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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 23, de 28/09/2016
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 23, de 28/09/2016
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar en el plazo de seis meses un proyecto de Ley de modificación
de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, para que aplique con
efectividad los principios de su tercer artículo, incorporando el fomento
de la sostenibilidad económica del aprovechamiento forestal del pastizal
y la hagan compatible con los requerimientos agroambientales y aspectos
de conservación del medio, prevención de incendios y mantenimiento de
determinados hábitat.
2. Llevar a cabo las medidas oportunas, en coordinación con Comunidades
Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, de cara a
promocionar la ganadería y la agricultura de montaña, así como campañas
de desbroce y limpieza de montes sistemáticas en zonas de alto riesgo de
incendio forestal.
3. Llevar a cabo las medidas oportunas para promocionar y facilitar la
utilización de generadores de electricidad y calor basados en la biomasa
por parte de los municipios no solo como incentivos al desbroce de los
montes y campos, sino también como herramienta de captación de CO2 y
ahorro de costes en lo que a producción energética respecta.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-Antonio
Cantó García del Moral, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz
del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000303
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre las obras de
canalización para regadío de la presa de Siles, para su debate en la
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La Comarca de la Sierra de Segura necesita aumentar su disponibilidad de
recursos hídricos para afrontar el futuro con solvencia, recuperar el
equilibrio ecológico de sus ecosistemas acuáticos y asegurar, en
definitiva, una adecuada calidad de vida a sus habitantes.
Centrándonos especialmente en el déficit hídrico de la Comarca de la
Sierra de Segura, con la construcción de la presa de Siles se consigue
uno de los grandes objetivos de los municipios de la Comarca.
La presa de Siles abarca una superficie total de 55.238 hectáreas lo que
viene a representar el 4,50 % de la superficie provincial, afectando de
forma directa a seis municipio de la comarca (Benatae, Orcera,
Puente de Génave, La Puerta de Segura, Siles y Torres de Albanchez) y
beneficiando a una población superior a los 12.800 habitantes.
Con los 15 hectómetros cúbicos al año destinados a regadío, una amplia
gama de cultivos tendrán una productividad lo suficientemente alta como
para hacerlos más rentables, además se podrá fomentar la horticultura lo
que supondrá un aumento del empleo y de los recursos para la ganadería,
sin perjuicio, del beneficio que de forma directa llegará el cultivo del
olivar tradicional.
El destino de 15 hectómetros cúbicos para regadío del que se beneficiará
fundamentalmente el olivar tradicional permitirá eliminar la típica
«vecería» (la alternancia de años buenos y malos de cosecha) de este
cultivo en secano, además de incrementar las producciones con la
consiguiente ganancia en competitividad y rentabilidad.
Con los 15 hectómetros al año para regadío de la presa de Siles, la
fijación de la población en una zona como la de la comarca de Segura de
marcado carácter agrícola, se vería potenciada si se asegura una
rentabilidad adecuada de las explotaciones agrícolas junto con el aumento
de las tierras cultivadas. La transformación en regadío dará un aumento
de la producción agrícola con el consiguiente aumento del empleo rural,
sin olvidarnos de algo tan trascendental como es el aseguramiento del
abastecimiento de agua de la zona.
En definitiva, se produciría una disminución de la despoblación de la
comarca al mismo tiempo que los ingresos y capital circulante con el
funcionamiento de la presa que generará nuevos empleos en diversas
actividades con la consiguiente mejora de la calidad de vida de los
habitantes de la comarca.
Además ya ha quedado demostrada la viabilidad económica, técnica, social y
ambiental de la presa de Siles, con las características técnicas
aprobadas en su día, entre ellas, el destino de 15 hectómetros cúbicos al
año para regadío.
Por último, debemos tener en cuenta que cuestiones como: los valores
ecológicos, paisajísticos y culturales propios de nuestros ríos; el
alumbramiento de nuevos valores sociales; la aparición de intereses
colectivos legítimos, entre otras consideraciones; deben cambiar la
noción de «interés general» trocando los intereses en valores y las
decisiones públicas en participación pública destinada a garantizar los
interés colectivos, esto es, los intereses generales.
Por ello consideramos que debe procederse a la declaración de «interés
general» de las obras de canalización necesarias para el aprovechamiento
para riego de la presa de Siles.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Que se mantengan y respeten las características de la presa de Siles en
el río Guadalimar aprobadas en el proyecto técnico, en el informe de
viabilidad y en la declaración de impacto ambiental, y que por tanto, se
permita disponer de 15 hectómetros cúbicos de agua al año para el riego,
y de 1,20 hectómetros cúbicos para abastecimiento.
- Que se inicien los trámites oportunos para que se declare de interés
general las obras de canalización para el riego de la presa de Siles en
el río Guadalimar en base al Informe favorable de viabilidad elaborado
conforme a lo establecido en la Ley de Aguas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2016.-Felipe
Jesús Sicilia Alférez y Micaela Navarro Garzón, Diputados.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000313
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa del Diputado don Antonio Gómez-Reino Varela y a
través de su portavoz doña Alexandra Fernández Gómez, al amparo del
artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre la estación depuradora de aguas
residuales (EDAR) de Santiago de Compostela, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El término municipal de Santiago de Compostela cuenta con una estación
depuradora de aguas residuales construida en el año 1982. En la
actualidad, esta estación de 34 años de antigüedad depura aproximadamente
la mitad de las aguas residuales que recibe.
Tras repetidas propuestas y demandas relativas a la necesidad de
construcción de una nueva EDAR, en el BOE de fecha martes 29 de
septiembre de 2009 el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
formula la declaración de impacto ambiental favorable a la construcción
de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Santiago de
Compostela.
Tras hacer una valoración de las alternativas posibles para la ubicación
de la nueva EDAR y atendiendo a criterios técnicos, económicos y
ambientales, se escoge como alternativa construir la nueva EDAR en la
parcela más próxima a la EDAR actual, en terrenos considerados por el
PXOM (Plan General de Ordenación Municipal) como suelo rústico reservado
para infraestructuras.
En el año 2011, al acceder el Partido Popular a la Alcaldía de Santiago de
Compostela, aprueba como una de sus primeras medidas la paralización del
proyecto de nueva EDAR con el objetivo de cambiar la ubicación propuesta,
decantándose por situarla en la zona de O Souto, en una parcela que linda
con el municipio de Ames y a algo más de 1 kilómetro aguas abajo de la
actual depuradora.
Con fecha 18 de junio de 2014 se formula declaración de impacto ambiental
favorable a este nuevo emplazamiento, publicándose en el BOE número 156,
del 27 de junio de 2014.
Desde ese momento, no consta información ni se conocen más medidas ni
actuaciones referidas a este asunto que, de forma clara, es de gran
transcendencia para el buen funcionamiento ambiental y social de Santiago
de Compostela, capital de Galicia.
Por todo lo expuesto, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Ejecutar y poner en funcionamiento la estación depuradora (EDAR) de
Santiago de Compostela.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2016.-Antonio
Gómez-Reino Varela, Diputado.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000318
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de doña Ángela Rodríguez Martínez y a través de su
portavoz doña Alexandra Fernández Gómez, al amparo del artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre la estación depuradora de aguas
residuales (EDAR) de Placeres en Pontevedra, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratificó el 10 de marzo de
este año el incumplimiento reiterado del tratamiento de las aguas
residuales de, entre otras, la ría de Pontevedra. Lo hizo a raíz de una
denuncia formulada por la Comisión Europea al Estado español en noviembre
de 2014, señalando el «indudable riesgo para la salud pública» originado
por un deficiente saneamiento de esas aguas.
Desde Europa, el primer llamamiento para la búsqueda de soluciones data de
2003, y en la reciente resolución se establece que España incumplió la
obligación de garantizar un tratamiento secundario o un
proceso equivalente de las aguas residuales que entran en los sistemas
colectores de la aglomeración Pontevedra-Marín-Poio-Bueu.
De momento no se ha fijado una multa, como la de 20 millones de euros
impuesta en su día por la contaminación de la ría de Vigo y archivada
tras la presentación de un nuevo plan de saneamiento, pero la justicia
europea ya señaló que nuestro saneamiento incumple los requisitos de los
artículos 4 y 5 (apartados 2 y 3) de la Directiva europea sobre aguas
residuales, que señalan que estas aglomeraciones urbanas deberían
disponer, a más tardar en 1998, de un sistema de tratamiento más riguroso
para sus aguas.
En agosto de 2015 las autoridades españolas le trasladaron a la Comisión
Europea la fecha de septiembre de 2020 como horizonte para resolver los
problemas de depuración. Incluso la Xunta de Galicia avanzó que gran
parte de las ayudas comunitarias para saneamientos en Galicia se
destinarán a Pontevedra, singularmente para ampliar la capacidad de la
desbordada depuradora de Placeres, que da servicio a las poblaciones de
Pontevedra, Marín, parte de Poio, Vilaboa y Ponte Caldelas.
Pues bien, esa depuradora -que lleva funcionando dos décadas, con el
resultado de que disponemos de las aguas de peor calidad de toda la costa
española-, no respeta la distancia legal mínima de las viviendas
habitadas (200 metros) y ocupa terrenos en dominio público
marítimo-terrestre (cuando la ley solo autoriza a hacerlo con
instalaciones que no puedan estar en otro lugar), por lo que carece de
lógica apostar por la ampliación de una macro-depuradora que, además de
ser claramente insostenible, constituye un despropósito medioambiental.
En este contexto, el 20 de noviembre de 2015 el TS dictó sentencia, firme
a día de hoy, en virtud de la cual confirmaba la dictada por la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en fecha 29 de enero de 2014, la cual estimó en parte el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación «Salvemos
Pontevedra» que denunciaba que la construcción de la EDAR y del emisario
submarino en este misma zona carecían de concesión de ocupación del
dominio público marítimo-terrestre y condenó a la administración
demandada a la incoación del expediente de caducidad de la concesión y a
la adopción de todas las medidas legalmente contempladas para la
paralización de las actividades y suspensión del uso y explotación de las
instalaciones que no cuenten con concesión administrativa y demás
autorizaciones legalmente exigibles.
La solución a los problemas ambientales, urbanísticos y judiciales del
actual (mal) modelo no puede seguir insistiendo en el error, trasladando
las aguas residuales por kilómetros y kilómetros de colectores hasta
desembocar en una instalación que a cada paso hay que ampliar porque cada
poco se queda pequeña.
Se hace necesario ir a un modelo alternativo eficaz, ecológico y racional
que permita solucionar el grave problema de las aguas residuales con un
menor impacto ambiental y urbanístico y con un menor coste a largo plazo.
Es preciso que ese modelo quede plasmado en un proyecto que tenga encaje
en el planeamiento urbanístico y posibilite además, que non se vea
comprometido el acceso, para el saneamiento integral de la ría, al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (para Galicia, entre 2014-2020, son 883
millones de euros, de los que el 30 por ciento debería destinarse al
saneamiento de las rías y el fomento del turismo).
Por todo lo expuesto, formula la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en cumplimiento de
la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2015,
1. Incoe el expediente de declaración de caducidad de la concesión
otorgada a la empresa Electroquímica del Noroeste, S.A., sobre la EDAR de
Placeres.
2. Adopte todas las medidas legalmente contempladas para la paralización
de las actividades y suspensión del uso y explotación de las
instalaciones de la EDAR de Placeres que no cuenten con concesión
administrativa y demás autorizaciones legalmente exigibles.
3. Contribuya, dentro del marco de sus competencias y de acuerdo con los
principios generales de cooperación y colaboración mutua que han de regir
las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas, a la
adopción de todas las medidas necesarias para la elaboración de un plan
para el cierre de la EDAR de Placeres y de un proyecto de solución del
problema de depuración de las aguas residuales de los Ayuntamientos que
actualmente las envían a Placeres, alternativo a esa EDAR, que apueste
por estaciones depuradoras de escala sostenible, distribuidas
territorialmente por los emplazamientos más
adecuados y respetando, en todo caso, las distancias mínimas a las
viviendas legalmente establecidas, así como acometer la separación de las
aguas pluviales de las fecales en los puntos en los que la red actual las
mezcla.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2016.-Ángela
Rodríguez Martínez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea a iniciativa de don
Javier Sánchez Serna, presenta al amparo de lo dispuesto, en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, relativa a la adopción
de medidas de carácter urgente sobre el Mar Menor.
Exposición de motivos
El Mar Menor es la laguna costera salada más importante del Mediterráneo
occidental y el humedal más relevante del Sureste. Se trata de un
ecosistema único que se caracterizaba por sus aguas transparentes,
hipersalinas y con pocos nutrientes.
La degradación del Mar Menor en las últimas décadas a consecuencia de la
descoordinación e inactividad institucional ante la proliferación de usos
sin planificación, ni instrumento legal que los regulara, ha ocasionado
un grado de deterioro extremo a causa de la contaminación, desarrollo
urbanístico desenfrenado y falta de aplicación de la normativa ambiental
a nivel internacional, estatal y regional que pusiera freno a la
destrucción de uno de los ecosistemas más valiosos de Europa.
Los valores naturales del Mar Menor son tan importantes que le han valido
poseer más de siete figuras de protección ambiental a todos los niveles
institucionales, destacando ser zona ZEPA (zona de especial protección
para las aves), LIC (lugar de importancia comunitaria), Hábitat
prioritario (1150-Lagunas costeras), Área de Protección de Fauna
Silvestre, ZEPIM (zona especialmente protegida de importancia para el
Mediterráneo) y Ramsar (humedales de importancia internacional
especialmente como hábitat de aves acuáticas).
Es necesario destacar, por el posible incumplimiento por parte de España
de las obligaciones contraídas a nivel internacional, que el Mar Menor
fue incluido en 1994 en la lista más prestigiosa en cuanto a humedales y
espacios costeros se refiere como humedal de relevancia internacional de
la «Lista Ramsar», conforme al Convenio Internacional de protección de
humedales como hábitats de aves acuáticas, celebrado en Ramsar (Irán) en
1971, en una superficie de cerca de 15.000 hectáreas por causa de aves
como la cigüeñuela o el chorlitejo patinegro.
Además, en 2001, en el XII Encuentro de las Partes del Convenio de
Barcelona (Convenio para la Protección del Mar Mediterráneo contra la
Contaminación de 1975), y en relación a su Protocolo sobre zonas
protegidas y biodiversidad, se propuso y declaró como ZEPIM (zona
especialmente protegida de interés para el Mediterráneo) al «Mar Menor y
zona oriental mediterránea de la costa de la Región de Murcia».
Por otra parte, hace ya 15 años que el Mar Menor fue declarado como zona
vulnerable por los vertidos de nitratos conforme a la Directiva de
Nitratos de la UE, y Zona Sensible conforme a la Directiva 91/271/CE,
relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Del mismo modo
la adecuada calidad de sus aguas requiere el cumplimiento de las
directrices de la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE).
La principal causa de la alta contaminación que padece es la eutrofización
producida por la entrada masiva de nutrientes de origen agrario y
ganadero, en menor medida el vertido de aguas y residuos urbanos y la
filtración procedente del subsuelo rica en nitratos. Además el cambio
climático en marcha puede estar contribuyendo a la degradación de la
calidad del agua agravando los impactos procedentes de la contaminación.
En concreto, la proliferación de regadíos ilegales (se calcula que existen
20.000 hectáreas más de regadíos que las censadas oficialmente, unido a
la proliferación de desalobradoras particulares (300 registradas; 700,
según un estudio; y más de 1.000 según otras estimaciones), son gran
causa del agravamiento del problema de contaminación. Los agricultores
desalan y vierten la salmuera y otros desechos a las ramblas que llegan a
la laguna por la acción de las lluvias. A la vez, riegan con
fertilizantes y las aguas con excesos de nutrientes se filtran al
subsuelo.
Durante los más de veinte años de Gobierno del Partido Popular en la
Región de Murcia, la inacción y dejadez institucional ha sido patente
llevando al Mar Menor a una situación de degradación ya. insostenible.
Esta degradación ambiental está ocasionando graves perjuicios a las
actividades económicas que se desarrollan en torno al Mar menor y su
entorno. Es urgente establecer medidas para que los sectores económicos
asociados al turismo, la pesca, la navegación, la agricultura, etc.,
puedan desarrollarse de manera sostenible y sostenida con una adecuada
planificación.
La descoordinación entre las Administraciones competentes, la
Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y la Consejería de
Agricultura, Agua y Medio Ambiente, ambas bajo la responsabilidad del
Gobierno del Partido Popular, requiere adoptar decisiones urgentes de
carácter ejecutivo por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente. La situación es tan extrema como prueba la apertura de
diligencias por parte del Fiscal de Medio Ambiente del TSJ de Murcia, por
un posible delito ecológico en el Mar Menor.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Poner en marcha un Gabinete de Crisis coordinado por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en cuyo seno, más allá de la
firma de convenios, se adopten decisiones urgentes de carácter ejecutivo
inmediato sobre la grave degradación ambiental, social y económica que
sufre el Mar Menor. Dichas decisiones deberán ir enfocadas a la raíz del
problema con el objetivo de reducir sensiblemente la contaminación
agraria en origen; por ejemplo, mediante la implementación de buenas
prácticas agrarias y la puesta en marcha de forma inmediata de un Plan de
gestión en aplicación de la declaración como Zona Vulnerable a la
Contaminación por Nitratos del Campo de Cartagena.
2. Instar a la creación del Consejo del Mar Menor como órgano de control
de vocación indefinida para la adopción de una adecuada planificación y
gestión integral del Mar Menor y su entorno, integrado por
representantes: de las 3 administraciones, estatal, autonómica y local
implicadas; de las instituciones científicas (universidades, IEO, etc.);
de los sectores implicados (agricultores, sector hostelero y turístico,
pescadores, etc.); y del tejido social organizado (Plataforma Pacto
Social por el Mar Menor, grupos ecologistas y ambientales, asociaciones
de vecinos, etc.). Tal y como viene reflejado Plan de Gestión Integral de
los espacios protegidos del Mar Menor y la franja litoral mediterránea
pendiente de aprobación desde hace 1 año.
3. Poner en marcha un Panel Científico de Expertos ad hoc, que actuará
según lo demanden temas concretos en los que no esté claro si hay o no
consenso científico técnico en cuánto a las medidas ejecutivas a adoptar.
Tal y como viene reflejado Plan de Gestión Integral de los espacios
protegidos del Mar Menor y la franja litoral mediterránea pendiente de
aprobación desde hace 1 año.
4. Instar a la Confederación Hidrográfica del Segura a que abra una
investigación sobre la expansión de regadíos ilegales en el sur de la
laguna del Mar Menor como en otras zonas de la Cuenca del Mar Menor.
5. Instar petición a la Secretaría Ramsar a organizar una Misión de
Asesoramiento para determinar el grado de cumplimiento de los compromisos
adoptados por el España en cuánto a la conservación y uso racional del
Mar menor, incluido en la Lista de Humedales de Importancia Internacional
Lista Ramsar.
6. Instar a comunicar con carácter urgente al Centro de Actividades
Regionales para las zonas especialmente protegidas, en cumplimiento del
Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad
biológica en el Mediterráneo (Convenio de Barcelona), la situación actual
de degradación que sufre la ZEPIM Mar Menor y zona oriental mediterránea
de la costa de la Región de Murcia, por estar en peligro los ecosistemas
de la zona protegida y la supervivencia de especies protegidas de flora y
fauna.
7. Comprobar y vigilar el grado de cumplimiento de los objetivos de
calidad de las masas de agua del Mar Menor y su entorno conforme a las
obligaciones exigidas por la Directiva Marco del Agua.
8. Poner en marcha el espíritu de gestión integrada desde el punto de
vista de regulación de usos y que establezca medidas de acción
encaminadas a la resolución de los problemas en origen como ya estableció
en el Estudio de viabilidad que se hizo con ocasión del CAMP Mar menor
(2003), (Programa de Gestión Integrada del litoral del Mar Menor y su
zona de influencia), que después de ser aprobado por la oficina del Plan
de Acción del Mediterráneo y por el Ministerio de Medio Ambiente, fruto
de un trabajo coordinado entre Ministerio de Medio Ambiente, la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y el Centro dependiente del
PNUMA (Programa de Naciones Unidas) para el desarrollo del Convenio de
Barcelona de protección del Mediterráneo, fue bloqueado por el Gobierno
Regional del Partido Popular.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2016.-Javier
Sánchez Serna, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000354
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
a iniciativa de la Diputada doña Rosana Pastor Muñoz y el Diputado don
Jaume Moya i Matas, presentan, al amparo de lo dispuesto en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados,
la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sobre
contratación pública de alimentos con criterios de responsabilidad social
y medioambiental.
Exposición de motivos
I
La compra pública, cumple la función de aprovisionar a las
administraciones para que sean operativas y funcionales y para prestar
servicios públicos, pero además, puede constituir un instrumento básico
para avanzar en los objetivos estratégicos de esas mismas
administraciones, ya sean sociales, medioambientales o económicos y
apoyar y complementar actuaciones previstas en otros ámbitos y planes
estratégicos.
La introducción de criterios ecológicos, de sostenibilidad y de justicia
alimentaria en los pliegos de condiciones de la compra pública es una
recomendación de la CE, siempre que se respeten las regulaciones
nacionales y europeas y los principios fundamentales del libre comercio,
fijados en los acuerdos de fa Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) y en el Tratado de la Unión Europea.
Las Administraciones públicas son unos agentes con un poder decisivo,
puesto que su potencial de compra de producto las hace estratégicamente
decisivas en su intervención en el mercado de alimentos. Los diversos
servicios de restauración colectiva que asumen las administraciones
(centros educativos, hospitales, centros penitenciarios, etc.) las sitúan
como el primer consumidor de alimentos del Estado, por lo que su
responsabilidad como agente dentro del mercado de productos del sector
primario no puede, ni debe, soslayarse.
En el Estado español se calcula que el gasto público anual en alimentos
oscila entre 2.000 y 3.000 millones, lo que equivale aproximadamente al
0,3 % del PIB. La inversión de este gasto en canales cortos de
comercialización, supondría una herramienta definitiva para crear,
fortalecer y extender una red de mercados locales viables, con unas
consecuencias importantes a nivel económico, social, medioambiental y
cultural y apoyando al tejido empresarial de pequeña escala existente
desde antaño en el territorio rural, en gran medida vinculados al sector
primario.
II
La producción de alimentos a partir de estructuras agrarias de tipo
familiar, pequeñas y medianas, atomizadas a lo largo de la geografía
estatal, es la base sobre la que se ha sustentado la supervivencia de la
población en el medio rural y debe seguir siendo un foco de atención
prioritaria en la agenda política de gobierno. A ello se suma la
conveniencia de mantener y potenciar la vitalidad de los territorios
rurales
y favorecer unas condiciones de vida dignas dentro de los sectores de
producción, a fin de alcanzar el objetivo de equilibrio territorial y
justicia social, al mismo tiempo que son elementos de ayuda en la lucha
contra el cambio climático y la racionalización del consumo energético.
Algunos de los beneficios ambientales de los sistemas alimentarios locales
son la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero (recordemos
que el sistema alimentario globalizado representa casi la mitad de las
emisiones), una menor demanda energética de energía fósil (la base del
sistema alimentario globalizado es el petróleo necesario para
fertilizantes, plaguicidas, mecanización, transporte o envasado), una
menor contaminación (la principal industria contaminante a escala europea
es la alimentaria, según el estudio de la UE: «Environmental Impact of
Products EIPRO Analysis of the life cycle environmental impacts related
to the final consumption of the EU-25») y el freno a la alarmante pérdida
de biodiversidad agrícola y de espacios agroambientales (la misma
Comisión Europea evalúa el coste de la pérdida de biodiversidad entre 1,5
y 3,5 billones de euros anuales).
En cuanto a los beneficios socioeconómicos, constatamos que los mercados
locales generan más empleo local y más diverso, más economía local (por
cada euro que se invierte en estos sistemas se llegan a generar más del
doble de ingresos locales que en el sistema globalizado) y suponen una de
las pocas salidas para un sector agrario en crisis desde hace años y
abandonado al enorme poder que ostenta la industria y la distribución en
la cadena agroalimentaria dominante. Además, socialmente, potencian el
conocimiento directo entre productores, elaboradores y consumidores, así
como otros actores que puedan intervenir en la cadena alimentaria,
fortalecen las relaciones comunitarias, la información y el conocimiento
sobre los procesos y los costes, y promueven la educación y/o reeducación
sobre el sistema agroalimentario que permite tomar decisiones sobre la
alimentación de manera autónoma y responsable.
En cuanto a la salud, es importante no olvidar los beneficios que
proporcionan de los productos frescos, ya que cuanto más compleja y larga
es la cadena alimentaria, más riesgo existe para la conservación de la
calidad de los alimentos y para el mantenimiento de su punto óptimo de
nutrientes.
III
Actualmente, las normativas sanitarias europeas permiten en base a estas
consideraciones, más flexibilidad a los mercados locales justamente por
su menor riesgo respecto a sus colegas globales.
De hecho, estos conceptos fueron ya reconocidos por nuestra legislación
cuando por Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público se fijó la
posibilidad de que los poderes adjudicadores pudieran introducir
requerimientos de carácter ambiental y social en las licitaciones
públicas, y, un año más tarde (por la Orden PRE/116/2008, de 21 de enero
de 2008) se establecía un plan de contratación pública verde. También el
Senado del Reino de España, en su Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación, aprobaba en 2012 una moción instando al Gobierno a fomentar
la relación directa entre productores y consumidores, impulsando
iniciativas de comercialización directa o de radio corto.
La Unión Europea, por su lado, a través de la Directiva 2014/24/UE,
reafirmó la consideración que la contratación pública desempeña un papel
clave en la Estrategia Europa 2020. La directiva parte de la necesidad de
modernizar las normas vigentes sobre contratación pública a través de
garantizar seguridad jurídica, incrementar la eficiencia en el gasto
público, facilitar la participación de las Pymes en los concursos e
incentivar a los poderes adjudicadores a utilizar este procedimiento como
motor de apoyo a las políticas sociales coherentes con los objetivos
comunes de la Unión Europea. En este sentido, siendo coherente con sus
objetivos, recomienda a los poderes adjudicadores que a la hora de
decantarse por la mejor oferta del concurso sitúen el centro de atención
el llamado criterio verde y no únicamente los costes básicos de
producción y márgenes respectivos; de esta manera, recomienda considerar
los costes relativos a la adquisición, utilización, mantenimiento y todos
aquellos relativos a los de final de vida útil, como la recogida y el
reciclado.
A propósito de los principios de contratación, en el artículo 18 de dicha
Directiva se fijan los ejes generales que deberán regir toda adjudicación
(trato de igualdad y no discriminatorio), así como las medidas necesarias
para garantizar que en la ejecución de los contratos públicos los
adjudicatarios cumplan adecuadamente con la normativa internacional y
europea, así como también con la propia regulación nacional en materia
medioambiental, laboral y social.
En este mismo sentido, y dentro del ámbito de sus competencias, algunas
comunidades autónomas del Estado español han desarrollado sus
iniciativas. Por ejemplo, Catalunya, que en diciembre de 2013 aprobó la
«Propuesta de resolución sobre la incorporación de alimentos de
proximidad en las compras de
la Administración y sobre la elaboración de un plan de contratación
pública alimentaria a la Administración catalana», con un plan de 2015,
que insta a incorporar cláusulas para reforzar la compra de productos de
calidad y de proximidad. Por su parte, el Gobierno Vasco, en 2011,
desarrolló el primer «Programa de Compra y Contratación Pública Verde
2011-2014». También la Junta de Andalucía, que desde 2006 ya cuenta con
su «Programa de compra pública responsable» desarrollado en el
abastecimiento de alimentos y servicios de catering, ha elaborado una
Guía para la Compra Pública Responsable de Andalucía y el consiguiente
plan de acción.
Más allá de nuestras fronteras, la ley de contratos públicos («Public
Contracts Regulations») del Reino Unido, que entró en vigor el 26 de
febrero del 2015, traspone al derecho interno la Directiva europea
2014/24 sobre contratación pública. También son referentes las
iniciativas en la región de Rhóne-Alpes, en Francia, donde el plan
atiende la demanda de alimentos de más de 6 millones de personas a través
de recursos locales, o en la Emilia-Romagna, en Italia, que se centra en
la introducción de alimentos ecológicos locales y tradicionales en los
servicios de comedores escolares.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que impulse la
contratación pública de alimentos con criterios de responsabilidad social
y medioambiental a través del desarrollo de un Pian de Contratación
Pública Alimentaria que complemente, amplíe y actualice el existente Plan
de Contratación Pública Verde que se aprobó en Consejo de Ministros, de
11 de enero de 2008. Dicho plan incorporará los avances de la revisión de
los UE Green Public Procurement Criteria for Food and Catering
Services, que en la actualidad está elaborando la CE.
Las acciones tendrán que revertir sobre objetivos concretos y un
calendario que defina los procesos necesarios para garantizar la
intervención de los actores sociales involucrados y a tenor de las nuevas
directivas fijará claramente las consideraciones sociales y ambientales
en los pliegos de contratación, en arreglo a las siguientes secciones:
1. Objeto del contrato.
2. Especificaciones técnicas obligatorias y valorables.
3. Criterios de selección de los licitadores.
4. Criterios de adjudicación del contrato.
5. Cláusulas de ejecución del contrato.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2016.-Jaume
Moya Matas y Rosana Pastor Muñoz, Diputados.-Francesc Xavier Domènech
Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea.
161/000368
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa del Diputado don Pedro Arrojo Agudo, presenta, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de
Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, relativa al desarrollo y aplicación
efectiva de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de desarrollo sostenible
del medio rural.
Exposición de motivos
La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de desarrollo sostenible del medio
rural, parte de la constatación de que el medio rural español sigue
mostrando un diferencial de desarrollo con respecto al medio urbano. y
que es especialmente acusado en determinadas zonas rurales calificadas
como zonas a revitalizar. El despoblamiento y la desertización de muchas
comarcas rurales, el alto índice de envejecimiento de su población, la
baja tasa de actividad económica y su escasa diversificación, así como la
disminución constante de su población activa, los altos índices de
desempleo entre la población juvenil, y la falta de oportunidades para
este sector poblacional.
La baja calidad y escasa cobertura de los servicios públicos en especial
sanitarios, educativos y culturales, unido a la vulnerabilidad mayor de
las personas ancianas en este contexto y las dificultades para
desarrollar una vida en igualdad de condiciones para las mujeres, son
todas razones que la ley argumenta para una política rural integral. La
ley pone de manifiesto la necesidad de realizar un cambio en el enfoque
de las políticas públicas para atender a territorios y poblaciones con un
enfoque fundamentalmente territorial e integral. En este sentido, la ley
establece las bases de una política rural propia, como política de
Estado, plenamente adaptada a las condiciones económicas, sociales y
medioambientales particulares del medio rural español, que permita
complementar la aplicación de los instrumentos de las políticas europeas
y de las políticas sectoriales convencionales, para procurar un
desarrollo sostenible del medio rural.
La elaboración y promulgación de la ley contó con un amplio consenso y
apoyo de los diversos sectores sociales y económicos implicados, los
distintos agentes y organizaciones activos en el territorio rural, así
como de las organizaciones agrarias y profesionales del sector primario y
el conjunto de administraciones locales.
La ley se aplica, y por tanto beneficia de manera potencial a 7.869
municipios que reúnen los criterios definidos en la ley para incluirse en
zonas rurales a revitalizar, zonas rurales intermedias o zonas rurales
periurbanas, sus beneficios alcanzan a un total de 10.579.281 habitantes
y su aplicación se extiende a un 84,5 % del territorio.
La ley se convirtió en Ley Orgánica con la promulgación de la Ley Orgánica
16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la ley de desarrollo
sostenible del medio rural, y se complementa con otras normas de
desarrollo y concordantes, en concreto, la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, de Patrimonio Natural y la Biodiversidad; el Real Decreto
865/2008, de 23 de mayo, por el que se regula la composición, funciones y
funcionamiento de la Comisión Interministerial para el Medio Rural, del
Consejo para el Medio Rural, y de la Mesa de Asociaciones de Desarrollo
Rural, organismos previstos en la ley para la coordinación, y seguimiento
en su aplicación y participación de las entidades y agentes sociales, y
el Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el
contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo
sostenible del medio rural a través de la figura de agricultura de
contrato territorial.
Por medio del Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, se aprueba el primer
programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014 en
aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo
sostenible del medio rural, tras haber sido informado favorablemente por
los tres órganos de coordinación y participación creados por la ley: la
Comisión Interministerial para el Medio Rural, la Mesa de Asociaciones de
Desarrollo Rural y el Consejo para Medio Rural.
El Programa de Desarrollo Sostenible para el periodo 2010-2014 prevé un
total de 102 medidas; 53 de competencia autonómica y 49 de carácter
estatal, que debe suponer un impulso para el desarrollo en las zonas
rurales y, prioritariamente, en las que padecen un grado mayor de atraso
relativo, cualquiera que sea su localización dentro del territorio
español, garantizando una mejora de las condiciones de vida de sus
habitantes a través del desarrollo y mejora de las estructuras y
capacidades productivas, los servicios, la infraestructuras y los valores
ambientales, que facilite el desarrollo de todas las potencialidades
endógenas del territorio.
Con la aprobación del Programa 2010-2014, se puso en marcha por parte de
las Comunidades Autónomas y las zonas rurales identificadas el proceso de
elaboración de los respectivos Planes de Zona de acuerdo instrumento
previsto en el artículo 12 de la Ley 45/2007 en el que se establece la
figura de las Directrices Estratégicas Territoriales de Ordenación Rural
(DETOR). Las Comunidades Autónomas habían comunicado al Ministerio el
estado de aplicación del Programa en sus respectivos territorios,
incluyendo en algunos casos un enlace a su propia página web donde
localizar información más detallada sobre la organización adoptada por la
comunidad autónoma, o el proceso de elaboración de los Planes de Zona. El
Ministerio publicó en enero de 2012 un informe resumen sobre el estado de
aplicación del Programa de Desarrollo Sostenible.
A partir de este punto y tal y como figura en el Real Decreto 752/2010 se
suscriben los Convenios de Colaboración entre las administraciones
implicadas para la implementación de los planes de zona que debían
finalizar a 31 de diciembre de 2014 si la firma fue anterior al 1 de
octubre de 2010, y hasta 31 de diciembre de 2015 si fue posterior,
pudiendo prorrogarse su ejecución en cualquier caso a propuesta motivada
de la Comisión de Seguimiento, hasta un año más para permitir la correcta
finalización de las actuaciones que no fueran a encontrarse finalizadas
en dicha fecha. En tal caso, las actuaciones deben finalizar antes de que
finalice dicho periodo de prórroga, y ser justificadas antes del 31 de
marzo del año natural siguiente. Por lo tanto y de acuerdo al calendario
inicial previsto en el Real Decreto mencionado, los Planes de Zona
aprobados y el Programa Nacional de Desarrollo Sostenible del Medio Rural
2010-2014 debió finalizar en su totalidad o en gran parte a 31 de
diciembre de 2015.
Por último el capítulo 7 del Real Decreto 752/10 establecía un marco
presupuestario y financiero básico para todo el periodo de acuerdo a una
distribución entre la financiación de las actuaciones de la
Administración General del Estado, Actuaciones Competencia de las
Comunidades Autónomas y Actuaciones declaradas de Interés General. Este
marco presupuestario debía actualizarse en los sucesivos Presupuestos
Generales del Estado para cada una de las anualidades.
A pesar de la condición de interinidad del gobierno en funciones, la
realidad del medio rural merece, como así lo demostró el proceso de
aprobación de la ley, el consenso y compromiso del conjunto del
parlamento en el que debe comprometerse para revitalizar el Pacto de
Estado por un Mundo Rural Vivo que representa la Ley 45/2007 de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
Todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar ante esta Cámara un informe de seguimiento y evaluación
actualizado, de la ejecución de las actuaciones previstas en el Primer
Programa de Desarrollo Sostenible del Medio Rural que permita al conjunto
de las fuerzas políticas, representadas en el Congreso de los Diputados,
tener una información actualizada del estado de aplicación.
2. Presentar el informe de evaluación de impacto en las zonas rurales
identificadas en el Primer Programa de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural de las medidas aplicadas en ejecución del Programa.
3. Presentar un informe de seguimiento de la ejecución de las actuaciones
de la AGE prorrogadas durante el 2015 y la previsión de finalización de
las pendientes.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2016.-Pedro
Arrojo Agudo y Diego Cañamero Valle, Diputados.-Íñigo Errejón Galván,
Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.
161/000372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de doña Ángela Rodríguez Martínez y a través de su
portavoz doña Alexandra Fernández Gómez, al amparo del artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para frenar la expansión
del eucalipto en Galicia, para su debate en la Comisión de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
En las últimas décadas se ha registrado una gran expansión del eucalipto
en Galicia, la Comunidad con mayor superficie de eucaliptales del Estado.
En el primer Inventario Forestal Nacional (IFN I) de 1972/1973, el
eucalipto estaba presente en un total de 131.181 Ha. Para el segundo,
realizado en Galicia en los años 1997 y 1998, el eucalipto se había
extendido ya por 396.344 Ha, el 28 % de la superficie arbolada gallega.
En vista de los datos provisionales disponibles, a finales de 2015 la
superficie de eucaliptales en Galicia podría acercarse a las 500.000 Ha.
Parte de esta área es ocupada por eucaliptos fuera de plantación, es
decir, silvestres, que crecen muchas veces después de incendios, como
ocurre con otras especies pirófilas.
Las plantaciones de eucaliptos en Galicia suponen más de la mitad (52 %)
de las existentes en el Estado y, solo por especie, en la Península
Ibérica se localiza el 53 % de la superficie mundial de «Eucalyptus
globulus», más que en toda Australia. Además, en los últimos tiempos, una
nueva especie de eucalipto, el «Eucalyptus nitens», viene a sumarse a las
plantaciones, llegando a espacios antes vetados para el «E. globulus»,
dada su mayor resistencia al frío.
El aumento imparable del eucalipto se relaciona con el abandono agrario e
con el declive del medio rural gallego, caldo de cultivo para el negocio
de la pasta de eucalipto. La falta de un modelo productivo sostenible,
multífuncional y socialmente inclusivo, hace que el destino de montes y
tierras agrícolas sea
el monocultivo, singularmente de eucalipto, sustituyendo a las frondosas
autóctonas. Esto sucede ante la pasividad, cuando non complicidad de la
Xunta de Galicia, permisiva con el incumplimiento de las normas y que con
la reforma del Pian Forestal de 1993 pretende fortalecer las plantaciones
de «E globulus», consolidar el «E. nitens», promover la biomasa y
extender los cultivos energéticos.
Conscientes de la gravedad del problema y de la necesidad de pararle los
pies al avance eucalipto en Galicia para garantizar la biodiversidad y la
persistencia de un mundo rural vivo, formulan la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Iniciar el procedimiento legalmente previsto para la inclusión del
Eucalyptus nitens en el Catálogo Español de Especies Exóticas
Invasoras, aprobado por el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, con
ámbito de aplicación en Galicia, en tanto que especie exótica e invasora,
peligrosa para el mantenimiento de la biodiversidad y la funcionalidad de
los ecosistemas gallegos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2016.-Ángela
Rodríguez Martínez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000307
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para
presentar al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente
Proposición no de Ley sobre prestación sanitaria en los centros
penitenciarios, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios
Sociales.
Exposición de motivos
El modelo de sanidad pública, universal y gratuita que ha convertido a
nuestro país en un referente internacional ha ido siendo cercenado a
golpe de recortes por el Partido Popular. De lo público estamos pasando a
la gestión privada midiendo la salud en términos de coste beneficio
económico, de la universalidad a establecer criterios de acceso que por
primera vez han dejado fuera de la cobertura sanitaria a cientos de miles
de personas en nuestro país y de la gratuidad al copago.
A día de hoy, no todas las personas que viven en nuestro país tienen
garantizada la misma cobertura sanitaria. Un buen ejemplo es la población
reclusa.
Según el criterio establecido por el Ministerio del Interior a través de
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en una instrucción
enviada a todos los centros penitenciarios firmada el 1 de junio de 2016,
se establece la obligación de obtener un visado para dispensar los
fármacos que no estén recogidos en la Guía Farmacoterapéutica de
Instituciones Penitenciarias. En caso de que el Ministerio deniegue esa
autorización, la instrucción sostiene que sea el paciente quien pague el
medicamento.
Esta instrucción viene a sustituir a una previa de septiembre de 2011
anulada parcialmente por el Tribunal Supremo al considerar los jueces que
ninguna instrucción puede permitir la sustitución de los medicamentos
prescritos por el médico en unos términos menos estrictos que los fijados
en la Ley.
Lo cierto es que la aplicación estricta de la instrucción de 2011 por
parte de Instituciones Penitenciarias, ha permitido al Gobierno del
Partido Popular recortar en gasto farmacéutico 8.107.595 millones de
euros entre los años 2011 y 2014, según datos aportados por el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas. Lo cierto, también, es que la
orden emitida en junio de 2016, que viene a ser una suerte de ardid para
eludir la sentencia del Tribunal Supremo mencionada, no hace otra cosa
que justificar la política de recortes con el agravante de dejar abierta
la puerta para que sean los reclusos quienes paguen sus
tratamientos. Y no menos cierto es que la nueva instrucción dada por el
Ministerio del Interior profundiza en la desigualdad de derechos entre
unas personas y otras a la hora de recibir un tratamiento médico.
Con la instrucción dada por el Ministerio del Interior, el Gobierno está
permitiendo que en los centros penitenciarios se originen las siguientes
situaciones:
- Dificultad para el control de los pacientes de nuevo ingreso con
tratamientos crónicos cuya medicación no coincida con la indicada en la
Guía Farmacoterapéutica de Instituciones Penitenciarias.
- Imposibilidad de prescribir nuevos tratamientos con mejor perfil
terapéutico y menores efectos secundarios por no estar recogidos en la
Guía.
- Sustitución de tratamientos prescritos derivados de las consultas que se
realizan en el medio hospitalario a los internos sin contar en ningún
caso con el especialista prescriptor.
Y además de lo anterior, la instrucción de Junio de 2016 entendernos que
vulnera las siguientes normativas:
- Artículo 208 del Reglamento Penitenciario, en el que se indica que «a
todos los internos sin excepción se les garantizará una atención
médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población.
Tendrán igualmente derecho a la prestación farmacéutica y a las
prestaciones complementarias básicas que se deriven de esta atención.» Y
es que a pesar de que a un interno se le prescriba un producto financiado
por el Sistema Nacional de Salud este le puede ser denegado por la
Institución Penitenciaria amparándose en la Guía Farmacoterapéutica.
- Se toma de facto a la Guía como el principio máximo regulador de los
tratamientos, haciendo una interpretación sesgada de lo establecido en la
Ley 29/2006, de 26 de julio de garantías y uso racional de los
medicamentos, obligando incluso a los médicos no pertenecientes a la
Institución a ceñirse a lo establecido en esa guía para la prescripción
de medicamentos y, en su caso, que sea el interno quien pague su
tratamiento en caso de no estar recogido en la guía.
- Se establece un sistema de visado previo cuya competencia corresponde de
manera exclusiva al Ministerio de Sanidad según Real Decreto 618/2007, de
11 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el
establecimiento, mediante visado, de reservas singulares a las
condiciones de prescripción y dispensación de medicamentos.
La propensión del Gobierno a la búsqueda constante del recorte
presupuestario en el sistema de salud público y la situación actual de
indefinición competencia! en la prestación sanitaria en los centros
penitenciarios no ayudan a solucionar los problemas que padecen
profesionales y pacientes, y esto contribuye a profundizar cada vez más
la distancia existente entre los reclusos y las personas en libertad a la
hora de recibir un tratamiento médico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Paralizar de manera inmediata todas aquellas instrucciones emitidas por
el Ministerio del Interior que incumplan lo establecido en el artículo
208 del Reglamento Penitenciario.
2. Anular la emisión de visados para autorizar la prescripción de
medicamentos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2016.-Jesús
María Fernández Díaz, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
161/000328
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Roldán Monés, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente Proposición no de Ley sobre la continuidad de tratamiento a
pacientes participantes de ensayos clínicos, para su debate en la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Los pacientes que colaboran en la realización de ensayos clínicos de
nuevas alternativas terapéuticas sufren en la actualidad la absurda
paradoja de tener que suspender el tratamiento, o superar arduos trámites
burocráticos hasta la autorización de comercialización definitiva del
mismo, para poder continuar con él en el caso de que este haya resultado
efectivo. Se da la paradoja de que su esfuerzo no se ve recompensado y
que la industria farmacéutica suspende en ocasiones el suministro del
medicamento hasta su definitiva autorización de financiación y precio por
parte de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos.
En el caso de los medicamentos huérfanos esta situación es especialmente
sangrante al no poder contar el paciente con alternativas terapéuticas
eficaces. Desde ciudadanos creemos que esta situación genera una
injusticia para con quienes se han sometido voluntariamente al ensayo
clínico y desincentiva, además, la participación en dichos ensayos. El
Real Decreto 1090/2015, que regula la realización de ensayos clínicos en
nuestro país no recoge entre los requisitos necesarios para la
realización del mismo, explicitados en el artículo 17, la obligatoriedad
de continuar con el suministro del fármaco en estos casos. Desde el Grupo
Parlamentario Ciudadanos consideramos que este tratamiento debe
garantizarse en ese periodo de tiempo, debiendo ser aprobado por el
comité de ética responsable del ensayo, quien valorará la petición del
médico responsable del paciente a la vista de los resultados del ensayo y
hasta la aprobación definitiva por parte del Sistema Nacional de Salud.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos propone la
siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el Real
Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos
clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con
medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos de forma que
aquellas personas que participen en ensayos clínicos puedan seguir
disfrutando del fármaco utilizado desde que finaliza el ensayo, hasta que
es comercializado.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2016.-Antonio
Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000329
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre la paralización de la implantación
del Real Decreto sobre la prescripción enfermera, para su debate en la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
En el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 23 de diciembre de 2015 se
publicó el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula
la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y
productos sanitarios de uso humano por parte del personal de enfermería y
cuya entrada en vigor tiene efectos desde 24 de diciembre de 2015. Lo que
implica que la actuación del personal de enfermería tiene que ceñirse
obligatoriamente a lo dispuesto en el mismo. El Real Decreto fue
modificado unilateralmente por el Ministerio de Sanidad en contra de lo
que estaba consensuado con la Mesa de la Profesión Enfermería y en contra
de todos los Consejeros de Sanidad que habían dado su aprobación (en
concreto un total de 12 CCAA) y el rechazo en bloque de todos los
partidos de la oposición (PSOE, Cs, Podemos, IU y UPyD).
Los términos del Real Decreto son de obligado cumplimiento, lo que supone
que la práctica asistencial diaria del personal de enfermería conlleva a
que el artículo 3 del citado Real Decreto establece que el personal de
enfermería solo podrá usar o indicar un medicamento sujeto a prescripción
médica si, con carácter previo, el médico ha reseñado en la historia
clínica el diagnostico, la prescripción y el protocolo o guía de práctica
clínica y asistencial a seguir de manera diferenciada para cada paciente.
La entrada en vigor del Real Decreto, establece importantes condiciones
que deben ser siempre tenidas en cuenta por los profesionales de
enfermería, quienes no pueden usar ni indicar un fármaco sujeto a
prescripción médica si el médico no ha determinado previamente el
diagnóstico y ha realizado la correspondiente prescripción para cada
paciente. Es decir, en estas circunstancias, el personal de enfermería
debe llamar al médico y esperar a que este refleje todo ello en la
historia clínica o en otros documentos sanitarios que tengan validez
legal. Además a fecha de hoy no se cuenta con protocolos o guías de
práctica clínica y asistencial aprobados a nivel nacional y publicados en
el «Boletín Oficial del Estado».
La vigencia de este Real Decreto afecta directamente a situaciones
asistenciales (realizadas con medicamentos sujetos a prescripción médica,
que deben contar con una prescripción específica del médico para cada
paciente), tales como: la administración de vacunas o protocolo de
vacunación, la atención de las matronas en los partos de forma autónoma,
el uso de cremas para curar heridas, quemaduras o úlceras por presión, la
regulación de medicación a los pacientes crónicos en las consultas
(pacientes diabéticos o anticoagulados), el uso de todo tipo de heparinas
para el mantenimiento de vías periféricas o centrales. Por citar solo
unos ejemplos.
Este Real Decreto supone un grave perjuicio para todos los ciudadanos, los
pacientes y el sistema sanitario en su conjunto. Generando además una
situación de incertidumbre e inseguridad jurídica para el personal de
enfermería.
Por todo ello, por la situación actual que el Real Decreto 954/2015 ha
generado en el Sistema Sanitario español, solicitamos que el mismo se
deje sin efecto y que se inicien las nuevas negociaciones en las que se
integren todos los actores del Sistema Sanitario Español para recuperar
el dialogo roto y alcanzar un nuevo texto que cuente con el apoyo y
consenso de todos los interlocutores, incluyendo en la negociación a las
Asociaciones de Pacientes, ya que no debemos nunca olvidar que los
pacientes, los ciudadanos deben ser el eje principal sobre el que pivoten
todas las políticas sanitarias que se lleven a cabo.
Por todo lo anterior, se insta al Gobierno a
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Paralizar o derogar el Real Decreto 954/2015 por las graves
consecuencias que puede tener la aplicación del mismo sobre la atención a
la salud de los ciudadanos.
2. Retomar las negociaciones con los representantes de la profesión médica
y de enfermería, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, ampliando la interlocución a todos los actores del Sistema
Sanitario Español (Sociedades Científicas, Facultades de Medicina y
Enfermería, Sindicatos, Organizaciones Colegiales, representantes de
alumnos, Comisiones de Especialidades, representantes de las Fuerzas
Armadas y Sanidad Militar, etc.) y asociaciones de pacientes con el
objetivo de armonizar y garantizar la seguridad jurídica del trabajo
diario del personal sanitario no facultativo.
3. Convocar una sesión extraordinaria del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud con el fin de restablecer el consenso roto
sobre este asunto por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
4. Convocatoria de un Consejo Interterritorial extraordinario y urgente
con el fin de restablecer el consenso roto con la modificación unilateral
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del vigente Real
Decreto.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2016.-Antonio
Roldán Monés, Portavoz del Grupo Ciudadanos.
161/000330
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre la regulación de la publicidad y el
funcionamiento de las clínicas dentales en España, para su debate en la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El pasado 29 de enero la Policía detenía al responsable de las clínicas
Funnydent acusado de un delito de estafa. El pasado 16 de febrero se
detenía al responsable de las clínicas Vitaldent acusado de blanqueo de
dinero y fraude. El 30 de diciembre de 2014 se detenía a dos miembros del
consejo de administración de un grupo de clínicas dentales en Barcelona
por falsificación y delitos fiscales. El Colegio de Odontólogos de Madrid
informó en diciembre que durante el año 2015 se habían registrado quince
denuncias por intrusismo y ciento noventa y una reclamaciones de
pacientes. El Colegio de Odontólogos de la VIII región, relativo a las
provincias de Castilla y León, señala que más del 80 % de las
reclamaciones de los últimos tres años proceden de franquicias, lo que
supone un porcentaje muy superior al de su cuota de mercado en la misma.
Las quejas por la calidad asistencial que prestan estas clínicas
franquiciadas y el intrusismo profesional no son los únicos problemas
detectados. El Colegio de Odontólogos de Madrid señala que durante el año
2015 se abrieron treinta y tres expedientes por publicidad engañosa en
estas clínicas. Una práctica que dista de ser residual. La publicidad de
dichas franquicias dista mucho de ajustarse a lo estipulado en nuestras
leyes. Un informe, publicado en el año 2014 por el Consejo General de
Odontólogos, y remitido al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, contenía más de cincuenta ejemplos sobre transgresiones legales
en la publicidad de este tipo de clínicas. Existen casos acreditados de
un año de demora en abrir inspecciones a centros de estas
características. Está también acreditado que es frecuente la
sobreindicación de tratamientos, como los implantes, a pacientes con
escasos recursos económicos que en muchas ocasiones se ven obligados a
firmar contratos de financiación de tratamientos muy costosos antes de
que estos sean realizados. Unas prácticas que dejan en situación de grave
indefensión a los usuarios de estos servicios y comprometen la reputación
asistencial del resto de profesionales.
Los países de nuestro entorno regulan con mucho mayor rigor tanto el
funcionamiento de estas clínicas como su publicidad estando, por ejemplo,
prohibida la misma en países como Bélgica, Francia, Islandia Grecia o
Portugal.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proceder a prohibir por ley, instando a llevar a cabo las
modificaciones legales pertinentes en la normativa sanitaria, la
publicidad en medios no especializados de las clínicas dentales.
2. Prohibir cualquier publicidad de instituciones sanitarias en cualquier
medio, que incluya ofertas económicas, rebajas, premios, o cualquier otro
tipo de atractivo económico.
3. Prohibir así mismo la obligatoriedad de firmar acuerdos de financiación
para tratamientos no realizados, así como el pago por anticipado de los
mismos.
4. Obligar a que sean transparentes y accesibles al público el nombre y
número de colegiado de los especialistas en odontología que están al
frente de dichas clínicas.
5. Dictar instrucciones a la inspección de trabajo para que revise la
existencia de falsos autónomos al servicio de dichas clínicas.
6. Establecer un portal de transparencia en el que figuren
obligatoriamente el tipo, número y porcentaje de tratamientos realizados
en las clínicas dentales.
7. Obligatoriedad por parte de los colegios de Odontólogos de llevar un
registro de reclamaciones realizadas en cada uno de ellos y que éste sea
accesible al público general.»
Palacio del Congreso de los Diputados,15 de septiembre de 2016.-Antonio
Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000331
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre la protección de las personas
afectadas por la talidomida, para su debate en la Comisión de Sanidad y
Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Durante el periodo 1955-1963 se produjo en España un elevado número de
casos de nacimientos con embriopatías severas producidas por la ingestión
materna de un fármaco sedante cuyo principio activo, la talidomida, fue
sintetizado por la Compañía alemana Grunnenthal. Las lesiones producidas
por dicho fármaco en los bebés reproducían un patrón muy característico y
extremadamente infrecuente en otras embriopatías. Se trata de lesiones
severas con acortamiento de extremidades o ausencia de las mismas en un
patrón conocido como «focomelia» o «amelia» así como otras malformaciones
menos frecuentes.
La deficiente organización sanitaria de nuestro país en aquellos años hizo
que se retrasara indebidamente la retirada del fármaco, hasta tal punto
que la última orden de retirada emitida por el ministerio tiene fecha tan
tardía como 1985, treinta años más tarde de los primeros nacidos con
estas embriopatías. Estos hechos supusieron un aumento innecesario del
número de víctimas. Además, en el caso de nuestro país, se produce el
hecho de que la falta de cultura cívica y la ausencia de asociaciones de
pacientes dejaron en la indefensión a este grupo de pacientes durante
décadas. No es hasta 2010 que se promulga el Real Decreto 1006/2010, de 5
de agosto, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a
las personas afectadas por la talidomida en España durante el periodo
1960-1965, en donde por primera vez se reconoce a las víctimas de la
talidomida y se abre un plazo de escasamente un mes (agosto-septiembre)
para su inclusión en un registro de víctimas. Por otra parte los elevados
requisitos exigidos por Grunnenthal a la hora de conceder ayudas e
indemnizaciones por este fármaco hacen que solo una decena de pacientes
estén recibiendo la misma, existiendo también una notable desproporción
entre los casos reconocidos en nuestros nacionales y los casos
reconocidos en otros países europeos. Los afectados reunidos en AVITE
inician un proceso legal que finaliza con una sentencia del Tribunal
Supremo declarando la prescripción del delito. Consecuencia de todo ello
más de un centenar de pacientes se encuentran sin reconocimiento de
víctimas de la talidomida y portadores de graves lesiones que limitan
seriamente sus capacidades. Creemos que es evidente la responsabilidad
del Estado en este caso y que es de justicia reconocer el daño causado e
indemnizarlo debidamente así como solicitar formalmente a Grunnenthal que
asuma la necesidad de colaborar en la reparación del daño causado.
Por todo lo anterior, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reabrir con urgencia el registro contenido en el Real Decreto
1006/2010, de 5 de agosto, para ampliar el alcance, las condiciones y el
procedimiento para el reconocimiento a las personas que sufrieron
malformaciones corporales durante el proceso de gestación compatibles con
las descritas para la talidomida, en el periodo 1955-1985, y cuyo origen
no pueda ser explicado por otras embriopatías o alteraciones
cromosómicas.
2. Que a los efectos de su determinación se constituya una unidad de
diagnóstico de daños por talidomida en colaboración con las comunidades
autónomas, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud.
3. La unidad que se cree, tendrá en cuenta criterios científicos aceptados
internacionalmente.
4. Proceder a indemnizar a los pacientes de acuerdo a una tabla de
valoración de discapacidad, así como a pagar prestaciones justas que
procedan, y todo ello en el plazo máximo de 2018.
5. Facilitar en lo posible los tratamientos rehabilitadores y
ortoprotésicos, así como eliminar el copago en otras prestaciones
originadas por sus lesiones, mediante las modificaciones legales
oportunas.
6. Analizar las exenciones fiscales y tributarias sobre las eventuales
percepciones dinerarias, prestaciones y/o indemnizaciones percibidas por
las víctimas de la talidomida.
7. Abrir un periodo de negociación con la compañía Grünenthal, a fin de
que esta asuma y contribuya económicamente a la reparación del daño
causado.
8. Reconocer el trabajo y la contribución que todas las personas afectadas
y sus familiares han tenido a lo largo de todos estos años, tanto para
reivindicar su derecho a un justo resarcimiento por el daño causado como
por la contribución que han hecho a mejorar el sistema de
farmacovigilancia y evitar que situaciones como la de la talidomida
pudieran llegar a reproducirse.
9. Crear un comité de seguimiento en el que participen las asociaciones de
víctimas, a fin de velar por el correcto cumplimiento de esta
iniciativa.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2016.-Antonio
Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000332
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley relativa a la lucha contra la obesidad
infantil, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La obesidad se ha convertido en una epidemia endémica de los países
desarrollados. Las muertes derivadas del sobrepeso y la obesidad son la
principal causa de muerte en todos ellos. Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS), la obesidad mundial se ha duplicado desde 1980. De
hecho, para el año 2014 calculaban que más de 1.900 millones de adultos
poseían sobrepeso, de los cuales 600 millones eran obesas, es decir, casi
el 40 % de la población adulta mundial. A estas cifras deben añadirse las
relativas a la obesidad infantil. Según la OMS para esa fecha los menores
de cinco años que poseían sobrepeso u obesidad ascendían a 42 millones.
Incrementándose esta cifra año a año no solo en los países desarrollados,
sino también en los países en vías de desarrollo y subdesarrollados.
Como bien son conocidas, las causas del sobrepeso y la obesidad son
fundamentalmente dos:
- Un incremento de la densidad energética de los alimentos, aumentando la
cantidad de grasas que contienen.
- Un descenso de la actividad física y aumento del sedentarismo debido al
ritmo de vida impuesto por las principales profesiones y el incremento de
las redes de transportes.
En España, para el año 2014, nada menos que el 24,1 % de las mujeres y el
23,3 % de los varones presentaban sobrepeso u obesidad. Unas cifras que
aumentan año a año según confirman los estudios del estudio sobre la
obesidad publicado por la OCDE en junio de 2014. En la evolución
histórica que muestra este estudio, nuestro país pasa de tener cerca del
10 % de la población obesa en 1995, a superar el 15 % para el año 2012.
El Instituto Nacional de Estadística avala esta tendencia al señalar que
en España el 18,67 % de los menores sufren sobrepeso y el 8,94 % son
obesos. Uno de cuatro menores en nuestro país tiene problemas de peso.
Es indudable que el incremento de la obesidad, y sobre todo, la obesidad
infantil deben preocupar no solo a las autoridades sanitarias, sino al
conjunto de las administraciones públicas por el impacto directo que
estas patologías suponen en el medio y largo plazo para el conjunto de la
población.
La Fundación Española del Corazón publicó en la primera mitad de 2015 una
serie de estudios, enmarcados en el proyecto europeo «Children In The
City», promovido por la «World Heart Federation», que señalaban que el 85
% de los menores residentes en barrios humildes no realizaban el mínimo
de la actividad física recomendada. Estos estudios muestran como la falta
de tiempo para practicar deporte, la alta competitividad entre los
menores y la falta de apoyo de los progenitores son las principales
barreras a la hora de que los menores hicieran un mayor número de horas
de deporte. Esos estudios recalcan que los buenos hábitos en la infancia
pueden mejorar hasta un 35 % la salud cardiovascular de los menores
en la edad adulta. De hecho, concluyen que una mayor exposición a factores
positivos, como deporte y alimentación adecuada, se asocia con un 14 %
más de probabilidades de mantener un Índice de Masa Corporal normal, un
12 % de probabilidades de no ser fumador y un 11 % más de probabilidades
de no desarrollar alteraciones metabólicas tipo diabetes.
Este estudio es solo una imagen del panorama completo. A día de hoy las
condiciones para que un menor desarrolle sobrepeso u obesidad son mayores
que hace años:
- Los menores cada vez realizan menos horas de deporte semanales y reciben
un mayor número de estímulos para consumir «comida basura», teniendo
incluso, cada vez mayores facilidades para acceder a este tipo de
alimentos ya sea por la rebaja de su precio debido a la competencia.
- La información disponible sobre la composición nutricional de los
alimentos no siempre es clara para los menores y sus progenitores. Sin
una información clara sobre el contenido de los azúcares y las grasas los
progenitores, en muchas ocasiones, no tienen información suficiente para
saber qué tipo de alimento están dando a sus hijos. Es preciso un nuevo
sistema de etiquetado simple, sencillo y comprensible que traslade
información sobre las características del alimento en un primer vistazo.
La nueva Ley de modernización de la Sanidad francesa aprobada a finales
del año 2015 ya ha establecido la implantación de códigos para mejorar la
comprensión de los consumidores sobre la composición de los alimentos. A
esta medida se unen las recomendaciones del Alto Consejo Francés para la
Salud Pública (HCSP). El cuál hizo pública su opinión positiva sobre la
relevancia del código de 5 colores para el etiquetado nutricional de los
alimentos, por encima de otros sistemas.
Este etiquetado recomendado por el Alto Consejo se basa en la utilización
de cinco colores para determinar la calidad nutricional del producto. De
mejor a peor calidad serían los siguientes: el verde, amarillo, naranja,
rosa fucsia y rojo. Su utilización vendría determinada en base al cálculo
del índice de calidad nutricional del alimento en función de la cantidad
de calorías, azúcares simples, ácidos grasos saturados, sodio, fibra,
proteínas y porcentaje de frutas y verduras por cada 100 gramos de
producto final. Este índice, además, ha sido validado por diversos
estudios independientes que lo han relacionado con la calidad de la dieta
global y con riesgo de padecer enfermedades metabólicas y
cardiovasculares.
- A esa falta de información se une el encontrarnos situaciones en las que
productos de bollería industrial con alto contenido en grasas están
avalados por sociedades científicas de nutrición, pediatría, etc.,
llevando a confusión a los progenitores al arrojar una imagen saludable
de un producto que no lo es tanto.
El mejorar la educación de los menores y sus progenitores sobre la
importancia de la nutrición y su influencia en la salud, mejorar los
sistemas de información sobre las cualidades de los alimentos, aumentar
el número de horas de deporte que practican los menores e implicar a la
industria alimentaria en la prevención del sobrepeso y la obesidad son
medidas que no pueden esperar. La salud de los ciudadanos del futuro debe
empezar a garantizarse desde su infancia. La prevención debe pasar a ser
el centro de la estrategia de la lucha contra la obesidad infantil en
nuestro país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar campañas de publicidad institucional sobre hábitos saludables,
colaborando en todo momento con los departamentos de Responsabilidad
Social y Relaciones Institucionales de las empresas de la industria
alimentaria.
2. Evaluar y actualizar, en colaboración con las Comunidades Autónomas,
los programas de prevención y tratamiento del sobrepeso y la obesidad
infantil aplicados por las mismas, haciendo especial incidencia en la
formación de los progenitores al respecto.
3. Llevar a cabo las medidas oportunas para limitar de la publicidad
televisiva, en horario infantil, de alimentos y bebidas con un alto
contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y
azúcares.
4. Implementar un etiquetado informativo simple, sencillo y comprensible
que facilite información a los menores y progenitores sobre la idoneidad
del alimento.
5. Llevar a cabo las medidas oportunas para evitar que los alimentos con
un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y
azúcares tengan el aval de sociedades científicas.
6. Colaborar con la industria alimentaria para que reduzcan la cantidad de
azúcares y grasas utilizados en sus alimentos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2016.-Antonio
Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000358
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de Ana Belén Terrón, presenta, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la
Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su
debate y aprobación en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales,
relativa a la calidad y la disminución de los tiempos de espera para
recibir las prestaciones reguladas por la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las
personas en situación de dependencia.
Exposición de motivos
En relación a los derechos reconocidos en la Ley 39/2006, de Promoción de
la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de
dependencia, y siguiendo los datos de febrero de 2016 publicados por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad, 1.605.026 personas
en nuestro país, es decir el 3,44 % de la población española, considera
que no puede desarrollar actividades básicas de la vida diaria sin
recibir algún tipo de apoyo, por lo que ha iniciado un procedimiento
vinculado a esta Ley. De estas solicitudes 101.079 están esperando ser
valoradas y recibir dictamen. El dato que no se publica oficialmente en
este informe mensual de gestión es el tiempo de espera que las 801.847
personas, que sí reciben prestación, han tenido que soportar hasta que se
hiciera efectiva.
Cuando una persona necesita apoyo para desenvolverse en el día a día, cada
mes de espera para recibir los servicios y prestaciones adecuadas
repercute en el empeoramiento de su calidad de vida y en la de su entorno
familiar y/o de apoyo. El procedimiento desde que se formaliza la
solicitud, se recibe el dictamen y se accede de forma efectiva a las
prestaciones y servicios, sigue siendo lento, farragoso, ineficaz y
desigual entre las distintas comunidades Autónomas.
Según el XVI Dictamen del Observatorio de la Dependencia elaborado por la
asociación de Directores de Servicios Sociales y publicado en febrero de
2016, un total de «Más de 125.000 personas han fallecido en lista de
espera desde el 2012». Estas personas no llegaron a cubrir sus
expectativas de recibir un servicio o prestación que por derecho les
correspondía y que sin duda, tenían una incidencia directa en su calidad
de vida y en la de sus cuidadoras. Además, superan la cifra de 433.000
las personas que se encuentran en lo que se ha denominado «el limbo de la
dependencia». «El limbo de la dependencia» es el término utilizado para
definir la situación de aquellas personas dependientes a las que la Ley
39/2006 reconoce el derecho a percibir servicio o prestación, y sin
embargo éste no se ha hecho efectivo debido a los retrasos en la
elaboración del Programa Individual de Atención (PIA). De seguir así, se
tardarían 16 años en poder atender a estas personas, en un caso
hipotético de que esa lista no aumentara. Esto es inasumible para nuestra
sociedad. Esta misma asociación calcula que se tarda entre 8 y 15 meses
desde que se evalúa a la persona hasta que se le efectúa su informe, algo
inexplicable teniendo en cuenta los sistemas integrados y las
herramientas de gestión de la información con los que cuentan actualmente
nuestras Administraciones Públicas.
La idea de eficacia de la Administración Pública tiene la consideración de
principio constitucional (artículo 103.1 CE). La eficacia exige que la
función administrativa se desenvuelva con rapidez y con celeridad. La ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, alude en diversos
preceptos a la idea de celeridad (artículo 75) y a la de eficacia
[artículos 3.1 y 4.1.d)], y también a la de eficiencia (3.2). Estos
preceptos se han demostrado, por sí solos, insuficientes para la
resolución de procedimientos vinculados a esta Ley.
Por ello, y sin perjuicio de que sea necesario articular procedimientos de
urgencia que atienden situaciones de emergencia ciudadana, consideramos
necesario acotar los tiempos máximos de resolución de grado y nivel, así
como los tiempos máximos para recibir las prestaciones y los servicios
estipulados en el catálogo de dicha Ley e incluidos en el programa
individual de atención de cada persona.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Modificar el punto 3 de la disposición final primera de la Ley 39/2006,
de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en
situación de dependencia, para reconocer el derecho con carácter
retroactivo a las personas con dependencia y en un plazo máximo de 6
meses. La nueva redacción quedaría de la forma que sigue:
El derecho de acceso a las prestaciones derivadas del reconocimiento de
la situación de dependencia se generará desde la fecha de presentación de
la solicitud. El plazo máximo para la resolución del expediente será de 6
meses como máximo desde la fecha de la solicitud hasta que se reciba la
prestación o servicio contemplados en el programa individual de
atención.
2. Restablecer los recursos económicos necesarios para cumplir con la
aportación requerida por la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía
Personal y atención a las personas en situación de dependencia.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2016.-Ana Belén
Terrón Berbel, Sara Carreño Valero y Nayua Miriam Alba Goveli,
Diputadas.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de la Diputada Ana Belén Terrón, presenta, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de
la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su
debate y aprobación en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales,
relativa a la priorización de la gestión directa del Servicio de Ayuda a
Domicilio por parte de la Administración Local.
Exposición de motivos
La gestión del servicio de ayuda a domicilio (SAAD), que la propia ley
deja abierto a la externalización de su gestión en el ejercicio de su
competencia a nivel municipal, ha abierto una problemática basada en la
precariedad de quienes trabajan en el sector y una deficiencia de la
calidad en el servicio a los y las personas beneficiarias. Abaratar
costes y precarizar a los y las trabajadoras repercute de forma
inequívoca en la calidad del servicio prestado.
El SAAD no es solo un derecho universal sino que además muestra una
sorprendente capacidad para la generación de empleo y para la obtención
de retornos. En 2015, la ratio de empleos directos por millón de gasto
público es de 35, y la tasa de retorno es del 38,3 %. Es por ello un
sistema que debe ser protegido y apoyado dadas las posibilidades que
ofrece para el crecimiento no solo social sino también económico.
La Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local establece que los servicios públicos de competencia local habrán de
gestionarse de la forma más sostenible y eficiente, señalando la gestión
directa -gestión por la propia entidad local, organismo autónomo local,
entidad pública empresarial local, sociedad mercantil local, cuyo capital
social sea de titularidad pública- e indirecta, mediante las distintas
formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
La forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto
en el artículo 9 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
Ley 7/2007, de 12 de abril, en lo que respecta al ejercicio de funciones
que corresponden en exclusiva a funcionarios públicos.
La externalización del SAAD a través de contrataciones públicas sin
criterios sociales ha derivado en inestabilidad y rotatividad de las
personas trabajadoras en dicho servicio. Entre las personas usuarias y
profesionales se crea un vínculo que va más allá de la relación
prestacional, incidiendo este vínculo de manera directa en la salud de
las personas dependientes, teniendo en cuenta el carácter integral del
concepto de salud. Por estas razones es de vital importancia la estancia
de la persona en situación de dependencia en su medio, siempre que las
condiciones lo permitan, lo que incluye de manera inequívoca la
estabilidad y continuidad del profesional.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las
modificaciones legislativas necesarias para priorizar la gestión directa
del Servicio de Ayuda a Domicilio por parte de la Administración Local.
En el caso de que no sea posible, de manera fundamentada y documentada,
se establezcan en los pliegos de contratación pública criterios sociales,
así como mecanismos de seguimiento y control, velando por que la
prestación de servicio esté orientada por los principios fundamentales de
los servicios sociales, destacando prevención, fomento de la cohesión
social, atención personalizada e integral, fomento de la autonomía
personal, calidad y continuidad.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2016.-Ana Belén
Terrón Berbel, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000381
A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Íñigo Alli Martínez y don
Carlos Salvador Armendáriz, Diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento,
presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre la aprobación de un
Plan nacional específico para el Alzheimer, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
«La demencia es un síndrome -generalmente de naturaleza crónica o
progresiva- caracterizado por el deterioro de la función cognitiva (es
decir, la capacidad para procesar el pensamiento) más allá de lo que
podría considerarse una consecuencia del envejecimiento normal. La
demencia afecta a la memoria, el pensamiento, la orientación, la
comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el
juicio. La conciencia no se ve afectada. El deterioro de la función
cognitiva suele ir acompañado, y en ocasiones precedido, por el deterioro
del control emocional, el comportamiento social o la motivación». En
estos términos, define la Organización Mundial de la Salud (OMS) la
demencia, una de las principales causas de discapacidad y dependencia de
personas mayores de la sociedad actual.
De todas las causas que provocan la demencia, la más habitual es la
enfermedad de Alzheimer, que representa alrededor del 60% ó 70% de los
casos.
La enfermedad de Alzheimer, como ya alertara la propia OMS en 2012, es un
problema de primera magnitud. La especial dureza de la enfermedad viene
determinada por la falta de tratamiento curativo, esto es, el carácter
irreversible de la misma. Las consecuencias derivadas de ello causan un
importantísimo impacto en las familias de los enfermos y, en el conjunto
de la sociedad.
Se calcula que el coste medio de una familia con un miembro afectado por
la enfermedad de Alzheimer está alrededor de 31.000 (incluyendo gastos
directos e indirectos) al año, las cuales también se ven obligadas a
alterar sus hábitos cotidianos para atender a su familiares. Así, se
estima en un 14% el porcentaje de personas que abandonan sus trabajos
para atender a sus familiares enfermos y en un 31% quienes se ven
obligados a reducir sus horarios laborales.
También la demencia y, en concreto, la enfermedad de Alzheimer causan un
fuerte impacto socioeconómico en todos los países, especialmente en los
sistemas nacionales de salud. Este impacto, si
las previsiones se cumplen, será severamente superior en los próximos
años. Los estudios realizados estiman que para 2050 se pueden duplicar,
incluso triplicar, el número de pacientes afectados por esta devastadora
enfermedad.
En España, se calcula que la enfermedad de Alzheimer afecta al 7% de las
personas mayores de 65 años y a más de la mitad de la población con
edades superiores a los 85 años. En total, se estima que en torno a 1,2
millones de personas en España se encuentran afectadas por la misma,
además de las previsiones citadas de incremento en el número de pacientes
afectados por esta enfermedad, con las consecuencias que se derivarán de
la misma.
A pesar de la realidad expuesta, en España todavía no contamos con un plan
específico para el Alzheimer, como ya cuentan otros países europeos. Al
igual que se aprobara el pasado mes de abril la Estrategia Nacional de
Enfermedades Neurodegenerativas, resulta imprescindible sistematizar una
estrategia para abordar este gran problema del siglo XXI. La prevención y
la mejora en el diagnóstico, el tratamiento, la asistencia a los
cuidadores, coordinado con todas las Administraciones públicas
competentes nos permitirá encontrarnos en una mejor posición para abordar
este reto al que nos enfrentamos como sociedad.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Elaborar un censo estatal de prevalencia del Alzheimer para conocer la
magnitud de personas y familias afectadas de modo coordinado con todas
las Comunidades.
Desarrollar un Plan Nacional Específico para mejorar la prevención, el
diagnóstico y la intervención en las personas afectadas por el Alzheimer,
y la asistencia a sus cuidadores y/o familias. Definir los objetivos,
acciones y recursos interministeriales para el desarrollo de dicho Plan.
Desarrollar planes de sensibilización a la sociedad española del problema
de primera magnitud que supone la prevalencia del Alzheimer, tal como
anticipó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2012 y la
preocupante tendencia a incrementarse debido al aumento de la longevidad
de la población española.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2016.-Íñigo
Jesús Alli Martínez y Carlos Casimiro Salvador Armendáriz,
Diputados.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000341
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para
presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente
Proposición no de Ley sobre el retorno de España como donante del Fondo
Mundial de Lucha contra el SIDA, la Malaria y la Tuberculosis, para su
debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
El Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Malaria y la Tuberculosis ha
organizado los días 16 y 17 de septiembre en Montreal (Canadá) la
Conferencia de Reposición de Recursos para el trienio 2017-2019. En dicha
Conferencia todos los países donantes del Fondo han anunciado
aportaciones financieras significativas imprescindibles para alcanzar el
objetivo de salvar 30 millones de vidas a fines de 2019 y con ello
avanzar hacia el fin de acabar en 2030 con las epidemias de estas tres
devastadoras enfermedades.
Los donantes europeos aportan más de la mitad de los recursos públicos y
privados movilizados por el Fondo Mundial. Numerosos Jefes de Estado y
primeros ministros ya han anunciado sus compromisos para este 5° ciclo de
reposición de fondos, con importantes crecimientos respecto de las
aportaciones realizadas en el ciclo anterior y que se vieron mermadas
como consecuencia de la crisis económica global. Francia, por ejemplo, ha
anunciado 1.000 millones de euros. La Comisión Europea ha anunciado un
incremento de 100 millones en su aportación para llegar hasta los 470
millones. Países como Italia, que dejaron de donar en los años pasados,
ha anunciado su retorno como donante con una cifra de 100 millones.
España tuvo un importantísimo papel como donante de este fondo hasta 2011,
llegando a ser el quinto país del mundo en cuanto a cantidad aportada. A
partir de esa fecha España anuló su participación y ha dejado de
contribuir.
El Congreso de los Diputados ya se manifestó de manera unánime el pasado
28 de abril en una Proposición no de Ley solicitando del Gobierno de
España reemprender las aportaciones al Fondo y comprometer una cifra
acorde a la capacidad financiera de España. Este respaldo del Congreso de
los Diputados se ha manifestado de nuevo en la actual Legislatura esta
misma semana mediante carta firmada por todos los Grupos Políticos
dirigida al Gobierno pidiéndole un compromiso de aportación en la Cumbre
de Montreal acorde a las necesidades y objetivos planteados por el Fondo
Mundial para el trienio 2017-2019, y homologable a las contribuciones de
otros países socios europeos semejantes.
No se puede aducir la situación política de interinidad del Gobierno de
España para evitar hacer compromisos ante la urgencia e importancia de
atender las necesidades de lucha contra estas tres pandemias. En primer
lugar porque se tiene el respaldo de la mayoría del Congreso de los
Diputados, y en segundo porque al tratarse de un compromiso plurianual
permite a España programar dichas aportaciones de manera progresiva en
los próximos tres Presupuestos Generales del Estado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Trasladar al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Malaria y la
Tuberculosis el firme compromiso de España para retornar como donante del
Fondo durante el trienio 2017-2019.
2. Anunciar una aportación suficiente acorde a las necesidades y objetivos
establecidos por el Fondo para el trienio 2017-2019 y al peso de España
respecto del conjunto de la comunidad de países europeos donantes del
Fondo. Dicha contribución por valor de 100 millones de euros puede
programarse de manera progresiva en los tres años de forma que se ajuste
a la capacidad financiera de nuestro país.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2016.-Susana
Sumelzo Jordán y Jesús María Fernández Díaz, Diputados.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura
161/000289
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa
para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la rehabilitación integral y reapertura
del Museo Arqueológico de Granada, para su debate en la Comisión de
Cultura.
Exposición de motivos
El Museo Arqueológico de Granada fue uno de los primeros fundados en
España, junto a los de Barcelona y Valladolid, tratando de seguir los
pasos dados y el modelo del Museo Arqueológico Nacional, creado en 1867.
El de Granada, concretamente, se creó en el año 1879.
Sufrió un largo peregrinaje por distintos edificios de la ciudad y ninguno
de ellos eran los apropiados para la función museística hasta que en 1917
se adquirió la Casa de Castril, enclavada en la Carrera del Darro. Fue en
ese mismo año en el que se inició en la Casa de Castril una profunda
reforma estructural, respetando los elementos constructivos más
destacados, que duró hasta 1941. Años más tarde, en 1962, se adquirió la
casa aledaña para convertirla en una ampliación del espacio del museo. Su
configuración actual se hizo tras la reforma de 1970 por la directora
Ángela Mendoza Eguarás.
En 1984 la Junta de Andalucía asumió las competencias en materia de
cultura, comenzando una larga etapa de renovación y modernización del
Museo, cuya titularidad mantiene el Estado.
En 2010 el Museo Arqueológico de Granada presentó una serie de Estudios
Técnicos en relación a serios problemas estructurales (aparición de
xilófagos en vigas de carga, humedades por filtraciones por el mal estado
de las cubiertas e instalaciones, etc.) que motivaron el cierre temporal
del Museo al público al objeto de culminar los estudios geotécnicos y
obras de emergencia necesarias. Una vez culminados estos se determinó por
seguridad que hasta que no se acometiera la rehabilitación integral de
ambos inmuebles que conforman el espacio museístico, no sería posible su
apertura. Dicha rehabilitación integral corresponde al Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
Ante estas circunstancias, y hasta que el Ministerio tomara la decisión de
acometer dicha reforma integral, en el año 2011 la Administración Estatal
y Autonómica acordaron los compromisos de asumir entre ambas la reforma
del área de acogida y la planta baja del Museo (Casa de Castril), como
una primera fase que permitirá al menos la reapertura parcial. Los
compromisos quedaron distribuidos de la siguiente manera:
- La Junta de Andalucía se encargaría de la redacción del proyecto y
ejecución arquitectónica de la reforma de la planta baja.
- De la redacción y ejecución del proyecto museográfico (concretamente de
la Exposición Tesoros del Museo Arqueológico de Granada) se encargaría el
Ministerio.
A día de hoy, la Junta de Andalucía ha cumplido con el compromiso
contraído, a pesar de no ser parte de sus competencias, mientras que el
Ministerio no lo ha hecho. De esta manera la fecha de apertura de esta
primera fase solo dependerá de si el Ministerio cumple con las
actuaciones con las que se comprometió.
Es por este incumplimiento que en la actualidad la Página Web Oficial del
Museo informa a cualquier persona interesada de que «El Museo permanecerá
cerrado temporalmente por obras de remodelación».
En cualquier caso, no se trata tan solo de actuar de manera parcial sino
que el objetivo último es el de la apertura total y permanente del Museo.
Y cierto es que esto únicamente será posible cuando el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte pueda llevar a cabo la ejecución de un
Proyecto Integral de Rehabilitación que contemple la intervención, tanto
arquitectónica como expositiva, de la totalidad del edificio y sus
instalaciones (ya que es su competencia exclusiva).
Lo lógico y coherente es que la ciudad de la Alhambra, Granada, contara
hoy con este recurso museístico que formara parte de la oferta cultural.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte cumpla con los
compromisos del 2011 adquiridos entre las Administraciones Autonómica de
Andalucía y Estatal que permitan la reapertura del Museo Arqueológico de
Granada.
2. Que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte redacte y ejecute un
proyecto integral que contemple la total rehabilitación de los inmuebles
y el contenido museográfico.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2016.-Elvira
Ramón Utrabo y Gregorio Cámara Villar, Diputados.-Miguel Ángel Heredia
Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000339
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para,
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la concesión del 1% cultural para
actuaciones en la isla del Fraile, la punta del Cigarro y su entorno
subacuático en Águilas (Murcia), para su debate en la Comisión de
Cultura.
Exposición de motivos
La isla del Fraile, la punta del Cigarro y su entorno subacuático fueron
declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) en el año 2013. Se encuentran
en el municipio de Águilas (Región de Murcia), en concreto en la parte
oriental de la bahía del Hornillo (también declarada BIC).
Tanto la isla del Fraile como la punta del Cigarro y su entorno
subacuático siempre han constituido lugares vitales para el sustento del
municipio de Águilas a lo largo de toda su historia debido a sus
condiciones geológicas y orográficas. Allí se ha desarrollado tanto la
pesca y sus industrias derivadas como la minería, fuentes importantes de
riqueza para la economía de este municipio de la costa murciana.
La importancia de este entorno se remonta a la época romana, en la que la
isla del Fraile proporcionaba importantes productos que hicieron posible
que la Región disfrutara de un momento de esplendor a partir de los
siglos IV y V d.C.
La isla del Fraile constituye, junto a la Factoría de salazones de Puerto
de Mazarrón, uno de los principales exponentes arqueológicos de la
antigua actividad económica vinculada a la pesca y las industrias
derivadas de la misma, habiéndose conservado también, gracias a su
insularidad y su peculiar topografía, su relación con el medio ambiente,
lo que le otorga una especial significación. La continuidad de la
actividad humana en la isla a través del tiempo, en paralelo al
desarrollo económico y al despuntar industrial y minero de Águilas, que
también ha dejado importantes vestigios que permiten aún su lectura e
interpretación.
La singularidad del emplazamiento, la importancia de las estructuras
visibles, especialmente las de época romana y las contemporáneas, la
adaptación a las condiciones de insularidad y a la escarpada topografía,
así como la larga ocupación humana documentada a través del tiempo son
muestra de su importancia cultural, arqueológica e histórica.
En la punta del Cigarro, ubicada en el litoral frente a la isla del Fraile
y que permitía el acceso a pie a la misma, se conservan evidencias de la
extracción de piedra arenisca, probablemente vinculadas a la actividad
desarrollada en la isla.
Además, el polígono que engloba a la punta del Cigarro y la isla del
Fraile constituye un espacio susceptible de albergar restos arqueológicos
subacuáticos de interés directamente vinculados con las actividades
desarrolladas en la isla.
Por su interés en este contexto histórico y comercial, la isla del Fraile
y la punta del Cigarro constituyen dos de los principales exponentes
arqueológicos de esta actividad económica en la Región de Murcia.
Todo este entorno, por su importancia y estado actual, requiere de
actuaciones para su estudio arqueológico, su acondicionamiento y
conservación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a Impulsar junto al
Ayuntamiento de Águilas la inclusión dentro del programa 1% Cultural de
las actuaciones necesarias de tipo arqueológico, de conservación y de
acondicionamiento en el Bien de Interés Cultural de la isla del Fraile,
la punta del Cigarro y su entorno subacuático.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2016.-María
González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Miguel Ángel Heredia
Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000371
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de los Diputados Antonio Gómez-Reino Varela y Miguel
Anxo Fernán Vello y la Diputada Ángela Rodríguez Martínez, a través de su
Portavoz Alexandra Fernández Gómez, al amparo del artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente Proposición no de Ley relativa a la solicitud de declaración,
por parte de la UNESCO, de «A Vía Nova e o seu legado no Val do Limia»
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, para su debate en la
Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La Vía Nova es una obra de infraestructura romana construida a finales del
siglo I d.C., en tiempos de la dinastía Flavia. Se conoce también como
Vía XVIII del itinerario romano de Antonino, conectando las ciudades de
Bracara Augusta (Braga) y Asturica Augusta (Astorga). Fue una obra
imperial con un trazado espectacular, concebida para darle salida a las
mercadurías y minerales de un territorio explotado por Roma.
A lo largo de su trazado presenta unas peculiaridades y unas
características constructivas perfectamente visibles en el Val do Limia:
- Un magistral trazado a media ladera en las zonas de montaña para evitar
las crecidas de los ríos.
- El trazado sobre una loma de 2 metros de alto en A Limia para evitar las
inundaciones producidas por la disecada Lagoa de Antela.
- El gusto por la horizontalidad, con pendientes inferiores al 5-6%.
- Una anchura suficiente para permitir el tránsito de carruajes en ambos
sentidas (7-10 metros).
- Zanjas y estructuras de drenaje para evacuación de aguas pluviales.
- La construcción de puentes de envergadura para los grandes ríos y de
madera para los riachuelos.
Además, a lo largo de su recorrido, se intercalaron puestos de
fiscalización (portagem) para facilitar la recaudación imperial y se
dispusieron múltiples servicios: mansios (posadas distanciadas en
jornadas de viaje), mutatios (pequeños establecimientos con taberna para
relevo de los animales de tiro), centros de culto (altares dedicados a
los Lares Viales) y una adecuada señalización (los miliarios). En este
aspecto, la Vía Nova es una de las vías romanas donde más miliarios se
conservan; se situaban al pie de cada milla, a modo de punto kilométrico,
señalando la distancia hasta el destino y, a veces, inscritas con
epigrafías de extensas dedicatorias al emperador. La piedra era extraída
de las canteras locales, introduciendo cuñas de madera e hinchándolas con
agua, para después romper con mazas los bloques a los que los canteros
daban forma.
A lo largo de la Edad Media, sobre todo después de la introducción del
culto a Santiago, esta vía romana se convirtió en el Val do Limia, en un
camino jacobeo con un importante tránsito de peregrinos. Ayudado por el
centro de culto y peregrinación que se desarrolló Santa Comba de Bande,
en cuya iglesia visigótica estaban los restos de San Trocado. Según
informa el Código Calixtino, uno de los 7 varones apostólicos encargados
del traslado del cuerpo de Santiago a Compostela, cuyo sarcófago de
mármol blanco se encuentra en el interior del templo visigótico. Por este
importante camino Jacobeo peregrinó la reina Isabel II de Portugal en el
siglo XIII, de ahí que en algunos documentos aparezca con el nombre de
Camiño da Rainha Santa. En él estuvieron presentes Los Templarios y los
Hospitalarios de Jerusalén, como se recoge en el Tombo del Monasterio de
Celanova y en otros documentos portugueses, donde aparece identificado en
los «Caminhos Portugueses de Peregrinaçâo a Santiago de Compostela».
En la actualidad la Vía Nova, a su paso por el Val do Limia, conserva
multitud de muestras de su infraestructura y de todo su legado histórico.
Representa un espléndido recorrido por el Val do Limia, donde se pueden
observar tamos de su plataforma, restos de los muros de contención de la
misma, sus miliarios, sus mansiones y su evolución histórica en la
Modernidad. Además, forma parte de la red de caminos naturales del
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino de Gobierno de España,
por lo que representa un añadido más a su puesta en valor, conservación y
transmisión en mejor estado a las generaciones futuras. Este camino sirve
de nexo de unión de una gran cantidad de patrimonio cultural.
El itinerario presenta un gran valor añadido, como es su riqueza
paisajística y su biodiversidad, representada por el Parque Natural Baixa
Limia Serra do Xurés, la Reserva de la Biosfera Gerês-Xurés y
las zonas de humedales y de especial protección de aves de A Limia. En
general, a lo largo de este magnífico recorrido se conserva un frondoso
bosque de ribera, que va ganando terreno a las fincas agrícolas y prados,
debido al despoblamiento del rural y al descenso de las actividades
agropecuarias tradicionales. En este precioso bosque tienen cabida
robles, melojos, fresnos, alisos, sauces, abedules, castaños, acebos y
una amplia gama de arbustos, líquenes y plantas rastreras. También cuenta
con la presencia estelar de una reliquia del terciario, el Prunus
lusitanica, ayudado por las temperaturas suaves en Val do Limia.
Lo más representativo de este trazado de la Vía Nova a nivel natural son
las «carballeiras» o robledales, vertebradas por caminos tradicionales y
calzadas enlosadas, antaño llenas de carros de bueyes cargados de leña
para calentar las casas. Grandes y majestuosos robles pueblan estos
bosques, los más espectaculares confinados a lugares sagrados y espacios
comunales, como algunos especímenes de porte ejemplar que se pueden
contemplar a lo largo del trayecto: el «carballón de Quintela», el
«carballo de la capilla de Ponte Liñares», los magníficos ejemplares que
acompañan la Vía Nova en Congostro o «A Carballa da Rocha», en A Saínza,
declarada Monumento Natural.
Dentro de la riqueza natural del itinerario de la Vía Nova, es destacable
la gran abundancia y pureza de fuentes que se ubican a lo largo de su
recorrido. Fuentes que nos recuerdan la gran carga simbólica que tuvieron
a lo largo de la historia, siendo veneradas por los galaicos y las
generaciones posteriores de la Edad Media, cuando fueron cristianizadas
con cruces.
Aparte de los restos que se conservan de la obra romana, lo más importante
de la Vía Nova en el Val do Limia es, sin duda, su legado arqueológico e
histórico. Legado que muestra cómo fue evolucionando el territorio y que
posee lugares únicos para integrar en el conjunto monumental de la Vía
Nova:
- Sus mansiones viarias y excavadas: aquis originis y aquis querquernis,
intercaladas en la Vía Nova para descanso y hospedaje de los transeúntes
y caballerías.
- El campamento romano de Aquis Querquennis, grandiosa obra militar
romana, donde asentó la Cohors III de la Legio VII Gemina, ala militar
encargada del diseño, construcción y control de la calzada romana.
- Las aguas minero-medicinales de Aguas Calidas, aprovechadas con fines
terapéuticos desde época romana.
- La iglesia visigótica de Santa Comba de Bande, construida en el siglo
VII, declarada monumento Nacional en 1922 y considerada la joya del arte
visigótico peninsular.
- Los Cruceiros que se sitúan a lo largo de la vía, dando muestras de la
pervivencia de los cultos ancestrales galaicos, representados en los
lares viales romanos para proteger a los peregrinos y sustituidos por
cruceiros. Destacando el cruceiro de As Cruces en Vilameá de Río Caldo,
como uno de los más rústicos y antiguos de Galicia.
- Los petos de ánimas que se sitúan a lo largo del camino, mostrando
igualmente, la pervivencia de cultos ancestrales galaicos, en este caso a
los dioses manes, que intercedían por la protección de las almas.
- Los puentes asociados a esta obra bimilenaria y los remodelados por la
evolución histórica de su trazado: Ponte Pedriña, Puente del Río Salas,
Ponte das Cabras, Poldrado y Ponte Cabanas.
- Los múltiples conjuntos de miliarios que se conservan a lo largo del
trazado: A Ponte Nova, O Padrón, Vilariño das Poidras, Chan dos
Pasteroques.
- El conjunto etnográfico de Congostro, donde se aglutinan todo tipo de
muestras de la cultura popular.
La conservación y promoción de la Vía Nova y su legado histórico es un
hito importante para el Val do Limia, ya que su declaración como
Patrimonio de la Humanidad puede impulsar la recuperación de una comarca
con un nivel galopante de despoblamiento y abandono rural, haciendo
crecer el turismo y provocando una reactivación económica y demográfica
de la zona. Así mismo, con esta declaración se protegería un patrimonio
de incalculable valor, frenando su degradación, recuperándolo y
transmitiéndolo a las generaciones futuras en mejor estado del que
nosotros lo heredamos. En definitiva, es de lo que se trata, que nuestros
descendientes se muestren orgullosos del legado que les dejamos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Podemos-En Comú
Podem-En Marea, como muestra de reconocimiento a esta tradición singular,
como expresión del deseo de su preservación y entendiendo que se cumplen
las condiciones establecidas por la UNESCO en su Convención de 2003 para
las actividades que puedan declararse Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad, presenta la
siguiente Proposición no de Ley para su debate en Comisión, con el ánimo
de que todas las instituciones y entidades implicadas colaboren en el
proceso a iniciar con el expediente administrativo.
Por todo lo expuesto, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acordar con el Gobierno gallego -en base a los principios de
colaboración y de concurrencia normativa- el procedimiento a seguir para
la incoación del expediente a tramitar que permita otorgar la declaración
de Bien Cultural Inmaterial para A Vía Nova e o seu legado no Val do
Limia tanto con la normativa estatal como con la gallega.
2. Promover, gestionar y defender, en colaboración con el Gobierno gallego
y otras instituciones interesadas, así como entidades y clubs, la
presentación de un dossier de candidatura ante la UNESCO con el objetivo
de lograr la Declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad para A Vía Nova e o seu legado no Val do Unja.
3. De acuerdo con el artículo 11 de la Convención 2003 de la UNESCO para
la Salvaguarda y Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial, adoptar
las medidas necesarias, en colaboración con otras instituciones, para
difundir su origen histórico, preservar la tradición, poner de manifiesto
sus valores e impulsar A Vía Nova en su trazado por la provincia de
Ourense.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2016.-Antonio
Gómez-Reino Varela, Ángela Rodríguez Martínez y Miguel Anxo Elías
Fernández Bello, Diputados.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000379
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, Izquierda
Unida, a través del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la
restitución de dos tallas de la Catedral de Santiago «secuestradas» por
la familia Franco, para su debate en la Comisión de Cultura.
En los últimos años, a través de investigaciones periodísticas, se ha
conocido que la familia Franco posee de forma ilegítima dos tallas
originarias de la fachada de la Catedral de Santiago. Se trata de dos
estatuas-columnas de finales del siglo XII y comienzos del XIII,
esculpidas en el característico estilo expresivo del Mestre Mateo, y que
pertenecían al mismo grupo que el David y el Salomón que hoy se sitúan en
el pretil de la escalinata de la entrada occidental al templo. Se cree
que representan a Abraham e Isaac, y están relacionadas con otras dos de
las que se conserva una cabeza y que también encarnaban en piedra a
personajes del Antiguo Testamento.
Las tallas abandonaron su origen primigenio en 1933 de la mano de Fermín
Bouza Brey, que las localizó en un pazo del Ulla, propiedad del conde de
Ximonde. Ya con el régimen franquista asentado, el conde vende las piezas
al Ayuntamiento de Santiago por 60.000 pesetas. Las imágenes decoraron
las escaleras del Pazo de Raxoi durante unos años. En 1961, en la
exposición «El arte románico», las estatuas ya aparecen identificadas
como propiedad de «Su excelencia el Jefe del Estado» y provenientes del
Pazo de Meirás. No hay ningún documento que acredite la donación, pero
debió producirse durante una visita del dictador al consistorio
compostelano en fecha cercana a la exposición. De !a residencia veraniega
pasaron a otra de sus propiedades, la Casa de Cornide, en A Coruña,
también regalada por las autoridades municipales de la época y en la que
todavía se conservan.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer los
mecanismos necesarios para exigir la devolución a la Catedral de
Santiago, por parte de los herederos de Franco, de dos esculturas
románicas
ejecutadas por el taller del Mestre Mateo que formaban parte de la fachada
exterior que cubría el Pórtico de la Gloria.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2016.-Eva
García Sempere, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Igualdad
161/000284
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Sorlí, Diputada de Compromís, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley para el aumento de requisitos para
obtener la suspensión de la pena impuesta por delitos de odio, para su
debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
En el ámbito internacional se conocen como Hate Crime (delitos de odio)
los delitos motivados por intolerancia al diferente, sean por prejuicios
o por sesgos de diferente raíz. Todos ellos están relacionados con la
negación delictiva de la igual dignidad de la persona y la universalidad
de los derechos humanos en base al rechazo de la diversidad, hacia
personas o grupos a los cuales, desde una profunda intolerancia, se puede
llegar a ver como inferiores. Esto supone desfallecer el principio de
tolerancia, atentando contra la libertad e igualdad de las víctimas y
personas vulnerables.
Estos delitos tienen dos características: la primera, que tiene que ser
una infracción penal según el ordenamiento jurídico; y la segunda, que
las víctimas tienen que ser seleccionadas por su pertenencia o relación
con un grupo humano diferenciado, y no siempre protegido por la
legislación contra los delitos de odio.
En el Estado español, según el «Informe sobre incidentes relacionados cono
los delitos de odio en España 2015» elaborado por el Ministerio del
Interior, en 2015 hubieron 1.328 hechos relativos a delitos de odio, una
cifra que representa un aumento respecto al 2014 del 3,3%.
En España la modificación del Código Penal eleva a 13 los factores a
proteger mediante agravante, a pesar de no citar la aporofobia, el origen
territorial o el aspecto físico, entre otros, al artículo 510 relativo a
la incitación directa o indirecta al odio, la discriminación y la
violencia por las diferentes formas de intolerancia.
Además del hecho que la legislación tiene que recoger todos los tipos que
existen en cuanto a los delitos de odio también hay que tener en cuentas
aquellos casos en que, por los motivos que se determinan, se suspende la
pena a las personas culpables de delitos de odio. Es en estos casos que,
recogiendo las necesidades expresadas por los fiscales encargados de esta
área, hay que introducir una serie de medidas encaminadas a la protección
de las víctimas y a la reinserción de la persona acusada en la sociedad
con diferentes cursos de formación de obligado cumplimiento.
Por todo lo anteriormente expuesto presento la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a:
Que se habiliten los medios necesarios para establecer como requisitos
para la obtención de la suspensión de la pena impuesta en casos por
delito de odio las siguientes condiciones:
- Borrado de perfiles sociales, si procede.
- Cumplimiento de un curso (programa) de prevención de delitos violentos
diversidad para las personas condenadas.
- Curso de formación en Derechos Humanos y aceptación de la diversidad
para las personas condenadas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2016.-Marta
Sorlí Fresquet, Diputada.-Ignasi Candela Serna, Portavoz Adjunto del
Grupo Parlamentario Mixto.
161/000334
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley para ampliar e igualar los permisos de
maternidad y paternidad, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Durante las últimas décadas, gran parte de las economías desarrolladas han
visto un importante incremento de la participación de la mujer en el
mercado laboral. En España ésta ha pasado del 50% en 1990 al 80% en 2012,
niveles similares a los que se observan en Reino Unido, Alemania y
Francia. Esto supone un gran avance hacia la igualdad entre hombres y
mujeres en el mercado laboral y plantea la necesidad de abordar el
desafío de la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral.
Lamentablemente, los datos parecen indicar que conciliar vida profesional
y vida personal y familiar sigue siendo un reto importante en España, y
que diversos factores (institucionales, sociales y de acceso a servicios)
penalizan a las mujeres con hijos en el mercado laboral.
Según los datos de la última EPA, la tasa de participación activa en el
mercado laboral para la población entre 30 y 44 con hijos menores de 15
años es 14,6 puntos más alta en el caso de los hombres que en el de las
mujeres; en cambio entre hombres y mujeres sin hijos son bastante
similares, del 93% y del 91% respectivamente. Además, las mujeres con
hijos sufren tasas de paro muy superiores a la de los hombres con hijos
(23,5% vs 13,6%) mientras que en la población sin hijos la tasa de
desempleo de las mujeres es ligeramente inferior a la de los hombres.
Así, la tasa de empleo es del 64% para las mujeres con hijos menores a 16
años frente al 85% en el caso de los hombres. Poniendo los porcentajes en
contexto y según los datos de la EPA, de las 3,4 millones de mujeres
entre 30 y 44 años con hijos, solo 2,1 millones trabajan, 660.000 están
desempleadas y 570.000 son inactivas. De las 2,1 millones que trabajan,
620.000 lo hacen a tiempo parcial con una media de horas semanales
habituales de 20,5 horas, cuando por promedio desearían trabajar 37
horas. A pesar de que estos simples estadísticos no implican una relación
de causa-efecto, los datos de la EPA parecen indicar de manera alarmante
que el mercado laboral español penaliza a las madres de una forma
desproporcionada.
Dentro del marco institucional tienen una importancia capital por un lado
la organización de la empresa y los horarios laborales y, por otro lado,
la regulación de la baja por maternidad y paternidad en nuestro país.
A continuación analizamos cuál es la situación de la regulación de la baja
por maternidad y paternidad en nuestro país. La medida más importante en
materia de derechos y protecciones laborales de las madres y padres en
España es el permiso por maternidad, que consta actualmente de 16 semanas
ininterrumpidas. Las primeras 6 semanas tienen que disfrutarle
directamente después del parto y no se pueden compartir. Las últimas 10
semanas se pueden compartir o ceder en su totalidad al padre. El permiso
de paternidad es de 15 días consecutivos, los cuales se pueden coger en
modalidad de jornada a tiempo parcial de un mínimo del 50%. Aparte de los
permisos de maternidad y paternidad, existen otras prestaciones
relacionadas con la conciliación de la vida familiar y laboral. Por
ejemplo, el permiso de lactancia permite al padre o a la madre reducir su
jornada 1 hora cada día hasta que el menor cumpla 9 meses.
Con un total de solo 18 semanas entre padre y madre, la duración de las
bajas maternal y paternal en España es corta, especialmente en
comparación con otros países de la Unión Europea. Los países más
generosos son Suecia, Dinamarca y Alemania. Las madres en Dinamarca, por
ejemplo, disponen de 4 semanas antes del parto, 14 semanas después del
parto, más 32 semanas que pueden ser compartidas
entre los dos padres. Los padres disponen de 2 semanas que pueden utilizar
entre las 14 semanas después del parto. En Alemania las madres disponen
de 6 semanas con anterioridad al parto, y de 2 meses con posterioridad al
parto, más 12 meses que se pueden compartir entre los padres. Estos 12
meses pueden aumentar hasta los 14 meses si los dos padres utilizan parte
de sus respectivas bajas.
Un estudio sobre la introducción de una baja de 4 semanas reservado para
el padre en Noruega (Kotsadam & Fenseraas, 2011) encontró efectos
positivos sobre las actitudes de los padres hacia la igualdad de género,
una reducción en los conflictos entre las parejas y una distribución de
tareas del hogar más igualitaria.
En España ya existe la posibilidad de compartir hasta 10 semanas la baja
de maternidad. Según datos de la Seguridad Social, de todos los procesos
de baja de maternidad contributivas (de madres trabajadoras) que
empezaron en el año 2014 -un total de 265.869- solo 3.436 fueron
compartidos con el otro progenitor, equivalente al 1,29% de todos los
casos. Hay una cierta variabilidad entre Comunidades Autónomas, con el
País Vasco mostrando la tasa compartida más alta (3,5%) y la más baja
registrada en Murcia (0,53%). En cambio, en países como Suecia los
hombres tomaban el 20% del total de la baja parental en 2012.
No es sorprendente que pocas parejas en España compartan la baja parental,
porque probablemente es demasiado corta. Por ejemplo, la OMS recomienda
la lactancia hasta por lo menos los 6 meses de edad, y en este momento la
duración de la totalidad de la baja solo llega a algo menos de 4 meses.
Acercarnos al modelo nórdico, con una baja parental más igualitaria de 26
semanas, de las cuales 8 estarían reservadas para cada progenitor, y las
10 restantes podrían ser compartidas costaría al INSS en torno a 800
millones de euros. Esto aumentaría la corresponsabilidad entre los
padres, ayudaría a reducir la discriminación de la mujer en el mercado
laboral y facilita una mejor conciliación laboral mediante el aumento de
la duración de la baja total de unas 8 semanas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que promueva los cambios
legales necesarios para ampliar e igualar los permisos de maternidad y
paternidad, hasta un total de 26 semanas: 8 semanas iguales e
intransferibles reservadas para cada progenitor y las 10 semanas
restantes compartidas entre ambos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2016.-Elena
Faba de la Encarnación, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del
Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000335
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación
de un pacto social, político e institucional contra la violencia de
género, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al
contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad
existente en nuestra sociedad. Con este convencimiento nació la Ley
Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección contra la Violencia de Género,
una ley que establece un completo marco legal para la prevención,
protección, persecución y castigo de la violencia por parte del compañero
o ex compañero sentimental. Como quiera que alrededor de 800 mujeres han
sido asesinadas en España por sus parejas o ex parejas desde el año 2003,
es necesario actualizar y completar la Ley Orgánica y sus disposiciones
de desarrollo.
Con el objetivo de construir una sociedad libre de violencia contra las
mujeres, el nuevo Gobierno promoverá un Pacto social, político e
institucional contra la violencia de género en el que se comprometan las
Administraciones Públicas y se dé participación a las organizaciones
sociales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario arriba firmante presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
«1. El Congreso de los Diputados declara su firme voluntad de acabar con
la lacra de la violencia de género en la sociedad española reafirmando el
compromiso de sus Grupos Parlamentarios en esta lucha.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la creación de un
Pacto social, político e institucional contra la violencia de género que
contenga, al menos, las siguientes medidas:
a) Ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y
protectoras de la ley de 2004 para abarcar, con las adaptaciones
necesarias, todas las formas de violencia contra la mujer, tal como exige
la Recomendación General n.o 19 de la CEDAW y el Convenio del Consejo de
Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la
Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que España ha ratificado. En
aplicación de este Convenio, ampliar las disposiciones a la trata de
personas que tiene especial incidencia en mujeres y niñas, a la
mutilación genital femenina y a los llamados crímenes de honor.
b) Dotar suficientemente las partidas presupuestarias destinadas a la
prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de
género por parte de las Comunidades Autónomas y de los servicios de
proximidad de los ayuntamientos.
c) Crear la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género en cada
CC.AA.
d) Aumentar los recursos para poner en marcha, en los Juzgados
Especializados en Violencia de Género, el Acompañamiento Judicial
Personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas
de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más seguro
desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso.
e) Establecer protocolos de intervención específicos para la atención
integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de
género. En los casos que no exista denuncia y ante la detección de riesgo
real por parte de los servicios públicos, sociales o sanitarios, poner en
marcha protocolos de atención social integral, especialmente
proporcionando una garantía habitacional.
f) Activar de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y
Prevención de la Violencia de Género, con especial atención a jóvenes y
adolescentes. Involucrar específicamente en este plan a todas las
instituciones educativas y medios de comunicación.
g) Poner en marcha un Plan integral para prevenir, proteger y reparar el
daño a menores víctimas de violencia de género. Además, debe incorporar
las medidas necesarias para garantizar la educación afectivo-sexual y de
prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas.
h) Llevar a cabo las modificaciones legales pertinentes para prohibir la
concesión de indulto en cualquier delito vinculado a violencia de
género.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2016.-Marta
Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
161/000336
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley para la lucha contra la anorexia y la
bulimia, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Según diferentes estudios, en España puede haber unas 400.000 personas con
anorexia nerviosa, el 90% de ellas mujeres, aunque la prevalencia de la
enfermedad se mantiene estable desde los años 90,
lo destacable ahora es el adelanto en el inicio de la enfermedad, desde
los 15 años hasta los 13-14 e, incluso, antes. Es difícil estimar la
prevalencia de estos trastornos, sin embargo la mayor parte de las
investigaciones publicadas recientemente coincide en el aparente aumento
del número de casos de estos trastornos en los países desarrollados en
los últimos 50 años. La cifra exacta es indeterminada dado que no existen
registros y estudios públicos que recojan la prevalencia e incidencia de
estos trastornos o de privados que concuerden, dada la variabilidad de
indicadores utilizados.
Debemos tener en cuenta que la letalidad de los Trastornos de la Conducta
Alimentaria (TCA) es la más alta entre las detectadas por trastornos
psiquiátricos. En España los últimos estudios realizados arrojan una tasa
de prevalencia de casos de TCA en población adolescente de alrededor del
4,1-4,5%. De estos trastornos, la anorexia se sitúa en torno al 0,3%, la
bulimia en el 0,8% y el TCA no especificado en torno al 3,1% de la
población femenina de entre 12 y 21 años. Sin embargo, si tenemos en
cuenta todo el espectro de este tipo de trastornos alimenticios,
incluidas sus formas más débiles, la estimación de la frecuencia es mucho
mayor y llegando al 11-16% de la población adolescente. Es decir, una de
cada diez adolescentes está siendo afectada por este tipo de patologías.
En varones, sin embargo, la incidencia es menor, llegando entre el 5-10%,
siendo la bulimia el trastorno que más les afecta.
La edad de inicio en la anorexia nerviosa se sitúa frecuentemente entre
los 13 y los 18 años, no obstante, cada vez se están encontrando más
casos tanto en niñas prepúberes como en mujeres adultas.
En el caso de la bulimia el inicio suele darse algo más tarde, entre los
18 y 25 años, aunque se está adelantando la edad de aparición y la
enfermedad se manifiesta con más frecuencia entre los 24 y los 40 ya que,
al no ser el deterioro físico tan severo como en la anorexia, el cuadro
clínico pasa desapercibido durante años.
Sin embargo, la anorexia y la bulimia no son más que los síntomas de un
sistema que propugna unos cánones de belleza, como mínimo, difíciles de
alcanzar. Donde la delgadez, que roza lo extremo, y la juventud eterna
son dos pilares fundamentales para los cánones de belleza femeninos.
Mientras que para los hombres el aumento de la masa muscular y la
definición de su figura, la denominada vigorexia, se convierte en una
obsesión que pueden desembocar en tratamientos médicos ilegales que
pueden poner en riesgo su salud, incluso su vida. Debemos recordar que la
anorexia y la bulimia son enfermedades multicausales, cuyo origen puede
provenir de diferentes estímulos, sobre todo condicionantes
socioculturales que actúan como factores que predisponen a las personas a
sufrir estas patologías, precipitando y perpetuando las mismas.
El desplazamiento de los valores sociales hacia una cultura del éxito, a
la que se debe aspirar a cualquier precio, y que lleva aparejada la
exaltación del culto al cuerpo quizá sea uno de los factores más
importantes sobre los que actuar, sino el que más.
En España, la lucha contra los TCA está siendo transversal, pero a todas
luces insuficiente. Pese a la existencia de guías de prácticas clínicas
sobre los TCA elaboradas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, la existencia de acuerdos del Gobierno con la industria
textil desde 2007 sobre imágenes de belleza saludable, la inclusión de
conocimientos sobre la salud en el currículo escolar o la vigilancia de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre las páginas
pro-anorexia y pro-bulimia.
A nivel autonómico se han comenzado a implantar medidas específicas en
esta materia, aunque con desigual desarrollo según el territorio. Por
ejemplo, la Comunidad de Madrid posee el «Pacto Social contra los
Trastornos del Comportamiento Alimentario: la anorexia y la bulimia» y
Cataluña ha desarrollado medidas y propuestas más específicas en la
materia mediante el Acuerdo 85/2015, de 17 de junio, del Pleno del
Consejo Audiovisual de Cataluña.
Entre las recomendaciones y propuestas de diferentes planes de lucha
contra los TCA podemos encontrar medidas que todavía no han sido
implantadas en el territorio nacional y que ayudaría, de manera clara, en
la lucha contra éstos.
La publicidad es un elemento común a mejorar en todos los planes. La
denuncia sobre la creación de falsas expectativas de determinados
productos destinados a la pérdida de peso (bloqueantes, limitadores,
sustitutivos o de control) es constante. Este tipo de publicidad debe ser
clara, no provocando confusión y falsas expectativas en la reducción del
peso no presentando los productos como milagrosos, así como limitada en
los horarios protegidos. Por ejemplo, el Consejo Audiovisual de Cataluña
recomienda que durante el horario de protección reforzada no se debe
emitir ningún tipo de publicidad de intervenciones quirúrgicas o
tratamientos de estética, o que en horarios no protegidos se emitan
anuncios o servicios destinados a la pérdida de peso que puedan inducir a
comportamientos nocivos o perjudiciales para la salud.
Sin embargo, la publicidad en televisión es sólo parte del problema. Los
cánones de belleza que perpetúa la moda, y por tanto, las pasarelas son
un elemento controvertido en este ámbito. Francia ha sido pionera en
poner coto a la anorexia y la bulimia en sus pasarelas. En la Ley de
modernización del Sistema de Sanidad aprobada el pasado mes de diciembre
se introducen una serie de normas que atacan frontalmente los cánones de
belleza artificiales impuestos a la sociedad, así como el fomento de la
extrema delgadez en sus pasarelas. La Ley señala que:
- Las fotografías comerciales de modelos, cuya apariencia física ha sido
alterado por un software de procesamiento de imágenes para afinar la
silueta o espesar el modelo debe ir acompañada de las palabras:
«Fotografía retocada». El incumplimiento de este precepto tiene sanciones
de hasta 37.500 .
- La profesión de modelos está sujeta a la emisión de un certificado
médico que evalúa el estado de salud general de los modelos,
específicamente su Índice de Masa Corporal (IMC), multando a las agencias
y pasarelas que utilicen a modelos con un IMC inferior al establecido con
hasta 75.000 de multa.
Otros países como Italia están replanteándose incluso ir más allá y
prohibir cualquier tipo de página web que fomente la anorexia y la
bulimia, páginas denominadas «Pro-Ana» y «Pro-Mía» respectivamente, con
penas de cárcel de hasta dos años y multas de entre 10.000 y 100.000
euros.
Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TAC) son un problema real de
miles de ciudadanos que siguen perpetuándose por las exigencias estéticas
impuestas por la publicidad y la moda. La Educación para la Salud, la
concienciación de los ciudadanos, la coordinación con los profesionales
sanitarios y educativos, así como una mejora de la regulación
publicitaria puede ayudar a combatir éstos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo las medidas legales oportunas para que toda publicidad en
la que aparezcan personas cuyas características hayan sido modificadas
mediante técnicas digitales, total o parcialmente, señale de manera
explícita, en el mismo anuncio, que se ha producido dicha modificación de
manera que sea perfectamente visible por los potenciales compradores y/o
usuarios del producto.
2. Llevar a cabo las medidas legales oportunas para que todo anuncio que
publicite productos o técnicas de belleza, sean estos de carácter
sanitario o de cualquier otro tipo, deban incluir en el anuncio, en lugar
visible, la edad de la persona que anuncia dicho producto.
3. Implantar las medidas necesarias a fin de que toda publicidad relativa
a productos, complementos y técnicas de belleza deban cumplir con unos
criterios estándar de veracidad, legalidad, honestidad y lealtad con los
consumidores y usuarios pasando unos filtros adecuados previos a su
publicación, ya sea en medios escritos, radiofónicos o visuales, sobre
todo en los medios de comunicación de titularidad pública.
4. Llevar a cabo las modificaciones legales pertinentes para que todas
aquellas páginas webs pro-anorexia o por-bulimia sean clausuradas y
se castigue penalmente a aquellas personas que fomenten este tipo de
trastornos.
5. Llevar a cabo las modificaciones legales para prohibir la actividad de
modelo a toda persona que tenga un Índice de Masa Corporal inferior a lo
científicamente estimado como saludable y multas para las agencias que
lo incumplan.
6. Introducir en la Estrategia de Salud Mental, en colaboración con el
Instituto Nacional de Estadística y las administraciones competentes en
materia de Salud, estudios anuales sobre la incidencia, prevalencia y
evolución de los Trastornos de la Conducta Alimentaria en España.
7. Llevar a cabo campañas institucionales desde el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, así como implicar a las diferentes
consejerías de salud en las mismas, a fin de concienciar sobre los
riesgos de los Trastornos de la Conducta Alimentaria.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2016.-Marta
Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/000369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa del Diputado Pedro Arrojo presenta, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la
Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su
debate y aprobación en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad
Sostenible, relativa al fomento del uso de la bicicleta.
Exposición de motivos
Durante la pasada legislatura, con el apoyo y colaboración de todos los
Grupos Parlamentarios, se aprobó una PNL en la que el Parlamento asumió
seguir el ejemplo de otros países europeos en lo que se refiere al uso de
la bicicleta. En dicha PNL se instaba al Gobierno a desarrollar un Plan
Estratégico que debía promover la bici en todo el Estado como elemento
clave de la movilidad sostenible, especialmente en el medio urbano.
Tras formarse un Grupo Interparlamentario de la Bici, la DGT asumió el
trabajo de preparar las bases de dicho plan y formó una comisión técnica
que empezó a trabajar un documento estratégico.
Desgraciadamente el fin de la legislatura se precipitó y no se dieron los
pasos pertinentes para completar el proceso iniciado desde un ejemplar
nivel de consenso entre todos los Grupos Parlamentarios.
Por ello, y recogiendo la peticiones de la Mesa Nacional de la Bicicleta,
se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar y reactivar el trabajo del Comité Técnico organizado por la
DGT, para diseñar y posteriormente aprobar el Plan Estratégico Estatal de
la Bicicleta, dotando los medios necesarios para ello.
2. Revisar la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación
atendiendo a los documentos enviados por la Mesa Nacional de la Bicicleta
al Consejo Superior de Tráfico.
3. Restaurar en el Código Penal la imprudencia, en cualquier grado, con
resultado de lesiones o muerte como tipo penal.
4. Revisión de la Ley 35/2015, de reforma del sistema para la valoración
de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de
tráfico, especialmente en lo referente al procedimiento que deben
afrontar las víctimas para reclamar las correspondientes indemnizaciones
ante las aseguradoras.
5. Promover a nivel estatal la íntermodalidad de la bicicleta con los
medios de transporte públicos y privados.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2016.-Pedro
Arrojo Agudo, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000290
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para,
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre la valoración de la discapacidad de los
menores con cáncer, para su debate en la Comisión para las Políticas
Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La valoración del grado de discapacidad, expresado en porcentaje, se
realiza mediante la aplicación de los criterios técnicos unificados
fijados en el baremo establecido por el Real Decreto 1971/1999, de 23 de
diciembre, y las modificaciones introducidas por el Real Decreto
1169/2003, de 12 de septiembre, por el que se modifica el anexo I (Normas
para la valoración de la discapacidad en casos de infección por VIH), el
Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre y el Real Decreto 1364/2012, de
27 de septiembre (Determinación de la necesidad del concurso de otra
persona para realizar los actos esenciales de la vida diaria).
Los dictámenes técnico-facultativos para el reconocimiento de grado son
emitidos por los órganos técnicos competentes dependientes de los órganos
correspondientes de las Comunidades Autónomas a quienes hubieran sido
transferidas las funciones en materia de calificación del grado de
discapacidad y por los equipos de valoración y orientación del Instituto
de Mayores y Servicios Sociales en su ámbito competencial.
En el caso de los menores afectados por cáncer, las organizaciones de
tercer sector han puesto de manifiesto la existencia de diferencias
relevantes en los procedimientos y criterios utilizados por los
diferentes equipos de valoración a la hora de aplicar el baremo. La
consecuencia de ello es que a menores con iguales patologías se les
reconoce grado de discapacidad en algunas Comunidades Autónomas, pero no
en otras. Sucede también que, entre las que reconocen discapacidad,
asignan grados diferentes, es decir, son valorados con distintos
porcentajes. A ello hay que añadir que el período de demora de la primera
cita para la valoración oscila entre uno y doce meses, según dónde se
haga; y que el plazo de resolución va desde la inmediatez hasta los 6
meses. En algunos lugares el grado de discapacidad se concede desde el
diagnóstico, mientras que en otros es necesario esperar 6 meses desde el
diagnóstico para poder solicitarlo, incluso en algún caso obligan a
esperar 6 meses tras la finalización del tratamiento.
Los derechos asociados al grado de discapacidad comienzan a partir del
reconocimiento de un 33% y se incrementan significativamente a partir del
65%. Las ayudas y servicios para el colectivo de personas con
discapacidad se prestan por los organismos públicos competentes ya sean
municipales, autonómicos o estatales, y también por la iniciativa privada
social.
Entre los beneficios a los que pueden acogerse las familias de los niños
con reconocimiento de grado de discapacidad se encuentran los
relacionados con prestaciones económicas y sociales; tratamientos
rehabilitadores; productos de apoyo, accesibilidad y adaptaciones en el
hogar; recursos y apoyos educativos; beneficios fiscales; ayudas para
transporte.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proponer en la Comisión
Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de
Discapacidad:
1. La elaboración de un informe acerca de las diferencias existentes en
los procedimientos y criterios utilizados por los equipos de valoración a
la hora de aplicar el baremo a menores con cáncer, así como de las
consecuencias que dichas divergencias tienen en la asignación de
determinado grado de discapacidad y los efectos que de ello se derivan
para las familias afectadas.
2. La formulación de propuestas en orden a la aplicación del baremo a los
menores con cáncer con la finalidad de garantizar la aplicación uniforme,
incluyendo las medidas necesarias para solucionar los problemas y
disfunciones detectados en el citado informe.
3. Del citado informe y de las propuestas formuladas se dará traslado a la
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de
los Diputados.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2016.-María
Tamara Raya Rodríguez, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
161/000306
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para
presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente
Proposición no de Ley para garantizar el principio de inclusión educativa
al alumnado con dislexia, para su debate en la Comisión para las
Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La dislexia es un trastorno del aprendizaje de la lectoescritura, de
carácter persistente y específico, que se da en niños que no presentan
ningún hándicap físico, psíquico ni sociocultural y cuyo origen parece
derivar de una alteración del neurodesarrollo.
Los niños con dislexia manifiestan de forma característica dificultades
para recitar el alfabeto, denominar letras, realizar rimas simples y para
analizar o clasificar los sonidos. Además, la lectura se caracteriza por
las omisiones, sustituciones, distorsiones, inversiones o adicciones,
lentitud, vacilaciones, problemas de seguimiento visual y déficit en la
comprensión.
Por tanto, la dislexia supone mucho más que tener dificultades en la
lectura y en la escritura, ya que existen problemas de comprensión, de
memoria a corto plazo, de acceso al léxico, confusión entre la derecha y
la izquierda, dificultades en las nociones espacio-temporales. Cada caso
es único y no siempre se presentan la totalidad de los síntomas.
El principal obstáculo reside en que en nuestro sistema educativo los
aprendizajes se realizan fundamentalmente a través del código escrito,
por lo cual el niño disléxico no puede asimilar ciertos contenidos porque
no es capaz de llegar a su significado a través de la lectura.
El alumnado con dislexia debe poner tanto esfuerzo en las tareas de
lectoescritura que tiende a fatigarse, a perder la concentración, a
distraerse y a rechazar este tipo de tareas. A menudo los padres y
profesores procesan esta conducta como desinterés y presionan para
conseguir mayor esfuerzo.
La dislexia puede ser tratada y los resultados que se obtienen suelen ser
muy positivos. Para ello es fundamental conseguir un diagnóstico a tiempo
y conocer con precisión el tipo de dislexia. El tratamiento debe ser
completamente personalizado y adaptado a la edad y síntomas; cada niño
tendrá diferentes necesidades y requerirá que se haga especial hincapié
en distintos aspectos.
El alumnado con dislexia precisa de ciertos recursos de apoyo específicos
que deben prestarse en el entorno ordinario de cualquier escuela. El
hecho de que requieran de unos apoyos específicos no significa que
precisen de un entorno educativo singular ni diferente al del resto de
niños, niñas y jóvenes de su edad.
En estos momentos de preocupación e incertidumbre sobre el modelo
educativo, garantizar una educación sin barreras, una educación donde
cada niña y niño, cada joven, cada persona, desarrolle todas su
potencialidades, es fundamental.
Sin embargo, esto no está garantizado después de los recortes que ha
llevado a cabo el Gobierno en educación que ascienden a 5.200 millones de
euros, que se han traducido en el despido de 40.000 profesores y en un
aumento significativo de las ratios y de horas lectivas del profesorado,
lo cual ha obligado a reducir refuerzos, desdobles, tutorías
individualizadas, etc.
Estos recortes, además, van a seguir afectando a los más vulnerables y
están suponiendo la descapitalización de la inversión educativa en las
Comunidades Autónomas, ya que el 70% del presupuesto que tienen para
educación se dedica a pagar al profesorado e, inevitablemente, dejan de
invertir lo necesario para lograr una política educativa que garantice la
igualdad de oportunidades.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las
Comunidades Autónomas, en el marco de sus competencias, a garantizar el
derecho a la educación de los niños y niñas con dislexia durante toda su
vida escolar y a hacer efectivo el principio de inclusión educativa del
alumnado con dislexia, mediante las siguientes actuaciones:
- Promover la formación actualizada del profesorado y los logopedas.
- Intensificar la detección temprana de las necesidades educativas.
- Garantizar la dotación de los apoyos precisos y su continuidad a lo
largo de todas las etapas educativas, más allá de las obligatorias.
- Destinar los recursos económicos y humanos necesarios para lograr la
efectividad de las citadas medidas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2016.-Joan Ruiz
i Carbonell, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/000337
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley para la creación de un registro estatal
de datos de los resultados de la aplicación del Programa de Detección
Precoz de la Sordera en España, para su debate en la Comisión de
Discapacidad.
Exposición de motivos
La elaboración de bancos de datos y su análisis han sido siempre elementos
esenciales, en cualquier estudio epidemiológico, para conocer la génesis
de un problema, su extensión y analizar posibles actuaciones para
solucionar el mismo. Sin datos objetivos que reflejen y den sentido a un
conjunto de realidades es imposible comprender, siquiera, parte de esas
realidades.
Esta situación está sucediendo a día de hoy con la sordera en España. En
el año 2016 no sabemos a ciencia cierta cuántas personas hay afectadas en
nuestro país por este tipo de discapacidad. El Instituto Nacional de
Estadística (INE) estimó en 2008, en su estudio EDAD 2008, que en España,
entonces, había 1.064.000 personas sordas o con algún tipo de
discapacidad auditiva. Desde entonces, no existe ningún tipo de dato o
estudio oficial que acredite y evalúe la evolución de esta cifra. Sin
embargo, sí existen algunos estudios privados que arrojan resultados que
doblan a las cifras calculadas por el INE.
Las asociaciones de afectados por la sordera reclaman la necesidad de
contar con un registro estatal de datos de los resultados de la
aplicación del Programa de Detección Precoz de la Sordera para poder
analizar la aparición de nuevos casos, la incidencia y prevalencia de la
sordera, la evolución a diferentes grados de los casos existentes y la
posible influencia de factores externos en el desarrollo de la misma.
Este registro nacional se hace todavía más necesario cuanto más
envejecida es la población. Recordemos que la población española está en
un proceso continuo de envejecimiento. Lo que supone una correlación
directa sobre el número de casos de sordera y el agravamiento de los
grados según vaya avanzando la edad de las personas. Por ello, desde el
Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos inaplazable que desde el
Gobierno, en colaboración con las administraciones autonómicas, se
inicien los procedimientos necesarios para crear ese registro nacional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un registro
estatal de datos de los resultados de la aplicación del Programa de
Detección Precoz de la Sordera en España, a partir del cual sería posible
disponer de datos epidemiológicos y de incidencia de la sordera en la
población infantil con objeto de mejorar la prevención, el propio proceso
de detección y diagnóstico, así como los tratamientos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2016.-Antonio
Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.