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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 134, de 25/07/2012


BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 134, de 25/07/2012



184/004582



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Muñoz González, Pedro José (GS).



Respuesta:



Como en años anteriores, se prevé que el Gobierno apruebe un Plan de
Actuaciones de Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales para 2012.
En él se incluirán, por Departamentos Ministeriales, las medidas
destinadas a la planificación, coordinación y prevención en la lucha
contra los incendios forestales y a reforzar los medios materiales para
su extinción.



En lo que al Ministerio de Defensa se refiere, en principio no se prevén
variaciones respecto a las medidas contempladas el pasado año y aprobadas
por Acuerdo de Consejo de Ministros del día 1 de julio de 2011, en las
que se contemplaba la participación de la UME, la operación de los
aviones apagafuegos por el 43 Grupo de Fuerzas Aéreas y la suscripción de
un




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83






Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia para la
prevención de incendios forestales.



Madrid, 3 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/004583



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Muñoz González, Pedro José (GS).



Respuesta:



El Ministerio de Defensa continuará colaborando en la extinción de
incendios forestales como hasta el momento. Para ello se mantienen los
protocolos y procedimientos de actuación de acuerdo con la normativa
vigente.



Madrid, 7 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/004584



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Muñoz González, Pedro José (GS).



Respuesta:



Se informa al Sr. Diputado que al Ministerio de Defensa no le corresponde
efectuar valoraciones oficiales de los incendios forestales. Su actuación
se limita, en este aspecto, a proporcionar apoyo a las Autoridades
Civiles en los supuestos y en las condiciones previstas en la normativa
vigente.



Madrid, 11 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/004585



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Muñoz González, Pedro José (GS).



Respuesta:



Las personas que acompañaron al Ministro del Interior a Belgrado con
motivo del reconocimiento de las autoridades serbias por la detención de
Luka Bojovic, Vladimir Milisavljevic y Sinisa Petric, y la posterior
desarticulación de la célula en que estaban integrados, fueron cinco.



Por lo que respecta al coste total de dicho viaje, la Dirección General de
la Policía abonó al Comisario General y al Inspector Jefe (dos de los
cinco miembros) el importe de las dietas legalmente establecidas.



Por último, cabe señalar que la labor de los miembros del Cuerpo Nacional
de Policía que llevaron a cabo la investigación y posteriores detenciones
ha sido, hasta el momento, reconocida socialmente y valorada por sus
superiores.



Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2012.-El Secretario
de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.



184/004587 a 184/004589



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Blanco López, José (GS).



Respuesta:



El espíritu y la letra de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a Personas en Situación de Dependencia apuesta de manera
decidida por los servicios profesionales, tanto públicos como privados, y
reducir al mínimo los cuidados informales que los considera una
excepción. Cuidados que, en muchas ocasiones, no procuran la atención
adecuada, no causan retorno económico vía Seguridad Social e impiden la
creación de puestos de trabajo de media o alta cualificación.



Además, hay que indicar que, conforme a las estadísticas del Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia a 1 de enero de 2012 había un
total de 752.005 personas beneficiarias que recibían 931.754
prestaciones, mientras que 1 de mayo de 2012 había un total de 758.446
personas beneficiarias que recibían 946.075 prestaciones.



Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2012.-El Secretario
de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.



184/004619



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Gallego Arriola, María del Puerto (GS).



Respuesta:



El Gobierno está llevando a cabo una serie de reformas en el ámbito
presupuestario, financiero,




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energético y laboral, que serán el marco adecuado para que las diversas
iniciativas de política industrial que pretende desarrollar posibiliten
que la industria adquiera el peso que debe tener en el PIB de nuestro
país. Marco e iniciativas que deben generar las condiciones necesarias
para que las empresas industriales puedan llevar a cabo sus proyectos en
un entorno de libertad, flexibilidad y condiciones favorables a sus
objetivos. En este sentido se potenciarán las empresas competitivas que
incorporen la innovación en sus procesos productivos, que generen empleo,
que sean capaces de exportar, que induzcan un efector tractor en su
entorno y favorezcan la transferencia de tecnología, y que, en
definitiva, aporten un valor añadido significativo a sus productos, lo
que redundará en el fortalecimiento de los diferentes sectores
industriales de nuestro país. El tejido empresarial e industrial de
Cantabria, al igual que el del resto de Comunidades Autónomas, podrá
beneficiarse de estas medidas y de las condiciones de entorno que
pretenden crear para desarrollarse y generar empleo.



El Ministerio de Industria, Energía y Turismo impulsa la
reindustrialización a través de las convocatorias de ayudas del programa
creado al efecto. Ya se ha publicado en el 'BOE' la Orden IET/818/2012,
de 18 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de ayudas para actuaciones de reindustrialización.



La nueva Orden de bases tiene por objeto mejorar las características de
las ayudas, aumentar la transparencia en el procedimiento de concesión,
facilitar la realización de las inversiones, potenciar la participación
de las PYME y establecer nuevos controles que refuercen el cumplimiento
de los objetivos para los que se conceden las ayudas.



Próximamente se publicarán las dos resoluciones de la Secretaría General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa por las que se convocan
las ayudas a las que pueden optar las empresas y entidades cántabras en
2012: la de carácter general, abarcando a todos aquellos territorios
susceptibles de ayuda regional de acuerdo con las letras a) y c) del
artículo 107.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la
dedicada a zonas afectadas por procesos de deslocalización en sectores
manufactureros tradicionales.



En otro orden de cosas, existe colaboración con el Gobierno Regional; de
hecho se apoyan actuaciones de infraestructura promovidas por organismos
participados por la Administración regional, como la Sociedad Gestora del
Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, SL.



Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2012.-El Secretario
de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.



184/004620



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Gallego Arriola, María del Puerto (GS).



Respuesta:



La defensa de los montes contra incendios, a través de labores de
extinción y prevención, es competencia de las Comunidades Autónomas
(CCAA) en sus respectivos territorios, basándose en el reparto
competencial establecido en la Constitución Española y en los respectivos
Estatutos de Autonomía.



No obstante, la Administración General del Estado, a través del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), despliega medios
estatales de apoyo a las comunidades autónomas, sin perjuicio de sus
competencias en este ámbito, para la cobertura de los montes contra
incendios, dando cumplimiento al artículo 7 de la Ley 43/2003, de Montes.



En particular, el MAGRAMA mantiene de forma continuada la Campaña de Lucha
contra los Incendios Forestales, la cual se compone de un despliegue
anual de medios de extinción de carácter estatal que se refuerza en las
épocas de mayor riesgo, y que sirve de apoyo a los dispositivos de las
CCAA, con las que se coordina.



En la campaña de invierno 2012, para el apoyo a las CCAA, el Ministerio
desplegó un dispositivo de mayor capacidad, compuesto, en su momento, por
10 helicópteros y 4 aviones anfibios, además del personal altamente
cualificado de las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales
(BRIF). Estos medios de extinción de cobertura nacional se componen de 5
BRIF helitransportadas mediante helicópteros de media capacidad (1.500
litros); 5 helicópteros bombarderos Kamov (HK) de gran capacidad (4.500
litros) y 4 aviones anfibios de gran capacidad (AA) (5.500 litros).



Los citados medios se han situado en las bases recogidas en el cuadro
siguiente, y han actuado en cualquier punto de la geografía nacional
donde la situación de incendios forestales lo ha requerido:




[**********página con cuadro**********]




En la campaña de verano el MAGRAMA despliega, como es habitual, un
dispositivo aún más amplio que el de invierno, que en 2012 se prevé que
esté formado




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por 70 aeronaves y un total de 500 profesionales integrantes de las BRIF
desplegados por más de 30 bases en el territorio nacional.



En cuanto a las actuaciones de los medios del MAGRAMA, en global, en lo
que va de año el apoyo que algunas provincias han requerido en la
extinción de incendios ha sido superior a la media de la actividad de los
últimos años.



Entre las situaciones relevantes cabe destacar las de simultaneidad de
incendios registradas en la zona norte y noroeste de la Península, sobre
todo a finales del mes de marzo, favorecidas por la falta de
precipitaciones y episodios de viento sur desecante, que hicieron
necesaria la actuación de los medios estatales de extinción, para apoyar
a las Comunidades Autónomas en la lucha contra incendios.



Además de la actuación de los medios del MAGRAMA situados en Cantabria,
las circunstancias excepcionales arriba mencionadas provocaron que otros
medios adicionales se ubicaran en esta Comunidad Autónoma desde el día 27
de marzo, según se refleja en el cuadro siguiente:




[**********página con cuadro**********]




En total, el apoyo de los medios del MAGRAMA a la Comunidad Autónoma de
Cantabria suman un total de 46 intervenciones en incendios forestales,
realizando 100:08 horas de vuelo y 741 descargas, hasta el día 18 de
abril de 2012, como se detalla en el cuadro siguiente:




[**********página con cuadro**********]




Asimismo, para la protección de los montes contra los incendios, el
MAGRAMA realiza acciones de prevención, sensibilización y formación, con
10 Brigadas de Labores Preventivas y 18 Equipos de Prevención Integral de
Incendios Forestales (EPRIF) que trabajan en coordinación con los
servicios competentes de las Comunidades Autónomas en cuyo territorio se
localizan.



Concretamente en la Comunidad Autónoma de Cantabria se localiza el trabajo
de uno de los equipos EPRIF, en la comarca de Cabuérniga, que, entre el 1
de noviembre del año anterior y hasta el próximo 30 de abril, está
realizando actuaciones de prevención de incendios forestales.



Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2012.-El Secretario
de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.




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86






184/004621



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Gallego Arriola, María del Puerto (GS).



Respuesta:



La defensa de los montes contra incendios, a través de labores de
extinción y prevención, es competencia de las Comunidades Autónomas en
sus respectivos territorios, en base al reparto competencial establecido
en la Constitución Española y en los respectivos Estatutos de Autonomía.



No obstante, la Administración General del Estado, a través del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), despliega medios
estatales de apoyo a las comunidades autónomas, sin perjuicio de sus
competencias en este ámbito, para la cobertura de los montes contra
incendios, dando cumplimiento al artículo 7.2.c) de la Ley 43/2003, de
Montes.



En particular, el MAGRAMA mantiene de forma continuada la Campaña de Lucha
contra los Incendios Forestales, la cual se compone de un despliegue
anual de medios de extinción de carácter estatal que se refuerza en las
épocas de mayor riesgo, y que sirve de apoyo a los dispositivos de las
Comunidades Autónomas, con las que se coordina. Todos los medios son de
cobertura nacional, pudiendo actuar en cualquier punto del territorio
donde la situación de incendios forestales lo requiera, en particular en
Cantabria.



Los medios del MAGRAMA ubicados en la Comunidad Autónoma de Cantabria se
detallan a continuación. No se incrementan en 2012 respecto a anualidades
anteriores si bien, como se ha señalado anteriormente, en caso necesario,
como ocurrió el pasado mes de marzo, cualquier medio, ubicado donde se
encuentre, puede ser desplazado a Cantabria al objeto de reforzar los
medios allí existentes:




[**********página con cuadro**********]




El importe total invertido por el MAGRAMA, en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, en extinción de incendios forestales es de 513.996,31 euros.



Los medios de prevención que el Ministerio, en coordinación con la
Comunidad Autónoma, ubica en esta región se indica en la siguiente tabla
y supone un importe de 100.075,03 euros.




[**********página con cuadro**********]




Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2012.-El Secretario
de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.




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184/004622



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Gallego Arriola, María del Puerto (GS).



Respuesta:



De conformidad con la normativa vigente, las autoridades autonómicas
competentes en materia de protección civil podrán solicitar del
Ministerio del Interior la colaboración de la UME cuando se produzcan
situaciones de emergencia de carácter grave, entre las que se encuentran
los incendios forestales.



Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 2012.-El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.



184/004623



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Gallego Arriola, María del Puerto (GS).



Respuesta:



El Gobierno, tal y como anunció el Ministro de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente en sede parlamentaria al comienzo de la legislatura
respecto a la ordenación definitiva del caladero nacional, tiene previsto
regular las pesquerías basándose en los principios de sostenibilidad y
transparencia, con apoyo en el mejor asesoramiento científico disponible
y en colaboración con las Comunidades Autónomas y con el sector pesquero
afectado.



A tal fin, en la reunión de la Comisión Sectorial de Pesca del pasado 29
de febrero, se acordó por unanimidad la creación de un Grupo de trabajo
con el objetivo de definir una ordenación definitiva de la actividad
pesquera en el Caladero Nacional, al objeto de alcanzar un
aprovechamiento óptimo de los recursos pesqueros disponibles,
diferenciado por caladeros: Cantábrico Noroeste, Golfo de Cádiz,
Mediterráneo y Canarias, teniendo en cuenta las características
específicas de cada especie y de cada zona.



En dicho Grupo de trabajo tienen cabida asuntos que ya han sido planteados
por distintas Comunidades Autónomas y por el propio sector pesquero, y
por supuesto la actualización o revisión de la Orden ARM//3317/2010, de
21 de diciembre, por la que se modifica la Orden ARM/271/2010, de 10 de
febrero, por la que se establecen los criterios para el reparto y la
gestión de la cuota de la caballa y se regula su captura y desembarque.



Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2012.-El Secretario
de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.



184/005012



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Martínez Gorriarán, Carlos (GUPyD).



Respuesta:



La caza figura entre las competencias que podrán asumir las comunidades
autónomas, tal como establece el artículo 148.11 de la Constitución
Española, que incluye la pesca en aguas interiores, el marisqueo y la
acuicultura, la caza y la pesca fluvial, siendo este el título
competencial específico que soporta la intervención legislativa en
materia de caza por las comunidades autónomas.



Así, los estatutos de autonomía aprobados, han atribuido a cada Comunidad
Autónoma competencias exclusivas sobre caza, que son ejercidas en los
términos dispuestos en la Constitución, por lo que cada Comunidad
Autónoma se ha dotado de una norma general reguladora de la materia, que
actualiza al marco competencial autonómico lo previsto en la antigua Ley
de Caza de 4 de abril de 1970.



Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA) considera necesario unificar la normativa relativa al sector
cinegético. Así, entre los cambios legislativos y desarrollo normativo
que el MAGRAMA está poniendo en marcha figuran los siguientes:



En primer lugar, modificar la Ley 43/2003, de Montes, en relación a los
aprovechamientos forestales, entre los que se incluye la caza según la
definición del artículo 6. Se desarrollará un nuevo artículo sobre
aprovechamiento cinegético que permita la creación de una licencia única
de caza para poder realizar esta actividad en todo el territorio
nacional. También se creará un registro de infractores de caza a nivel
nacional que impida obtener la licencia de caza a todo aquel cazador
inhabilitado por resolución administrativa o judicial en cualquier
Comunidad Autónoma, de manera temporal o indefinida.



Este registro fue creado en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, si bien no
fue desarrollado. En este sentido cabe resaltar que el Real Decreto
556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que se crea por Ley 42/2007, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, cita entre sus componentes,
además del Inventario español de caza y pesca, el Registro Estatal de
Infractores de Caza y Pesca (componente 6.e), aspecto valorado posi




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tivamente por el Consejo de Estado en su dictamen preceptivo para la
aprobación del citado real decreto.



Está previsto, además, mejorar la coordinación de la política cinegética a
nivel estatal para conseguir la armonización de periodos de veda, de los
contenidos mínimos de los planes cinegéticos y de los inventarios de caza
y pesca.



Se va a revisar, por último, el Reglamento de funcionamiento interno de la
Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza y se realizará su
adscripción a la Dirección General de Desarrollo Rural y Política
Forestal del MAGRAMA.



Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2012.-El Secretario
de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.



184/005032



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).



Respuesta:



En relación con la información solicitada se aportan los datos del curso
2010/11 ya que los datos del curso 2011/2012 no son definitivos al
existir, pendientes de resolución, recursos e incidencias de solicitudes
de becas.




[**********página con cuadro**********]




Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2012.-El Secretario
de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.



184/005033



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).



Respuesta:



En relación con la información solicitada se aportan los datos
correspondientes al curso 2010/11, ya que los datos del curso 2011/2012
no son definitivos al existir, pendientes de resolución, recursos e
incidencias de solicitudes de becas.



Estos datos son de alumnos matriculados en centros de la provincia de
Cádiz, ya que las estadísticas están elaboradas con el desglose de los
datos por provincias, sin que se disponga de los datos desagregados por
demarcaciones territoriales inferiores a la provincial.




[**********página con cuadro**********]




Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2012.-El Secretario
de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.




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184/005042 a 184/005048



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Costa Palacios, María Angelina (GS); Aguilar Rivero, Rosa (GS);
Hurtado Zurera, Antonio (GS).



Respuesta:



El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publica en su web
(http://www.dependencia.imserso.es) los datos estadísticos del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que son actualizados
mensualmente. Se puede consultar tanto la información histórica acumulada
incorporada al SISAAD, como la información sobre los expedientes en
vigor. Los datos, que sólo se ofrecen desagregados por Comunidades
Autónomas, incluyen el número de solicitudes, el perfil de la persona
solicitante, el número de dictámenes, personas que han sido valoradas en
los diferentes grados y niveles, el número de personas beneficiarias y
las prestaciones, y el perfil de la persona beneficiaria con prestación.



En cuanto a los datos facilitados por la Seguridad Social sobre puestos de
trabajo directos creados desde la entrada en vigor de la Ley de la
Dependencia, no están desagregados por Comunidades Autónomas y sus
correspondientes provincias.



Madrid, 23 de abril de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005064



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Lozano Domingo, Irene (GUPyD).



Respuesta:



España contribuyó al diálogo entre las autoridades cubanas y la Iglesia
católica ofreciéndose a acoger, desde el 13 de julio de 2010 y hasta el 8
de abril de 2011, a 115 excarcelados, acompañados por 647 familiares. (El
proceso supuso la excarcelación de todos los prisioneros del llamado
'grupo de los 75', detenidos durante la Primavera Negra de 2003, así como
de 75 presos de conciencia más)



Los presos liberados y sus familiares se han acogido en España, respetando
en todo momento sus propias solicitudes y en aplicación de la normativa
española en la materia, o bien a la figura de refugiado político, o bien
a la de protección subsidiaria según los términos de la Ley 12/2009, de
30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección
subsidiaria.



España ha hecho un especial esfuerzo como se pone de manifiesto mediante
su inclusión en el programa integral de atención a las necesidades del
colectivo de demandantes o beneficiarios de protección internacional (que
gestiona el Ministerio de Empleo y Seguridad Social), que está previsto y
debe ser aplicado en iguales términos para todas las personas, sea cual
sea su nacionalidad, beneficiarias del mismo. Resulta de especial
importancia aclarar que este programa de ayudas tiene por objeto
facilitar la autonomía individual y familiar del beneficiario y promover
un mayor grado de integración y participación en la sociedad de acogida.
Por eso, tiene un carácter temporal: para favorecer que el beneficiario
pueda, de forma progresiva, alcanzar las condiciones más favorables para
su inserción socio-laboral, y comprende todos los aspectos: traslado a
España, asistencia en primera acogida, ayudas económicas de manutención,
alojamiento, asistencia jurídica, asistencia psicológica, asistencia
sanitaria y transporte. Además esta asistencia se ha visto complementada
con asistencia para la escolarización de los menores, orientación en los
procedimientos para homologación de títulos escolares y universitarios,
asistencia para la integración laboral y atención sanitaria así como las
ayudas económicas que han podido percibir para la manutención y
necesidades personales.



La duración del mecanismo de ayudas se gradúa en función de las
necesidades concretas de cada grupo familiar y de la evolución del ritmo
de su progresiva integración en la sociedad española y del desarrollo de
sus capacidades para la autosuficiencia. Con carácter general, las ayudas
han tenido una duración de un año como máximo, prorrogable por seis meses
más en atención a circunstancias extraordinarias. La situación actual de
nuestro país exige que actualmente se valoren los casos de manera
individual, de forma que las ayudas sean otorgadas en función de su
situación de riesgo y desprotección.



No obstante, más allá de los plazos establecidos con carácter general, el
programa prevé que (en atención a circunstancias individuales y/o
familiares que puedan presentarse) se puedan mantener aquellas
prestaciones consideradas necesarias para determinadas personas o grupos
familiares.



En estos casos, se atiende, tras una valoración individual o del grupo
familiar, a las especiales situaciones de vulnerabilidad que pueden
concurrir en determinados beneficiarios.



Estas situaciones exceden de las circunstancias comunes en las que se
halla el colectivo de solicitantes o beneficiarios de protección
internacional y atienden a supuestos agravados de los que pueda derivarse
una situación de riesgo o desprotección.



En aquellos supuestos que presentan una situación de especial
vulnerabilidad (en concreto, familias monoparentales con hijos menores,
personas enfermas mayores de 65 años y unidades familiares con algún
miembro gravemente enfermo) las ayudas se han prorrogado,




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90






continuando las personas especialmente vulnerables dentro del programa y
recibiendo ayudas económicas destinadas a completar su proceso de
integración.



Hay que recordar, que desde su llegada a España, no ha existido ninguna
situación de desprotección de los excarcelados y sus familiares, que en
todo momento han gozado de los beneficios generales de asistencia
humanitaria que establece la legislación española.



Madrid, 2 de julio de 2012 .-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005065



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Ortiz Castellví, Laia (GIP) y Coscubiela Conesa, Joan (GIP).



Respuesta:



El Gobierno ejerce las facultades que le otorga la Constitución de acuerdo
con ésta y con las Leyes vigentes. Por ello, el Gobierno está plenamente
informado de todos los desplazamientos que realiza Su Majestad el Rey.



El desplazamiento concreto de Su Majestad al que aluden Sus Señorías, no
dio lugar a ningún gasto extraordinario o imprevisto.



Por otra parte, el Gobierno resalta que las posibles reformas normativas e
iniciativas políticas a las que aluden las preguntas de Sus Señorías, no
están incluidas entre los compromisos asumidos por el Gobierno que ha
obtenido la confianza de la Cámara el pasado 20 de diciembre.



Madrid, 4 de julio de 2012.-El Secretario de Estado Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005066



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Tardà i Coma, Joan (GMX); Jordà i Roura, Teresa (GMX), y Bosch i
Pascual, Alfred (GMX).



Respuesta:



El Gobierno ejerce las facultades que le otorga la Constitución de acuerdo
con ésta y con las Leyes vigentes. Por ello, el Gobierno está plenamente
informado de todos los desplazamientos que realiza Su Majestad el Rey.



El desplazamiento concreto de Su Majestad al que aluden Sus Señorías, no
dio lugar a ningún gasto extraordinario o imprevisto, y el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, a través de su red de embajadas,
realizó las gestiones habituales ante las autoridades locales.



El desgraciado accidente de Su Majestad el Rey no ha generado ningún coste
para el erario público.



Finalmente, el Gobierno remitirá el proyecto de ley de transparencia, una
vez hayan sido evacuados los oportunos informes de los diferentes órganos
consultivos.



Madrid, 3 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005067



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Lozano Domingo, Irene (GUPyD).



Respuesta:



El Gobierno ejerce las facultades que le otorga la Constitución de acuerdo
con ésta y con las Leyes vigentes. Por ello, el Gobierno está plenamente
informado, con suficiente antelación, de todos los desplazamientos que
realiza Su Majestad el Rey.



El desplazamiento a Kuwait carecía del carácter oficial que Su Señoría le
atribuye, por lo que la presencia de miembros del Gobierno no es
constitucionalmente exigible.



Madrid, 3 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005070



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).



Respuesta:



El Gobierno ejerce las facultades que le otorga la Constitución de acuerdo
con ésta y con las Leyes vigentes. Por ello, el Gobierno está plenamente
informado, con suficiente antelación, de todos los desplazamientos que
realiza Su Majestad el Rey.



El desplazamiento a Kuwait carecía del carácter oficial que Su Señoría le
atribuye.



Madrid, 3 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.




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91






184/005082



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).



Respuesta:



Las Comandancias de la Guardia Civil deben garantizar en todo momento la
plena operatividad de sus instalaciones evitando así que la seguridad
ciudadana pueda sufrir un perjuicio grave por un incorrecto y deficiente
funcionamiento de las mismas. A tal fin, en el catálogo de puestos de
trabajo de la Comandancia de Alicante existen 4 puestos de trabajo, de
los cuales 3 se encuentran actualmente cubiertos, con personal encargado
de realizar tareas de mantenimiento, entre ellas las de fontanería,
albañilería y pintura sobre las infraestructuras, material y equipos.



Ni las Comandancias ni la Guardia Civil en general disponen de personal
laboral contratado para realizar este tipo de tareas de mantenimiento.
Por tanto, al no estar externalizados los trabajos y haber solicitudes
voluntarias para realizarlos, encontrándose dentro del catálogo de
puestos de trabajo, los agentes pueden llevarlos a cabo.



Todas las Comandancias de la Guardia Civil tienen una estructura orgánica
similar, y cuentan con una unidad de apoyo, encargada de garantizar la
plena operatividad de las infraestructuras, el material y los equipos
propios.



Madrid, 11 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005086



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Cantó García del Moral, Antonio (GUPyD).



Respuesta:



Analizando el tema desde la perspectiva de la Convención de Nueva York
sobre los derechos de las personas con discapacidad, no se comparte que
la regulación del artículo 156 del Código Penal infrinja las exigencias
derivadas de lo dispuesto en los artículos 23 (respeto del hogar y de la
familia) y 25 (salud), ni por tanto, que sea necesaria su derogación.



El precitado artículo 156.2 del Código Penal dice textualmente 'Sin
embargo, no será punible la esterilización de persona incapacitada que
adolezca de grave deficiencia psíquica cuando aquella, tomándose como
criterio rector el del mayor interés del incapaz, haya sido autorizada
por el Juez, bien en el mismo procedimiento de incapacitación, bien en un
expediente de jurisdicción voluntaria, tramitado con posterioridad al
mismo, a petición del representante legal del incapaz, oído el dictamen
de dos especialistas, el Ministerio Fiscal y previa exploración del
incapaz'.



La esterilización a que se refiere el precepto solamente puede ser
autorizada cuando resulta necesaria para hacer efectivo el derecho de las
personas con discapacidad a establecer relaciones afectivas con otras y a
desarrollar libremente su vida personal -lo que incluye el ejercicio de
su sexualidad- sin exponerlos a embarazos y al nacimiento de una
descendencia de la que no podrían hacerse cargo.



Al tiempo, la medida solamente puede ser autorizada cuando resulta
necesaria para estos fines, y los mismos no pueden ser asegurados
mediante medidas menos agresivas, como podría ser la prescripción de
anticonceptivos (que también podrían constituir un tratamiento no
consentido).



Como ha declarado el Tribunal Constitucional, cuya doctrina es de
cumplimiento obligado para los Tribunales (art. 5.1 LOPJ), el Juez
'asesorado por dos especialistas, oído el Ministerio Fiscal y la madre de
la incapaz habrá de comprobar si, en atención al mayor interés de la
incapacitada, se impone la esterilización como medida más aconsejable
para que quien no puede conducirse por sí misma no padezca los efectos de
un embarazo que podría afectar seriamente a su estabilidad emocional y
personal y, al tiempo, no se vea sometida como contrapartida a prácticas
anticonceptivas no menos perturbadoras para esa estabilidad' (Auto
24-11-1998).



Como declara la jurisprudencia constitucional, la medida persigue, en
interés de la persona discapacitada, favorecer las condiciones de vida y
bienestar equiparándola en todo lo posible a la de las personas capaces y
al desarrollo de su personalidad sin otras trabas que las imprescindibles
que deriven necesariamente de la grave deficiencia psíquica que padece,
en concreto hacer posible el 'ejercicio de su sexualidad sin el riesgo de
una posible procreación cuyas consecuencias no puede prever ni asumir
conscientemente en razón de su enfermedad psíquica' y, 'en la
concurrencia de derechos y valores constitucionalmente reconocidos cuya
producción legitime la limitación del derecho fundamental a la integridad
física que tal intervención entraña' resaltando que se justifica ante la
imposibilidad de la persona con discapacidad de cumplir con el deber
constitucional de todo padre de prestar asistencia de todo orden a los
hijos (art. 39.3 CE y art. 154 CC), con riesgo de que al no comprender
las molestias o sufrimientos que lleve aparejada la gestación y el parto
pueda resultar aún más dañado su estado psíquico; y ello sin perjuicio
del mayor daño si se dieren los supuestos para la aplicación de un aborto
(cfr. STC 214/1994, de 14/07/1994).



No obstante, se puede afirmar que la regulación existente en el ámbito
civil es susceptible de mejoras, tanto desde un aspecto sustantivo (con
el incremento de




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las garantías previstas y objetivando expresamente las razones de esta
intervención), como desde el punto de vista procesal, estudiando la
posibilidad de regular un procedimiento especial en la Ley de
Enjuiciamiento Civil.



El Ministerio de Justicia analizará estas cuestiones en el marco de los
trabajos prelegislativos que actualmente está llevando a cabo.



Madrid, 25 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005123



(184) Respuesta escrita Congreso



Autor: Ruiz i Carbonell, Joan (GS).



Respuesta:



En cumplimiento de los necesarios ajustes presupuestarios impuestos por la
situación de grave crisis económica por la que atraviesa nuestro país, se
mantendrán en la provincia de Tarragona todos los proyectos que puedan
servir al objetivo de crear riqueza, actuar como motor de la economía,
generar empleo y mejorar el bienestar de los ciudadanos, favoreciendo la
mejora de nuestra competitividad, así como de la cohesión social y
territorial.



Atendiendo a esta idea el Ministerio de Fomento tiene como objetivo
irrenunciable promover todas las obras que se ajusten a esos fines y
mantener aquellas ya iniciadas que se identifiquen con ese objetivo.



En cualquier caso las inversiones concretas para la provincia de Tarragona
se encuentran disponibles en los anexos de inversiones de los PGE 2012
publicados en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.



Madrid, 26 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005126 y 184/005168



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Jiménez García-Herrera, Trinidad (GS).



Respuesta:



La Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su
Disposición final segunda, encomienda al Gobierno la elaboración y
aprobación de un Texto Refundido en materia de discapacidad y establece
tanto su contenido como el plazo para su elaboración.



El contenido deberá ajustarse a la regularización, aclaración y
armonización de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de
los minusválidos, de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad, y la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de
infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.



El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, está trabajando
en el borrador del texto legal, que será consultado a las Comunidades
Autónomas y al Tercer Sector. Concluida esa labor de diálogo, el Gobierno
procederá a la tramitación del anteproyecto de Ley correspondiente, así
como a su envío a las Cortes Generales.



Madrid, 18 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005127 a 184/005142



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Jiménez García-Herrera, Trinidad (GS).



Respuesta:



La reforma del Sistema Nacional de Salud recogida en el Real Decreto Ley
16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y
seguridad de sus prestaciones, prevé una cartera común básica de
asistencia sanitaria totalmente gratuita. En ningún caso puede hablarse
de copago en asistencia sanitaria aunque en algún momento de las dos
legislaturas anteriores, distintos responsables del anterior gobierno se
hayan referido abiertamente a ello.



El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS)
del 18 de abril, se plantearon las medidas de reforma del Sistema
Nacional de Salud que garantizan que la sanidad en España siga siendo
pública, universal y gratuita. La situación actual de crisis económica
que atraviesa España ha puesto al descubierto con toda la crudeza las
debilidades del Sistema Nacional de Salud, y prueba de ello son esos
16.000 millones de euros de deuda que arrastraba nuestro sistema
sanitario público nacional. El objetivo fundamental de la reforma
sanitaria es garantizar la sostenibilidad del sistema y al mismo tiempo
preservar el derecho de los ciudadanos a la protección de su salud. El
Gobierno ha recibido propuestas desde todos los ámbitos: ha recibido
propuestas de copago en asistencia sanitaria, que




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ha descartado; ha recibido propuestas de cobro por receta, que ha
descartado; ha recibido propuestas de pago por día de internamiento
hospitalario, que también ha descartado.



No obstante, y respecto a la medida adoptada por la Generalitat de
Cataluña de hacer pagar a los ciudadanos 1 euro por receta, se informa
que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, mantiene un
absoluto respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas en esta
materia, aunque es cierto que dicha medida fue tomada en su día ante la
ausencia de medidas integrales de sostenibilidad del SNS que el anterior
gobierno no había promovido.



Entre las principales medidas acordadas en el Consejo Interterritorial del
SNS el pasado 18 de abril, se encuentran modificaciones en el sistema de
aportación de los usuarios en farmacia que dan una amplia cobertura en
este aspecto y que redundan en la aportación en función de la renta y de
las posibilidades de los usuarios, en lugar de hacerla lineal como la
medida del euro por receta.



La reforma establece un nuevo esquema de aportaciones del usuario en
farmacia. En este ámbito, la aportación del usuario no es algo nuevo, ya
existía. Lo que se pretende es mejorar la equidad, con una fórmula más
justa, que tiene en cuenta la renta, la condición de activo o pasivo y la
condición de enfermo crónico.



Este nuevo sistema tendrá, además, un efecto disuasorio que evite que se
acumulen y se tiren medicamentos pagados de forma masiva. España, que es
uno de los países de mayor consumo de fármacos en el mundo, destruye cada
año 3.700 toneladas de medicamentos pagados, porque han caducado o no se
han utilizado. Los expertos cifran este despilfarro en un 10 por ciento
del gasto farmacéutico.



Por otra parte, el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud, del pasado 18 de abril, se convocó siguiendo escrupulosamente
el procedimiento reglado.



Madrid, 1 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005143, 184/005145 a 184/005147



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Jiménez García-Herrera, Trinidad (GS).



Respuesta:



El Gobierno tiene intención de actualizar la legislación de protección a
la infancia. A tal objeto, se llevará a cabo su reelaboración incluyendo
nuevas cuestiones y teniendo en cuenta las propuestas y observaciones
formuladas por las distintas instituciones.



En este marco, está prevista la regulación del internamiento e
intervención en los centros de protección a la infancia de los menores
con dificultades de conducta.



También se valorará la inclusión de las modificaciones legislativas que
puedan ser necesarias para la agilización y potenciación del acogimiento
familiar de menores, en línea con las conclusiones y recomendaciones de
la Comisión Especial del Senado, y del Comité de los Derechos del Niño de
Naciones Unidas, por considerar a la familia como el entorno más idóneo
para el desarrollo integral de los niños.



En el Primer Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (PENIA
2006-2009), se recogía, como uno de sus objetivos estratégicos, el de
potenciar la figura del acogimiento familiar por medio de diferentes
acciones, realizándose estudios e informes de expertos universitarios
para conocer la situación del Acogimiento Familiar en nuestro país. En el
borrador de Proyecto del II Plan Estratégico Nacional de Infancia y
Adolescencia también se recogerán medidas en este sentido.



Además está prevista la aprobación de una estrategia nacional para la
erradicación de la violencia contra las mujeres, en la que, entre otras,
se garantizará una atención integral y especializada a los menores de
edad que sean víctimas de violencia de género.



Madrid, 18 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005144 y 184/005148



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Jiménez García-Herrera, Trinidad (GS).



Respuesta:



Las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial del Senado se
están teniendo en cuenta para la actualización de la legislación de
protección a la infancia en la que se está trabajando.



A tal objeto, se llevará a cabo su reelaboración incluyendo nuevas
cuestiones y teniendo en cuenta las propuestas y observaciones formuladas
por las distintas instituciones, entre las que se valorarán las
cuestiones legales y normativas referentes a la adopción.



Madrid, 18 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.




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184/005150 y 184/005151



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Jiménez García-Herrera, Trinidad (GS).



Respuesta:



La medida a la que se hace referencia en la pregunta es una medida
necesaria ya que tiende a la mejora de la eficiencia del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia y a reforzar el derecho subjetivo
de los beneficiarios del Sistema. Además, hay que tener en cuenta que la
financiación del nivel acordado no se encontraba vinculada ni estaba
dirigida a la atención de personas en concreto, sino que se pagaba a las
Comunidades Autónomas como parte de la financiación de la globalidad del
Sistema y con grandes oscilaciones.



Una de las principales responsabilidades de los gobiernos es la necesidad
de control del déficit público, como medida aceptada en la Unión Europea
para generar crecimiento económico y empleo. Esta fue la causa de que el
año 2010 el Gobierno de España, entre otras medidas, eliminara la
retroactividad en la aplicación de la Ley de Dependencia, con los claros
efectos directos de que los beneficiarios vieran sus expectativas
incumplidas al recibir menores cuantías que las previstas. Esta medida
todavía tiene efectos en el Sistema de Dependencia y en sus
beneficiarios. A ello se une que en el 2011 se redujo el presupuesto
destinado a dependencia en 235 millones de euros.



El Gobierno actual, para garantizar la viabilidad del sistema actual ha
optado por el incremento del nivel mínimo, que está directamente
relacionado con las prestaciones dirigidas a los beneficiarios y que
experimentará un aumento del 18,64% en relación con el pasado año, y por
el aplazamiento del reconocimiento de los casos más leves.



De conformidad con los datos que a fecha uno de mayo las Comunidades
Autónomas han introducido en el Sistema de Información del Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), sólo un total de
13.256 personas beneficiarias valoradas como Grado I, Nivel 2, verían
aplazada la efectividad de sus derechos hasta el año 2013.



Por otra parte, hay que decir que el ahorro no existe puesto que las
previsiones que se establecieron en la ley han sido ampliamente superadas
a 31 de diciembre de 2011, es decir, 3 años antes de culminar el proceso
de ampliación de la ley (2015), tanto en número de beneficiarios como en
la financiación que debería aportar el Estado.



La financiación del nivel mínimo de protección garantizada para cada uno
de los beneficiarios del Sistema es una obligación de la Administración
General del Estado. Al respecto, debe recordarse que en los Presupuestos
Generales del Estado para 2012, en relación con el ejercicio 2011, la
cantidad prevista para el Nivel Mínimo, a pesar de las duras
restricciones del gasto público imprescindibles en la actualidad, se ha
incrementado en 203.000 euros. Por el contrario, en el ejercicio
presupuestario de 2011, en relación con el año anterior 2010, en un
momento de incorporación de nuevos beneficiarios al Sistema de
Dependencia, se redujo de manera importante el Presupuesto del Estado
destinado al Nivel Mínimo.



Madrid, 21 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005154



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Jiménez García-Herrera, Trinidad (GS).



Respuesta:



A través de la página web www.dependencia.imserso.es/ se hacen públicos
los datos estadísticos del Sistema de Información del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).



Un breve análisis de los datos nos indica en la actualidad que del total
de prestaciones (47.370) que reciben las personas beneficiarias del Grado
I, Nivel 2 (38.791), el 76% son atendidos mediante Servicios y el 24% por
cuidados en el entorno familiar; datos similares a los de 31 de diciembre
de 2011. Estos datos garantizan una mayor atención con Recursos de
Financiación Pública. Además las prestaciones de Ayuda a Domicilio
suponen un 24%; prácticamente igual que a diciembre de 2011; al igual que
ocurre con la Prestación Económica Vinculada al Servicio, alrededor del
5%.



Dentro del marco normativo establecido en desarrollo de la Ley de
Dependencia, les corresponde a las Comunidades Autónomas establecer los
requisitos y condiciones de acceso (idoneidad del recurso, inexistencia
de recursos públicos, convivencia), así como la acreditación de los
mismos para cada una de las prestaciones del sistema, puesto que son las
entidades competentes para el reconocimiento de la situación de
dependencia y las correspondientes prestaciones.



Con respecto a las disfunciones existentes en la aplicación de la Ley de
Dependencia, cabe constatar que la disposición final primera, punto 3.º,
preveía que a los tres años de su entrada en vigor se procedería por
parte del Consejo Territorial del SAAD a evaluar el Sistema, y que esta
evaluación no se ha producido todavía a pesar de que han transcurrido
cinco años desde la entrada en vigor de la Ley; aunque se ha constatado
por parte de las distintas Administraciones que hay aspectos que han de
ser evaluados y mejorados.



Por ello, el actual Gobierno está impulsando un Pacto de Estado por la
Sanidad y los Servicios Sociales




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donde se abordarán conjuntamente, entre todas las Administraciones
competentes, aspectos como la calidad y adecuación de la Cartera de
Servicios y prestaciones a las personas en situación de dependencia,
procedimiento y tramitación para el acceso a las prestaciones y
servicios, y aspectos económicos de la atención a la Dependencia, con el
propósito de elaborar unas normas lo más uniformes posible en todo al
ámbito nacional, de tal manera que ante situaciones análogas se ofrezcan
prestaciones similares donde, en aras de la calidad, primen los servicios
a las prestaciones económicas, y donde se garantice a todos los españoles
en situación de dependencia un nivel mínimo de ayudas.



Madrid, 11 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005156



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Jiménez García-Herrera, Trinidad (GS).



Respuesta:



A fecha uno de junio de 2012, y de conformidad con la información
facilitada por las Comunidades Autónomas al Sistema de Información del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), existe un
total de 1.429 personas valoradas con Grado I, Nivel 2, con una
prestación económica vinculada al servicio de Atención Residencial.



En este sentido, las Comunidades Autónomas remiten la información al
SISAAD relativa a las prestaciones que reconocen a las personas
beneficiarias en situación de dependencia y basándose en la misma se
lleva a cabo el pago de las cantidades asociadas correspondientes al
nivel mínimo.



Al respecto, es necesario tener en cuenta que de acuerdo con lo recogido
en el Real Decreto 175/2011, de 11 de febrero, hasta el 31 de diciembre
del año 2013, a las personas a las que se hubiera reconocido el Grado I
de dependencia moderada y que a fecha 28 de octubre de 2010 estuvieran
recibiendo el servicio de atención residencial, se les podrá ofrecer esta
prestación como la modalidad de intervención más adecuada en el proceso
de consulta para el establecimiento del programa individual de atención.



Madrid, 28 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005157



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Jiménez García-Herrera, Trinidad (GS).



Respuesta:



A fecha de 1 de mayo del 2012, y de conformidad con la información
facilitada por las propias Comunidades Autónomas al Sistema de
Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
(SISAAD), existen un total de 7.467 personas de Grado I, Nivel 2, que
cuentan con un servicio de Teleasistencia reconocido como única
prestación.



De acuerdo con el Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, artículo 3, el
nivel mínimo de protección se garantiza mediante la fijación de una
cantidad económica que la Administración General del Estado aporta a la
financiación del Sistema por cada uno de los beneficiarios, para las
prestaciones de dependencia previstas en su programa individual de
atención.



En este sentido, es necesario tener en cuenta que la Teleasistencia es una
prestación compatible con otras y que, en el nivel mínimo, se aporta
únicamente una cantidad por cada beneficiario para las prestaciones
previstas en su Programa Individual de Atención (PIA).



Madrid, 11 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005158



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Jiménez García-Herrera, Trinidad (GS).



Respuesta:



La Disposición adicional segunda del Real Decreto 174/2011, de 11 de
febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de
dependencia establece que la determinación de la necesidad del concurso
de otra persona a efectos de causar derecho a los complementos previstos
para las pensiones de invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no
contributiva y la asignación económica por hijo a cargo de la Seguridad
Social en los artículos 145.6 y 182 bis 2.c, del Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social se realizará mediante la aplicación
del baremo aprobado en el referido Real Decreto. Asimismo, determina que
dicha necesidad se estimará acreditada cuando de la aplicación del baremo
se obtenga una puntuación que dé lugar a cualquiera de los grados y
niveles de dependencia establecidos.




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Por otro lado, la Disposición final tercera del Real Decreto 174/2011
habilita al Gobierno para modificar el Real Decreto 1971/1999, de 23 de
diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y
calificación del grado de discapacidad, con el fin de adaptar su
contenido a lo regulado en el primero de ellos, modificación que, hasta
la fecha, no se ha llevado a cabo.



Ante esta situación, la Comisión Delegada del Consejo Territorial del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la reunión
celebrada el 16 de febrero del 2012, acordó que hasta que no se adapte el
contenido del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, será de
aplicación el baremo que se ha venido utilizando hasta la fecha.



Toda esta información se ha remitido por carta, por parte del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), a todas las Comunidades Autónomas
para su aplicación.



La información a los ciudadanos sobre la aplicación del baremo que se ha
venido utilizando corresponderá en todo caso a las Comunidades Autónomas
gestoras de las prestaciones de dependencia y de las pensiones no
contributivas de la Seguridad Social.



Además, el Gobierno, en todo caso, cumple con las obligaciones legales
impuestas por la normativa vigente.



Las personas a las que antes del 30 de junio de 2011 se les hubiera
reconocido un grado y nivel de dependencia, aunque no tuvieran la
Resolución de reconocimiento individual de prestaciones o servicios, no
verán afectados sus derechos, al recibir, con efectos retroactivos desde
el día siguiente a los 6 meses, las prestaciones económicas que se les
reconocieron.



Madrid, 25 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005162



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Jiménez García-Herrera, Trinidad (GS).



Respuesta:



En la reunión del Consejo Territorial del SAAD (máximo Órgano de
Cooperación para la articulación del Sistema), se ha recogido el
compromiso se formar cuatro grupos diferentes de trabajo, relativos a las
siguientes materias:



- Baremo de valoración de la Dependencia.



- Calidad y adecuación de la cartera de servicios y prestaciones a la
situación de las personas dependientes.



- Procedimiento de tramitación para el acceso a las prestaciones.



- Aspectos económicos de la atención a la Dependencia.



En los mismos se llevarán a cabo tareas de análisis de las diferentes
materias, en orden a realizar aportaciones destinadas a mejorar el
tratamiento de tales extremos en el desarrollo del Sistema.



En relación con la participación de los agentes sociales, y los
representantes de las personas con discapacidad, personas mayores y
Organizaciones No Gubernamentales de acción social, la propia Ley de
Dependencia ha previsto la creación de toda una serie de órganos
consultivos que sirven de cauce adecuado para instrumentalizar la
participación de estas entidades, tales como el Comité Consultivo.



Además, en este sentido, determinados órganos representativos de estos
colectivos (el Consejo Estatal de Personas Mayores, el Consejo Nacional
de la Discapacidad, o el Consejo Estatal de Organizaciones No
gubernamentales de Acción Social), tienen la consideración de órganos
consultivos de participación institucional del SAAD.



Madrid, 7 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005163



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Jiménez García-Herrera, Trinidad (GS).



Respuesta:



El presupuesto en el Programa de Vacaciones para personas mayores, que
consta en los Presupuestos Generales del Estado para el 2012, permite
financiar los gastos previstos para la temporada 2011/2012 que se viene
desarrollando en este momento y, por lo tanto, no se verá afectada
ninguna persona.



Madrid, 28 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005166



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Jiménez García-Herrera, Trinidad (GS).



Respuesta:



Por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 30 de diciembre de 2011, se
autorizó al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), con
cargo al crédito del Programa 3132 'Envejecimiento activo y prevención de
la dependencia', la ampliación del límite pre




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supuestario para posibilitar la ejecución del Programa de Teleasistencia
Domiciliaria (TAD) durante el ejercicio 2012, por un importe total de
30.760.542,31 euros.



En este sentido, se ha autorizado la suscripción de convenios de
teleasistencia entre el IMSERSO, la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) y 240 Entidades Locales (Ayuntamientos, Diputaciones
Provinciales, Mancomunidades de Municipios, Consejos y Cabildos
Insulares) adheridas al Programa de TAD, así como el convenio de
colaboración entre el IMSERSO y la FEMP, para la gestión del mencionado
Programa.



Madrid, 18 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005167



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Jiménez García-Herrera, Trinidad (GS).



Respuesta:



El Gobierno va a impulsar la creación de un nuevo marco normativo para el
Tercer Sector, más acorde con la realidad y la evolución que ha tenido en
los últimos años, que profundice y defina sus características y
especificidades, sus relaciones con la Administración del Estado y que
intensifique su participación en el diseño, ejecución y evaluación de las
políticas públicas estatales en el ámbito social.



Se trata de garantizar la colaboración entre la Administración del Estado
y las Entidades del Tercer Sector para lograr un desarrollo armónico de
las políticas sociales y un óptimo aprovechamiento de los recursos.



Se potenciará el Consejo Estatal de ONG de Acción Social, como lugar de
encuentro, asesoramiento, participación y diálogo entre el movimiento
asociativo y la Administración General del Estado, resaltando su carácter
de Órgano de interlocución con la Administración General del Estado y se
asegurará la presencia de estas Entidades en otros Órganos de
participación y consulta en el ámbito de la política social de la
mencionada Administración.



Además, se reforzará la imagen pública de las Entidades del Tercer Sector
de acción social en el ámbito social, sensibilizando a la población del
papel que vienen representando.



Madrid, 22 de junio de 2012-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005169 y 184/005170, 184/005172, 184/005179 y 184/005180



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Jiménez García-Herrera, Trinidad (GS); Aguilar Rivero, Rosa (GS).



Respuesta:



El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publica en su web
(http://www.dependencia.imserso.es) los datos estadísticos del sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que son actualizados
mensualmente. Se puede consultar tanto la información histórica acumulada
incorporada al SISAAD, como la información sobre los expedientes en
vigor. Los datos, que sólo se ofrecen desagregados por Comunidades
Autónomas, incluyen el número de solicitudes, el perfil de la persona
solicitante, el número de dictámenes, personas que han sido valoradas en
los diferentes grados y niveles, el número de personas beneficiarias y
las prestaciones, y el perfil de la persona beneficiaria con prestación.
En este sistema de información no se incorporan datos sobre empleo.



Madrid, 18 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005171



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Jiménez García-Herrera, Trinidad; Aguilar Rivero, Rosa (GS).



Respuesta:



La disposición adicional segunda del Real Decreto 174/2011, de 11 de
febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de
dependencia establece que la determinación de la necesidad del concurso
de otra persona a efectos de causar derecho a los complementos previstos
para las pensiones de invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no
contributiva y la asignación económica por hijo a cargo de la Seguridad
Social en los artículos 145.6 y 182 bis.2.c) del Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social se realizará mediante la aplicación
del baremo aprobado en el referido real decreto. Asimismo, determina que
dicha necesidad se estimará acreditada cuando de la aplicación del baremo
se obtenga una puntuación que dé lugar a cualquiera de los grados y
niveles de dependencia establecidos.



Por otro lado, la disposición final tercera del Real Decreto 174/2011
habilita al Gobierno para modificar




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98






el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el
reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, con
el fin de adaptar su contenido a lo regulado en el primero de ellos,
modificación que, hasta la fecha, no se ha llevado a cabo.



Ante esta situación, la Comisión Delegada del Consejo Territorial del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la reunión
celebrada el 16 de febrero de 2012, acordó que hasta que no se adapte el
contenido del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, será de
aplicación el baremo que se ha venido utilizando hasta la fecha.



Toda esta información se ha remitido por carta, por parte del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), a todas las comunidades autónomas
para su aplicación.



La información a los ciudadanos sobre la aplicación del baremo que se ha
venido utilizando corresponderá, en todo caso, a las comunidades
autónomas gestoras de las prestaciones de dependencia y de las pensiones
no contributivas de la Seguridad Social.



Además, el Gobierno, en todo caso, cumple con las obligaciones legales
impuestas por la normativa vigente.



Las personas a las que antes de 30 de junio de 2011 se les hubiera
reconocido un grado y nivel de dependencia, aunque no tuvieran la
Resolución de reconocimiento individual de prestaciones o servicios, no
verán afectados sus derechos, al recibir, con efectos retroactivos desde
el día siguiente a los seis meses, las prestaciones económicas que se les
reconocieron.



Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2012.-El Secretario
de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.



184/005174 a 184/005178



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Aguilar Rivero, Rosa, y Jiménez García-Herrera, Trinidad (GS).



Respuesta:



La medida a la que se hace alusión en la pregunta es una medida necesaria
ya que tiende a la mejora de la eficiencia del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia y a reforzar el derecho subjetivo de los
beneficiarios del Sistema. Además, hay que tener en cuenta que la
financiación del nivel acordado no se encontraba vinculada ni estaba
dirigida a la atención de personas en concreto, sino que se pagaba a las
Comunidades Autónomas como parte de la financiación de la globalidad del
Sistema y con grandes oscilaciones.



Una de las principales responsabilidades de los Gobiernos es la necesidad
de control del déficit público, como medida aceptada en la Unión Europea
para generar crecimiento económico y empleo. Esta fue la causa de que en
el año 2010 el Gobierno de España, entre otras medidas, eliminara la
retroactividad en la aplicación de la Ley de Dependencia, con los claros
efectos directos de que los beneficiarios vieran sus expectativas
incumplidas al recibir menores cuantías que las previstas. Esta medida
todavía tiene efectos en el Sistema de Dependencia y en sus
beneficiarios. A ello se une que en el 2011 se redujo el presupuesto
destinado a dependencia en 235 millones de euros.



El Gobierno actual, para garantizar la viabilidad del Sistema actual ha
optado por el incremento del nivel mínimo, que está directamente
relacionado con las prestaciones dirigidas a los beneficiarios y que
experimentará un aumento del 18,64% en relación con el pasado año, y por
el aplazamiento del reconocimiento de los casos más leves.



De conformidad con los datos que a fecha 1 de mayo las Comunidades
Autónomas han introducido en el Sistema de Información del Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), solo un total de
13.256 personas beneficiarias valoradas como Grado I, Nivel 2, verían
aplazada la efectividad de sus derechos hasta el año 2013.



Por otra parte, hay que decir que el ahorro no existe puesto que las
previsiones que se establecieron en la ley han sido ampliamente superadas
a 31 de diciembre de 2011, es decir, 3 años antes de culminar el proceso
de ampliación de la ley (2015), tanto en número de beneficiarios como en
la financiación que debería aportar el Estado.



La financiación del nivel mínimo de protección garantizada para cada uno
de los beneficiarios del Sistema es una obligación de la Administración
General del Estado. Al respecto, debe recordarse que en los Presupuestos
Generales del Estado para 2012, en relación con el ejercicio 2011, la
cantidad prevista para el Nivel Mínimo, a pesar de las duras
restricciones del gasto público imprescindibles en la actualidad, se ha
incrementado en 203 millones de euros. Por el contrario, en el ejercicio
presupuestario de 2011, en relación con el año anterior 2010, en un
momento de incorporación de nuevos beneficiarios al Sistema de
Dependencia, se redujo de manera importante el Presupuesto del Estado
destinado al nivel mínimo.



Madrid, 21 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.




Página
99






184/005224



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Martínez Gorriarán, Carlos (GUPyD).



Respuesta:



Con fecha 29 de febrero de 2012 (BOE 17/03/12) se aprobó el Expediente de
Información Pública y Audiencia y el 'Estudio Informativo del proyecto de
integración del ferrocarril en la ciudad de Vitoria-Gasteiz'.



Este Estudio considera como solución óptima la implantación de una
cuádruple vía por un nuevo corredor denominado 'Lakua-Arriaga', con doble
vía en ancho UIC y doble vía en ancho ibérico, con un tramo soterrado a
su paso por la trama urbana de Vitoria-Gasteiz.



Los trenes de mercancías podrán circular por los dos tipos de vía, ya que
la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco (Y Vasca) se ha diseñado para
tráfico mixto de viajeros y mercancías.



Para elegir este trazado, durante la primera fase de este estudio, Fase A,
se identificaron varias soluciones teniendo en cuenta la funcionalidad e
integración urbana.



Se realizó un análisis de las distintas alternativas considerando la
funcionalidad y explotación ferroviaria, la organización urbana, las
afecciones, la dificultad de implantación y el coste económico, llegando
a la conclusión de que la alternativa de soterramiento por el eje
Lakua-Arriaga, era la mejor solución, y por tanto se seleccionó para su
desarrollo detallado en la fase posterior del Estudio Informativo.



La descripción, los planos y la comparativa de las alternativas realizados
durante la Fase A están incluidos en el Anejo 2 del Estudio Informativo.
Éste fue sometido al trámite de Información Pública mediante anuncio en
el 'Boletín Oficial del Estado' de 30 de abril de 2010.



Finalmente se informa que en la actualidad no hay prevista una alternativa
de trazado en superficie.



Madrid, 11 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005238 y 184/005239



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Muñoz González, Pedro José (GS).



Respuesta:



El catálogo vigente de puestos de trabajo del Cuerpo Nacional de Policía
no ha sido declarado ilegal. La Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
mediante sentencias de 30 de noviembre de 2009 y de 11 de diciembre del
mismo año, anuló la resolución de su aprobación en lo atinente a la
asignación por el sistema de libre designación de puestos de trabajo con
nivel de complemento de destino 28 e inferior.



El motivo para esta anulación fue que en la memoria justificativa de la
propuesta no figuraban las razones y circunstancias que justificarían tal
sistema de provisión. La primera sentencia instó, además, a especificar
la categoría de los puestos de trabajo asignados a la Escala Superior que
figuraban como de adscripción indistinta a las dos categorías que la
integran.



En cumplimiento de las referidas sentencias se han redefinido los
parámetros de los puestos de trabajo concernidos, pero el pronunciamiento
sobre el ajuste de dichas actuaciones a las sentencias correspondería al
órgano judicial.



No existe, pues, un nuevo Catálogo de Puestos de Trabajo, sino actuaciones
puntuales bien para un desarrollo más eficaz del trabajo policial o para
el cumplimiento de sentencias. Con independencia de que los sindicatos
policiales hayan tenido conocimiento de las propuestas sobre las que se
trabajaba, no era necesaria una negociación formal sobre las mismas.



Tanto las modificaciones producidas como la propuesta pendiente de
resolución no implican incremento de gasto ni de las retribuciones de los
puestos a los que afectan. El Tribunal sentenciador ha sido informado de
las modificaciones ya efectivas, y lo será de la propuesta en curso si
resulta aprobada.



Madrid, 11 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005240



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Muñoz González, Pedro José (GS).



Respuesta:



En relación con la pregunta formulada se informa que, tal y como puso de
manifiesto el Ministro del Interior durante el desarrollo de su
comparecencia para informar sobre las líneas generales de la política de
su Departamento, celebrada el 31 de enero del presente año, una de las
medidas que se impulsarán para luchar contra el crimen organizado,
segundo eje estratégico de la legislatura, consiste en el fortalecimiento
de las unidades de la Guardia Civil encargadas de la persecución de los
delitos cometidos en la red.



En este sentido cabe señalar que durante los últimos años se han formado
alrededor de 200 agentes de la Guardia Civil en la investigación de este
tipo de delitos y que, para continuar en esa línea, en el presente mes de
mayo se celebrará un curso para la forma




Página
100






ción de otros 30 nuevos especialistas. Asimismo, en los Equipos
Mujer-Menor (EMUME´s) se han realizado dos cursos de investigación
tecnológica para el esclarecimiento de ilícitos de pornografía infantil a
través de Internet, en los que se han formado 40 especialistas, estando
prevista la realización de un nuevo curso en el presente año.



Madrid, 17 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005241 a 184/005245



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Muñoz González, Pedro José (GS).



Respuesta:



Actualmente se está elaborando el borrador de la Orden Ministerial que
regule la nueva estructura orgánica de la Dirección General de la
Policía, en el que se contempla la creación de la Unidad de Investigación
de los Delitos en las Tecnologías de la Información (UIDTIC). Esta
estaría adscrita a la Comisaría General de Policía Judicial y asumiría la
investigación y persecución de las actividades delictivas que impliquen
la utilización de las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) y el ciberdelito de ámbito nacional y trasnacional,
relacionadas con el patrimonio, el consumo, la protección al menor, la
pornografía infantil, delitos contra la libertad sexual, contra el honor
y la intimidad, redes sociales, fraudes, propiedad intelectual e
industrial y seguridad lógica, así como la coordinación operativa y el
apoyo técnico de las respectivas unidades territoriales.



De la citada unidad dependerían dos Brigadas: la Brigada Central de
Investigación Tecnológica, a la que correspondería la investigación de
las actividades delictivas relacionadas con la protección de los menores,
la intimidad, la propiedad intelectual e industrial y los fraudes en las
telecomunicaciones, y la Brigada Central de Seguridad Informática, a la
que correspondería la investigación de las actividades delictivas que
afecten a la seguridad lógica de los sistemas informáticos.



Teniendo en cuenta la fase en que se encuentra actualmente el proyecto de
desarrollo de la estructura orgánica antes citada, no es posible realizar
previsiones sobre los recursos humanos y medios materiales que se
adscribirían a la nueva Unidad.



La coordinación de la nueva Unidad con el Centro de Inteligencia contra el
Crimen Organizado (CICO), se desarrollaría a través de los mismos cauces
y aplicaciones informáticas utilizadas actualmente por las demás Unidades
Policiales competentes para combatir la actividad desarrollada por otras
organizaciones criminales.



Madrid, 24 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005269



(184) Pregunta Escrita Congreso



Autor: Rodríguez Ramírez, María José (GS).



Respuesta:



El Ayuntamiento de Huelva y la Tesorería General de la Seguridad Social
(TGSS) suscribieron un convenio urbanístico en fecha 24 de abril de 2006,
para una nueva ordenación del ámbito en el que se encontraba el antiguo
Hospital Manuel Lois, propiedad de la TGSS.



El convenio, en resumen, pretende obtener suelo dotacional en usos
pormenorizados, mejorar la conexión viaria entre las calles Federico Mayo
y Cantero Cuadrado, mantener los equipamientos existentes en el ámbito,
generar espacios libres, sanear y mejorar en general todo este ámbito
urbano, y obtener suelo calificado como dotacional institucional. La TGSS
dispone así de un solar para construir una Oficina Integral y el
Ayuntamiento dispone de suelo para uso deportivo, espacios libres y
viales, aparte de mantener su dotación de equipamientos públicos y sanear
y mejorar todo el entorno.



El convenio recoge las siguientes condiciones:



- La demolición de la parte del hospital en abandono y ruina, demolición
que finalizó el día 21 de octubre de 2008.



- La redacción del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) que es el
documento que establece las nuevas calificaciones y usos del suelo con la
nueva configuración de parcelas, estableciendo además todos los
parámetros de las futuras edificaciones (edificabilidad, uso
predominante, usos compatibles, altura, número de plantas, ocupación
etc.). Este PERI se aprobó en noviembre de 2008.



- La redacción del Proyecto de Reparcelación (PR) en el cual se concretan
las nuevas parcelas, se delimitan viales, se concretan usos, superficies
construidas etc. El Proyecto de Reparcelación ya ha sido aprobado.



- El Proyecto de Urbanización (PU) se encuentra en fase de redacción, en
el cual se detallarán los viales, sus medidas y acabados, la iluminación
pública, el arbolado y mobiliario urbano, de todo el ámbito. Una vez
finalizada la redacción, se iniciará la correspondiente tramitación
administrativa.




Página
101






La TGSS procederá a entablar conversaciones con el Ayuntamiento dándole la
prioridad que el Gobierno anterior no le otorgó, a fin de proceder a
ejecutar las obras que se detallen en dicho Proyecto de Urbanización.
Acto seguido la TGSS procedería a la construcción de la Oficina Integral
de la Seguridad, previa redacción del proyecto y contratación de las
obras. En este sentido la Tesorería General de la Seguridad Social tiene
previsto, siempre que las disponibilidades económicas lo permitan, sacar
a licitación, en fechas próximas, el proyecto de obras.



Madrid, 1 de junio de 2012.-El Secretario de Estado Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005270



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Rodríguez Ramírez, María José (GS).



Respuesta:



Con el objetivo de establecer una alternativa a la carretera N-433, en
junio de 2002 la Dirección General de Carreteras inició la redacción de
un estudio informativo para la construcción de una autovía de unos 120 km
desde la Ruta de la Plata en Venta del Alto (Sevilla) hasta la frontera
portuguesa en Rosal de la Frontera (Huelva).



No obstante, en el marco de la planificación viaria establecida en el Plan
Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), aprobado por el
Consejo de Ministros de 15 de julio de 2005, este itinerario no se
incluyó como futura autovía y quedó englobado en el ámbito de las
actuaciones de adecuación de condiciones de calidad y seguridad en la red
convencional.



En ese contexto, el 14 de diciembre de 2005, la Dirección General de
Carreteras resolvió modificar la Orden de Estudio del Estudio Informativo
en desarrollo, para adaptarlo a las previsiones del PEIT, descartando el
desarrollo de una Autovía en el corredor viario de la N-433, y
procediendo a estudiar la ejecución de las necesarias actuaciones de
adecuación y modernización sobre dicha carretera.



En territorio portugués está previsto igualmente que la continuación del
itinerario una vez pasada la frontera, denominado IP-8, se constituya
como carretera convencional desde la frontera hasta Beja.



Por lo tanto en la actualidad, el Ministerio de Fomento no tiene previsto
llevar a cabo la infraestructura viaria de gran capacidad objeto de la
pregunta formulada.



No obstante, el alcance y viabilidad de esta actuación podrá ser analizada
en el marco de la nueva planificación viaria que está elaborando el
Ministerio de Fomento en el ámbito del Plan de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda 2012-2024 (PITVI), anunciado por la Ministra de
Fomento el pasado 9 de febrero, y que será presentado al Consejo de
Ministros a finales del próximo mes de julio.



Madrid, 22 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005271 y 184/005272



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Blanco López, José (GS).



Respuesta:



Con independencia de que la información que se solicita es competencia de
la Xunta de Galicia, se informa que la reforma del Sistema Nacional de
Salud (SNS) se encuentra recogida en el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20
de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y
mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. En ella, se
homogeneiza en todo el Estado español la aportación de los usuarios en la
cartera suplementaria y se reequilibran las que ya existían para atender
a las nuevas necesidades socioeconómicas de los colectivos más castigados
por la crisis como los parados que han perdido los subsidios y
prestaciones que pasan, de aportar el 40% a estar exentos, pues
efectivamente, este Gobierno considera que no es razonable que los
parados de larga duración tengan que pagar el 40% de los medicamentos.



Con esta norma se hace efectiva la extensión de la asistencia sanitaria a
todos los españoles, pendiente desde la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad y que fue prevista en la disposición adicional sexta
de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.



En esta reforma se modifica el sistema de prestaciones de pago con una
fórmula más justa, que tiene en cuenta la renta, la condición de activo o
pasivo y la condición de enfermo crónico, al mismo tiempo que asegura la
equidad y calidad de las mismas, para de esta manera garantizar una
asistencia universal, pública y gratuita sustentada en los impuestos.



Las prestaciones asistenciales de la cartera común básica, es decir, las
de prevención, diagnóstico, tratamiento, y rehabilitación que se realicen
en los centros sanitarios o sociosanitarios, siguen estando cubiertos de
forma completa por financiación pública, es decir, son gratuitos. Las
prestaciones incluidas en la cartera común suplementaria, es decir, la
prestación farmacéutica, la ortoprotésica, la de productos dietéticos y
el




Página
102






transporte sanitario no urgente, así como la cartera de servicios
accesorios, mantienen el esquema de aportación de usuario anterior, sólo
que se ha modificado el baremo, tal y como viene indicado en el artículo
4.trece del citado Real Decreto-Ley, de forma que los ciudadanos con
rentas superiores a 100.000 euros aportarán el 60% del precio final del
producto y en pasivos, tiene un límite mensual de 60 euros. En el caso de
enfermos crónicos la aportación en prestación farmacéutica es de un 10%,
con un tope máximo.



Por otro lado, se indica que el nuevo reparto en el esquema del sistema de
aportación tiene como objetivo prioritario el de la eficiencia, al gastar
mejor en lo que se debe gastar pues se deriva de la introducción de una
mayor equidad en el sistema de aportación, tal y como recoge el Defensor
del Pueblo en su informe 2011, como una de las principales demandas de
los ciudadanos, así como conseguir una mayor solidaridad con los
ciudadanos, especialmente los que están en paro, reducir el exceso de
dispensación no necesaria, reducir el volumen de envases de medicamentos
intactos que se eliminan cada año, a través del SIGRE (Sistema Integrado
de Gestión y Recogida de Envases).



Con esta reforma se garantiza que habrá un mismo catálogo con unas
cuantías de financiación iguales para todos los españoles que será además
más justo, y de acuerdo a la realidad económica que vivimos actualmente.



Por último, se informa que en la última Comisión de Prestaciones,
aseguramiento y financiación se decidió crear un Grupo de Trabajo técnico
para evaluar un uso armonizado, homogéneo y con valoración de la
aportación según los mismos. Será esta Comisión, en la que están
representadas todas las Comunidades Autónomas, Mutualidades y el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la que se encargue
de definir qué transporte es urgente, las aportaciones al considerado no
urgente, así como la aportación reducida en determinados usos de carácter
estable y teniendo siempre especialmente en cuenta las condiciones
geográficas y la insularidad.



Madrid, 12 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005273



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Blanco López, José (GS).



Respuesta:



Se facilita a continuación la información solicitada sobre ejecución
presupuestaria del Ministerio de Fomento:



Comunidad Autónoma de Galicia



La ejecución presupuestaria por parte del Ministerio de Fomento a 31 de
marzo de 2012 en la Comunidad Autónoma de Galicia ha sido del 11,31 %, y
la ejecución del Grupo Fomento del 26,94 %.



Provincia de A Coruña



La ejecución presupuestaria por parte del Ministerio de Fomento a 31 de
marzo de 2012 en la provincia de A Coruña ha sido del 10,64 %, y la
ejecución del Grupo Fomento del 11,08 %.



Provincia de Lugo



La ejecución presupuestaria por parte del Ministerio de Fomento a 31 de
marzo de 2012 en la provincia de A Coruña ha sido del 27,18 %, y la
ejecución del Grupo Fomento del 24,09 %.



Provincia de Ourense



La ejecución presupuestaria por parte del Ministerio de Fomento a 31 de
marzo de 2012 en la provincia de Ourense ha sido del 1 %, y la ejecución
del Grupo Fomento del 12,15 %.



Provincia de Pontevedra



La ejecución presupuestaria por parte del Ministerio de Fomento a 31 de
marzo de 2012 en la provincia de Pontevedra ha sido del 5,68 %, y la
ejecución del Grupo Fomento del 6,39 %.



En los cuadros siguientes se recoge la información disponible, desglosada
por modos de transporte y por provincias, facilitada por la Dirección
General de Programación Económica y Presupuestos.




Página
103






INVERSIÓN REALIZADA POR EL GRUPO FOMENTO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
GALICIA




[**********página con cuadro**********]




(1) Solo se recogen los Centros Directivos y Entidades Públicas con
presupuesto inicial y/o inversión realizada en 2012 en Galicia.



(2) Centros Directivos, datos del IGAE a 31 de marzo de 2012.



(3) Entidades Públicas, datos provisionales a 31 de marzo de 2012.



09/05/2012




Página
104






INVERSIÓN REALIZADA POR EL GRUPO FOMENTO EN LA PROVINCIA DE A CORUÑA




[**********página con cuadro**********]




(1) Solo se recogen los Centros Directivos y Entidades Públicas con
presupuesto inicial y/o inversión realizada en 2012 en Galicia.



(2) Centros Directivos, datos del IGAE a 31 de marzo de 2012.



(3) Entidades Públicas, datos provisionales a 31 de marzo de 2012.



09/05/2012




Página
105






INVERSIÓN REALIZADA POR EL GRUPO FOMENTO EN LA PROVINCIA DE LUGO




[**********página con cuadro**********]




(1) Solo se recogen los Centros Directivos y Entidades Públicas con
presupuesto inicial y/o inversión realizada en 2012 en Galicia.



(2) Centros Directivos, datos del IGAE a 31 de marzo de 2012.



(3) Entidades Públicas, datos provisionales a 31 de marzo de 2012.



09/05/2012




Página
106






INVERSIÓN REALIZADA POR EL GRUPO FOMENTO EN LA PROVINCIA DE OURENSE




[**********página con cuadro**********]




(1) Solo se recogen los Centros Directivos y Entidades Públicas con
presupuesto inicial y/o inversión realizada en 2012 en Galicia.



(2) Centros Directivos, datos del IGAE a 31 de marzo de 2012.



(3) Entidades Públicas, datos provisionales a 31 de marzo de 2012.



09/05/2012




Página
107






INVERSIÓN REALIZADA POR EL GRUPO FOMENTO EN LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA



Importes en miles de euros




[**********página con cuadro**********]




(1) Solo se recogen los Centros Directivos y Entidades Públicas con
presupuesto inicial y/o inversión realizada en 2012 en Galicia.



(2) Centros Directivos, datos del IGAE a 31 de marzo de 2012.



(3) Entidades Públicas, datos provisionales a 31 de marzo de 2012.



09/05/2012




Página
108






INVERSIÓN REALIZADA POR EL GRUPO FOMENTO EN VARIAS PROVINCIAS DE GALICIA




[**********página con cuadro**********]




(1) Solo se recogen los Centros Directivos y Entidades Públicas con
presupuesto inicial y/o inversión realizada en 2012 en Galicia.



(2) Centros Directivos, datos del IGAE a 31 de marzo de 2012.



(3) Entidades Públicas, datos provisionales a 31 de marzo de 2012.



09/05/2012



Madrid, 18 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.




Página
109






184/005274



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Blanco López, José (GS).



Respuesta:



La inversión ejecutada a fecha 31 de marzo de 2012 en el Aeropuerto de
Vigo, es de 7,2 millones de euros.



Madrid, 31 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005275



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Blanco López, José (GS).



Respuesta:



La inversión ejecutada a fecha 31 de marzo de 2012 en el Aeropuerto de
Santiago de Compostela, es de 15 millones de euros.



Madrid, 29 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005276



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Blanco López, José (GS).



Respuesta:



La inversión ejecutada a fecha 31 de marzo de 2012 en el Aeropuerto de A
Coruña, es de 4,2 millones de euros.



Madrid, 29 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005277



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Blanco López, José (GS).



Respuesta:



La inversión ejecutada en el ejercicio de 2011 en el Aeropuerto de Vigo,
es de 33,7 millones de euros.



Madrid, 29 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005278



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Blanco López, José (GS).



Respuesta:



La inversión ejecutada en el ejercicio 2011 en el Aeropuerto de Santiago
de Compostela, es de 125,4 millones de euros.



Madrid, 29 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005279



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Blanco López, José (GS).



Respuesta:



La inversión ejecutada en el ejercicio de 2011 en el Aeropuerto de A
Coruña, es de 44,9 millones de euros.



Madrid, 29 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005280



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Blanco López, José (GS).



Respuesta:



La inversión certificada con cargo a las obras del Acceso al Puerto
Exterior de A Coruña AC-15, desde el inicio de su ejecución, hasta el 31
de marzo de 2012, asciende a 19,87 millones de €.



La previsión actual de inversión anual para esta actuación es la
consignada en las partidas correspondientes de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012.



Madrid, 22 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.




Página
110






184/005281



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Blanco López, José (GS).



Respuesta:



Durante el año 2011, hasta el 31 de diciembre, y con cargo a su
presupuesto, la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte
Terrestre (SEITT) ha certificado para esta actuación obras que suponen
una inversión de 9.870.000,00 €.



Madrid, 28 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005282



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Blanco López, José (GS).



Respuesta:



La inversión ejecutada a fecha 31 de marzo de 2012 en el proyecto 'Mejora
y Adecuación del Área de Movimiento de Aeronaves' del Aeropuerto de Vigo,
es de 0,2 millones de euros. La previsión de inversión anual es de 5,1
millones de euros.



Madrid, 29 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005283



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Blanco López, José (GS).



Respuesta:



La inversión ejecutada en el ejercicio de 2011 en el Proyecto 'Mejora y
Adecuación del Área de Movimiento de Aeronaves' del Aeropuerto de Vigo,
es de 0,02 millones de euros.



Madrid, 29 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005284



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Blanco López, José (GS).



Respuesta:



La inversión ejecutada a fecha 31 de marzo de 2012 en la actuación
'Ampliación del Edificio Terminal' del Aeropuerto de Vigo, es de 5,9
millones de euros.



La previsión de inversión anual es de 16,7 millones de euros.



Madrid, 29 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005285



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Blanco López, José (GS).



Respuesta:



La inversión ejecutada en el ejercicio de 2011 en la actuación 'Ampliación
del Edificio Terminal' del Aeropuerto de Vigo, es de 5,4 millones de
euros.



Madrid, 4 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005286



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Blanco López, José (GS).



Respuesta:



La inversión ejecutada a fecha 31 de marzo de 2012 en el proyecto
'Ampliación de la Pista de Vuelos' del Aeropuerto de A Coruña, es de 0,9
millones de euros. La Previsión de inversión anual de este proyecto es de
14,2 millones de euros.



Madrid, 4 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.




Página
111






184/005287



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Blanco López, José (GS).



Respuesta:



La inversión ejecutada en el ejercicio de 2011 en el proyecto 'Ampliación
de la Pista de Vuelos' del Aeropuerto de A Coruña, es de 0,2 millones de
euros.



Madrid, 4 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005288



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Blanco López, José (GS).



Respuesta:



La Tercera Ronda de A Coruña, AC-14, se ha dividido para su desarrollo en
2 tramos:



1. 'A Zapateira-Autovía A-6', que se encuentra en servicio y su ejecución
ha supuesto una inversión de 70,28 millones de €.



2. 'As Lonzas-A Zapateira', que se encuentra en fase de obras. La
inversión certificada con cargo a las obras de este tramo de la AC-14,
desde el inicio de su ejecución, hasta el 31 de marzo de 2012, asciende a
27,54 millones de €.



La previsión actual de inversión anual para esta actuación es la
consignada en las partidas correspondientes de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012.



Madrid, 22 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005289



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Blanco López, José (GS).



Respuesta:



La Tercera Ronda de A Coruña, AC-14, se ha dividido para su desarrollo en
2 tramos:



1. 'A Zapateira-Autovía A-6', que se encuentra en servicio y su ejecución
ha supuesto una inversión de 70,28 millones de €.



Durante 2011, hasta el 31 de diciembre, la inversión certificada con cargo
a las obras de este tramo ha ascendido a 19.446.455,42 €.



2. 'As Lonzas-A Zapateira', que se encuentra en fase de obras.



Durante 2011, hasta el 31 de diciembre, la inversión certificada con cargo
a las obras de este tramo ha ascendido a 8.744.206,90 €.



Madrid, 22 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005290



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Blanco López, José (GS).



Respuesta:



A fecha 31 de marzo de 2012, la inversión acumulada en la Linea de Alta
Velocidad (LAV) Olmedo-Lubián-Ourense y en la provincia de Ourense,
ascendió a la cantidad de 81 mill de €.



El estado de las actuaciones en los proyectos cuyo trazado discurre por la
citada provincia, a la fecha requerida, era el siguiente:



1. Túnel de la Canda-Vilavella: plataforma en ejecución: 0,3%.



2. Túnel de O Cañizo. Vía dcha.: plataforma en ejecución: -.



3. Túnel de O Cañizo. Vía izqda.: plataforma en ejecución:-.



4. Campobecerros-Portocamba: plataforma en ejecución: -.



5. Portocamba-Cerdedelo: plataforma en ejecución: -.



6. Túnel de El Corno. Vía dcha.: plataforma en ejecución: -.



7. Cerdedelo-Prado: plataforma en ejecución: -.



8. Prado-Porto: plataforma en ejecución: -.



9. Porto-Miamán: plataforma en ejecución: 10,41%.



10. Miamán-Ponte Ambía: plataforma en ejecución: 38,59%.



11. Ponte Ambía-Taboadela: plataforma en ejecución: 25,73%.



12. Túnel de la Canda. Vía dcha.: en autorización de Consejo de Ministros.




Página
112






13. Túnel de la Canda. Vía izqda.: en autorización de Consejo de
Ministros.



14. Túnel del Espiño. Vía dcha: en autorización de Consejo de Ministros.



15. Túnel del Espiño. Vía izqda.: en autorización de Consejo de Ministros.



16. Vilariño-Campobecerros. Vía dcha.: en autorización de Consejo de
Ministros.



17. Vilariño-Campobecerros. Vía izqda.: en autorización de Consejo de
Ministros.



18. Túnel de Prado. Vía izqda.: en autorización de Consejo de Ministros.



19. Taboadela-Seixalbo: proyecto en redacción.



20. Seixalbo-Estación de Ourense: proyecto en redacción.



Con la potenciación de las actuaciones para la LAV Olmedo-Lubián-Ourense,
en particular para los tramos que discurren por la provincia de Ourense,
la licitación de siete tramos de plataforma en el mes de mayo y el
incremento de los ritmos de ejecución en todos ellos, se persigue el
objetivo de culminar la actuación global en el menor plazo deseable, con
la mayor inversión posible en 2012 y en años posteriores.



Madrid, 18 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005291



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Blanco López, José (GS).



Respuesta:



A fecha 31 de diciembre de 2011, la inversión acumulada en la Línea de
Alta Velocidad (LAV) Olmedo-Lubián-Ourense y en la provincia de Ourense,
ascendió a la cantidad de 49,8 Mill de €.



El estado de las actuaciones en los proyectos cuyo trazado discurre por la
citada provincia, a la fecha requerida, era el siguiente:



1. Porto-Miamán: plataforma en ejecución 10,41%.



2. Miamán-Ponte Ambía: plataforma en ejecución 38,59%.



3. Ponte Ambía-Taboadela: plataforma en ejecución 25,73%.



4. Túnel de la Canda-Vilavella: obras adjudicadas .



5. Túnel de O Cañizo. Vía dcha.: obras adjudicadas.



6. Túnel de O Cañizo. Vía izqda.: pendiente de adjudicación.



7. Campobecerros-Portocamba: pendiente de adjudicación.



8. Portocamba-Cerdedelo: pendiente de adjudicación.



9. Túnel de El Corno. Vía dcha.: pendiente de adjudicación.



10. Cerdedelo-Prado: pendiente de adjudicación.



11. Prado-Porto: pendiente de adjudicación.



12. Túnel de la Canda. Vía dcha.: proyecto en redacción.



13. Túnel de la Canda. Vía izqda.: proyecto en redacción.



14. Túnel del Espiño. Vía dcha.: proyecto en redacción.



15. Túnel del Espiño. Vía izqda.: proyecto en redacción.



16. Vilariño-Campobecerros. Vía dcha.: proyecto en redacción.



17. Vilariño-Campobecerros. Vía izqda: proyecto en redacción.



18. Túnel de Prado. Vía izqda.: proyecto en redacción.



19. Taboadela-Seixalbo: proyecto en redacción.



20. Seixalbo-Estación de Ourense: proyecto en redacción.



Madrid, 18 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005292



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Blanco López, José (GS).



Respuesta:



La inversión ejecutada en el ejercicio 2011 en el Eje Atlántico de Alta
Velocidad, desde Ferrol hasta la frontera portuguesa, fue de
338.059.481,74 euros.



Hasta el 31 de marzo de 2011 la inversión realizada, en términos de
obligaciones reconocidas en dicho proyecto, desglosada por tramos, fue la
siguiente:



Tramo;Euros



1. Ferrol - A Coruña;0,00



2. Coruña - Santiago;184.263,01



3. Santiago - Vigo;85.266.618,52



4. Vigo - Frontera Portuguesa;0,00



5. Común a varios tramos;178.466,01



Total ;85.629.347,54



Madrid, 18 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.




Página
113






184/005293



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Blanco López, José (GS).



Respuesta:



La inversión ejecutada en el ejercicio 2011 en el Eje Atlántico de Alta
Velocidad, desde Ferrol hasta la frontera portuguesa, fue de
338.059.481,74 euros.



Desglosada por tramos, esta inversión, en téminos de obligaciones
reconocidas, fue la siguiente:



Tramo;Euros



• Ferrol - A Coruña;0,00



• A Coruña - Santiago;5.176.346,87



• Santiago - Vigo;326.081.641,29



• Vigo - Frontera Portuguesa;0,00



• Común a varios tramos;6.801.493,58



Total ;338.059.481,74



Madrid, 18 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005294



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Blanco López, José (GS).



Respuesta:



El volumen de inversión ejecutado y pagado interesado a 31 de marzo de
2012 en el proyecto asciende a 65.955.731,07 euros.



Durante el año 2012, la inversión realizada y pagada hasta el 31 de marzo
ha sido de 1.164.648,16 euros, ascendiendo a 3.954.076,31 euros hasta el
30 de abril de 2012.



La inversión anual en la citada obra depende de los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2012, recién aprobados, y de las previsiones que
se establezcan en el nuevo Plan de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda.



Madrid, 18 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005295



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Blanco López, José (GS).



Respuesta:



En respuesta a la pregunta formulada por su Señoría, se informa que el
volumen de inversión ejecutado y pagado en el ejercicio 2011 en el
proyecto interesado ascendió a 5.044.309,22 euros.



Madrid, 18 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005296



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Blanco López, José (GS).



Respuesta:



La inversión certificada con cargo a las obras de la Autovía A-56, desde
el inicio de su ejecución hasta el 31 de marzo de 2012, asciende a 4,32
millones de €.



Esta cantidad corresponde al tramo San Martiño-Enlace Barrela Norte, en
fase de obras. El resto de los tramos de la A-56 se encuentran en fase de
proyecto o con el proyecto aprobado.



Autovía A-56 Lugo-Ourense




[**********página con cuadro**********]




La previsión actual de inversión anual para esta infraestructura se
encuentra recogida en el Anexo de Inversiones de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012.



Madrid, 22 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.




Página
114






184/005297



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Blanco López, José (GS).



Respuesta:



Durante el ejercicio 2011, hasta el 31 de diciembre, las obligaciones
reconocidas con cargo a los proyectos de inversión para la ejecución de
la Autovía A-56 Lugo-Ourense, contemplados en la Sección 17 (Ministerio
de Fomento) de los Presupuestos Generales del Estado, ascendieron a
41.258,54 €.



Se indica a continuación la información detallada por tramos y su
situación a la fecha solicitada:



Autovía A-56 Lugo-Ourense




[**********página con cuadro**********]





[**********página con cuadro**********]




Madrid, 28 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005298



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Blanco López, José (GS).



Respuesta:



La inversión certificada con cargo a las obras de la Autovía A-54, desde
el inicio de su ejecución hasta el 31 de marzo de 2012, asciende a 124,08
millones de €.



Se adjunta a continuación la información detallada por tramos y su
situación a la fecha solicitada:



Autovía A-54 Lugo-Santiago



En lo que se refiere a la previsión actual de inversión anual, se informa
que es la consignada en las partidas correspondientes de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012.



Madrid, 21 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005299



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Blanco López, José (GS).



Respuesta:



Durante el ejercicio 2011, hasta el 31 de diciembre, las obligaciones
reconocidas con cargo a los proyectos de inversión para la ejecución de
la Autovía A-54 Lugo-Santiago, contemplados en la Sección 17 (Ministerio
de Fomento) de los Presupuestos Generales del Estado, ascendieron a
18.495.555,40 €.



Por otro lado, la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte
Terrestre (SEITT), con cargo a su propio presupuesto, ha realizado una
inversión adicional en 2011 de 23.394.667,14 €, destinada a las obras




Página
115






de los tramos 'Palas de Rei-Guntín' y 'Monte de Meda-Enlace de Vilamoure',
que han sido tramitadas y están siendo financiadas por dicha Sociedad.



Se adjunta a continuación la información detallada por tramos, y su
situación a la fecha solicitada:



Autovía A-54 Lugo-Santiago



Madrid, 28 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005300



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Blanco López, José (GS).



Respuesta:



La inversión certificada con cargo a las obras de la Autovía A-8 en la
provincia de Lugo, desde el inicio de su ejecución hasta el 31 de marzo
de 2012, asciende a 474,54 millones de €.



Se adjunta a continuación la información detallada por tramos y su
situación a la fecha solicitada:



Autovía del Cantábrico A-8. Galicia



En lo que se refiere a la previsión actual de inversión anual, se informa
que es la consignada en las partidas correspondientes de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012.



Madrid, 21 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005301



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Blanco López, José (GS).



Respuesta:



Durante el ejercicio 2011, hasta 31 de diciembre, las obligaciones
reconocidas con cargo a los proyectos de inversión para la ejecución de
la Autovía A-8 en Lugo, contemplados en la Sección 17 (Ministerio de
Fomento) de los Presupuestos Generales del Estado, ascendieron a
60.697.714,15 €



Se adjunta a continuación la información detallada por tramos, y su
situación a la fecha solicitada:




Página
116






Autovía del Cantábrico A-8. Galicia



Nota: En el cuadro se han omitido los tramos en servicio que no tienen
proyecto de inversión en los PGE 2011, y para los que, por lo tanto, no
se reconocieron obligaciones durante dicho ejercicio.



Madrid, 28 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005302 a 184/005313



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Blanco López, José (GS).



Respuesta:



La inversión prevista en el año 2012 para la ejecución de las obras en los
diferentes tramos de la Línea de Alta Velocidad Olmedo-Lubián-Ourense y,
en particular, para los tramos: Ponte Ambía-Taboadela, Miamán-Ponte
Ambía, Porto-Miamán , Prado-Porto, Cerdedelo-Prado, Túnel de El Corno.
Vía derecha, Portocamba-Cerdedelo , Campobecerros-Portocamba, Túnel de O
Cañizo. Vía izquierda, Túnel de O Cañizo. Vía derecha, Túnel de la
Canda-Vilavella y Lubián-Túnel de la Canda, podrá superar la inicialmente
establecida en cada uno de los contratos vigentes. Tal posibilidad se
sustenta en el impulso que se quiere dar a la actuación en todos y cada
uno de los subsistemas que integran la línea de alta velo




Página
117






cidad, todo ello con el objetivo de ejecutar el 100% de la obra en el
menor plazo posible.



Madrid, 20 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005366



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Alonso Núñez, Alejandro (GS).



Respuesta:



La inversión contemplada en los Presupuestos Generales del Estado del año
2012 para el proyecto de 3.ª y 4.ª vías San Cristóbal-Aranjuez es la que
procede del ajuste presupuestario realizado en el año 2010 como
consecuencia de los Acuerdos del Consejo de Ministros sobre no
disponibilidad.



Por tanto, es consecuencia de los reajustes de anualidades realizados en
el año 2010 que dejaron sin dotación para el año 2012 a esta actuación.



Por lo que se refiere a la Estación de Seseña, su inclusión en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 se produjo durante el
trámite parlamentario para la aprobación del citado Presupuesto.



Durante el año 2011 no se realizó ninguna actuación en este proyecto, es
decir, su ejecución fue cero. En el año 2012 se ha previsto una dotación
de 50,00 miles de euros.



Madrid, 11 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005367



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Alonso Núñez, Alejandro (GS).



Respuesta:



Actualmente, el 'Estudio Informativo de 3.ª y 4.ª vía entre Pinto y
Aranjuez' está pendiente de la formulación de Declaración de Impacto
Ambiental, tras lo que se podrá aprobar definitivamente. La solución
propuesta en el mismo incluye un ramal para integrar a Seseña en la Red
de Cercanías de Madrid, mediante la implantación de una estación entre
los núcleos de Seseña y Seseña Nuevo.



No obstante, la actuación se desarrollará en el marco del nuevo Plan de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012/2024, que se está
elaborando en la actualidad, y que basado en el examen de la situación
actual y la valoración rigurosa de las necesidades de la sociedad,
establecerá las prioridades y programas de actuación en el horizonte de
2024.



Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2012.-El Secretario
de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.



184/005385



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús (GS).



Respuesta:



Como consecuencia de los Acuerdos de Consejo de Ministros de 29 de enero
de 2010 y de 20 de mayo del mismo año, en el que el Consejo de Ministros
declaró una nueva no disponibilidad de recursos para la realización de
inversiones, la entonces Dirección General de Infraestructuras
Ferroviarias (hoy Dirección General de Ferrocarriles) tuvo que ajustar
los compromisos ya adquiridos a las nuevas disponibilidades de crédito.



Como consecuencia de ello, hubo que reajustar las obras en ejecución al
escenario fijado para el periodo 2010-2013, ajustando obras hasta el año
2015. En este escenario restrictivo no se contemplaba la licitación de
las obras de la línea de Alta Velocidad Medina-Salamanca.



A finales de 2011 se realizaron nuevos ajustes que no posibilitan en el
ejercicio 2012 licitar las obras de los tramos Medina-Cantalpino y
Cantalpino-Salamanca.



No obstante, para avanzar en esta conexión con Salamanca se ha previsto
que ADIF pueda iniciar las obras de la conexión del Puesto de
Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes PAET de Medina con la línea
Medina-Salamanca, que permitirá dar continuidad hacia Salamanca a la
nueva línea de Alta Velocidad Madrid-Segovia-Olmedo-Valladolid, desde
Olmedo y Medina. Esta actuación acortará sensiblemente los tiempos de
viaje entre Madrid y Salamanca.



Adicionalmente, se ha previsto en los Presupuestos Generales del Estado
para 2012 la dotación necesaria para la licitación de las obras de
electrificación de la línea Medina del Campo-Salamanca.



Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2012.-El Secretario
de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.




Página
118






184/005386



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús (GS).



Respuesta:



Por lo que respecta a las competencias del sistema portuario de
titularidad estatal, las Autoridades Portuarias de Bahía de Algeciras y
Ceuta informan de que los horarios de salida de los distintos viajes de
pasajeros entre dichos puertos se cumplen con normalidad, salvo casos de
fuerza mayor. Asimismo, es preciso indicar, que en las salidas y entradas
de los buques en puerto, en las operaciones de aproximación, y en las de
atraque/desatraque, se dedica un tiempo variable al estar determinado por
las condiciones de viento y de agitación de la mar, con objeto de
mantener en todo momento la seguridad de dichas maniobras.



Por otro lado, ambas Autoridades Portuarias nos informan de que no se ha
recibido queja alguna en los ejercicios 2011 y 2012 referente a la
naviera mencionada.



Madrid, 13 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005387 a 184/005395



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Hernando Vera, Antonio (GS).



Respuesta:



En los cuadros siguientes se recogen los datos solicitados, sobre diversos
aspectos de las personas internadas en los Centros de Internamiento de
Extranjeros (CIEs) existentes en España:



Cuadro 1: número de extranjeros ingresados en cada uno de los CIEs en los
meses de diciembre de 2011, enero, febrero y marzo de 2012.




[**********página con cuadro**********]




Cuadro 2: número de extranjeros internados en CIEs (diciembre 2011-marzo
2012) expulsados-devueltos a sus países de origen o residencia.




[**********página con cuadro**********]





Página
119






Cuadro 3: estancia media de los extranjeros internados en los CIEs, en
cada uno de los centros.




[**********página con cuadro**********]




Cuadro 4: capacidad máxima y ocupación en cada uno de los centros a 31 de
marzo de 2012.




[**********página con cuadro**********]





Página
120






Cuadro 5: nacionalidades de los extranjeros internados en cada uno de los
CIEs existentes en España a fecha 31 de marzo de 2012.




[**********página con cuadro**********]





Página
121







[**********página con cuadro**********]




En cuanto a la RPT, en cada uno de los CIEs el Catálogo de Puestos de
Trabajo sólo individualiza algunos de los puestos en el apartado de las
respectivas Brigadas Provinciales de Extranjería, siendo éstos los de
Director Médico, Jefe de Seguridad, ATS/DUE y Administrador.




Página
122






No obstante, el número de personal policial que presta servicio en cada
uno de ellos se recoge en la siguiente tabla.




[**********página con cuadro**********]




Por lo que respecta a ONGs ó colectivos sociales que colaboran en cada uno
de los CIEs, actualmente se encarga la Cruz Roja española de prestar
asistencia social en el CIE de Madrid y se está estudiando que dicha
asistencia se extienda al resto de los centros de internamiento.



En cuanto al horario de atención letrada a los internos, que tiene cada
uno de los CIEs, ésta se presta todos los días del año en horarios que no
afecten al funcionamiento del centro tanto de mañana y/o tarde; fuera de
ese horario se autoriza por razones de urgencia motivada y con
conocimiento del Director o Jefe de Seguridad del Centro.



Madrid, 14 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005396



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Hernando Vera, Antonio (GS).



Respuesta:



En el Anteproyecto en estudio del nuevo Reglamento de Funcionamiento y
Régimen Interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros está
previsto que la Unidad de Seguridad esté integrada por los efectivos del
Cuerpo Nacional de Policía que se consideren idóneos para la custodia y
vigilancia del centro, con dependencia funcional de la Comisaría General
de Extranjería y Fronteras de la Dirección General de la Policía y
orgánica de la plantilla policial de la provincia en la que se encuentre
ubicado el Centro.



Madrid, 24 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005397



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Hernando Vera, Antonio (GS).



Respuesta:



Además del anteproyecto de Reglamento de los Centros de Internamiento de
Extranjeros, actualmente se está trabajando también en un Plan para la
mejora de las infraestructuras de los mencionados Centros.



Hasta tanto no concluya el citado Plan no se dispondrá de la información
necesaria para cuantificar el




Página
123






incremento de gasto que, en su caso, pueda destinarse a los Centros de
Internamiento de Extranjeros.



Madrid, 8 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005429



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Picó i Azanza, Antoni (GCiU).



Respuesta:



El Gobierno manifiesta que la Iniciativa para la Transparencia de las
Industrias Extractivas (EITI, en inglés) es una iniciativa voluntaria
formada por una coalición de gobiernos, compañías, grupos de la sociedad
civil, inversores y organizaciones internacionales promovida por el
Gobierno Británico en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de
Johannesburgo en septiembre de 2002.



La EITI funciona a través de un Consejo de Gobierno con la responsabilidad
del desarrollo general de la iniciativa, la dirección estratégica y
credibilidad. El Consejo presenta sus recomendaciones a la Conferencia
Bianual de EITI, y se apoya en un pequeño Secretariado, basado en Oslo.
España es país donante a la EITI y participa activamente en sus reuniones
(Ámsterdam, Yakarta...).



España se comprometió con el Congreso a través de una pregunta
parlamentaria a tomar las siguientes iniciativas como miembro de la Junta
de Gobierno. A continuación se expone el desarrollo de las mismas, las
medidas adoptadas y se añaden algunas iniciativas nuevas:



1. Impulsar la iniciativa en América Latina.



España ha apoyado como miembro de la Junta de gobierno el proceso de
validación de Perú en la 17 sesión del Consejo celebrada en junio 2011 en
Ámsterdam. Así mismo, se ha apoyado e impulsado la candidatura de
Guatemala y Trinidad y Tobago. Finalmente, se ha apoyado el impulso del
Secretariado a las últimas candidaturas surgidas a finales de 2011:
Colombia y Rep. Dominicana.



A través del Fondo multidonante de apoyo a la EITI se ha seguido
impulsando la estrategia para difundir la iniciativa en América Latina.
España se mantiene como 4.º país donante del Fondo, con una contribución
global de 4,925 millones de dólares, por detrás de Australia, EEUU y
Reino Unido.



2. Seguimiento de los procesos de EITI en África.



Durante la representación titular de España en el Consejo de Gobierno se
ha aprobado el cumplimiento de nuevos países: República Centroafricana,
Nigeria, Níger. Se ha dado seguimiento a los procesos de implementación
en: Burkina Faso, Camerún, Chad, Côte d'Ivoire, R.D. Congo, Gabón,
Guinea, Mauritania, Madagascar, Mozambique, Congo, Sierra Leona,
Tanzania, Togo y Zambia. Sin embargo, no ha sido posible retomar el
diálogo y el proceso con Guinea Ecuatorial.



Además de los países africanos, la EITI ha logrado importantes avances en
Europa (Noruega, país cumplidor), en países asiáticos y de Norte América
(EEUU está postulándose como candidato).



En los países de Asia que están en el proceso de la EITI, los debates de
2011 han estado muy centrados en los acontecimientos surgidos por las
revueltas populares en países como Yemen. La EITI acordó una suspensión
temporal de este país (que es cumplidor) hasta que se garantice el
respeto a los derechos civiles.



También ha habido una suspensión temporal a Madagascar (dudas por la
legitimidad de su gobierno).



Se han concedido prórrogas a países que lo han solicitado: Congo, Sierra
Leona, Gabón, Perú, Côte d'Ivoire y Burkina Faso.



3. El impulso a la iniciativa en el marco de los acuerdos y decisiones de
los organismos internacionales.



España ha impulsado y apoyado la inclusión de la iniciativa EITI durante
la presidencia francesa del G20 en 2011, tanto en la declaración de
líderes del G20 en Cannes (en el contexto de lucha contra la corrupción)
como en el Informe Final del Grupo de Desarrollo del G20, dentro del
pilar de movilización de recursos domésticos, donde España es
cofacilitadora junto con Sudáfrica.



4. Seguimiento del Fondo Fiduciario Multidonante de apoyo a EITI del Banco
Mundial.



A petición de los gestores del Fondo del Banco Mundial se ha acordado y
comunicado el especial interés de España por las iniciativas en los
siguientes países: Camerún, Ghana, Guatemala, Egipto, Senegal y Vietnam.



5. Como miembro titular del Consejo de Gobierno, España ha coordinado la
posición conjunta del constituency, grupo formado además de nuestro país
por Reino Unido, Noruega, Suecia, Finlandia, Bélgica y Dinamarca. En los
días previos a cada reunión del Consejo se acordó la posición común por
teleconferencia y se prepararon los documentos para la reunión.



Madrid, 26 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.




Página
124






184/005438



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Hernando Vera, Antonio (GS).



Respuesta:



El 19 de mayo de 2012 se levantó acta de suspensión temporal parcial de
las obras, la cual se debió a la falta de aprobación del proyecto
modificado y en la actualidad sigue vigente.



El Gobierno está adoptando todas las medidas necesarias para que el
proceso de aprobación del programa de trabajo de la empresa adjudicataria
adaptado a los requisitos legales de la contratación no afecte a los
plazos de ejecución.



Madrid, 2 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005466



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Puig Ferrer, Joaquín Francisco (GS).



Respuesta:



No hay un Informe elaborado respecto a la cobertura de la TDT. En todo
caso, se señala que de acuerdo a la legislación vigente (Real Decreto
944/2005, de 29 de julio), las obligaciones de cobertura de la TDT se
establecen a nivel nacional, siendo del 98% para Radio Televisión
Española (RTVE) y del 96% para los radiodifusores privados.



En lo que se refiere a las televisiones públicas autonómicas, la cobertura
obligatoria es del 98% en su ámbito de aplicación.



A fin de extender la cobertura de la TDT, entre 2008 y 2009 se firmaron
distintos Convenios entre el Ministerio de Industria y las Comunidades
Autónomas, en los que el Estado aportó más de 60 millones de euros
(60.251.000 €) en subvenciones a fondo perdido. Además de una
financiación blanda por importe de 550,8 millones de euros.



A través de dicha financiación, se desplegaron en toda España más de 3.500
centros emisores por parte de las Comunidades Autónomas o, en su caso,
por las Corporaciones Locales, siendo estas entidades, respectivamente,
responsables del soporte y mantenimiento de los mismos.



A día de hoy, con ese despliegue, las coberturas obtenidas a nivel
nacional son del 99,02% de la población para RTVE y del 98,6% para las
emisiones privadas.



Aunque el servicio de televisión no tiene consideración de Servicio
Universal, adicionalmente se puso en marcha la posibilidad de acceso a
los canales de TDT a través de la solución satelital doméstica. Dicha
solución permite la recepción de todos los canales de televisión digital
gratuitos de ámbito nacional. En la actualidad un número muy próximo a
los 40.000 hogares disfrutan de esta solución.



En la página web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se
publica y actualiza la información de los canales radioeléctricos con que
se emite en los centros emisores autorizados para cada uno de los
múltiples digitales de televisión digital terrestre, excepto los centros
de extensión de cobertura de muy baja potencia.



(http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/RadioTV/TD/Paginas/TD.aspx)



Madrid, 26 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005498



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Tardà i Coma, Joan (GMx).



Respuesta:



Los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía destacados a Barcelona, como
refuerzo del dispositivo de seguridad establecido con motivo de la
Reunión del Banco Central Europeo, fueron 944 y el coste ascendió a un
total de 457.595,68 euros (incluyendo alojamiento, manutención y gastos
de desplazamiento).



Por lo que se refiere al Cuerpo de la Guardia Civil, han sido 1.983 los
agentes que han participado en el operativo (de las siguientes Unidades:
Servicio Aéreo, Agrupación de Reserva y Seguridad y Zona de Cataluña). El
coste del mismo ha supuesto 235.800,13 euros (incluye alojamiento,
manutención, horas de vuelo y combustible), no habiéndose abonado ninguna
hora extra.



Los Servicios de Inteligencia del Cuerpo Nacional de Policía y de la
Guardia Civil, después de recabar la colaboración internacional a través
de EUROPOL e INTERPOL, así como de los Consejeros y Agregados de Interior
en otros países, calificaron de Alto el Nivel de Amenaza o probabilidad
de que se produjeran desórdenes ocasionados por grupos radicales
violentos de nuestro país, en los que podrían participar integrantes de
grupos similares de otros países.



En consecuencia con lo anterior, el dispositivo establecido se considera
proporcionado, teniendo en cuenta la creciente presencia de activistas
radicales antisistema en Barcelona y la información de inteligencia
previa a la celebración de la Cumbre.



Madrid, 29 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.




Página
125






184/005500



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Martínez Gorriarán, Carlos (GUPyD).



Respuesta:



Según el último informe remitido a la Comisión Europea en febrero de 2012,
se ha conseguido reducir el número de instalaciones sin autorización a
21, y por tanto, el grado de cumplimiento es el de 99,51%.



Desde esa fecha, se ha realizado un importante esfuerzo de información y
coordinación, tanto por parte de la Administración General del Estado
como por las Comunidades Autónomas, que ha permitido seguir avanzando en
la consecución de dicho objetivo, de manera que, según las últimas
informaciones remitidas por las Comunidades Autónomas, el número de
instalaciones pendientes de autorizar se ha reducido a 14.



Madrid, 2 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005501



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).



Respuesta:



En primer lugar, se señala que el Comité Olímpico Español (COE) es una
asociación privada declarada de utilidad pública, sin fines de lucro, con
personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar, patrimonio y
duración ilimitados.



Está constituido de acuerdo con sus propios Estatutos, con la Carta
Olímpica y con la Ley española del Deporte, teniendo como finalidades
principales el desarrollo del Movimiento Olímpico, la difusión de los
ideales olímpicos, la representación en exclusiva en España del Comité
Olímpico Internacional y la participación española en los Juegos
Olímpicos y demás de dicha naturaleza. Para ello, está dotado de una
estructura participativa, cuenta entre sus miembros con los máximos
dirigentes deportivos españoles y destacadas personalidades del deporte.



Dicho esto, conviene subrayar que el COE es el responsable de la
organización y participación del Equipo Olímpico Español en los Juegos
Olímpicos (JJ.OO.) de Londres 2012 y en otras competiciones de similar
naturaleza, que se celebrarán en el futuro. Esta responsabilidad le
habilita, por su naturaleza privada y por su adscripción al Comité
Olímpico Internacional, para llegar a acuerdos con diferentes
patrocinadores y empresas que faciliten esa participación de los
deportistas españoles.



Respecto a la cuestión planteada, el COE manifestó en un comunicado que el
acuerdo con Bosco Sports responde a una unión 'a largo plazo de
suministro de artículos deportivos y patrocinio de los equipos del COE en
el año 2009'. En esa misma manifestación añadía que 'la firma Bosco Sport
es reputada por la calidad de sus prendas, la cual suministra entre otros
a destacados equipos olímpicos como los de Rusia y Ucrania' y que 'dicha
ropa ha sido ya probada por los equipos españoles en los Juegos Olímpicos
de la Juventud de Verano e Invierno en Singapur e Innsbruck,
respectivamente, con excelentes resultados'.



El COE ha manifestado que 'nadie de la Federación Española de Empresas de
la Confección ni de la Asociación de Creadores de Moda de España se ha
dirigido al COE en ningún momento, ni ahora ni desde el 2006, para
ofrecer sus servicios de confección ni de diseño'.



A su vez el COE ha explicado que en el 2006 abrió un concurso público para
equipar a la delegación que iba a acudir a los Juegos de Pekín del 2008,
y entre las ofertas recibidas, donde había solo una española, 'la mejor
fue la de la china Li Ning', que fue la elegida.



Asimismo, después de los Juegos del 2008, la firma Bosco Sport 'se puso en
contacto con el COE para hacerle una oferta que era mejor que la de Li
Ning'. Se ofreció a la fabricante china la opción del tanteo, aunque esta
no pudo mejorar la otra propuesta. El Comité añadió que 'ni entonces, ni
ahora, ninguna empresa española, fabricante o diseñador se ha dirigido al
COE para ser proveedor de ropa deportiva'.



El comunicado realizado por el COE recuerda que fue 'el Comité Ejecutivo
del COE el que, en su reunión de noviembre de 2011, aprobó los diseños y
las calidades de la ropa para los JJ.OO. de Londres, la cual aún no ha
sido presentada en público'.



Hay que tener en cuenta que además del diseño y la elaboración de las
equipaciones de nuestros deportistas, que requieren un especial
conocimiento técnico deportivo, la firma Bosco Sports firmó un acuerdo de
patrocinio con el COE. En esta misma línea, el COE también explica que
'la ropa de los JJ.OO. es muy compleja y costosa, ya que incluye la ropa
especializada que las marcas de diseño no tienen' y que Bosco Sport 'no
solo es proveedor de la ropa de los equipos olímpicos españoles de manera
gratuita y con garantías de calidad, sino que además es patrocinador del
COE'.



Siempre que una marca española se quiera vincular con el Equipo Olímpico
Español se considerará muy positivo, pero también es necesario que cumpla
con todos los requisitos técnicos y económicos que el COE considere en
sus estipulaciones y necesidades para el mejor desarrollo de sus
actividades.



Finalmente, se señala que a instancias de la Secretaría de Estado de
Comercio tuvo lugar una reunión a la que asistieron representantes de la
Administración General del Estado (entre los que estuvo el Presidente del
Consejo Superior de Deportes), del COE y de los sectores de la moda y el
diseño español; en dicha reu




Página
126






nión se planteó implementar medidas para solucionar en el futuro
situaciones como las que nos ocupa, sin coste económico añadido para la
Administración, de forma que el sector de la moda español pueda ser oído,
o participe en los términos en los que se pueda convenir, en los diseños
de los uniformes.



Madrid, 19 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005502



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).



Respuesta:



El desprendimiento de un falso techo de escayola de la Comisaría de
Distrito de Ciudad Lineal en Madrid fue reparado y por prevención se
llevó a cabo una fumigación de las instalaciones, a pesar de que durante
la última revisión, llevada a cabo tan solo un mes antes, no se había
detectado la presencia de ratas u otros animales de la misma naturaleza.
Posteriormente, la reparación fue revisada y aprobada por un aparejador
perteneciente al servicio oficial de arquitectura de la División
Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía.



En cuanto al estado de edificaciones y acuartelamientos de la seguridad
del Estado, el Ministerio del Interior tiene información permanente
actualizada de todos los Acuartelamientos y Comisarías de los Cuerpos, y
cuando las circunstancias lo aconsejan, se adoptan las medidas que en
cada caso proceden para su mantenimiento y mejora.



Por otra parte, la vigente clasificación del estado de las
infraestructuras adscritas a la Guardia Civil se distribuye entre buenas,
malas o regulares, catalogación dinámica que realizan las Unidades
Territoriales en función de la situación que presente el inmueble, así
como del resultado de inspecciones puntuales (de la Jefatura de la
Unidad, Inspección de la Secretaría de Estado de Seguridad, del Servicio
de Acuartelamiento, etc...). En el ámbito de la Guardia Civil se
considera un acuartelamiento aceptable cuando técnicamente posibilite el
cumplimiento de la misión principal del Cuerpo y reúna las condiciones
suficientes de habitabilidad.



Si a juicio de los servicios técnicos de las Direcciones Generales de la
Policía y de la Guardia Civil, alguna infraestructura carece de las
condiciones suficientes de habitabilidad, bien por el transcurso del
tiempo o por alguna circunstancia sobrevenida, se procede a su clausura y
a su reparación inmediata.



Además la Dirección General de la Guardia Civil, por las características
de su despliegue (que a día de hoy no se contempla reducir, sin perjuicio
de actuaciones puntuales que pudiera resultar aconsejable), tiene un Plan
Plurianual de Inversiones en Infraestructuras que es actualizado
dinámicamente en función de la evolución del estado del parque
inmobiliario y de las dotaciones presupuestarias. En el presente
ejercicio, el conjunto de las Zonas de la Guardia Civil en España
disponen de un presupuesto superior a 9 millones de euros para reparación
de acuartelamientos.



Por su parte, el Cuerpo Nacional de Policía, en el caso de que alguna
dependencia requiriera una respuesta urgente, las reparaciones necesarias
se llevarían a cabo con cargo a la partida de 'Urgentes e Imprevistos'.



Por último se señala que desde la promulgación de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre, de prevención de riesgos laborales, tanto la Dirección General
de la Policía como la Dirección General de la Guardia Civil han ido
adoptando todas las medidas encaminadas a su cumplimiento.



Madrid, 5 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005520



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).



Respuesta:



La Administración General del Estado está estudiando, con gran interés, la
existencia de posibles duplicidades o disfunciones entre sus órganos y
entre éstos y los de las comunidades autónomas, de cara a conocer mejor
las posibles duplicidades en el seno de las administraciones públicas
españolas. En cuanto se disponga de datos concluyentes al respecto, el
Gobierno pondrá en marcha las medidas que resulten más acertadas para
conseguir una Administración más moderna, más eficiente y más eficaz,
garantizando además una adecuada utilización de los recursos públicos.



En lo que respecta a la evaluación periódica de los resultados de los
órganos centrales mencionados en la pregunta parlamentaria, debe
reseñarse que todos ellos elaboran con carácter anual informes o memorias
sobre la actividad realizada, lo cual permite al Gobierno tener
conocimiento de los detalles más importantes de su funcionamiento y poder
realizar un seguimiento de los mismos. En esas memorias o informes,
también se destacan sus relaciones con los órganos similares de
comunidades autónomas, con las medidas de colaboración adoptadas y los
resultados de las mismas.



Además, en el año 2011, la Agencia de Evaluación y Calidad, ha elaborado
un informe denominado 'La eficacia de la acción pública en el Estado
autonómico: diagnóstico y propuestas de mejora', que da respuesta al
encargo efectuado por el Consejo de Ministros en




Página
127






relación con la elaboración de un informe sobre posibles duplicidades,
solapamientos e ineficiencias en el Estado autonómico.



Madrid, 8 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005522



(184) Pregunta Escrita Congreso



Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).



Respuesta:



El escenario económico previsto en el presupuesto del 2012 ha implicado la
adopción de medidas de fondo que también contemplan, como es lógico, a la
Armada, y que se complementan con otras de mejora de la eficiencia. En
este sentido, en el portaaviones 'Príncipe de Asturias' se invertirán los
recursos mínimos para su mantenimiento, y se restringirá su actividad
operativa en la mar hasta que se adopte una decisión definitiva sobre su
futuro.



Desde la entrada en servicio del Buque de Proyección Estratégica Juan
Carlos I, el 30 de septiembre de 2010, la Armada cuenta con una
plataforma naval que, sin ser un portaaviones, tiene unas capacidades
aeronavales que pueden mantener algunas de las que tiene en estos
momentos el portaaviones.



Para finalizar, se significa que el portaaviones de la Armada al que se
refiere la pregunta se llama 'Príncipe de Asturias' y no 'Príncipe
Felipe'.



Madrid, 29 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005524



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Martínez Gorriarán, Carlos (GUPyD).



Respuesta:



Los proyectos de perforación de investigación o exploración para la
obtención de gas por fractura hidráulica están siendo evaluados según
establece la Directiva 85/337/CEE, transpuesta a nuestra legislación
nacional mediante Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA) de proyectos.



Cada proyecto se evalúa individualmente, teniendo en consideración sus
potenciales impactos específicos sobre el medio ambiente y el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en colaboración con
organismos públicos de investigación, está realizando una serie de
estudios que permitirán la elaboración de criterios comunes de valoración
de los impactos de estas tecnologías de extracción y, en su caso, la
adopción de unas adecuadas medidas correctoras.



Madrid, 19 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005525



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Oramas González-Moro, Ana María (GMx).



Respuesta:



En relación al asunto que interesa a Su Señoría se informa que en el
ámbito de competencias del Ministerio del Interior el coste del
despliegue de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado entre los días 2 y 4 de mayo de 2012 con motivo de la reunión del
Banco Central Europeo (BCE) celebrada en Barcelona fue de 693.395,81
euros.



Madrid, 29 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005526



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Ortiz Castellví, Laia y Coscubiela Conesa, Joan (GIP).



Respuesta:



El Gobierno ejerce las facultades que le otorga la Constitución de acuerdo
con ésta y con las Leyes vigentes, y no realiza valoraciones sobre
asuntos ajenos a dichas facultades.



Por otra parte, el Gobierno resalta que las posibles reformas normativas a
las que aluden las preguntas, no se incluyen entre los compromisos
asumidos por el Gobierno que ha obtenido la confianza de la Cámara el
pasado 20 de diciembre.



Madrid, 3 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.




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128






184/005532



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Rodríguez Ramírez, María José (GS).



Respuesta:



El Gobierno no tiene ningún proyecto de construir o utilizar un Centro de
Aviones no Tripulados en el Centro de Experimentación de 'El Arenosillo'
(CEDEA).



Madrid, 24 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005547 a 184/005555



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Hernando Vera, Antonio (GS).



Respuesta:



En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala que la
Guardia Civil ha participado en el dispositivo de seguridad, establecido
con ocasión de la reunión del Banco Central Europeo en Barcelona, con
1.983 efectivos (636 desplazados desde otras provincias y Comunidades
Autónomas).



Los efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad han estado ausentes
de su destino habitual cinco días, (incluidos los viajes de ida y vuelta)
y cuatro los efectivos del Servicio Aéreo.



El coste total del operativo desplegado por la Guardia Civil desplazado a
Barcelona o sus inmediaciones, ha sido de 235.800,13 euros (incluyendo
alojamiento, manutención y desplazamiento).



Por su parte, los agentes de la Guardia Civil que han participado en la
reanudación de los controles fronterizos, desde las 00.00 h. del día 28
de abril hasta las 24.00 h. del día 04 de mayo, con motivo de la
mencionada reunión, han sido 1.176 efectivos destinados en las unidades
fiscales y de seguridad ciudadana de las Comandancias de Huesca, Lleida,
Girona y Barcelona, que no han generado ningún gasto extraordinario.



En cuanto al Cuerpo Nacional de Policía, fueron 1.299 el número de
efectivos que participaron en el dispositivo de seguridad (944
desplazados de otras provincias).



El coste del despliegue de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía
ascendió a un total de 457.595,68 euros, (incluyendo dietas y gastos de
desplazamiento).



Madrid, 29 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005556



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Hernando Vera, Antonio (GS).



Respuesta:



El mantenimiento de la seguridad pública en los recintos aeroportuarios es
competencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de acuerdo
con la legislación actualmente vigente.



Aena Aeropuertos colabora en materia de seguridad aeroportuaria con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través de un Convenio
suscrito con el Ministerio del Interior, por el que se compromete a la
contratación del servicio prestado por empresas de seguridad privada, que
refuerza la labor de dichas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.



El servicio que se realiza por las empresas de seguridad privada en los
aeropuertos, se contrata por hora de servicio realizado. No se contratan
ni puestos fijos ni un número de personas asignados. Esto implica que
dependiendo de los periodos punta, varían a lo largo de los meses del año
o de las horas del día, el número de horas necesarias en los aeropuertos
para realizar las funciones de seguridad, no siendo un número fijo de
personas las disponibles en todo momento.



Dentro del respeto a lo estipulado en legislación laboral y al
correspondiente Convenio Sectorial, el número de vigilantes empleados,
además de las horas necesarias para cubrir todo el servicio requerido por
el aeropuerto y que varía a lo largo del día en función de tráfico del
aeropuerto, depende también del número de miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado destinado al servicio del aeropuerto.



Actualmente, para el servicio total en cada aeropuerto, con las premisas
antes indicadas, el número de vigilantes es el siguiente: A Coruña 29,
Albacete 5, Algeciras 6, Alicante 180, Almería 23, Asturias 35, Badajoz
5, Barcelona-El Prat, 627, Bilbao 36, Burgos 7, Ceuta 8, Córdoba 2,
Madrid-Cuatro Vientos 5, El Hierro 8, Fuerteventura 77, Girona-Costa
Brava 60, Gran Canaria 165, F.G.L. Granada-Jaén 25, Huesca Pirineos 8,
Ibiza 120, Jerez 30, La Gomera 7, La Palma 27, Lanzarote 107, León 10,
Logroño 7, Madrid-Barajas 1.165, Madrid-Torrejón 10, Málaga-Costa del Sol
210, Melilla 13, Menorca 65, Murcia San Javier 33, Palma de Mallorca 285,
Pamplona 10, Reus 25, Sabadell 7, Salamanca 5, San Sebastián 8, Santander
19, Santiago 19, Sevilla 88, Son Bonet 9, Tenerife Norte 88, Tenerife Sur
155, Valencia 129, Valladolid 14, Vigo 29, Vitoria 9 y Zaragoza 16.



Madrid, 4 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.




Página
129






184/005557



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Hernando Vera, Antonio (GS).



Respuesta:



Las funciones que desempeñan los trabajadores procedentes de empresas de
seguridad privada en los aeropuertos de la red de Aena Aeropuertos, se
ajustan a las mencionadas en el artículo 11 de la Ley 23/1992, de 30 de
julio, de Seguridad Privada. Además se presta la debida colaboración y
apoyo a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando sean
requeridos para ello, en el ejercicio de las competencias que le son
propias.



Así, por parte de los vigilantes privados se desempeñan labores de
inspección en los controles de acceso a las zonas restringidas de los
aeropuertos, de inspección del equipaje de bodega, protección del
perímetro aeroportuario, patrullas en los aeropuertos tanto en zona
restringida como en zonas públicas, inspección de tripulaciones y
empleados en los accesos a zonas restringidas de seguridad y gestión de
alarmas en los centros de control y gestión de seguridad, etc.



Madrid, 4 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005558



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Hernando Vera, Antonio (GS).



Respuesta:



El servicio que, por parte de las empresas de seguridad privada, se
realiza en los aeropuertos no se limita únicamente a los controles de
entrada de la zona de embarque sino que también realizan labores de
inspección del equipaje de bodega, protección del perímetro
aeroportuario, patrullas en los aeropuertos tanto en zona restringida
como en zonas públicas, inspección de tripulaciones y empleados en los
accesos a zonas restringidas de seguridad, gestión de alarmas en los
centros de control y gestión de seguridad etc.



Aena Aeropuertos no contrata ni puestos fijos ni un número concreto de
personas. Esto implica que dependiendo de los periodos punta, el número
de personas varía a lo largo de los meses del año o de las horas del día
el número de horas necesarias en los aeropuertos para realizar las
diferentes funciones de seguridad (entre las que se incluye el control de
entrada a la zona de embarque, mencionado en la pregunta), no siendo un
número fijo de personas las disponibles en todo momento.



El número de vigilantes empleados, además de las horas necesarias para
cubrir todo el servicio requerido por el aeropuerto y que varía a lo
largo del día en función de tráfico del aeropuerto, depende también del
número de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
destinado al servicio del aeropuerto, con los que se colabora en todo
momento.



Por ello, no existe un número concreto y preciso de personal encargado de
la prestación del servicio de control de entrada a la zona de embarque en
los aeropuertos de la red de Aena Aeropuertos.



Madrid, 4 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005559



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Hernando Vera, Antonio (GS).



Respuesta:



El número de reclamaciones recibidas en los distintos aeropuertos de la
red de AENA Aeropuertos, por incidentes o actuaciones acaecidas en los
controles de entrada a las zonas de embarque, entre el 1 de enero y el 30
de abril de 2012, ha sido de 715, distribuidas entre los aeropuertos
según la tabla adjunta:




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130






Los 27 aeropuertos restantes de la red que no se encuentran en la tabla no
tienen ninguna reclamación por este concepto.



En el mismo período del año 2011 se presentaron 913 reclamaciones, lo que
supone un descenso en el 2012 frente a 2011 de un 27,7%.



Madrid, 4 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005560



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Hernando Vera, Antonio (GS).



Respuesta:



Durante 2011, el número total de procesos penalizadores iniciados contra
las empresas de seguridad privada que prestan sus servicios en la red de
Aena Aeropuertos fue de 21 procesos, de los cuales 18 se han resuelto con
penalización definitiva a la empresa, 2 están pendientes de resolución y
1 se archivó por no existir incumplimiento por parte de la empresa de
seguridad. De todas estas penalizaciones, 12 estuvieron motivadas por la
actuación del personal de seguridad privada en los controles de acceso a
las zonas de embarque.



Madrid, 4 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005561



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Vázquez Morillo, María José (GS).



Respuesta:



Las participaciones preferentes son un producto financiero complejo
híbrido ente el acción y la deuda, ya que, por un lado, operan como
instrumento de deuda perpetua, siendo un producto de renta fija con
vencimiento indefinido y, por otro, son consideradas como un recurso
propio de alta calidad computable para las entidades emisoras, muy
próximo conceptualmente al capital (acciones), dada su capacidad de
absorción de pérdidas. De ahí que su emisión se someta a condiciones más
propias de la acción que de la deuda, como el condicionamiento de la
retribución a la existencia de beneficios, la imposibilidad de acumular
la remuneración no percibida un año o un tratamiento concursal, sólo por
delante de los propios accionistas.



La generalización de la comercialización de este tipo de instrumentos
entre inversores minoristas ha hecho que este segmento sea hoy
sustancialmente mayor que el institucional. Hasta el inicio de la crisis,
las entidades amortizaban anticipadamente sus emisiones de preferentes,
de modo que los clientes recuperaban su inversión total. Desde el año
2007 las entidades, dada la creciente debilidad de su solvencia, han
suspendido esas amortizaciones anticipadas y los clientes sólo tienen dos
formas de recuperar el principal de su inversión: acudir al mercado para
su venta o aceptar las operaciones de canje por otros instrumentos de
capital ofrecidas por algunas entidades.



Es en este punto en el que surge el problema. En el mercado, el cliente
aprecia la enorme depreciación de sus preferentes (de hasta el 60 ó el 70
por ciento). Y en buena parte de las operaciones de canje ofertadas, el
cliente pierde parte de su inversión principal (en función del tipo de
canje en acciones) o sólo la recupera completamente en un plazo diferido
(obligaciones convertibles subordinadas a plazo).



Relacionado con este asunto, cabe recordar que la Directiva 2004/39/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre Mercados de Instrumentos
Financieros (MIFID), se encuentra plenamente incorporada el Derecho
nacional español, por medio de la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, por la
que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores
(LMV) y su normativa de desarrollo en este aspecto, es decir, el Real
Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las
empresas de servicios de inversión.



En dichas normas, el marco de protección del adquirente pivota en torno a
un régimen de transparencia, información y comprobación de la idoneidad
del mismo para la contratación del producto.



Adicionalmente y para que las operaciones se realicen con todas las
garantías legales y reglamentarias, la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) supervisa la comercialización de estos productos
(incoando, en su caso, procedimientos sancionadores contra las entidades
infractoras), y vela por la disponibilidad de información para los
clientes (publicando guías e incluyendo advertencias en los preceptivos
folletos).



No obstante, para evitar la presencia de prácticas inadecuadas de
comercialización que, en ocasiones, han dado lugar, por omisión de las
obligaciones de transparencia, información y comprobación de la idoneidad
del cliente, a la formación de un consentimiento viciado en la fase de
comercialización y contratación de las participaciones preferentes, se
están evaluando medidas para que en el futuro no se comercialicen este
tipo de instrumentos financieros de manera masiva a clientes minoristas.




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131






En cualquier caso, cabe recordar que las soluciones que pudieran adoptarse
han de resultar coherentes con la normativa comunitaria aplicable al
respecto.



Por otra parte, el Gobierno atenderá todas las conclusiones de la
Subcomisión sobre la transparencia en la información de los productos
financieros e hipotecarios de las entidades de crédito, creada el pasado
16 de mayo en el Congreso de los Diputados, con el objeto de analizar la
legislación y la práctica relativa a la transparencia informativa en
relación con la comercialización de productos financieros y sobre todo,
de los más complejos y considerando el caso concreto de las
participaciones preferentes.



Madrid, 27 de junio de 2012 .-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005563



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús (GS).



Respuesta:



Coincidiendo con el cambio de servicio de verano, el 17 de junio, Renfe
modifica sus horarios en la relación Salamanca-Zaragoza-Barcelona, con el
propósito de favorecer la conexión entre los diversos servicios, ampliar
las posibilidades de viaje y generar una oferta de movilidad integrada
para los clientes.



En concreto, se modifica el enlace que actualmente se realiza en Zaragoza
por uno nuevo en Valladolid. El cambio de la estación de enlace mejorará
el mismo, siendo más rápido y cómodo para los viajeros. Asimismo, Renfe
aumentará el número de plazas ofertadas, pasando de las 182 actuales a
280 para el período de mayor demanda.



El nuevo servicio combinado se realizará con un vehículo de última
generación de la serie 121, siendo un servicio directo entre Valladolid y
Barcelona, lo que añadirá confort al viaje.



Por último, hay que señalar que el precio del billete entre las diferentes
estaciones de origen y destino está actualmente en fase de análisis y
definición, sin que esté previsto en ningún caso que éste sea superior al
actual.



Los proyectos constructivos de electrificación de la línea actual entre
Medina del Campo y Salamanca están prácticamente finalizados, por lo que
se está en condiciones de comenzar a licitar sus obras a lo largo de este
año 2012.



Madrid, 18 de junio de 2012 .-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005645



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Blanco López, José (GS).



Respuesta:



Las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril son
de aplicación a todo el territorio de nuestro país sin que quepa
determinación específica por áreas geográficas.



Por otra parte, se aportan los datos de las becas concedidas a los alumnos
matriculados en centros de la provincia de Lugo de los cursos 2009/10 y
2010/11, ya que los datos del curso 2011/2012 no son definitivos al
existir, pendientes de resolución, recursos e incidencias de solicitudes
de becas:



BECAS NO UNIVERSITARIAS;



LUGO ;Nº DE BECARIOS



Curso 2009/2010 ;3.023



Curso 2010/2011 ;2.710



* Convocatorias tenidas en cuenta para la elaboración de estos datos:
General, Movilidad, Educación Especial e Idiomas;



No se facilitan datos de becarios universitarios puesto que estas
estadísticas se elaboran en atención a la Universidad en la que los
estudiantes becarios se encuentran matriculados.



En cuanto a cuántos alumnos dejarían de percibir las ayudas o becas en
aplicación de los nuevos criterios de adjudicaciòn, no puede afirmarse
que se vaya a producir 'una reducciòn de las becas' puesto que, en primer
lugar, los créditos presupuestarios que se prevé destinar a la
financiación tanto de las becas de carácter general y especial
universitarias como no universitarias no han sufrido reducción alguna en
el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, que
se encuentra pendiente de aprobación en el Parlamento.



Por otro lado, hay que tener en cuenta que si bien es propósito decidido
del Gobierno como ya se ha anunciado, avanzar en la línea de la búsqueda
del esfuerzo académico, la responsabilidad y la excelencia, garantizando
la mayor eficiencia de los importantes recursos públicos destinados a
becas, no puede olvidarse que el mantenimiento para el próximo curso de
los umbrales máximos de renta y patrimonio familiar dará lugar a un mayor
número de familias y estudiantes con derecho a beca.



Puede concluirse que, como en cursos anteriores, obtendrán beca todos los
solicitantes que cumplan los requisitos que se fijan en las
correspondientes convocatorias.




Página
132






Por lo que se refiere a la subida de tasas universitarias, se señala que
hasta el momento, no se ha producido ninguna subida en los precios
públicos por servicios académicos en la Universidad. El Real Decreto-ley
14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto
público en el ámbito educativo dispone en su artículo único, que 'para
las enseñanzas de Grado los precios públicos cubrirán entre el 15% y el
25% de los costes en primera matrícula...'



El 15% del coste es lo que se estima que cubren los precios públicos
actuales, de manera que hasta que las Comunidades Autónomas no acuerden
el porcentaje del coste que deciden cubrir mediante la fijación de los
precios públicos, no puede hablarse de subida de las tasas ya que cabe la
posibilidad de que alguna decida mantener el precio en ese 15% de
cobertura actual.



Madrid, 26 de junio de 2012 .-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005646



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Blanco López, José (GS).



Respuesta:



Las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de
medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito
educativo, son de aplicación a todo el territorio de nuestro país sin que
quepa determinación específica por áreas geográficas.



Por otra parte, se aportan los datos de las becas concedidas a los alumnos
matriculados en centros de Galicia. Tales datos corresponden a los cursos
2009/10 y 2010/11, ya que los datos del curso 2011/2012 no son
definitivos al existir, pendientes de resolución, recursos e incidencias
de solicitudes de becas.




[**********página con cuadro**********]




(1) Convocatorias tenidas en cuenta para la elaboración de estos datos:
General, Movilidad, Educación Especial e Idiomas.



(2) Convocatorias tenidas en cuenta para la elaboración de estos datos:
General, Movilidad, Colaboración, Ayudas tasas para familias con 3 hijos,
Idiomas Universitarios y Ayudas Másteres desempleados.




Página
133






En cuanto al número de alumnos que dejarían de percibir las ayudas o becas
en aplicación de los nuevos criterios de adjudicación, no puede afirmarse
que se vaya a producir 'una reducción de las becas' puesto que, en primer
lugar, los créditos presupuestarios que se prevé destinar a la
financiación, tanto de las becas de carácter general y especial
universitarias como no universitarias, no han sufrido reducción alguna en
el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2012.



Por otro lado, hay que tener en cuenta que si bien es propósito decidido
del Gobierno como ya se ha anunciado, avanzar en la línea de la búsqueda
del esfuerzo académico, la responsabilidad y la excelencia, garantizando
la mayor eficiencia de los importantes recursos públicos destinados a
becas, no puede olvidarse que el mantenimiento para el próximo curso de
los umbrales máximos de renta y patrimonio familiar dará lugar a un mayor
número de familias y estudiantes con derecho a beca.



Puede concluirse que, como en cursos anteriores, obtendrán beca todos los
solicitantes que cumplan los requisitos que se fijan en las
correspondientes convocatorias.



Por lo que se refiere a las tasas universitarias, se señala que hasta el
momento, no se ha producido ninguna subida en los precios públicos por
servicios académicos en la Universidad. El Real Decreto-ley 14/2012, de
20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en
el ámbito educativo dispone en su artículo único, que 'para las
enseñanzas de Grado los precios públicos cubrirán entre el 15% y el 25%
de los costes en primera matrícula...'



El 15% del coste es lo que se estima que cubren los precios públicos
actuales, de manera que hasta que las Comunidades Autónomas no acuerden
el porcentaje del coste que deciden cubrir mediante la fijación de los
precios públicos, no puede hablarse de subida de las tasas ya que cabe la
posibilidad de que alguna decida mantener el precio en ese 15% de
cobertura actual.



Madrid, 26 de junio de 2012 .-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005653



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Cantó García del Moral, Antonio (GUPyD).



Respuesta:



Actualmente la Organización Mundial de la Salud (OMS) no contempla el
Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple como una entidad nosológica con
un código especifico.



La OMS es la responsable de la revisión periódica de la Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE) desde 1948. Existen dos grupos
encargados de realizar las actualizaciones y modificaciones, el Grupo de
Referencia de Mortalidad y el Comité de Referencia para la Actualización.
La estructura de la clasificación no puede ser modificada por ningún país
ni organización, no siendo posible la creación de nuevos códigos.



En España, concretamente, se utiliza la CIE9-MC (CIE9 modificación
clínica) para los datos agregados de todos los servicios sanitarios que
integran el Sistema Nacional de Salud.



El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en respuesta a
las dificultades y necesidades detectadas en las personas afectadas por
el Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple, decidió crear un Grupo de
Expertos que estudiara este problema de salud y su atención sanitaria,
dada la necesidad expresada de mejorar el nivel de conocimiento
científico actualizado sobre este proceso, su diagnóstico, abordaje
terapéutico y otros aspectos relacionados con el mismo.



El Documento de Consenso sobre la Sensibilidad Química Múltiple (SQM),
fruto del trabajo realizado por el Grupo de expertos, busca contribuir a
un mayor conocimiento de la SQM, en base a la mejor evidencia científica
disponible y al consenso entre expertos, para ayudar al personal
sanitario en la toma de decisiones sobre el diagnóstico, abordaje
terapéutico, prevención y otros aspectos relacionados con la SQM.
Representa una herramienta útil para proporcionar a las y los
profesionales sanitarios unas pautas comunes de actuación, de cara a
ofrecer una atención integral y multidisciplinar a las personas afectadas
y favorecer la sensibilización de la sociedad ante este problema de
salud.



Este documento se caracteriza por la calidad científico-técnica y
metodológica en que se sustentan sus conclusiones y recomendaciones para
el abordaje de la SQM en el Sistema Nacional de Salud.



Para dar continuidad a las recomendaciones del Documento de Consenso sobre
la SQM, publicado el 30 de noviembre de 2011, el Gobierno llevará a la
siguiente reunión de la Comisión de Sistemas de Información del Sistema
Nacional de Salud, la recomendación que aparece en el apartado 14 del
documento de consenso y hace referencia a recomendaciones generales en
los sistemas de información sanitaria:



'Estudiar desde la Comisión de Sistemas de Información del Sistema
Nacional de Salud la posibilidad de elevar una propuesta al comité
editorial 9.ª edición CIE9MC, para la inclusión en el Índice Alfabético
de Enfermedades del término 'Sensibilidad química múltiple' de manera que
este término aparezca en dicha edición de CIE9MC'.



Por otro lado, y con el objetivo de dejar constancia en el Documento de
Consenso del grado de evidencia existente sobre la eficacia de los
posibles tratamientos, farmacológicos y no farmacológicos, la Agencia de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud




Página
134






Carlos III (Ministerio de Economía y Competitividad), realizó una búsqueda
exhaustiva de literatura científica y valoró la calidad de la evidencia
de esos estudios, llegando a la conclusión, junto con el consenso del
Grupo de expertos, de que actualmente no existe ningún tratamiento
efectivo para paliar directamente las causas de la SQM, porque a día de
hoy no se conoce suficientemente el o los mecanismos concretos por los
que enferman estas personas. La única medida que se ha demostrado más
eficaz es evitar la exposición a las situaciones previamente advertidas
como desencadenantes del cuadro clínico. Puesto que no existe tratamiento
curativo, las intervenciones terapéuticas deben ir encaminadas a la
mejora de la sintomatología, el tratamiento de la comorbilidad y la
mejora de la calidad de vida.



Madrid, 21 de junio de 2012 .-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005657



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).



Respuesta:



El Gobierno considera que la seguridad jurídica es un elemento fundamental
para la promoción y el fomento de las inversiones extranjeras. Las
inversiones son un motor importante de crecimiento económico y
dinamización industrial en un mundo globalizado. Como economía abierta al
mundo, España es destino de inversión extranjera y a su vez nuestras
empresas invierten crecientemente en el resto del mundo,
internacionalizando sus activos. Por ello, el Gobierno ha desplegado
siempre todos sus esfuerzos y seguirá haciéndolo, tanto a nivel bilateral
(a través de la conclusión de acuerdos de protección y promoción
recíproca de inversión -APPRIS-) como en los foros europeos (promoviendo
la ejecución práctica del artículo 217 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea, TFUE) y multilaterales (principalmente en el ámbito de
la Organización Mundial de Comercio, OMC) para lograr marcos claros y
predecibles para el desarrollo y la seguridad de las inversiones de
nuestras empresas tanto en América Latina como en el resto del mundo.



A raíz de la expropiación del accionariado de REPSOL en la compañía
argentina YPF, el Gobierno de España ha potenciado la actividad
anteriormente señalada para el aseguramiento del respeto a la legalidad
internacional en relación con la seguridad jurídica de las inversiones y
en particular respecto a las expropiaciones ilegales de capital de las
empresas europeas. El Gobierno de España ha potenciado el debate en la
Unión Europea a todos sus niveles, tanto en el Consejo como en la
Comisión, y ha apoyado, a través del trabajo de los eurodiputados
españoles, los debates en sede Parlamento Europeo (Resolución de 19 de
abril). En relación a las dos primeras instituciones, el Gobierno de
España ha planteado formalmente esta cuestión en los Consejos de Asuntos
Comerciales y de Asuntos Exteriores recogiendo la solidaridad de los
demás Estados Miembros. Además ha desarrollado una especial actividad
cerca de la Comisión, actor principal al ser la Política Comercial Común
competencia exclusiva de la Unión Europea. En este sentido el Gobierno ha
mantenido numerosos contactos al más alto nivel con el Presidente de la
Comisión y el Comisario de Comercio en los que se ha hecho repaso de las
posibles actuaciones por parte de las instituciones de la Unión Europea.
El Comisario de Comercio remitió una carta al Canciller argentino
glosando algunas de estas posibles medidas en el ámbito comercial. En la
actualidad, se está reflexionando sobre las modalidades de su activación
teniendo en cuenta los procedimientos comunitarios particulares a cada
una de las medidas y el impacto de su aplicación.



La Comisión ha decidido el 25 de mayo la presentación de una demanda
contra Argentina ante la OMC, denunciando las prácticas comerciales
proteccionistas que el Gobierno Argentino viene aplicando desde hace más
de un año (a licencias obligatorias de importación). Se trata de un
asunto de larga duración y previo al expediente de REPSOL.



Por otra parte, las relaciones entre España y América Latina son profundas
y globales, hunden sus raíces en la historia -que nuevamente celebraremos
en la Cumbre Iberoamericana de Cádiz en otoño-y se desarrollan a todos
los niveles político, económico, social y cultural. El deseo del Gobierno
de España es, incluso en estos casos, tender los puentes necesarios para
restablecer unas relaciones estratégicas por naturaleza para ambas
partes. El Gobierno de España compatibiliza este deseo con la necesaria
defensa de los intereses nacionales y de los derechos de sus ciudadanos y
sus empresas, modulando consecuentemente las medidas adoptar en caso de
que éstas sean injusta o ilegalmente vulnerados.



Finalmente, con la aprobación del artículo 217 del TFUE, la protección de
las inversiones extranjeras de las empresas europeas para a ser
competencia de la Unión Europea. El Gobierno de España hará todo lo
posible para acelerar la aprobación de los reglamentos que permitan la
ejecución y desarrollo de dicho artículo. La Unión Europea y sus
instituciones deben disipar las dudas que algunos sectores empresariales
o ciudadanos puedan albergar sobre la vulnerabilidad de los intereses
comerciales europeos en el exterior. En este sentido, y en cuanto a las
relaciones con América Latina, España desea que estos asuntos tengan una
cobertura suficiente en la Cumbre UE-Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños, a celebrar en Santiago de Chile en enero de
2014, y cuyo tema principal es




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135






precisamente el de las inversiones (social y medioambientalmente
sostenibles).



Madrid, 5 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005658



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Lozano Domingo, Irene (GUPyD).



Respuesta:



El Gobierno manifiesta que, hasta mayo de 2012, la Representación
Permanente de España ante la Unión Europea ha tramitado el uso de lenguas
cooficiales en España distintas del castellano en 47 ocasiones en el
Consejo y en 34 ocasiones en el Comité de las Regiones. También se ha
tramitado en 4 ocasiones la traducción de comunicaciones escritas de
ciudadanos.



• En concreto, en el Consejo de la Unión Europea: (Acuerdo suscrito el 7
de noviembre de 2005) el desglose por años es el siguiente:



2006: 6



2007: 9



2008: 4



2009: 1



2010: 16



2011: 10



2012: 1 (hasta mayo)



• Mientras que en los Consejos en los que se ha extendido la solicitud:



Empleo, Política Social y Consumidores: 8



Agricultura y Pesca: 16



Medio Ambiente: 7



Extraordinario de Empleo: 1



Competitividad (consumo): 4



Educación, Juventud y Cultura y Deporte: 11



• Lenguas en las que se ha extendido la solicitud:



Euskera: en 5 Consejos.



Catalán: en 19 Consejos.



Gallego: en 14 Consejos.



Valenciano: en 4 Consejos.



• En lo que respecta al Comité de las Regiones (Acuerdo suscrito el 16 de
noviembre de 2005), el desglose por años es:



2005: 1



2006: 5



2007: 5



2008: 5



2009: 5



2010: 5



2011: 6



2012: 2



• Lenguas en las que se ha extendido la solicitud:



Euskera: 34 plenos



Catalán: 33 plenos



Gallego: 33 plenos



Valenciano: 33 plenos.



En cuanto a las comunicaciones escritas con las distintas instituciones y
órganos, cabe decir que esta posibilidad está prevista en todos los
acuerdos suscritos, pero sólo en cuatro casos: el Consejo, la Comisión
europea, el Comité de Regiones y el Comité Económico y Social. La
Representación Permanente de España ante la UE, a través de la Consejería
de Asuntos Autonómicos, está designada como Organismo competente para
gestionar las traducciones que realizan los órganos de traducción
determinados al efecto por cada Comunidad Autónoma afectada.



En el caso del Defensor del Pueblo no existe tal intermediación. La propia
Institución contacta con los citados órganos de Traducción. En el caso
del Tribunal de Justicia de la UE, la norma establece que los ciudadanos
deben dirigir su comunicación a la Oficina para las Lenguas Oficiales,
que se responsabiliza tanto de las traducciones como del traslado de
documentos.



Desde la firma de los Acuerdos ha habido cuatro expedientes gestionados
por la Representación Permanente a través de su Consejería de Asuntos
Autonómicos. En todos los casos la lengua utilizada por el interesado ha
sido el catalán, con la siguiente distribución según la institución a la
que se dirigió la comunicación escrita: dos expedientes al Consejo de la
UE; un expediente a la Comisión Europea y un expediente al Comité
Económico y Social.



En referencia al supuesto coste para las arcas del Estado, es necesario
resaltar que no ha representado coste adicional alguno. La Dirección
General de Interpretación de la Comisión Europea suele recurrir a
intérpretes de plantilla con conocimientos de varias lenguas. Tampoco de
las comunicaciones escritas se tiene constancia de coste adicional
alguno. Las traducciones son realizadas por los órganos de traducción
designados al efecto por cada Comunidad Autónoma.



En cuanto al desembolso de las actividades, en el caso del Defensor del
Pueblo la propia Institución contacta directamente con los citados
órganos de traducción de las Comunidades Autónomas, sin mediación de la
Representación Permanente de España ante la Unión Europea.



Madrid, 8 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.




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136






184/005659



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Lozano Domingo, Irene (GUPyD).



Respuesta:



El Gobierno manifiesta que la convocatoria de Lectorados se publica,
habitualmente, en la primera quincena del mes de enero. Debido a la
restricción presupuestaria para 2012, con la intención de asegurar un
crédito suficiente, la publicación de la convocatoria 2012/13 se retrasó
hasta el 24 de febrero, dilatando al máximo el tiempo necesario, desde el
punto de vista técnico, para que fuera posible su resolución.



Para explicar las medidas adoptadas hay que tener en cuenta que los
compromisos en el año económico 2012 afectan a dos convocatorias: la de
2011/12, cuyos lectores están en sus destinos en pleno curso académico y
la de 2012/13, de la cual se había iniciado el procedimiento de selección
sin que se hubiera adoptado ninguna resolución de concesión.



Por otra parte, la reducción del crédito disponible para 2012 ha obligado
a tomar la decisión de mantener la financiación de los lectores que se
encuentran en las Universidades en pleno curso académico 2011/12 (75% del
crédito de 2012) y a seleccionar los Lectorados de la convocatoria
2012/2013 que se podrían financiar con el 25% del presupuesto restante.



Sin duda, el objeto del Programa de Lectorados, desde su nacimiento hace
más de 30 años, ha sido la promoción del español en el mundo y apoyar la
difusión de la cultura española.



Para ello, la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas cuenta con
una partida presupuestaria propia, diferenciada de la del resto de la
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), que no computa
como Ayuda Oficial al Desarrollo, sino que se destina a promoción de la
cultura española. Dicho objetivo se enmarca dentro de uno de los fines de
la AECID, en virtud del artículo 5.13 de su Estatuto, 'Ejecutar las
funciones y competencias atribuidas al Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación para la promoción y desarrollo de las relaciones
culturales y científicas con otros países'



No obstante, los Lectorados ubicados en países receptores de Ayuda Oficial
al Desarrollo conjugan un doble objetivo, de un lado, el original de
promocionar el español, y de otro, contribuir al desarrollo de dichos
países, en tanto en cuanto contribuyen al fortalecimiento y desarrollo
académico institucional de los departamentos en los que se incluya la
enseñanza del español de las Universidades o centros docentes de
educación superior de los países receptores de Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD). La separación de ambas líneas presupuestarias supone,
por tanto, que el ejercicio de priorización se ha hecho también de manera
diferenciada:



- Priorizando los países estratégicamente relevantes del grueso de países
desarrollados (priorizando EEUU, Canadá y Australia frente a otros países
desarrollados)



- Y, de manera paralela, dentro del ámbito de países AOD, priorizando
aquéllos que se consideraban estratégicos.



Por tanto, en ningún caso el mantenimiento de algunos Lectorados en países
desarrollados está relacionado con la reducción de Lectorados en países
en desarrollo; son partidas diferenciadas que se han visto, ambas,
reducidas drásticamente por necesidades presupuestarias.



Finalmente, el proyecto Marca España es una iniciativa para poner en valor
la Imagen de España, tanto fuera como dentro de nuestras fronteras, y
potenciar el crecimiento de nuestra economía y la generación de empleo.
Es un proyecto que busca mejorar la eficiencia de los múltiples recursos
que ya se destinan a promocionar la imagen de España y que, por lo tanto,
posibilitará la consecución de economías en la gestión de los recursos
públicos.




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137







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Madrid, 7 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005708



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).



Respuesta:



La existencia de empresas ficticias en la ciudad de Barcelona, y por lo
que se refiere a la cuestión relativa al número de 'trabajadores
ficticios' que actualmente se estima que existen en Cataluña y en el
resto de España, cabe señalar que este fenómeno, que constituye una
manifestación típica de lo que se conoce en un plano más global como
economía sumergida y que consiste en dotar de una apariencia de legalidad
a determinadas situaciones, con el fin de obtener concretos beneficios
(prestaciones, permisos de trabajo, etc.) en fraude de ley, resulta muy
complicado efectuar estimaciones precisas y no sólo porque en materia de
economía sumergida, por su propia definición, sea imposible realizar
cualquier tipo de cuantificación, sino además en este caso, porque el
número de parámetros a utilizar sería prácticamente indefinido y ni
siquiera suficientemente conocido a día de hoy.




Página
143






Respecto a las medidas de control que piensa adoptar el Gobierno para
evitar éste y otros fraudes expandidos y consolidados, debe significarse
que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social (ITSS), en aquellos asuntos referentes a
materias de competencia compartida, vienen estableciendo Planes Anuales
de Objetivos Conjuntos de Lucha contra el Fraude que, en el presente
ejercicio, se plantean no sólo bajo el prisma de un incremento de las
actuaciones a realizar sino desde la óptica de una mayor eficacia de las
mismas, a través de una mejora tanto de su calidad como de la agilidad en
su ejecución.



Así, las medidas de control para este ejercicio figuran en el Plan Anual
de Control Tributario y Aduanero de 2012, cuyas directrices generales,
sin perjuicio del carácter reservado del Plan, se publicaron por
Resolución de 24 de febrero de 2012 (BOE de 1 de marzo), en aplicación de
lo previsto en el artículo 116 de La Ley General Tributaria. Entre las
mismas se incluyen las siguientes:



- Actuaciones selectivas de captación de información sobre determinados
sectores o actividades económicas.



- Actuaciones selectivas de localización de economía sumergida,
especialmente a partir de datos procedentes de nuevas declaraciones
informativas, como el consumo de energía eléctrica o la facturación por
terminales de tarjeta de crédito.



- Actuaciones para la detección de rentas no declaradas en determinados
sectores de riesgo, incluyendo no declarantes: personas con signos
externos de riqueza excesivos, arrendamientos no declarados,
profesionales con ingresos no sujetos a retención, empresarios con alta
capacidad de ocultar ingresos, operaciones en efectivo de alto importe,
emisores de facturas irregulares, tramas de fraude de IVA en operaciones
intracomunitarias, subcontratistas, rentas inmobiliarias en caso de
transmisión sucesiva de inmuebles, contribuyentes en estimación objetiva
que dividen artificialmente su actividad, entre otras.



- Actuaciones en materia de fiscalidad internacional, tanto de firma de
nuevos Acuerdos de Intercambio de Información como de utilización de la
información actualmente disponible para descubrir potenciales
deslocalizados fiscales.



- Actuaciones en materia de planificación fiscal abusiva, como indebida
acreditación de gastos financieros intragrupo, compensación anticipada o
irregular de bases imponibles negativas, utilización de entramados
societarios para ocultar identidades, doble aprovechamiento fiscal de
pérdidas, etc.



Cabe señalar que la Dirección General de la TGSS y la Dirección General de
la ITSS, con fecha 20 de diciembre de 2010, firmaron, como actores
principales del mismo, un Plan de Acción referido al control de empresas
ficticias y altas fraudulentas de trabajadores, pero que al mismo tiempo
involucraba en su ejecución a otras Autoridades, Entidades y Organismos,
cuya participación resultaba esencial: Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS), Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), Dirección
General de Inmigración (DGI), Agencia Estatal de la Administración
Tributaria (AEAT), Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), la Sección de
Investigación de la Seguridad Social (SISS) -dependiente funcionalmente
de la TGSS-y el Ministerio Fiscal.



Transcurrido más de un año desde la puesta en marcha del referido Plan,
evaluados los resultados obtenidos en su ejecución, conocidas las
características más relevantes del fraude detectado, y con el fin de
optimizar el uso de las herramientas utilizadas para combatirlo e
introducir otras nuevas para mejorar la eficacia de las actuaciones, se
ha iniciado un proyecto en el ámbito de la TGSS con la creación de un
grupo de trabajo constituido por representantes de la TGSS y de la ITSS
que tendrá como principal objetivo el impulso contra el fraude originado
como consecuencia de la creación de empresas ficticias. El escaso tiempo
transcurrido desde la iniciación de dicho proyecto, hace prematuro hablar
de qué medidas se aplicarán de futuro, cuando estas se encuentran en fase
de estudio y propuesta.



No obstante lo anterior, sí puede avanzarse que las medidas que están
siendo objeto de consideración son de una tipología muy variada: mejora
de los procedimientos de gestión (afiliación, recaudación y sistema RED),
mejoras informáticas referidas a la explotación de la información
existente en las bases de datos y a la agilización en el uso de la
información disponible, propuestas de cambios normativos en distintas
materias (anulación de inscripción de empresas y altas de trabajadores y
responsabilidad en materia de prestaciones indebidas), elaboración de
instrucciones conjuntas entre la ITSS y la TGSS.



En definitiva y atendiendo al carácter y naturaleza de las medidas
estimadas necesarias para facilitar las actuaciones de control de
empresas ficticias y altas fraudulentas y mejorar sus resultados, pueden
establecerse tres grandes grupos de medidas:



- Preventivas: Consideradas de primer orden, en cuanto destinadas a la
implantación de mecanismos que permitan la detección del fraude (alarmas
o alertas) en el momento de su gestación y antes de su materialización,
como fórmula idónea para evitar la generación de derechos (permisos de
trabajo, prestaciones, etc.) por medios ilícitos.



- Correctivas: Destinadas fundamentalmente a llenar los vacíos normativos
y/o de gestión que impidan o dificulten la pronta y total reparación de
los perjuicios causados, una vez consumado el fraude.



- Informativas: Destinadas a optimizar el aprovechamiento de la
información existente en el Fichero General de Afiliación y en el Fichero
General de Recau




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144






dación, mediante el desarrollo de programas y aplicaciones informáticas
'ad hoc'.



En relación con las herramientas de las que dispone la Agencia Tributaria
para perseguir el fraude fiscal señalar que la misma cuenta con una
dotación de medios materiales y humanos adecuadamente dimensionados. Sus
medios humanos constituyen un personal altamente especializado en la
lucha contra el fraude, que se distribuye por todo el territorio
nacional. Destacan igualmente unos sistemas de información muy
desarrollados y en permanente evolución, lo que facilita que su
explotación permita una eficiente lucha contra los diversos tipos de
fraude.



Cabe resaltar por tanto que el Consejo de Ministros ha aprobado, el pasado
27 de abril de 2012, el Plan de lucha contra el empleo irregular y el
fraude a la Seguridad Social. El mismo recoge un conjunto de actuaciones
de diferente índole que afectarán a la actuación de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social frente a las 'empresas ficticias'. Son medidas
tales como la reforma de la organización y funcionamiento de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la incorporación de 53
inspectores y 60 subinspectores en 2012, destinados con carácter
prioritario a la prevención, detección y lucha contra el empleo
irregular, o el refuerzo de los instrumentos de coordinación y
colaboración de la Inspección de Trabajo con otros organismos, a través
de una colaboración estable entre la Inspección y la Tesorería General de
la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal, el Fondo de
Garantía Salarial, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y el
Instituto Social de la Marina. Asimismo, se prevé la colaboración con el
Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las
Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, las Autoridades laborales
de las Comunidades Autónomas y la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, y la adopción de Convenios con el Consejo General del
Notariado y con el Colegio de Registradores.



Sin embargo, no hay que olvidar el delicado contexto económico y
presupuestario en que nos encontramos. En virtud del Real Decreto-Ley
20/2011, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit público, se establece una tasa
de reposición cero respecto al personal que preste sus servicios en la
Administración Pública, si bien se respetan las nuevas incorporaciones
que deriven de la ejecución de procesos selectivos de ejercicios
anteriores, Además, en el mismo Real Decreto-Ley se permite por excepción
una tasa de reposición del 10% en los Cuerpos responsables del control y
lucha contra el fraude fiscal y laboral, por entender que ello constituye
una prioridad en la actuación de las Administraciones Públicas.



Por otra parte, se plantean modificaciones normativas en el Estatuto de
los Trabajadores, la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social, el
Código Penal. Esta última delimitará nuevos supuestos de fraude en los
que se ha verificado que la sanción administrativa no es suficientemente
efectiva. Tal es el caso de empresas ficticias y talleres clandestinos.
En esta línea se pretende la ampliación del período de prescripción de
cinco a diez años de los supuestos delictivos más graves, como, por
ejemplo, las 'empresas fantasma' sin actividad real que simulan
relaciones laborales, con el único propósito de que los trabajadores
obtengan una prestación pública.



Finalmente y en relación con la cuestión relativa a si considera el
Gobierno que la percepción de impunidad existente en Barcelona sobre este
tipo de estafas recae en la ineficiencia de control de la Seguridad
Social y la Agencia Tributaria, con independencia del carácter más o
menos subjetivo que pueda tener la percepción de impunidad a la que se
alude, hablar de ineficiencia en el control -al menos en lo que a la
Seguridad Social se refiere- resulta un tanto fuera de lugar, cuando
desde el inicio del Plan referido en el primer apartado de este informe,
y como consecuencia de la ejecución del mismo, según los datos conocidos
a fecha 18 de mayo de 2012, a nivel nacional, se han anulado 532 códigos
de cuenta de cotización (CCCs) y 36.831 altas de trabajadores anuladas.
En ese sentido, cabe indicar que es, precisamente, a Barcelona a la que
corresponde imputarle una parte importante de los resultados indicados:
198 CCCs anulados y 16.262 altas de trabajadores anuladas.



Madrid, 13 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005755



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Lara Moya, Cayo (GIP).



Respuesta:



Durante 2012 el coste total previsto en publicidad y comunicación
institucional es de 35.365.047 euros, lo que representa una reducción del
56% respecto al año 2011. La citada cantidad está recogida en el Plan
2012 de Publicidad y Comunicación Institucional de la Administración
General del Estado en el que se recogen 'las previsiones y la
planificación para el año 2012, en materia de publicidad y comunicación
institucional, de todos los ministerios y de los organismos y entidades a
ellos adscritos'. Este Plan está disponible a través de la web de la
Moncloa
(http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/502FF9DA-C423-4987-8E1C5129910442FD/202181/Plan2012.pdf)




Página
145






La Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación
Institucional establece en su artículo 3 los requisitos de las campañas
institucionales de publicidad y de comunicación y especifica los
objetivos que pueden tener las citadas campañas.



Para 2012, el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional recoge la
distribución del presupuesto previsto por objetivos: un 35,4% del
presupuesto total se destinará al objetivo establecido en el artículo
3.1.g) que consiste en 'anunciar medidas preventivas de riesgos o que
contribuyan a la eliminación de daños de cualquier naturaleza para la
salud de las personas o el patrimonio natural'; un 18,6% al objetivo
previsto en el artículo 3.1.b) que trata de 'informar a los ciudadanos de
sus derechos y obligaciones legales, de aspectos relevantes del
funcionamiento de las instituciones públicas y de las condiciones de
acceso y uso de los espacios y servicios públicos'; y un 15,6% al
objetivo establecido en el artículo 3.1.d) consistente en 'difundir el
contenido de aquellas disposiciones jurídicas que, por su novedad y
repercusión social, requieran medidas complementarias para su
conocimiento general'. El resto del presupuesto se distribuye entre los
demás objetivos establecidos en la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, a
excepción de los previstos en las letras c y f del artículo 3.1 (procesos
electorales y consultas populares y medidas de orden o seguridad
públicas).



En relación con los objetivos previstos en la citada Ley, el Plan 2012
recoge, además, la distribución de objetivos en función del número de
campañas de publicidad y comunicación institucional previstas en 2012.
Los tres objetivos que más se buscarán este año son el de 'informar a los
ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales, de aspectos relevantes
del funcionamiento de las instituciones públicas y de las condiciones de
acceso y uso de los espacios y servicios públicos' (artículo 3.1.b) con
un 26,2% del total de campañas previstas; el de 'difundir las lenguas y
el patrimonio histórico y natural de España' (artículo 3.1.i) con un 23%
y el de 'comunicar programas y actuaciones públicas de relevancia e
interés social' (artículo 3.1.j) con un 18 % del total de campañas.



Por otra parte, el Plan 2012 también detalla las prioridades de la
Administración General del Estado en materia de publicidad y comunicación
institucional, indicando el porcentaje del presupuesto previsto para 2012
que corresponde a cada una de ellas. En concreto, el Plan establece y
detalla las siguientes prioridades: Promoción de hábitos saludables y
seguros para la ciudadanía y el cuidado de su entorno (37,6% de las
previsiones presupuestarias); promoción en materia de derechos de los
ciudadanos (28,5% de las previsiones presupuestarias); información sobre
oferta de empleo público (13,6% de las previsiones presupuestarias);
conocimiento por parte de la ciudadanía de las infraestructuras y medios
de transporte público existentes (9,4% de las previsiones
presupuestarias); promoción del turismo y la cultura (6,1% de las
previsiones presupuestarias); apoyo al desarrollo de las nuevas
tecnologías (1,6% de las previsiones presupuestarias) y otras prioridades
( 3,3% de las previsiones presupuestarias).



El criterio que observa el Gobierno para determinar y elegir los medios de
comunicación en los que insertar dicha publicidad es la eficacia para
llegar al público objetivo de cada campaña, en función del mensaje a
emitir, de la manera más eficiente. En las grandes campañas, teniendo en
cuenta la normativa sobre contratación pública, se seleccionan agencias
de publicidad expertas, que presentan en el concurso sus ideas,
estrategias, propuestas de producción y mezcla idónea de medios para
difundir y hacer eficaz el mensaje.



Por último se informa que el presupuesto previsto para publicidad y
comunicación institucional durante 2012 se ejecutará con cargo al
Capítulo 2, 14.988.054 euros, y al Capítulo 6, 15.529.895 euros, de los
Presupuestos Generales del Estado (PGE). La cantidad restante, 4.847.098
euros, corresponde a campañas de Entidades Públicas Empresariales, cuyos
presupuestos no se ajustan a la clasificación económica de los PGE.



Madrid, 28 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005776 y 184/005777



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).



Respuesta:



El número de pensiones contributivas de la Seguridad Social, en vigor a 1
de mayo de 2012 en la provincia de Cádiz era de 182.066. La afiliación en
el total del sistema de Seguridad Social en Cádiz en el mes de mayo,
alcanzaba los 344.396 trabajadores.



No obstante, cabe señalar que los pensionistas con pensiones no
contributivas continuarán exentos de aportación.



La aportación en prestación farmacéutica ya existía para las personas no
pensionistas. Los parados que hayan agotado el subsidio o prestación por
desempleo que se encuentren en búsqueda de trabajo estarán exentos de
esta aportación. Estas personas que, al haber agotado dichos derechos
antes de enero de 2012 también habían perdido su derecho a la asistencia
sanitaria han sido protegidos por esta medida de exención por el Gobierno
actual, poniendo así de manifiesto su preocupación por este colectivo.



Madrid, 26 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.




Página
146






184/005778



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).



Respuesta:



Los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2012, son
consecuencia de la política presupuestaria actual y de la necesidad de
contención del déficit público. Por ello, se han tenido que priorizar
programas tales como las Pensiones no Contributivas, Dependencia, etc.



Igualmente, la aplicación en la distribución del presupuesto por
programas, del criterio de racionalización y de eficacia administrativa
evita duplicidades entre las distintas Administraciones Públicas.



Con este fin, se mantendrán reuniones con la Federación Española de
Municipios y Provincias para que el servicio de teleasistencia se preste
por los servicios sociales de las Corporaciones Locales o a través del
servicio de Teleasistencia de la Ley de Dependencia.



Por lo tanto, en cuanto a Teleasistencia, no debe verse afectada ninguna
persona en la Provincia de Cádiz.



Madrid, 26 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005782



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).



Respuesta:



1. El número de matrículas universitarias registradas ha sido el
siguiente:



CURSO 2008-2009



1.º y 2.º Ciclo/Grado: 19.331



Máster: 463



TOTAL: 19.794



CURSO 2009-2010



1.º y 2.º Ciclo/Grado: 19.771 Máster: 975



TOTAL: 20.746



CURSO 2010-2011



1.º y 2.º Ciclo/Grado: 20.073 Máster: 978



TOTAL: 21.051



CURSO 2011-2012



1.º y 2.º Ciclo/Grado: 19.982 Máster: 965



TOTAL: 20.947



Se aportan los datos de las becas concedidas a los alumnos matriculados en
centros de la provincia de Cádiz. Los datos que se aportan son de los
cursos 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011, ya que los datos del
curso 2011-2012 no son definitivos al existir, pendientes de resolución,
recursos e incidencias de solicitudes de becas.




[**********página con cuadro**********]




* Convocatorias tenidas en cuenta para la elaboración de estos datos:
General, Movilidad, Educación Especial e Idiomas



** Convocatorias tenidas en cuenta para la elaboración de estos datos:
General, Movilidad, Colaboración, Ayudas tasas para familias con 3 hijos,
Idiomas y Ayudas Másteres Desempleados.



Por último, se informa que no se ha reducido la partida de Becas, y Ayudas
Generales y especiales a Universitarios.



Madrid, 29 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.




Página
147






184/005783



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).



Respuesta:



A continuación se facilita la información solicitada:



Movilidad de estudiantes para estudios:



07/08 ;08/09 ;09/10 ;10/11 ;11/12* ;12/13*



380 ;402 ;538 ;625 ;739 ;730



Movilidad de estudiantes para prácticas:



07/08 ;08/09 ;09/10 ;10/11 ;11/12* ;12/13*



20 ;26 ;34 ;69 ;57 ;65



Total de becarios: 3.685



1. Datos provisionales, corresponden a la adjudicación inicial que puede
sufrir cambios en el informe intermedio y final.



Reducción de la partida para becas Erasmus en los Presupuestos de 2012:



Se ha reducido la aportación complementaria para el desarrollo del
Programa comunitario Erasmus (-26 millones de euros), una aportación
adicional a la que procede de los fondos comunitarios.



El Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE) gestiona
dichos fondos, así como otras muchas acciones y esta partida de 36,84
millones de euros se distribuye entre los solicitantes.



España es el mayor emisor en este programa europeo, por lo que cada
estudiante recibe una aportación mensual bastante pequeña. El Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte con la partida de 36,84 millones de euros
proporciona aportaciones complementarias a los estudiantes españoles. Con
ello se igualará este año la cuantía de que dispongan nuestros alumnos
Erasmus a la media europea.



Además, aquellos alumnos beneficiarios de una beca general del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte reciben una dotación adicional, también
procedente de este capítulo.



De este modo se mantiene el número de beneficiarios del programa, aunque
pasarán a percibir una aportación complementaria menor, que en ningún
caso supondrá la pérdida de esta ayuda. En todo caso, será suficiente
para situar la financiación media del alumno español por encima de la
media comunitaria.



Madrid, 26 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005784



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).



Respuesta:



Se aportan los datos de los cursos 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010 y 2010/2011, a nivel nacional ya que no se dispone de los datos
desagregados por provincias:



El esfuerzo del aprendizaje de lenguas extranjeras puede llevarse a cabo
por diferentes vías. Una es la tradicional estancia en el extranjero de
tres o cuatro semanas de duración y otra la más reciente modalidad de
cursos intensivos de inmersión en la lengua extranjera.



La experiencia de cursos anteriores ha puesto de manifiesto la mayor
eficiencia de estos cursos intensivos de inmersión frente a las
tradicionales estancias en el extranjero que requieren de un mayor tiempo
de dedicación e implican un mayor coste; se consigue así un mejor
aprovechamiento de los recursos económicos concentrándolos en
instrumentos más eficaces.



Es por ello, por lo que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha
reorganizado su oferta de ayudas para el aprendizaje de lenguas
extranjeras, incrementando el número de las que se destinan a cursos
intensivos de inmersión, que por otra parte constituyen una modalidad
altamente demandada por nuestros estudiantes, que manifiestan un alto
grado de satisfacción en estos cursos a través de las encuestas que
periódicamente se cumplimentan.



Madrid, 26 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005785



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).




Página
148






Respuesta:



Se aportan los datos de los cursos 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010 y 2010/2011, ya que los datos del curso 2011/2012 no son
definitivos al existir, pendientes de resolución, recursos e incidencias
de solicitudes de becas.




[**********página con cuadro**********]




La Ley 25/1971, de protección de familias numerosas establecía el concepto
de familia numerosa, entendiendo por tal aquélla que tuviera 4 o más
hijos clasificándose en familias numerosas de primera categoría (4 a 6
hijos), segunda (de 7 a 9 hijos) y de honor (10 o más hijos). En dicha
norma se establecía el derecho a la exención o reducción de los derechos
y tasas académicos y administrativos en los distintos niveles educativos
en un 50% para las de primera categoría y del 100% para el resto.



La Disposición final cuarta de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de
Medidas fiscales, administrativas y de orden social establece la
ampliación del concepto de familia numerosa a 'las familias que tengan
tres o más hijos'.



El Real Decreto 1801/1995, de 3 de noviembre, de desarrollo de la anterior
dispone, en su artículo 1: 'De conformidad con lo establecido en la
disposición final cuarta de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, tendrá la
consideración de familia numerosa la que, reuniendo las demás condiciones
que se señalan en la Ley 25/1971, tenga tres o más hijos' y en su
artículo 2, que la familia numerosa de tres hijos se clasificará como de
primera categoría y tendrá derecho a los beneficios previstos para las
familias de dicha categoría en la citada Ley 25/1971.



Finalmente, la Ley 12/1996 de Presupuestos para 1997 recogió la necesidad
de compensar a las Universidades públicas por la minoración de ingresos
que representaba este cambio normativo. En aplicación de esta normativa,
anualmente se viene concediendo la bonificación del 50% del importe de
los precios públicos por servicios académicos a todos los estudiantes que
acreditan su pertenencia a familia numerosa de tres hijos.



Para el presente y futuros cursos académicos se seguirá reconociendo el
derecho igualmente a todos los estudiantes que acrediten tal condición,
incluidos naturalmente los estudiantes gaditanos.



Madrid, 26 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005806



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).



Respuesta:



En el cuadro siguiente se facilita información estadística sobre la
evolución de la cuantía media mensual de las pensiones contributivas de
la Seguridad Social, en la provincia de Málaga, durante los meses de
enero, febrero y marzo de 2012, con desglose por tipo de pensión.



CUANTÍA MEDIA MENSUAL DE LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL



DISTRIBUCIÓN POR CLASE DE PENSIÓN (MÁLAGA)




[**********página con cuadro**********]




Madrid, 5 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.




Página
149






184/005814



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).



Respuesta:



El número de parados registrados que no eran beneficiarios de prestaciones
por desempleo en el mes de marzo de 2012, última fecha disponible, a
nivel nacional, era de 2.282.640. De ellos, 797.018 no han llegado a
generar derecho a las mismas por tratarse de demandantes de primer empleo
o por no tener períodos de cotización suficiente.



Madrid, 6 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005836



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Echávarri Fernández, Gabriel (GS).



Respuesta:



En relación con la pregunta escrita de referencia, se informa que en las
bases de datos de la Seguridad Social no se registran los datos
solicitados.



Madrid, 25 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005844



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Echávarri Fernández, Gabriel (GS).



Respuesta:



Con arreglo a la información disponible, los recursos humanos de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado disponibles en la provincia de
Alicante, a 31 de diciembre de cada año del periodo 2004/2011, eran los
siguientes:




[**********página con cuadro**********]




Madrid, 20 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005906



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).



Respuesta:



En relación con el asunto interesado por su Señoría se informa que está
previsto que se convoque durante el mes de julio mediante un sistema de
licitación un nuevo contrato que entraría en vigor el próximo mes de
enero.



Entre tanto, se está en contacto con la Dirección General de Modernización
Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración
Electrónica, dependiente de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, para la restauración del servicio de denuncias telefónicas con
la mayor brevedad posible, en colaboración con la empresa Konecta
adjudicataria del primer nivel y del Centro de Atención al Usuario (CAU)
del teléfono 060, estando pendientes de solución algunos problemas
técnicos de conectividad. Esta situación perduraría hasta el próximo 31
de diciembre. Además se han reforzado las Oficinas de denuncias con mayor
número de funcionarios.



Por último, la Dirección General de la Policía se encuentra totalmente al
corriente de pago con la empresa adjudicataria del sistema de denuncias,
no existiendo ninguna deuda.



Madrid, 11 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.




Página
150






184/005932



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Campuzano i Canadés, Carles (GCiU).



Respuesta:



El Ministerio del Interior es consciente del estado en que se encuentra la
Comisaría de Vilanova i la Geltrú, sin embargo, el actual escenario
presupuestario impide que la programación del presente ejercicio
económico contemple realizar mejoras en ella. No obstante, si fuera
imprescindible llevar a cabo alguna intervención se haría con cargo al
proyecto de inversión de 'Urgentes e imprevistos'.



Madrid, 29 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/005954



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: Macias Arau, Pere (GCiU).



Respuesta:



La recepción de las obras de las nuevas instalaciones por la Autoridad
Portuaria de Barcelona tuvo lugar el 25 de mayo de 2011. El 28 de
diciembre de 2011, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
comunicaron a la Autoridad Portuaria de Barcelona y a la Delegación del
Gobierno en Barcelona, que autorizaban las instalaciones, y que daban
traslado de dicha autorización a la Oficina Alimentaria y Veterinaria de
la Comisión Europea.



El 31 de mayo de 2012, la Delegación del Gobierno remitió a la Autoridad
Portuaria de Barcelona el texto definitivo del Convenio a suscribir con
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por el que las
nuevas instalaciones de los Puestos de Inspección Fronterizos (PIF) se
ponen a disposición del personal de inspección del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, comunicándole que el traslado del personal
de inspección a las nuevas instalaciones está previsto para el próximo
mes de julio.



Madrid, 22 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.



184/007303



(184) Pregunta escrita Congreso



Autor: De las Heras Ladera, Ascensión (GIP).



Respuesta:



En relación con la pregunta parlamentaria relativa a la restauración del
violonchelo Stradivarius de la colección palatina de Patrimonio Nacional,
se informa lo siguiente:



En relación con la solicitud de informes adicionales acerca de la
situación del violonchelo n.º 10076033, cuyo mástil resultó fracturado el
pasado 13 de abril, ha de señalarse que los informes emitidos por la
Dirección de Conservación de Bienes Histórico-artísticos de Patrimonio
Nacional tuvieron como objeto la descripción de los daños sufridos por el
instrumento y la determinación exacta de la naturaleza y datación de la
pieza afectada.



Los nuevos informes solicitados tienen como objeto la evaluación y
planificación de la intervención de restauración de los daños; habida
cuenta de que Patrimonio Nacional, si bien cuenta con profesionales
cualificados para la conservación de instrumentos musicales, no dispone
de Luthiers ni de taller de luthería para la realización de la
intervención de restauración necesaria.



Dada la singularidad de la pieza afectada, Patrimonio Nacional ha
contactado directamente con los Luthiers de mayor prestigio mundial, con
los que ya tenía frecuentes contactos, invitándoles a examinar el
instrumento y recabando su dictamen con el fin de garantizar la máxima
calidad de la operación de restauración. El criterio para la selección de
estos contactos no ha sido otro que la excelencia profesional, la
experiencia y el prestigio acreditados internacionalmente.



En el marco de esos contactos, que han derivado en la visita de varios
Luthiers, precisamente fue el Presidente de la Asociación Española de
Luthiers y Arqueteros Profesionales el primero en examinar el instrumento
y emitir su opinión, habiendo continuado con posterioridad los contactos
regulares con dicho profesional. Cabe añadir que en este mes de junio se
ha recibido un escrito del presidente de la asociación 'Gremio de
Luthiers y Arqueros de España' -diferente a la anterior-, con el que se
entró en contacto inmediatamente si bien hasta esta fecha no ha podido
por motivos personales desplazarse a examinar el instrumento.



Por lo que se refiere al coste de dichas evaluaciones, Patrimonio Nacional
todavía no dispone de datos exactos ni han concluido la totalidad de las
visitas y dictámenes solicitados.



Por lo que respecta a la última cuestión planteada, Patrimonio Nacional
cuenta con un departamento se seguridad, dirigido por un Vocal Asesor
funcionario con puesto de trabajo de nivel 30, encargado de las




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medidas de seguridad de los sitios y bienes muebles e inmuebles que
integran el Patrimonio Nacional. Dicho departamento, al igual que ocurre
en cualquier institución oficial, investiga y previene de oficio
cualquier quiebra de la seguridad de los documentos y bienes que se
custodian, y por tanto ha investigado las causas de que determinados
documentos oficiales (fotografías) hayan sido distribuidos externamente
sin la correspondiente autorización.



En consecuencia, no ha habido orden de investigación alguna ni a la
'dirección de seguridad' de la Guardia Civil ni a ningún órgano
homologable de dicha Institución ni de ninguna otra fuerza o cuerpo de
seguridad del Estado.



Madrid, 26 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.