximadamente, dependiendo del impuesto y
de si se trata de un municipio o una provincia). Por otra parte, los
denominados 'municipios turísticos' (aquellos que, no cumpliendo los
requisitos para acceder al sistema de cesión de impuestos tienen una
población superior a 20.000 habitantes y un número de viviendas de 2.a
residencia superior al de viviendas principales) también se financian
mediante una participación en los tributos del Estado de carácter mixto,
en el que además de participar en el modelo general de variables se
incluyen elementos relacionados con la cesión de rendimientos de los
impuestos especiales sobre hidrocarburos y sobre las labores del tabaco
imputables a los mismos.
Cada año, y coincidiendo normalmente con la aprobación de los Presupuestos
Generales del Estado, el ejecutivo central hace una estimación de
ingresos tributarios y transfiere a las Entidades Locales (EELL) unas
entregas a cuenta de esos ingresos estimados. Dos años después, cuando se
conoce la liquidación definitiva, se realiza una compensación a favor de
las EELL (si las entregas a cuenta que recibieron dos años antes fueron
menores que los ingresos tributarios reales) o a favor de la
Administración General del Estado (si las entregas a cuenta que
recibieron dos años antes las EELL fueron mayores que los ingresos
tributarios reales).
La solución adoptada por el ejecutivo central en 2020, incrementando las
entregas a cuenta un 1,6 % a pesar de que se sabía que, como consecuencia
de la pandemia, se produciría una fuerte caída de los ingresos
tributarios (finalmente han caído un -8,8 %), va a generar a las
Entidades Locales un problema en 2022 y 2023 cuando deba realizarse la
liquidación definitiva y tengan que devolver a la Administración Central
del Estado el exceso recibido en 2020 y 2021.
Teniendo en cuenta que en 2022 aún no se habrán recuperado los niveles de
actividad previos a la pandemia y que el Gobierno ha incumplido su
compromiso de reformar el sistema de financiación local, ninguna Entidad
Local va a poder hacer frente a esta deuda que el Gobierno le ha generado
de forma consciente, puesto que le hemos advertido de forma reiterada de
esta circunstancia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar los mecanismos que sean necesarios para impedir que se produzca
el desajuste económico-financiero resultante del saldo negativo que se
generará en 2022 y 2023, cuando se calcule la liquidación definitiva y se
compare con las entregas a cuenta recibidas en 2020 y 2021 por las
Entidades Locales.
2. Dar los pasos necesarios para reformar el sistema de financiación local
para garantizar la suficiencia económica que el artículo 140 y siguientes
de la Constitución Española reconocen a la Administración Local.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2022.-Carolina
España Reina, Javier Bas Corugeira, Mario Garcés Sanagustín, Antonio
González Terol y Eloy Suárez Lamata, Diputados.-Concepción Gamarra
Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/071263
Advertido error en uno de los autores de la citada iniciativa, publicada
en el 'BOCG. Congreso de los Diputados' serie D, núm. 382, de 28 de
diciembre de 2021, página 55, se subsana a continuación:
Donde dice: 'Borràs Castanyer, Laura', debe decir: 'Gil Lázaro, Ignacio
(GVOX)'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2022.
184/072829
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Asens Llodrà, Jaume (GCUP-EC-GC).
Cortés Gómez, Ismael (GCUP-EC-GC).
Retirada de su pregunta sobre actuaciones de la AEPD (Agencia Española de
Protección de Datos).
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de
referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la
iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2022.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de
los Diputados', serie D, núm. 387, de 17 de enero de 2022.