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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 332, de 28/09/2021
cve: BOCG-14-D-332
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parte 1
parte 2
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
28 de septiembre de 2021
Núm. 332
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
153/000003 Creación de la Comisión para el estudio del precio de la luz y la mejora del sistema eléctrico... (Página10)
157/000004 Solicitud de creación de una Comisión no permanente para el estudio del precio de la luz y la mejora del sistema eléctrico... (Página10)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/003154 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa del Estado de Derecho, de la igualdad de todos los españoles y de la unidad de España...
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003144 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo a la recuperación de la institucionalidad democrática en Colombia ... (Página14)
161/003145 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre condena a la represión ejercida por el régimen de Daniel Ortega y contra la detención del Premio Cervantes Sergio Ramírez...
161/003158 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la revisión y actualización de los planes de evacuación de las embajadas y otras legaciones diplomáticas del Reino de España, especialmente de aquellas
situadas en zonas de riesgo o amenaza para su seguridad... (Página16)
Comisión de Justicia
161/003129 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de nuevas plazas u órganos judiciales para la Administración de Justicia de La Rioja...
161/003152 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la adopción de medidas contra la ocupación ilegal de viviendas... (Página24)
Comisión de Defensa
161/003136 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el monte Ezkaba... (Página26)
Comisión de Interior
161/003120 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la adopción de las acciones necesarias para evitar la violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad...
161/003125 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a declarar la Comunidad Autónoma de Cataluña como zona de especial singularidad... (Página27)
161/003128 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a realizar el estudio de los daños ocasionados por las inundaciones en Benicàssim y Vinaròs y la aprobación de las medidas necesarias...
(Página32)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/003153 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la limpieza de las carreteras de titularidad estatal y las vías ferroviarias en Galicia para garantizar la prevención de incendios forestales...
161/003164 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a negociar de forma inmediata con el Govern de la Generalitat la ampliación del aeropuerto del Prat...
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/003124 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a impulsar la promoción de la cultura de seguridad y defensa en los distintos niveles educativos y de la Formación Profesional...
161/003132 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a mejorar las competencias del personal docente en lenguas extranjeras... (Página41)
161/003133 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la conversión de los centros escolares en áreas de fomento de la protección de la salud de la infancia... (Página42)
161/003140 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre protocolo de detección y protección de los y las menores víctimas de acoso por LGTBIfobia en los centros educativos...
161/003141 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a elaborar protocolos de prevención y actuación que garanticen entornos académicos seguros frente al abuso sexual a menores...
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/003138 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la implementación en el SEPE de un programa informático para agilizar la tramitación de las prestaciones por desempleo...
161/003147 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la elaboración de un análisis pormenorizado de los subsidios asistenciales del SEPE bajo los principios de racionalización, simplificación,
eficacia y eficiencia... (Página49)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/003127 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el proyecto de Real Decreto que aprueba el Reglamento de ahorro y eficiencia energética y reducción de la contaminación lumínica de instalaciones de
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias... (Página50)
161/003159 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la creación de un plan por el que se promocione el turismo gastronómico en España... (Página53)
161/003161 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre apoyo al consumidor industrial hiperintensivo en energía y a la co-generación de alta eficiencia... (Página56)
161/003162 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a evaluar el impacto del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico en el comercio y la hostelería...
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003116 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a crear un Abono Básico de Telecomunicaciones... (Página68)
161/003126 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la superación de la problemática de la movilidad territorial existente en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)...
161/003157 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a garantizar el libre ejercicio profesional de los toreros cómicos en todo el territorio nacional, así como la libertad individual de las personas con
displasias óseas o enanismo para elegir su profesión... (Página73)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003146 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas de apoyo al sector pesquero del Estrecho... (Página79)
161/003148 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el proyecto de 'Gran Senda del Navia' y su declaración como obra de interés general... (Página80)
161/003165 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa de la flota pesquera española en la negociación del Reglamento de Control de Pesca... (Página81)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/003123 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la prevención de incendios forestales... (Página82)
161/003135 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la introducción del impacto de la familia en las políticas frente al reto demográfico... (Página84)
161/003137 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los efectos ambientales y económicos derivados de las tormentas sucedidas en la provincia de Toledo...
161/003149 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre un plan de relanzamiento de la economía verde con inversiones en proyectos de infraestructuras y construcción centrada en actividades
productivas sostenibles en Ciclo de Agua, Energía, Social, Transporte, Medio Ambiente, Digital, Urbanismo y Mantenimiento de Infraestructuras... (Página87)
161/003150 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impacto del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico en la España Rural... (Página90)
161/003156 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil los municipios que han sufrido el incendio forestal originado en Sierra Bermeja,
provincia de Málaga, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil... (Página92)
161/003163 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre medidas para reducir el precio de la factura eléctrica a consumidores domésticos y pymes... (Página97)
Comisión de Cultura y Deporte
161/003122 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la conmemoración del 50 aniversario del fallecimiento del escritor Max Aub... (Página98)
161/003143 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la protección de la nomenclatura histórica del viario español... (Página100)
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/003142 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el cierre de oficinas bancarias... (Página101)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/003118 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la financiación en el Sistema Nacional de Salud y a la puesta a disposición de los ciudadanos del medicamento 'Kaftrio' para tratar la
fibrosis quística... (Página103)
161/003119 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la vacunación de refuerzo frente a la pandemia de COVID-19 en personas mayores... (Página104)
161/003130 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la mejora y modernización de las normas de protección de los consumidores...
161/003131 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la integración del mutualismo administrativo en el régimen general del Sistema Nacional de
Salud... (Página106)
161/003139 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la aprobación urgente de un plan global de salud mental en el Sistema Nacional de Salud... (Página108)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/003134 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre Estrategia Española de Medicina Personalizada... (Página110)
Comisión de Igualdad
161/003151 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la inclusión de datos desagregados de manera transversal en las estadísticas relativas a la violencia
de género... (Página110)
161/003160 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la valoración social y a la protección de la libre dedicación al cuidado en el hogar de menores y personas con discapacidad o en situación de
dependencia... (Página112)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/003155 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la reapertura de todas las oficinas de la Administración Pública con atención al público, así como la reincorporación de todo el personal a su servicio,
cumpliendo con todas las exigencias sanitarias y garantizando la salud de estos últimos... (Página118)
161/003166 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el cierre de la oficina de MUFACE en Santiago de Compostela... (Página122)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión Constitucional
181/001348 Pregunta formulada por la Diputada doña Edurne Uriarte Bengoechea (GP), sobre aval por el Gobierno de los métodos radicales de presión y la Comisión de delitos como una vía aceptable de acción política en una democracia y que
pueda ser usada por otros ciudadanos españoles para sentar al Gobierno en una mesa de negociación... (Página124)
Comisión de Asuntos Exteriores
181/001352 Pregunta formulada por los Diputados don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), Olona Choclán, Macarena (GVOX), Asarta Cuevas, Alberto (GVOX), González Coello de Portugal, Víctor (GVOX), Sánchez del Real, Víctor Manuel
(GVOX), Rosety Fernández de Castro, Agustín (GVOX) y Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús (GVOX), sobre intención del Gobierno de exigir la liberación del opositor cubano Guillermo Fariñas... (Página124)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001351 Pregunta formulada por los Diputados don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Mariscal Zabala, Manuel (GVOX), sobre medidas que
tiene previsto el Gobierno implantar para ayudar al sector español de porcino tras el recorte de las compras por parte de China... (Página125)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001349 Pregunta formulada por los Diputados don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), López Maraver, Ángel (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Contreras Peláez,
Francisco José (GVOX) y Requejo Novoa, Pedro Jesús (GVOX), sobre medidas que está llevando a cabo el Gobierno para acometer una reforma integral del sistema eléctrico español y no meros parches puntuales como el llamado 'Plan de Choque' con el fin
de bajar el elevado precio de la luz que pagan los españoles... (Página125)
181/001350 Pregunta formulada por los Diputados don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), López Maraver, Ángel (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Contreras Peláez,
Francisco José (GVOX) y Requejo Novoa, Pedro Jesús (GVOX), sobre elaboración del nuevo Plan Invernal de reservas de materias primas que evite el desabastecimiento, por ejemplo, de gas natural en los próximos meses...
Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
181/001317 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 2.131 del Eje 2.6 'Enjuiciar todos los procesos relativos a la misma víctimas de Violencia de Género en un
único órgano judicial, modificación del Artículo 17 bis Ley de Enjuiciamiento Criminal. Debe asegurarse que un único juzgado conoce todos los procedimientos relacionados con la Violencia de Género que tenga la víctima'...
181/001318 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 2.130 del Eje 2.6 'Estudiar la posibilidad de establecer la dispensa a no declarar de los menores no hijos
del maltratador'... (Página126)
181/001319 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 2.129 del Eje 2.6 'Síndrome de Alienación Parental (SAP)'... (Página127)
181/001320 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 2.128 del Eje 2.6 'Modificación del Artículo 22.8 del Código Penal para considerar Reincidencia cuando el
mismo hombre cometiera distintos delitos contra la misma mujer'... (Página127)
181/001321 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 2.127 del Eje 2.6 'Programas de Reeducación en Violencia de Género y delitos sexuales'...
181/001322 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 2.126 el Eje 2.6 'Inicio inmediato por ley de la Ejecución de las Penas del Artículo 48 del Código Penal
desde la firmeza de la sentencia, con previo apercibimiento personal de ello al acusado'... (Página128)
181/001323 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 2.125 del Eje 2.6 'Mejorar la coordinación institucional para aumentar la eficacia de la protección de la
víctima en los posibles supuestos de que el condenado cambie de domicilio'... (Página128)
181/001324 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 2.124 del Eje 2.6 'Difundir los canales existentes y promover su utilización, para facilitar la formulación
de las quejas de las mujeres víctimas de violencia de género y de los y las profesionales, sobre posibles irregularidades o anomalías institucionales o judiciales, a fin de que se investiguen, y la víctima sea informada de la situación de los
expedientes y en caso de archivo, de la causa a la que este obedece, adoptándose, en su caso, las medidas que procedan'... (Página129)
181/001325 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 2.123 el Eje 2.6 'Mantener la ampliación de la jurisdicción de los Juzgados de Violencia a dos o más
partidos judiciales solo si repercute en una mejora cualitativa de la atención y los medios con los que se cuenta'... (Página129)
181/001326 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 2.122 del Eje 2.6 'Reforzar la especialización en el ámbito procesal intermedio y (juzgados penales), que
son los que atienden el mayor número de casos'... (Página129)
181/001327 Pregunta formulada por la Diputada doña María Soledad Cruz-Guzmán García (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 3.155 del Eje 3.2 'Mejorar el sistema técnico de instrumentos de vigilancia electrónica, implicando
a los Ministerios de Justicia e Interior e instar al Consejo General del Poder Judicial para que fomente su uso al menos en los supuestos de ''riesgo medio'''... (Página130)
181/001328 Pregunta formulada por la Diputada doña María Soledad Cruz-Guzmán García (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 3.153 del Eje 3.2 'Implementar en el Ministerio del Interior un Plan para adecuar los espacios en
las instalaciones policiales en las que se asiste a las víctimas y testigos, con objeto de evitar la posible victimización secundaria'... (Página130)
181/001329 Pregunta formulada por la Diputada doña María Soledad Cruz-Guzmán García (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 3.154 del Eje 3.2 'Incluir a los hijos e hijas en las valoraciones policiales de riesgo de las
víctimas'... (Página130)
181/001330 Pregunta formulada por la Diputada doña María Soledad Cruz-Guzmán García (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 3.157 del Eje 3.2 'Impulsar la firma de convenios entre el Ministerio del Interior y los
ayuntamientos, para que la Policía Local pueda realizar la protección de la víctimas, una vez valorado su nivel de riesgo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado'... (Página131)
181/001331 Pregunta formulada por la Diputada doña María Soledad Cruz-Guzmán García (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 3.159 del Eje 3.2 'Evitar duplicidad de dispositivos. Priorizar el uso del Servicio Telefónico de
Atención y Protección a las víctimas de la Violencia de Género (ATENPRO) del MPRCI, frente a otros dispositivos similares. Revisar el Protocolo entre autoridad judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la hora de ofrecer a las
víctimas el teléfono ATEMPRO'... (Página131)
181/001332 Pregunta formulada por la Diputada doña María Soledad Cruz-Guzmán García (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 3.160 del Eje 3.2 'Mejorar las herramientas de que disponen los miembros de las Unidades
Especializadas'... (Página131)
181/001333 Pregunta formulada por la Diputada doña María Soledad Cruz-Guzmán García (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 3.161 del Eje 3.2 'Establecer protocolos de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado respecto a las medidas de investigación y protección policial sin denuncia de la víctima. Independientemente de la orden de protección, establecer en los protocolos de los cuerpos de seguridad que puedan proteger a la víctima o vigilar al
presunto agresor cuando ven indicios de Violencia de Género'... (Página132)
181/001334 Pregunta formulada por la Diputada doña María Soledad Cruz-Guzmán García (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 3.162 del Eje 3.2 'Poner en marcha un Observatorio de Igualdad en el Cuerpo Nacional de Policía.
Similar al que ya existe en Guardia Civil'... (Página132)
181/001335 Pregunta formulada por la Diputada doña María Soledad Cruz-Guzmán García (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 3.163 del Eje 3.2 'Establecer en el organigrama del instituto de la Juventud una nueva Subdirección
General, responsable de los asuntos de igualdad de género e incorporarla a la Comisión Permanente del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer'... (Página132)
181/001336 Pregunta formulada por la Diputada doña María Soledad Cruz-Guzmán García (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 3.164 del Eje 3.2 'Modificar la normativa para mejorar el acceso a la información y a la protección
que otorga, y ampliar el plazo previsto para solicitar las ayudas a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, en el marco de la Ley 35/1995 de 11 de diciembre, asegurando la efectividad de las previsiones de información sobre estas
ayudas, así como el procedimiento para su solicitud. Promover además, la modificación de los correspondientes protocolos de atención para que las víctimas reciban el apoyo técnico necesario para la presentación de las citadas solicitudes en los
juzgados y puntos de atención'... (Página133)
181/001337 Pregunta formulada por la Diputada doña María Soledad Cruz-Guzmán García (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 3.158 del Eje 3.2 'Seguir impulsando el Plan Personalizado de Protección. Establecido en la
Instrucción SES 7/2016: Plan personalizado de seguridad, buscando la participación de la propia víctima, acorde con sus necesidades especiales de protección y de los/las menores que de ella dependan, con medidas de autoprotección'...
181/001338 Pregunta formulada por la Diputada doña María Soledad Cruz-Guzmán García (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 3.165 del Eje 3.3 'Realizar, junto a las Comunidades Autónomas, un mapeo sobre los recursos y
servicios de atención a las víctimas'... (Página133)
181/001339 Pregunta formulada por la Diputada doña María Soledad Cruz-Guzmán García (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 3.166 del Eje 3.3 'Trabajar con las Comunidades Autónomas y el resto de Administraciones en la
elaboración de un documento común en el que se recojan los derechos de las víctimas respecto de los servicios generales y de los específicos, así como la obligación de difundir esos derechos, de hacerlos visibles en sus establecimientos, y de
entregar una copia de sus derechos a la mujer al ser atendida. Implicando en esta tarea a las entidades ciudadanas y asociaciones de mujeres'... (Página134)
181/001340 Pregunta formulada por la Diputada doña María Soledad Cruz-Guzmán García (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 3.167 del Eje 3.3 'Asegurar con las Comunidades Autónomas competentes en la materia de existencia de
Recursos Habitacionales suficientes y dignos para las mujeres víctimas: a través de la red de casas de acogida, impulsando su acceso a una vivienda social (siendo uno de los colectivos de acceso prioritario) o a aquellas soluciones que aporte cada
comunidad. Se trabajará con las CC.AA. en un Plan de Garantía Habitacional Inmediata para toda aquella mujer que, previa valoración, ostente la condición de mujer víctima de violencia machista, revisando los criterios de acceso para permitir el
uso de los recursos a víctimas sin orden de protección o a mujeres en situación irregular que lo requieran'... (Página134)
181/001341 Pregunta formulada por la Diputada doña María Soledad Cruz-Guzmán García (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 3.169 del Eje 3.3 'Revisar los casos de mujeres y menores a su cargo que han sido víctimas de
Violencia de Género para analizar su grado de inserción en la sociedad y reparación'... (Página134)
181/001342 Pregunta formulada por la Diputada doña María Soledad Cruz-Guzmán García (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 3.170 del Eje 3.3 'Potenciar el Servicio de Información Telefónico'...
181/001343 Pregunta formulada por la Diputada doña María Soledad Cruz-Guzmán García (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 3.172 del Eje 3.3 'Criterios para fijar las indemnizaciones. Fijar en la Ley una mejora concreta y
suficiente de los parámetros del quantum indemnizatorio a las víctimas de Violencia de Género'... (Página135)
181/001344 Pregunta formulada por la Diputada doña María Soledad Cruz-Guzmán García (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 3.171 del Eje 3.3 'Acordar, con las Comunidades Autónomas competentes, el pago de los gastos de
sepelio de las víctimas, entre otras ayudas y Protocolos de Acción ante un asesinato machista. Algunas Comunidades Autónomas ya están actuando en esta dirección. Previsión de que las Comunidades Autónomas, como Administración competente, en los
términos que reglamentariamente se establezcan (con posibilidad de incorporar algún elemento de renta de las víctimas), asuman los gastos de traslado, sepelio e inhumación y/o incineración de las personas que fallezcan como consecuencia de la
Violencia de Género'... (Página135)
181/001345 Pregunta formulada por la Diputada doña María Soledad Cruz-Guzmán García (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 3.173 del Eje 3.4 'Estudiar el actual sistema de ayudas de la Renta Activa de Inserción y del
artículo 27 de la LO 1/2004, para mejorar la situación de las mujeres víctimas sin empleo, y evaluar su sustitución por un subsidio de desempleo de seis meses de duración, que se ampliará por periodos semestrales prorrogables, siempre que las
personas beneficiarias continuaran cumpliendo con los requisitos para continuar percibiéndolo. Estas ayudas se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado'... (Página136)
181/001346 Pregunta formulada por la Diputada doña María Soledad Cruz-Guzmán García (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 3.168 del Eje 3.3 'Impulsar con las Comunidades Autónomas encuestas de evaluación de las mujeres
supervivientes sobre el trato recibido durante el proceso'... (Página136)
181/001347 Pregunta formulada por la Diputada doña María Soledad Cruz-Guzmán García (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 3.156 del Eje 3.2 'Elaborar protocolos sobre cómo actuar en situaciones que la víctimas comparte
espacios con su agresor (centros de trabajo, educativos...)'... (Página136)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/062351 Autor: Gamazo Micó, Óscar
Número de personas que sufrieron las molestias ocasionadas por RENFE el 26/08/2021 con motivo de la supresión del tren de Cercanías de las 18:56 horas Valencia Nord-Gandía, así como motivo de la supresión y estimación del número de quejas o
reclamaciones formuladas por los viajeros. Retirada... (Página137)
184/062668 Autor: Iñarritu García, Jon
Devolución/retorno de menores marroquíes desde Ceuta a Marruecos... (Página137)
184/062683 Autor: Iñarritu García, Jon
Expedientes de nacionalidad para descendientes de sefardíes denegados por posible fraude... (Página138)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
153/000003 y 157/000004
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, previa audiencia de la Junta de Portavoces, en relación con la solicitud formulada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común
(núm. expediente 157/000004), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento de la Cámara, ha acordado la creación de una Comisión para el estudio del precio de la luz y la mejora del sistema eléctrico (núm. expediente
153/000003), en los siguientes términos:
Objeto.
El objeto de la Comisión será el estudio de las causas y consecuencias de la evolución problemática del precio de la electricidad, especialmente durante los últimos meses. Asimismo, dicha Comisión analizará propuestas orientadas al diseño
de un sistema eléctrico que concilie la sostenibilidad ambiental con la justicia social y la competitividad de la economía española.
Plan de Trabajo.
La Comisión se constituirá en el periodo de sesiones en el que se apruebe su creación.
Los trabajos de la Comisión se desarrollarán conforme al Plan de Trabajo acordado y aprobado en su seno.
Estos trabajos versarán fundamentalmente sobre los siguientes aspectos: evaluar la repercusión real que para la ciudadanía y las pequeñas y medianas empresas tiene el incremento del precio de la electricidad en la factura final de la luz, y
estudiar vías para su reducción; analizar las medidas precisas para amortiguar el impacto de la volatilidad de los precios en el mercado mayorista sobre la factura de la luz; estudiar las modificaciones necesarias en el régimen jurídico aplicable
a las diferentes formas de generación eléctrica; realizar propuestas adicionales para diseñar un sistema eléctrico basado en las fuentes de energía renovables a partir de una transición energética justa; y valorar medidas para promover la
eficiencia energética.
La Comisión emitirá un dictamen, que se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación, y que contendrá resoluciones y propuestas sobre el objeto de sus trabajos.
Composición.
Estará compuesta por dos representantes de cada Grupo Parlamentario. Podrán también designarse otros tantos miembros suplentes. La Comisión adoptará sus acuerdos a través del procedimiento del voto ponderado.
Plazo.
El plazo establecido para el desarrollo de los trabajos de la Comisión es de seis meses. Este plazo podrá ser prorrogado por la Mesa de la Cámara oída la Junta de Portavoces.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se ordena la publicación de la citada solicitud.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes tienen el honor de dirigirse a la Mesa para solicitar, al amparo de lo establecido en el artículo 53 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que acuerde la creación de una Comisión no
permanente para el estudio del precio de la luz y la mejora del sistema eléctrico.
Exposición de motivos
Durante el año 2021 el precio mayorista de la electricidad en España ha experimentado una volatilidad extrema, que ha provocado que se alcancen en este ejercicio tanto sus máximos como sus mínimos históricos. No obstante, el problema
fundamental son los altos precios, que ponen en situación de estrés las economías de las familias y las pequeñas empresas. Según diversos estudios, la tarifa de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), más volátil, ha sido
históricamente más baja en promedio que la tarifa del así llamado mercado libre, típicamente menos volátil.
Los incrementos en el precio de la electricidad presentan consecuencias negativas y graves sobre una parte muy significativa de la población y del tejido económico.
El sistema eléctrico presenta condiciones y características que requieren de un análisis integral, así como de revisión y de propuestas por parte de los representantes de los españoles en el Congreso de los Diputados, más allá de las
decisiones ya adoptadas y de las iniciativas legislativas en tramitación.
Además, la aprobación, este año, de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en España y los nuevos paquetes legislativos de la Unión Europea ('Fit for 55'), con alcance en el sector energético, hacen patente la necesidad de una
revisión del mismo y un estudio en profundidad de nuestro sector eléctrico.
Por lo tanto, se propone la creación de una Comisión no permanente para el estudio del precio de la luz y la mejora del sistema eléctrico:
Objeto.
El objeto de la Comisión será el estudio de las causas y consecuencias de la evolución problemática del precio de la electricidad, especialmente durante los últimos meses. Asimismo, dicha Comisión analizará propuestas orientadas al diseño
de un sistema eléctrico que concilie la sostenibilidad ambiental con la justicia social y la competitividad de la economía española.
Plan de Trabajo.
La Comisión se constituirá en el periodo de sesiones en el que se apruebe su creación.
Los trabajos de la Comisión se desarrollarán conforme al Plan de Trabajo acordado y aprobado en su seno.
Estos trabajos versarán fundamentalmente sobre los siguientes aspectos: evaluar la repercusión real que para la ciudadanía y las pequeñas y medianas empresas tiene el incremento del precio de la electricidad en la factura final de la luz, y
estudiar vías para su reducción; analizar las medidas precisas para amortiguar el impacto de la volatilidad de los precios en el mercado mayorista sobre la factura de la luz; estudiar las modificaciones necesarias en el régimen jurídico aplicable
a las diferentes formas de generación eléctrica; realizar propuestas adicionales para diseñar un sistema eléctrico basado en las fuentes de energía renovables a partir de una transición energética justa; y valorar medidas para promover la
eficiencia energética.
La Comisión emitirá un dictamen, que se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación, y que contendrá resoluciones y propuestas sobre el objeto de sus trabajos.
Composición.
Estará compuesta por dos representantes de cada Grupo Parlamentario. Podrán también designarse otros tantos miembros suplentes. La Comisión adoptará sus acuerdos a través del procedimiento del voto ponderado.
Plazo.
El plazo establecido para el desarrollo de los trabajos de la Comisión es de seis meses. Este plazo podrá ser prorrogado por la Mesa de la Cámara oída la Junta de Portavoces.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2021.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/003154
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley en defensa del Estado de Derecho, de la igualdad de todos
los españoles y de la unidad de España, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
El Gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, ha vuelto a sentarse ayer, 15 de septiembre, en una mesa bilateral de negociación con los nacionalistas catalanes que lideraron el referéndum
ilegal y la proclamación unilateral de independencia en 2017, en gravísimas acciones contra el Estado de Derecho cuyos protagonistas fueron condenados por sedición y malversación por el Tribunal Supremo.
Los líderes nacionalistas con quienes el Gobierno de España se ha sentado ayer en una mesa de negociación no solo han apoyado y sostenido aquellos graves delitos, sino que han expresado en varias ocasiones su voluntad de volver a cometerlos.
Además, han reiterado su negativa a reconocer la legitimidad de nuestras instituciones y a respetar nuestra Constitución. Y han afirmado repetidas veces tanto en las instituciones como en los medios de comunicación que su objetivo es la consecución
de la independencia de Cataluña y que perseguirán ese objetivo al margen de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestra Constitución, si el Estado no cede a sus exigencias.
Por lo tanto, el Gobierno de un país democrático como es España se ha avenido a negociar objetivos claramente ilegales e inconstitucionales con líderes políticos que proclaman su voluntad de perseguir tales objetivos en contra de las normas
democráticas. Y el Gobierno ha emprendido tal negociación como
contrapartida tanto a los apoyos nacionalistas a la investidura de Pedro Sánchez en 2020, como a la estabilidad del Gobierno hasta el final de la legislatura.
En el acuerdo para la creación de una mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el de la Generalitat, firmado por el PSOE con ERC el 2 de enero de 2020 para la investidura de Pedro Sánchez, se constataba que 'Ambas partes se comprometen
a impulsar la efectividad de los acuerdos que se adopten a través de los procedimientos oportunos. Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de
Catalunya, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político'.
Como señala claramente el texto anterior, Pedro Sánchez acordó una 'validación democrática' de las decisiones de esa mesa bilateral 'de acuerdo con los mecanismos previstos', o 'que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político',
y con consulta tan solo a la 'ciudadanía de Catalunya'. Es decir, tal acuerdo deja abierta la puerta a cambios legales o constitucionales sin establecer límites en la propia Constitución, pues el límite, según ese acuerdo, es 'el marco
jurídico-político', un concepto de extraordinaria amplitud en un sistema político, y, además, deja fuera de la decisión al resto de españoles. Un gravísimo precedente de las posibles consecuencias de esos acuerdos es el de los indultos concedidos
por el Gobierno de Pedro Sánchez a los condenados por sedición y malversación en contra del criterio del Tribunal Supremo, criterio emitido en un informe aprobado por unanimidad por el Supremo.
Por lo tanto, esta mesa bilateral de negociación con los independentistas catalanes liderada por el Gobierno de Pedro Sánchez representa una grave y preocupante decisión que erosiona nuestro sistema democrático y cuestiona nuestro
ordenamiento constitucional, por varios motivos:
1. El Gobierno de Pedro Sánchez legitima con esta Mesa el golpismo protagonizado y avalado por los independentistas como método de acción y presión en una democracia. Y desprecia e ignora a los ciudadanos catalanes y del resto de España
que respetan escrupulosamente la ley y los métodos democráticos.
2. El Gobierno de Pedro Sánchez establece una negociación con los representantes de la mitad de los catalanes, es decir, exclusivamente con los nacionalistas, y, por tanto, no se trata en ningún caso de un 'diálogo con Cataluña', ni de un
'reencuentro con Cataluña', como gusta repetir al Gobierno, sino de una negociación con los nacionalistas catalanes y de un reencuentro, o continuación del encuentro, entre PSOE y Unidas Podemos y los independentistas catalanes.
3. El Gobierno de Pedro Sánchez entabla una negociación extraparlamentaria con líderes independentistas, fuera de los mecanismos democráticos establecidos en nuestro ordenamiento constitucional. Porque se trata de una negociación para
alcanzar acuerdos de trascendencia legal y constitucional, no de un mero 'diálogo', y se hace sin control parlamentario.
4. El Gobierno de Pedro Sánchez acuerda una negociación sobre exigencias inconstitucionales, como el llamado 'derecho de autodeterminación', que es la petición fundamental de la otra parte de esa mesa de negociación. No se trata de un
'diálogo para mejorar el clima de convivencia', como defiende públicamente el Gobierno, sino de una negociación sobre un objetivo inconstitucional, el derecho de autodeterminación.
5. El Gobierno de Pedro Sánchez establece una negociación que atenta contra nuestro ordenamiento constitucional y nuestro Estado de las Autonomías, puesto que una mesa bilateral entre el Gobierno de la nación y un Gobierno autonómico es
contraria a los principios de coordinación y cooperación que nuestra Constitución establece para la relación con las Comunidades Autónomas.
6. El Gobierno de Pedro Sánchez pone en cuestión con esta mesa la propia unidad de España, puesto que, con su carácter de bilateral, otorga al Gobierno de Cataluña el mismo estatus que al Gobierno de España, es decir, lo coloca al mismo
nivel de un Gobierno extranjero.
7. El Gobierno de Pedro Sánchez pone en cuestión con esa mesa de negociación bilateral la igualdad de todos los ciudadanos españoles, puesto que se aviene a conceder en exclusiva a los miembros de un Gobierno autonómico medidas para una
única Comunidad, y no para el conjunto de españoles.
8. El Gobierno de Pedro Sánchez pone en cuestión con esa mesa de negociación los fundamentos de una democracia avanzada como es la nuestra: legitima el golpismo como medio de presión para la consecución de objetivos políticos, negocia con
los representantes de ese golpismo a espaldas a los ciudadanos españoles, y acepta la negociación con quienes han despreciado los métodos democráticos y manifiestan su voluntad de volver a atentar contra esos métodos democráticos en el futuro.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de Diputados insta al Gobierno a renunciar inmediatamente a la llamada Mesa de Diálogo, a comprometerse a defender nuestro Estado de Derecho, a rechazar cualquier negociación con quienes proclaman su voluntad de vulnerarlo, a
garantizar la igualdad de todos los españoles, vivan en la Comunidad Autónoma en la que vivan, y a defender la unidad de España frente a quienes exigen y alientan su ruptura.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2021.-Edurne Uriarte Bengoechea, Diputada.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003144
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley en apoyo a la recuperación de la
institucionalidad democrática en Colombia, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Al inicio del 2019 Colombia mostraba, por primera vez desde 2015, niveles de crecimiento superiores al 3 %. Durante todo ese año se mantuvo la dinámica productiva por encima de este valor, consolidando el proceso de recuperación tras la
caída del ciclo económico, derivada de la disminución en los precios del petróleo. Al cerrar 2019, el PIB creció un 3,3 %, cifra superior al 2,6 % de 2018 y al 1,4 % de 2017. Así mismo, el desempleo se encontraba estable, en tasas alrededor del
10,5 %, cerrando el mes de diciembre en 9,5 %. Con un comportamiento similar, la pobreza monetaria cayó de 40,8 % a 35,7 % entre 2012 y 2019.
En el año 2020, con la llegada de la pandemia de la COVID-19, la situación se revirtió y los principales indicadores económicos y sociales sufrieron retrocesos. El PIB de 2020 cerró con una caída del 6,8 %, reportando una disminución
histórica del 15,7 % para el segundo trimestre del año. Esta situación fue generada por las fuertes caídas en dicho trimestre de los sectores de fabricación de textiles con un descenso del 52,1 %, construcción 36,7 %, transporte aéreo 76,6 %,
alojamiento y servicio de comidas 67,3 %, entre otros.
En términos de desempleo, en mayo de 2020 el país registró la cifra más alta de los tiempos recientes con una tasa del 21,4 %. Adicionalmente, en abril del mismo año se registró un aumento de 4,3 millones de personas inactivas. Esta
situación tuvo una consecuencia directa sobre el nivel de vida de los ciudadanos, pues el país pasó de tener el 35,7 % de su población en condición de pobreza a ubicarse en el 42,5 %. Esto es un aumento de 6,8 puntos porcentuales, lo que implicó
que 3,55 millones de personas entraran en esta condición. De estas, 2,8 millones de personas entraron en la pobreza extrema, lo cual tuvo como consecuencia que la incidencia de este fenómeno pasara del 9,6 % al 15,1 %, en el país.
En este contexto, el gobierno de Colombia tomó una serie de medidas de apoyo social y económico destinadas a atajar los efectos de la pandemia.
Además de las medidas sociales y económicas, se planteó una reforma tributaria que obtuvo una inmediata respuesta por parte de distintos agentes sociales y políticos. Por ello, el pasado 28 de abril se iniciaban en Colombia una serie de
protestas que incluían manifestaciones, ciberactivismo y paro laboral en algunos sectores económicos. El objetivo inicial era conseguir la retirada de la reforma tributaria propuesta desde el gobierno del país. Unos días después, el presidente
Iván Duque anunciaba la retirada
de dicha propuesta de reforma, por lo que el principal argumento para la convocatoria de protestas dejaba de constituir el principal argumento de las mismas.
Sin embargo, las manifestaciones y actos convocados, legítimos en cualquier país democrático, acabaron derivando en sucesos inaceptables como el bloqueo y corte de carreteras e infraestructuras de comunicación básicas, barricadas o actos
vandálicos y violentos cuyo principal objetivo era desestabilizar al gobierno de Colombia y, por tanto, a la sociedad del país. Además, algunas de dichos actos y protestas han virado hacia una demostración de odio hacia la cultura hispánica y su
historia en América latina.
Desde el 28 de abril se han presentado 3.190 bloqueos que han afectado la libre movilidad de los habitantes del país, el abastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles en 26 departamentos y 241 municipios del país. La afectación
contra la institucionalidad muestra un patrón sistemático, siendo blanco de hechos criminales las instituciones del orden nacional, regional y local tales como las sedes de la Fiscalía General de la Nación, Gobernaciones, Alcaldías, Instituto
Nacional de Medicina Legal y Palacios de Justicia que operan como sedes de la administración de justicia en los respectivos territorios.
El coste económico de los bloqueos se encuentra entre 3,2 billones de dólares, según el Gobierno nacional y 1,6 billones de dólares, según estimación de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), que es el centro
de investigación con mayor reconocimiento de Latinoamérica. De acuerdo con Confecámaras, el 75,6 % de las empresas ha tenido que operar con máximo la mitad de su capacidad y el 94,3 % de los empresarios han tenido reducciones en sus ventas. Así
mismo, el 44,7 % no ha podido recibir insumos productivos y el 41,8 % ha tenido dificultades para la entrada de estos.
En este contexto, se ha generado en Colombia un clima de división y polarización social instigado desde sectores radicales que ha provocado un grave perjuicio económico al país y contra el que la comunidad internacional debe aunar fuerzas
para facilitar señales optimistas de crecimiento económico, de paz social y de recuperación de la institucionalidad democrática.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Hacer un ofrecimiento de apoyo al Gobierno de Colombia y realizar todas las acciones diplomáticas que sean necesarias para recuperar la institucionalidad democrática en el país.
2. Trasladar al gobierno de Colombia su malestar por los ataques por parte de los manifestantes al patrimonio histórico y cultural hispano.
3. Aumentar la colaboración con el gobierno de Colombia para la consecución de la paz social a través de los mecanismos de cooperación española.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2021.-Belén Hoyo Juliá, Pablo Hispán Iglesias de Ussel y María Valentina Martínez Ferro, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/003145
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de condena a la represión ejercida por
el régimen de Daniel Ortega y contra la detención del Premio Cervantes Sergio Ramírez, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados está siguiendo de cerca la permanente vulneración de los Derechos Humanos en Nicaragua en un momento en el que el régimen de Daniel Ortega está redoblando su represión a través
de la persecución de la oposición, ataques a la libertad de prensa y, en general, a cualquiera que no sea partidario de su régimen represor.
Entre otros casos de detenciones arbitrarias y vulneración de derechos, resulta especialmente dramático y preocupante el caso del líder juvenil Lesther Alemán, detenido el pasado 5 de julio.
Por si las detenciones de periodistas, miembros de la sociedad civil y opositores no fueran pocas, a todas ellas se ha unido la orden de detención del intelectual y Premio Cervantes Sergio Ramírez, algo que constituye un nuevo hecho
deplorable en la oleada criminal del régimen de Daniel Ortega.
El Premio Cervantes Sergio Ramírez goza también de la nacionalidad española, por lo que el Gobierno de España tiene el doble deber de proteger no solo a un intelectual que ha sido reconocido con el galardón más importante de las letras en
español sino también a un ciudadano español cuyos derechos pretenden ser vulnerados por la dictadura nicaragüense.
Ya la Real Academia Española y la ONU se han pronunciado a favor de que cese el acoso que está recibiendo D. Sergio Ramírez. La RAE ha comunicado su 'protesta con toda energía' contra la orden de detención cursada por la Fiscalía de
Nicaragua contra el escritor, mientras que la ONU, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos para Centroamérica y República Dominicana han pedido a
Nicaragua que cese las detenciones 'arbitrarias e ilegales' de opositores y condenaron la 'criminalización de las personas identificadas como opositoras políticas en Nicaragua', en particular la reciente orden de detención, registro y acusación en
contra de Ramírez.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Condenar a la dictadura de Nicaragua por la violación de las libertades y los derechos humanos y promover todas las acciones políticas y diplomáticas necesarias en defensa de la democracia en el país.
2. Condenar la persecución y la orden de detención del intelectual y Premio Cervantes Sergio Ramírez y exigir el cese de todo tipo de hostilidades contra su persona.
3. Exigir la liberación de todos los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua, de modo singular por la situación de gravedad de Lesther Alemán.
4. Congelar todos los programas de cooperación con el Gobierno de Nicaragua y realizar un informe de fiscalización de aquellos programas llevados a cabo durante los últimos dos años.
5. Impulsar todas las iniciativas necesarias en el seno de la Unión Europea para incrementar las sanciones contra la dictadura e imponer la prohibición de entrada en la Unión de cualquier miembro del régimen.
6. Colaborar con la Organización de Estados Americanos en la implementación de todas las iniciativas necesarias para que Nicaragua pueda transformarse en una democracia respetuosa con los derechos humanos.
7. No reconocer los resultados de las elecciones previstas para el próximo 7 de noviembre mientras no se garanticen todos los derechos de la oposición y la transparencia del proceso.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2021.-Belén Hoyo Juliá, Pablo Hispán Iglesias de Ussel y María Valentina Martínez Ferro, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/003158
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, D.ª. Macarena Olona Choclán, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Agustín Rosety Fernández de Castro, D. Víctor Sánchez del Real y D. Emilio Jesús del Valle
Rodríguez, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente Proposición no de Ley relativa a la revisión y actualización de los planes de evacuación de las embajadas
y otras legaciones diplomáticas del Reino de España, especialmente de aquellas situadas en zonas de riesgo o amenaza para su seguridad, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. Desde el inicio de la presente legislatura, nuestro Grupo Parlamentario se ha estado interesando por la seguridad de las embajadas y demás legaciones diplomáticas españolas en distintos lugares del mundo.
En este sentido, cabe destacar que a raíz de nuestra pregunta escrita al Gobierno, con número de registro 131714 y fechada el 7 de junio de 2021, en la que nos interesábamos por la posibilidad del cierre de la embajada del Reino de España
ante la ya extinta República Islámica de Afganistán, así como por la existencia de planes de evacuación de esta, recibimos la siguiente respuesta con número de registro 141153, a fecha de 7 de julio:
'No está previsto el cierre de la Embajada española en Afganistán. Como todas las embajadas de España, la Embajada en Kabul dispone de un Plan de Emergencia y Concentración, actualizado periódicamente, orientado a facilitar eventuales
operaciones de evacuación de ciudadanos españoles en el país.
Su contenido es reservado por motivos de seguridad.'
Algo más tarde, el 7 de julio, y ante el deterioro de la situación, volvíamos a preguntar por la misma cuestión al Gobierno en la pregunta escrita con número de registro 141424.
Si bien es cierto que era difícil prever un deterioro tan rápido de la situación militar en el país, el escenario final de toma del poder por los talibanes no podía descartarse en absoluto atendiendo al desarrollo de los combates y los
avances talibán en la primavera e inicios del verano. Por ese motivo, sorprende la falta de previsión del Gobierno en lo que concierne a la planificación de las distintas contingencias que podían darse, especialmente la necesidad de evacuar a
nuestro personal y a los colaboradores afganos en un corto período de tiempo.
Así, el 13 de agosto, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación se decidía por fin a iniciar la evacuación, tal y como manifiesta en su Nota de Prensa número 174, de la que reproducimos a continuación el siguiente
extracto:
'Somos conscientes de la necesidad de amparar, en coordinación con el resto de Estados Miembros de la Unión Europea y de la OTAN, a aquellos afganos y sus familias que han trabajado codo con codo con nosotros'. Este Ministerio, en contacto
con el Ministerio de Defensa, de Interior e Inclusión y de Seguridad Social y Migraciones, está trabajando para coordinar el traslado de los ciudadanos afganos que han colaborado con las misiones militares y proyectos de cooperación de España en
Afganistán. 'No se va a dejar a nadie atrás, concluye el Ministro' 1.
Aun así, no sería hasta el día 17 que el primero de los aviones A-400 del Ejército del Aire español despegaría con rumbo a Afganistán, cinco días después de la caída de las principales localidades donde residían los afganos que colaboraron
con España, cuatro días después de que se decidiese la evacuación del personal de la embajada y dos días después de la caída de la ciudad en poder de los talibanes y la evacuación desde la embajada al aeropuerto de Kabul. Así pues, vemos cómo este
caso ha demostrado particularmente la falta de previsión y realismo de los planes existentes.
Sin perjuicio de lo anterior, no ha sido el caso de Afganistán el único de esta naturaleza, aunque desde luego sí el de mayor entidad e importancia. Así, el día 25 de junio de 2021, fue asesinada la cooperante española María Hernández en la
región de Tigray, en Etiopía 2. Esta ciudadana española trabajaba en la ONG 'Médicos Sin Fronteras' y fue asesinada junto a dos compañeros de otras nacionalidades. Actualmente, se desconocen las circunstancias y los detalles de su asesinato, así
como su autoría, aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación anunció que se encontraba investigando los hechos en conjunción con las autoridades etíopes.
En particular, desde el estallido del conflicto en la región etíope de Tigray, este Grupo Parlamentario se interesó por el asunto, especialmente por la seguridad de los ciudadanos españoles así como de
1 http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/NotasDePrensa/Paginas/2021_NOTAS_P/20210813_NOTA174.aspx
2 https://www.larazon.es/sociedad/20210625/xruuqeqz5fbkvknf4iwiftlwm.html
nuestras legaciones diplomáticas. Sobre estas cuestiones presentamos sendas preguntas con números de registro 82063 y 73231, que recibieron respuestas con número de registro 90487 y 79813, respectivamente, y cuyos extractos más
significativos en relación con este asunto reproducimos a continuación:
'La práctica totalidad de los ciudadanos españoles no se encuentra en la capital de Tigray, sino en otras localidades y ningún ciudadano español manifestó interés por sumarse a alguna de las tres operaciones de relocalización organizadas por
Naciones Unidas en noviembre' 3.
(...)
Las Recomendaciones de Viaje publicadas en la página web del Ministerio en relación con los dos países recogen las medidas generales en materia de seguridad que se actualizan regularmente. En el caso de Etiopía, a pesar de las dificultades
producidas por los cortes en las comunicaciones y en el acceso a determinadas zonas, se ha podido identificar y contactar a los españoles en ellas y apoyar a aquellos que manifestaron su deseo de salir.
El Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación lleva a cabo cada año, o cuando las circunstancias lo aconsejan, una evaluación de la amenaza en cada representación española en el exterior con el fin
de valorar el nivel de riesgo y amenazas existente a los efectos de establecer las oportunas medidas de seguridad, tanto de las legaciones diplomáticas como del personal que trabaja en las mismas. En este sentido, se considera que la seguridad de
las sedes de la Embajada de España en Etiopía y Sudán están debidamente aseguradas.
La situación de seguridad en estos momentos no aconseja la activación de medidas extremas como la repatriación o evacuación de los ciudadanos españoles que se encuentren en Etiopía o Sudán ni del personal diplomático español en estos países'
4.
A la luz de lo anterior, estamos en posición de afirmar que las valoraciones de riesgo del Gobierno para estos dos casos (i.e. Afganistán y Etiopía) no fueron correctas, lo que nos lleva a pensar que el resto de valoraciones de riesgo en
otros países del mundo pueden no ser acertadas. No obstante, esta circunstancia debe cambiar si queremos mantener la seguridad de nuestros ciudadanos, nuestro Servicio de Acción Exterior y nuestros intereses nacionales en el extranjero.
Segundo. El actual contexto internacional es cada vez más competitivo e inseguro, y la estabilidad de muchos países se encuentra en serio deterioro. De hecho, si el mundo de las pasadas décadas podía parecer que tendía hacia unas
relaciones internacionales más pacíficas, y la estabilidad y prosperidad de las distintas naciones crecía, este ya no es el escenario actual.
Por lo pronto, el auge de la República Popular de China como competidor de los Estados Unidos y de Occidente representa una seria tendencia hacia un mundo más competitivo. Así lo reconoce la vigente Estrategia de Acción Exterior 2021-2024 5
cuando manifiesta lo siguiente:
'La rivalidad chino-americana, el fenómeno central que viene marcando las relaciones internacionales (...) también se ha acelerado de manera inusitada en los últimos años, como consecuencia del giro en la política exterior de los EEUU y la
conversión definitiva de China en un actor con una influencia política y económica global.'
A esta circunstancia, podríamos sumar la creciente asertividad de viejas potencias como la Federación Rusa, o el surgimiento de toda una serie de potencias regionales en creciente competencia, no siempre pacífica, como Turquía, Irán, Arabia
Saudita, India, etc. Así, estos hechos están cambiando el orden internacional -o statu quo-, situación que también reconoce la Estrategia de Acción Exterior en los siguientes términos:
'La crisis del orden político e institucional que observamos a nivel interno de los Estados también alcanza al plano internacional, generando una mayor inestabilidad a nivel global. Se pone en duda el funcionamiento de no pocas
instituciones internacionales y se aprovechan sus debilidades para beneficio de los intereses de algunas grandes potencias. Este fenómeno se magnifica ante la transición de un orden unipolar a otro multipolar, incluso apolar, cada vez más volátil y
fragmentado. Asistimos a un endurecimiento de las relaciones
3 https://www.congreso.es/entradap/114p/e7/e_0079813_n_000.pdf
4 https://www.congreso.es/entradap/114p/e9/e_0090487_n_000.pdf
5 http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/ESTRATEGIA?%20ACCION?%20EXTERIQR?%20ESP.pdf
internacionales y al regreso de la política de poder (...) El resultado es una atmosfera internacional menos cooperativa y más agresiva, en la que prima la apuesta por el unilateralismo y la coerción.'
Al mismo tiempo, cualquier tipo de conflictos internos amenazan la estabilidad y seguridad de multitud de países. En este sentido, destaca especialmente el crecimiento y auge del islamismo radical, que en buena cantidad de países ha tomado
la forma del enfrentamiento armado abierto y obtenido notables éxitos, el último de ellos en Afganistán.
En concreto, estos grupos son especialmente amenazantes para la seguridad de los ciudadanos y legaciones diplomáticas de Estados terceros, en tanto en cuanto no respetan las distintas convenciones internacionales, habiendo atacado edificios
diplomáticos con anterioridad 6, y destacándose también por el uso del terrorismo como método de ataque, especialmente contra objetivos civiles y económicos. Además, su fuerte convicción radical dificulta cualquier clase de negociación o acuerdo.
Ya en 1996, el politólogo norteamericano Samuel Huntington, en su libro 'El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial' 7, desarrollaba sobre este tema una influyente tesis acerca del futuro desarrollo de la Política
Internacional:
'Mi hipótesis es que la fuente fundamental de conflicto en este nuevo mundo no será principalmente ideológica o económica. Las grandes divisiones entre la humanidad y la fuente dominante de conflicto serán culturales.'
Si bien esta hipótesis ha sido ampliamente cuestionada desde diversas perspectivas, no es posible negar la validez, en parte, del análisis de Huntington ante la proliferación de conflictos de esta clase, tanto internos (por ejemplo Myanmar,
Siria, República Centroafricana o Malí), como internacionales (Ucrania, Nagorno-Karabaj). Independientemente de que la cultura se convierta en este siglo en la brecha fundamental de las relaciones internacionales, su creciente influencia en los
conflictos mundiales es incuestionable.
Al mismo tiempo, otros factores como la corrupción, las crisis económicas, la estabilidad alimentaria, la lucha por los recursos o las catástrofes naturales pueden provocar o acentuar conflictos en buena parte del mundo. Situaciones como la
que hemos vivido en Afganistán durante este verano podrían volver a darse de forma cada vez más frecuente en el futuro. En definitiva, debemos estar preparados para poder reaccionar a tiempo y continuar cumpliendo nuestros objetivos internacionales
al tiempo que garantizamos la seguridad de nuestros nacionales y nuestra representación nacional en el exterior.
Tercero. La Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado 8, desarrolla en su artículo 42 las funciones de las Misiones Diplomáticas de la siguiente manera:
'1. Las Misiones Diplomáticas Permanentes representan con este carácter a España ante uno o varios Estados con los que tiene establecidas relaciones diplomáticas. Cuando una Misión represente a España ante varios Estados lo hará en régimen
de acreditación múltiple y con residencia en uno de ellos.
(...)
3. Las Misiones Diplomáticas y Representaciones Permanentes ejercerán todas las funciones que les atribuye la normativa vigente, el Derecho Internacional general y los tratados internacionales de los que España es parte y la normativa
aplicable a la Unión Europea o la organización internacional ante la que la Representación se encuentre acreditada.
4. En especial, corresponde a las Misiones Diplomáticas Permanentes:
a) Representar a España ante el Estado receptor.
b) Proteger en el Estado receptor los intereses de España y los de sus nacionales dentro de los límites permitidos por el derecho internacional. En aquellos Estados donde no existan Oficinas Consulares, o existan en ciudades diferentes de
donde radica la Misión Diplomática, las funciones consulares serán ejercidas por esta, a través de su sección consular.
c) Negociar con el Gobierno del Estado receptor.
6 España sufrió uno de estos ataques en su Embajada en Afganistán en el año 2015. https://elpais.com/internacional/2015712/11/actualidad/1449845892 464466.html
7 Huntington, Samuel P. (1997) 'El choque de civilizaciones: y la reconfiguración del orden mundial'. Paidós Ibérica, Barcelona.
8 https://www,boe.es/buscar/act.php?id=BQE-A-2014-3248&p=2Q180612&tn=l#tiii
d) Informarse de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor y trasladar dicha información al Gobierno español.
e) Fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones con el Estado receptor en todos los ámbitos de la Acción Exterior.
f) Cooperar con las instancias de representación exterior de la Unión Europea en la identificación, defensa y promoción de los intereses y objetivos de su Acción Exterior.'
Por su parte, el Convenio sobre Relaciones Diplomáticas, firmado en Viena el día 18 de abril de 1961 9 y que regula las Relaciones Diplomáticas entre los distintos países, al tratar de la seguridad de las misiones y el personal diplomático,
dispone en su artículo 22 lo siguiente:
'1. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión.
2. El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad.
3. Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución.'
Y, a su vez, sobre este mismo tema, en el artículo 29 dispone:
'La persona del agente diplomático es inviolable. No puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El Estado receptor le tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado
contra su persona, su libertad o su dignidad.'
Establece pues dicho convenio la inviolabilidad de los archivos y documentos (artículo 24), la de la residencia particular del agente diplomático (artículo 30), la libre circulación (artículo 26), la libertad de comunicaciones oficiales
(artículo 27), así como otra serie de ventajas, beneficios y privilegios de este personal.
Al mismo tiempo contempla, en su artículo 44, la salida del personal diplomático y demás personal sujeto a protección en caso de conflicto armado: 'El Estado receptor deberá, aún en caso de conflicto armado, dar facilidades para que las
personas que gozan de privilegios e inmunidades y no sean nacionales del Estado receptor, así como los miembros de sus familias, sea cual fuere su nacionalidad, puedan salir de su territorio lo más pronto posible. En especial, deberá poner a su
disposición, si fuere necesario, los medios de transporte indispensables para tales personas y sus bienes'. Asimismo, en su artículo 45, dispone la obligación de respetar y proteger aun en caso de conflicto armado entre países los locales de la
misión:
'En caso de ruptura de las relaciones diplomáticas entre dos Estados, o si se pone término a una misión de modo definitivo o temporal:
a) El Estado receptor estará obligado a respetar y a proteger, aún en caso de conflicto armado, los locales de la misión así como sus bienes y archivos; b) el Estado acreditante podrá confiar la custodia de los locales de la misión, así
como de sus bienes y archivos, a un tercer Estado aceptable para el Estado receptor; c) el Estado acreditante podrá confiar la protección de sus intereses y de los intereses de sus nacionales a un tercer Estado aceptable para el Estado receptor.'
Sin embargo, como ha quedado de sobra demostrado a raíz de los recientes acontecimientos, hoy en día muchos Estados no se encuentran en disposición de cumplir o hacer cumplir estas y otras disposiciones en su territorio ante las graves
amenazas que se presentan dentro de sus propias fronteras. Asimismo, muchos grupos insurgentes o terroristas con posibilidades de amenazar a los ciudadanos o a las instalaciones diplomáticas de terceros Estados -incluido España- no respetan en
absoluto las anteriores disposiciones de Derecho internacional.
9 https://www.boe.es/boe/dias/1968/01/24/pdfs/A01031-01036.pdf
Cuarto. La ya citada Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, en su artículo 2, determina los principios y objetivos de la Política Exterior española, entre los que destacamos:
'i) La seguridad y bienestar de España y sus ciudadanos.
j) La asistencia y protección a sus ciudadanos, así como la protección de los intereses económicos de España en el exterior.'
Disponiendo, además, en su artículo 8 lo siguiente:
'1. Las Fuerzas Armadas son un pilar básico en la Acción Exterior del Estado, garantizan la seguridad y la defensa de España y promueven un entorno internacional de paz y seguridad.'
Y desarrollando este papel en su artículo 15 en los siguientes términos:
'1. La actuación de las Fuerzas Armadas en el ámbito internacional se enmarcará en el conjunto de la Acción Exterior del Estado, como elemento esencial para garantizar la seguridad y defensa de España y para contribuir a la proyección
internacional de España y al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales.
2. La Acción Exterior del Estado en materia de defensa se regirá conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional y su normativa de desarrollo.'
Por su parte, en su artículo 40, dicha ley establece la creación de un grupo específico para tratar emergencias y crisis que impliquen a ciudadanos españoles en el extranjero:
'1. Para garantizar la asistencia y protección debida a los ciudadanos españoles en el exterior, el Consejo de Política Exterior constituirá en su seno un grupo de emergencia consular, presidido por el Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, cuando se produzca una situación de crisis bélica, de seguridad, desastre natural, de emergencia sanitaria o alimentaria o de cualquier otra índole, que requiera la coordinación de distintos órganos y organismos de la Administración
General del Estado.
Dicho grupo se constituirá cuando la situación que afecte a los españoles en el exterior no esté siendo objeto de estudio o gestión por cualquier otro grupo o comisión con competencias específicas en la materia. Se integrará en dicho grupo
un representante de la Secretaría de Estado de Comunicación.
2. El grupo elevará las recomendaciones oportunas al Presidente del Gobierno sobre las medidas y actuaciones que considere necesarias o convenientes para prestar la asistencia y protección a los españoles afectados'.
Teniendo todo ello en cuenta, la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional 10, dispone en su artículo 15 las distintas misiones que deben llevar a cabo nuestras Fuerzas Armadas, entre las que destacamos las siguientes:
'4. Las Fuerzas Armadas pueden, asimismo, llevara cabo misiones de evacuación de los residentes españoles en el extranjero, cuando circunstancias de inestabilidad en un país pongan en grave riesgo su vida o sus intereses.'
Quinto. La planificación resulta absolutamente necesaria a la hora de abordar cualquier tipo de operación. Al general Dwight D. Eisenhower, quien fuera Comandante Supremo Aliado en Europa, Jefe del Estado Mayor del Ejército y más tarde
34.º Presidente de los Estados Unidos, se le atribuye la siguiente frase sobre este particular:
'Al prepararme para la batalla, siempre he descubierto que los planes son inservibles, pero la planificación es indispensable.'
El militar norteamericano dejaba así constancia de la dificultad de prever todos los posibles escenarios y contingencias en una situación de combate, reconociendo al mismo tiempo la importancia del trabajo previo de planificación a la hora
de prepararse para solventar cualquiera de estas situaciones de la manera más ventajosa para los intereses propios.
10 https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-18933-consolidado.pdf
Así, teniendo en cuenta (i) los fallos en la evaluación de riesgos internacionales que ya se han dado por parte del Gobierno español; (ii) la creciente inestabilidad que se vive en muchas regiones del globo con la consiguiente merma en las
condiciones de seguridad de nuestros conciudadanos y legaciones diplomáticas en el exterior; (iii) que nuestro ordenamiento jurídico otorga el marco normativo para la realización de operaciones de evacuación en el extranjero -en conjunción del
Servicio de Acción Exterior y las Fuerzas Armadas-; y (iv) la importancia de la planificación en toda operación, resulta absolutamente perentorio revisar con precisión la evaluación de los riesgos y amenazas internacionales, de tal manera que se
actualicen los planes de Emergencia v Concentración, así como los de Evacuación, de todas las embajadas v demás legaciones diplomáticas de España en el exterior.
Por todo ello, y al amparo de lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revisar los procedimientos de evaluación de riesgos y amenazas internacionales con el fin de asegurar un diagnóstico más certero de las situaciones de seguridad que puedan afectar a los ciudadanos y las legaciones diplomáticas españolas.
2. Con base en la anterior evaluación, actualizar, mejorar y ensayar los Planes de Emergencia y Concentración, así como los de Evacuación, de los ciudadanos residentes en el extranjero y legaciones diplomáticas españolas en terceros
Estados, con especial preferencia de aquellas situadas en zonas de significativo riesgo o amenaza para estas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2021.-Alberto Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal, Agustín Rosety Fernández de Castro, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Víctor Sánchez del Real, Diputados.-Iván
Espinosa de los Monteros de Simón y Macarena Olona Choclán, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Justicia
161/003129
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de creación de nuevas plazas u órganos
judiciales para la Administración de Justicia de La Rioja, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La Rioja asumió las transferencias en materia de 'Administración de la Administración de Justicia', como así lo ha denominado la Jurisprudencia constitucional, mediante Real Decreto 1800/2010, de 30 de diciembre, de traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de provisión de medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia.
A partir de ese momento, e incluso antes, los Gobiernos autonómicos del Partido Popular impulsaron y desarrollaron una serie de iniciativas de modernización de la Administración de Justicia de La Rioja, para que transitara de ser
decimonónica al siglo XXI.
En medios personales, materiales y tecnológicos: Proyectos como, el Servicio de Mediación Intrajudicial, la especial configuración de las Oficinas de Atención a la Víctima del Delito, el proyecto integral de reforma de los Juzgados de
Calahorra, las mejoras en los Juzgados de Haro, la propuesta de Nueva Oficina Judicial y Fiscal, la implantación del Expediente Judicial y Fiscal Electrónico, entre otros, y sobre todo la construcción del nuevo Palacio de Justicia de La Rioja, un
edificio emblemático que unificaba las siete sedes que existían dispersadas por Logroño, modular, flexible, con espacio de reserva, adaptado
a las diferentes propuestas que se pudieran aprobar sobre la organización judicial: Nueva Oficina Judicial y Fiscal, Tribunales de Instancia, e incluso, en caso de aprobarse el anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio
Público de la Justicia, también se podría implantar.
Sin embargo, en lo relativo a la creación y dotación de órganos judiciales y plazas de Jueces, Magistrados y Fiscales, no se ha desarrollado como debiera, de ahí, que se estén produciendo problemas y retrasos, lo que perjudica a los
profesionales de la Justicia pero sobre todo, a los justiciables.
El último Juzgado creado en La Rioja ha sido el Juzgado de lo Penal n.º 3, que se puso en funcionamiento en enero de 2020, una reivindicación histórica que desde la memoria del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 2011 se venía
reclamando por la gran carga de trabajo que asumían los dos Penales que existían hasta este momento. Esta reclamación era apoyada por el Gobierno autonómico y el Parlamento de La Rioja, además de por todos los operadores jurídicos.
Y es que hacía casi nueve años que no se creaba una plaza u órgano judicial nuevo. Con la creación del referenciado Juzgado de lo Penal n.º 3, aprobado por el Consejo de Ministros el 12 de abril de 2019, son 29 los órganos judiciales que
operan en La Rioja con un total de 40 Magistrados y Jueces en plantilla.
No obstante lo anterior, en la propia Memoria del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja relativa al año 2020 se recoge expresamente:
'Estas mejoras, sin embargo, no deben hacernos olvidar las necesidades aún pendientes que, razonada y razonablemente, se hacen constar en el presente documento y que, estoy seguro, que serán atendidas por la Administración prestacional en la
medida de sus posibilidades.
Finalmente quiero hacer hincapié en que los ciudadanos tienen derecho a obtener una respuesta judicial en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, porque la Justicia tardía no es Justicia.
Para ello precisamos que el Gobierno y el Parlamento de La Rioja nos apoyen en nuestra solicitud de ampliación de la Planta Judicial con la creación de 4 nuevas plazas judiciales en La Rioja, concretamente:
a) El sexto magistrado de la Audiencia Provincial.
b) El tercer magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ.
c) El octavo Juzgado de Primera Instancia.
d) El tercer magistrado de la Sala de lo Social del TSJ.
La necesidad de crear esas 4 plazas judiciales resulta evidente, no solo por las cargas de trabajo que soportan los órganos judiciales existentes en la actualidad, sino también por las razones económicas, estructurales, organizativas y de
previsión futura.'
La falta de creación de estas plazas está conllevando que, en determinados órganos judiciales se esté asumiendo una carga de trabajo excesiva, lo que está originando retrasos pese al esfuerzo y trabajo ímprobo de Magistrados y Jueces,
Letrados de la Administración de Justicia, funcionarios y Fiscales destinados en los mismos, algo que se ha agravado por la situación de paralización sufrida como consecuencia de la COVID-19.
Actualmente, un año después de la reactivación, los Juzgados y Tribunales riojanos, con excepción de la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia son algo más lentos a la hora de resolver los procedimientos, los ciudadanos deben
esperar, de media, un mes y medio más para obtener respuesta. En el año 2019 la duración media de los asuntos fue de 6,9 meses; en el año 2020 subió hasta 8, 4 meses según la estadística del Consejo General del Poder Judicial. En el caso de la
media nacional, fue ligeramente menor, un mes.
Ahora bien, el mayor retraso lo encontramos en el ámbito penal y especialmente en la Audiencia Provincial, en la que según la estadística del Consejo General del Poder Judicial, en el año 2019 la duración media de los procesos era de 6,8
meses y en el año 2020 de 7,3 meses, suponiendo, no solo que es la más lenta del conjunto de las Comunidades Autónomas, sino que triplica lo que, de media, dura un caso en el conjunto nacional.
Especialmente llamativo resultan los procesos sumarios que, de media, tardan en resolverse más de dos años y medio, mientras por ejemplo, en Extremadura son ocho meses y medio. Igualmente sucede con los procedimientos abreviados, que se
demoran en La Rioja más de 22 meses frente a los 11 meses de la media nacional.
Como ya hemos apuntado con anterioridad, en la última Memoria del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 2020, y como también ha ocurrido en Memorias anteriores, se reclamaba '/a creación de un
sexto Magistrado titular, lo que permitiría la división en dos secciones, separando las jurisdicciones civil y penal y logrando un incremento relevante de la capacidad resolutoria de dicho órgano jurisdiccional'. Algo en lo que también
están de acuerdo los Colegios Profesionales, etc.
Los profesionales destinados en la Audiencia Provincial de La Rioja están realizando una labor encomiable, pero necesitan más medios, de ahí que urge que, el Gobierno cree la sexta Plaza de Magistrado destinado a la misma, así como el resto
de peticiones que desde hace años se vienen solicitando, tanto desde el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, como del resto de Instituciones u organismos implicados en mejorar, agilizar, hacer más eficaz y eficiente la Administración de
Justicia riojana.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Crear, de conformidad con Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial y a la mayor brevedad posible, las siguientes plazas y órganos judiciales:
a) El sexto magistrado de la Audiencia Provincial de La Rioja.
b) El tercer magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de La Rioja.
c) El octavo Juzgado de Primera Instancia de Logroño.
d) El tercer magistrado de la Sala de lo Social del TSJ de La Rioja.
- Instar al Gobierno de La Rioja, a que dote de medios personales, materiales y tecnológicos estas nuevas plazas o Juzgados para que no exista demora en su puesta en funcionamiento.
- Dotar de Magistrados, Jueces, Letrados de la Administración de Justicia y Fiscales de refuerzo para acabar con el retraso acumulado como consecuencia de la paralización acaecida por la COVID-19.
- Solicitar al Gobierno de La Rioja, a que proporcione medios personales, materiales y tecnológicos a los Magistrados, Jueces, Letrados de la Administración de Justicia y Fiscales de refuerzo nombrados para acabar con el retraso indicado en
el apartado anterior.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2021.-Javier Merino Martínez, Luis Santamaría Ruiz y Carlos Rojas García, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003152
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la adopción de medidas contra la ocupación
ilegal de viviendas, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El problema de la ocupación ilegal de viviendas en España es de una gravedad incuestionable, a pesar de que determinadas formaciones de corte populista niegan esta realidad.
Las estadísticas son claras; en el año 2020, el incremento de casos respecto a 2019 fue del 2,7 % alcanzando un total de 14.675 denuncias y más allá de esta foto fija, existe una preocupante tendencia ascendente puesto que las 10.376
denuncias registradas en 2015 han aumentado nada menos que en un 40 % en el aria 2020. Dentro de las ocupaciones ilegales de vivienda se incluyen tanto las realizadas par grupos antisistema coma las perpetradas par individuos o grupos de
delincuencia organizada que actúan de forma premeditada y finalidad lucrativa aprovechándose, muchas veces, de personas en situación de vulnerabilidad e incluso extorsionándolas para que puedan obtener la recuperación de su vivienda.
La ocupación ilegal de viviendas tiene una constante presencia en la agenda informativa generándose una justificada alarma social a la que los poderes publicos no pueden ser ajenos. En juego está tanto el disfrute del derecho de propiedad
constitucionalmente consagrado coma también la pacífica convivencia de los vecinos de los inmuebles afectados par actividades ilícitas frecuentemente asociadas al fenómeno de la ocupación ilegal como ocurre, en casos extremos, con los denominados
'narcopisos'.
En cuanto al perfil de la vivienda afectada par este fenómeno, los escasas datos disponibles parecen apuntar a que la mayoría son viviendas vacías propiedad de bancos o de fondos buitres, pero que se integran en bloques donde viven en
régimen de alquiler vecinos que se yen gravemente afectados en su convivencia. Frente a esta situación, también se constata el aumento de ocupaciones ilegales de viviendas de particulares, especialmente en zonas rurales, dada la gran cantidad de
viviendas vacías en la España interior, así coma en zonas de rentas medias/bajas en las ciudades dormitorio.
El abordaje del problema de la ocupación ilegal requiere, sin duda, de reformas legislativas contundentes que refuercen la defensa de la propiedad privada y, en este sentido, debe promoverse como así lo ha hecho ya en varias ocasiones el
Grupo Parlamentario Ciudadanos, y lo seguiremos reclamando, la reforma de nuestro Código Penal para amparar debidamente al directamente afectado por la ocupación ilegal.
Pero no podemos olvidar tampoco la dramática situación de los indirectamente afectados por la ocupación, esto es, todos aquellos vecinos que, bien en régimen de alquiler bien tras haber accedido con gran esfuerzo de ahorro a una vivienda en
propiedad, se encuentran repentina e injustamente perturbados en la pacífica convivencia a la que tienen todo el derecho sin disponer de herramientas legales suficientes que los amparen. En muchos casos, los bancos o los fondos de inversión a los
que pertenecen las viviendas ocupadas, se desentienden de la situación y abocan a estos vecinos a un callejón sin salida.
Por todo ello, consideramos que, en primer lugar, hay que poner a disposición de los propietarios un procedimiento sumario de recuperación posesoria que permita lograr una resolución judicial más ágil y rápida que permita la recuperación de
la propiedad o de la posesión ilegítimamente usurpadas.
Una vez que esta herramienta procesal esté disponible, si el propietario no actúa en defensa de su derecho, debemos otorgar legitimación a los afectados (vecinos o comunidades de propietarios) para que, primero le insten a ello y si el
propietario persistiere en su inacción, puedan acudir ellos mismos a los Tribunales en nombre y por cuenta del propietario.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las reformas legales oportunas a fin de:
1. Regular un procedimiento sumario de recuperación posesoria que permita de forma ágil y rápida obtener la recuperación de la posesión de las viviendas ilegítimamente usurpadas.
2. Reconocer la legitimación de los vecinos y/o comunidades de propietarios afectados por supuestos de ocupación ilegal, para que puedan acudir en nombre y por cuenta del propietario al procedimiento descrito en el punto anterior, cuando la
propiedad de la vivienda ocupada, después de requerida para ello, no acudiese a los Tribunales en defensa de sus derechos.
3. Establecer un turno de oficio de abogados y procuradores especializado en materia de supuestos de ocupación ilegal de inmuebles a fin de garantizar la tutela judicial efectiva de los afectados más vulnerables.
4. Eximir a los propietarios de viviendas ilegalmente ocupadas del pago de impuestos locales que graven la propiedad en tanto persista la situación de ocupación ilegal.
5. Asegurar que no se repercutan a los propietarios de viviendas ocupadas ilegalmente los suministros de la vivienda generados por la propios 'okupas'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2021.-Juan Ignacio López-Bas Valero, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Defensa
161/003136
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el monte Ezkaba, para su debate en Comisión de
Defensa.
Exposición de motivos
El Fuerte de Alfonso XII, ubicado en la cima del monte San Cristóbal, es una instalación militar construida entre 1877 y 1912 con el fin de controlar la ciudad de Pamplona desde el norte. Dichas instalaciones, actualmente abandonadas, son
propiedad del Ministerio de Defensa.
El mencionado Fuerte es, junto a las Bardenas Reales, la sima de Otsaportillo, las canteras de Bera, la Vuelta del Castillo de Pamplona o la Tejería de Monreal uno de los mayores símbolos de memoria histórica de la Guerra Civil en la
Comunidad Foral de Navarra. Fue empleado como prisión durante el golpe de estado de 1936 y los años posteriores por parte de los sublevados para encarcelar a presos políticos (republicanos, sindicalistas, nacionalistas ... ) en el que los malos
tratos a los presos, las pésimas condiciones de la instalación o la falta de alimentos eran la nota dominante.
Dos años más tarde, el 22 de mayo de 1938, se produjo una de las mayores fugas carcelarias sucedidas en Europa, 795 de los cerca de 2.500 presos que había en el penal huyeron del fuerte. No obstante, la fuga masiva derivó en una cacería en
la que militares, requetés y falangistas sembraron las carreteras, caminos y montes navarros con más de 200 cadáveres de los fugados. De hecho, únicamente tres de los fugados alcanzaron la frontera.
Desde el inicio de la transición, en la Comunidad Foral de Navarra se han realizado multitud de actuaciones en defensa de la memoria histórica impulsadas primero por los vecinos de los distintos municipios y posteriormente, por las
instituciones navarras.
Asimismo, cabe destacar también el papel de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno Foral, quien en los últimos años ha realizado distintas actuaciones en relación con el Fuerte de San Cristóbal. Dicho
organismo puso en marcha el Proyecto Ezkaba, que englobaba un conjunto de actuaciones desde una doble perspectiva: la memoria y los Derechos Humanos. Entre ellas destacan la exhumación, identificación y entrega de los restos a los familiares de
los presos asesinados, la transmisión intergeneracional mediante el programa de 'Escuelas con Memoria' o la celebración de una exposición itinerante por distintos pueblos de la Comunidad Foral.
Por todo ello,
Proposición no de Ley
'Se insta al Gobierno a la desafección de usos militares del fuerte de San Cristóbal, su adecuación a la seguridad y posterior cesión al Gobierno Foral de Navarra.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2021.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comisión de Interior
161/003120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley, por la que se insta al Gobierno a la adopción de las acciones necesarias para evitar la violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La celebración de la Diada de Cataluña finalizó con actos de extrema violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que afectaron a la seguridad ciudadana.
Los disturbios producidos en las manifestaciones independentistas culminaron con dos detenidos, por desorden público y atentado contra la autoridad, y ocho agentes heridos.
Los radicales concentraron sus ataques contra la Policía Nacional y los Mossos. El clima de tensión era palpable en el nuevo ataque a la Jefatura de la Policía de Barcelona, donde un grupo de unas 1.000 personas se reunieron a las puertas
lanzando latas, botellas de vidrio e, incluso, quemando objetos del mobiliario urbano. Determinados colectivos de la izquierda independentista provocaron momentos de extrema tensión frente a la Jefatura de La Policía, custodiada por los Mossos
d'Esquadra.
La situación se fue agravando cuando el cordón de las vallas fue casi totalmente desmontado, de manera que los atacantes se quedaron muy cerca del edificio.
La violencia contra miembros de los Mossos y de la Policía Nacional practicada mediante el lanzamiento de objetos contundentes tenía como propósito causar daños personales éstos agentes. Sólo la gran profesionalidad de éstos impidieron
males mayores y permitieron la disolución de los grupos extremistas.
Vemos con preocupación creciente que éstos actos de violencia contra las Fuerzas de Seguridad, Policía Nacional, Policías Autonómicas y Policías Locales, se están extendiendo por gran parte del territorio nacional promovido y justificado por
movimientos de extrema izquierda, independentistas y antisistema.
Los ataques a los diferentes cuerpos de policía se repiten cada fin de semana y el Ministro del Interior se muestra incapaz de establecer una estrategia conjunta para impedirlos.
Por todo lo cual, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción inmediata de determinadas acciones para evitar la violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:
1. Manifestar su rotundo rechazo a fa violencia practicada contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la condena de los grupos políticos que la justifican.
2. Romper cualquier colaboración o pacto político con los partidos o grupos que no condenen la violencia contra los cuerpos policiales.
3. Establecer protocolos de colaboración junto con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para evitar los actos de violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
4. Instar a todos los niveles la investigación y sanción de estos actos.
5. Modificar la legislación para reforzar el carácter de agente de la autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003125
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán y D. Francisco Javier Ortega Smith-Molina, en su condición de Portavoces adjuntos y D. Francisco José Alcaraz Martos, D. Luis Gestoso de Miguel, D. Ignacio Gil Lázaro, D. Juan Carlos Segura Just y D. Juan José
Aizcorbe Torra, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa
a instar al Gobierno de la nación a declarar la Comunidad Autónoma de Cataluña como zona de especial singularidad, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Primero. Declaración de zona de especial singularidad.
Según han informado varios medios de comunicación, el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado que su departamento trabaja en un marco para la delimitación y definición de zonas de especial singularidad, pues hay áreas
en materia de seguridad que requieren un incremento de medios, tal y como reclaman los sindicatos de la Policía y de la Guardia Civil para el Campo de Gibraltar 11.
Lo que es evidente es que declarar una determinada zona como de especial singularidad supone, para el Ejecutivo, una mayor inversión en activos, tanto personales como materiales, para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FYCS) que
se encuentren radicados en la zona declarada como tal.
En el caso del País Vasco y Navarra se fijó, por Acuerdo del Consejo de Ministros del 29 de agosto de 1980, una gratificación para los Agentes del Cuerpo Nacional de Policía ('CNP') y de la Guardia Civil que prestasen servicios en el País
Vasco y en Navarra 12. Este nuevo complemento, denominado 'complemento de zona conflictiva', tenía la finalidad de compensar en alguna medida el mayor riesgo que suponía el desarrollo de los cometidos propios de los funcionarios integrados en tales
cuerpos o institutos de dichas zonas 13.
Posteriormente, el citado complemento de zona conflictiva fue objeto de regulación en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 9/1984, de 11 de julio, de retribuciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Real Decreto 9/1984).
Este Real Decreto lo articuló como una nueva retribución complementaria de carácter especial, a percibir por el personal que desempeñase un puesto de trabajo con tales características singulares de peligrosidad o penosidad especial en alguna de las
unidades, centros o destinos del País Vasco y Navarra 14.
A continuación, el Real Decreto 1781/1984, de 26 de septiembre, desarrolla parcialmente el Real Decreto 9/1984, cuya disposición transitoria cuarta autorizaba al Ministerio del Interior para que desarrollara y fijara las concretas cuantías
del complemento retributivo de peligrosidad o penosidad especial en función del correspondiente crédito presupuestario 15. A estos efectos, se dictó la Orden Ministerial de 23 de octubre de 1984, que actualmente mantiene el citado complemento, en
virtud de la compatibilidad de su percepción con el complemento específico previsto en el actual Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, que regula el régimen retributivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Real Decreto 950/2005).
Concretamente, el artículo 4.B.2 del Real Decreto 950/2005 dispone lo siguiente, refiriéndose al complemento específico, que remunera el riesgo, dedicación y demás peculiaridades que implica la función policial, que a su vez forma parte de las
retribuciones complementarias:
'b) El complemento específico estará integrado por los siguientes componentes:
1.º El componente general, que se percibe en función del correspondiente empleo o categoría que se tenga, y que se aplicará al Cuerpo de la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía en los importes que, para cada empleo y categoría, se
fijan en el anexo III.
2.º El componente singular, que está destinado a retribuir las condiciones particulares o singulares de algunos puestos de trabajo, en atención a su especial dificultad técnica, responsabilidad, peligrosidad o penosidad, en las cuantías que,
a propuesta del Ministerio del Interior, se autoricen conjuntamente por los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas, a través de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones.'
11 Interior definirá zonas de especial singularidad, como el Campo de Gibraltar. El Diario. Disponible: https: //www.eldiario.es/ agencias/ interior-definira-zonas-especial-singularidadcampo-gibraltar_1_8000906.html [Última visita:
08/09/2021]
12 Recomendación 'Abono del complemento específico en zona conflictiva, de manera proporcional a los días de servicio prestados en el País Vasco y Navarra'. Defensor del Pueblo.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
En definitiva, el Real Decreto 950/2005, regula un reconocimiento económico para los funcionarios públicos que, en palabras del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la Sentencia 249/2011, de 16 de marzo, busca 'compensar la mayor
peligrosidad del desempeño del servicio en las provincias calificadas como de zona conflictiva, debiendo recordar además que es este el criterio que, con carácter general, se ha venido aplicando para determinar el derecho a la percepción de
cualquier complemento de naturaleza objetiva'.
Segundo. Origen de la actual situación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña.
Una de las principales reivindicaciones del separatismo e independentismo catalán ha sido, tradicionalmente, expulsar de la Comunidad Autónoma de Cataluña a las FYCSE, por lo que representan y por las funciones que realizan.
Esta deleznable reivindicación se intensificó a raíz de los hechos ocurridos el 1 de octubre de 2017, hechos que dieron lugar a la Causa especial 20907/2017, popularmente conocido como el 'procés'.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ('TS') dictó la Sentencia núm. 459/2019, condenando a los líderes del proceso independentista catalán a penas de 9 hasta 13 años de prisión por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y
desobediencia: 'Las penas impuestas son proporcionadas a las graves comisiones delictivas de los condenados que, como autoridades autonómicas y líderes asociativos, buscaban implementar una normativa antidemocrática e inconstitucional, un bloque
jurídico aprobado con desprecio de la mitad de las fuerzas políticas del Parlamento catalán y con la última finalidad de transitar hacia la independencia' 16.
A pesar de la gravedad de los hechos, y no habiendo cumplido la totalidad de la condena ni los requisitos legales de arrepentimiento, los lideres del procés fueron indultados por el Gobierno de coalición. Es más, los indultados han
intensificado sus reivindicaciones desde que se les concedió la libertar, arengando a sus seguidores a seguir el plan establecido hasta conseguir la verdadera independencia de Cataluña. Ejemplo de ello son los siguientes mensajes 17: 'Gracias a
vosotros salimos con la cabeza bien alta y con el corazón determinado a ganar lo que no pudimos ganar con el 1-O'.
'Nosotros seguiremos luchando para conseguir la independencia, y conseguiremos la independencia, y ganaremos'.
'Nuestro compromiso para culminar lo que empezamos el 1-O no es ni parcial ni revisable ni condicionado'.
Tercero. Acoso y hostigamiento en Cataluña.
Según denuncian los sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, entre ellos JUPOL y JUCIL, el clima de acoso a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en Cataluña surgió con motivo del '1-O'. Este suceso,
'supuso el germen del clima de hostilidad hacia la Guardia Civil y la Policía Nacional, creándose una fuerte ruptura entre la sociedad, afectando directa e indiscriminadamente a todos los agentes de ambos cuerpos, participantes o no en dicho
operativo de las actuaciones ordenadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña'.
Ese día, durante la celebración del referéndum ilegal, que motivó la intervención del CNP y de la Guardia Civil, España fue testigo de la violencia y odio que se vertieron contra nuestras FYCSE. Se vivieron escenas dramáticas, en las que,
ante los disturbios provocados, nuestros agentes se vieron obligados a realizar cargas e incluso a disparar salvas al aire con el fin de disolver turbas de independentistas radicales.
Ese acoso y odio hacia las FYCSE en Cataluña se hizo especialmente patente el 17 de octubre de 2019, con la publicación de la citada Sentencia del Tribunal Supremo núm. 459/2019. Como rechazo a la referida resolución judicial se convocaron
protestas en diferentes puntos de Cataluña, siendo uno de los escenarios escogidos el aeropuerto del Prat, provocando altercados especialmente virulentos, debido a la duración e intensidad de la violencia desplegada por los manifestantes allí
concentrados.
Así, la protesta contra el fallo del Tribunal Supremo se transformó en una revuelta contra el CNP y la Guardia Civil. Dicha animadversión llegó a su punto álgido en la quinta jornada consecutiva de incidentes.
16 Auto de 29 de enero de 2021 del TS desestimando los incidentes de nulidad planteados por los líderes del procés.
17 https:/ / www.20minutos.es/ noticia/ 4740425 /O/ forcadell-primera-indultada-en-salir-de-prision-nosotros-lo-que-queremos-es-la-amnistia/
Durante siete horas, centenares de personas cercaron la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de la Policía, dando lugar a una auténtica batalla campal. Nuestros agentes fueron víctimas de atentados muy graves y tuvieron que enfrentarse a
radicales independentistas que construyeron barricadas, quemaron contenedores, arrancaron señales de tráfico, les tiraron piedras, botellas, bolas de acero y adoquines, entre otros objetos contundentes, poniendo en peligro no solo su integridad
física sino su vida.
Otro ejemplo reciente que permite poner de manifiesto la realidad del odio, animadversión y acoso a los que se ven sometidos nuestras FYCSE en Cataluña por parte de los independentistas radicales, fueron los hechos acontecidos alrededor de
la detención del rapero conocido como Pablo Hásel 18 detención que fue ordenada por la Audiencia Nacional ante la negativa del mismo a entrar voluntariamente en prisión, al ser condenado por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias
contra la Corona y las instituciones del Estado. Estos hechos fueron aprovechados, una vez más, por los independentistas radicales, lo que dio lugar a nuevos altercados y ataques contra nuestros agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil.
Además, estas protestas provocaron el saqueo de muchos comercios en el centro de Barcelona y alcanzaron a edificios emblemáticos, como el Palau de la Música y la Bolsa de Barcelona. Las noches de protesta llegaron a congregar a más de 6.000
manifestantes. Según datos del Ayuntamiento de la Ciudad Condal, el coste de los contenedores incendiados llegó a los 417.000 de euros. A esta cifra se sumaron, además, diversas cuantías, debido a los costes de limpieza, recogida de residuos,
reparación del pavimento y destrozos en semáforos, alumbrado, entre otros. La suma total ascendió a 1.004.421 euros 19.
Se puso de manifiesto, una vez más, que un hecho aislado, como fue la detención e ingreso en prisión del Sr. Rivadulla Duró, fue una excusa para que grupos antisistema, independentistas y radicales se lanzaran a las calles para cometer
actos violentos, vandálicos y de terrorismo callejero, movidos por el odio hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Estos incidentes violentos se volvieron a reproducir el pasado fin de semana, con ocasión del día de Cataluña. Decenas de radicales asediaron de nuevo la jefatura de la Policía Nacional situada en la vía Layetana en Barcelona, tras
finalizar la manifestación convocada por la Assemblea Nacional Catalana (ACN) 20. Una vez más, una manifestación para reclamar la independencia de Cataluña fue aprovechada por los separatistas radicales para cargar contra las FYCSE en Cataluña, a
la que acusan de reprimir al pueblo catalán.
Los episodios violentos, de acoso, hostigamiento y de odio relatados contra nuestros agentes del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil destinados en Cataluña hacen necesario y justifican que se declara Cataluña como zona de especial
singularidad, en condiciones similares a la efectuada en País Vasco y Navarra. Estos hechos de hostigamiento y acoso no han hecho más que empezar, y así lo han declarado reiteradas veces los lideres independentistas. Todo ello, además, ante la
mirada pasiva de la Generalidad, que violando flagrantemente el principio de lealtad institucional que debe guiar su actuación, calla e incluso apoya estas actuaciones. A esto se le une una falta de reacción eficaz y rápida por parte del Ministerio
del Interior y su pasividad a la hora de adoptar medidas de prevención.
Cuarto. Justas reivindicaciones de los sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil.
Los sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, como JUPOL y JUCIL, llevan años denunciando la existencia de una 'campaña de desprestigio, acoso e insultos' a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en Cataluña'.
Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) reclaman urgentemente 'un plan integral de medidas económicas y sociolaborales para los guardias civiles destinados en Cataluña, destinado a mitigar tanto la pérdida de poder
adquisitivo que vienen padeciendo los agentes como la elevada presión social que soportan 21'.
Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía denuncia que 'Desde un año antes del 1-O se ha venido registrando un incesante incremento en el déficit de agentes de la Policía Nacional en Cataluña
18 Sr. Rivadulla Duró, conocido musicalmente como Pablo Hasél.
19 https://www.economiadigital.es/politica/balance-de-los-disturbios-por-hasel-75-detenidos-45-heridos-y-1me-en-danos-al-espacio-publico-en-barcelona. html
20 La manifestación convocada por la ACN, a la que acudieron algunos lideres condenados por los hechos ocurridos el 1 de octubre de 2017, tenía como lema 'Lluitem i guanyem la independencia' ('Luchemos y ganemos la independencia')10.
21 Casi 2.000 guardias civiles y policías quieren salir de Cataluña por la presión independentista (vozpopuli.com)
atribuida al auge independentista, y alerta de la situación de 'desamparo institucional' que sufren los agentes de Policía en Cataluña y asegura que 'un día sí y otro también' los agentes y sus familias 'sufren el acoso independentista y en
ocasiones hasta situaciones discriminatorias por parte de los poderes locales y autonómicos 22'.
Ante esta situación, las diferentes asociaciones han solicitado, en un comunicado oficial, al Ministerio del Interior que declare Cataluña como Zona de Especial Singularidad.
Tercero. Necesidad de declaración de Cataluña como zona de especial singularidad.
Los disturbios y altercados que se están produciendo en las calles de Cataluña, protagonizados por grupos separatistas e independentistas violentos, están teniendo graves consecuencias para los ciudadanos, comercios, edificios emblemáticos,
centros culturales, mobiliario urbano y un largo etcétera. Los más perjudicados en esta situación son los agentes de las FYCSE que ven cómo, día tras día, se ven superados al encontrarse en inferioridad numérica, tanto personal como material. Esta
situación provoca, no sólo grandes desórdenes públicos, sino que también genera un grave riesgo la seguridad ciudadana de las personas que transitan y habitan en los lugares en los que se producen los altercados.
Tal es la gravedad de la situación que la misma trasciende al plano personal de los agentes de las FYCSE, pues el acoso que sufren los mismos también lo padecen sus familias, lo que les está llevando a solicitar el cambio de destino.
Según el SUP 23, en 2020 cerca de 800 policías abandonaron Cataluña y se prevé que en 2021 lo hagan más de 900 de los 3.500 agentes de la Policía Nacional destinados en esa comunidad autónoma. Se trataría del 25 % en la escala básica, y del
50 % en la escala de oficiales y suboficiales. Por su parte la AUGC, tras un sondeo realizado, considera que el 30 % de los casi 3.000 efectivos con los que cuenta el Instituto Armado en esa comunidad autónoma demandan otros destinos: 'una demanda
que año tras año aumenta debido a la elevada presión social que soportan por parte de sectores independentistas, tanto los agentes como sus propias familias 24'.
Por esto motivo, la declaración de Cataluña como 'zona de especial singularidad', permitiría evitar el desarraigo y la marcha de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil de esta Comunidad Autónoma.
Ante esta situación, el Gobierno de la Nación está obligado, a través de su Ministro del Interior, reconocer la labor de las FYCSE en la Comunidad Autónoma de Cataluña, brindarles el suficiente apoyo y les dote de material y personal
suficiente para ejercer sus funciones correctamente y de acuerdo con la ley. Así lo prevén expresamente los artículos 5 y siguientes de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de seguridad ciudadana. Concretamente, corresponde al
Gobierno, a través del Ministerio de Interior y de los demás órganos y autoridades competentes y de las FYCSE a sus órdenes, la preparación, dirección y ejecución de la política en relación con la administración general de la seguridad ciudadana,
sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras administraciones públicas en dicha materia 25. Así lo señala, igualmente, el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, expresando lo siguiente:
'Corresponde al Ministro del Interior la administración general de la seguridad ciudadana y el mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como la responsabilidad de las relaciones de colaboración y auxilio con las
Autoridades policiales de otros países, conforme a lo establecido en Tratados y Acuerdos Internacionales.'
En definitiva, los altercados vividos en los últimos años en Cataluña, causados por las protestas violentas de los independentistas y separatistas radicales, ha puesto de manifiesto la necesidad de dotar a las FYCSE de un mayor número de
efectivos y medios materiales. Es necesario, además, que desde el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, se apliquen fórmulas de incentivos para los agentes de las FYCSE que estén destinados en Cataluña, de la misma forma que los
destinados en el País Vasco y
22 Ibídem.
23 Señala, Carlos Morales, portavoz del SUP que 'Este creciente déficit se cubre cada año con agentes recién salidos de la academia de Ávila. Lo que ocurre es que antes del 'procés' independentista cuando un agente tenía como primer destino
Cataluña aguantaba allí 10 o 12 años hasta poder pedir el traslado a sus ciudades de origen. Ahora solicitan el cambio de destino durante el primer año y no les importa perder el baremo ni ir a otras ciudades, aunque estén lejos de sus lugares de
origen'
24 Ibídem.
25 Artículo 5.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de seguridad ciudadana.
Navarra, incluyendo complementos económicos, días de permiso y baremación, que garanticen que (i) los agentes de nuestras FYCSE desarrollan en condiciones óptimas las funciones de seguridad ciudadana y demás competencias que las leyes les
atribuyen, con un servicio de calidad prestado por agentes experimentados y con arraigo a dicha Comunidad Autónoma, (ii) para dar a las mismas el apoyo que merecen ante el abandono institucional que están sufriendo, garantizándoles la tranquilidad y
sosiego para desarrollar no solo su vida profesional sino también personal; (iii) para preservar el orden público y el normal funcionamiento de una sociedad que, cada vez más, se está viendo acechada y acosada por los continuos episodios de
violencia extrema desarrollados por el independentismo radical.
En conclusión, visto el reiterado abandono al que se somete a nuestras FCSE, sin que el Gobierno, a través del Ministerio de Interior, adopte las medidas necesarias, ya no sólo para proteger la vida, la integridad y salud física de sus
propios miembros, sino también la de sus ciudadanos, este Grupo Parlamentario presenta, en consecuencia, esta iniciativa con el fin de exigir que se adopten todas las acciones necesarias para declarar la Comunidad Autónoma de Cataluña como zona de
especial singularidad, así como para dotar a nuestras FYCSE de todo el personal y material necesarios para asegurar el correcto ejercicio de sus funciones.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Declarar la Comunidad Autónoma de Cataluña como zona de especial singularidad, a fin de garantizar la protección de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil allí destinados del acoso y hostigamiento al que se ven
sometidos por parte del separatismo e independentismo radical. Esta declaración conllevará anexo un aumento de la dotación personal y material de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en dicha Comunidad Autónoma, así como
incentivos económicos parar promover el traslado de personal a dicha región, favoreciendo el arraigo de los mismos en Cataluña.
2. Elaborar y aplicar un plan integral con medidas económicas y sociolaborales para los policías y guardias civiles destinados en Cataluña, en el que expresamente se les reconozca un complemento salarial de especial singularidad
(complemento retributivo de peligrosidad o penosidad especial), días de permiso y el cómputo a efectos de baremación derivado de la prestación de su servicio en esta Comunidad Autónoma.
3. Condenar expresamente los actos de violencia callejera que han sufrido nuestras FYCSE con motivo del día de Cataluña, especialmente las sufridas el pasado fin de semana en la Jefatura de Policía Nacional de Barcelona, sita en la vía
Laietana, así como todos los mensajes que alientan a cometer tales delitos.
4. Reconocer expresamente la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en la Comunidad Autónoma de Cataluña, y expresar su apoyo a las mismas en el ejercicio de sus funciones, especialmente en los atentados sufridos
por parte de los separatistas e independentistas radicales de Cataluña.
5. Mantener la sede de la Jefatura de la Policía Nacional sita en la calle Vía Laietana, ubicada en la capital de la Comunidad Autónoma de Cataluña, pues no existe razón ni funcional ni operativa que lo justifique.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2021.-Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel, Ignacio Gil Lázaro, Juan Carlos Segura Just y Juan José Aizcorbe Torra, Diputados.-Macarena Olona Choclán y Francisco
Javier Ortega Smith-Molina, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
161/003128
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley, para realizar el estudios de los daños ocasionados por las inundaciones en Benicàssim y Vinaròs y la aprobación de las medidas necesarias, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El 29 de agosto de 2021 una fuerte tromba de agua, que dejó 150 l/m2 en una hora en la localidad de Benicàssim (Castellón), provocó graves daños materiales en playas, calles, avenidas; inundando y arrasando bajos de inmuebles, garajes y
vehículos. Espacios públicos como colegios e instalaciones deportivas también se han visto gravemente afectados. El teléfono de emergencias 112 recibió en pocas horas 170 llamadas procedentes de la localidad.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) la lluvia caída en sólo una hora supuso el 30 % de las lluvias registradas en el municipio durante todo un año, cuando la precipitación anual está próxima a 500 litros por metro cuadrado.
Fue tal la fuerza de la lluvia que incluso se tuvo que proceder al corte del tráfico de la carretera N-340 a su paso por benicàssim. Además las retenciones fueron importantes en todo el término como en la AP-7 y la CV-149.
Los servicios de emergencia tuvieron que hacer frente a multitud de intervenciones para salvar a personas atrapadas en sus vehículos o viviendas, así como achicar agua en garajes y sótanos. El consorcio de bomberos movilizó a siete
dotaciones de bomberos, cinco unidades de bomberos forestales, la unidad de maquinaria logística (con 40 equipos de achique de gran caudal), tres unidades de mando y coordinación del consorcio.
Por otro lado, benicàssim es un referente turístico internacional y la temporada estival aún no ha finalizado, por lo que hay que agilizar los trabajos de adecuación de las playas y garantizar todas las medidas para que vuelva todo a la
normalidad lo antes posible.
A su vez, durante la tarde del día 1 y la madrugada del 2 de septiembre de 2021, un episodio de fuertes lluvias desbordaron los barrancos del Triador y Barbiguera a su paso por la localidad de Vinaròs (Castellón), provocando inundaciones y
graves daños a infraestructuras municipales, viviendas, parcelas privadas y vehículos.
Los agricultores también han advertido que las fuertes lluvias en el norte de la provincia de Castellón han arrasado 2.000 hectáreas de cultivo.
Como en ocasiones anteriores, es de destacar la encomiable labor de los servicios de emergencia tales como Bomberos, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y Servicios de Emergencia 112.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por las lluvias torrenciales el pasado 29 de agosto de 2021 en Benicàssim y los días 1 y 2 de septiembre en Vinaròs, ambas en la provincia de Castellón.
2. Declarar los municipios de Benicàssim y Vinaròs como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio.
3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños
provocados por las lluvias e inundaciones, y en concreto:
- Conceder ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad.
- Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
- Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios o de bienes.
- Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
- Aprobar las subvenciones por daños en infraestructuras municipales.
- Aplicar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.
4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos de Benicàssim y Vinaròs su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.
5. Activar, de forma independiente a la declaración como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, las ayudas acordes a las características y necesidades del acontecimiento.
6. Afrontar la recuperación y restauración de los impactos sobre las zonas costeras dañadas.
7. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2021.-Óscar Clavell López, Diputado.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/003153
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la limpieza de las carreteras de titularidad estatal y las vías ferroviarias en Galiza para garantizar la prevención de incendios forestales, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Este verano de 2021 se ha caracterizado en Galiza por su pluviosidad y bajas temperaturas, por lo que el número e impacto de los incendios ha sido limitado y mucho más reducido que en años anteriores.
Así mismo, los incendios producidos afectaron a mucha menor superficie, siendo, hasta el momento, el fuego de Sobradelo, el que alcanzó a una mayor extensión, quemando cerca de 200 hectáreas. Durante las 48 horas en que el incendio estuvo
activo, destruyendo monte bajo y arbolado, la movilización de recursos para lograr su extinción, fue máxima, contándose con la participación en las labores de 8 aviones, 9 helicópteros, 30 agentes forestales, 52 brigadas, 25 motobombas y 2 palas
excavadoras, lo que eleva el coste por los trabajos de extinción a más de 326.000.
Se constata así, un año más que el modelo de lucha contra los incendios de la Xunta de Galiza no ha cambiado y sigue basándose en confiar en la climatología como única labor de prevención, combinada con la macromovilización de efectivos
cuando el incendio finalmente se produce para poder atajar su extinción. Se vuelve a comprobar, por lo tanto, la poca efectividad de esta táctica y que la falta de políticas preventivas de limpieza no permitirá erradicar el impacto de los incendios
forestales que seguirán produciéndose año tras año.
Aunque la Xunta de Galiza se escude en que muchos de los incendios son provocados, para alegar que son inevitables, el BNG considera que los trabajos de prevención son determinantes para minimizar sus efectos. Así, lograr una masa forestal
productiva que promueva la diversificación de especies, primando especies autóctonas de hoja caduca, no pirófitas, ayudaría a evitar la extensión de los incendios. Pero desde luego, deben ser también una prioridad las labores de limpieza,
eliminando el exceso de biomasa acumulada que con las altas temperaturas del verano se convierte en el caldo de cultivo perfecto, sirviendo de alimento a las llamas en su avance.
Las labores de limpieza lograrían evitar una gran parte de los incendios, pero debe recordarse que no sólo la Xunta tiene competencias en esta materia, pues desde la Administración General del Estado, debe atenderse el mantenimiento de las
carreteras, autopistas o vías de ferrocarril de su titularidad, incluyendo la limpieza de sus márgenes.
De hecho, en el citado incendio de Sobradelo se estima, según la información publicada desde la Consellería de Medio Rural, que la causa fue una chispa de la catenaria a su paso por ese lugar que prendió en la maleza seca que rodea la vía.
Por lo tanto, aunque ADIF presentó un plan de prevención de incendios para el periodo 2021-2022, se demuestra con este incidente que no lo está cumpliendo. Fácilmente puede constatarse que la zona de Sobradelo no es la única en estado de
abandono y que, en general, todos los márgenes de las vías ferroviarias no están adecuadamente mantenidos y limpios para prevenir la iniciación y propagación de incendios.
Tampoco el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está cumpliendo con su obligación realizando el adecuado mantenimiento de las carreteras titularidad del Estado en Galiza. Esta limpieza se hace tarde, de manera lenta y
parcial o directamente no se hace, lo cual supone un grave riesgo para la provocación de incendios, además de llegar en algunos casos a invadir los arcenes dificultando y poniendo en riesgo la circulación y la visibilidad. Cuando se realiza alguna
labor de limpieza esta realiza inadecuadamente, pues abarca tan solo 1 o 2 metros de los márgenes, pero no se desbrozan los terraplenes, dejando que acumulen maleza. Así mismo, se aplica en muchos casos glifosato, producto que mata de raíz toda
vegetación y con gran poder contaminante que acaba llegando a los cauces de agua, tal y como se puede constatar en los informes de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Utilizando este herbicida, la maleza seca no se evita y, por lo tanto, no se
elimina el riesgo de incendio mientras debe soportarse la contaminación consecuencia de su uso.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Cumplir con los planes de prevención de incendios y a respetar su obligación de garantizar las adecuadas medidas de seguridad viaria procediendo a mantener las franjas en tomo a las carreteras titularidad de la Administración General del
Estado y líneas de ferrocarril libres de maleza y lograr así evitar la propagación de incendios.
2. Iniciar las gestiones necesarias para proceder a compensar los gastos y pérdidas materiales ocasionadas, tanto a entidades públicas como privadas y particulares, por los incendios que se demuestre que han sido originados por la falta de
adecuado mantenimiento de los márgenes de las líneas ferroviarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2021.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/003164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de Ferran Bel i Accensi, Diputado del Partit Demòcrata, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana una proposición no de ley para que el Gobierno español negocie de forma inmediata con el Govern de la Generalitat la ampliación del Aeroport del Prat.
Exposición de motivos
El 2 de agosto, el Gobierno español y el Govern de la Generalitat anunciaron un acuerdo para la ampliación del Aeroport del Prat, refrendado por ambas notas de prensa. Esta ampliación suponía unas inversiones por valor de l. 7000 M a
ejecutar hasta el año 2030. El grosor de la inversión iba destinado a la construcción de la nueva terminal y a la construcción de un túnel para conectarla con la T1.
El 3 de septiembre AENA presenta el Documento de Ordenación Aeroportuaria (DORA) ante el comité de coordinación aeroportuaria de Catalunya, en el que participa la Generalitat. En este documento, se esboza el proyecto de ampliación en el que
se indica que afectaría a la zona de la Red Natura 2000. A raíz
de esta presentación, el president de la Generalitat se manifestó, a través de twitter, en contra de como quedaba fijado el proyecto porque entendía que no corresponde con el consenso establecido dentro del Govern de la Generalitat aunque
quería que se hiciera la ampliación en otros términos. Posteriormente, la portavoz de uno de los partidos del Govern comunicó que su partido se sumaría a la manifestación ecologista en contra de la ampliación. Miembros de uno de los partidos que
forma parte del Gobierno español también anunciaron que se sumarian a esta manifestación.
El 8 de septiembre, la ministra de Fomento, en una súbita rueda de prensa anunció por sorpresa la suspensión de la ampliación del Aeroport del Prat alegando que el pacto se quebró por falta de confianza tras señalar que el proyecto no tiene
un apoyo nítido de la Generalitat. Sin mencionar que dentro del propio Gobierno español, una parte del mismo no apoya este proyecto, como lo muestra la visita, anunciada el día anterior,· de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a la laguna de
La Ricarda.
El Gobierno español tomó esta decisión sin que previamente se estableciera ningún contacto entre la ministra de transportes y el vicepresident de la Generalitat, el miembro del Govern con quien alcanzo el acuerdo, ni sin que el presidente
Sánchez llamara al president Aragonés.
El Gobierno español actúa movido por un tacticismo constante, haciendo patente la falta de voluntad política real de apostar decididamente por la inversión al Aeroport del Prat. Demuestra un oportunismo político al aprovechar la falta de
iniciativa y las rendijas del Govern de la Generalitat para sus intereses, sin tener en cuenta las necesidades reales de la sociedad catalana. Plantear la ampliación como un sí o uno no, sin margen de negociación, ha sido un desprecio en la
Generalitat. Si el Gobierno del Estado quisiera hacer las cosas bien, se sentarían y buscarían una solución de consenso en lugar de suspender la inversión.
El Gobierno español, como máximo responsable político de AENA, debe entablar negociaciones con la Generalitat de Catalunya para alcanzar un acuerdo para asegurar la ampliación del Aeroport del Prat.
Por todo ello, los Diputados del Partit Demòcrata presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a negociar de forma inmediata con el Govern de la Generalitat la ampliación del Aeroport del Prat respetando los requerimientos ambientales y con las compensaciones medioambientales necesarias
para cumplir con la normativa europea. Y por tanto, hacer posible durante los próximos años, tal y como estaba previsto, la inversión de AENA de 1.700 M.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2021.-Ferran Bel Accensi, Diputado.-El Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/003124
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Georgina Trías Gil, D. Joaquín Robles López, D. José Ramírez del Río, D.ª María de los Reyes Romero Vilches, D.ª María Teresa López Álvarez, D. Agustín Rosety Fernández de Castro y D. José María Figaredo
Álvarez-Sala, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición No de Ley
relativa a impulsar la promoción de la cultura de seguridad y defensa en los distintos niveles educativos y de la formación profesional, para su discusión en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
Primero. Antecedentes normativos.
La Constitución Española de 1978 ('CE') regula en su artículo 8·el papel de nuestras Fuerzas Armadas ('FFAA') en la salvaguarda de nuestra Patria y de nuestro Estado social y democrático de Derecho:
'1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.'
Asimismo, conviene recordar el frecuentemente olvidado artículo 30.1 de nuestra Carta Magna en lo que se refiere a la obligación constitucional (y moral) de los españoles de defender a España:
'Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España'.
Ambos preceptos constitucionales encuentran su regulación y desarrollo en varias normas de nuestro ordenamiento jurídico. La principal de ellas es la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional ('LODN') cuyo objeto de
regulación es, amén de las bases de la organización militar,' (...) la defensa nacional (...)', tal y como queda establecido en el primer artículo de la norma orgánica.
Respecto al marco jurídico educativo, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación ('LOE'), recientemente modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, resulta de interés pues contempla en el artículo 7 la posibilidad de concertar políticas educativas comunes entre las diferentes Administraciones educativas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación ('CSE'):
'Las Administraciones educativas podrán concertar el establecimiento de criterios y objetivos comunes con el fin de mejorar la calidad del sistema educativo y garantizar la equidad. La Conferencia Sectorial de Educación promoverá este tipo
de acuerdos y será informada de todos los que se adopten.'
La CSE es el órgano apropiado para este caso, según se desprende del articulado citado. Conforme al artículo 3 del Reglamento de la Conferencia Sectorial de Educación 26, la CSE 'es un órgano de encuentro y deliberación que tiene como
finalidad primordial conseguir la máxima coherencia e integración en cuanto a la aplicación de las decisiones que en el ámbito de la política educativa dicten, en el ámbito de sus respectivas competencias, La Administración del Estado y las
Comunidades Autónomas, mediante el intercambio de puntos de vista y el examen en común de los problemas que puedan plantearse y de las actuaciones proyectadas para afrontarlos y resolverlos'. A tenor de ese mismo artículo, entre sus funciones
destaca la elaboración de 'planes y programas conjuntos de actuación'.
El Gobierno, a propuesta de la Ministra de Educación y Formación Profesional, quien convoca y preside la CSE, puede promover en el seno de este órgano un acuerdo entre las Administraciones educativas para impulsar en todas ellas la promoción
de la cultura de defensa en las aulas.
Asimismo, no debe olvidarse la posibilidad de suscribir convenios de colaboración entre administraciones públicas en atención a los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
De esta manera, el Gobierno tiene herramientas legales suficientes para proponer el sometimiento a debate y acuerdo que las Administraciones educativas incluyan en sus programas y actividades educativas una mayor presencia de las FFAA en
tanto que pilar del Estado-nación y de nuestro ordenamiento constitucional.
Por ello, se hace necesario un mayor conocimiento y concienciación de la importancia de las FFAA y su excelente e inconmensurable labor en diversos ámbitos, de entre los que cabría destacar: (i) la defensa de la soberanía e independencia de
España, (ii) las misiones internacionales en las que participa, (iii) la reducción de riesgos y solución de diversas eventualidades (incendios, nevadas, inundaciones, pandemias, repatriaciones, etc.), y (iv) como vehículo preeminente de los símbolos
nacionales dada la posición de la milicia como pieza fundamental en la historia de España, sin la cual no se entenderían innumerables efemérides y acontecimientos.
26 https://www.educacionyfp.gob.es/ darn/jcr:04152b8a-Ob38-414c-a46a-7bc685620dd3/reglamentoconferencia.pdf
Segundo. La cultura de defensa.
El artículo 2 de la LODN define la finalidad de la denominada 'política de defensa' como '(...) la protección del conjunto de la sociedad española, de su Constitución, de los valores superiores, principios e instituciones que en ésta se
consagran, del Estado social y democrático de derecho, del pleno ejercicio de los derechos y libertades, y de la garantía, independencia e integridad territorial de España. Asimismo, tiene por objetivo contribuir a la preservación de la paz y
seguridad internacionales, en el marco de los compromisos contraídos por el Reino de España'.
Asimismo, la ley supra y, en concreto, su artículo 31, establece el concepto de' cultura de defensa':
'El Ministerio de Defensa promoverá el desarrollo de la cultura de defensa con la finalidad de que la sociedad española conozca, valore y se identifique con su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo mediante el que las Fuerzas
Armadas salvaguardan los intereses nacionales. Asimismo, el resto de los poderes públicos contribuirán al logro de este fin.'
Igualmente, resulta de interés citar el concepto de 'cultura de seguridad nacional' incluido en la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, por razones de evidente vinculación con la cultura de defensa por razón de la
materia. Así, el artículo 5 de la citada norma contempla que:
'1. El Gobierno promoverá una cultura de Seguridad Nacional que favorezca la implicación activa de la sociedad en su preservación y garantía, como requisito indispensable para el disfrute de la libertad, la justicia, el bienestar, el
progreso y los derechos de los ciudadanos.
2. A los efectos del número anterior, el Gobierno pondrá en marcha acciones y planes que tengan por objeto aumentar el conocimiento y la sensibilización de la sociedad acerca de los requerimientos de la Seguridad Nacional, de los riesgos y
amenazas susceptibles de comprometerla, del esfuerzo de los actores y organismos implicados en su salvaguarda y la corresponsabilidad de todos en las medidas de anticipación, prevención, análisis, reacción, resistencia y recuperación respecto a
dichos riesgos y amenazas.'
Por tanto, de la lectura de ambos preceptos legales se deduce la necesaria implicación de todos los órdenes de la sociedad civil, incluida la comunidad educativa, en conocer y concienciarse sobre la defensa y seguridad de España.
Al descender un peldaño en la pirámide normativa encontramos el desarrollo de ambas leyes en otros tantos documentos oficiales, donde la cultura de defensa continúa destacando como una más de las manifestaciones de nuestra defensa nacional.
En concreto, pueden citarse, todas ellas en vigor, la Directiva de Defensa Nacional (2020) 27, la Directiva de Política de Defensa (2020) 28, la Estrategia de Seguridad Nacional (2017) 29, el Plan Director de Cultura de Defensa (2002) y el más
reciente Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional (2021) 30. Todas ellas recalcan en sus articulados la necesidad de fomentar una meta común para todos los españoles: una cultura de defensa y seguridad nacional en la sociedad civil para que
los españoles se impliquen de forma activa en el conocimiento, preservación, defensa e impulso de los intereses nacionales de España, también en el ámbito educativo.
Así, en el último texto oficial sobre la cuestión, el Plan Integral de Cultura y de Seguridad Nacional, aprobado el pasado 25 de mayo de 2021, se desarrollan con más detalle las manifestaciones de esta cultura de defensa y seguridad
nacional. Entre los actores de referencia del artículo 7 de dicho plan, destacan la comunidad educativa. De hecho, de entre las cuatro líneas de acción, la primera está destinada a ellas en los siguientes términos:
'Formación para lograr una percepción correcta y fundamentada sobre la Seguridad Nacional, su trascendencia para garantizar la vida cotidiana y los esfuerzos que requiere su salvaguarda. Para ello, es
27 Letra m) y nº 6): https://www.defensa.gob.es/Galerias/defensadocs/directiva-defensa-nacional-2020.pdf
28 Objetivo 1: https: //www.defensa.gob.es/Galerias/ defensadocs/ directiva-politica-Defensa-2020.pdf
29 Páginas 83, 85 y 125: https: // www.defensa.gob.es/ Galerías/ defensadocs/Estrategia Seguriad Nacional 2017.pdf
30 https://boe.es/buscar /act.php?id=BOE-A-2021-9631
necesario generar conocimiento y cultura crítica en el ámbito del sistema educativo. Esta Línea de Acción se desarrolla a través de las siguientes actividades y medidas:
- Fomentar la inclusión en los currículos de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Educación Superior Universitaria, Enseñanza Militar, así como en la Formación Profesional Básica, de Grado Medio y de
Grado Superior, de aprendizajes adaptados a los distintos niveles educativos y dirigidos a la adquisición de un conocimiento amplio sobre la seguridad humana y sobre las diferentes herramientas de las que dispone el Estado para preservar los
derechos, las libertades y el bienestar de la ciudadanía.'
Por todo ello, parece clara la relación directa entre los fines de la cultura de defensa y la labor educativa de los centros docentes.
Tercero. La necesidad de difundir la cultura de defensa en los centros educativos.
La necesidad de impulsar y profundizar en la cultura de defensa en el ámbito docente responde a una realidad social: las nuevas generaciones de españoles, salvo por tradición o inquietud familiar por el mundo militar, carecen de un contacto
directo con las FF AA.
En este sentido, como señala D. Pedro Bernal Gutiérrez, quien fuera Director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, '[E]en la práctica, esa vinculación ha sido reducida por diversas razones, entre ellas, el papel de las FAS
en épocas anteriores, la escasa percepción de amenazas por parte de la ciudadanía o la carencia de una acción institucional para reforzarla' 31.
Pese a ello, en estos tiempos, la amplia variedad de ámbitos afectados por los desafíos, riesgos y amenazas a los que se enfrenta España obliga a una mayor difusión de un conocimiento de la defensa y seguridad nacionales.
Los españoles, como se ha expuesto en el expositivo primero, tienen el derecho y deber de defender a España. La cultura de seguridad y defensa juega aquí un papel esencial. Por ello, resulta fundamental desde la etapa escolar concienciar
sobre el rol vital desempeñado por las FFAA, la participación activa de la ciudadanía en la defensa y seguridad de España y el conocimiento de su historia y cultura militares. Igualmente, estas actuaciones pueden servir para reforzar nuestros lazos
comunes en torno a España y sus FF AA.
En los últimos años pueden destacarse algunas iniciativas de las Administraciones públicas para avanzar hacia este ideal. Así, son ejemplo la suscripción de convenios interadministrativos como el Acuerdo Marco Interadministrativo entre el
Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para contribuir a mejorar el conocimiento de la seguridad y la defensa en los distintos niveles educativos 32 (aunque de compleja aplicación dado el reparto competencial en
materia educativa y la frecuente falta de disposición y colaboración de las administraciones autonómicas, especialmente las gobernadas por los nacionalismos periféricos y aquellas de distinto color político del Gobierno de la Nación) y los distintos
convenios de colaboración acordados entre el Ministerio de Defensa y diversas entidades docentes, universidades, asociaciones y fundaciones en los últimos años 33.
También es destacable las numerosas actividades reseñadas en el documento Impulso a la Cultura de Defensa y Oferta Profesional de las Fuerzas Armadas para los Centros Educativos 34 de la Delegación de Defensa en la Comunidad de Madrid, como
ejemplo de colaboración Delegación del Gobierno-Comunidad Autónoma, o la celebración de convenios entre el Ministerio de Defensa y diversas universidades para la realización de prácticas externas de estudiantes en el Instituto de Historia y Cultura
Militar del Ejército de Tierra 35 institución entre cuyos fines se encuentra difundir' (...) cultura histórico militar de nuestro Ejército, dentro y fuera de él' 36.
Merece la pena distinguir la diversa cantidad de eventos y oportunidades de difusión de la cultura de seguridad y defensa en centros educativos: concursos y premios, conferencias y charlas formativas en
31 Bernal Gutiérrez, P. La cultura de seguridad y defensa en España. Sus orígenes y evolución. Cuadernos de estrategia, ISSN 1697-6924, Nº. 155, 2011, págs. 23-64.
32 https:// www.defensa.gob.es/ Galerias/gabinete/ficheros docs/2015 / texto-integro-acuerdo- Defensa-Educacion. pdf
33 https: //www.defensa.gob.es/portaldecultura/ actividades/ convenios/
34 https: // www.defensa.gob.es/ Galerias/ ministerio/ organigra:madocs/ delegacion/DDM-DOSSIERCULTURA-DEFENSA-CENTROS EDUCATIVOS.pdf
35 https://www.boe.es/ diario boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5058
36 h ttps: // ejercito.defensa.ge b.es /unidades/ Madrid/ ihycm/ Organizacion/ organizacion.html
colegios, visitas a museos e instalaciones militares, excursiones culturales a castillos y recreaciones históricas, jornadas de puertas abiertas de unidades militares, asistencia a actos militares como el izado de bandera, el relevo de
guardia o desfiles, simulacro de operaciones, conciertos didácticos de música militar, formación del profesorado en materia de difusión de la cultura de defensa, etc.
Además, estas actividades pueden servir de puente para extrapolar virtudes características de nuestras FFAA a nuestro alumnado, por sus beneficios en el desarrollo de su personalidad, su formación académica y, en general, su vida personal y
profesional: compañerismo, sentido del deber, ejemplaridad, excelencia profesional, orden, espíritu de servicio y entrega gratuita a los demás, valentía y amor y sentido de pertenencia a España, entre otras muchas.
Todos ellos son principios especialmente valorados por la sociedad española como evidencia el hecho de que las FF AA sean una de las instituciones más aplaudidas de nuestro país, una cuya imagen ha quedado más reforzada durante la pandemia
del coronavirus como demostró el CIS 37. Esta situación se da a pesar de sufrir carencias de material fruto de un presupuesto insuficiente y de no contar con una cultura de defensa especialmente implantada en todos los niveles de nuestra sociedad .
Por lo tanto, el motivo de multiplicar los esfuerzos en materia de cultura de defensa en los centros educativos es doble: difundir la importancia de la defensa y la seguridad nacionales en la protección y preservación de nuestra sociedad y
nuestros intereses nacionales, así como dar a conocer los principios éticos de nuestras FF AA entre nuestros estudiantes para su mejor crecimiento personal, académico y profesional.
Cuarto. Conclusión.
La labor de nuestras FF AA en la defensa nacional de nuestro país es una realidad, en ocasiones, desconocida por la mayoría de los españoles. Fruto de ese desconocimiento nace, con frecuencia, una infravaloración de la función de nuestros
ejércitos en nuestra comunidad y su impacto en nuestra vida cotidiana.
Para aumentar el sentimiento de agradecimiento y reconocimiento hacia el trabajo de nuestras FF AA es necesario incrementar la difusión de la cultura de defensa entre los españoles y, concretamente, entre los más jóvenes. Los escolares
españoles deben ser conscientes de que las FF AA representan uno de los instrumentos más importantes en la defensa de nuestra soberanía e independencia, de nuestra integridad territorial y de nuestro ordenamiento constitucional.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la cultura de defensa en los distintos niveles educativos y de la formación profesional mediante la promoción de las siguientes medidas:
1. Redactar, en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Ministerio de Defensa y las Consejerías de las Comunidades y Ciudades Autónomas, un Plan de Difusión de la Cultura y Concienciación de Defensa para
centros educativos, organizaciones de profesores y padres de alumnos.
2. Promover, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, el debate y toma en consideración de la necesidad de profundizar en la difusión y conocimiento de la cultura de defensa en los centros educativos y de formación profesional
de España.
3. Impulsar la cooperación entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Instituto de Historia y Cultura Militar para facilitar y promover la realización de jornadas, conferencias o charlas en los centros educativos y de
formación profesional con el fin de fomentar el conocimiento de la historia y cultura militar de España y su papel fundamental en la construcción de nuestra nación, así como las biografías de nuestros héroes y personajes militares.
4. En general, incrementar la presencia de las Fuerzas Armadas en los centros educativos y de formación profesional mediante la organización de eventos, visitas a centros por el personal militar y a instalaciones militares por el personal
docente y el alumnado; la celebración de actos de concienciación de nuestra defensa nacional; la difusión de acontecimientos militares históricos mediante folletos y
37 http://www.cis.es/ cis/export/sites/ default/-Archivos / Marginales /3280 3299 / 3298 / es3298mar.pdf
documentos audiovisuales y la asistencia a conferencias y eventos donde la comunidad educativa conozca de primera mano la labor indispensable realizada por nuestras Fuerzas Armadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2021.-Georgina Trías Gil, Joaquín Robles López, José Ramírez del Río, María de los Reyes Romero Vilches, María Teresa López Álvarez, Agustín Rosety Fernández de Castro y José María
Figaredo Álvarez-Sala, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/003132
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar las competencias del personal docente en lenguas
extranjeras, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
Según el último informe elaborado por EF EPI 2020, que clasifica a los países y regiones no angloparlantes por su nivel de inglés, España se encuentra a la cola de Europa y ocupa la 34.ª posición en este ranking mundial. Los datos de la
última encuesta, teniendo en cuenta los datos del informe anterior, atestiguan que España sigue sin mejorar en esta materia en comparación a otros países como Italia, Grecia o Portugal.
Esta misma situación es extensible al resto de lenguas extrajeras que oferta nuestro sistema educativo. El Observatorio Social La Caixa señalaba el mes de julio de 2020 el aprendizaje de idiomas extranjeros como una de las asignaturas
pendientes de nuestro sistema educativo. Los datos referenciados por la entidad afirman que 'prácticamente la mitad de la población española adulta declara no tener suficientes competencias para hablar un idioma extranjero'.
La ausencia de competencias en más idiomas además del nativo no solo impide a la población general acceder a otras culturas sino que además tiene impacto sobre nuestro tejido educativo. La empresa Randstad, en un estudio publicado en el año
2016, revelaba que el 80 % de las ofertas laborales para perfiles medios y directivos exigen conocimiento de inglés. Sin embargo, solo '57 % de los profesionales declara que tiene conocimientos en este idioma mientras que el 48,9 % de los
profesionales españoles afirmaba que no habla ningún idioma, más allá del nativo'.
Esta situación obliga a las Administraciones educativas a adoptar medidas para paliar este déficit en materia lingüística teniendo en cuenta la situación de nuestro sistema educativo, las mejoras prácticas internacionales en esta materia y
aprovechando los recursos económicos que recibirá España a cargo de los Fondos Next Generation.
Por todo lo anterior, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Impulsar una evaluación, de acuerdo con las comunidades autónomas y en colaboración con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, para determinar los problemas del sistema educativo español a la hora de garantizar el aprendizaje de
lenguas extranjeras del alumnado.
2. Elaborar, de acuerdo con las comunidades autónomas, un informe sobre las competencias lingüísticas acreditadas en lenguas extrajeras del personal docente al servicio de las Administraciones educativas, cuya actualización se realizará con
carácter anual.
3. Establecer un número de horas mínimo en el Proyecto de Ley de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional para aquellos ciclos formativos relacionados con actividades económicas con un papel importante en las
exportaciones de nuestro país o para cuyo desempeño laboral es necesario el conocimiento de lenguas extranjeras teniendo en cuenta las necesidades presentes y futuras de nuestro tejido económico.
4. Consignar una partida presupuestaria en los próximos Presupuestos Generales del Estado, a para aumentar las competencias del profesorado en lenguas extrajeras, teniendo en cuenta sus necesidades, la situación limítrofe de distintas
regiones de España con Estados con una lengua oficial distinta al castellano, o cualquiera del resto de lenguas españolas reconocidas oficialmente, y las necesidades formativas de los distintos sectores económicos de nuestro país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2021.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003133
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la conversión de los centros escolares en áreas de fomento de la protección de la salud de la infancia, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
Hasta hace pocas décadas, en España, la mayoría de niñas y niños, tanto en pueblos como en las grandes ciudades, tenían la posibilidad de desplazarse caminando a su centro educativo y de usar las calles para el juego, sin acompañamiento de
personas adultas. En la actualidad, esta autonomía de movimientos se ha visto drásticamente limitada por un modelo urbano donde se prioriza, entre otras cosas, la movilidad en vehículo privado, lo que ha generado toda una serie de efectos sobre la
vida, las oportunidades de desarrollo y la salud de niños y niñas, en especial a la hora de ir a sus centros escolares.
La percepción de peligro de padres y madres ha derivado en sobreprotección y continuo control adulto de la infancia, impidiendo el aprendizaje y dominio de numerosas aptitudes imprescindibles para el buen desarrollo físico y la maduración de
destrezas psicológicas básicas: habilidades sociales, resolución de problemas, orientación espacial, percepción de eficacia, autocuidado, autoconfianza, etc.
Las dificultades de los niños, niñas y adolescentes para caminar, correr y relacionarse con su entorno inmediato, así como para encontrarse y jugar libremente con iguales, se han vinculado, no solo con falta de autonomía, sino con problemas
crecientes de soledad y aislamiento, o con el incremento del estrés emocional e hiperactividad.
La importancia del juego en la infancia es tal que está reconocido como uno de sus derechos fundamentales, por la Convención de los Derechos del Niño, que también indica que 'la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover
el goce de este derecho'.
El sobrepeso infantil está íntimamente vinculado al sedentarismo y a la dificultad de los niños y niñas para realizar el ejercicio mínimo diario necesario, entre el que debería incluirse el desplazamiento activo a los centros escolares y la
actividad física en el entorno del barrio.
En la LOMLOE, en su artículo 17, numeral N) se habla de 'desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa autónoma saludable, fomentando la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico'.
Sin embargo, y atendiendo a esa referencia del artículo 17 al fomento de la educación vial, observamos que, desde un punto de vista de la seguridad vial, los entornos escolares no suelen ofrecer buenos ejemplos de cumplimiento de las normas
de tráfico; ni muchas veces '... actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico' [artículo 17.n) in fine]. Por el contrario, la saturación de las vías, las prisas y una cierta permisividad de las autoridades
locales, hacen que, en las horas de entrada y salida, sean frecuentes las dobles filas, el aparcamiento en aceras y pasos peatonales, junto a otros comportamientos que, generan un riesgo real a quienes van caminando o en bicicleta.
Aparte de las mencionadas consecuencias sobre la educación y la seguridad vial en los entornos escolares, es necesario e importante visibilizar otra serie de impactos que condicionan el desarrollo y la salud de la infancia, en especial
cuando se dirigen y, en algunos casos, están en sus centros educativos. Uno de ellos es la calidad del aire que respiran y otro es la alta exposición infantil a los
altos niveles de ruidos que oyen, pero que no se atiende como se debiera, además de la falta de consciencia que dicha contaminación acústica tiene en nuestros niños y cómo les afecta en su proceso educativo.
Además, y desde hace ya un curso escolar completo, la pandemia también nos ha obligado a actuar contra la transmisión de la COVID-19 en el entorno educativo. La guía 'Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19
para centros educativos en el curso 2020-2021', de los Ministerios de Educación y Sanidad en colaboración con las Comunidades Autónomas, plantea la necesidad de crear entornos escolares seguros implantando, entre muchas otras medidas, aquellas que
permitan limitar los contactos en las horas y lugares de entrada y salida de las clases. Esto supone adoptar decisiones que amplíen la disponibilidad de espacio físico de estancia y encuentro en los accesos de los colegios, junto con otras líneas
de intervención para fomentar una movilidad activa y saludable, y reducir el riesgo de contagio.
Y es que, en definitiva, el asfalto, el hormigón y los diferentes tipos de construcciones necesarias en muchas ocasiones para el desarrollo normal de la actividad escolar y académica de los centros escolares, han ido apropiándose del tan
necesario verde que debería de estar más presente en los centros educativos y sus entornos. En muchas ocasiones los espacios de juego y en especial los espacios verdes han ido perdiendo terreno e importancia. Espacios igual de importantes para el
crecimiento y desarrollo personal, emocional y en salud del niño como lo son los contenidos lectivos y los espacios propiamente educativos.
Sin embargo, en la reciente modificación de la legislación educativa, la LOMLOE, encontramos soluciones y esperanzas a dichos problemas; en especial en la modificación del apartado 3 del artículo 110 donde se regula sobre la accesibilidad,
sostenibilidad y relaciones con el entorno en los centros docentes.
El citado apartado 3 establece que 'Con el fin de promover una cultura de la sostenibilidad ambiental y de la cooperación social para proteger nuestra biodiversidad, las Administraciones educativas favorecerán, en coordinación con las
instituciones y organizaciones de su entorno, la sostenibilidad de los centros, su relación con el medio natural y su adaptación a las consecuencias derivadas del cambio climático. Asimismo garantizarán los caminos escolares seguros y promoverán
desplazamientos sostenibles en los diferentes ámbitos territoriales, como fuente de experiencia y aprendizaje vital'.
En la redacción de este artículo se abre un camino, una vía que bien nos puede conducir a una posible solución a los problemas antes mencionados. Es este un trabajo ambicioso que bien puede tener uno de sus inicios en las propias
instalaciones de los centros docentes, además de en el entorno de los centros escolares.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, en colaboración con las Comunidades Autónomas, competentes en la gestión de los centros educativos; la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) y la participación de
entidades y asociaciones locales relacionadas con educación y medioambiente, en las instalaciones y alrededores de los propios centros escolares las siguientes propuestas:
- Reservar en todos los recintos educativos, o en sus aledaños, un espacio seguro para el aparcamiento de bicicletas, patines y patinetes para incentivar la movilidad activa al centro.
- Revegetar los patios escolares con arbolado y plantas que proporcionen sombra, frescor y color a estos espacios, mejoren la calidad del aire y amortigüen el ruido.
- Priorizar la proximidad al centro escolar como criterio básico del área escolar, en beneficio de la infancia y de toda la comunidad, revirtiendo la implantación de 'zona única de escolarización' que tan negativamente influye en el
incremento de desplazamientos motorizados diarios.
- Limitar el aparcamiento y el tráfico en las calles del entorno y, muy especialmente, en las inmediaciones de las entradas a los centros.
- Vigilar y hacer cumplir estrictamente la normativa vial a la entrada y salida de estudiantes para que el entorno escolar sea un espacio seguro y de convivencia.
- Priorizar la movilidad peatonal y ciclista en el viario del entorno escolar, creando corredores de acceso libres de coches, fomentando la presencia de vegetación y agua, y promoviendo zonas estanciales, de encuentro y de juego en el
espacio público.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2021.-María Luz Martínez Seijo y Maribel García López, Diputadas.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003140
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Protocolo de detección y protección de los y las menores víctimas de acoso
por LGTBlfobia en los centros educativos, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
El 21 de julio de 2020, Netflix toma la decisión de no grabar la serie 'lf Only' en Turquía al negarse a eliminar un personaje gay. La medida se produce en medio de las preocupaciones sobre un aumento en la política contra el movimiento
LGTBI por parte de los líderes políticos y religiosos del país.
El 2 de octubre de 2020, un equipo de la USL Championship de los Estados Unidos, se retira del campo después de que un jugador recibiera insultos homófobos, 'La homofobia y el racismo no tienen lugar en nuestro deporte'.
El 5 de octubre de 2020 en Tazacorte aparece escrito 'Pueblo de maricones' y en el Puerto de la Cruz, se comente una agresión homófoba que no se denuncia por el miedo a revivir lo que se ha pasado y la idea de que no se va a creer lo vivido.
El 21 de octubre de 2020 tres menores son detenidos por agredir e insultar a un chico en un ataque homófobo en Leganés. 'Maricón te vamos a coger'.
El 7 de noviembre de 2020 en un IES de Cartagena, un menor sufre una agresión homófoba que acaba con la rotura del tabique nasal del menor que había recibido insultos continuados por parte de su agresor como: 'Le decía muchas veces
maricón'; finalizando el acoso verbal en agresión física 'Le pegó un puñetazo que lo dejó inconsciente' 'Está muy triste y destrozado y se pregunta ¿Por qué a mí?'
Todos estos titulares recogidos en diferentes medios nos llevan tener conocimiento de la realidad que viven en nuestro país, en pleno siglo XXI, personas homosexuales. Estas agresiones despreciables toman otra dimensión cuando se comenten
en el ámbito escolar, donde los prejuicios deberían estar desterrados a un segundo plano.
Lamentablemente no es así, la LGTBlfobia es una realidad en nuestro sistema educativo, por lo que el miedo de los adolescentes LGTBI a aceptarse y/o hacerse visibles está más que justificado. Existe un desconocimiento sobre la realidad
LGTBI entre el alumnado y entre los educadores/as, así como en temas de sexualidad que lleva a tener ideas equivocadas y a invisibilizar una realidad existente.
Proteger y prevenir a los niños y las niñas frente a la violencia de cualquier tipo se ve ya reflejada en la recientemente aprobada Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la
violencia.
Los datos que nos facilita la 'Plataforma de la Infancia' son alarmantes, con un aumento del 4,5 % de los malos tratos a menores de 2017 a 2018, cuando una de cada dos denuncias contra la libertad sexual es a menores y cuando en 2018 el
ciber acoso sumó 2319 denuncias de menores.
La violencia a menores supone una vulneración flagrante de sus derechos y un ataque directo a su dignidad.
En España, según La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, el 43 % de los niños y las niñas homosexuales y bisexuales, ante el acoso que sufren, han pensado en el suicidio y el 81 % de estos incluso lo han planificado,
siendo el 17 % los que atentan contra su vida.
La humillación, la impotencia, la rabia, la tristeza, la incomprensión, la soledad, la vulnerabilidad, el aislamiento y la desesperanza son sentimientos que padece este colectivo en su etapa escolar.
Los datos de la UE también son también significativos. El 61,2 % de los jóvenes LGTBI, sufren discriminación en la escuela, el 51,2 % en su vida familiar y un 29,8 % por parte de sus amistades.
La diversidad sexual, la educación en la diversidad, desterrando antiguos tabúes deben formar parte del currículum educativo para anular conocimientos sexistas y homófobos.
Y así se recoge en el artículo 27 de la Constitución Española: 'La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales'.
Es fundamental realizar una adaptación del sistema judicial a las necesidades de los menores, del mismo modo que se hace fundamental educar en la diversidad afectivo-sexual, donde los centros tengan un protocolo contra la lucha del acoso
escolar, eliminando el lenguaje homófobo, fomentando el respeto y el valor de la riqueza a la diversidad.
Se hace necesario el contacto de los centros educativos con las asociaciones y los servicios públicos y privados de los que se asesorarán para obtener el apoyo para la consecución de Programas de atención y la evaluación del progreso de
éstos para conocer los niveles de discriminación, LGTBlfobia y violencia entre el alumnado.
Un sistema de reparación y reintegración al ámbito escolar, con un protocolo de recogida de datos para visibilizar el problema real, con puntos de actuación claros:
- Recogida de datos.
- Análisis de datos.
- Formación de los profesionales.
- Mecanismos de denuncia.
- Adaptación del sistema jurídico.
- Aumento del plazo de la prescripción de delitos.
- Estrategia Integral sobre la violencia infantil.
Desde los Centros Educativos es imprescindible adoptar las medidas adecuadas, con los apoyos y las herramientas necesarias, ya que volver a un centro donde se ha sufrido acoso es de valientes, como nuestro Presidente del Gobierno recordó al
menor de Cartagena agredido.
'Eres un valiente, pase lo que pase. Los valientes como tú son los que acaban encontrando la verdadera felicidad.
Cuenta con todos nosotros para crecer en libertad y sin miedo para ser como quieras ser, sin que nadie te impida cumplir tus sueños.
Quiero asegurarte que el odio no tiene futuro en nuestro país. Pero tú sí. Tú tienes todo el futuro por delante.'
Ser homosexual no es una enfermedad. La LGTBfobia sí que se cura.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ejercicio de sus competencias y en colaboración con las CCAA a promover el desarrollo o la incorporación de protocolos de detección y protección de los y las menores víctimas del acoso
escolar, entre ellos los de LGTBlfobia en el ámbito escolar, en el que se tengan en cuenta, al menos, las siguientes propuestas:
- Procedimiento de actuación ante la detección o comunicación de casos por LGTBlfobia que involucre a los equipos directivos, docentes, mediadores, alumnos y alumnas, padres y madres, etc.
- Mecanismos de protección y apoyo a las víctimas;
- Programas de formación, información y atención;
- Programas de colaboración y/o coordinación con asociaciones y servicios públicos y privados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2021.-Yolanda Seva Ruiz, Lázaro Azorín Salar y María Luz Martínez Seijo, Diputados.-Susana Ros Martínez, Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del
Grupo Parlamentario Socialista.
161/003141
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para elaborar protocolos de prevención y actuación que garanticen entornos académicos seguros frente al abuso sexual a menores, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
El Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud publicado por la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, define la violencia hacia la infancia como 'el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o
efectivo, contra un niño, niña o adolescente, por parte de una persona o un grupo, que cause o tenga muchas probabilidades de causar perjuicio efectivo o potencial a la salud del niño, a su supervivencia, desarrollo o dignidad'. Asimismo, el
artículo 15 de la Constitución Española de 1978 establece que 'Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes'. En este
marco normativo, conviene mencionar el Convenio Europeo de Lanzarote ratificado por España, para la Protección de los Niños Contra la Explotación y el Abuso Sexual. Tras dicho acuerdo, se realizaron las pertinentes modificaciones legislativas en el
marco del capítulo II bis del título VIII de nuestro Código Penal en el que se tratan los abusos y agresiones sexuales a menores. Una de las modificaciones más significativas fue la elevación de la edad para el consentimiento sexual, el texto
recoge que 'La persona que realizare actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años, será castigado como responsable de abuso sexual a un menor con la pena de prisión de dos a seis años', sin interpretación de consentimiento posible debido
al grado de desarrollo y madurez del menor.
En España, según los datos de Save the Children en 2017, entre un 10 % y un 20 % de la población española ha sufrido algún tipo de abusos sexuales durante su infancia. Además, la Organización Mundial de la Salud (8 de junio de 2020) muestra
en sus cifras que una de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia.
Según el Consejo de Europa, uno de cada cinco niños y niñas sufren algún tipo de violencia sexual antes de cumplir los 18 años. Frente a las ideas preconcebidas de que los abusos son perpetrados por desconocidos, el 90 % de las víctimas
menores de edad dicen haberlo sufrido por parte de alguien cercano o conocido. En España, se produjeron 15.338 denuncias contra la libertad sexual en el año 2019, 7.056 fueron menores de edad. Con estos datos, observamos que se producen 19
denuncias por abusos sexuales hacia menores al día en nuestro país; teniendo en cuenta que según las estadísticas, solo un 15 % de las menores llegan a denunciar, podríamos estimar que se superan los 120 casos diarios de abusos hacia menores en
España. Una auténtica lacra.
Definir el abuso sexual infantil es complejo puesto que depende de cuestiones relacionadas con la edad de las víctimas y de los agresores, por las estrategias empleadas para llevar a cabo la relación de abuso y por las conductas que se
pueden considerar abusivas. Sin embargo, existe un consenso en dos criterios necesarios: la existencia de una relación de desigualdad entre víctima y agresor y la utilización del menor como objeto sexual.
La definición propuesta por el National Center of Child Abuse and Neglect en 1978 recoge que el abuso sexual infantil sucede 'cuando el adulto (agresor) usa al menor para estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otra persona. El abuso
sexual puede ser cometido por una persona menor de 18 años cuando esta es significativamente mayor que el niño (la víctima) o cuando está (el agresor) en una posición de poder o control sobre otro menor'.
El abuso sexual infantil supone grandes perjuicios al desarrollo evolutivo de los menores. El daño ocasionado acarrea un importante número de estragos en su víctima. Según la Organización Mundial de la Salud algunos de los más comunes son:
- Lesiones, desgarros o irritación en los órganos sexuales.
- Problemas del sueño (pesadillas frecuentes, terrores nocturnos e insomnio).
- Trastornos de la alimentación.
- Culpa y vergüenza, en especial el rechazo al cuerpo propio.
- Ansiedad (miedo y preocupaciones excesivas).
- Depresión y baja autoestima.
- Rabia y agresividad.
- Conductas autolesivas o suicidas.
- Disminución del rendimiento e incluso fracaso escolar.
- Consumo de drogas y alcohol.
- Conductas antisociales.
La revelación directa por parte del niño, niña o adolescente del abuso sexual es lo menos frecuente en estos casos, siendo la aparición de indicadores físico-emocionales los que suelen permitir dibujar un perfil de sospecha. Para ello, se
deben establecer reglas de prevención y protocolos de actuación adecuados por parte de las administraciones públicas competentes.
Los centros educativos son lugares en los que los/as niños/as forman su personalidad, su confianza y su desarrollo futuro. Tenemos la obligación de garantizar un ambiente seguro en el que el acoso, con especial atención al acoso sexual, se
encuentre totalmente erradicado.
Sin embargo, el problema más importante con el que nos encontramos en la actualidad y al que no hemos sabido dar respuesta es precisamente la detección de los abusos sexuales en la infancia. Sin esta detección precoz, este abuso puede
alargarse en el tiempo.
Son los profesores, educadores, padres y madres, los adultos que pasan más tiempo con los menores, sin embargo, nos encontramos con una falta de formación, información y falsas creencias relacionadas con este tema, que hace que, en muchas
ocasiones, pase desapercibido en los entornos familiares y es colares.
Por todo ello, es de vital importancia realizar una correcta intervención desde los ámbitos cercano a los menores, de prevención y de actuación en el caso de detección, así como su posterior acompañamiento en el centro escolar. Esta
intervención completa debe estar desarrollada por las administraciones educativas y concretadas por cada centro en función de sus recursos.
Esta intervención no puede llevarse a cabo sin contar con las familias, el profesorado y el alumnado. Una correcta sensibilización y formación del profesorado en derechos de infancia, protección del menor y protocolos de actuación, dar
información a las familias y mejorar los canales de comunicación familia-escuela, y formación en modelos de respeto, afectividad y sexualidad para el alumnado, así como aprender a diferenciar los 'secretos' que deben contar, serán el inicio de una
detección temprana del abuso sexual infantil, así como su prevención.
En este punto conviene recordar que durante estos últimos meses se han creado dos marcos normativos que hacen de los centros educativos lugares más seguros. Tanto el proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Infancia y la Adolescencia
contra la Violencia, como la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), marcan un antes y un después en la protección de los menores en el ámbito escolar.
Los centros educativos pueden ser la mejor herramienta para la prevención y erradicación de los abusos sexuales y el acoso en los centros. Por ello, la LOMLOE establece los preceptos necesarios para conseguirlo. Por un lado, introduce una
nueva materia en Primaria y Secundaria sobre valores cívicos y éticos, que prestará especial atención a la igualdad entre mujeres y hombres y al valor del respeto a la igualdad. En Bachillerato, se incorpora entre los objetivos de la etapa
consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que permita prever, detectar y resolver posibles situaciones de violencia. Por otro lado, se crea la figura de un/a coordinador/a de convivencia en todos los centros, encargado de la
protección de los niños ante cualquier problema que se pueda dar en el ámbito escolar. Además, se aboga por una educación especializada para los docentes, así como la creación de protocolos que garanticen la protección, detección precoz,
asistencia, reintegración de derechos vulnerados y recuperación de la víctima.
Es necesario, dentro del marco de convivencia con la LOMLOE, crear sinergias entre las administraciones competentes con el objetivo de coordinar y mejorar la implementación de las disposiciones legislativas. Provistas las administraciones
de un marco legislativo general que garantiza la protección de los menores dentro del ámbito escolar, son estas las encargadas de asumir las competencias ejecutivo-administrativas de gestión del sistema educativo de su propio territorio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar e implementar en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas y
conforme a la normativa vigente, protocolos de prevención y actuación que garanticen entornos académicos seguros, en los que el acoso sexual a menores esté completamente erradicado. Dichos protocolos podrán basarse en directrices de
prevención, detección y actuación y contemplarán al menos las siguientes medidas:
- Velar, independientemente de la etapa educativa, por una educación que incluya el respeto a la igualdad y a la diversidad, con especial atención a la educación afectivo-sexual y a la igualdad de género.
- Fomentar una formación especializada y continuada para los docentes en igualdad de género y en la erradicación de cualquier tipo de violencia en los centros educativos que incluya indicadores conductuales que puedan conducir a una
situación de acoso oculta.
- Crear la figura de un coordinador/a de bienestar y protección en los centros escolares.
- Impulsar la creación de protocolos de actuación dirigidos a la detección y erradicación de la violencia en el centro.
- Favorecer la disposición, la empatía y la confianza del personal docente con el alumnado ante una situación de violencia.
- Elaborar respuestas eficaces para detener, y reparar el daño causado a la víctima.
- Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Convenio de Lanzarote: Convenio 201 del Consejo de Europa para la Protección de los Niños Contra la Explotación y el Abuso Sexual.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2021.-María Luz Martínez Seijo y Sergio Gutiérrez Prieto, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/003138
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la implementación en el
SEPE de un programa informático para agilizar la tramitación de las prestaciones por desempleo, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El reconocimiento de las prestaciones del SEPE se hace actualmente de manera manual, siendo absolutamente residual las tramitaciones de reconocimiento realizadas on-line.
Durante la pandemia se puso en marcha un modelo de solicitud informática de prestaciones a través del mal llamado formulario de 'pre-solicitud', cuya utilización ha aumentado debido, en gran parte, a la dificultad de los ciudadanos para
obtener cita previa o para poder acudir presencialmente a una oficina del SEPE.
Este formulario sólo sirve para la iniciación del trámite mediante la presentación de la solicitud ya que posteriormente es necesario que un funcionario reconozca la prestación.
En la actualidad, debido a la gran información que existe en la base de datos de los distintos organismos públicos, no hay ninguna información que el ciudadano tenga que facilitar al SEPE, ya que el propio organismo tiene acceso directo a
ésta. Esto significa, que no hay ningún dato que sea necesario para el reconocimiento de las prestaciones que el SEPE no pueda obtener de forma automatizada, por ejemplo:
- La situación legal de desempleo: el SEPE la tiene desde que se graba en 'la vida laboral'.
- El periodo cotizado para el cálculo de prestaciones: el SEPE ya lo tiene y, a estas alturas, ya ni se pide a los usuarios.
- Cotizaciones de los últimos 180 días: El SEPE también lo tiene y ni siquiera se pide a los ciudadanos.
- Rentas para los subsidios: El SEPE tiene la información a través de los cruces con la Agencia Tributaria (AEAT)
En base a lo expuesto, el SEPE podría implantar su propio programa de cálculo y reconocimiento de prestaciones semejante al 'programa Padre' instaurado por la AEAT, en el que se envía al ciudadano un borrador de la declaración del IRPF y
éste muestra su conformidad con un SMS.
Debería estudiarse y analizarse en profundidad el implantar un programa informático en el que, una vez el gestor de la Tesorería General de la Seguridad Social grabara una baja laboral que diera lugar al cobro de la prestación de desempleo,
el propio sistema hiciera un cálculo y una propuesta de reconocimiento de la prestación y lo pusiera a disposición del trabajador para que éste diera posteriormente su conformidad al SEPE por vía de SMS, previa alta como demandante de empleo.
De esta manera, se podría reducir gran parte de las 711 oficinas físicas de empleo existentes en todo el territorio nacional, se mejoraría la gestión al reducir la posibilidad de errores humanos en los reconocimientos actuales y se
racionalizaría el gasto en los medios materiales y humanos, al necesitar menos personal temporal y precario consiguiéndose, por tanto, unas plantillas más eficientes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar e implantar un sistema informático (análogo al existente en la AEAT para el 'programa Padre') en el SEPE para el reconocimiento de la prestación de desempleo, al contar las bases de
datos de la Administración Pública de toda la información necesaria para el realizar el cálculo tanto de la cuantía, como del periodo de percepción de la citada prestación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2021.-Llanos de Luna Tobarra, José Ignacio Echániz Salgado, Diego Movellán Lombilla, Javier Bas Corugeira y María Teresa Angulo Romero, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003147
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la elaboración de un análisis
pormenorizado de los subsidios asistenciales del SEPE bajo los principios de racionalización, simplificación, eficacia y eficiencia, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El SEPE, dentro de su acción protectora, actualmente reconoce y paga un elevado número de subsidios asistenciales, como:
1. El Subsidio para mayores de 52 años ( vinculado a la posterior pensión de jubilación).
2. El Subsidio de inferior cotización (para quienes acreditan ciertas cotizaciones pero no el mínimo exigido para la prestación de desempleo).
3. El Subsidio de agotamiento de desempleo (para quienes han agotado la prestación contributiva de desempleo).
4. El Subsidio Especial (previsto para algunas situaciones de ayuda a jóvenes).
5. El Subsidio de Excarcelado.
6. El Subsidio de emigrante retornado (españoles que regresan a España).
7. Renta Activa de Inserción.
8. De mayores de 45 años.
9. Por revisión de incapacidad permanente (pérdida de la pensión de incapacidad debido a un proceso de revisión).
Estas nueve categorías de subdividen a su vez en otras tantas, ya que algunos de ellos, como el de inferior cotización, o el de agotamiento de la prestación contributiva de desempleo pueden revestir diferentes modalidades.
La característica común en estos subsidios no es el encontrarse en desempleo, la situación de desempleo es solo un requisito más.
La principal característica es carecer de rentas de cualquier naturaleza, por lo que son subsidios asistenciales relacionados directamente con la precariedad y la vulnerabilidad económica de los ciudadanos no derivada, en la mayoría de los
casos, de la pérdida de un empleo, ni tampoco vinculados a que los beneficiarios se comprometan a la búsqueda de un empleo.
A lo largo de los años se han ido ampliando las prestaciones asistenciales por parte de las CCAA que han extendido su red de protección social a situaciones personales y familiares de necesidad económica que en algunos supuestos pueden estar
también cubiertos por otros subsidios estatales o por prestaciones de la Seguridad Social (como el recientemente creado Ingreso Mínimo Vital).
Es necesario hacer un análisis pormenorizado para evitar duplicidades y para que cada administración pública y cada organismo público atienda a lo que competencialmente por la razón de la materia le corresponde.
Deben examinarse también en profundidad los distintos subsidios asistenciales que con el tiempo ha ido asumiendo el SEPE con la finalidad de racionalizar y optimizar los procedimientos, refundiendo y reduciendo el número de los subsidios
actuales en uno solo que contemple y dé cobertura a la diferente casuística y tipo se beneficiarios pero unificando su trámite. Esto supondría una simplificación y mejora de los distintos procedimientos administrativos existentes en la actualidad,
ganándose en definitiva en celeridad, eficacia y eficiencia, y potencialmente también en la mejora de las ayudas.
El SEPE tiene que ser objeto de una reestructuración profunda ya que se encuentra absolutamente desbordado, no sólo por el aumento de los ERTE derivados de la pandemia, sino porque no se ha profundizado con seriedad y rigor acerca de
posibles competencias 'impropias' (que ya se gestionan o deberían gestionarse por otros organismos públicos al estar más relacionados con sus competencias) y respecto a las 'propias' tampoco se ha hecho con rigor un planteamiento racionalizador de
mejora y simplificación de procedimientos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acometer con rigor un análisis pormenorizado de los subsidios asistenciales del SEPE bajo los principios de racionalización y simplificación.
2. En base a los principios anteriores, acometer la reforma del SEPE para que este organismo gane en eficacia y eficiencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2021.-Llanos de Luna Tobarra, Diego Movellán Lombilla, Javier Bas Corugeira y María Teresa Angulo Romero, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/003127
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Proyecto de Real Decreto que aprueba el Reglamento de ahorro y eficiencia energética y reducción de la contaminación lumínica de instalaciones de alumbrado exterior y sus
instrucciones técnicas complementarias, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
En este momento, se encuentra en el segundo trámite de audiencia pública el Proyecto de Real Decreto que aprueba el Reglamento de ahorro y eficiencia energética y reducción de la contaminación lumínica de instalaciones de alumbrado exterior
y sus instrucciones técnicas complementarias que derogará al vigente Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07.
El texto anuncia desde el propio título y continuando luego en la exposición de motivos, que su intención es incrementar el ahorro y eficiencia energéticos, reducir la emisión de gases de efecto invernadero, así como también reducir la
contaminación lumínica. Este objetivo daría cumplimiento al ,mandato de la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera, que exige en su Disposición Adicional cuarta la preservación 'al máximo posible' de las condiciones naturales
de las horas nocturnas en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general, así como la reducción de la intrusión lumínica y la prevención, minimización y corrección de los efectos de la contaminación lumínica en el cielo nocturno.
Sin embargo, el contenido del articulado no se corresponde con los propósitos enunciados, todo lo contrario, impone nuevas obligaciones que promueven la extensión de la superficie iluminada y, en consecuencia, de los efectos negativos de la
luz artificial durante las horas nocturnas.
El primero de los problemas que presenta el texto propuesto se refiere a la regulación de las características técnicas que deben reunir cada instalación individual, obviando el hecho de que la contaminación lumínica no depende únicamente de
las condiciones de cada punto de luz, sino, sobre todo, de las emisiones totales, del volumen de luz que emite el conjunto de luces nocturnas. Es decir, la mejora de las instalaciones para lograr fuentes más eficientes y menos contaminantes no
incidirá directamente en la reducción de la contaminación luminosa si el número de puntos de luz se incrementa. Así, resulta evidente que es necesario establecer límites a las emisiones totales, cuestión no contemplada que debe ser incorporada al
reglamento si efectivamente se quiere atajar el problema de la contaminación lumínica.
En esta misma línea, el proyecto de Real Decreto impone, en la mayor parte de sus artículos, la obligatoriedad de cumplir con determinados valores mínimos, tanto en lo referido a la emisión como al consumo de luz. Fijar esa obligación, es
un contrasentido si el objetivo es lograr un ahorro energético o reducir la contaminación luminosa, pues no permitiría, de ser posible establecer niveles por debajo de lo que fije finalmente el texto. Lo deseable sería establecer niveles máximos,
que dentro del objetivo de reducir, permitiera a las entidades públicas y privadas autorregularse y marcar niveles y objetivos de contaminación menores a los legales.
En otro contrasentido, el proyecto normativo presentado prohíbe la reducción del flujo de luz por debajo del 20 % del flujo normal e incorpora también de forma expresa la prohibición del apagado total de la iluminación, incluso en zonas
donde no exista actividad nocturna, a no ser que existan sistemas de detección de presencia. Así, de aprobarse este contenido no podría llevarse la medida que empieza a implantarse en otros países europeos, como es el caso de algunos ayuntamientos
franceses, donde se regula un apagado total en las horas centrales nocturnas. Consideramos que el horizonte que debería perseguirse en la norma debiera ser ese, adaptar la iluminación a la realidad, así, en zonas poco habitadas y donde las horas
nocturnas carecen de actividad debería poder apagarse la iluminación nocturna y, en el resto de la noche adaptar su intensidad y utilizar sensores de movimiento.
Todos los recientes estudios han demostrado el efecto negativo de la sobreiluminación nocturna en la salud humana y en la biodiversidad. La iluminación en horas de noche debe moderarse y debe hacerse, en todo caso, con luces cálidas, que no
afecten a los ciclos circadianos, lo cual es perfectamente posible incluso apostando por luces LED de bajo consumo. Sin embargo, en lugar de seguir esta línea, el Real Decreto propuesto impone un valor mínimo del Índice de Reproducción Cromática de
70, lo cual impide de facto el uso de las fuentes de luz menos contaminantes, como es el caso de las luces ámbar.
Así mismo, cabe destacar que el propio Real Decreto prevé en su articulado cláusulas de escape a su regulación y numerosas excepciones que, en la práctica, supondrán la inaplicación de su contenido. Así, es habitual las referencias en el
texto a expresiones tales como 'cuando no resulte posible', 'en casos excepcionales', 'por motivos de interés público', 'cuando la luminosidad ambiente lo requiera', 'en
temporada alta de afluencia turística'. Esto supone que las autoridades puedan eximirse del contenido obligado de la norma simplemente justificando que existen dificultades o interés público en sentido contrario.
También es contradictorio con el que se supone debe ser el eje central de una norma que pretende reducir el gasto y la contaminación, permitir sin restricciones, la denominada iluminación ornamental y festiva, que queda completamente fuera
de las limitaciones de potencia y que no debe cumplir con los límites de las emisiones luminosas hacia el cielo. Además, deja fuera de su ámbito de aplicación y, por lo tanto, fuera de la regulación, aquellas instalaciones que no superen los 100 W
de potencia, cuando pueden tener también un notable impacto en el medio ambiente, por lo que se deberían regular.
Otro aspecto destacable que debería ser revisado son los valores de referencia para las emisiones de luz, pues los que recoge el Real Decreto propuesto están sobredimensionados. Así, la norma avanza hacia valores muy superiores a los de
otros países de nuestro entorno, donde la tendencia es minimizar el uso de la luz. En este mismo sentido, propone valores que superan los recomendados actualmente en el caso de las señales y anuncios luminosos, donde sería necesario dividir por
diez las cifras que recoge el reglamento.
Uno de los puntos más cuestionables y que supone un claro retroceso en materia de contaminación lumínica es el punto que obliga a iluminar todas las glorietas o rotondas, exigiendo además que esta se extienda, al menos, 200 metros en ambos
sentidos. Esta previsión es un completo despropósito, pues resulta evidente que no va a permitir deducir la iluminación y, en consecuencia, la contaminación lumínica, al exigir que se extienden y amplíen las zonas iluminadas. Por otra parte, esta
nueva exigencia invade directamente las competencias tanto materiales como territoriales de otras administraciones públicas. Así, afectan directamente a las competencias en materia de tráfico, competencia transferida en algunos casos a las
Comunidades Autonómicas, y de carreteras, pues deberá aplicarse también en las vías de titularidad autonómica, provincial o local, no solo en las del Estado. Afecta de forma especial a la gestión de la iluminación en pueblos y ciudades que se verán
limitados al no poder tomar decisiones sobre el apagado de las luces en una zona de interés paisajístico y viéndose obligados a aumentar la iluminación incorporando todas las rotondas y vías de acceso a las mismas.
También es de destacar que el Real Decreto no propone un verdadero mecanismo de control de los niveles de contaminación lumínica, pues esta se encomienda a las empresas instaladoras, es decir, que quien realiza la obra debe evaluar que
cumple la normativa. Es evidente que no se asegura la imparcialidad ni la suficiente cualificación técnica para realizar adecuadamente esta función inspectora. En esta línea, debe llamarse la atención además sobre el laxo catálogo de infracciones
que, en la práctica, tolerará emisiones muy superiores a las que formalmente propone el texto pues no sirve de freno o disuasión a su incumplimiento.
Por otro lado, el Proyecto de Real Decreto tampoco hace una regulación específica que proteja la actividad de los observatorios astronómicos pues, incluso en ese caso, prevé que se limitará la iluminación en su entorno para garantizar cierta
oscuridad sólo cuando resulte posible o factible. Si se permite la iluminación nocturna en las zonas que circundan los observatorios, esto supondrá la imposibilidad de que estos desarrollen su función.
En definitiva, este proyecto ignora completamente las recomendaciones recogidas en materia de contaminación lumínica dentro de la Estrategia de Biodiversidad 2030 de la Comisión Europea y el Plan Zero Pollution y hace caso omiso de las
recomendaciones que propone la comunidad científica tras décadas de investigaciones rigurosas. En consecuencia, es necesario su completa revisión en aras de conseguir una efectiva protección de la salud pública y del patrimonio natural y cultural,
respetando además las competencias en esta materia de las distintas administraciones.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Modificar el Proyecto de Real Decreto que aprueba el Reglamento de ahorro y eficiencia energética y reducción de la contaminación lumínica de instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias que derogará
al vigente Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 para corregir las deficiencias antes
relatadas, debiendo recogerse cuando mínimo los siguientes cambios:
- Poner el foco en fijar valores máximos de emisiones, nunca valores mínimos.
- Reducir los valores de luz que aparecen sobredimensionados en emisiones de el proyecto recogiendo las recomendaciones científicas actuales.
- Prever la aplicación del reglamento a cualquier instalación que emita luz, incluidas por supuesto las instalaciones privadas y aquellas instalaciones que no teniendo en la iluminación su función principal generan igualmente contaminación
lumínica, como las pantallas y los dispositivos publicitarios. La lista de excepciones debe ser muy restrictiva y detallada , referida exclusivamente a elementos o aspectos concretos de instalaciones cuyas normativas específicas colisionen con
artículos del PRD.
- Introducir límites globales máximos de las emisiones o, por equivalencia con otros agentes contaminantes, valores máximos de concentración (de fotones en este caso) por unidad de volumen , as í establecer estrategias de respuesta en caso
de que se sobrepasen dichos límites, para conseguir que los valores correspondientes vuelvan a los niveles deseados.
2. Retirar del Proyecto de Real Decreto las propuestas relativas a la obligatoriedad de alumbrado en todas las glorietas y rotondas y la prohibición total del apagado de la iluminación, permitiendo que sean las administraciones competentes
en cada caso las que decidan, dentro de los límites máximos que establezca el reglamento, su opción de iluminación que puede ser inferior a la fijada e incluso prever el apagado de zonas sin uso u actividad nocturna, reduciendo la contaminación y el
gasto energético.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2021.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/003159
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló, D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida y D.ª Mireia Borrás Pabón, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta
y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para la creación de un plan por el que se
promocione el turismo gastronómico en España, para su discusión en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Primero. La restauración antes de la pandemia por la COVID-19.
1. Dentro del sector turístico se encuentra la hostelería, una rama productiva integrada en el sector servicios y con un peso importante en el Producto interior Bruto ('PIB') español. A su vez, como integrante de la hostelería se encuentra
el subsector de la restauración, qué se ha constituido como uno de los principales referentes del estilo de vida español. Toda esta industria proporciona a España, entre otros, los siguientes beneficios:
a) Conforme a los datos de la Cuenta Satélite del Turismo de España ('CSTE'), publicada por el INE, el peso del turismo alcanzó en 2019 los 154.487 millones de euros, lo que supuso el 12,4 % del PIB, generando 2,72 millones de puestos de
trabajo, es decir, el 12,9 % del empleo total 38.
b) De acuerdo con el Anuario de la Hostelería de España 2020, publicado por la Confederación Empresarial de Hostelería de España ('CEHE'), en 2019 la hostelería aportó a la economía española un total de 129.341 millones de euros, lo que
supuso un 6,2 % del PIB 39.
c) En el año 2019, las ventas en el sector de la restauración en España superaron los 37.000 millones de euros, sector que aportó alrededor del 5 % del PIB nacional ese año 40.
38 https://www.ine.es/prensa/cst_2019.pdf [fecha de consulta: 26 de julio de 2021].
39 Anuario de la Hostelería en España de 2020 elaborado por la CEHE [fecha de consulta: 26 de julio de 2021].
40 https://es.statista.com/temas/6557/la-restauracion-en-espana/ [fecha de consulta: 26 de julio de 2021].
d) Y, según el informe de hostelería digital, de los más de 300.000 establecimientos que registró la hostelería española en 2018, cerca del 90 % del total, o lo que es lo mismo, 280.000 locales, corresponden a establecimientos de
restauración 41.
Segundo. Caída de la restauración por la COVID-19.
2. Desde que se decretara el primer estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el sector de
la restauración en España ha vivido una situación crítica. Las prohibiciones y las restricciones a la movilidad impuestas por el Gobierno central y autonomías junto a la falta de turistas en nuestro país han provocado una gran caída de la
clientela, lo que ha llevado a que muchos empresarios cierren sus locales de forma temporal o de forma definitiva, en muchos casos.
3. Según los índices de cifras de negocios del Instituto Nacional de Estadísticas, la facturación de la hostelería en el año 2020 cayó un 51,4 %, y dentro de esta el servicio de comidas y bebidas experimentó una caída de un 43,6 % 42.
4. Asimismo, en relación con el empleo, durante la pandemia, el sector de la restauración optó de manera generalizada por el ERTE como medida para salvar sus negocios y proteger a sus plantillas. Un ERTE que se extendería más allá de la
finalización del estado de alarma y que permitiría aliviar los costes laborales de bares, restaurantes, cafeterías y pubs durante unos meses más. Conforme exponía Hosteltur en el segundo trimestre del año 2021, el sector de la hostelería sufrió una
pérdida 135.000 empleos respecto a 2019, de los cuales 64.000 corresponden a servicios de alojamiento y 71.000 a restauración. Entre abril y junio el empleo temporal en el país se ubicó en el 25 %, pero en la hostelería la tasa es del 31 % 44.
Tercero. Riqueza gastronómica.
5. Dentro de la restauración se incluyen numerosos negocios dedicados a la elaboración de comidas y bebidas, tales como restaurantes, casas de comidas, cafeterías, bares, mesones, vinotecas, bodega, chiringuitos de playa, caterings, etc.
Ahora bien, todos tienen un denominador común: la gastronomía.
6. La gastronomía española comienza en la producción agrícola, ganadera y pesquera, sigue con la industria de alimentación y bebidas; continúa en la distribución vía supermercados, ultramarinos de barrio,
41 https://www.hosteleriadigital.es/2019/12/03/la-hosteleria-facturo-123-000-millones-de-euros-y-represento-un-62-del-pib-nacional-en-2018/ [fecha de consulta: 26 de julio de 2021].
42 https://www. ine.es/jaxiT3/ Datos.htm?t=25891[fecha de consulta: 13 de septiembre de 2021].
43 https://www.epdata.es/evolucion-facturacion-hosteleria-espana/5601d4a8-4624-4f81-9184-79b0624fbec3 [fecha de consulta: 26 de julio de 2021].
44 https://www.hosteltur.com/l45514_santa-eularia-des-riu-un-destino-abierto-por-naturaleza.html
tiendas de delicatesen o distribución para la hostelería; y desemboca en la comida en los hogares y en los establecimientos hosteleros.
7. Desde un punto de vista cualitativo, el atractivo del sector gastronómico español se caracteriza por la calidad de los productos, la diversidad regional, la progresiva mejora de su imagen, la visibilidad internacional de los chefs, la
capacidad creativa para desarrollar platos e innovadores formatos de negocios, la consideración de la dieta mediterránea como una dieta saludable, entre otros rasgos 45.
8. Tal es la calidad de nuestra gastronomía que la prestigiosa Guía Michelín ha reconocido a 11 restaurantes en España con tres estrellas, 29 con dos estrellas, 171 con una estrella, 256 destacados con 'big gourmand' o a 777 restaurantes
con un plato 'Michelin' 46.
9. Del mismo modo, se debe destacar que la gastronomía marca la identidad de nuestra nación y la variedad existente de platos característicos de esta tierra, hasta el punto de que cada rincón de España cuenta con sus propias recetas y
platos típicos que los caracterizan.
Cuarto. Plan estratégico de turismo gastronómico.
10. La competitividad de un destino turístico se construye a partir de la planificación y gestión estratégica de las ventajas comparativas y competitivas en la creación de productos diferenciados de alta calidad que generen experiencias y
valor para el turista 47. Asimismo, la adecuada planificación es una condición necesaria para incrementar la competitividad de los destinos turísticos, así como para maximizar los impactos positivos del turismo, minimizar los negativos y anticipar
los cambios en las necesidades y gustos de la demanda reorientando la oferta. Por tanto, cuando se plantea impulsar la cultura gastronómica como atractivo turístico es imprescindible la creación de un Plan Estratégico de Turismo Gastronómico 48.
11. En esta línea, en España, en septiembre de 2020 la asociación Juntos con la Hostelería presentó al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo un Plan estratégico para la Gastronomía, afirmando que 'desde Juntos con la Hostelería,
tenemos claro que es esencial la colaboración público privada, con el apoyo decidido de las administraciones públicas, tanto a nivel estatal como autonómico, para que los proyectos se puedan enmarcar y financiar, en todo o en parte, por los Fondos
de recuperación Next Generation UE' 49. No obstante, a día de hoy no constan avances en este sentido por parte del Gobierno.
12. Por todo lo expuesto anteriormente, teniendo en cuenta que la restauración es un componente fundamental para la economía española, se hace necesario explotar esta riqueza al máximo a través de un plan que permita constituirla como un
verdadero producto turístico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar un plan por el que se promocione el turismo gastronómico en España. Para ello habrán de ejecutarse las siguientes medidas:
1. Favorecer la colaboración público-privada para la promoción del turismo gastronómico tanto en España como en el extranjero, realizando previo inventario de la oferta gastronómica de nuestro país.
2. Impulsar la elaboración de una guía gastronómica anual que contenga información relevante de los platos típicos de todo el territorio nacional con desglose por regiones, potenciando los productos locales y la gastronomía propia del
destino, para de esta forma reactivar zonas despobladas.
3. Promover campañas por las que se resalten las ventajas saludables de la cocina mediterránea española a nivel mundial.
4. Estimular la creación y desarrollo de productos y experiencias de turismo gastronómico relacionados con el potencial propio del destino.
45 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2019/01/gastronomia-en-economia-espanola.pdf [fecha de consulta: 26 de julio de 2021].
46 https://guide.michelin.com/es/es/selection/spain/restaurantes/3-estrellas-michelin
47 https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420995 [fecha de consulta: 26 de julio de 2021].
48 Ídem.
49 https://www.europapress.es/economia/noticia-juntos-hosteleria-presenta-ministerio industria-plan-estrategico-gastronomia-espanola-20200916141709.html [fecha de consulta: 20 de agosto de 2021]
5. Diseñar planes de formación que fomenten la competitividad en toda la cadena de valor del sector con base en la excelencia, el conocimiento, la gestión del talento, la innovación y la cooperación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2021.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/003161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo al consumidor industrial
hiperintensivo en energía y a la co-generación de alta eficiencia, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
El tantas veces anunciado Estatuto del Consumidor Electrointensivo fue aprobado por Real Decreto 1106/2020 de 15 de diciembre. Pero después de dos años de espera, este Estatuto ya se advertía que no iba a resolver el problema para el que
fue pensado; la falta de mecanismos de apoyo similares a otros países europeos para que el gran consumidor industrial cuente con un suministro eléctrico competitivo.
El barómetro de AEGE (Asociación de Empresas con Gran consumo de Energía), correspondiente al pasado mes de diciembre, señalaba que la cotización de futuro para este año del mercado eléctrico español a 30 de diciembre fijaba un precio de
50,84 euros el MWh, un 5,1 % superior a la cotización del mercado alemán. Por otro lado, el precio medio del mercado diario en diciembre de 2020 fue de 41,97 euros, un 24,1 % superior al del mismo mes de 2019. Y si comparábamos los precios que
deben afrontar nuestras industrias electrointensivas por su consumo eléctrico con los que abonan sus principales competidoras europeas, los números hablan por sí solos; el precio final de la electricidad en España para las compañías
electrointensivas era en ese mes de diciembre de 2020 de 45,16 euros el megavatio hora (MWh), frente a los 21,15 euros en Francia y los 20,13 euros en Alemania.
Esta gran diferencia tenía. -y sigue teniendo-, causas regulatorias que siguen sin ser resueltas. En 2020 y también ahora en 2021, los costes regulados -peajes y cargos del sistema-, suponen más del 25 % del precio final y, si añadimos los
impuestos prácticamente el 60 % de la factura. Todo ello se traduce en que, al margen del precio en el mercado mayorista diario de electricidad, los diversos costes regulados y la carga fiscal son los que encarecen el precio final de la
electricidad para las grandes industrias españolas. Con el diferencial de precios al alza que acumula nuestro mercado diario mayorista desde junio respecto a los países de nuestro entorno, la situación es altamente preocupante.
Pero el fracaso del Estatuto de Consumidores Electrointensivos ya era apreciable incluso antes de que comenzará la serie de subidas históricas iniciadas en junio de este año y que todo indica que continuarán marcando records de precios hasta
bien entrado el 2022.
En declaraciones públicas desde AEGE poco después de la aprobación del referido Estatuto se insistía en que 'para la industria electro-intensiva, industria de los productos básicos, los precios de la energía eléctrica son un asunto vital
puesto que la electricidad llega a representar el 50 % de nuestros costes de producción' y denunciaban que cuentan con menores ayudas por costes de compensación de CO2 o inexistencia de subastas de interrumpibilidad como en Italia, que les impide
aplicar compensaciones a alto precio de la electricidad que deben afrontar.
Porque los europeos deben, -debemos-, competir también globalmente con países asiáticos, que en muchos casos no incorporan los costes de los requerimientos medioambientales vigentes en Europa, todos nuestros vecinos con fortaleza industrial
apoyan con regulación adecuada a sus industrias con mecanismos que contribuyan a mitigar esa desventaja.
Alemania, por ejemplo, ha articulado un potente marco normativo de apoyo para sus industrias electrointensivas, con compensaciones por los costes del CO2, mecanismos de gestión de la demanda,
reducción de los cargos que financian las fuentes de energía renovable y una exención total del impuesto sobre la electricidad.
Francia, al igual que en Alemania, ofrece una compensación por las emisiones de CO2, una reducción de la factura de las renovables y un mecanismo de gestión de la demanda que abarata significativamente el precio del MWh. En el capítulo de
las exenciones, no se paga el impuesto sobre la electricidad.
Italia tiene un vigor la figura de 'interconexión virtual', para mitigar las ineficiencias que genera la baja capacidad de interconexión de la península italiana con el resto de la red eléctrica europea, lo que permite que los grandes
consumidores italianos se favorezcan de los bajos precios de otros países comunitarios, a lo que Italia añade, como en el caso de Alemania y Francia, un sistema de apoyo por los costes del CO2, su propio mecanismo de gestión de la demanda con
subastas de interrumpibilidad, reducción de los cargos imputables a las renovables y exenciones tanto en el impuesto sobre la electricidad como sobre los costes del sistema.
Sin embargo, en España, con menos capacidad de interconexión que Italia con el resto de Europa, el Gobierno no ha sido capaz de desarrollar un marco regulatorio eficiente y con certidumbre para nuestra industria electrointensiva. Es cierto
que a la Comisión Europea no le gustan los mecanismos de gestión basados en las subastas de interrumpibilidad, pero tanto en Alemania, como en Francia y en Italia, vienen aplicándose 'provisionalmente', mientras en España su diseño les priva de toda
eficacia. Incluso en Italia, tan castigada también por la pandemia, el Gobierno italiano está convocando nuevas subastas de interrumpibilidad. En España, la última fue en diciembre de 2019 y el plazo de vigencia finalizaba el 30 de junio. Fue la
puja con el resultado más decepcionante de los últimos años, con 4,4 millones de euros para medio año, frente a los 196 millones del año 2019, o los más de 500 millones de euros del sistema vigente anterior. La diferencia principal entre aquellas
subastas y las de España es la estabilidad. Es decir, en Italia, por ejemplo, se hace una más importante cada tres años (de hasta 4400 MW) y luego, según las necesidades, convoca otras más pequeñas a principios de cada ejercicio para completar las
necesidades del sistema. Sin embargo, en España el Gobierno ha optado por eliminar este mecanismo.
Aunque la Comisión Europea no ve con buenos ojos las subastas de interrumpibilidad e insta a los Estados a que adopten otras medidas para ayudar a sus industrias a ser competitivas, el Gobierno de España debería exigir la igualdad de trato.
Nuestro Gobierno, en vez de negociar con eficacia la autorización de regímenes 'provisionales' similares a los de nuestros vecinos mientras no llegue el marco definitivo de apoyo, desoyendo una vez más a la CNMC, 'innova' con mecanismos cuyo
resultado final es demasiado imprevisible, justo lo contrario del marco de certidumbre y estabilidad que nuestra industria necesita para competir en igualdad de condiciones con la europea.
Ya lo advertía la propia CNMC cuando informó el primer borrador del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, en abril de 2019, hace ahora ya más de dos años:
'Por todo ello, cabría plantearse, en aras de alcanzar los objetivos previstos en este proyecto, un marco jurídico que aportara una mayor certidumbre para los consumidores electrointensivos y contemplara un horizonte de aplicación de mayor
duración, todo ello, lógicamente, en coherencia con el marco comunitario. (...).'
La figura del consumidor electrointensivo se introdujo en el Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España (artículos 4 y
5). Concretamente, en el artículo 4 se prevé la aprobación del Estatuto mediante Real Decreto, en el plazo de 6 meses. Al mismo tiempo el Real Decreto-ley esbozaba los requisitos esenciales de esta figura como 'aquellos consumidores eléctricos con
un elevado uso de la electricidad, un elevado consumo en horas de baja demanda'.
Desde esa fecha, nuestra industria venía reclamando ese Estatuto; nuestro Grupo Parlamentario venía reclamando ese Estatuto, Gobiernos regionales con presencia industrial venían reclamando ese Estatuto y el Estatuto no llegaba y la
industria española seguía compitiendo en condiciones de clara desventaja y anunciando cierres y recortes en importantes empresas industriales, con elevado impacto en las Comunidades Autónomas en las que desarrollan su actividad.
El 20 de febrero de 2020, el Gobierno en Galicia, junto con los Gobiernos de Cantabria y de Asturias, presentaron alegaciones a ese nuevo proyecto de Real Decreto, una vez que el anterior quedó en dique seco tras el demoledor informe de la
CNMC. Tres gobiernos de distinto signo político, pero conscientes de la necesidad de reorientar el nuevo proyecto de Real Decreto, porque en su formulación no servía a la industria.
Este Congreso, con fecha 16 de junio de 2020 aprobó la Proposición no de Ley sobre el Estatuto de Consumidores Electrointensivos para garantizar la competitividad de las industrias afectadas, que reclamaba la necesidad de atender las
alegaciones que se formalizaron ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el 20 de febrero de 2020 y que pudieran mejorar el proyecto en trámite de Real Decreto del Estatuto de Consumidores Electrointensivos. Y el Gobierno ha de cumplir
los mandatos de la Cámara en apoyo de la industria electrointensiva. La iniciativa parlamentaria aprobada en Pleno como Proposición no de Ley determinaba que:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revisar la retribución de la cogeneración en función de las propuestas trasladadas por el sector.
2. Incorporar aquellas alegaciones que supongan una mejora de la norma, que contribuyan al objetivo de la misma, garantizar la competitividad de las industrias afectadas, y sean compatibles con la normativa española y comunitaria, al objeto
de poder aprobar cuanto antes el Real Decreto por el que se regula el Estatuto de Consumidores Electrointensivos.
3. Promover la negociación con el sector implicado para el acceso a los fondos y procedimientos destinados a la descarbonización de la UE.'
Es evidente que, con la aprobación del Estatuto vigente desde diciembre de 2020, el Gobierno ha incumplido ese mandato del Congreso de los Diputados, ya que no ha incorporado las propuestas de mejora y no garantiza las competitividad de las
industrias afectadas.
El Pleno del Congreso volvió a pronunciarse, aprobando con modificaciones, la moción consecuencia de interpelación urgente defendida por el BNG, sobre las medidas que prevé el Gobierno para dar una solución a la crisis industrial en Galicia.
La iniciativa fue votada por puntos, siendo aprobado únicamente el cuarto, que insta al Gobierno a aprobar un Estatuto del Consumidor Electrointensivo '... que realmente suponga una solución para el sector de la industria electrointensiva,
es decir, que garantice un precio estable, predecible y asumible. Para ello, será necesario mejorar el borrador presentado, actuando sobre el peaje de transporte, con una bonificación del 100 % y también con la subida al 100 % la bonificación de
los cargos ya previstos y complementariamente elevando al máximo permitido la compensación por CO2.'
Tampoco se cumplió este mandato en la medida en que el Estatuto aprobado no supone realmente una solución para la industria electrointensiva ni se ha mejorado el borrador del Anteproyecto que fue objeto de alegaciones.
El Gobierno español, en el marco del provecto de Real Decreto del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, se ha basado en tres componentes principales para ese marco de apoyo, que finalmente se ha trasladado sin modificaciones
significativas a la versión final del RD.
El elemento principal es una compensación por el precio que tienen que pagar para comprar derechos de emisión de CO2. El año pasado se distribuyeron con cargo a ese concepto 174 millones, -aunque la partida puede alcanzar el máximo
permitido de 275 millones de euros-, por debajo del 25 % de los ingresos de las subastas de derechos de emisión en ese ejercicio de 2020 (más de 1.240 millones). Incluso más recientemente, el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición
Energética, entonces en trámite parlamentario, contemplaba destinar al sistema eléctrico al menos 450 millones de euros para financiar los costes del sistema eléctrico previstos en la Ley del Sector Eléctrico. En el caso de 'compensación' máxima,
según cálculos del sector, el ahorro para la industria podría alcanzar los 5,5 euros por megavatio hora, pero su efectividad dependía de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado incorporando dicha partida, que sin embargo, ha sido
incorporada en una cantidad sensiblemente inferior.
El segundo elemento en importancia, considerando los mecanismos que se aplican en los países vecinos, es una bonificación directa en la factura eléctrica en el apartado de cargos dedicado a financiar las primas a las renovables, la
cogeneración de alta eficiencia y los extracostes de los sistemas eléctricos insulares. El ahorro por esta vía supone 0,54 euros por megavatio hora, que es lo que el Presidente de la Alianza por la Competitividad de la Industria, Sr. Barceló,
calificó como 'insulto' en comparecencia parlamentaria.
Estos dos componentes pueden sumar unos 6 euros de reducción de coste en el MWh para la industria, mientras que las subastas de interrumpibilidad les garantizaban un abaratamiento de entre 4,5 y 9 euros por megavatio hora, incluso con el mal
diseño vigente. Por lo tanto, para la industria el
nuevo marco sigue resultando claramente insuficiente, -alejado de lo que vienen haciendo nuestros vecinos europeos con permisividad de la Comisión Europea- y sin atender a las exenciones fiscales que se aplican en otros países. En
definitiva, los costes de la electricidad para la industria española seguirán siendo superiores a la de sus competidores europeos.
El tercer elemento que introduce el diseño del Gobierno para tratar de paliar esa desventaja es la promoción de la celebración de contratos de compra de energía eléctrica bilaterales a largo plazo (los PPA o power purchase agreement)
directamente con una instalación de generación con energía renovable, en lugar de adquirirla en el mercado mayorista. A la patronal electrointensiva le parece una fórmula interesante para conseguir energía más barata, pero, de momento, no hay
ofertas lo suficientemente atractivas respecto a los precios del mercado mayorista de electricidad.
Este tercer elemento se ha acompañado con la aprobación mediante Real Decreto Ley 24/2020, del Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI), que pretende incentivar la formulación de ofertas más
competitivas por parte de los generadores con instalaciones de energía renovable pero, dado que se impone como un requisito/obligación de los consumidores electrointensivos para acceder al resto de mecanismos de ayuda, puede generar el efecto
contrario. Además de la dotación es claramente insuficiente, con 200 millones anuales y hasta un máximo de 600 millones en tres años.
Con estos antecedentes, el sector de las grandes industrias electrointensivas ya se pronunció desfavorablemente sobre el enfoque del real Decreto 1106/2020 de 15 de diciembre, que aprueba el Estatuto, sin atender a las propuestas de mejora
planteadas, así como organizaciones sindicales y responsables de industria de Gobiernos autonómicos.
Por ejemplo, la Mesa por la Industria de la Comarca de Avilés (MICA) -integrada por la Cámara de Comercio, los sindicatos UGT y CCOO y las administraciones locales- denunció que el Estatuto para las electrointensivas desatiende las
peticiones de Asturias y exigían medidas compensatorias urgentes para las industrias hiperintensivas en consumo eléctrico, porque el Ministerio de Industria ha ampliado el número de potenciales beneficiarias a unas 600 empresas de toda España, a las
que se les coloca injustificadamente 'en un mismo saco', pese a sus diferencias de consumo y de contexto competitivo. La Mesa reclamaba que se sitúen a las empresas en igualdad de condiciones a las de Francia y Alemania y llegar al máximo que
permita la legislación vigente, tal como hacen los otros países comunitarios, recordando que esas reivindicaciones son decisión unánime en Asturias, donde administraciones públicas, sindicatos, fuerzas políticas e instituciones reclaman una
consideración diferenciada de la categoría de hiperelectrointensiva para las empresas de la comarca.
Por su parte, el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias, gobernada por el PSOE, llegó a afirmar que el Estatuto electrointensivo aprobado por el Gobierno de España 'decepciona y defrauda' las
expectativas porque 'no es útil' para la problemática de la industria electrointensiva implantada en la comunidad. El Consejero reclamaba para las industrias de Asturias 'lo mismo' que Alemania y Francia, ya que es 'de todo punto intolerable' que
se permitan unos mecanismos de apoyo en unas regiones europeas y no en otras.
Por su parte, las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés advirtieron de que el Gobierno de España aboca a la gran industria asturiana a la pérdida de competitividad con un Estatuto Electrointensivo que, lejos de resolver los
problemas, los agrava, porque no resuelve el problema de falta de competitividad que se viene manteniendo desde hace más de doce años en las empresas hiperelectrointensivas de la región.
Recordaron entonces también que habían trasladado de manera reiterada al Gobierno su preocupación por los graves efectos que tendrá para Asturias el enfoque que ya se apuntaba en el Anteproyecto y que ha sido el aprobado finalmente; la
reducción hasta un máximo del 85 por ciento de las cargas a la tarifa correspondientes a la financiación de la fotovoltaica, la cogeneración e la insularidad sólo llegaría a suponer, en el mejor de los casos, un ahorro en la tarifa de 0,54 euros por
MWh, equivalente a un 1 por ciento de ahorro frente al 40 por ciento de diferencial de costes con Francia y Alemania.
Por otro lado, recordaban también que las compensaciones por la emisión de gases de efecto invernadero siguen condicionadas a la disponibilidad presupuestaria y a una voluntad política que en los últimos años ha sido 'escasa'.
La conclusión para las Cámaras era que este Estatuto no aportaba competitividad, seguridad ni predictibilidad a la industria hiperelectrointensiva y demuestra una clara falta de sensibilidad, especialmente por parte del Ministerio de
Transición Ecológica, a cuyos responsables parece que 'les dé igual la pérdida
de actividad de una industria que, en el caso de esta región, está tecnológicamente al mismo nivel, incluso superior, al de países como Francia y Alemania'.
También el sector de la gran industria española se pronunció muy desfavorablemente sobre el contenido del Estatuto que se aprobó hace menos de una año; en declaraciones a lnvertia-EI Español, Andrés Barceló, entonces Presidente de Alianza
por la Competitividad de la Industria y director general de UNESID, la patronal de la siderurgia en España, fue sido muy explícito: 'El Estatuto no nos sirve, solo nos rebaja en 54 céntimos de euro el precio de la electricidad'. Y añadía: 'Son 36
páginas que coinciden con el mismo texto que nos presentaron en febrero pasado, no han movido ni una coma. Tanto es así que cometen el error de mencionar detalles como la interrumpibilidad, que el Gobierno eliminó a principio de verano (...)
tampoco tiene sentido que se introduzca el método de los pagos por compensación indirecta de CO2, porque dejará de ser efectivo a finales de este mismo mes. Además, no tiene que ver con el Estatuto',
Por su parte Fernando Soto, director general de AEGE (Asociación de Empresas con Gran consumo de Energía) también era concluyente: 'Es insuficiente a todas luces si comparamos lo que pagan los franceses por la electricidad, 21 euros/MWh o
los alemanes, 20 euros/MWh, respecto a nosotros, en España, 45 euros/MWh'.
Ahora, en septiembre de 2021, con precios en el mercado diario por encima de los 180 euros, la situación es propia de lo que podrían denominarse, la 'tormenta perfecta'; es difícil imaginar un gobierno que pueda hacerlo peor para nuestra
industria. Casi un año después, tal y como se denunciaba, los resultados son decepcionantes y la situación ha empeorado considerablemente con la pésima evolución de los precios del mercado mayorista de electricidad en España, comparados con los de
otros países de nuestro entorno.
Pero, como se señalaba anteriormente, la situación negativa para nuestra industria con gran consumo de energía ya se venía confirmando con anterioridad al comienzo de la escalada histórica de los precios de la electricidad en España.
Ya en la comparecencia celebrada en esta Comisión el 13 de abril de 2021, Teresa Rasero, Presidenta de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) expresaba literalmente lo siguiente:
'... estamos muy descontentos de ver que, sin embargo, toda la parte de cargos, toda la parte de costes regulados, y restando la de compensaciones, cuando comparamos con el resto de países europeos -y principalmente ponemos siempre el foco
en Francia y Alemania- no ha disminuido, sino que ha crecido; 20 a 22 euros en 2019; 24 a 25 euros en 2020, y previsión de 2021, 30 a 25 euros. Estamos igual o peor (. ..) no le explico lo que es hacer los presupuestos de una industria
electrointensiva en la que entre un 30 % y un 50 % o incluso 60 % de sus costes de producción es la energía eléctrica, que varía, como todos ustedes conocen, cada año de la forma en la que varía.'
Y continuaba afirmando:
'Si al final nuestra factura eléctrica viene del volumen y del precio, en el volumen estamos trabajando cada día y conseguimos eficiencias y ser tan eficientes, pero, en el precio nos vemos mejoría. (. ..)Hemos terminado el año 2020 con un
diferencial de 20 frente a nuestros competidores, solo lo que respecta a la parte de cargos y costes regulados. ¿Qué nos ocurre? Cuando hemos levantado la persiana el 1 de enero de 2021 esa diferencia en costes regulados y lo que descuentan las
compensaciones que la industria recibe en otros países, solo eso ya nos suponía 22 euros megavatio/hora.
Por tanto, si el año pasado -me van a permitir la expresión- lloraba ante ustedes que nuestro diferencial de precio era muy fuerte y estaba entre 20 y 22 euros en 2019, señorías, en el año 2020 ha estado en 25 euros con Alemania y en 24
euros con Francia. Y esto, que se dice fácilmente y para quien no lo mire cada día puede perderse la referencia, significa el doble de precio.'
La representante de AEGE llegaba a cuantificar incluso el daño producido a nuestro tejido productivo:
'La Ley de cambio climático ha estado en tramitación en esta Cámara aproximadamente un año, tiempo durante el cual la industria electrointensiva, a 30 teravatios/hora, hubiera tenido un extracoste, si lo hubiéramos comparado con Alemania o
Francia, de unos 750 millones de euros, una cantidad que podríamos haber invertido en la adaptación que necesitamos en esta transición industrial; 750 millones de
euros que nos podrían haber ayudado a seguir invirtiendo en la formación de nuestros trabajadores y prepararnos para este tsunami que nos viene a todos.'
Para acabar concluyendo:
'Hemos tenido el Estatuto -estupendo-. pero tiene muy poco contenido. Para que se hagan una idea, ese poco contenido supone para los más electrointensivos 50 céntimos, que no es nada. Para una A6.3 son dos euros y poco y para una A6.2 son
tres euros. Con esa diferencia no cerramos ese gap de 22 euros, que, como les explicaba, ya teníamos el 1 de enero.'
Por su parte, el Director General de la Unión de Empresas Siderúrgicas (UNESID) también señalaba las carencias afirmando en comparecencia de 6 de abril de 2021 lo siguiente:
'El Estatuto Electro Intensivo era bueno para los que no eran muy electrointensivos pero para los electro intensivos de verdad, la siderurgia y alguna metalurgia, suponía una rebaja antes del Fondo, si se culmina, de 0,56 por
megavatiolhora. Con eso no se va a ningún lado...'
Por su parte, en su comparecencia de fecha 20 de abril de 2021 en esta Comisión de Industria, Comercio y Turismo, el Director General de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE), coincidía:
'En cuanto al precio eléctrico, con el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, evidentemente, es un 10 % de lo que esperábamos. Estamos hablando, que ya lo contó Teresa Rasero aquí, en su comparecencia, que para los consumidores
electrointensivos solo supone un ahorro de 0,5 euros, y estamos esperando llegar a las medias alemanas de 10 euros.'
Y afirmaba también:
'En el entorno competitivo lo ha mencionado la señora Martínez, todos han hecho un poco referencia a la electricidad, que sigue siendo el gran caballo de batalla. Un año después de haber comparecido sigue siendo el mismo caballo de batalla,
con algún componente negativo más. El componente negativo es dónde están los precios eléctricos ahora. Estamos en 70.'
Esas comparecencias eran en junio, hace tres meses. Hoy, en setiembre de 2021, estamos muy lejos de estar en 70... ¡estamos superando los 180 /MWh, un nuevo record histórico!
¿Cuál ha sido la actuación hasta ahora por parte del Gobierno para apoyar las necesidades de la industria con consumo energético intensivo, en estos ya 9 meses transcurridos desde la aprobación de un Estatuto que demoró dos años en ser
aprobado para ser inservible y con una elevación de precios insostenible para nuestro tejido productivo?
La respuesta gubernamental hasta ahora ha sido seguir colocando en dificultades a los consumidores electrointensivos. Porque este insuficiente Estatuto aprobado por el Gobierno viene acompañado de otros frentes normativos, todos ellos
relacionados con las competencias de la Vicepresidenta 3.ª y Ministra de Transición Ecológica, que están 'estrangulando' a la industria española, ante la pasividad y silencio de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Por un lado, la situación de la co-generación en las instalaciones industriales. Las centrales de cogeneración producen el 11 % de la electricidad del país, consumen el 20 % del gas y están asociadas a factorías que generan un 20 % del PIB
industrial, unos 25.000 millones de euros. Son una parte clave de la competitividad industrial y del uso eficiente de la energía con numerosas externalidades positivas. En reconocimiento a esas externalidades, para obtener rentabilidad, perciben
una retribución adicional a la que obtienen del mercado eléctrico -a la inversión y a la operación- que vence a los 25 años de la puesta en marcha de las instalaciones y que ronda los 1.300 millones de euros anuales.
Con la finalidad de que las industrias pudieran modernizar sus instalaciones de co-generación cuando alcanzarán el fin de su vida útil y seguir operando y produciendo energía térmica y electricidad residual para sus procesos productivos, la
Ley 24/2013 prevé un Plan Renove que nunca ha llegado a materializarse. En 2018, dado que dicho Plan no se había elaborado, el Ejecutivo aprobó una prórroga de dos años, plazo que ha concluido el pasado 15 de diciembre para las primeras 46 plantas,
con una potencia conjunta de 442 MW, que ven así más deteriorado su coste de aprovisionamiento de su consumo eléctrico, poniendo en riesgo tejido productivo y empleo industrial.
El Real Decreto-ley 20/2018 -medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España-, que alargaba dos años la vida útil regulada de medio centenar de cogeneraciones, justificaba
la extensión de la vida útil de esas plantas por la rentabilidad que necesitaban para ser competitivas tanto dentro como sobre todo fuera de nuestro país; y por el aumento de emisiones que generaría el cambio de sistemas de generación eléctrica y
térmica para sus procesos industriales. Ahora son 46 cogeneradoras y 442 MW, pero serán 200 en tres años, un tercio del total, 1.500 MW con el que se genera el 6 % del PIB industrial del país. Esto supone un incremento de un 20 % en sus costes
energéticos y de un déficit de un 15 % en su eficiencia energética.
Y es que la industria calorintensiva, que es la que necesita de ca-generación, no puede prescindir de ella, no puede electrificarse, porque los procesos industriales que requieren altas temperaturas son imposibles hoy en día de lograr sólo
con electricidad. En España, la industria consume tres veces más energía en forma de gas que en forma de electricidad.
La Asociación de las Industrias Cogeneradoras, acogen, explicaba recientemente en una nota de prensa que esas instalaciones 'están abocadas a parar o a sufrir graves quebrantos económicos, desamparadas ante la inacción del Gobierno para
haber desarrollado reglamentariamente un régimen regulador en los dos últimos años que atiendan a estas empresas que viven las secuelas de meses de Covid'.
Además, recuerdan que la cogeneración es un importante instrumento para la industria en sus objetivos de descarbonización junto con el biogás renovable y el hidrógeno verde. Sus ahorros actuales de energía, emisiones y seguridad aportan
beneficios a todos los consumidores; sin cogeneración, la electricidad y el gas incrementarían su precio para todos los usuarios. Las estimaciones del gremio es que el ahorro de energía, emisiones y de infraestructuras de generación distribuida
que aporta la cogeneración al sistema eléctrico puede calcularse en más de 1.000 M/año.
Sin embargo, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) presentado a la Comisión Europea prevé la renovación de únicamente 1.200 MW de los 2.400 MW de potencia de cogeneración que perderán su vida retributiva en los próximos diez
años.
Se da la paradoja de que estas dificultades que desde el Ministerio de Transición Ecológica se están imponiendo a la industria que necesita la ca-generación van en contra de la política de eficiencia energética proclamada por el Ministerio.
La desaparición de instalaciones de ca-generación implica un incremento del consumo de energía primaria y de las emisiones emitidas a la atmósfera, además de la pérdida de competitividad de muchas empresas de nuestro sector industrial.
Todos los planes nacionales europeos presentados ante la UE para contribuir a los objetivos de descarbonización, además de las energías renovables, tienen como denominador común el incremento de la eficiencia energética. La industria
española es más competitiva con las instalaciones de cogeneración que sin ellas, pero necesita que esa instalación de cogeneración sea retribuida por las externalidades positivas que aporta al sistema eléctrico y al conjunto de la sociedad. Por
ello, es urgente que se apruebe un Plan Renove que permita que las plantas de cogeneración existentes puedan modernizarse y seguir contribuyendo por un lado al cumplimiento de los objetivos de descarbonización, y por otro lado a mantener una
industria competitiva.
Por otro lado, el anunciado Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, -que se inicia como Anteproyecto, sin dialogo ni consenso con los sectores industriales afectados y ya se tramita como Proyecto de Ley en esta Cámara-,
está amenazando con incremento del coste de suministro de hidrocarburos a numerosas industrias, que necesitan acometer reformas de alcance en el proceso de transición energética, perjudicando el coste final del suministro de energía térmica y
eléctrica de estas industrias y su viabilidad económica. En ese sentido, el Informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC}, de fecha 13 de enero de 2021, sobre dicho Anteproyecto de Ley señala literalmente lo siguiente:
' En consecuencia, serán los consumidores para los que la energía tenga un mayor peso en la factura y que no cumplan las condiciones para acogerse a las excepciones establecidas en el APL, los que obtendrán un efecto de subida de precios.
Así, los consumidores acogidos al peaje 6.4TD sin derecho a compensación para los que el coste de energía representa el 75 % de su factura y únicamente el 25 % representa el coste del peaje y cargo, serían los más afectados por la modificación del
mecanismo de financiación de la retribución RECORE, suponiendo que el comercializador traslada el 100 % de su aportación por kWh vendido al consumidor.
En conclusión, 'se considera que el mecanismo de compensaciones que se establezca deberá resolver dichos posibles impactos en los precios para no afectar a la competitividad de la industria'. (El subrayado es nuestro).
El sector ya ha venido advirtiendo, incluso, que aunque esas compensaciones alcancen a la industria electrointensiva, pueden ser consideradas 'ayudas de Estado' por parte de la UE y obligar a su devolución.
En el propio Informe de la CNMC llega a cuantificarse la subida de la factura de la luz para los consumidores industriales conectados en alta tensión (peajes 6.2 TD, 6.3 TD y 6.4 TD) considerando que aumentará entre el 5 % y un 7 % (entre 3
/MWh y 5 /MWh) por efecto de las disposiciones del Anteproyecto de Ley, hoy Proyecto de Ley.
También durante las comparecencias de abril los representantes del sector industrial se refirieron a este Proyecto de Ley (entonces Anteproyecto).
El representante de UNESID se pronunciaba en los siguientes términos:
'Los sucesivos Gobiernos en España y el Parlamento entendieron eso, por ejemplo, con el sector eléctrico, y se le ha dotado de un marco normativo que permite que el sistema eléctrico tenga una razonable rentabilidad y que pueda abordar las
inversiones. Lo que queremos con la industria -la industria electrointensiva y, en particular. la industria siderúrgica- es algo similar (...) El mismo día en que el Gobierno aprueba esa cosa, que es el Estatuto Electrointensivo, aprueba también
un Anteproyecto de Ley que supone un mazazo a la industria consumidora de electricidad y gas porque cambia determinadas cosas.(...) el discurso para los consumidores es: Vamos a valorar abaratar la electricidad. Si, si, pero no les han contado que
va a costar más el gas, eso no se lo han contado, o que van a subir los precios de los productos petrolíferos; (...) El anteproyecto del fondo dice una cosa y hace lo contrario -ahora mismo felizmente es solo anteproyecto-; dice que se va a mandar
una señal a los consumidores para avanzar en la descarbonización, pero no es verdad, porque lo que se carga a ese fondo son costes hundidos del pasado, no del futuro'.
Por su parte, el representante de FEIQUE afirmaba:
'En cuanto al Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, aquí compartimos que hay que eliminar ese coste hundido de los 6700 millones de euros del sistema eléctrico. Lo compartimos, lo hemos defendido siempre. De hecho, con
Unesa antigua, ahora Aelec, defendíamos que esto se absorbiera en los Presupuestos Generales del Estado, también en forma progresiva, en cinco años, etcétera, pero al final no va a acabar en los Presupuestos Generales del Estado, va a acabar en los
consumidores, en los consumidores domésticos y en los industriales. Nuestro cálculo es que el impacto que tendrá para toda la industria será de 1300 millones de euros, sin considerar todavía las compensaciones, de las que hablaré un segundo
después. Son 1300 millones de euros. En el caso del sector químico, nuestra estimación del mínimo impacto son 50 millones y del máximo son 215 millones de euros, dependiendo de las compensaciones cómo funcionen, y lo que pedimos realmente es que
no haya compensaciones, que se establezca, hay una parte que va a ser por exención ...'
Efectivamente, como referíamos anteriormente, el mecanismo de las compensaciones entraña riesgos de ser considerado como ayudas de Estado por la UE como también se señalaba en la comparecencia citada:
'Las compensaciones tienen otro problema que ya lo estamos viviendo con la OMC. Tenemos un problema cuando estamos compitiendo internacionalmente, porque es una ayuda de Estado. Cómo lo gestionamos es un problema, porque los países ya
están reclamando a la OMC aplicar medidas de defensa comercial contra ayudas de Estado. El sistema de compensaciones es el que pedimos que eliminen, que sea vía exenciones.'
También el representante de FEIQUE llamaba la atención sobre la necesidad de una reglamentación sobre los grandes consumidores de gas:
'Además, están las compensaciones sobre el consumo de gas. No existe todavía la figura del gas intensivo. Hay que redactar un reglamento paralelo a la tramitación que salga del Fondo Nacional.'
Finalmente, la última improvisación del Gobierno se concreta en el RDL 17/2021, de 15 de setiembre, entre cuyas actuaciones de urgencia contempla la obligación de subastar parte de la energía de los operadores eléctricos dominantes a los
comercializadores y los consumidores industriales. Sin perjuicio de que las subastas en competencia con los comercializadores no garantizan un precio óptimo para la industria electrointensiva, la previsible litigiosidad de esa medida por parte de
las empresas eléctricas obligadas, augura contingencias y riesgos que las empresas supuestamente beneficiarias probablemente no quieran o no puedan asumir. El empeño del Gobierno en prescindir de los consensos básicos para llevar adelante reformas
regulatorias de alcance pueden acabar produciendo resultados contrarios a los buscados.
La realidad es que el Gobierno sigue sin adoptar las medidas que están a su alcance, para su efecto a corto plazo, y que tendrían un positivo impacto en la industria; rebaja de carga fiscal y de cargos regulatorios de la factura eléctrica,
de manera sostenida en el tiempo, y plena utilización de los mayores ingresos esperados por los ingresos de las subastas de derechos de emisión de CO2.
En este sentido, también se pronunciaron varios de los comparecientes en junio pasado en esta Comisión.
El representante de FEIQUE manifestó:
'Tenemos que garantizar el 25 % de las compensaciones de costes indirectos de CO2. Alabo el esfuerzo de todos los que lo han intentado durante la tramitación de la Ley de Cambio Climático, pero sigue poniendo 'podrá', y que el Ministerio
'podrá' realmente otorgar un 25 % de los ingresos por la venta de derechos de emisión, el 'podrá' es de O a 25. No pone un mínimo. Ese es el máximo, pero no hay ninguna garantía. Necesitamos que eso lo garantice. Probablemente podamos hacerlo en
otros desarrollos normativos, y eso es lo que vamos a seguir pidiendo, que ese 25 % se comprometa, como lo tienen en Alemania y como Jo tienen en Francia, etcétera.'
También la representante de AEGE incidía en este punto concluyendo que:
'El año pasado se recogieron 1240 millones de euros de las subastas de CO2 ¿Por qué no hacemos como en otros países y dedicamos ese 25 %? Si así se hiciera, este año estaríamos hablando de 275 millones, y no de los 170 que sabemos -con
esfuerzo, pero es lo máximo que hemos visto de momento- que tenemos previstos. Por tanto, ahí tenemos un gap.(...) Efectivamente, pedíamos el tema del CO2; efectivamente, ayer nos hablaban en el Senado esta enmienda que se ha pactado, y lo que
pedimos es que esa enmienda que se ha pactado -no hemos visto el texto final- sea clarísima, que sea como en otros países, que no esté condicionada a nada, que directamente se diga que se va a dedicar ese 25 % de las subastas, porque esa es la única
forma de tener un precio que tenga algo de predictibilidad (...)'
En este momento, en setiembre de 2021, las expectativas de incremento de esas cifras guardan relación con el incremento del precio de la Tn de CO2. Antes de la pandemia de COVID-19, el precio del derecho de emisión estaba en los 20
euros/Tn, en diciembre de 2020 superó por primera vez los 35 euros y en el mes de agosto ha llegado a rozar los 60 euros. Si sigue esta tendencia al alza, podrían alcanzarse al final del ejercicio los 3.000 millones de euros de ingresos por el
Gobierno por la subasta de derechos de emisión y el 25 % supondrían 750 millones de euros.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. En el plazo máximo de un mes desde que se apruebe esta Proposición no de Ley, regule mediante Real Decreto Ley de urgencia y posterior tramitación como Proyecto de Ley, la figura del Consumidor Eléctrico y de Gas Hiperintensivo con
arreglo a los siguientes criterios:
1.1 Asignación máxima legalmente permitida de las compensaciones por emisiones indirectas procedentes de los ingresos de las subastas por derechos de emisión, mediante el incremento de las dotaciones previstas en los Presupuestos Generales
del Estado para los fondos que puedan serles asignados de los derechos de subastas de emisión hasta el límite máximo que autorice la normativa de la
UE, reservándoles para su compensación al menos el 25 % de dichos fondos o incluso un porcentaje mayor con previa autorización de la UE.
1.2 Modificación de la normativa reguladora del Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI) mediante:
1.2.1 Ampliación a 1800 millones de euros de la dotación prevista para el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI) para los ejercicios 2022, 2023 y 2024.
1.2.2 Eliminación de la obligación de contratar energías renovables para acceder al Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI).
1.3 Incorporación de todas las medidas solicitadas en el escrito presentado en el trámite de alegaciones por los Gobiernos de Galicia, Asturias y Cantabria.
1.4 Consideración de cualesquiera otros mecanismos de apoyo que resulte compatible con la normativa de la UE y que permita alcanzar el mandato del Congreso de ' que realmente suponga una solución para el sector de la industria
electrointensiva, es decir, que garantice un precio estable, predecible y asumible'.
1.5 Articulación un mecanismo equivalente de apoyo, incentivos y compensaciones para los grandes consumidores industriales de gas.
2. Adopte las medidas necesarias para mantener los precios contenidos de la co-generación mediante la aprobación de una Hoja de Ruta para Cogeneración Industrial de Alta Eficiencia que, entre otras medidas, contemple las siguientes:
2.1 La prórroga por cinco años del régimen retributivo para la co generación, en los términos y condiciones que fue concedida por un periodo de dos años en el Real Decreto-ley 20/2018 de medidas urgentes para el impulso de la competitividad
económica en el sector de la industria y el comercio en España.
2.2 La ejecución de las previsiones de la Disposición Adicional Vigésima de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, para que se desarrolle un Plan Renove de instalaciones de cogeneración de alta eficiencia energética, bajo
criterios de eficiencia y racionalidad económica, y mediante procedimientos de concurrencia competitiva.
3. Elabore un Libro Blanco de la Energía y la Industria que analice las abundantes y parciales reformas normativas en el sector eléctrico y de hidrocarburos de los últimos dos años.
4. Suspenda la aplicación del Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (FNSSE), para consensuar un Protocolo de la Energía, con participación de los agentes económicos y sociales afectados.
5. Facilite un Pacto de Estado para la Transición Energética que permita un proceso de transición justa, eficiente e inteligente hacia los objetivos de descarbonización que tenga en cuenta las necesidades de la industria española y,
especialmente, de las industrias consumidoras hiperintensivas de energía, mediante un sistema energético estable, predecible y sostenible en el tiempo, con un mix energético que garantice que nuestro país cumpla con las políticas y compromisos
adquiridos al menor coste posible y aprovechando todas las potencialidades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2021.-Tristana María Moraleja Gómez y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003162
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para evaluar el impacto del Fondo
Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico en el comercio y la hostelería, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
El sector del comercio es una pieza estratégica en el desarrollo económico y social del nuestro país, que ha sufrido especialmente la crisis del confinamiento y restricciones de movilidad por la pandemia, con diferente afectación dependiendo
del ámbito territorial (municipios, barrios, ámbito rural, etcétera) y/o de cada subsector concreto, pero que ha sido fundamental para mantener el suministro de bienes y servicios esenciales, mientras en otros países sufrían problemas en sus cadenas
de abastecimiento.
Según datos de la Cámara Española de Comercio, el comercio minorista ha registrado en 2020 una caída de facturación acumulada sin precedentes. La media de los distintos subsectores de comercio rondaría de media entre el 20 y el 25 %,
afectando de forma particular a los negocios ligados al equipamiento de la persona, que han registrado una caída que alcanza el 40 %, así como aquellos ubicados en los territorios más dependientes del turismo, en las cuales el porcentaje podría ser
aún mayor. Los datos reales indican una pérdida de facturación de 12 000 millones de euros, que ya ha provocado el cierre de cerca de 63 000 comercios de proximidad. Un escenario que, según los principales servicios de estudios, seguirá empeorando
debido a la contracción del consumo privado en casi un 14 % a causa de las restricciones y cierres de actividad decretados de manera sucesiva por las diferentes administraciones públicas.
En términos de empleo, en 2020, el conjunto del comercio cerró el año con una caída de 94 000 afiliados respecto a 2019, una cifra que se espera se vea incrementada notablemente cuando finalicen los ERTE. En cuanto a la reactivación del
consumo, los indicadores tampoco son muy optimistas, el índice de confianza del consumidor (ICC) se situó en marzo en 73 puntos, un dato que, pese a tratarse del mejor resultado del último año, aún está muy por debajo de los niveles prepandemia y de
los 100 puntos que separan la valoración positiva de la negativa.
España tiene un comercio excelente en todos los formatos, y también en grandes superficies en la periferia y en comercio electrónico. Tenemos una gran diversidad y una gran variedad, lo que es una garantía de que el consumidor elige bien
porque tiene muchas opciones y eso ayuda a que los precios se formen de una forma correcta. Además, la proximidad nos aporta sustanciales ventajas frente a otros países. Tenemos un modelo de distribución comercial que es un patrimonio, juntamente
con Italia y Portugal; tenemos un modelo de distribución comercial distinto del resto de Europa, basado en el comercio de proximidad. El Grupo Parlamentario Popular cree profundamente en él; en el comercio que da oportunidades al emprendimiento,
a los autónomos, a las PYMES y brinda un servicio social a nuestro modo de vida; creemos en el modelo denominado de comercio mediterráneo -español, italiano y portugués-, que antes estaba cuestionado, pero ahora, durante la pandemia, hemos podido
ver cómo ese tipo de comercio de proximidad, mediterráneo, que en estos momentos se estaba cuestionando en España ha sido absolutamente determinante en la pandemia, cosa que no ha pasado en otros países con el modelo anglosajón, que incluso han
tenido algunas dificultades de abastecimiento.
En comparecencias del pasado abril de este año 2021 algunos representantes del sector recordaban que 'el comerciante es el que da vida a las calles y barrios de nuestras ciudades, somos los que cuidamos el trozo de acera que tenemos y los
que iluminamos los escaparates para que sean zonas seguras. Imagínense ustedes lo que es andar por calles con comercios cerrados, con establecimientos cerrados, calles oscuras, calles peligrosas. Esa es la rueda de la que hablamos muchas veces, el
tema del comercio, de turismo de compra, en vez de atraer turismo lo que vamos es a echarlo. Por lo tanto, hay que cuidar mucho al comercio' y se señalaba también la importancia del abastecimiento en las zonas rurales; una parte importantísima de
las tiendas de nuestras empresas están en esas zonas rurales; en poblaciones de menos de 10.000, 3.000 o 2.000 habitantes no hay más que supermercados pequeños y medianos, muchos de ellos agrupados en torno a cooperativas y franquicias. Es un
sector de servicios esenciales para los habitantes de zonas rurales, que tienen derecho a los mismos productos, con la misma calidad, con la misma seguridad alimentaria y a unos precios igual de competitivos que los que disfrutan los que viven en
ciudades o en zonas con más competencia.
No podemos olvidar que España presenta una alta concentración de la población, desde el punto de vista territorial, y existe un elevado porcentaje de territorio muy escasamente poblado, que alcanza un 87 %. El 50 % de la población vive en
el 10 % del total de los 8.116 municipios españoles. No se observa nada similar en Europa, salvo en latitudes como Laponia. El debate sobre la brecha entre el territorio rural y urbano en nuestro país ha pasado a ocupar un primer plano de la
agenda política, social, y mediática, e instituciones públicas de máxima solvencia como el Banco de España, advierten de la
diferencia en el acceso a los servicios locales y regionales, entre los ciudadanos que viven en el entorno rural y el entorno urbano.
Por todo lo expuesto, las políticas públicas no pueden vivir de espaldas a este debate y esta necesidad social en la importancia del comercio de proximidad en la vertebración territorial y en la preservación de un modelo singular que es
característico del modo de vida de la sociedad española, como venimos alertando desde el Grupo Parlamentario Popular.
Sin embargo, la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y ministra para el Reto Demográfico, cuando aborda la política energética y climática competencia de su departamento, -después de tres años de inacción-, no considera los impactos de sus
medidas en el modelo comercial español. Y la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, con su silencio cómplice, abdica de sus responsabilidades de defensa del sector.
Hay que recordar que en las comparecencias referidas anteriormente se señalaba también que 'el comercio está totalmente comprometido con la sostenibilidad, pero necesitamos que las iniciativas impulsadas por las administraciones sean
eficientes y eficaces dado su alto coste'.
Pues bien, no existe precedente en nuestro país para los precios que ha alcanzado la factura eléctrica en los últimos meses, como tampoco para la inacción de un Gobierno y la falta de previsión en esta materia. El incremento de las facturas
eléctricas para comercios y hostelería, en muchos casos, viene superando subidas de escándalo del 40 %, el 50 % y hasta el 100 %.
Si desde el 1 de junio de este año cambiaron los periodos horarios para casi obligar a los consumidores a planchar de madrugada y a los comerciantes y hosteleros a abrir sus locales en horario nocturno (imposible por las restricciones e
inasumible humanamente), por el encarecimiento del coste eléctrico en las horas de consumo normales, ahora el Gobierno pretende encarecer la factura del gas a todos los consumidores y, entre ellos, a los comerciantes que no tiene opción tecnológica
o económica distinta al gas para mantener abiertos sus negocios y brindar sus servicios a los ciudadanos. El proyectado Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (FNSSE) va impactar muy negativamente en los consumidores de
gas, de gasolina, de gasóleo, de diésel... Y muchos comercios de proximidad y sus propietarios y trabajadores, sobre todo en zonas rurales, no tienen más opción que seguir con sus consumos energéticos para seguir trabajando y sirviendo al resto de
ciudadanos. Tanto por la actividad económica predominante en el medio rural, que es el sector agroalimentario, como por el tipo de combustible utilizado, se considera la entrada en vigor del FNSSE puede introducir un nuevo factor de discriminación
para estos territorios, a pesar de que se contemplen exenciones las actividades profesionales del medio rural.
La iniciativa que tiene un impacto general en el comercio y la hostelería, tendría un impacto aún mayor entre aquellos comercios y hostelería en las zonas más despobladas generando todavía más desigualdades entre el ámbito rural y las
grandes urbes. Los datos ponen de manifiesto las siguientes evidencias:
- Los consumidores en las zonas más despobladas utilizan un mix energético más dependiente de energía no eléctrica.
- Los consumidores que residen en áreas más despobladas requieren de mayores desplazamientos y tienen mayor dificultad para utilizar infraestructuras de transporte público y sustituir su vehículo por uno eléctrico.
- El clima continental demanda mayor consumo térmico que el clima mediterráneo o atlántico, y las seis Comunidades Autónomas más despobladas de España se ubican en esta zona climática.
- La penetración de calderas es 3 veces mayor en la zona continental que en la zona mediterránea.
- La penetración de tecnologías de suministros energéticos dependientes de energía no eléctrica es mayor en aquellos núcleos urbanos de menor tamaño y en las zonas rurales.
- La evidencia internacional muestra que la carga de los impuestos energético-ambientales tiende a recaer sobre aquellas zonas más despobladas, ya que en estas áreas los consumidores suelen utilizar fuentes de energía más intensivas en
carbono y cuentan con un menor acceso a transporte público para sustituir el uso del vehículo. Además, las zonas despobladas se encuentran más concentradas en la zona climática continental, más fría y de mayor consumo energético.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar un estudio de impacto de la aplicación del FNSSE sobre el comercio y la hostelería y, específicamente, sobre el comercio y la hostelería en la España rural.
2. Suspender la aplicación del FNSSE hasta tanto no se disponga del estudio de impacto mencionado en el punto 1.
3. Desarrollar una campaña informativa y formativa sobre gestión de la demanda energética en comercios y hostelería.
4. Poner en marcha un Plan Renove para habilitar incentivos para la renovación o adquisición de equipos que permitan gestionar la demanda energética o transformar los patrones de consumo energético.
5. Dotar de un Fondo para la Transición Energética en comercios y hostelería, con cargo a los fondos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para la transición energética dentro del marco del PNRR, del comercio y la hostelería de
España, con especial atención a la de proximidad en el mundo rural, a fin de que tengan capacidad real de gestionar su demanda energética o, en su caso, mitigar el impacto del alza de los costes energéticos no gestionables.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2021.-Tristana María Moraleja Gómez y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para crear un Abono Básico de Telecomunicaciones, para su debate ante en
la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
El acceso a Internet es una herramienta fundamental en nuestra sociedad para garantizar el desarrollo personal, la comunicación y el acceso a un enorme abanico de posibilidades en materia laboral, formativa y lúdica. Sin embargo, según
datos proporcionados por Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España, 'en España todavía existían en el año 2020 26.767 poblaciones con más de 10 habitantes a las que no llega una Internet del siglo XXI (900 de estas poblaciones solo
están afectadas parcialmente) y alrededor de 13 millones de millones de personas estarían afectadas por esta falta de cobertura'. También, del total de personas que no tienen acceso a Internet, 'el 28 % afirma que no cuenta con los recursos
económicos necesarios para sufragar este servicio'.
El Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios establece un abono
social del que pueden beneficiarse jubilados y pensionistas con rentas anuales inferiores a 9.490,32 euros y que consiste en una reducción del 70 % de la cuota de alta de la línea telefónica fija individual y del 95 % de la cuota mensual de la
misma.
Sin embargo, tal y como indica la propia normativa, este descuento se aplica exclusivamente al servicio de teléfono fijo, por lo que si una persona contrata el servicio de internet, u otros, no tiene derecho a los descuentos previstos en el
reglamento.
En el año 2017, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) elaboro un informe que fue remitido al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital puso sobre la mesa la necesidad de
modificar los requisitos para acceder a estos descuentos al considerar que 'el hecho de que el abono social sea incompatible con la contratación empaquetada del servicio de acceso RTPF tiene como consecuencia la exclusión de la mayoría de
los clientes de Telefónica, que son además quienes disfrutan de tarifas más atractivas desde un punto de vista de precio y prestaciones'.
Desde un punto de vista social carece de sentido excluir del acceso al abono social a determinados colectivos en situación de exclusión social o riesgo de pobreza que actualmente no pueden beneficiarse de estos descuentos. Mientras en
España solo 1 de cada 7 jubilados se encuentran en riesgo de exclusión social, uno de cada cuatro menores está en riesgo de pobreza. A su vez, según los últimos datos de los que disponemos, el 49 % de los desempleados en España hace más de un año
que no trabaja.
Por todo lo anterior, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a la creación de un Abono Básico de Telecomunicaciones que incluya:
1. La creación de un Abono Social de Internet del que puedan beneficiarse a los ciudadanos que perciban el Ingreso Mínimo Vital, las familias monoparentales y numerosas donde ninguno de sus miembros se encuentren empleado, los parados de
larga duración y los pensionistas y jubilados con ingresos inferiores al 120 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
2. La extensión del vigente Abono Social Telefónico a los mismos beneficiarios del apartado anterior.
3. Incrementar el número de canales que disponen actualmente los ciudadanos para solicitar el abono social, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2021.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003126
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Rocío de Meer Méndez, D.ª María de los Reyes Romero Vilches, D.ª Cristina Alicia Esteban Calonje, D.ª Lourdes Méndez Monasterio y D.ª Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la superación de la problemática de la movilidad
territorial existente en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), para su discusión en la Comisión de Derechos sociales y Políticas integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Primero. El aumento de las personas en situación de dependencia en España.
El número de personas con dependencia en España se encuentra en una situación de crecimiento exponencial.
La causa principal de este fenómeno radica en el envejecimiento de la población. Así, en 2006, un 16,64 % de la población era mayor de 65 años. En 2021, ese porcentaje ha aumentado hasta el 19,77 % 50. De igual modo ha ocurrido con la
población aquejada de alguna discapacidad que, en 2008 (fecha de la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística 'Discapacidad, Autonomía Personas y situaciones de Dependencia') 51, era de 3,8 millones. Diversas fuentes 52 señalan que,
actualmente, esa cifra se ha elevado a 4,1 millones de personas.
50 https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htrn?t=148
51 https://www.ine.es/jaxi/Datos.htrn?path=/t15/p418/a2008/hogares/p0l/modulol/l0/&file=0100 1.px
52 https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/category/documentos/observatorio/breves- observatorio/#::text=Se?%20estima?%20que?%20en?%20Espa?%C3?%Bla,que?%20las?%20personas?%20sin?%20discapacidad.
La ancianidad y la discapacidad generan, indefectiblemente, un incremento de las situaciones de dependencia, definida en el artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de Dependencia ('LAPAD') como 'el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental,
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para
su autonomía personal'.
En este sentido, en España el número de solicitudes de prestaciones por dependencia ha aumentado de forma exponencial: de 374.000 en mayo de 2008 (la fecha más remota que publica el IMSERSO) 53 a 1.874.819 en julio de 2021 54. En cuanto al
número de personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ('SAAD'), en mayo de 2008 fue de 200.690 55, mientras que en julio de 2021 fue de 1.494.837 56.
La dependencia es, en suma, una realidad social en constante aumento.
Segundo. El sistema para la autonomía y atención a la dependencia.
La Constitución Española ('CE'), en sede de los 'principios rectores de la política social y económica', establece para los poderes públicos dos obligaciones relativas a las personas con discapacidad o de la tercera edad:
'Realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute
de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos' (artículo 49).
'(...) A los ciudadanos durante la tercera edad, (...)promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud (...)' (artículo 50).
La LAPAD es precisamente una de las formas en que el Estado cumple con ambas previsiones constitucionales. A tal fin, se creó el SAAD, definido como 'conjunto de servicios y prestaciones económicas destinados a la promoción de la autonomía
personal, la atención y protección a las personas en situación de dependencia, a través de servicios públicos y privados concertados debidamente acreditados, [que] contribuye a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos' 57.
El fenómeno del envejecimiento de la población española al que hemos hecho referencia provoca, por tanto, que la función social del SAAD sea cada día más esencial, y requiere que el Estado preserve y garantice su óptimo funcionamiento.
Tercero. Diseño del SAAD.
El SAAD está diseñado como un sistema que requiere la actuación coordinada de todas las Administraciones Públicas. En este sentido, el artículo 7 LAPAD establece que la protección de la ley se presta desde tres niveles diferenciados:
'1.º El nivel de protección mínimo establecido por la Administración General del Estado en aplicación del artículo 9.
2.º El nivel de protección que se acuerde entre la Administración General del Estado y la Administración de cada una de las Comunidades Autónomas a través de los Convenios previstos en el artículo 10.
3.º El nivel adicional de protección que pueda establecer cada Comunidad Autónoma'.
El SAAD se articula además como una 'red de utilización pública que integra, de forma coordinada, centros y servicios, públicos y privados', según lo dispone el artículo 6.2 LAPAD.
53 https://www.imserso.es/ InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/estsisaad20080505.pdf
54 https://www.imserso.es/lnterPresent2/groups/imserso/documents/binario/estsisaad20210731.pdf
55 https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/estsisaad20080505.pdf
56 https://www.imserso.es/lnterPresent2/groups/imserso/documents/binario/estsisaad20210731.pdf
57 https://www.irnserso.es/imserso_01/autonomia_personal_dependencia/saad/saad/el_saad/index.htm
En el marco expuesto, a las personas beneficiarias se les otorgan una o vanas prestaciones económicas o de servicios, que se concretan en un Programa de Atención Individual ('PIA'), y que han de estar destinadas 'a la promoción de la
autonomía personal' y 'a atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria' (artículo 14.1 LAPAD).
Cuarto. La problemática de la movilidad territorial del SAAD.
Una de las principales problemáticas que, en la práctica, existen en relación con el SAAD, es la continuidad de la acción protectora del mismo en los casos de desplazamiento o movilidad temporal de los beneficiarios en el territorio español.
La regulación de la LAPAD determina que los servicios aparejados al grado de dependencia reconocido, y concretados en el PIA de cada beneficiario, son prestados en una Comunidad Autónoma concreta, y -en el caso de los servicios de
teleasistencia y ayuda a domicilio-, en un domicilio determinado.
Si nos remitimos al Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, más concretamente a su artículo 17, observamos que, en relación con el traslado
de beneficiarios del sistema de dependencia entre Comunidades Autónomas, se establece lo siguiente:
'1. La persona beneficiaria que traslade su residencia al territorio de otra comunidad o a las Ciudades de Ceuta y de Melilla, está obligada a comunicarlo a la Administración que le haya reconocido el servicio o abone la prestación
económica, en el plazo de 10 días hábiles anteriores a la fecha efectiva del traslado, salvo causas justificadas.
2. La Administración de origen debe poner en conocimiento del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), como órgano coordinador, dicho traslado en el plazo máximo de 5 días hábiles siguientes a la fecha de entrada de la
comunicación del traslado en el órgano competente, a través del Sistema de Información para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El IMSERSO comunicará dicho traslado a la comunidad autónoma de destino, en el mismo plazo.
3. La comunidad autónoma o las Ciudades de Ceuta y de Melilla de destino, deberán revisar el programa individual de atención en el plazo máximo de 60 días naturales, a contar desde la fecha en que tenga conocimiento de dicho traslado. La
Administración de origen mantendrá, durante dicho plazo, el abono de las prestaciones económicas reconocidas y suspenderá el derecho a la prestación cuando se trate de un servicio, sustituyéndolos por la prestación económica vinculada al servicio.
4. La comunidad autónoma o las Ciudades de Ceuta y de Melilla de destino comunicarán a la persona beneficiaria la situación en el plazo máximo de 10 días hábiles siguientes a la comunicación del traslado realizada por el IMSERSO a la misma
y dará una respuesta a las necesidades de la persona en situación de dependencia de la forma más inmediata posible.
5. Las personas en situación de dependencia que se encuentren desplazadas de su residencia habitual dentro del territorio español, mantendrán el derecho y reserva del servicio, así como la obligación de abonar la participación en el coste
del mismo o, en su caso, continuarán, percibiendo la prestación económica durante un tiempo máximo de 60 días al año con cargo a la Administración competente que les haya determinado el programa individual de atención.' 58
Se regulan, por tanto, en el artículo antedicho, los posibles traslados de residencia entre comunidades. Sin embargo, la regulación expuesta no contempla el supuesto de que la persona con dependencia efectúe traslados temporales.
Atendiendo a una respuesta 59 emitida sobre este particular por el Defensor del Pueblo, vemos que 'la Ley de Dependencia recoge una concreción del derecho social y prestacional reconocido en el Capítulo III del Título I de la Constitución
española a las personas mayores y con discapacidad a ser protegidos por los poderes públicos cuando se encuentran en situación de dependencia. Reconoce el derecho subjetivo de aquellos que sean reconocidos en situación de dependencia a percibir una
de las prestaciones previstas en la ley (SAAD), de acuerdo con la normativa que lo desarrolla'. Se puede apreciar como en la
58 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13811
59 Número de expediente 14017944.
LAPAD no se hace alusión alguna a la atención de los beneficiarios durante viajes, vacaciones o desplazamientos temporales, lo que implica que el derecho a disfrutar de las prestaciones que proporciona el SAAD no viene regulado para estas
situaciones.
A este respecto se ha pronunciado el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en respuesta a una consulta con número de expediente Q/201904486, en la que afirma que 'un beneficiario dependiente que se desplace temporalmente fuera
del término municipal de residencia no podría disfrutar de cualquiera de los dos servicios descritos ya que están asociados al domicilio particular. Si este mismo beneficiario se desplazara, también temporalmente, fuera de su Comunidad Autónoma de
residencia, mantendrá el derecho y reserva del servicio o el abono de la prestación económica durante un tiempo máximo de 60 días al año por parte de la Comunidad Autónoma de origen. Por último, si el periodo de desplazamiento se prolongara por más
tiempo, debería solicitar el traslado de su expediente a la Comunidad Autónoma de destino, teniendo en cuenta que ésta solamente está obligada a reconocer el grado del beneficiario, no así la prestación a la que tuviera derecho, que deberá ser
revisada nuevamente'.
La ausencia de inclusión del referido supuesto de hecho (movilidad temporal) en la LAPAD tiene importantes consecuencias. Los servicios que se prestan a las personas con dependencia suelen ser esenciales para el desempeño adecuado de sus
actividades de la vida diaria.
- En el caso de la prestación económica, no habría problema si el beneficiario se traslada por un periodo menor a 60 días, pues en dicho lapso se mantendría el abono de su prestación.
- Sin embargo, no ocurre igual en el resto de las prestaciones que, como hemos apuntado anteriormente, están asociadas a la residencia de la persona en un domicilio fijo -teleasistencia, ayuda a domicilio- o en una comunidad concreta -plaza
en un centro de día o de noche, etc.-. En estos supuestos, si la persona en situación de dependencia se desplaza a otra Comunidad Autónoma, dejará de disfrutar de la prestación a la que tiene derecho. Únicamente se regula, como refiere la
respuesta del Ministerio que se ha mencionado 'supra', la posibilidad de que se mantenga durante 60 días el 'derecho y reserva del servicio', no así su uso y disfrute.
- Se impide, por tanto, que una persona en situación de dependencia alterne su residencia entre dos comunidades autónomas, fenómeno muy frecuente, v. gr., en los casos de personas que conviven por temporadas con familiares que residen en
distintos ámbitos territoriales.
- Se dificulta asimismo que los beneficiarios -y, en muchos casos, sus familias con las que conviven o que los atienden-, puedan realizar siquiera breves desplazamientos temporales, como sucede en el caso de las vacaciones, ya que durante
dicho período no podrían hacer uso de las prestaciones de atención reconocidas.
Por ello, se vulnera el principio fundamental del SAAD, enunciado al inicio de la Exposición de Motivos de la LAPAD, que es 'atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren
apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía'.
En último término, nos encontramos ante un quebranto de los derechos constitucionales de estos beneficiarios, tales como el de circular libremente por el territorio nacional y elegir el lugar de residencia, recogido en el artículo 19 CE, y
el de igualdad del artículo 14 CE.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las medidas y políticas públicas necesarias para garantizar el acceso a las prestaciones que los beneficiarios del SAAD tuvieran reconocidas en casos de movilidad definitiva o
temporal en el territorio español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2021.-Rocío de Meer Méndez, María de los Reyes Romero Vilches, Cristina Alicia Esteban Calonje, Lourdes Méndez Monasterio y Georgina Trías Gil, Diputadas.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/003157
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Rocío de Meer Méndez, D.ª María de los Reyes Romero Vilches, D.ª Cristina Alicia Esteban Calonje, D.ª Lourdes Méndez Monasterio y D.ª Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar el libre ejercicio
profesional de los toreros cómicos en todo el territorio nacional, así como la libertad individual de las personas con displasias óseas o enanismo para elegir su profesión, para su discusión en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales
de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Primero. Normativa vigente en materia de espectáculos cómico-taurinos.
El toreo cómico se encuentra recogido en la normativa básica estatal en materia taurina, la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre Potestades Administrativas en materia de Espectáculos Taurinos (Ley 10/1991). En la citada Ley se específica que
'reglamentariamente, se determinarán las condiciones en que hayan de celebrarse (...) el toreo cómico y demás espectáculos (...). En todo caso, en los espectáculos cómico taurinos no se dará muerte en el ruedo a las reses que se lidien, las cuales
serán sacrificadas una vez finalizado el espectáculo' (artículo 10.1).
La normativa de desarrollo se llevó a cabo a través del Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica y da nueva redacción al Reglamento de Espectáculos Taurinos (en adelante, 'el Reglamento').
El artículo 25 del mencionado Reglamento clasifica el toreo cómico como aquel espectáculo o festejo 'en el que se lidian reses de modo bufo o cómico en los términos previstos en este Reglamento'. Particularmente, además de la exigencia de
que los festivales taurinos se ajusten a lo dispuesto con carácter general para toda clase de espectáculos taurinos con las salvedades establecidas en el artículo 89 del Reglamento, el artículo 90 señala lo siguiente:
'El toreo cómico se ajustará a lo dispuesto en el artículo anterior con las siguientes salvedades:
1. Los becerros objeto de la lidia no pueden exceder de dos años.
2. No se dará muerte a las reses en el ruedo, ni se les infligirán daños cruentos. Las reses de estos espectáculos serán sacrificadas una vez finalizado el mismo, en presencia del Delegado gubernativo.
3. Los espectáculos cómico-taurinos no podrán celebrarse conjuntamente con otros festejos taurinos en los que se dé muerte a las reses.'
En virtud del artículo 2 del Reglamento, 'con el fin de asegurar un nivel profesional digno y de garantizar los legítimos intereses de cuantos intervienen en los espectáculos taurinos, se crea en el Ministerio del Interior un Registro
General de Profesionales Taurinos', estructurado en siete secciones, siendo la sección VI la dedicada a los toreros cómicos.
Por su parte, el Convenio Colectivo Nacional Taurino 60, publicado en el 'Boletín Oficial del Estado' por medio de la Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo nacional taurino, estipulaba en su artículo 9, bajo la rúbrica de los 'toreros cómicos', lo siguiente:
'1. La cuadrilla cómica vendrá constituida por:
a) Un Jefe de Cuadrilla.
b) Un Torero 'mayor' más que reses a lidiar. Se entiende por Torero 'mayor', a estos efectos, aquél que tenga capacidad física autosuficiente para la lidia.
c) Un mínimo de cinco Toreros 'pequeños', en el caso de que el espectáculo cuente con esta clase de toreros cómicos. Se entiende por torero 'pequeño', a estos efectos, aquellos que por su estatura física no puedan encuadrarse en el apartado
anterior.
d) Un Mozo de espadas.
60 El Convenio Colectivo Taurino mantuvo su vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2018.
2. Tras la lidia de una res en la parte cómica del espectáculo, las cuadrillas no estarán obligadas a encerrarla.
3. En los espectáculos cómico-taurinos que se celebren en plazas de primera y segunda categoría será obligatorio incluir una parte seria en la que se lidiará, al menos, una res por cuadrilla, que se ajuste a lo previsto para las novilladas
sin picadores. En las restantes plazas, la parte seria tendrá carácter potestativo. La parte seria del espectáculo se celebrará al comienzo del festejo, y en el 'paseíllo' los componentes de esta parte irán destacados delante de quienes integren
la parte cómica. (...).'
En conclusión, el torero cómico se trata de una actividad profesional regulada suficientemente en nuestro ordenamiento jurídico, incluso cuando intervengan en sus actuaciones los denominados como 'toreros pequeños', incluyéndose los
profesionales del mundo del toro con displasias óseas o enanismo.
Segundo. Polémica surgida en torno a los últimos espectáculos cómicos taurinos.
El pasado 6 de agosto de 2021 se celebró un espectáculo taurino cómico en el municipio extremeño de Zahínos (Badajoz), organizado por Mar Toros S. L., en el que participaba la cuadrilla cómica 'Diversiones en el Ruedo y sus enanitos toreros'
(en adelante, 'Diversiones en el Ruedo').
No obstante, un día antes de dicha celebración, el 5 de agosto de 2021, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 pidió públicamente, a través de un comunicado oficial, 'la cancelación del espectáculo conocido como 'bombero torero'
programado (...) en la localidad de Zahínos' 61. Este organismo público se limitó, en su justificación, a señalar que los espectáculos cómicos taurinos representados por personas con displasias óseas o enanismo 'denigran a las personas por razón de
discapacidad y vulneran los principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad de Naciones Unidas'.
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, sin ánimo de singularizar la condena, la extendió a 'otras actividades de este tipo que ya se han celebrado, como 'Popeye Torero', en Huelva'.
Pocos días más tarde, el 15 de agosto de 2021, estaba prevista una nueva actuación de la misma cuadrilla en Baza (Granada), bajo la organización de Eventos Santa Asunción S.L. En este caso, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación de la Junta de Andalucía envió una misiva al ayuntamiento de Baza, por medio de la Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión, informándole de lo siguiente 62:
'En Esta Dirección General hemos tenido noticia de la celebración de un espectáculo cómico-taurino en el que participan personas con acondroplasia 63 (...).
Esta Dirección General comparte la preocupación manifestada por las entidades y asociaciones de personas con discapacidad por el tratamiento que estos espectáculos ofrecen de la imagen de las personas con acondroplasia, que pudieran ser
además constitutivos de una infracción muy grave de la Ley 4/2017, de la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, conforme al artículo 84.3.º letra j), de dicha ley 'al conculcar deliberadamente la dignidad de
las personas con discapacidad imponiendo condiciones o cargas humillantes para el acceso a los bienes, productos y servicios a disposición del público'. O de la letra g) al poder 'generar deliberadamente situaciones de riesgo o grave daño para la
integridad sobre todo física o la salud de las personas con discapacidad'.
Todo lo cual ponemos en su conocimiento, instándoles a que retiren su apoyo al citado espectáculo, contribuyendo a salvaguardar la dignidad e imagen de las personas con discapacidad, y toda vez que, en caso de recibir denuncia, nuestra
Delegación Territorial en Jaén se vería obligada a iniciar el correspondiente expediente sancionador.'
61 GOBIERNO DE ESPAÑA. (5/8/21). El Ministerio de Derechos Sociales pide la cancelación del espectáculo del 'bombero torero' programado para este viernes en Badajoz, 'por denigrar a las personas con discapacidad'. Recuperado de:
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/comunicacion/noticias/20210805-bomberotorero.htm
62 BAYORT, J. (13/08/21). Cancelan un espectáculo cómico taurino por ' presiones' de la Junta de Andalucía. ABC de Sevilla. Recuperado de:
https://sevilla.abc.es/cultura/toros/sevi-cancelan-espectaculo-comico-taurino-presiones-junta-andalucia-202108131238_noticia.html
63 La acondroplasia es la forma más frecuente de enanismo. Se trata de una alteración ósea de origen cromosómico, caracterizada porque todos los huesos largos están acortados simétricamente, siendo normal la longitud de la columna
vertebral, lo que provoca un crecimiento disarmónico del cuerpo'. Definición extraída de la página web de la Fundación Magar Acondroplasia. Recuperado de: http:/ /www.acondroplasia.com/que-es-la acondroplasia/
Por este motivo, ante las presiones de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Eventos Santa Asunción, S.L., anunció, finalmente, la cancelación del evento: 'Lamentamos tener que informar que,
debido a las presiones sufridas, y por causas totalmente ajenas a nuestra voluntad, nos vemos obligados a suspender el espectáculo cómico taurino previsto (...)'.
Tercero. Denuncia de los profesionales de la industria cómico-taurina y la no vulneración del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
Cabe señalar que en los últimos años la tauromaquia está siendo objeto de ataques por parte del Gobierno de la Nación, así como por algunos gobiernos regionales y asociaciones antitaurinas.
Así, el toreo cómico, entre otros sectores, está sufriendo las consecuencias de esta persecución mediática y política de la izquierda, llegando incluso algunas administraciones públicas a reprobar la celebración de espectáculos cómicos
taurinos en los que participan profesionales con acondroplasia.
Ya en enero de 2020, ante las agresiones que estaba recibiendo su sector, 'Diversiones en el Ruedo' emitió un comunicado en el que la entidad denunciaba esto hechos: 'No entendemos por qué se meten con nuestro modo de ganarnos la vida (...)
Decidimos libremente cómo trabajar. Hemos elegido ser cómicos, independientemente de nuestra estatura o nuestra condición. Es vejatorio que piensen que la gente se ríe de nosotros cuando se ríen con nosotros, gracias a nuestra buena labor (...).
Nos preguntamos si, (...) los que dicen defendernos, nos señalan con el dedo porque ven en nuestra condición física un blanco fácil. Es aquí donde sentimos la discriminación. O quizás sea que el ataque real viene a nuestra vertiente taurina.
(...) Queremos poder elegir nuestro trabajo, como hace cualquier persona y que eso no suponga una traba simplemente por nuestra condición física' 64.
En relación con los sucesos expuestos anteriormente, ocurridos en agosto del presente año con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, el
director de la compañía 'Diversiones en el ruedo', D. Daniel Calderón, recordó que todos los integrantes de esta agrupación 'son profesionales libres con un carné expedido por el Ministerio de Cultura y que cotizan a la Seguridad Social', y, por
tanto, cumplen con todos los requisitos legales para ejercer su profesión .
En la misma línea, D. Joaquín Domínguez, responsable de Mar de Toros S.L., en relación con la polémica que se generó por la celebración del espectáculo taurino cómico en Zahínos, denunció la falta de fundamento del Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030 en su recomendación de no celebrar el citado evento, ya que se trataba de 'un festejo regulado en el Reglamento de Espectáculos Taurinos y en este caso cuenta con todos los permisos de la Junta de Extremadura, competente en
esta materia' 65.
Por otro lado, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 menciona en su comunicado una posible vulneración de la normativa internacional, concretamente, de la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad de Naciones
Unidas (en adelante, 'la Convención'), por conculcar 'los principios fundamentales'. Sin embargo, no compartimos esta reflexión por los motivos que pasamos a exponer:
En virtud del artículo 3 de la Convención (de los 'principios generales') 'los principios de la presente convención' son:
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;
b) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas, efectivas en la sociedad;
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;
e) La igualdad de oportunidades;
f) La accesibilidad;
g) La igualdad entre el hombre y la mujer;
h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad'.
64 Comunicado Diversiones en el Ruedo (31/ 1 / 2020). Recuperado de: https://www.lascosasdeltoro.com/ actualidad-taurina/comunicado-diversiones-en-el-ruedo/
65 La empresa de la plaza de Zahínas defiende que tiene todos los permisos para el 'bombero torero'. https://www.hoy.es/culturas/toros/empresario-organiza-bombero-20210805154204- nt.html
Ninguno de estos principios se vulnera con la celebración de espectáculos cómico-taurinos en el que participen profesionales con acondroplasia.
De la propia participación, en el marco de una contratación laboral, según las leyes vigentes, se infiere que estos espectáculos están promoviendo y respetando la 'autonomía individual', la 'independencia' y la 'libertad para tomar las
propias decisiones' de los profesionales.
Este género de eventos posibilita, asimismo, una 'participación e inclusión plenas' y 'efectivas' de las personas con discapacidad en el sector taurino.
La 'no discriminación' viene determinada, en este caso, por el hecho de posibilitar que tanto personas con discapacidad como sin ella participen en esta clase de espectáculos, en 'igualdad de oportunidades' y en el marco del 'respeto por la
diferencia'.
Cabe señalar también que la 'accesibilidad' está garantizada en esta clase de espectáculos, tanto para el público -según la normativa general de accesibilidad que rija en materia de espectáculos públicos- como para los propios trabajadores
que participan en los mismos.
Dado que tanto hombres como mujeres pueden participar en la clase de espectáculo al que nos referimos, el cumplimiento del principio de 'igualdad entre el hombre y la mujer', que enuncia la Convención, resulta indubitado.
Por último, y toda vez que solo participan en el espectáculo personas mayores de edad, el mencionado artículo 3.h carece de aplicación.
Particularmente, en este tipo de espectáculos se respeta el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, garantizada en el artículo 18 de nuestra Constitución Española ('CE'), así como la dignidad inherente a la
persona, consagrada en el artículo 10 CE, considerando ésta última, como señaló la STC 53/1985, 'el derecho de cada cual a determinar libremente su vida de forma consciente y responsable y a obtener el correspondiente respeto de los demás' 66.
Además, la dignidad de la persona debe permanecer (y en este caso, permanece) inalterada cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre, constituyendo en consecuencia un 'mínimum' invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar
67.
En definitiva, no existe justificación legal en nuestro ordenamiento jurídico que ampare la cancelación de estos espectáculos taurino-cómicos, como el celebrado en Zahínas (Extremadura).
Cuarto. Derechos y libertades que sí podrían ser conculcados si se prohíben los espectáculos cómicos taurinos.
Por el contrario, huelga señalar que una limitación o prohibición de la celebración de los espectáculos cómico-taurinos sí podría vulnerar los derechos reconocidos tanto por la normativa internacional como por nuestra Carta Magna.
Con esta prohibición se estarían violando los siguientes derechos fundamentales:
i) Derecho a la autonomía individual, a la no discriminación, a la participación e inclusión plenas, a la igualdad de oportunidades y derechos correlacionados:
En primer lugar, esta prohibición arbitraria por parte de algunas Administraciones Públicas supondría un ataque expreso a la libertad individual, y una vulneración de los principios de no discriminación, de inclusión plena, de igualdad de
oportunidades y demás principios y derechos correlacionados. Estos citados derechos están reconocidos tanto en el artículo 3 de la Convención como en los artículos 1.1, 9.2, 14 y 49 de la Constitución Española.
En definitiva, la libertad, considerada desde un punto de vista del status de las personas, se manifiesta también en la libertad de actuación sin interferencias de terceros, de grupos o del Estado 68. Es en este punto en el que la libertad
se vería obstaculizada en tanto y en cuanto el Estado quiere impedir a los cómicos taurinos con enanismo ejercer su profesión libremente, a pesar de las reivindicaciones provenientes del sector en contra de tal postura.
66 STC 53/1985, de 11 de abril (fundamento jurídico 3).
67 SSTC 120/1990, de 27 de junio (fundamento jurídico 4) y 57/1994, de 28 de febrero (fundamento jurídico 3 A)'.
68 Siguiendo a PECES BARBAS, la libertad puede concretarse en dos puntos de vista: el organizativo (soberanía popular, legitimación de los gobernantes mediante sufragio universal, separación de poderes, reconocimiento y tutela penetrante de
los derechos fundamentales) o del estatus de la persona, en sus diversas manifestaciones (libertades autonomía o libertad de actuación sin interferencia de otras personas, grupos o del Estado; las libertades de participación, y la libertad
prestación, consecuencia de la vinculación libertad-igualdad).
Fuente: El Independiente.
Igualmente, podría verse vulnerado el artículo 27, apartado primero, de la Convención, bajo la rúbrica 'trabajo y empleo', en cuyo tenor literal se recoge que:
'Los Estados Parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o
aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad.
Los Estados Parte salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación (...).'
El derecho al trabajo tiene asimismo consagración constitucional en el artículo 35 de la CE, en cuyo apartado primero se expresa que 'todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u
oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo'.
La Administración Pública no plantea la prohibición general de la tauromaquia cómica, sino solo cuando quienes intervienen presenten algún tipo de displasias óseas, razón por la cual se estaría quebrantando el derecho de estos últimos al
trabajo. Impedir el toreo cómico a los llamados 'toreros pequeños' es dar por hecho -de manera errónea- que existe una equivalencia entre ser cómico con acondroplasia y ser denigrado (individual y colectivamente).
En definitiva, están en juego los ingresos económicos de múltiples familias que viven del sector. Concretamente, la estadística de Asuntos taurinos elaborado por el Ministerio de Cultura y Deporte correspondiente al año 2021 69 refleja la
inscripción de un total de 185 profesionales taurinos como 'toreros cómicos' en 2020.
Fuente: Ministerio de Cultura y Deporte.
69 GOBIERNO DE ESPAÑA. Cultura Base. Sectores culturales: Estadística de Asuntos Taurinos. Recuperado de: http://estadisticas.mecd.gob.es/CulturaDynPx/culturabase/ index.htm?type=pcaxis&path=/t23/p23b/a2019/&file=pcaxis
ii) Derecho a vivir de forma independiente y relacionados:
En segundo lugar, la mencionada prohibición podría implicar, a su vez, una vulneración del artículo 19 de la Convención 70. Este artículo recoge expresamente el derecho de las personas con discapacidad para vivir de forma independiente y a
ser incluido en la comunidad. Si las Administraciones Públicas interfieren en la actividad laboral que desempeñan los cómicos taurinos, privándoles de su profesión, estarían limitando su independencia económica -ya menoscabada por la paralización
de espectáculos taurinos desde la irrupción de la epidemia SARS-CoV-2 (COVID-19)- y, por lo tanto, debilitando también su efectiva integración social.
iii) Libertad de creación artística, promoción del patrimonio cultural y correlacionados:
La tauromaquia, en tanto que es patrimonio cultural, se encuentra amparada en el artículo 46 CE, que dispone lo siguiente:
'Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su
titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.'
Este precepto debe ponerse en relación con el artículo 44 de la CE, que establece que 'los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho'. En este sentido, 'el Estado considerará el servicio
de la cultura como deber y atribución esencial' (artículo 149.2 CE).
Por último, no hay que dejar de recordar que la tauromaquia también entra dentro de la libertad de creación literaria, artística, científica y técnica, que es un derecho fundamental reconocido en el artículo 14.1.b) de la CE.
Así, la Sentencia del Tribunal Constitucional, de 21 de octubre de 2016, dictada a raíz de la prohibición de las corridas de toros en Cataluña en el año 2010, reconoce la tauromaquia como 'patrimonio cultural común', considerando que el
Gobierno de la Comunidad había'menoscabado las competencias estatales en materia de cultura, en cuanto que afecta a una manifestación común e impide en Cataluña el ejercicio de la competencia estatal dirigida a conservar esa tradición cultural
(...)'.
En conclusión, y siguiendo la doctrina constitucional, no es posible en nuestro ordenamiento jurídico la prohibición de ningún espectáculo taurino-cómico, pues es una manifestación de una arraigada tradición cultural, cuyo respeto y
protección corresponde garantizar a todos los poderes públicos, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución Española. La prohibición arbitraria de celebrar este tipo de eventos por parte de las Administraciones públicas, por la mera
intervención en su ejecución de profesionales del sector con displasias óseas o enanismo, supondría un atentado contra los derechos fundamentales de estas personas reconocidos expresamente en la CE y en la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover todas las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio profesional de los toreros cómicos en todo el territorio nacional, así como la libertad individual de las personas con
displasias óseas o enanismo para elegir su profesión, en el marco jurídico establecido por nuestra Constitución.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2021.-Rocío de Meer Méndez, María de los Reyes Romero Vilches, Cristina Alicia Esteban Calonje, Lourdes Méndez Monasterio y Georgina Trías Gil, Diputadas.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
70 'Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad , con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y
pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial que: a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar
de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico; b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia
domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta; c) Las
instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades'.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003146
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas de
apoyo al sector pesquero del Estrecho, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La Organización de Productores Pesqueros (OPP78) de Tarifa (Cádiz) realiza en aguas del Estrecho de Gibraltar pesca artesanal con una flota joven integrada por 55 embarcaciones. Hablamos de una flota autóctona, andaluza, de la que dependen
alrededor de 1000 familias y que, perteneciendo al caladero mediterráneo, se ve obligada a pescar únicamente en las aguas del Estrecho.
En esta zona geográfica, tradicionalmente dedicada a la pesca del voraz, se ha producido en los últimos años un cambio que afecta directamente a la actividad de este sector pesquero. Efectivamente, a partir del año 2005, el atún, especie
depredadora, entra en el Estrecho y comienza a comerse al voraz, una especie exclusiva de esta zona. Ello ha provocado que en los últimos 20 años se haya producido una reducción muy importante en las capturas del voraz, pasando de unas 200
toneladas de dicha especie en el año 2000 a únicamente 10 toneladas en el año 2020.
Desde entonces, el sector pesquero afectado, está viviendo momentos muy duros que se complican aún más por la aparición del alga exótica invasora denominada 'Rugulopterix Okamurae', pues, si bien su afección inicial sólo se producía en
determinadas zonas y afectaba únicamente a algunas artes de pesca como el trasmallo, actualmente afecta a todas las artes y está ampliando su zona de afección, provocando la desaparición del entorno marino y un daño enorme a nuestro litoral y al
propio sector pesquero, pues tanto los anzuelos como las redes llegan cargados de algas.
Por otro lado, para dificultar aún más la situación del sector pesquero en el Estrecho, la crisis sanitaria de la COVID-19 ha contribuido a incrementar los daños económicos al mismo.
Por último, la falta de apoyo por parte del gobierno de España, que ha de adoptar medidas que contribuyan al sostenimiento de la pesca y al mantenimiento del empleo vinculada a ella, hace que las consecuencias de los problemas anteriormente
planteados sean dramáticas para muchas familias que no tienen otra alternativa a la pesca.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar las gestiones y trámites administrativos oportunos para reconocer a la zona del Estrecho de Gibraltar como un caladero específico dentro de los caladeros nacionales, a fin de garantizar la sostenibilidad del propio caladero y el
mantenimiento de la flota y por tanto, del empleo.
2. Plantear en la Comisión Europea que, en los acuerdos pesqueros de la Unión Europea con Marruecos se incluyan, entre otros objetivos, el establecimiento de un mismo horario de pesca para que el caladero no se esquilme, la obligación de
Marruecos de realizar también paradas biológicas y el uso de las mismas artes de pesca en el Estrecho por parte de ambos países.
3. Realizar un estudio sobre la abundancia del atún rojo en el Estrecho y su estabilización en la zona durante todo el año a fin de que, en base a sus conclusiones, se adopten, previo consenso con el sector afectado, las medidas oportunas
para garantizar la pesquería y el mantenimiento de la flota.
4. Iniciar los procedimientos administrativos necesarios para que, en el Real Decreto 46/2019 de 8 de febrero, por el que se regula la pesquería del atún rojo en el Atlántico Oriental y el Mediterráneo, se incluyan las 14 embarcaciones de
la OPP78, que actualmente se encuentran en el listado H, en el listado B, que les corresponde por su histórico de capturas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2021.-Joaquín María García Díez, José Ortiz Galván, María José García-Pelayo Jurado, Belén Hoyo Juliá y Marta González Vázquez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003148
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el proyecto de 'Gran Senda del
Navia' y su declaración como obra de interés general, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
A finales del año 2016 algunas asociaciones sin ánimo de lucro como la Sociedad de Amigos de Boal o la Fundación Parque Histórico del Navia, apoyadas por un grupo de senderistas gallegos y asturianos, empezaron a compartir la idea de crear
una senda a lo largo del río Navia.
La iniciativa fue sumando el apoyo de diversas administraciones, como la Diputación de Lugo o el Principado de Asturias, que junto a los 16 municipios implicados (7 en Lugo y 9 en Asturias), y con el apoyo de dos federaciones de senderismo y
montaña, once asociaciones culturales y deportivas y una fundación cultural, presentaron el proyecto denominado la Gran Senda del Navia, una ruta peatonal y cicloturista a lo largo del río Navia, desde su nacimiento, en las proximidades de O
Cebreiro, hasta la desembocadura en el Cantábrico, recorriendo 428 kilómetros, aprovechando los caminos tradicionales existentes, vinculados a la actividad agraria y forestal, recuperando otros senderos que han caído en desuso y sólo recurriendo a
los tramos de carretera cuando no existe otra alternativa.
La Senda pretende ser un eje de desarrollo económico y social de los Valles del Navia, aprovechando los recursos naturales, culturales y patrimoniales existentes, beneficiando a los habitantes de las comarcas y municipios por los que
atraviesa, generando nuevas actividades económicas y permitiendo la fijación de población al crear oportunidades de empleo para las poblaciones locales, en un territorio deprimido y castigado en su demografía.
En la provincia de Lugo, concretamente, la senda pasa por Negueira de Muñiz, A Fonsagrada, Navia de Suarna, Cervantes, Becerreá, As Nogais y Pedrafita do Cebreiro, concellos que verían incrementado el turismo rural, sostenible y de calidad.
Además, otro aspecto singular de la Gran Senda del Navia, es que su trazado permitiría conectar los tres principales caminos de Santiago, todos ellos Patrimonio de la Humanidad, uniendo en O Cebreiro con el camino Francés, en Allande-Salime con el
camino Primitivo y en Navia-Coaña, con el camino del Norte.
En 2018, las instituciones promotoras presentaron el proyecto al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, responsable del desarrollo del Programa de Caminos Naturales, buscando su colaboración y para que el Gobierno
promoviera el declararla de interés general e integrara la senda en la red nacional de caminos naturales.
El presupuesto estimado para desarrollar la Gran Senda del Navia, según sus promotores, rondaría los 4,2 millones de euros, considerando una media de 10.000 euros por kilómetro, destinados a efectuar tareas de señalización, desbroce,
acondicionamiento de las áreas de descanso, mejoras del firme de las carreteras, canalizaciones, traídas de agua o saneamientos y reconstrucción de las infraestructuras existentes. Sin embargo, han pasado más de tres años desde su presentación ante
el gobierno pero el proyecto sigue estacando y los promotores del trazado verde siguen sin saber nada oficialmente.
En un contexto como el actual, en el que parece que estamos saliendo de la pandemia por COVID-19, es importante retomar este proyecto y que no quede en el olvido, dado que la senda peatonal y ciclista
protegería el espacio natural que genera el Río Navia y, a la vez, promovería el turismo de naturaleza, obteniendo un gran retorno de la inversión inicial prevista.
Así, hoy en día el proyecto es aún más interesante, si cabe, por las oportunidades que ofrece y la posibilidad de generar financiación en los programas de recuperación y resiliencia y su imbricación con los objetivos del reto demográfico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a declarar el proyecto de 'Gran Senda del Navia' como obra de interés general, incluyendo su dotación presupuestaria en los próximos Presupuestos Generales del Estado con el fin de comenzar su
puesta en marcha.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2021.-Joaquín María García Díez, Jaime Eduardo de Olano Vela, Paloma Gázquez Collado y Marta González Vázquez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003165
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa de la flota
pesquera española en la negociación del Reglamento de Control de Pesca, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
En estas fechas ha comenzado la última fase de la negociación sobre la reforma del Reglamento europeo de Control pesquero. Este Reglamento (CE) 1224/2009 establece el régimen comunitario de control dentro del marco de la Política Pesquera
Común, teniendo como principal objetivo el control y monitoreo de las actividades llevadas a cabo por las flotas pesqueras en aguas comunitarias.
Desde el comienzo de su tramitación las medidas contempladas en dicho Reglamento despertaron inquietud y mucho rechazo entre las diferentes flotas pesqueras, también entre gobiernos autonómicos y parlamentarios europeos.
Dentro del conjunto de medidas contempladas en este reglamento, las que están provocando mayor rechazo dentro del sector pesquero, y especialmente de la flota artesanal, son la obligación de instalar cámaras a bordo en barcos de más de 12
metros de eslora; la obligación de notificar sus capturas antes de llegar a puerto a todas las embarcaciones de más de 4 metros, teniendo por ello que instalar un diario electrónico de pesca, así como la obligación de instalar dispositivos que
permitan la geolocalización en todo momento, de los barcos de más de 4 metros.
En las últimas semanas el sector pesquero, especialmente el radicado en Galicia, ha trasladado una vez más su rechazo a los planes del gobierno de España de poner en marcha a modo de experiencia piloto las medidas contempladas en el
Reglamento, invirtiendo en ello 1,5 millones de euros, principalmente en el desarrollo de una aplicación informática y en la compra de 150 tabletas para probar en 150 barcos pesqueros en Galicia. El sector no entiende este proceder cuando desde la
Secretaría General de Pesca se les había dado palabra de defender en Bruselas las demandas de la flota española dentro de las negociaciones que ahora han comenzado para la aprobación del reglamento de Control.
Para los representantes del sector pesquero, las medidas de control ya existentes son suficientes, y las propuestas incluidas en el Reglamento todavía sin aprobar, lo que generan es un exceso de celo que no garantiza el cumplimiento de las
normas y lo que si provocarán es una importante complicación de la actividad a bordo.
Es llamativo que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por medio de la Secretaría General de Pesca decida, sin contar con el sector, invertir 1,5 millones de euros en medidas que todavía no están aprobadas en el reglamento de
Control, cuando las prioridades y demandas presentadas desde el sector
pesquero apuntan a cuestiones como la modernización de la flota, mejoras de los barcos, seguridad de las embarcaciones, mejoras en lonjas y promoción de los productos pesqueros, etc.
Llegado este momento, el gobierno de España debe practicar una defensa rigurosa de los intereses de nuestros marineros en la fase decisiva de negociación, poniendo por delante las cuestiones que desde el sector se han señalado como
inasumibles y de manera muy especial las medidas que más afectan a la flota artesanal, la gran perjudicada en este reforma.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Trasladar durante las negociaciones en los trílogos del Reglamento de Control de la Pesca (CE) 1224/2009, el rechazo a las medidas contempladas, que son perniciosas especialmente para la flota costera artesanal, con oposición específica
a las referidas a la obligatoriedad de la instalación de cámaras a bordo; la obligación de instalar el Diario Electrónico de Pesca en la flota artesanal y la imposición de la geolocalización en barcos de más de 4 metros de eslora.
2. Retirar y anular las acciones conducentes a la implementación de las medidas recogidas en el texto de propuesta de modificación del Reglamento de Control, con especial referencia a la licitación del desarrollo y mantenimiento de una
aplicación para la comunicación de capturas, declaración de desembarque y geolocalización de la flota pesquera a pequeña escala (Expediente: 2021/SP10019) y de aquellas medidas conexas destinadas a la instalación a bordo de los buques de pesca de
sistemas de geolocalización y CCTV.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2021.-Joaquín María García Díez, Marta González Vázquez y Belén Hoyo Juliá, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/003123
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la prevención de incendios forestales, para
su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Los incendios forestales son, como en otros países del sur de Europa, un fenómeno enormemente destructivo para las personas, sus bienes, y el medio ambiente. Y si bien pueden originarse de forma natural, en España el 96 % de ellos tienen
causa en la actividad humana. La superficie forestal de España supone más de la mitad de su territorio - unos 27 millones de hectáreas de bosque. De estos bosques, que presentan una enorme variedad según la zona del país en que se encuentren, cada
año suelen quemarse decenas o incluso cientos de miles de hectáreas. Algo que, desde 1961, ha supuesto un total de 8 millones de hectáreas quemadas. Esto significa que casi el 30 % de los bosques españoles ha ardido en los últimos 50 años.
Este enorme riesgo natural, como tantos otros, se ve agravado en gran medida por el cambio climático. El progresivo aumento de las temperaturas y de la duración de condiciones meteorológicas propias del verano (temperatura, sequedad, etc.)
incrementa el riesgo de incendios hasta cotas nunca vistas en nuestro país, hasta el punto de que se han llegado a producir incendios conocidos como 'de sexta generación'. Estos fenómenos, vistos hasta ahora sólo en zonas áridas de Oriente Medio,
Australia o EEUU, generan enormes fuegos forestales, por encima de 500 hectáreas, que destacan por una agresividad extrema en
conjunción con una meteorología adversa, como la que propician las condiciones antes mencionadas. Estos incendios de sexta generación suponen un terrible desafío para los servicios de extinción, ya que son eventos capaces de modificar las
condiciones meteorológicas de su entorno, haciendo mucho más difícil su control y extinción.
Si bien la frecuencia y gravedad de los incendios ha aumentado, y seguirá aumentando por la influencia del cambio climático, también es cierto que las técnicas y recursos destinados a la prevención, extinción y reforestación han mejorado
considerablemente. Aún así, ello no es óbice para que estas técnicas y recursos se puedan mejorar, especialmente en lo referente a dotación personal y económica del personal de emergencia (se han dado casos de equipos de prevención que, tras una
jornada de trabajo desbrozando el monte se han tenido que incorporar a tareas de extinción) y a las estrategias de reforestación (el 40 % de los grandes incendios forestales en España se han producido en superficies repobladas).
Además, resulta especialmente lamentable el porcentaje, antes señalado, de incendios originados por la actividad humana, tanto de forma imprudente como intencionada. Las sanciones previstas para esta peligrosísima conducta son actualmente
insuficientes, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de los incendios que se producen en nuestro país son intencionados o resultado de negligencias. En cuanto a las penas, actualmente en nuestro país los pirómanos se enfrentan a penas de
uno a cinco años, pero esto no ha servido para disuadirlos de cometer estos deplorables actos que suponen un grave riesgo no sólo para nuestro patrimonio natural, sino también para la integridad física de las personas y, en particular, del personal
de los servicios de extinción de incendios. Por ello, es necesario revisar estas sanciones y penas para asegurar que cumplen con su cometido de disuadir a determinados individuos de llevar a cabo estas conductas.
En el plano de otras acciones dirigidas a evitar incendios forestales, las soluciones no pasan meramente por repoblar por un lado mientras los bosques arden por el otro, sino por realizar una planificación preventiva generadora de empleo en
el medio rural. El sector forestal tiene una gran importancia socioeconómica por sus múltiples aprovechamientos, que son la base de la ganadería extensiva y un recurso fundamental para la soberanía alimentaria, además de ser clave para el ciclo
hidrológico y la biodiversidad.
Sin embargo, el medio rural, que es el que sostiene el mantenimiento de bosques y montes, se encuentra ante un panorama desolador que no hace sino dificultar enormemente una adecuada labor de prevención de incendios, continuada y sostenible.
Hasta un tercio de los grandes incendios forestales en España se dan en ámbitos de monte bajo. La España vaciada y el reto demográfico son conceptos repetida y justamente usados para reclamar las infraestructuras y servicios que necesita el mundo
rural. Sin embargo, también tienen un efecto directo sobre el drama de los incendios forestales, ya que un bosque bien cuidado y mantenido necesita de gente que pueda vivir en sus cercanías.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revisar, a la mayor brevedad posible, el régimen sancionador para los supuestos de incendios originados por la actividad humana, con el objetivo de maximizar la capacidad de disuasión para supuestos de imprudencia y, sobre todo, de
intencionalidad.
2. Revisar, en un plazo de seis meses, el régimen penal previsto en el Capítulo de incendios del Código Penal (arts. 351-358) para asegurar que estas cumplen con su cometido disuasorio.
3. Impulsar, a la mayor brevedad posible, una revisión de las estrategias de reforestación autonómicas para asegurar que sirven también como estrategias de prevención de nuevos incendios, buscando el equilibrio entre el sostenimiento de
especies autóctonas con un entorno más seguro ante incendios.
4. Incorporar al Plan de Medidas ante el Reto Demográfico medidas para incentivar el establecimiento y desarrollo vital de la agricultura y la ganadería como activos fundamentales frente a los incendios forestales.
5. Impulsar la cooperación entre administraciones, con especial incidencia en la facilitación de trabajos silvícolas, reforzando las ayudas para mantener el monte durante todo el año y aligerando las cargas burocráticas para quienes las
reciben.
6. Presentar, en un plazo de seis meses, un plan de refuerzo de la dotación, tanto personal como económica, de los servicios de emergencias y extinción de incendios. Este plan deberá evitar la temporalidad y la focalización en el verano,
ampliando las tareas de prevención a todo el año y generando así empleo verde. También deberá evitar, en la medida de lo posible, responsabilizar de las tareas de extinción a los equipos encargados simultáneamente de la prevención.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2021.-Guillermo Díaz Gómez y María Carmen Martínez Granados, Diputados.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003135
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la introducción del impacto de
la familia en las políticas frente al reto demográfico, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Según los datos publicados por el INE y Eurostat en 2019, España es uno de los países con menor índice de fecundidad de Europa. Tiene la tasa más baja de la UE (1,2 hijos por mujer), sólo por detrás de Malta, y lejos de la media europea
(1,6), y además, se ha elevado la edad a la que las mujeres tienen su primer hijo, con una media de 31 años, por encima de la mayoría de países de nuestro entorno. España es uno de los países de la UE que ha invertido menos en familias e infancia
en los últimos años, una realidad que contrasta con el marcado 'discurso social' de este gobierno. Esa partida supone solo el 5 % de todo el gasto en protección social, sólo por delante de Italia, Países Bajos o Portugal.
España es el país con menos ayudas para las familias del entorno. En materia fiscal, las desgravaciones en la renta para familias solo alcanzan el 5,4 % mientras la media de los países europeos de la OCDE avanza hasta el 11,3 %. Y las
prestaciones, subsidios y ayudas para las familias pobres con hijos, son ocho veces menores que en Alemania.
Por otra parte, un número creciente de hogares de padres jóvenes está en riesgo de pobreza, riesgo que se agudiza en el caso de jóvenes monoparentales, y las dificultades para conciliar trabajo y familia penalizan especialmente a las
mujeres, que son las que se encargan en la mayoría de los hogares de atender a los niños. Las razones económicas, educativas, laborales o de conciliación de la vida familiar y laboral, son los principales motivos para no tener más hijos entre las
menores de 30 años, ha permeado en la sociedad la idea de que antes de los 30 años las mujeres son 'demasiado jóvenes para tener hijos' y es la segunda razón aducida por las que tienen entre 30 y 39. Y continúa como argumento en esta franja de
edad, junto con la necesidad de tener una pareja estable.
Sin el crecimiento de la natalidad no tendremos crecimiento sólido de la economía.
Las elevadas tasas de desempleo juvenil y femenino son un freno para cualquier decisión de formar una familia, lo que dibuja un panorama muy preocupante desde el punto de vista demográfico y social, al que los gobiernos están obligados a dar
una respuesta, orientando adecuadamente las políticas públicas. Ejemplo de ello es el compromiso recientemente adquirido por la presidenta de la Comunidad de Madrid en ayudas directas a la natalidad, pero también en materia de vivienda para jóvenes
y de impuestos, entre otros.
Que todas las leyes tuvieran un análisis de impacto sobre la infancia y familia es algo que ya introdujo por primera vez el gobierno del PP en el 2014, en el Plan Integral de apoyo a la Familia que presentó el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
Hoy más que nunca, en un entorno social afectado por las consecuencias derivadas de esta pandemia por la COVID-19, se hace especialmente necesaria la obligación por parte del Gobierno de tener en cuenta cómo son las realidades y las
tendencias de las familias y por tanto cómo repercutirán sus acciones en el bienestar de las mismas.
El gobierno actual ha ignorado esta cuestión, desde el mismo diseño de la Secretaría General de Reto Demográfico, dependiente de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, hasta las
políticas que está poniendo en marcha. Es más, preguntado en sede parlamentaria por esta cuestión, el Secretario General para el Reto Demográfico ha manifestado no tener entre sus competencias ni en su estrategia para afrontar el reto demográfico,
las políticas demográficas, como si la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, en el medio rural y urbano, y las brechas que existen entre uno y otro, pudieran abordarse sin tomar en consideración las políticas
demográficas y de apoyo a la natalidad y a la familia.
El Plan de Medidas frente al Reto Demográfico que presentó el gobierno el pasado mes de marzo, compuesto por 130 medidas y 10.000 millones de inversión, en su eje número 5, 'Igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres y de los
jóvenes', contempla medidas para mejorar la conciliación de la mujer en el medio rural, y el eje número 101 'Reformas normativas e institucionales para abordar el Reto Demográfico', incluye una línea de 'Impacto de género y de infancia aplicado al
Reto Demográfico', con la siguiente descripción: 'Los resultados de los informes de impacto de género, impacto en la infancia, en la adolescencia y en la familia, y el informe de alineamiento de los presupuestos con los ODS de la Agenda 2030, que
acompañan a los presupuestos anuales, proporcionarán la información necesaria para dirigir las políticas y programas públicos para una respuesta cohesionada al reto demográfico, garantizando la justicia social y lucha contra las desigualdades'.
En definitiva, nada nuevo, ni nada que no deba hacerse de acuerdo con la normativa presupuestaria. Teniendo en cuenta, además, que el Plan de Medidas arriba citado es el que está alineado con el Plan de Recuperación. Transformación y
Resiliencia, y por tanto, que las medidas que contempla son las que van a recibir inversiones con fondos procedentes del PRTR, resulta imprescindible incorporar en este planteamiento, Plan de Medidas y acción de gobierno con la introducción del
impacto de familia que oriente adecuadamente y con carácter previo el resto de actuaciones, para que todas ellas deban contar con un impacto positivo en la natalidad, el reto demográfico y las familias, a la hora de recibir financiación e
inversiones prioritarias.
La introducción y evaluación del impacto familiar son instrumentos útiles destinados a, promover, proteger, respetar y garantizar el bienestar y la sostenibilidad de las familias en España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados insta al gobierno a introducir el impacto de familia en el Plan de Medidas frente al Reto Demográfico, alineado con el Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia, y en todas las políticas públicas
que al amparo de este Plan se van a impulsar en España en los próximos años.
2. Dicha evaluación ex ante y ex post de impacto en la familia de las medidas sobre Reto Demográfico contempladas en el PRTR, será presentada por la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, en el Congreso de los Diputados.
3. La Estrategia frente al Reto Demográfico, aún en fase de elaboración, introducirá el impacto familiar de forma trasversal y evaluará previamente el impacto de la misma en las familias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2021.-Carmen Navarro Lacoba, Marta González Vázquez, Guillermo Mariscal Anaya, César Sánchez Pérez, Diego Gago Bugarín, Juan Diego Requena Ruiz, José Ángel Alonso Pérez, Tomas
Cabezón Casas, Paloma Gázquez Collado y José Alberto Herrero Bono, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003137
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley para paliar los efectos ambientales y económicos derivados de las tormentas sucedidas en la provincia de Toledo, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El pasado 31 de agosto y 1 de septiembre de 2021, en la provincia de Toledo se produjeron unas tormentas que provocaron numerosísimos daños en Toledo capital y en varios municipios de la provincia. En concreto Argés, Cobisa, Guadamur,
Polan, Layos, Burguillos, Nambroca, Gálvez, Villamiel, Valdeverdeja, La Fresneda, Torrecilla de la Jara y Retamoso.
Todos los ayuntamientos de cualquier signo político, a través de operarios propios, bomberos, policías locales, protección civil y los propios vecinos ayudaron a paliar los daños, demostrando un gran deber cívico y solidario.
Hay que destacar la iniciativa ciudadana y la solidaridad mostrada por toda España.
Tormentas que han causado graves desperfectos, que han dejado huellas negativas y daños importantísimos con un impacto económico considerable y difícilmente asumible por los vecinos y ayuntamientos.
Así mismo la DANA también ha producido graves daños en cultivos agrícolas en toda la provincia de Toledo, y los cultivos afectados han sido principalmente el olivar, los tomates y productos de la huerta (lechugas, pimiento, cebolla, y
brócoli), la viña en determinadas zonas. Los principales pueblos que han visto afectados sus cultivos han sido: La Puebla de Montalbán, Casasbuenas, Navahermosa, Gálvez, Patán, Guadamur y Cobisa, así como en la zona de la Sagra y la Mancha
toledana como en Villafranca de los Caballero, Villacañas, Consuegra, Madridejos, Camuñas y Miguel Esteban.
Por todo ello es necesario realizar una evaluación de los daños, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos, analizando las consecuencias catastróficas causadas por las lluvias torrenciales.
Por ello solicitamos que por parte del Estado sean declaradas zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil y poder paliar sus efectos en todos los territorios afectados en los que se hace referencia en esta iniciativa
parlamentaria.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, en colaboración con las administraciones afectadas y la mayor brevedad posible, un informe con la evaluación los daños de las inundaciones sucedidas en Toledo capital y los municipios afectados (Argés, Cobisa, Guadamur, Polan,
Layos, Burguillos, Nambroca, Gálvez, Villamiel, Valdeverdeja, La Fresneda, Torrecilla de la Jara y Retamoso), determinando y cualificando el alcance real de los mismos, y activar ayudas derivadas de la situación de emergencia o naturaleza
catastrófica.
2. Analizar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015 de 9 de julio, en la ciudad y municipios de la provincia de Toledo
afectados gravemente por las tormentas acaecidas el 31 de agosto y 1 de septiembre.
3. En atención a la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, aplicar las medias dispuestas en el artículo 24 de la ley 17/2015 de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños provocados
por las intensas lluvias, que provocaron desbordamientos e inundaciones. Y en concreto:
a) Conceder ayudas económicas a particulares por daños a vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.
b) Ayudas a los ayuntamientos afectados para paliar los graves daños causados en instalaciones de servicios fundamentales en los municipios.
c) Realizar la compensación económica a las corporaciones locales de Toledo por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
d) Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios y bienes.
e) Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
f) Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.
g) Aprobar, si procede, las subvenciones por daños a infraestructuras hidráulicas y que también sirvan para prevención y acondicionamiento de las zonas afectadas.
h) Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas.
i) Aprobar las medidas fiscales, laborales y de seguridad social.
4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de medidas de ayudas aplicadas de cara a la previsión de presupuestos municipales.
5. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, optimización y eficiencia, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 17/2015 de 9 de julio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2021.-Vicente Tirado Ochoa, Carmen Riolobos Regadera, César Sánchez Pérez, Paloma Gázquez Collado, Juan Diego Requena Ruiz, Alberto Herrero Bono, Diego Gago Bugarín, José Ángel
Alonso Pérez, Carmen Navarro Lacoba, Tomás Cabezón Casas y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003149
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre un Plan de relanzamiento de la
economía verde con inversiones en proyectos de infraestructuras y construcción centrada en actividades productivas sostenibles en Ciclo de Agua, Energía, Social, Transporte, Medio Ambiente, Digital, Urbanismo y Mantenimiento de Infraestructuras,
para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El alto coste de la energía eléctrica en una cadena de valor electrointensiva, los requerimientos medioambientales que no se exigen a competidores no europeos, los retrasos en los proyectos ya adjudicados, la normativa restrictiva en la
posibilidad de valorización de residuos, son todas ellas debilidades que venía arrastrando nuestra industria de la construcción, a lo que ha venido a sumarse la crisis generada por la pandemia de COVID-19. Las estimaciones procedentes de las
patronales del sector señalan un hundimiento en 2020 de hasta el 63 % en los volúmenes de contratación de obras públicas licitadas y contratadas, con una pérdida de casi 2.500 millones de euros en el caso de las licitaciones y de 3.000 millones en
las contrataciones.
La industria de la construcción es una industria claramente tractora y generadora de empleo y por cada euro de inversión pública se dinamizan siete euros de fondos privados. Es urgente reactivar nuestra industria de la construcción y el
anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respecto a la aprobación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España, por valor de 69 500 millones de euros, pese al 'recorte' de casi 8.000 millones sobre los que se
esperaban en 2021 (llegarán 9.000 millones + 10.000 millones, frente a los 27.000 millones que se habían presupuestado), es una oportunidad que no se puede desaprovechar.
Los gremios representativos del sector ya plantearon en el pasado ejercicio un plan de inversiones al Gobierno por importe de más de 100.000 millones para modernizar nuestras infraestructuras, de los cuales serían subvenciones públicas
12.740 millones de euros, lo que supone apenas un 18 % de las ayudas directas destinadas a España por parte de los fondos europeos, mientras que el retorno fiscal alcanzaría los 43.292 millones de euros, con una actividad económica inducida total de
190.500 millones de euros, generando 1,4 millones de empleos hasta el año 2026.
Por su parte, Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, establecía en los artículos 8 a 11 el mecanismo de los Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTES), así como la gobernanza del Plan de Recuperación.
Por todo lo anterior, está Proposición no de Ley insta al Gobierno a que, de acuerdo con el sector y las CCAA, ponga en marcha un Plan de relanzamiento de la Economía Verde con un paquete de proyectos de infraestructuras y construcción en
actividades productivas sostenibles, que también ayudará a la industria de la construcción, que necesita con urgencia medidas para reactivar la demanda y medidas para retomar la plena actividad y, por otro lado, necesita también de medidas
gubernamentales para reforzar su competitividad, cuya necesidad ya venía detectándose con anterioridad al estallido de la crisis del COVID-19.
En España tenemos ocho sectores prioritarios para el futuro enmarcados dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), del Pacto Verde y la Agenda Digital en los que se hace necesaria una inversión sostenible.
Por ello, se debe tener preparado el paquete de proyectos de inversión en infraestructuras y construcción que puedan constituir un Plan de relanzamiento de la Economía Verde aprovechando el mecanismo de los PERTEs contando con los planes
formulados por el sector y con las CCAA afectadas. Todos ellos en el contexto de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París.
Estos ocho sectores prioritarios que requieren inversión sostenible y que deben formar parte del PERTE sobre infraestructuras verdes son:
Ciclo de agua.
España necesita invertir en sus redes de abastecimiento y distribución, muchas redes todavía son de fibrocemento, necesita reducir las fugas en la red y necesita un sistema en alta que permita un abastecimiento de calidad y cantidad a los
usuarios. Hay que recordar que España tiene el mayor estrés hídrico de la Unión Europea. A ello hay que añadir que todavía no cumplimos los objetivos marcados en saneamiento y depuración desde la Unión Europea, y por tanto resta ejecutar mucha
infraestructura hidráulica.
Energía.
España debe dejar de ser una isla energética; requiere una inversión planificada y dotada presupuestariamente para las conexiones energéticas. Así mismo, se debe seguir invirtiendo en eficiencia energética y energías renovables para
cumplir los objetivos del Acuerdo de París y los objetivos de la Agenda 2030, así como en sistemas de co-generación que sostienen la competitividad de muchas industrias que generan arraigo y empleo en zonas rurales y valorización de residuos como un
claro exponente de economías circular.
Social.
Esta crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir invirtiendo en infraestructuras hospitalarias. La inversión en infraestructuras sociales en general se hace más necesaria que nunca ante los nuevos escenarios. A ello se
suma que España está por debajo de la media europea en inversiones educativas y de justicia, sobre las que habría que focalizar parte de la inversión.
Transporte.
En nuestro país se debe mejorar la inversión en determinadas infraestructuras de transporte, como la logística que se ha demostrado fundamental en esta crisis del COVID-19. Y también se debe apostar por el transporte con menos emisiones
(teniendo en cuenta que el transporte es el mayor responsable de las emisiones de dióxidos de nitrógeno y dióxido de carbono), las infraestructuras necesarias para la carga de vehículos eléctricos, la accesibilidad de nuestras ciudades y la
potenciación de la capacidad del transporte de mercancías ferroviario.
Medio-Ambiente.
España requiere dar más pasos en el tratamiento de residuos, tanto urbanos como industriales, requiere más inversión en reciclar, reutilizar, reducir, revalorizar; más plantas de tratamiento de residuos y
más planes de actuación. También es necesario acometer proyectos de protección, regeneración y mantenimiento forestal.
Digital.
Contamos con importantes carencias en la cobertura de la red de telefonía móvil e incluso de la de televisión o radio, especialmente en la zona rural. La crisis del COVID-19 ha demostrado la importancia del teletrabajo que se implantará de
forma regular cada vez con más asiduidad en las áreas donde sea posible. Por ello las inversiones en innovación tecnológica deben ser prioritarias.
Urbanismo.
La movilidad, la integración urbana y las ciudades inteligentes también se han demostrado aspectos fundamentales durante esta crisis. La inversión en estos campos debe planificarse correctamente y potenciarse el equipamiento urbano para
facilite la nueva movilidad con bicicleta o con vehículos de movilidad personal (VMP). Así mismo y en conexión con la eficiencia energética se debe priorizar la inversión en rehabilitación de viviendas, con el fin de cumplir los objetivos
medioambientales.
Mantenimiento de infraestructuras.
Resulta fundamental invertir en el mantenimiento de las infraestructuras, que en la actualidad tienen una inversión en conservación muy inferior a los países de nuestro entorno tanto en carreteras de alta capacidad como en ferrocarriles. En
muchos equipamientos los ratios que diferencian conservar frente a reparar o rehacer demuestran que es necesario acometer estas actuaciones. Las carreteras en mal estado está demostrado que provocan mayores emisiones en los vehículos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que:
1. Ponga en marcha un PERTE, con la participación de las CCAA afectadas, que contenga un Plan de Inversiones en Construcción e Infraestructuras para la dinamización y relanzamiento de la Economía Verde y de las actividades productivas
sostenibles para la recuperación económica de España, centrado en las inversiones en infraestructuras en sectores del Ciclo del Agua, Energía, Social, Transporte, Medio Ambiente, Digital, Urbanismo y Mantenimiento de Infraestructuras, entre otros.
2. Desarrolle el conjunto de medidas que faciliten la competitividad del sector de la construcción y su cadena productiva para el mejor desarrollo del Plan que considere:
2.1 Medidas que faciliten ahorros en costes como la aprobación y publicación de un Estatuto de consumidores hiperintensivos de electricidad y gas, que permita superar las insuficiencias del Estatuto aprobado mediante Real Decreto 1106/2020,
de 15 de diciembre y suponga un mayor ahorro de costes energéticos, facilite una mayor valorización de residuos y un incremento de la co-generación de alta eficiencia que aproveche el potencial de la economía circular.
2.2 Medidas regulatorias, que: a) consideren la igualdad de oportunidades en las licitaciones y el cumplimiento de requerimientos medioambientales de los potenciales licitantes; b) aceleren la puesta en marcha de los proyectos ya
adjudicados en la Administración Pública del Estado, de las CCAA y de las Entidades Locales, prioritariamente en infraestructuras sanitarias, ferroviarias, de ciclo del agua (depuradoras, etc), energía y obras vinculadas a la gestión de la economía
circular.
2.3. Medidas de reactivación de la demanda mediante un Plan Nacional de Rehabilitación y Reposición del parque de viviendas, que mejore su eficiencia energética y requisitos medioambientales, al tiempo que se genera actividad económica y
empleo.
3. Se diseñen mecanismos que atraiga la inversión privada a los proyectos de construcción e infraestructuras en España, mediante:
3.1 La elaboración de un listado detallado que identifique proyectos concretos que puedan integrar el PERTE sobre Infraestructuras ligadas a la economía verde y alineados al Green Deal de la UE, -que
moviliza fondos importantes y ya permite ayudas de Estado que antes no permitía-, y garantice una transición justa en lo social y en lo territorial.
3.2 El máximo aprovechamiento de la autorización de ayudas de Estado que ha habilitado la UE, enfocando la efectividad de la ayuda hacia la estimulación de demanda con efecto tractor, alineándose con las políticas de UE y las dotaciones de
fondos condicionales que pueden solicitarse.
3.3 Impulsar y participar activamente las reformas regulatorias en la UE que permitan:
3.3.1 Aumentar la tasa de co-financiación en 15 o 20 puntos, hasta el 60 % o 70 % y nuevos modelos que permitan la participación privada en el adecuado mantenimiento o repotenciación de las infraestructuras.
3.3.2 Modificar al alza la tasa de descuento y mejorar los mecanismos de colaboración público-privada para facilitar la atracción de inversores financieros a los proyectos.
3.3.3 Implementar el mecanismo de 'ajuste en frontera' para evitar 'fugas de carbono' por la competencia exterior no sometida a las mismas exigencias medioambientales y sociales que se exigen en la UE.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2021.-César Sánchez Pérez, Paloma Gázquez Collado y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003150
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impacto del Fondo Nacional de
Sostenibilidad del Sistema Eléctrico en la España Rural, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Exposición de motivos
España presenta una alta concentración de la población, desde el punto de vista territorial, con un elevado porcentaje de territorio muy escasamente poblado, que alcanza un 87 %, ya que el 50 % de la población vive en el 10 % del total de
los 8.116 municipios españoles. No se observa nada similar en Europa, salvo en latitudes como Laponia. El debate sobre la brecha entre el territorio rural y el urbano en nuestro país ha pasado a ocupar un primer plano de la agenda política, social
y mediática, e instituciones públicas de la máxima solvencia, como el Banco de España, advierten de las diferencias, en el acceso a los servicios locales y regionales, entre los ciudadanos que viven en el entorno rural y aquellos que residen en un
entorno urbano.
Las políticas públicas no pueden vivir de espaldas a este debate y esta necesidad social, como venimos alertando desde el Grupo Parlamentario Popular, y como parece ignorar la vicepresidenta tercera del gobierno y ministra para el Reto
Demográfico, cuando aborda otros temas fundamentales de su departamento, como la política energética.
No existe precedente en nuestro país para los precios que ha alcanzado la factura eléctrica en los últimos meses, como tampoco para la inacción de un gobierno y la falta de previsión en esta materia.
En este contexto, el Gobierno ha remitido al Parlamento un Proyecto de Ley por el que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que impacta directa y negativamente en las poblaciones que residen en la España
rural, que, siguiendo la definición oficial de Eurostat, son todos aquellos municipios con menos de 5.000 habitantes y una densidad de población inferior a 300 habitantes por km2, condiciones que en nuestro país se dan en 6.815 municipios.
Tanto por la actividad económica predominante en el medio rural, que es el sector agroalimentario, como por el tipo de combustible utilizado, se considera que la entrada en vigor del FNSSE puede introducir un nuevo factor de discriminación
para estos territorios, a pesar de que se contemplen exenciones para las actividades profesionales del medio rural. La iniciativa tendría un impacto mayor entre aquellos
consumidores que residen en zonas más despobladas, generando todavía más desigualdades entre el ámbito rural y las grandes urbes. Los datos ponen de manifiesto las siguientes evidencias:
- Los hogares en las zonas más despobladas utilizan un mix energético más dependiente de energía no eléctrica.
- Los hogares en áreas más despobladas requieren de mayores desplazamientos y tienen mayor dificultad para utilizar infraestructuras de transpone público y para sustituir sus vehículos por vehículos eléctricos.
- El clima continental demanda mayor consumo térmico que el clima mediterráneo o atlántico, y las seis comunidades autónomas más despobladas de España se ubican en esta zona climática.
- La penetración de calderas es 3 veces mayor en la zona continental que en la zona mediterránea.
- La penetración de tecnologías de suministros energéticos dependientes de energía no eléctrica es mayor en aquellos núcleos urbanos de menor tamaño y en las zonas rurales.
La evidencia internacional muestra que la carga de los impuestos energético-ambientales tiende a recaer sobre aquellas zonas más despobladas, ya que en estas áreas los hogares suelen utilizar fuentes de energía más intensivas en carbono y
cuentan con un menor acceso a transporte público para sustituir el uso del vehículo. Además, las zonas despobladas se encuentran más concentradas en la zona climática continental, más fría y de mayor consumo energético.
Por otro lado, la aplicación de la aprobación de la Circular 3/2020, que establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad, castiga de facto el consumo en horas punta elevando los peajes de
transporte y distribución de 0,04403 /kWh a 0,13312 /kWh, es decir multiplicando por 3 los peajes, lo que supone una decisión regulatoria que ha generado alarma social, preocupación en los consumos domiciliarios y en los consumos profesionales, en
lo que se puede considerar una mala decisión regulatoria, que, lejos de modificar pautas de consumo o desincentivar consumos hacia horarios más eficientes, ha elevado la factura de la luz al consumidor medio.
Por otro lado, en un contexto de reto demográfico, tal y como la propia CNMC explica en su memoria, los puntos de acceso de suministro dedicados en exclusiva a la recarga de vehículos eléctricos de acceso público tendrán un peaje especial
más barato. Esto genera una discriminación en la España despoblada, pues es precisamente en los municipios de la España rural donde hay menos penetración de puntos de recarga de vehículos eléctricos y donde la infraestructura eléctrica y las redes
de transporte y distribución son más deficientes. Esta situación genera una discriminación hacia los entornos rurales, pues la metodología para determinar el cálculo anual de los peajes de transporte y distribución de electricidad de los
consumidores reduce los peajes para incentivar el vehículo eléctrico, mientras multiplica por tres los consumos en horas punta. Esta metodología provocará una transferencia de rentas desde la España rural, con nula introducción de infraestructuras
de recarga y vehículos eléctricos, hacia grandes ciudades y entornos urbanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar un estudio de impacto de la aplicación del FNSSE sobre la España rural y las repercusiones sobre la factura energética en los ciudadanos que habitan en los municipios del medio rural.
2. Iniciar una reforma global de la fiscalidad energética y medioambiental, en línea con la futura Directiva Europea de Fiscalidad Energética.
3. Suspender la aplicación del FNSSE en tanto no se disponga del estudio de impacto mencionado en el punto 1 y 2.
4. Dotar de un fondo propio con cargo a los fondos del MITECO para la transición energética en los municipios despoblados en España, dentro del marco del PNRR.
5. Suspender la aplicación de la Circular 3/2020, de 15 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de
transporte y distribución de electricidad, sustituyéndolo por un sistema similar al anterior a la entrada en aplicación de dicha circular, de forma que no se discrimine a la España Rural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2021.-Carmen Navarro Lacoba, Juan Diego Requena Ruiz, Marta González Vázquez, Guillermo Mariscal Anaya, César Sánchez Pérez, Diego Gago Bugarín, Juan Diego Requena Ruiz, José Ángel
Alonso Pérez, Tomás Cabezón Casas, Paloma Gázquez Collado y Alberto Herrero Bono, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003156
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló, D. Rubén Silvano Manso Olivar, D. Ricardo Chamorro Delmo, Dña. Mireia Borras Pabón, D. Ángel López Maraver, D. Luis Gestoso de Miguel, Dña. Magdalena Nevado Del Campo, D. Francisco
José Contreras Peláez y D. Pedro Jesús Requejo Novoa, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil los municipios que han sufrido el incendio forestal originado en Sierra Bermeja, provincia de Málaga,
de conformidad con el artículo 23 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, para su discusión en la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Primero. Más de 10.000 hectáreas arrasadas por el fuego en el paraje natural los Reales de Sierra Bermeja (Málaga).
El pasado miércoles, 8 de septiembre de 2021, se declaró un incendio forestal en el Parque Natural Los Reales de Sierra Bermeja (en adelante, Sierra Bermeja), situado al suroeste de la Serranía de Ronda.
Inmediatamente, el fuego obligó a desalojar a medio millar de personas de los municipios cercanos de Jubrique, Estepona y Genalguacil 71. Días más tarde, el incendio se descontroló y tuvieron que desalojarse cinco pueblos más (Faraján,
Pujerra, Sierra Bermeja, Júzcar y Alpandeire) 72.
Hasta la fecha, el incendio ha arrasado más de 10.000 hectáreas de monte 73. Además, las condiciones de la zona están dificultando las labores de extinción por la orografía, la meteorología y la falta de visibilidad por las cenizas.
Desde que se declarase el incendio en la provincia de Málaga, han sido numerosos los efectivos (Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y la Unidad Adscrita a la comunidad autónoma, el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación
de Málaga, Cruz Roja y unidades de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) y efectivos de Protección Civil de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil de la Junta de Andalucía) que han intervenido en el operativo destinado
a controlar el fuego. A todo ello hay que sumarle las labores de atención psicológica a los afectados por el incendio del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED) del Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental 74.
Posteriormente, y con cierto retraso pues el fuego ya estaba descontrolado, se sumaron a las labores de extinción la Unidad Militar de Emergencias (UME), a solicitud de la Junta de Andalucía 75.
71 https://www.diariosur.es/sucesos/decretan-desalojo-preventivo-jubrique20210912084337-nt-20210912084724-nt.html
72 https://vivavejer.es/estepona/994650/los-pueblos-evacuados-por-el-incendio-de-sierra-bermeja-se-elevan-a-seis/
73 https://elpais.com/espana/2021-09-13/el-incendio-de-sierra-bermeia-sigue-imparable-tras-calcinar-7400-hectareas.html
74 https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/desalojo-genalguacil-incendio-sierra-bermeja-malaga-be5ma_18_3201720375.html
75 https://cadenaser.com/emisora/2021/09/12/ser_malaga/1631422587_937604.html El día 9 los presidentes del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, decidieron la intervención de la UME5. Sin embargo, no se
solicitó por la Comunidad Autónoma hasta tres días más tarde, cuando el incendio ya se había descontrolado. https://andaluciainformacion.es/vejer/994331/sanchez-y-moreno-acuerdan-el-despliegue-de-la-ume-si-fuera-necesario-en-sierra-bermeja/#l
Además, el incendio ha provocado un accidente sin víctimas mortales en uno de los helicópteros 76 que participaba en las labores de extinción, y se ha cobrado la vida de un bombero 77.
Segundo. Un enclave único por su aportación a la biodiversidad.
El fuego ha tenido lugar en el bastión más occidental de la Cordillera Bética, punto de unión entre las cordilleras del sur de Europa y norte de África y con una superficie superior a las 30.000 hectáreas.
Junto con una parte de la Sierra de Las Nieves (declarada Parque Nacional por la Ley 9/2021, de 1 de julio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. 78), es el enclave más significativo para la observación de rocas
intrusivas en las Zonas Internas de las Cordilleras Bética 79. Además, por su geoquímica particular contribuye decisivamente al mantenimiento de uno de los ecosistemas más singulares de Andalucía, el pinsapar (en peligro de extinción) 80, y alberga
varias especies endémicas. Es más, este paraje natural es la mejor representación de los ecosistemas serpentínicos de la península ibérica gracias a sus características a nivel geológico (en especial por las peridotitas), la tipología de especies y
características de sus sistemas naturales y por su contribución a la biodiversidad y al ecosistema español, así como en la prestación de servicios ecosistémicos a las regiones de la Serranía de Ronda y la Costa del Sol 81.
Entre la flora más relevante de Sierra Bermeja, aparte de los bosques de pinsapo, también abundan el pino marítimo, el alcornoque, el enebro y la coscoja. Además, dependiendo de las cotas, podemos encontrar unas especies (la aulaga morisca
y vaquera o el piorno fino en cotas altas) u otras (el palmito, el cantueso o el romero en cotas más bajas), muchas de ellas raras o en peligro de desaparición 82.
Por estos motivos, el incendio declarado el pasado 8 de septiembre es una catástrofe medioambiental y un duro golpe para la economía de la zona: Sierra Bermeja es un motor económico muy importante por su valor ambiental y turístico.
Tercero. La necesidad de declarar como 'zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil' los municipios y zonas perjudicadas por el incendio forestal de Sierra Bermeja (Málaga).
Los incendios acaecidos en la zona de Sierra Bermeja, así como los sufridos en Ávila durante el mes de agosto, han provocado importantes estragos en buena parte de sus municipios y en el medio rural donde se encuentran. Por un lado, los
daños se pueden valorar desde un punto de vista medio ambiental, que siempre tiene un negativo impacto económico:
- Destrucción de la cubierta forestal y pérdida de suelo fértil.
- Muerte y huida de animales.
- Avance de la erosión, que agravadas con posteriores lluvias torrenciales favorecen la desertificación.
- Desaparición de ecosistemas que pueden ser vitales para una comarca.
- Emisiones de CO2 y cenizas que afectan a la calidad del aire.
Por otro lado, y sumado a estos efectos, los incendios también tienen fuertes implicaciones negativas desde un punto de vista socioeconómico que deben ser abordadas por las autoridades:
- Daños en la salud pública.
- Daños en la propiedad privada y pública.
- Se paralizan los procesos productivos y cualquier actividad económica.
- Pérdida potencial de puestos de trabajo y tejido productivo.
- Desabastecimiento y cortes de infraestructuras eléctricas y viarias.
En este sentido, y en adición, se han desalojado a miles de familias fuera de sus domicilios con el consecuente coste para albergar a todas ellas. También ha provocado la paralización de la actividad
76 https://www.heraldo.esinoticias/nacional/2021/09/13/accidente-helicoptero-incendio-sierra-bermeia-1519097.html
77 https://www.rtve.es/noticias/20210910/personas-desalojadas-incendio-sierra-bermeja-malaga/2169980.shtml
78 https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/landing-page-%C3%ADndice/-/asset_publisher/zX2ouZa4r1Rf/content/parque-nacional-de-sierra-de-las-nieves/20151?categoryVal=
79 https://www.andalucia.org/es/espacios-naturales-los-reales-de-sierra-bermeja
80 https://www.publico.es/sociedad/sierra-bermeja-paraje-unico-nivel-mundial-arrasado-llamas.html
81 https://www.sierrabermeja.es/ambito/
82 https://www.andalucia.org/es/espacios-naturales-los-reales-de-sierra-bermeja
económica de las comarcas afectadas durante días, lo que ha dado lugar importantes estragos financieros a las familias y empresas afectadas. A falta de un cálculo más preciso por parte de las autoridades competentes, todo parece indicar un
impacto económico millonario.
El Gobierno de la Nación dispone de mecanismos para mitigar los negativos efectos socioeconómicos y medioambientales provocados por los incendios en nuestro país. Concretamente, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de
Protección Civil 83 (Ley 17/2015), prevé la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, definida en su artículo 2.5 como aquella 'Situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro
inminente a personas o bienes y exige una gestión rápida por parte de los poderes públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en una catástrofe. Se corresponde con otras denominaciones como emergencia
extraordinaria, por contraposición a emergencia ordinaria que no tiene afectación colectiva'.
Para ello, el artículo 23 de la Ley 17/2015, establece que la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil 'se efectuará por acuerdo de Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros de Hacienda y
Administraciones Públicas y del Interior y, en su caso, de los titulares de los demás ministerios concernidos, e incluirá, en todo caso, la delimitación del área afectada', y que 'dicha declaración podrá ser solicitada por las administraciones
públicas interesadas'. A estos efectos, 'se valorará, en todo caso, que se hayan producido daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada o
cuando se produzca la paralización, como consecuencia del mismo, de todos o algunos de los servicios públicos esenciales'.
Las medidas contempladas para mitigar los efectos socioeconómicos están recogidas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, y están divididas en dos bloques.
- Por un lado, el de las ayudas directamente aplicables, como por ejemplo las económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad, o la apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el
Instituto de Crédito Oficial.
- En segundo lugar, medidas fiscales, laborales y de Seguridad Social, como por ejemplo la exención de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ayudas por daños personales estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas o las extinciones o suspensiones de los contratos de trabajo o las reducciones temporales de la jornada de trabajo que tengan su causa directa en la emergencia.
Así, de acuerdo con la Ley 17/2015, el Gobierno procedió a aprobar en el Consejo de Ministros del pasado 24 de agosto el 'Acuerdo por el que se declaran las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y
León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Balears, La Rioja, Madrid, Navarra y el Principado de Asturias 'Zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil', como consecuencia de incendios forestales y otros fenómenos de
distinta naturaleza' 84.
Al igual que en la citada ocasión, es imperativo que el Gobierno proceda a declarar zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil a las afectadas por el último incendio originado en la Sierra Bermeja.
Cuarto. La Unión Europea también dispone de mecanismos para mitigar los daños provocados por los incendios y España debe solicitarlo: El Fondo de Solidaridad.
Mediante el Reglamento (CE) N.º 2012/2002 del Consejo de 11 de noviembre de 2002 (en adelante Reglamento), se creó el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (en adelante, FSUE) como respuesta a las graves inundaciones acaecidas en la
Europa Central ese mismo año y, por tanto, con el objetivo de intervenir en caso de catástrofes naturales graves y aportar la solidaridad europea a las regiones siniestradas de Europa. A partir de ese suceso, el Fondo ha sido utilizado como
instrumento financiero de apoyo económico para la recuperación de las regiones que han sufrido desastres naturales como inundaciones, incendios forestales, terremotos, tormentas y sequías.
83 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-7730
84 https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210824.aspx#:~:text =ACUERDO%20por%20el, de%20distinta%20naturaleza.
El artículo 3 del Reglamento define el objetivo del FSUE, que se configura como complemento de recursos a los esfuerzos económicos que realiza el propio Estado destinando ayudas a la financiación de aquellas medidas que mitiguen los daños
que no sean asegurables, y que se definen como:
'- El restablecimiento inmediato del funcionamiento de las infraestructuras e instalaciones en los sectores de la energía, el agua potable, la eliminación de las aguas residuales, las telecomunicaciones, los transportes, la sanidad y la
enseñanza.
- La puesta a disposición de alojamientos provisionales y financiación de servicios de auxilio destinados a cubrir las necesidades de la población afectada.
- El aseguramiento inmediato de las infraestructuras de prevención y medidas de protección del patrimonio cultural.
- La limpieza de las zonas siniestradas, incluidas las zonas naturales.
- Medidas destinadas a prestar rápidamente asistencia, incluida asistencia médica, a la población afectada por una emergencia grave de salud pública y a proteger a la población frente al riesgo de verse afectada, entre ellas la prevención,
el seguimiento o el control de la propagación de enfermedades, la lucha contra los riesgos graves para la salud pública o la reducción de su impacto en la salud pública.'
En términos económicos, el FSUE no está comprendido en el presupuesto de la Unión, pero puede movilizar hasta 500 millones euros al año como complemento del gasto público del Estado beneficiario en operaciones de emergencia, mediante
subvención, y puede sumarse a la dotación no utilizada del ejercicio inmediatamente anterior. Las condiciones económicas por las que los Estados pueden optar por las ayudas del Fondo son los siguientes:
- El menor de ambas cuantías cuando los daños directos totales sean superiores a 3.000 millones de euros, o al equivalente del 0,6 % de la Renta Nacional Bruta (RNB) del Estado afectado.
- Cuando en el caso de catástrofes menores o catástrofes regionales se cuantifican los daños directos totales que sean superiores al 1,5 % del Producto Interior Bruto (PIB) regional en una región de nivel NUTS 2 como umbral de intervención
(para las regiones ultraperiféricas, es el 1 %).
- En el caso de que un Estado que puede optar a una ayuda se vea afectado por la misma catástrofe grave que un Estado vecino que puede optar a una ayuda.
- En el caso de 'emergencias graves de salud': cuando el coste total de las medidas de respuesta de emergencia se estime en más de 1.500 millones de euros, a precios de 2011, o en más del 0,3 % de la RNB.
Cuando un Estado sufra las consecuencias de un desastre como los definidos anteriormente, y siempre que cumpla los requisitos mencionados, el artículo 4.1 del Reglamento establece que el Gobierno deberá solicitar, en su caso, la ayuda del
FSUE a la Comisión Europea en un plazo de 12 semanas a partir de la fecha del primer daño causado por la catástrofe.
Por otro lado, se debe señalar que, desde el 30 de septiembre de 2014, y tal como recoge el artículo 4.1.ter. del Reglamento, la Comisión Europea elaboró orientaciones para ayudar a acceder y utilizar eficazmente el FSUE. El organismo
encargado de la elaboración de la solicitud de la ayuda tendrá a su disposición la DG de Política Regional, que le ofrecerá su asesoramiento a tal efecto.
El procedimiento, según el artículo 4.3, consiste en que, una vez enviada la información, la Comisión revisa la solicitud y, si es aceptada, propone un importe de ayuda al Parlamento Europeo y el Consejo, quienes deberán aprobarlo antes de
poder ser abonado. Más tarde, la Comisión adopta la decisión de conceder la ayuda al Estado afectado en el momento en el que los créditos están disponibles en el presupuesto de la Unión, abonándose de inmediato y en un solo pago. Según el artículo
5.3 del Reglamento, a partir de ese momento, es el Estado el responsable de su ejecución, la selección de las operaciones y su auditoría y control. Cabe señalar que el FSUE no es un instrumento de respuesta rápida para atajar las consecuencias de
un desastre natural. La ayuda financiera solo puede concederse al país solicitante tras la presentación de una solicitud y un procedimiento presupuestario cuya ejecución puede llevar varios meses.
El Reino de España ha sido apoyado por el Fondo en 5 ocasiones:
- 2003 para el barco Prestige (8,6 millones de euros concedidos, daño estimado de 436 millones);
- Agosto de 2003 para incendios en la frontera con Portugal (1,3 millones de euros, daño estimado de 53 millones),
- Mayo de 2011 para el terremoto de Lorca (21,1 millones de euros, daño estimado de 843 millones),
- Octubre de 2017 para los incendios acaecidos en Galicia (3,2 millones de euros, daño estimado de 129 millones).
- Octubre de 2020 para combatir la COVID-19, con un pago adelantado de 16,8 millones, sobre un monto total de 68,38 (además de los 1.100 millones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el mismo objetivo).
Quinto. Conclusión.
En plena crisis económica y sanitaria, la mayor en un siglo, España ha sufrido en el último año catástrofes naturales que han producido extensos daños a lo largo de su geografía. A comienzos de año, la borrasca denominada Filomena provocó
importantes estragos en buena parte del país, paralizando la actividad económica, sanitaria y social. Si bien el Gobierno declaró varias CCAA como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil, no solicitó las ayudas del FSUE a
pesar de que podía hacerlo. A ello, se suman las lluvias torrenciales e inundaciones y los incendios que ha arrasado muchos lugares de España en los últimos meses.
La tragedia de Sierra Bermeja debe ser gestionada por las autoridades de forma inmediata para poder ayudar a las familias de los municipios afectados a recuperar su entorno, su medio ambiente y su economía. Para ello, el Gobierno debe
declarar los municipios afectados por el incendio originado en la Sierra de Bermeja como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, así como llevar a cabo todas las acciones necesarias para solicitar las ayudas correspondientes
al FSUE.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil los municipios que han sufrido el incendio forestal originado el 8 de septiembre de 2021 en Sierra Bermeja, provincia de Málaga, de conformidad con el artículo 23
de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
2. En relación con la declaración citada, aprobar con carácter urgente un paquete de medidas excepcionales destinadas a paliar los efectos adversos provocados por el incendio forestal ocurrido el 8 de septiembre de 2021 en la provincia de
Málaga, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
3. Tramitar con carácter urgente los expedientes administrativos relativos a las medidas acordadas como consecuencia de la declaración como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil en relación con el incendio forestal
originado el 8 de septiembre de 2021.
4. Proceder a la inmediata constitución de la Comisión de Coordinación, integrada por representantes de las Administraciones estatal, autonómica y local afectadas, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del
Sistema Nacional de Protección Civil.
5. Evaluar los daños provocados por los incendios sufridos el presente año en todo el territorio nacional, especialmente en la provincia de Málaga y Ávila, que recoja la siguiente información:
a) Los daños totales directos causados por la catástrofe natural y sus repercusiones en la población, la economía y el medio ambiente afectados.
b) La estimación del coste de las operaciones a que se refiere el artículo 3.2 del Reglamento.
c) Otras fuentes de financiación de la Unión.
d) Cualquier otra fuente de financiación nacional o internacional, incluida la cobertura de seguros públicos y privados que pueda contribuir al coste de reparación de los daños.
e) Una descripción sucinta de la aplicación de la legislación de la Unión sobre prevención y gestión de riesgos de catástrofes relacionada con la naturaleza de la catástrofe natural.
6. En el caso de que los requisitos del Reglamento se cumplan, solicitar las ayudas que el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea pone a disposición de los Estados para compensar las pérdidas y daños causados por los incendios y sus
consecuencias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2021.-Patricia Rueda Perelló, Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Silvano Manso Olivar, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de Miguel, María Magdalena Nevado del Campo, Francisco José
Contreras Peláez, Pedro Jesús Requejo Novoa y Mireia Borrás Pabón, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/003163
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Joan Capdevila i Esteve, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para
reducir el precio de la factura eléctrica a consumidores domésticos y pymes ,para su debate en instancia en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La política energética debe cumplir el triple objetivo del 'trilema energético': garantizar la seguridad y calidad de suministro, lograr los objetivos de descarbonización y precios competitivos.
Debido a la actual coyuntura, es imperativo que quien persigue el bien común, y en concreto los poderes públicos, se centren en el tercer aspecto del trilema mencionado.
El incremento exponencial del precio de la electricidad y del gas es un fenómeno global, pero con implicaciones adicionales en el caso español, pues este fenómeno se agrava por la falta de competencia en el sector energético. En el estado
español existen monopolios territoriales de facto, con compañías dominantes en los segmentos de generación, distribución y comercialización repartidas por zonas, lo que permite, entre otras cosas, hacer un uso de la energía hidráulica cautivo que no
contribuye a controlar el precio de la energía en momentos excepcionales, como el actual.
Es por ello, que además y complementariamente al debate sobre la creación de una empresa pública, es preciso incrementar de forma clara la competencia en todos los segmentos y añadiendo nuevos actores al sistema en la línea de lo establecido
en la Directiva de Mercado Interior de la Electricidad.
El coste final de electricidad no es solo lo que indica la factura. Los consumidores deben poder participar en aportar servicios al sistema eléctrico con sus recursos distribuidos de manera individual o agregada. Así lo establece la
Directiva de Mercado Interno de la Comisión y así lo debe trasponer el Estado español como fecha límite el próximo 31 de diciembre de 2021.
Por tanto, es imperativo aprovechar esta oportunidad para acometer las modificaciones necesarias que pasan, indudablemente, por aumentar la competencia del mercado eléctrico y facilitar las condiciones de acceso al autoconsumo.
La transición energética sólo puede avanzar si transformamos un modelo energético centralizado y vertical en un modelo descentralizado y distribuido, que priorice la generación de Km0 y facilite al consumidor ejercer sus derechos.
Es fundamental para incrementar los agentes que compiten en el mercado, capturar las eficiencias de la innovación y de la digitalización y trasladar estas eficiencias al consumidor. De esta manera, el 'coste energético' será la diferencia
entre lo que se paga y lo que se ingresa y esto revertirá, inevitablemente, en una mayor competitividad de la industria al bajar sus costes y una mayor renta disponible para los hogares.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Republicano presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Impulsar las acciones necesarias para garantizar la desinversión en la cadena de valor por parte de los grupos integrados para incrementar la simetría en el mercado y reducir barreras de acceso.
2. Modificar el artículo 5.3 del Real Decreto 216/2014 para limitar el ámbito subjetivo de aplicación del PVPC a las microempresas y los clientes domésticos (idealmente, en su primera residencia únicamente). Asimismo, dicha transición
debería hacerse garantizando que las eléctricas incumbentes no puedan aprovechar su posición para pasar esos clientes de la comercializadora regulada a la libre de forma automática.
3. Establecer un proceso de subasta para los clientes de comercializadoras que pierdan su licencia por pérdida de capacidad económica y mandatar a la CNMC para que sea ésta la que determine, mediante proceso competitivo, a qué
comercializadora pasan esos clientes, analizando las ofertas presentadas por todas aquellas empresas interesadas en asumir esos clientes en unas determinadas condiciones.
4. Aprovechar la trasposición de la Directiva de Mercado Interno para abrir todos los mercados de energía, como el de regulación primaria o FCR, a la participación de la demanda y almacenamiento, con especial atención a la figura del
agregador independiente y a las comunidades locales de energía.
5. Adaptar el autoconsumo compartido a una potencia de 5 MW y una distancia de 5 km, definiendo unos peajes de acceso proporcionales al uso que se induce a la red.
6. Modificar la Ley 49/1960 de Propiedad Horizontal para facilitar la implantación del autoconsumo, simplificando los requisitos de aprobación previos para su instalación.
7. Modificar el artículo 20.Uno de la Ley del IVA para añadir la retribución de la energía excedentaria del autoconsumo hasta 15 kW como actividad exenta de IVA y así facilitar el máximo dimensionamiento de las instalaciones de autoconsumo.
8. Eliminar el requisito del poder notarial para instalaciones de menos de 100 kVV que deseen cambiar de representante, siendo suficiente una declaración responsable firmada por el productor.
9. Crear una plataforma de datos de recursos distribuidos, con el objeto de garantizar una información simétrica a todos los agentes. Esta información ha de ser operada por parte de un agente neutro, fácilmente accesible y habilitar la
cesión a terceras partes que el consumidor decida y de su consentimiento expreso.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2021.-Joan Capdevila i Esteve, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Cultura y Deporte
161/003122
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley relativa a la conmemoración del 50 aniversario del fallecimiento del escritor Max Aub, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Max Aub es considerado una de las principales figuras de la literatura española en el exilio.
Nace en París, el 2 de junio de 1903, y fallece en México D.F., el 22 de julio de 1972. Hijo de madre francesa y padre alemán de origen judío, en 1914, al estallar la Primera Guerra Mundial, abandona Francia y se traslada a España, fijando
su residencia en Valencia, donde el joven Max asiste a la Escuela Moderna y a la Alliance Française, continuando sus estudios secundarios en el Instituto de Enseñanza Media Luis Vives.
Durante la Guerra Civil Española estuvo en el lado republicano, siendo por ello, cuando al terminar la contienda, ya exilado en París, y preparando su marcha a México, es detenido y recluido en diferentes campos de concentración de Francia y
del norte de África. Gracias a la ayuda del escritor John Dos Passos, y tras tres años de encarcelamiento, consigue, por fin, embarcar para México, donde desarrollaría una actividad intelectual extraordinariamente rica, especialmente en el mundo
del cine.
Novelista, dramaturgo, poeta y crítico español, comenzó su obra literaria colaborando en publicaciones como 'Azor' y 'Revista de Occidente'. Por razón de su vanguardismo, y aunque pertenezca a la Generación del 27, cuesta mucho trabajo
incluirlo en ella.
Pertenece a un grupo de intelectuales y escritores que, junto a Apollinaire, Machado, Cocteau, Dos Passos, Faulkner, Gide, Malraux, Unamuno, Pirandello y Kafka, se constituyen en síntomas y símbolos emblemáticos de su tiempo.
Aub siempre tuvo difícil, dadas las circunstancias en que se desarrollaron su vida y su obra, lo que es primordial para todo autor literario, y que es la necesaria conquista de un público. Toda su vida buscó el equilibrio entre la libertad
creativa y de conciencia con la necesidad de encontrar lectores en el futuro inmediato, y más dada la imposibilidad de encontrarlos en el presente, cosa de siempre incierta para un escritor trasterrado y exiliado.
En él concurren todas las circunstancias de aquellos autores españoles que se convierten en arquetipos, al unir la especial riqueza de su obra con la significación de su vida en el contexto histórico. Por esa razón, y como una de las
obligaciones de una adecuada política cultural, debemos de conservar y promover su figura y su obra.
Aunque la figura de Max Aub está vinculada estrechamente con Segorbe, no es allí donde están sus orígenes, sino a la Comarca del Alto Palancia. Es en Viver donde el escritor inicia la trayectoria histórica-épica-poética y literaria de su
ciclo de novelas 'Laberinto Mágico'. En la primera de ellas 'Campo Cerrado' comienza, desde su primer capítulo titulado 'Viver de las Aguas', narrando el principio de lo que fue aquel capítulo amargo y cruel de nuestra historia del 36.
El Pleno del Ayuntamiento de Segorbe, en Sesión Extraordinaria del día 11 de noviembre de 1988, aprobó, con los votos favorables de todos los partidos políticos que componían la Corporación Municipal (Partido Socialista Obrero Español,
Acción Republicana Democrática Española, Centro Democrático y Social y el Partido Popular), la adquisición de la Biblioteca, Hemeroteca y Archivo personal del escritor Max Aub. Su inauguración supuso un gran éxito no sólo por la cantidad de
personas que acudieron a tan insigne acto, sino también por el enorme eco que tuvo en la prensa española.
Un poco más tarde, el 10 de diciembre del mismo año 1988, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Segorbe adoptó el acuerdo de crear la 'Fundación Max Aub', cómo órgano fundamental para la salvaguarda, la difusión y potenciación de la
figura del autor y sus obras.
Debido a distintas vicisitudes dicha Fundación no fue una realidad hasta el 25 de agosto de 1997, fecha en la que fue constituida, con la presencia del entonces Presidente del Gobierno, D. José María Aznar, e integrada por las siguientes
instituciones patronas: el Ayuntamiento de Segorbe, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y la Diputación de Castellón, así como por la familia de Max Aub, cuya hija, Doña Elena Aub Barjau, fue nombrada primera Presidenta de la
misma. En enero de 1998 se incorporaron al Patronato dos nuevos patronos: el Ministerio de Cultura y la Fundación Bancaja. En la actualidad, y tras el fallecimiento de Dña. Elena, en 2020, la presidencia la ocupa su hija Teresa.
En 2022 se cumplirán 25 años de la Fundación y 50 años de la muerte de Max Aub.
Es importante señalar que desde 1987 se entregan los Premios Internacionales de Cuento Max Aub. Estos premios anuales creados por el Ayuntamiento de Segorbe, y otorgados actualmente por la Fundación Max Aub, han alcanzado un gran prestigio
a lo largo de todos estos años y.
Destacar también que desde el 9 de junio de 2009 la Biblioteca del Instituto Cervantes de Argel lleva el nombre de Max Aub.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a participar en un programa de actuaciones para la conmemoración en 2022 del 50 aniversario del fallecimiento de Max Aub, en coherencia con la importancia de su figura para la literatura
española.
Dichas actuaciones, bajo la coordinación del Ministerio de Cultura y Deporte en el marco de sus competencias y siempre y cuando los presupuestos lo permitan, y con la colaboración de instituciones
públicas y privadas, principalmente de la Fundación Max Aub, tendrán como fin principal informar y difundir la creación y figura literaria de dicho autor, así como al fomento de la lectura de su obra.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2021.-Susana Ros Martínez, Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003143
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la protección de la nomenclatura
histórica del viario español, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Los nombres de nuestras calles, barrios, puentes, plazas o avenidas son un reflejo de los orígenes, la historia, los topónimos y la propia identidad de las ciudades y pueblos de nuestro país. Y, sin embargo, la memoria colectiva de buena
parte de los personajes, de las anécdotas y de los acontecimientos históricos que han ido dando nombre a nuestro callejero se han ido perdiendo con el transcurso del tiempo, por lo que es necesario desarrollar mecanismos que permitan preservar esta
parte de la memoria pública que es el nomenclátor o los nombres de calles, que suponen un reconocimiento a nuestra propia identidad, historia y cultura.
Los cambios arbitrarios de los nombres históricos de nuestras calles suponen una pérdida irreparable y así lo demuestran las transformaciones de denominación a lo largo del tiempo, muchas veces en detrimento de profesiones, características
morfológicas o acontecimientos y favoreciendo el recuerdo de la trayectoria, méritos o reconocimiento de personas o grupos de personas, cuyos nombres se han usado para designar a cualquiera de sus vías o plazas urbanas, en su propio contexto
temporal.
Nos referimos a nombres históricos con más de cien años de antigüedad cuya transcendencia, unida a la trama urbana, reflejan la propia historia de nuestras urbes.
Un buen ejemplo de esta necesaria protección se ha llevado a cabo en La Comisión Local de Patrimonio Histórico de Jerez de la Frontera, que ha dictaminado favorablemente la propuesta de protección de los nombres tradicionales de las calles y
plazas del conjunto histórico de Jerez de la Frontera, por considerar la denominación histórica del conjunto de calles y plazas del centro histórico como parte indisociable de esta zona de la ciudad, y que por tanto, debe ser digno de protección
integral, al igual que todos aquellos elementos materiales e inmateriales que forman parte del patrimonio cultural de Jerez. En el caso de Pontevedra, por el contrario, los nombres actuales aparecen en sus placas informativas junto a la
denominación histórica, muchas veces más representativa de la historia urbana. Por el contrario, el consistorio de Palma de Mallorca decidió hace unos meses cambiar el nombre de doce de sus calles, siendo las más polémicas las de Churruca y
Gravina, héroes de la batalla de Trafalgar en 1805, y la del almirante Cervera, quien luchó en la Guerra de Cuba en 1898.
Y hace unos días, se produjo otra nueva agresión contra el patrimonio intangible que supone el reconocimiento de la denominación de las vías urbanas, esta vez en Barcelona. Los partidos independentistas catalanes, en su afán por eliminar
cualquier vestigio que pueda recordar la historia de España, pone su punto de mira en el callejero de esta ciudad, y así ya no contará con la calle dedicada a los Reyes Católicos, situada en el barrio de Vallvidrera.
No se trata, además, de una cuestión de diferencias políticas o de interpretaciones históricas: lo que subyace no es otra cosa que el respeto que todos debemos, sea cual sea nuestra posición ideológica, a la Constitución española como norma
fundamental de la democracia. El objetivo político del cambio del nomenclátor no es solo la mayor o menor relevancia histórica de los nombres que se quieren suprimir, sino la eliminación de todo aquello que sea común a los españoles. El callejero
de las ciudades españolas es la inscripción nominal de nuestra historia común, desde la calle Julio César o Viriato hasta la avenida de Adolfo Suárez o la de Tierno Galván, pasando por las de Antonio Machado, Miguel de Unamuno, Clara
Campoamor o Severo Ochoa. Es el índice de nuestra memoria colectiva lo que se quiere borrar; no es el quién sino el por qué se quiere modificar el callejero, con excusas que esconden de forma perversa el objetivo inconstitucional que
persiguen.
Es por estas razones por la que se debe, a nivel estatal, desarrollar un mecanismo de protección de nuestro nomenclátor, ya que constituye una de las fuentes de información urbana y de memoria colectiva más importante que poseemos. Dejar
sin protección a los nombres de nuestro viario, al arbitrio de posiciones políticas e ideológicas, pone en peligro este gran patrimonio urbano y etnográfico de nuestro país.
En estos momentos, se encuentra en fase inicial la tramitación de la modificación de la ley de Patrimonio Cultural, donde se deberían incluir mecanismos que regulen y controlen los cambios de nombres urbanos, atendiendo a los criterios
anteriormente citados. Existen órganos, como las comisiones locales y provinciales de patrimonio, con personal técnico cualificado que podría regular estos posibles cambios, controlando el albedrío en la toma de decisiones políticas, que en
numerosas ocasiones caen en la más absoluta falta de información y rigor. Si el ámbito de actuación se limita al nomenclátor de más de 100 años de antigüedad, queda exento de cualquier modificación en relación con la ley de Memoria Histórica.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover mecanismos para la protección del nomenclátor histórico, es decir, nombres de calles con más de 100 años de antigüedad, incluyendo dichos mecanismos en la nueva Ley de Patrimonio Histórico.
2. Impulsar acciones divulgativas para el conocimiento de la historia de nuestro país a través del nomenclátor de nuestros pueblos y ciudades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2021.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Marta González Vázquez, Eduardo Carazo Hermoso, Alberto Casero Ávila, José Alberto Herrero Bono, Javier Merino Martínez, Oscar Gamazo Micó y
Juan Luis Pedreño Molina, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/003142
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el cierre de oficinas bancarias para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
En los últimos años se ha propiciado una aceleración del proceso de concentración bancaria. Tras la crisis financiera iniciada en 2008 no se adoptaron medidas que permitieran reforzar la trasparencia, la intervención y el control público
necesarios para evitar futuras burbujas sino todo lo contrario: se procedió a la bancarización y privatización de las Caixas de Aforro, que en Galiza eran fundamentales; supuso la pérdida de los fondos públicos utilizados para el rescate bancario,
y el inicio de una reestructuración que dio paso a las primeras uniones y fusiones. Así, aunque el bancario y financiero es un sector estratégico para la economía, en el Estado español no se han tomado medidas para protegerlo, para mantenerlo al
servicio de la sociedad, se ha apostado por un proceso de privatización y concentración centralizadora, para luego ponerlo en manos de grandes inversores, incluidos fondos buitre.
Este proceso supone la destrucción y precarización del empleo, un empeoramiento de las condiciones de servicio, tanto para particulares como para pequeñas y medianas empresas, imponiendo comisiones abusivas y dando rienda suelta a una
política comercial agresiva de colocación de productos, al mismo tiempo que se dificulta el acceso al crédito.
Los procesos de fusión reducen la red bancaria pues causan el cierre de sucursales y, en consecuencia, destruyen empleo y servicios. A través de estas operaciones se están desguazando los bancos literalmente, segmentando la actividad, para
quedarse con aquella que resulte más rentable a corto plazo y cerrando aquellas otras que, como la atención presencial al público, resultan más caras pues requieren más puestos de trabajo.
La irrupción de la pandemia ha servido de coartada para avanzar aún más en la oligopolización. Así, en pleno estado de alarma, muchas entidades incrementaban de forma sustancial sus comisiones y cambiaban las condiciones de sus cuentas y
productos. Además, la pandemia y la restricción de movimientos ha servido también como excusa para que muchas entidades cerraran oficinas en lugar de ampliar horarios y personal. Se ha llegado incluso a pactar horarios de caja, para obligar a las
usuarias y usuarios a acudir en las primeras horas de la mañana. Así, en la mayoría de sucursales de muchas entidades es imposible pasar delante sin observar largas colas que no se explican por la limitación de aforo sino por la falta de personal y
los recortes de servicios.
La crisis sanitaria también ha servido para fomentar o directamente obligar a las personas usuarias, independientemente de sus condiciones y habilidades personales, a utilizar la banca virtual. Así, determinados colectivos como el de las
personas mayores, pasan a convertirse en vulnerables financieramente al tener que depender de terceras personas para gestionar sus cuentas.
En este momento en Galiza el proceso de cierre de oficinas está dejando sin acceso a servicios bancarios presenciales a cientos de poblaciones, de hecho en los últimos 5 años han cerrado más de 100 sucursales. La eliminación de este
servicio tiene consecuencias especialmente dramáticas en las zonas rurales, con menos habitantes y una población envejecida, con más dificultades para desplazarse o para utilizar la banca electrónica.
Las últimas oficinas cerradas definitivamente o que sufren amenaza inminente son las situadas en Vimianzo, A Baria, Zas, Campo Lameiro, Campelo (Poio), San Xoán de Río, Padrenda, Fene, Cerdido, Mesón do Vento (Ordes) o Quintela de Leirado,
entre otros, lugares donde la principal entidad en Galiza, ABANCA, entidad surgida del proceso de privatización de las antiguas Caixas, ya ha cerrado o anunciado su intención de eliminar el servicio presencial a partir del mes de septiembre.
El cierre de las oficinas bancarias en los núcleos rurales, en la mayoría de los casos de su única sucursal, supone una nueva agresión y un nuevo recorte de servicios. Si para fijar población en las zonas rurales es necesario dotarlas de
los servicios adecuados, caminamos en la dirección contraria, pues no existe inversión en infraestructuras, servicios públicos esenciales, transportes públicos adecuados o acceso a internet y a todo ello debe sumarse ahora la restricción de los
servicios bancarios.
En definitiva, el sistema financiero es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social, debe ser equilibrado, solvente y garantizar la prestación de servicios a todos los sectores de la sociedad, especialmente a los colectivos
más vulnerables y con más dificultades de acceso. Sin embargo, el modelo bancario que se está impulsando desde los poderes públicos en el Estado español no responde a las necesidades colectivas, sino que está al servicio del capital especulativo y
de los grandes fondos de inversión.
Este modelo es especialmente lesivo para el conjunto de la sociedad, crea exclusión financiera para amplios sectores de la población, suprime servicios y encarece aquellos que se mantienen a través de un incremento exponencial de las
comisiones repercutidas a la clientela, además de destruir empleo.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Desarrollar los cambios oportunos en la regulación del sector bancario para poner freno al proceso de concentración bancaria, al incumplimiento de las normas de competencia y al agravamiento de la exclusión financiera, evitando los
cierres de oficinas, especialmente los que se producen en sucursales del medio rural.
2. Establecer la normativa necesaria para evitar que continúe la escalada de abusos bancarios en materia de restricción de servicios, pacto de horarios para limitar los servicios de caja, incremento de comisiones y reducciones de personal.
3. Legislar para garantizar a las personas usuarias la libertad de elección en la prestación de servicios, con el establecimiento de un mínimo legal de atención presencial que evite la exclusión financiera de los colectivos más vulnerables
o con más dificultades de acceso las nuevas tecnologías.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2021.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/003118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la financiación en el
Sistema Nacional de Salud y a la puesta a disposición de los ciudadanos del medicamento 'Kaftrio' para tratar la Fibrosis Quística, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La Federación Española de Fibrosis Quística define la propia Fibrosis Quística como una patología crónica, hereditaria y degenerativa provocada por una alteración del gen CFTR -regulador de la Conductancia Transmembrana de la Fibrosis
Quística- localizado en el cromosoma 7.
De acuerdo también con la referida federación, la Fibrosis Quística causa el espesamiento y la disminución del contenido de agua, sodio y cloro en las secreciones corporales, dando lugar a infecciones, inflamaciones y, en consecuencia, al
deterioro de órganos como el pulmón, el hígado y el páncreas.
Al tratarse de una alteración genética recesiva, ambos progenitores deben ser portadores de la enfermedad para tener un hijo con Fibrosis Quística, siendo la probabilidad en cada embarazo de tener un bebé afectado del 25 % en el caso de
progenitores portadores sanos.
En cuanto a la prevalencia actual en España, y de acuerdo con los datos ofrecidos por la referida federación -contemplados en las últimas actualizaciones del registro español y del europeo-, son más de 2.500 las personas que padecen Fibrosis
Quística en nuestro país, siendo hombres el 53 % de los pacientes y mujeres el 47 % restante.
Problemas respiratorios y digestivos, desajustes en el peso, sabor salado de la piel... son algunos de los síntomas atribuidos a la Fibrosis Quística, una enfermedad en la que el diagnóstico precoz -el 91 % se realizan nada más nacer
mediante al cribado neonatal- es considerado clave para conseguir una mayor esperanza de vida, además de una mejora del bienestar de los afectados y de sus familias.
En cuanto al tratamiento de la enfermedad, y más allá de los trasplantes pulmonares -realizado en torno al 10 % de los afectados-, lo más habitual es la prescripción de antibióticos en los casos con infección -especialmente si son
infecciones cruzadas- e inflamación respiratoria, así como la aplicación de fisioterapia para procurar una adecuada función pulmonar, siendo también pertinente y efectiva la adaptación nutricional y la práctica modulada de ejercicio físico.
Precisamente en lo que al tratamiento se refiere, la Agencia Europea del Medicamento dio luz verde el pasado año al fármaco 'Kaftrio', que es considerado desde la Sociedad Española y la Fundación Española de Fibrosis Quística -a partir de
los resultados cosechados en los pacientes con una mutación 'F508del' y otra mutación denominada 'de función mínima' en los que se ha aplicado- como 'una verdadera revolución terapéutica con unos resultados espectaculares en los ensayos clínicos'.
La financiación pública de 'Kaftrio*' ya ha sido aprobada en países como Francia, Italia, Alemania, Portugal, Dinamarca, Irlanda, Finlandia, Suiza, Luxemburgo, Eslovenia, Malta, Austria, República Checa y Reino Unido. Sin embargo, y a pesar
de que sí se ha dado acceso al medicamento a varios pacientes
por la vía del uso compasivo, todavía no ha sido así en España. 'No entendemos este retraso', plantean desde la fundación citada ante esta realidad.
Por ello, y en el contexto del 'Día Mundial de la Fibrosis Quística' conmemorado anualmente cada 8 de septiembre,
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar con urgencia cuantas medidas sean necesarias para aprobar la financiación en el Sistema Nacional de Salud y poner a disposición de los ciudadanos del medicamento 'Kaftrio' para
tratar la Fibrosis Quística.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2021.-Ana María Pastor Julián, José Ignacio Echániz Salgado y Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/003119
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la vacunación de refuerzo
frente a la pandemia de COVID-19 en personas mayores, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
De acuerdo con las cifras ofrecidas por el Ministerio de Sanidad durante la tarde del 9 de septiembre de 2021, hay más de 4,9 millones de personas contagiadas y casi 86.000 fallecidas atribuibles a la COVID-19 en España.
Entre los colectivos más afectados por la referida pandemia en nuestro país, destacan los mayores, especialmente los que viven en residencias. Según los datos publicados el pasado 3 de septiembre por el Instituto de Mayores y Servicios
Sociales -actualizados a 29 de agosto-, del total de casos, 96.123 contagios (1,96 %) y 30.255 fallecimientos (35,5 %) corresponden a personas de edad avanzada que vivían en centros residenciales.
Es en este contexto, y teniendo presente que la vacunación de las personas mayores desarrollada hasta la fecha por las Comunidades Autónomas es prácticamente plena en todo el territorio nacional -media del 100 % en mayores de 80 años, del
99,4 % en personas de 70 a 79 años y del 98,3 en personas de 60 a 69 años-, en el que la 'Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones y Grupo de Trabajo Técnico de vacunación COVID-19' del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
validó el pasado 1 de septiembre un informe relativo a la 'Administración de dosis adicionales en personas que han recibido una pauta completa' en el que se deja constancia de la existencia de 'una amplia evidencia científica de que las personas
mayores tienen más riesgo de morbilidad, ingresos hospitalarios y muerte por COVID-19'.
El citado documento explica también que 'el envejecimiento provoca un deterioro del sistema inmunitario o inmunosenescencia, que afecta a todos los elementos de la respuesta inmunitaria, así como el desarrollo de memoria inmunológica
asociada a la vacunación'.
Además, expone que 'los datos disponibles hasta la fecha obtenidos en la vida real apuntan a que la efectividad de la vacunación es alta en los mayores de 65 años para prevenir la enfermedad grave y la muerte', aunque 'es muy probable que la
menor respuesta humoral y celular unida a su menor duración en los mayores haga necesario valorar la administración de dosis de recuerdo'.
Partiendo del posicionamiento de la 'Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones y Grupo de Trabajo Técnico de vacunación COVID-19' descrito -plenamente convergente con el documento técnico 'Consideraciones provisionales de salud pública
para la aplicación de dosis adicionales de vacunas de COVID-19' publicado el mismo 1 de septiembre por el Centro Europeo para la Prevención y Control de
Enfermedades-, y de acuerdo con la información publicada por la prensa escrita, consejeros de Sanidad y Salud de Comunidades Autónomas como Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana o Aragón pusieron sobre la mesa del referido
Interterritorial en la sesión plenaria celebrada el 7 de septiembre la necesidad de hacer lo propio con las personas que viven en residencias.
Por ello, considerando las solicitudes planteadas en este sentido por entidades como la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología o la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, y teniendo en cuenta que la Comisión de
Salud Pública del mencionado Consejo Interterritorial ya ha acordado administrar una dosis adicional de la vacuna de la COVID-19 para determinadas personas inmunodeprimidas,
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abordar de manera inmediata la inoculación de la dosis de refuerzo de la vacuna frente a la COVID-19 en personas de edad avanzada, en mayor medida en las que viven en residencias y se
encuentran en situación de vunerabilidad, para favorecer, desde la evidencia científica, la mayor y más efectiva protección de los mayores frente a la pandemia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2021.-José Ignacio Echániz Salgado, Ana María Pastor Julián y Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/003130
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley
para su debate y aprobación en la Comisión de Sanidad y Consumo, relativa a la mejora y modernización de las normas de protección de los consumidores.
Exposición de motivos
La digitalización de la economía ha generado un incremento exponencial de la compra y venta de productos online a través de plataformas y sitios de venta digitales. Según datos de Shopping lndex, en España se ha registrado un aumento del 65
% de las ventas online durante el primer trimestre de 2021. Aunque la tendencia de las compras online mantiene una trayectoria creciente desde hace años, ésta se ha incrementado de forma exponencial desde el inicio de la pandemia y continuará en
aumento según la línea marcada por Europa para la recuperación económica.
Sin embargo, el cambio en los hábitos de consumo on-line no ha sido necesariamente beneficioso para los consumidores. La falta de criterios claros en cuanto al comercio on-line ha dejado abierta la posibilidad de que las plataformas puedan
manipular el comportamiento de los usuarios, que pueda producirse desinformación intencionada, o incluso que exista un desconocimiento absoluto de los derechos de consumidores. Lo mismo ha ocurrido con respecto a los deberes de los comerciantes en
el contexto electrónico. El vertiginoso desarrollo de la digitalización comercial ha supuesto un incremento del desconocimiento sobre los medios de reparación con los que cuenta el consumidor si el empresario comete infracciones en el cumplimiento
del contrato.
El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, reconoce los derechos básicos de los
consumidores y usuarios en España. No obstante, existe una disociación cuando se trata de realizar operaciones por medio de plataformas digitales, ya que no necesariamente todas tienen base en el territorio nacional. En este sentido, es frecuente
que el consumidor no cuente con información suficiente (o relevante) dado que no hay líneas legales que establezcan criterios armonizados
para que el consumidor disponga de información comparable, o simplemente pueda saber si el vendedor es una empresa o un particular.
Hasta ahora ha sido difícil medir y abordar la magnitud de los daños que pueden producirse derivados de la falta de regulación en el comercio on-line no solo por la gran variedad de actores, sino también por los tipos de productos y
servicios que pueden brindar. Al mismo tiempo, la falta de una regulación mínima sobre el comercio electrónico ha dado pié a que cada vez sean más frecuentes los abusos por parte de las plataformas digitales. Esto se ha materializado en problemas
relacionados con los derechos de los consumidores (generalmente vinculados al conocimiento de sus derechos), e incluso en cuanto a normas de competencia. Ejemplos de estos abusos se han hecho visibles por medio de la utilización de 'bots' para
compras masivas (pudiendo alterar los precios de mercado), o directamente en la manipulación de las puntuaciones o comentarios en las plataformas digitales con el fin de manipular el comportamiento del consumidor.
En este sentido, la Directiva de la UE 2019/2161 sobre modernización de las normas de protección de los consumidores y el establecimiento del régimen sancionador en materia de consumo, fue aprobada el 27 de noviembre de 2019 con el objetivo
de adaptar los marcos legales de los Estados miembros para mejorar las condiciones de protección al consumidor, adaptadas al desarrollo tecnológico. Esta directiva de obligatoria trasposición en España impulsa el marco de las acciones legales que
los países deben desarrollar para salvaguardar los derechos de los consumidores, y encaminar las acciones de los Estados miembros hacia un comercio digital más justo.
Son numerosos los casos de infracciones registradas en varias Comunidades Autónomas simultáneamente. Muchas de ellas se han producido por la vulneración de normas de protección de los consumidores por parte de comercios electrónicos. Si
bien en su ámbito territorial algunas Comunidades Autónomas tienen capacidad de actuación individualizada para aplicar sanciones, es indispensable que el Estado cuente con herramientas para luchar contra estas vulneraciones cuando ocurren de forma
general en todo el territorio del Estado o en varias Comunidades a la vez. En estos casos, donde las infracciones tienen un carácter estatal, resulta necesario aplicar medidas que garanticen los derechos de los consumidores de forma trasversal,
cubriendo la totalidad del territorio del Estado. Enfrentar este desafío necesita de una respuesta coordinada y colaborada entre las Comunidades Autónomas afectadas. Del mismo modo resulta necesario articular mecanismos que puedan coordinar estas
acciones a nivel europeo, para tratar infracciones que se presentan de igual manera en otros Estados vecinos.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer medidas sobre la modernización de las normas de protección de los consumidores, en línea con la Directiva Europea 2161/2019.
2. Diseñar y proponer un sistema de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para dar cese a las infracciones generalizadas con dimensión estatal.
3. Elaborar una escala de criterios claros referentes a la naturaleza, la gravedad, la escala y la duración de las infracciones, así como los medios de reparación facilitados por el comerciante a los consumidores por el daño o perjuicio
causado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2021.-Laura López Domínguez, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/003131
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de ley para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo, relativa a la integración del mutualismo administrativo en el régimen general del Sistema Nacional de Salud.
Exposición de motivos
El mantenimiento de las Mutualidades de Funcionarios al margen de nuestro sistema sanitario constituye una fuente de inequidades. Entre otros antecedentes normativos de interés, cabe citar la Ley 29/1975, de 27 de junio, sobre Seguridad
Social de los Funcionarios Civiles del Estado, que fue derogada por el Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado; la Ley
28/1975, de 27 de junio, sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, derogada por el Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas; y el Real
Decreto-ley 16/1978, de 7 de junio, por el que se regula la Seguridad Social de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, derogado por el Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia.
A pesar de las expectativas creadas en torno a la necesidad de unificar el sistema sanitario para toda la población, independientemente de la actividad laboral desempeñada, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en su
disposición final tercera, apartado 2, se limitó a contemplar una posibilidad de integración: 'El Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta conjunta de los Ministerios interesados, dispondrá que los centros, servicios y establecimientos
sanitarios de las Mutuas de Accidentes, Mutualidades e Instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, puedan ser objeto de integración en el Sistema Nacional de Salud, siempre que reúnan las condiciones y requisitos mínimos'. De tal forma
que la Ley General de Sanidad evitó unificar los regímenes diferenciados debido a las presiones recibidas, provocando la dimisión del responsable de sanidad del PSOE, Ciriaco de Vicente, de la Comisión redactora de la ley.
El mutualismo administrativo consiste en emplear proveedores privados con financiación pública para la cobertura sanitaria. La mayor de las Mutualidades es MUFACE, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Este
organismo atiende a 1.473.641 personas (984.867 titulares y 488,774 beneficiarios). MUFACE debe garantizar el contenido de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, para lo cual suscribe conciertos con entidades aseguradoras
(Segurcaixa Adeslas, Asisa, DKV e Igualatorio de Cantabria), que a su vez pueden alcanzar acuerdos con otros proveedores (Grupo Hospitalario Quirónsalud, Grupo Vithas...).
Similar dinámica tienen el Instituto Social de las Fuerzas Armada (ISFAS), dependiente del Ministerio de Defensa, que atiende a 592.106 personas (358.845 titulares y 233.206 beneficiarios) y la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), adscrita
al Ministerio de justicia, que proporciona cobertura a 91.714 personas (57.693 titulares y 34.021 beneficiarios).
Por otro lado, MUFACE también gestiona el Plan de Pensiones de la Administración General del Estado, cuyo patrimonio ronda los 640 millones de euros, siendo el mayor plan de pensiones de empleo de Europa en cuanto al número de partícipes.
MUFACE ha firmado un concierto con las entidades aseguradoras en diciembre de 2019, estando el Gobierno en funciones, con un importe de 2.255 millones de euros y un incremento de la prima fija del 4,5 %. En el concierto 2018-19 la subida de
esta prima fue de un 5,5 %, acumulándose un incremento del 10 % que supone recuperar niveles anteriores a la crisis.
Los mutualistas eligen libremente entre la atención pública o privada y pueden cambiar el servicio elegido durante los meses de enero y junio de cada año. Esta temporalidad reversible da lugar a que la sanidad pública cubra las situaciones
clínicas más complicadas y costosas, provocando problemas de selección adversa. Asimismo, en cuanto a la población ubicada en el medio rural, en municipios con menos de 20.000 habitantes, existen acuerdos para que las prestaciones sean asumidas por
la red pública.
Como puede constatarse en la Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica el Concierto suscrito con entidades de seguro para el aseguramiento del acceso a la
asistencia sanitaria en territorio nacional a los beneficiarios de la misma durante los años 2020 y 2021, publicado en el BOE de 25 de diciembre de 2019, los colectivos protegidos por el sistema de Mutualidades, además de las prestaciones recogidas
en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud, también reciben otras como 20 sesiones de psicoterapia por año, seis
sesiones de podología, prestaciones en salud bucodental o ingresos hospitalarios 'con habitación individual con baño o ducha y cama de acompañante'. Estas y otras prestaciones añadidas, que deberían extenderse al conjunto de la población,
hacen que la atención sanitaria no sea igual para todas las personas, provocando una situación estructural de inequidad.
El Consejo General de MUFACE, ha aprobado un plan para el período 2021-2023 que constituye los pilares de sus acciones corporativas. Sin perjuicio del mismo, y entendiendo que este plan profundizará en la atención a las personas, el Plan
Avanza no hace incidencia en la universalización, ni propone medidas para ampliar la atención pública de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
Por tanto, es necesario que los referidos colectivos se incorporen al sistema sanitario público. La defensa de un modelo de sanidad pública y universal resulta incompatible con reservar una atención diferenciada a dos millones de personas.
La sostenibilidad social del sistema sanitario público requiere incluir a los referidos colectivos.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las acciones necesarias para avanzar en cohesión, equidad, la organización unificada y gestión pública directa del sistema sanitario atendiendo al interés general y, en
particular, para que las nuevas incorporaciones de los colectivos hasta hoy protegidos por el mutualismo administrativo se incluyan en el régimen general del Sistema Nacional de Salud, respetando, si los hubiere, derechos adquiridos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2021.-Rosa María Medel Pérez, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/003139
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la aprobación urgente de un
plan global de salud mental en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La Organización Mundial de la Salud explica en su 'Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020' que 'el bienestar mental es un componente fundamental de la salud' y 'hace posible que las personas materialicen su potencial, superen el estrés
normal de vida, trabajen de forma productiva y hagan aportaciones a su comunidad'.
Desde ese prisma, y de acuerdo con los datos considerados desde la Confederación Salud Mental España, la realidad de la propia salud mental en nuestro país se caracteriza por datos como los siguientes: una de cada diez personas mayores de
15 años ha sido diagnosticada con algún problema de salud mental, el 6,7 % de la población padece ansiedad, entre el 2,5 % y el 3 % sufre un trastorno de los considerados graves, en el último año el 30 % de los jóvenes con edades comprendidas entre
los 15 y los 29 años han sufrido síntomas de algún tipo de trastorno...
Estas circunstancias representan un problema de salud pública que, de acuerdo con la 'Encuesta sobre la salud mental de los españoles durante la pandemia de la COVID-19' publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas en marzo de
este año, se ha visto agravada con la citada COVID-19 y el incremento de personas afectadas por problemas de sueño, ansiedad, depresión... que ha provocado.
En este sentido, pacientes, sociedades científicas, profesionales del ámbito sanitario, del investigador, del social, del educativo.., llevan años planteando la necesidad de que se realice un abordaje integral sustentado en una atención
temprana, multidisciplinar y focalizada en la prevención, así como en la
reducción a cero del estigma social desde la sensibilización de los ciudadanos mediante la información y la formación.
Se trata de un objetivo consustancial con el cuidado, la promoción y el fortalecimiento continuados, especialmente de las personas en situaciones de vulnerabilidad.
Un objetivo que ya fue incluido en la actualización de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud que se presentó para la validación de las Comunidades Autónomas en el pleno del Consejo Interterritorial celebrado en abril de
2016.
Un objetivo también pretendido desde la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, cuyo dictamen -aprobado por el pleno del propio Congreso en julio de 2020- incluía en el apartado relativo a Sanidad y Salud
Pública un epígrafe -concretamente el 84- en el que se plantea la necesidad de Impulsar la aprobación de una nueva Estrategia Nacional de Salud Mental que incremente significativamente la inversión, configure un verdadero sistema integral de
atención, combata la estigmatización y garantice los derechos de las personas con problemas de salud mental, con un enfoque de género y derechos humanos'.
El dictamen también contempla que la nueva estrategia debe conllevar 'la aprobación de un Plan Estratégico de Prevención del Suicidio, que implique la adopción de un Código de Riesgo de Suicidio en todos los centros de salud', así como 'la
detección precoz y la atención temprana de posibles trastornos cognitivos o de desarrollo en la población infantil, incluidos los Trastornos del Espectro Autista, los Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad, la dislexia o los trastornos
de tipo alimentario, entre otros'.
Además, la próxima versión de la estrategia debe procurar 'los medios para la asistencia social integral de las personas con problemas de salud mental y de sus familias, incluidos todos aquellos dirigidos a promover su participación mediante
grupos de autoayuda, escuelas de salud o intervenciones comunitarias para la prevención de la soledad no deseada'.
No obstante, y a pesar de que en el momento en el que se redactaba la presente iniciativa habían transcurrido más de trece meses desde la aprobación en el pleno del Congreso de los Diputados del dictamen de la Comisión de Reconstrucción
Social y Económica, el Gobierno no ha impulsado avance tangible alguno en el sentido referido.
En este contexto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar y a poner en marcha con urgencia un 'Plan global de Salud Mental' con un abordaje integral, transversal, multidisciplinar, humanizado, personalizado y equitativo -en condiciones
homogéneas de accesibilidad, calidad asistencial y seguridad- para toda España.
El Gobierno deberá desarrollar el 'Plan global de Salud Mental' desde el consenso con las Comunidades Autónomas, desde el ámbito comunitario y desde la total coordinación con los pacientes y los profesionales del ámbito sanitario,
investigador, social y educativo.
Además, el Gobierno deberá impulsar el 'Plan global de Salud Mental' desde la convergencia con las medidas que en tal sentido plantean la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea, dotándolo de forma específica con los recursos
humanos, estructurales, tecnológicos y económicos que resulten necesarios; orientándolo hacia la promoción del bienestar, la prevención de la enfermedad y la detección precoz, y atendiendo especialmente la salud mental de mujeres, niños y las
situaciones de mayor vulnerabilidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2021.-José Ignacio Echániz Salgado, Ana María Pastor Julián y Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo,-Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/003134
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Estrategia Española de Medicina Personalizada, para su debate en la Comisión
de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La pandemia ha puesto de manifiesto que el fomento de la investigación biosanitaria debe una ser pieza fundamental en la estructura científica española. Resulta, por un lado, necesario reforzar las capacidades de investigación en
enfermedades infecciosas y en vigilancia epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) que, habían perdido un tercio de su personal y casi la mitad de su presupuesto.
Se necesita, además, avanzar en el ámbito de la medicina personalizada de precisión, ya que será muy útil para acelerar el conocimiento de ésta y de futuras pandemias, gracias a la posibilidad tecnológica de interrelacionar los datos
clínicos y genómicos de los pacientes y así encontrar mejores prácticas clínicas.
La Estrategia Española de Medicina de Precisión tiene como objetivo la mejora de las capacidades del Sistema Nacional de Salud, y, por ende, la situación sanitaria de la población, así como contribuir a avanzar en la competitividad económica
del país, empleando como vector el conocimiento científico y la innovación. En 2020 se dieron los primeros pasos de esta Estrategia con la puesta en marcha de la Infraestructura de Medicina de Precisión asociada a la Ciencia y Tecnología (IMPaCT),
dotada con 25 millones de euros.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la Estrategia Española de Medicina Personalizada para mejorar la prevención y el tratamiento de enfermedades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2021.-Javier Alfonso Cendón, Patricia Blanquer Alcaraz, Helena Caballero Gutiérrez, Roberto García Morís, Miguel Ángel González Caballero, Ariagona González Pérez, Sandra Guaita
Esteruelas, María Ángeles Marra Domínguez, María Luz Martínez Seijo, Guillermo Antonio Meijón Couselo, Arnau Ramírez Carner, Germán Renau Martínez y Juan Francisco Serrano Martínez, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces
del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Igualdad
161/003151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la inclusión de datos
desagregados de manera transversal en las estadísticas relativas a la violencia de género, para su debate en Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El Consejo General del Poder Judicial incorporó en 2004 datos relativos a los procesos en materia de Violencia Domestica, a la Orden de Protección y a los Procesos Civiles derivados de la Orden de Protección seguidos en los Juzgados con
competencia en Familia en sus boletines estadísticos. Ya
en 2004, con arreglo a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y tras la creación de juzgados específicos de violencia de género, el Consejo General del Poder Judicial
decidió crear un nuevo boletín específico de periodicidad trimestral que permitiera realizar los tratamientos estadísticos necesarios para monitorear los procesos de las denuncias en su recorrido por los tribunales. No obstante, el proceso de
perfeccionamiento de este tratamiento estadístico continuó perfeccionándose hasta 2006 incluyendo apartados específicos en los Boletines de los Juzgados de lo Penal y de las Audiencias Provinciales y en 2007 se incluyeron nuevas categorías de
análisis como el número de denuncias interpuestas trimestralmente y el número de renuncias a la continuación del proceso. De esta forma, actualmente contamos con una estadística trimestral que nos permite conocer criterios de análisis como, por
ejemplo, el número de denuncias, la nacionalidad de las denunciantes órdenes de protección, número de medidas adoptadas, número de personas enjuiciadas y forma de terminación de los procedimientos.
La recogida de datos con fines estadísticos relativos a los procesos judiciales derivados de la violencia de género nos permite tomar el pulso e interpretar la eficacia de las leyes y políticas públicas destinadas a la erradicación de las
violencias machistas que enfrentan las mujeres. En este sentido, las estadísticas trimestrales elaboradas por el Consejo General del Poder Judicial nos han permitido valorar la eficacia de las medidas legislativas y de políticas públicas tomadas
hasta el momento, así como la necesidad de implementar nuevas medidas encaminadas a la erradicación de las violencias machistas. No obstante, dichas estadísticas adolecen de una debilidad que es necesario abordar: la ausencia de datos desagregados
en base a las diferentes formas de violencia de género recogidas en la Ley Orgánica 1/2004.
El artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece en el punto 3 y 4 que la violencia de género a la que se refiere dicha ley se define como todo acto de
violencia física y psicológica, agresiones a la libertad sexual, amenazas, coacciones o la privación arbitraria de libertad, ejercida por parte de las parejas o exparejas, incluyendo además toda forma de violencia que pretenda perjudicar o dañar a
las mujeres a través de sus familiares o allegados menores de edad. A este respecto, las estadísticas trimestrales del Consejo General del Poder Judicial establecen como criterio de análisis los siguientes delitos: lesiones y malos tratos, contra
la libertad, quebrantamiento de medidas y penas, contra la integridad moral, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor, contra derechos y deberes familiares, contra la libertad y la indemnidad sexual, de homicidio, de
aborto, de lesiones al feto y otros. Sin embargo, esta categorización desaparece cuando se determinan estadísticamente el porcentaje de condenas, la forma de terminación de los procesos judiciales, el número de órdenes y medias de protección, la
tipología de tribunales implicados en arreglo a su potestad jurisdiccional, etc.
Especialmente llamativo es el caso de la violencia de género psicológica que no aparece como tal en dichos informes trimestrales. La última Macroencuesta de Violencia sobre la Mujer (Ministerio de Igualdad, 2019) incluye por primera vez la
violencia psicológica encontrando que los índices de prevalencia de la violencia psicológica sobre las mujeres alcanzan niveles preocupantes además de constituir una forma de violencia que sustenta otras muchas. De manera resumida, dicha
Macroencuesta estima que el 31,9 % mujeres, es decir 6.517.062 mujeres, han sufrido violencia psicológica a lo largo de su vida y el 10,6 %, es decir, 2.164.006 la han sufrido en los últimos 12 meses. De las mujeres encuestadas, el 96,9 % de las
mujeres que han sufrido violencia física y/o violencia sexual de alguna pareja, actual o pasada, manifiestan haber sufrido también algún tipo de violencia psicológica (emocional, control, económica o miedo). Asimismo, el 84,3 % de las mujeres que
han sufrido violencia psicológica emocional de su pareja actual afirman que esta violencia ha tenido lugar ha sucedido en más de una ocasión. Finalmente, la macroencuesta afirma que el 70,0 % de las mujeres que han sufrido violencia física, sexual,
emocional o que han sentido miedo) de alguna pareja afirman que los episodios de violencia les han producido alguna consecuencia psicológica. De ellas, el 37,5 % mencionan haber sufrido ansiedad y el 33,9 % depresión. Sin embargo, los informes
presentados por el Consejo General del Poder Judicial no recogen datos relativos al porcentaje de denuncias y condenas por violencia psicológica o integridad moral en su defecto, las órdenes y medidas de medidas de protección, ni la forma de
terminación de estos procesos, entre otras cuestiones. Asimismo, dichos informes tampoco aportan información sobre el número de denuncias y procesos derivados de las coacciones y amenazas en el marco de la violencia de género cuyo objetivo
principal es menoscabar la capacidad de decisión autónoma de las mujeres.
La ausencia de datos desagregados en profundidad referidos a las diferentes formas de violencia recogidas en el artículo 1 de la Ley 1/2004, impide monitorear eficazmente la realidad de las mujeres
víctimas de violencia de género que deciden acudir a los tribunales. De esta forma, se pierde una información valiosísima para perfeccionar y avanzar en el diseño de nuevas medidas legislativas, de políticas públicas y de cualquier otra
índole que promuevan la erradicación de las violencias machistas y avance el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres de manera irrevocable.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la creación de estadísticas sobre violencia de género que incluyan las formas de violencia tal y como vienen recogidas en el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, desagregando las categorías de manera transversal por porcentaje de denuncias, forma de terminación de los procesos, número y tipología de órdenes y medidas de protección, tipos de
tribunales según la potestad de su jurisdicción, etc.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2021.-Sofía Fernández Castañón, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galica en Común.
161/003160
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Lourdes Méndez Monasterio, D.ª Rocío de Meer Méndez y D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la valoración social y a la protección de la libre dedicación al cuidado en el hogar de menores y personas con
discapacidad o en situación de dependencia, para su discusión en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Primero. La importancia social de la familia. El ejemplo de la COVID-19.
La familia es la institución natural y jurídica que precede al Estado. Es en la familia, donde los hijos nacen, crecen y se educan en valores, y donde los mayores reciben apoyo y cariño hasta el final de su vida, aportando el valor de su
propia existencia. Las familias, por tanto, han de ser especialmente cuidadas y protegidas por el Estado, en tanto que de ellas depende la existencia y el mantenimiento de la sociedad. Tal obligación viene recogida en la Constitución Española,
cuyo artículo 39.1 afirma lo siguiente:
'Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.'
La gravísima hora que ha supuesto para nuestro país la COVID-19, ha sido también una piedra de toque del importante papel social que desempeñan las familias. Lo que comenzó como una crisis sanitaria, la de mayor envergadura de las últimas
décadas, devino también en crisis socioeconómica. Ello se ha traducido, en numerosas familias españolas, en la enfermedad y muerte de seres queridos (en muchos casos, en dolorosas circunstancias de soledad, de desatención médica por falta de
recursos o por su deficiente gestión); en la pérdida de empleo de algunos de sus miembros o en el decrecimiento de los medios económicos. Todas estas acometidas, sin duda difíciles, han sido ejemplarmente asumidas por las familias.
Cuando los hospitales, desbordados, se vieron abocados a dejar de atender a las personas de cierta edad o con discapacidad en virtud de los 'criterios de priorización' de pacientes, fueron las familias quienes cuidaron a sus miembros más
débiles. Fueron ellas las que, superando el miedo social, y a pesar del régimen desmesurado de confinamiento al que se sometió a la población, lucharon por sacar adelante sus negocios, y evitaron así una ruina mayor de nuestro país. Las familias,
en muchas ocasiones sin medios materiales suficientes, procuraron también que sus hijos continuaran recibiendo la mejor formación posible, siquiera de forma telemática, mientras las escuelas estaban cerradas, y el país paralizado.
Acciones todas ellas que dan buena cuenta de lo fundamental que es la familia, verdadera red de protección social, para toda sociedad en general, y para la española en particular.
Segundo. La minusvalorada aportación de las familias a la sociedad, en forma de cuidados.
Esta Proposición de Ley se centra en una situación en la que se encuentran muchas familias españolas y que requiere una específica protección: la de los padres que, en ejercicio de su libertad, escogen dedicarse -de forma temporal o
definitiva- al cuidado en el hogar de los hijos, o de familiares con discapacidad o en situación de dependencia.
Dicha labor supone una aportación insustituible a la sociedad española, en un doble plano. En primer lugar, los padres que renuncian a un empleo remunerado, o bien reducen su jornada laboral, con el fin de dedicarse en exclusiva o a tiempo
parcial a las labores antedichas 85, encarnan los valores que la Carta Magna propugna como superiores, en especial, el respeto y el cuidado de la vida en todas sus etapas, y la dignidad inalienable de todos. Por lo tanto, merced a su participación
al bien particular y al bien común, constituyen un modelo personal y cívico que ha de ser reconocido como digno de admiración.
Por otro lado, estas personas dedicadas a las tareas de cuidado de sus seres queridos en el contexto del hogar aportan, en términos económicos, un gran valor añadido. En este sentido, según refiere el Observatorio Social de La Caixa, en
España 'el valor del trabajo doméstico está por encima de los 426.372 millones de euros, más del 40,77 % del PIB' 86. Dentro de la clasificación del trabajo doméstico que cita el Observatorio, los 'cuidados a personas' ostentan la tercera posición
en cuanto a volumen de actividad.
Fuente: Observatorio Social de La Caixa.
85 Se entiende que es un tipo de trabajo doméstico en tanto que se trata de trabajo en el hogar o para el hogar, según la definición del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos de 2011.
86 https://observatoriosociallacaixa.org/-/%C2%BFcu%C3%A1nto-vale-el-trabajo-dom%C3%A9stico-en-espa%C3%Bla-?#:-: text=El%20valor%20del%20trabajo%20dom%C3%A9stico,40%2C77%25% 20del%20PIB.
Más aún, 'siguiendo las propuestas de Eurostat y basándose en los datos de la encuesta del ENE sobre Empleo de Tiempo 2002-2003, para el año 2002 se estima que en España el trabajo no remunerado [en el que se incluyen, además del trabajo
doméstico, otras actividades como el voluntariado] añade un valor del 60,71 % al PIB. Si se emplean otras fuentes del CSIC que ofrecen resultados más altos de tiempo dedicado al cuidado, la proporción es aún mayor' 87.
La doble aportación ética y económica a que hemos hecho alusión no goza del reconocimiento sociopolítico que merece. En la sociedad española, tanto en términos de prestigio social como de rédito económico, la libre elección por los cuidados
en el hogar parece ser una opción de segunda categoría. Un ejemplo de ello lo facilita el estudio sobre trabajo no remunerado de la Fundación BBVA, que concluye que 'si la atención a los niños se presta fuera de los hogares, se considera parte del
PIB y se computa como inversión en capital humano, lo que no sucede si se hace en los hogares' 88. La dedicación al cuidado es, hoy en día, una tarea invisible, y sin embargo esencial.
Llama la atención la referida ausencia de valoración social, máxime si tenemos en cuenta que es muy numeroso el grupo de personas, tanto hombres como mujeres, que se dedican a dichas labores de cuidado en España. Concretamente, y según
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), podemos ver que un porcentaje no desdeñable sobre el total de la población española (hasta un 9,7 %) se ocupa en estas tareas durante cinco o más horas diarias:
Fuente: INE. Horas al día dedicadas a actividades de trabajo no remunerado por trabajadores que realizan dichas actividades. 2015.
En ciertos casos, tal dedicación obedece a la incapacidad de costear que una tercera persona se haga cargo de dichos servicios. En este sentido, nótese cómo la reducción de la jornada laboral fuera del hogar para dedicarse al cuidado de
menores o de personas con discapacidad, tanto en hombres como en mujeres, se ha incrementado el pasado año 2020 (llegando hasta el 53 %), a causa de la crisis:
87 https:/www.fbbva.es/wp-content/uploads/2017/05/dat/DE_2012_trabajo_no_remunerado.pdf, p. 307.
88 https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2017/05/dat/DE_2012_trabajo_no_remunerado.pdf, p. 232.
Fuente: INE. Ocupados a tiempo parcial porque cuidan a personas dependientes por motivo y periodo (la línea naranja son las mujeres; la azul, los hombres).
De igual modo ha aumentado también el porcentaje de españoles que se dedican en exclusiva al cuidado de menores o de personas con discapacidad (hasta un 57 % en 2020):
Fuente: INE. Inactivos que no buscan empleo porque cuidan a personas dependientes según motivo y periodo (la línea naranja son las mujeres; la azul, los hombres).
Sin embargo, hasta un 40 % de las mujeres y hasta un 53 % de los hombres que escogen dedicarse a labores de cuidado doméstico lo hacen por razones distintas de la necesidad económica, por lo que se infiere que se trata de una decisión
libremente escogida en el mejor sentido de la palabra (es decir, no motivada por la necesidad -económica o de otro cariz-, sino voluntariamente elegida frente a otras opciones igualmente legítimas y factibles):
Fuente: INE. Inactivos que no buscan empleo porque cuidan a personas dependientes según motivo y periodo (la línea naranja son las mujeres; la azul, los hombres).
Teniendo en cuenta los porcentajes expuestos, se concluye que la dedicación a los trabajos de cuidado en el hogar no solo es un bien social, como ya hemos apuntado anteriormente, sino también un fenómeno muy frecuente en la sociedad
española.
Tercero. Conclusión.
Dada la gran aportación social que llevan a cabo las familias, y el relevante papel que, para la familia y la sociedad, desempeñan a su vez las personas que se dedican al cuidado de menores y personas con discapacidad en el contexto del
hogar, el Gobierno debe poner en valor dicha elección, de modo que goce del reconocimiento social que merece.
Asimismo, y en cumplimiento de su tarea de protección de las familias, de los menores y de las personas con discapacidad o en situación de dependencia, el Gobierno debe garantizar la libertad de los padres para dedicarse a las tareas de
cuidado que se han expuesto. Para ello, a su vez, se requiere que las familias que hagan esta elección no sean penalizadas en el aspecto económico, fiscal o laboral.
Ser padre o madre es una decisión personal. Los padres saben que esta decisión puede implicar, cuando menos temporalmente, cierto sacrificio en su vida profesional, y como tal lo asumen. Con todo, dado que la natalidad es un bien, y más
aún lo es en la crisis demográfica que atraviesa España, es deber del Estado minimizar el coste personal y social de tal decisión, y favorecer que esta se pueda adoptar en un contexto de libertad.
Ello implica una verdadera posibilidad de adoptar ambas opciones, tanto la de dedicarse uno de los padres a cuidar de los hijos (y de personas mayores o dependientes, si las hubiera en la familia), como la de que ambos padres trabajen fuera
del hogar.
En el primer caso, ha de ser posible que la familia pueda mantenerse con un solo sueldo 89, o que (en el caso de tratarse de una decisión temporal), sea factible la reincorporación posterior al mercado laboral. Es preciso, además, vencer la
consideración social negativa hacia el trabajo no remunerado, pues parece que lo que no se valora económicamente, lo que no 'cuesta' o no 'produce' de forma tangible, no vale.
En el segundo caso, se requieren unas verdaderas medidas de conciliación, que incluyan la posibilidad de optar temporalmente por jornadas reducidas (fenómeno cada vez más frecuente en nuestros países vecinos).
Por último, en cualquiera de los dos supuestos, es menester un verdadero compromiso social por la familia y los cuidados de los más débiles de la sociedad, conscientes de que esa es la mejor apuesta que España puede hacer como Nación.
89 A este respecto, hay que tener presente que el coste asociado a tener un hijo es elevado, y ha sido fijado por estudios de diferentes asociaciones en hasta 7.700 euros anuales de media, durante el primer ario de vida. A título de
ejemplo, véase el estudio de la Asociación de Consumidores y Usuarios: https://www.ocu.org/organizacion/prensa/notas-de-prensa/2020/costehijo240920
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las medidas sociales, fiscales y laborales necesarias para facilitar y favorecer que todo español pueda optar libremente por dedicarse al cuidado de hijos menores o familiares
dependientes y a la atención de las tareas del hogar, sin que tal decisión suponga, en el supuesto de ser temporal, un menoscabo en el plano laboral. A tal fin, se proponen las siguientes medidas:
1. Aumentar la dotación presupuestaria que España dedica a las políticas familiares, hasta ponerse al nivel, al menos, de la media europea.
2. Impulsar políticas de apoyo de las familias que se hagan cargo personalmente del cuidado de sus mayores.
3. Dotar anualmente en los Presupuestos Generales del Estado una prestación universal por hijo a cargo no inferior a 500 euros mensuales, de la cual sean beneficiarias todas las familias españolas, con independencia de su situación laboral,
desde el cuarto mes de embarazo hasta la mayoría de edad de los hijos.
4. Fomentar la valoración económica y cuantificable del trabajo de cuidado en el hogar. A tal fin, se llevarán a cabo estudios oficiales conducentes a determinar qué valoración objetiva media tiene dicho trabajo en España, y de qué modo
podría el Estado hacerse cargo de las cotizaciones a la Seguridad Social de quienes lo lleven a cabo, sobre la base de dicha valoración.
5. Incentivar, tanto en el marco de la negociación colectiva, como en el ámbito de la Administración pública, los horarios flexibles acordes a las necesidades de los trabajadores con hijos pequeños, tales como fórmulas de trabajo en red
desde el hogar, o periodos de jornadas de trabajo a tiempo parcial para facilitar el cuidado cuando los hijos sean menores de 3 años.
6. Promover la modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para introducir, entre los criterios a tener en cuenta en la adjudicación de los contratos, el de tener implementadas políticas familiares y de
conciliación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2021.-Lourdes Méndez Monasterio, Rocío de Meer Méndez y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/003155
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Emilio Jesús del Valle Rodríguez, D. Eduardo Luis Ruiz Navarro, D. Juan Carlos Segura Just, D. Pablo Juan Calvo Liste y D. José María Figaredo Alvarez-Sala, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la reapertura de todas las oficinas de la Administración
Pública con atención al público, así como la reincorporación de todo el personal a su servicio, cumpliendo con todas las exigencias sanitarias y garantizando la salud de estos últimos, para su discusión en la Comisión de Política Territorial y
Función Pública.
Exposición de motivos
Primero. La fase de 'nueva' normalidad.
El 28 de abril de 2020, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad ('Plan') 90.
El objetivo del Plan era conseguir que se recuperara de forma progresiva la vida cotidiana y la actividad económica, minimizando el riesgo que representaba la epidemia para la salud de la población y evitando que las capacidades del Sistema
Nacional de Salud se pudieran desbordar.
El 4 de mayo se adoptó la Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública de medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración General del Estado, con motivo de la aprobación del Plan
para la Transición hacia una Nueva Normalidad.
Dicha Resolución tenía por fin la creación del marco general para garantizar la homogeneidad en las medidas relacionadas con la reincorporación gradual y asimétrica de los empleados públicos a los centros de trabajo de manera presencial.
En la misma se preveía que la 'fase de nueva normalidad', que se iniciaría una vez finalizada la Fase III, habría de regirse de acuerdo con las instrucciones de carácter organizativo que se dictaran en su momento.
Mediante Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se establecían las medidas urgentes de prevención, contención
y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, así como para prevenir posibles rebrotes, con vistas a la superación de la fase III del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad por parte de
algunas provincias, islas y unidades territoriales y, eventualmente, la expiración de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y sus prórrogas.
Posteriormente, el 17 de junio de 2020, se dictó la Resolución del secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública de medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración General del Estado con motivo
de la nueva normalidad 91.
Y, finalmente, en la misma fecha, se dictó Instrucción de la Secretaría General de Función Pública sobre medidas y líneas de actuación en materia de prevención de riesgos laborales frente a la COVID-19 de cara a la reincorporación presencial
del personal ('Instrucción').
En la misma, se establecía, en su punto 2. 'Reincorporación Progresiva', que 'La reincorporación del personal a sus centros de trabajo habrá de producirse de manera gradual y progresiva', una vez alcanzada la mal denominada 'fase de nueva
normalidad', hecho este que, incuestionablemente, se ha producido, sin que la reincorporación del personal se haya producido en paralelo.
En relación con lo anterior, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 señalaba en su artículo 5 que las 'medidas excepcionales de naturaleza
laboral que se establecen en la presente norma tienen como objetivos prioritarios garantizar que la actividad empresarial y las relaciones de trabajo se reanuden con normalidad tras la situación de excepcionalídad sanitaria.' Nuevamente, cabe
deducir, como se justificará más abajo, que la situación de excepcionalidad sanitaria se ha superado.
Segundo. La vacuna para la recuperación de la normalidad.
Tras haber transcurrido un año y medio desde la irrupción de la COVID-19 en nuestra Nación, ha llegado el momento de recuperar la actividad ordinaria, presencial y a pleno rendimiento, de las Administraciones Públicas.
En el pleno del Congreso de los Diputados de 9 de abril de 2020, el presidente del Gobierno, D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón, afirmó que '[U]una nueva normalidad que solo será plena cuando el mundo disponga de una vacuna eficaz contra la
COVID-19'.
Un año después, el 6 de abril de 2021, el presidente del Gobierno, comparecía en la Moncloa para informar sobre el desarrollo del plan de vacunación en España para los meses subsiguientes.
90 https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx
91 https://www.mpffpgob.es/dam/es/portal/funcionpublica/funcion-publica/dialogo-social/Actuaciones-relacionadas-con-el-COVID-19/Resolucion_del_SEPTFP_Medidas_a_adoptar_Nueva_Normalidad_17_06_20.pdf.pdf
En su intervención, el Sr. Sánchez Pérez-Castejón afirmaba que 'voy a ser muy claro: tenemos que dar un paso adelante. Ha llegado el momento de vacunar, vacunar y vacunar' porque 'la vacunación masiva es el camino más corto para reactivar
nuestro país y nuestra economía. Ha llegado el momento de vacunar sin descanso'. El presidente del Gobierno finalizó su intervención enfatizando una vez más la necesidad de vacunar para volver a la normalidad: 'Vacunar para salvar vidas; vacunar
para recuperar nuestra economía; vacunar para recuperar nuestra vida social. En resumen: vacunar, vacunar y vacunar'. 92
Pues bien, según el último informe del Ministerio de Sanidad fechado el 10 de septiembre de 2021 93, el número de personas con pauta completa alcanza la cifra de 35.070.311 personas vacunadas, esto es, el 73,9 % de la población.
El objetivo del Gobierno era alcanzar una cuota de más del 70 % de la población vacunada a mediados de agosto. Ciertamente, no se alcanzó tal porcentaje en el plazo prometido. No obstante, a la fecha, sí ha sido alcanzado.
Pese a lo anterior, muchos servicios públicos aún no han recuperado su plena actividad y rendimiento, con el consiguiente perjuicio que ello supone para los ciudadanos y los operadores económicos.
Tercero. Servicios públicos inoperativos: Necesidades desatentidas.
No son pocas las proclamas de los ciudadanos, asociaciones y sindicatos que denuncian la falta de personal, lentitud, problemas e, incluso, en algunas ocasiones, inexistencia en la atención y gestión de muchos servicios públicos de la
Administración.
Quizá el ejemplo más representativo sea aquel vinculado al Ministerio de Trabajo y Economía Social y, concretamente, al Servicio Público de Empleo Estatal ('SEPE'). Tanto es así, que ya por el mes de diciembre de 2020, la Central Sindical
Independiente y de Funcionarios ('CSIF') dirigió una comunicación a la Ministra del ramo, Da Yolanda Díaz Pérez, en la que le acusaban de mostrar una 'estremecedora indiferencia e insensibilidad ante la realidad de una organización como el SEPE'.
El documento denunciaba igualmente que desde su departamento - Ministerio de Trabajo y Economía Social - se 'han estado multiplicando y retorciendo la normativa, de forma caótica, despreciando todas las aportaciones de los técnicos de este
Organismo'. 94
El comunicado de CSIF reseñaba que el ministerio competencia de la Sra. Díaz Pérez no había sino puesto 'palos en la rueda de la gestión, una zancadilla tras otra'. En el mismo sentido, CSIF denunciaba que la gestión de la susodicha 'había
perjudicado a los 8.000 trabajadores del SEPE y a los cientos de miles de desempleados y trabajadores en ERTES -Expediente Regulador Temporal de Empleo ('ERTE')- que 'han visto retrasadas sus prestaciones por desempleo de modo inasumible, con un
nivel de sufrimiento palmario' 95.
El slogan del presidente del Gobierno - 'No vamos a dejar a nadie atrás' - cuando anunciaba el 'escudo social' ha devenido una nueva promesa incumplida - de entre tantas otras - pues, a cuanto se ha expuesto en relación a la gestión de los
ERTEs, se suman las serias dificultades para solicitar, y enormes demoras para percibir, el Ingreso Mínimo Vital ('IMV'), 'medida estrella' del Ejecutivo, en general, y de la actual Vicepresidente segunda, en particular. 96 Recordemos, además, que
en el Consejo de Ministros de 3 de agosto de 2021 se aprobó la prórroga, hasta el 31 de octubre de 2021, de las medidas del llamado 'escudo social', que expiraban el 9 de agosto, sin que se hayan previsto medidas para subsanar las actuales
deficiencias del organismo.
Resulta carente de toda lógica que algunos departamentos de distintas Administraciones Públicas -los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, servicios sociales de ayuntamientos, servicios tributarios en general, tesorerías
generales de la seguridad social, etc.- se encuentren colapsados por una avalancha de ERTEs, subsidios de desempleo, tramitación del IMV, de ayudas o subvenciones, etc., mientras el sector privado ha adoptado todas las medidas para retornar a la
normalidad laboral.
92 https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2021/060421-sanchez-vacunas.aspx
93 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Informe_GIV_comunicacion_20210910.pdf
94 https://www.Iibremercado.com/2020-12-19/durisima-carta-sindical-contra-yolanda-diaz-acusada-de-poner-una-zancadilla-tras-otra-a-gestion-sepe-6691853/
95 Ibíd., supra.
96 https://okdiario.com/economia/asi-odisea-acceder-escudo-social-del-gobierno-pedro-sanchez-7229344
Y, a lo anterior, se añade el hecho de que hay otros departamentos ministeriales, también de vital importancia por la gestión administrativa que tienen encomendada, que no cuentan con todo el personal incorporado, con atención presencial al
público o sedes laborales cerradas. 97
Un claro ejemplo de lo antedicho, es el hecho de que 'más del 10 % de la plantilla de la Inspección de Trabajo' perciba 'un salario público desde hace un año sin tener posibilidad de acceder a su puesto', lo que supone un gasto de nada menos
que 2,4 millones de euros anuales para sufragar el salario de 176 subinspectores y de 544.000 euros para sufragar el de 34 inspectores. 98
Por si lo anterior fuera poco, la Administración Pública ni tan siquiera conoce 'cuántos trabajadores públicos están yendo a trabajar, cuántos están teletrabajando y cuántos no hacen ni una cosa ni la otra.
'De los 2.595.575 empleados públicos del país, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública sólo sabe dar cuenta de lo que ocurre con los 231.760 trabajadores de la Administración Central del Estado.'
Esos datos incluyen a los 'trabajadores de Ministerios (93.300), los de Organismos autónomos (63.989), los que trabajan en Entidades públicas empresariales (22.017), en Agencias estatales (14.039), en Autoridades administrativas
independientes (1.552), en Universidades públicas no transferidas a las comunidades (2.475) y en otros entes de Derecho Público (34.388).' 99
Los últimos datos publicados por el entonces denominado Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en fecha 18 de abril de 2021, y que sólo se refieren a los empleados de la Administración General del Estado, revelan que,
aproximadamente, un 72 % trabajan en la modalidad ordinaria presencial y el 27 % restante en la modalidad de teletrabajo, o no presencial -ha de notarse que un 1 % se encuentra en aislamiento. 100
Deviene pues imperativo que (i) se reincorpore todo el personal a sus funciones de conformidad con la legislación reseñada en el expositivo primero; (ii) se reabran al público todas las dependencias de la Administración Pública con servicio
presencial; y (iii) se refuercen aquellos departamentos con manifiesta carencia de personal.
Cuarto. Desigualdad entre el sector público y el sector privado.
Es palmaria la desigualdad que actualmente existe entre el sector público y el privado. Las medidas para garantizar llamada 'vuelta a la normalidad' que se han exigido y acometido para y por el sector privado, no se están cumpliendo por el
sector público.
Una gran mayoría de empresas del sector privado ya han vuelto a la plena operatividad de sus actividades, habiendo reincorporado a su personal cumpliendo con las exigencias sanitarias y retornando, en la medida de lo posible, a su situación
pre pandémica.
El Gobierno, tras más de un año y medio desde la declaración del estado de alarma inconstitucional, aún no ha sido capaz de reactivar toda la Administración Pública.
En un primer momento, esta 'hibernación' era 'consecuencia de la incapacidad del Estado para movilizar los recursos necesarios que hagan posible el teletrabajo efectivo de los distintos empleados públicos y de coordinar a los funcionarios en
sus tareas habituales o facilitar que puedan apoyar a los departamentos más necesitados de personal, algunos de ellos absolutamente desbordados en las actuales circunstancias.' 101
Si bien es cierto que en aquel entonces, muchos sectores estaban totalmente inactivos por la gravedad de la situación sanitaria, en la actualidad, la gran mayoría están plenamente operativos, por lo que requieren de la dedicación de todo su
personal y la reapertura de todos sus centros.
De lo contrario, y como ya ocurre, la falta de actividad de la Administración Pública deriva en que muchos servicios públicos se encuentren infradotados de personal, funcionando de forma limitada incluso,
97 https://elconsultonlaley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1 CTEAAmMDS0NTS7Wy1KLizPw8WyMDIwMDEyNLtbz8INQQF2fb0ryU1LTMvNQUkJLMtEqX_OSOyoJU27TEnOJUtdSk_PxsFJPiYSYAAKRO4jhjAAAAWKE
98 https://www.lapoliticaonline.es/nota/86815-el-10-de-los-funcionarios-de-la-inspeccion-de-trabajo-estan-cobrando-sin-trabajar/
99 https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/estado-funcionarios-administracion-coronavirus-teletrabajo_0_1356164897.html
100 https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mas-70-empleados-publicos-trabajan-forma-presencial-administracion-general-estado-20210418101041.html
101 https://www.larazon.es/economia/20200418/xqjrbpkuenf2dmnbmmritxfnru.html
en ocasiones, si tan siquiera disponer de atención presencial, con la atención telemática, además, colapsada.
Es inaceptable que con semejante porcentaje de población vacunada las dependencias públicas y todos y cada uno de los funcionarios no estén funcionando a pleno rendimiento.
No debemos olvidar que es ahora cuando, fundamentalmente personal de servicios administrativos en general, que en un primer momento poco pudieron aportar para luchar frente a la pandemia, devienen fundamentales para la gestión de las
consecuencias sociales y económicas producida por esta y la gestión de la recuperación de la actividad habitual.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reabrir todas las oficinas de la Administración General del Estado con atención al público, así como a reincorporar a todo el personal de forma presencial, cumpliendo con todas las exigencias
sanitarias y garantizando la salud de estos últimos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2021.-Emilio Jesús del Valle Rodríguez, José María Figaredo Álvarez-Sala, Pablo Juan Calvo Liste, Eduardo Luis Ruiz Navarro y Juan Carlos Segura Just, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/003166
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el cierre de la oficina de MUFACE en Santiago de Compostela, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
El Servicio Provincial de MUFACE en A Coruña hacía público a finales del mes de agosto el cierre definitivo de la oficina situada en Santiago de Compostela a partir del próximo 30 de septiembre de 2021. Al suprimir este servicio MUFACE
dejará sin atención directa a todas las personas mutualistas del sur de la provincia de A Coruña, millares de personas que tienen como referencia la oficina de Santiago de Compostela para realizar diversos trámites ante la mutualidad de forma
presencial. Se trata sobre todo de personal de primaria y secundaria de la enseñanza pública, de profesorado universitario, de personal de correos y otro personal al servicio de la Administración General del Estado. El gran número de usuarios y
usarías hace imprescindible mantener este punto de atención presencial para dar servicio a todas las personas mutualistas y sus familias evitando que tengan que desplazarse muchos kilómetros, con gasto de tiempo y dinero, para lograr una atención
adecuada.
Debe recordarse que desde el comienzo de la pandemia, con la excusa de las medidas de reducción de movimientos y contactos, MUFACE restringió el acceso a sus oficinas, obligando en la mayoría de casos a realizar las gestiones de forma
telemática. Así, este servicio de asistencia a distancia que ya era también posible antes de la pandemia, se hizo casi obligatorio durante el confinamiento y mientras duraron los estados de alarma. Sin embargo, ahora que las medidas para hacer
frente a la pandemia se están relajando, la oficina debería retomar su actividad normal y recuperar plenamente la atención presencial tal y como demandan las personas usuarias de la misma.
Así, muchos de los usuarios y usuarias son personas de edad avanzada que pueden tener problemas con las nuevas tecnologías y que prefieren o necesitan en muchos casos una atención personal y presencial. La mejora de los medios telemáticos,
ofrecer la posibilidad de gestión on line, no puede servir de excusa para cerrar e impedir la atención en persona a los mutualistas.
Como única motivación para la clausura del servicio se alegaba, inicialmente, la jubilación de las funcionarias destinadas en la misma (una el 3 de septiembre y la otra a finales de año). En otro anuncio posterior, MUFACE argumentó también
la necesidad de centralizar el servicio en la ciudad de A Coruña, puesto que la oficina de Santiago de Compostela era sólo una oficina delegada, que 'no realiza trámites directamente' excepto algún servicio poco utilizado. E indicaban también que
'los recursos personales y materiales de Santiago serán centralizados en la oficina de A Coruña para hacer más eficiente la labor de atención a los mutualistas de toda la provincia'. Este nuevo anuncio, supone una burla de las personas usuarias,
pues parece intentar convencerlas de que la obligación de desplazarse muchos más kilómetros para lograr una atención personal es una ventaja y una mejora.
Así por ejemplo, una persona mutualista que resida en el concello de Ribeira y deba acudir personalmente a una oficina de MUFACE para realizar cualquier trámite tendrá que desplazarse hasta la ciudad de A Coruña, lo que supone más de 100 km
y casi 2 h de viaje si lo hace en coche particular, con el correspondiente gasto en gasolina y peajes. En caso de que deba hacerlo mediante transporte público implicaría perder casi un día completo para realizar las gestiones y el pago de los
billetes.
Realmente, parece casi una broma cuando el comunicado termina diciendo que 'la cercanía con el colectivo, la mejora continua o la excelencia en la gestión son los objetivos del Plan MUFACE AVANZA 2021-2023 que dan base a esta decisión'. Es
indecente que consideren 'cercanía' el alejamiento de una oficina unos 70 km.
Otro de los argumentos esgrimidos para el cierre es el poco volumen de trabajo, pero esta afirmación falta por completo a la verdad, pues la oficina de Santiago de Compostela es la que cuenta con mayor demanda de atención presencial,
manteniendo en plena pandemia una media de unas 25 citas presenciales diarias, casi al límite del máximo diario establecido de 27.
En definitiva, existe una gran demanda y una necesidad evidente de mantener abierta y en pleno funcionamiento la oficina de MUFACE de Santiago de Compostela, para prestar la atención presencial que las personas usuarias necesitan y
requieren. La mejora de la distancia o la posibilidad de realizar gestiones telemáticas no puede ser la justificación para eliminar o poner trabas a la presencial. La optimización de recursos no supone su centralización, eliminar la atención
directa y obligar a tramitar toda gestión a través de la página web o una centralita telefónica. Debe garantizarse una atención próxima y accesible, sensible con las necesidades de los usuarios y usarías, en este caso personas en su mayoría
jubiladas, que necesitan de esa atención cercana, personal y presencial.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Mantener abierta con plena dotación de personal y recursos materiales la oficina de MUFACE en Santiago de Compostela, así como el resto de servicios, garantizando la atención presencial y personal a todas las y los mutualistas.
2. Garantizar que, materializando de forma efectiva ese compromiso con la cercanía y la proximidad a la ciudadanía, mantendrán y recuperarán, cuando menos, todos los servicios presenciales existentes antes de los restricciones ocasionadas
por la pandemia sanitaria, sin que la necesaria potenciación y mejora de los medios digitales o telemáticos suponga la pérdida de derechos y servicios a las personas usuarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2021.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
181/001348
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Edurne Uriarte Bengoechea.
Texto:
Tras la mesa de negociación bilateral con el Gobierno independentista catalán, ¿avala el Gobierno los métodos radicales de presión y la comisión de delitos como una vía aceptable de acción política en una democracia y que pueda ser usada por
otros ciudadanos españoles para sentar al Gobierno en una mesa de negociación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2021.-Edurne Uriarte Bengoechea, Diputada.
Comisión de Asuntos Exteriores
181/001352
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, doña Macarena Olona Choclán, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal, don Víctor Sánchez del Real, don Agustín Rosety Fernández de Castro y don Emilio Jesús
del Valle Rodríguez, diputados de la Comisión de Asuntos Exteriores del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Texto:
Según informaciones publicadas, agentes de los servicios de seguridad del régimen cubano han detenido el miércoles día 8 de septiembre en su vivienda de Santa Clara al opositor Guillermo Fariñas una de las figuras más reconocidas de la
disidencia dentro y fuera de la isla. Atendiendo a estas informaciones, ¿tiene intención el Gobierno de exigir la liberación del opositor cubano Guillermo Fariñas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2021.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón, Macarena Olona Choclán, Víctor González Coello de Portugal, Alberto Asarta Cuevas, Víctor Manuel Sánchez del Real, Agustín Rosety
Fernández de Castro y Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Diputados.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001351
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Ricardo Chamorro Delmo, don Rubén Darío Vega Arias, doña Magdalena Nevado del Campo, don Luis Gestoso De Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, en sus condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Texto:
¿Cuáles son las medidas que tiene previsto el Gobierno implantar para ayudar al sector español de porcino tras el recorte de las compras por parte de China?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2021.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, María Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Ricardo Chamorro Delmo, doña Mireia Borrás Pabón, don Ángel López Maraver, don Luis Gestoso De Miguel, doña Magdalena Nevado Del Campo, don Francisco José Contreras Peláez y don Pedro Jesús Requejo Novoa, en sus condiciones de
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida al Ministro para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Texto:
¿Qué medidas está llevando a cabo el Gobierno para acometer una reforma integral del sistema eléctrico español y no meros parches puntuales como el llamado 'Plan de Choque' con el fin de bajar el elevado precio de la luz que pagan los
españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2021.-Ricardo Chamorro Delmo, Mireia Borrás Pabón, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de Miguel, María Magdalena Nevado del Campo, Francisco José Contreras Peláez y Pedro Jesús
Requejo Novoa, Diputados.
181/001350
parte 1
parte 2