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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 633, de 20/03/2015
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 633, de 20/03/2015
Contestación a doña Teófila Martínez Saiz (GP), a don José Ignacio
Landaluce Calleja (GP) y a don Aurelio Romero Girón (GP) sobre número de
reclusos en el centro penitenciario Puerto 2, en el año 2012 (núm. reg.
183190)... (Página482)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 618, de 26 de febrero de 2015.)
184/069191 Autor: Gobierno
Contestación a doña Teófila Martínez Saiz (GP), a don José Ignacio
Landaluce Calleja (GP) y a don Aurelio Romero Girón (GP) sobre número de
reclusos en el centro penitenciario Puerto 1, en el año 2014 (núm. reg.
183191)... (Página482)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 618, de 26 de febrero de 2015.)
184/069192 Autor: Gobierno
Contestación a doña Teófila Martínez Saiz (GP), a don José Ignacio
Landaluce Calleja (GP) y a don Aurelio Romero Girón (GP) sobre número de
reclusos en el centro penitenciario Puerto 1, en el año 2013 (núm. reg.
183192)... (Página482)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 618, de 26 de febrero de 2015.)
184/069193 Autor: Gobierno
Contestación a doña Teófila Martínez Saiz (GP), a don José Ignacio
Landaluce Calleja (GP) y a don Aurelio Romero Girón (GP) sobre número de
reclusos en el centro penitenciario Puerto 1, en el año 2012 (núm. reg.
183193)... (Página482)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 618, de 26 de febrero de 2015.)
184/069197 Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Madrazo Díaz (GP), a doña María Jesús
Susinos Tarrero (GP), a don José María Alonso Ruiz (GP) y a don Javier
Puente Redondo (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de los
ejercicios 2013 y 2014 de las partidas que figuran en los Presupuestos
Generales del Estado, incluyendo capítulo VI y entidades públicas
empresariales, destinadas a la Comunidad Autónoma de Cantabria y
relativas a actuaciones en materia de aeropuertos (núm. reg. 183316)...
(Página482)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 618, de 26 de febrero de 2015.)
184/069198 Autor: Gobierno
Contestación a don José Máximo López Vilaboa (GP) sobre número de
trabajadores por cuenta propia en el sector de la ganadería en la
provincia de Burgos, a 31/12/2014 (núm. reg. 183481)...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 618, de 26 de febrero de 2015.)
184/069311 Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU) sobre autopistas de peaje
existentes y fecha de finalización de las respectivas concesiones de
explotación (núm. reg. 183317)... (Página483)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 622, de 4 de marzo de 2015.)
184/069312 Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU) sobre propiedades del
Estado en la provincia de Girona que han dejado de tener interés para la
defensa, así como precio de su puesta en venta (núm. reg. 183461)...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 622, de 4 de marzo de 2015.)
184/069327 Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) y a don Miguel
Ángel Cortizo Nieto (GS) sobre fecha prevista para realizar el
mantenimiento de la señalización horizontal de la carretera N-550 en el
municipio de Ordes (núm. reg. 183318)...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 622, de 4 de marzo de 2015.)
184/069463 Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre cobertura por
desempleo en la provincia de Córdoba en los años 2011 a 2014 (núm. reg.
183237)... (Página485)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 622, de 4 de marzo de 2015.)
184/069466 Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre número de
beneficiarios de prestaciones contributivas existentes en la provincia de
Córdoba en los años 2011 a 2014 (núm. reg. 183238)...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 622, de 4 de marzo de 2015.)
184/069467 Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre número de
beneficiarios de prestaciones de trabajadores eventuales agrarios
existentes en la provincia de Córdoba en los años 2011 a 2014 (núm. reg.
183239)... (Página485)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 622, de 4 de marzo de 2015.)
184/069468 Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre número de
beneficiarios de prestaciones de subsidio existentes en la provincia de
Córdoba en los años 2011 a 2014 (núm. reg. 183240)...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 622, de 4 de marzo de 2015.)
184/069469 Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre número de
beneficiarios de prestaciones de renta agraria existentes en la provincia
de Córdoba en los años 2011 a 2014 (núm. reg. 183241)...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 622, de 4 de marzo de 2015.)
184/069470 Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre número de
beneficiarios de prestaciones del programa temporal de protección por
desempleo e inserción existentes en la provincia de Córdoba en los años
2011 a 2014 (núm. reg. 183243)... (Página485)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 622, de 4 de marzo de 2015.)
184/069471 Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre número de parados sin
ningún tipo de prestación existentes en la provincia de Córdoba en los
años 2011 a 2014 (núm. reg. 183244)...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 622, de 4 de marzo de 2015.)
184/069488 Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre previsiones acerca de
acometer la segunda fase de la restauración de las murallas de Cuéllar
(núm. reg. 183319)... (Página486)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 622, de 4 de marzo de 2015.)
184/069530 Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre número de
personas de Ferrolterra que participaron en el plan PREPARA durante el
cuarto trimestre del año 2014 (núm. reg. 183245)...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 622, de 4 de marzo de 2015.)
184/069531 Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre porcentaje
de inserción conseguido a través del plan PREPARA en Ferrolterra durante
el cuarto trimestre del año 2014 (núm. reg. 183246)...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 622, de 4 de marzo de 2015.)
184/069563 Autor: Gobierno
Contestación a don José Máximo López Vilaboa (GP), a doña María Sandra
Moneo Díez (GP) y a doña Gema Conde Martínez (GP) sobre número de jóvenes
menores de 30 años cotizantes en la provincia de Burgos (núm. reg.
183247)... (Página486)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 622, de 4 de marzo de 2015.)
184/069565 Autor: Gobierno
Contestación a don José Máximo López Vilaboa (GP), a doña María Sandra
Moneo Díez (GP) y a doña Gema Conde Martínez (GP) sobre cuantía de gastos
en subsidio por desempleo en la provincia de Burgos durante el año 2014
(núm. reg. 183248)... (Página487)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 622, de 4 de marzo de 2015.)
184/069566 Autor: Gobierno
Contestación a don José Máximo López Vilaboa (GP), a doña María Sandra
Moneo Díez (GP) y a doña Gema Conde Martínez (GP) sobre número de
contratos de trabajo de apoyo a los emprendedores en la provincia de
Burgos en el año 2014 (núm. reg. 183249)...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 622, de 4 de marzo de 2015.)
184/069567 Autor: Gobierno
Contestación a don José Máximo López Vilaboa (GP), a doña María Sandra
Moneo Díez (GP) y a doña Gema Conde Martínez (GP) sobre número de
extranjeros afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Burgos
(núm. reg. 183250)... (Página487)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 622, de 4 de marzo de 2015.)
Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA RTVE
Preguntas
179/000367 Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Transparencia de RTVE en lo relativo a la gestión, planes de producción,
obras y plan de empleo para la plantilla (núm. reg. 183018)...
Contestaciones
179/000307 Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la
pregunta de don Germán Rodríguez Sánchez (GS) sobre número de
trabajadores con contrato de obra o servicio que hay en los distintos
programas de TVE a 01/12/2014 (núm. reg. 182797)...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 601, de 4 de febrero de 2015.)
179/000309 Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la
pregunta de don Germán Rodríguez Sánchez (GS) sobre modalidad de contrato
que van a tener los nuevos profesionales que se incorporen a «La mañana»
de la 1 (núm. reg. 182910)... (Página491)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 601, de 4 de febrero de 2015.)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Preguntas
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales las preguntas de los Sres. Diputados para las que se
solicita respuesta por escrito que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2015.P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/071043
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rocío López González, Diputada por Toledo, perteneciente al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál ha sido la evolución de la actividad exportadora en la provincia de
Toledo en el año 2014?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2015.Rocío López
González, Diputada.
184/071044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rocío López González, Diputada por Toledo, perteneciente al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál ha sido el número de créditos ICO y cuantía de los concedidos a
emprendedores de la provincia de Toledo desde el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2015.Rocío López
González, Diputada.
184/071045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teodoro García Egea y don Antonio Gallego Burgos, Diputados por Murcia
y por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el tráfico de mercancías peligrosas del puerto de Cartagena
durante 2014?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2015.Teodoro
García Egea y Antonio Gallego Burgos, Diputados.
184/071046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teodoro García Egea y don Antonio Gallego Burgos, Diputados por Murcia
y por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el tráfico de mercancías del puerto de Cartagena durante 2014?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2015.Teodoro
García Egea y Antonio Gallego Burgos, Diputados.
184/071047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María González Veracruz y don Pedro Saura García, Diputados por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que sea contestada por escrito.
¿Considera la Ministra de Agricultura, Alimentación y Media Ambiente que
el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura no representa
a un colectivo que requiera de atención prioritaria por su parte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2015.María
González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.
184/071048
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María González Veracruz y don Pedro Saura García, Diputados por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las razones por las que la Ministra de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, doña Isabel García Tejerina, no ha
recibido desde su toma de posesión a los representantes del Sindicato
Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2015.María
González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.
184/071049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María González Veracruz y don Pedro Saura García, Diputados por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las razones por las que la Directora General de Agua,
dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
doña Liana Sandra Ardiles López, no haya visitado los regadíos del
Trasvase Tajo-Segura a pesar de las reiteradas invitaciones recibidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2015.María
González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.
184/071050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María González Veracruz y don Pedro Saura García, Diputados por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que sean contestadas por escrito.
¿Mantiene el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente su
compromiso con el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura
para paliar con medidas concretas la sequía que afecta a la cuenca del
Segura y para reducir el precio de la desalinización a través de un Real
Decreto?
En caso afirmativo:
¿Cuándo tiene previsto Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente aprobar el Real Decreto de medidas concretas contra la sequía
que afecta a la cuenca del Segura y para reducir el precio de la
desalinización?
¿A cuánto asciende la inversión total prevista de las medidas concretas
contra la sequía que afecta a la cuenca del Segura y para reducir el
precio de la desalinización recogidas en ese Real Decreto?
¿Tiene previsto Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
la inclusión dentro de las medidas en el Real Decreto de las obras de
instalación de la tubería que debe canalizar las aguas de la planta
desalinizadora de Águilas desde el Cerro Colorado hasta las zonas
regables de Lorca? En caso afirmativo, ¿Cuál es la inversión prevista
para su ejecución?
¿Qué cantidad total ha llegado a los afectados a 31 de enero de 2014?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2015.María
González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.
184/071052
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su
Portavoz, doña Rosa Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito
sobre la existencia de zonas con radiactividad en el Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) en
Madrid.
Exposición de motivos
El sindicato USO (Unión Sindical Obrera) ha denunciado ante el SEPRONA la
deficiente gestión de los residuos radiactivos extraídos en el proceso de
descontaminación en los alrededores del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) en Madrid. Según
USO con frecuencia miembros de la Unidad NBQR (Nuclear, Biológica,
Química y Radiactiva) han aparecido en la zona con trajes y máscaras de
protección radiológica para realizar sus labores en los mismos lugares
por donde transitan diariamente los 1.500 trabajadores del CIEMAT, los
cuales carecen de ningún tipo de información a este respecto. USO ha
informado de que la Junta de Personal del proyecto de
desmantelamiento de las instalaciones nucleares se ha limitado a
informarles de que se trata de «información confidencial».
Según la web del Consejo de Seguridad Nuclear, las labores de
descontaminación y restauración de la zona comenzaron en el año 2000 y
«están muy avanzadas», previéndose que finalicen «en el año 2011». A
fecha de hoy, continúa habiendo residuos radiactivos en los edificios del
CIEMAT sin que los trabajadores sepan el porqué. Según el propio SEPRONA
hay zonas ajardinadas en las instalaciones que superan los niveles
permitidos de radiactividad y en los cuales los jardineros realizan
diariamente sus labores y son transitados por los trabajadores. Por otro
lado, los trabajadores de uno de los edificios, el denominado «setenta»,
ante los crecientes casos de cáncer entre la plantilla remitieron un
escrito a la dirección del centro para que se realizara un estudio
epidemiológico, lo cual no ha recibido respuesta ninguna por parte del
centro.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué si se preveía que las labores de descontaminación y
restauración de la zona del CIEMAT acabasen en 2011 aún no han
finalizado?
2. ¿Considera el Ministerio de Industria, Energía y Turismo que la
información que aparece en la web del Consejo de Seguridad Nuclear es
cierta?
3. ¿Cuál es el motivo por el que los miembros de la Unidad NBQR aparecen
periódicamente en la zona con trajes y máscaras de protección
radiológica? ¿Cuál es exactamente la función que realizan? ¿Durante
cuánto tiempo más está previsto que sigan acudiendo a la zona?
4. ¿Piensa el Ministerio de Industria, Energía y Turismo tomar medidas
concretas para que los trabajadores del CIEMAT no estén expuestos a esta
radiación en las zonas del CIEMAT que superan los niveles de
radiactividad?
5. ¿Va a instar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo al CIEMAT a
que realice el estudio epidemiológico que han reclamado los trabajadores
del «edificio setenta»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2015.Rosa María Díez
González, Diputada.
184/071053
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su
Portavoz, doña Rosa Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito
sobre irregularidades en las oposiciones de Tropa y Marinería.
Exposición de motivos
De acuerdo a informaciones que han llegado a este Grupo Parlamentario,
podrían estarse cometiendo irregularidades, presuntamente, en las
oposiciones de Tropa y Marinería. En concreto, en la provincia de Cádiz.
Según las informaciones de las que disponemos, las preguntas de los
exámenes de la oposición han sido compradas por una academia de esta
provincia y esta las proporciona a sus alumnos. Este hecho está además
relacionado con varios anuncios publicados en la página web de
milanuncios.com, en los que un opositor que accedió con una cámara oculta
al examen ofrecía las preguntas alegando que ya las había vendido a una
academia.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Tiene conocimiento el Ministerio de Defensa sobre estos hechos?
2. ¿Tiene intención el Ministerio de Defensa de investigar el asunto y
depurar las responsabilidades que sean necesarias?
3. En caso de que las irregularidades sean ciertas, ¿qué medidas va a
adoptar el Gobierno para resarcir a quienes se presentaron a los exámenes
sin conocer previamente las preguntas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2015.Rosa María Díez
González, Diputada.
184/071054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su
Portavoz, doña Rosa Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito
sobre la reunión de mandos del Cuerpo Nacional de Policía con Ignacio
González, presidente de la Comunidad de Madrid, para que no trascendieran
las investigaciones relativas al ático en Marbella.
Exposición de motivos
El diario El Mundo publica hoy una noticia en que se muestra un extracto
del informe que la Policía ha remitido al Juzgado de Instrucción número
47 de Madrid relativo al procedimiento penal iniciado por don Ignacio
González, presidente de la Comunidad de Madrid, contra los policías que
investigaron la vinculación de este con un ático en la costa marbellí.
Según las informaciones publicadas, don Ignacio González solicitó, a
finales de noviembre de 2011, ayuda a diferentes mandos del Cuerpo
Nacional de Policía «para que no trascendiera que era el inquilino de una
sociedad off shore» propiedad de Coast Investors, LLC., en Marbella. La
información publicada es relevante, más aún, cuando en abril de 2012 se
releva al comisario de Marbella, don Agapito Hermés, por iniciar
investigaciones en torno a este asunto. Y en julio de 2012 se destituyó
al Comisario General de la Policía Judicial, don Enrique Rodríguez Ulla,
al continuar la investigación sobre la titularidad de la propiedad que se
vincula a don Ignacio González.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Tenía el Gobierno constancia de la reunión mantenida entre el
presidente de la Comunidad de Madrid y mandos del Cuerpo Nacional de
Policía a finales de noviembre de 2011?
a. En caso afirmativo, ¿cuándo conoció el Gobierno que tuvo lugar dicha
reunión? ¿Qué escala y categoría poseían los mandos que se reunieron con
don Ignacio González? ¿Concuerda la información de la que dispone el
Gobierno con el informe que la Policía ha remitido al Juzgado de
Instrucción número 47 de Madrid?
b. En caso contrario, ¿piensa el Gobierno solicitar información a los
mandos que se reunieron con don Ignacio González al respecto?
2. ¿Ha remitido el Gobierno, a instancias del Poder Judicial, alguna
comisión rogatoria relacionada con este asunto?
a. En caso afirmativo, ¿en qué estado se encuentran?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2015.Rosa María Díez
González, Diputada.
184/071055
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su
Portavoz, doña Rosa Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito
sobre la laxitud del Gobierno con las Comunidades Autónomas denunciada
por la Comisión Europea.
Exposición de motivos
La Comisión Europea presentó la semana pasada un informe sobre los
profundos desequilibrios de la economía española, en el que se insistía
en la necesidad de nuevas reformas sustanciales en nuestro país para
evitar el aumento de la deuda. El informe de la Comisión critica los
problemas derivados de los desajustes fiscales de las comunidades
autónomas y la laxitud del Gobierno en relación a ello: la Comisión
critica la falta de mecanismos de control fiscal de las comunidades, lo
que deriva en un «visible deterioro» de las cuentas públicas regionales
en 2014, así como la aplicación de una ley de estabilidad presupuestaria
a nivel regional «más suave» que en años anteriores. Por todo ello la
Comisión Europea ve difícil que las autonomías cumplan para 2015 su
objetivo de déficit del 0,7 % del PIB teniendo en cuenta, además, que
este será año electoral y critica que el Gobierno de España no haya
activado medidas preventivas contra estos desajustes fiscales.
A estas apreciaciones hay que añadir que el Gobierno, en el día de ayer,
facilitó a las autonomías, a través del Fondo de Liquidez Autonómica
(FLA), 29.000 millones de euros, yendo el 53 % de esa suma total solo a
Cataluña (8.258 millones de euros) y a la Comunidad Valenciana (7.168
millones) a tipos del 0 % de interés. Para la Comisión Europea esto «pone
en riesgo la disciplina fiscal» y crea «riesgo moral», reclamando al
Gobierno un mayor empeño en la «mejora de la transparencia» ante la
todavía evidente opacidad fiscal que muestran algunos gobiernos
regionales y reclama que todos presenten presupuestos plurianuales. A
todo ello además se suma la petición de Bruselas para que el Gobierno
endurezca la normativa española para evitar la llamada «contabilidad
creativa» de las autonomías.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. Ante el «visible deterioro» de las cuentas regionales que ha observado
la Comisión Europea, ¿piensa el Gobierno continuar con su política de
laxitud fiscal hacia estas? ¿Durante cuánto tiempo más?
2. ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para garantizar que las autonomías
cumplan con el objetivo de déficit del 0,7 % fijado para 2015?
3. ¿Tiene intención el Gobierno de activar medidas preventivas contra los
desajustes fiscales regionales tal como reclama la Comisión Europea?
4. ¿Piensa el Gobierno endurecer la normativa española para evitar la
«contabilidad creativa» de las autonomías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2015.Rosa María Díez
González, Diputada.
184/071056
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.
Las personas ciegas y deficientes visuales llevan tiempo revindicando que,
en las elecciones municipales, puedan disponer de los mecanismos para
garantizar que su voto se realice de forma secreta y autónoma. Este hecho
ya se lleva produciendo en el resto de procesos electorales.
¿Qué medidas piensa implantar el Gobierno para que en las próximas
elecciones municipales las personas ciegas, e invidentes visuales, puedan
votar de forma autónoma y secreta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2015.Joan Josep Nuet
Pujals, Diputado.
184/071057
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
Ha trascendido a los medios de comunicación las denuncias de insultos
xenófobos y trato vejatorio en una intervención policial que acabó con
una decena de heridos en mayo del año pasado en el bloque de los
Portuarios en el Cabanyal (Valencia). Se trata de un edificio de 170
viviendas, una parte de los cuales
son del Ayuntamiento de Valencia, que los ha cerrado y abandonado con el
objetivo de derrocarlos dentro del plan urbanístico de ampliación de la
avenida de Blasco Ibáñez hasta la mar, declarado ilegal por el Ministerio
de Cultura. Muchas de estas casas están ocupadas por familias sin
recursos que se dedican, mayoritariamente, a los mercadillos y al rastro.
Por otro lado, la presencia policial es habitual en el bloque, lo que
provoca indignación en los vecinos al sentirse estigmatizados por pobres,
por gitanos y por vivir dentro de la zona del Cabanyal.
Por último, en declaraciones a un medio unos días después de las cargas,
el Comisario del retén de la Policía Nacional del Marítimo dijo, en
referencia a los Portuarios que es «un bloque donde todo son gitanos, un
bloque conflictivo por la gente que vive, que es gente de mal vivir,
aunque haya gente decente también. Hay mucho gitano, mucha gente ocupando
casas y otras cosas». Y acabó con una recomendación muy ilustrativa:
«¿Los bloques Portuarios? ¿Usted conoce Valencia? Si ve los bloques de
lejos, ya se puede hacer una idea».
¿Existe alguna instrucción u orden concreta para mantener la presencia
habitual de policía en el bloque de los Portuarios? En caso afirmativo,
¿En que se fundamenta?
¿Cómo valora el Gobierno las declaraciones de corte xenófobo,
discriminatorias, estigmatizando a todos los vecinos del bloque de los
Portuarios?
¿Ha tomado alguna medida concreta para evitar actitudes y declaraciones
xenófobas, contrarias a los derechos fundamentales y estigmatizadoras de
los vecinos que viven en esa zona?
¿Ha abierto algún expediente al responsable por estas declaraciones
xenófobas y depurar responsabilidades?
¿Reciben los policías formación especializada en derechos humanos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2015.Ricardo Sixto
Iglesias, Diputado.
184/071058
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
del Congreso de los Diputados, la Diputada que suscribe formula las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
A comienzos de 2005 se firmó el protocolo entre el Ministerio de Defensa y
el Ayuntamiento de Madrid relativo a la conocida como «Operación
Campamento». Se trataba de un conjunto de actuaciones a desarrollar sobre
una superficie de casi 9 millones de m2 de suelo, en su práctica
totalidad de titularidad del Ministerio de Defensa, situados en el
suroeste del municipio de Madrid en ambos márgenes de la Carretera de
Extremadura.
La Operación Campamento se publicitó como una importante operación cuyo
objetivo consistía en la planificación del crecimiento de los barrios de
Aluche y Carabanchel Alto. A su vez, el desarrollo previsto para dicha
operación se sustentaba en lo que en aquellos momentos se entendía como
nuevas políticas activas de vivienda del Estado, ofreciendo soluciones
para las personas con mayor dificultad para el acceso a la vivienda, con
una declarada apuesta por las viviendas protegidas, tanto en venta como
en alquiler.
Mucho ha llovido desde entonces pero, y sin entrar en valorar lo que
significaba la Operación Campamento, parece ser que ahora se ha entablado
una negociación con el presidente de la empresa «Dalian Wanda Group» para
instalar un mega centro de ocio en esos terrenos.
¿Qué información tiene el Gobierno sobre los estudios y evaluaciones de
impactos que se estén realizando ante dicho proceso de negociación?
¿Conoce el Gobierno cuales son los contenidos y los datos que se están
manejando en dicha negociación?
¿Se ha procedido a modificar el protocolo firmado en 2005 entre el
Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2015.Ascensión de
las Heras Ladera, Diputada.
184/071059
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
El nuevo logo de AENA, realizado por el Estudio de Javier Mariscal, guarda
un parecido muy razonable con el logo de la Asociación de Veteranos de
AENA, llamada AVAN.
¿Cuánto ha costado a la empresa pública AENA el diseño de este logo de
Javier Mariscal?
¿Cómo es que se ha optado para AENA por un logo tan parecido a otro
existente lo que puede dar lugar a distintos problemas?
¿Hubo otras propuestas de logo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2015.Ascensión de
las Heras Ladera, Diputada.
184/071060
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para las que se solicita
respuesta escrita, sobre la posición del Gobierno sobre las actividades
presuntamente ilegales de la empresa estadounidense Uber en España.
La polémica empresa propietaria de la aplicación de transporte de
pasajeros entre particulares desde febrero de 2015 Uber ha lanzado en
Barcelona su servicio de comida a domicilio «UberEats», en lo que supone
su vuelta a España después de que el 31 de diciembre de 2014 la
aplicación se viera obligada por orden judicial a suspender temporalmente
su actividad de transporte en todo el país.
De otra parte, la compañía tecnológica estadounidense, refugiada en la
ampulosa retórica de la «innovación» y de la «economía colaborativa» se
ha hecho con uno de los recursos más preciosos: los datos. Ahora tiene
capacidad para presionar a Gobiernos, presentándose como la única forma
de organizar un transporte público eficaz. Aplicando una táctica
comercial discutible, Uber ha empezado en Boston a ofrecer sus datos
sobre rutas de su clientela a disposición de urbanistas y ayuntamientos,
presentándose como benefactores de las administraciones locales y
sirviéndose de los datos acumulados en los mensajes telefónicos de los
usuarios.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para impedir el uso abusivo de
los datos personales de sus clientes, almacenados por empresas como Uber
para fines comerciales?
2) ¿Qué opinión le merece al Gobierno la nueva actividad desplegada por la
empresa estadounidense Uber, de transporte de comida a domicilio en
Barcelona?
3) ¿Cuál es el resultado de las investigaciones desarrolladas por el
Gobierno sobre la actividad de transporte en vehículos privados
desplegada por la empresa «Uber» hasta el 31 de diciembre de 2014?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2015.Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/071061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta
escrita, sobre Registros Civiles.
Dado que la competencia sobre la Ilevanza y gestión de los registros
civiles, conforme el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y
la eficiencia, pasará a los/as registradores de la propiedad y
mercantiles en julio de este año, que los/as registradores de la
propiedad y mercantiles, a pesar de acceder por oposición pública, no
pueden ser considerados funcionarios/as públicos/as (la Sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de noviembre de 2009,
asunto C-154/2008 así lo manifiesta), pues cotizan en el régimen de
autónomos , sus trabajadores son contratados y sus relaciones laborales
se someten al régimen laboral ordinario, y forman parte de la CEOE como
otros/as empresarios/as...
¿Cómo justifica el Gobierno la transferencia de los Registros Civiles a
manos de los Registradores, que cotizan en el régimen de autónomos, sus
trabajadores son contratados y sus relaciones laborales se someten al
régimen laboral ordinario, y forman parte de la CEOE como otros/as
empresarios/as, lo que podría suponer la privatización de un servicio
público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2015.Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/071062
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para las que se solicita
respuesta escrita, sobre Registros Civiles.
Dado que la competencia sobre la Ilevanza y gestión de los registros
civiles, conforme el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y
la eficiencia, pasará a los/as registradores de la propiedad y
mercantiles en julio de este año, y que el señalamiento de audiencias y
citas para trámites, como por ejemplo en nacionalidades puede llegar a
los dos años,
¿Tiene previsto el Gobierno dictar alguna circular u orden a los/as
encargados/as de los Registros Civiles para facilitar o clarificar la
trasferencia de la competencia?
¿Tiene previsto el Gobierno ordenar a los encargados que no señalen a
partir de cierta fecha, se pasará la resolución de los asuntos pendientes
a los organismos que sean competentes, conforme la nueva normativa, o
seguirán manteniendo la competencia durante años, después de la
trasferencia, para que los registradores asuman un servicio público libre
de trabajo pendiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2015.Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/071063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para las que se solicita
respuesta escrita, sobre Registros Civiles.
Dado que la competencia sobre la Ilevanza y gestión de los registros
civiles, conforme el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y
la
eficiencia, pasará a los/as registradores de la propiedad y mercantiles en
julio de este año, y que conforme el mismo Real Decreto-ley se garantiza
la gratuidad del servicio público registral,
¿Cómo pretende el Gobierno garantizar la gratuidad del servicio público
de registro civil y sufragar los gastos de mantenimiento del Registro
Civil?
¿Tiene previsto el Gobierno establecer una partida presupuestaria para
garantizar la viabilidad de las infraestructuras y del personal necesario
para el mantenimiento de los registros civiles?
¿Tiene previsto el Gobierno acordar una subida de los aranceles de los
registradores mercantiles para sufragar los gastos del Registro Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2015.Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/071064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para las que se solicita
respuesta escrita, sobre la necesidad de aumentar el Salario Mínimo
Interprofesional en España, muy inferior al resto de los países de
nuestro entorno.
Según los datos publicados por Eurostat, cuando se compara el Salario
Mínimo Profesional hay dos Europas: una de primera división y otra de
segunda. Si miramos los extremos, Bulgaria tiene un sueldo mínimo mensual
de 184 euros, mientras que el de Luxemburgo es de 1.923 euros.
Bélgica y Holanda siguen de cerca, con 1.500 euros. Alemania, Irlanda y
Francia, con 1.450 euros, Reino Unido con 1.350, no tienen estipulado un
salario base como tal, por lo que Eurostat ha sacado esa media por las
horas que se trabajan al mes en cada país y lo que vale cada una.
Eslovenia es el país que encabeza la Europa de segunda, seguido
inmediatamente de España, cuyo salario mínimo es de 752,85 euros.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
1) En medio de tanto triunfalismo ¿Cómo explica el Gobierno que el salario
mínimo profesional en España sea tan solo de 752,85 euros, muy lejos de
países de nuestro entorno como Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Alemania,
Irlanda, Francia y Reino Unido, cuyos salarios mínimos oscilan entre
1.923 y 1.350 euros?
2) ¿Tiene previsto el Gobierno aumentar el salario mínimo profesional,
como reclaman las centrales sindicales españolas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2015.Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/071065
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para las que se solicita
respuesta escrita, sobre el cumplimiento de las recomendaciones del
Defensor del Pueblo sobre la Unidad Terapéutica Educativa del Centro
Penitenciario de Villabona (Asturias).
En el informe del Defensor del Pueblo del pasado año se dejó constancia de
la preocupación que suscitaba la situación de la Unidad Terapéutica
Educativa del Centro Penitenciario de Villabona (Asturias). Se manifestó
la convicción de que, merced a ciertas decisiones de la dirección, se
había procedido a la flexibilización de las condiciones de estancia de
los internos; la rebaja del contenido del contrato terapéutico; la puesta
en duda del valor de los programas que desarrollan las ONG colaboradoras;
la devaluación de las competencias del equipo multidisciplinar; la
retirada a los profesionales de la Unidad Terapéutica Educativa
de su capacidad de decisión sobre la permanencia en el programa de las
personas internas, según se había entendido hasta el momento; la
reducción del servicio administrativo; la entrada en servicio de
funcionarios de vigilancia no comprometidos con el proyecto y con ello la
pérdida de la función de los tutores.
Durante 2014 el Defensor de Pueblo cursó una Recomendación a la
Administración penitenciaria con la finalidad de que se procediera,
previas las modificaciones organizativas necesarias, a dictar una
instrucción reguladora de la Unidad Terapéutica y Educativa del Centro
Penitenciario de Villabona, que contemplara fiel e íntegramente lo que
tradicionalmente ha sido su modelo normal de funcionamiento, contenido en
un documento pormenorizado confeccionado en su momento por los
funcionarios creadores de este proyecto de intervención y que ha sido la
guía desde el año 1998 a la iniciativa que, con esa denominación y
contenido, se ha llegado a convertir en un referente de intervención
penitenciaria en España.
En el informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2014, se afirma
que «La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha admitido
solo parcialmente la Recomendación formulada y ha procedido a dictar unas
normas internas de regulación de las unidades terapéuticas y educativas
existentes en todos los centros penitenciarios que se encuentran en su
ámbito de gestión que en algunos aspectos se aparta del proyecto original
y sobre el que versa la recomendación. Por ello, se ha recordado a la
Administración que la recomendación formulada por esta institución venía
referida a la Unidad Terapéutica y Educativa de Villabona, habida cuenta
de la singularidad que el proyecto presenta. En ella se recuerda la
necesidad de que sean respetados los planteamientos de intervención en
los términos expuestos por los funcionarios que en su momento la
alumbraron, cuyo esfuerzo permitió su ulterior desarrollo y público
reconocimiento».
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Piensa el Gobierno, a través de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, aplicar las recomendaciones contenidas en el Informe del
Defensor del Pueblo correspondiente a 2014, en relación con la Unidad
Terapéutica y Educativa del Centro Penitenciario de Villabona (Asturias),
especialmente, para que sean respetados los planteamientos de
intervención en los términos expuestos por los funcionarios que en su
momento alumbraron el modelo y guía que desde el año 1998 se ha
convertido en un referente de intervención penitenciaria en España?
2) ¿Qué medidas concretas se han tomado para rectificar las decisiones
retrógradas que a juicio del Defensor del Pueblo, tomó la Dirección del
Centro, tales como la flexibilización de las condiciones de estancia de
los internos; la rebaja del contenido del contrato terapéutico; la puesta
en duda del valor de los programas que desarrollan las ONG colaboradoras;
la devaluación de las competencias del equipo multidisciplinar; la
retirada a los profesionales de la Unidad Terapéutica Educativa de su
capacidad de decisión sobre la permanencia en el programa de las personas
internas, según se había entendido hasta el momento; la reducción del
servicio administrativo; la entrada en servicio de funcionarios de
vigilancia no comprometidos con el proyecto y con ello la pérdida de la
función de los tutores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2015.Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/071066
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para las que se solicita
respuesta escrita, sobre Medidas para atajar el desplome del uso del tren
en Asturias.
Desde el inicio de la crisis, el número de pasajeros de Renfe en Asturias
descendió un 30%, y un 40% el de Feve. Pero, además, esta tendencia será
más acusada en los próximos años, según el Plan Director de
Infraestructuras para la Movilidad de Asturias 2015-2030, elaborado por
la Consejería de Fomento del Gobierno asturiano. En el documento se
vincula este desplome a la falta de oferta competitiva y atractiva, y
plantea potenciar servicios semidirectos en las franjas horarias de mayor
demanda y mejorar la periodicidad También se plantean modificaciones en
los trazados para atender tanto a los viajeros como el transporte de
mercancías. El Principado también descarta el AVE del Cantábrico que
defiende el Gobierno central y plantea un servicio de mayor velocidad que
la actual y de ancho internacional que
conecte los puertos de la cornisa Cantábrica. Por un lado, se propone
potenciar los servicios semidirectos en las líneas de Renfe y Feve en las
franjas horarias de mayor demanda, que son de 08:00 a 10:00 horas, de
13:00 a 16:00, y de 18:00 a 21:00 horas. Además, habría que mejorar la
periodicidad con una frecuencia de 15 minutos en las horas punta para los
servicios semidirectos entre Oviedo y Gijón, y de 20 minutos para el
resto.
Estas modificaciones se deben contemplar en el escenario que abrirá la
llegada de la alta velocidad a Oviedo y Gijón (se plantea un ramal a
Avilés) y el corredor transcantábrico. Respecto de esta obra, el
Principado descarta en su plan el AVE que plantea el Ministerio de
Fomento porque, según el Gobierno regional, ofrecería un servicio
limitado, al ser solo para viajeros, y además tendría un enorme impacto
ambiental en Asturias. En su lugar, lo que se propone es un ferrocarril
mixto, de largo recorrido y de cercanías, que mejore sustancialmente la
velocidad comercial y esté dotado del ancho internacional.
De otra parte, los trenes de Cercanías se vacían. Renfe movilizó el pasado
año a 18.661 pasajeros al día por toda la región, casi 2.000 menos que en
2013 y un 28% por debajo de 2008. El desplome de la red de ancho métrico
(la que gestionaba la extinta Feve) presentaba un pasaje en 2012 que era
un 43% inferior al captado una década antes. Tras esa fecha, los
responsables de lo que ahora es una división dentro de Renfe Operadora
optaron por dejar de publicar sus resultados, ocultándoselos a los
representantes laborales y al Principado. La entrada en vigor de la Ley
de Transparencia no ha permitido conocer con datos oficiales hasta dónde
llega el declive del ancho métrico asturiano.
En términos de recuperación de pasaje, los informes señalan al metrotrén
como la clave de toda revolución. El túnel se abrió en el subsuelo de la
ciudad, tiene 3,9 kilómetros, y acaba de cumplir siete años sin uso tras
consumir 137,7 millones entre obra y mantenimiento. Su suerte depende de
Gijón al Norte, sociedad constituida en noviembre de 2002 justamente para
que las administraciones central, regional y local acordaran una solución
a la barrera ferroviaria de la ciudad.
El núcleo de Cercanías asturiano en ancho ibérico ocasiona un déficit a
Renfe Operadora de 17,7 millones al año, según un informe del Tribunal de
Cuentas con datos de 2012. El análisis establece que gracias al billete
único y otros abonos, cada viajero paga un promedio de 1,21 euros por
trayecto, lo que obliga a la Administración del Estado a subvencionar el
desplazamiento con otros 2,95 euros. El balance convierte a las Cercanías
de Asturias en las terceras más ruinosas del país, sólo por detrás de
Zaragoza y Santander.
La situación de Renfe Operadora a nivel regional es tan delicada que la
prolongación de la línea C-1 hasta Cabueñes y la extensión de Feve a la
Plaza de Europa aumentarían un 26,6% la cifra de pasajeros de las
Cercanías en toda la región.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Cuáles son las medidas que el Gobierno tiene previsto para atajar el
desplome del uso del tren en Asturias, recuperar viajeros y potenciar el
transporte de mercancías?
2) ¿Tiene previsto el Gobierno modificar los horarios, la frecuencia y los
trazados para impulsar el transporte ferroviario, tal y como plantea el
Principado?
3) ¿Piensa el Gobierno abandonar su proyecto de AVE transcantábrico y, en
su lugar, desarrollar un ferrocarril mixto, de largo recorrido y de
cercanías, que mejore sustancialmente la velocidad comercial y esté
dotado del ancho internacional?
4) Ante la llegada de la alta velocidad a Asturias, tiene previsto el
Gobierno la extensión de un ramal a Avilés?
5) ¿Por qué razón se han dejado de publicar las estadísticas anuales de
viajeros de la red de ancho ibérico en Asturias, desde que FEVE ha pasado
a formar parte de RENFE? ¿Piensa el Gobierno reanudar su publicación, en
aras de la nueva Ley de Transparencia?
6) ¿Para cuándo prevé el Gobierno la puesta en servicio del metrotrén de
Gijón, que ha cumplido siete años sin uso tras consumir 137,7 millones
entre obra y mantenimiento?
7) ¿Tiene previsto prolongación de la linea C-1 de Gijón hasta Cabueñes y
la extensión de FEVE a la Plaza de Europa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2015.Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/071067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para las que se solicita
respuesta escrita, sobre Investigación de la Agencia Tributaria a la
empresa Mc Donalds por presuntos delitos de evasión fiscal.
Tres sindicatos de 40 países europeos y americanos, presentaron en febrero
ante la Unión Europea un informe denunciando que la cadena de comida
rápida McDonalds ha defraudado en torno a 1.000 millones de euros a
través del impuesto de sociedades durante el periodo 2009/2013. La cadena
de comida rápida cuenta con 481 establecimientos en España que han
facturado 978 millones de euros, según revela el informe.
El informe describe en detalle la estrategia de evasión fiscal adoptada
por McDonald y su impacto fiscal tanto en Europa como en los principales
mercados como Francia, Italia, España y el Reino Unido. La práctica
consistía básicamente en trasladar la sede europea de la sociedad a
Suiza. Además, a través de operaciones dentro del grupo se canalizaban
los beneficios a una pequeña filial con sede en Luxemburgo. El grueso de
los beneficios de McDonalds proceden de los royalties que cobra por los
derechos de franquicia. El 73% de las tiendas de la cadena está en este
régimen franquiciado.
El informe explica como a finales de 2008, la cadena trasladó a una filial
en Luxemburgo los derechos de propiedad intelectual, con filiales en
Suiza y Estados Unidos. Esta sociedad radicada en el Gran Ducado cuenta
con tan solo 13 empleados a pesar de recibir 833 millones en royalties
durante 2013. Al año siguiente, en 2009, la multinacional traslado su
matriz desde Londres a Ginebra (Suiza) por motivos tributarios.
McDonald es la mayor cadena de comida rápida en Europa, con 7.850 tiendas
y unos ingresos de 20.300 millones de euros en todo el continente durante
2013. La división europea representa casi el 40% de la facturación total
del grupo.
El informe señala que «si los royalties generados en España están en
realidad dirigidos a la filial de Luxemburgo (McD Europa Franquicias
Sárl) y si las autoridades fiscales en España encontraron estos pagos
constitutivos de posible evasión fiscal bajo la regla general antiabuso
incrustado en el código tributario, McDonald podría deber unos 68,5
millones de euros en impuestos no pagados durante los últimos cinco años.
Y precisa que «España puede imponer sanciones por pago de hasta el 150%,
lo que podría provocar unas multas de cerca de 102,8 millones de euros
adicionales, si se demuestra que la empresa de Luxemburgo en realidad
funciona como un establecimiento permanente en España con actividad
oculta por la que debería tributar.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Ha promovido o piensa promover el Gobierno una investigación de la
Agencia Tributaria a la empresa multinacional McDonalds tras conocer el
informe sindical euroamericano presentado ante la UE, en el que se acusa
a esta empresa de adeudar a España unos 68,5 millones de euros en
impuestos no pagados durante los últimos cinco años?
2) ¿Qué iniciativas ha desplegado o piensa tomar el Gobierno para
denunciar en la UE los mecanismos de evasión fiscal practicados por
empresas multinacionales con filiales en países de la Unión?
3) ¿Qué medidas ha tomado o piensa tomar el Gobierno para obligar a estas
empresas a cumplir con todas sus obligaciones fiscales en nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2015.Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/071068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para las que se solicita
respuesta escrita, sobre deficiencias en el tramo Pendueles-Unquera de la
autovía del Cantábrico A-8 seis meses después de su apertura.
Son muchas las voces, tanto de lugareños como de personal vinculado a esta
obra, que consideran que pese a que la A-8 entró en servicio en el
Oriente de Asturias de forma completa a finales del pasado diciembre, por
mucho correr la obra no se ejecutó en las condiciones adecuadas y por eso
están apareciendo numerosas deficiencias desde entonces.
Pocas semanas después de la inauguración por el presidente del Gobierno
del tramo asturiano de la autovía A-8 y seis meses después de la apertura
al tráfico del tajo Pendueles-La Franca perteneciente al tramo
Unquera-Llanes, en febrero se cortó el segundo de los carriles del
sentido Santander entre el túnel de Santiuste y Buelna para llevar a cabo
reparaciones. Unas fechas antes se había hecho lo propio con el otro
carril. El motivo de estos trabajos no ha sido otro que intentar poner
solución a los hundimientos que se han registrado en este sentido de la
autovía del Cantábrico desde hacía tres semanas. Pero esta no es la única
deficiencia apreciable en la vía. En el puente que cruza el río Cabra, en
sentido Oviedo, existe desde hace también unas semanas un socavón en el
punto en el que esta estructura conecta con la caja de la A-8.
A estas deficiencias hay que sumar los argayos que se registran en el
entorno de esta vía de alta capacidad. En la localidad de Buelna los
vecinos han contabilizado una decena de estos pequeños desprendimientos,
mientras que en la ladera de Villasola, ya en el tajo La Franca-Unquera,
los corrimientos de tierra siguen siendo una constante desde hace meses.
Y es que los problemas ya surgieron nada más inaugurarse alguno de los
tajos, caso del Unquera-La Franca, donde apenas unos días después de su
apertura se tuvo que proceder a sustituir el asfalto de una zona en las
inmediaciones de El Peral ya que el aplicado en primera instancia no se
había fijado correctamente. Posiblemente esta deficiencia se debiese a
que se procedió a asfaltar en jornadas de lluvia. Estos trabajos de
reparación se llevaron a cabo durante la noche y con iluminación
artificial con el objetivo de que pasasen lo más desapercibidos posible.
Unas tareas que seguramente deberán repetirse en unos meses en la bajada
de Villasola ya que el firme en este lugar presenta un estado cada vez
más bacheado. Demasiadas deficiencias en apenas seis meses de
funcionamiento para un tramo de 11 kilómetros, el Unquera-Pendueles,
construido por las empresas Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y
por Alvargonzález y cuyo coste de ejecución ha rondado los 160 millones
de euros.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Cuáles son las causas de las numerosas deficiencias registradas en el
tramo Pendueles-Unquera de la autovía del Cantábrico A-8, apenas seis
meses después de su apertura al tráfico?
2) ¿Piensa el Gobierno reclamar daños y perjuicios a las empresas
constructoras, en el caso de que hubieran incurrido en alguna
responsabilidad por estas deficiencias de la obra?
3) ¿Qué medidas se han tomado para subsanar estas deficiencias e impedir
que se produzcan otras incidencias en el futuro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2015.Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/071069
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para las que se solicita
respuesta escrita, sobre el coste comparativo de la enseñanza pública con
la privada y concertada.
Los centros privados y concertados están ya anunciando sus «productos»
educativos para la próxima matriculación. En esta época, la Conferencia
Episcopal suele difundir folletos y notas de prensa donde afirman que sus
2.458 centros privados-concertados suponen un ahorro para el erario
público de 3.601 millones de euros. Aseguran también que atienden a un
total de 1.434.524 estudiantes (casi todos en centros concertados), por
lo que vienen a decir que ahorran al Estado más de 2.510 euros por alumno
y curso. Esta afirmación no parece basarse en ningún estudio científico,
sino en su profunda fe en que lo privado es más rentable que lo público.
Sin embargo, una investigación realizada por el Área Federal de Educación
de Izquierda Unida, titulada «El coste de la plaza escolar en la pública
y en la concertada» desmiente rotundamente ese mito
interesado acerca de que la educación privada-concertada sea más barata
que la pública. Demostrando en ella que este tipo de informaciones y
titulares sobre el pretendido «ahorro público» que supone la enseñanza
privada-concertada, no es más que una publicidad engañosa.
Exclusivamente desde el punto de vista económico, a igualdad de
condiciones, ambos modelos cuestan lo mismo (4.185 euros por alumno en la
pública, frente a 4.184 en la privada-concertada en el año 2011). Pero,
además, si a esto añadimos lo que supone el gasto de las familias, el
coste anual por estudiante en la enseñanza privada-concertada se situaría
en 5.733 euros, mientras que en la educación pública sería de 5.007
euros. El INE constata en efecto que las familias de la escuela pública
tuvieron un gasto de 822 euros por alumno/a, mientras que para quienes
acudieron a un centro privado concertado el gasto ascendió a 1.549 euros
por escolar. Además, hay toda una serie de ámbitos educativos que la
enseñanza privada-concertada no atiende y que los presupuestos de la
educación pública tienen que asumir: Educación a distancia, Educación en
el exterior, Enseñanzas de Régimen especial o Educación compensatoria.
Tampoco se pueden imputar sólo a la educación pública las partidas que
atienden indistintamente a ambas redes de centros, como Formación y
perfeccionamiento del profesorado o Investigación educativa, entre otras,
como se hace sistemáticamente en los artículos divulgados al respecto.
Lo que se ha constatado en esta investigación es que si la
privada-concertada tiene menor coste es porque ofrece servicios menos
igualitarios (desatiende las zonas rurales y selecciona a su alumnado el
82% de alumnado inmigrante y de minorías está escolarizado en centros
públicos y peores condiciones laborales a sus profesionales, que tienen
mayor número de escolares a su cargo e inferiores sueldos. Estos factores
que contribuyen al coste de una plaza (número de docentes por grupo y de
alumnos/as en cada aula) afectan directamente a la calidad educativa. En
este sentido, las diferencias son palpables, ya que en 2011 los centros
públicos tuvieron una media de 21,2 alumnos y 1,98 profesores por cada
clase, mientras que en los concertados los grupos tuvieron una media de
23 estudiantes y fueron atendidos por 1,68 profesores. Por último, las
condiciones salariales del profesorado que suponen más del 60% del
gasto, también repercuten significativamente en el coste de la plaza
escolar, ya que mientras los docentes de la pública cobran un salario
medio anual de 36.784 euros, los de la privada-concertada tuvieron un
sueldo de 30.976 euros.
Por lo tanto, el supuesto «ahorro» por plaza escolar de la enseñanza
concertada está relacionado con un mayor número de escolares por aula y
con menos docentes por grupo, como consecuencia de su escasa implicación
a la hora de acoger al alumnado que requiere mayor atención educativa y
de su total desinterés por ubicarse en áreas poco rentables, como son las
zonas rurales o los municipios de menor población. No es de extrañar, por
tanto, que los recortes educativos de los últimos cursos se hayan
dirigido a alterar ambas ratios, rebajando así la calidad y equidad de la
educación pública: el recorte de docentes en los dos últimos años ha sido
de 30.000 profesores, además de congelar o reducir sus salarios. Estudios
recientes revelan al respecto que en los últimos años (2007-2012) el
gasto medio por estudiante en la enseñanza pública se ha reducido en 648
euros, mientras que el de la privada concertada ha aumentado 105 euros. Y
la situación, alerta el estudio, no tiene visos de igualarse por arriba,
sino por abajo. Si a esto le añadimos el desembolso económico que tienen
que hacer las familias en la pública y en la privada-concertada,
anteriormente comentado, la plaza escolar de la privada concertada es
mucho más cara que la pública.
Por tanto, la educación pública no sólo es más rentable, sino que llega a
todos los lugares y atiende a todo tipo de alumnado; además de ofrecer
todas las modalidades educativas y mejores condiciones laborales a sus
profesionales, lo cual redunda en mejor calidad y equidad. En definitiva,
la escuela pública no sólo es la que puede compensar las desigualdades
sociales y propiciar mayor cohesión social, sino que cumple ese
irremplazable papel sin que ello suponga mayor coste real para el erario
público o para las familias.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Piensa el Gobierno realizar un estudio comparativo del coste integral
por alumno en la enseñanza pública con el de la enseñanza privada y la
enseñanza concertada?
2) ¿Tiene previsto el Gobierno difundir entre los padres y alumnos los
resultados de dicho estudio, en aras de la transparencia y como
referencia a la hora de decidir en qué tipo de establecimiento educativo
solicitarán su matrícula?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2015.Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/071070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Álvarez Sostres, Diputado de Foro, integrado en el Grupo
Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 190
del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno para la inclusión urgente y prioritaria
del corredor ferroviario de ancho internacional Palencia-Gijón entre los
proyectos susceptibles de cofinanciación europea con cargo a los fondos
conocidos como «Juncker», a los efectos de asegurar los objetivos fijados
por el Gobierno desde el año 2000 para alcanzar una red homogénea e
integrada que posibilite el equilibrio territorial y permita la conexión
intermodal ferrocarril-autopista del mar, clave para el desarrollo
económico y social de Asturias y de las comunidades colindantes, habida
cuenta de que se cumplen los requisitos solicitados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2015.Enrique Álvarez
Sostres, Diputado.
184/071071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Puerto Gallego Arriola, Diputada por Cantabria y don José
Martínez Olmos, Diputado por Granada, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada
por escrito.
¿Cuál es el listado de medicamentos innovadores que se han incorporado y
comercializado en España durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2015.María del
Puerto Gallego Arriola y José Martínez Olmos, Diputados.
184/071072
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Puerto Gallego Arriola, Diputada por Cantabria y don José
Martínez Olmos, Diputado por Granada, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada
por escrito.
¿Cuál es la relación de patologías para las que se han incorporado los
diferentes fármacos innovadores en los sucesivos años: 2011, 2012, 2013 y
2014?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2015.María del
Puerto Gallego Arriola y José Martínez Olmos, Diputados.
184/071073
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Puerto Gallego Arriola, Diputada por Cantabria y don José
Martínez Olmos, Diputado por Granada, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo previsto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada
por escrito.
¿Qué fármacos comercializados por la Agencia Europea del Medicamento no se
han incorporado en España durante el año 2013 y durante el año 2014?
¿Cuáles son las razones de la no incorporación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2015.María del
Puerto Gallego Arriola y José Martínez Olmos, Diputados.
184/071074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Margarita Pérez Herraiz, Diputada por Lugo, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
Según las últimas publicaciones del INE, las muertes por infarto agudo de
miocardio en 2013 respecto a la población de 1.01.2014 en España fueron
35 por cada 100.000 habitantes; en Galicia 47 y en Lugo 77. Ourense que
es la provincia más similar a Lugo por número de habitantes y edad tuvo
57 muertes por cada 100.000 habitantes.
¿Qué motivo considera el Gobierno justifica que la provincia de Lugo
duplique la mortalidad por infarto agudo de miocardio respecto a la media
de España?
¿Considera el Gobierno admisible que en estas circunstancias el Servicio
de Hemodinámica de Lugo sólo funcione ocho horas al día?
¿Cree el Gobierno que hay alguna posible justificación para que en la
provincia de Lugo no haya un Servicio de Hemodinámica veinticuatro horas
al día?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2015.Margarita Pérez
Herraiz, Diputada.
184/071075
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María González Veracruz, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que sea contestada por
escrito.
El pasado mes de noviembre un centenar de científicos del Instituto
Español de Oceanografía suscribieron una carta pública en la que
denunciaban las trabas administrativas que conlleva la aplicación de las
medidas de control del gasto (fiscalización previa) impuestas por el
Ministerio de Hacienda.
Los científicos del Instituto Español de Oceanografía, miembros de los
centros Murcia, A Coruña, Baleares, Málaga, Vigo, Santander, Madrid,
Canarias, Cádiz y Gijón, expresaban que esta medida está suponiendo, en
la práctica, una ralentización en sus investigaciones cuando no la
imposibilidad de llevar a cabo proyectos ya aprobados.
Los científicos denuncian que estos nuevos sistemas de control dificultan
o impiden la contratación del personal asociado a los proyectos así como
la adquisición del material necesario para su ejecución, haciendo
imposible llevar a cabo el proyecto con los medios humanos y técnicos
requeridos.
Los científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO) asesoran al
sector empresarial y realizan numerosas encomiendas de la Unión Europea,
los Ministerios y las Comunidades Autónomas, entre otras instituciones,
confiriendo un elevado carácter de asesoramiento a su labor.
¿Ha considerado el Gobierno la denuncia y peticiones hechas públicas el
pasado 7 de noviembre de 2014 por un centenar de investigadores del
Instituto Español de Oceanografía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2015.María
González Veracruz, Diputada.
184/071076
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María González Veracruz, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que sea contestada por
escrito.
El pasado mes de noviembre un centenar de científicos del Instituto
Español de Oceanografía suscribieron una carta pública en la que
denunciaban las trabas administrativas que conlleva la aplicación de las
medidas de control del gasto (fiscalización previa) impuestas por el
Ministerio de Hacienda.
Los científicos del Instituto Español de Oceanografía, miembros de los
centros Murcia, A Coruña, Baleares, Málaga, Vigo, Santander, Madrid,
Canarias, Cádiz y Gijón, expresaban que esta medida está suponiendo, en
la práctica, una ralentización en sus investigaciones cuando no la
imposibilidad de llevar a cabo proyectos ya aprobados.
Los científicos denuncian que estos nuevos sistemas de control dificultan
o impiden la contratación del personal asociado a los proyectos así como
la adquisición del material necesario para su ejecución, haciendo
imposible llevar a cabo el proyecto con los medios humanos y técnicos
requeridos.
Los científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO) asesoran al
sector empresarial y realizan numerosas encomiendas de la Unión Europea,
los Ministerios y las Comunidades Autónomas, entre otras instituciones,
confiriendo un elevado carácter de asesoramiento a su labor.
¿Ha evaluado el Gobierno los problemas que, según aseguran los científicos
del IEO, está causando en los centros de investigación la burocratización
a la que está sometiendo al sistema de Ciencia de nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2015.María
González Veracruz, Diputada.
184/071077
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María González Veracruz, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que sea contestada por
escrito.
El pasado mes de noviembre un centenar de científicos del Instituto
Español de Oceanografía suscribieron una carta pública en la que
denunciaban las trabas administrativas que conlleva la aplicación de las
medidas de control del gasto (fiscalización previa) impuestas por el
Ministerio de Hacienda.
Los científicos del Instituto Español de Oceanografía, miembros de los
centros Murcia, A Coruña, Baleares, Málaga, Vigo, Santander, Madrid,
Canarias, Cádiz y Gijón, expresaban que esta medida está suponiendo, en
la práctica, una ralentización en sus investigaciones cuando no la
imposibilidad de llevar a cabo proyectos ya aprobados.
Los científicos denuncian que estos nuevos sistemas de control dificultan
o impiden la contratación del personal asociado a los proyectos así como
la adquisición del material necesario para su ejecución, haciendo
imposible llevar a cabo el proyecto con los medios humanos y técnicos
requeridos.
Los científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO) asesoran al
sector empresarial y realizan numerosas encomiendas de la Unión Europea,
los Ministerios y las Comunidades Autónomas, entre otras instituciones,
confiriendo un elevado carácter de asesoramiento a su labor.
¿Considera el Gobierno que la fiscalización del uso del dinero público
tiene que ser tan estricta como para conllevar la paralización de la
actividad para la que ese dinero ha sido destinado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2015.María
González Veracruz, Diputada.
184/071078
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María González Veracruz, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que sea contestada por
escrito.
El pasado mes de noviembre un centenar de científicos del Instituto
Español de Oceanografía suscribieron una carta pública en la que
denunciaban las trabas administrativas que conlleva la aplicación de las
medidas de control del gasto (fiscalización previa) impuestas por el
Ministerio de Hacienda.
Los científicos del Instituto Español de Oceanografía, miembros de los
centros Murcia, A Coruña, Baleares, Málaga, Vigo, Santander, Madrid,
Canarias, Cádiz y Gijón, expresaban que esta medida está suponiendo, en
la práctica, una ralentización en sus investigaciones cuando no la
imposibilidad de llevar a cabo proyectos ya aprobados.
Los científicos denuncian que estos nuevos sistemas de control dificultan
o impiden la contratación del personal asociado a los proyectos así como
la adquisición del material necesario para su ejecución, haciendo
imposible llevar a cabo el proyecto con los medios humanos y técnicos
requeridos.
Los científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO) asesoran al
sector empresarial y realizan numerosas encomiendas de la Unión Europea,
los Ministerios y las Comunidades Autónomas, entre otras instituciones,
confiriendo un elevado carácter de asesoramiento a su labor.
¿Se ha planteado el gobierno implementar medidas para corregir las
situaciones que denuncian los científicos del IEO?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2015.María
González Veracruz, Diputada.
184/071079
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María González Veracruz, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que sea contestada por
escrito.
El pasado mes de noviembre un centenar de científicos del Instituto
Español de Oceanografía suscribieron una carta pública en la que
denunciaban las trabas administrativas que conlleva la aplicación de las
medidas de control del gasto (fiscalización previa) impuestas por el
Ministerio de Hacienda.
Los científicos del Instituto Español de Oceanografía, miembros de los
centros Murcia, A Coruña, Baleares, Málaga, Vigo, Santander, Madrid,
Canarias, Cádiz y Gijón, expresaban que esta medida está suponiendo, en
la práctica, una ralentización en sus investigaciones cuando no la
imposibilidad de llevar a cabo proyectos ya aprobados.
Los científicos denuncian que estos nuevos sistemas de control dificultan
o impiden la contratación del personal asociado a los proyectos así como
la adquisición del material necesario para su ejecución, haciendo
imposible llevar a cabo el proyecto con los medios humanos y técnicos
requeridos.
Los científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO) asesoran al
sector empresarial y realizan numerosas encomiendas de la Unión Europea,
los Ministerios y las Comunidades Autónomas, entre otras instituciones,
confiriendo un elevado carácter de asesoramiento a su labor.
¿Persigue el Gobierno, con la implantación de diferentes medidas que
provocan una ralentización o la imposibilidad de llevar a cabo los
proyectos, la privatización de los servicios de asesoramiento que presta
el Instituto Español de Oceanografía a las distintas instituciones y al
sector privado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2015.María
González Veracruz, Diputada.
184/071080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su
Portavoz, doña Rosa Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta, para la que se solicita respuesta por escrito,
sobre el nuevo coste que va a suponer para el Estado el resarcimiento de
los perjudicados por la salida a bolsa.
Exposición de motivos
El pasado viernes, la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria («FROB») publicó una nota de prensa en la que daba
cuenta que en sesión celebrada en el día anterior había acordado, como
accionista único de BFA Tenedora de Acciones S.A.U. («BFA») e
indirectamente de Bankia S.A. (62%), reconocer al Consejo de
administración de BFA la facultad de suscribir, en su caso, un acuerdo de
reparto entre BFA y Bankia de las contingencias derivadas de los pleitos
civiles relacionados con la oferta pública de suscripción de acciones de
Bankia.
En la citada nota de prensa se decía que «con el fin último de asegurar la
utilización más eficiente de los recursos públicos y maximizar el retorno
sobre el apoyo público realizado para la restructuración del Grupo
BFA/Bankia, la Comisión Rectora ha acordado la imposición de ciertos
criterios a la facultad conferida. Entre ellos se incluye la exigencia de
que el eventual acuerdo se limite al reparto de la contingencia máxima
estimada actualmente por Bankia, que asciende a 780 millones de euros en
el escenario más adverso».
Lo que la nota de prensa no decía y sin embargo publicaron diversos medios
era que BFA y Bankia habían firmado un convenio transaccional para el
reparto entre ellas de las contingencias derivadas de los pleitos civiles
instados por los inversores minoristas relacionados con la salida a
bolsa. El acuerdo se limitaría al reparto de la contingencia estimada
actualmente por Bankia, que asciende a 780 millones de euros derivados de
los procedimientos civiles instados por los inversores minoristas contra
Bankia y/o BFA por la colocación y en virtud del mismo Bankia asumirá los
primeros 312 millones de costes por posibles demandas de inversores
minoristas por la salida a Bolsa (OPV) de la entidad en 2011, el 40% de
los 780 millones en que se estima el máximo de indemnizaciones. Desde ahí
hasta 780 millones, el importe de las demandas será asumido por su
matriz, BFA, según ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV).
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
¿Por qué acordó el FROB reconocer al Consejo de administración de BFA la
facultad de suscribir, en su caso, un acuerdo de reparto entre BFA y
Bankia de las contingencias derivadas de los pleitos civiles relacionados
con la salida a bolsa?
¿Acaso no sabe el FROB que el Presidente de BFA y Bankia es la misma
persona, D. Ignacio Goirigolzarri? ¿Le encomendó el FROB al Sr.
Goirigolzarri negociar consigo mismo?
¿Quién defiende los intereses del Estado en esa negociación?
¿Por qué se ha decidido que una entidad (BFA) que es simplemente socio
de otra (Bankia) responda por sus deudas? ¿Cuál es el fundamento jurídico
de ese acuerdo?
¿Por qué una entidad que acaba de publicar cuentas con un beneficio neto
de 747 millones (un 83,3% más que hace un año) no puede hacer frente a
esas posibles responsabilidades derivadas del engaño en la salida a bolsa
y tiene que ser nuevamente el Estado el que soporte ese riesgo?
¿Qué criterios concretos han sustentado la decisión de que los
ciudadanos volvamos a rescatar Bankia, en este caso pagando un 60% de las
indemnizaciones de Bankia por la OPS?
¿Qué informes técnicos posee el Gobierno y el FROB que avalen este
reparto del pago? Adjuntar dichos informes.
¿Por qué en dicha negociación no se han contemplado los 800 millones que
Bankia tiene obligación de depositar como fianza en el Juzgado Central de
Instrucción núm. 4 de la Audiencia Nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2015.Rosa María
Díez González, Diputada.
184/071081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosana Pérez Fernández, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito relativa a la necesidad de modificar el Catálogo de Puestos de
Trabajo de la policía nacional en A Coruña.
La DPO es el sistema de evaluación y retribución del trabajo de los
policías. Su objetivo es luchar contra la criminalidad en base a la
consecución de unos objetivos, cuyos parámetros establece la Dirección
Adjunta Operativa de la DGP, incentivando la eficacia policial por medio
del abono de una retribución única anual.
En general, se considera que la orientación del trabajo policial en
función de este sistema estadístico provoca graves disfunciones y
perjuicios en la eficacia de las distintas unidades policiales. E incluso
provoca efectos contraproducentes en la evolución de la delincuencia en
general.
En lo concreto vamos a referirnos a la ciudad de A Coruña, donde la
situación aludida se ve agravada por el errático diseño del Catálogo de
Puestos de Trabajo que data del año 1998. Un Catálogo diseñado hace la
friolera de 17 años y que actualmente está desfasado y resulta inadecuado
para luchar contra los distintos tipos de delincuencia.
Dicho diseño estaba adaptado a la problemática delincuencial de etapas
anteriores, pero actualmente resulta ineficaz para combatir una
delincuencia cada vez más especializada y dotada.
El Catálogo de Puestos de Trabajo en la policía de A Coruña experimentó
algunas modificaciones a lo largo de este periodo, aunque no han tenido
la suficiente envergadura porque no han servido para adaptar la
organización y la estructura policial a las necesidades socio-policiales
de la ciudad coruñesa.
Sirvan de muestra algunos ejemplos de lo sucedido en fechas recientes: se
produjeron fuertes críticas a la organización policial que no evitó el
robo con fuerza en más de 300 viviendas particulares durante el verano
pasado. O el insuficiente dispositivo establecido en la celebración de la
fiesta de San Juan que terminó con más de 80 hurtos. El inexistente
dispositivo policial para las fiestas de Entroido (Carnaval) en A Coruña,
donde se efectuaron más de 120 hurtos de carteras, teléfonos móviles,
entre otras pertenencias.
Sindicatos policiales ponen de manifiesto que esta situación es
especialmente preocupante en las unidades que investigan delitos
relacionados con las drogas o la prostitución. Explican que si no se
realiza una investigación policial exhaustiva sobre este tipo de delitos,
no afloran estadísticamente porque se trata de delitos poco denunciados
por los ciudadanos.
Los medios disponibles, tanto materiales como de personal, para luchar
contra este tipo de delitos son escasos en A Coruña, lo que unido a la
falta de especialización de los Juzgados y a la falta de personal, lleva
a que las unidades de investigación dirigidas a combatir este delito solo
puedan investigar el 5 % del tráfico de drogas que se produce diariamente
en A Coruña.
La consecuencia de estas carencias es que no se está persiguiendo
adecuadamente los delitos en tráfico de drogas, lo que lleva al
incremento de la delincuencia en otros ámbitos, y extiende la
drogadicción sobre todo en los sectores sociales más sensibles.
En cuanto a la investigación de los delitos relacionados con la
prostitución, la trata de blancas, que en muchas ocasiones se relaciona
con otras áreas delicuenciales como el tráfico de armas, puede afirmarse
que brilla por su ausencia. Es prácticamente inexistente debido a la mala
distribución de personal por parte de la Comisaría Provincial, que hace
que estas unidades ni siquiera dispongan del escaso personal contemplado
en el Catálogo de Puestos de Trabajo.
Los representantes policiales abogan por un sistema de evaluación del
trabajo de los policías que se limite a valorar la consecución de
objetivos policiales alcanzables, medibles e individualizados en función
de las características de cada unidad policial.
Para ellos sería pertinente que se procediese a la modificación total del
Catálogo de Puestos de Trabajo para A Coruña, de modo que se adecue a la
problemática delincuencial actual, potenciando las unidades de
investigación.
Otro ámbito sobre el que habría que actuar a fin de mejorar la lucha
contra los delitos de tráfico de drogas, sería la creación de juzgados
especializados en tráfico de sustancias estupefacientes y una mayor
coordinación entre la administración judicial y la policial.
En conclusión, se precisarían en A Coruña más medios policiales y una
mejor organización y distribución del personal para actuar con un mayor
grado de eficacia.
Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:
Dado que el Catálogo de Puestos de Trabajo de la policía nacional en A
Coruña data del año 1998, ¿No considera el Ministerio de Interior que
está desfasado y nada adaptado a la actual evolución de los delitos en la
ciudad coruñesa?
¿No cree que se trata de una organización y distribución del personal de
la policía en Coruña que resulta ineficaz para luchar contra distintos
tipos de delitos, una delincuencia cada vez más especializada y dotada?
¿No debería incrementarse la dotación de personal y de medios de las
distintas unidades de la policía nacional en A Coruña a la vista de los
fallos de dispositivos policiales detectados como sucedió durante el
verano pasado, en las fiestas de San Juan o en las últimas de Carnavales,
donde se produjeron un elevado número de hurtos?
¿Es consciente de que las carencias son especialmente preocupantes en las
unidades que investigan delitos relacionados con las drogas o la
prostitución?
¿Es consciente de que las unidades de investigación dirigidas a combatir
este tipo de delitos lleva a que sólo se puedan investigar el 5% del
tráfico de drogas que se produce diariamente en A Coruña?
¿Es consciente de que la investigación policial sobre delitos relacionados
con la prostitución, la trata de blancas, brilla por su ausencia debido a
la mala distribución de personal por parte de la Comisaría Provincial?
¿Qué disposición tiene el Ministerio a mejorar esta situación? ¿Va a
incrementar la dotación de personal y de medios en la comisaría
provincial de A Coruña?
¿No sería más adecuado implantar un sistema de evaluación del trabajo de
los policías que se limite a valorar la consecución de objetivos
policiales alcanzables, medibles e individualizados en función de las
características de cada unidad policial?
¿Va el Ministerio a modificar el Catálogo de Puestos de Trabajo en A
Coruña de modo que se adecue a la problemática delincuencial actual,
potenciando las unidades de investigación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2015.Rosana Pérez
Fernández, Diputada.
184/071082
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosana Pérez Fernández, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito relativa a deficiencias en la nueva terminal de Santiago de
Compostela (Lavacolla).
En septiembre del año 2011 se inauguraba con gran pompa la nueva terminal
del aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela, que entraba en
funcionamiento el 13 de octubre de ese año.
Una terminal de la que se dijo que permitiría competir con el aeropuerto
de Sá Carneiro (Porto) y mejorar la operatividad.
Sin embargo, tan altos objetivos no sólo no se han cumplido sino que
podría decirse que el aeropuerto de Santiago de Compostela permanece en
la misma situación. Totalmente estancado porque ni se ha
mejorado la conectividad ni las frecuencias ni tampoco la coordinación con
otros aeropuertos gallegos. Desde luego, la privatización parcial de AENA
en nada ayuda a mejorar el rendimiento de este aeropuerto. Una
privatización que ha sido la primera opción del Gobierno del PP por
encima de otras opciones que hubiesen redundado en la mejora de la
gestión como sería la de haberla traspasado al Gobierno gallego y
mantenerla así en manos públicas.
Sea como fuere, en esta ocasión el objetivo de esta pregunta parlamentaria
se refiere al lamentable estado de abandono de dichas instalaciones.
Llama poderosamente la atención que la nueva terminal adolezca, apenas
tres años después de su inauguración, de goteras y filtraciones de agua
en la zona de embarque. Unos problemas que se pueden comprobar in situ y
que deberían subsanarse antes de que se extiendan y causen mayores
desperfectos.
Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:
¿Cómo se explica que la nueva terminal del aeropuerto de Santiago de
Compostela adolezca de goteras y filtraciones de agua?
¿Cómo se explican estas deficiencias en una infraestructura inaugurada en
septiembre de 2011?
¿Va el Ministerio a subsanar este problema? De ser así, ¿Cuándo? ¿Qué tipo
de actuación debe efectuarse? ¿Cuál va a ser su coste?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2015.Rosana Pérez
Fernández, Diputada.
184/071083
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila y doña Rosana Pérez Fernández, Diputadas
del G.P. Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que
solicitan respuesta por escrito relativa a las Enseñanzas Artísticas
Superiores.
Los centros públicos de Enseñanzas Artísticas Superiores (EEAASS) llevan
tiempo demandando la integración en el sistema universitario público a
fin de que los alumnos puedan acceder a una titulación de grado
equiparable a las titulaciones existentes en Europa.
El Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, que establecía la ordenación
de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica
1/2006, de 3 de mayo, de educación, indicaba que las enseñanzas
artísticas deberían converger en el Espacio Europeo de Educación, con el
Plan Bolonia. La aprobación posterior de otros muchos Reales Decretos del
año 2010, que regulaban aspectos básicos del currículo de los estudios
superiores de arte dramático, música, danza, diseño, vidrio y cerámica y
conservación y restauración de bienes culturales, señalaba asimismo la
necesidad de crear un nuevo marco organizativo para las enseñanzas de
este tipo.
Sin embargo nada se ha hecho al respecto en esta materia. A pesar del
largo periplo normativo, la LOMCE sitúa a las enseñanzas artísticas
superiores en el punto de partida en que las situaba la LOGSE.
El alumnado obtiene una titulación superior equivalente a la titulación
universitaria de grado. Una titulación en vigor en el estado español pero
no en Europa, ya que la LOMCE es una normativa interna y no europea. Por
tanto, no verán reconocida su titulación de forma automática sino que
tendrán que seguir procesos de validación que no solo implican una
inversión de tiempo, sino también un desembolso de dinero. Unas
circunstancias que atentan contra la igualdad de oportunidades.
Esta situación impide al alumnado poder optar a una especialización porque
no se han establecido mecanismos para la organización de estudios de
postgrado que conduzcan a la obtención de títulos de máster y doctorado,
ya que el actual Máster Artístico previsto en el RD 1614/2009 no tiene
carácter universitario y no permite el acceso a los mismos como se
establece el RD 99/2011. La única posibilidad de realizar estudios de
doctorado en el mismo ámbito de especialización consiste en apuntarse en
los estudios de posgrado que están organizando universidades privadas en
todo el Estado
Un flanco que están aprovechando las Universidades privadas que han visto
una oportunidad de negocio y han aumentado significativamente la
impartición de grados en enseñanzas artísticas. De hecho están
proliferando grados en enseñanzas artísticas en centros privados que
conciertan la oferta del título de grado con universidades extranjeras,
oferta que se ha convertido en un negocio muy lucrativo.
Los estudiantes de centros de Enseñanzas Artísticas públicos que se
trasladan a otros países europeos a completar su formación o por
cuestiones laborales, ven que a pesar de sus titulaciones superiores
deben proceder a convalidar sus estudios. Lo que traducido a la realidad
implica el abono de tasas, o el deber de cursar materias para obtener el
título oficial del país de acogida.
Esta discriminación ha llevado a la creación de Plataformas por todo el
estado, como la Plataformas Galega pola Integracion das Ensinanzas
Artísticas Superiores en el sistema universitario. La finalidad es que en
la Universidad pública se ofrezcan titulaciones de grado en Enseñanzas
Artísticas como la única forma de solucionar los problemas antes
reseñados y equiparse con el resto de Europa.
Actualmente existe un desequilibrio, una desigualdad de derechos en estas
materias entre quienes estudian en los centros Superiores públicos y los
que pueden pagarse los grados en la privada.
Es necesario destacar que en la mayoría de los estados del mundo las
EEAASS forman parte de la oferta universitaria. Ocurre en todos los
países de América (Norte y Sur) y de Europa y, cuando no es así, los
centros superiores que los ofrecen están siempre adscritos a una
universidad. España e Italia son la única excepción.
La adscripción y posterior integración en la Universidad de las Enseñanzas
Artísticas superiores, es una medida necesaria que beneficiaría a la
mayoría, y que respalda prácticamente toda la comunidad educativa. No
estamos ante un trámite complejo que evitará muchos problemas futuros a
los alumnos.
Sería pertinente que se iniciase una mesa de diálogo con las CC.AA. y
todos los afectados de cara a lograr dicha adscripción para el curso
2015-2016.
Dado que los centros Superiores de Enseñanzas Artísticas privados pueden
adscribirse a una Universidad Privada para poder optar al título de
grado, ¿Por qué razón los centros Superiores Públicos no pueden
adscribirse igualmente a las Universidades Públicas?
¿Qué valoración realiza el Gobierno respecto a que los alumnos de Centros
Superiores Públicos de Enseñanzas Artística no puedan optar a la
titulación de grado que les permita equiparse a la titulación en el
espacio Europeo?
¿Por qué a los estudiantes de estos centros no tienen la oportunidad de
continuar el posgrado o una especialización en la Universidad Pública?
¿Cómo valora el Gobierno que para que el alumnado de los centros públicos
pueda acceder a posgrados o másteres especializados tenga que hacerlo en
la Universidad Privada?
¿No considera el Gobierno que esta situación además de injusta es
discriminatoria y atenta contra la igualdad de oportunidades?
¿Va el Gobierno a tomar en consideración la demanda de la comunidad
educativa, establecer un diálogo con las CC.AA. y las Universidades a fin
de lograr la adscripción y posterior integración de los Centros de
Enseñanzas Artísticas en la Universidad? ¿Va a resolver este problema
educativo cuanto antes en beneficio del alumnado de estas enseñanzas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2015.M.ª Olaia
Fernández Davila y Rosana Pérez Fernández, Diputadas.
184/071084
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su
portavoz adjunto don Carlos Martínez Gorriarán, y al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita
respuesta por escrito sobre el abandono escolar.
Exposición de motivos
De acuerdo con los datos publicados en el día de ayer por la oficina de
información estadística comunitaria Eurostat, España continúa siendo el
país de la Unión Europea con mayor tasa de abandono escolar en 2014. La
tasa española se sitúa en el 22,2 %, muy lejos de la media europea
situada en el 12 % y lejos de alcanzar el objetivo fijado en el 10 %
comunitario de acuerdo con la estrategia Europa 2020 y
del 15 % fijado para España en esa misma fecha. En relación a 2013 la
mejora ha sido muy leve, bajando la tasa de abandono desde el 23,6 %
hasta el 22,2 % de 2014. Por otro lado teniendo en cuenta la división por
sexos se aprecia que la tasa de fracaso escolar entre los hombres es
significativamente mayor que el de las mujeres, siendo de un 26 % la de
ellos frente a un 18,5 % la de ellas.
Por todo ello, se realizan al Gobierno las siguientes preguntas por
escrito:
1. ¿Cómo valora el Gobierno los datos de fracaso escolar reflejados por
Eurostat?
2. ¿Qué medidas piensa tomar en el corto plazo para solventar esta
situación?
3. ¿Va a tomar medidas el Gobierno para disminuir la brecha de fracaso
escolar existentes entre hombres y mujeres? ¿En qué consisten esas
medidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2015.Carlos Martínez
Gorriarán, Diputado.
184/071085
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su
portavoz adjunto don Carlos Martínez Gorriarán, y al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita
respuesta por escrito sobre los atascos y retenciones habituales en la
carretera N-634.
Exposición de motivos
Los usuarios de la carretera Nacional 634 sufren retenciones que se
producen en el tramo inaugurado Zorrina-La Espina entre sus puntos
kilométricos 450 al 466. Dada la pendiente de este tramo cuando el
tráfico rodado pesado se dirige en dirección La Espina se producen
constantes atascos. Estas retenciones se producen ya que solo existen dos
zonas de adelantamiento que coinciden con el inicio y el final de dicho
tramo. En la zona intermedia del tramo señalado no existe zona para el
adelantamiento. Dicha situación, además de las molestias y perjuicios
habituales, ha llegado a generar problemas de seguridad vial al realizar
maniobras irregulares los conductores.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento realizar alguna medida para
atajar este problema?
2. ¿Considera adecuada la seguridad de esta vía?
3. ¿Cabría la posibilidad de dotar de tramos de adelantamiento, teniendo
en cuenta siempre la seguridad de los usuarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2015.Carlos Martínez
Gorriarán, Diputado.
184/071086
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su
portavoz, Rosa Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre
las medidas que está llevando a cabo el Gobierno para extraditar a presos
españoles en otros Estados a los que se les vulnera derechos
fundamentales.
Exposición de motivos
Un reportaje publicado en un medio escrito de tirada nacional ha revelado
la dura realidad en la que los ciudadanos españoles cumplen condena en
este país: son víctimas de agresiones físicas y psicológicas, caen en
manos de las redes de la droga existentes dentro de la prisión, sufren la
total carencia de medidas
higiénicas y sanitarias, una deficiente y escasa alimentación que se les
proporciona por parte de la institución penitenciaria e incluso falta de
ropa, falta de luz, de agua potable y agua caliente. Actualmente se
encuentran encarcelados en Perú 327 ciudadanos españoles, entre los
cuales alrededor de unos 200 se encuentran en el centro penitenciario de
Ancón II, en el altiplano peruano. En Bolivia, según datos oficiales, a
finales de 2013 existían un total de 70 presos que eran ciudadanos
españoles. Se desconoce la cifra exacta de ciudadanos españoles presos en
otros Estados.
La situación de los españoles es comparativamente peor a la de otros
presos, sobre todo a ciudadanos de otros Estados miembros de la UE, cuyos
países tardan de media, mucho menos tiempo que España en extraditar a sus
ciudadanos y prestan mejores servicios a éstos desde los servicios
consulares y diplomáticos.
España, por su parte, ha venido durante los últimos años desentendiéndose
de la situación de los españoles en las cárceles peruanas, entre ellas
Ancón II, debido principalmente a la deficiente asistencia consular y al
incumplimiento del tratado de extradición de 1987, a lo cual se suma el
hecho de que la ley aprobada en noviembre de 2014 por el Congreso de la
República del Perú (que regula el beneficio especial de salida para los
presos con condenas inferiores a siete años), no se está cumpliendo. Este
desentendimiento, no sólo se ha producido para los ciudadanos españoles
que cumplen penas de prisión en Perú, sino también en Bolivia o
Marruecos.
A esta situación se une la precaria situación en la que se encuentran los
ciudadanos españoles que salen de estas prisiones. Sin recursos y sin
posibilidad de acudir a sus familiares, pueden llegar incluso a la
prostitución para poder ahorrar el dinero del billete de avión que les
traiga de nuevo a España.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué medidas concretas está llevando a cabo el Gobierno para poder
repatriar a los ciudadanos españoles presos en las prisiones de Perú,
Bolivia y Marruecos?
2. ¿Qué cantidad de ciudadanos españoles se encuentran presos en otros
Estados? Desglosar la cuantía por países.
3. ¿Qué cantidad de solicitudes de traslado a España existen en la
actualidad?
4. ¿Cuántos ciudadanos españoles se han trasladado a cárceles españolas
durante el año 2014? ¿Desde qué destinos?
5. ¿Va a revisar el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación el
funcionamiento de los servicios consulares españoles en esta materia para
que ofrezcan una ayuda efectiva bien en Perú, Bolivia u otros países? ¿En
qué plazos?
6. ¿Ha valorado el Gobierno introducir ayudas para que los ciudadanos
españoles que cumplan la pena en estos países puedan retornar a España?
7. ¿Va a tomar el Gobierno de España las medidas pertinentes para que la
República del Perú cumpla con el tratado de extradición de 1987?
8. ¿Con qué otros países ha firmado España convenios de extradición que
actualmente no se estén cumpliendo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2015.Rosa María Díez
González, Diputada.
184/071087
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su
portavoz, Rosa Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre
el desempeño de labores de custodia de edificios oficiales con un
uniforme disfuncional por los agentes de la Guardia Civil.
Exposición de motivos
Con el aumento del nivel de alerta terrorista han aparecido críticas a la
situación en que numerosos agentes de la Guardia Civil desempeñan labores
de custodia de edificios oficiales. Generalmente, esta
custodia es desempeñada por un agente uniformado de diario con el
tricornio, corbata y una funda de pistola de tipo mosquetón, no sujeta a
la cintura, cuyo diseño es del siglo pasado y que en caso de ser
necesario repeler una agresión, sería casi imposible por el diseño del
uniforme. Desde diferentes sectores de la Guardia Civil han surgido
críticas a la idoneidad de esta uniformidad para desempeñar correctamente
las funciones de custodia, ya que según señalan, el uniforme no garantiza
la seguridad y protección de los agentes y su única función es conservar
la imagen típica y corporativa de la Guardia Civil. Los agentes disponen
de una uniformidad técnica, más moderna y cómoda para la prestación de
cualquier servicio.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué se considera desde la Dirección General que es adecuada la
prenda de representación de la Guardia Civil para la custodia de
edificios y otros servicios, en lugar del uniforme técnico y más
funcional?
2. ¿Ha evaluado el Gobierno si dicho uniforme es compatible con la
prevención de riesgos laborales en esas funciones?
3. ¿Piensa el Gobierno adaptar la uniformidad de los Guardias Civiles que
custodian edificios a las necesidades del servicio primando la
operatividad, comodidad y seguridad de éstos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2015.Rosa María Díez
González, Diputada.
184/071088
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su
Diputado don Antonio Cantó García del Moral, y al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por
escrito sobre el repunte de víctimas mortales en las carreteras en el año
2015.
Exposición de motivos
Durante los meses de enero y febrero de 2015 han fallecido en las
carreteras españolas 167 personas, de las cuales 88 en enero y 79 en
febrero, frente a las 130 víctimas mortales del mismo periodo de 2014. El
aumento del mes de enero ha supuesto la primera subida en la
siniestralidad de este mes desde 2006, mientras que en el caso de febrero
es la primera subida desde 2011.
La Dirección General de Tráfico ha hecho un breve balance de estos datos
y, aunque ha aclarado que es difícil hacer una valoración de los mismos
en un periodo tan corto de tiempo, ha admitido que el envejecimiento del
parque móvil puede ser una de las causas, mientras que la Asociación
Estatal de Víctimas de Accidentes (DIA) ha reclamado que en lo que hay
que poner énfasis es en el mantenimiento del estado de las carreteras y
que aunque el parque móvil esté envejecido los vehículos que circulan
deben haber pasado la Inspección Técnica de Vehículos. Al mismo tiempo
DIA ha pedido que pongan en marcha más campañas en temporadas clave y más
vigilancia policial en carretera.
Por otro lado Automovilistas Europeos Asociados ha denunciado que siendo
1.800 millones de euros la cifra necesaria para mantener en buenas
condiciones la red de carreteras española en 2014 sólo se destinó a este
objetivo la mitad de ese dinero.
Por ello se presentan las siguientes preguntas por escrito:
1. ¿Tiene intención el Gobierno de dotar a la Red de Carreteras del Estado
de una partida presupuestaria suficiente para garantizar los niveles
mínimos de seguridad?
2. De cara a la Semana Santa de 2015 a finales del mes de marzo y
principios del mes de abril, ¿va el Gobierno a reforzar las campañas de
concienciación en seguridad vial y a garantizar más vigilancia en
carretera tal como demanda DIA?
3. Si la Dirección General de Tráfico achaca al envejecimiento del parque
móvil la mayor siniestralidad en carretera a pesar de haber pasado la ITV
estos vehículos, ¿considera el Gobierno que los parámetros
de evaluación de vehículos establecidos por la ITV son laxos? ¿tiene
intención el Gobierno de cambiarlos para elevar la exigencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2015.Antonio Cantó
García del Moral, Diputado.
184/071089
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita, sobre el impacto de los nuevos fármacos y terapias
sobre la equidad y viabilidad del SNS para dotar el Plan Estratégico de
la Hepatitis C.
El Ministerio de Sanidad hace un ambicioso plan frente a la enfermedad
pero sin presupuesto, de tal forma que las CCAA se verán obligadas a
financiar un gasto extraordinario sin ninguna cofinanciación por parte de
la Administración central. Con ello el Ministerio no parece querer darse
cuenta del reto sanitario y para la viabilidad del sistema que suponen
las nuevas terapias pero sobre todo las estrategias especulativas de las
empresas farmacéuticas. En definitiva un mero maquillaje en campaña
electoral que no soluciona el problema del acceso de los pacientes y que
deja a las CCAA en una difícil situación.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué viabilidad tienen las estrategias del SNS sin presupuesto ni
cofinanciación por parte del Gobierno central?
2. ¿Ha valorado el Gobierno el impacto de los nuevos fármacos y terapias
sobre la equidad y viabilidad del SNS?
3. ¿Qué fármacos piensa incluir el Gobierno en la compra conjunta prevista
en el marco de la UE?
4. ¿Por qué ha optado el Gobierno por créditos del Ministerio de Hacienda
para hacer frente a los más de setecientos millones de euros para dotar
el plan estratégico de la hepatitis C?
5. ¿Ha barajado en Gobierno la hipótesis de la licencia obligatoria en
casos flagrantes de especulación farmacéutica con impacto en el derecho a
la salud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2015.Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/071090
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula las
siguientes preguntas, sobre uso de equipos de documentación por el Jefe
Superior y el Comisario Provincial de la Policía de Valencia, dirigidas
al Gobierno con solicitud de respuesta escrita.
Hemos tenido conocimiento que el Jefe Superior y el Comisario Provincial
de Policía Nacional de Valencia tienen en la antesala de sus
correspondientes despachos un cuarto en el que tienen las máquinas
necesarias para hacer el DNI, cambio de clave, así como pasaportes, de
las que de ordinario se ocupa una administrativa a los solos efectos de
facilitar dicha documentación a personajes políticos y empresarios de
manifiesta amistad con los responsables policiales, la cantidad de
documentos realizados no supera los 500 al año, muy inferior según
informática de la Jefatura Superior a los 20.000 que suele realizar un
equipo de cara al público.
Por todo ello, el Diputado abajo firmante formula las siguientes
preguntas:
1. ¿Tiene el Gobierno conocimiento de la utilización de uso privativa que
hace tanto el Jefe Superior y el Comisario Provincial de Valencia de los
equipos de documentación?
2. ¿Qué número de documentos y pasaportes realizan al año dichos equipos?
3. ¿Qué opinión le merece Gobierno este uso restrictivo y clasista de los
equipos de documentación?
4. ¿Tiene intención el Gobierno de acabar con este tipo de prácticas
feudalistas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2015.Ricardo Sixto
Iglesias, Diputado.
184/071091
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, Alberto Garzón
Espinosa, Diputado del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Plural
presenta las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, relativas a
«incoación del Expediente de Deslinde de los Bienes de Dominio Público
Marítimo-Terrestre en el tramo de costa de unos dos mil seiscientos
(2.600) metros de longitud, comprendido entre el extremo norte de la
calle Antonio Machado y las inmediaciones de las ruinas del antiguo
cuartel de carabineros junto a la playa de los Bajos de la Romanilla en
el término municipal de Roquetas de Mar (Almería)», para las que se
solicita respuesta escrita.
Dado que el procedimiento de deslinde referido en la cabecera de la
pregunta se inició con fecha 19 de mayo de 2004 y, por tanto, tras la
entrada en vigor de la reforma de la Ley 22/1988, de Costas, llevada a
cabo por Ley 53/2002, que introduce un nuevo párrafo en el apartado 1 del
artículo 12 de aquella, con la siguiente redacción «El plazo para
notificar la resolución de los procedimientos de deslinde será de
veinticuatro meses».
Visto que en fecha 20/10/2008, con referencia 59.039/08 se procedió al
anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de
notificación de la Orden Ministerial de 11 de junio de 2008 por la que se
aprueba el deslinde en un tramo de costa de unos 2.600 metros de
longitud, en el término municipal de Roquetas de Mar (Almería). Ref.
DL-21 Almería.
Vista la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Primera, de la Audiencia Nacional del 29/04/2011, con número de registro
general 05915/2008, por la que se estima el recurso presentado por el
Ayuntamiento de Roquetas de Mar y otros, anulando dicho procedimiento de
deslinde, en los siguientes términos: «Procede, en consecuencia, al
haberse dictado la OM aprobatoria del deslinde fuera del plazo de 51
meses que resultaría de la aplicación conjunta de lo establecido en el
artículo 12.1 de la Ley de Costas en relación con los artículos 42.6 y
42.5.c) de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, declarar la
caducidad del procedimiento de deslinde».
Visto que la misma sentencia determina en su punto cuarto que: «Todo ello
sin perjuicio de que la Administración pueda, en su caso, incoar nuevo
procedimiento de deslinde dado que los bienes de dominio público
marítimo-terrestre son imprescriptibles, conforme preceptúan los
artículos 132.1 de la Constitución y 7 de la Ley de Costas y dado que, en
todo caso, serían de aplicación los artículos 66 y 67 de la Ley 30/1992
que preceptúan la conservación y convalidación, dentro de lo posible, de
los actos y trámites que hayan tenido lugar en el procedimiento».
Por último señalar que el Tribunal Supremo en fallo de 24 de abril de 2014
ratifica en su totalidad el fallo de la Audiencia Nacional.
Se formulan las siguientes preguntas conforme a lo estipulado en el punto
cuarto de la exposición de motivos:
¿En qué estado se encuentra la incoación del nuevo expediente de Deslinde
de los Bienes de Dominio Público Marítimo-Terrestre en el tramo de costa
de unos dos mil seiscientos (2.600) metros de longitud, comprendido entre
el extremo norte de la calle Antonio Machado y las inmediaciones de las
ruinas del antiguo cuartel de carabineros junto a la playa de los Bajos
de la Romanilla en el término municipal de Roquetas de Mar (Almería)?
¿En caso de que el expediente se encuentre paralizado, tiene previsto
algún plazo para seguir la incoación expediente del deslinde citado?
¿Tiene previsto el Gobierno aprobar algún plan de gestión de usos para el
deslinde citado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2015.Alberto Garzón
Espinosa, Diputado.
184/071092
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
Vecinos de la comarca de la Plana Alta, en especial del municipio de les
Coves de Vinromà, han denunciado la inusual presencia de vuelos de
avionetas a bajo nivel hacia la media noche.
Este fenómeno se viene repitiendo de manera periódica desde hace meses, y
está generando cierta alarma a causa del sonido que rompe la tranquilidad
nocturna en esa hora en una zona rural como esta.
La cercanía con el aeropuerto de Castelló incrementa más si cabe esta
sensación de desconcierto.
Por todo lo anteriormente expuesto, pregunto:
¿Existe algún tipo de registro donde se pueda conocer el origen de estos
vuelos?
¿Pueden suponer estos vuelos a baja altura algún tipo de riesgo para la
población o para la seguridad del aeropuerto de Castelló?
¿Qué protocolos se aplican en caso de este tipo de vuelos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2015.Joan Baldoví
Roda, Diputado.
184/071093
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
De manera inexplicable se ha arrasado con la monumental chopera existente
en el municipio castellonense de Cirat, tradicional zona de acampada y,
por lo tanto, fuente de ingresos para la capital del Alto Mijares. De
momento no se han dado explicaciones por parte del ayuntamiento del
porqué de esta actuación, que afecta a parte de la ribera del río
Mijares, Lugar de Interés Comunitario, y área de la Red Natura 2000.
Por todo lo anteriormente expuesto, pregunto:
¿Ha autorizado la Confederación Hidrográfica del Júcar esta actuación?
En caso afirmativo, ¿por qué motivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2015.Joan Baldoví
Roda, Diputado.
184/071094
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
Ante las informaciones que han aparecido en algunos medios de comunicación
que informan de la posible eliminación del servicio de Atención al
Público de Correos en la localidad valenciana de Serra, pregunto:
¿Tiene previsto el operador de Correos en la localidad valenciana de Serra
(València) eliminar el Servicio de Atención al Público que se realiza en
esta localidad durante una hora al día (todos los días de la semana)?
En caso afirmativo, ¿a partir de qué fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2015.Joan Baldoví
Roda, Diputado.
184/071095
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.
La Sindicatura de Greuges (defensor del pueblo valenciano) viene
reclamando sin éxito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que
aporte una serie de documentación sobre el proyecto de almacenaje de gas
Castor, ubicado ante las costas de Vinaròs.
El Síndic de Greuges exponía, en relación con el Castor, que al
encontrarse ante una gran preocupación social respecto a dicho tema, esa
institución valenciana está trabajando desde el principio de su
aparición, y como consecuencia de las numerosas quejas recibidas en esta
institución de ciudadanos preocupados por la reiteración de los seísmos,
acordó, mediante Resolución de fecha 2 de octubre de 2013, la incoación
de oficio de una investigación.
El Síndic pidió al Ministerio de Industria, Energía y Turismo una copia de
los permisos o de las autorizaciones concedidas, como también de los
informes técnicos emitidos en el procedimiento de aprobación o
autorización del Proyecto Castor. Ante la falta de contestación por parte
del referido Ministerio, volvió a solicitar esta información mediante
escritos de fechas 26 de agosto y 8 de octubre de 2014, sin recibir
ninguna respuesta.
El 9 de enero del presente 2015, el Síndic informaba a los ciudadanos que
presentaron queja contra el Castor frente a este organismo que: «En
relación con la queja que tiene planteada en esta institución, y ante la
tardanza a recibir el informe solicitado a la administración que
interviene, en esta misma fecha hemos vuelto a pedir que nos sea remitido
urgentemente. Tan pronto como recibimos la información solicitada, nos
pondremos nuevamente en contacto con usted y le daremos cuenta de nuestra
actuación».
Ahora, en fecha de 20 de febrero, ha comunicado a los autores de la queja
«Distinguido Sr., Le comunicamos que, en relación con la queja que tiene
planteada ante esta institución con el número indicado más arriba, la
administración afectada persiste en la actitud de no enviar la
información que le solicitamos. Ante la actitud mencionada, esta
institución se ha visto obligada a recordar otra vez a la administración
afectada su deber de colaborar para el rápido esclarecimiento de la
situación que nos plantea en su queja. Lamentamos una vez más este
involuntario retraso. Atentamente».
Por lo tanto, ya son al menos cuatro requerimientos los que ha hecho el
Síndic de Greuges al Ministerio de Industria por un tema tan sensible y
alarmante como este, y se continúa sin recibir respuesta. Además del
recorrido que tenga este asunto en los tribunales donde ya se encuentra,
es un hecho gravísimo el desprecio y ninguneo de un Ministerio español a
un organismo público oficial, al «defensor del pueblo» valenciano.
Por todo ello, pregunto:
¿Por qué motivo el Ministerio de Industria, Energía y Turismo no atiende a
las peticiones del Síndic de Greuges valenciano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2015.Joan Baldoví
Roda, Diputado.
184/071096
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto
(BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta
por escrito relativas a la agencia pública EFE.
La Agencia EFE, adscrita a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales), fue objeto de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE)
en el año 2012 que supuso una importante merma de las condiciones
laborales de los trabajadores de la agencia.
El ERE conllevó bajas indemnizadas directas, reducción de jornada y
proporcional del salario al 25%, que afectó a 275 trabajadores, así como
la conversión del contrato de trabajo a fijo discontinuo para un máximo
de 168 puestos. Además de las prejubilaciones voluntarias a partir de los
60 años.
Por tanto, es evidente la reducción de derechos laborales que padecen los
trabajadores de la agencia de noticias pública. Como ha ocurrido con
multitud de empresas, las consecuencias de la crisis económica, o de una
mala gestión, han recaído como siempre sobre los trabajadores.
En medio de este panorama, la dirección de la agencia está apostando por
abrir líneas de negocio con grupos audiovisuales o comunicativos externos
que suponen importantes inversiones, a la vez que no conllevan garantías
de ningún tipo. Posibles negocios de los que no se informa a la
representación de los trabajadores bajo el pretexto de la
confidencialidad.
Así, parece que la agencia EFE negoció asociarse a la actividad
audiovisual de compañías comunicativas en Colombia como Secuoya
(gruposecuoya.es) y a Natcom. Otras actividades de EFE en el extranjero
están ligadas a sociedades o a intereses económicos que afectan a la
transmisión de una información objetiva, veraz y real. En estos casos son
líneas de negocio que siguen unos criterios que a nuestro modo de ver
afecta a la calidad de la información, ya que priman pautas de no
perjudicar a determinados intereses.
A nuestro modo de ver, son preocupantes las informaciones que apuntan al
aumento de entramados societarios sin que exista la claridad ni la
transparencia exigibles en un medio de comunicación público.
En las delegaciones de EFE en el Estado español, la SEPI ha prohibido
realizar contrataciones de personal; sin embargo, en el extranjero se
están efectuando contratos y nombramientos. Se han contratado personas
como responsables de la agencia en países de Centroamérica.
Unas contrataciones que vulneran el artículo 28 del Convenio Colectivo y
el artículo 74 del Estatuto de Redacción, además de que debieran haber
sido promocionadas internamente en primer lugar.
La política comercial que se está practicando por parte de la Dirección de
EFE, así como la política laboral, merece explicaciones concretas y
detalladas.
Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué asociaciones o líneas de negocio está realizando la Dirección de la
agencia de comunicación pública EFE con empresas en el extranjero? ¿Qué
tipo de contratos se formalizaron con Secuoya en Colombia? ¿Y con Netcom?
¿Qué ventajas y beneficios reportan este tipo de asociaciones a la agencia
EFE? ¿Cuántos recursos económicos se han gastado en este tipo de
asociaciones en el extranjero? ¿No hubiera sido mejor utilizar estas
inversiones económicas en la mejora de las condiciones laborales de los
trabajadores de EFE afectados por un ERE?
¿Por qué se ha decidido la dirección por esta política comercial?
¿Se ha informado debidamente a los trabajadores de la casa de este tipo de
negocios?
¿A qué se debe la decisión de realizar contrataciones en delegaciones en
el extranjero como responsables de la agencia en países de Centroamérica?
¿No vulnera esta decisión el Convenio Colectivo? ¿No se tendría que haber
realizado antes una convocatoria interna?
¿Qué criterios ha seguido la dirección de EFE para proceder a estas
contrataciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2015.M.ª Olaia
Fernández Davila, Diputada.
184/071097
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosana Pérez Fernández, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito relativas a la obra de ADIF de canalización subterránea de una
línea de alta tensión de 220.000 Kw de potencia en Coira, en el límite de
los ayuntamientos de Ames y Santiago de Compostela (A Coruña).
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) inició, a
mediados del mes de enero de 2015, obras de canalización subterránea de
una línea de alta tensión de 220.000 voltios de potencia en la aldea de
Coira, situada en el límite de los ayuntamientos de Ames y Santiago de
Compostela (A Coruña), con el objetivo de conectar la subestación
eléctrica situada al sur de la ciudad de Santiago de Compostela con la
línea ferroviaria del Eje Atlántico de alta velocidad.
La conducción subterránea de alta tensión alcanza los dos kilómetros de
longitud y transcurre a escasos metros de varias viviendas, y su
ejecución está prácticamente finalizada. Sin embargo, el día 23 de enero
de 2015, la Jefatura Territorial de la Consellería de Economía e
Industria publicó una Resolución, de fecha 13 de enero de 2015, por la
que se «somete a información pública la petición de autorización
administrativa previa y la autorización administrativa de construcción de
una instalación eléctrica en el ayuntamiento de Ames (expediente IN407A
2014/2015)», otorgando un plazo de veinte días para presentar alegaciones
por parte de los interesados. Posteriormente, el 4 de febrero de 2015 se
publicaba otra resolución, por parte del mismo órgano administrativo,
«por la que se somete a información pública la petición de autorización
administrativa previa y la autorización de construcción de una
instalación eléctrica en el Ayuntamiento de Ames (expediente IN407A
2015/20), cuyo solicitante es ADIF, con la denominación de «acometida de
línea eléctrica 220 Kv, doble circuito a la subestación de tracción de
Osebe del Eje Atlántico de Alta Velocidad Vigo-A Coruña». Es evidente,
por lo tanto, que la ejecución de la mayor parte de esa obra se ha
emprendido sin contar con la autorización administrativa del órgano
sectorial competente, al coincidir con el período de exposición pública
del proyecto.
La asociación de vecinos de Coira presentó una denuncia ante la Fiscalía
por estos hechos, al poder ser constitutivos de delitos de prevaricación,
daños y contra el medio ambiente. En el escrito presentado se relata,
además, que en una reunión mantenida el día 5 de febrero de 2015 con
representantes de ADIF y de los ayuntamientos afectados se les comunicó
que las obras en ejecución contaban con todas las autorizaciones legales
exigibles, extremo a todas luces falso, dado que en esa fecha aún se
estaba tramitando la exposición pública previa para otorgar la
autorización administrativa de la instalación eléctrica.
Esta obra ha sido polémica desde su inicio, pues el primer trazado
proyectado por ADIF para conectar la línea ferroviaria con la subestación
eléctrica atravesaba el núcleo de población de Coira, lo que motivó la
negativa y movilización de sus vecinos y vecinas. Como alternativa, ahora
ADIF plantea que la línea discurra de forma paralela a la autovía
autonómica AG-56, aprovechando terreno público marginal de esa
infraestructura, pero que aún implica una afección seria a diversas
viviendas al haber una exigua separación de entre 20 y 40 metros, lo que
motiva la respuesta vecinal.
Este proceder plantea diversos interrogantes, sobre todo el hecho de que
se ejecute por un organismo público una obra que tiene efectos
ambientales y sobre la salud al tiempo que se tramita su autorización. En
otras palabras, que se realice una obra cuando el proyecto aún está
pendiente de ser autorizado por el órgano sectorial competente y, además,
que ante la petición de documentación administrativa sobre su tramitación
se afirme que está completada y correcta, cuando al mismo tiempo se
publica la apertura de una información pública previa al otorgamiento de
la autorización.
¿En qué se basa el ADIF para afirmar ante los vecinos y vecinas de Coira
(Ames) que la obra de conexión de la subestación eléctrica situada al sur
de Santiago de Compostela (Milladoiro) cuenta con todas las
autorizaciones administrativas?
¿Cómo se explica que la empresa subcontratada por ADIF acometa la apertura
y soterrado de la zanja que albergará la línea de alta tensión al mismo
tiempo que el proyecto de esa obra se somete a información pública?
¿Se ha realizado el correspondiente estudio o evaluación de impacto
ambiental de la conexión eléctrica con la línea ferroviaria del Eje
Atlántico de alta velocidad, en concreto a su paso por los ayuntamientos
de Ames y Santiago?
¿Es consciente el ADIF del impacto ambiental y sobre la salud que tienen
las líneas de alta tensión, y la conveniencia de separarlas de los
núcleos habitados? ¿Cómo se explica que en un proyecto de inversión
multimillonario se escatime ante justas demandas vecinales para alejar lo
más posible y soterrar íntegramente escasos metros de línea eléctrica?
¿Está dispuesto el ADIF a acceder, de forma íntegra, a las
reivindicaciones de los vecinos y vecinas de Coira, para alejar y
enterrar la conexión eléctrica del Eje Atlántico de Alta Velocidad con la
subestación suministradora, dado que su coste supone un pequeñísimo
porcentaje de la inversión total de la obra?
¿Va a iniciar un expediente el Ministerio de Fomento para investigar la
responsabilidad y a los responsables del ADIF que ordenaron ejecutar el
proyecto de canalización subterránea de una línea de alta tensión de
220.000 Kw de potencia para conectar la subestación eléctrica situada al
sur de la ciudad de Santiago de Compostela con la línea ferroviaria del
Eje Atlántico de alta velocidad sin contar con la pertinente autorización
del órgano competente de la Xunta de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2015.Rosana Pérez
Fernández, Diputada.
184/071098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para las que se solicita
respuesta escrita, sobre reparación de daños provocados por las crecidas
recurrentes del río Vega de Ouria a su paso por el pueblo de Vega de Oria
(Boal, Asturias) y medidas de prevención.
Tanto el Alcalde de Barrio como la Asociación Cultural San Blas de Ouria y
Vega de Ouria han dirigido distintos escritos a la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico, solicitando la reparación de los daños
generados por las crecidas del río Vega de Ouria a su paso por el pueblo
del mismo nombre. Los daños que requieren reparación urgente son,
fundamentalmente, la limpieza bajo el puente de la parte alta del pueblo,
que se encuentra muy obstruido; el socavamiento de una vivienda hasta los
cimientos, con peligro de derrumbe; la ruptura de unos 20 metros de los
muros paralelos a la carretera AS-22, y en este punto la ruptura del
alcantarillado de saneamiento, que está provocando el vertido
contaminante diario al río.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Piensa el Gobierno, a través de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, proceder con la mayor urgencia a la limpieza del cauce del
río Vega de Ouria (Boal, Asturias) a su paso por el pueblo del mismo
nombre, y a la reparación de los daños generados por las crecidas del
río, especialmente el puente de la parte alta del pueblo, que se
encuentra muy obstruido; el socavamiento de una vivienda hasta los
cimientos, con peligro de derrumbe, la ruptura de unos 20 metros de los
muros paralelos a la carretera AS-22, y en este punto la ruptura del
alcantarillado de saneamiento, que está provocando el vertido
contaminante diario al río?
2) ¿Qué medidas preventivas se propone adoptar el Gobierno ante las
crecidas recurrentes del río en estos últimos años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2015.Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/071099
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
Al parecer, en las últimas modificaciones realizadas en la propuesta de
reforma del baremo para las víctimas de accidentes de tráfico no vienen a
recoger las que se esperaban desde la Asociación Estatal de Víctimas de
Accidentes DIA, asociación que siempre ha defendido una reforma justa del
baremo para todas las víctimas de tráfico, tanto graves como leves,
independientemente de su situación económica, social o familiar.
Según esta asociación ha existido un gran interés en que esta propuesta se
haya aprobado rápidamente con el fin de tratar de esconder injusticias y
hurtar, con la excusa del consenso de técnicos y grupos de interés, de un
debate profundo en sede parlamentaria.
Es una reforma que va a permitir que los graves lesionados no tengan la
seguridad de que a lo largo de toda su vida tendrán cubiertas las
necesidades básicas de subsistencia, de ayuda de tercera persona, de
rehabilitación y de ayudas técnicas de manera íntegra. Además, por otra
parte, no se garantizará que el núcleo familiar de convivencia y
dependencia de los fallecidos reciba lo necesario durante el tiempo
necesario de igual manera que como si no hubiese fallecido. Que se
aumenten las indemnizaciones a estos dos grupos no es sinónimo de
reparación íntegra y de suficiencia. Además, el trabajo en el hogar tiene
una valoración tercermundista en este nuevo baremo.
Con estas medidas se trata de ocultar las miles de víctimas que dejarán de
reclamar lo que les corresponde por los distintos escollos existentes;
todo se arreglará entre la víctima y la aseguradora con todas las
ventajas para el más fuerte, lo que hará que los colectivos vulnerables
aún sufrirán mayores injusticias.
Además se obligará al perjudicado a ceder el cuerpo a un médico de la
compañía aseguradora con la que este no tiene ningún vínculo contractual
como sucede con un contrato de seguro de accidentes o vida donde esa
obligación se acepta explícitamente por el asegurado. Aquí no son
asegurados, son perjudicados y, además, cuando existen servicios médicos
públicos con profesionales plenamente capacitados y, evidentemente, mucho
más independientes y difíciles de condicionar que los médicos de parte.
Mientras tanto, el sector del seguro plantea muy inteligentemente este
nuevo baremo: subida de indemnizaciones a lo que disminuirá más
rápidamente (fallecidos y grandes discapacitados) y recortar o eliminar
las de los 115.000 heridos menos graves o leves que evolucionarán,
también a la baja, pero más lentamente. Como consecuencia de ello, las
cuentas de resultados mejorarán por expedientes que no se abrirán y
porque otros no se pagarán, pues las víctimas desistirán y, además, se
producirá un número importante de perjudicados con indemnizaciones
menores que las actuales.
Las arcas públicas y los cotizantes tampoco saldrán bien parados con estas
medidas, pues unos y otros pagarán prestaciones que corresponden a las
aseguradoras y se despojará de derechos a las miles de víctimas de
accidentes y sus familias.
¿No estima el Gobierno que sería necesario que se produzca un debate
profundo en el Congreso en relación a esta propuesta de nuevo baremo para
accidentes dados los efectos que se originarán en distintos colectivos y
decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas?
¿Por qué estas prisas en aprobar esta nueva baremación a final de
legislatura cuando se ha dispuesto de más de tres años para ello?
¿Cuáles han sido las personas que han realizado estas propuestas y en
calidad de qué?
¿Qué efectos tendrá sobre el empleo esta nueva baremación?
¿Tiene calculado el Gobierno el efecto que sobre las arcas públicas tendrá
esta propuesta?
¿Por qué la baremación de los accidentes en el hogar es tan baja en la
nueva propuesta?
¿Por qué se obligará al perjudicado a ceder el cuerpo a un médico de la
compañía aseguradora con la que este no tiene ningún vínculo contractual
cuando existen servicios médicos públicos con profesionales plenamente
capacitados y, evidentemente, mucho más independientes y difíciles de
condicionar que los médicos de parte?
¿Ha recibido el Gobierno presiones por parte de las compañías aseguradoras
para aprobar esta nueva baremación?
¿A cuántas asociaciones de víctimas de accidentes se ha consultado sobre
la oportunidad y contenido de esta propuesta?
¿Tiene calculado el Gobierno el aumento del beneficio de las aseguradoras
con esta propuesta?
¿Qué garantías tendrán los afectados por un accidente de tráfico de que se
respetarán sus derechos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2015.Ricardo Sixto
Iglesias, Diputado.
184/071100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita
respuesta escrita.
El magistrado instructor del caso «Novo Carthago» , Manuel Abadía, ha
dictado recientemente un auto en el que da treinta días a Ramón Luis
Valcárcel, actual vicepresidente de la Eurocámara, para declarar
voluntariamente como imputado por los supuestos delitos de prevaricación
y cohecho y le insta a «aportar documentos, proponer pruebas y participar
en las diligencias probatorias». Si no acepta dicho ofrecimiento, el
magistrado elevará la causa, mediante una Exposición Razonada, a la Sala
Segunda del Tribunal Supremo, que sería el órgano competente para
investigar a Valcárcel, dada su condición de aforado por ser
eurodiputado. Recordar que este caso es un procedimiento que investiga
una presunta trama de corrupción en torno a la construcción de hoteles y
más de 10.000 viviendas en el complejo denominado «Novo Carthago».
Esta estrategia judicial es similar a la que empleó la juez instructora
del «caso de los ERE» de Andalucía, Mercedes Alaya, que ofreció la
posibilidad de declarar voluntariamente ante la Audiencia Provincial de
Sevilla a los aforados vinculados a la causa, entre ellos el expresidente
de la Comunidad Andaluza, José Antonio Griñán.
Además, el magistrado también cita entre otros imputados en el «caso Novo
Carthago» a la hija del expresidente regional, a su yerno, a su cuñado y
a los dos socios de este en la promotora Faromur Construcciones. También
se encuentran imputados el exconsejero de Agricultura y Agua, Antonio
Cerdá, que ocupó el cargo ininterrumpidamente desde 1999 hasta la semana
pasada, cuando decidió dimitir alegando razones personales; la alcaldesa
de Cartagena y diputada, Pilar Barreiro, quien ha sido citada a declarar
por el Tribunal Supremo el próximo el 5 de marzo, y el actual delegado
del Gobierno, Joaquín Bascuñana, por un presunto delito de prevaricación,
investigado porque, en su condición de consejero de Obras Públicas y
Urbanismo en 2005, «firmó la aprobación definitiva de la Modificación
Puntual del PGOU de Cartagena en San Ginés de la Jara».
El pasado viernes, el juez Abadía se refería a Valcárcel en un contundente
auto como «integrante de la trama» que habría impulsado la recalificación
supuestamente ilegal de los terrenos de Novo Carthago, le atribuyó estar
utilizando «testaferros» como su cuñado y su propia hija mayor y relató
incluso un intento de disfrazar un ingreso en efectivo de 30.000 euros en
una cuenta de la primogénita de Valcárcel y de su esposo, fraccionándolo
en 30 operaciones consecutivas de 1.000 euros en un aparente intento de
burlar la normativa sobre blanqueo de capitales.
Pues bien, ayer, según indica el diario «La Verdad» de Murcia,
precisamente en un momento en que el Ministerio Público debe emitir un
informe sobre la imputación de Valcárcel por presuntos delitos de
prevaricación y cohecho vinculados al «caso Novo Carthago», un diputado
del PP elegido por la circunscripción de Murcia estuvo varias horas en la
Fiscalía General del Estado. Las mismas fuentes sostienen que el propio
expresidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, acompañó en la visita
al diputado, aunque este lo haya desmentido rotundamente, así como que
mantuviera una entrevista con la Fiscal General del Estado o algún fiscal
a lo largo de las, al menos, tres horas que estuvo en la sede de la
Fiscalía General.
¿Estima el Gobierno como forma de luchar contra la corrupción el que
determinados cargos públicos visiten la Fiscalía General del Estado en
momentos cruciales de un determinado procedimiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2015.Ricardo Sixto
Iglesias, Diputado.
184/071101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado de Esquerra
Republicana-Catalunya Sí (ERC-RCat-CatSí), adscrito al Grupo Mixto, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes
preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Tiene el gobierno conocimiento de la oferta comercial que se hace del
islote Tagomago, próximo a Ibiza, como una «isla privada», siendo este un
concepto ajeno al ordenamiento jurídico español?
¿Es consciente el gobierno de que la inclusión de Tagomago, tanto su parte
terrestre como su entorno marítimo, en la Red Natura 2000 forma parte del
compromiso firme del Reino de España ante la Unión Europea para la
conservación de la biodiversidad?
¿Tienen conocimiento las autoridades ambientales del Estado de que en
Tagomago se ha llevado a cabo una serie de actuaciones tales como obras
mayores, talas masivas, desmontes y movimientos de tierras,
ajardinamientos, vertidos de aguas residuales, tendidos eléctricos y
luminarias, circulación de vehículos motorizados campo a través,
instalación y funcionamiento de un helipuerto, construcción y uso de un
muelle para yates, fondeos irregulares, caza furtiva, destrucción de
flora protegida, introducción de especies exóticas, frecuentación
incontrolada, fiestas multitudinarias con estruendo y sin límite de
horarios, construcción y explotación de un merendero, entre otras, todo
ello sin ningún permiso, licencia o autorización, sin ni siquiera haberlo
solicitado, y habiéndose advertido de la ilegalidad de todo ello por
Agentes de Medio Ambiente y otros funcionarios del gobierno autónomo?
¿Sabe el gobierno que en Tagomago se hallaba la más importante de las
pocas colonias de cría de pardela balear, una especie de ave marina
estrictamente protegida y en grave peligro de extinción, que sin duda se
habrá visto afectada negativa y significativamente por las obras y el uso
que se hace de las mismas?
¿Cómo evalúa el gobierno el cúmulo de afecciones negativas, sostenidas y
significativas sobre las especies estrictamente protegidas y los hábitats
de interés comunitario de tan emblemático espacio natural de la Red
Natura 2000?
¿Sabe el gobierno que la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares,
órgano responsable de velar por el cumplimiento de las leyes ambientales
en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, ha adoptado acuerdos
tendentes a legalizar las actuaciones realizadas en Tagomago, que son del
todo ilegalizables y que solo merecen, como marca la legalidad vigente,
demolición y restitución a su estado anterior?
¿Qué control efectivo ejerce el gobierno sobre la Demarcación de Costas en
las Islas Baleares, cuando la ocupación, destrucción y uso privativo y
lucrativo del litoral de Tagomago, que no había sido ni siquiera
solicitado, no recibe la respuesta que la ley exige?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2015.Joan Tardà i
Coma, Diputado.
184/071102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la
siguiente pregunta, dirigida al Gobierno, para la que se solicita
respuesta escrita.
¿Qué plazo tiene previsto el Gobierno para ampliar la entrada de la
autopista de la Costa del Sol en la localidad de Arroyo de la Miel
(Benalmádena) y evitar los peligrosos atascos que se producen en el
sentido de Málaga hacia Fuengirola?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2015.José Luis
Centella Gómez, Diputado.
184/071103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas, dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita, sobre reparación de daños provocados
por las inundaciones del Ebro y medidas preventivas y correctoras para
aminorar en el futuro el impacto económico y medioambiental de las
recurrentes crecidas del Ebro.
Las intensas lluvias registradas en febrero, junto al efecto del deshielo
en los Pirineos, han provocado graves inundaciones en decenas de miles de
hectáreas en las llanuras de ambas riberas del curso medio del Ebro en
Aragón, Navarra, Castilla y León y La Rioja, generando cuantiosos daños a
miles de vecinos de las localidades ribereñas, afectados en sus viviendas
y propiedades, o que han sufrido la ruina de sus cosechas del año y el
ahogamiento de miles de cabezas de ganado, y destrozando puentes, caminos
y carreteras.
Para esconder sus propias responsabilidades y desviar las críticas, varios
responsables políticos e institucionales han lanzado una sonrojante
campaña de culpabilización de las organizaciones ecologistas,
responsabilizándolas de obstaculizar supuestas soluciones drásticas, como
podría ser el dragado sistemático del río. Se ha desatado la locura
política y escuchamos que el río está sucio, que los pueblos se inundan
por una supuesta «sobreprotección» ambiental, y la falta que hace un
dragado y más embalses. La propia ministra de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, doña Isabel García Tejerina, defendió el dragado del río
como una de las principales medidas a impulsar. No obstante, el problema
del Ebro es mucho más complejo que dragar o no dragar el río. Este tipo
de declaraciones demuestran que seguimos muy lejos de Europa, donde se
asume que las crecidas son un fenómeno natural y recurrente que ocurrirá
siempre. Las terribles inundaciones centroeuropeas de 2002 sirvieron para
concienciar y para que se publicara cinco años después la Directiva
Europea de Inundaciones, con un principio fundamental: trabajar con la
naturaleza de los ríos, y no en su contra. Esa legislación se basa en el
respeto al espacio de los ríos, liberándolo de construcciones para
reducir el riesgo ante una crecida. A finales de este año deberían
publicarse los planes de gestión de zonas inundables y los sistemas de
compensación por daños para algunas actividades humanas, como ciertos
cultivos.
En el año 2003, una crecida similar a la que vivimos estos días sirvió
para abrir el debate y elaborar un Plan medioambiental del Ebro. Pero ese
Plan, consensuado con los partidos políticos, la Confederación
Hidrográfica del Ebro, la Comunidad Autónoma de Aragón y los
Ayuntamientos interesados, se quedó en un cajón, doce años después vuelve
la avenida y no hemos aprendido nada. Luego se produjeron nuevas riadas
en 2007 y ahora en 2015, en las que las avenidas son de menos caudal pero
alcanzan más altura.
Según dos expertos en la materia, el profesor don Alfredo Ollero, de la
Universidad de Zaragoza, y don Juan Carlos del Olmo, secretario general
de WWF España, «Las leyes españolas y las directivas europeas en materia
de aguas tienen herramientas suficientes para evitar los daños de las
inundaciones, pero las propias administraciones públicas han incumplido
la normativa, o han hecho una interpretación demasiado laxa. En 1985 la
Ley de Aguas ya preveía la necesidad de deslindar el dominio público
hidráulico, ese espacio que se inunda de forma habitual, y de regular los
usos en una zona de 100 metros a cada lado. Pero esto no se ha hecho. En
cambio, se ha intentado modificar artificialmente el ancho y la forma de
los ríos mediante embalses, diques o encauzamientos, creando una falsa
sensación de seguridad y de control, como si las crecidas naturales
fueran un fenómeno extraordinario que se puede dominar. Esto ha fomentado
la ocupación de los márgenes de los ríos y las zonas inundables por usos
agrícolas y urbanos. El resultado lo vemos esta semana, con los miles de
afectados y los daños cada vez mayores por inundación, que lógicamente
tendrán que ser compensados».
Es un debate profundo que tiene que ver con la gestión del territorio y
con el modelo de río que queremos. Según don Agustín Millares,
investigador del Grupo de Dinámica Fluvial e Hidrología de la Universidad
de Granada, «Se puede dejar que el río se expanda, que sea más flexible.
Tocar un río tiene efecto aguas arriba y aguas abajo. Los dragados no son
la solución, se estudian poco los efectos que tienen, pero afectan mucho
al entorno, al margen de que son carísimos». Además, buena parte del
tramo medio del Ebro cuenta con figuras de protección ambiental como la
Red Natura 2000, Lugares de Interés Comunitario o Zonas de Especial
Protección para la Aves que dificultan la realización de un dragado.
Para muchos expertos, incluidos técnicos de la CHE, la solución también
pasa por plantear llanuras de inundación donde el río pueda expandirse en
caso de crecida con el menor impacto posible; reducir la presión humana
sobre el dominio público hidráulico o regenerar la vegetación de ribera,
entre otras medidas. Ecologistas en Acción, por su parte, achacan las
consecuencias de la crecida a la falta de respeto a la Ley de Aguas. «En
las últimas décadas se ha construido masivamente en las zonas inundables,
e incluso dentro de los propios cauces, por lo que es de esperar que cada
cierto número de años esas áreas sean ocupadas por el agua. La lógica
apunta a la necesidad de conservar bosques de ribera», que
ralentizan la velocidad del agua. También se podrían acometer vertederos y
conducciones que reconecten el río con una parte de su llanura de
inundación histórica.
Pero las actuaciones que se realizan en el ámbito fluvial condicionan la
capacidad de respuesta ante un evento meteorológico extremo y el impacto
que tiene. En las últimas décadas se ha construido masivamente en las
zonas inundables, e incluso dentro de los propios cauces sin que las
administraciones responsables hayan hecho mucho por evitarlo. España
tiene la oportunidad y la obligación legal, a través del cumplimiento de
los principios de la Directiva de Inundaciones, de revertir la situación
actual y resolver un problema que nosotros mismos hemos creado. Dar la
espalda a esta realidad, por parte de las autoridades responsables de la
gestión de los ríos y la ordenación del territorio, es perder la
oportunidad de llegar a un equilibrio que evite un derroche inútil en
encauzamientos y dragados de los ríos que no son una solución y nunca lo
han sido. Ahora toca compensar y ayudar a los afectados, devolver su
espacio al río, eliminar las motas o alejarlas de las orillas, ordenar
los usos del suelo y, en definitiva, aprender de una vez por todas de
esta crecida, así como de la gestión de los grandes ríos europeos.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para agilizar los plazos de
reparación de los daños causados por las recientes riadas del Ebro y la
indemnización de los damnificados?
2) ¿Ha pedido o piensa pedir el Gobierno las responsabilidades políticas
que procedan por el incumplimiento de las obligaciones estatutarias de la
Confederación Hidrográfica del Ebro?
3) ¿Considera el Gobierno que la CHE desarrolló toda su capacidad de
previsión y respuesta ante un evento meteorológico extremo en función de
los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología?
4) ¿Por qué la CHE no ha desarrollado el Plan Medioambiental del Ebro,
aprobado en 2005?
5) ¿Qué medidas preventivas y correctoras piensa impulsar el Gobierno para
aminorar el impacto económico y medioambiental de las recurrentes
crecidas del Ebro?
6) ¿Piensa el Gobierno desarrollar junto a las autoridades autonómicas y
locales planes estratégicos para que los cauces y zonas inundables queden
libres de construcciones inadecuadas y que se proceda a la restauración
de bosques de ribera originarios, tal y como se indica en el artículo 28
del Plan Hidrológico Nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2015.Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/071104
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su
Portavoz, doña Rosa Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
las siguientes preguntas, para las que se solicita respuesta por escrito,
sobre los impedimentos que las personas que fueron víctimas del robo de
bebés están teniendo para hacer justicia y conocer la verdad.
Exposición de motivos
En el año 2011 se destapó la existencia de una trama organizada de robo de
bebés en nuestro país que afectaba a miles de personas, ya fuera porque
habían sido sustraídos a sus padres de manera ilegal, o eran padres a los
que les habían robado a sus hijos recién nacidos diciéndoles que habían
fallecido durante el parto.
El Gobierno puso en marcha en marzo de 2013 el Servicio de información de
posibles casos de bebés robados. Sin embargo, los afectados por este
asunto denuncian que tanto desde esta oficina como desde la Fiscalía y
las administraciones autonómicas con la competencia de Justicia
transferida no se les está dando ningún tipo de apoyo. Las asociaciones
de afectados señalan que desde el Gobierno se están incumpliendo las
promesas llevadas a cabo hace dos años: no se están produciendo las
reuniones semestrales con las asociaciones de bebés robados para
informales de la evolución de los casos, no se están actualizando los
perfiles, ni las estadísticas la última versión disponible de estas es
de hace un año, la Fiscalía es reticente a investigar muchos de los
casos alegando la imposibilidad de interrogar a
los sospechosos de haber sustraído bebés por no trabajar ya en el centro
sanitario, e incluso se niegan a rastrear cuentas bancarias cuando los
padres que compraron el bebé presentan la denuncia con los justificantes
de pagos. A todo esto hay que añadir que se han archivado las diligencias
sin ordenar la exhumación de los restos biológicos de los que obtener el
ADN como prueba inequívoca de la comisión del delito investigado; se han
archivado casos por supuesta inexistencia de indicios de delito, en
supuestos en los que el denunciante consta inscrito en el Registro Civil
como hijo de un padre que genéticamente no lo es, por lo que la falsedad
documental es palmaria; aún incluso cuando se muestran diferentes
certificados de fallecimiento para el mismo bebé con diferente fecha y
firmados por diferentes médicos.
Mucha de la información de la que disponen los afectados por el robo de
bebés se ha conseguido gracias a su propia insistencia. La administración
de Justicia, así como los centros sanitarios y la comunidad religiosa,
han mostrado una nula colaboración en este asunto impidiendo el acceso a
cualquier tipo de información relativo con los robos de bebés.
Es necesario adoptar medidas frente al archivo masivo y abusivo de estas
denuncias por parte de las Fiscalías Territoriales; emitir un
requerimiento oficial desde el Gobierno para que todas las instituciones
y personas jurídicas y físicas, ya sean públicas o privadas y que sean
custodios de archivos que puedan tener relación con estos casos colaboren
con los afectados facilitando la entrega de datos sobre nacimientos e
identidades biológicas de interesados, faciliten a los interesados el
acceso a sus propias historias clínicas sin necesidad de orden judicial;
el Gobierno impulsar la creación de oficinas de atención a las víctimas
de robos de bebés prestando asesoramiento, ayuda y soporte psicológico a
las personas afectadas por este drama; crear una Fiscalía especializada
en este tipo de delitos dada su complejidad; y crear una base de datos
única de ADN, que permita a los interesados y al Poder Judicial avanzar
en las investigaciones y establecer las relaciones de parentesco
garantizando la gratuidad de las pruebas de ADN a los afectados por robos
de bebés.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Considera el Gobierno que, a fecha de hoy, se ha hecho Justicia con
las víctimas de robos de bebés?
2. ¿Por qué el Gobierno está incumpliendo sus compromisos con las
asociaciones de bebés robados? ¿No considera importante esclarecer estos
delitos?
3. ¿Qué cantidad de análisis de ADN se ha realizado a cuenta del
Ministerio de Justicia desde la apertura del Servicio de información de
posibles casos de bebés robados en 2013? Desglosar por año.
4. ¿Qué cantidad de expedientes se han remitido en el periodo 2014-2015?
5. ¿Cuántos de los expedientes remitidos desde la apertura del Servicio de
información de posibles casos de bebés robados han sido resueltos de
manera satisfactoria, incluyendo penas para las personas responsables de
la sustracción?
6. ¿Cuántas oficinas de información y asistencia a posibles casos de bebés
robados existen a fecha de hoy en España funcionando?
7. ¿Ha solicitado el Gobierno colaboración a los custodios de archivos,
públicos y privados, para que colaboren con las víctimas del robo de
bebés?
8. En caso afirmativo, ¿a qué custodios de manera concreta?
9. En caso contrario, ¿por qué? ¿Piensa hacerlo?
10. ¿Ha valorado el Gobierno crear una base de datos de ADN centralizada
que ayude a resolver estos delitos de manera más eficiente?
11. ¿Piensa el Gobierno aprobar medidas adicionales y cambios normativos
para que los bebés robados puedan conocer la identidad de sus
progenitores sin impedimentos de cualquier tipo? ¿Cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2015.Rosa María Díez
González, Diputada.
184/071105
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo
Parlamentario de Izquierda Plural formula las siguientes preguntas,
dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
Con fecha de 16 de febrero de 2015, la Fundación para el análisis y los
estudios sociales (FAES) publicó un estudio titulado «El consumidor
generador: implicaciones del autoconsumo en el sistema eléctrico» cuyos
autores son don Conrado Navarro, ingeniero de Minas, especialidad Energía
y Combustibles, y don Juan Luis López Cardenete, profesor del IESE.
Esta publicación incluye el «logo» del Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación y el del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
El estudio concluye que los autoconsumidores conectados a la red deberían
contribuir a los costes de las redes por el hecho de tener de forma
permanente las instalaciones a su disposición y poder utilizarla en
cualquier momento.
¿Conoce el Gobierno el contenido de dicho estudio? En caso de respuesta
afirmativa, ¿comparte el Gobierno las conclusiones? En caso afirmativo,
¿va el Gobierno a imponer un impuesto al sol, obligando a pagar unos
peajes fijos de la red de transporte? ¿Por qué motivos cree el Gobierno
que ningún otro país ha introducido peajes de respaldo a la
autoproducción de energía en los términos planteados en el estudio?
¿Cree el Gobierno que se trata de un estudio riguroso y objetivo?
En caso afirmativo, ¿por qué motivos cree el Gobierno que no se tiene en
cuenta en el análisis de costes los beneficios de la autoproducción de
energía como el ahorro y eficiencia en las redes de transporte, la
reducción de precios de mercado, la mejora de la balanza comercial y la
mejora en la reducción de emisiones?
¿Por qué motivos no menciona en la página 14, en la que describe las
consideraciones de la CNMC sobre la propuesta de real decreto de
autoconsumo (informe 19/2013), las conclusiones de este mismo informe de
la CNMC sobre el peaje de respaldo? (página 2):
«En este sentido, a juicio de la CNE, el establecimiento de un peaje de
respaldo únicamente a los consumidores acogidos a las modalidades de
autoconsumo supone un trato discriminatorio con respecto al resto de
consumidores, que pudiendo reducir su consumo en el caso de que adoptaran
medidas de eficiencia energética (como el aislamiento de su vivienda o el
uso de lámparas de bajo consumo), no pagarían este peaje por la energía
que pudieran ahorrar.
( )
Los argumentos de la imputación de estos conceptos a la energía
autoconsumida, en opinión de esta Comisión, no se encuentran
justificados. Por una parte, el término variable de los peajes de acceso
no tiene relación directa con los costes hundidos que se quieren
recuperar, y la imputación de este término variable a la energía
autoconsumida supondría un trato discriminatorio respecto a otros
consumidores que no pagarían, en su caso, este término variable respecto
a la energía ahorrada.
( )
Adicionalmente, no se deducen del peaje de respaldo de la propuesta
los beneficios sociales que están asociados a la producción distribuida y
al autoconsumo, como pueden ser el ahorro por las pérdidas de energía en
la red, lo que incrementa la eficiencia del sistema en su conjunto, y
otros beneficios sociales de más difícil cuantificación, como pueden ser
la reducción de las inversiones netas en el sistema (por las menores
congestiones de la red y las menores necesidades de capacidad instalada
en generación), la menor dependencia energética, así como el menor
impacto medioambiental de las actividades eléctricas. En la normativa
europea se promociona a la generación distribuida y el autoconsumo cuanto
menos por todas estas razones (Directivas de 2004, 2009 y 2012 de
promoción de la cogeneración, las energías renovables y la eficiencia
energética, respectivamente).
( )
A juicio de esta Comisión, la propuesta sacrifica la eficiencia económica
a medio y largo plazo en aras de la sostenibilidad económica a corto
plazo, entendida como recuperación de costes en gran parte hundidos que
preceden en el tiempo al autoconsumo y no son achacables a él. Esta
aplicación del peaje de respaldo exclusivamente a los consumidores
con autoconsumo resultaría discriminatoria. También resultaría
discriminatoria esta aplicación con respecto a los consumos auxiliares de
todas las instalaciones de generación, e incluso, en las instalaciones de
transporte y distribución con respecto a los costes que soportan por sus
consumos propios.»
¿Los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el de Educación,
Cultura y Deportes han subvencionado dicha publicación?
En caso afirmativo, ¿cree adecuado que dichos ministerios financien este
tipo de informes?
¿En el marco de qué convocatoria de subvenciones y con qué objetivo dichos
ministerios otorgaron subvenciones para este informe sobre autoconsumo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2015.Laia Ortiz
Castellví, Diputada.
184/071106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Máximo López Vilaboa, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es la evolución del sector editorial y cuántas publicaciones se han
realizado con Depósito Legal en la provincia de Burgos durante 2014?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2015.José Máximo
López Vilaboa, Diputado.
184/071107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Ibáñez Gimeno, doña Andrea Fabra Fernández y doña María
Ascensión Figueres Górriz, Diputados por Castellón, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es la evolución del sector editorial y cuántas publicaciones se han
realizado con Depósito Legal en la provincia de Castellón durante 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2015.Manuel Ibáñez
Gimeno, Andrea Fabra Fernández y María Ascensión Figueres Górriz,
Diputados.
184/071108
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teodoro García Egea y don Antonio Gallego Burgos, Diputados por Murcia
y por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cómo pueden beneficiarse los ciudadanos de las medidas puestas en marcha
en materia de ciberseguridad por el gobierno de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2015.Teodoro García
Egea y Antonio Gallego Burgos, Diputados.
184/071109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Irene Moreno Felipe y don Francisco Molinero Hoyos, Diputados por
Albacete, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, presentan la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la evolución del sector editorial y cuántas publicaciones se han
realizado con Depósito Legal en la provincia de Albacete durante 2013 y
2014?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2015.Irene Moreno
Felipe y Francisco Molinero Hoyos, Diputados.
184/071110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Saura García y doña María González Veracruz, Diputados por
Murcia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno viene realizando cambios en la AEAT desde el comienzo de la
legislatura con trascendencia en la lucha contra el fraude fiscal, como
el cese de la cúpula de la ONIF (la Oficina Nacional de Investigación
contra el Fraude), y que han afectado a funcionarios que han colaborado
con la justicia en causas judiciales en las que están inmersos el Partido
Popular o algunos de sus miembros.
¿Cuáles son las razones para el cese del Delegado de la Agencia Tributaria
en la Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2015.Pedro Saura
García y María González Veracruz, Diputados.
184/071111
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
¿Cuál será la inversión total que tiene previsto realizar el Gobierno en
la remodelación del nudo de Bomberos en el concello de Pontevedra?
Señalar, para cada una de las fases del proyecto, las cantidades a
aplicar en cada uno de los ejercicios que duren dichas obras y a qué
partidas presupuestarias se aplicarán.
¿Cuál es el calendario previsto para el inicio y finalización de dicha
actuación? Señalar fecha de inicio y finalización para cada una de las
fases previstas en el proyecto.
¿Seguirá la Ministra de Fomento, Ana Pastor, «las indicaciones y
directrices» del Presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael
Louzán, y acabará entonces el Ministerio de Fomento las obras relativas
al nudo de Bomberos y su enlace con la AP-9 (Pontevedra) a principios de
2017, o incluso en 2016, tal y como ha afirmado el Sr. Louzán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2015.Guillermo
Antonio Meijón Couselo, Diputado.
184/071112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pezzi Cereto, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Exposición de motivos
Desde el pasado mes de diciembre de 2014, se ha paralizado la competición
de las carreras de caballos en España, que da trabajo a mas de 3.000
familias, por una decisión de la empresa de SEPI, Hipódromo de la
Zarzuela, S.A. (en adelante HZ), que controla los 5,5 millones de euros
que SELAE (accionista minoritario de HZ) destina a financiar esta
competición, gracias al contrato que ambas entidades tienen suscrito.
Tanto la creación de Hipódromo de la Zarzuela, S.A., que responde a una
proposición no de Ley de 20 de julio de 1999, como el Real Decreto
716/2005, de 20 de junio, que autoriza a SELAE la explotación de la
apuesta hípica externa de ámbito nacional, tienen como única causa, la de
desarrollar la industria de las carreras de caballos en España, al borde
de la desaparición por culpa de esta decisión unilateral y sin fundamento
alguno.
La causa que alega HZ para esta suspensión es la falta de un regulador
legal por la entrada en concurso de acreedores (debido a deudas
contraídas con la Seguridad Social y Hacienda en los años 1988-1992) del
actual regulador, la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España
(SFCCE), que viene regulando la competición desde 1841 y cuenta con el
reconocimiento de la Federación Internacional de Autoridades Hípicas
(FIAH). La solicitud del concurso data de mayo de 2013 y durante todo los
años 2013 y 2014 se han dado carreras en HZ, reguladas por la SFCCE, sin
ningún contratiempo.
HZ pretende que la Real Federación Hípica Española (RFHE) regule la
competición pero ésta no puede hacerlo porque no cuenta con el
reconocimiento internacional, la cobertura del Consejo Superior de
Deportes ni los activos de la SFCCE imprescindibles para regular.
La SFCCE ha presentado una querella contra la presidenta de HZ, doña Faina
Zurita, por los presuntos delitos de estafa impropia, falsificación
documental y coacciones que se originarían por la presunta venta
fraudulenta de los derechos de imagen de la competición por parte de HZ a
SELAE y la posterior decisión de paralizar la competición para provocar
la disolución de la propietaria de esos derechos: la SFCCE. La SFCCE ha
entrado en fase de liquidación tras votar en contra de su plan de
viabilidad, apoyado por el administrador concursal, el acreedor
mayoritario: la Seguridad Social.
En fase de liquidación, el administrador concursal decidió mantener la
actividad de la SFCCE que continúa regulando la competición, concediendo
licencias, dando cobertura a los españoles que compiten en el extranjero
y regulando carreras no financiadas por LAE, en Cataluña o Cantabria.
El administrador concursal ha manifestado la disponibilidad de la SFCCE
para regular las carreras que pudieran disputarse en HZ, sin poner
condición alguna.
La decisión de paralizar la competición ha provocado un éxodo masivo de
profesionales y propietarios a los países vecinos y una reducción
alarmante de los caballos en entrenamiento que en las próximas semanas
puede ser irreversible.
Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué Hipódromo de la Zarzuela, S.A., no cumple con su función de
dar carreras de caballos?
2. ¿Por qué no se acepta la oferta del administrador concursal del
regulador y se mantiene la competición mientras se crea un nuevo
regulador?
3. ¿Qué alternativas se barajan para reanudar la competición de manera
inmediata?
4. ¿Cuáles son los motivos por los que la Seguridad Social votó en contra
del Plan de viabilidad renunciando al cobro del 70% de la deuda? ¿Esta
decisión obedece a criterios políticos o técnicos?
5. ¿Se ha buscado la desaparición de la SFCCE para intentar tapar
irregularidades en la compraventa de derechos ajenos por parte de dos
empresas públicas como son SELAE y HZ?
6. ¿Qué gestiones se han realizado por el presidente de la SEPI para
evitar el parón de la competición que ya dura cuatro meses?
7. ¿Qué medidas se han tomado o se van a tomar en relación a la presidenta
de HZ, responsable de las decisiones que han paralizado la competición y
la han visto envuelta en una querella?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2015.Manuel Pezzi
Cereto, Diputado.
184/071113
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Quevedo lturbe, Diputado del Grupo Parlamentario Mixto
(Coalición Canaria-Nueva Canarias), de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, con ruego de respuesta por escrito.
Desde el año 2008 el sector pesquero canario, representado por las
diferentes cofradías de pescadores, ha reivindicado el incremento de la
cuota de atún rojo asignada a Canarias y que se dé cumplimiento efectivo
a los criterios de reparto del artículo 27 de la Ley de Pesca Marítima
del Estado.
¿Cuál es la razón por la que no se ha cumplido con lo preceptuado en dicho
artículo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2015.Pedro Quevedo
lturbe, Diputado.
184/071114
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Quevedo Iturbe, Diputado del Grupo Parlamentario Mixto
(Coalición Canaria-Nueva Canarias), de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, con ruego de respuesta por escrito.
La recomendación de la pesca del atún rojo viene recogida en el Plan de
Recuperación de esta especie, que se fundamenta en las recomendaciones
que, para su conservación, adopta la Comisión Internacional para la
Conservación del Atún del Atlántico, las cuales han sido incorporadas a
la normativa de la UE, mediante distintos reglamentos en los que se fijan
las cuotas de capturas asignadas a los distintos estados miembros y se
les instan a elaborar un plan de pesca anual propio.
El reparto de la cuota debiera situarse para Canarias en torno al 9% de la
cuota asignada al estado español, y no en 1,21% que recoge la regulación
actual.
¿Cuál es la razón por la que el gobierno español no ha defendido los
intereses del sector pesquero canario ante la Unión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2015.Pedro Quevedo
lturbe, Diputado.
184/071115
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Iker Urbina Fernández, Diputado de Amaiur, integrado en el Grupo
Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al
Gobierno con ruego de respuesta por escrito.
Según recoge la prensa, el Tribunal de Cuentas ha impuesto una fianza de
medio millón de euros al ex alcalde de Vitoria y actual ministro de
Sanidad, Alfonso Alonso, así como al resto de su equipo de
gobierno de entonces, por el alquiler presuntamente irregular de unos
locales de la calle San Antonio (Vitoria) que el Consistorio arrendó por
un precio muy superior al de compra.
¿Qué opinión tiene el Presidente del Gobierno de que un ministro de su
Gobierno, en concreto el Sr. Alfonso Alonso, haya sido citado por el
Tribunal de Cuentas y se le haya impuesto una fianza de medio millón de
euros?
¿Y de que haya comparecido a través de un representante legal en lugar de
él personalmente?
¿Va a adoptar alguna medida al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2015.Iker Urbina
Fernández, Diputado.
184/071116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
¿Es consciente el Gobierno que la reforma de la ALCE llevada a cabo en
junio de 2013 está generando una degradación acelerada de este sistema de
enseñanza fundamental en la emigración y un rechazo social generalizado
de padres y madres de alumnos?
¿Es consciente el Gobierno que el desmantelamiento de facto de este
sistema supone dejar en el desamparo a los emigrantes de ayer y a los
nuevos emigrantes en relación con el acercamiento de sus hijos e hijas a
la cultura y la lengua española?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para impulsar este tipo de sistema
de enseñanza fundamental para los hijos de nuestros emigrantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2015.María Caridad
García Álvarez, Diputada.
184/071117
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para las que se solicita
respuesta escrita, sobre Medidas de protección de los consumidores y de
apoyo a los ganaderos, tras las sanciones impuestas por la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia al cartel industrial que pactó
irregularmente los precios de la leche.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha impuesto una
multa de 88,26 millones de euros al cartel formado por once industrias
lácteas entre ellas Central Lechera Asturiana por prácticas contra la
libre competencia y acuerdos ilícitos de reparto de mercado en perjuicio
de los ganaderos. Sin embargo, Competencia guarda silencio sobre las
grandes empresas distribuidoras, igualmente manipuladoras del precio de
la leche, responsables del hundimiento del precio de la leche en origen y
del cierre de cuatro explotaciones lácteas cada día en la última década.
En determinados casos, la distribución condiciona más los precios de la
leche que las industrias lácteas.
Además de pactar precios en origen, volúmenes de compra y excedentes, y
elaborar «listas negras» de ganaderos que obligados a vender a precios
miserables para conservar sus cuotas lácteas pretendían salir de sus
garras, las industrias desarrollaron prácticas irregulares, como la
conversión abusiva en leche en polvo, condicionando de manera artificial
el precio de aprovisionamiento de la leche cruda. Mientras tanto, las
distribuidoras también presionan sobre los precios en origen con
prácticas igualmente discutibles, como la venta a pérdidas o el uso de la
leche como reclamo comercial.
Las multas, por su cuantioso importe, podrían suponer un durísimo revés
para la viabilidad de algunas industrias lácteas, para sus trabajadores y
para los 17.000 ganaderos que sobreviven a duras penas.
También preocupa la incidencia que puedan tener en el precio de leche y su
repercusión en el consumo y en el consumidor, además del abandono del
campo a medio plazo. Todo ello por la voracidad de las industrias y
empresas distribuidoras que persiguen un desmedido aumento de sus
beneficios.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) De conformidad con el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal, ¿piensa el Gobierno interesar a la Fiscalía General del Estado
para que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en
defensa del interés general, de los accionistas, de los ganaderos y del
conjunto de los consumidores, y, del mismo modo, que estudie la
posibilidad de establecer sanciones penales contra los administradores de
las sociedades multadas por su eventual responsabilidad en las prácticas
ilegales?
2) ¿Piensa el Gobierno, para hacer justicia, distribuir equitativamente
entre los ganaderos productores de leche, verdaderos damnificados por las
actuaciones fraudulentas, el importe total de las multas que se apliquen
en última instancia a las industrias lácteas señaladas por la CNMC?
3) ¿Tiene previsto el Gobierno extremar las inspecciones y vigilar de
cerca los efectos de las sanciones, impidiendo que se trasladen a la
cadena de precios de los lácteos y para que en ningún caso las industrias
lácteas traten de compensar el coste de las multas con mayores descensos
del precio de la leche en origen?
4) ¿Piensa el Gobierno atender a las demandas del sector ganadero para que
en las tarifas variables se establezcan unos índices de referencia
concretos, al nivel de Francia, para evitar que los precios sigan en su
nivel más bajo en tres años, unos 0,29 euros por litro, sin que razones
internacionales de mercado expliquen un valor tan pequeño?
5) ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para vigilar y garantizar la
aplicación del reciente acuerdo sobre el «paquete lácteo», de tal modo
que la industria y la distribución no lo dinamiten y dejen de boicotear a
los ganaderos?
6) ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para garantizar la
transparencia en los procesos de fijación de los precios de la leche?
7) ¿Qué medidas de apoyo efectivo a los ganaderos españoles ha tomado y
piensa tomar el Gobierno para encarar el fin del sistema de cuotas
lácteas, prevista para el próximo día 31 en toda la Unión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2015.Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/071118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita
respuesta escrita.
El «Boletín Oficial del Estado» publica hoy el cese del delegado regional
de Hacienda, Sr. Cristóbal Osete, el cual llevaba poco más de dos años al
frente de la Agencia Tributaria en Murcia, que cerró 2014 con los mejores
resultados de su historia y por encima de los objetivos que se le habían
marcado desde Madrid.
Hay que reseñar que la Agencia Tributaria está jugando un papel decisivo
en algunas de las investigaciones judiciales de más resonancia en la
Región de Murcia por su ligazón con supuestos casos de corrupción, como
los casos «Umbra» y «Novo Carthago» cuyos instructores han demandado en
los últimos meses a los inspectores fiscales numerosos informes
patrimoniales sobre políticos y funcionarios investigados en dichas
diligencias y sus respectivas familias.
Algunos de ellos parecen haber determinado el curso de las diligencias y
reflejan un exhaustivo trabajo por parte de los inspectores fiscales, que
actúan en base a criterios profesionales y sin subordinación al delegado
de la Agencia. En otras ocasiones la labor inspectora ha merecido también
por su tardanza el reproche de algún juez, como en el «caso Umbra».
¿Cuáles son los motivos del cese del delegado regional de Hacienda en
Murcia?
¿Cómo valora el Gobierno que la Agencia Tributaria en Murcia haya cerrado
2014 con los mejores resultados de su historia y por encima de los
objetivos que se le habían marcado desde Madrid?
¿El que los inspectores fiscales hayan actuado en base a criterios
profesionales y sin subordinación al delegado de la Agencia, facilitando
numerosos informes patrimoniales sobre políticos y funcionarios
investigados en determinadas diligencias abiertas por jueces a políticos
murcianos y sus respectivas familias es una de las causas por las que se
ha cesado al SR Osete?
¿Es que cuando determinados funcionarios trabajan en defensa de lo público
y sin atender a diferentes razones partidistas, desde el Gobierno se
adopta la decisión de cesarles en sus respectivos puestos de trabajo como
forma de mandar un aviso a otros trabajadores públicos y para
sustituirlos por personal de mayor confianza?
¿Cree que estas situaciones muestran al ciudadano contribuyente el
esfuerzo y determinación del Gobierno en la lucha contra el fraude fiscal
o por el contrario la manipulación existente para que no salgan a la luz
casos en los que pueden estar implicados distintos políticos y sus
familiares o amigos?
¿Tiene el Gobierno previsto cesar próximamente algún otro alto cargo de la
Administración Tributaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2015.Ricardo Sixto
Iglesias, Diputado.
184/071119
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto
(BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por
escrito relativa a los servicios ferroviarios del Eixo Atlántico en
Redondela.
La tan esperada puesta en funcionamiento del denominado Eixo Atlántico,
anunciada por el Gobierno para este año 2015, está generando importantes
dudas sobre el futuro de diferentes infraestructuras a lo largo de su
recorrido ferroviario.
Así, surgen preguntas sobre el uso que va a tener la estación nueva de
Redondela y con que ferrocarriles se va a contar en esta localidad. Las
dudas proceden de informaciones que indican que a pesar de contar en este
tramo con cuatro vías, van a ser pocos o ninguno los trenes que realicen
parada.
Informaciones que han generado preocupación entre los vecinos y vecinas de
esta villa que demandan que se mantengan los servicios ferroviarios
actuales, e incluso que se mejoren.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento en relación a los
servicios ferroviarios en Redondela una vez que esté terminado por
completo el Eixo Atlántico?
Una vez finalizado el Eixo Atlántico, ¿se van a mantener los servicios
ferroviarios actuales en Redondela? De ser así, ¿con qué frecuencias y
servicios se va a contar?
¿Qué trenes prevé el Ministerio que paren en esta localidad? ¿Van a parar
servicios ferroviarios del Eixo Atlántico? En caso contrario, ¿a qué se
debería cuando dicho tramo contará con cuatro vías? ¿Prevé Fomento alguna
alternativa de conexión entre la estación de Redondela y Vigo como acceso
a los ferrocarriles que no hacen parada en Redondela?.
¿Se van a mejorar los servicios ferroviarios en Redondela aprovechando la
finalización del Eixo Atlántico?
En relación a la nueva estación, ¿qué prestaciones va a ofrecer a los
viajeros? ¿Va a contar con personal suficiente para la asistencia e
información, y para el control de la circulación? ¿Va a contar con venta
de billetes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2015.M.ª Olaia
Fernández Davila, Diputada.
184/071120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto
(BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por
escrito relativa a la estación y los servicios ferroviarios en O
Carballiño (Ourense).
El posible cierre de la estación de ferrocarril en la localidad de O
Carballiño, en Ourense, preocupa a los vecinos y vecinas de este
ayuntamiento que temen que se trate del primer paso para que se queden
sin servicios de ferrocarril.
Actualmente, O Carballiño no cuenta con muchos servicios ferroviarios, y
los existentes están limitados a los fines de semana y algún festivo. Por
cierto, los pocos servicios de media distancia que se mantienen están
sobresaturados y muchos viajeros tienen que hacer el trayecto de pie.
Otra conexión que pasa por O Carballiño es la nocturna de los sábados del
tren «hotel» que cubre la línea Vigo-Madrid, pero sobre la que pesan
también muchos interrogantes. Se considera que este servicio ferroviario
será eliminará una vez que entre en funcionamiento la nueva línea del
AVE.
Desde el BNG consideramos que la eliminación de servicios ferroviarios no
supone ningún avance en el ámbito de las comunicaciones y la
interconexión territorial. Es más, el Ministerio de Fomento no solo
debería mantener operativa la estación de O Carballiño sino que incluso
debería mejorar sus prestaciones, incrementando los servicios en una
comarca que tiene un importante peso poblacional.
Irrenunciable es y será la demanda del BNG de que Galicia cuente con tren
de cercanías, un servicio ferroviario muy útil para comunicar a todas las
localidades que tienen estación o apeadero entre Ourense y Santiago. Sin
embargo, es un proyecto que lleva años guardado en un cajón.
La intermodalidad es otra de las cuestiones que se deberían potenciar para
mejorar las comunicaciones y facilitar el acceso a servicios de
comunicación públicos. Sin embargo, la población de O Carballiño tiene
muchos problemas para poder conectar con los servicios de tren de alta
velocidad en la ciudad de Ourense. No existen servicios ni frecuencias
ferroviarias que enlacen con las conexiones ferroviarias que parten de
Ourense, lo que les obliga a utilizar vehículos privados hasta la
estación ourensana con los consiguientes problemas que esto conlleva.
Una posibilidad factible sería que el Ministerio de Fomento facilitase un
servicio de autobuses lanzadera desde la estación de ferrocarril de O
Carballiño que conectasen con la ciudad, algo que se hace en otras
partes. De este modo los viajeros de la zona tendrían la posibilidad de
acceder a las líneas ferroviarias que circulan por la vía del AVE.
Mejorar la intermodalidad es fundamental para progresar en medios de
comunicación públicos y quitar vehículos de las carreteras.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Está el Ministerio de Fomento barajando el cierre de la estación de
ferrocarril de O Carballiño? De ser así, ¿a qué se debería? ¿No cree que,
además de mantener operativa dicha estación, se debería incluso mejorar
la comunicación ferroviaria en el municipio de O Carballiño?
¿No cree que los servicios ferroviarios actuales son verdaderamente
escasos e insuficientes, sobresaturados en algunas ocasiones en las que
los viajeros deben hacer los trayectos de pie?
Dado que en la actualidad los trenes A Coruña-Ourense o A Coruña-Madrid
utilizan la línea del AVE y no paran en O Carballiño, ¿qué opina de la
posibilidad de implantar un servicio de transporte público de autobuses
lanzadera desde la estación de O Carballiño para que los ciudadanos de
esta localidad y limítrofes puedan acceder a la estación de Ourense a fin
de enlazar con otros servicios de ferrocarril? ¿Qué disposición tiene
Fomento a incentivar un servicio así? ¿No cree que sería oportuno?
¿Maneja el Ministerio alguna previsión en relación a la implantación de
servicios ferroviarios de cercanías en Galicia que puedan tener
conexiones con la estación de ferrocarril de O Carballiño?
¿Existe algún avance por parte del Ministerio sobre el tan esperado tema
de los servicios ferroviarios de cercanías para Galicia, más allá de
estudios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2015.M.ª Olaia
Fernández Davila, Diputada.
184/071121
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto
(BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por
escrito relativa a la necesidad de que se reparen los daños causados por
las obras de ejecución del AVE a su paso por varias parroquias de Silleda
(Pontevedra).
Hace meses el ayuntamiento de Silleda remitió un informe al Adif para
trasladarle las medidas compensatorias por las obras del AVE en el
entorno de la Fervenza do Toxa y en Carboeiro (Silleda, Pontevedra).
Sin embargo, Adif se ha negado a realizar dichas medidas compensatorias en
base a que se trata de trabajos de mantenimiento que no le corresponden.
A pesar de que ahora Adif se desentienda de todo, es preciso recordar que
adquirió el compromiso de solucionar los desperfectos y daños que se
produjesen por las obras del tren de alta velocidad en el tramo
Carboeiro-Dornelas (Silleda), que afectó a nueve parroquias: Saídres,
Carboeiro, Ansemil, Martixe, Pazos, Abades, Piñeiro, Dornelas y Cira.
Las obras terminaron ya hace cuatro año, y una queja genérica de los
vecinos afectados es la falta de información tanto por parte de Adif como
del propio ayuntamiento que dejó pasar el tiempo.
A fin de entender el malestar existente en la población que habita en
estas áreas, resulta adecuado referirnos a algunas de las negativas
consecuencias producidas por la construcción del AVE por el Ayuntamiento
de Silleda. La parroquia de Carboeiro fue dividida por la mitad, se
construyó un enorme viaducto al lado del monasterio de Carboeiro y además
se instaló una subestación eléctrica de grandes proporciones.
En la parroquia de Pazos se repiten los hechos. Además del gran impacto
estético en las Fervenzas do Toxa, la parroquia también fue dividida por
la mitad por el paso de la vía ferroviaria. A raíz de esto último se han
producido problemas de inseguridad para los peatones.
En el momento de ejecución de las obras se construyeron tres escombreras:
dos en Carboeiro y una en Cira, que conllevó la expropiación de terrenos
que actualmente están inutilizados y que muy bien podrían destinarse a
aparcamientos para las numerosas visitas que se realizan a las cascadas
(Fervenzas), de ese modo tendrían una utilidad pública.
En esta iniciativa parlamentaria solo hacemos referencias a algunos de los
más perjudiciales efectos que las obras del AVE han causado en la zona
aludida. Las actuaciones supusieron una variación significativa de la
morfología de las parroquias nombradas, así como la afectación al
patrimonio natural y artístico-cultural de Silleda. Adif, como
responsable de las obras ejecutadas, debe asumir su responsabilidad y,
sobre todo, cumplir con el compromiso adquirido en su día de compensar o
arreglar los desperfectos ocasionados.
Consideramos censurable que una vez terminadas las obras el ente
ferroviario se lave las manos y opte por eludir sus responsabilidades.
Además de la cuestión referida a los terrenos, Adif debería proceder a
realizar actuaciones de limpieza, mejorar la señalización y adoptar
medidas medioambientales en la zona situada entre Carboeiro y Pazos, así
como la mejora de los accesos al monasterio y a las cascadas.
Los habitantes de las parroquias enumeradas han sufrido estoicamente el
impacto que supusieron las obras del AVE, merecen cuando menos que su
hábitat sea devuelto a la situación anterior o que los daños causados
sean compensados.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Cómo es posible que Adif se desentienda de los daños y desperfectos
causados por las obras de construcción del AVE a su paso por el
Ayuntamiento de Silleda, que afectó negativamente a nueve parroquias?
¿Por qué razón se niega Adif a reponer, reformar y compensar a las zonas
afectadas por las obras cuando se comprometió en su día a hacerlo?
¿Es consciente Adif de las negativas consecuencias que la ejecución de
esta línea causó en parroquias como Carboeiro y Pazos que fueron
literalmente divididas a la mitad? ¿Es consciente de los cambios
morfológicos producidos en la geografía de la zona aludida por la
construcción de infraestructuras como el viaducto?
¿Va el Adif a sopesar su negativa y cumplir con el compromiso adquirido en
su día de compensar al Ayuntamiento de Silleda por el impacto de las
obras?
¿Qué disposición tiene a acondicionar los terrenos expropiados para
destinarlos a aparcamiento para las numerosas visitas al monasterio de
Carboeiro?
¿Va a realizar actuaciones de limpieza y regeneración de las zonas
dañadas? ¿Va a mejorar la señalización? ¿Va a adoptar medidas de mejora
medio ambiental del trayecto situado entre Carboeiro y Pazos? ¿Se van a
mejorar los accesos al monasterio y a las cascadas (Fervenzas do Toxa)?
En definitiva, ¿va el Adif a atender estas demandas totalmente
justificadas por el alto grado de afectación de las obras de construcción
del AVE a su paso por Silleda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2015.M.ª Olaia
Fernández Davila, Diputada.
184/071122
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Consuelo Rumí Ibáñez, Diputada por Almería, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para ser contestada por
escrito.
La FAO reconoce, en lo que aquí interesa destacar, dos grandes zonas de
pesca: zona 27 (Atlántico nororiental) y 37 (Mediterráneo y Mar Negro).
Ambas se subdividen, respectivamente, en dos subzonas (aguas portuguesas
este y aguas portuguesas oeste) y tres zonas (Baleares, Golfo de León y
Cerdeña).
El Reglamento (UE) n.° 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
11 de diciembre, por el que se establece la organización común de
mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura,
permite identificar en el etiquetado la procedencia del pescado
únicamente, haciendo referencia a estas zonas y subzonas. Esto significa
que buena parte del pescado capturado en Andalucía se etiquete como
capturado en «aguas de Baleares» o «aguas de Portugal», sin identificar
suficientemente su procedencia geográfica.
Este hecho tiene una trascendencia especial si tenemos en cuenta que desde
principios de 2015 se hace obligatorio identificar en el etiquetado el
lugar de origen de la pesquería. Con esta decisión se pone fin a la
referencia local en el etiquetado que permite diferenciar la calidad del
pescado.
Este asunto afecta de forma especial a la flota andaluza, en especial, a
la gamba de Garrucha, que será identificada como gamba de Baleares, y a
productos de calidad pescados en Huelva o en Cádiz, que se identificarán
como pescados en «aguas portuguesas». Esto tiene un efecto negativo en
unas flotas que llevan tiempo haciendo esfuerzos en busca de la
diferenciación de calidad de sus productos.
Con ello se produce un efecto negativo y contrario a los fines del propio
reglamento europeo que no es otro que mejorar la información a los
consumidores.
A la luz de estos hechos se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué gestiones ha realizado el Gobierno de España ante las autoridades
europeas para mantener la identificación local en el etiquetado del
pescado capturado por la flota andaluza?
¿Qué gestiones piensa el Gobierno de España llevar a cabo a partir de
ahora para revertir esta situación?
¿Cómo va a garantizar el Gobierno de España la correcta identificación en
el etiquetado de la procedencia local del pescado de calidad?
¿Va a establecer el Gobierno un mecanismo que permita identificar el
pescado capturado en Andalucía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2015.María Consuelo
Rumí Ibáñez, Diputada.
184/071123
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su
Diputada doña Irene Lozano Domingo, y al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito
sobre los datos reales de la integración de la mujer en las Fuerzas
Armadas.
Exposición de motivos
En la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, reformada por la Ley Orgánica
1/1984, de 5 de enero, por la que se regularon los criterios básicos de
la Defensa Nacional y la Organización Militar, se determinó que la
participación de la mujer en la defensa nacional se establecería por Ley.
Por su parte, el «Plan para la igualdad de oportunidades de las mujeres»,
aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de septiembre de
1987, contuvo una serie de medidas orientadas a eliminar los obstáculos
que se oponían a la plena efectividad del principio constitucional de
igualdad.
No fue hasta el Real Decreto-ley 1/1988, de 22 de febrero, que se reguló
la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas. No obstante, esta
incorporación tuvo desde su origen ciertas limitaciones. No obstante lo
anterior, ya el propio Real Decreto-ley 1/1988 en su artículo 12 apartado
4 se citaba: «La Ley garantiza a la mujer su progresión de carrera en
condiciones de igualdad con el varón, sin que puedan existir otras
diferencias que las derivadas de sus condiciones fisiológicas para el
desempeño de determinados destinos».
En la Orden de DEF/524/2005, de 7 de marzo, se dispuso la publicación del
Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se
aprobaban medidas para favorecer la incorporación y la integración de la
mujer en las Fuerzas Armadas; además, se estableció que el principio de
igualdad del Real Decreto-ley 1/1988 se incorporaba en la Ley 17/1999, de
18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, de tal modo
que la carrera profesional debía ser exactamente igual para hombres y
mujeres, no existiendo a partir de ese momento ningún destino en las
Fuerzas Armadas que estuviese vetado a las mujeres, incluidos los de tipo
táctico u operativo. De igual forma se aprobaban una serie de medidas
para garantizar esta integración.
Posteriormente, el de 22 de marzo de 2007 se aprobaba la Ley Orgánica
3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en cuyo
articulado se citaba de manera inequívoca el principio de igualdad entre
hombres y mujeres en todos los ámbitos, incluido el laboral.
A pesar de que toda la legislación anterior debiera garantizar en grado
suficiente la adecuada integración en igualdad de la figura de la mujer,
las recientes sentencias de los tribunales contra las Fuerzas Armadas y
la Guardia Civil por casos de acoso sexual y laboral, o las relativas al
incumplimiento de la aplicación de los derechos referentes a la
conciliación de la vida familiar y laboral, así como testimonios y
noticias procedentes del ámbito laboral de las Fuerzas Armadas y Guardia
Civil de las que este Grupo Parlamentario está teniendo conocimiento,
ponen en tela de juicio, o al menos cuestionan la real aplicación de la
citada normativa en lo que afecta a la igualdad de sexos.
Por otro lado, la deliberada confusión oficial respecto a las cifras de
incorporación de la mujer dificultan el conocimiento exacto de la
situación, así como las medias a tomar.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia presenta las siguientes preguntas para las que solicita
respuesta por escrito:
1. a) Número y tanto por ciento de mujeres en los últimos tres años en las
Fuerzas Armadas. b) Número y tanto por ciento de mujeres en los últimos
tres años en la Guardia Civil. c) Tanto por ciento de ellas que
pertenecen a las Escalas de Tropa y Marinería, Escalas de Suboficiales y
Escalas de Oficiales.
2. ¿Qué tanto por ciento de esas mujeres podría llegar a ser nombrada Jefe
de Estado Mayor de la Defensa y/o Jefes de Estado Mayor del Ejército de
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire?
3. a) Número de solicitudes de flexibilidad horaria, reducción de jornada,
o similar que se han presentado por parte de mujeres. b) ¿Cuántas de
ellas han sido rechazadas? c) ¿Cuántas de las otorgadas son obligadas a
realizar guardias, servicios, maniobras o similares por razones de
servicio? d) ¿Cuántos de los anteriores corresponden a peticiones
realizadas por mujeres y cuántas a hombres? e) ¿Cuántas mujeres han
presentado denuncia, queja o parte por no respetarse sus derechos
derivados de la conciliación familiar o integración igualitaria laboral?
4. a) Número de mujeres que han presentado denuncia, parte o queja contra
sus superiores por acoso sexual b) cuantas por acoso laboral c) cuantos
han terminado en sanción administrativa o penal d) cuantas después de
denunciar no han visto renovado sus contratos.
5. ¿Qué medidas de conciliación familiar se han aplicado y cuántas
guarderías se han implementado en las bases en los últimos tres años?
6. a) Número de bajas médicas de mujeres por causas
psicológicas/psiquiátricas. b) Media con respecto al total de bajas
médicas. c) ¿Cuál es la media de baja médica (excluyendo maternidad)
entre los hombres y cuál entre las mujeres?
7. a) Dentro de la progresión en la carrera militar, se solicita el número
total y porcentaje de mujeres que han visto mejorado su puesto en
promoción, tras la citada evaluación, diferenciando por empleos, escalas
y cuerpos en los últimos cinco años. b) Se solicitan los mismos datos
para los hombres.
8. a) Tasa de renovación de contrato de mujeres tras quedar embarazadas.
b) Medidas adoptadas para que el embarazo no afecte a la carrera de las
mujeres militares.
9. ¿Tiene intención el Gobierno de extender II Plan de igualdad de la
Administración del Estado (actualmente en negociación) al personal de las
Fuerzas Armadas? En caso negativo, ¿por qué?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2015.Irene Lozano
Domingo, Diputada.
184/071124
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su
diputada, Irene Lozano Domingo, y al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre
la concesión del tercer grado al Coronel Isidro José de Lezcano-Mújica.
Exposición de motivos
El Coronel de las Fuerzas Armadas Isidro José de Lezcano-Mújica fue
condenado en marzo de 2012 a 2 años y 10 meses de cárcel por «abuso de
autoridad» y «trato degradante» a la Capitán (hoy Comandante) Zaida
Cantera de Castro, a la cual sometió a «actos claramente atentatorios de
su libertad sexual» según la sentencia. La condena al coronel
Lezcano-Mújica no supuso el final del sufrimiento de su víctima, sino que
comenzó una persecución contra ella. Fue acusada, al menos, de dos faltas
graves y de un delito de deslealtad. El Ministerio de Defensa no adoptó
ninguna medida para prevenir ni para detener ese acoso posterior. Sin
embargo, de acuerdo a una información aparecida en el diario El País el
pasado domingo 22 de febrero, Lezcano-Mújica salió de la prisión
castrense de Alcalá de Henares a principios del mes de febrero en
libertad condicional, habiendo cumplido tan sólo 23 de los 34 meses a los
que fue condenado. Esto significa que el coronel ha obtenido la libertad
condicional antes de haber cumplido las tres cuartas partes de la
condena.
1. ¿Cuál fue el criterio del Ministerio de Defensa para conceder el tercer
grado al Coronel Isidro José de Lezcano-Mújica? ¿En qué informes se ha
basado?
2. ¿Ha dado muestras de arrepentimiento el Coronel Isidro José de
Lezcano-Mújica? ¿Ha pedido perdón a la víctima? ¿Considera el ministro
que el Coronel Isidro José de Lezcano-Mújica está rehabilitado y no
volverá a incurrir en las mismas prácticas?
3. ¿Ha procedido el Ministerio de Defensa a poner en conocimiento de la
víctima su puesta en libertad? En caso negativo ¿por qué?
4. ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para prevenir delitos semejantes
en las Fuerzas Armadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2015.Irene Lozano
Domingo, Diputada.
184/071125
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas al Ministro del Interior
para que le sean contestadas por escrito.
¿Qué valoración hace el Ministro del Interior sobre las gravísimas
acusaciones vertidas por el Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid
sobre dos mandos de la Policía Nacional?
¿Piensa abrir una investigación interna al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2015.Ángeles Álvarez
Álvarez, Diputada.
184/071126
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
En el espacio «Parlamento Abierto Soria» se ha recibido una petición
ciudadana para evitar se derribe la casa del poeta Gustavo Adolfo Bécquer
en la localidad de Noviercas (Soria). Traslada la petición la Asociación
«Amigos de Bécquer» y denuncia la posible intención del Ayuntamiento de
Noviercas, que parece haber dado autorización para derruir la «Casa de
Becquer». Así aparece a día 2 de marzo en el Boletín Oficial de la
Provincia de Soria.
Al parecer dicha demolición se hará de todo lo que es la casa, sin tirar
la fachada. Se escuda en que tienen un informe en el que si se rehabilita
la casa, no cumple la habitabilidad de un edificio público. Patrimonio
obliga a no tirar la fachada y a reproducir de nuevo la casa tal y como
esta ahora. Se ha de buscar otra solución, que seguro que la hay, para no
quedarnos sin uno de los dos reclamos turísticos que tenemos, ya que la
casa ya no seria la misma tras su demolición y su nueva construcción».
Con la coordinación institucional debida, en especial con la Junta de
Castilla y León y el propio Ayuntamiento de la localidad.
¿Qué medidas urgentes y concretas se van a llevar a cabo por parte del
Gobierno para mantener la casa en Noviercas del poeta Gustavo Adolfo
Bécquer? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2015.Félix Lavilla
Martínez, Diputado.
184/071127
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jon lñarritu García, Diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Mixto,
de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno con
ruego de respuesta por escrito.
Numerosos periodistas y fotógrafos que se encargan de cubrir las noticias
relativas a los saltos que se producen en la valla de Melilla son
continuamente sancionados, bajo diferentes argumentos por las FCSE
mientras realizan su labor informativa.
Durante el reportaje «El otro lado de la valla» emitido por el programa
«Salvados» de la Sexta en 2014 se pueden observar a miembros de la
Guardia Civil amenazando con incautar las cámaras de los reporteros.
Estos años, han sido numerosas las incautaciones de cámaras y multas a
periodistas. Un caso flagrante es el del fotoperiodista y colaborador del
diario El País, Antonio Ruiz, autor de numerosas fotografías que han sido
portada de dicho periódico en relación a lo que ocurre en Melilla. Este
fotógrafo ha sido multado por diferentes razones, desde aparcamiento
incorrecto «instado por la Guardia Civil hasta por desobediencia,
siempre en momentos en los que se produce un salto. La última sanción ha
sido la impuesta el pasado 30 de diciembre de 2014, cuando agentes (sin
número visible de identificación) amenazaron con sancionar a este
fotógrafo por estar en una zona en la que solo se obliga a marcharse a
los periodistas y no al resto de la gente allí presente, como se escucha
en las grabaciones hechas públicas por la cadena SER:
http://cadenaser.com/programa/2014/12/30/la ventana/1419951168
155832.html.
Los periodistas denuncian las constantes amenazas, obstáculos y sanciones
para realizar su trabajo de informar. Es una obviedad que las FCSE con el
fin de obstaculizar la toma de imágenes actúan arbitrariamente,
amenazando a los periodistas con represalias e incluso multándoles.
Por ello, Amaiur desea conocer:
1. ¿Cuál es la razón por la que los miembros de las FCSE en Melilla están
continuamente intentando obstaculizar la toma de imágenes de los saltos
de Melilla?
2. ¿Cuál es la razón por la que se sanciona a periodistas y fotógrafos que
realizan su trabajo?
3. ¿Cuántos periodistas, cámaras y fotógrafos han sido multadas durante
los últimos 10 años en momentos de salto?
4. ¿Cuál es la razón por la que la Guardia Civil multó el pasado día 30 de
diciembre de 2014 al fotoperiodista Antonio Ruiz?
5. ¿Quién decidió arbitrariamente ese día que en esa zona o «perímetro» no
podía haber periodistas y en cambio sí otras personas?
6. ¿Cuál es la razón por la que el agente no portaba número de
identificación visible como obliga la ley?
7. ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para garantizar que los reporteros
puedan desempeñar libremente su labor informativa en Melilla sin
presiones, amenazas de sanciones y coacciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2015.Jon Iñarritu
García, Diputado.
184/071128
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
Desde el mes de enero los trabajadores de la plantilla del Grupo Yago no
cobran su nómina, además de los retrasos por otros conceptos salariales.
Muchos de ellos se enfrentan a problemas psicológicos y otros se
encuentran en situación de baja laboral.
Por todos estos motivos desde el pasado lunes sus trabajadores se
encuentran en huelga.
Grupo Yago es la contrata ganadora del concurso de prestación del servicio
de limpieza de las dependencias de la confederación hidrográfica del
Júcar. El contrato para la prestación de este servicio era de dos años
prorrogable y en la actualidad se encuentra en la primera prórroga. Desde
hace cinco días las dependencias de la Confederación no se limpian.
Al parecer, en el momento del concurso esta empresa era una de las más
pequeñas de otras competidora que se presentaron al mismo, y posiblemente
pudiera tener un embargo por parte de Hacienda.
1. ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para que estos trabajadores
cobren el dinero adeudado por esta empresa?
2. ¿Cuáles fueron los motivos por los que se adjudicó a esta empresa este
concurso?
3. ¿Tenía conocimiento el Gobierno de la situación de esta empresa con
Hacienda y la Seguridad Social en el momento de adjudicar el concurso?
En el caso de que esta empresa estuviera sufriendo un embargo por parte de
Hacienda o la Seguridad Social
4. ¿Se tuvo en cuenta esta situación para adjudicarla el concurso?
En caso contrario
5. ¿Por qué motivos?
6. ¿Por qué se le ha concedido la prórroga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2015.Ricardo Sixto
Iglesias, Diputado.
184/071129
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Quevedo Iturbe, Diputado del Grupo Parlamentario Mixto
(Coalición Canaria-Nueva Canarias), de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas al Ministerio de Fomento, con ruego de respuesta por
escrito.
En septiembre de 2012 este Diputado formuló la siguiente pregunta al
ministerio de Fomento: «¿Se ha producido alguna disminución
presupuestaria y/o de recursos humanos y materiales en los servicios de
atención médica de los aeropuertos canarios?»
En su respuesta, remitida el 19 de octubre de ese mismo año el ministerio
afirmó que:
«Aena Aeropuertos, y en consecuencia los aeropuertos de Aena Aeropuertos
en la Comunidad Autónoma de Canarias, cumplen con la normativa que
establece la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en
materia de asistencia sanitaria en los aeropuertos, tanto en lo relativo
a primeros auxilios como a acuerdos para el traslado de urgencia a
centros médicos.
El Estado español, firmante del Convenio de Aviación Civil Internacional,
garantiza la atención primaria y el transporte sanitario de urgencia
mediante el Régimen General de la Seguridad Social.
En particular, en la Comunidad de las Islas Canarias, también queda
reflejada esta cobertura en la legislación autonómica, Ley 11/1984 de
Ordenación Sanitaria de Canarias, que indica que una de las funciones del
servicio canario de salud es la asistencia sanitaria de urgencia.
Como consecuencia de las medidas adoptadas por Aena Aeropuertos en
relación con los servicios sanitarios, se han producido las siguientes
variaciones en la prestación del servicio:
1. Aeropuerto de Fuerteventura, desde el 1 de abril de 2012 no se presta
el servicio de Ambulancia.
2. Aeropuerto de Tenerife Norte, desde el 1 de julio de 2012 no se presta
el servicio de Ambulancia.
Cada uno de estos dos aeropuertos cuenta con 6 Columnas de Rescate
Cardíaco (desfibriladores semiautomáticos externos), repartidas a lo
largo de sus edificios terminales. Los desfibriladores están considerados
como la mejor herramienta médica para actuar a tiempo ante una parada
cardiorespiratoria.Personal del aeropuerto ha recibido formación para el
uso de los desfibriladores de acuerdo a la legislación existente, en esta
formación se incluye también la atención en primeros auxilios.
Tras la supresión del servicio de ambulancia, los casos de traslado por
emergencia médica han sido atendidos por los servicios del 112 sin
incidencias reseñables.
El resto de Aeropuertos del Grupo Canarias no han modificado, hasta la
fecha, la prestación de los servicios de atención sanitaria.
En definitiva, la actual cobertura ante situaciones de emergencia es
suficiente para dichas infraestructuras, y está establecida buscando la
máxima eficiencia dentro del cumplimiento de la legislación aplicable.»
Desgraciadamente el pasado lunes un turista falleció en las instalaciones
del Aeropuerto de Fuerteventura.
A la vista de los hechos y de la respuesta anteriormente citada se
formulan las siguientes preguntas:
¿Ha abierto el ministerio una investigación al respecto?
¿Sigue considerando ese ministerio que la cobertura actual de medios
materiales y humanos ante situaciones de emergencia es suficiente?
¿Cuáles son exactamente los medios humanos y materiales destinados en la
actualidad a cobertura sanitaria en los aeropuertos canarios?
¿Cuál era el coste anual, en términos monetarios, del mantenimiento del
servicio de ambulancias en los aeropuertos de Lanzarote y Fuerteventura,
antes de que fueran suprimidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2015.Pedro Quevedo
Iturbe, Diputado.
184/071130
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su
Diputado, don Antonio Cantó García del Moral, y al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por
escrito sobre la amenaza de la Comisión Europea de amonestar a España por
la tasa al gran comercio en varias Comunidades Autónomas.
Exposición de motivos
Las comunidades de Cataluña. Aragón, Asturias, Navarra, La Rioja y
Canarias tienen hasta el 31 de marzo para eliminar las tasas autonómicas
a las grandes superficies, o bien extender ésta al resto de comercios o
de lo contrario, la Comisión Europea amenaza con abrir una investigación
que podría suponer que los pequeños comercios tuvieran que pagar, de
manera retroactiva, esa tasa por considerarse una ayuda ilegal. Estas
tasas se aplican por las administraciones autonómicas gravando los metros
cuadrados de un establecimiento en función del nivel de clientes que
acuden en vehículos a comprar en ellos, lo que es considerado como un
impuesto medioambiental que según la Comisión, «no han sido justificadas
dentro de los objetivos medioambientales o de desarrollo urbano». En caso
de que esta tasas termine ampliándose al resto de comercios minoritas,
las consecuencias pueden ser fatales para muchos de ellos, abocando al
cierre y aumentando el número de personas que pierdan su trabajo.
Por ello se presenta la siguiente pregunta por escrito:
1. ¿Piensa el Gobierno instar a las Comunidades Autónomas para que
eliminen esta tasa y evitar que sus costes se trasladen a los pequeños
comercios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2015.Antonio Cantó
García del Moral, Diputado.
184/071131
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su
Diputado, don Antonio Cantó García del Moral, y al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por
escrito sobre que uno de cada tres nuevos cannabis en España es menor de
edad.
Exposición de motivos
Según la última Encuesta Domiciliaria del Plan Nacional Sobre Drogas
durante el pasado año 2013. 61.085 menores de edad de entre 15 y 17 años
se iniciaron en el consumo de cannabis en nuestro país, el 55% chicos y
el 45% chicas, suponiendo esta cifra el 36,2% del total de personas que
durante ese año se iniciaron en el consumo de esta droga. Entre los datos
de 2013 que refleja esta encuesta encontramos los siguientes:
El cannabis continúa siendo la droga más consumida, habiendo caído 0,4
puntos desde 2011 aunque su consumo entre menores por primera vez ha
aumentado 1,1 puntos, 7.592 adultos se iniciaron en el consumo de
cannabis en 2013.
El 79% de los consumidores de cannabis tienen entre 15 y 19 años. La edad
media de comienzo de consumo de consumo de cannabis es de 18,6 años,
mientras que de tabaco es de 16,4 y de alcohol es de 16,7. 61.382 adultos
se iniciaron en el consumo de tabaco.
El consumo de alcohol ha aumentado en todas las edades, pasando del 76,6%
al 78,3%. 120.000 personas tienen algún tipo de dependencia del alcohol.
El consumo de ansiolíticos y pastillas para dormir se ha disparado desde
el 5,1% de 2005 al 12,2% de 2013. El 1,2% de quienes consumen estas
sustancias lo hacen sin prescripción médica.
La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) advirtió el pasado año
que, tras el balance de los análisis realizados por durante los últimos
años en esta materia, los jóvenes poseen «una visión relativamente
benévola de los problemas asociados al consumo, tanto reconocidos como
esperados, que se complementa con que uno de cada cuatro sujetos de la
muestra encuentra muchas ventajas en consumir». Ello, junto con los
últimos datos aportados por la Encuesta Domiciliaria del Plan Nacional
Sobre Drogas, muestra que algo está fallando en la detención del consumo
precoz de drogas, así como en la información que a la ciudadanía llega
sobre éstas.
Por ello se presentan las siguientes preguntas por escrito:
1. A la luz de los resultados arrojados por la última Encuesta
Domiciliaria del Plan Nacional sobre Drogas, ¿Cree el Gobierno que las
medidas preventivas y educativas respecto al consumo de sustancias
psicoactivas están siendo positivas?
2. ¿Considera el Gobierno que el Plan de Acción 2013-2016 está dando
resultados? En caso negativo, ¿Piensa reformularlo para reforzar lo que,
a la luz de los resultados, están resultando ser puntos débiles del
mismo?
3. ¿Tiene intención el Gobierno de tomar más medidas de prevención y
educación en relación al consumo de drogas emergentes?
4. ¿Piensa instar el Gobierno a las autonomías a que incluyan en sus
currículos educativos educación específica en esta materia?
5. ¿Va a reforzar los controles el Ministerio de Sanidad, Política Social
e Igualdad para que el 1,2% de consumidores de ansiolíticos no puedan
adquirirlos sin prescripción médica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2015.Antonio Cantó
García del Moral, Diputado.
184/071132
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su
Diputado, Antonio Cantó García del Moral, y al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por
escrito sobre el apercibimiento de la Comisión Europea por no tener
planes de protección para espacios protegidos.
Exposición de motivos
La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra el
Reino de España por la ausencia de planes de gestión en 996 áreas
protegidas, calificadas como Lugar de Interés Comunitario (LIC). Según la
Comisión Europea, «España ha incumplido las obligaciones en esta materia
al no haber designado estos sitios como zonas especiales de conservación
y haber fijado prioridades en función de la importancia de los lugares
para el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación
favorable, no tomando las medidas de conservación adecuadas». La
aprobación de estos planes de protección dependen tanto del Gobierno,
como de las Comunidades Autónomas, un reparto competencial y de
responsabilidades que se ha mostrado ineficaz tanto en este asunto como
en otros de suma importancia. Véase las recientes crecidas del Río Ebro a
raíz de la falta de coordinación entre el Gobierno
y las CCAA en materia de conservación de sus riberas. El procedimiento
iniciado por la Comisión puede desembocar en nuevas sanciones o multas a
España, debiendo ser costeadas por el Gobierno, aunque el incumplimiento
venga de las comunidades autónomas y vista la situación actual de nuestra
economía, es necesario reducir cualquier gasto que pueda desembocar en
nuevos recortes.
Por ello se presentan las siguientes preguntas por escrito:
1. ¿Qué planes exactos de los señalados por la Comisión Europea dependen
exclusivamente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y cuáles de las Comunidades Autónomas?
2. ¿Qué plazos maneja el Gobierno para aprobar los planes de protección
que dependen de él?
3. ¿Cómo piensa evitar el Gobierno que las Comunidades Autónomas no
aprueben los programas de protección en los plazos exigidos por la
Comisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2015.Antonio Cantó
García del Moral, Diputado.
184/071133
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que sean
contestadas por escrito.
Exposición de motivos
En el trámite de enmiendas al Presupuesto General del Estado 2015 en el
Senado, el Grupo Parlamentario Popular presentó una enmienda mediante la
cual se daba de alta en el Proyecto: 2000.17.38.3525 «N-230 Sopeira-Boca
Sur Túnel de Viella, un importe de 250.000 euros, así como una alta de
mismo importe en el proyecto 2003.17.38.4118 «N-230. Tramo Túnel de
Vielha-frontera francesa», y una baja de 500.000 euros en el proyecto
2005.17.38.4199 «A-14 Tramo Lleida-Roselló (Enlace A-2) (6.0km)».
La justificación de la enmienda dice textualmente: «Es un tramo de
carretera con elevados índices y alta siniestralidad, por lo que precisa
de actuaciones de conservación y mejora de la seguridad. Los estudios
están en fase avanzada y esta dotación permitirá finalizarlos y avanzar
el presupuesto para su ejecución en 2016 y años siguientes».
Dado que al mismo tramo al que se imputa la baja en este caso, se le
imputa otra baja por el mismo importe, estaríamos ante una minoración el
tramo A-14 Lleida-Roselló de 1 millón de euros, lo cual hace suponer que
no se trata de una cuestión prioritaria para el Gobierno, por ello y por
lo confusa de la redacción de la justificación de la enmienda, es por lo
que esta Diputada formula al Gobierno las siguientes preguntas:
¿A qué se refiere el Gobierno cuando habla de necesidades de actuaciones
de conservación y mejora de la seguridad? ¿Cuáles son los estudios que
están en fase avanzada? ¿Son los relativos a conservación y mejora o los
de nueva construcción dada la denominación del programa «Creación de
infraestructuras de carreteras?
¿Cuáles son los proyectos e intenciones reales que tiene el Gobierno
para los dos tramos a los que se le dota a través de esas enmiendas con
500.000 euros más, al margen de hacer referencias culpabilizando al
Gobierno anterior?
¿Cree el Gobierno que rebajando 1.000.000 euros al tramo A-14
Lleida-Roselló (Enlace A-2) puede decir que tiene un compromiso firme con
el impulso que esta infraestructura requiere?
¿Piensa el Gobierno acometer alguna mejora en los tramos más inseguros
de esta N-230 en su extremo norte, a su paso por el Pirineo, como los del
pantano de Escales o el tramo entre la boca norte del túnel y el
municipio de Vielha? Tiene hecho algún estudio al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2015.Teresa
Cunillera Mestres, Diputada.
184/071134
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que sean
contestadas por escrito.
Exposición de motivos
En el trámite de enmiendas en el Senado, el Grupo Parlamentario Popular
presentó una enmienda por la cual se dotaba con 500.000 euros el proyecto
2015.17.038.4202 «A-14 Tramo Almenar-L.P. Huesca» y la baja, por el mismo
importe, se daba en el proyecto 2005.17.038.4199 «A-14 Tramo
Lleida-Roselló (Enlace A-2)».
La justificación de esa enmienda dice textualmente: «El tramo de la A-14
comprendido entre Almenar-Alfarrás en el último tramo (7,3 km) de esta
carretera que, teniendo elevados índices IMD y alta siniestralidad no ha
recibido actuaciones de conservación y mejora de la seguridad. Con esta
dotación se puede actualizar el proyecto con el fin de poder presupuestar
la ejecución de las obras en 2016 y los años siguientes».
Esta Diputada, a fin de comprender mejor las intenciones que el Gobierno
pueda tener para el futuro de esa infraestructura presenta las siguientes
preguntas:
¿A qué obras de «conservación y mejora de la seguridad» concretas se
refiere la justificación de la enmienda para el tramo de la A-14
comprendido entre Almenar y Alfarrás? ¿Se refiere acaso a la necesaria
construcción de la autovía en ese tramo, teniendo en cuenta la
denominación del proyecto «Programa 4538 Creación de infraestructuras de
carreteras»?
¿Asegura el Gobierno que con 500.000 euros más en la dotación del
proyecto del tramo Almenar-L.P. Huesca se garantiza que se estarán
ejecutando las obras en ese tramo en el año 2016 y los siguientes?
¿Asegura asimismo el Gobierno que con la baja de la misma cantidad en el
proyecto del tramo Lleida-Roselló (Enlace A-2) no se perjudica el
desarrollo de ese proyecto y las obras futuras?
¿Cuáles son las intenciones que tiene el Gobierno, además de culpar al
Gobierno anterior, para la futura ejecución de las obras en el conjunto
de esa infraestructura entre la ciudad de Lleida y el límite con la
provincia de Huesca?
¿Tiene el Gobierno algún proyecto de ejecución en algún tramo o alguna
parte de las obras de esa infraestructura en este año 2015?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2015.Teresa
Cunillera Mestres, Diputada.
184/071135
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Cuántas Juntas de Evaluación para determinar el ascenso, selección de
personas para cursos de capacitación y asignación de destinos de especial
responsabilidad o calificación se han constituido durante los años 2013 y
2014 y cuál ha sido la participación de mujeres en las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2015.Carmen Montón
Giménez, Diputada.
184/071136
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Cuántas acciones inversoras se han realizado para la adecuación del
alojamiento a las condiciones de la vida de la mujer en las Unidades de
las Fuerzas Armadas y como tal cuantos proyectos para este fin se han
incorporado en los años 2011, 2012, 2013 Y 2014 al Plan Director de
Infraestructuras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2015.Carmen Montón
Giménez, Diputada.
184/071137
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Número de mujeres han solicitado en los años 2012, 2013 y 2014 reducción
de jornada o flexibilidad de la misma para el cuidado de menores de 12
años y cuantas solicitudes se han concedido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2015.Carmen Montón
Giménez, Diputada.
184/071138
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
De las mujeres que solicitaron reducción de jornada o flexibilidad de la
misma para el cuidado de menores. ¿Qué número de ellas, han tenido que
realizar guardias o maniobras por necesidades del servicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2015.Carmen Montón
Giménez, Diputada.
184/071139
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014 ¿Cuál ha sido la media de bajas
médicas de hombres y mujeres y cual han sido las causas principales,
excluyendo las bajas por maternidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2015.Carmen Montón
Giménez, Diputada.
184/071140
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Cuántos cambios de destinos se han solicitado por conciliación de la vida
familiar durante el periodo 2012 y 2013 y cuántos se han concedido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2015.Carmen Montón
Giménez, Diputada.
184/071141
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Cuál es número de mujeres pertenecientes a las Fuerzas Armadas que
después de ser madres se han promocionado en su carrera profesional
durante los años 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2015.Carmen Montón
Giménez, Diputada.
Contestaciones
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales las contestaciones recibidas del Gobierno a las
preguntas de los Sres. Diputados que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2015.P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/051673
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Olmos, José y Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
En contestación a las preguntas formuladas, se informa que las obras de
referencia concluyeron en el mes de septiembre de 2014, llevándose a cabo
el acto de recepción formal el día 23 del citado mes.
De conformidad con las previsiones establecidas en el contrato de obras,
los trabajos fueron ejecutados compatibilizando su desarrollo con las
actividades ordinarias de control fronterizo, en estrecha coordinación
entre la empresa adjudicataria y los servicios públicos intervinientes.
En este sentido, las obras se desarrollaron conforme a dichas previsiones
sin que se produjeran incidencias destacables ni disfunciones de carácter
operativo ya que los flujos de tráfico de vehículos y peatones se fueron
adaptando a la situación de dichos trabajos.
En relación con la Operación Paso del Estrecho no consta que se produjeran
incidencias reseñables por esta causa.
Esta operación fue planificada con la antelación suficiente para
garantizar su óptimo desarrollo para lo cual, se reforzaron los servicios
con todos los medios humanos y materiales necesarios por parte de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Madrid, 9 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/053229
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sixto Iglesias, Ricardo (GIP).
Respuesta:
En relación con la pregunta formulada y por lo que se refiere al ámbito de
competencias del Ministerio del Interior se informa que las actuaciones
de la Guardia Civil se llevan a cabo, con carácter general, dentro del
marco que establece la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y en cumplimiento de lo dispuesto en los principios
básicos de actuación recogidos en la misma. En el caso concreto sobre el
que versa la cuestión planteada, se realizaron siguiendo las directrices
de la Delegación del Gobierno de Murcia, que emitió un comunicado
indicando al organizador las condiciones, limitaciones e itinerario de
dicha manifestación.
Madrid, 4 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/054874
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Puig Ferrer, Joaquín Francisco y Campos Arteseros, Herick Manuel
(GS).
Respuesta:
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen en servicio un
elevado número de inmuebles, siendo por lo general necesarias mejoras en
las condiciones de habitabilidad y funcionalidad de las infraestructuras,
mejoras que en la medida de lo posible son ejecutadas en función de las
disponibilidades presupuestarias y de las prioridades preestablecidas.
Las inversiones (capítulo 6) en infraestructuras (obras) previstas en el
Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual de los Presupuestos
Genera les del Estado para cada ejercicio (crédito inicial) y las
inversiones efectivamente ejecutadas (obligaciones reconocidas), con
cargo a los créditos de las Direcciones Generales de la Policía y de la
Guardia Civil en cada una de las provincias de la Comunidad Valenciana
fueron las siguientes:
;2012;;2013;;2014;
;Crédito inicial;Obligac. reconoc.;Crédito inicial;Obligac.
reconoc.;Crédito inicial;Obligac. reconoc.
Alicante;;;;;;
DGP;;12.919,19;;66.189,93;;129.185,23
DGGC;;18.997,00;;;;
Castellón;;;;;;
DGP;;;;;;
DGGC;10.000;6.800,00;;63.201,95;;5.856,00
Valencia;;;;;;
DGP;3.160.240;3.178.841,73;3.401.380;2.912.576,38;500.000;147.208,52
DGGC;40.000;268.020,03;;192.774,45;;38.332,80
Importe en euros.;;;;;;
Por otra parte cabe señalar que la Dirección General de la Guardia Civil,
anualmente, en función de las disponibilidades presupuestarias de cada
ejercicio, ejecuta obras de mejora y mantenimiento en los
acuartelamientos que se hayan priorizado, con cargo a los créditos del
Capítulo 2 descentralizados en su mayor parte a las unidades
territoriales, ascendiendo las obras ejecutadas en cuarteles de la citada
Comunidad durante los años 2012, 2013 y 2014, y estando previstas para el
presente año 2015 las siguientes actuaciones:
;2012;2013;2014;2015
Alicante;372.824,00;326.981,70;496.584,50;398.613,82
Castellón;25.463,89;213.634,77;403.944,27;161.185,97
Valencia;914.393,96,;921.159,06;1.466.799,41;828.216,08
Importe en euros.;;;;
Además de las anteriores, con cargo a créditos de la Secretaría de Estado
de Seguridad, durante 2012 se ejecutaron inversiones en infraestructuras
policiales en la provincia de Valencia por importe de 85.437,09 euros, y
durante 2014 y en las provincias de Valencia y Castellón, por importe de
50.094,19 y 20.468,92 euros, respectivamente.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/063168
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ruiz i Carbonell, Joan (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indican a continuación los
datos correspondientes a las cuantías concedidas para becas de niveles
postobligatorios universitarios de la convocatoria de movilidad en la
provincia de Tarragona, en los cursos 2010-2011, 2011-2012 y 2012- 2013.
Movilidad (modelo anterior) cuantías
Niveles;Curso 2010-2011 ();Curso 2011-2012 ();Curso 2012-2013 ()
Universitarios;1.876.079,98;2.147.623,46;2.302.885,29
La convocatoria general de becas del curso 2013-2014 incluye también la de
movilidad. La cuantía concedida en concepto de movilidad de becas de la
convocatoria general asciende a 1.892.368,88 euros.
En los niveles postobligatorios no universitarios no ha habido becas de
movilidad en estos cursos en la provincia de Tarragona.
Madrid, 12 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/063232
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Hurtado Zurera, Antonio (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta formulada se señala que los inmuebles de los
que dispone la Dirección General de la Guardia Civil en la provincia de
Córdoba son los siguientes:
Descripción;Dirección;Tipo de Inmueble
ADAMUZ;PUERTA DE LA VILLA , 24;CASA CUARTEL
AGUILAR DE LA FRONTERA;C/. A LONSO DE AGUILAR, 7;CASA CUARTEL
BAENA;AVDA. PADRE VILLOSLADA, 61;CASA CUARTEL
BENAMEJI;PLAZA ANDALUCÍA, 5;CASA CUARTEL
CAÑETE DE LAS TORRES;PLAZA DE ESPAÑA, 1;DEPENDENCIAS OFICIALES
CARDEÑA;C/. MIGUEL GALLO, 65;CASA CUARTEL
DOS TORRES;AVDA. DR. CORNEJO, 1;CASA CUARTEL
EL CARPIO;AVDA. ECCEHOMO, 1;CASA CUARTEL
EL VISO;AVDA. PARQUE, 16;CASA CUARTEL
ESPEJO;AVENIDA REGIONES DEVASTADAS, 14;DEPENDENCIAS OFICIALES
FERNAN NUÑEZ;C/. SAN SEBASTIÁN, 115;CASA CUARTEL
FUENTE OBEJUNA;PLAZA SAN SEBASTIÁN, 35;CASA CUARTEL
FUENTE PALMERA;C/ CARLOS III, 18;CASA CUARTEL
FUENTE TOJAR;C/ LAS ERA S, 10;CASA CUARTEL
HINOJOSA DEL DUQUE;AVDA. EL PARQUE, 25;CASA CUARTEL
IZNAJAR;C/. DOCTOR MOLINA LÓPEZ, S/N;CASA CUARTEL
Descripción;Dirección;Tipo de Inmueble
LA CARLOTA;JULIO ROMERO DE TORRES, 30;DEPENDENCIAS OFICIALES
LA VICTORIA;CALLE JESUS MARÍA, S/N;CASA CUARTEL
LUCENA;AVDA. GUARDIA CIVIL, 1;CASA CUARTEL
LUQUE;CALLE LA ROLDANA, S/N;CASA CUARTEL
MONTILLA;CTRA. MONTALBÁN, S/N;CASA CUARTEL
MONTORO;AVENIDA DOCTOR FLÉMING, 2;CASA CUARTEL
MONTURQUE;C/. MORILES, 24;CASA CUARTEL
MORILES;C/ LUCENA, 31;CASA CUARTEL
NUEVA CARTEYA;CALLE FABIAN RODRÍGUEZ DE LA LLAVE, 4;CASA CUARTEL
POZOBLANCO;C/ DUQUE DE AHUMADA, 1;CASA CUARTEL
RUTE;C/. BLAS INFANTE, 56;CASA CUARTEL
SANTA EUFEMIA;CTRA. ALMADÉN, 1;CASA CUARTEL
SANTA ELLA;C/. ALCAIDE Y LORITE, 39;CASA CUARTEL
VILLAFRANCA DE CÓRDOBA;C/. BARROSO, 26;CASA CUARTEL
VILLANUEVA DE CÓRDOBA;AVDA. CARDEÑA, 19;CASA CUARTEL
VILLANUEVA DEL DUQUE;C/ CARRETERA, 4;CASA CUARTEL
VILLANUEVA DEL REY;DTOR. COLLANTES, 84;CASA CUARTEL
ALCARACEJOS;AVDA. POZOBLANCO, S/N;CASA CUARTEL
BÉLMEZ;PLAZA EL SANTO, 7;CASA CUARTEL
BUJALANCE;RONDA DE JESÚS, 42;CASA CUARTEL
CAÑETE DE LAS TORRES;RONDA DEL CONVENTO, S/N;CASA CUARTEL
CASTRO DEL RÍO;AVDA. DIPUTACION, 66;CASA CUARTEL
ESPEJO;AVENIDA REGIONES DEVASTADAS, 3;CASA CUARTEL
LA RAMBLA;CALLE BARRIOS, 17;CASA CUARTEL
LA VICTORIA;CALLE DUQUE DE RIVAS, 36;CASA CUARTEL
PEDROCHE;CALLE DAMAS, 51;CASA CUARTEL
PRIEGO DE CÓRDOBA;C/ RAMON Y CAJAL, 109;CASA CUARTEL
ALMODÓVAR DEL RÍO;CTRA. ESTACIÓN, 15;CASA CUARTEL
CABRA;AVDA. ANDALUCÍA, 30;CASA CUARTEL
CARCABUEY;C/. CUESTA CENTELLA , 37;CASA CUARTEL
CERRO MURIANO;C/. CARRETERA, 41;CASA CUARTEL
CÓRDOBA - CMDA;AVD. MEDINA AZAHARA, 2;CASA CUARTEL
ESPIEL;C/. HUERTOS, 53;CASA CUARTEL
HORNACHUELOS;ESPLANADA DEL QUIOSCO, 3;CASA CUARTEL
PALMA DEL RÍO;AVDA. FRAY ALBINO, 4;CASA CUARTEL
PEÑARROYA-PUEBLO NUEVO;C/. CONSTITUCIÓN, 1;CASA CUARTEL
POSADAS;AVDA. MARÍA AUXILIADORA, 19;CASA CUARTEL
PUENTE GENIL;C/. MIGUEL ROMERO, 4;CASA CUARTEL
TORRECAMPO;C/. GRACIA, 63;CASA CUARTEL
VILLA DEL RÍO;PASEO DE LOS LIRIOS, S/ N;CASA CUARTEL
VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA;C/. TOMÁS CARRETERO, 38;CASA CUARTEL
Por otra parte, cabe señalar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado tienen en servicio un elevado número de inmuebles, siendo por lo
general necesario mejoras en las condiciones de habitabilidad y
funcionalidad de las infraestructuras, mejoras que en la medida de lo
posible son ejecutadas en función de las disponibilidades presupuestarias
y de las prioridades preestablecidas.
Las inversiones (capítulo 6) en infraestructuras (obras) previstas en el
Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual de los Presupuestos
Generales del Estado para cada ejercicio (crédito inicial) y las
inversiones efectivamente ejecutadas (obligaciones reconocidas), con
cargo a los créditos de la Dirección General de la Guardia Civil en la
provincia de Córdoba, fueron las siguientes:
;2012;;2013;;2014;
;Crédito inicial;Obligac. reconoc.;Crédito inicial;Obligac.
reconoc.;Crédito inicial;Obligac. reconoc.
Córdoba;;;;;;
DGGC;;;;;;25.332,19
Importe en euros;;;;;;
Además de las anteriores, con cargo a los créditos de la Secretaría de
Estado de Seguridad, en 2014 se ejecutaron inversiones en
infraestructuras policiales en la provincia de Córdoba por importe de
191.757,48 euros.
Por otra parte cabe señalar que la Dirección General de la Guardia Civil,
anualmente, en función de las disponibilidades presupuestarias de cada
ejercicio, ejecuta obras de mejora y mantenimiento en los
acuartelamientos que se hayan priorizado, con cargo a los créditos del
Capítulo 2 descentralizados en su mayor parte a las unidades
territoriales, ascendiendo el importe de las obras ejecutadas en
cuarteles de la citada provincia durante los años 2012, 2013 y 2014, y
estando previstas para el presente año 2015 las siguientes:
C.A. Andalucía;2012;2013;2014;2015
Córdoba;337.413,70;395.878,08;635.884,89;380.061,32
Importe en euros;;;;
Por último, el Anexo de Inversiones Reales para el presente ejercicio no
recoge previsiones de inversión en infraestructuras de la Dirección
General de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba.
Madrid, 24 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/063481
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Guillén Izquierdo, Vicente (GS).
Respuesta:
La Secretaría de Estado de I+D+i, del Ministerio de Economía y
Competitividad, gestiona ayudas para financiar actuaciones en I+D+i a
través de convocatorias que se resuelven por concurrencia competitiva,
realizándose la concesión de las ayudas de acuerdo a los principios de
publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación,
basándose en la excelencia científica. Las asignaciones presupuestarias
de estas ayudas no están regionalizadas y no pueden conocerse a priori,
por tanto, las concesiones de ayudas que recaigan en Aragón dependerán
del número de proyectos presentados, de su nivel de excelencia, del
cumplimiento de los requisitos establecidos en las convocatorias y de las
disponibilidades presupuestarias.
Fruto de las convocatorias hay varios proyectos de investigación en
relación con la cuestión planteada por Su Señoría, que se están
realizando en Aragón y focalizados al proceso de captura de CO2, que se
detallan a continuación:
Producción de hidrógeno con captura de CO2 mediante nuevos ciclos de
reformado Ca-Cu. Año 2012: 136.890,00 euros.
Impacto de la calidad del CO2 antropogénico en la tecnología CCS.
Viabilidad de la co-captura CO2/SO2. Año 2013: 146.410,00 euros.
Mejora de la combustión de carbón con captura de CO2 por procesos de
chemical looping. Año 2013: 272.250,00 euros.
Optimización de la integración energética de proceso de captura de CO2
mediante sorbentes sólidos con base de amina impregnada en central
térmica. Año 2013: 44.770,00 euros.
Por otra parte, en los años 2013 y 2014 el Instituto Geológico y Minero de
España (IGME), dependiente, asimismo, del Ministerio de Economía y
Competitividad ha llevado a cabo la segunda fase de su plan de
identificación y evaluación de estructuras geológicas con potencial de
almacenamiento de CO2. La tecnología de captura y almacenamiento de CO2
(CAC) es la única opción existente para que el consumo de carbón en la
generación eléctrica pueda seguir siendo viable dentro de los parámetros
de emisiones admitidas en el marco de la UE. Los trabajos realizados
incluyen varias estructuras en el entorno de las comarcas mineras
aragonesas, de acuerdo con el Instituto para la Reestructuración de las
Comarcas Mineras, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que fue
el ente financiador.
Madrid, 11 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/063709
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Errekondo Saltsamendi, Xabier Mikel y Urbina Fernández, Iker (GMx).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que en la actualidad
se está trabajando en la modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos. Sin embargo, no se está considerando la
posibilidad de introducir ninguna modificación que pueda ser considerada
como un incentivo a dicha actividad entendiendo como tal la concesión de
ayudas, subvenciones u otro tipo de actuación de carácter presupuestario.
Al contrario, se está trabajando en una modificación tributaria donde se
considerará el diseño de una figura impositiva que grave la producción de
hidrocarburos en cabeza de pozo y que revierta de manera especial en
aquellas administraciones más cercanas a la misma. Dicha modificación es
coherente con lo acordado en el Debate sobre el Estado de la Nación de
febrero de 2013 donde se aprobó una moción con el siguiente tenor:
«El Gobierno estudiará, en relación con la exploración de petróleo y otros
hidrocarburos en territorio nacional, incluidas sus aguas territoriales,
las modificaciones tributarias necesarias para gravar la actividad de
extracción de crudo. La implantación del tributo estará condicionada a
que el volumen extraído represente un porcentaje relevante respecto a la
demanda nacional de crudo, y su recaudación, a través del sistema de
financiación autonómico, se podrá destinar a financiar a aquellas
Comunidades Autónomas y Entidades Locales de la región en donde se
produzca la extracción».
Por otra parte, las instalaciones y servicios necesarios para el
desarrollo de las actividades de investigación y explotación de
hidrocarburos ya están declarados de utilidad pública a los efectos de
expropiación forzosa y ejercicio de la servidumbre de paso, según
establece la mencionada Ley del Sector de Hidrocarburos en su artículo
103. En particular, dichos titulares gozarán del beneficio de
expropiación forzosa y ocupación temporal de bienes y derechos que exijan
las instalaciones y servicios necesarios, así como la servidumbre de paso
y limitaciones de dominio en los casos que sea preciso para vías de
acceso, líneas de conducción y distribución de los hidrocarburos,
incluyendo las necesarias para atender a la vigilancia, conservación y
reparación de las instalaciones.
No obstante, todo ello requiere la instrucción del correspondiente
expediente administrativo, de acuerdo con lo establecido en los artículos
103 y siguientes de la Ley del Sector de Hidrocarburos así como en la Ley
de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, en particular:
Para el reconocimiento de la utilidad pública será necesario que la
empresa interesada lo solicite, incluyendo una relación concreta e
individualizada de los bienes o derechos que el solicitante considere de
necesaria expropiación u ocupación.
La petición se someterá a información pública y se recabará informe de
los órganos afectados.
Es importante destacar que, con independencia de la extensión horizontal
de los yacimientos del subsuelo, las instalaciones de superficie que se
requieren para su explotación ocupan superficies del terreno
relativamente reducidas por lo que los expedientes de expropiación
forzosa que en su caso puedan
instruirse no alcanzarán «millones de hectáreas» sino que tendrán carácter
puntual y limitado y deberán estar suficientemente motivados. Este
argumento se ve apoyado por el carácter demanial de los recursos de
hidrocarburos del subsuelo cuya titularidad corresponde al Estado
independientemente de quien ostente la condición de titular del terreno
suprayacente.
Por último, cabe señalar que las actividades de exploración, investigación
y explotación de hidrocarburos son ejercidas por sociedades mercantiles
bajo el principio de riesgo y ventura, limitándose el papel del Estado a
la función reguladora y no como ejecutor de determinadas actividades
industriales.
Por último, España es un país relativamente inexplorado en lo que se
refiere al volumen y características de los hidrocarburos que pudiesen
existir en el subsuelo nacional. Los proyectos actualmente previstos se
encuentran en una fase preliminar y tienen como finalidad aportar
conocimiento precisamente sobre tales recursos. Consecuentemente, y vista
la enorme dependencia de las importaciones de gas y petróleo, parece
razonable permitir el desarrollo de estos proyectos de investigación
siempre que se garantice el estricto cumplimiento de las medidas de
protección de las personas y el medio ambiente, al objeto de obtener
información técnica objetiva al respecto.
Madrid, 19 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/063800
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sixto Iglesias, Ricardo (GIP).
Respuesta:
Las llamadas «informaciones reservadas» se hallan reguladas en la Ley
Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen disciplinario de la
Guardia Civil. Estas tienen por objeto el esclarecimiento de los hechos
para poder determinar, con carácter preliminar, las posibles
responsabilidades de cualquier tipo en que se pudiera haber incurrido.
Tales informaciones previas se realizan cuando la Administración lo
considera procedente, sin que ello implique que se haya iniciado un
expediente disciplinario o de cualquier otro tipo.
En cualquier caso, todos los miembros de la Guardia Civil, cualquiera que
sea su rango, tienen la obligación de cumplir con la legalidad vigente.
Cabe afirmar que a todas las solicitudes se les dio el mismo tratamiento
de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 11/2007, Reguladora de
los Derechos y Deberes de los miembros de la Guardia Civil, recibiendo
respuesta el 26 de agosto por la Oficina de Apoyo al Consejo de la
Guardia Civil.
En cuanto a la evaluación que realizó la Oficina de Riesgos Laborales de
la Guardia Civil, se señala que se llevó a cabo el 10 de octubre de 2014,
estando pendiente de evaluación definitiva.
Cabe indicar que durante las obras de rehabilitación del Acuartelamiento
de Llodio (agosto 2009-octubre 2010), no fue posible instalar un aseo
dada la falta de espacio adecuado y a la dificultad de canalizar los
desagües. Si bien, se ha asegurado mediante la planificación del
servicio, que los Agentes puedan acudir al baño mientras prestan dicho
servicio.
A efectos del registro de las bajas médicas, éste corresponde al Servicio
de Asistencia Sanitaria y en su caso, al Servicio de Psicología
respetando en todo caso los datos de carácter estrictamente personal de
los sujetos implicados.
Cuando por distintas razones no se pueda asegurar la prestación del
servicio con el personal disponible se procederá a considerar a miembros
de otras Unidades de la Comandancia, atendiendo siempre a las
circunstancias del momento.
Para concluir, cabe manifestar que tras el conocimiento de la situación y
de conformidad con la normativa vigente, se llevó a cabo la
correspondiente información reservada precisando para ello, de la toma de
manifestación al personal destinado en el Acuartelamiento de Llodio.
Madrid, 4 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/063813
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se señala que en 2014 se
procedió a la revisión de las tarifas de los cánones de alta velocidad de
acuerdo con los principios que indica el artículo 73.3 de la Ley del
Sector Ferroviario 39/2003, de 17 de noviembre, que establece que: «Los
cánones se fijarán de acuerdo con los principios generales de viabilidad
económica de las infraestructuras, explotación eficaz de las mismas,
situación del mercado y equilibrio financiero en la prestación de los
servicios, y con arreglo a criterios de igualdad, transparencia y no
discriminación entre prestadores de servicios de transporte ferroviario».
De esta manera se pretende asegurar la máxima eficiencia en la gestión de
los servicios, de forma que se asegure el cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria y se permita un mejor desenvolvimiento del
sector.
Como referencia acerca de los niveles de tarificación por el uso de las
infraestructuras ferroviarias en la Unión Europea puede consultarse el
siguiente enlace de Internet:
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/market/doc/com(2014)353_part_1_en.pdf
Madrid, 16 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/064307
Ampliación a la respuesta del Gobierno
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Pérez Herraiz, Margarita (GS).
Respuesta:
Como continuación a la respuesta del Gobierno registrada de entrada en esa
Cámara con el n.º 172712, de fecha 26/12/2014, se traslada lo siguiente:
En relación con la autovía Ourense-Lugo (A-56), tramo: San Martiño-Enlace
de Barrela Norte, cabe informar a Su Señoría que el contrato de obras de
la obra civil de dicho tramo ha sido adjudicado por un importe de
32.200.000 euros (IVA incluido). Asimismo, cabe señalar que las obras
ejecutadas y abonadas ascienden a 4.323.075,64 euros.
Madrid, 18 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/064749
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Davila, M.ª Olaia (GMx).
Respuesta:
La Agencia Tributaria, en el ejercicio de la función formativa de su
personal, elabora anualmente un Plan de Formación. Su objetivo es la
consecución de una formación que garantice a los empleados públicos, de
forma permanente y eficiente, los conocimientos y habilidades para un
mejor desempeño de sus puestos de trabajo, su adaptación a las nuevas
normas, procedimientos, técnicas y herramientas
informáticas, así como un desarrollo profesional y personal que permita
integrar sus aspiraciones y necesidades con las de la organización en la
que prestan sus servicios.
Por ello, su contenido va dirigido a cubrir necesidades esenciales, como
la adaptación y actualización permanente de los empleados, la mejora de
la eficacia y de la calidad de la prestación de servicios, el
conocimiento de nuevas herramientas y procedimientos de mejora de la
gestión, así como la transmisión de la cultura y de los valores de la
organización.
En relación con las jornadas a que hace referencia Su Señoría, cabe
informar que se incluyen dentro del Plan de Formación de la Agencia
Tributaria, habiéndose llevado a cabo a lo largo de la tarde del 30 y de
la mañana del 31 de octubre.
Estas jornadas consistieron en una actividad formativa dirigida a
funcionarios pertenecientes a los subgrupos A1 y A2 con responsabilidades
directivas.
Cabe destacar que la organización de los cursos dirigidos al personal
directivo se realiza bajo criterios de homogeneidad, aprovechamiento, lo
que supone una representación adecuada tanto de las áreas funcionales
como de las instrumentales, un aprovechamiento integral de las sesiones
previstas que incluyen ponencias en mañana y tarde, y la aplicación
asimismo de criterios de austeridad.
Madrid, 11 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065161, 184/065162
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Zaragoza Alonso, José (GS).
Respuesta:
En relación con las preguntas de referencia, cabe informar a Su Señoría
que las adquisiciones tanto de mobiliario de oficina como de vehículos
están declaradas como contratación centralizada por la Orden
EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de
contratación centralizada.
En aplicación de esta disposición, la contratación de estos suministros
hasta septiembre del año 2013 se realizaba a través del sistema estatal
de contratación centralizada a que se refieren los apartados 2 y 3 del
artículo 206 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, por la Dirección General de Patrimonio del Estado, y a partir de
la creación de la Dirección General de Racionalización y Centralización
de la Contratación, por este último centro directivo.
El procedimiento utilizado para la contratación del suministro de
mobiliario es el procedimiento especial de adopción de tipo regulado en
el artículo 206 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público. Este procedimiento se tramita mediante concurso público abierto.
Cabe destacar que durante la actual legislatura, el Gobierno, a través del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (por medio de la
Subdirección General de Administración Financiera de la Administración
Periférica de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas), sólo
ha adquirido un vehículo turismo a la empresa Volkswagen Audi España,
S.A.
Respecto a las adquisiciones de mobiliario de oficina realizadas por el
Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, a continuación se recogen las empresas adjudicatarias de dichas
adquisiciones desde enero del año 2012 (fecha que se desarrolla la
estructura orgánica básica de dicho Ministerio), indicando que el importe
total desde dicha fecha ha ascendido a 6.881.873,20 euros.
Ventas al Min. Hacienda y AA.PP. desde 01/01/2012
A.E.A.T.
AF STEELCASE, S.A.
ALPADI, S.A.
ANTONIO HERRÁIZ, S.A.
ARKA PROYECTOS, S.L.
BURODECOR, S.A.
DYNAMOBEL, S.A.
EL CORTE INGLÉS, S.A.
FIGUERAS INTERNATIONA L SEATING, S.L.
MECA LUX SERVIS, S.A.
MOBILIAR, S.L.
OFITA INTERIORES, S.A.
AGENCIAS
DYNAMOBEL, S.A.
MINISTERIO
AF STEELCASE, S.A.
ALPADI, S.A.
ANTONIO HERRÁIZ, S.A.
ARKA PROYECTOS, S.L.
ARLEX DESING, S.L.
BURODECOR, S.A.
DYNAMOBEL, S.A.
EL CORTE INGLÉS, S.A.
HIDEMAR, S.A.
INDUSTRIAS ALCOM, S.A.
MECALUX SERVIS, S.A.
MOBICLINIC, S.L.
MOBILIA R, S.L.
OFITA INTERIORES, S.A.
P. DE LA OLIVA, S.A.
PRODUCTOS INTEGRADOS S.A. PRINSA
ROMERO MUEBLES DE LABORATORIO, S.A.
U.T.E. VIVES SOC. COOP. Y OTROS
UTE CTO, S.A. Y AMAT-3, S.A.
ORGANISMOS
AF STEELCASE, S.A.
ALPADI, S.A.
ANTONIO HERRÁIZ, S.A.
BURODECOR, S.A.
DYNAMOBEL, S.A.
EL CORTE INGLÉS, S.A.
EYPA R, S.A.
HAWORTH ESPA ÑA, S.L
INDUSTRIAS ALCOM, S. A.
LÍNEA MOBILIARIO DE OFICINA, S.A.
MECALUX SERVIS S.A.
MOBILIA R, S.L.
OFITA INTERIORES, S.A.
P. DE LA OLIVA, S.A.
TALLAR, S.L.
U.T.E. VIVES SOC. COOP. Y OTROS
UTE CTO,S.A. Y AMAT-3,S.A.
Madrid, 11 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065182
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sanz Remón, Álvaro (GIP).
Respuesta:
Los pozos de abastecimiento a la localidad de Calatorao (Zaragoza) captan
sus aguas de un acuífero que forma parte de la masa de agua subterránea
n.º 075 Campo de Cariñena. En esta masa de agua existen actualmente 9
puntos de control pertenecientes a los programas de seguimiento de aguas
subterráneas operados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
De acuerdo con la evaluación del estado químico recogida en la propuesta
de revisión del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro (sometido a
información pública), y realizada con datos de 2009 a 2013, la masa de
agua subterránea n.º 075 Campo de Cariñena se encuentra en buen estado,
si bien presenta riesgo de contaminación por nitratos y sustancias
activas de los plaguicidas. Igualmente, cabe indicar que la masa de agua
subterránea está incluida en las zonas con limitaciones especiales al
incremento de extracciones tal y como se puede consultar en el cuadro n.º
10.7 del Real Decreto 129/2014, de 28 de febrero, por el que se aprueba
el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica
del Ebro.
En relación con la presencia de nitratos, cabe señalar que en los
informes cuatrienales (2004-2007 y 2008-2011) que se preparan en
cumplimiento de la legislación vigente 1, se han determinado aguas
afectadas o en riesgo de contaminación por nitratos de origen agrario en
la masa de agua subterránea n.º 075 Campo de Cariñena 2, que ocupan
únicamente el 2 % de la superficie total de la masa. Los datos más
recientes de los que se dispone (2013 y 2014), indican que únicamente se
superan los 50 mg/l de nitratos en uno de los puntos de control, y que
éste está fuera de la envolvente de aguas afectadas.
En relación con los plaguicidas, únicamente se han registrado
concentraciones por encima de la norma de calidad ambiental (0,1 µg/l
para plaguicida individual) en uno de los puntos de control
pertenecientes a los programas de seguimiento de aguas subterráneas
(261570112 - Abastecimiento Nuevo Calatorao, Sondeo El Calvario). Los
datos correspondientes a 2014 indican la presencia en este punto de
desetilatrazina con una concentración máxima de 0,23 µg/l; se han
registrado, también, concentraciones traza de atrazina (0,027 µg/l),
metolacloro (0,071 µg/l) y terbutilazina (0,02 µg/l), sin que haya
llegado a superarse la norma de calidad para la suma de plaguicidas (0,5
µg/l).
Así mismo se señala que la reducción de la contaminación difusa entra en
el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas en el marco del
cumplimiento de los códigos de buenas prácticas agrarias, elaborados por
los órganos autonómicos correspondientes.
1 Directiva de Nitratos (Directiva 91/ 676/ CEE) y del R.D. 261/1996.
2 Envolvente 21 Acuíferos mesozoico carbonatado y aluvial de la margen
derecha del río Jalón entre Ricla y Épila.
Madrid, 24 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065187
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Las inversiones en material del Cuerpo Nacional de la Policía durante el
año 2014, (hasta el 2 de diciembre) fueron las recogidas en el siguiente
cuadro:
;Armamento;Medios materiales
A Coruña;73.949,91;14.099,88
Álava/Araba;10.100,20;14.099,88
Albacete;10.459,65;5.688,81
Alicante;107.558,63;45.877,98
Almería;48.875,46;8.627,51
Asturias;61.789,22;6.492,40
Ávila;6.484,20;3.926,50
Badajoz;22.293,55;8.597,92
Illes Balears;112.294,71;21.025,54
Barcelona;18.634,68;52.709,26
Burgos;21.238,57;1.592,24
Cáceres;11.266,16;4.871,59
Cádiz;160.108,00;59.796,37
Cantabria;35.715,58;2.693,80
Castellón;23.932,91;47.857,23
Ceuta;95.867,88;11.941,62
Ciudad Real;22.787,93;9.304,21
Córdoba;76.712,31;16.557,11
Cuenca;7.770,00;290,50
Girona;9.160,96;16.921,40
Granada;60.163,65;37.274,34
Guadalajara;1.894,96;6.282,90
Gipuzkoa;4.063,88;57.682,49
Huelva;12.415,64;13.391,32
Huesca;15.457,00;104,06
Jaén;34.588,07;16.113,39
La Rioja;25.624,49;1.125,72
Las Palmas;128.733,18;12.722,71
León;37.913,70;19.498,00
Lérida;8.012,78;396,64
Lugo;19.158,38;12.908,70
Madrid;660.523,15;567.294,77
Málaga;165.809,60;76.541,71
Melilla;113.191,35;39.412,46
Murcia;82.235,93;33.331,26
Navarra;20.554,47;33.184,62
Ourense;0,00;3.645,38
Palencia;6.954,12;6.278,16
Pontevedra;39.150,05;14.312,61
Salamanca;26.791,28;7.685,15
Segovia;7.266,60;5.474,00
Sevilla;118.994,84;35.709,99
Soria;5.228,38;95,83
Tarragona;3.821,17;8.490,31
Sta. C. Tenerife;119.901,03;3.144,08
Teruel;4.280,89;1.718,14
Toledo;15.157,67;9.922,95
;Armamento;Medios materiales
Valencia;91.894,22;47.857,23
Valladolid;35.118,42;12.157,71
Bizkaia;24.871,90;15.164,83
Zamora;4.538,30;8.930,90
Zaragoza;90.138,99;26.844,19
Por otra parte, cabe señalar que los datos correspondientes a cada uno de
los años del período 2011/2013 ya fueron facilitados a Su Señoría con
motivo de la respuesta a la pregunta escrita con número de expediente
184/053266.
Madrid, 26 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065227
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Duran i Lleida, Josep Antoni (GCiU).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia, se indican a continuación los
ingresos por autoliquidaciones extemporáneas en el período 2012-2014
(expresados en millones de euros):
;2012;2013;2014
Ingresos autoliquidaciones extemporáneas;1.347;1.014;1.332
A estos efectos, cabe destacar que en dichas cifras se incluye la
totalidad de los ingresos procedentes de autoliquidaciones extemporáneas,
independientemente de los motivos, elementos o circunstancias que motivan
su presentación.
Madrid, 24 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065250
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Bedera Bravo, Mario y Esteve Ortega, Esperança (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que el Gobierno ha
elaborado un texto que, con carácter de borrador de Anteproyecto de Ley,
se envió el 18 de junio de 2014 a consultas a las diferentes autoridades
competentes en la materia y a las entidades y organizaciones interesadas
en el contenido de ese borrador, entre otras organizaciones no
gubernamentales, asociaciones de cazadores o comerciantes de mascotas.
Como respuesta a la consulta se ha recibido una enorme cantidad de
comentarios de diferente calado (de Comunidades Autónomas, de
Departamentos Ministeriales y de más de 30 entidades afectadas por la
propuesta). Una parte de estas observaciones se ha detallado, debatido y
matizado a lo largo de una serie de reuniones que desde el mes de julio
se han mantenido con varias partes interesadas.
Desde entonces, se está trabajando para articular las diferentes
sugerencias recibidas, muchas veces de carácter contrapuesto, para
elaborar un nuevo borrador que incorpore esas propuestas. En la medida en
la que se pueda avanzar en una propuesta con un grado de consenso
suficiente, dicho texto será remitido a las Cortes Generales.
Por otra parte, la Comisión Europea en estos momentos está realizando un
estudio sobre el bienestar de los perros y gatos objeto de prácticas
comerciales (ya que considera que su competencia está limitada a esta
actividad). Se espera que dicho estudio esté finalizado en febrero de
2015 y sus resultados también deberán ser sopesados y, en su caso,
incorporados al borrador de Anteproyecto de Ley.
Finalmente, y en lo que se refiere a la rúbricas presentadas por los
ciudadanos, su cifra es reflejo de la preocupación de la sociedad por las
condiciones de comercio y tenencia de los perros y gatos, aspecto éste
que es cuidadosamente valorado por el Gobierno para que su toma de
decisiones sea equilibrada y tenga en cuenta los distintos puntos de
vista que manifiesta el amplio abanico de voces que comparten esa
preocupación.
Por otra parte, se señala que en el Proyecto de Ley Orgánica por la que se
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal,
actualmente en fase de tramitación en el Senado, se contiene una
modificación de los tipos penales relativos al maltrato y abandono de
animales.
La reforma de dichos preceptos va encaminada a reforzar la protección de
los animales mediante una definición de los que son objeto del delito que
incrementa la seguridad en la aplicación de la norma, y una revisión de
las conductas punibles, incluyendo la explotación sexual de animales, y
de las sanciones aplicables a las mismas. Como novedad importante, además
de las correspondientes penas de prisión o multa en función de la
gravedad, se prevé la posibilidad de imponer las penas de inhabilitación
especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga
relación con los animales y para la tenencia de animales.
La infracción penal consistente en el abandono de animales domésticos que
en la actualidad está prevista como falta, pasa a constituir un tipo
atenuado del maltrato de animales.
El contenido de los artículos 337 y 337 bis, a salvo de posibles
modificaciones en la tramitación parlamentaria, sería el siguiente:
Artículo 337
1. Será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión e
inhabilitación especial de un año y un día a tres años para el ejercicio
de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y
para la tenencia de animales, el que por cualquier medio o procedimiento
maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben
gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual, a
a) un animal doméstico o amansado,
b) un animal de los que habitualmente están domesticados,
c) un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano, o
d) cualquier animal que no viva en estado salvaje.
2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad
superior cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o
formas concretamente peligrosas para la vida del animal.
b) Hubiera mediado ensañamiento.
c) Se hubiera causado al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido,
órgano o miembro principal.
d) Los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad.
3. Si se hubiera causado la muerte del animal se impondrá una pena de seis
a dieciocho meses de prisión e inhabilitación especial de dos a cuatro
años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación
con los animales y para la tenencia de animales.
4. Los que, fuera de los supuestos a que se refieren los apartados
anteriores de este artículo, maltrataren cruelmente a los animales
domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados
legalmente, serán castigados con una pena de multa de uno a seis meses.
Asimismo, el juez podrá
imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el
ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los
animales y para la tenencia de animales.
Artículo 337 bis
El que abandone a un animal de los mencionados en el artículo anterior en
condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad será castigado con
una pena de multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez podrá imponer la
pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio
de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y
para la tenencia de animales.
Madrid, 27 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065300
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Franquis Vera, Sebastián (GS).
Respuesta:
La Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de
marzo, y otras normas tributarias, incorpora una Disposición adicional
única que contempla un doble beneficio excepcional para los perceptores
de pensiones extranjeras: por un lado, un período de regularización
extraordinario de seis meses, en el que los pensionistas podrán
regularizar voluntariamente todos los períodos no prescritos del IRPF,
sin exigencia de intereses, recargos ni sanciones y, por otro, una
condonación de los intereses, recargos y sanciones que se hayan exigido a
este colectivo.
Madrid, 12 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065308
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Franquis Vera, Sebastián (GS).
Respuesta:
En las Memorias de la Agencia Tributaria se encuentra disponible la
información sobre su plantilla:
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Memorias/Memorias.shtml
Madrid, 12 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065312 a 184/065314
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Franquis Vera, Sebastián (GS).
Respuesta:
De acuerdo con los datos del Banco de España. La deuda en el segundo
trimestre de 2014 de la Comunidad Autónoma de Canarias, según el
Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), ascendía a 5.462 millones de euros
1.
La Deuda Viva a 31 de diciembre de 2013, definida según el protocolo del
déficit excesivo, incluye las siguientes operaciones de riesgo: créditos
financieros, valores de renta fija, préstamos o créditos transferidos a
terceros, factoring sin recurso, fondo de financiación para el pago a
proveedores y asociaciones público privadas.
La información de la Deuda Viva de las Entidades Locales a 31/12/2013 ha
sido publicada en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con
las Entidades Locales del MINHAP en el siguiente enlace:
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/DeudaViva.aspx
1 http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a1309.pdf
Madrid, 12 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065348
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
En relación con las cuestiones planteadas por Su Señoría, se debe indicar
que todas las actuaciones de la Guardia Civil están sujetas a la máxima
de eficacia y proporcionalidad a las misiones encomendadas y ajustadas a
la ley.
Por otra parte, la Dirección General de la Guardia Civil no tiene
constancia de ninguna queja en el sentido señalado, ni se ha instruido
diligencias por actuaciones como las descritas en la pregunta.
Madrid, 28 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/065384
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que actualmente se
están llevando a cabo los procedimientos para la resolución de la
convocatoria general de becas del curso 2014/2015 por lo que sólo se
pueden facilitar los datos correspondientes a solicitudes presentadas a
través de la web, desagregadas en función de la Comunidad Autónoma en que
figure el centro donde se encuentran matriculados los estudiantes.
CC.AA.;Niveles universitarios;Niveles no universitarios;Total
Andalucía;120.686;152.084;272.770
Aragón;10.797;10.628;21.425
Asturias;9.091;8.971;18.062
CC.AA.;Niveles universitarios;Niveles no universitarios;Total
Illes Balears;4.689;5.463;10.152
Canarias;23.500;35.632;59.132
Cantabria;4.496;5.996;10.492
Castilla y León;34.872;27.787;62.659
Castilla-La Mancha;14.082;29.351;43.433
Cataluña;70.158;56.568;126.726
Extremadura;10.966;21.119;32.085
Galicia;27.250;34.578;61.828
La Rioja;3.218;2.395;5.613
Madrid;101.219;49.664;150.883
Murcia;19.663;21.071;40.734
Navarra;3.734;5.049;8.783
País Vasco ***;2.212;112;2.324
Comunidad Valenciana;65.212;74.723;139.935
Ceuta;;1.577;1.577
Melilla;;2.023;2.023
*** En virtud del Real Decreto 1014/1985, de 25 de mayo, y Real Decreto
3195/1980, de 30 de diciembre, de traspaso de funciones y servicios del
Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Universidades
y en materia de enseñanza, respectivamente, el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte únicamente concede las becas que corresponden a
estudiantes universitarios que, no teniendo vecindad administrativa en la
Comunidad Autónoma del País Vasco, cursan sus estudios en centros
docentes de dicha Comunidad Autónoma.;;;
Madrid, 24 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065412
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).
Respuesta:
Con carácter general y, por tanto, sin vinculación con la noticia
periodística a la que se alude en la pregunta, el incremento de plantilla
puede producirse, de forma ordinaria, por incorporación de nuevo personal
a través de las Ofertas de Empleo Público o a través de procesos de
movilidad.
Tanto en un caso como en otro, no puede concretarse en un momento dado
cuál puede ser el calendario de incorporación de nuevo personal, dada la
heterogeneidad de los procedimientos aplicables así como de los cuerpos a
los que hipotéticamente podría afectar la incorporación.
En las Memorias de la Agencia Tributaria se encuentra disponible
información sobre su plantilla:
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Memorias/Memorias.shtml
Madrid, 12 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065445
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que al Gobierno no le
consta que se haya manifestado queja o malestar alguno contra la
Intervención Delegada Territorial de Salamanca, por actuaciones
perjudiciales de ningún tipo en relación con los centros del IMSERSO en
dicha provincia.
Las actuaciones de control realizadas por la Intervención General de la
Seguridad Social, son las que establece la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria y el Real Decreto 706/1997, de 16 de
mayo, y tienen como objetivo garantizar que los actos de contenido
económico realizados por las entidades que integran el Sistema de la
Seguridad Social se ajusten a las disposiciones aplicables en cada caso.
Madrid, 17 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065466
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iñarritu García, Jon (GMx).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que España ratificó
la Convención de Municiones de Racimo en junio de 2009. Con anterioridad
a esa fecha, en marzo de 2009, las Fuerzas Armadas eliminaron las
existencias de ese tipo de munición, conservando una cantidad limitada de
acuerdo con los efectos previstos en el artículo 3.6 de dicha Convención
(desarrollo y entrenamiento en técnicas de detección, limpieza y
destrucción). En cumplimiento del artículo 7 de la Convención, se informa
anualmente a la ONU (a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación) de las existencias a fin de año y de la munición consumida
en los mencionados supuestos.
Por otro lado, el Ministerio de Defensa tiene conocimiento exacto y
puntual de la munición remanente en la empresa civil, destacándose que el
porcentaje que se encuentra ensamblado es menor del 1 % del total. A
estos efectos, el Ministerio de Defensa ha colaborado en el Proyecto de
Ley de modificación de la Ley 33/1998, de 5 de octubre, de prohibición
total de minas antipersonal y armas de efecto similar, que contemplará
también la destrucción de las municiones de racimo. Por último, se
significa que como consecuencia de la moratoria aprobada en Consejo de
Ministros en julio de 2008, la empresa INSTALAZA dejó de fabricar
municiones de racimo.
El tiempo empleado en el proceso para la destrucción de las municiones de
racimo es reducido, por lo que el plazo límite que señala la Convención
(año 2018) es suficientemente amplio para la destrucción de las actuales
existencias.
Al ratificar la Convención Internacional sobre municiones de racimo,
España se comprometió a no almacenarlas en territorio nacional. Eso
incluye las Bases españolas de Rota y Morón en las que se autoriza el uso
compartido a los Estados Unidos. Por parte de las autoridades españolas
no se tiene conocimiento de ningún «stock» de ese tipo de municiones en
territorio nacional.
Madrid, 27 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/065472
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El gasto en combustible de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en el periodo enero/octubre del año 2014 y su comparación con el mismo
periodo del año anterior, con el desglose solicitado por Su Señoría, fue
el recogido en el siguiente cuadro:
C. A./Provincia;Enero/Octubre;
;2013 ();2014 ()
C. de Madrid;15.957.936,35;15.193.960,07
Cataluña;2.208.006,73;1.983.288,65
Barcelona;1.275.891,95;1.153.769,65
Girona;318.421,29;276.176,00
Lleida;249.878,89;210.871,45
Tarragona;363.814,60;342.471,55
C. Valenciana;6.090.492,51;5.617.505,53
Valencia;2.918.079,98;2.710.969,37
Alicante;2.166.124,45;2.017.367,09
Castellón;1.006.288,08;889.169,07
Andalucía;12.199.121,84;11.381.739,86
Sevilla;2.591.742,28;2.405.951,14
Cádiz;1.922.362,01;1.809.941,31
Córdoba;985.125,75;928.499,17
Huelva;969.133,87;893.559,11
Granada;1.477.923,78;1.380.057,50
Almería;1.083.728,15;1.041.071,47
Jaén;975.481,86;904.723,94
Málaga;2.193.624,15;2.017.936,22
País Vasco;1.212.031,34;1.095.285,00
Bizkaia;470.199,82;439.723,10
Guipuzkoa;477.509,04;393.309,58
Álava/Araba;264.322,48;262.252,32
Aragón;2.781.113,53;2.624.907,02
Zaragoza;1.460.947,39;1.350.483,65
Huesca;811.072,80;799.477,98
Teruel;509.093,33;474.945,39
Castilla y León;6.205.071,43;5.776.758,14
Valladolid;771.876,33;762.141,82
Ávila;543.359,79;497.343,28
Burgos;836.865,31;748.105,40
León;1.183.897,48;1.065.405,16
Palencia;507.538,87;512.624,92
Salamanca;749.998,61;699.536,28
Segovia;597.537,57;536.330,42
Soria;397.842,88;372.724,80
Zamora;616.154,58;582.546,06
Galicia;4.232.036,44;4.175.749,30
A Coruña;1.546.012,31;1.551.098,27
Lugo;715.736,72;728.190,08
Ourense;676.772,77;650.434,45
Pontevedra;1.293.514,64;1.246.026,50
Principado de Asturias;1.631.945,23;1.528.882,90
C. A./Provincia;Enero/Octubre;
;2013 ();2014 ()
Illes Balears;1.446.310,57;1.306.778,83
C. F. de Navarra;1.188.727,96;1.091.611,04
Castilla-La Mancha;4.621.766,97;4.328.316,79
Toledo;1.360.879,17;1.263.035,09
Ciudad Real;1.086.075,59;1.013.717,03
Cuenca;684.700,70;629.623,07
Guadalajara;639.712,54;607.097,47
Albacete;850.398,96;814.844,13
Extremadura;2.416.051,79;2.196.702,12
Badajoz;1.483.153,09;1.329.891,39
Cáceres;932.898,70;866.810,73
Región de Murcia;1.708.128,55;1.626.638,69
Cantabria;864.898,51;807.103,27
La Rioja;953.274,14;874.837,50
Ciudad de Ceuta;195.880,62;191.601,79
Ciudad de Melilla;183.286,70;177.446,02
Canarias;1.863.744,14;1.687.924,51
Las Palmas;1.006.194,05;920.659,87
Sta. Cruz de Tenerife;857.550,09;767.264,65
Total;67.959.825,35;63.667.037,04
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065486
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
En relación con la pregunta formulada por Su Señoría se informa que es
cierto que el Centro penitenciario de Madrid VI cuenta con piscina,
polideportivo y módulo familiar y dispone de 14 Módulos, pues esta
estructura la tienen todos los Centros inaugurados desde el año 1995. No
es cierto, sin embargo, que tenga dos Módulos de respeto, pues tiene
cinco y, tampoco lo es que estos módulos, ni los demás, tengan una alta
ocupación, como lo evidencian las cifras de población reclusa que alberga
el Centro en estos momentos, 1.300 internos, habiendo épocas en las que
albergó a 1.800 internos. Actualmente, el módulo con más ocupación tiene
127 internos, siendo su capacidad de 144.
La persona mencionada en el texto de la pregunta se encuentra en un módulo
que no es de respeto.
Por otra parte, cabe señalar que el Gobierno puede garantizar la no
existencia de privilegio alguno para los delincuentes en prisión. No
obstante, conviene precisar que nuestro modelo de cumplimiento de la
condena es individualizado (art. 72.1 de Ley Orgánica 1/1979, de 26 de
septiembre, General Penitenciaria), lo que supone que cada interno cumple
la condena conforme a unos criterios de clasificación penitenciaria en
grados, que se adoptan tras valorar las variables previstas en la
normativa penitenciaria.
Esta clasificación penitenciaria, que condicionará el posterior régimen de
vida del interno, se adopta por la Administración de una forma que nunca
es arbitraria ni discriminatoria.
Madrid, 19 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/065513
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Xuclà i Costa, Jordi (GCiU).
Respuesta:
En el siguiente cuadro se recoge la información interesada, desglosada por
años comprendidos en el periodo de referencia y tipo de destino del
empleado público.
Empleados públicos destinados en el exterior
;2012;2013;2014
Concepto 230 (Dietas);181.230,00 ;186.117,28 ;278.241,66
Concepto 231 (Locomoción);268.437,51 ;287.302,17 ;436.899,46
Empleados públicos destinados en servicios centrales
;2012;2013;2014
Concepto 230 (Dietas);415.894,11 ;460.660,18 ;431.303,83
Concepto 231 (Locomoción);855.242,77 ;1.110.071,57 ;1.149.418,70
Se indica que los gastos señalados incluyen tanto los desplazamientos por
Comisión de Servicios, de Altos Cargos, otros funcionarios y empleados
públicos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en
desplazamientos a reuniones de trabajo o viajes oficiales; como los
desplazamientos que el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio, prescribe para los traslados del
Personal Diplomático, de Gestión y Auxiliares y Administrativos
destinados en el exterior, tanto cuando se incorporan a sus puestos en
Embajadas y Consulados, como cuando retornan de dichos puestos.
Madrid, 23 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/065522, 184/065642
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campuzano i Canadés, Carles (GCiU).
Respuesta:
En relación con las preguntas de referencia, cabe informar a Su Señoría
que el criterio final en esta materia se encuentra pendiente de la
próxima reunión que se debe celebrar con el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065523, 184/065644
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Picó i Azanza, Antoni (GCiU).
Respuesta:
La Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido
(BOE de 29 de diciembre), supone la transposición al derecho interno de
las previsiones de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de
noviembre, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido.
La Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley
20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del
Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre,
de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que
se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras (BOE
de 28 de noviembre), establece en el apartado veintiuno del artículo
primero una modificación, entre otros, de los números 5.º y 6.º del
apartado Uno.1 del artículo 91 de la Ley 37/1992, por el que el tipo
impositivo del 10 por ciento se aplica a determinadas entregas,
adquisiciones intracomunitarias e importaciones.
El apartado veintiuno del artículo primero de la Ley 28/2014 modifica
también el número 3.º del apartado Dos.1 del artículo 91 citado,
estableciendo el tipo impositivo reducido del 4 por ciento a determinadas
entregas, adquisiciones intracomunitarias e importaciones.
Por su parte, el apartado cuarenta y uno del artículo primero de la Ley
28/2014 añade un apartado al Anexo de la Ley 37/1992.
Por último, cabe señalar que, con fecha 29 de diciembre de 2014 y 20 de
enero de 2015 y números de consulta vinculante V3386-14, y V0185-15
respectivamente, se ha emitido por la Dirección General de Tributos la
contestación a dos consultas vinculantes relativas a la interpretación
del alcance de la modificación de la normativa mencionada respecto a
determinados productos, que están disponibles en la base de datos de
doctrina del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en la
dirección:
http://petete.minhap.gob.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/consulta.htm
Madrid, 12 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065530 y 184/065531
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En relación con las preguntas de referencia, el Gobierno se remite a la
respuesta a las preguntas formuladas por Su Señoría con números de
expediente 184/061410, 184/061411 y 184/062077, remitida a la Cámara el
17 de noviembre de 2014, con número de registro de entrada 163007, y que
se transcribe a continuación:
«En relación con las preguntas de referencia cabe informar a Su Señoría
que la adaptación de la plantilla de CORREOS a la evolución de su
actividad, al contexto actual y, en definitiva, a la realidad, se viene
realizando de manera escalonada desde hace tiempo, mediante un descenso
natural de los efectivos, primando la eficiencia, el adecuado
cumplimiento de las obligaciones de servicio público y la conciliación de
los intereses de los empleados y la empresa.
En este sentido, es importante señalar que la adaptación de la plantilla
en los ejercicios solicitados obedece a que se ha generado una
disminución constante en los envíos distribuidos en los últimos años, lo
que junto con otros factores como la tecnificación de las tareas
operativas (generalización del uso de tecnologías de movilidad,
optimización de flujos logísticos, simplificación de tareas
administrativas, ) o
la mejora de los procesos de automatización (que afecta al 94 % de la
correspondencia), ha conllevado una disminución en las necesidades de
personal de la Sociedad Estatal.»
Dicha respuesta incluía además 2 documentos anexos, que se remiten de
nuevo, con la siguiente información:
El anexo I incluye la evolución de la plantilla media en el período
2011-2013.
El anexo II indica las inversiones realizadas en ese período por
Comunidades Autónomas y provincias.
Anexo I
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
;Plantilla media (N.º trabajadores);;
;31/12/2011;31/12/2012;31/12/2013
Almería;684,28;643,16;617,13
Cádiz;1.128,36;1.077,08;1.021,90
Córdoba;800,40;774,74;723,36
Granada;1.094,44;1.049,59;974,34
Huelva;505,82;474,54;444,97
Jaén;686,39;638,65;601,42
Málaga;1.580,88;1.511,67;1.430,51
Sevilla;2.149,17;2.066,28;2.025,40
Andalucía;8.629,74;8.235,70;7.839,03
Huesca;352,31;325,97;306,25
Teruel;197,34;186,51;180,12
Zaragoza;1.216,91;1.142,70;1.080,28
Aragón;1.766,56;1.655,18;1.566,64
Navarra;779,68;735,97;690,86
C. F. Navarra;779,68;735,97;690,86
Centro Directivo;1.098,99;1.044,59;1.049,34
Madrid;9.755,18;9.069,84;8.601,81
C. Madrid;10.854,17;10.114,42;9.651,15
Alicante;1.925,19;1.813,53;1.759,39
Castellón;599,06;569,74;538,16
Valencia;2.724,75;2.619,27;2.530,67
C. Valenciana;5.249,00;5.002,54;4.828,21
Las Palmas;1.277,35;1.226,27;1.189,36
Sta. Cruz Tenerife;1.273,74;1.207,40;1.157,03
Canarias;2.551,09;2.433,68;2.346,39
Cantabria;718,42;690,60;667,52
Cantabria;718,42;690,60;667,52
Albacete;415,33;399,38;386,95
Ciudad Real;532,71;499,36;487,87
Cuenca;282,36;270,60;263,14
Guadalajara;305,65;292,01;273,19
Toledo;838,07;803,24;760,64
;Plantilla media (N.º trabajadores);;
;31/12/2011;31/12/2012;31/12/2013
Castilla-La Mancha;2.374,12;2.264,59;2.171,79
Ávila;222,13;204,40;192,84
Burgos;438,43;406,37;381,29
León;705,50;659,92;636,55
Palencia;234,60;217,70;202,48
Salamanca;422,69;398,65;375,09
Segovia;193,58;180,62;166,79
Soria;161,53;148,46;142,13
Valladolid;807,28;768,62;720,52
Zamora;229,82;208,27;200,12
Castilla y León;3.415,56;3.192,99;3.017,80
Barcelona;7.512,79;7.116,16;6.751,05
Girona;873,22;824,68;788,52
Lleida;662,46;641,11;616,88
Tarragona;904,98;863,13;835,81
Cataluña;9.953,45;9.445,08;8.992,26
Ceuta;79,30;72,63;70,13
C. A. Ceuta;79,30;72,63;70,13
Badajoz;789,24;753,46;730,01
Cáceres;521,01;494,72;474,76
Extremadura;1.310,25;1.248,18;1.204,77
A Coruña;1.564,58;1.504,47;1.470,36
Lugo;583,37;540,58;516,58
Ourense;492,57;457,57;430,85
Pontevedra;1.159,82;1.107,18;1.061,79
Galicia;3.800,34;3.609,80;3.479,58
Illes Balears;1.302,63;1.240,97;1.161,24
I. Balears;1.302,63;1.240,97;1.161,24
La Rioja;372,61;338,35;321,42
La Rioja;372,61;338,35;321,42
Melilla;76,62;68,93;63,81
C. A. Melilla;76,62;68,93;63,81
Asturias;1.584,39;1.497,08;1.429,25
P. Asturias;1.584,39;1.497,08;1.429,25
Araba/Álava;489,07;464,35;448,50
Gipuzkoa;837,02;783,56;745,01
Bizkaia;1.463,63;1.393,88;1.353,43
País Vasco;2.789,72;2.641,79;2.546,94
Murcia;1.359,71;1.286,63;1.215,52
Murcia;1.359,71;1.286,63;1.215,52
Total;58.967,36;55.775,12;53.264,31
Anexo II
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
Inversiones no financieras
Comunidad Autónoma;Provincia;2011 (Real);2012 (Real);2013 (Real)
País Vasco;Araba/Álava;226.131,59;772.819,29;688.699,96
;Gipuzkoa;662.439,97;933.538,73;775.562,75
;Bizkaia;774.726,03;403.853,84;1.049.469,24
Total País Vasco;;1.663.297,59;2.110.211,86;2.513.731,95
Cataluña;Barcelona;4.309.724,96;5.732.778,88;12.938.755,28
;Girona;772.402,22;261.022,63;465.621,66
;Lleida;755.177,54;123.680,68;317.647,15
;Tarragona;2.935.220,35;731.080,60;785.370,80
Total Cataluña;;8.772.525,07;6.848.562,79;14.507.394,89
Galicia;Coruña (A);550.818,54;1.391.080,55;1.046.561,53
;Lugo;280.644,53;66.319,24;205.108,85
;Ourense;303.914,27;72.612,45;150.401,92
;Pontevedra;269.838,30;224.840,42;952.615,61
Total Galicia;;1.405.215,64;1.754.852,66;2.354.687,91
Andalucía;Almería;1.100.509,34;138.376,90;296.569,21
;Cádiz;470.990,56;230.709,22;653.983,71
;Córdoba;336.266,08;165.477,75;492.705,75
;Granada;328.981,22;452.431,22;471.159,94
;Huelva;233.606,21;304.703,44;651.619,20
;Jaén;988.034,67;316.017,87;357.867,02
;Málaga;674.987,99;573.969,17;1.105.228,77
;Sevilla;1.156.405,30;1.270.703,00;1.816.816,32
Total Andalucía;;5.289.781,37;3.452.388,57;5.845.949,92
Asturias;Asturias (Oviedo);2.062.818,01;1.117.168,58;680.215,80
Total Principado de Asturias;;2.062.818,01;1.117.168,58;680.215,80
Cantabria;Cantabria (Santander);394.905,80;502.092,36;442.212,49
Total Cantabria;;394.905,80;502.092,36;442.212,49
La Rioja;Rioja (La);77.927,25;535.304,91;258.117,88
Total La Rioja;;77.927,25;535.304,91;258.117,88
Murcia;Murcia;1.235.202,07;1.171.011,01;853.955,75
Total Región de Murcia;;1.235.202,07;1.171.011,01;853.955,75
Comunidad Valenciana;Alicante;3.531.426,45;1.415.645,01;1.273.082,51
;Castellón;318.186,60;330.825,30;373.715,28
;Valencia;1.052.631,86;1.882.384,52;1.655.987,32
Total Comunidad Valenciana;;4.902.244,91;3.628.854,83;3.302.785,11
Aragón;Huesca;164.474,61;39.180,37;148.059,66
;Teruel;101.315,25;22.183,69;92.574,94
;Zaragoza;491.178,96;686.807,75;838.208,28
Total Aragón;;756.968,82;748.171,81;1.078.842,88
Comunidad Autónoma;Provincia;2011 (Real);2012 (Real);2013 (Real)
Castilla-La Mancha;Albacete;147.244,04;109.634,14;226.317,39
;Ciudad Real;495.912,04;232.763,02;696.978,25
;Cuenca;1.357.693,66;494.905,02;245.681,58
;Guadalajara;148.918,23;77.796,01;129.916,83
;Toledo;606.539,65;301.648,57;606.754,33
Total Castilla-La Mancha;;2.756.307,62;1.216.746,76;1.905.648,38
Canarias;Palmas (Las);867.318,30;1.751.737,15;1.303.906,04
;Sta. Cruz de Tenerife;1.029.727,78;342.369,78;708.819,29
Total Canarias;;1.897.046,08;2.094.106,93;2.012.725,33
Navarra;Navarra;886.632,32;372.257,68;573.394,19
Total Comunidad Foral de Navarra;;886.632,32;372.257,68;573.394,19
Extremadura;Badajoz;690.971,25;380.810,04;394.299,91
;Cáceres;378.732,15;100.267,85;2.779.985,88
Total Extremadura;;1.069.703,40;481.077,89;3.174.285,79
Illes Balears;Baleares;669.644,25;1.261.824,08;998.047,11
Total Illes Balears;;669.644,25;1.261.824,08;998.047,11
Madrid;Madrid;6.355.527,07;5.330.794,16;8.304.177,15
Total Madrid;;6.355.527,07;5.330.794,16;8.304.177,15
Castilla y León;Ávila;209.084,28;37.651,04;110.376,11
;Burgos;288.073,56;75.845,74;211.327,24
;León;362.349,82;343.129,53;337.946,18
;Palencia;268.623,36;37.640,07;127.074,92
;Salamanca;1.018.149,38;324.265,68;178.381,53
;Segovia;103.172,69;271.719,94;92.065,62
;Soria;75.487,31;20.166,73;61.109,92
;Valladolid;338.251,88;569.673,55;279.656,20
;Zamora;100.490,95;62.115,85;372.845,30
Total Castilla y León;;2.763.683,23;1.742.208,13;1.770.783,02
Ceuta;Ceuta;19.203,65;8.335,23;40.481,38
Total Ciudad Autónoma de Ceuta;;19.203,65;8.335,23;40.481,38
Melilla;Melilla;49.633,88;10.133,68;52.239,19
Total Ciudad Autónoma de Melilla;;49.633,88;10.133,68;52.239,19
No Regionalizable;No Regionalizable;1.472.059,26;2.365.601,47;1.262.938,86
Total no regionalizable;;1.472.059,26;2.365.601,47;1.262.938,86
Total General;;44.500.327,29;36.751.705,39;51.932.614,98
Datos en euros.;;;;
Madrid, 29 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/065537, 184/065538
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María y Álvarez Álvarez, Ángeles (GS).
Respuesta:
En contestación a la pregunta formulada, se informa que mientras no se
lleve a cabo la modificación de la Orden INT/208/2013, y del catálogo de
los puestos de trabajo del Cuerpo Nacional de Policía, seguirá vigente la
Resolución firmada por el Director General de la Policía, con fecha 12 de
noviembre de 2014, por la que se crea el «Coordinador Nacional de
Seguimiento y Control de la violencia doméstica, de género y sexual».
Esta Resolución establece las medidas provisionales de organización y
funcionamiento para la mejora de la prevención e investigación de las
infracciones relacionadas con este tipo de violencia.
Todo ello es consecuencia de la necesidad de alcanzar los objetivos
previstos, manteniendo bajo una misma dirección todos los recursos,
facilitando una mayor coordinación, inmediatez y continuidad de los
servicios para lograr un tratamiento integral, y poder así hacer frente a
las segundas victimizaciones.
Las funciones del «Coordinador Nacional de Seguimiento y Control de la
violencia doméstica, de género y sexual», son las siguientes:
La dirección superior y la coordinación de las Unidades y Servicios cuya
actividad esté relacionada con la violencia de género y familiar, así
como con la delincuencia sexual.
El seguimiento y análisis en el ámbito policial de los delitos conocidos
en esta materia.
La promoción de las iniciativas y medidas dirigidas combatir el problema
social que provoca este tipo de violencia y la coordinación y relaciones
con otros organismos nacionales e internacionales con competencia en la
materia.
Con carácter provisional, la Unidad del «Área de Seguimiento y Control de
la Violencia Familiar (ASCVAF)», de la Dirección Adjunta Operativa, y
tanto a nivel central como territorial, las «Unidades del Servicio de
Atención a la Familia (SAF)», y las «Unidades de Prevención, Asistencia y
Protección a las víctimas de Violencia de género (UPAP)», dependen en los
aspectos funcionales y operativos del referido Coordinador Nacional de
Seguimiento y Control de la violencia doméstica, de género y sexual.
Por último cabe señalar que las Unidades de Familia y Mujer, tendrán una
Unidad Central e implantación en todo el territorio nacional con
competencia del Cuerpo Nacional de Policía.
Los policías adscritos a los SAF y UPAP, se integraran en las citadas
Unidades centrales y territoriales de Familia y Mujer, contando éstos con
la formación adecuada para esta actividad.
No obstante, desde la Dirección Adjunta Operativa en colaboración con la
Comisaría General de Policía Judicial, la Comisaría General de Seguridad
Ciudadana y la División de Formación y Perfeccionamiento, se ha
programado el «Curso de especialistas en violencia de género, doméstica y
sexual». Se trata de formación dirigida a funcionarios que integraran las
Unidades de Familia y Mujer y que se desarrollara de forma inminente.
Las Unidades de Familia y Mujer, asumirán competencias que hasta ahora
venían desarrollando los SAF y los UPAP, es decir, la investigación de
las infracciones penales cometidas en el ámbito de la violencia de
género, doméstica y sexual, al tiempo que serán competentes para la
protección, control y seguimiento de las víctimas de violencia de género
integradas en el sistema VioGen de la Secretaría de Estado de Seguridad.
A fecha 30 de noviembre de 2014, son 1.387 los efectivos que componen las
Unidades especializadas de SAF y UPAP, teniendo previsto ampliar
considerablemente la actual plantilla de especialistas, en atención a que
en algunas comisarías no existen los SAF y la nueva regulación se
compromete a que en todas las Comisarías del Cuerpo Nacional de Policía
existan Unidades de Familia y Mujer con las competencias ya descritas e
incardinadas en Policía Judicial.
Respecto de la formación de los funcionarios SAF y UPAP, todos sus
integrantes han realizado cursos presenciales y «on line» relativos a la
violencia doméstica y de género, habiendo recibido además muchos de ellos
formación en temas relativos a menores, violencia sexual y homicidios.
Muestra de la urgencia del Gobierno en la mejora de esta problemática, fue
la reunión de los Ministros de Interior, Justicia y de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, celebrada el día 7 de abril de 2014, donde se
acordó, entre otras cosas, la creación de un Grupo de Trabajo para
revisar el actual Protocolo de Valoración del Riesgo.
Fruto de esta reunión, en mayo de 2014 se constituyó un «Grupo de Trabajo
Interministerial» que está elaborando los nuevos formularios de
valoración policial de riesgo, redactando así una nueva Instrucción del
Secretario de Estado de Seguridad. Dicho Grupo cuenta con el apoyo de un
equipo científico de la Universidad Autónoma de Madrid.
En los nuevos formularios de valoración de riesgo, se está analizando la
posibilidad de incluir indicadores relacionados con la situación laboral
de la víctima y de su agresor, factores de vulnerabilidad de la víctima
(discapacidad, ser menor de edad, o tener menores a su cargo) así como
factores que denoten la peligrosidad del agresor. Asimismo, con el fin de
actualizar los citados formularios, se tendrán en consideración aquellas
circunstancias o situaciones de máxima prevalencia en la actualidad,
tales como la detección de escenarios de especial vulnerabilidad, el uso
de las redes sociales y, finalmente, la violencia de género que se
produce en los entornos escolares y entre «parejas inmaduras».
En la revisión del Protocolo se está prestando especial atención a los
casos de violencia de género con nivel de riesgo resultante «alto» y
«extremo», a fin de establecer planes de protección personalizados.
Madrid, 9 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065557
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Hurtado Zurera, Antonio (GS).
Respuesta:
En el artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación
de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia, se recogen las normas para la posible sustitución de las
operaciones de préstamo formalizadas por las entidades locales con el
Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores.
Esa sustitución requiere la autorización del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, para lo cual deberá presentarse por las
entidades locales interesadas la correspondiente solicitud acordada por
el órgano competente de la corporación local, con los requisitos de
quórum y votaciones establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, a la que se deberá acompañar
el informe del interventor de la entidad local en el que se certifique el
ahorro financiero anual que se producirá como consecuencia de la
cancelación de aquellas operaciones de préstamo y la correlativa
suscripción de nuevas operaciones de endeudamiento.
Aquellas operaciones de préstamo se suscribieron con el Fondo para la
Financiación de los Pagos a Proveedores por aquellas entidades locales
que aprobaron un plan de ajuste y que fue valorado favorablemente por el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
En consecuencia, si una entidad local cancela ese préstamo con dicho Fondo
el plan de ajuste dejará de tener vigencia siempre que se den las
condiciones del apartado 4 del mencionado artículo 3 del Real Decreto-ley
8/2014.
Por lo que se refiere a próximas actuaciones posibles del ayuntamiento y
los efectos sobre la comunidad vecinal son cuestiones que entran en el
ámbito de la autonomía local reconocida en el artículo 137 de la
Constitución en relación con la gestión de los propios intereses de las
entidades locales.
No obstante, hay que tener en cuenta que, en todo caso, dichas entidades
siguen sujetas a las reglas fiscales que se contienen en la normativa de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, es decir deben
cumplir el objetivo de estabilidad, los límites de endeudamiento, la
regla de gasto y los plazos máximos de pagos a proveedores establecidos
en la normativa de morosidad.
Madrid, 12 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065559
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Hurtado Zurera, Antonio (GS).
Respuesta:
La Subdirección General de Relaciones Financieras con Entidades Locales,
tiene asignada la gestión de los créditos correspondientes a la Sección
32, Servicio 02 del Programa 942N, «Otras Aportaciones a Entidades
Locales».
En la Ley de Presupuestos Generales para 2013 figuró una subvención
nominativa de 5,5 millones de euros a favor del Ayuntamiento de Córdoba
para la financiación de inversiones.
A tal efecto, se formalizó un convenio entre la Administración General del
Estado y el Ayuntamiento de Córdoba con fecha 16 de julio de 2013,
complementado con otro de 4 de diciembre de 2013.
Asimismo, en la Ley de Presupuestos Generales para 2014 figuró una
subvención nominativa de 5,5 millones de euros a favor del Ayuntamiento
de Córdoba para la financiación de inversiones.
A tal efecto, se formalizó un convenio entre la Administración General del
Estado y el Ayuntamiento de Córdoba con fecha 9 de mayo de 2014.
Madrid, 12 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065571
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Centella Gómez, José Luis (GIP).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia, se informa que no se han
reconocido obligaciones directamente a favor del tercero
«ES000A11039070-PRODUCTOS CONGELADOS DEL SUR SA (CONCURSO DE ACREEDORES)»
con cargo a los capítulos 4 «Transferencias Corrientes» y 7
«Transferencias de Capital» del Presupuesto de Gastos de la
Administración General del Estado de los ejercicios 2004-2014 (hasta el
10 de diciembre 2014).
Madrid, 12 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065578
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Oramas González-Moro, Ana María (GMx).
Respuesta:
En relación a las preguntas formuladas por Su Señoría, se informa que el
29 de noviembre de 2014 tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un
ciudadano con evidentes signos de violencia en la localidad de Arona, se
inició una investigación por personal de la Unidad Orgánica de la Policía
Judicial de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife. Dichas actuaciones
fueron declaradas secretas por parte de la Autoridad Judicial competente.
Como consecuencia de esas primeras pesquisas se iniciaron gestiones en
colaboración con la Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía en la
Playa de las Américas, sita en la localidad de Arona, manteniendo, desde
el primer momento, una fluida comunicación.
Desde el principio empezaron a llegar a conocimiento de los responsables
de la investigación diversas comunicaciones con datos relativos a la
supuesta identidad del autor y de los vehículos que podría estar
utilizando, comprobando que estaban circulando, al menos, en un ámbito
policial. Es decir, estos datos supuestamente estarían circulando entre
efectivos policiales de distintos Cuerpos y de municipios alejados,
llegando incluso más de 70 kilómetros del lugar de los hechos.
Ante la aparición de nuevas informaciones que indicaban que la persona
sospechosa pudiera haber cambiado de vehículo, se decidió emitir un
comunicado a las patrullas y unidades en servicio por medio del sistema
SIRDEE con el que opera el Centro Operativo Complejo (C.O.C.) de la
Comandancia de la Guardia Civil de Tenerife y que permite la transmisión
segura de comunicaciones de voz.
Una vez valorada la probabilidad de que pudieran realizarse filtraciones,
y con la finalidad de que la persona a la que se buscaba no tuviera
conocimiento de que estaba siendo objeto de una requisitoria policial, se
estimó conveniente advertir a los componentes de las diferentes patrullas
el ámbito en el que debía surtir efecto dicha comunicación. Es decir, que
se trataba de un comunicado dirigido única y exclusivamente a las
unidades de la Guardia Civil por encontrarse en el ámbito de su
competencia.
De manera alternativa, dicha información sí fue compartida con el Cuerpo
Nacional de Policía en ese momento, por considerarse necesario para las
investigaciones en curso. En este caso, el propio Cuerpo Nacional de
Policía sería quien, a su vez, la retransmitiría a sus unidades
dependientes y escalones superiores de la manera que entendiera más
segura.
En cuanto a la mención que se hace a «extremar las precauciones» ante la
posibilidad de que el individuo en cuestión pudiera ir armado, esto se
realizó al objeto de asegurar la correcta prestación del servicio, por
una previsible reacción violenta del sujeto debido a la presencia
policial.
Madrid, 3 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065605
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lozano Domingo, Irene (GUPyD).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que cualquier misión
en la que se vayan a desplegar militares españoles en territorio de otro
Estado, con consentimiento y en apoyo de éste, requiere (por parte de
España y del Estado que va a ser huésped de las tropas) de una
negociación y ajuste previo de todos aquellos diferentes aspectos que
conllevan la materialización de la misión, tanto de carácter político,
como militar o logístico. Son tareas propias de las relaciones entre
Estados igualmente soberanos que exigen de cierto proceso y llevan en
consecuencia determinado tiempo.
Las medidas de seguridad son las mismas que se han venido tomando en
despliegues anteriores, y en los recientes, como puede ser el de Mali o
el de la República Centroafricana, y están dirigidas a salvaguardar la
condición jurídica y la integridad física que en estos casos han de tener
nuestras tropas.
No son, por otra parte, distintas a las que socios y aliados de España
tienen cuando envían tropas al extranjero en similares circunstancias,
encontrándose la práctica internacional muy asentada al respecto.
En cuanto a la seguridad jurídica, se señala que el personal que se
despliegue contará con la cobertura que les proporciona el pasaporte
diplomático o de servicio, de acuerdo con la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas de 1961.
Madrid, 29 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/065608
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iñarritu García, Jon (GMx).
Respuesta:
En contestación a las preguntas formuladas se informa que se están
realizando los análisis correspondientes por parte del Servicio de
Estudios Históricos y por la Asesoría Jurídica de la Dirección
General de la Guardia Civil, con el objeto de analizar la situación de
dichos fondos, así como, en caso necesario, aplicar las resoluciones del
Parlamento Europeo a los citados paneles.
Madrid, 16 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/065609
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iñarritu García, Jon (GMx).
Respuesta:
En contestación a las diversas cuestiones formuladas se informa que los
vuelos de repatriación están sujetos a la normativa europea, Directiva
2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de
2008, relativa a normas y procedimientos comunes a los Estados miembros
para el retorno de los nacionales de terceros países en situación
irregular, (Directiva de Retorno), y a la normativa nacional y al
Protocolo de Actuación en Repatriaciones Aéreas y Marítimas de la
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil de 2007.
Estos vuelos además están sujetos a control y monitorización de
instituciones ajenas al Cuerpo Nacional de Policía, como pueden ser el
Mecanismo Nacional contra la Tortura (del que es representante la Alta
Institución del Defensor del Pueblo) y diferentes instituciones tanto
judiciales como fiscales, que garantizan que los mismos se lleven a
término cumpliendo escrupulosamente con la legalidad vigente.
En muchos de estos vuelos de repatriación viaja un representante consular
del país de destino en calidad de «observador», que vela por el riguroso
respeto de las garantías legales y de los derechos de sus conciudadanos.
En cada dispositivo de repatriación colectiva, además de la figura del
«monitor» encarnada por el representante de la Alta Institución del
Defensor del Pueblo, como ya se ha mencionado anteriormente, debe viajar
un equipo médico integrado por un facultativo y un ATS, tal y como se
regula en el Protocolo de Actuación de Repatriaciones Aéreas y Marítimas
de la Dirección General de la Policía, donde se recoge que: «deberá
viajar un médico y un ATS integrados en el mismo », estando compuesto en
la actualidad por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Será el
médico quien custodie los expedientes relativos a la salud de los
repatriados, el médico será el único que podrá, después de realizar un
diagnóstico, administrar medicamentos a los mismos. Se llevarán a bordo
aquellos medicamentos que los expulsados puedan necesitar durante el
vuelo de acuerdo con sus historiales médicos y sus diagnósticos.
En el mismo protocolo se establece lo siguiente: «En la orden de servicio
figurará una lista de medidas coercitivas autorizadas, estableciéndose
asimismo que el uso de sedantes para facilitar la expulsión queda
prohibido, salvo prescripción facultativa, cuando fuera necesario por
razones de seguridad en vuelo».
En el mismo sentido, durante el internamiento de los inmigrantes
irregulares en los Centros de Internamiento de Extranjeros, será el
facultativo médico que presta servicio en dichas instalaciones quien,
después del correspondiente diagnóstico, proporcione la medicación
pertinente a los mismos en caso necesario.
En relación con el número de expulsados por vía aérea desde el año 2010
hasta el presente mes de diciembre han sido un total de 26.491
ciudadanos.
No se dispone de un registro de «cuadros de ansiedad o similar»; no
obstante en estos casos, se interviene de acuerdo a lo dispuesto en la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, dando cuenta a la Autoridad Judicial o a
los Juzgados de Instrucción competentes.
El número de expulsiones anuladas desde el año 2010 hasta el mes de
diciembre de 2014 ha sido de 4.701 (contemplándose en este concepto
varias causas: Poner en peligro la seguridad del vuelo, negativa de
realizar tránsitos, falta de documentación, etcétera).
En el caso de resultar lesionados los ciudadanos expulsados o los policías
intervinientes en el transcurso de la expulsión, se actúa de acuerdo a la
legislación vigente, dejando constancia de las lesiones, si las hubiere,
en el correspondiente parte médico extendido enviado de oficio a los
juzgados, sin perjuicio de poder aplicar la Ley Orgánica 4/2010 de 20 de
mayo, de Régimen Disciplinario del Cuerpo
Nacional de Policía, contempla en su artículo 7, apartado. «d» como falta
muy grave, «la práctica de tratos inhumanos, degradantes,
discriminatorios o vejatorios a los ciudadanos que se encuentren bajo
custodia policial».
Madrid, 22 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/065610
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Pradas Torres, Antonio Francisco (GS).
Respuesta:
En contestación a las diversas cuestiones formuladas por Su Señoría se
informa que, a finales de octubre de 2011, la Jefatura de la Comandancia
de Sevilla expuso al Ayuntamiento de la ciudad la conveniencia de mejorar
una instalación de recreo, existente en el acuartelamiento, destinada a
la población infantil residente en la comandancia. A finales del referido
año, se realizó la instalación de un pequeño parque infantil.
Al ser las obras realizadas por el propio Ayuntamiento, no se tiene
constancia de las características y condiciones propias de la
contratación por parte del Consistorio, puesto que la Guardia Civil fue
receptora y beneficiaria, sin tener conocimiento de la tramitación del
expediente.
Por otra parte, los hechos citados en el texto de la pregunta se
encuentran judicializados en el Juzgado número 6 de Sevilla.
Madrid, 29 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/065624
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Veray Cama, Concepció (GP).
Respuesta:
Las principales novedades que presenta la norma 8.1-IC, Señalización
Vertical, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por Orden
FOM/534/2014, de 20 de marzo (BOE de 5 de abril), con respecto a la
anterior versión de 1999 son las siguientes:
Mayor información sobre las estaciones de servicio: horario de apertura
y distancia desde la carretera, tanto de la estación a la que se accede
como de la siguiente.
Posibilidad de señalizar más categorías de servicios.
Carteles de preseñalización en las variantes de población: figuran los
accesos existentes a la población.
Carteles complementarios de poblaciones: se señalizarán con antelación
poblaciones que no aparecen en los carteles de salida inmediata.
Simplificación de los carteles en las circunvalaciones: aparecen más
poblaciones y menos cajetines
Mayor diferenciación entre las vías de peaje y las de libre acceso.
En los carteles flechas figurará junto a la población la distancia
existente. Además, se situarán a mayor altura para no disminuir la
visibilidad.
Nuevos carteles para glorietas partidas.
Mayor información en los accesos a los túneles.
Agrupación de señales de código en carteles, acompañados de mensajes de
texto, para reforzar su importancia en tramos especialmente peligrosos.
Modificación del cálculo de las velocidades recomendadas en curvas, de
acuerdo con los valores establecidos en la norma de trazado.
La adecuación de la señalización existente a la nueva norma será aplicada
a medida que las señales ya instaladas sean reemplazadas. La Dirección
General de Carreteras lleva a cabo de manera continuada un trabajo de
reposición de señales verticales de circulación, en función de su estado
de conservación y de la disponibilidad presupuestaria. Estos trabajos se
realizan tanto a través de contratos de obra específicos como de los
contratos de conservación integral de las carreteras. Suponen una
excepción las señales de velocidad recomendada en curvas, cuyo valor
deberá ser modificado y adaptado a la nueva norma, en los casos en que
corresponda, en un plazo de veinticuatro meses a partir de la entrada en
vigor de esta, dándose prioridad a las señales instaladas en carreteras
pertenecientes a la red de alta capacidad.
Madrid, 17 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065629
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iñarritu García, Jon (GMx).
Respuesta:
En relación con las cuestiones planteadas por Su Señoría se informa que la
persona a la que se hace referencia fue expulsada mediante Resolución de
fecha 25 de abril de 2007.
Por otra parte, cabe recordar que el ejercicio de la potestad
jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo
juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales
determinados por las leyes según las normas de competencia y
procedimiento que las mismas establezcan, tal y como consagra el artículo
117.3 de la Constitución Española.
Madrid, 3 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065630
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Duran i Lleida, Josep Antoni (GCiU).
Respuesta:
Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de
protección de la salud en el deporte y lucha contra el dopaje en la
actividad deportiva (LOPSD), la Agencia Española de Protección de Salud
en el Deporte (AEPSAD) es el organismo público a través del cual se
realizan las políticas estatales de protección de la salud en el deporte
y, entre ellas y de modo especial, de lucha contra el dopaje y de
investigación en ciencias del deporte.
Concretamente, la LOPSD establece que la AEPSAD determinará y realizará,
con medios propios o ajenos, los controles de dopaje, los controles de
salud y demás actuaciones en materia de protección de la salud que deban
ser realizados cuando la financiación sea pública sobre los deportistas
de su competencia.
La programación de los controles que realiza la AEPSAD se fundamenta en
parámetros predefinidos que determina la Agencia Mundial Antidopaje
(AMA), tanto en la distribución de muestras que de forma anual deben ser
tomadas en competición y fuera de competición en cada deporte y modalidad
deportiva, como las analíticas que deben ir asociadas a las mismas
atendiendo al riesgo de dopaje y exigencias fisiológicas del deporte,
modalidad o incluso role del deportista en el caso de deportes de equipo.
En el caso concreto del fútbol, se coordinó a través de la Liga de Fútbol
Profesional (LFP) una reunión con las personas de contacto designadas por
cada club para temas de dopaje que se celebró el pasado
día 7 de octubre en Madrid en las instalaciones de la LFP. En esta reunión
se informó de los procedimientos que se iban a seguir por parte de la
AEPSAD en los controles de dopaje que se realizarían en la temporada
2014-2015, tanto en competición como fuera de competición.
Los controles de dopaje realizados al Fútbol Club Barcelona el pasado 8 de
diciembre se enmarcan dentro de la programación de controles de dopaje
fuera de competición que la AEPSAD está realizando en primera y segunda
división de fútbol, tal y como se explicó de forma previa en la jornada
del día 7 de octubre en la LFP a los servicios médicos de todos los
equipos de ambas categorías.
La toma de una única muestra de orina a cuatro jugadores y una doble
muestra (orina-sangre) a otro jugador del mismo equipo no se debe a
ninguna característica especial asociada al jugador, sino a que es la
proporción mínima de muestras sanguíneas que se está tomando en todos los
equipos (cinco muestras de orina y una muestra de sangre).
La toma de muestra de sangre no está asociada a características especiales
del jugador en concreto sino a la selección aleatoria que se realiza
entre los jugadores que ocupan el puesto de portero y de delantero en
cada equipo, ya que se considera de mayor relevancia en estas dos
posiciones del campo por las características fisiológicas de los mismos.
Por tanto, los controles de dopaje realizados al Fútbol Club Barcelona el
pasado día 8 de diciembre se enmarcan dentro de la planificación de
controles fuera de competición de la que es responsable la AEPSAD y a la
que está sometida la totalidad de los equipos de primera y segunda
división.
Los controles de dopaje planificados incluyen que se tome al menos una
muestra de sangre por cada cinco de orina, seleccionándose el jugador por
sorteo entre aquellos que ocupen los puestos de portero y delantero.
Madrid, 20 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/065632
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Duran i Lleida, Josep Antoni (GCiU).
Respuesta:
Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de
protección de la salud en el deporte y lucha contra el dopaje en la
actividad deportiva (LOPSD), la Agencia Española de Protección de Salud
en el Deporte (AEPSAD) es el organismo público a través del que se
realizan las políticas estatales de protección de la salud en el deporte
y, entre ellas y de modo especial, de lucha contra el dopaje y de
investigación en ciencias del deporte.
Concretamente, la LOPSD establece que la AEPSAD determinará y realizará,
con medios propios o ajenos, los controles de dopaje, los controles de
salud y demás actuaciones en materia de protección de la salud que deban
ser realizados cuando la financiación sea pública sobre los deportistas
de su competencia.
La programación de los controles que realiza la AEPSAD se fundamenta en
parámetros predefinidos que determina la Agencia Mundial Antidopaje
(AMA), tanto en la distribución de muestras que de forma anual deben ser
tomadas en competición y fuera de competición en cada deporte y modalidad
deportiva como las analíticas que deben ir asociadas a las mismas
atendiendo al riesgo de dopaje y exigencias fisiológicas del deporte,
modalidad o, incluso, rol del deportista en el caso de deportes de
equipo.
En el caso concreto del fútbol, se coordinó a través de la Liga de Fútbol
Profesional (LFP) una reunión con las personas de contacto designadas por
cada club para temas de dopaje que se celebró el pasado día 7 de octubre
en Madrid en las instalaciones de la LFP. En esta reunión se informó de
los procedimientos que se iban a seguir por parte de la AEPSAD en los
controles de dopaje que se realizarían en la temporada 2014-2015, tanto
en competición como fuera de competición.
Cabe mencionar que las autoridades antidopaje nacionales se rigen por los
estándares internacionales de controles e investigaciones que
periódicamente renueva la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) así como por
los documentos técnicos de obligado cumplimiento que distribuye la AMA a
todas estas autoridades antidopaje y que el tipo de muestra que se toma
en cada control va asociada a distintos tipos de analíticas.
De forma general, el Plan de Distribución de Controles debe ser una
evaluación considerada sobre qué sustancias prohibidas y métodos
prohibidos tienen más probabilidades de ser utilizados en el deporte y
disciplina deportiva en cuestión. Esta evaluación debe tomar en cuenta la
siguiente información:
Las demandas físicas y de otra índole del deporte relevantes, teniendo
en cuenta, en particular, los requisitos fisiológicos.
Los posibles efectos para mejorar el rendimiento que el dopaje podría
producir en dicho deporte.
Las recompensas disponibles en los diferentes niveles del deporte y/u
otros potenciales incentivos para el dopaje.
Los antecedentes de dopaje en ese deporte.
Investigación disponible sobre las tendencias de dopaje (por ejemplo,
artículos revisados por pares).
Información recibida/inteligencia desarrollada sobre posibles prácticas
de dopaje en el deporte.
Los resultados de ciclos de planificación de distribución de controles
previos.
Además, se deben tener en cuenta los patrones de dopaje potenciales en el
deporte, en cada país o para un evento deportivo específico, evaluando
asuntos tales como:
Las sustancias prohibidas y métodos prohibidos que un deportista
consideraría con mayores probabilidades de mejorar el rendimiento en su
deporte.
En qué momentos de su carrera en el deporte sería más probable que un
deportista considere obtener una ventaja ilícita.
Dada la estructura de la temporada para el deporte/disciplina en
cuestión (incluido el programa de competición estándar y los patrones de
entrenamiento), en qué momento(s) durante el año sería más probable que
un deportista se involucre en prácticas de dopaje.
Madrid, 20 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/065633
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Duran i Lleida, Josep Antoni (GCiU).
Respuesta:
Los datos de deportistas asociados a controles de dopaje son datos
personales protegidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal, considerándolos como datos de
salud, y por tanto, de máxima protección.
Sin embargo, se puede informar respecto a los controles fuera de
competición que, por parte de la Agencia Española de Protección de la
Salud en el Deporte (AEPSAD), se iniciaron en fecha 21 de agosto. Hasta
la fecha, se han realizado controles de fuera de competición a un total
de 37 equipos de las dos categorías y se han recogido un total de 185
muestras de orina y 48 muestras de sangre.
Madrid, 20 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/065640
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Tardà i Coma, Joan (GMx).
Respuesta:
España ratificó la Convención de Municiones de Racimo en junio de 2009.
Con anterioridad a esa fecha, en marzo de 2009, las Fuerzas Armadas
eliminaron las existencias de ese tipo de munición,
conservando una cantidad limitada de acuerdo a los efectos previstos en el
artículo 3.6 de dicha Convención (desarrollo y entrenamiento en técnicas
de detección, limpieza y destrucción). En cumplimiento al artículo 7 de
la Convención, se informa anualmente a la ONU (a través del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación) de las existencias a fin de año y de
la munición consumida en los mencionados supuestos.
Por otro lado, el Ministerio de Defensa tiene conocimiento exacto y
puntual de la munición remanente en la empresa civil, destacándose que el
porcentaje que se encuentra ensamblado es menor del 1 % del total. A
estos efectos, el Ministerio de Defensa ha colaborado en el Proyecto de
Ley de modificación de la Ley 33/1998, de prohibición total de minas
antipersonal y armas de efecto similar, que contemplará también la
destrucción de las municiones de racimo. Por último, se significa que
como consecuencia de la moratoria aprobada en Consejo de Ministros en
julio de 2008, la empresa INSTALAZA dejó de fabricar municiones de
racimo.
El tiempo empleado en el proceso para la destrucción de las municiones de
racimo es reducido, por lo que el plazo límite que señala la Convención
(año 2018) es suficientemente amplio para la destrucción de las actuales
existencias.
Al ratificar la Convención Internacional sobre municiones de racimo,
España se comprometió a no almacenarlas en territorio nacional. Eso
incluye las Bases españolas de Rota y Morón en las que se autoriza el uso
compartido a los Estados Unidos. Por parte de las autoridades españolas
no se tiene conocimiento de ningún «stock» de ese tipo de municiones en
territorio nacional.
Madrid, 29 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/065654
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sixto Iglesias, Ricardo (GIP).
Respuesta:
En relación con las preguntas formuladas por Su Señoría se informa que los
episodios de violencia en la localidad alicantina de Elda han estado
protagonizados en su gran mayoría por menores de edad que cursan sus
estudios en un centro docente de la localidad, el cual formuló denuncia
por estas agresiones. Cabe destacar que en todos los casos la actuación
policial ha sido inmediata, procediéndose a la identificación y
detención, en su caso, de los presuntos responsables, así como dando
oportuna cuenta a la autoridad judicial y a la Fiscalía de Menores.
En lo concerniente a la denuncia formulada el 8 de noviembre por los
hechos a los que se hace alusión, la Comisaría Local de Elda-Petrer
tramitó el correspondiente atestado en virtud del cual se procedió a la
detención de tres jóvenes, dos mayores y uno menor de edad, como
presuntos responsables de una agresión.
No cabe por ello afirmar que se esté produciendo una proliferación de
grupos extremistas en las mencionadas localidades, tratándose solamente
de hechos aislados. No obstante, por parte de las brigadas policiales
especializadas en el seguimiento e investigación de este tipo de delitos
se está llevando a cabo tanto a nivel provincial como local, un
seguimiento meticuloso de las posibles actividades delictivas por motivos
ideológicos; todo ello en estrecha colaboración con la comunidad
educativa de los centros docentes de la localidad.
Estos esfuerzos recibirán el impulso de las decisiones recientemente
adoptadas por la Secretaría de Estado de Seguridad para potenciar e
incrementar la efectividad de todas aquellas actuaciones que se venían
llevando a cabo en la lucha contra los delitos de odio y de carácter
ideológico, a saber:
1.º La renovación con carácter permanente, a partir del 1 de enero de
2015, de la Instrucción del Plan de Actuación contra Grupos Organizados y
Violentos de carácter Juvenil, en cuyo marco se prevén entre otras
novedades el incremento de la presencia policial en lugares habituales de
reunión de este tipo de grupos.
2.º La puesta en marcha del «Protocolo de actuación específico dirigido a
la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para erradicar la
discriminación y la violencia por delitos de odio en España». En dicho
marco, se han puesto en marcha las siguientes medidas:
Revisión del conjunto de conductas que vulneran el ordenamiento penal y
administrativo en establecimiento de los indicadores que permitan
identificar los indicios que deben ser debidamente recopilados e
incorporados al atestado policial con el fin de dotar a fiscales y jueces
de los suficientes indicios racionales de criminalidad, que permitan
formular cargos de imputación y, en su caso, condenas.
Apoyo a las víctimas de los delitos de odio en la web del Ministerio del
Interior, que incluirá información básica sobre lo que es un delito de
odio, por qué hay que denunciarlo y consejos, así como otros enlaces de
interés.
Trípticos informativos que ayuden a identificar y, en su caso denunciar
este tipo de delitos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Este protocolo ayudará a mejorar la atención a las personas que son
víctimas de este tipo de delitos, es decir, aquellos que han estado
motivados por la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza,
orientación sexual, religión, o discapacidad, entre otros.
Madrid, 3 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065661
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que el Consejo de
Ministros aprobó el pasado 28 de diciembre de 2012 el acuerdo por el que
se señalan los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media
distancia, competencia de la Administración General del Estado, prestados
sobre red convencional que quedarán sometidos a obligaciones de servicio
público (OSP).
Según lo indicado en dicho acuerdo, en diciembre de 2013 se firmó el
contrato de servicio público entre la Administración General del Estado y
Renfe Operadora en el que se reflejan las condiciones en que se habrán de
ejercer dichas obligaciones de servicio, así como los mecanismos para su
compensación.
Madrid, 12 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065675
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Anchuelo Crego, Álvaro (GUPyD).
Respuesta:
En relación con la iniciativa de referencia, se señala que no se tiene
conocimiento de estudio alguno ni de datos que pudieran demostrar la
falta de aplicación y la ausencia de resultados efectiva de los planes de
recolocación, de tal manera que la aportación de estos planes al
expediente se haya convertido de forma generalizada en una mera
formalidad documental tal y como se alega.
De conformidad con la normativa en vigor sobre regulación de empleo, donde
se enmarca la existencia de los planes de recolocación externa, el papel
de las autoridades laborales se centra fundamentalmente en comprobar que
la comunicación de regulación de empleo reúna los requisitos exigidos,
advirtiendo, en caso contrario, para su subsanación por el empresario;
comunicar la iniciación y finalización del expediente a la entidad
gestora de la prestación por desempleo y a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social; y
velar por la efectividad del periodo de consultas, pudiendo llevar a cabo,
a petición conjunta de las partes, aquellas actuaciones de asistencia y
mediación que resulten convenientes con el fin de buscar soluciones a los
problemas planteados por el despido colectivo.
Por otra parte, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tal y como se
establece en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores y en el
artículo 11.1 del Real Decreto 1483/2012, por el que se aprueba el
Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de
contratos y reducción de jornada, emite preceptivamente un informe en
todos los procedimientos de despidos colectivos.
Uno de los aspectos sobre los que tiene que pronunciarse el citado informe
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es sobre las medidas de
acompañamiento social y el plan de recolocación externa.
En cuanto a este último, a diferencia de las medidas sociales de
acompañamiento, tiene carácter preceptivo para aquellos despidos
colectivos que afecten a más de cincuenta trabajadores, tal y como
dispone el artículo 51.10 del Estatuto de los Trabajadores.
De acuerdo con el artículo 9.1 del Real Decreto 1483/2012, las empresas
están obligadas a presentar este plan de recolocación en la documentación
que inicia el procedimiento y que se traslada tanto a los representantes
de los trabajadores como a la autoridad laboral. De esta manera se
garantiza que los representantes de los trabajadores son informados y
consultados sobre este plan en el periodo de consultas.
El fin del plan es garantizar una atención continuada, por un periodo
mínimo de 6 meses, a los trabajadores afectados por el despido colectivo.
Hay que tener en cuenta que el plan de recolocación será uno de los
aspectos que podrá ser negociado durante el periodo de consultas y que al
final de dicho periodo normalmente la empresa presentará una versión del
plan más depurada que la ofrecida al inicio de dicho periodo.
Por tanto, el análisis que se haga por el inspector de trabajo en el
informe irá dirigido a valorar el contenido y suficiencia del plan de
recolocación externa en su versión final, debido a que el informe que
elabora la Inspección de Trabajo y Seguridad Social debe de ser evacuado
en el improrrogable plazo de 15 días hábiles desde que la empresa
comunica a la autoridad laboral la finalización del periodo de consultas
(art. 11.2 del Real Decreto 1483/2012).
Por otro lado, ha de indicarse que el incumplimiento por parte de las
empresas de lo dispuesto en el artículo 51.10 del Estatuto de los
Trabajadores, relativo a los planes de recolocación, constituye una
infracción muy grave tipificada en el artículo 8.14 del Real Decreto
Legislativo 5/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Madrid, 11 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065703
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS).
Respuesta:
No es posible facilitar el desglose territorial de las actuaciones de
control de la Agencia Tributaria, habida cuenta del ámbito regional y
nacional de actuación de las distintas unidades de la Agencia Tributaria.
Hay unidades cuya actuación se extiende a todo el territorio nacional.
Cabe mencionar la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, que
extiende sus competencias sobre todo el territorio nacional, con
independencia del domicilio fiscal de los obligados tributarios que tenga
adscritos y de los lugares donde ejerzan actividades económicas.
Madrid, 12 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065714 y 184/065715
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ruiz i Carbonell, Joan (GS).
Respuesta:
El acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005 ya prevé la
eliminación de la disartria o tartamudez manifiesta del cuadro médico de
causas de exclusión para el acceso a la condición de funcionario o a la
de miembro de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado.
El acceso de personas con discapacidad al empleo público, como
manifestación del principio de igualdad, se recoge en la Ley 7/2007, de
12 de abril, de Estatuto Básico del Empleado Público.
En concreto, el artículo 59, tras la modificación introducida por el
artículo 11 de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a
la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, establece, con carácter básico para todas las
Administraciones Públicas, que en las ofertas de empleo público se
reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para
ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales
las definidas en el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, siempre que
superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la
compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que
progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en
cada Administración Pública.
Esta reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que,
al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser
cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto
de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro
tipo de discapacidad.
Actualmente no se dispone de datos de registro sobre personas con
discapacidad, tampoco con disfemia, que prestan servicio en las
Administraciones Públicas, ya que las mismas, una vez superados los
procesos selectivos correspondientes, se incorporan en la Administración
Pública como empleados públicos, sin otra indicación respecto a su
condición o no de persona con discapacidad.
Es decir, el criterio de discapacidad se emplea exclusivamente a los
efectos del potencial acceso de un candidato al empleo público mediante
la participación en un proceso selectivo determinado en el que disponga
de una o varias plazas reservadas a personas con discapacidad, pero una
vez superado dicho proceso selectivo se convierte en empleado público,
sin que aparezca recogida dicha condición en el listado de aprobados
publicado en el Boletín Oficial del Estado.
En este sentido hay que tener en cuenta que de acuerdo con el artículo 7
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, los datos relativos a la salud de las personas son
datos especialmente protegidos y que dicha condición no tiene relevancia
jurídica general en la relación de empleo con una Administración Pública,
salvo en lo previsto en determinados supuestos específicos como la
posibilidad de solicitar la adaptación de un puesto de trabajo o de
movilidad por motivos de salud.
No obstante, se señala que en 2013 se aprobó el Real Decreto 578/2013, de
26 de julio, por el que se establecen medidas de acción positiva
aplicables a las personas con discapacidad que participen en las
convocatorias anuales de pruebas selectivas para el acceso a plazas de
formación sanitaria especial, que establece medidas de acción positiva
para personas con discapacidad que participen en las pruebas de acceso a
formación sanitaria especializada. Se trata de las pruebas MIR para
médicos y sus equivalentes, para enfermeros, farmacéuticos, biólogos,
psicólogos, químicos y radiofísicos. En todas las convocatorias para las
pruebas de acceso a esta formación, a partir de la correspondiente al
curso 2013-2014 se establece una reserva de plazas de, al menos, el 7 %
para personas con discapacidad.
Madrid, 9 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/065780
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS).
Respuesta:
Las obras de rehabilitación del Mercado de Abastos de Santiago de
Compostela se encuentran finalizadas. Se está tramitando la recepción de
la obra.
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065797 a 184/065799
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Puig Ferrer, Joaquín Francisco (GS).
Respuesta:
En relación con las preguntas de referencia, cabe recordar que el Ministro
de Hacienda y Administraciones Públicas respondió a Su Señoría el pasado
18 de febrero ante el Pleno del Congreso, con motivo de la pregunta n.º
de expediente 180/001208, publicada en el Diario de Sesiones del Congreso
de los Diputados n.º 260, páginas 14 y 15, de cuya intervención cabe
destacar:
«Hemos financiado a la Comunidad Valenciana desde un reconocimiento. La
Comunidad Valenciana está infrafinanciada por el modelo de financiación
autonómica que se aprobó en el año 2009.
Superadas las elecciones autonómicas y municipales y con la recuperación
económica encarrilada habrá pronto en España una financiación autonómica
que garantice la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios
públicos.
La Comunidad Valenciana es una de las regiones de España que mejor está
aprovechando la salida de la crisis económica.
En la Comunidad Valenciana se ha creado más de la cuarta parte de los
nuevos empleos creados en España en los quince últimos meses. Se está
creando empleo, la afiliación a la cotización a la Seguridad Social está
creciendo por encima de la media nacional y hay muchos más emprendedores
que están pagando el IVA y el pago fraccionado de los impuestos directos,
de los que había en el año 2013.
Algo está cambiando en la Comunidad Valenciana y en el conjunto de España:
la recuperación económica y la creación de empleo.
La realidad se va imponiendo y ciertamente hay políticas económicas que
empujan a los países a salir.»
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065802
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Hurtado Zurera, Antonio (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia, se proporciona la siguiente
información:
Sector Público Empresarial
Anexo I de ejecución de inversiones realizadas en la provincia de Córdoba
por las entidades integrantes del Sector Público Empresarial del
ejercicio 2014 (hasta el 30/09/2014), con detalle de entidad.
El dato de inversión inicial se ha obtenido del Anexo de Inversiones
(distribución orgánica) que acompaña a los Presupuestos Generales del
Estado para el ejercicio 2014 y el dato de inversión real procede de la
información trimestral que las entidades del sector público empresarial
deben remitir a la Intervención General de la Administración del Estado
(regulado por la Orden EHA/2043/2012, de 22 de julio).
Además, pueden existir otras inversiones realizadas en la provincia de
Córdoba no recogidas en el Anexo que se adjunta y que se han recogido en
el área «No regionalizable» (para las inversiones que, por su propia
naturaleza, no pueden asignarse a un área más concreta). En este caso, no
puede determinarse contablemente la parte que ha podido corresponder a un
territorio concreto.
Consorcios y otras entidades del Sector Público Administrativo con
presupuesto estimativo
El Gobierno no dispone de información sobre la inversión realizada por los
consorcios y otras entidades integrantes del Sector Público
Administrativo con presupuesto de gastos de carácter estimativo hasta la
formulación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2014
(plazo de formulación: hasta el 31 de marzo de 2015).
Seguridad Social
Anexo II de ejecución de inversiones realizadas en la provincia de Córdoba
por las entidades integrantes de la Seguridad Social del ejercicio 2014
(hasta el 18/12/2014), con detalle de entidad.
La información ha sido facilitada por la Intervención General de la
Seguridad Social y no se dispone de información sobre la ejecución de las
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social hasta la formulación de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio 2014 (plazo de formulación: hasta el 31 de
marzo de 2015).
De otra parte, se informa que la inversión ejecutada en 2014 por las
entidades públicas y sociedades mercantiles del Grupo Fomento en la
provincia de Córdoba, a fecha 30 de noviembre de 2014, asciende a un
total de 27.219 miles de euros.
En cuanto a la información que consta en el Sistema de Información
Contable de la Seguridad Social (SICOSS) a fecha 9 de enero de 2015, en
el cuadro adjunto se facilita el importe de las obligaciones contraídas
en Inversiones Reales llevadas a cabo por las Entidades Gestoras de la
Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, en la
provincia de Córdoba, durante el ejercicio económico de 2014:
Entidad / Servicio Común S.S.;Obligaciones Contraídas ()
INSS;402.378,88
IMSERSO;74.328,70
TGSS;9.608,50
Asimismo, se informa que hasta tanto no se proceda al cierre del citado
ejercicio, los datos facilitados se han de considerar provisionales.
De otra parte, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, a través de la sociedad estatal Acuaes, está ejecutando las
obras de la presa de la Breña II, siendo el grado de ejecución de la
misma del 46,9 %.
En cuanto al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación cabe
informar que no existe una contabilidad diferenciada para cada una de las
sedes de la Casa Árabe aunque, una estimación aproximada sitúa en un 22 %
del total el gasto realizado en Córdoba en 2014. Ello supondría un gasto
superior a los seiscientos mil euros en 2014, sobre un presupuesto total
de la Casa Árabe en ese ejercicio de dos millones setecientos cincuenta
mil euros.
Al no existir una contabilidad diferenciada para cada sede, tampoco
resulta posible calcular una cifra de ejecución diferenciada para los
centros de Madrid y Córdoba. La cifra de ejecución global del presupuesto
total de Casa Árabe fue, según el cierre provisional de este ejercicio,
del 99,7 %.
Anexo I
Ejecución de inversiones reales en la provincia de Córdoba de las
entidades integrantes del Sector Público Empresarial del año 2014 (hasta
el 30 de septiembre de 2014). Detalle por entidad
Entidad;Inversión Inicial;Inversión Real (*);%
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
(ADIF);3.396.000,00;823.000,00;24,23 %
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS ALTA
VELOCIDAD;1.500.000,00;146.000,00;9,73 %
AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA
(AENA)(CONSOLIDADO);2.421.000,00;1.441.800,00;59,55 %
AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A.
(ACUAES);6.113.000,00;2.193.600,00;35,88 %
CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A.;376.000,00;;
EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS,
S.A.(ENRESA);6.222.000,00;1.180.000,00;18,96 %
INSTITUTO PARA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA
(IDAE);1.775.000,00;;
RENFE-OPERADORA;;54.000,00;
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE
(SEITTSA);15.000.000,00;13.704.000,00;91,36 %
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES IND. (SEPI)
(CONSOLIDADO);640.000,00;171.000,00;26,72 %
Total general;37.443.000,00;19.713.400,00;52,65 %
(*) Datos provisionales hasta la aprobación de las Cuentas Anuales. La
información facilitada es a fecha 30/09/2014, excepto para la entidad
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea AENA (Consolidado) que es a
fecha 30/06/2014.
Importes en euros.;;;
Anexo II
Ejecución de inversiones reales en la provincia de Córdoba de las
entidades integrantes de la Seguridad Social en el ejercicio 2014 (hasta
el 18/12/2014). Detalle por entidad
Entidad;2013;;
;Crédito inicial;Obligaciones Reconocidas (*);%
ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL;2.826.300,00;472.226,29;16,71 %
MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL;19.280,00;0,00;0,00 %
TOTAL;2.845.580,00;472.226,29;16,60 %
(*) No se dispone de información de ejecución de las Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales hasta la formulación de las
Cuentas Anuales.
Importes en euros.;;;
Madrid, 16 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065805
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia (GS).
Respuesta:
Entre las medidas de estímulo a la demanda de bienes industriales con
efecto multiplicador en la economía previstas en la Agenda para el
fortalecimiento del sector industrial en España se contempla la
potenciación del sector naval a través de instrumentos fiscales (tax
lease) y otros instrumentos horizontales.
Esta medida encuentra desarrollo en diversas actuaciones de los
Ministerios de Industria, Energía y Turismo, de Economía y Competitividad
y de Hacienda y Administraciones Públicas.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ofrece dos líneas de apoyo
al sector (buques de casco metálico de más de 100 GT).
Subvención al tipo de interés de los créditos concedidos a armadores
para la construcción de sus buques en astilleros españoles.
En 2015 hay prevista una dotación presupuestaria de 70,7 millones de euros
para pagos por compromisos de ejercicios anteriores.
Subvención por prima de reestructuración para dotar al Fondo de
Reestructuración para apoyar las acciones de I+D y de Innovación
presentadas por los astilleros españoles del sector, en los límites y
condiciones establecidos por la normativa comunitaria de ayudas de estado
al I+D+i.
En 2015 hay prevista una dotación presupuestaria por este concepto de 43,7
millones de euros.
Además, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha impulsado la
creación y consolidación del nuevo Fondo de Garantías Navales, localizado
en Pequeños y Medianos Astilleros S.A. (PYMAR), que permite ofrecer
garantías a la financiación necesaria para la construcción del buque.
Por otra parte, el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y
Competitividad, pone a disposición del sector el Fondo de
Internacionalización de la Empresa (FIEM), que permite cofinanciar al
armador comprador que encargue su buque a astilleros españoles.
Asimismo, las entidades financieras que concedan préstamos a los armadores
extranjeros también pueden utilizar el instrumento del seguro de CESCE,
Seguros para empresas, para cubrir sus operaciones.
La Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones del citado
Ministerio ofrece un decidido apoyo a la internacionalización de las
empresas españolas vertebrado a nivel institucional, técnico y
financiero.
Este apoyo se instrumenta de varias formas: apertura de nuevos mercados,
defensa de los intereses españoles, eliminación de barreras al comercio y
la inversión, resolución de conflictos, gestión del comercio exterior,
seguimiento de los instrumentos de defensa comercial y mejora en el
acceso de las empresas a la financiación.
Estas acciones, están encaminadas a la consecución del objetivo, entre
otros, de aumento de las exportaciones españolas; no realizándose desde
este centro directivo acciones de apoyo a la internacionalización de un
sector concreto.
ICEX, España Exportación e Inversiones viene apoyando el sector naval a
través de un Plan Sectorial negociado anualmente con la entidad
colaboradora para el sector, en estos momentos el Foro Marítimo Vasco,
que está dirigido a apoyar la presencia de las empresas españolas en las
ferias internacionales de referencia para el sector: SMM de Hamburgo y
ONS de Stavanger en los años pares, y NOR Shipping de Oslo y OE de
Aberdeen en los años impares. El importe anual de apoyo es de
aproximadamente 70.000 euros.
Por lo que respecta al ámbito de la de I+D+i, cabe señalar que no existe
una línea específica del sector naval a través de las convocatorias en
concurrencia competitiva que gestiona.
No obstante, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI) se trabaja en el apoyo financiero, orientación a empresas y en la
gestión y promoción de programas nacionales e internacionales de I+D+i,
que afectan a diferentes sectores, incluido el naval. Las actuaciones del
CDTI están en marcha durante todo el año y cualquier empresa relacionada
con el sector puede acceder a la financiación de sus proyectos. De hecho,
los proyectos de innovación empresarial que afectan al sector naval en el
periodo 2011-2014 han sido los siguientes:
Se han aprobado 15 operaciones relacionadas con el sector naval mediante
ayudas reembolsables y parcialmente reembolsables. La aportación pública
comprometida asciende a 9 millones de euros. La inversión total en estos
proyectos es de 11,6 millones de euros.
Ayudas reembolsables y parcialmente reembolsables en proyectos
relacionados con el sector naval (2011-2014)
Año;N.º Proyectos/ Operaciones;Compromisos Aportación CDTI ();Presupuesto
Total ()
2011;5;3.564.102;4.653.764
2012;2;640.479;853.972
2013;4;2.455.108;3.130.764
2014;4;2.336.100;2.994.114
TOTAL;15;8.995.789;11.632.614
En subvenciones, los resultados obtenidos a través del Programa
FEDER-INNTERCONECTA en las convocatorias correspondientes a los años 2011
y 2013, suponen la aprobación de 22 participaciones asignadas al sector
naval con una inversión en el sector de 9,77 millones de euros y una
subvención de 5,03 millones de euros.
Subvenciones al Programa Feder-Innterconecta relacionadas con el sector
naval (2011-2014)
Año;N.º Proyectos/ Operaciones;Compromisos Aportación CDTI ();Presupuesto
Total ()
2011;3;1.246.893;2.401.526
2013;19;3.788.261;7.370.170
TOTAL;22;5.035.154;9.771.696
De otra parte, se acompañan las partidas presupuestarias relacionadas con
el sector naval, asignadas al Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
de acuerdo con la información que acompaña a la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2015.
Aplicaciones presupuestarias;Miles de euros
20.016.422M.775 Para compensación de intereses de préstamos para la
construcción naval, incluidas obligaciones de ejercicios
anteriores;70.758,68
20.016.422M.776 Primas a la construcción naval, incluidas obligaciones de
ejercicios anteriores;43.735,13
20.016.464B.823 Aportaciones reembolsables a empresas para el desarrollo
de proyectos tecnológico industriales cualificados relacionados con
Programas de Defensa;403.224,56
TOTAL;517.718,37
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas continuará
gestionando durante el 2015 el nuevo Tax lease para el sector, que ha
permitido estructurar 13 nuevos contratos desde su reciente puesta en
funcionamiento.
A este respecto, cabe decir que el pasado mes de diciembre se ha conocido
la sentencia del Tribunal de la Unión Europea rechazando la demanda de la
Asociación de Astilleros holandesa en contra del nuevo sistema de Tax
lease español, despejando así todas las dudas sobre el mismo, lo que
permitirá, sin duda, una máxima utilización en 2015.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065826
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iglesias Santiago, Leire (GS).
Respuesta:
Para la elaboración del Cuarto informe de España, relativo al período
2010-2013, el Comité de Expertos de la Carta planteó una serie de
Cuestiones y Recomendaciones el 28 de mayo de 2013. Asimismo se señaló
que el cuarto informe debería limitarse a incluir nueva información y
cambios relevantes relativos a la situación de las lenguas regionales o
minoritarias, no siendo necesario repetir la información que ya figuró en
los informes anteriores, habiendo de procurarse que la información
proporcionada fuera concisa, coherente y concreta.
Madrid, 13 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065877
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Montón Giménez, Carmen (GS).
Respuesta:
En relación con las cuestiones formuladas por Su Señoría, se informa que
la formación de la Guardia Civil, en materia de violencia de género, se
estructura en tres niveles claramente diferenciados:
Primer nivel: lo reciben todos los Guardia Civiles en los Centros de
Formación, en cuyos programas de enseñanza existen módulos específicos
que abordan esta problemática desde el punto de vista penal, procesal y
de actuación.
Segundo nivel: de especialización básica como Policía Judicial, curso
que se realiza en la Escuela de Especialización de la Guardia Civil. Aquí
es donde se adquiere una formación más profunda en la materia, tanto en
el aspecto penal y procesal, como científico y operativo. Este curso se
completa con una fase en el Centro de Estudios Judiciales del Ministerio
de Justicia, que habilita para obtener la especialidad de Policía
Judicial.
Tercer nivel: es el último de la formación regular, consistiendo en la
preparación y especialización como Especialista Mujer-Menor (EMUME). Esta
última etapa de formación se desarrolla mediante Jornadas en la Jefatura
de Policía Judicial-Unidad Técnica de Policía Judicial, y sólo para
personal de Policía Judicial. Su objetivo es conocer y profundizar en la
normativa y los procedimientos de actuación policial bajo el punto de
vista de su aplicación específica a la problemática de la mujer como
víctima de hechos criminales.
Como complemento a lo anterior, cada Unidad territorial de ámbito
provincial (Comandancia) celebra unas Jornadas anuales sobre estas
materias para personal de Seguridad Ciudadana del Cuerpo, en las que los
especialistas EMUME tienen un protagonismo especial como formadores.
Del mismo modo, se desarrollan Jornadas para personal docente de los
Centros de formación de la Guardia Civil, donde se tratan los aspectos
relacionados con la Violencia de Género y, en general, sobre la no
discriminación, a fin de capacitarlos para la formación de los alumnos de
dichos centros.
Asimismo, es necesario destacar la creación del Curso de Teleformación,
que engloba los procedimientos de actuación en materia de Violencia de
Género, tanto en aspectos legales y operativos como en los procedimientos
de valoración de riesgo e interacción con el sistema de seguimiento
integral VIOGEN.
Por otra parte, se mantienen frecuentes contactos externos para
proporcionar formación a los agentes mediante seminarios, congresos,
etc., organizados por organismos locales/autonómicos, por el Ministerio
de Justicia, Fiscalía, Asociaciones de atención a la mujer, etc.
Es importante reseñar que los datos del Sistema Integral de Seguimiento de
los Casos de Violencia de Género del Ministerio del Interior (Sistema
VioGén) confirman que desde el año 2008 (un año después de la puesta en
marcha del Sistema, en julio de 2007), se ha venido observando una
tendencia a la baja en el número de valoraciones de riesgo con resultados
«altos» y «extremos», en beneficio de un mayor número de valoraciones con
niveles «bajos» y «medios», especialmente en los dos últimos años. Esto
último se puede considerar como un aspecto positivo, por cuanto se debe a
una mayor actividad y celo profesional por parte de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, que siguen revisando periódicamente muchos casos
que, aunque ya estén en riesgo policial «no apreciado», todavía cuentan
con una Orden de Protección Judicial en vigor. Ese notable incremento en
el número de valoraciones con resultado «no apreciado» ya explica en
parte que, en proporción, descienda el resto.
Esas tendencias son un fenómeno común a todos los usuarios del Sistema
VioGén (Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Policías Autonómicas y
Locales), por lo que la consistencia temporal y territorial de los
resultados de las valoraciones de riesgo puede estar indicando una
evolución natural del propio sistema de valoración policial del riesgo,
que se está ajustando.
Así, conforme los agentes han ido adquiriendo experiencia, vienen
valorando el riesgo con mayor proporcionalidad, sin que se haya observado
que el descenso en el nivel de las valoraciones se traduzca en peor
servicio a las víctimas ni en consecuencias perjudiciales para ellas.
Por último, en la Guardia Civil, son las Unidades territoriales las que
tienen la inmediación y primera atención a las víctimas. Les corresponde,
por tanto, recibir denuncias, prestar el auxilio que precisen y
garantizar su seguridad, ejecutando a su vez las medidas de protección
que establecen los protocolos vigentes en función del nivel de riesgo y
las medidas judiciales dictadas en las correspondientes órdenes de
protección. Por tanto, todos los efectivos de estas Unidades están
directamente implicados en esta importante labor.
Como complemento a la actuación de las Unidades territoriales, se han ido
constituyendo desde 1995 los Puntos de Atención Especializada (PAEs), en
diversos órganos de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial (UOPJs),
como son en todas las Secciones de Investigación (nivel provincial) y en
un número creciente de Equipos Territoriales (nivel comarcal). Estos PAEs
se encuentran compuestos por agentes especializados en la atención a
víctimas de especial vulnerabilidad (EMUMEs), y garantizan que dicho
órgano pueda atender de forma específica los casos más graves y complejos
en este ámbito así como prestar apoyo y asesoramiento a los Puestos y
Unidades territoriales.
Existe, además, un PAE central (en la Unidad Técnica de Policía Judicial)
que realiza el análisis nacional de la casuística, coordina las
actuaciones, establece las directrices técnicas de actuación, asesora a
los PAEs provinciales y organiza la actualización de la formación de los
especialistas.
Desde su creación, se ha venido trabajando de manera constante en reforzar
la red de Puntos de Atención Especializada (PAEs) y de especialistas
desplegados a lo largo de todo el territorio nacional, ascendiendo, en la
actualidad, su número a un total de 276 PAEs en los que prestan sus
servicios un total de 647 especialistas EMUMEs.
Sobre esta base de respuesta especializada, todos los medios de prevención
e investigación de la Guardia Civil se encuentran a disposición de la
lucha contra la violencia de género.
Finalmente, es importante reseñar que la herramienta principal de trabajo
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de violencia
de género, es el «Sistema de Seguimiento Integral de víctimas de
violencia de género», en el que la Guardia Civil cuenta actualmente con
un total de 17.120 usuarios (un 20 % del personal del Cuerpo).
Madrid, 4 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065886
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Coscubiela Conesa, Joan (GIP).
Respuesta:
En relación con las cuestiones planteadas sobre MUFACE, se informa lo
siguiente:
Situación económica y presupuestaria.
En primer lugar, procede aclarar que MUFACE no está atravesando por
dificultades presupuestarias o económicas. MUFACE dispone de una
situación económica saneada, no presenta una situación de falta de
liquidez o de tesorería y es solvente para atender todas sus
obligaciones. Prueba de ello es que dispone de un presupuesto equilibrado
y que paga puntualmente y de forma ejemplar, en menos de 30 días, a todos
sus proveedores, especialmente a las entidades médicas de seguro
concertadas y a los colegios oficiales de farmacéuticos.
La disponibilidad de fondos para atender todas sus obligaciones está
plenamente garantizada por el Estado.
En cuanto al remanente de tesorería de MUFACE procede indicar que si bien
su cuantía ha experimentado una reducción, debe tenerse en consideración
que la utilización del remanente de tesorería de la Mutualidad no afecta
en absoluto a la suficiencia financiera del organismo que, como se ha
establecido con anterioridad, está garantizada por el Estado. La
aplicación de este recurso propio, que es de carácter ordinario, ha
obedecido a las indicaciones impartidas en general para todo el Estado
por las autoridades presupuestarias competentes, a fin de facilitar una
mejor utilización de los recursos financieros del Estado en su conjunto.
El Concierto con entidades médicas sanitarias en territorio nacional, para
sus mutualistas y beneficiarios para 2015, garantiza una subida de la
prima a las entidades que participen en el mismo del 0,9 % con respecto
del de 2014, lo que en el contexto de muy baja inflación actual, es un
esfuerzo presupuestario muy apreciable y que asegura completamente la
viabilidad de la Mutualidad y lanza un mensaje de sostenibilidad y
apuesta por MUFACE en el tiempo.
Acción protectora: prestaciones sanitarias y sociales.
MUFACE no dispone de medios propios para facilitar directamente la
prestación de asistencia sanitaria. Por ello, desde su creación ha
proporcionado la prestación mediante convenio con las Entidades de la
Seguridad Social o conciertos suscritos al efecto con Entidades de Seguro
en el ramo de la Asistencia Sanitaria, garantizando de esta forma el
derecho de elección establecido en el citado artículo 77 del Reglamento
General del Mutualismo Administrativo (RGMA, aprobado por el Real Decreto
375/2003).
Los conciertos de asistencia sanitaria son los instrumentos jurídicos de
Derecho Administrativo que concretan los contenidos y acceso a las
prestaciones de los beneficiarios como desarrollo último de las
orientaciones generales de la asistencia sanitaria de MUFACE recogidas en
su normativa específica. Así, el apartado 2 del artículo 77 del RGMA
dispone que los conciertos deberán estipular los derechos y obligaciones
recíprocos de las partes, así como las modalidades, forma, condiciones de
la asistencia y las causas por la que ésta se prestará a los
beneficiarios con derecho a ella.
En cuanto al contenido asistencial de los conciertos, MUFACE, en su
condición de Administración sanitaria para su colectivo protegido, forma
parte del Sistema Nacional de Salud (SNS), junto con los Servicios de
Salud de las Comunidades Autónomas, el INGESA y las otras mutualidades
administrativas MUGEJU e ISFAS, y debe, por tanto, garantizar el acceso
de su colectivo protegido a las distintas modalidades que conforman la
cartera común de servicios del SNS, en los términos que establezca la
normativa sanitaria vigente en cada momento.
Como consecuencia de ello, el Concierto establece las condiciones en que
debe prestarse el servicio, y entre ellas se incluyen una serie de
criterios para definir y delimitar los recursos asistenciales que las
Entidades que han resultado concertadas deben poner a disposición del
colectivo para hacer efectiva la prestación con el mismo contenido que a
cualquier usuario del Sistema Nacional de Salud (SNS) puesto que se
garantiza la cartera de servicios del mismo.
Las distintas prestaciones incluidas en la Cartera de Servicios, a
facilitar por la respectiva Entidad, se estructuran en varios niveles
asistenciales territorializados que comprenden un nivel de atención
primaria incluye todos los municipios y en cuatro niveles de atención
especializada en orden creciente, definidos en función, entre otros, por
factores poblaciones (tanto general como especifico de colectivo
mutualista residente), así como otros aspectos como la distancia y tiempo
de desplazamiento a núcleos urbanos donde existe una mayor disponibilidad
de recursos sanitarios privados.
El conjunto de especialidades exigibles en cada nivel asistencial se
define en función del grado de especialización, demanda y frecuentación
de cada tipo de Atención Especializada. Además, se definen también los
servicios de referencia destinados a la atención de patologías que
precisan de alta especialización profesional y elevada complejidad
tecnológica o cuando el número de casos a tratar no sea elevado y pueda
resultar aconsejable la concentración de los recursos diagnósticos y
terapéuticos, el marco geográfico y poblacional de estos servicios es el
conjunto del territorio nacional, en condiciones equivalente a las del
resto del SNS.
Todos los medios ofertados por la Entidad deben relacionarse
detalladamente en los Catálogos de Proveedores provinciales con el fin de
posibilitar su utilización durante toda la vigencia del Concierto.
Una de la piedras angulares del Concierto es la provisión de la asistencia
a través de los recursos asistenciales concertados por la respectiva
entidad, de forma que el colectivo protegido debe acudir a dichos
recursos, pudiendo elegir libremente entre todos ellos, pero en el caso
de que la entidad no disponga de los recursos exigidos el Concierto
estipula que debe hacerse cargo directamente del gasto ocasionado por la
utilización de medios no concertados, constituyendo por tanto una
garantía de accesibilidad a los medios asistenciales exigidos.
La Mutualidad no puede interferir en la relaciones de servicios
contractuales que cada Entidad concertada pueda establecer con los
diferentes proveedores sanitarios, ni obligar a la designación de medios
asistenciales concretos a todas ellas para la prestación del servicio, ni
siquiera obligar a que a tal efecto se designen todos los recursos o
parte de los que tengan contratados para todo tipo de pólizas privadas.
Por contra, la Mutualidad sí que puede obligar a que en el caso de que la
Entidad concertada no disponga de los recursos exigidos en el Concierto,
ésta deba hacerse cargo directamente del gasto ocasionado por la
utilización de medios no concertados, constituyendo por tanto una
garantía de accesibilidad a los medios asistenciales exigidos.
En el caso de baja de medios asistenciales, el Concierto también incluye
diversas estipulaciones para razonablemente garantizar la continuidad
asistencial de los pacientes, especialmente aquellos con patologías
graves, de forma que además se obstaculiza el posible intento de
transferencia de riesgos para determinadas patologías.
Se ha suscrito el nuevo concierto para el año 2015 el pasado 18 de
diciembre (cuyo texto se ha publicado en el BOE del día 20).
Se penalizarán aquellas decisiones de las entidades concertadas que
pudieran suponer una vulneración del Concierto, ya sea por la infracción
de la obligación de garantía de accesibilidad a los medios, como del
principio de continuidad asistencial para pacientes en tratamiento de
procesos patológicos graves ante los supuestos de cambios de un centro
sanitario o servicio hospitalario concertado.
Finalmente, y respecto de las prestaciones de naturaleza social, debe
matizarse que MUFACE no ha suprimido este tipo de ayudas, sino que las
exigencias de consolidación presupuestaria han obligado a suspender la
convocatoria de algunas de ellas al quedar vinculadas a la existencia de
suficiente dotación presupuestaria.
Madrid, 20 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/065909
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sixto Iglesias, Ricardo (GIP).
Respuesta:
El Gobierno considera que el Plan de Prevención de Suicidios en la Guardia
Civil es un instrumento de extraordinario valor. De acuerdo con el citado
Plan de Prevención, el Servicio de Psicología evalúa todos los suicidios
que se producen dentro de la Guardia Civil. Además, se cuenta con
importantes medios humanos y materiales, entre ellos Oficiales psicólogos
de la Escala Facultativa Superior de la Guardia Civil con formación
específica. Igualmente, se dispone de un Teléfono de Atención Psicológica
gratuito atendido permanentemente por alguno de estos psicólogos.
Se informa así mismo, que en cada proceso selectivo se utilizan pruebas
diferentes, tanto las habituales en el mercado, como otras elaboradas por
personal del Servicio de Psicología. La entrevista individual tiene por
objeto, primero, contrastar la veracidad o no de los indicios apuntados
en las pruebas objetivas realizadas por los aspirantes y, además, en
función del perfil del mismo, sondear áreas de vulnerabilidad y de
fortaleza. Cuando se observa que el aspirante a ingresar en el Cuerpo
posee fragilidad personal, fuertes vulnerabilidades y escasas fortalezas,
se propone su no aptitud. Todos los mandos naturales de las Unidades,
Comandancias o Servicios están informados en la detección temprana de los
síntomas de riesgo suicida. Los componentes del Servicio de Psicología se
encargan de renovar periódicamente esta información.
Dentro de los programas de estudios para la incorporación a las diferentes
Escalas de la Guardia Civil se imparten las siguientes sesiones relativas
a la prevención de conductas suicidas en la Guardia Civil:
Escala Superior de Oficiales:
Sesión 1. Prevención de conductas suicidas.
Escala de Oficiales:
Sesión 1. Protocolos de actuación de conductas suicidas y anómalas.
Sesión 2. La salud mental en la Guardia Civil.
Escala de Suboficiales:
Sesión 1. Habilidades de comunicación: Escucha activa, informar, el arte
de dar malas noticias. Habilidades asertivas.
Sesión 2. Técnicas básicas de mando: Procesos de influencia
interpersonal. Fomento de la conducta eficaz en el servicio.
Sesión 3. Gestión del estrés policial: Control del estrés. Técnicas de
relajación.
Sesión 4. Prevención de conductas suicidas.
Sesión 5. Intervención en crisis y emergencias: primeros auxilios
psicológicos. Técnicas de negociación.
Curso aptitud ascenso empleo de Cabo:
Sesión 1. Prevención de conductas suicidas.
Escala de Cabos y Guardias:
Sesión 1. Habilidades de comunicación: Escucha activa, informar, el arte
de dar malas noticias. Habilidades asertivas.
Sesión 2. Gestión del estrés policial: Control del estrés. Técnicas de
relajación.
Sesión 3. Prevención de conductas suicidas.
Sesión 4. Intervención en situación de crisis.
Desde el año 2005, se han llevado a cabo un total de 1.046 conferencias en
las distintas Unidades del Cuerpo. Como material de apoyo se ofrecen las
Guías de Actuación y estudios divulgativos y científicos del fenómeno
suicida.
Los datos que se recogen relativos al teléfono de atención psicológica
(TAP) son la fecha, horario, total tiempo llamada, psicólogo TAP,
identidad, situación baja, llamadas previas, temática, valoración del
riesgo, intervención realizada, Zona, Comandancia y observaciones. En
2014, 16 personas hicieron uso de ese teléfono para esa finalidad y 25
personas solicitaron ayuda para alguna otra persona. En estos casos, y
dependiendo de las circunstancias, la ayuda que se ofrece varía desde el
consejo y orientación, hasta el rescate de la persona en riesgo y
hospitalización psiquiátrica urgente. Respecto a las familias, se ofrece
apoyo, orientación y, en su caso, psicoterapia para la elaboración
adecuada del duelo o psicopatología derivada.
Respecto al debriefing, aludido en la iniciativa parlamentaria de
referencia, se señala que consiste en una reunión voluntaria de los
compañeros de la víctima, dirigida por un componente del Servicio de
Psicología, en la que se abordan las preocupaciones y miedos. Por su
parte, la «autopsia psicológica» es
un procedimiento especializado que realiza un componente del Equipo
Especialista, que finaliza con la elaboración de un documento resumen del
hecho, tras la recopilación de toda la información posible sobre las
circunstancias que pudieron estar implicadas en el acto suicida.
Por último, se señala que, en la literatura científica, y en la
legislación vigente, no se considera que el suicidio sea un riesgo
laboral, aunque para el Gobierno constituye un asunto de la máxima
preocupación, al que destina medios y planificación.
Madrid, 25 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065912
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Centella Gómez, José Luis (GIP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que los datos
anteriores al año 2008 no están totalmente informatizados, por lo que no
puede proporcionarse dicha información. No obstante, se indica que el
Estado financia el 50 % de la tarifa aérea a los ciudadanos residentes en
los territorios no peninsulares, atendiendo especialmente al hecho
insular, en el que el modo aéreo de transporte es insustituible.
Madrid, 11 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065930
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: De las Heras Ladera, Ascensión (GIP).
Respuesta:
En relación con la información interesada se señala que los datos del
Sistema Integral de Seguimiento de los Casos de Violencia de Género del
Ministerio del Interior (Sistema VioGén) confirman que desde el año 2008
(un año después de la puesta en explotación del Sistema, en julio de
2007), se ha venido observando una tendencia a la baja en el número de
valoraciones de riesgo con resultados «altos» y «extremos», en beneficio
de un mayor número de valoraciones con niveles «bajos» y «medios», y,
especialmente en los dos últimos años, de las valoraciones con riesgo «no
apreciado». Esto último se puede considerar como un aspecto positivo, por
cuanto se debe a una mayor actividad y celo profesional por parte de los
agentes, que siguen revisando periódicamente muchos casos que, aunque ya
estén en riesgo policial «no apreciado», todavía cuentan con una Orden de
Protección judicial en vigor. Ese notable incremento en el número de
valoraciones con resultado «no apreciado» ya explica en parte que, en
proporción, descienda el resto.
Esas tendencias son un fenómeno común a todos los usuarios del Sistema
VioGén (Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Policías Autonómicas y
Locales), por lo que esa consistencia temporal y territorial respecto a
las tendencias de los resultados de las valoraciones de riesgo puede
estar indicando una evolución natural del propio sistema de valoración
policial del riesgo, que se está ajustando, y que en su origen (años 2007
y 2008) podía estar funcionando de un modo menos eficiente,
sobreestimando el riesgo.
A medida que los agentes han ido adquiriendo experiencia, vienen valorando
el riesgo con mayor proporcionalidad, sin que se haya observado que el
descenso en el nivel de las valoraciones se traduzca en peor servicio a
las víctimas ni en consecuencias perjudiciales para ellas. Al contrario,
al realizar en 2013 un estudio de satisfacción de las víctimas con las
actividades policiales, resultaron índices de
satisfacción muy altos. Es más, al promover que las víctimas expresaran
sus opiniones respecto a qué mejoras verían pertinentes para incrementar
esa satisfacción, no se recogieron sugerencias respecto a la valoración
de riesgo. En apoyo de esta explicación cabe hacer constar también que
los agentes de las policías locales y autonómicas se incorporaron al
Sistema VioGén (y, por tanto, al protocolo policial de valoración de
riesgo) en 2010, observándose el mismo fenómeno, una tendencia a la baja
a partir del año 2011.
El Ministerio del Interior lidera un grupo de trabajo para proceder a la
revisión del Protocolo de Valoración Policial del Riesgo, donde están
presentes representantes de los distintos ministerios e instituciones
implicadas. Dentro de los compromisos adquiridos en la Estrategia
Nacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres se
encuentra el llevar a cabo las actuaciones necesarias para la
interconexión del Sistema_VdG (VIOGEN) con diversos bancos de datos
policiales (Policía Nacional y Guardia Civil), Instituciones
Penitenciarias, y de la Administración de Justicia.
De este modo, existe la posibilidad de tener una información más amplia
que facilite la labor de la autoridad judicial a la hora de adoptar las
medidas cautelares, de seguridad y penas más adecuadas para la protección
de las víctimas. Asimismo, también los policías encargados de la
protección de víctimas de violencia de género, podrán comunicar a éstas
últimas con mayor inmediatez la situación procesal y penitenciaria de su
agresor.
Respecto a las medidas para incentivar a las víctimas para denunciar, se
deben destacar las siguientes:
La activa participación del Cuerpo Nacional de Policía en el desarrollo
de la aplicación «LIBRES» para smartphones, dirigida a ayudar a las
víctimas de la violencia de género, y que tiene por objetivo principal
informar y apoyar.
La divulgación, a través de la cuenta de twitter @policía, de mensajes
informativos tanto de la labor policial que la Dirección General de la
Policía realiza en este ámbito, como de las novedades y noticias de
interés que afectan a las víctimas de violencia de género, doméstica y
sexual.
Durante la celebración, el pasado 24 de noviembre, de «La Convención
Nacional de la Unidad Familia y Mujer (UFAM)», se presentó la campaña
publicitaria «#Denúncialo Si lo haces, la policía podrá ayudarte como
víctima de la violencia de género», con lo que se pide a las víctimas y a
su entorno que denuncien el maltrato.
La difusión del mensaje de la campaña publicitaria «#Denúncialo»,
mediante su inscripción en los vehículos policiales radio-patrullas.
Por otro lado, cabe destacar que no existe ninguna orden, ni recomendación
para valorar policialmente la predicción del riesgo de las víctimas de
violencia de género, y menos aún para que las medidas de protección sean
menores.
La Valoración Policial del Riesgo, puede ser modificada sólo a niveles
superiores, a criterio del agente policial encargado de realizar la
Valoración o Evolución, cuando existan discrepancias entre el nivel de
riesgo aportado por el Sistema VioGen y la apreciación del evaluador.
La respuesta de la Guardia Civil, en el ámbito de la violencia de género,
se aborda de forma integral:
Implicando a todas las Unidades relacionadas con la atención, prevención
y seguridad ciudadana y combinando su actuación con las Unidades
especializadas en el tratamiento de víctimas y en el seguimiento de los
casos de violencia.
Asegurando a las víctimas un tratamiento adecuado, personalizado y
específico.
Derivando la asistencia de las víctima hacia instituciones específicas
de protección, públicas y/o privadas.
Implementando medidas de protección cuando es necesario.
Investigando los hechos criminales derivados del ejercicio de la
violencia.
Sobre esta base de respuesta especializada, todos los medios de prevención
e investigación de la Guardia Civil se encuentran a disposición de la
lucha contra la violencia de género.
Finalmente, la herramienta principal de trabajo de las FCSE en materia de
violencia de género, es el «Sistema de Seguimiento Integral de víctimas
de violencia de género», del que la Guardia Civil cuenta actualmente con
un total de 17.120 usuarios (un 20 % del personal del Cuerpo). Destacar
en este sentido, que la formación en materia de violencia de género, en
el ámbito de la Guardia Civil, se considera suficiente.
La Guardia Civil, en el ámbito de la violencia de Género, implica a todas
las Unidades territoriales, complementando la actuación de éstas con
agentes especializados (EMUMES), quienes intervienen en los casos de
mayor gravedad. La formación de los agentes de las Unidades territoriales
les permite gestionar los casos de manera adecuada, tanto desde el punto
de vista de instrucción de diligencias como de protección de la víctima,
siendo en todo momento sus actuaciones supervisadas y complementadas por
los agentes especializados.
La Norma Técnica de Funcionamiento núm. 1/08 integra en un único documento
toda la organización y procedimientos a desempeñar por parte de las
diferentes Unidades de la Guardia Civil en esta materia. En este
documento marco se recoge desde la estructura organizativa y formativa de
los agentes hasta los contenidos básicos que debe tener el atestado
policial que se instruye por los agentes cuando intervienen en un caso de
violencia de género, además del tratamiento con respecto a la víctima y
al agresor.
También se está trabajando en la implantación generalizada en todas las
Comisarías de Policía, bajo la denominación de unidades de «Familia y
Mujer», de un servicio especializado unitario para el tratamiento de la
violencia de género, doméstica y sexual, tanto en la investigación de las
infracciones penales, como en la adopción de medidas tendentes a la
protección y derivación de las víctimas a otros recursos asistenciales.
La principal pretensión es que dichas unidades se conviertan en el
referente policial único para víctimas de estas tipologías delictivas,
así como para particulares y profesionales que conozcan hechos de esta
naturaleza.
En las Instrucciones 10/2007, 14/2007 y la 5/2008, de la Secretaría de
Estado de Seguridad, relativas al protocolo de valoración de riesgo, se
protocolizan las actuaciones que llevan a cabo los agentes cuando tienen
que elaborar una valoración policial de riesgo.
Si bien, el «Sistema de Seguimiento Integral de los casos de violencia de
género» (S-Viogen) arroja un resultado en función de las respuestas
incluidas en el formulario, el agente evaluador tiene la posibilidad de
elevar (nunca bajar) el nivel de riesgo obtenido. Para ello, debe incluir
las razones o criterios que le llevan a aumentar el nivel apreciado por
el sistema. Las medidas de seguridad que se apliquen irán en función del
nivel riesgo establecido por el agente, que en todo caso será igual o
mayor que el arrojado inicialmente por el sistema.
Madrid, 12 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065968
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iñarritu García, Jon (GMx).
Respuesta:
En contestación a las preguntas formuladas se informa que la persona por
la que se interesa Su Señoría fue condenada por los tribunales de
Justicia a la pena de dos años de prisión y su accesoria de suspensión de
cargo, por unos hechos ocurridos en el año 1984. Como consecuencia de
dicha condena se le incoó el expediente disciplinario, en el que se dictó
resolución, por el Secretario de Estado de Seguridad, del Ministerio del
Interior, imponiendo una sanción de seis años de suspensión de funciones.
En el recurso contencioso interpuesto por el funcionario, la Audiencia
Nacional anuló la sanción impuesta sustituyéndola por la de tres años. El
30 de enero de 1998, una vez cumplida la sanción, solicitó una excedencia
por interés particular, reingresando en el Cuerpo Nacional de Policía el
14 de septiembre del 2010.
Por otro lado, se indica que no existe constancia de que la empresa «Check
and In» haya efectuado ningún trabajo para la Dirección General de la
Policía.
Madrid, 27 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/065969
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iñarritu García, Jon (GMx).
Respuesta:
En contestación a las diversas cuestiones formuladas se informa que el
personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se
encuentra destinado o en comisión de servicio en Unidades ubicadas en la
Comunidad Autónoma del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra
perciben incentivos económicos de peligrosidad (o territorialidad), a
tenor de lo previsto en el Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de
Retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En los últimos años y hasta la actualidad, se retribuye al personal
mencionado anteriormente con las cantidades previstas, de acuerdo con los
complementos retributivos contemplados en los Presupuestos Generales del
Estado para cada ejercicio económico.
Madrid, 22 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/065976
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
Del compromiso del Gobierno con la regeneración democrática dan fe el
Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la
Administración General del Estado y el Proyecto de Ley Orgánica de
control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos
que tramita en estos momentos el Parlamento, así como las 70 medidas
anti-corrupción anunciadas por el Presidente del Gobierno en la
intervención parlamentaria en la que los defendió, ante el Pleno del
Congreso de los diputados, el pasado día 27 de noviembre.
Sobre el asunto que señala en su iniciativa, se recuerda a Su Señoría que
el Gobierno trabaja en un marco de respeto al principio de división de
poderes, así como de respeto a la acción de la Justicia, por lo que no
realiza consideraciones sobre sumarios judiciales ni sobre asuntos que
dirimen los tribunales. Dentro del mismo marco de separación de poderes
hay que encuadrar la facultad de auto-organización de los órganos
judiciales, así como el gobierno de los mismos que ejerce, con total
autonomía e independencia, el Consejo General del Poder Judicial.
Por otro lado se señala que las funciones del Cuerpo Nacional de Policía
están determinadas por la legislación que lo regula, que, en lo referente
al ámbito de la policía judicial, trabaja bajo un esquema genérico de
doble dependencia: orgánicamente, del Ministerio del Interior (Dirección
General de la Policía) y funcionalmente, de los Jueces, Tribunales o
Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto investigado.
En consecuencia, la investigación de todos los hechos que entran dentro
del ámbito de la corrupción, están bajo la dirección y supervisión de una
autoridad perteneciente al ámbito del Poder Judicial, siendo, por tanto,
la labor policial completamente independiente y ajena a cualquier tipo de
influencia.
Madrid, 20 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/066034 a 184/066036
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Muñoz Santamaría, Lourdes (GS).
Respuesta:
El Gobierno es plenamente consciente de la importancia que tiene la
publicación de datos del sector público para ser reutilizados por
terceros. Por eso, en esta Legislatura, el Gobierno ha querido dar un
nuevo impulso a la apertura de datos públicos, y ha promovido la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, en la que se contempla que los datos que se
publiquen se encuentren en formatos accesibles.
Además, se ha suscrito un convenio de colaboración, con vigencia hasta
finales de 2015 para llevar a cabo diversas iniciativas que faciliten la
publicación y reutilización de los datos. Entre ellas cabe destacar el
soporte técnico que se brinda a los diferentes Organismos de la
Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades
Locales, para cumplir la Norma Técnica de Interoperabilidad de
Reutilización de recursos de la información aprobada por Resolución de 19
de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas.
Por otro lado, se están impartiendo múltiples cursos a través del
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) para asesorar y
concienciar a las distintas Administraciones Públicas sobre la
importancia de publicar sus datos y cómo generar formatos fácilmente
reutilizables de acuerdo a la normativa legal y técnica de aplicación
actual.
Asimismo, se ha creado el foro de colaboración público-privado RISP
(Reutilización de la Información del Sector Público), que trata de buscar
sinergias entre el sector público y el sector privado para favorecer el
desarrollo de servicios de alto valor para ciudadanos y empresas que
contribuyan al impulso de la actividad económica y la generación de
empleo cualificado, a partir de la información del Sector Público.
Por último, en el Encuentro Aporta 2015, con el título de «El dato público
en una sociedad digital», múltiples expertos compartirán sus visiones de
cómo mejorar y evolucionar la implementación de las políticas de datos
abiertos y reutilización de la información del sector público.
Desde un punto de vista normativo, cabe informar a Su Señoría que se está
en proceso de transposición de la nueva Directiva 2013/37/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se
modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la
información del sector público, que dará un nuevo impulso a la
publicación de los datos, al ampliar su alcance respecto a la normativa
actualmente vigente.
Por último, en el marco internacional, cabe señalar que el Gobierno está
participando en aquellas iniciativas técnicas impulsadas por la Unión
Europea en esta materia, tratando de importar todos los avances y mejoras
en cuanto a formatos y estándares abiertos, haciendo uso de Guías, Buenas
Prácticas o Recomendaciones.
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066037
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Muñoz Santamaría, Lourdes (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Su Señoría que
el Gobierno, a través de los Ministerios de Hacienda y Administraciones
Públicas y de Industria, Energía y Turismo, se encarga de velar por el
cumplimiento de la legislación en materia reutilización de la información
en el ámbito del sector público.
Asimismo, cabe señalar que dichos Ministerios han suscrito a estos efectos
un convenio de colaboración, con vigencia hasta finales de 2015, que
podrá prorrogarse a instancia de ambas partes anualmente, en el marco del
cual, se vienen realizando diversas actividades, entre las que cabe
destacar el mantenimiento y evolución del catálogo de información pública
de la Administración del Estado (http://datos.gob.es/) hacia un entorno
avanzado de apertura de información.
Se realiza un soporte técnico desde el «Proyecto Aporta» a los diferentes
Organismos de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas
y Entidades Locales, en base a lo especificado en la Norma Técnica de
Interoperabilidad de Reutilización de recursos de la información aprobada
por Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas y la Guía de aplicación de la Norma Técnica de
Interoperabilidad de Reutilización de recursos de información, en cuyo
apartado sexto, se establece el formato de los documentos y recursos de
información reutilizables. En concreto, en las actuaciones de
asesoramiento y soporte a las administraciones Públicas se indica la
conveniencia de utilizar formatos fácilmente reutilizables de acuerdo a
la normativa legal y técnica de aplicación actual y a la nueva Directiva
2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013,
por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la
reutilización de la información del sector público y que actualmente, se
encuentra en proceso de transposición e incorporación al ordenamiento
jurídico español.
Adicionalmente, el Gobierno está participando en aquellas iniciativas
técnicas impulsadas por la Unión Europea en esta materia, siendo los
avances y mejoras en cuanto a formatos y estándares abiertos, promovidos
desde el momento de su puesta a disposición, entre otros instrumentos, en
forma de: Guías, Buenas Prácticas o Recomendaciones.
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066040
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campuzano i Canadés, Carles (GCiU).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, cabe indicar que el Gobierno
prevé aprobar próximamente el desarrollo reglamentario de la Ley 27/2014,
de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. No obstante, en este
momento no puede precisarse la fecha exacta de su aprobación.
Por otra parte, cabe señalar que el desarrollo reglamentario de la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (BOE de 24 de
diciembre) se recoge en el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo (BOE de 23 de octubre).
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066056
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Tarruella Tomàs, María Concepció (GCiU).
Respuesta:
El 30 de julio de 2013, se suscribió un Acuerdo con la profesión enfermera
(Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España y el
Sindicato SATSE), en el que se estableció el compromiso de potenciar el
desarrollo de las especialidades enfermeras. En consecuencia, y en el
ámbito de sus competencias, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad está trabajando en el desarrollo de este acuerdo con la
colaboración de las Comunidades Autónomas en el ámbito de la Comisión de
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.
Previo al establecimiento de un Área de Capacitación Específica (ACE) en
cuidados paliativos, es necesario aprobar el programa formativo de la
especialidad de cuidados médico quirúrgicos, que actualmente se encuentra
en tramitación, para evitar solapamientos entre los programas formativos
de la especialidad y de la ACE.
Madrid, 11 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066068
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Vázquez, María Paloma y Cortizo Nieto, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Con carácter general hay que señalar que las comunidades autónomas tienen
asumidas las competencias en el ámbito del trabajo, el empleo y la
formación profesional para el empleo. En este sentido, para cada
ejercicio económico se distribuyen territorialmente, para su gestión por
las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, subvenciones del
ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado, para políticas activas de empleo con cargo al Presupuesto del
SEPE, según los criterios de distribución acordados en la Conferencia
Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Por tanto, corresponde la
gestión y ejecución de las políticas activas de empleo, en este caso a la
Comunidad Autónoma de Galicia, que dispondrá de la información solicitada
en la pregunta referente a las personas afectadas por diversidad
funcional.
En cuanto a las medidas para paliar la tasa de empleo de las personas
afectadas por diversidad funcional, se señala lo siguiente:
La regulación del nuevo marco de medidas de políticas activas de empleo
para las personas con discapacidad se acometerá dentro del desarrollo de
la nueva Estrategia Española de Activación para el Empleo, aprobada por
Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre.
En la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, celebrada el 11
de abril de 2013, las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social acordaron las líneas de actuación en las que se basa la
nueva estrategia que siguen las políticas activas de empleo en España a
partir de 2013. La clave del cambio al nuevo modelo de políticas activas
de empleo está en pasar desde un modelo de financiación y gestión
articulado en torno a instrumentos jurídicos pensados para programas
establecidos centralizadamente, a un nuevo marco, acorde con las
competencias de las Comunidades Autónomas y en el marco de la Unidad de
Mercado, de financiación, ejecución, control y evaluación orientado hacia
la consecución de determinados objetivos, siguiendo directrices y ejes
prioritarios de actuación.
Una de las piezas claves de la reforma de las políticas de activación para
el empleo es la renovación del marco normativo actual, lo que se ha
abordado inicialmente con la aprobación por Real Decreto 751/2014, de 5
de septiembre, de una nueva Estrategia Española de Activación para el
Empleo 20142016. Previamente se ha procedido a adecuar la Ley 56/2003, de
16 de diciembre, de Empleo, al nuevo modelo de políticas de activación
para el empleo, mediante la modificación efectuada por el Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para
el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. En la nueva Estrategia
Española de Activación para el Empleo 20142016 se prevé la elaboración de
tres nuevos Reglamentos: Reglamento de Servicios, Reglamento de Empleo y
Reglamento de Formación Profesional para el Empleo.
El Reglamento de Empleo establecerá la regulación que dará soporte a los
distintos programas que puedan ejecutar las comunidades Autónomas en
materia de fomento del empleo, regulando los aspectos esenciales de los
«programas comunes», que podrán ser aplicados, y en, su caso,
desarrollados en sus aspectos no esenciales, por todos los integrantes
del Sistema Nacional de Empleo.
Como se recoge en la Estrategia Española de Activación para el Empleo
2014-2016, en todo caso, este desarrollo reglamentario incluirá un marco
normativo de programas estatales de Políticas Activas de Empleo dirigidas
de manera integrada a favorecer la inclusión laboral de las personas con
discapacidad,
que establecerá los contenidos mínimos que serán de aplicación en el
conjunto del Estado; en este nuevo marco se pueden contener nuevas
medidas, o modificaciones de las actuales, todo ello obviamente con el
objetivo de favorecer la inserción laboral y el mantenimiento en el
empleo del colectivo de personas con discapacidad.
La Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral recupera la plena vigencia de la normativa estatal
reguladora de las medidas estatales de fomento de empleo para personas
con discapacidad frente a lo que preveían las normas aprobadas en la
Legislatura pasada (disposición final duodécima). Esta normativa estatal
reguladora de las medidas de fomento de empleo para personas con
discapacidad había sido derogada por el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de
febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la
reforma de las políticas activas de empleo, retrasando dicha derogación
al momento de la entrada en vigor de la Estrategia Española de Empleo.
Con la citada Ley 3/2012, de 6 de julio, se recupera plenamente la
vigencia de las medidas estatales de fomento de empleo para personas con
discapacidad. Las asociaciones de personas con discapacidad expresaron su
apoyo a esta decisión.
Además en dicha norma, se incluyen criterios de priorización de
permanencia en el empleo en caso de despido en empresas, para las
personas con discapacidad.
Asimismo, se ha aprobado el Convenio Especial de Seguridad Social para
trabajadores con discapacidad, Real Decreto 156/2013, de 1 de marzo, por
el que se regula la suscripción del convenio especial por las personas
con discapacidad que tengan especiales dificultades de inserción laboral,
que garantiza a los trabajadores con especiales dificultades de inserción
laboral que puedan cotizar por sí mismos al sistema y generar derecho a
prestaciones que de otra manera no conseguirían. La medida beneficia a
más de 34.000 personas.
Además, la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor
y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, contiene
medidas de acción positiva en favor de las personas con discapacidad. Los
jóvenes con discapacidad tendrán una posición reforzada en el nuevo marco
de ayudas y apoyos públicos que a partir de ahora se habilitan para
promover la contratación y el emprendimiento entre este grupo social. En
el caso de los jóvenes con discapacidad se ha fijado la edad límite en
los 35 años para beneficiarse de estas ayudas, frente a los 30 años
establecidos con carácter general.
La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
Internalización, modifica la Ley del Impuesto de Sociedades con el fin de
elevar de 6.000 a 9.000 euros la deducción anual que se pueden aplicar
las empresas por la creación de empleo para personas con discapacidad.
Este aumento de 3.000 euros en la deducción se aplicará cuando los
trabajadores tengan un grado de discapacidad comprendido entre el 33 % y
el 65 %. Cuando se trate de trabajadores con un grado de discapacidad
superior al 65 %, la deducción se eleva a los 12.000 euros, lo que supone
un incremento del 100 % respecto de la cuantía vigente hasta ahora.
Esta mejora significa un mayor y más intenso estímulo para las empresas a
la hora de contratar a personas con discapacidad, ya que de este modo
rebajarán la carga fiscal que deben aportar al Estado a través del
Impuesto de Sociedades.
Con este avance fiscal, se incentiva la inclusión laboral de las personas
con discapacidad en empresas ordinarias, pues son estas las que
mayoritariamente están sometidas a este impuesto sobre los beneficios
empresariales.
Se han mantenido todas las bonificaciones previstas para fomentar la
contratación de personas con discapacidad, en un contexto de fuertes
restricciones presupuestarias y de consolidación fiscal.
Hay que destacar también la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven
2013-2016, con un presupuesto de 3.500 millones de euros y 100 medidas
para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral, ya sea a
través de la contratación o del emprendimiento. En relación a la
contratación, aunque todas las medidas estén dirigidas a jóvenes menores
de 30 años, en el caso de aquellos que presenten una discapacidad
reconocida igual o superior al 33 %, el tramo de edad se amplía cinco
años más. También se ha contemplado que el límite máximo de edad para la
celebración de contratos para la formación y el aprendizaje no sea de
aplicación para las personas con discapacidad.
Finalmente, en empleo público se ha promovido e impulsado el acceso de las
personas con discapacidad a la Función Pública, estableciendo un cupo del
7 % en plazas de formación sanitaria especializada. En el año 2013 se
aprobó el Real Decreto 578/2013, de 26 de julio, por el que se establecen
medidas de acción positiva aplicables a las personas con discapacidad que
participen en las convocatorias anuales de pruebas selectivas para el
acceso a plazas de formación sanitaria especial, que establece
medidas de acción positiva para personas con discapacidad que participen
en las pruebas de acceso a formación sanitaria especializada. Se trata de
las pruebas MIR para médicos y sus equivalentes, para enfermeros,
farmacéuticos, biólogos, psicólogos, químicos y radiofísicos. En todas
las convocatorias para las pruebas de acceso a esta formación, a partir
de la correspondiente al curso 2013-2014 se establecerá una reserva de
plazas de, al menos, el 7 % para personas con discapacidad.
En el ámbito de la Administración General del Estado desde 2012 se han
convocado dos procesos selectivos específicamente dirigidos a personas
con discapacidad intelectual, con un completo éxito de participación.
Además, el Consejo de Ministros, en su reunión de 12 de septiembre de
2014, aprobó el Plan de Acción de la Estrategia Española sobre
Discapacidad, para el periodo 2014-2016 que, entre sus cinco ámbitos de
actuación, contempla el empleo, donde se recogen medidas dirigidas a
promover el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, en
condiciones que garanticen la aplicación de los principios de igualdad de
trato y no discriminación; a promover que las personas con discapacidad
se establezcan como trabajadores autónomos; a asegurar para las personas
con discapacidad condiciones laborales dignas, la igualdad de
oportunidades en el empleo y favorecer la conciliación laboral: medidas
dirigidas igualmente a fomentar la contratación pública socialmente
responsable y a concienciar al empresariado y al sector público de las
capacidades laborales de las personas con discapacidad.
Asimismo, se está trabajando en promover el acceso al empleo de las
personas con capacidad intelectual límite. Con esta orientación política,
el Observatorio Estatal de Discapacidad está trabajando en la realización
de un estudio sobre las personas con capacidad intelectual límite, con el
fin de que sirva de base y de referencia para la adopción futura de
medidas de acción positiva para promover el acceso al empleo de estas
personas. En este sentido, el citado Plan de Acción de la Estrategia
Española sobre Discapacidad prevé entre sus medidas en materia de empleo
«favorecer el acceso al empleo de las personas con capacidad intelectual
límite».
Por último cabe señalar que en lo que se refiere al número de empleados
públicos con discapacidad que prestan servicios en las Administraciones
Públicas sólo se puede tener conocimiento del número de personas con
discapacidad en la Administración General del Estado que acceden a través
del cupo de reserva de las plazas de la Oferta de empleo público de la
misma, pero en ningún caso se tiene información sobre las personas con
discapacidad que acceden al margen de este cupo o que una vez acceden al
empleo público, eventualmente adquieren esta condición, ya que el tener
reconocido un determinado grado de discapacidad es un dato de carácter
personal que debe ser protegido y, en ningún caso, el Registro Central de
Personal ofrece datos de carácter nominativo sobre los empleados
públicos.
Madrid, 11 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066070
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Olmos, José y Fernández Moya, Gracia (GS).
Respuesta:
El calendario de vacunación es una herramienta de salud pública dinámica,
en continua revisión en función de la situación epidemiológica de las
enfermedades prevenibles mediante vacunación y de la aparición de
innovaciones en el campo de las vacunas, así como de nuevas evidencias
científicas y estrategias a aplicar en los programas que se engloban
dentro del calendario.
Desde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que
están representadas todas las Comunidades Autónomas y el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se recomienda la vacunación frente
a varicela con dos dosis a los 12 años de edad en personas que refieran
no haber pasado la enfermedad ni haber sido vacunadas con anterioridad,
así como la vacunación de personas de cualquier edad pertenecientes a
grupos de riesgo.
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el pleno del
14 de enero de 2015 ha acordado la actualización del calendario común de
vacunación infantil que se hará efectiva a finales de 2016, con la
incorporación de la vacuna frente a la enfermedad neumocócica a los 2, 4
y 12 meses de
edad. Otra modificación del calendario de vacunación es el adelanto de la
vacuna del virus de papiloma humano, que protege frente al cáncer de
cuello de útero. Se administrará a las niñas de 12 años, en lugar de a
los 14, como hasta ahora, para incorporar los últimos cambios en la ficha
técnica y mejorar la cobertura de vacunación.
Madrid, 12 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066085
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gallego Arriola, María del Puerto (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Su Señoría que,
en primer lugar, la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos
Urbanos fue aprobada con el Partido Socialista Obrero Español en el
Gobierno y durante los siguientes ocho años de gobierno socialista no se
planteó ninguna extensión.
No obstante, desde el Ministerio de Economía y Competitividad se vienen
adoptando medidas de muy diversa índole, todas ellas agrupadas en el Plan
Integral de Apoyo a la Competitividad en el Comercio Minorista de España
que, a lo largo de la legislatura con el apoyo y las aportaciones de
todas las Comunidades Autónomas y el propio sector, se han ido poniendo
en marcha.
Se ha considerado prioritario el apoyo al comercio minorista, tanto para
el inicio como para el desarrollo de la actividad y muy especialmente
para las pymes del sector, dada la coyuntura desfavorable por razón de la
crisis económica, por la que dicho sector atravesaba. Cabe señalar, sin
embargo, que a lo largo del presente año el sector está consolidando un
claro cambio de tendencia por la generación de empleo de forma importante
y la recuperación de las ventas.
En el marco del Plan Integral de Apoyo a la Competitividad en el Comercio
Minorista de España 2014, en su medida número 20 «Programa de Relevo en
el Comercio», se señala como objetivo el de «promover la continuidad de
las empresas viables y el relevo en el comercio». Y como acciones,
establecía para el ejercicio del año 2014, mediante el Convenio de
Colaboración suscrito entre la Dirección General de Comercio Interior y
el Consejo Superior de Cámaras, ofrecer una orientación especializada a
los emprendedores del comercio, enfocada a promover la continuidad
empresarial de aquellos negocios viables: información sobre la
compraventa, transmisión y traspaso de empresas y locales comerciales.
A ello se añaden otra serie de actuaciones, desarrolladas a través del
Plan y en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Cámaras de
Comercio, que apoyan al pequeño comercio en distintas vertientes, desde
programas para impulsar la innovación y la competitividad, programas de
mejora de la gestión del punto de venta, programas de dinamización o
apoyo financiero a proyectos singulares de mejora de equipamientos
comerciales.
En conjunto, todas las actividades que se han desarrollado en el año 2014
en el ámbito del Plan y a través de las Cámaras, con la colaboración de
las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y asociaciones del sector han
llegado a 25.058 comercios beneficiarios en toda España. En el año 2013
las actuaciones beneficiaron a 13.633 comercios.
Asimismo, la línea «Instituto de Crédito Oficial. Comercio Minorista»
financia, entre otros, los gastos e inversiones derivados de la apertura
de nuevos establecimientos comerciales o de obras de reacondicionamiento
y modernización de establecimientos comerciales existentes; de la
adquisición de activos fijos productivos para la especialización o la
innovación y de la implantación de sistemas de tecnologías de la
información, comunicaciones, seguridad y eficiencia energética, así como
necesidades de liquidez hasta el 50 % del importe total de la
financiación si el plazo de amortización es superior a tres años,
ampliable hasta el 100 % para operaciones con plazo de amortización igual
o inferior a tres años. A ella se unen otras líneas de financiación que
ofrece el Instituto de Crédito Oficial y a las que pueden acceder las
Pequeñas y Medianas Empresas del comercio.
Asimismo, se ha trabajado desde el Ministerio de Economía y Competitividad
en la eliminación de cargas administrativas y trabas, de forma que la
presentación de una declaración responsable o de la
comunicación previa habilita a partir del momento de su presentación al
ejercicio de la actividad comercial o de servicios para los
establecimientos de hasta 750 metros cuadrados de superficie de venta y
de libertad de horarios comerciales para los de superficie inferior a 300
metros cuadrados siempre que sean titularidad de Pequeñas y Medianas
Empresas.
El Plan Integral incluye también, dentro de las competencias de otros
departamentos ministeriales, otra serie de actuaciones que tienen en
común el apoyo al sector del pequeño comercio.
Por otra parte, se informa que no se dispone de los datos relativos al
número de comercios a los que afectará el fin de la moratoria prevista en
la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
Por lo que se refiere a los efectos que se derivarán de esta situación,
será la voluntad de las partes, arrendador y arrendatario, lo
determinante para celebrar o no un nuevo contrato sujeto a la vigente Ley
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, así como las
condiciones del mismo. Las conclusiones de un estudio realizado por el
Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria recogen la idea
mayoritaria entre estos profesionales de que los contratos de renta
antigua se renovarán mediante acuerdo entre propietario e inquilino. En
1994, la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos ya
llevó a cabo una actualización de rentas para aproximarlas gradualmente a
la realidad del mercado, de forma que las diferencias entre contratos de
renta antigua y los actuales no son tan grandes, y especialmente en estos
momentos en que se ha producido un descenso de los precios de alquiler.
Por este motivo desde el Gobierno no está previsto adoptar ninguna medida
especial en relación con estas situaciones.
Madrid, 26 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/066086 y 184/066087
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gallego Arriola, María del Puerto (GS).
Respuesta:
La inversión en explotación (conservación, mantenimiento, gestión y
circulación) de la Red Ferroviaria de Ancho Métrico (FEVE) en los años
2011, 2012, 2013 y 2014 en la Comunidad Autónoma de Cantabria ha
alcanzado los 10,8 millones de euros (dato sin IVA).
Madrid, 18 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066095
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gordo Pérez, Juan Luis (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia, cabe recordar a Su Señoría que
la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de
marzo, y otras normas tributarias, incluye una Disposición adicional
única referente a la regularización de pensiones procedentes del
exterior. Esta Disposición gira en torno a dos ejes:
La apertura de un período de regularización extraordinaria de pensiones
procedentes del exterior, sin exigencia de recargos, intereses ni
sanciones.
La condonación de los recargos, intereses y sanciones derivados de la
regularización de la situación tributaria de los contribuyentes que hayan
obtenido pensiones procedentes del exterior.
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066096
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gordo Pérez, Juan Luis (GS).
Respuesta:
La información disponible sobre la recaudación de las distintas figuras
impositivas, que puede ser consultada en la página web de la Agencia
Tributaria, en la dirección electrónica que se refiere al conjunto de la
actividad económica, sin que sea posible su distinción por sectores de
actividad.
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/Recaudacion_tributaria/Recaudacion_tributaria.shtml
Madrid, 5 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066107
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Pezzi Cereto, Manuel (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Su Señoría que
el Gobierno, por medio del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, a través de la Dirección General de Ordenación del Juego
(DGOJ), se encuentra actualmente inmerso en la elaboración de un
Reglamento de publicidad y juego responsable, en desarrollo de los
artículos 7 y 8 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego
(LRJ), el cual, está previsto que se apruebe en los primeros meses del
año 2015.
Cabe señalar que se trata del desarrollo reglamentario de la LRJ, y no de
la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual
(LGCA), sin perjuicio de la plena compatibilidad y consistencia entre
ambas normas.
El citado Reglamento afectará a la actividad de juego de ámbito estatal,
incluyendo el juego online que abarque dicho ámbito geográfico,
estableciendo los principios deontológicos y, entre otras cuestiones, las
reglas horarias y de contenido a que deberá someterse la actividad
publicitaria de las actividades de juego de ámbito estatal,
particularmente el juego online. Además, se concretarán las acciones que
en el desarrollo de su actividad deberán poner en práctica los operadores
de juego en orden a prevenir problemas de adicción al juego y proteger a
las personas vulnerables a esta actividad, entre las que se encuentran de
forma destacada los menores de edad.
Asimismo, el Reglamento abarcará la publicidad por cualquier canal o medio
de comunicación, incluyendo la televisión, medio para el cual se
dispondrán reglas específicas, como puede ser la limitación a la
publicidad de determinados contenidos en horarios de protección
reforzada, en línea con el artículo 7 de la LGCA.
Cabe informar a Su Señoría que el 17 de noviembre de 2011 el Gobierno, a
través de la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, y la Asociación para la
Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) firmaron un
acuerdo de corregulación en materia de publicidad, patrocinio y promoción
de las actividades de juego. Posteriormente, el 7 de junio de 2012 el
Gobierno, a través de la Dirección General de Ordenación del Juego y la
Secretaría de Estado de Comunicaciones y para la Sociedad de la
Información (Subdirección General de Contenidos
de la Sociedad de la Información) del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, y AUTOCONTROL firmaron un acuerdo para el establecimiento de un
Código de Conducta sobre comunicaciones comerciales de las actividades de
juego, modelo que rige actualmente la publicidad del juego online de
ámbito estatal.
Cabe destacar que la totalidad de los operadores de juego online con
licencia de la Dirección General de Ordenación del Juego para el
desarrollo de tales de actividades ha suscrito el mencionado Código de
Conducta.
Igualmente, cabe destacar que, de acuerdo con la normativa vigente, el
acceso de los menores a las plataformas de juego online de los operadores
se encuentra impedido mediante los mecanismos de identificación de
usuario y cuenta de juego que la normativa impone a los operadores.
Por último, se comunica que el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y
Adolescencia 2013-2016 (II PENIA), aprobado por Consejo de Ministros el
13 de abril de 2013, recoge varias medidas relacionadas con la protección
de la infancia respecto a los medios de comunicación, tanto en lo que se
refiere a la promoción de una educación en valores y defensa de sus
derechos (Medida 3.1), como al refuerzo de los mecanismos de control y
sanción sobre los contenidos de programación de televisión en la franjas
de mayor audiencia infantil (Medida 3.3).
Madrid, 24 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066147, 184/066710, 184/066711, 184/066712, 184/066724, 184/066733,
184/066734, 184/066735, 184/066736, 184/066743, 184/066744, 184/066745,
184/066746
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Alegría Continente, María Pilar (GS).
Respuesta:
En relación con las preguntas formuladas se informa que las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado tienen en servicio un elevado número de
inmuebles, siendo por lo general necesario realizar mejoras en las
condiciones de habitabilidad y funcionalidad de las infraestructuras,
mejoras que en la medida de lo posible son ejecutadas en función de las
disponibilidades presupuestarias y de las prioridades preestablecidas.
Las inversiones (capítulo 6) en infraestructuras (obras) previstas en el
Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual de los Presupuestos
Generales del Estado para cada ejercicio (crédito inicial) y las
inversiones efectivamente ejecutadas (obligaciones reconocidas), con
cargo a los créditos de las Direcciones Generales de la Policía y de la
Guardia Civil, en la provincia de Zaragoza, fueron las siguientes:
;2012 (importe en euros);;2013 (importe en euros);;2014 (importe en
euros);
;Crédito
inicial;Obligac.
reconoc.;Crédito
inicial;Obligac.
reconoc.;Crédito
inicial;Obligac.
reconoc.
DGP;140.040;109.015,08;;57.358,68;;160.944,88
DGGC;;;;;;
Por otra parte cabe señalar que la Dirección General de la Guardia Civil,
anualmente, en función de las disponibilidades presupuestarias de cada
ejercicio, ejecuta obras de mejora y mantenimiento en los
acuartelamientos que se hayan priorizado, con cargo a los créditos del
Capítulo 2 descentralizados en su mayor parte a las unidades
territoriales, ascendiendo a 385.811,32, 709.982,33 y 889.046,90 euros,
respectivamente, las obras ejecutadas en cuarteles de la citada provincia
durante los años 2012, 2013 y 2014, estando previstas para el presente
año 2015 actuaciones por importe de 270.000 euros.
Por último, el Anexo de Inversiones Reales para el presente ejercicio
recoge una previsión de inversión en infraestructuras de la Dirección
General de la Policía en dicha provincia por importe de 302.890 euros, no
estando previstas inversiones en el ámbito de la Guardia Civil.
Madrid, 9 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066239
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Olmos, José; Martín González, María Guadalupe y Heredia
Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
La oferta de plazas de formación sanitaria especializada de la
Convocatoria 2014-2015 fue fijada en el Pleno de la Comisión de Recursos
Humanos del Sistema Nacional de Salud celebrada el 1 de septiembre de
2014 y aprobada por la Orden SSI/1674/2014, de 10 de septiembre, por la
que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas
selectivas 2014 para el acceso en el año 2015 a plazas de formación
sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros
graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología, la
Química, la Biología y la Física.
La oferta fue diseñada teniendo en consideración las propuestas de las
Comunidades Autónomas en lo relacionado con las necesidades de
especialistas y las posibilidades presupuestarias.
La distribución de plazas por Comunidades Autónomas en las convocatorias
2013-2014 y 2014-2015 es la siguiente:
Comunidad Autónoma;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria
2013/2014;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria 2014/2015
CA de Andalucía;894;898
CA de Aragón;192;191
CA de Canarias;226;237
CA de Cantabria;107;105
CA de Castilla-La Mancha;174;156
CA de Cataluña;952;960
CA de Extremadura;138;140
CA de Galicia;305;303
CA de la Región de Murcia;201;201
CA de La Rioja;34;32
CA de las Illes Baleares;100;98
CA del País Vasco;267;261
CA Principado de Asturias;141;134
C de Castilla y León;338;323
C de Madrid;1.228;1.225
C Foral de Navarra;111;110
C Valenciana;579;599
Ciudad Autónoma Ceuta;4;3
Ciudad Autónoma Melilla;3;3
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066240
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Olmos, José; Guillén Izquierdo, Vicente y Martín González,
María Guadalupe (GS).
Respuesta:
La oferta de plazas de formación sanitaria especializada de la
Convocatoria 2014-2015 fue fijada en el Pleno de la Comisión de Recursos
Humanos del Sistema Nacional de Salud celebrada el 1 de septiembre de
2014 y aprobada por la Orden SSI/1674/2014, de 10 de septiembre, por la
que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas
selectivas 2014 para el acceso en el año 2015 a plazas de formación
sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros
graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología, la
Química, la Biología y la Física.
La oferta fue diseñada teniendo en consideración las propuestas de las
Comunidades Autónomas en lo relacionado con las necesidades de
especialistas y las posibilidades presupuestarias.
La distribución de plazas por Comunidades Autónomas en las convocatorias
2013-2014 y 2014-2015 es la siguiente:
Comunidad Autónoma;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria
2013/2014;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria 2014/2015
CA de Andalucía;894;898
CA de Aragón;192;191
CA de Canarias;226;237
CA de Cantabria;107;105
CA de Castilla-La Mancha;174;156
CA de Cataluña;952;960
CA de Extremadura;138;140
CA de Galicia;305;303
CA de la Región de Murcia;201;201
CA de La Rioja;34;32
CA de las Illes Baleares;100;98
CA del País Vasco;267;261
CA Principado de Asturias;141;134
C de Castilla y León;338;323
C de Madrid;1.228;1.225
C Foral de Navarra;111;110
C Valenciana;579;599
Ciudad Autónoma Ceuta;4;3
Ciudad Autónoma Melilla;3;3
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066241
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martín González, María Guadalupe; Gallego Arriola, María del Puerto
y Martínez Olmos, José (GS).
Respuesta:
La oferta de plazas de formación sanitaria especializada de la
Convocatoria 2014-2015 fue fijada en el Pleno de la Comisión de Recursos
Humanos del Sistema Nacional de Salud celebrada el 1 de septiembre de
2014 y aprobada por la Orden SSI/1674/2014, de 10 de septiembre, por la
que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas
selectivas 2014 para el acceso en el año 2015 a plazas de formación
sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros
graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología, la
Química, la Biología y la Física.
La oferta fue diseñada teniendo en consideración las propuestas de las
Comunidades Autónomas en lo relacionado con las necesidades de
especialistas y las posibilidades presupuestarias.
La distribución de plazas por Comunidades Autónomas en las convocatorias
2013-2014 y 2014-2015 es la siguiente:
Comunidad Autónoma;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria
2013/2014;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria 2014/2015
CA de Andalucía;894;898
CA de Aragón;192;191
CA de Canarias;226;237
CA de Cantabria;107;105
CA de Castilla-La Mancha;174;156
CA de Cataluña;952;960
CA de Extremadura;138;140
CA de Galicia;305;303
CA de la Región de Murcia;201;201
CA de La Rioja;34;32
CA de las Illes Baleares;100;98
CA del País Vasco;267;261
CA Principado de Asturias;141;134
C de Castilla y León;338;323
C de Madrid;1.228;1.225
C Foral de Navarra;111;110
C Valenciana;579;599
Ciudad Autónoma Ceuta;4;3
Ciudad Autónoma Melilla;3;3
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066242
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Olmos, José; Gordo Pérez, Juan Luis; Martín González,
María Guadalupe y Tudanca Fernández, Luis (GS).
Respuesta:
La oferta de plazas de formación sanitaria especializada de la
Convocatoria 2014-2015 fue fijada en el Pleno de la Comisión de Recursos
Humanos del Sistema Nacional de Salud celebrada el 1 de septiembre de
2014 y aprobada por la Orden SSI/1674/2014, de 10 de septiembre, por la
que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas
selectivas 2014 para el acceso en el año 2015 a plazas de formación
sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros
graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología, la
Química, la Biología y la Física.
La oferta fue diseñada teniendo en consideración las propuestas de las
Comunidades Autónomas en lo relacionado con las necesidades de
especialistas y las posibilidades presupuestarias.
La distribución de plazas por Comunidades Autónomas en las convocatorias
2013-2014 y 2014-2015 es la siguiente:
Comunidad Autónoma;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria
2013/2014;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria 2014/2015
CA de Andalucía;894;898
CA de Aragón;192;191
CA de Canarias;226;237
CA de Cantabria;107;105
CA de Castilla-La Mancha;174;156
CA de Cataluña;952;960
CA de Extremadura;138;140
CA de Galicia;305;303
CA de la Región de Murcia;201;201
CA de La Rioja;34;32
CA de las Illes Baleares;100;98
CA del País Vasco;267;261
CA Principado de Asturias;141;134
C de Castilla y León;338;323
C de Madrid;1.228;1.225
C Foral de Navarra;111;110
C Valenciana;579;599
Ciudad Autónoma Ceuta;4;3
Ciudad Autónoma Melilla;3;3
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066243
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martín González, María Guadalupe; Alonso Núñez, Alejandro y
Martínez Olmos, José (GS).
Respuesta:
La oferta de plazas de formación sanitaria especializada de la
Convocatoria 2014-2015 fue fijada en el Pleno de la Comisión de Recursos
Humanos del Sistema Nacional de Salud celebrada el 1 de septiembre de
2014 y aprobada por la Orden SSI/1674/2014, de 10 de septiembre, por la
que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas
selectivas 2014 para el acceso en el año 2015 a plazas de formación
sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros
graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología, la
Química, la Biología y la Física.
La oferta fue diseñada teniendo en consideración las propuestas de las
Comunidades Autónomas en lo relacionado con las necesidades de
especialistas y las posibilidades presupuestarias.
La distribución de plazas por Comunidades Autónomas en las convocatorias
2013-2014 y 2014-2015 es la siguiente:
Comunidad Autónoma;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria
2013/2014;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria 2014/2015
CA de Andalucía;894;898
CA de Aragón;192;191
CA de Canarias;226;237
Comunidad Autónoma;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria
2013/2014;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria 2014/2015
CA de Cantabria;107;105
CA de Castilla-La Mancha;174;156
CA de Cataluña;952;960
CA de Extremadura;138;140
CA de Galicia;305;303
CA de la Región de Murcia;201;201
CA de La Rioja;34;32
CA de las Illes Baleares;100;98
CA del País Vasco;267;261
CA Principado de Asturias;141;134
C de Castilla y León;338;323
C de Madrid;1.228;1.225
C Foral de Navarra;111;110
C Valenciana;579;599
Ciudad Autónoma Ceuta;4;3
Ciudad Autónoma Melilla;3;3
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066244
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Olmos, José; Martín González, María Guadalupe y Rangel
Tarrés, Joan (GS).
Respuesta:
La oferta de plazas de formación sanitaria especializada de la
Convocatoria 2014-2015 fue fijada en el Pleno de la Comisión de Recursos
Humanos del Sistema Nacional de Salud celebrada el 1 de septiembre de
2014 y aprobada por la Orden SSI/1674/2014, de 10 de septiembre, por la
que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas
selectivas 2014 para el acceso en el año 2015 a plazas de formación
sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros
graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología, la
Química, la Biología y la Física.
La oferta fue diseñada teniendo en consideración las propuestas de las
Comunidades Autónomas en lo relacionado con las necesidades de
especialistas y las posibilidades presupuestarias.
La distribución de plazas por Comunidades Autónomas en las convocatorias
2013-2014 y 2014-2015 es la siguiente:
Comunidad Autónoma;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria
2013/2014;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria 2014/2015
CA de Andalucía;894;898
CA de Aragón;192;191
CA de Canarias;226;237
CA de Cantabria;107;105
CA de Castilla-La Mancha;174;156
Comunidad Autónoma;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria
2013/2014;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria 2014/2015
CA de Cataluña;952;960
CA de Extremadura;138;140
CA de Galicia;305;303
CA de la Región de Murcia;201;201
CA de La Rioja;34;32
CA de las Illes Baleares;100;98
CA del País Vasco;267;261
CA Principado de Asturias;141;134
C de Castilla y León;338;323
C de Madrid;1.228;1.225
C Foral de Navarra;111;110
C Valenciana;579;599
Ciudad Autónoma Ceuta;4;3
Ciudad Autónoma Melilla;3;3
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066245
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martín González, María Guadalupe; Blanco Terán, Rosa Delia y
Martínez Olmos, José (GS).
Respuesta:
La oferta de plazas de formación sanitaria especializada de la
Convocatoria 2014-2015 fue fijada en el Pleno de la Comisión de Recursos
Humanos del Sistema Nacional de Salud celebrada el 1 de septiembre de
2014 y aprobada por la Orden SSI/1674/2014, de 10 de septiembre, por la
que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas
selectivas 2014 para el acceso en el año 2015 a plazas de formación
sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros
graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología, la
Química, la Biología y la Física.
La oferta fue diseñada teniendo en consideración las propuestas de las
Comunidades Autónomas en lo relacionado con las necesidades de
especialistas y las posibilidades presupuestarias.
La distribución de plazas por Comunidades Autónomas en las convocatorias
2013-2014 y 2014-2015 es la siguiente:
Comunidad Autónoma;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria
2013/2014;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria 2014/2015
CA de Andalucía;894;898
CA de Aragón;192;191
CA de Canarias;226;237
CA de Cantabria;107;105
CA de Castilla-La Mancha;174;156
CA de Cataluña;952;960
CA de Extremadura;138;140
Comunidad Autónoma;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria
2013/2014;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria 2014/2015
CA de Galicia;305;303
CA de la Región de Murcia;201;201
CA de La Rioja;34;32
CA de las Illes Baleares;100;98
CA del País Vasco;267;261
CA Principado de Asturias;141;134
C de Castilla y León;338;323
C de Madrid;1.228;1.225
C Foral de Navarra;111;110
C Valenciana;579;599
Ciudad Autónoma Ceuta;4;3
Ciudad Autónoma Melilla;3;3
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066246
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Moscoso del Prado Hernández, Juan; Martín González, María Guadalupe
y Martínez Olmos, José (GS).
Respuesta:
La oferta de plazas de formación sanitaria especializada de la
Convocatoria 2014-2015 fue fijada en el Pleno de la Comisión de Recursos
Humanos del Sistema Nacional de Salud celebrada el 1 de septiembre de
2014 y aprobada por la Orden SSI/1674/2014, de 10 de septiembre, por la
que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas
selectivas 2014 para el acceso en el año 2015 a plazas de formación
sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros
graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología, la
Química, la Biología y la Física.
La oferta fue diseñada teniendo en consideración las propuestas de las
Comunidades Autónomas en lo relacionado con las necesidades de
especialistas y las posibilidades presupuestarias.
La distribución de plazas por Comunidades Autónomas en las convocatorias
2013-2014 y 2014-2015 es la siguiente:
Comunidad Autónoma;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria
2013/2014;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria 2014/2015
CA de Andalucía;894;898
CA de Aragón;192;191
CA de Canarias;226;237
CA de Cantabria;107;105
CA de Castilla-La Mancha;174;156
CA de Cataluña;952;960
CA de Extremadura;138;140
CA de Galicia;305;303
Comunidad Autónoma;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria
2013/2014;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria 2014/2015
CA de la Región de Murcia;201;201
CA de La Rioja;34;32
CA de las Illes Baleares;100;98
CA del País Vasco;267;261
CA Principado de Asturias;141;134
C de Castilla y León;338;323
C de Madrid;1.228;1.225
C Foral de Navarra;111;110
C Valenciana;579;599
Ciudad Autónoma Ceuta;4;3
Ciudad Autónoma Melilla;3;3
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066247
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campos Arteseros, Herick Manuel; Puig Ferrer, Joaquín Francisco;
Martín González, María Guadalupe y Martínez Olmos, José (GS).
Respuesta:
La oferta de plazas de formación sanitaria especializada de la
Convocatoria 2014-2015 fue fijada en el Pleno de la Comisión de Recursos
Humanos del Sistema Nacional de Salud celebrada el 1 de septiembre de
2014 y aprobada por la Orden SSI/1674/2014, de 10 de septiembre, por la
que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas
selectivas 2014 para el acceso en el año 2015 a plazas de formación
sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros
graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología, la
Química, la Biología y la Física.
La oferta fue diseñada teniendo en consideración las propuestas de las
Comunidades Autónomas en lo relacionado con las necesidades de
especialistas y las posibilidades presupuestarias.
La distribución de plazas por Comunidades Autónomas en las convocatorias
2013-2014 y 2014-2015 es la siguiente:
Comunidad Autónoma;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria
2013/2014;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria 2014/2015
CA de Andalucía;894;898
CA de Aragón;192;191
CA de Canarias;226;237
CA de Cantabria;107;105
CA de Castilla-La Mancha;174;156
CA de Cataluña;952;960
CA de Extremadura;138;140
CA de Galicia;305;303
CA de la Región de Murcia;201;201
Comunidad Autónoma;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria
2013/2014;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria 2014/2015
CA de La Rioja;34;32
CA de las Illes Baleares;100;98
CA del País Vasco;267;261
CA Principado de Asturias;141;134
C de Castilla y León;338;323
C de Madrid;1.228;1.225
C Foral de Navarra;111;110
C Valenciana;579;599
Ciudad Autónoma Ceuta;4;3
Ciudad Autónoma Melilla;3;3
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066248
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Pérez Domínguez, María Soledad; Martínez Olmos, José; Iglesias
Santiago, Leire y Martín González, María Guadalupe (GS).
Respuesta:
La oferta de plazas de formación sanitaria especializada de la
Convocatoria 2014-2015 fue fijada en el Pleno de la Comisión de Recursos
Humanos del Sistema Nacional de Salud celebrada el 1 de septiembre de
2014 y aprobada por la Orden SSI/1674/2014, de 10 de septiembre, por la
que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas
selectivas 2014 para el acceso en el año 2015 a plazas de formación
sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros
graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología, la
Química, la Biología y la Física.
La oferta fue diseñada teniendo en consideración las propuestas de las
Comunidades Autónomas en lo relacionado con las necesidades de
especialistas y las posibilidades presupuestarias.
La distribución de plazas por Comunidades Autónomas en las convocatorias
2013-2014 y 2014-2015 es la siguiente:
Comunidad Autónoma;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria
2013/2014;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria 2014/2015
CA de Andalucía;894;898
CA de Aragón;192;191
CA de Canarias;226;237
CA de Cantabria;107;105
CA de Castilla-La Mancha;174;156
CA de Cataluña;952;960
CA de Extremadura;138;140
CA de Galicia;305;303
CA de la Región de Murcia;201;201
CA de La Rioja;34;32
Comunidad Autónoma;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria
2013/2014;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria 2014/2015
CA de las Illes Baleares;100;98
CA del País Vasco;267;261
CA Principado de Asturias;141;134
C de Castilla y León;338;323
C de Madrid;1.228;1.225
C Foral de Navarra;111;110
C Valenciana;579;599
Ciudad Autónoma Ceuta;4;3
Ciudad Autónoma Melilla;3;3
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066249
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martín González, María Guadalupe; Martínez Olmos, José y Meijón
Couselo, Guillermo Antonio (GS).
Respuesta:
La oferta de plazas de formación sanitaria especializada de la
Convocatoria 2014-2015 fue fijada en el Pleno de la Comisión de Recursos
Humanos del Sistema Nacional de Salud celebrada el 1 de septiembre de
2014 y aprobada por la Orden SSI/1674/2014, de 10 de septiembre, por la
que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas
selectivas 2014 para el acceso en el año 2015 a plazas de formación
sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros
graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología, la
Química, la Biología y la Física.
La oferta fue diseñada teniendo en consideración las propuestas de las
Comunidades Autónomas en lo relacionado con las necesidades de
especialistas y las posibilidades presupuestarias.
La distribución de plazas por Comunidades Autónomas en las convocatorias
2013-2014 y 2014-2015 es la siguiente:
Comunidad Autónoma;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria
2013/2014;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria 2014/2015
CA de Andalucía;894;898
CA de Aragón;192;191
CA de Canarias;226;237
CA de Cantabria;107;105
CA de Castilla-La Mancha;174;156
CA de Cataluña;952;960
CA de Extremadura;138;140
CA de Galicia;305;303
CA de la Región de Murcia;201;201
CA de La Rioja;34;32
CA de las Illes Baleares;100;98
CA del País Vasco;267;261
Comunidad Autónoma;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria
2013/2014;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria 2014/2015
CA Principado de Asturias;141;134
C de Castilla y León;338;323
C de Madrid;1.228;1.225
C Foral de Navarra;111;110
C Valenciana;579;599
Ciudad Autónoma Ceuta;4;3
Ciudad Autónoma Melilla;3;3
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066250
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martín Pere, Pablo; Martín González, María Guadalupe; García
Gasulla, Guillem; Martínez Olmos, José y Hernanz Costa, Sofía (GS).
Respuesta:
La oferta de plazas de formación sanitaria especializada de la
Convocatoria 2014-2015 fue fijada en el Pleno de la Comisión de Recursos
Humanos del Sistema Nacional de Salud celebrada el 1 de septiembre de
2014 y aprobada por la Orden SSI/1674/2014, de 10 de septiembre, por la
que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas
selectivas 2014 para el acceso en el año 2015 a plazas de formación
sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros
graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología, la
Química, la Biología y la Física.
La oferta fue diseñada teniendo en consideración las propuestas de las
Comunidades Autónomas en lo relacionado con las necesidades de
especialistas y las posibilidades presupuestarias.
La distribución de plazas por Comunidades Autónomas en las convocatorias
2013-2014 y 2014-2015 es la siguiente:
Comunidad Autónoma;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria
2013/2014;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria 2014/2015
CA de Andalucía;894;898
CA de Aragón;192;191
CA de Canarias;226;237
CA de Cantabria;107;105
CA de Castilla-La Mancha;174;156
CA de Cataluña;952;960
CA de Extremadura;138;140
CA de Galicia;305;303
CA de la Región de Murcia;201;201
CA de La Rioja;34;32
CA de las Illes Baleares;100;98
CA del País Vasco;267;261
CA Principado de Asturias;141;134
Comunidad Autónoma;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria
2013/2014;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria 2014/2015
C de Castilla y León;338;323
C de Madrid;1.228;1.225
C Foral de Navarra;111;110
C Valenciana;579;599
Ciudad Autónoma Ceuta;4;3
Ciudad Autónoma Melilla;3;3
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066251
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martín González, María Guadalupe; Martínez Olmos, José; Segura
Clavell, José y Hernández Gutiérrez, Patricia (GS).
Respuesta:
La oferta de plazas de formación sanitaria especializada de la
Convocatoria 2014-2015 fue fijada en el Pleno de la Comisión de Recursos
Humanos del Sistema Nacional de Salud celebrada el 1 de septiembre de
2014 y aprobada por la Orden SSI/1674/2014, de 10 de septiembre, por la
que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas
selectivas 2014 para el acceso en el año 2015 a plazas de formación
sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros
graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología, la
Química, la Biología y la Física.
La oferta fue diseñada teniendo en consideración las propuestas de las
Comunidades Autónomas en lo relacionado con las necesidades de
especialistas y las posibilidades presupuestarias.
La distribución de plazas por Comunidades Autónomas en las convocatorias
2013-2014 y 2014-2015 es la siguiente:
Comunidad Autónoma;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria
2013/2014;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria 2014/2015
CA de Andalucía;894;898
CA de Aragón;192;191
CA de Canarias;226;237
CA de Cantabria;107;105
CA de Castilla-La Mancha;174;156
CA de Cataluña;952;960
CA de Extremadura;138;140
CA de Galicia;305;303
CA de la Región de Murcia;201;201
CA de La Rioja;34;32
CA de las Illes Baleares;100;98
CA del País Vasco;267;261
CA Principado de Asturias;141;134
C de Castilla y León;338;323
Comunidad Autónoma;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria
2013/2014;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria 2014/2015
C de Madrid;1.228;1.225
C Foral de Navarra;111;110
C Valenciana;579;599
Ciudad Autónoma Ceuta;4;3
Ciudad Autónoma Melilla;3;3
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066252
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Olmos, José; Luena López, César y Martín González, María
Guadalupe (GS).
Respuesta:
La oferta de plazas de formación sanitaria especializada de la
Convocatoria 2014-2015 fue fijada en el Pleno de la Comisión de Recursos
Humanos del Sistema Nacional de Salud celebrada el 1 de septiembre de
2014 y aprobada por la Orden SSI/1674/2014, de 10 de septiembre, por la
que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas
selectivas 2014 para el acceso en el año 2015 a plazas de formación
sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros
graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología, la
Química, la Biología y la Física.
La oferta fue diseñada teniendo en consideración las propuestas de las
Comunidades Autónomas en lo relacionado con las necesidades de
especialistas y las posibilidades presupuestarias.
La distribución de plazas por Comunidades Autónomas en las convocatorias
2013-2014 y 2014-2015 es la siguiente:
Comunidad Autónoma;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria
2013/2014;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria 2014/2015
CA de Andalucía;894;898
CA de Aragón;192;191
CA de Canarias;226;237
CA de Cantabria;107;105
CA de Castilla-La Mancha;174;156
CA de Cataluña;952;960
CA de Extremadura;138;140
CA de Galicia;305;303
CA de la Región de Murcia;201;201
CA de La Rioja;34;32
CA de las Illes Baleares;100;98
CA del País Vasco;267;261
CA Principado de Asturias;141;134
C de Castilla y León;338;323
C de Madrid;1.228;1.225
Comunidad Autónoma;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria
2013/2014;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria 2014/2015
C Foral de Navarra;111;110
C Valenciana;579;599
Ciudad Autónoma Ceuta;4;3
Ciudad Autónoma Melilla;3;3
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066253
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Olmos, José; Benegas Haddad, José María y Martín González,
María Guadalupe (GS).
Respuesta:
La oferta de plazas de formación sanitaria especializada de la
Convocatoria 2014-2015 fue fijada en el Pleno de la Comisión de Recursos
Humanos del Sistema Nacional de Salud celebrada el 1 de septiembre de
2014 y aprobada por la Orden SSI/1674/2014, de 10 de septiembre, por la
que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas
selectivas 2014 para el acceso en el año 2015 a plazas de formación
sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros
graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología, la
Química, la Biología y la Física.
La oferta fue diseñada teniendo en consideración las propuestas de las
Comunidades Autónomas en lo relacionado con las necesidades de
especialistas y las posibilidades presupuestarias.
La distribución de plazas por Comunidades Autónomas en las convocatorias
2013-2014 y 2014-2015 es la siguiente:
Comunidad Autónoma;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria
2013/2014;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria 2014/2015
CA de Andalucía;894;898
CA de Aragón;192;191
CA de Canarias;226;237
CA de Cantabria;107;105
CA de Castilla-La Mancha;174;156
CA de Cataluña;952;960
CA de Extremadura;138;140
CA de Galicia;305;303
CA de la Región de Murcia;201;201
CA de La Rioja;34;32
CA de las Illes Baleares;100;98
CA del País Vasco;267;261
CA Principado de Asturias;141;134
C de Castilla y León;338;323
C de Madrid;1.228;1.225
C Foral de Navarra;111;110
Comunidad Autónoma;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria
2013/2014;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria 2014/2015
C Valenciana;579;599
Ciudad Autónoma Ceuta;4;3
Ciudad Autónoma Melilla;3;3
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066254
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Carcedo Roces, María Luisa; Martínez Olmos, José y Martín González,
María Guadalupe (GS).
Respuesta:
La oferta de plazas de formación sanitaria especializada de la
Convocatoria 2014-2015 fue fijada en el Pleno de la Comisión de Recursos
Humanos del Sistema Nacional de Salud celebrada el 1 de septiembre de
2014 y aprobada por la Orden SSI/1674/2014, de 10 de septiembre, por la
que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas
selectivas 2014 para el acceso en el año 2015 a plazas de formación
sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros
graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología, la
Química, la Biología y la Física.
La oferta fue diseñada teniendo en consideración las propuestas de las
Comunidades Autónomas en lo relacionado con las necesidades de
especialistas y las posibilidades presupuestarias.
La distribución de plazas por Comunidades Autónomas en las convocatorias
2013-2014 y 2014-2015 es la siguiente:
Comunidad Autónoma;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria
2013/2014;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria 2014/2015
CA de Andalucía;894;898
CA de Aragón;192;191
CA de Canarias;226;237
CA de Cantabria;107;105
CA de Castilla-La Mancha;174;156
CA de Cataluña;952;960
CA de Extremadura;138;140
CA de Galicia;305;303
CA de la Región de Murcia;201;201
CA de La Rioja;34;32
CA de las Illes Baleares;100;98
CA del País Vasco;267;261
CA Principado de Asturias;141;134
C de Castilla y León;338;323
C de Madrid;1.228;1.225
C Foral de Navarra;111;110
Comunidad Autónoma;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria
2013/2014;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria 2014/2015
C Valenciana;579;599
Ciudad Autónoma Ceuta;4;3
Ciudad Autónoma Melilla;3;3
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066255
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Saura García, Pedro; Martín González, María Guadalupe; Martínez
Olmos, José y González Veracruz, María (GS).
Respuesta:
La oferta de plazas de formación sanitaria especializada de la
Convocatoria 2014-2015 fue fijada en el Pleno de la Comisión de Recursos
Humanos del Sistema Nacional de Salud celebrada el 1 de septiembre de
2014 y aprobada por la Orden SSI/1674/2014, de 10 de septiembre, por la
que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas
selectivas 2014 para el acceso en el año 2015 a plazas de formación
sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros
graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología, la
Química, la Biología y la Física.
La oferta fue diseñada teniendo en consideración las propuestas de las
Comunidades Autónomas en lo relacionado con las necesidades de
especialistas y las posibilidades presupuestarias.
La distribución de plazas por Comunidades Autónomas en las convocatorias
2013-2014 y 2014-2015 es la siguiente:
Comunidad Autónoma;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria
2013/2014;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria 2014/2015
CA de Andalucía;894;898
CA de Aragón;192;191
CA de Canarias;226;237
CA de Cantabria;107;105
CA de Castilla-La Mancha;174;156
CA de Cataluña;952;960
CA de Extremadura;138;140
CA de Galicia;305;303
CA de la Región de Murcia;201;201
CA de La Rioja;34;32
CA de las Illes Baleares;100;98
CA del País Vasco;267;261
CA Principado de Asturias;141;134
C de Castilla y León;338;323
C de Madrid;1.228;1.225
C Foral de Navarra;111;110
Comunidad Autónoma;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria
2013/2014;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria 2014/2015
C Valenciana;579;599
Ciudad Autónoma Ceuta;4;3
Ciudad Autónoma Melilla;3;3
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066256
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martín González, María Guadalupe; Sánchez Díaz, María Carmen y
Martínez Olmos, José (GS).
Respuesta:
La oferta de plazas de formación sanitaria especializada de la
Convocatoria 2014-2015 fue fijada en el Pleno de la Comisión de Recursos
Humanos del Sistema Nacional de Salud celebrada el 1 de septiembre de
2014 y aprobada por la Orden SSI/1674/2014, de 10 de septiembre, por la
que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas
selectivas 2014 para el acceso en el año 2015 a plazas de formación
sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros
graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología, la
Química, la Biología y la Física.
La oferta fue diseñada teniendo en consideración las propuestas de las
Comunidades Autónomas en lo relacionado con las necesidades de
especialistas y las posibilidades presupuestarias.
La distribución de plazas por Comunidades y Ciudades Autónomas en las
convocatorias 2013-2014 y 2014-2015 es la siguiente:
Comunidad Autónoma;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria
2013/2014;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria 2014/2015
CA de Andalucía;894;898
CA de Aragón;192;191
CA de Canarias;226;237
CA de Cantabria;107;105
CA de Castilla-La Mancha;174;156
CA de Cataluña;952;960
CA de Extremadura;138;140
CA de Galicia;305;303
CA de la Región de Murcia;201;201
CA de La Rioja;34;32
CA de las Illes Baleares;100;98
CA del País Vasco;267;261
CA Principado de Asturias;141;134
C de Castilla y León;338;323
C de Madrid;1.228;1.225
C Foral de Navarra;111;110
Comunidad Autónoma;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria
2013/2014;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria 2014/2015
C Valenciana;579;599
Ciudad Autónoma Ceuta;4;3
Ciudad Autónoma Melilla;3;3
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066257
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martín González, María Guadalupe; Martínez Olmos, José y Hernando
Vera, Antonio (GS).
Respuesta:
La oferta de plazas de formación sanitaria especializada de la
Convocatoria 2014-2015 fue fijada en el Pleno de la Comisión de Recursos
Humanos del Sistema Nacional de Salud celebrada el 1 de septiembre de
2014 y aprobada por la Orden SSI/1674/2014, de 10 de septiembre, por la
que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas
selectivas 2014 para el acceso en el año 2015 a plazas de formación
sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros
graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología, la
Química, la Biología y la Física.
La oferta fue diseñada teniendo en consideración las propuestas de las
Comunidades Autónomas en lo relacionado con las necesidades de
especialistas y las posibilidades presupuestarias.
La distribución de plazas por Comunidades y Ciudades Autónomas en las
convocatorias 2013-2014 y 2014-2015 es la siguiente:
Comunidad Autónoma;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria
2013/2014;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria 2014/2015
CA de Andalucía;894;898
CA de Aragón;192;191
CA de Canarias;226;237
CA de Cantabria;107;105
CA de Castilla-La Mancha;174;156
CA de Cataluña;952;960
CA de Extremadura;138;140
CA de Galicia;305;303
CA de la Región de Murcia;201;201
CA de La Rioja;34;32
CA de las Illes Baleares;100;98
CA del País Vasco;267;261
CA Principado de Asturias;141;134
C de Castilla y León;338;323
C de Madrid;1.228;1.225
C Foral de Navarra;111;110
Comunidad Autónoma;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria
2013/2014;Plazas ofertadas para medicina. Convocatoria 2014/2015
C Valenciana;579;599
Ciudad Autónoma Ceuta;4;3
Ciudad Autónoma Melilla;3;3
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066281
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Morlán Gracia, Víctor (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala lo
siguiente:
El Gobierno ha presentado un Proyecto de Ley de reforma de la Ley
Hipotecaria y del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria.
El artículo 204 de dicho proyecto normativo se ocupa de la inmatriculación
de las fincas de las Administraciones Públicas y las Entidades de Derecho
Público, sustituyendo la actual regulación del artículo 206 de la Ley
Hipotecaria, y en el que destaca la desaparición de la posibilidad que se
otorgaba a la Iglesia Católica de utilizar el procedimiento especial que
se recoge en dicho artículo, equiparándola al resto de personas jurídicas
a efectos de inscripción.
Respecto de los títulos inscritos en virtud del artículo 206 de la Ley
Hipotecaria conviene destacar que los mismos no dan lugar a un derecho
ilimitado del inmatriculante, pudiendo impugnarse ante los tribunales en
el plazo de dos años por cualquier ciudadano que se considere con mejor
derecho y así lo pueda acreditar.
Por otro lado, se indica que los datos sobre las titularidades de dominio
y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, desglosados por
provincias, que se solicitan, no se encuentran en la Dirección General de
los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, sino en los
Registros de la Propiedad en cuya circunscripción radiquen los inmuebles.
Ello se debe a la organización territorial que establece la Ley
Hipotecaria (art. 1, párrafo segundo), e implica la responsabilidad de
cada uno de los Registradores de la Propiedad de los datos que obran en
sus archivos, y de la publicidad que de ellos proporcionan.
Por tanto el Ministerio de Justicia no dispone de dato alguno relativo a
la inmatriculación de bienes de la Iglesia Católica al tratarse de una
cuestión ajena al ámbito de sus competencias. Tampoco los Decanatos
Autonómicos o Territoriales del Colegio de Registradores de la Propiedad
y Mercantiles disponen de tales datos. La publicidad de estos datos deben
proporcionarla los Registradores titulares de los respectivos Registros
de la Propiedad en donde pudieran estar inscritos los bienes, como
resulta de los artículos 222 a 237 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 3 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066282
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gordo Pérez, Juan Luis (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Su Señoría que
la Estadística de Hipotecas (constituciones) elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística recoge, entre otras variables, información sobre
el número y capital de las hipotecas nuevas, desglosando la información
según el tipo de finca hipotecada. Entre las fincas urbanas, se
proporciona información detallada para las hipotecas constituidas sobre
viviendas, pero no se dispone de información sobre el número de hipotecas
con cláusulas suelo.
Madrid, 17 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066290
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Alegría Continente, María Pilar (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Su Señoría que
según los datos de los índices de comercio al por menor del Instituto
Nacional de Estadística, aunque en los primeros meses del año 2013 aún se
mantuvieron tasas negativas, desde septiembre del año 2013 las ventas del
comercio minorista empiezan a mostrar valores positivos casi todos los
meses en variación anual, después de 38 meses consecutivos de descensos.
De hecho, las tasas anuales de las ventas minoristas corregidas habían
sido negativas todos los meses desde diciembre del año 2007, al principio
de la crisis económica, salvo marzo y junio del año 2010, hasta llegar a
septiembre del año 2013.
Hay, por tanto, un cambio de tendencia de las ventas minoristas que, en
los primeros once meses del año 2014, han crecido un 0,5 % interanual de
media (ventas minoristas corregidas de efectos estacionales y de
calendario). Esta cifra contrasta con las bajadas experimentadas por las
ventas en los 6 años anteriores (del año 2008 al año 2013 todos los años
tuvieron una tasa media de las ventas negativa).
Once Comunidades Autónomas, más Ceuta y Melilla, han experimentado un
crecimiento interanual de las ventas en la media de los once primeros
meses del año 2014. Es destacable que las comunidades más turísticas son
las que tienen los mayores incrementos en este periodo: Canarias (+4,3
%), Illes Balears (+2,7 %) y Comunitat Valenciana (+1,6 %).
En noviembre del año 2014 las ventas del comercio minorista, corregidas de
efectos estacionales y de calendario, suben un 1,9 % interanual, nueve
décimas más que el mes anterior.
Se observa también un cambio de tendencia del empleo en el comercio
minorista. Según la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional
de Estadística el comercio al por menor registró, en el cuarto trimestre
del año 2014, 1.892.500 ocupados, que son 48.500 más que el mismo
trimestre del año anterior (+2,6 %). Los ocupados en el comercio
minorista crecen en tasa anual por tercer trimestre consecutivo (en el
tercer trimestre del año 2014 aumentaron el 2,9 % y en el segundo
trimestre el 0,7 %).
Las Comunidades Autónomas con mayor crecimiento de la ocupación en el
cuarto trimestre de 2014 sobre el mismo trimestre del año anterior han
sido Andalucía con 19.300 ocupados más (+6,3 %), Comunidad de Madrid con
10.800 ocupados más (+4,1 %), Cataluña con 9.000 ocupados más (+2,9 %), y
Castilla y León con 7.600 ocupados más (+8,3 %).
En diciembre del año 2014, los afiliados medios totales a la Seguridad
Social del comercio minorista (afiliados al régimen general más afiliados
al régimen especial de trabajadores autónomos) eran 35.006 más que en el
mismo mes del año anterior (+2 %), siendo ya 11 meses consecutivos de
aumentos interanuales desde febrero del año 2014.
Destaca el aumento interanual de los afiliados autónomos, 10.104 más en
diciembre (+1,9 %). Los afiliados autónomos del comercio minorista, en su
mayor parte pequeños comerciantes, han experimentado subidas interanuales
todos los meses desde junio del año 2013 (19 meses consecutivos de
aumentos interanuales).
En el mes de diciembre todas las Comunidades Autónomas han experimentado
aumentos interanuales de afiliados en el comercio minorista, tanto de
afiliados totales como de afiliados autónomos (a excepción de Castilla y
León, con 160 afiliados totales menos en diciembre, aunque tiene 212
afiliados autónomos más).
Según el índice de ocupación que publica el Instituto Nacional de
Estadística, el empleo en el sector del comercio minorista aumentó un 0,9
% en noviembre en relación al mismo mes del año 2013, registrando así su
séptimo repunte interanual consecutivo tras 31 meses de descensos.
El paro registrado en el comercio minorista descendió en diciembre del año
2014 con respecto al mismo mes del año anterior un 4,6 % (18.571 parados
menos). Es importante resaltar que el comercio minorista registra la
decimotercera caída interanual consecutiva del paro registrado desde
junio del año 2007. En términos intermensuales hubo una disminución de
13.985 parados en el comercio minorista coincidiendo con la campaña
navideña (3,5 %). En comparación con otros meses de diciembre desde el
año 2009, el descenso intermensual del número de parados en el comercio
minorista es el segundo de mayor magnitud tras el del año 2013.
La mejora de la situación del comercio también se aprecia claramente en
los indicadores que miden la confianza, tanto del consumidor como de los
comerciantes. El indicador de confianza del comercio minorista, que
elabora la Comisión Europea, se sitúa para España en diciembre del año
2014 en valores positivos por decimotercer mes consecutivo, los primeros
valores positivos desde abril del año 2004. Señala buenas expectativas de
evolución de las ventas en nuestro país. El avance interanual (+4,5
puntos) muestra un cambio en la opinión de los comerciantes. Respecto al
mes anterior el aumento fue de 3,1 puntos.
Según el indicador de confianza del consumidor que, como el indicador
anterior, elabora mensualmente la Comisión Europea, la confianza del
consumidor español en diciembre del año 2014 tuvo también un avance
interanual muy resaltable (+10 puntos). Respecto al mes anterior el
aumento fue de 4,7 puntos.
Según el Índice de Confianza del Consumidor publicado por el Centro de
Investigaciones Sociológicas, en diciembre la confianza del consumidor se
sitúa en 90,6 puntos, 7 puntos por encima del dato del mes anterior. Este
fuerte avance del Índice de Confianza del Consumidor se produce tanto por
una mejor valoración de la situación actual como por el aún mayor
incremento de las expectativas. La media anual del año 2014 del Índice de
Confianza del Consumidor sitúa este año muy por encima de los seis años
anteriores y cerca de los valores del año 2007, antes de la crisis
económica.
Los principales sectores del comercio también están detectando esta
mejoría. Así, según la Asociación Empresarial del Comercio Textil y
Complementos, en el mes de diciembre en su sector se ha producido un
incremento de las ventas del 3,9 % con respecto al mismo mes del año
pasado, quedando el acumulado del año 2014 en un aumento del 2,2 %. Este
dato sigue confirmando la tendencia positiva comenzada en noviembre del
año 2013, después de 7 años consecutivos con descensos de las ventas en
el comercio textil.
Los índices de Comercio al por Menor del Instituto Nacional de Estadística
parecen confirmar esta tendencia, ya que señalan que las ventas de equipo
personal en noviembre del año 2014 tuvieron una subida interanual del 0,9
%, y de enero a noviembre del año 2014 el incremento interanual medio es
del 2,1 %, una vez corregidos los efectos estacionales y de calendario.
Esta última cifra es mejor que la del Índice general de Comercio al por
Menor, que marca un aumento del 0,5 % en la media de lo que va de año.
Madrid, 29 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/066309 a 184/066311
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Alegría Continente, María Pilar (GS).
Respuesta:
En el siguiente cuadro se ofrecen los datos solicitados por Su Señoría
(importes en euros):
2011;;;2012;;;2013;;
Expedientes;Subvención;Préstamo;Expedientes;Subvención;Préstamo;Expedientes;Subvención;Préstamo
Zaragoza;;;;;;;;
8;419.790;1.761.500;5;;2.076.067;3;;7.014.568
Madrid, 27 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066314
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Alegría Continente, María Pilar (GS).
Respuesta:
Según los datos aportados por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria sobre saldos de altas y bajas de los 73 epígrafes de
actividades comerciales y de servicios incluidas en el ámbito de
aplicación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de
liberalización del comercio y de determinados servicios, realizadas en
establecimientos con superficie de venta al público inferior o igual a
300 metros cuadrados, en los años 2011, 2012 y 2013, se obtienen los
resultados que se resumen en el cuadro siguiente:
España saldos (Altas - Bajas) IAE Locales <300 m2
;2011;2012;2013;2012-2011;2013-2012
Comercio;4.240;3.742;19.850;498;16.108
Servicios;22.610;18.098;34.941;4.512;16.843
TOTALES;26.850;21.840;54.791;5.010;32.951
En el año 2013 se produjo un saldo de altas y bajas de actividades
incluidas en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de
liberalización del comercio y de determinados servicios, de 54.791,
32.951 actividades más que en el año 2012. De ellas, 16.108 eran
actividades de comercio y 16.843 eran actividades de servicios.
El resultado de las actuaciones que, en favor del impulso y la
dinamización de la actividad comercial minorista, han guiado la actuación
de este Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Competitividad,
en la actual legislatura, tiene su fiel reflejo en los datos que, sobre
las ventas en el sector del comercio minorista desde el inicio del
ejercicio del año 2013 hasta el mes de noviembre del año 2014.
Hay, por tanto, un cambio de tendencia de las ventas minoristas que, en
los primeros once meses del año 2014, corregidas de efectos estacionales
y de calendario, han crecido un 0,4 % interanual de media.
Esta cifra contrasta claramente con las bajadas experimentadas por las
ventas en los 6 años anteriores (desde el año 2008 hasta el año 2013
todos los años registraron tasas medias de ventas negativas, según
detalle contenido en el cuadro siguiente).
Variación media de las ventas minoristas (%)
2008;5,9
2009;5,5
2010;1,7
2011;0,6
2012;7,3
2013;4,0
2014*;0,4
Fuente: ICM del INE corregido de efectos estacionales y de calendario.
(*) 2014 hasta noviembre;
Once Comunidades Autónomas, más Ceuta y Melilla, han experimentado un
crecimiento interanual de las ventas en los once primeros meses del año
2014. Es destacable que las comunidades más turísticas son las que tienen
los mayores incrementos en este periodo: Canarias (+4,30 %), Baleares
(+2,70 %) y Comunitat Valenciana (+1,60 %).
En empleo, se observa también un cambio de tendencia en el comercio
minorista. En noviembre del año 2014, los afiliados medios totales a la
Seguridad Social del comercio minorista (afiliados al régimen general más
afiliados al régimen especial de trabajadores autónomos) eran 35.899 más
que en el mismo mes del año anterior (+2,10 %), siendo ya 10 meses
consecutivos de aumentos interanuales.
Destaca el aumento interanual de los afiliados autónomos, 11.339 más en
noviembre (+2,10 %). Los afiliados autónomos del comercio minorista, en
su mayor parte pequeños comerciantes, han experimentado subidas
interanuales todos los meses desde junio del año 2013 (18 meses
consecutivos de aumentos interanuales).
En el mes de noviembre del año 2014, todas las Comunidades Autónomas han
experimentado aumentos interanuales de afiliados en el comercio
minorista, tanto de afiliados totales como de afiliados autónomos (a
excepción de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con 115 afiliados
totales menos en noviembre, aunque tiene 250 afiliados autónomos más).
Según el índice de ocupación que publica el Instituto Nacional de
Estadística, el empleo en el sector del comercio minorista registró en
noviembre del año 2014 una tasa de variación anual de 0,90 %, 0,1 puntos
más que en el mes anterior (0,80 %).
El paro registrado en el comercio minorista descendió en noviembre del año
2014 con respecto al mismo mes del año anterior un 5,40 % (23.137 parados
menos). Es importante resaltar que el comercio minorista registra la
duodécima caída interanual consecutiva del paro registrado desde junio
del año 2007.
La información se ha obtenido del Servicio Público de Empleo Estatal.
Madrid, 22 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/066318
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Alegría Continente, María Pilar (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Su Señoría que
el desarrollo normativo, a aprobar en el futuro próximo en el área de
comercio interior se detalla a continuación:
En la actualidad se está tramitando el Proyecto de Ley de fomento de la
financiación empresarial, que se encuentra en trámite de enmiendas en el
Senado, cuya Disposición Final Quinta contiene una modificación de la Ley
12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del
comercio y de determinados servicios, a través de la que se introduce un
nuevo Título III, que contiene un régimen sancionador específico por
incumplimiento de las medidas contenidas en la propia Ley 12/2012, de 26
de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios.
Se ha trabajado en un borrador de marco normativo de áreas comerciales
urbanas con el fin de estudiar una eventual regulación de la colaboración
público-privada entre la Administración Local y los empresarios, para la
dinamización de los centros comerciales urbanos, que se ha trasladado a
todas las
Comunidades Autónomas y a la Federación Española de Municipios y
Provincias en la Conferencia Sectorial, así como a las distintas
asociaciones del sector para buscar un texto lo más consensuado posible.
El desarrollo normativo a aprobar en futuro próximo en el área de comercio
exterior es el siguiente:
Real Decreto por el que se modifican el Real Decreto 677/1993, de 7 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para la
concesión de apoyo oficial al crédito a la exportación mediante convenios
de ajuste recíproco de intereses y el Real Decreto 1226/2006, de 27 de
octubre, en el que se regulan las actividades y el funcionamiento del
fondo para inversiones en el exterior y el fondo para operaciones de
inversión en el exterior de la pequeña y mediana empresa.
Orden Ministerial por la que se crea y se regula la composición y
funcionamiento del Punto Nacional de Contacto para la puesta en práctica
de las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos para empresas multinacionales.
Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 8/2014, de 22 de abril,
sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la
internacionalización de la economía española.
Madrid, 29 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/066319
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Alegría Continente, María Pilar (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Su Señoría de
la evolución del Fondo para la Internacionalización de la Empresa con la
información dividida por años.
Año 2011:
Dotación: 316,1 millones de euros.
Ejecución Presupuestaria: 100 millones de euros.
El largo periodo de maduración de proyectos y la paralización que se
produjo en el año 2010 por motivos presupuestarios provocó una llegada de
solicitudes de financiación menor de los esperado, y todo ello a pesar de
los esfuerzos realizados en transmitir a las empresas y países
beneficiarios los nuevos condicionantes del Fondo para la
Internacionalización de la Empresa.
Año 2012:
Dotación: 261 millones de euros.
Ejecución Presupuestaria: 87,1 millones de euros.
Frente al primer año de adaptación del instrumento, en el año 2012 el
instrumento dio un salto cualitativo y cuantitativo, adaptándose
plenamente a la nueva realidad económica y ofreciendo formas de
financiación que se adaptan a los retos de internacionalización de las
empresas españolas. La buena marcha de los recobros en el año 2012 hizo
que sólo fuera necesario hacer un uso mínimo de las mismas, pudiendo
hacerse frente a las nuevas operaciones mediante los recursos
autogenerados.
Año 2013:
Dotación: 199,48 millones de euros.
Ejecución Presupuestaria: 69,4 millones de euros.
Los recursos generados por el Fondo han permitido hacer frente a las
necesidades de tesorería del mismo.
Año 2014:
Dotación: 238,1 millones de euros.
Ejecución Presupuestaria: 0 euros (a 31 de octubre de 2014).
Los recursos generados por el Fondo han permitido hacer frente a las
necesidades de tesorería del mismo, por eso no ha sido necesario ejecutar
presupuesto.
Año 2015:
Dotación: 238,1 millones de euros.
Madrid, 26 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/066330
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Alegría Continente, María Pilar (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia, a continuación se indican los
enlaces electrónicos correspondientes a las Memorias de la Agencia
Tributaria de los años 2011 a 2013, en los que se encuentra disponible la
información solicitada por Su Señoría:
Memoria del año 2011:
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Memorias/MEMORIAS_DE_LA_AGENCIA_TRIBUTARIA/2011/Memoria2011_es_es.pdf
Memoria del año 2012:
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Memorias/Memorias_de_la_Agencia_Tributaria/_Ayuda_Memoria_2012/5 ANEXO_
ESTADISTICO/5_1 Plantilla/5_1
Plantilla.html
Memoria del año 2013:
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Memorias/Memorias_de_la_Agencia_Tributaria/_Ayuda_Memoria_2013/5 ANEXO_
ESTADISTICO/5_1 Plantilla/5_1
Plantilla.html
Madrid, 17 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066331
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Alegría Continente, María Pilar (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, cabe señalar que la deuda
financiera de los ayuntamientos de la provincia de Zaragoza, calculada a
31 de diciembre de 2013, se encuentra disponible a Su Señoría en el
siguiente enlace electrónico:
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/DeudaViva.aspx.
Madrid, 17 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066332
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Alegría Continente, María Pilar (GS).
Respuesta:
Para poner en marcha las acciones de colaboración entre administraciones
públicas previstas en la Disposición adicional primera se ha llevado a
cabo en el seno del Grupo interministerial Emprende en 3 la
telematización, a través del portal de entidades locales, que en este
sentido, se verá integrado en la Ventanilla única.
El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, en colaboración con los Ministerios de Presidencia, de
Industria, Energía y Turismo y de Economía y Competitividad y en
coordinación con la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), desarrolló un proyecto de simplificación administrativa,
denominado «Emprende en 3» para las Entidades Locales que deseen
adherirse al mismo que incluye por un lado, la fijación de un modelo
electrónico de declaración responsable de acuerdo con la Ley 12/2012, de
26 de diciembre y, por otro, una plataforma electrónica que posibilita la
tramitación electrónica de actividades económicas o empresariales que
deseen iniciar su actividad o trasladar su negocio y la integración
automática de esta tramitación con las plataformas ya existentes para la
creación de empresas. A través de esta plataforma se puso también a
disposición de los municipios el modelo de Ordenanza tipo previsto en la
Disposición Adicional primera de la Ley 12/2012 aprobado, de forma no
vinculante y para facilitar las adhesiones, por la Junta de Gobierno de
la Federación Española de Municipios y Provincias en sesión del 25 de
junio de 2013, accesible para descarga en el Portal de Entidades Locales,
por los usuarios autorizados y se ha incluido también en la Plataforma
«Emprende en 3».
«Emprende en 3» pone a disposición del empresario un sistema de
tramitación telemática que le facilita la constitución y puesta en marcha
de su empresa a través del Centro de Información y Red de Creación de
Empresas (CIRCE) del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Al
firmar la adhesión la Entidad Local pasa a formar parte de la Plataforma
«Emprende en 3» y podrá empezar a trabajar reduciendo los trámites. A
partir de ese momento podrá recibir Declaraciones Responsables por vía
electrónica a través del Portal de Entidades Locales, facilitando el
cumplimiento de los derechos previstos en la Ley 11/2007, de 26 de junio,
de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
Dicho proyecto de simplificación administrativa fue aprobado por Acuerdo
del Consejo de Ministros de 24 de mayo de 2013, estableciéndose por
Resolución de 31 de mayo de 2013, de la Secretaria de Estado de
Administraciones Públicas, las condiciones de uso de dicha plataforma
electrónica «Emprende en 3». En ella se contemplaron los aspectos
necesarios para el adecuado funcionamiento de la Plataforma «Emprende en
3», tales como el procedimiento de adhesión, el modelo tipo de
declaración responsable, los acuerdos de servicio asumidos, los recursos
de información disponibles o las responsabilidades de seguridad.
Posteriormente por Resolución de 20 de enero de 2104, de la Secretaria de
Estado de Administraciones Públicas se modificó la Resolución de 31 de
mayo de 2013 que establecía las condiciones de uso de dicha plataforma
electrónica «Emprende en 3» puesto que se observó la necesidad de
flexibilizar las condiciones de uso para incorporar de forma explícita
los aspectos particulares de las distintas normas autonómicas que
pudieran suponer una ampliación de las bases de la normativa estatal en
materia de inexigibilidad de licencias urbanísticas para el sector del
comercio minorista y de determinados servicios para agilizar el
emprendimiento en todo el territorio nacional, garantizándose así la
máxima implantación del proyecto «Emprende en 3» en todos los municipios
de las distintas Comunidades Autónomas.
Actualmente se encuentran adheridos 1.354 municipios a la plataforma
«Emprende en 3». La distribución territorial de los municipios adheridos
se refleja de la siguiente forma por Comunidades Autónomas y Provincias:
En la Comunidad Autónoma de Andalucía hay un total de 361 municipios
adheridos, 34 en Almería, 31 en Cádiz, 21 en Córdoba, 63 en Granada, 34
en Huelva, 55 en Jaén, 54 en Málaga y 69 en Sevilla.
En la Comunidad Autónoma de Extremadura hay un total de 53 municipios
adheridos, 31 en Badajoz y 22 en Cáceres.
En la Comunidad Autónoma de Castilla La-Mancha hay un total de 154
municipios adheridos, 30 en Albacete, 22 en Ciudad Real, 28 en Cuenca, 12
en Guadalajara y 62 en Toledo.
En la Comunidad Autónoma de Murcia hay un total de 36 municipios
adheridos.
En la Comunidad Valenciana hay un total de 101 municipios adheridos, 61
en Alicante, 26 en Castellón y 14 en Valencia.
En la Comunidad Autónoma de Cataluña hay un total de 159 municipios
adheridos, 47 en Barcelona, 34 en Girona, 45 en Lleida y 33 en Tarragona.
En la Comunidad Foral de Navarra no hay municipios adheridos.
En la Comunidad Autónoma de Cantabria hay 8 municipios adheridos.
En Comunidad Autónoma Vasca no hay municipios adheridos.
En la Comunidad Autónoma de Asturias hay 32 municipios adheridos.
En la Comunidad de Madrid hay 77 municipios adheridos.
En la Comunidad Autónoma de Aragón hay un total de 55 municipios
adheridos, 16 en Huesca, 5 en Teruel y 34 en Zaragoza.
En la Comunidad Autónoma de La Rioja hay un total de 2 municipios
adheridos.
En la Comunidad Autónoma de Castilla y León hay un total de 93
municipios adheridos, 20 en Ávila, 6 en Burgos, 19 en León, 3 en
Palencia, 11 en Salamanca, 3 en Segovia, 6 en Soria, 16 en Valladolid y 9
en Zamora.
En la Comunidad Autónoma de Galicia hay un total de 63 municipios
adheridos, 14 en A Coruña, 20 en Lugo, 16 en Ourense y 13 en Pontevedra.
En las Illes Balears hay 20 municipios adheridos.
En las Islas Canarias hay un total de 21 municipios adheridos, 15 en
Santa Cruz de Tenerife y 6 en las Palmas de Gran Canaria.
En la ciudad autónoma de Ceuta el municipio está adherido.
De lo expuesto, cabe destacar la falta de adhesiones en Comunidades
Autónomas como la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de
Navarra, y el bajo seguimiento en la Comunidad Autónoma de La Rioja o la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.
De todos los municipios adheridos, cabe destacar la presencia de grandes
capitales, que contribuyen a que más del 52 % de la población española
(24,5 millones de habitantes) pueda poner en marcha su negocio en su
municipio de residencia utilizando «Emprende en 3».
Madrid, 20 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/066333
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Alegría Continente, María Pilar (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Su Señoría que
el régimen de plazos de pago vigente en el ámbito del comercio, contenido
en el Artículo 17 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del
Comercio Minorista y la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, es un régimen de carácter especial, que
convive con la regulación general de los aplazamientos de pago sin que
genere inseguridad jurídica alguna, y que es plenamente conforme a
derecho nacional y comunitario.
Este régimen de aplazamientos de pago previsto en la Ley 7/1996, de 15 de
enero, de Ordenación del Comercio Minorista, responde, en esencia, a la
lógica de la rotación media de los productos puestos en el mercado,
permitiendo distintos aplazamientos de pago en función de la diferente
naturaleza de los mismos y, por tanto, de su salida y consumo en el
mercado, siendo un régimen además más ágil y garantista para el
proveedor.
El régimen se diseña de manera que los productos frescos y perecederos y
los de alimentación y gran consumo, se pagan a 30 y 60 días
respectivamente, y tan sólo los productos que no reciban esta
consideración, que presenten períodos de rotación largos, son los que
pueden beneficiarse de un mayor aplazamiento, para lo que se exige que el
comerciante preste garantías y ventajas o compensaciones equivalentes al
mayor aplazamiento. En estos supuestos, el instrumento mayoritariamente
utilizado por la distribución comercial, es el «confirming», fórmula de
cobro donde el riesgo bancario lo soporta la distribución comercial a
partir de un acuerdo que beneficia a proveedor, cliente consumidor y a la
entidad financiera.
A ello se une que el comercio minorista es el único sector de la economía
que incluye un régimen administrativo sancionador favorable al proveedor,
por lo que los incumplimientos en materia de plazos de pago son
perseguibles de oficio por la Administración Pública o bien pueden ser
denunciados a instancia de parte sin necesidad de acudir a los tribunales
para la interposición de la correspondiente acción civil.
Además, ha de recordarse que la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, considerando
el número 13 y el Artículo 3.5, permite el aplazamiento de pago por
encima de 60 días, en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las
partes, siempre y cuando esta no sea abusiva y se ofrezcan garantías al
mayor aplazamiento, requisito que se cumple en el régimen de
aplazamientos que recoge la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del
Comercio Minorista.
Es más, el hecho de que la legislación actual es coherente con la
Directiva de Morosidad lo avala una reciente sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea ante una denuncia de la Federación Española
de Industrias de la Alimentación respecto a la libertad de pacto de
plazos de pago [(Sala Primera), Caso Comisión de las Comunidades Europeas
contra España, en su Sentencia de 11 diciembre de 2008].
Así, el hecho de que ahora el plazo de pago se limite a 30 y 60 días con
carácter general en nuestra normativa y se haya prescindido de la
autonomía de la voluntad de las partes en otros supuestos para pactar
mayores aplazamientos no es un imperativo de la normativa comunitaria,
sino que es consecuencia de una transposición más exigente que se ha
hecho por el Reino de España, y que puede convivir con regímenes
especiales como el del comercio minorista.
Esta decisión legislativa se corresponde además con los datos del
comportamiento de aplazamientos de pago que presenta el sector, y que
demuestran que el comercio es el sector privado que menor morosidad
presenta en España y en el último año se ha reducido en cerca de 3 días.
Por último, cabe añadir que la experiencia de otros Estados Miembros donde
se ha reducido el régimen de plazos de pago en el comercio minorista ha
tenido efectos perversos. En concreto, la experiencia de reducción de
días de pago en Francia tras la aplicación de la Ley de Modernización de
la Economía se ha traducido en un empobrecimiento de la oferta comercial,
un freno al desarrollo del comercio, dificultades para los proveedores y
mayores costes para los consumidores en precio, calidad y surtido.
Por todas las razones anteriormente expuestas, el respeto al régimen
especial de pagos en el comercio minorista de la Ley 15/2010, de 5 de
julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, es valorado positivamente.
Madrid, 26 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/066334
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Alegría Continente, María Pilar (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Su Señoría que
el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por medio de la Dirección de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, en colaboración con los Ministerios de Presidencia,
de Industria, Energía y Turismo y de Economía y Competitividad, en
coordinación con la Federación Española de Municipios y Provincias, viene
trabajando en la implantación del proyecto denominado «Emprende en 3»,
destinado a aquellas Entidades Locales que deseen adherirse al mismo que
incluye, por un lado, la fijación del modelo electrónico de declaración
responsable y, por otro, una plataforma electrónica que posibilita la
tramitación electrónica de las declaraciones responsables de aquellos
emprendedores, empresarios o titulares de actividades económicas o
empresariales que deseen iniciar su actividad o trasladar su negocio y la
integración automática de esta tramitación con las plataformas ya
existentes para la creación de empresas.
En el caso de la provincia de Zaragoza, cabe señalar que a fecha 14 de
enero de 2015 se han adherido municipios importantes por volumen de
población como el Ayuntamiento de Zaragoza, el de Calatayud o el de
Utebo.
Dicha información puede ser consultada por Su Señoría en el portal
http://www.eugo.es/, que es la Ventanilla Única a la que se refieren los
artículos 18 y 19 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066340
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gallego Arriola, María del Puerto (GS).
Respuesta:
Existe una decidida intención desde el Gobierno, y en particular desde el
Ministerio de Economía y Competitividad (Mineco), de incrementar más la
participación privada y su colaboración con la investigación pública. Así
se recoge en la Estrategia Española y de igual forma se pone de
manifiesto en el Plan Estatal de I+D+i (2013-2016), donde se contemplan 4
Programas Estatales en los que de modo transversal está presente la
modalidad de participación público-privada, que se articulan a través de
las correspondientes convocatorias. En concreto, destaca el «Programa
Estatal de liderazgo Empresarial», con varios subprogramas, que impulsa
la colaboración orientada a las demandadas del tejido productivo, el
apoyo a las empresas de base tecnológicas y la generación de dinámicas de
cooperación empresarial que fomentan la transferencia de conocimiento y
tecnología.
Por esta razón se ha realizado un gran esfuerzo para la financiación de
las actuaciones de I+D+i de las empresas y de las pymes en particular,
tanto en el marco del Plan Estatal como a través del Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
Por lo que respecta a las convocatorias dirigidas al sector empresarial,
la citada Secretaría de Estado de I+D+i ha concedido en Cantabria ayudas
por valor de 4,9 millones de euros entre las que destacan las
convocatorias de proyectos de I+D+i de colaboración público-privada (4,2
millones de euros ) que refuerzan las relaciones entre los centros de
investigación y las empresas facilitando las conexiones necesarias para
que la investigación revierta en el sector productivo empresarial. Para
la contratación de personal dedicado a I+D+i en las empresas cántabras,
se han destinado 686 k.
Además, con el objetivo de facilitar el acceso a créditos que financien la
inversión empresarial en I+D+i, se introdujo una disposición adicional en
los PGE 2013 para la concesión de préstamos a un interés correspondiente
al Euribor+0,1 que beneficia directamente a las empresas con proyecto de
I+D+i. Disposición que se mantiene actualmente.
Respecto a las actuaciones del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI), cabe señalar que en 2012 se financió a empresas de
Cantabria por valor de 3,6 millones de euros y en 2013 por 9,1 millones
de euros.
Además de los programas ya existentes como el NEOTEC que tiene como
objetivo la creación y consolidación de nuevas empresas de base
tecnológica en España, Proyectos de I+D empresarial individuales y en
cooperación, a lo largo de la legislatura se han reformado los
instrumentos CDTI de apoyo a las empresas para acercarlos a sus
necesidades actuales, con un énfasis especial en las pymes:
Desarrollo de la Línea directa de Innovación, un instrumento financiero
gestionado directamente por el Centro, sin intermediación bancaria, cuya
finalidad es facilitar y permitir la incorporación de activos fijos
innovadores para incrementar la competitividad de las empresas en base a
su renovación tecnológica.
Mejora de los tramos no reembolsables: entre un 5-20 % para grandes
Empresas y hasta un máximo del 25 % en el caso de las PYMEs, dependiendo
del tipo de proyecto.
Con objeto de promover la internacionalización de nuestras empresas se
ha puesto en marcha la Línea de Innovación Global para elevar la
competitividad de PYMEs y MidCaps. permitirá financiar la modernización
tecnológica de las empresas españolas tanto en sus instalaciones en
España como fuera del territorio nacional (siempre que no supongan
deslocalización de actividades nacionales).
Para conseguir estimular la cooperación público-privada (Gran empresa +
Pyme + Centro público) en investigación industrial: se ha puesto en
marcha el Programa CIEN (Consorcios de Investigación Empresarial
Nacional) que financiará grandes proyectos empresariales de investigación
industrial en nuevas tecnologías orientadas a la creación o mejora de
productos, procesos servicios en ámbitos estratégicos y con impacto
internacional.
Se está trabajando junto con ICO para captar fondos del tipo private
equity extranjeros con el fin de fomentar la inversión privada en I+D+i,
resolver problemas de liquidez para la I+D+i y fomentar el crecimiento de
aquellas empresas consolidadas, con viabilidad demostrada y con
oportunidades de desarrollo tangible.
En muchas ocasiones las necesidades de las empresas para el desarrollo
de la I+D+i, se refieren, no tanto a la financiación de un proyecto, sino
a la estructura de capital necesaria para acometer las fases avanzadas en
el desarrollo de un producto. Para cubrir esas necesidades, está la
iniciativa Innvierte que promueve la innovación empresarial mediante el
apoyo a la inversión de capital riesgo en empresas de base tecnológica o
innovadoras en fase de lanzamiento (start. up) o expansión.
Además, también se han tomado otras medidas indirectas que incentivan y
favorecen a las empresas que realizan actividades de I+D+i:
La Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (Ley
14/2013, de 27 de septiembre) ha mejorado la fiscalidad de la I+D+i.
Dentro de la misma, el cheque fiscal permite que las deducciones de las
actividades de I+D+i no estén sujetas a ningún límite en lo referente a
la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades.
Se ha recuperado el incentivo de las bonificaciones en las cotizaciones
a la Seguridad Social a favor del personal investigador (Real Decreto
475/2014, de 13 de junio). Se trata de una bonificación de 40 % de las
cotizaciones por contingencias comunes a cargo del empresario en los
casos de contratos de carácter indefinido, así como en los supuestos de
contratación temporal, en los términos que reglamentariamente se
establezcan.
Elaboración de informes motivados para la calificación de las
actividades de I+D+i y sus gastos asociados, que son vinculantes para la
Administración Tributaria a efectos de la aplicación e interpretación de
deducciones fiscales por actividades de investigación y desarrollo e
innovación tecnológica.
Actualmente, se está preparando un borrador de Orden Ministerial por el
que se crea el sello de la pyme innovadora y el registro de pymes
innovadoras de Mineco, con el fin de que las pymes que obtengan este
distintivo y estén registradas, puedan compatibilizar la bonificación a
las cotizaciones de la Seguridad Social con la deducción por actividades
de I+D+i.
Madrid, 21 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/066350
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Respuesta:
El resumen de operaciones de Refinanciación al amparo del artículo 3 de la
Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia es el siguiente:
1. Número de Ayuntamientos de la CCAA de Galicia que han solicitado
autorización: De un total de 49 solicitudes, se han autorizado a 26 de
diciembre de 2014 un total de 10 operaciones, estando el resto pendientes
de tramitación. Hasta que no termine el proceso no es posible dar cifras
definitivas.
2. Fecha en que se han solicitado las autorizaciones: septiembre a
diciembre de 2014.
3. Número de Entidades:
a) Autorizadas hasta 26 de diciembre de 2014: 10.
b) Plazo medio desde la solicitud hasta la autorización: El plazo medio se
ha ido incrementando a medida que avanzaba el cierre del ejercicio,
debido a la presentación exponencial de solicitudes. El plazo de
respuesta se sitúa en torno a 20 días.
Madrid, 12 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066377
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
La información sobre la recaudación de las diferentes figuras impositivas,
desglosadas por Comunidades Autónomas y por provincias, está disponible
en los Informes Anuales de Recaudación, que pueden consultarse en la
página web de la Agencia Tributaria, en la dirección electrónica:
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Informes_anuales_de_Recaudacion_Tributaria.shtml
Madrid, 6 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066378 a 184/066380, 184/066439, 184/066440
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
En relación con las preguntas de referencia, cabe recordar a Su Señoría
que el 1 de enero de 2015 se produjo la entrada en vigor de la reforma
tributaria recientemente aprobada por las Cortes Generales, que se
concreta en una reducción de impuestos.
Esta reforma se incorpora al Derecho positivo mediante la Ley 26/2014, de
27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras
normas tributarias (BOE de 28 de noviembre), la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE de 28 de noviembre), y la
Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991,
de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen
Económico Fiscal de
Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y
la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras
medidas tributarias y financieras (BOE de 28 de noviembre).
Con esta reforma tributaria se da continuidad a determinadas medidas de
estímulo económico aprobadas en el año 2013, con el objetivo de
consolidar el crecimiento económico, mejorar la competitividad, crear
empleo, e incluir medidas sociales de apoyo a las familias y las personas
con menores recursos, todo ello de acuerdo con los principios de equidad
y suficiencia.
En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF),
se adoptan diversas medidas que generan una relevante minoración de la
carga tributaria soportada por los contribuyentes, un 12,5 % como media,
minoración que es especialmente significativa para perceptores de rentas
del trabajo y de actividades económicas, intensificándose para
contribuyentes con menores recursos o con mayores cargas familiares. En
este sentido, se reduce a cinco el número de tramos de la tarifa general,
y los tipos marginales aplicables en ellos.
En cuanto al tratamiento fiscal de la familia, la elevación tanto del
mínimo personal como el correspondiente a ascendientes y descendientes
que conviven con el contribuyente va a permitir incrementar la
progresividad del impuesto.
Además, con la finalidad de reducir la tributación de los trabajadores con
mayores cargas familiares, se establecen nuevas deducciones en la cuota
diferencial que van a operar de forma análoga a la deducción por
maternidad, esto es, como auténticos impuestos negativos, para los
contribuyentes que trabajen fuera del hogar y tengan ascendientes o
descendientes con discapacidad a su cargo, o formen parte de una familia
numerosa, siendo estas deducciones de 1.200 euros anuales ó 2.400 euros
cuando se trate de una familia numerosa de categoría especial,
acumulables entre sí, y compatibles con la actual deducción por
maternidad.
A su vez, se aumenta la neutralidad en el tratamiento fiscal de los
productos del ahorro y se fomenta la generación de ahorro a largo plazo.
En su conjunto, cabe destacar que la reforma del IRPF permitirá a los
contribuyentes disponer ya en el año 2015 de una mayor renta disponible,
lo que redundará en la mejora de variables económicas fundamentales, como
el crecimiento, el consumo y el empleo.
En relación con el Impuesto sobre Sociedades, al margen de la reducción
del tipo de gravamen, uno de los objetivos de la reforma de este
impuesto, toda vez que la crisis económica impactó muy notablemente en la
recaudación del mismo, que disminuyó en el periodo 2007-2011 hasta un
tercio de lo que suponía al inicio de este, es que vuelva a constituir un
elemento clave en la contribución al sostenimiento de las cargas
públicas, adoptándose, para ello, una serie de medidas que amplían la
base imponible del impuesto.
Por otra parte, cabe señalar que la lucha contra el fraude fiscal
constituye una prioridad de este Gobierno y así lo demuestra el hecho de
que en los últimos años se hayan incorporado diversas e importantes
medidas encaminadas a atajar aquel, sirvan como referencia la aprobación
de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa
tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera
para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha
contra el fraude (BOE de 30 de octubre), y de la Ley Orgánica 7/2012, de
27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el
fraude fiscal y en la Seguridad Social (BOE de 28 de diciembre), o la
inclusión de medidas en las citadas Leyes 26/2014, 27/2014 y 28/2014,
tales como la modificación de los criterios a considerar a la hora de
calificar a un país o jurisdicción como paraíso fiscal, las
modificaciones que se introducen en materia de transparencia fiscal
internacional, o el establecimiento de nuevos supuestos en los que
resulta aplicable la denominada «regla de inversión del sujeto pasivo».
Madrid, 2 de marzo de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/066383
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada cabe señalar que las
obligaciones reconocidas y efectivamente pagadas desde 1991,
correspondientes a la partida presupuestaria que concentra la mayor parte
de los recursos destinados al apoyo directo del sector del espacio en los
presupuestos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo es la
destinada a la contribución de España a la Agencia Espacial Europea
(ESA). Cabe destacar que en el periodo 1991-2008 España satisfizo
anualmente todos sus compromisos con la Agencia Espacial Europea.
Ahora bien, no es hasta el 19 de mayo de 2006 cuando el Consejo de
Ministros, mediante Acuerdo de esa misma fecha, autorizó las
contribuciones de España a la ESA para el periodo 2007-2011 estableciendo
un techo de compromiso económico de 1.071 millones de euros. Aunque el
Consejo de Ministros autorizó dichas contribuciones hasta el año 2011 con
un perfil de pagos holgado, a partir del año 2009 como consecuencia de
las restricciones presupuestarias sufridas en los distintos Departamentos
Ministeriales, las aportaciones de España a la ESA vinieron siendo
inferiores a los compromisos financieros firmes que habían sido
adquiridos por nuestro país con la Agencia, por lo que se originó una
deuda que a finales del ejercicio 2013 alcanzó los 127,39 millones de
euros.
En consonancia con lo expuesto en el párrafo anterior, en la siguiente
tabla se muestra el presupuesto comprometido por España en la ESA en el
periodo 2007-2014, junto con las cantidades efectivamente desembolsadas
por España a la Agencia en millones de euros.
;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;Total
Presupuesto comprometido por España en la
ESA;138,36;163,77;184,00;195,27;201,93;184,10;149,62;139,69 2;1.316,74 2
Cantidades desembolsadas por España a la
ESA;187,60;208,40;174,47;117,71;192,38;118,71;172,88 1;152,50;1.324,65
Deuda originada en la ESA;;;9,53;77,56;9,55;65,39;34,28;52,81;74,94 3
Porcentaje en relación con compromisos asumidos;135,59 %;127,25 %;94,82
%;60,28 %;95,27 %;64,48 %;115,55 %;153,24 %;
1 En el ejercicio 2013 además de los 172,88 millones de euros de la tabla
se aplicó un remanente procedente de otras partidas presupuestarias de
11,03 millones de euros, dando lugar a una aplicación total de fondos por
importe de 183,9 millones de euros.
2 El importe exigido por la ESA en 2014 es en realidad menor (99,69
millones de euros) debido a que las contribuciones para el programa GSTP
Period 6 Element 4 Sub-element 1, que en el caso de España ascienden a 40
millones de euros, no van a ser requeridas porque han sido cubiertas a
través de un ajuste en la contribución.
3 Teniendo en cuenta los intereses que origina la deuda, las tasas
aplicables a pensiones y otros conceptos que no se han tenido en cuenta
en el cuadro, la previsión de deuda real para finales del ejercicio 2014
es de 76,33 millones de euros.;;;;;;;;;
Se puede observar que en 2007 y 2008 se abonaron cantidades superiores a
las comprometidas como aportación a la ESA. Esas cantidades se destinaron
a la financiación del satélite español Ingenio/SEOSAT, en el marco del
Programa Nacional de Observación de la Tierra, que se está construyendo
en estos momentos en la ESA.
Por tanto, según la senda de pagos realizada, España abonó lo que le
correspondía de forma equilibrada hasta 2008 a la ESA. En 2009 la
aportación fue inferior al compromiso adquirido con la ESA y desde ese
momento, debido al acuciado descenso de la aportación en 2010, existe una
deuda con la ESA.
En el 2013, el Consejo de Ministros, en su reunión de 20 de septiembre de
2013, aprobó el Acuerdo para adquirir compromisos de gasto con cargo a
ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para atender la
financiación por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través
de la Agencia Espacial Europea de la participación española en Programas
Espaciales. Con esta envolvente presupuestaria, se pretende disminuir
gradualmente la deuda que España tiene con la ESA, hasta su completa
amortización en 2022. Por tanto los pagos efectuados a la ESA en los
ejercicios 2013 y 2014 han sido superiores a los compromisos
correspondientes a dichos ejercicios, aplicándose a la reducción de la
deuda con la ESA.
Por otra parte, los pagos efectuados por el Ministerio de Economía y
Competitividad a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) a la Agencia Espacial Europea, ESA 1, en cumplimiento
con sus compromisos, fueron 2.031.945.600 euros:
Anualidad;Pago ESA (miles de );Anualidad;Pago ESA (miles de )
1991;73.599,39;2000;112.061,27
1992;91.673,86;2001;112.798,15
1993;70.589,36;2002;117.515,36
1994;94.020,61;2003;119.975,11
1995;109.261,81;2004;131.174,54
1996;114.690,69;2005;153.394,78
1997;92.240,62;2006;166.706,89
1998;92.773,49;2007;187.597,60
1999;109.506,53;2008;82.365,54
La Secretaría de Estado de I+D+i gestiona ayudas para financiar posibles
actuaciones que a través de convocatorias de ayudas en régimen de
concurrencia competitiva. Al realizarse la concesión de estas ayudas en
régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo a los principios de
publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación,
basándose en la excelencia científica. Por tanto, no existe dinero
previsto en los Presupuestos Generales del Estado cada año en apoyo
directo al «sector del espacio», dependiendo las concesiones a este
sector del número de solicitudes presentadas, de su nivel de excelencia,
del cumplimiento de los requisitos establecidos en las convocatorias y de
las disponibilidades presupuestarias. Por la misma causa, tampoco es
aplicable el nivel de cumplimiento con compromisos asumidos.
No obstante, a continuación se indican las ayudas concedidas en el periodo
2004-2013 en las distintas convocatorias de Proyectos de investigación
fundamental no orientada, Proyectos de I+D+I Retos y Proyectos de I+D
Excelencia, pertenecientes al Programa ESP (Investigación espacial):
Convocatoria;N.º proyectos;Financiación ()
2004;28;13.653.260
2005;27;10.078.824
2006;36;11.602.899
2007;29;13.013.542
2008;25;18.873.580
2009;42;18.289.780
2010;38;13.646.910
2011;39;22.515.486
2012;43;17.079.660
2013 Retos;32;14.551.460
2013 Excelencia;19;4.159.980
Total 2004-2013;358;157.465.381
1 CDTI gestionó directamente la contribución española a los diferentes
programas de la Agencia Espacial Europea, ESA, hasta 2008.
Madrid, 27 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066385
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
En relación con los compromisos de España con la Agencia espacial Europea
(ESA), a fecha 30/12/2011 España tenía una deuda contraída por valor de
96,29 millones de euros y asimismo, en 2012 la cantidad comprometida por
España en firme ante la ESA ascendía a 184.100.904,16 euros.
Como la deuda acumulada podría generar un coste financiero para España y
además la asignación presupuestaria para 2012 no cubría los compromisos
de 2012 más la deuda, se propuso un desembolso único en junio de 2012 por
el total del importe consignado en la partida presupuestaria
20.15.467C.790. «Para la financiación de la participación en Programas
Espaciales» de 116.236.170,00 euros, que fue desembolsado a la ESA el 29
de junio de 2012.
Tras realizarse dicho pago, la ESA empleó los fondos recibidos para saldar
la deuda acumulada a 30/12/2011 (96,29 millones de euros) y a pagar parte
del primer call-up correspondiente al ejercicio 2012 (19.946.170 euros).
El 14 de noviembre se instrumentó una modificación presupuestaria:
transferencia de crédito por la que se ampliaba el crédito de la partida
presupuestaria 20.15.467C.790, destinada a la financiación de la
participación en Programas espaciales por importe de 2.475.580,00 euros.
Por tanto, en noviembre de 2012 se propuso un segundo desembolso por
importe de 2.475.580,00 euros para pagar parte de los compromisos de la
contribución a la ESA que debían ser satisfechos en 2012 por España, que
fue pagado a la ESA el 13 de junio de 2012.
Por tanto la cantidad total abonada a la ESA en 2012 ascendió a
118.711.750,00 euros.
Madrid, 28 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/066386
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
El crédito inicial de la partida presupuestaria 20.15.467C.790. «Para la
financiación de la participación en Programas Espaciales, incluidas
obligaciones de ejercicios anteriores», contemplado en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2013 era de 102.621.500,00 euros y
la contribución pendiente de pago en la ESA a 31/12/2012 ascendía a un
total de 161.679.820,66 euros.
En 2013, el presupuesto del año aprobado para España en la ESA ascendía a
149.618.867,65 euros.
A lo largo del ejercicio 2013 y, antes del 31 de octubre, se tramitaron
tres modificaciones presupuestarias para incrementar la dotación de la
partida destinada al pago de la contribución a la ESA 20.15.467C.790.
«Para la financiación de la participación en Programas Espaciales,
incluidas obligaciones de ejercicios anteriores»:
Transferencia de crédito por importe de 48.030.000,00 euros,
instrumentada el 10/05/2013.
Transferencia de crédito por importe de 2.171.000,00 euros,
instrumentada el 17/10/2013.
Transferencia de crédito por importe de 20.058.601,00 euros,
instrumentada el 13/12/2013.
España realizó en el ejercicio 2013 los siguientes pagos computados en la
ESA:
1) Un primer pago por importe de 88.440.570,42 euros realizado el 8 de
febrero destinado a:
43.554.910,12 euros para saldar la contribución pendiente de pago a
31/12/2012 de las Actividades Obligatorias y Asociadas correspondientes
al año 2012.
44.885.660,30 euros para el pago del requerimiento de pago recibido
correspondiente al primer call-up del presupuesto 2013, para ser
aplicados al pago de parte de las Actividades Obligatorias de 2013 que
ascendían a un total de 67.773.382,65 euros.
2) Un segundo pago por importe de 11.858.859,80 euros realizado el 12 de
junio destinado íntegramente al pago de a actividades obligatorias
correspondientes al ejercicio 2013.
3) Aplicación del remanente de 11.684.443,55 euros disponible en la ESA
pendiente de aplicación («Other contributions not yet allocated to
programmes»), procedente de la cancelación de un programa y los intereses
positivos generados por dicha cuenta, aplicado a:
655.581,00 euros para realizar el pago de los ajustes de pensiones
correspondientes a los años 2010 y 2011 que España tenía pendiente de
pago.
La cantidad restante de 11.028.862,55 euros, al pago de la s actividades
obligatorias y asociadas correspondientes al presupuesto 2013, de manera
que estas quedaron saldadas en su totalidad.
4) Un tercer pago por importe de 50.352.069,78 euros, desembolsado el 18
de octubre de 2013 y con las instrucciones de ser aplicado del siguiente
modo:
2.322.069,78 euros que quedaban de remanente del presupuesto inicial a
satisfacer parte los programas opcionales correspondientes al presupuesto
2012.
48.029.458,11 euros procedentes de la primera modificación
presupuestaria al pago de parte de los programas opcionales del
presupuesto 2013 de España en la ESA.
541,89 euros restantes de la primera modificación presupuestaria a
completar el pago del ajuste de la contribución («Adjustment of
Contributions ESA/AF(2012)51») solicitado en el tercer call-up.
5) Aplicación de 18.504,11 euros procedentes de remanentes en la ESA con
fecha 30/10/2013 para satisfacer el resto del importe de 19.046,00 euros
correspondiente al ajuste de la contribución («Adjustment of
Contributions ESA/AF(2012)51») solicitado en el tercer call-up:
Aplicación del importe de 1.010,98 euros del remanente existente en la
ESA (Other contributions not yet allocated to programmes at 31.08.2013)
procedente de la distribución del exceso de ingresos originada por la
entrada de Polonia a la ESA (Distribution excess income due to Poland
Accession), de modo que el reparto de los Programas entre más países
miembros dio lugar a que se redujeran algunos gastos.
Aplicación del importe de 17.493,13 euros procedente de la cuantía que
nos correspondía de la distribución entre los estados miembros de los
intereses obtenidos durante el ejercicio 2012 por la Tesorería General de
la ESA.
6) Cuarto pago por importe de 2.171.000,00 euros, procedentes de la
segunda modificación presupuestaria, desembolsado a la ESA el 14 de
noviembre de 2013, y destinado a :
Pagar el importe de 5.369,81 euros correspondiente a los intereses
ocasionados por la deuda existente de España con la organización de
acuerdo al artículo. 35.1.c del Reglamento Financiero de la ESA a
31/08/2013 (solicitados a España en el segundo call-up).
Pagar parte de los programas opcionales del presupuesto 2013 de España
en la ESA que quedaban pendientes de pago, por un importe de 2.165.630,19
euros.
7) Quinto pago por importe de 20.058.601,00 euros, procedentes de la
tercera modificación presupuestaria, aplicados a satisfacer el pago de
parte de los programas opcionales del presupuesto 2013 de España en la
ESA, efectuado el 27 de diciembre de 2013.
Madrid, 28 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/066387
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
En relación con los compromisos de España con la Agencia espacial Europea
(ESA), a fecha 31/12/2013 la deuda de España con la ESA ascendía a
127.394.635,96 euros, de los cuales 115.802.840,76 euros correspondían al
presupuesto de 2012 de España en la ESA y los 11.591.795,20 euros
restantes al presupuesto de 2013.
Además de la cifra indicada anteriormente a 31/12/2013 a España también le
quedaba pendiente el pago a la ESA de:
El importe 410.094,00 euros correspondiente a los ajustes fiscales
aplicables a las pensiones correspondientes al ejercicio 2012, reclamado
en carta de 17 de junio de 2013.
El importe de intereses ocasionados por la deuda de España en la ESA:
En aplicación del artículo 35.1.c del Reglamento Financiero de la ESA,
quedarían pendientes de pago 513,26 euros. Esta cantidad fue reclamada a
España en el primer call-up de 2014.
En aplicación del art. 35.1.b del Reglamento Financiero de la ESA, que a
31/12/2013 ascendían a 296.492,12 euros.
En 2014, el presupuesto del año aprobado para España en la ESA ascendía a
139.194.155,30 euros.
El 26 de diciembre de 2013 se recibió en la Secretaria General de
Industria y de la PYME, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
el primer call-up de 2014, en carta de fecha 20 de diciembre de 2013, por
importe de 29.758.759,85 euros. El importe de este primer call-up debería
corresponderse con el 30 % del total del presupuesto de España en la ESA
para 2014. Pero dicho importe es menor debido a que tal como se recoge en
el Anexo del call-up las contribuciones para el programa GSTP Period 6
Element 4 Sub-element 1, que en el caso de España asciende a 40 millones
de euros, no van a ser requeridas porque han sido cubiertas a través de
un ajuste en la contribución con el traspaso de los fondos desde el
programa GSTP Period 4, tal como se acordó en Informe del Comité
Administrativo y financiero de la ESA «2012 Adjustment of contributions
ESA/ AF(2013)45 rev.1». Por tanto este primer call-up coincide con el 30
% del importe del presupuesto de España en la ESA para 2014
(139.194.155,30 euros) menos los 40.000.000,00 euros del Programa GSTP
Period 6 Element 4 Sub-element 1, más el importe de 513,26 euros que
España debe de intereses originados por su deuda en la ESA en aplicación
del artículo 35.1.c del Reglamento Financiero de la ESA.
Por tanto se propuso el pago en un único desembolso por importe de
152.000.000,00 euros de la totalidad consignada en la partida
presupuestaria 20.15.467C.790. «Para la Financiación de la Participación
en Programas Espaciales, incluidas obligaciones de ejercicios
anteriores», que fueron desembolsados a la ESA el 28 de enero de 2014 y
aplicados a satisfacer el pago de:
El importe de 115.802.840,76 euros correspondiente al presupuesto de
2012 de España en la ESA.
El importe de 11.591.795,20 euros correspondiente al presupuesto de 2013
de España en la ESA.
El importe de 410.094,00 euros correspondiente a los ajustes fiscales
aplicable a las pensiones correspondientes al ejercicio 2012 reclamado en
carta de 17 de junio.
El importe de 513,26 euros de intereses ocasionados por la deuda de
España en la ESA, en aplicación del artículo 35.1.c del Reglamento
Financiero de la ESA.
El importe de 24.194.756,78 euros correspondiente al presupuesto de 2014
de España en la ESA reclamado en el primer call-up.
El Consejo de Ministros, en su reunión de 18 de julio de 2014 aprobó el
Acuerdo por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de
gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria, para atender la financiación por el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo a través de la Agencia Espacial Europea de
la participación española en Programas Espaciales.
Y por Acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014 se ha
autorizado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a modificar el
Plan de contribución de España a la Agencia Espacial Europea (ESA) a
largo plazo (2014-2022).
Por tanto se han aumentado los compromisos autorizados en 344,5 millones
de euros, desde los 1.024,00 millones de euros de la envolvente
autorizada en 2013 a los 1.368,50 millones de euros autorizados por
Acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de octubre para el periodo
2014-2022, para permitir la realización de las dos actuaciones en
relación con la ESA que proponía la citada Secretaría General:
Aportar una contribución adicional de 500.000 euros en cada uno de los
ejercicios 2014 y 2015, con la finalidad de confirmar la creación del
Centro de Incubación de empresas denominado ESA-BIC Madrid durante el
ejercicio 2014, dedicado al desarrollo y operación de la instrumentación
de los satélites
científicos de la ESA. Dicha confirmación se efectuó mediante carta de la
Secretaria General de Industria y de la PYME, del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, en calidad de Jefe de la Delegación
Española en la ESA, de fecha 21 de mayo de 2014, y se ha formalizado
dicho compromiso en la Conferencia Ministerial que ha tenido lugar en
Luxemburgo el 2 de diciembre de 2014.
Consolidar la contribución anual española a la ESA en 152.000.000 euros
para el periodo 2015-2022, permitiendo alcanzar a España un nivel de
contribución adecuado en los programas que el Consejo Ministerial de la
ESA ha aprobado en su reciente reunión del 2 de diciembre de 2014.
En la reiterada Secretaría General, se ha recibido carta de la Agencia
Espacial Europea de 3 de diciembre de 2014, en la que se reclamaba el
pago de la contribución adicional de España por importe de 500.000,00
euros para la financiación del Centro Incubador de Empresas ESA-BIC
Madrid.
Madrid, 28 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/066388
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada puede destacarse las siguientes
modificaciones relativas a la deducción por actividades de I+D+i
introducidas a partir de 31 de diciembre de 2011:
En relación con el artículo 35 del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades (TRLIS), aprobado por el Real Decreto
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (BOE de 11 de marzo), que regulaba la
deducción por actividades de I+D+i, el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de
marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y
administrativas dirigidas a la reducción del déficit público (BOE de 31
de marzo) modificó el artículo 44 del TRLIS, que regulaba las normas
comunes a las deducciones para incentivar la realización de determinadas
actividades, entre las que se encuentra la citada deducción, para ampliar
el plazo para poder aplicar las cantidades correspondientes al período
impositivo no deducidas, que en el caso de la deducción por actividades
de I+D+i pasó de 15 a 18 años.
Igualmente, en relación con el artículo 35 del TRLIS, la Ley 14/2013, de
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización
(BOE de 28 de septiembre), modificó el artículo 44 del TRLIS,
estableciendo la opción de proceder a la aplicación de la deducción por
actividades de investigación y desarrollo sin quedar sometida esta
deducción a ningún límite en la cuota íntegra del Impuesto sobre
Sociedades, y, en su caso, proceder a su abono, con un límite máximo
conjunto de 3 millones de euros anuales, si bien con una tasa de
descuento respecto al importe inicialmente previsto de la deducción. Esta
posibilidad requería un mantenimiento continuado en la realización de
estas actividades de investigación y desarrollo y del nivel de plantilla
empresarial.
Por último, la nueva Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades (BOE de 28 de noviembre), que entró en vigor el 1 de enero de
2015, mantiene, mejorada, la deducción por actividades de I+D+i,
destacando el incremento del importe de la aplicación sin límite y abono
de la deducción en el caso de investigación y desarrollo, respecto de
aquellas entidades que realizan un considerable esfuerzo en este tipo de
actividades.
Madrid, 6 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066408 y 184/066411
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que dado el carácter
estratégico del Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda-PITVI,
las actuaciones de los distintos programas que contribuyen a alcanzar los
objetivos estratégicos establecidos para el conjunto del sistema a nivel
nacional, aparecen sin territorializar (ni por provincia ni por
comunidades autónomas), y su concreción y diseño final están fuera del
alcance estratégico del PITVI. De ahí que no figuren en el PITVI de
manera específica las inversiones de las actuaciones que afectan a Soria,
como para ninguna otra provincia.
Madrid, 12 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066473
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Nuet Pujals, Joan Josep (GIP).
Respuesta:
España y la Unión Europea han manifestado, en múltiples ocasiones, su
rechazo a todas aquellas prácticas de las autoridades israelíes en el
contexto de la ocupación que puedan suponer la conculcación de los
derechos humanos del pueblo palestino o la vulneración de obligaciones de
Derecho Internacional Humanitario y, muy particularmente, las ejecuciones
extrajudiciales, las demoliciones de casas y las deportaciones. Estas
medidas sólo contribuyen a generar más odio y dificultan el logro de una
solución negociada al conflicto.
Por ello, y con relación al caso del Sr. Al-Ghoul, España y el resto de
Estados Miembros de la UE consensuaron una Declaración Local de la UE de
19 de diciembre de 2014 en que se «expresa la preocupación de las
Misiones de la UE en Jerusalén y Ramala» por esta y otras cuatro
deportaciones, y se señala que dichas órdenes de deportación «amenazan
con añadir más tensión una situación ya de por sí tensa en Jerusalén».
España es firme defensora del respeto al Derecho Internacional Humanitario
en los Territorios Ocupados, incluyendo Jerusalén Este, y es desde esa
posición que nuestro país participó el pasado 17 de diciembre en la
Conferencia de las Altas Partes Contratantes a la IV Convención de
Ginebra de 1949, celebrada a nivel de Jefes de Misión y relativa a la
aplicación del Derecho Internacional Humanitario en los Territorios
Ocupados, incluyendo Jerusalén Este.
El pleno respeto por ambas partes a las obligaciones de índole
humanitaria, incluyendo el artículo 49 de la IV Convención de Ginebra,
que prohíbe las deportaciones de la población de territorios ocupados,
constituye uno de los parámetros de referencia de la posición de nuestro
país respecto al proceso de paz en Oriente Próximo, e inspira por ello la
posición de España tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el de
Naciones Unidas. Respecto a la UE, nuestro país ha sido particularmente
activo a la hora de buscar una mayor coordinación entre socios frente a
actos unilaterales de cualquiera de las partes que puedan constituir
inobservancias de las Convenciones de Ginebra.
Madrid, 21 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/066480
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Coscubiela Conesa, Joan (GIP).
Respuesta:
La exposición que con el título «Más allá del deber» se inauguró en fecha
27 de noviembre de 2014 en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación en Madrid estuvo abierta un mes hasta finales de
diciembre.
Dicha exposición tenía por objeto exponer el hecho histórico poco conocido
de aquellos diplomáticos y miembros del Servicio Exterior español que
durante los años cuarenta del pasado siglo y en distintas Embajadas y
Consulados de España en Europa decidieron, por motivos humanitarios y más
allá del ámbito de sus funciones, salvar la vida de miles de judíos que
sufrían la persecución del Holocausto. La actuación de estos
funcionarios, en este sentido, fue el único objeto del homenaje que se
quiso llevar a cabo con esta exposición.
Madrid, 21 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/066483
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iñarritu García, Jon (GMx).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica lo siguiente:
A las 06.32 utc del día 19 de diciembre de 2014, se recibió una llamada,
informando que una patera con 30 personas había salido de Marruecos,
hacía aproximadamente 1 hora y media, facilitando al mismo tiempo un
número de teléfono que al parecer era de una de las personas que se
encontraba en dicha embarcación.
A las 06.36 utc se informó al Centro de Coordinación de Rescate Marítimo
de Marruecos localizado en Rabat (MRCC Rabat) a través del Centro
Nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo de Madrid (CNCS).
A las 06.38 utc se realizó llamada al Centro de Servicio de Tráfico
Marítimo situado en Marruecos alertando de lo informado.
A las 06.42 utc se llevó a cabo la activación de la unidad marítima de
Salvamento Marítimo (SalvamarAlkaid) situada en la localidad de Tarifa.
La unidad aérea de Salvamento Marítimo (Helimer 205) no pudo salir de su
base aeroportuaria debido a las condiciones de niebla existentes que
impedían el vuelo.
A las 06.42 utc se dio aviso a todos los buques que transitaban por la
zona a través de la Red de Estaciones Costeras dedicadas a tal fin.
A las 06.50 utc se efectuó llamada para informar al Sistema Integrado de
Vigilancia Exterior-SIVE de la Guardia Civil.
A las 07.02 utc tras varios intentos, se pudo contactar con una de las
personas que estaban en la embarcación a través del teléfono facilitado,
informándonos que se encontraban cerca del «Hotel Tarifa» entre Punta
Malabata y Tánger Med (aguas de Marruecos), procediendo al intento de
localización con la unidad marítima de Salvamento Marítimo.
A las 07.10 utc se estableció contacto con la Estación de Vigilancia del
Estrecho de la Armada para intento de localización visual de la posible
embarcación.
A las 07.12 utc se dio aviso a las embarcaciones dedicadas a labores de
pesca que se encontraban faenando.
A las 07.35 utc tras varios intentos y en un nuevo contacto telefónico
con la embarcación, se informó de la visualización de dos buques, uno de
color rojo y otro de color negro, por lo que se optó por realizar labores
de localización de la embarcación más al Norte de donde se estaban
llevando a cabo, atendiendo a la presencia de buques mercantes navegando
en el Estrecho de Gibraltar que pudieran coincidir con la descripción
dada.
A las 08.05 utc en una llamada efectuada al Centro de Servicio de
Tráfico Marítimo de Tánger, se pidió confirmación sobre varios ecos que
estaban situados a 2 millas aproximadamente al Norte de Punta Malabata y
en las cercanías del «Hotel Tarifa», que podrían ser de Patrulleras de la
Real Armada Marroquí, siendo esto confirmado por dicho Organismo.
Este hecho fue confirmado igualmente por buques que transitaban por la
zona.
A partir de este momento, los intentos de contacto telefónico con la
embarcación fueron infructuosos, siendo igualmente confirmado por la
informante.
A las 08.55 utc informó el Centro de Servicio de Tráfico Marítimo de
Tánger que la embarcación estaba siendo atendida por Patrulleras de la
Real Armada Marroquí, siendo confirmado por el Centro de Coordinación de
Rescate Marítimo de Marruecos localizado en Rabat (MRCC Rabat), a través
del Centro Nacional de Coordinación de Salvamento de Madrid (CNCS),
momento en el que se le indicó a la unidad marítima de Salvamento
Marítimo su regreso a base en la localidad de Tarifa.
La atención a las personas que navegaban en la embarcación por parte de
las patrulleras de la Real Armada Marroquí fue igualmente confirmada por
la alertante, en una conversación al parecer mantenida con uno de los
ocupantes de la embarcación.
Tras varios intentos de conocer el transcurso de las operaciones por parte
del Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Marruecos, localizado
en Rabat (MRCC Rabat), a través del Centro Nacional de Coordinación de
Salvamento de Madrid (CNCS), a las 11.50 utc informó que a 2 millas
náuticas al Norte de Punta Malabata (inmediaciones del puerto de Tánger
en aguas de Marruecos) habían rescatado a 21 personas con vida y a otros
9 sin vida siendo trasladadas todas al puerto de Tánger.
Madrid, 2 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066613
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Muñoz Santamaría, Lourdes (GS).
Respuesta:
El Gobierno es plenamente consciente de la importancia que tiene la
publicación de datos del sector público para ser reutilizados por
terceros. Por eso, en esta Legislatura el Gobierno ha querido dar un
nuevo impulso a la apertura de datos públicos, y ha promovido la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, en la que se contempla que los datos que se
publiquen se encuentren en formatos accesibles.
Además, se ha suscrito un convenio de colaboración, con vigencia hasta
finales de 2015 para llevar a cabo diversas iniciativas que faciliten la
publicación y reutilización de los datos. Entre ellas cabe destacar el
soporte técnico que se brinda a los diferentes Organismos de la
Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades
Locales, para cumplir la Norma Técnica de Interoperabilidad de
Reutilización de recursos de la información, aprobada por Resolución de
19 de febrero de 2013 de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas.
Por otro lado, se están impartiendo múltiples cursos a través del
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) para asesorar y
concienciar a las distintas Administraciones Públicas sobre la
importancia de publicar sus datos y cómo generar formatos fácilmente
reutilizables de acuerdo a la normativa legal y técnica de aplicación
actual.
Asimismo, se ha creado el foro de colaboración público-privado RISP
(Reutilización de la Información del Sector Público), que trata de buscar
sinergias entre el sector público y el sector privado para favorecer el
desarrollo de servicios de alto valor para ciudadanos y empresas que
contribuyan al impulso de la actividad económica y la generación de
empleo cualificado, a partir de la información del Sector Público.
Por último, en el Encuentro Aporta 2015, con el título de «El dato público
en una sociedad digital», múltiples expertos compartirán sus visiones de
cómo mejorar y evolucionar la implementación de las políticas de datos
abiertos y reutilización de la información del sector público.
Desde un punto de vista normativo, cabe informar a Su Señoría que se está
en proceso de transposición de la nueva Directiva 2013/37/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se
modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la
información del sector público, que dará un nuevo impulso a la
publicación de los datos, al ampliar su alcance respecto a la normativa
actualmente vigente.
Por último, en el marco internacional, cabe señalar que el Gobierno está
participando en aquellas iniciativas técnicas impulsadas por la Unión
Europea en esta materia, tratando de importar todos los avances y mejoras
en cuanto a formatos y estándares abiertos, haciendo uso de Guías, Buenas
Prácticas o Recomendaciones.
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066615
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sixto Iglesias, Ricardo (GIP).
Respuesta:
En relación con la pregunta formulada por Su Señoría cabe informar que ya
se ha materializado el programa nacional de reasentamiento recogido en la
disposición adicional primera de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, y
aprobado por el Consejo de Ministros, con un cupo de reasentamiento de
130 personas correspondiente a los años 2013 y 2014. La realización de
entrevistas por parte de la delegación española desplazada a Jordania,
tuvo lugar los días 21, 22 y 23 de octubre de 2014. Posteriormente, los
expedientes fueron elevados a la Comisión Interministerial de Asilo y
Refugio de fecha 28 de noviembre de 2014; y el pasado 17 de diciembre se
produjo el traslado a territorio español del primer contingente de
reasentados.
En fecha 19 de diciembre de 2014, el Consejo de Ministros ha aprobado el
Programa de Reasentamiento de Refugiados en España, con un total de 130
refugiados, idéntica cifra al del programa de 2013. Por medio del
presente Programa España expresa su compromiso con el reasentamiento tras
el llamamiento efectuado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) ante los Estados miembros de la Unión Europea
con ocasión de la reunión de ministros de Justicia e Interior de la Unión
Europea, celebrado en Vilnius en julio de 2013. El Programa, que se
ejecutará conjuntamente por los Ministerios del Interior y de Empleo y
Seguridad Social a lo largo del 2015, permitirá acoger en nuestro país a
130 refugiados procedentes del conflicto sirio que se encuentren en
países limítrofes de la región.
En cuanto a la facilidad de acceso y condiciones adecuadas de acogida en
Ceuta y Melilla, la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho
de asilo y de la protección subsidiaria, establece en su artículo 21 el
procedimiento de las solicitudes presentadas en puestos fronterizos. Con
este procedimiento, se ha iniciado ya, especialmente en el puesto
fronterizo de Beni-Enzar de Melilla, la formalización de solicitudes de
protección internacional. Durante las próximas semanas se llevarán a cabo
todas las gestiones necesarias para adaptar espacios y permitir un
funcionamiento a pleno rendimiento de las nuevas instalaciones.
Los ciudadanos sirios solicitantes de protección internacional en España,
han sido en el año 2011, un número de 97; en el 2012, un total de 254; en
el 2013, fueron 712; y en el año de 2014 han sido 1.607 las solicitudes
formalizadas por ciudadanos sirios.
En Ceuta, en el año 2014, se han formalizado 144 y en Melilla, 465. De las
solicitudes presentadas en Melilla, 369 corresponden a solicitudes
formalizadas en el puesto fronterizo de Beni-Enzar.
La apertura de nuevas oficinas en los puestos fronterizos de Ceuta y
Melilla supone un refuerzo del sistema de protección internacional, que
funciona con normalidad en ambas ciudades. El acceso al procedimiento
estaba y sigue estando asegurado a través de las Comisarías y Oficinas de
extranjeros, donde se producen formalizaciones al igual que en el resto
del territorio. Se trata por tanto de una medida adicional, de apoyo a la
estructura ya existente, y derivada del aumento de la presión migratoria,
que busca mejorar la prestación del servicio y reforzar aún más si cabe
el marco de derechos y garantías de los solicitantes y potenciales
solicitantes de protección internacional.
En lo concerniente a los plazos de resolución de los procedimientos de los
expedientes tramitados en Ceuta y Melilla, los mismos se ajustan a los
tiempos y circunstancias que establece la instrucción de cada expediente,
en función de una pluralidad de variables intervinientes, como la
nacionalidad, documentación aportada, y en esencia la dificultad de
recabar la información necesaria para evaluar la existencia de los
indicios suficientes de persecución o daños graves, de cara a resolver la
concesión o denegación, según proceda, el derecho de asilo o la
protección subsidiaria.
Los solicitantes de protección en Ceuta y de Melilla, reciben los
servicios de acogida y prestaciones sociales básicas del Centro de
Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), dependiente del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Esta acogida, también se dispensa a todos los
inmigrantes en general, que se encuentran en el citado centro. Las
solicitudes se tramitan a través del procedimiento general y su
tramitación es igual y en el mismo estándar de garantías, respecto de los
derechos y deberes de los solicitantes, que en el resto del territorio.
Las condiciones de acogida a las que tienen derecho, tienen las mismas
condiciones que todos los solicitantes de protección internacional, en
todo el territorio nacional.
Desde finales de 2012, la Oficina de Asilo y Refugio está haciendo un
especial esfuerzo para elevar a estudio de la Comisión Interministerial
de Asilo y Refugio (CIAR) propuestas de protección internacional sobre
solicitantes sirios, y concediendo protección subsidiaria a todos
aquellos solicitantes que acreditan ser sirios. Este esfuerzo ha
permitido conceder protección internacional a cerca de 1.500 personas de
origen sirio desde el inicio del conflicto hasta la fecha, entre estatuto
de asilo y estatuto de protección subsidiaria.
Madrid, 28 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/066617
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles y Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
En relación con las preguntas formuladas por Sus Señorías, a continuación
se expone una tabla que contiene los datos interesados respecto al número
de funcionarios policiales adscritos a las Unidades de Intervención
Policial que formaron parte de los operativos establecidos; el número de
personas identificadas y las actas de propuestas de sanción por
infracciones a la vigente Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
protección de la Seguridad Ciudadana, con motivo de las
manifestaciones/concentraciones a las que hacen referencia.
Localidad;Efectivos UIP;Identificados;Actas
Madrid;69;18;18
Barcelona;13;0;0
Valencia;41;0;0
Granada;16;0;0
Málaga;13;12;12
Burgos;27;0;0
A Coruña;16;0;0
Zaragoza;53;0;0
Por otra parte, en lo que se refiere a los funcionarios policiales
adscritos a los servicios de información, debe indicarse que aunque
coadyuvan con el desempeño de las funciones que tienen atribuidas a la
protección del orden público y de la seguridad ciudadana, su actividad se
desarrolla en diversas fases. Estas pueden iniciarse con anterioridad a
la celebración de las manifestaciones/concentraciones anticipando
posibles amenazas y determinando, en coordinación con los servicios de
seguridad ciudadana, aquellos lugares e infraestructuras o instalaciones,
que pudieran precisar de un incremento de las medidas de prevención y/o
protección.
Se trata, por tanto, de actuaciones que no llevan aparejado necesariamente
un despliegue material de funcionarios policiales del área de actividad
correspondiente sobre los escenarios objeto de protección.
Madrid, 3 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066623 a 184/066625
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Puig Ferrer, Joaquín Francisco ; Campos Arteseros, Herick Manuel y
Such Botella, Antoni (GS).
Respuesta:
En relación con las preguntas de referencia, a continuación se facilita a
Sus Señorías el importe total recibido por los municipios de las
provincias de Alicante, Castellón y Valencia, entre los años 2004 y 2014,
del «Fondo especial de financiación a favor de los municipios de
población no superior a 20.000 habitantes», destinado a la atención de
transferencias corrientes para municipios que cumplan una serie de
parámetros, establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado, durante los ejercicios en los que hubo esta subvención:
El importe total recibido por los Municipios de la provincia de Alicante
ascendió a 6.260.702,58 euros.
El importe total recibido por los Municipios de la provincia de
Castellón fue de 4.292.785,25 euros.
El importe total recibido por los Municipios de la provincia de Valencia
se elevó a 18.186.748,63 euros.
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066646 y 184/066650
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Hurtado Zurera, Antonio (GS).
Respuesta:
A continuación se desglosa el número de expendedurías en la provincia de
Córdoba en los pasados cuatro años:
Año;N.º
2011;298
2012;296
2013;296
2014;296
El Gobierno no dispone de datos relativos al número de personas que
trabajan en dichas expendedurías.
Madrid, 28 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/066647, 184/068952
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Hurtado Zurera, Antonio (GS).
Respuesta:
Los recursos humanos disponibles de la Guardia Civil en los 52 municipios
de la provincia de Córdoba en los que tiene desplegadas unidades
territoriales, a 31 de diciembre de cada año del periodo 2012/2014, eran
los recogidos en el siguiente cuadro:
Córdoba;Catálogo activos;Catálogo reserva ocupado;Activos;Reserva
ocupado;Alumnos prácticas;Efectivos disponibles
2012;1.218;94;1.149;67;0;1.216
2013;1.219;99;1.125;70;0;1.195
2014;1.218;99;1.109;57;6;1.172
Los efectivos disponibles son la agrupación de las situaciones
administrativas de activo, reserva ocupado y alumno en prácticas.;;;;;;
Por otra parte cabe señalar que, del total de efectivos disponibles, 724
están destinados en unidades de seguridad ciudadana siendo 412 el número
de chalecos disponibles.
Madrid, 26 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066655
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Hurtado Zurera, Antonio (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta formulada sobre los contratos adjudicados por
el Estado a la empresa ATD, Auditores Consultores, se adjunta como anexo
cuadro con la información disponible sobre las entidades del Ministerio
de Economía y Competitividad que si contrataron con dicha empresa desde
el año 1997.
Asimismo, la Dirección General de Comercio Interior fue designada en 2008
como Organismo Intermedio para la certificación de ayudas con retornos
FEDER, en el periodo 2007-2013, en los Programas Operativos de 11
Comunidades Autónomas.
La empresa «ATD Auditores Consultores» fue quien llevó a cabo la revisión
de la ejecución de los fondos FEDER de la UE, conforme a la normativa
europea, en los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013. En concreto, realizó
las verificaciones previstas en el artículo 13 del Reglamento 18/2006
(CE) de los expedientes y ayudas concedidos.
1. Año 2010. Contrato de auditoría sobre los pagos realizados por la
Dirección General de Política Comercial en el año 2008, revisión de 268
expedientes. Importe 44.370,36 euros. Contratación por procedimiento
abierto.
2. Año 2011. Contrato de auditoría sobre los pagos realizados por la
Dirección General de Política Comercial en el año 2009, revisión de 220
expedientes. Importe 34.491,40 euros. Contratación por procedimiento
negociado sin publicidad con varias ofertas.
3. Año 2012. Contrato de auditoría sobre los pagos realizados por la
Dirección General de Comercio Interior en el año 2010. La auditora llevó
a cabo comprobaciones de cumplimiento de normativa comunitaria de fondos
FEDER para los expedientes de Andalucía, Canarias, Extremadura y Galicia,
261 expedientes. Importe 44.528,00 euros. Contratación por procedimiento
negociado sin publicidad con varias ofertas.
4. Año 2013. Contrato de auditoría sobre los pagos realizados por la
Dirección General de Comercio Interior en el año 2011 y la parte del 2010
que no fue cubierta en la anterior auditoría, al haberse procedido a
descertificar pagos correspondientes a 2007 y 2008 que presentaban
deficiencias, revisión de 345 expedientes. Importe 52.462,81 euros.
Contratación por procedimiento negociado sin publicidad con varias
ofertas.
Anexo
Contratos Auditoría Empresa ATD
ENTIDAD;FECHA;CONCEPTO;IMPORTE
COMISIÓN LIQUIDADORA DE ENTIDADES ASEGURADORAS
(C.L.E.A.);16/09/1997;Auditoría de la entidad FIRST EUROPE, SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A., en liquidación;4.099,38
COMISIÓN LIQUIDADORA DE ENTIDADES ASEGURADORAS
(C.L.E.A.);03/10/1997;Auditoría de la entidad FIRST EUROPE, SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A., en liquidación;7.613,14
ENTIDAD;FECHA;CONCEPTO;IMPORTE
COMISIÓN LIQUIDADORA DE ENTIDADES ASEGURADORAS
(C.L.E.A.);23/12/1997;Auditoría de la entidad FONDO ASEGURADOR VIDA,
S.A., en liquidación.;6.633,61
COMISIÓN LIQUIDADORA DE ENTIDADES ASEGURADORAS
(C.L.E.A.);08/06/1998;Auditoría de la entidad MUNDI-SEGUROS, COMPAÑÍA DE
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (MUNDSER), en liquidación;14.187,49
COMISIÓN LIQUIDADORA DE ENTIDADES ASEGURADORAS
(C.L.E.A.);16/06/1988;Auditoría de la entidad UNASYR COMPAÑÍA DE SEGUROS,
S.A., en liquidación;14.222,35
COMISIÓN LIQUIDADORA DE ENTIDADES ASEGURADORAS
(C.L.E.A.);17/03/1999;Auditoría de la entidad MADES FONDO ASEGURADOR,
S.A. DE SEGUROS, en liquidación.;8.151,53
COMISIÓN LIQUIDADORA DE ENTIDADES ASEGURADORAS
(C.L.E.A.);03/05/1999;Realización informe pericial de la entidad FIANZAS
Y CRÉDITO, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., en
liquidación.;10.806,20
COMISIÓN LIQUIDADORA DE ENTIDADES ASEGURADORAS
(C.L.E.A.);13/03/2000;Auditoría de la entidad EUROPA Seguros Diversos,
S.A. en liquidación. (25 %);10.861,98
COMISIÓN LIQUIDADORA DE ENTIDADES ASEGURADORAS
(C.L.E.A.);18/04/2000;Auditoría de la entidad EUROPA Seguros Diversos,
S.A. en liquidación. (50 %);21.723,95
COMISIÓN LIQUIDADORA DE ENTIDADES ASEGURADORAS
(C.L.E.A.);16/05/2000;Auditoría de la entidad EUROPA Seguros Diversos,
S.A. en liquidación. (25 %);10.861,97
COMISIÓN LIQUIDADORA DE ENTIDADES ASEGURADORAS
(C.L.E.A.);14/07/2000;Auditoría de la entidad NÓRDICA DE SEGUROS, S.A. en
liquidación. (40 %);8.975,45
COMISIÓN LIQUIDADORA DE ENTIDADES ASEGURADORAS
(C.L.E.A.);14/07/2000;Auditoría de la entidad NÓRDICA DE SEGUROS, S.A. en
liquidación. (60 %);13.463,13
COMISIÓN LIQUIDADORA DE ENTIDADES ASEGURADORAS
(C.L.E.A.);15/12/2000;Auditoría de la entidad MUTUA SEVILLANA DE TAXIS,
SEGUROS GENERALES A PRIMA FIJA (MUSETAX) en liquidación;2.990,88
COMISIÓN LIQUIDADORA DE ENTIDADES ASEGURADORAS
(C.L.E.A.);12/12/2000;Auditoría de la entidad NÓRDICA DE SEGUROS, S.A. en
liquidación. (Revisión ajustes cartera);17.144,03
COMISIÓN LIQUIDADORA DE ENTIDADES ASEGURADORAS
(C.L.E.A.);19/01/2001;Auditoría de la entidad NÓRDICA DE SEGUROS, S.A. en
liquidación. (Revisión estados financieros);4.183,04
COMISIÓN LIQUIDADORA DE ENTIDADES ASEGURADORAS
(C.L.E.A.);23/04/2001;Auditoría de la entidad MUTUALIDAD GENERAL DE
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES, E.P.S. (MUGECOTPS), en liquidación (25
%);1.472,78
COMISIÓN LIQUIDADORA DE ENTIDADES ASEGURADORAS
(C.L.E.A.);23/04/2001;Auditoría de la entidad MUTUALIDAD GENERAL DE
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES, E.P.S. (MUGECOTPS), en liquidación (75
%);4.418,34
COMISIÓN LIQUIDADORA DE ENTIDADES ASEGURADORAS
(C.L.E.A.);06/011/2002;Auditoría de la entidad NÓRDICA DE SEGUROS, S.A.
en liquidación;12.578,67
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS;22/01/2004;Auditoría de la entidad
NÓRDICA DE SEGUROS, S.A. en liquidación;3.144,67
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS;04/11/2008;Auditoría de la entidad
NÓRDICA DE SEGUROS, S.A. en liquidación.;25.967,46
SE COMERCIO (DG COMERCIO INTERIOR);15/10/2014;Apoyo para la vinculación en
la aplicación de gestión documental de la doc relacionada con las
verificaciones realizadas como organismo intermedio de los programas
FEDER y FSE de las diferentes regiones en el período 2007-2013.;18.972,80
SE COMERCIO (DG COMERCIO INTERIOR);15/10/2014;Apoyo a la organización de
expedientes con la doc elaborada sobre las verificaciones realizadas,
sobre operaciones correspondientes a pagos ejercicio 2009 a diferentes
CCAA, como organismo intermedio programas operativos FEDER y FSE
2007-13;9.292,80
La fecha de los contratos de la SE Comercio se refiere a aprobación de los
mismos. La fecha del resto de los contratos se refiere a cuando fueron
pagados.;;;
Madrid, 29 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/066675, 184/066676, 184/066677, 184/066678
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Franquis Vera, Sebastián (GS).
Respuesta:
En contestación a las preguntas formuladas por Su Señoría se informa que
la comunicación entre la Delegada del Gobierno en Canarias y el Ministro
del Interior es constante y fluida, como no podía ser de otra forma en
función de las obligaciones y responsabilidades que derivan de su cargo.
En este sentido, la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado establece como
competencia de los Delegados del Gobierno, proteger el libre ejercicio de
los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a través
de los Subdelegados del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, cuya jefatura corresponderá al Delegado del Gobierno, quien
ejercerá las competencias del Estado en esta materia bajo la dependencia
funcional del Ministerio del Interior.
Por otra parte, cabe señalar que la Junta Local de Seguridad de Las Palmas
de Gran Canaria se ha reunido en 4 ocasiones durante el año 2014. Los
acuerdos adoptados son de carácter reservado, conforme al artículo 11 del
Real Decreto 1087/10 en el que se aprueba el Reglamento que regula las
Juntas Locales de Seguridad.
La duración de las reuniones de las Juntas Locales de Seguridad es muy
variable, dependiendo de los asuntos a tratar, no siendo posible dar la
duración exacta de cada una de las Juntas celebradas.
Madrid, 3 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066730
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Alegría Continente, María Pilar (GS).
Respuesta:
La evolución de los recursos humanos disponibles de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y Guardia Civil, en el periodo 2012/2014 y en la
Comunidad Autónoma de Aragón, fue la recogida en el siguiente cuadro:
;31/12/2012;31/12/2013;30/11/2014
CNP;;;
Huesca;257;256;249
Teruel;115;119;114
Zaragoza;1.619;1.538;1.488
G. Civil;;;
Huesca;1.050;1.029;1.024
Teruel;676;672;664
Zaragoza;1.418;1.405;1.406
Los recursos humanos disponibles agrupan las situaciones administrativas
de activo, segunda actividad con destino/reserva ocupado y alumnos en
prácticas.;;;
Por otra parte, los efectivos catalogados y el número de efectivos
disponibles de ambos Cuerpos (en activo, en segunda actividad con
destino/reserva ocupado y alumnos en prácticas), en la citada comunidad,
en los años 2013 y 2014, eran los que figuran en los siguientes cuadros:
CNP;31/12/2013;;;;;;30/11/2014;;;;;
;Catálogo activos;Catálogo 2.ª actividad con destino;Activos;Reserva
ocupado;Alumnos prácticas;Efectivos disponibles;Catálogo activos;Catálogo
2.ª actividad con destino;Activos;Reserva ocupado;Alumnos
prácticas;Efectivos disponibles
Huesca;261;;254;2;;256;260;;247;2;;249
Teruel;114;;112;3;4;119;114;;111;3;;114
Zaragoza;1.749;192;1.495;42;1;1.538;1.749;175;1.462;22;4;1.488
Los puestos de trabajo reservados, en el catálogo, a la 2.ª actividad con
destino, están asignados a las Jefaturas Superiores.;;;;;;;;;;;;
Guardia Civil;31/12/2013;;;;;;30/11/2014;;;;;
;Catálogo activos;Catálogo reserva
ocupado;Activos;Reserva ocupado;Alumnos prácticas;Efectivos
disponibles;Catálogo activos;Catálogo reserva ocupado;Activos;Reserva
ocupado;Alumnos prácticas;Efectivos disponibles
Huesca;1.159;25;1.008;13;8;1.029;1.163;28;1.008;9;7;1.024
Teruel;754;15;664;;8;672;753;15;662;;2;664
Zaragoza;1.544;55;1.375;20;10;1.405;1.544;52;1.381;20;5;1.406
Por último, cabe señalar que la incorporación de efectivos del Cuerpo
Nacional de Policía y de la Guardia Civil en las distintas plantillas se
irá produciendo según evolucionen las necesidades de servicio y la
disponibilidad de recursos humanos, de conformidad con los estudios que
se mantienen permanentemente actualizados, en aras a lograr una mejora de
los niveles de seguridad de los ciudadanos.
Madrid, 17 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066786 y 184/066787
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS).
Respuesta:
El Gobierno es consciente de la importancia de los sistemas de contención
de vehículos a la hora de atenuar las consecuencias de los accidentes de
tráfico producidos por salida de la calzada, y en esta dirección ha
venido trabajado en los últimos años.
Por ello, el Ministerio de Fomento ha sido siempre muy sensible a los
accidentes de motociclistas, a pesar de que el tráfico de este colectivo
por la Red de Carreteras del Estado representa menos del 1 % y que la
mayoría de los accidentes de motociclistas (el 80 %) ocurren fuera de la
red del Estado.
El Ministerio de Fomento ya en 1995 estableció la obligatoriedad de
utilización, en todas las nuevas instalaciones o reposiciones de
barreras, de perfiles de sustentación de las barreras tipo «C»,
eliminando los elementos cortantes de los perfiles doble T. En 2001,
incluyó en la normativa la utilización de perfiles de tipo tubular
cerrado en carreteras convencionales para los tramos de nueva
construcción y las reposiciones que se tuvieran que hacer en los tramos
existentes.
Específicamente, como barrera de protección de motociclistas, el
Ministerio de Fomento fue la primera administración en promover su
normalización y su instalación.
En 2004, se estableció la colocación de una barrera por debajo de la
bionda que imposibilitase que los motociclistas pasen por debajo de ella,
evitando además que puedan golpearse con los postes sin resultar agresivo
para el resto de los vehículos. La instalación de dichos elementos se
realiza en los tramos que presentan una mayor peligrosidad para los
motociclistas por tratarse de curvas con radio pequeño o bien en tramos
donde se producen desaceleraciones bruscas. Posteriormente, en 2008, se
revisaron los criterios de 2004 aumentando las zonas donde instalar las
barreras de protección de motociclistas.
En estos momentos hay instalados en la Red de Carreteras del Estado (RCE)
más de 1.850 km de barreras para protección de motociclistas.
Desde 2012 se han instalado en la RCE más de 200 km de este tipo de
barreras, de los que más de 13 km han sido instalados en la Comunidad
Autónoma de Galicia.
El Ministerio de Fomento va a seguir instalando estos sistemas en las
obras nuevas o en la reposición de las barreras de la provincia de A
Coruña e incluirá en su programación de actuaciones la instalación de
barreras de protección de motociclistas en los tramos que lo necesiten.
Además de la instalación de las barreras de protección de motociclistas,
se realizarán actuaciones que consisten en la eliminación de obstáculos,
nivelación y relleno de bermas, despeje de márgenes, relleno de cunetas,
despejes en las salidas y entradas en los ramales de enlaces, eliminación
de terminales tipo cola de pez y adaptación de pasos de mediana, que
también repercuten en la mejora de las condiciones de seguridad de los
motociclistas.
Madrid, 12 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066857
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Pérez Fernández, Rosana y Fernández Davila, M.ª Olaia (GMx).
Respuesta:
El día 23 de diciembre de 2014, sobre las 3,28 h., el servicio Trenhotel
Barcelona-Galicia quedó detenido en Villaquirán, debido a un enganchón
del pantógrafo de su locomotora con la catenaria. Esta incidencia, que
dejó inutilizada la locomotora del Trenhotel y sin tensión la vía 2,
afectó además a la vía 1.
Con el objeto de reestablecer la circulación, se activó la salida de la
locomotora de socorro de la reserva de Miranda, así como de la vagoneta
de electrificación, que partió de Villafría.
Reparada la catenaria y realizadas las operaciones de maniobra necesarias,
el servicio Trenhotel Barcelona-Galicia reanudó la marcha a las 7,50 h.,
traccionado por la locomotora de socorro.
A las 8,56 h., en el trayecto comprendido entre Paredes de Navas y
Villalumbrose, la locomotora de socorro sufrió también un enganchón.
Todo tipo de material tiene establecido un programa de mantenimiento,
basado en diferentes intervenciones, en función de los kilómetros
recorridos y la antigüedad. Estas actuaciones llegan a establecer cambios
de componentes en su totalidad, incluso reformas interiores, para adaptar
los vehículos a las nuevas tecnologías.
Las locomotoras que realizan el servicio Trenhotel Barcelona-Galicia son
de la serie 252, y comenzaron a prestar servicio entre 1993 y 1996.
El tiempo de viaje en los servicios ferroviarios depende de los siguientes
factores:
Características de la infraestructura.
Circulación: tipo y tiempo de paradas (momentáneas, facultativas,
eventuales, deceleración y aceleración por paradas), interacción con
otros trenes (pasos, cruces, distancias), penetración en núcleos de
Cercanías, etc.
Características del vehículo: velocidad máxima, aceleración sin
compensar en curvas, frenado, aceleración, esfuerzo tractor, adherencia,
tensión nominal, potencia, intensidad, sistemas de seguridad a bordo,
etc.
En este caso, el servicio Trenhotel Barcelona-Galicia recorre 1.357,80
kms., realiza 20 paradas y circula por líneas de ancho UIC y
convencional.
Los tiempos de viaje en la relación Barcelona-Galicia se encuentran
ajustados de forma estricta a las condiciones de la infraestructura y
velocidades máximas, que determina el Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF).
El servicio Trenhotel Barcelona-Galicia se inició en el año 2009 y se ha
ido adaptando a la demanda, siendo en este momento adecuado a ésta en lo
que se refiere a las diferentes conexiones en todo su recorrido.
Cuando se produce una incidencia, se activan todas las medidas adecuadas
para garantizar la seguridad, protección, confortabilidad de los viajeros
y resolución de la incidencia.
Los encaminamientos realizados a los viajeros, en función del destino,
fueron los siguientes:
Los clientes con destinos comprendidos entre el lugar donde se produce
la incidencia y Vigo, fueron desplazados en tren hasta Monforte, Ourense
y Vigo.
En Monforte de Lemos se habilitan dos autobuses, uno directo con los
clientes con destino A Coruña y otro con los clientes con destino Sarria,
Lugo y Curtis.
En Monforte de Lemos se entregaron las cartas de disculpa a los clientes.
Con posterioridad se contactó, vía correo electrónico o teléfono, a
aquellos afectados cuyos datos figuraban en los listados de venta.
Renfe lamenta la situación a la que se vieron sometidos los viajeros, pero
las condiciones del territorio y las circunstancias en las que se
produjeron las incidencias, obligaron a actuar de la forma indicada,
realizando aquellas acciones que se consideraron adecuadas para mitigar
los importantes inconvenientes que sufrieron los viajeros.
A los clientes afectados, además de corresponderles el reintegro del 100 %
del importe de sus billetes, se les ha hecho entrega de un billete
promocional de ida y vuelta y, aunque en un principio debía ser utilizado
entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2015, su caducidad ha sido
reconsiderada en aquellas situaciones personales manifestadas.
Madrid, 13 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066922
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Flores, María Carmen (GP).
Respuesta:
En cuadro adjunto se indica el número de inmigrantes que han obtenido el
permiso de residencia en la Comunidad de Madrid. Para poder observar la
evolución se ofrecen los datos correspondientes a las autorizaciones de
residencia resueltas favorablemente desde el año 2011. Los datos están
referidos a fecha actual.
Año;Autorizaciones Resueltas Favorablemente
2011;134.235
2012;145.920
2013;161.493
2014;123.393
[**********página con cuadro**********]
Madrid, 6 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066927
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ibáñez Gimeno, Manuel; Figueres Górriz, María Ascensión y Fabra
Fernández, Andrea (GP).
Respuesta:
En el cuadro adjunto se indica el número de inmigrantes que han obtenido
el permiso de residencia en la provincia de Castellón. Para poder
observar la evolución se ofrecen los datos correspondientes a las
autorizaciones de residencia resueltas favorablemente desde el año 2011.
Los datos están referidos a fecha actual.
Año;Autorizaciones Resueltas Favorablemente
2011;8.497
2012;7.461
2013;5.458
2014;4.841
[**********página con cuadro**********]
Madrid, 6 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066941
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Su Señoría que
la Estadística de Hipotecas (constituciones) elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística recoge, entre otras variables, información sobre
el número y capital de las hipotecas nuevas, desglosando la información
según el tipo de finca hipotecada. Entre las fincas urbanas, se
proporciona información detallada para las hipotecas constituidas sobre
viviendas, pero no se dispone de información sobre el número de hipotecas
con cláusulas suelo.
Madrid, 17 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066942
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Su Señoría que
la Estadística de Hipotecas (constituciones) elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística recoge, entre otras variables, información sobre
el número y capital de las hipotecas nuevas, desglosando la información
según el tipo de finca hipotecada. Entre las fincas urbanas, se
proporciona información detallada para las hipotecas constituidas sobre
viviendas, pero no se dispone de información sobre el número de hipotecas
con cláusulas suelo.
Madrid, 18 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/066966
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
En relación con la pregunta formulada por Su Señoría, se informa que de
conformidad con lo previsto por el primer apartado del artículo 50 de la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, Régimen Electoral General (LOREG),
corresponde a los poderes públicos que en virtud de su competencia legal
hayan convocado un proceso electoral, la realización durante el período
electoral de una campaña de carácter institucional destinada a informar a
los ciudadanos sobre la fecha de la votación, el procedimiento para votar
y los requisitos y trámite del voto por correo. Puesto que los electores
que residen permanentemente en el extranjero no disponen del derecho de
voto en las elecciones locales, no corresponde al Gobierno realizar las
citadas campañas informativas.
La formación del censo electoral, tanto de los españoles residentes en
España como el de los residentes en el extranjero, es permanente y se
realiza de oficio (artículos 32.3 y 34 de la LOREG). Los electores
españoles residentes en el extranjero, por lo tanto, al igual que los
residentes en España, no tienen obligación de inscribirse en el censo
electoral, ya que dicha inscripción corresponde a los Ayuntamientos y a
las Oficinas consulares, conforme a lo dispuesto en los artículos 35 y 36
de la LOREG.
A lo que están obligados es a su empadronamiento, en el caso de los
residentes en España, y a su inscripción en el Registro de Matricula
Consular, en el caso de los que residen en el extranjero. La inscripción
les permitirá renovar su documentación, acreditar que son residentes en
el extranjero y participar en los procesos electorales, así como
solicitar asistencia consular ante situaciones de necesidad.
La obligación de inscripción en el Registro de Matricula Consular se
recoge en artículo 2 del Real Decreto 3425/2000, de 15 de diciembre,
sobre inscripción de los españoles en los Registros de Matrícula de las
Oficinas Consulares en el extranjero. De conformidad con lo previsto por
el artículo 4 de este Real Decreto, la inscripción llevará aparejada su
inscripción en el padrón de españoles residentes en el extranjero (PERE)
y, en el caso de los mayores de edad, en el censo electoral de residentes
ausentes (CERA) de dicha Oficina Consular.
Situación distinta es la de los extranjeros que residen en España con
derecho de sufragio activo, quienes aún inscritos en el padrón
correspondiente, no pasan a formar parte del censo electoral (censo
electoral de extranjeros residentes en España o CERE) hasta que
manifiestan expresamente su voluntad en este sentido. De ahí que se haya
de habilitar una campaña informativa expresa para estos posibles
electores (por el poder público convocante de las elecciones locales
donde pueden participar) recordando las fechas determinadas por la
Oficina del Censo Electoral para dicha manifestación.
La información que se ofrece por los poderes públicos a los electores
inscritos en el CERA es la siguiente:
La información que respecto a todos los procedimientos de votación, y
cualesquiera aspectos de los procesos electorales, se recoge en la web
electoral del Ministerio del Interior: www.infoelectoral.interior.es.
La información se recoge también en la web del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Paginas/ParticipaEnLasElecciones.aspx
La información que de manera específica pueden solicitar estos
ciudadanos ya sea personalmente ante las Oficinas y Secciones Consulares,
como a través de correo electrónico en el buzón de consultas
infoelectoral@interior.es del Ministerio.
Las campañas institucionales que el Ministerio del Interior pone en
marcha en las elecciones al Parlamento Europeo y elecciones a Cortes
Generales (procesos de competencia estatal en los que estos ciudadanos
tienen derecho de sufragio) y que se emiten en los canales
internacionales de los medios de comunicación de titularidad pública.
La comunicación expresa y personalizada que realiza la Oficina del Censo
Electoral, de conformidad con el artículo 75 de la LOREG, remitiendo a
estos electores el modelo de impreso de solicitud para su participación
en el proceso de que se trate.
El artículo 75 fue modificado por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero,
por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General. Como se indica en su exposición de motivos, en
su sesión de 5 de septiembre de 2008, la Comisión Constitucional del
Congreso de los Diputados acordó, a propuesta de todos los Grupos
Parlamentarios, proponer al Pleno de la Cámara la creación de una
Subcomisión para examinar las posibles modificaciones del régimen
electoral general.
El informe de la Subcomisión, aprobado por la Comisión Constitucional con
fecha 30 de junio de 2010, propuso la modificación de diferentes
preceptos de la LOREG atendiendo a las propuestas presentadas por los
Grupos Parlamentarios, así como a los informes presentados por el Consejo
de Estado y la Junta Electoral Central. La reforma finalmente operada fue
el resultado de una iniciativa legislativa parlamentaria.
Respecto a las consideraciones que se formulan en relación con la baja
participación de estos electores en los procesos celebrados desde la
reforma operada por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, debe
subrayarse que el legislador ya disponía de datos de participación de
este electorado en elecciones locales (donde hasta entonces podían
participar siendo el procedimiento también un procedimiento a instancia
de parte y, por lo tanto, con solicitud previa), pese a lo cual introdujo
la solicitud para todo tipo de procesos.
Asimismo, debe subrayarse que el fomento de la participación está
absolutamente prohibido para el poder público convocante, no así para las
formaciones políticas que concurren a las elecciones, a quienes sí
corresponde movilizar al electorado en el periodo de campaña electoral.
Madrid, 28 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/067032
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS).
Respuesta:
En relación con el asunto interesado se informa que el Gobierno ha dado el
visto bueno al Proyecto presentado por el Concesionario para corregir los
efectos provocados por la ampliación del Puerto de Sanxenxo en las playas
de su entorno, sobre todo en las de Lavapanos y Carabuxeira. Es
obligación del concesionario de la instalación náutica la ejecución de
las obras correspondientes a las que se comprometió y para las que
depositó un aval que respondiese a las compensaciones necesarias por los
previsibles efectos de la ampliación del Puerto en las playas.
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067034
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS).
Respuesta:
En contestación a la pregunta formulada se señala que la capacidad
operativa en el mar como consecuencia de las bajas médicas existentes en
la plantilla de la Guardia Civil del Mar en la provincia de Pontevedra,
no se ha visto seriamente afectada ya que, con la adaptación de los
servicios al objeto de minimizar la repercusión de las citadas bajas,
únicamente se han reducido determinados servicios en tierra.
Por otra parte, cabe recordar que en el año 2011, en la anterior
legislatura, se produjeron 16 bajas por enfermedad, mientras que en el
año 2012, se produjeron únicamente 2 y en 2013 fueron 6; por lo que, en
todo caso, la anómala situación del 2011 parece estar remitiendo.
Madrid, 13 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067079 y 184/067084
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sánchez Amor, José Ignacio (GS).
Respuesta:
El Consejo de Ministros no publica en sus referencias ni en el Boletín
Oficial del Estado las decisiones en materia de extradición bajo la
consideración de que, al remitirse a la autoridad judicial, dichas
decisiones abandonan el ámbito del poder ejecutivo y pasan a formar parte
de un sumario judicial.
Madrid, 2 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067080 y 184/067081, 184/067082 y 184/067083, 184/067085 y 184/067086
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sánchez Amor, José Ignacio (GS).
Respuesta:
En relación con la situación del expediente de protección internacional de
Alexandre Pavlov, se señala que el 17 de julio de 2014 la Audiencia
Nacional dictó sentencia declarando nula la resolución de 11 de junio de
2013, dictada por el Ministerio del Interior, por la cual se denegaba el
derecho de protección internacional a Alexander Pavlov.
Con respecto a dicha sentencia, Alexander Pavlov ha formulado recurso de
casación con fecha 7 de agosto de 2014. En este momento se está a la
espera de pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo al respecto del
mencionado recurso.
Madrid, 2 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067120
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles (GS).
Respuesta:
El 16 de julio de 2014 el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer, órgano que supervisa la aplicación de la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer por los Estados parte en la misma, emitió un dictamen relativo a la
comunicación que le había sido presentada en nombre de D.ª Ángela
González Carreño en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención. En
efecto, España, de manera coherente con su compromiso con el sistema
multilateral de defensa y promoción de los derechos humanos, al ratificar
el mencionado Protocolo Facultativo, aceptó la competencia del Comité
para conocer las quejas individuales dirigidas contra España.
En su dictamen, el Comité formula una serie de recomendaciones referidas
en particular a tres aspectos:
La toma en consideración de los antecedentes de violencia doméstica en
el momento de estipular los derechos de custodia y visita de los hijos y,
en este contexto, la importancia fundamental del interés superior del
niño y el derecho del niño a ser escuchado.
El ejercicio por parte de las autoridades competentes de la debida
diligencia para responder a situaciones de violencia doméstica.
La formación de jueces y personal administrativo en materia de violencia
doméstica y estereotipos de género, así como con respecto a la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
El Comité solicita a España que, en el plazo de seis meses, presente una
respuesta por escrito, incluyendo información sobre cualquier medida que
haya adoptado en relación con las opiniones y recomendaciones recogidas
en su dictamen. Ese plazo de seis meses, a partir de la fecha de
transmisión del dictamen al Estado, concluyó el pasado 23 de enero.
Dentro del plazo señalado, España remitió al Comité su respuesta. Dicha
respuesta incluye información completa y detallada sobre las medidas
adoptadas en cada uno de los ámbitos señalados con posterioridad al
momento en el que se produjeron los hechos que han dado lugar al dictamen
(abril de 2003), así como sobre aquéllas otras medidas previstas y en
fase de desarrollo, todas ellas destinadas a evitar que se repitan
situaciones como la vivida por la Sra. González Carreño y, en último
término, a asegurar la realización práctica del principio de no
discriminación e igualdad sustantiva que la violencia contra la mujer, al
menoscabar o anular el goce de sus derechos y libertades fundamentales,
daña irremediablemente.
Dado el tiempo transcurrido desde la fecha en la que tuvieron lugar los
hechos examinados por el Comité más de diez años cierto número de
medidas adecuadas para dar cumplimiento a sus recomendaciones habían sido
ya adoptadas por las autoridades españolas y de ellas se informa en la
respuesta que se ha hecho llegar al Comité. Además, la misma incluye una
detallada descripción de las medidas en desarrollo, que incluyen
proyectos normativos actualmente en tramitación y también otras
iniciativas que persiguen reforzar el marco normativo vigente y mejorar
la respuesta institucional ante la violencia de género. Entre las
actuaciones en desarrollo sobre las que se informa al Comité cabe
mencionar las siguientes:
Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental
y otras medidas en los casos de nulidad, separación y divorcio.
Proyecto de Ley del Estatuto de la Víctima del Delito.
Anteproyecto de Ley Orgánica complementaria al anteproyecto de Ley de
Protección a la Infancia.
Proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita.
Revisión del protocolo relativo al sistema de valoración policial del
riesgo.
Propuesta para la mejora de la coordinación institucional y la puesta en
marcha de un plan personalizado de atención a las víctimas de violencia
de género, aprobada por la Conferencia Sectorial de Igualdad.
Evaluación de la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, promovida por la Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género una vez transcurridos diez años desde la aprobación de la Ley.
Por último, conviene señalar que, de acuerdo con lo solicitado por el
Comité, se ha dado traslado del texto íntegro del dictamen a las
instituciones españolas implicadas en la protección de los derechos
humanos
para su debido conocimiento. Así, el dictamen ha sido remitido al Tribunal
Constitucional, al Tribunal Supremo, a la Audiencia Nacional, a los
Tribunales Superiores de Justicia de todas las Comunidades Autónomas y a
las Fiscalías. Además, para garantizar un conocimiento general del mismo,
el dictamen ha sido publicado en el Boletín Oficial del Ministerio de
Justicia con fecha de 17 de diciembre de 2014.
Madrid, 12 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067137
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Jiménez García-Herrera, Trinidad (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federativa de
Brasil transmitió a las Misiones Diplomáticas acreditadas ante el
Gobierno brasileño invitación genérica a los Jefes de Estado y de
Gobierno de los «países amigos» a participar en la ceremonia de toma de
posesión de la Presidenta Rousseff, mediante Nota Verbal fechada el 20 de
noviembre de 2014. En caso de que éstos no pudieran asistir a la
ceremonia, las autoridades brasileñas limitaban su representación a:
Vicepresidente del Estado o del Gobierno, Ministro de Relaciones
Exteriores o Jefe de Misión Diplomática acreditado ante el Gobierno
brasileño. En el momento de la invitación, ninguno de los altos cargos
mencionados, a excepción del Embajador, disponían ya de hueco en su
agenda. Las fechas no fueron reservadas con antelación ya que no había
seguridad ni existía confirmación por parte brasileña de que se fuera a
organizar una ceremonia con invitación a altos dignatarios extranjeros.
En el caso de la reelección del expresidente Luiz Inácio «Lula» Da Silva
antecedente más cercano, por ejemplo, no hubo ceremonia de toma de
posesión de esta clase.
España mantiene una excelente relación con Brasil en todos los ámbitos. El
Gobierno ha reiterado en diversas ocasiones que la intensificación de las
relaciones con Brasil constituye una de las prioridades de la política
exterior española. Dichas relaciones se enmarcan en el Plan de Asociación
Estratégica, firmado en 2003, renovado por la Declaración de Brasilia de
2005 y por la Declaración de Madrid hecha pública con ocasión de la
visita de la Presidenta Rousseff a España en noviembre de 2012. Más
recientemente, en marzo de 2014, realizó una visita de trabajo a España
el entonces Canciller brasileño Luiz Alberto Figueiredo, y SM el Rey
Felipe VI, viajó, como Príncipe de Asturias, a Sao Paulo ese mismo mes.
El Gobierno apoya igualmente a las empresas españolas en su apuesta por el
mercado brasileño. España es el segundo mayor inversor extranjero en
Brasil, después de Estados Unidos, y Brasil es el principal destino de la
inversión española en Latinoamérica y el segundo en el mundo; en 2013
Brasil fue además el principal cliente en Latinoamérica para nuestras
exportaciones.
Madrid, 21 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/067139
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Pérez Fernández, Rosana (GMx).
Respuesta:
En relación con las cuestiones planteadas por Su Señoría, se informa que
con ocasión de la actividad institucional desarrollada por el Presidente
del Gobierno y la Canciller Alemana en Santiago de Compostela, el Cuerpo
Nacional de Policía diseñó y ejecutó el dispositivo más apropiado
destinado a garantizar la seguridad de dichas autoridades y sus
delegaciones.
El dispositivo de seguridad incluyó, entre otras medidas, controles en los
accesos a la Plaza del Obradoiro, sin impedir, en ningún momento, la
libre circulación de personas por la citada plaza.
En la mañana del día en cuestión, se produjo una reunión no comunicada,
infringiendo así los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica 9/1983, que
regula el ejercicio del Derecho de reunión. En un momento dado, los
concentrados iniciaron la marcha e intentaron acceder a la Plaza del
Obradoiro en masa, lo que fue impedido por el dispositivo policial
establecido para el control de los accesos a dicha plaza.
Cuando los efectivos informaron a los manifestantes de la imposibilidad de
acceder a la plaza, un grupo de manifestantes intentó superar el cordón
policial por la fuerza, haciendo uso de la violencia contra los
funcionarios y desoyendo las indicaciones de los agentes de no interferir
en el perímetro de seguridad.
Por todo ello, fueron detenidas tres personas que dirigían y animaban a
los manifestantes, y que hacían de interlocutores con la Fuerza actuante,
razón por la cual se les atribuyó el carácter de presuntos organizadores
o promotores. Todo esto motivó una propuesta de sanción ante la
Subdelegación de Gobierno en A Coruña en base a lo dispuesto en los
artículos 23 y 26 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana.
En lo que respecta a la sustracción del arma reglamentaria a uno de los
policías actuantes por parte de un sujeto que formaba parte de la
manifestación, éste no pudo ser identificado y detenido «in situ», debido
al gran número de personas y a que, la prioridad, una vez recuperada el
arma, era contener a la masa que intentaba superar el cordón policial.
Por estos hechos se tramitó atestado policial, de 25 de agosto, del que es
competente el Juzgado de Instrucción número dos de Santiago de Compostela
en Diligencias Previas. Con posterioridad, a través de investigaciones
llevadas a cabo se identificó al presunto autor de la sustracción del
arma tramitándose un atestado policial ampliatorio.
Por otro lado, en lo que respecta al agente herido con un objeto punzante,
éste se encontraba de servicio en el despliegue policial llevado a
efecto, en contacto directo con los manifestantes. En un momento
determinado notó un «pinchazo» en el antebrazo derecho pero siguió
apoyando a sus compañeros a fin de evitar que los manifestantes rebasaran
el cordón policial. Fue con posterioridad, cuando un periodista allí
presente le indicó que sangraba abundantemente, cuando se percató de la
herida que sufría, siendo asistido en un Centro Médico donde le fue
expedido el correspondiente parte facultativo que, asimismo, fue remitido
a la Autoridad Judicial.
Si bien hasta la fecha no se ha podido identificar al autor de la herida,
sí se puede asegurar que la agresión partió de alguien que participaba en
el intento de sobrepasar el cordón policial.
Madrid, 4 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067150
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Davila, M.ª Olaia (GMx).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia, cabe recordar a Su Señoría que
la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de
marzo, y otras normas tributarias, incluye una Disposición adicional
única referente a la regularización de pensiones procedentes del
exterior. Esta Disposición gira en torno a dos ejes:
La apertura de un período de regularización extraordinaria de pensiones
procedentes del exterior, sin exigencia de recargos, intereses ni
sanciones.
La condonación de los recargos, intereses y sanciones derivados de la
regularización de la situación tributaria de los contribuyentes que hayan
obtenido pensiones procedentes del exterior.
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067160, 184/067165
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Luena López, César (GS).
Respuesta:
A continuación se detalla la información por la que se interesa Su Señoría
en términos de Obligaciones Reconocidas y según los datos disponibles en
la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente:
Pregunta;Proyecto;Descripción;Crédito inicial;Obligaciones
reconocidas;;Porcentaje
173640;2006230050039;Presa de Terroba;2.400,04;Junio;1.349,00;56,02
;;;;Diciembre;4.204,30;175,2
173645;1991170060002;Presa Enciso-Cidacos;25.008,44;Junio;136,56;0,50
;;;;Diciembre;15.855,56;63,4
Importes en miles de .;;;;;;
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067169
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Anchuelo Crego, Álvaro (GUPyD).
Respuesta:
De conformidad con la normativa sobre regulación de empleo en vigor, el
papel de la Autoridad Laboral en los procedimientos a los que alude Su
Señoría se centra en comprobar que la comunicación de regulación de
empleo reúna los requisitos exigidos, advirtiendo, en caso contrario,
para su subsanación por el empresario; comunicar la iniciación y
finalización del expediente a la entidad gestora de la prestación por
desempleo y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; y velar por la
efectividad del periodo de consultas, pudiendo llevar a cabo, a petición
conjunta de las partes, aquellas actuaciones de asistencia y mediación
que resulten convenientes con el fin de buscar soluciones a los problemas
planteados por el despido colectivo.
Por último, cabe recordar que la ejecución de sentencias en el ámbito
laboral encuentra su regulación específica en los artículos 237 y
siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, de la Jurisdicción
Social, por lo que es en dicho ámbito donde cualquier posible
incumplimiento o irregularidad al respecto debe ser reclamado.
Finalmente, cabe añadir que se ha hecho público el reciente acuerdo
conseguido por las partes en la reunión mantenida en la Audiencia
Nacional, a petición del presidente de la sala de lo social, en relación
con el pago a los 351 trabajadores afectados por la nulidad del
Expediente de Regulación de Empleo, de los salarios de sustentación y la
no devolución de las indemnizaciones recibidas, hasta el fallo del
recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo.
Madrid, 23 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/067178
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sixto Iglesias, Ricardo (GIP).
Respuesta:
La pregunta se circunscribe a la situación de crisis empresarial de la
planta que la multinacional BOSAL, S.A. tiene en Puerto de Sagunto
(Valencia). Dadas las competencias transferidas a la Generalitat
Valenciana en materia de expedientes de regulación de empleo, operada en
virtud del Real Decreto 262/1985, de 7 de marzo, cuando un despido
colectivo afecta sólo a trabajadores de un centro de trabajo situado en
esa Comunidad Autónoma, corresponde a la Autoridad laboral de la misma la
tramitación de dicho expediente. En el escrito objeto de informe sólo se
hace referencia al centro de Sagunto, no habiéndose presentado en la
Dirección General de Empleo del MEYSS ninguna comunicación de despido
colectivo por parte de la citada compañía.
Por otra parte, el 9 de enero fue emitido el Auto por el que se declaraba
el estado de concurso necesario de la entidad por el Juzgado de lo
Mercantil n.º 3 de Valencia, motivo por el cual y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal,
cualquier medida de regulación de empleo derivada de dicho procedimiento
ha de tramitarse por dicho juzgado.
Madrid, 3 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067183
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Gorriarán, Carlos (GUPyD).
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente evaluó los
proyectos de extracción y almacenamiento de gas natural en Doñana, con el
único criterio de garantizar la máxima protección del medio natural, la
biodiversidad, y la conservación y uso sostenible de los recursos
naturales del Parque Natural de Doñana.
Tal y como exige la legislación, el promotor recogió y analizó en su
estudio de impacto ambiental los efectos acumulativos, no sólo de los
proyectos de gas sino de aquellos previstos realizar en la zona de
influencia, con independencia de su tipología.
Los proyectos se han evaluado de conformidad con la Ley de Evaluación
Ambiental y la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Estas
leyes exigen una adecuada evaluación de las repercusiones de los
proyectos en el lugar Red Natura 2000. El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente tomó como base el estudio específico de
potencial afección a hábitats comunitarios y especies amenazadas, el cual
fue calificado con base en lo dispuesto en la Directiva Hábitat, como
adecuado por la Junta de Andalucía; y fue informado finalmente por el
citado Ministerio en el sentido de que no se producirán afecciones
significativas sobre los elementos de interés de la Red Natura 2000.
Finalmente, cabe señalar que la Comisión Europea ya se ha posicionado con
el cierre de la investigación que habría sido abierta para conocer las
medidas adoptadas por las autoridades españolas competentes, para aplicar
el Derecho de Medio ambiente de la Unión Europea en relación con estos
proyectos.
Madrid, 6 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067196
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Centella Gómez, José Luis (GIP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que el Ministerio de
Defensa está al tanto de la situación de los servicios de limpieza, tanto
en la Base Naval de Rota, Cádiz, como en el resto de instalaciones, que
fueron adjudicados a CLEANET EMPRESARIAL, S.L.
El Ministerio de Defensa ha abonado todas las facturas de los servicios
prestados de conformidad con la normativa vigente.
El contratista no ha solicitado revisión de precios, cuyo procedimiento es
el establecido en Pliego de Cláusulas Administrativas del expediente.
El Ministerio de Defensa ha instado en todo momento al contratista para
que cumpla con sus obligaciones contractuales. El plan de actuación que
éste presentó el 4 de noviembre de 2014 no ha sido cumplido. El deterioro
progresivo de la situación desde entonces ha provocado la tramitación de
un expediente de resolución del acuerdo marco en los lotes adjudicados a
este contratista, así como el inicio de trámites para un nuevo concurso
para la concesión de los servicios de limpieza.
El Gobierno, en relación a ese concurso, ya ha anunciado que la empresa
que resulte adjudicataria del nuevo contrato deberá subrogar a los
trabajadores de Cleanet y, en consecuencia, asumir la protección más
urgente de sus derechos.
Madrid, 12 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067209
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Oramas González-Moro, Ana María (GMx).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica nuevamente a Su
Señoría que la actuación de la Armada tuvo como objetivo controlar el
cumplimiento de la zona de exclusión establecida por el Ministerio de
Fomento para garantizar la seguridad en la navegación y permitir labores
de prospección.
En cuanto a los costes del dispositivo, (del que forman parte el Buque de
Acción Marítima (BAM) Relámpago y las estaciones de Control Marítimo
habituales en tierra) se señala que están incluidos en el presupuesto de
operaciones habituales de la Armada en cuanto a Control de Vigilancia
Marítima en los espacios de soberanía, no siendo posible su disgregación
con respecto del presupuesto anual. En ningún caso han supuesto un
sobrecoste para el erario público.
Madrid, 23 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/067217
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Puig Ferrer, Joaquín Francisco (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Su Señoría que
el actual Sistema de Financiación se encuentra recogido en la Ley
22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con
Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.
Este Sistema de Financiación, que fue acordado por todas las Comunidades
Autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y
ratificado posteriormente por las mismas en Comisión Mixta, se sustenta
en unos criterios objetivos y define una serie de reglas, magnitudes y
variables que son utilizadas para determinar los recursos que cada
Comunidad Autónoma va a percibir a través del Modelo.
Cabe destacar que en cada ejercicio en el que ha estado vigente este
Sistema de Financiación, la Comunidad Valenciana ha recibido, al igual
que el resto de Comunidades Autónomas, los recursos proporcionados por el
Modelo que la Ley reguladora del mismo establecía que debía percibir.
No obstante, en ocasiones, otras preguntas presentadas con anterioridad
han considerado la existencia de un déficit de financiación al comparar
la financiación per cápita que han percibido respecto de la financiación
per cápita media de las Comunidades Autónomas.
En el caso de que la pregunta de Su Señoría estuviera referida a dicha
interpretación, cabe mencionar nuevamente lo dispuesto en la Ley 22/2009,
de 18 de diciembre, pues entre las magnitudes que establece la Ley se
encuentra la financiación homogénea por habitante ajustado. En los
términos en que se define esta magnitud en dicha Ley, todas las
Comunidades Autónomas alcanzan la media de financiación per cápita tanto
en 2010 como en 2011 y 2012, que son los últimos años para los que se
dispone de los datos definitivos.
Cabe señalar que como consecuencia del análisis de la aplicación del
Sistema actual y de la valoración de sus aspectos estructurales, el
Gobierno estudiará los efectos que ha producido su aplicación para que
puedan ser tenidos en consideración en la revisión del Sistema.
Por último, el Gobierno se remite a lo informado a Su Señoría por el
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, con motivo de la
pregunta oral ante el Pleno del Congreso de los Diputados, n.º de
expediente 180/001208, publicada en el Diario de Sesiones del Congreso
n.º 260, de 18 de febrero de 2015, páginas 14 y 15.
Madrid, 19 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067290, 184/067297, 184/067304, 184/067332
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campos Arteseros, Herick Manuel; Puig Ferrer, Joaquín Francisco y
Ros Martínez, Susana (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada se indica que las partidas
presupuestarias recogidas en el anexo de inversiones de los Presupuestos
Generales del Estado de 2014 pueden consultarse en la siguiente
dirección:
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/Presup/PGE2014Ley/MaestroDocumentos/PGE-ROM/doc/2/3/1/1/2/2/11/N_14_E_V_2_O_1_201_1_2_117_1_138_1.PD
Madrid, 19 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067293
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Puig Ferrer, Joaquín Francisco; Ros Martínez, Susana y Campos
Arteseros, Herick Manuel (GS).
Respuesta:
Las obligaciones reconocidas hasta el 30 de noviembre de 2014, con cargo
al proyecto de inversión 2005 1738 3543, «Duplicación Variante de
Castellón», de los Presupuestos Generales del Estado, han ascendido a
895.984,97 euros.
Madrid, 19 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067320
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ros Martínez, Susana; Campos Arteseros, Herick Manuel y Puig
Ferrer, Joaquín Francisco (GS).
Respuesta:
Las obligaciones reconocidas hasta el 30 de junio de 2014, con cargo al
proyecto de inversión 2000 1738 0121, Autovía A-7, tramo: «La Jara-El
Perelló», de los Presupuestos Generales del Estado, han ascendido a
1.975.980,55 euros.
Madrid, 19 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067321
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ros Martínez, Susana; Campos Arteseros, Herick Manuel y Puig
Ferrer, Joaquín Francisco (GS).
Respuesta:
Las obligaciones reconocidas hasta el 30 de noviembre de 2014, con cargo
al proyecto de inversión 2000 1738 0121, Autovía A-7, tramo: «La Jara-El
Perelló», de los Presupuestos Generales del Estado, han ascendido a
1.975.980,55 euros.
Madrid, 19 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067322
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campos Arteseros, Herick Manuel; Ros Martínez, Susana y Puig
Ferrer, Joaquín Francisco (GS).
Respuesta:
Las obligaciones reconocidas hasta el 31 de diciembre de 2014, con cargo
al proyecto de inversión 2000 1738 0121, Autovía A-7, tramo: «La Jara-El
Perelló», de los Presupuestos Generales del Estado, han ascendido a
2.108.776,95 euros.
Madrid, 19 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067344
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Puig Ferrer, Joaquín Francisco; Campos Arteseros, Herick Manuel y
Ros Martínez, Susana (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada se indica que las partidas
presupuestarias recogidas en el anexo de inversiones de los Presupuestos
Generales del Estado de 2015 pueden consultarse en la siguiente
dirección:
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/Presup/PGE2014Ley/MaestroDocumentos/PGE-ROM/doc/2/3/1/1/2/2/11/N_14_E_V_2_O_1_201_1_2_117_1_138_1.PDF
Madrid, 19 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067349
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campos Arteseros, Herick Manuel; Ros Martínez, Susana y Puig
Ferrer, Joaquín Francisco (GS).
Respuesta:
Las obligaciones reconocidas a 30 de noviembre de 2014, con cargo al
proyecto de inversión 1997 1738 3045, carretera N-232, tramo: «Masía de
la Torreta-Morella (Sur)», han ascendido a 190.481,40 euros.
Madrid, 19 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067350
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Puig Ferrer, Joaquín Francisco; Ros Martínez, Susana y Campos
Arteseros, Herick Manuel (GS).
Respuesta:
Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2014, con cargo al
proyecto de inversión 1997 1738 03045, carretera N-232, tramo: «Masía de
la Torreta-Morella (Sur)», han ascendido a 190.481,40 euros.
Madrid, 19 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067352
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Puig Ferrer, Joaquín Francisco; Ros Martínez, Susana y Campos
Arteseros, Herick Manuel (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada se indica que las previsiones
del Gobierno son las reflejadas en los Presupuestos Generales del Estado.
Madrid, 19 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067362
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campos Arteseros, Herick Manuel; Ros Martínez, Susana y Puig
Ferrer, Joaquín Francisco (GS).
Respuesta:
Las obligaciones reconocidas hasta el 30 de junio de 2014, con cargo al
proyecto de inversión 1997 1738 3045, carretera N-232, tramo: «Barranco
de la Bota-Masia de la Torreta», de los Presupuestos Generales del
Estado, han ascendido a 475.463,95 euros.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067366
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Puig Ferrer, Joaquín Francisco; Ros Martínez, Susana y Campos
Arteseros, Herick Manuel (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada se indica que las previsiones
del Gobierno son las reflejadas en los Presupuestos Generales del Estado.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067388 a 184/067394
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ros Martínez, Susana; Puig Ferrer, Joaquín Francisco y Campos
Arteseros, Herick Manuel (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada sobre el proyecto de la nueva
sede del Archivo Histórico Provincial de Castellón, se indica lo
siguiente:
Los Presupuestos Generales del Estado para la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte recogían
una dotación en 2014 de 210.000 euros. Las dotaciones que aparecen en el
Anexo de inversiones tiene carácter estimativo, de manera que las cifras
de inversión pueden resultar superiores o inferiores en función de la
marcha de cada uno de los proyectos que acompañan las actuaciones
correspondientes, circunstancia que consecuentemente afecta a la
inversión que se planifica para los ejercicios futuros.
Del crédito consignado para 2014 se reconocieron obligaciones por un total
de 59.810,95 euros, con objeto de acometer las obras para incorporar
medidas de seguridad, antivandalismo, desescombro y limpieza del edificio
para la futura sede. Asimismo, se ha iniciado la contratación del
proyecto básico. A fecha de 30 de junio de 2014, esta cantidad se
encontraba en fase de crédito dispuesto y autorizado y el 30 de noviembre
en fase de obligación reconocida, por lo que, en términos contables, el
grado de ejecución era del 28,48 %, coincidente con el fin del ejercicio.
En el Anexo de inversiones reales y programación plurianual de los
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de 2015, relativo a
todos los organismos autónomos de la Administración General del Estado,
se recoge para la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte un crédito, en términos
estimativos, de 100.000 euros para el Archivo Histórico Provincial de
Castellón. El objetivo es que a lo largo de 2015 se realice un estudio
patológico del edificio y análisis de cargas así como la aprobación del
proyecto básico para contratar el proyecto de ejecución, procediéndose a
la licitación de la obra en 2016. Por ello, en el Anexo de inversiones de
2015 se realiza una proyección presupuestaria de carácter plurianual
donde se contemplan las cuantías estimadas de 400.000 euros, 2.500.000
euros y 2.500.000 euros para los ejercicios de 2016, 2017 y 2018,
respectivamente.
Madrid, 13 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067395 a 184/067422
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campos Arteseros, Herick Manuel; Ros Martínez, Susana y Puig
Ferrer, Joaquín Francisco (GS).
Respuesta:
En el siguiente cuadro se facilita la información que solicitan Sus
Señorías en sus preguntas:
Proyecto;PGE 2014;Modificación PGE 2014 (S/N);Ejecución PGE 2014;;;PGE
2015;Finalización prevista ***
;;;30/6/2014;30/11/2014;31/12/2014;;
Regresión en la costa de Castellón;300,00;*;0;0;4,26;700,00;Con dotación
presupuestaria hasta el año 2018
Protección y recuperación de sistemas litorales en
Castellón;150,00;*;0;0;0;50;
Dotaciones para el acceso y uso público de la costa en
Castellón;50,00;*;0;0;0;50;
Estabilización y mejor del uso público de la costa en la provincia de
Castellón;150,00;*;86,86;120,00;120,00;**;
* No existen expedientes de modificación de crédito relacionados con estos
proyectos.
(**) No tiene dotación presupuestaria en el Anexo de Inversiones del
ejercicio 2015.
*** Según anexo de inversiones reales y programación plurianual de los
Presupuestos Generales del Estado para 2015.
Importes en miles de euros.;;;;;;;
Madrid, 19 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067438
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que las inversiones
realizadas hasta la fecha por AENA, S.A. han dotado a los aeropuertos de
la red de unas infraestructuras necesarias y adecuadas con capacidad
suficiente para atender el desarrollo del tráfico aéreo, con unos
elevados niveles de seguridad y calidad en sus instalaciones y servicios.
Cada uno de los aeropuertos de la red de AENA, S.A. cuenta con un Plan
Director, que en el caso de infraestructuras compartidas con las Fuerzas
Armadas se denomina Estudio de Planeamiento. Los Planes Directores
describen con detalle el contexto geográfico y económico del aeropuerto,
su estado del tráfico actual y su evolución prevista durante un horizonte
temporal máximo de quince años que seguidamente se compara con la
capacidad actual a fin de determinar las inversiones necesarias. El Plan
Director es un documento estratégico que marca las directrices de
desarrollo de un aeropuerto, condicionadas al alcance de unos
determinados horizontes de demanda.
Concretamente, las inversiones aeroportuarias llevadas a cabo por AENA,
S.A. en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas se han realizado para
satisfacer la demanda esperada de tráfico, y son conformes al desarrollo
previsto en su Plan Director aprobado en 1999.
Es necesario resaltar el cambio de tendencia experimentado en 2014 en el
que se registra un notable crecimiento del tráfico en este último
ejercicio, cerrando éste con incrementos porcentuales que no se producían
desde 2007. Por tanto, las actuales instalaciones aeroportuarias,
resultantes de las inversiones realizadas en el periodo 2012-2013, son
las adecuadas para atender el desarrollo del tráfico aéreo, y más
teniendo en cuenta las previsiones de crecimiento de tráfico en los
próximos años del Aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas.
Las inversiones ejecutadas respondieron a un procedimiento de
planificación riguroso, que a su vez estaba sustentado en las
proyecciones de demanda que mostraban un crecimiento del tráfico.
En este sentido, la evolución del tráfico aéreo en España experimentó
crecimientos anuales de entre el 6 % y el 9 % de 1995 a 2007, pasando
AENA, S.A. de atender 95 a 200 millones de pasajeros en dicho período.
Esta fase de gran crecimiento coincidió en líneas generales con el
período durante el que se planificaron la práctica totalidad de las
inversiones objeto de revisión por el Tribunal de Cuentas de la Unión
Europea, y con el período durante el que se ejecutaron la mayoría de
ellas. Cabe destacar el caso concreto del Aeropuerto de Madrid-Barajas,
que se encontraba altamente saturado en las fechas en las que se
acometieron las ampliaciones.
A partir de 2007, la crisis afectó negativamente al tráfico de pasajeros
nacionales e internacionales, alterando sustancialmente la situación
descrita anteriormente, al acumular descensos anuales medios del 2 % en
el período 2007-2013.
Esta situación, no prevista ni por AENA ni por los principales organismos
internacionales (como Eurocontrol, el Consejo Internacional de
Aeropuertos-ACI o la Asociación Internacional de Transporte Aéreo-IATA),
conllevó forzosamente el incumplimiento de las previsiones de tráfico
realizadas anteriormente, y ocasionó que las infraestructuras,
construidas para asimilar los crecimientos esperados, resultaran en
algunos casos infrautilizadas en el período objeto de auditoría por el
Tribunal.
Las inversiones realizadas pueden considerarse eficaces, ya que se ha
incrementado la capacidad de los aeropuertos y se les ha dotado del
potencial para absorber el tráfico futuro previsto.
Por último, hay que señalar que la inversión en el sector aéreo, y más
concretamente en las instalaciones aeroportuarias, no puede valorarse
únicamente bajo una perspectiva estrictamente económica, debiendo tenerse
en consideración otros factores de máxima importancia para las ciudades y
regiones que han recibido fondos europeos, como pueden ser, la cohesión y
la conectividad territorial, así como la obligación de garantizar la
movilidad de los habitantes de los todos territorios del Estado Español.
Madrid, 4 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067471
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campuzano i Canadés, Carles (GCiU).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala que
nuestro ordenamiento jurídico se basa en un expreso reconocimiento de la
igualdad y no discriminación, al declarar solemnemente el artículo 14 de
la Constitución, que «Los españoles son iguales ante la ley, sin que
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social».
Ahora bien, respecto a la circunstancia concreta de la «obesidad severa» y
a la pregunta de si es o no causa de discriminación laboral y, en su
caso, si el Gobierno tiene intención de incluirla como tal, resulta
necesario remitirse a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia
Europeo de 18 de diciembre de 2014, que muy probablemente sea la que haya
motivado la pregunta de Su Señoría.
Según declara el Tribunal Europeo, ninguna disposición del Derecho de la
Unión consagra, como tal, un principio general de no discriminación por
razón de obesidad en el ámbito del empleo y la ocupación, no pudiéndose
ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/78/CE del Consejo de
27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general
para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, por analogía a
otros tipos de discriminación además de las basadas en los motivos
enumerados
con carácter exhaustivo en el artículo 1 de la propia Directiva: religión
o convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual (sentencias TJUE
Chacón Navas y Coleman).
Ahora bien, teniendo en cuenta el concepto de discapacidad recogido en la
Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con
discapacidad, ratificada por la Unión por Decisión 2010/48/CE del
Consejo, de 26 de noviembre de 2009, el Tribunal de Justicia ha estimado
que, a efectos de la Directiva 2000/78, el concepto de «discapacidad»
debe entenderse como referido a «una limitación, derivada en particular
de dolencias físicas, mentales o psíquicas, a largo plazo, que, al
interactuar con diversas barreras, puede impedir la participación plena y
efectiva de la persona de que se trate en la vida profesional en igualdad
de condiciones con los demás trabajadores». Por tanto, la discapacidad no
sólo abarca la imposibilidad de ejercer una actividad profesional, sino
también una dificultad para el ejercicio de ésta; sin que dependa en qué
medida la persona haya podido o no contribuir a su propia discapacidad.
De esta forma, concluye el Tribunal Europeo, si bien la obesidad como tal
no puede considerarse «discapacidad», a los efectos de la Directiva
2000/78, dado que, por su propia naturaleza, no da lugar necesariamente a
una limitación como la referida en el apartado anterior; sin embargo, «en
el supuesto de que, en determinadas circunstancias, la obesidad del
trabajador de que se trate acarreara una limitación, derivada en
particular de dolencias físicas, mentales o psíquicas que, al interactuar
con diversas barreras, pudiera impedir la participación plena y efectiva
de dicha persona en la vida profesional en igualdad de condiciones con
los demás trabajadores, y si esta limitación fuera de larga duración, la
obesidad podría estar incluida en el concepto de discapacidad a efectos
de la Directiva 2000/78».
Por tanto, si la obesidad («severa») del trabajador impidiera su
participación plena y efectiva en la vida profesional en igualdad de
condiciones con los demás trabajadores a causa de su movilidad reducida o
a causa de la concurrencia de patologías que no le permitieran realizar
su trabajo o que le acarrearan una dificultad en el ejercicio de su
actividad profesional, nos encontraríamos, según el Tribunal Europeo,
ante una «discapacidad» del trabajador incluida en el ámbito de
protección de la Directiva 2000/78 que prohíbe cualquier tipo de
discriminación laboral por razón de discapacidad.
En este sentido, y respondiendo concretamente a la pregunta formulada, no
es necesario que el Gobierno incluya la obesidad severa como causa de
discriminación laboral prohibida, porque en la legislación laboral ya
está incluida la prohibición de discriminación por razón de discapacidad.
Concretamente, cuando el artículo 4.2 c) del Estatuto de los Trabajadores
recoge entre los derechos de los trabajadores en la relación laboral a no
ser discriminados «por razón de discapacidad, siempre que se hallasen en
condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se
trate».
Asimismo, el artículo 17.1 del Estatuto de los Trabajadores, sobre la no
discriminación en las relaciones laborales, sanciona con la nulidad toda
discriminación, estableciendo:
«Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las
cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las
decisiones unilaterales del empresario que contengan discriminaciones
directas o indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad o
favorables o adversas en el empleo, así como en materia de retribuciones,
jornada y demás condiciones de trabajo por circunstancias de sexo,
origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social,
religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, adhesión o
no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con otros
trabajadores en la empresa y lengua dentro del Estado español».
Por su parte, el Artículo 8.12 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el
Orden Social (Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto) tipifica
como infracciones muy graves «Las decisiones unilaterales de la empresa
que impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables por
razón de edad o discapacidad o favorables o adversas en materia de
retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de
trabajo, por circunstancias de sexo, origen, incluido el racial o étnico,
estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas,
orientación sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos
de parentesco con otros trabajadores en la empresa o lengua dentro del
Estado español, así como las decisiones del empresario que supongan un
trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación
efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial
destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y
no discriminación».
Madrid, 11 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067478
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Guillaumes i Ráfols, Feliu-Joan (GCiU).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala que el
Gobierno, como no puede ser otra manera, es plenamente respetuoso con el
principio de independencia judicial, acatando las decisiones de los
órganos judiciales, tanto nacionales, como supranacionales, en
cumplimiento de nuestros compromisos internacionales.
Madrid, 29 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/067483
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia, se señala que el Gobierno
conoce las ayudas concedidas a terceros, pero no el destino que éstos den
a las mismas. No obstante, se proporciona anexo donde figura el importe
de obligaciones reconocidas directamente a favor del tercero «A46363453
BOSAL ESPAÑA, S.A.» con cargo a los capítulos 4 «Transferencias
Corrientes», 7 «Transferencias de Capital» y 8 «Activos Financieros» del
Presupuesto de Gastos de la Administración General del Estado de los
ejercicios 1990-2014, con detalle de tercero y aplicación presupuestaria.
Anexo
Obligaciones reconocidas directamente a favor del tercero «A46363453 BOSAL
ESPAÑA, S.A.» Con cargo a los capítulos 4 «transferencias corrientes», 7
«transferencias de capital» y 8 «activos financieros» del presupuesto de
gastos de la AGE de los ejercicios 1990-2014 detalle por tercero y
aplicación presupuestaria
Tercero/Aplicación presupuestaria;1992;2000;2001;2002;2009;2010;Totales
;Obligaciones reconocidas;Obligaciones reconocidas;Obligaciones
reconocidas;Obligaciones reconocidas;Obligaciones
reconocidas;Obligaciones reconocidas;
A46363453 BOSAL ESPAÑA,
S.A.;12.020,24;255.129,64;44.474,90;166.000,00;984.942,95;297.279,00;1.759.846,73
2004.542E.83126 APORTACIONES REEMBOLSABLES A EMPRESAS. PROGRAMA DE FOMENTO
DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN PROYECTOS DE
AUTOMOCIÓN;;255.129,64;;;;;255.129,64
2008.542E.83111 APORTACIONES REEMBOLSABLES A EMPRESAS. PROGRAMA DE FOMENTO
DE LA INVESTIGACIÓN TÉCNICA;;;44.474,90;;;;44.474,90
2011.542E.83110 APORTACIONES REEMBOLSABLES A EMPRESAS. PROGRAMA DE FOMENTO
DE LA INVESTIGACIÓN TÉCNICA (PROFIT);;;;166.000,00;;;166.000,00
2016.422B.771 COMPETITIVIDAD EN SECTOR AUTOMOCIÓN RDL
9/08;;;;;984.942,95;;984.942,95
2016.422B.837 PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD EN SECTORES
ESTRATÉGICOS;;;;;;297.279,00;297.279,00
2014.722C.77290 PROMOCIÓN DE LOS SISTEMAS DE
CALIDAD;12.020,24;;;;;;12.020,24
Total
general;12.020,24;255.129,64;44.474,90;166.000,00;984.942,95;297.279,00;1.759.846,73
Importe en Euros.;;;;;;;
Madrid, 19 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067484
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).
Respuesta:
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), junto
con las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas, está
llevando a cabo la investigación oportuna sobre la utilización de los
productos de la empresa TRAIBER, S.L.
La AEMPS distribuyó una alerta el pasado 7 de noviembre de 2014 a los
centros sanitarios a través de los puntos de Vigilancia de Productos
Sanitarios de las Comunidades Autónomas mediante la cual se comunicaba
que se había decretado el cese del uso de los productos sanitarios
fabricados por la empresa.
Esta medida se adoptó tras las investigaciones llevadas a cabo por la
AEMPS y la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitarias de la
Generalitat de Cataluña, que pusieron de manifiesto importantes
deficiencias en el sistema de calidad de la empresa. Igualmente, se
pusieron de manifiesto graves infracciones de la legislación de productos
sanitarios vigente al estar fabricando sin la preceptiva licencia
sanitaria de funcionamiento y estar comercializando productos que no se
encontraban amparados por el certificado de conformidad CE que avala el
cumplimiento de los productos con los requisitos establecidos en dicha
legislación.
En la alerta se requería que los centros cesaran la utilización de los
productos, identificasen los pacientes portadores de los productos de la
empresa y efectuasen el seguimiento de los mismos.
Por otro lado, la AEMPS remitió a las Comunidades Autónomas los datos de
empresas distribuidoras de los productos de la empresa para que recabaran
la información de los centros sanitarios en los que se habían distribuido
los productos, así como el número de pacientes implantados en cada centro
y los posibles incidentes relacionados con los productos de esta empresa,
ya que la AEMPS no ha recibido a través del Sistema de Vigilancia de
Productos Sanitarios notificaciones de incidentes adversos con estos
productos.
Por último, la AEMPS ha solicitado informes a la Sociedad Española de
Cirugía de Cadera (SECCA), a la Sociedad Española de Rodilla (SEROD) y a
la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT) sobre
el comportamiento de los productos para artroplastias y otros implantes
fabricados por la empresa.
De acuerdo con la información disponible hasta el momento, que ha sido
trasladada por las Comunidades Autónomas, se han distribuido productos de
esta empresa en 10 Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Illes
Balears, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura,
Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana. Las patologías principales
corresponden a artroplastias de cadera y rodilla, y el número de
pacientes implantados comunicados hasta la fecha es de 6.630.
Las Comunidades Autónomas continúan recabando datos sobre los pacientes
implantados.
Los procedimientos de adjudicación de las prótesis los establecen los
Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas de acuerdo con sus
competencias.
Las prótesis osteoarticulares (cadera, rodilla, etc.), como productos
sanitarios se encuentran regulados en la Unión Europea por la Directiva
93/42/CEE, de 14 de junio, sobre productos sanitarios y sus posteriores
modificaciones. En España, han estado regulados hasta el 21 de marzo de
2010 por el Real Decreto 414/1996, de 1 de marzo. Este Real Decreto ha
sido sustituido por el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el
que se regulan los productos sanitarios, y que se aplica a partir de la
citada fecha. Los Reales Decretos citados constituyen la transposición al
derecho español de la Directiva 93/42/CEE y sus modificaciones.
Para comercializarse legalmente en la Unión Europea, los productos
sanitarios tienen que estar provistos del marcado CE, distintivo que
declara la conformidad del producto con los requisitos de seguridad,
eficacia y calidad establecidos en la legislación y que debe figurar en
el etiquetado y el prospecto del producto.
Los productos sanitarios se clasifican en clase I, IIa, IIb y III. Los
controles y evaluaciones necesarios para la puesta en el mercado son
diferentes según la clase.
Los productos fabricados y comercializados por la empresa TRAIBER, S.L.
son principalmente productos de las clases IIb y III, por lo que la
conformidad de los productos debe haber sido evaluada antes de su
comercialización por un Organismo Notificado, que es quien emite el
correspondiente certificado CE. El número de identificación del Organismo
Notificado debe figurar al lado del marcado CE en el etiquetado y en el
prospecto del producto.
Durante el proceso de evaluación para la obtención del Certificado CE el
Organismo Notificado evalúa la documentación técnica y comprueba el
cumplimiento de los requisitos relativos a la seguridad, características
y prestaciones de los productos en condiciones normales de utilización.
Los productos provistos del marcado CE se comercializan en el mercado de
la Unión Europea. Los Estados miembros no pueden impedir en su territorio
la comercialización ni la puesta en servicio de los productos con marcado
CE, a menos que se demuestre que presentan riesgos para la salud.
Por otra parte, de acuerdo con la legislación española, las empresas que
fabrican e importan productos sanitarios requieren una licencia sanitaria
de funcionamiento, que otorga la AEMPS una vez se han valorado las
condiciones, equipamiento, personal, procedimientos y sistema de calidad
aplicado por la empresa. Esta licencia debe obtenerse de forma previa a
iniciar la fabricación o la importación de los productos.
Como ya se ha indicado anteriormente, la empresa citada estaba
comercializando productos que no habían sido evaluados por el Organismo
Notificado y estaba fabricando con licencia de funcionamiento caducada.
Los productos sanitarios que se utilizan en las distintas Comunidades
Autónomas, han sido objeto de los procedimientos de compra de los
hospitales y servicios de salud de las Comunidades Autónomas.
Madrid, 11 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067528
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
Los recursos humanos del Cuerpo Nacional de Policía, a 31 de octubre de
2014, eran los recogidos en el siguiente cuadro:
;Catálogo activos;Catálogo 2.ª actividad con destino;Activos;2.ª actividad
con destino;Alumnos Prácticas;Efectivos disponibles;2.ª actividad sin
destino
Servicios Centrales;12.940;957;9.990;166;0;10.156;
Albacete;380;;338;11;0;349;
Alicante/Alacant;2.317;;2.164;45;10;2.219;
Almería;695;;641;19;12;672;
Araba/Álava;357;;300;17;0;317;
Asturias;1.591;199;1.419;44;7;1.470;
Ávila;166;;147;5;0;152;
Badajoz;871;172;777;15;0;792;
Balears, Illes;1.724;69;1.539;15;12;1.566;
Barcelona;2.872;148;2.423;33;9;2.465;
Bizkaia;712;127;482;8;0;490;
Burgos;462;;418;10;0;428;
Cáceres;319;;293;13;0;306;
Cádiz;2.618;;2.407;44;10;2.461;
Cantabria;526;56;475;16;6;497;
Castellón/Castelló;447;;480;5;0;485;
;Catálogo activos;Catálogo 2.ª actividad con destino;Activos;2.ª actividad
con destino;Alumnos Prácticas;Efectivos disponibles;2.ª actividad sin
destino
Ceuta;560;;505;29;9;543;
Ciudad Real;481;;408;8;0;416;
Córdoba;855;;801;26;0;827;
Coruña, A;1.904;309;1.489;33;11;1.533;
Cuenca;137;;113;3;0;116;
Gipuzkoa;627;;605;16;0;621;
Girona;409;;341;2;0;343;
Granada;1.153;406;1.083;23;7;1.113;
Guadalajara;213;;184;4;0;188;
Huelva;398;;382;8;0;389;
Huesca;260;;247;2;0;249;
Jaén;507;;497;16;0;512;
León;570;;530;18;0;548;
Lleida;211;;166;10;0;176;
Lugo;316;;333;6;0;339;
Madrid;13.996;497;13.019;109;52;13.180;
Málaga;3.456;;3.163;49;16;3.228;
Melilla;543;;498;23;10;531;
Murcia;1.695;156;1.528;40;5;1.573;
Navarra;778;55;653;13;5;671;
Ourense;221;;256;3;0;259;
Palencia;205;;172;4;0;176;
Palmas, Las;2.430;231;2.198;34;12;2.244;
Pontevedra;1.109;;1.083;40;1;1.124;
Rioja, La;318;36;267;16;0;283;
Salamanca;344;;308;9;0;317;
Santa Cruz de Tenerife;1.834;;1.592;37;9;1.638;
Segovia;207;;177;12;1;190;
Sevilla;3.883;596;2.948;65;7;3.019;
Soria;130;;105;1;0;106;
Tarragona;376;;321;8;0;329;
Teruel;114;;111;3;0;114;
Toledo;483;182;395;8;6;409;
Valencia/València;4.507;358;3.767;33;11;3.810;
Valladolid;863;384;770;23;4;797;
Zamora;171;;147;7;0;154;
Zaragoza;1.749;175;1.464;23;4;1.491;
Total;77.010;5.113;66.919;1.230;236;68.381;10.197
Nota. Los efectivos disponibles agrupan las situaciones administrativas de
activo, 2.ª actividad con destino y alumnos en prácticas;;;;;;;
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067529
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
Los recursos humanos de la Guardia Civil, a 31 de octubre de 2014, eran
los recogidos en el siguiente cuadro:
;Catálogo activos;Catálogo reserva ocupado;Activos;Reserva ocupado;Alumnos
Prácticas;Efectivos disponibles;Reserva sin destino
Servicios Centrales;7.215;542;6.400;505;0;6.905;
Albacete;875;30;824;11;0;835;
Alicante/Alacant;2.694;149;2.442;80;0;2.522;
Almería;1.654;108;1.508;69;0;1.577;
Araba/Álava;613;11;533;3;0;536;
Asturias;2.129;60;1.946;30;0;1.976;
Ávila;711;14;649;4;0;653;
Badajoz;1.684;68;1.543;38;0;1.581;
Balears, Illes;2.245;29;2.034;12;0;2.046;
Barcelona;2.180;37;1.922;22;0;1.944;
Bizkaia;1.407;24;1.207;13;0;1.220;
Burgos;950;22;839;7;2;848;
Cáceres;1.320;14;1.194;0;6;1.200;
Cádiz;2.534;202;2.349;101;0;2.450;
Cantabria;1.287;44;1.172;19;3;1.194;
Castellón/Castelló;1.378;56;1.250;37;11;1.298;
Ceuta;603;16;575;2;0;577;
Ciudad Real;1.245;24;1.143;9;0;1.152;
Córdoba;1.219;99;1.115;57;6;1.178;
Coruña, A;1.789;105;1.636;68;12;1.716;
Cuenca;880;11;793;5;0;798;
Gipuzkoa;1.214;18;958;6;0;964;
Girona;615;12;516;5;0;521;
Granada;1.832;140;1.682;104;10;1.796;
Guadalajara;790;7;721;1;4;726;
Huelva;1.510;79;1.380;43;0;1.423;
Huesca;1.163;28;1.009;9;7;1.025;
Jaén;1.482;122;1.329;77;0;1.406;
León;1.479;28;1.336;13;0;1.349;
Lleida;527;7;422;2;0;424;
Lugo;1.027;36;964;20;0;984;
Madrid;7.237;199;6.546;114;1;6.661;
Málaga;2.083;162;1.911;114;10;2.035;
Melilla;601;48;568;23;0;591;
Murcia;2.152;59;1.893;32;20;1.945;
Navarra;1.837;38;1.606;11;0;1.617;
Ourense;893;26;829;18;6;853;
Palencia;696;12;640;5;0;645;
Palmas, Las;1.955;46;1.754;26;14;1.794;
Pontevedra;1.705;53;1.593;27;0;1.620;
Rioja, La;1.508;37;1.289;17;5;1.311;
Salamanca;857;25;788;14;0;802;
Santa Cruz de Tenerife;1.814;63;1.599;21;15;1.635;
Segovia;644;12;563;6;0;569;
Sevilla;2.880;242;2.658;136;0;2.794;
Soria;554;11;493;5;0;498;
;Catálogo activos;Catálogo reserva ocupado;Activos;Reserva ocupado;Alumnos
Prácticas;Efectivos disponibles;Reserva sin destino
Tarragona;640;9;571;5;0;576;
Teruel;753;15;664;0;2;666;
Toledo;1.624;30;1.530;16;0;1.546;
Valencia/València;3.501;230;3.199;92;0;3.291;
Valladolid;766;39;709;19;0;728;
Zamora;753;19;690;8;0;698;
Zaragoza;1.544;52;1.382;20;5;1.407;
Suma;85.248;3.569;76.866;2.101;139;79.106;5.824
Nota: Los efectivos disponibles agrupan las situaciones administrativas de
activo, reserva ocupado y alumnos en prácticas.;;;;;;;
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067530
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
Los recursos humanos del Cuerpo Nacional de Policía, a 30 de noviembre de
2014, eran los recogidos en el siguiente cuadro:
;Catálogo activos;Catálogo 2.ª actividad con destino;Activos;2.ª actividad
con destino;Alumnos Prácticas;Efectivos disponibles;2.ª actividad sin
destino
Servicios Centrales;12.940;957;9.975;155;0;10.130;
Albacete;380;;338;11;0;349;
Alicante/Alacant;2.317;;2.160;44;10;2.214;
Almería;695;;641;19;12;672;
Araba/Álava;357;;300;16;0;316;
Asturias;1.591;199;1.416;42;7;1.465;
Ávila;166;;145;5;0;150;
Badajoz;871;172;778;15;0;793;
Balears, Illes;1.724;69;1.539;15;12;1.566;
Barcelona;2.872;148;2.423;32;9;2.464;
Bizkaia;712;127;606;15;0;621;
Burgos;462;;417;10;0;427;
Cáceres;319;;293;12;0;305;
Cádiz;2.618;;2.400;43;10;2.453;
Cantabria;526;56;473;16;6;495;
Castellón/Castelló;447;;480;5;0;485;
Ceuta;560;;506;27;9;542;
Ciudad Real;481;;407;8;0;415;
Córdoba;855;;798;25;0;823;
Coruña, A;1.904;309;1.491;28;11;1.530;
Cuenca;137;;113;3;0;116;
;Catálogo activos;Catálogo 2.ª actividad con destino;Activos;2.ª actividad
con destino;Alumnos Prácticas;Efectivos disponibles;2.ª actividad sin
destino
Gipuzkoa;627;;480;8;0;488;
Girona;409;;341;2;0;343;
Granada;1.153;406;1.084;23;7;1.114;
Guadalajara;213;;182;3;0;185;
Huelva;398;;379;7;0;386;
Huesca;260;;247;2;0;249;
Jaén;507;;494;16;0;510;
León;570;;530;17;0;547;
Lleida;211;;167;10;0;177;
Lugo;316;;330;6;0;336;
Madrid;13.996;497;13.011;104;52;13.167;
Málaga;3.456;;3.162;46;16;3.224;
Melilla;543;;498;23;10;531;
Murcia;1.695;156;1.520;38;5;1.563;
Navarra;778;55;648;13;5;666;
Ourense;221;;258;3;0;261;
Palencia;205;;173;4;0;177;
Palmas, Las;2.430;231;2.200;32;12;2.244;
Pontevedra;1.109;;1.080;39;1;1.120;
Rioja, La;318;36;267;15;0;282;
Salamanca;344;;309;8;0;317;
Santa Cruz de Tenerife;1.834;;1.595;36;9;1.640;
Segovia;207;;177;12;1;190;
Sevilla;3.883;596;2.947;61;7;3.015;
Soria;130;;105;1;0;106;
Tarragona;376;;319;7;0;326;
Teruel;114;;111;3;0;114;
Toledo;483;182;394;8;6;408;
Valencia/València;4.507;358;3.767;32;11;3.810;
Valladolid;863;384;770;22;4;796;
Zamora;171;;147;7;0;154;
Zaragoza;1.749;175;1.462;22;4;1.488;
Total;77.010;5.113;66.853;1.176;236;68.265;10.106
Nota: Los efectivos disponibles agrupan las situaciones administrativas de
activo, 2.ª actividad con destino y alumnos en prácticas.;;;;;;;
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067531
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
Los recursos humanos de la Guardia Civil, a 30 de noviembre de 2014, eran
los recogidos en el siguiente cuadro:
;Catálogo activos;Catálogo reserva ocupado;Activos;Reserva ocupado;Alumnos
Prácticas;Efectivos disponibles;Reserva sin destino
Servicios Centrales;7.229;540;6.378;496;0;6.874;
Albacete;875;30;822;9;0;831;
Alicante/Alacant;2.694;149;2.439;76;0;2.515;
Almería;1.654;108;1.506;68;0;1.574;
Araba/Álava;613;11;532;3;0;535;
Asturias;2.128;60;1.942;30;0;1.972;
Ávila;711;14;645;4;0;649;
Badajoz;1.685;68;1.539;37;0;1.576;
Balears, Illes;2.245;29;2.032;12;0;2.044;
Barcelona;2.180;37;1.920;22;0;1.942;
Bizkaia;1.408;24;1.206;13;0;1.219;
Burgos;951;22;837;5;2;844;
Cáceres;1.320;14;1.193;0;6;1.199;
Cádiz;2.534;202;2.345;101;0;2.446;
Cantabria;1.288;44;1.171;19;3;1.193;
Castellón/Castelló;1.378;56;1.250;37;11;1.298;
Ceuta;602;16;573;2;0;575;
Ciudad Real;1.245;24;1.142;8;0;1.150;
Córdoba;1.219;99;1.112;57;6;1.175;
Coruña, A;1.788;105;1.634;68;12;1.714;
Cuenca;880;11;792;5;0;797;
Gipuzkoa;1.213;18;956;6;0;962;
Girona;615;12;516;5;0;521;
Granada;1.831;140;1.679;103;10;1.792;
Guadalajara;790;7;719;1;4;724;
Huelva;1.509;79;1.377;42;0;1.419;
Huesca;1.163;28;1.008;9;7;1.024;
Jaén;1.482;122;1.322;76;0;1.398;
León;1.481;29;1.335;13;0;1.348;
Lleida;527;7;422;2;0;424;
Lugo;1.026;36;960;18;0;978;
Madrid;7.224;199;6.547;113;1;6.661;
Málaga;2.083;162;1.907;113;10;2.030;
Melilla;601;48;567;23;0;590;
Murcia;2.152;59;1.892;32;20;1.944;
Navarra;1.838;38;1.604;11;0;1.615;
Ourense;893;26;829;18;6;853;
Palencia;696;12;639;5;0;644;
Palmas, Las;1.955;46;1.751;26;14;1.791;
Pontevedra;1.706;53;1.590;27;0;1.617;
Rioja, La;1.508;37;1.287;17;5;1.309;
Salamanca;857;25;788;14;0;802;
Santa Cruz de Tenerife;1.815;63;1.595;20;15;1.630;
Segovia;643;12;563;5;0;568;
Sevilla;2.881;242;2.657;134;0;2.791;
Soria;554;11;492;5;0;497;
Tarragona;640;9;568;5;0;573;
Teruel;753;15;662;0;2;664;
Toledo;1.624;30;1.529;14;0;1.543;
;Catálogo activos;Catálogo reserva ocupado;Activos;Reserva ocupado;Alumnos
Prácticas;Efectivos disponibles;Reserva sin destino
Valencia/València;3.501;230;3.193;91;0;3.284;
Valladolid;767;40;708;18;0;726;
Zamora;752;19;687;8;0;695;
Zaragoza;1.544;52;1.381;20;5;1.406;
Suma;85.251;3.569;76.740;2.066;139;78.945;5.809
Nota: Los efectivos disponibles agrupan las situaciones administrativas de
activo, reserva ocupado y alumno en prácticas.;;;;;;;
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067547
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Elorza González, Odón (GS).
Respuesta:
El conocimiento en AENA, S.A. de quejas de ruido realizadas por vecinos
del barrio de Amute Kosta de Hondarribia, residentes en edificios
próximos al Aeropuerto de San Sebastián, se circunscribe a la información
que pudiera haber aparecido publicada en algún medio de comunicación.
Respecto al impacto producido por las operaciones de las aeronaves que
operan en el Aeropuerto de San Sebastián, se informa que en el año de
2013 AENA, S.A. elaboró el Informe de Sostenibilidad Ambiental, realizado
en el trámite de revisión del Plan Director de este aeropuerto, en el que
quedó recogida la huella acústica asociada a la actividad prevista en
este aeropuerto, informándose en dicho estudio que: «A la vista de los
resultados, puede concluirse que no se ha detectado vulneración de
ninguno de los objetivos de calidad acústicos fijados por la normativa
estatal vigente en territorio español».
En lo relativo a la aplicación de posibles medidas correctoras contra el
ruido, se indica que AENA, S.A. lleva a cabo todas aquellas medidas
encaminadas a minimizar su posible impacto. A este respecto, AENA, S.A.
muestra su disposición de colaboración con el Ayuntamiento de
Hondarribia, no obstante, es necesario señalar que la posibilidad
indicada en la pregunta de la instalación de un posible apantallamiento,
no se considera una alternativa viable, dado que su posible construcción
no resulta ser una actuación efectiva, frente al posible impacto acústico
producido por las operaciones de despegue y aterrizaje de las aeronaves.
Madrid, 4 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067568
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Hurtado Zurera, Antonio (GS).
Respuesta:
El Plan Director del Aeropuerto de Córdoba, de fecha julio de 2001,
contemplaba la posibilidad de prolongar la pista de vuelo en su máximo
desarrollo posible siempre que se fundamentara en estudios de previsiones
de tráfico que justificaran dicha ampliación.
Durante la pasada década, se decidió abrir el Aeropuerto de Córdoba al
tráfico comercial, para lo cual se iniciaron los estudios técnicos de
tráfico potencial. Estos estudios sirvieron como base para el análisis de
la evolución previsible de la demanda que se incluyó en la revisión del
Plan Director iniciado a finales de 2007 y aprobado en abril de 2011.
Dada la demanda potencial existente en ese momento (año 2007), se
iniciaron los trámites de aprobación de la Declaración de Urgencia y
Excepcional de Interés Público, firmándose la Orden Ministerial con fecha
28 de febrero de 2008, por la que se declaraba la Urgencia y Excepcional
de Interés Público de los proyectos de ampliación del Aeropuerto de
Córdoba.
Respecto a la cuestión que se plantea en la iniciativa sobre la respuesta
dada al Tribunal de Cuentas de la Unión Europea sobre la ampliación de la
pista de vuelo del Aeropuerto de Córdoba, hay que indicar que, a fecha
actual, AENA, S.A. no ha recibido ninguna solicitud de respuesta por
parte de dicha Institución.
Con las inversiones realizadas en el Aeropuerto de Córdoba se ha cumplido
el objetivo de permitir la operación de aeronaves comerciales de mayor
tamaño, pero será el mercado y las compañías aéreas las que determinarán
cuándo se inicie dicha operación.
El papel que debe adoptar el gestor aeroportuario, en este caso AENA,
S.A., en un mercado liberalizado como es el del transporte aéreo, es el
de ofrecer a las compañías aéreas unas infraestructuras eficientes y de
calidad, con capacidad para crecer, y a unos precios competitivos.
La decisión de volar a un determinado destino la adoptan las compañías
aéreas en función de la rentabilidad que esperan obtener de la ruta,
máxime en el marco comunitario europeo donde el tráfico aéreo está
liberalizado. En este sentido, en la medida en que el destino sea capaz
de generar volumen suficiente de pasajeros que deseen visitar el área de
influencia del aeropuerto por razones de negocio o por turismo, existirá
un mayor potencial para que las compañías aéreas consideren atractivo
operar, por lo que con objeto de incrementar la demanda de pasajeros,
resulta fundamental una adecuada promoción de Córdoba como destino por
parte de las instituciones competentes.
Por parte de AENA, S.A. se están adoptando todas las medidas a su alcance
para adaptar sus infraestructuras aeroportuarias tanto a las necesidades
existentes en cada momento, como a las previstas, vinculadas a la demanda
de tráfico y a la operación aeronáutica, así como al conjunto de
cambiantes condiciones que afectan a la prestación de sus servicios y, de
manera especial, al contexto normativo vigente.
En este proceso de evolución continua permanecen en todo momento como
objetivos clave, por un lado, maximizar la operatividad de sus
instalaciones y, por otro lado, garantizar los máximos niveles de
seguridad de las operaciones.
Respecto al importe ejecutado, y teniendo en cuenta las obras, asistencias
técnicas, obras de impacto ambiental, expropiaciones y suministros, es de
77,1 millones de euros. Por otro lado queda pendiente la ejecución de un
convenio con Endesa con una previsión de ejecución de 2,5 millones de
euros.
En lo que se refiere a la financiación del proyecto de ampliación de la
pista de vuelo del Aeropuerto de Córdoba, ésta ha sido efectuada con
cargo a los recursos propios generados por AENA, S.A., existiendo también
para algunas actuaciones de la inversión cofinanciación de fondos FEDER,
y en concreto, los contemplados en el Programa Operativo de Andalucía
FEDER 2007-2013.
En cuanto a la fecha de finalización del soterramiento del trazado de las
líneas eléctricas de alta tensión afectadas por la ampliación de la pista
de vuelo, se espera que la finalización de las obras sea en 2015. En la
actualidad Endesa Sevillana ya dispone del visto bueno por parte de la
Demarcación de Carreteras a su proyecto de ejecución.
Por otra parte, el Aeropuerto de Córdoba, ante la posible necesidad de
disponer de AFIS (servicio de información de vuelos) para vuelos
comerciales, está elaborando un estudio de seguridad sobre la necesidad
(a efectos operativos) de contar con este servicio, encontrándose el
mismo bastante avanzado.
A finales de junio de 2014 la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)
confirmó a AENA, S.A. que hasta el 30 de junio del año 2015, en el
Aeropuerto de Córdoba se puede operar tráfico aéreo comercial. Por lo
tanto, desde dicha fecha el aeropuerto acepta operaciones de tráficos
aéreos comerciales.
En el Aeropuerto de Córdoba, al igual que en el resto de la red
aeroportuaria de AENA, S.A., se ha aplicado el Plan de Eficiencia
Aeroportuaria para adaptar los recursos a la demanda realmente existente
y garantizar la viabilidad de AENA, S.A. y su continuidad operativa, sin
tener que llegar al cierre de ningún aeropuerto. Para su aplicación, se
ha seguido el criterio de implantarlo en los aeropuertos deficitarios con
menos de 500.000 pasajeros al año, como es el caso del Aeropuerto de
Córdoba, para mejorar sus resultados económicos.
Dicho Plan, llevado a cabo en el año 2012 mediante un proceso pactado con
los representantes de los trabajadores, contenía un Plan Social de
Desvinculaciones Voluntarias para todos los aeropuertos de la red, así
como medidas de eficiencia y flexibilidad interna (movilidades
geográficas y funcionales, modificaciones de jornada y horarios de
trabajo, etc.).
Debido a ello y para adaptar los recursos a la demanda real existente, se
modificó tanto el horario operativo del Aeropuerto de Córdoba, que ha
pasado de 12 horas diarias aproximadamente (de 8:00 h a ocaso) a 6 horas
diarias (de 9:00 h a 15:00 h), como al ajuste de la plantilla del
aeropuerto en el que se han visto afectados 18 empleados.
La evolución de pasajeros y operaciones en el Aeropuerto de Córdoba en los
últimos años ha sido la siguiente:
Aeropuerto de Córdoba
;Pasajeros;Operaciones
2012;9.844;6.358
2013;6.956;5.824
2014;6.613;6.555
La evolución del tráfico de pasajeros y operaciones del Aeropuerto de
Córdoba se ha visto afectada principalmente por factores externos, como
la crisis económica vivida en los últimos años. Por otro lado, la
aplicación del Plan de Eficiencia Aeroportuaria, así como el Plan de
Desvinculaciones Voluntarias, no ha sido el motivo de la evolución del
tráfico de pasajeros y operaciones. Como muestra de ello, el Aeropuerto
de Córdoba, en el año 2014, ha tenido 6.555 operaciones, cifra superior a
las 6.358 operadas en el año 2012, en el cual, no se había realizado aún
el ajuste del horario operativo.
Madrid, 4 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067571
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ros Martínez, Susana (GS).
Respuesta:
Las inversiones (capítulo 6) en infraestructuras (obras) ejecutadas con
cargo a los créditos de la Dirección General de la Guardia Civil, en el
periodo solicitado por Su Señoría, fueron las recogidas en el siguiente
cuadro:
Inversión Capítulo VI Castellón
Localidad;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014
Adzaneta;29.950,00;;;;;;
Alcora;;648.837,93;26.258,87;;;;
Almanzora;64.853,67;;;;;;
Alcocebre;;;;;6.800,00;;1.500,00
Almenara;;;;;;;4.356,00
Benicarló;102.262,56;;;;;;
Castellón;;70.657,92;;;;;
Morella;33.602,83;1.017.843,74;592.681,18;6.004,09;;;
Oropesa del Mar;12.293,31;92.259,00;4.237.870,33;6.374,57;;63.201,95;
Peñíscola;29.951,20;;;;;;
Segorbe;29.902,92;;;;;;
Villafranca
del Cid;17.170,95;;36.904,71;;;;
Total;319.987,44;1.829.598,59;4.893.715,09;12.378,66;6.800,00;63.201,95;5.856,00
Importe en euros.;;;;;;;
Por otra parte, cabe señalar que la Dirección General de la Guardia Civil,
anualmente, en función de las disponibilidades presupuestarias de cada
ejercicio, ejecuta obras de mejora y mantenimiento en los
acuartelamientos que se hayan priorizado, con cargo a los créditos del
Capítulo 2 (concepto 212) descentralizados en su mayor parte a las
unidades territoriales, siendo el importe de las obras ejecutadas en
cuarteles de la provincia de Castellón durante los años interesados las
siguientes:
Año;Obras de mejora y mantenimiento
2008;448.493,11
2009;306.179,56
2010;478.970,52
2011;316.036,27
2012;215.463,89
2013;213.694,77
2014;244.587,99
Madrid, 27 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067592
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sáez Jubero, Àlex (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que los fenómenos
meteorológicos adversos y excepcionales que han tenido lugar en los
últimos meses han ocasionado que el encauzamiento del río Güell no fuese
capaz de desaguar el volumen de agua aportado por el cauce y el desagüe
de aguas pluviales municipales. Este desbordamiento del río fue la causa
última de las inundaciones de la zona adyacente, donde se encuentra la
estación de Girona.
El Ministerio de Fomento ha trabajado intensamente en coordinación con el
resto de administraciones implicadas para restaurar el servicio
ferroviario tan pronto como fuese posible, así como para definir las
actuaciones sobre el cauce que evitarían nuevas afecciones.
Madrid, 12 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067594
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sáez Jubero, Àlex (GS).
Respuesta:
La seguridad en la explotación de los servicios ferroviarios es un
objetivo fundamental, tanto para el Ministerio de Fomento como para las
entidades dependientes del Ministerio que realizan su explotación.
En relación con el tramo concreto de la Red Ferroviaria de Interés General
al que se refiere la iniciativa, se indica que su vallado no es
obligatorio de acuerdo con la normativa vigente.
Madrid, 27 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067600
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sáez Jubero, Àlex (GS).
Respuesta:
De acuerdo con la 1.ª Adenda Modificativa al contrato de concesión de la
Sección Internacional de la línea de Alta Velocidad entre Figueras y
Perpiñán, el Ministerio de Fomento ha abonado a la empresa TP Ferro la
cantidad de 132.086.650,84 euros por el retraso en la puesta en
funcionamiento de la LAV Barcelona-Girona-Figueres-Vilafant. Este importe
incluye la cuantía de un préstamo participativo, que el concesionario
deberá integrar al concedente español, la subvención y los intereses
estipulados en la propia Adenda Modificativa.
Las fechas de abono son las que se indican en el cuadro siguiente:
Año;Importe (Euros)
2009;20.440.473,78
2010;31.423.262,92
2011;30.717.529,25
2012;49.505.384,89
Suma;132.086.650,84
La determinación de las cantidades se ha realizado estrictamente conforme
al Contrato de Concesión y la 1.ª Adenda Modificativa al mismo.
Madrid, 27 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067643, 184/067644, 184/067645, 184/067648
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que durante la
redacción del mencionado proyecto constructivo han surgido aspectos no
previstos en el momento de la licitación del contrato que están
provocando una demora en la ejecución del mismo, de igual modo que sucede
en otras muchas actuaciones.
Cabe destacar la puesta en servicio de nuevas actuaciones ferroviarias en
el puerto de Ferrol con posterioridad a la licitación del contrato, la
condición establecida en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de
elevar la rasante del viaducto para garantizar la plena navegabilidad
bajo el mismo (también posterior a la licitación del contrato), el
alcance de la campaña geotécnica que se ha considerado necesaria para
definir correctamente las obras del túnel de Brión y la adaptación del
diseño del túnel de Brión a la última normativa aprobada.
Madrid, 17 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067649
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que el Gobierno era
conocedor de esa necesidad desde que el Estudio Informativo, principal
antecedente técnico del proyecto, estaba en redacción.
El Estudio Informativo detectó la necesidad del mismo e incluso en él se
hizo un planteamiento previo de tipologías.
Sin embargo, hasta que no se inicia la redacción del proyecto constructivo
(el cual implica un mayor grado de detalle), no se pueden detectar todos
los aspectos que implica la ejecución de una estructura singular como
ésta y ajustar el diseño acorde con ello.
Además, han surgido elementos con posterioridad a la licitación del
contrato (necesidad de cambio en la rasante del trazado, puesta en
servicio de nuevas instalaciones ferroviarias en el puerto) que han
obligado a ajustar el trazado aprobado en el Estudio Informativo con la
consiguiente repercusión en el diseño del viaducto.
Madrid, 18 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067650
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que la elección o
descarte de una alternativa de trazado en un Estudio Informativo requiere
abordar diversos puntos de vista: técnico, sociológico, económico, medio
ambiental de manera que puedan ser tenidos en cuenta todos los factores
relacionados con el proyecto.
Las alegaciones recibidas durante la fase de información pública son
incorporadas al expediente de información pública. Éste, junto con el
Estudio de Impacto Ambiental, es remitido al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente para su análisis. Fruto de este análisis,
se formula la Declaración de Impacto Ambiental.
Esta metodología de trabajo constituye la mejor garantía sobre la
objetividad del proceso de elección de la alternativa óptima.
En el caso del Acceso Ferroviario al Puerto Exterior de Ferrol se
considera que la alternativa óptima según el análisis multicriterio es la
sur, si bien la solución definitivamente aprobada ha incorporado muchas
de las observaciones realizadas en las alegaciones durante la fase de
información pública.
Madrid, 18 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067686
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se indica que la
actual regulación de la comprobación del requisito de suficiente grado de
integración en la sociedad española (art. 21.4 del Código Civil,
desarrollado en el art. 220.5 y 221 último párrafo del Reglamento del
Registro Civil), establece la apreciación de la integración a partir de
unos conceptos amplios, conllevando en ocasiones la aplicación de
diferentes criterios de apreciación del grado de adaptación a la vida y
cultura españolas por parte de los Encargados de los Registros Civiles,
existiendo en ocasiones un margen de discrecionalidad
Ello no obstante, no se puede confundir esta discrecionalidad, que permite
al órgano competente la elección entre diversas opciones, todas
admisibles en lo jurídico, como es el caso de la regulación vigente de
la apreciación de la integración con la arbitrariedad (actuación sin
fundamento jurídico).
El Gobierno está trabajando en un proyecto de Real Decreto por el que se
aprueba el Reglamento sobre el procedimiento de la adquisición de la
nacionalidad española por residencia, en el que se establecen nuevos
mecanismos con la finalidad de reducir la discrecionalidad en la
apreciación del requisito de suficiente grado de integración en la
sociedad española.
La apreciación de la integración en la sociedad española en el
procedimiento de concesión de nacionalidad por residencia se realiza
considerando todo el expediente en su conjunto, no apoyándose en una
pregunta aislada dentro de la audiencia realizada por el Encargado del
Registro Civil
Respecto a la legislación vigente sobre dicha comprobación, se señala que
el interesado deberá justificar, en el expediente regulado por la
legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado
de integración en la sociedad española.
En este sentido, y para la apreciación de la integración, el Reglamento
del Registro Civil establece que el peticionario probará los hechos a los
que se refieren los 5 primeros números del artículo 220 (que incluyen la
integración). Para este extremo en concreto, además, se establece que el
Encargado, en el expediente de concesión de nacionalidad por residencia,
oirá personalmente al peticionario, especialmente para comprobar su grado
de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles.
Dentro de las modificaciones mencionadas anteriormente en el procedimiento
de concesión de la nacionalidad española por residencia, está previsto
sustituir la audiencia ante el Encargado del Registro Civil, por una
prueba objetiva de conocimiento del idioma y de los valores
constitucionales y socioculturales de España.
Los plazos y contenidos se encuentran en fase de estudio. En cuanto a la
labor que se pretende atribuir al Instituto Cervantes, se ha escogido a
este organismo en atención a sus fines y dada su experiencia en la
enseñanza de español y cultura española fuera de nuestras fronteras,
elementos que parecen adecuados para realizar esta función en relación
con los extranjeros residentes en España que desean solicitar la
nacionalidad española
Madrid, 29 de enero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/067788
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Montón Giménez, Carmen y Ros Martínez, Susana (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, está utilizando
todas las vías posibles para lograr una mayor concienciación social
contra la violencia de género, extendiendo la información a todos los
sectores que puedan ayudar a promover la sensibilización, con el
convencimiento de que, cuantos más cauces se empleen, más posible será
lograr el éxito en la difusión del mensaje «Hay salida a la violencia de
género», que es el lema de las campañas institucionales del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde 2012. Con el fin de implicar
a varios colectivos profesionales se difundió la campaña en el ámbito
sanitario y farmacéutico, con el objetivo de lograr un mayor acercamiento
a las mujeres víctimas de violencia de género a través de las actividades
que desarrollan en su vida cotidiana y desde los lugares que visitan de
forma habitual, entre los que se encuentran los centros de atención
primaria y las oficinas de farmacia.
Se han distribuido carteles, que incluyen el logotipo del 016 y el mensaje
«Confía en tu personal sanitario. Cuéntanos lo que te está pasando». Los
carteles realizados en versiones en castellano, euskera, catalán y
gallego han sido expuestos en Centros de Salud, Consultorios Auxiliares,
Centros de Atención Primaria, Salud Mental, Servicios de Atención e
Información al Paciente, Unidades de Prevención del Cáncer de Mama,
Hospitales y Unidades de conductas adictivas, entre otros.
Igualmente, en febrero de 2014 se firmó un convenio marco con el Consejo
General de Colegios de Farmacéuticos, con el objeto de colaborar en el
desarrollo de acciones conjuntas de información, prevención
y sensibilización ante todas las formas de violencia contra la mujer,
contando para ello con la colaboración de los Colegios Oficiales de
Farmacéuticos y de las Oficinas de Farmacias, como establecimientos
sanitarios accesibles a la población y bajo la dirección de profesionales
sanitarios competentes para atender a la población en sus necesidades
puntuales, informando, previniendo y orientando sobre sus necesidades de
salud, mejorando, con ello, la calidad de vida de la población en
general.
La actuación contempló la difusión de material de sensibilización, tipo
díptico, con información sobre las primeras señales del maltrato y sobre
qué hacer ante una situación de violencia de género. Se han distribuido
más de 300.000 dípticos con información.
Madrid, 11 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067793
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ros Martínez, Susana y Montón Giménez, Carmen (GS).
Respuesta:
El número de delitos registrados por tráfico de drogas en la provincia de
Castellón, en los años interesados, fue el recogido en el siguiente
cuadro:
Provincia;2011;2012;2013;2014 Enero-Nov.
Castellón/Castellò;110;120;156;123
* Hechos registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policías
Locales que proporcionan datos al Sistema de Estadística de Criminalidad
(SEC).;;;;
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067807
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Davila, M.ª Olaia (GMx).
Respuesta:
La autovía A-55 a su paso por el término municipal de Mos (Pontevedra)
presenta una geometría muy estricta (pendientes muy elevadas y radios
reducidos), condicionada por la orografía y la ordenación territorial por
la que discurre, y soporta una alta intensidad de tráfico, lo cual
condiciona la accidentalidad que se registra en este tramo.
Por ello, el Ministerio de Fomento presta especial atención al tramo de la
A-55 entre Vigo y Porriño. En los últimos años se han realizado mejoras
de firme en tramos puntuales del mismo, y se ha procedido al repintado de
las marcas viales de todo el tramo, que presenta un adecuado estado de
conservación. Asimismo, se realiza una vigilancia y atención del tramo
continua a través de la conservación integral correspondiente.
Por otra parte, continúa en redacción el proyecto de trazado y
construcción para la futura ejecución de una autovía de nuevo trazado
entre Porriño y Vigo, que constituirá la variante funcional de este
tramo.
Por último, se indica que el Ministerio de Fomento está redactando un
proyecto de adecuación y mejora de la actual autovía A-55 centrado
fundamentalmente en la mejora de los accesos en todo el tramo entre Vigo
y Porriño.
Madrid, 18 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067810
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
La tramitación del referido expediente de indulto se ha desarrollado
dentro de los plazos ordinarios, comunes a cualquier otra solicitud. La
solicitud de indulto de D. José María Ballesteros Pastor fue recibida en
la División de Derechos de Gracia y otros Derechos del Ministerio de
Justicia con fecha 21 de julio de 2014. El 30 de julio se dio traslado de
la misma al Tribunal sentenciador a efectos de cumplimentar el trámite de
informe previsto en la Ley. Finalmente, con fecha 17 de noviembre de 2014
se recibieron en el Ministerio de Justicia los referidos Informes, del
Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, encontrándose este
expediente en fase de resolución.
El Director de la División de Derechos de Gracia y otros Derechos del
Ministerio de Justicia no ha recibido instrucción alguna ni del Gobierno
ni de ninguna otra instancia relativa a este expediente.
Por otra parte hay que señalar que el Sr. Ballesteros Pastor solicitó su
jubilación por incapacidad el 29 de julio y su expediente fue incluido en
la sesión de fecha 30 de julio de 2014. Ese día estaba previsto,
previamente, que se reuniera el Tribunal Médico de la Dirección General
de la Policía, con el fin de realizar la evaluación médica de los
expedientes pendientes de valoración, toda vez que durante el mes de
agosto no constaban convocatorias de dicho Tribunal.
D. José María Ballesteros Pastor pasó a la situación de jubilado, por
incapacidad permanente, con fecha 12 de agosto de 2014.
Madrid, 3 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067815
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
De conformidad con la normativa sobre regulación de empleo en vigor el
papel de la Autoridad Laboral, en los procedimientos a los que alude Su
Señoría, se centra en comprobar que la comunicación de regulación de
empleo reúna los requisitos exigidos, advirtiendo, en caso contrario,
para su subsanación por el empresario, comunicar la iniciación y
finalización del expediente a la entidad gestora de la prestación por
desempleo y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y velar por la
efectividad del periodo de consultas, pudiendo llevar a cabo, a petición
conjunta de las partes, aquellas actuaciones de asistencia y mediación
que resulten convenientes con el fin de buscar soluciones a los problemas
planteados por el despido colectivo.
Cabe recordar que la ejecución de sentencias en el ámbito laboral
encuentra su regulación específica en los artículos 237 y siguientes de
la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social,
por lo que es en dicho ámbito donde cualquier posible incumplimiento o
irregularidad al respecto debe ser reclamado.
Finalmente, cabe añadir que se ha hecho público el reciente acuerdo
conseguido por las partes en la reunión mantenida en la Audiencia
Nacional, a petición del presidente de la sala de lo social, en relación
con el pago a los 351 trabajadores afectados por la nulidad del
Expediente de Regulación de Empleo, de los salarios de sustentación y la
no devolución de las indemnizaciones recibidas, hasta el fallo del
recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo.
Madrid, 13 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067825
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sixto Iglesias, Ricardo (GIP).
Respuesta:
En relación con las cuestiones formuladas, se señala que en el Centro
Penitenciario de Villena hay dos aparatos para determinar los posibles
consumos de tóxicos: uno para la analítica inicial (asumiendo el Centro
Penitenciario el coste de la misma) y otro para la contra-analítica en
caso de que el interno la solicite. En este último caso deberá ser
sufragada por éste. Cabe subrayar que se trata de una práctica exclusiva
del Centro Penitenciario de Villena.
En cuanto a la validez técnica y jurídica de los análisis, ésta queda
determinada por el juzgado que solicita la contra-peritación. En ningún
supuesto se utiliza el mismo aparato analizador aunque la técnica sea la
misma.
En el supuesto de que el interno objeto de la peritación tenga prescrita
medicación, ésta se haría constar para que en ningún caso tuviera efectos
negativos en el mismo.
En relación con esta práctica, existe un Protocolo detallado sobre este
tipo de actuaciones que se ha consensuado con el Juzgado de Vigilancia
n.º 3 y que se sigue por la dirección del Centro.
Madrid, 3 de marzo de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/067830
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Davila, M.ª Olaia y Pérez Fernández, Rosana (GMx).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que está previsto
comenzar en breve la información pública a efectos ambientales del tramo
Taboadela-Seixalbo, sin que ello vaya a suponer un retraso en la puesta
en servicio de la actuación fijada en 2018.
Asimismo, en cuanto al tramo Seixalbo-Ourense, a principios de año se
iniciará la información pública de las expropiaciones, trámite previo
imprescindible para poder dar comienzo a las obras por parte de ADIF.
La línea de Alta Velocidad a Galicia continúa su ejecución de acuerdo con
las características establecidas en los contratos vigentes y los plazos
comprometidos por el Gobierno.
Madrid, 18 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067872
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Costa Palacios, María Angelina; Meijón Couselo, Guillermo Antonio;
Bedera Bravo, Mario y Buyolo García, Federico (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que el artículo 27 de
la Constitución Española reconoce el derecho a la educación y establece
mandatos a los poderes públicos para garantizar ese derecho. De acuerdo
con el artículo 149.1.30.ª de la Constitución, el Estado tiene
competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones de
obtención, expedición y homologación de títulos académicos y
profesionales y normas básicas para el desarrollo del citado artículo 27,
a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes
públicos en esta materia. En consecuencia, y según las previsiones de la
propia carta magna, a lo largo de los años se ha ido completando el
desarrollo del Estado de las Autonomías mediante la transferencia de
funciones y servicios a las Comunidades Autónomas que lo conforman. Las
funciones y servicios en materia de enseñanza no universitaria fueron
transferidas a todas las Comunidades Autónomas.
El Gobierno no tiene competencias para intervenir o regular el mercado, ni
tampoco para imponer a las Administraciones educativas la metodología o
recursos didácticos que deben utilizar, si bien puede fomentar medidas
para facilitar recursos didácticos a la comunidad educativa y para evitar
disfunciones.
El Gobierno mantiene para su ámbito de gestión (Ciudades Autónomas de
Ceuta y Melilla, centros docentes en el exterior y Centro para la
Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia), que es el que le
corresponde una vez transferidas las competencias a las Comunidades
Autónomas, una partida presupuestaria por importe de 1.440.390 euros en
2015 denominada «Programa de cobertura de libros de texto».
Asimismo, y para apoyar las necesidades del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo, el Gobierno, a través del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, convoca ayudas específicas que atienden,
entre otras, la cobertura para la adquisición de libros y material
didáctico de estos alumnos.
La disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, señala que el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte promoverá el préstamo gratuito
de libros de texto y otros materiales curriculares para la educación
básica en los centros sostenidos con fondos públicos, en el seno de la
Conferencia Sectorial de Educación. La Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades está estudiando con las Comunidades
Autónomas el papel de los libros de texto y su financiación en el
contexto europeo y en el sistema educativo español. Algunas de las
medidas en las que se trabaja son la introducción de la interoperabilidad
de todos los sistemas informáticos (que permite el acceso a fondos de
recursos gratuitos) y la promoción del punto neutro para recursos
didácticos.
Madrid, 16 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067879
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Costa Palacios, María Angelina; Buyolo García, Federico; Bedera
Bravo, Mario y Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que el artículo 27 de
la Constitución Española reconoce el derecho a la educación y establece
mandatos a los poderes públicos para garantizar ese derecho. De acuerdo
con el artículo 149.1.30.ª de la Constitución, el Estado tiene
competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones de
obtención, expedición y homologación de títulos académicos y
profesionales y normas básicas para el desarrollo del citado artículo 27,
a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes
públicos en esta materia. En consecuencia, y según las previsiones de la
propia Carta Magna, a lo largo de los años se ha ido completando el
desarrollo del Estado de las Autonomías mediante la transferencia de
funciones y servicios a las Comunidades Autónomas que lo conforman. Las
funciones y servicios en materia de enseñanza no universitaria fueron
transferidas a todas las Comunidades Autónomas.
El Gobierno convoca anualmente subvenciones destinadas a entidades sin
ánimo de lucro que realizan acciones de compensación educativa. El
objetivo de esta actividad es impulsar intervenciones dirigidas a
población en situación de desventaja social a través de instituciones,
asociaciones u organizaciones sin fines de lucro que desarrollen acciones
de compensación de desigualdades complementarias a las realizadas en los
centros docentes que impartan enseñanzas anteriores a las universitarias.
Los destinatarios son los alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo asociadas a situaciones sociales o culturales desfavorecidas.
Mediante convocatorias anuales se viene financiando a diversas entidades y
asociaciones que trabajan en el ámbito de la compensación educativa,
prioritariamente a las que desarrollan programas destinados a la
escolarización, seguimiento y control del absentismo escolar, inserción
sociocultural, programas socioeducativos de educación no formal y de
mediación entre las familias y los centros educativos.
Asimismo, la convocatoria anual de Premios Nacionales de Educación en la
enseñanza no universitaria incluye premios a proyectos de entidades para
la promoción educativa que tienen por objeto el reconocimiento a las
actuaciones desarrolladas por dichas entidades, encaminadas al impulso de
la educación para el desarrollo, el emprendimiento y la cultura
científica, humanística y artística en el campo educativo que favorezcan
el aprendizaje en los ámbitos informal y no formal.
Madrid, 16 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067880
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Bedera Bravo, Mario; Meijón Couselo, Guillermo Antonio; Buyolo
García, Federico y Costa Palacios, María Angelina (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que el artículo 27 de
la Constitución Española reconoce el derecho a la educación y establece
mandatos a los poderes públicos para garantizar ese derecho. De acuerdo
con el artículo 149.1.30.ª de la Constitución, el Estado tiene
competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones de
obtención, expedición y homologación de títulos académicos y
profesionales y normas básicas para el desarrollo del citado artículo 27,
a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes
públicos en esta materia. En consecuencia, y según las previsiones de la
propia Carta Magna, a lo largo de los años se ha ido completando el
desarrollo del Estado de las Autonomías mediante la transferencia de
funciones y servicios a las Comunidades Autónomas que lo conforman. Las
funciones y servicios en materia de enseñanza no universitaria fueron
transferidas a todas las Comunidades Autónomas.
En este marco de distribución de competencias, el Gobierno desarrolla
numerosas medidas de atención a la diversidad, en colaboración con las
Comunidades Autónomas:
Programa MUS-E en centros de Ceuta y Melilla, en colaboración con la
Fundación Yehudi Menuhin España. Este programa tiene como finalidad la
inclusión social, cultural y educativa de niños y niñas, prevenir la
violencia y el racismo, fomentar la tolerancia y el encuentro entre las
distintas culturas, reforzar el desarrollo de las capacidades creativas
del alumnado y su enriquecimiento intercultural. Sus actuaciones se
desarrollan en el horario escolar. España se incorporó al Programa MUS-E
en 1996. Forman parte de mismo, además de Ceuta y Melilla, diez
Comunidades Autónomas.
Programa «Buen Trato» en centros de Ceuta y Melilla (en colaboración con
la Fundación Anar Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo). Tiene como
objetivo convertir a los adolescentes en «agentes activos de cambio» en
sus comunidades, a favor de la promoción del buen trato y la prevención
de la violencia y el maltrato. Esto se ha conseguido a través de un
proceso formativo en cadena en el que están implicados todos los alumnos
de secundaria. Un equipo de psicólogos de Anar ha realizado una formación
en valores y en habilidades básicas contrarias a la violencia a un grupo
de alumnos voluntarios de forma que estos puedan transmitir este
conocimiento ta nto a sus compañeros de cursos inferiores como a padres y
profesores.
Colaboración con ESenRED 21 (Escuelas Sostenibles en Red para el siglo
XXI), la red estatal de redes de centros educativos sostenibles del
Estado español promovidas por iniciativa de administraciones públicas
(Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Diputaciones ). Se entiende por
centro educativo sostenible aquel que impulsa la educación para la
sostenibilidad a través del aprendizaje y participación de la comunidad
educativa formada por el profesorado, el alumnado, el personal no docente
y las familias, con el fin de promover los valores de la sostenibilidad
(ecológicos, económicos, sociales, culturales, de
salud, de equidad, de justicia social..). Esto se traduce en centros
educativos con una política ambiental propia en cuanto a gestión
sostenible, participación democrática e innovación curricular hacia la
sostenibilidad, que desarrolla acciones en el centro y en su entorno
cercano para lograr un futuro ecológico y social más sostenible. Por
tanto, una red de centros educativos sostenibles aglutina centros
educativos que trabajan con el objetivo común de la sostenibilidad con el
fin de consolidar sus proyectos, intercambiar experiencias, fomentar
sinergias, realizar proyectos en común, mantener relaciones con otras
redes nacionales e internacionales.
Subvenciones estatales a entidades sin ánimo de lucro que realizan
acciones de compensación educativa. Esta convocatoria se dirige a
entidades privadas sin fines de lucro, tanto a nivel estatal como
regional, que vienen estableciendo como prioridades los programas
destinados a la escolarización, seguimiento y control del absentismo
escolar y los de mediación entre las familias y los centros educativos,
intervenciones dirigidas a población en situación de desventaja social a
través de instituciones, asociaciones u organizaciones sin fines de lucro
que desarrollen acciones de compensación de desigualdades complementarias
a las realizadas en los centros docentes que impartan enseñanzas
anteriores a las universitarias. Los destinatarios son los alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a situaciones
sociales o culturales desfavorecidas.
Proyecto «Educando en igualdad, Plurales» promovido por el Instituto de
la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, configurado en el marco del
Memorándum de cooperación establecido entre los países donantes del
Espacio Económico Europeo (EEE). El objetivo principal del proyecto es
configurar una metodología de intervención en las escuelas que favorezca
la genérica incorporación del concepto de igualdad de oportunidades.
Dicho proyecto, que tiene carácter experimental, se ha planteado desde un
ámbito de colaboración entre entidades educativas nacionales y
autonómicas. Tal y como está diseñado, esta instrumentalización
compartida de las instituciones se configura como el elemento esencial de
un proyecto, cuyo objetivo es configurar, aplicar experimentalmente y
proponer la generalización posterior para un conjunto de herramientas y
metodologías que permitan incorporar en el modelo educativo la aplicación
de planes de igualdad en las escuelas. Se pretende, como resultado final,
una metodología de intervención eficaz susceptible de ser generalizada en
el conjunto de ámbitos escolares, que permita implantar un programa
operativo basado en la educación en igualdad.
Portales informáticos:
CREADE (Centro de Recursos para la Atención de la Diversidad en
Educación): web, traducida a 13 idiomas, que pretende reunir, desarrollar
y facilitar recursos interculturales en respuesta a las demandas de los
profesionales del ámbito social y educativo y promover y difundir la
investigación y la innovación en el ámbito intercultural.
INTERCAMBIA: sobre educación y género. Es un espacio de intercambio de
conocimiento, experiencias, información y proyectos respecto a la
igualdad de oportunidades en la educación y la práctica coeducativa.
Madrid, 17 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067881
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio; Bedera Bravo, Mario; Costa
Palacios, María Angelina y Buyolo García, Federico (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que el artículo 27 de
la Constitución Española reconoce el derecho a la educación y establece
mandatos a los poderes públicos para garantizar ese derecho. De acuerdo
con el artículo 149.1.30.ª de la Constitución, el Estado tiene
competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones de
obtención, expedición y homologación de títulos académicos y
profesionales y normas básicas para el desarrollo del citado artículo 27,
a fin de garantizar el cumplimiento
de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. En
consecuencia, y según las previsiones de la propia Carta Magna, a lo
largo de los años se ha ido completando el desarrollo del Estado de las
Autonomías mediante la transferencia de funciones y servicios a las
Comunidades Autónomas que lo conforman. Las funciones y servicios en
materia de enseñanza no universitaria fueron transferidas a todas las
Comunidades Autónomas.
En este marco de distribución de competencias se ha hecho realidad la
universalización de la educación en el Estado español, pero ahora es
preciso resolver el principal problema del modelo educativo que se ha
quedado anclado en el pasado porque mantiene la rigidez y uniformidad
típica de sistemas que se encuentran en las primeras etapas de
alfabetización. La justificación de la fosilización de nuestro sistema
educativo en un modelo tan primario suele ser que garantiza la equidad al
garantizar el acceso a la educación y al tratar a todos los alumnos por
igual. Esta postura solo valora la equidad teniendo en cuenta el número
de alumnos que acceden al sistema, pero ignora la equidad en relación a
los resultados obtenidos, la proporción de alumnos que terminan sus
estudios, el nivel de formación que adquieren y las posibilidades de
desarrollo personal y profesional que la formación recibida les puede
ofrecer.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, que ha modificado la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, tiene como objetivo transversal la reducción del abandono
educativo temprano.
Los cambios más significativos de la reforma educativa se dirigen a la
flexibilización del sistema, la mejora de la calidad y su evaluación. Se
establecen nuevas trayectorias para que los estudiantes elijan las más
adecuadas a sus capacidades y aspiraciones, se van a desarrollar sistemas
de evaluación externa censales y consistentes en el tiempo, con
incremento de la transparencia de los resultados, habrá una mayor
autonomía y especialización en los centros docentes y más exigencia a
estudiantes, profesores y centros, a los que se pedirá rendición de
cuentas, y se promoverá una mayor capacidad de gestión de la dirección de
los centros escolares, lo que propiciará las posibilidades de permanencia
en el sistema de los estudiantes con mayor riesgo de abandono. Se
pretende eliminar las rigideces del sistema que conducen a la exclusión
de los estudiantes cuyas expectativas no se adecuan al marco establecido.
La flexibilización de las trayectorias para que cada estudiante desarrolle
todo su potencial, se concreta en el desarrollo de programas de mejora
del aprendizaje y del rendimiento en el segundo y el tercer curso de la
Educación Secundaria Obligatoria, la Formación Profesional Básica, la
anticipación de los itinerarios hacia Bachillerato y Formación
Profesional, y la transformación del cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria en un curso fundamentalmente propedéutico con dos
trayectorias bien diferenciadas. Esta diversificación permitirá que el
estudiante reciba una atención personalizada para que se oriente hacia la
vía educativa que mejor se adapte a sus necesidades y aspiraciones, lo
que favorecerá su progresión en el sistema educativo.
Se adoptarán las medidas necesarias para identificar al alumnado con
dificultades específicas de aprendizaje y valorar de forma temprana sus
necesidades. La escolarización del alumnado que presente dificultades de
aprendizaje se regirá por los principios de normalización e inclusión y
asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y
permanencia en el sistema educativo.
Se establecerán las condiciones de accesibilidad y recursos de apoyo que
favorezcan el acceso al currículo del alumnado con necesidades educativas
especiales y se adaptarán los instrumentos, y en su caso, los tiempos y
apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado.
Por otro lado, la actual política de becas y ayudas al estudio mantenida
por el Gobierno garantiza el principio de igualdad de oportunidades en el
acceso a la educación para todos los españoles, en todos los niveles de
la educación. El sistema general de becas y ayudas al estudio trata de
garantizar que quienes tienen el talento y la voluntad de estudiar más
allá de las etapas obligatorias y gratuitas puedan hacerlo al margen de
sus circunstancias socioeconómicas.
La dotación del programa de becas y ayudas a estudiantes o Programa 323M
se ha vuelto a incrementar en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2015 hasta los 1.469,6 millones de euros, de los cuales el
presupuesto que dedica la Secretaría de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades al sistema general de becas y ayudas al
estudio se incrementa también en 2015, tras haber aumentado en casi 250
millones de euros en 2014, pasando de 1.411,02 millones de euros en 2014
a 1.413,52 millones de euros en 2015. Por segundo año consecutivo se
dedica al sistema general de becas y ayudas al estudio un crédito
presupuestario sin precedentes.
Además, el Gobierno desarrolla numerosas medidas en colaboración con el
tercer sector:
Convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que realizan
acciones de compensación educativa. El objetivo de esta actividad es
impulsar, desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
intervenciones dirigidas a población en situación de desventaja social a
través de instituciones, asociaciones u organizaciones sin fines de lucro
que desarrollen acciones de compensación de desigualdades complementarias
a las realizadas en los centros docentes que impartan enseñanzas
anteriores a las universitarias. Los destinatarios son los alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a situaciones
sociales o culturales desfavorecidas.
Asimismo, la convocatoria anual de Premios Nacionales de Educación en la
enseñanza no universitaria incluye premios a proyectos de entidades para
la promoción educativa que tienen como objeto el reconocimiento a las
actuaciones desarrolladas por dichas entidades, encaminadas al impulso de
la educación para el desarrollo, el emprendimiento y la cultura
científica, humanística y artística en el campo educativo que favorezcan
el aprendizaje en los ámbitos informal y no formal.
Cabe indicar, también, la colaboración del Gobierno con asociaciones del
tercer sector, como la Fundación Anar (Ayuda a Niños y Adolescentes en
Riesgo), la Fundación Secretariado Gitano o la Fundación Yehudi Menuhin,
en la implementación y desarrollo de actuaciones de apoyo a la atención a
la diversidad.
Madrid, 17 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067882
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Bedera Bravo, Mario; Meijón Couselo, Guillermo Antonio; Costa
Palacios, María Angelina y Buyolo García, Federico (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que el artículo 27 de
la Constitución Española reconoce el derecho a la educación y establece
mandatos a los poderes públicos para garantizar ese derecho. De acuerdo
con el artículo 149.1.30.ª de la Constitución, el Estado tiene
competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones de
obtención, expedición y homologación de títulos académicos y
profesionales y normas básicas para el desarrollo del citado artículo 27,
a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes
públicos en esta materia. En consecuencia, y según las previsiones de la
propia Carta Magna, a lo largo de los años se ha ido completando el
desarrollo del Estado de las Autonomías mediante la transferencia de
funciones y servicios a las Comunidades Autónomas que lo conforman. Las
funciones y servicios en materia de enseñanza no universitaria fueron
transferidas a todas las Comunidades Autónomas.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, que ha modificado la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, tiene como objetivo transversal la reducción del abandono
educativo temprano.
Los cambios más significativos de la reforma educativa se dirigen a la
flexibilización del sistema, la mejora de la calidad y su evaluación. Se
establecen nuevas trayectorias para que los estudiantes elijan las más
adecuadas a sus capacidades y aspiraciones, se van a desarrollar sistemas
de evaluación externa censales y consistentes en el tiempo, con
incremento de la transparencia de los resultados, habrá una mayor
autonomía y especialización en los centros docentes y más exigencia a
estudiantes, profesores y centros, a los que se pedirá rendición de
cuentas, y se promoverá una mayor capacidad de gestión de la dirección de
los centros escolares, lo que propiciará las posibilidades de permanencia
en el sistema de los estudiantes con mayor riesgo de abandono. Se
pretende eliminar las rigideces del sistema que conducen a la exclusión
de los estudiantes cuyas expectativas no se adecuan al marco establecido.
La flexibilización de las trayectorias para que cada estudiante desarrolle
todo su potencial, se concreta en el desarrollo de programas de mejora
del aprendizaje y del rendimiento en el segundo y el tercer curso de la
Educación Secundaria Obligatoria, la Formación Profesional Básica, la
anticipación de los itinerarios
hacia Bachillerato y Formación Profesional y la transformación del cuarto
curso de Educación Secundaria Obligatoria en un curso fundamentalmente
propedéutico con dos trayectorias bien diferenciadas. Esta
diversificación permitirá que el estudiante reciba una atención
personalizada para que se oriente hacia la vía educativa que mejor se
adapte a sus necesidades y aspiraciones, lo que favorecerá su progresión
en el sistema educativo.
Además, el Gobierno colabora en diversos planes y estrategias dirigidos a
cumplir mandatos internacionales relacionados con los derechos humanos y
la inclusión de minorías. Entre estas iniciativas se pueden destacar:
Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016.
Asimismo, se participa activamente en diferentes grupos de trabajo y
comisiones coordinadas desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad de coordinación entre los servicios sociales y el tercer
sector, como la Comisión Delegada del Consejo Territorial de Servicios
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y la
Red de Inclusión Social.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte participa igualmente en el
Foro para Integración Social de los Inmigrantes y en su Grupo de Trabajo
de Educación.
Madrid, 17 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067888
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Buyolo García, Federico; Costa Palacios, María Angelina; Meijón
Couselo, Guillermo Antonio y Bedera Bravo, Mario (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que el Gobierno ha
fomentado y abierto nuevas vías para incrementar la participación de los
jóvenes y adultos en la formación profesional.
La principal de las medidas adoptadas por el Gobierno es la implantación
de los ciclos de Formación Profesional Básica, conforme a los dispuesto
en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de mejora de la calidad
educativa.
La oferta de los ciclos de Formación Profesional Básica de dos años, que
han comenzado a implantarse durante este curso 2014/2015, viene a
completar la oferta educativa obligatoria y gratuita de la que dispone
España. La Formación Profesional Básica es, junto con la anticipación de
itinerarios de la Educación Secundaria Obligatoria, una pieza esencial de
la política para reducir la tasa de abandono escolar temprano, que se
reconoce unánimemente como una de las debilidades de nuestro sistema
educativo.
Los ciclos de Formación Profesional Básica impartirán enseñanzas
organizadas en los bloques comunes de Comunicación y Sociedad y Ciencias
Aplicadas. Su superación permitirá la obtención del título de técnico
profesional básico así como una cualificación de nivel 1 del Catálogo
Nacional de las Cualificaciones Profesionales. Este título permitirá el
acceso a los ciclos formativos de grado medio así como la posibilidad de
obtener el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria tras
realizar la correspondiente evaluación final. Hasta el momento se han
diseñado 21 nuevos títulos correspondientes a estos nuevos ciclos.
Por otra parte, se ha suprimido el requisito de curso o prueba de acceso
desde Formación Profesional de grado medio a grado superior, sustituido
por un procedimiento de admisión cuando la demanda supere la oferta de
plazas. Además, para los ciclos formativos de grado medio, las
Administraciones educativas podrán ofertar materias voluntarias para
ampliar las competencias del aprendizaje permanente (comunicación en
lengua castellana y cooficial, matemáticas aplicadas, comunicación en
lengua extranjera) y materias voluntarias orientadas a facilitar tránsito
a los ciclos de grado superior.
El Gobierno, a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, está
fomentando la modalidad en línea en Formación Profesional. Esta modalidad
permite a las personas que no pueden asistir a los centros de formación,
por su trabajo o por sus responsabilidades, cursar un título de Formación
Profesional desde otros lugares y con otros horarios.
La modalidad en línea permite llevar la oferta de formación a un mayor
número de ciudadanos. Para ello, el Gobierno está apoyando a las
Comunidades Autónomas en la elaboración de materiales curriculares en
línea que se ponen a disposición de las mismas para implementar su
oferta. En estos momentos, existen materiales a distancia de 103 títulos
diferentes. Estos materiales constan de componentes interactivos que
desarrollan los contenidos del currículo, actividades y tareas, glosarios
de términos, pruebas en línea y actividades de autoevaluación, enlaces de
interés con información añadida sobre los temas y, para el ámbito de
gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, un foro de
intercambio y discusión entre alumnos y profesores.
Asimismo, siguiendo las recomendaciones europeas, el Gobierno promueve la
Formación Profesional de carácter dual. El Real Decreto 1529/2012, de 8
de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el
aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional dual,
regula un tipo de contrato que facilitará la implantación de esta
modalidad de formación y, para el sistema educativo, la posibilidad de
desarrollar en los centros educativos proyectos de Formación Profesional
dual incluso cuando no medie un contrato de formación y aprendizaje.
El Gobierno apoya, igualmente, a las Administraciones educativas para
llevar a cabo convocatorias para la evaluación y acreditación de
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral.
Posibilitar a los ciudadanos acreditar las competencias ya adquiridas
facilita el retorno al sistema educativo de las personas que lo
abandonaron sin ninguna titulación de carácter profesional y les permite
aumentar sus posibilidades de empleo.
Por último, una medida que favorece la oferta de Formación Profesional es
el amplio catálogo de títulos, 175, que abarcan todas las familias
profesionales y que, por lo tanto, puede cubrir la mayoría de los
intereses de las empresas y de los ciudadanos.
La información relativa a la oferta de Formación Profesional está a
disposición de los ciudadanos a través de la página web del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, en el portal Todofp
Este conjunto de medidas se refleja en la evolución positiva de la cifra
de personas matriculadas en los distintos ciclos de Formación
Profesional:
Curso 2011-2012: 610.860.
Curso 2012-2013: 662.892.
Curso 2013-2014: 702.762.
Curso 2014-2015: 793.034 (incluye nueva Formación Profesional Básica).
Madrid, 17 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067895
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Buyolo García, Federico; Bedera Bravo, Mario; Meijón Couselo,
Guillermo Antonio y Costa Palacios, María Angelina (GS).
Respuesta:
Mediante el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, el Gobierno
desarrolló el contrato para la formación y el aprendizaje y estableció
las bases de la formación profesional dual.
En el curso 2012-2013 las diferentes Comunidades Autónomas comenzaron a
implantar proyectos de formación profesional dual. Estos proyectos han
venido experimentando un importante desarrollo con un gran incremento del
número de alumnos, centros educativos y empresas participantes.
Se aporta, en el siguiente cuadro la información solicitada desglosada por
Comunidades y Ciudades Autónomas:
Empresas que participan en el sistema de formación dual. Contratos para la
formación y el aprendizaje
N.º de empresas;;
CC.AA.;N.º contratos;N.º empresas
Andalucía;46.488;24.122
Aragón;1.893;857
Principado de Asturias;2.237;1.168
Illes Balears;1.848;805
Canarias;8.652;2.489
Cantabria;1.577;586
Castilla-La Mancha;5.337;2.784
Castilla y León;6.039;3.061
Cataluña;9.283;4.246
Com. Valenciana;16.962;8.571
Extremadura;6.726;2.951
Galicia;10.000;5.491
Com. de Madrid;14.087;4.767
Región de Murcia;5.058;2.850
Com. Foral de Navarra;820;307
País Vasco;2.217;1.394
La Rioja;182;103
Ceuta;246;35
Melilla;207;101
Zona Extranjera;5;5
Total;139.864;66.693
Madrid, 19 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067901
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Costa Palacios, María Angelina; Meijón Couselo, Guillermo Antonio;
Bedera Bravo, Mario y Buyolo García, Federico (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que el Gobierno tiene
previsto presentar el «Plan Museos+Sociales» el primer semestre de 2015.
El documento que articula este Plan, que ha sido elaborado por un grupo
de trabajo compuesto por técnicos especialistas, está finalizado y se
está trabajando en un micrositio que estará disponible en la página web
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El Plan se articula en varias líneas estratégicas, cada una de las cuales
contará con actividades específicas:
1. Captación y reforzamiento de audiencias poco representadas: expansión
de la visita al museo como hábito de ocio.
2. Integración y accesibilidad de ciudadanos con necesidades especiales.
3. Contribución a la cohesión social, atención a la diversidad cultural y
difusión del museo sostenible.
Madrid, 17 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067977
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Hurtado Zurera, Antonio (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, cabe indicar a Su Señoría que
en el artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, «en el orden penal corresponde a la jurisdicción española el
conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio
español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles, sin
perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que
España sea parte».
En consecuencia, se carece de dichos datos, al exceder de sus competencias
la persecución o declaración de tales delitos.
No obstante, cabe informar que según recoge el Banco de España en su
Memoria de Reclamaciones del año 2013, última disponible en este momento,
el número de éstas que tuvieron como objeto «Internet: uso fraudulento»
fue de 23, sobre un total anual de 34.645, disminuyendo su número y
proporción respecto del año inmediatamente anterior, en el que fueron 37
sobre un total anual de 14.313, por lo que su incidencia puede
considerarse completamente marginal (en el año 2013 un 0,00066 % de las
reclamaciones planteadas ante el Banco de España).
En cuanto a las medidas tomadas para tratar de erradicar el fraude por
Internet, que afecta tanto a las entidades bancarias, como a todo tipo de
empresas, el Banco de España viene realizando diversas campañas dirigidas
a luchar contra este tipo de delitos. Así, ya en la Memoria del Servicio
de Reclamaciones del año 2006 hacia una advertencia sobre los riesgos que
la utilización de medios telemáticos tiene, y auspició que las
asociaciones profesionales del sector crediticio hicieran público entre
sus asociados el procedimiento que se había de seguir para la reclamación
de transferencias de fondos efectuadas fraudulentamente por Internet,
como respuesta al incremento de actuación es delictivas que en aquel
momento se había detectado.
En este sentido, según publicó el Banco de España en la Memoria antes
señalada, las asociaciones consideraron que una rápida reacción, tanto
del cliente como de las entidades ordenante y beneficiaria de la
transferencia, permitiría recuperar los fondos transferidos
fraudulentamente.
Por otra parte, se manifiesta que la información de estadística judicial a
que tiene acceso el Gobierno es la proporcionada por el Punto Neutro
Judicial del Consejo General del Poder Judicial, órgano competente en
materia de estadística judicial, y en la misma no se desciende al nivel
de desagregación requerido en la pregunta.
Madrid, 18 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067979
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Hurtado Zurera, Antonio (GS).
Respuesta:
Los incrementos de los billetes sencillo y Bono 10 han sido los mismos
para todos los servicios declarados Obligación de Servicio Público
competencia de la Administración General del Estado.
No obstante, se significa el hecho de que los Abonos Mensual y Semestral
cuentan con aportación económica de la Universidad de Córdoba, lo que
abarata el precio real de los mismos.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067980
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Hurtado Zurera, Antonio (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que el precio del
billete de ida y vuelta no ha sido incrementado en 2015 respecto al de
2014.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067982
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Hurtado Zurera, Antonio (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que, de acuerdo con
la obtenida en los sistemas de ENAIRE, la aeronave que se identificó como
la causante de los ruidos nocturnos pertenece a la compañía CAVOK
Airlines.
De acuerdo con la información disponible, la compañía CAVOK Airlines está
certificada por la «Administración de Aviación Civil» de Ucrania desde el
26 de abril de 2012. Se trata de una compañía que realiza vuelos
principalmente de carga
Durante el mes de enero de 2015, tal y como recogen los planes de vuelo
registrados, esta Compañía ha realizado vuelos nocturnos (entre las 00:00
y las 01:00) sobre el espacio aéreo español cada dos días procedente del
Aeropuerto EAST MIDLANDS del Reino Unido con destino al Aeropuerto de
AGADIR en Marruecos.
Desde que entra en el espacio aéreo español y durante todo su recorrido
transita por la aerovía B42 manteniendo el mismo nivel de vuelo 210
(21.000 pies de altitud).
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067984
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Pérez Herraiz, Margarita (GS).
Respuesta:
A fecha 31 de diciembre de 2014 existían 87 pasos a nivel en Lugo y hay
actuaciones encaminadas a la supresión de 69 de ellos. Con motivo de
estas actuaciones 17 pasos a nivel se encuentran en fase de obras, 42 en
fase de redacción de proyecto y 10 en fase de estudio.
A continuación se presenta el listado de los pasos a nivel existentes en
esta provincia, indicando del siguiente modo el tipo de actuación, si la
tuvieran (se indica el ayuntamiento al que pertenece el paso pero no se
puede concretar la parroquia, ya que esta información no figura en el
inventario de pasos a nivel de la Dirección General de Ferrocarriles):
Línea;P.K.;Municipio;Act.
Palencia a A Coruña;316/216;Quiroga;
;318/801;Quiroga;
;333/627;Ribas del Sil;
;340/730;Quiroga;
Línea;P.K.;Municipio;Act.
;342/336;Quiroga;
;343/955;Quiroga;
;358/348;Monforte de Lemos;E
;430/407;Lugo;E
;446/350;Rábade;
;446/621;Rábade;
;452/036;Begonte;
;453/013;Begonte;
;453/459;Begonte;
;455/347;Begonte;
;456/308;Begonte;
;458/817;Begonte;
;466/140;Guitiriz;
;466/857;Guitiriz;
;467/091;Guitiriz;
;467/354;Guitiriz;
Monforte a Vigo;0/ 851;Monforte de Lemos;E
;1/ 898;Monforte de Lemos;E
;2/ 455;Monforte de Lemos;E
;14/285;Sober;E
;22/783;Pantón;E
Palencia a A Coruña;360/386;Monforte de Lemos;E
;361/620;Monforte de Lemos;E
;361/845;Monforte de Lemos;E
;406/133;Láncara;O
;406/540;Sarria;O
;406/864;Sarria;O
;407/090;Sarria;O
;407/645;Láncara;O
;407/950;Láncara;O
;408/512;Láncara;O
;409/170;Paramo;O
;409/597;Láncara;O
;410/225;Láncara;O
;410/740;Láncara;O
;411/295;Corgo (O);O
;411/698;Corgo (O);O
;413/141;Corgo (O);(*) O
;473/209;Guitiriz;O
;473/563;Guitiriz;O
;473/859;Guitiriz;O
;386/169;Sarria;P
;332/263;Ribas del Sil;P
;332/961;Ribas del Sil;P
;351/026;Pobra de Brollón (A);P
;352/691;Pobra de Brollón (A);P
;386/644;Sarria;P
;386/975;Sarria;P
;387/316;Sarria;P
Línea;P.K.;Municipio;Act.
;388/492;Sarria;P
;389/262;Sarria;P
;389/948;Sarria;P
;390/344;Sarria;P
;392/136;Sarria;P
;393/072;Sarria;P
;393/993;Sarria;P
;394/849;Sarria;P
;395/420;Sarria;P
;403/420;Sarria;P
;422/742;Lugo;P
;422/955;Lugo;P
;423/492;Lugo;P
;423/811;Lugo;P
;424/010;Lugo;P
;425/167;Lugo;P
;426/371;Lugo;P
;426/800;Lugo;P
;427/218;Lugo;P
;427/751;Lugo;P
;428/980;Lugo;P
;429/811;Lugo;P
;430/129;Lugo;P
;457/628;Begonte;P
;457/867;Begonte;P
;457/957;Begonte;P
;458/040;Begonte;P
;460/004;Begonte;P
;460/670;Begonte;P
;462/845;Guitiriz;P
;463/564;Guitiriz;P
;474/832;Guitiriz;P
;475/689;Guitiriz;P
;477/525;Guitiriz;P
O: en obra.
P: en proyecto.
E: en estudio.
NOTA: (*) El paso a nivel ya está cerrado al tráfico con motivo de las
obras de la Variante de la Puebla de San Julián y se ha solicitado
informe al Ayuntamiento para proceder a su clausura legal.;;;
Respecto a la programación temporal para la supresión de pasos a nivel, se
señala que se actuará en función de las disponibilidades presupuestarias
y atendiendo a la normativa en la materia.
En todo caso se debe indicar que la Comisión técnico-científica para el
estudio de mejoras en el sector ferroviario recogió en su informe
presentado el pasado día 12 de junio de 2014 lo siguiente: «en lo que se
refiere al número de pasos a nivel, España es el país con menor número de
pasos a nivel por cada 100 km de línea de toda la Unión Europea, por lo
que se puede considerar el país más seguro de nuestro entorno desde este
punto de vista en lo que se refiere a la infraestructura».
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067992
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
En el Reglamento (UE) n.º 1315/2013, sobre las orientaciones de la Unión
para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, se incluye el
trayecto León-Asturias dentro de la red básica (core network) tanto para
el transporte de mercancías como de viajeros.
En esta disposición también se introduce el concepto de corredores de la
red básica, cuya lista figura en el Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2013 por el que se
crea el Mecanismo «Conectar Europa».
Estos corredores han sido seleccionados por la Comisión Europea como
aquellos que abarcarán los flujos de larga distancia más importantes de
la red básica y estarán destinados, en particular, a mejorar los enlaces
transfronterizos en el interior de la Unión Europea. Asimismo, los
corredores de la red básica serán multimodales y estarán abiertos a la
inclusión de todos los modos de transporte contemplados en los
Reglamentos, cruzando al menos dos fronteras y, en lo posible,
comprendiendo al menos tres modos de transporte.
No hay relación entre el estado de madurez de las actuaciones incluidas en
cada tramo de la red transeuropea con su inclusión o no en un corredor de
la red básica, como puede comprobarse en los mapas de la red y en la
descripción de los corredores de la red básica incluidos en los citados
Reglamentos.
Desde el Gobierno de España siempre se ha defendido la consideración
homogénea de todos los tramos de la red siguiendo la propuesta presentada
a la Comisión Europea en febrero de 2012.
Actualmente se está procediendo al análisis definitivo de los proyectos
que pueden optar en mejores condiciones a obtener la ayuda con el fin de
cumplimentar las correspondientes solicitudes en el plazo establecido en
la convocatoria.
Madrid, 18 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/067994
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que la Variante de
Pajares continúa su ejecución de acuerdo con los plazos comprometidos por
el Gobierno.
En referencia al tramo León-La Robla, se señala que desde abril de 2014
está en redacción el nuevo proyecto de las obras de plataforma. En ese
mismo mes se adjudicaron las obras de los cambiadores de ancho en León.
Respecto a la fecha de finalización prevista de los proyectos y obras, se
indica que se está trabajando de acuerdo con la programación establecida
en los contratos vigentes.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068018
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campuzano i Canadés, Carles (GCiU).
Respuesta:
Las políticas activas de empleo en España están siguiendo, desde el año
2013, una nueva estrategia, basada en las líneas de actuación que fueron
acordadas con las comunidades autónomas en el seno de la LV Conferencia
Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de 11 de abril de 2013. La clave
del cambio al nuevo modelo de políticas de activación para el empleo
consiste en pasar desde un modelo de financiación y gestión articulado en
torno a instrumentos jurídicos pensados para programas establecidos
centralizadamente, a un nuevo marco de financiación, ejecución, control y
evaluación orientado hacia la consecución de determinados objetivos,
siguiendo directrices y ejes prioritarios de actuación.
El nuevo modelo parte, por tanto, del hecho de que la gestión de las
políticas activas de empleo corresponde en una parte importante a las
comunidades autónomas y en otra al Servicio Público de Empleo Estatal, lo
que, para aumentar su eficacia, hacía necesario articular un nuevo modelo
basado en principios y objetivos comunes y en una intensa colaboración
entre administraciones, dotándole al mismo tiempo de una gran dosis de
flexibilidad en la elección de las actuaciones a fin de acercarlas a las
necesidades de cada territorio.
La articulación de este nuevo modelo, iniciada ya en los últimos dos años,
se ha traducido en la aprobación por el Consejo de Ministros, en su
reunión del 5 de septiembre de 2014, de la nueva Estrategia de Activación
para el Empleo 2014-2016 y el Plan Anual de Política de Empleo para 2014.
La Estrategia de Activación para el Empleo constituye el nuevo escenario
plurianual para vertebrar las actuaciones de los distintos Servicios
Públicos de Empleo bajo unos objetivos y principios de actuación comunes,
dotándoles al mismo tiempo de la necesaria flexibilidad para adaptar las
actuaciones a las necesidades y especificidades de cada territorio.
Actúa, por tanto, como un elemento de transformación de la cultura de
políticas de empleo y de modernización de los Servicios Públicos de
Empleo sin precedentes en nuestro país, sobre la base de la coordinación
y la colaboración entre las distintas administraciones.
La Estrategia establece 29 objetivos de carácter estructural o de largo
plazo y 5 objetivos de carácter estratégico que atienden a las
prioridades fijadas por el Gobierno en cada momento. Entre estos últimos
se encuentran los de mejorar la empleabilidad de los jóvenes y de otros
colectivos especialmente afectados por el desempleo (desempleados de
larga duración, trabajadores mayores y beneficiarios del PREPARA).
El Plan Anual de Política de Empleo para 2014 concreta, para dicho año, el
conjunto de medidas a desarrollar por los distintos Servicios Públicos de
Empleo en cumplimiento de la Estrategia, así como los indicadores que
servirán de base para su posterior evaluación, elemento fundamental del
nuevo modelo. En base a los objetivos comunes que anticipa la Estrategia,
propone los servicios y programas a desarrollar, bien por las CCAA o bien
por el SEPE, durante 2014 para su consecución (un total de 422). Los
servicios y programas se articulan en torno a los seis ejes de las
políticas de activación que recoge la Ley de Empleo: orientación,
formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades de acceso
al empleo, emprendimiento y mejora del marco institucional del Sistema
Nacional de Empleo. El Plan tendrá su continuidad con el que se apruebe
para el año 2015.
A este paquete de políticas de activación se unen otras iniciativas
importantes puestas en marcha, como es la Estrategia de Emprendimiento y
Empleo Joven, la implantación del Sistema de Garantía Juvenil, el Acuerdo
Marco de intermediación laboral, el Portal Único de Empleo y Autoempleo,
etc., que suponen en su conjunto el desarrollo de una intensa e
innovadora política de apoyo al empleo.
Por último, se recuerda que el pasado 19 de diciembre, el Gobierno aprobó
el Programa - Extraordinario de Activación para el Empleo (Real
Decreto-ley 16/2014), cuyo objetivo es lograr la inserción laboral de
parados de larga duración con cargas familiares mediante un tratamiento
individualizado de búsqueda de empleo (Itinerario personalizado de
inserción) realizado por los servicios públicos de empleo con la
colaboración de agencias privadas de colocación. El beneficiario de este
programa recibirá una ayuda económica durante un período de 6 meses.
Madrid, 13 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068019
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Xuclà i Costa, Jordi (GCiU).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que el plazo de las
obras está acorde con los condicionantes técnicos y las disponibilidades
presupuestarias.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068032, 184/069312
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Xuclà i Costa, Jordi (GCiU).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que las propiedades
desafectadas y puestas a disposición del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa en la provincia de Girona
son las siguientes:
Municipio;Denominación;Valoración ()
Bagur;Vor de Bagur;32.591,02
LEscala;Batería L-100 Parcela 58;1.832.832,51 (Precio de puesta en venta,
subasta)
L Estartit;Estación Loran;575.255,45 (Precio de puesta en venta, subasta)
Quart;Campo de tiro de Quart;Sin valoración
San Clemente Sasebas;6.606,96 m2 aproximados del Campo de Tiro y maniobras
de San Clemente Sasebas;Sin valoración
Torroella de Montgrí;Batería L-5 «Punta Milá»;309.094,34 (Precio de puesta
en venta, subasta)
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068041
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, cabe señalar que
el máximo nivel de desagregación del Sistema de Información Contable y
del Anexo de Inversiones Reales que acompaña a los Presupuestos Generales
del Estado en cuanto a regionalización del gasto es el provincial.
En consecuencia, el Gobierno, a través de la Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE), no puede facilitar la información al
nivel solicitado por Su Señoría.
Madrid, 17 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068057 a 184/068069, 184/068103 a 184/068106, 184/068124 a 184/068129
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
El estado de ejecución de los proyectos solicitados de AENA, S.A. respecto
de los Presupuestos Generales del Estado de 2014, teniendo en cuenta que
la ejecución está según el cierre anual provisional y por el criterio de
pago, son los que figuran en el anexo que se acompaña.
Anexo
Cataluña
Centro/N.º pregunta;Proyecto;Cierre provisional pago 2014;Estado obra
principal;Finalizac. obra principal
Aeropuerto de Barcelona El Prat;;;;
175648;Actuaciones medioambientales diversas.
Barcelona;1.120.349;Finalizada;2013
175649;Nuevo edificio terminal: obra civil e instalaciones.
Barcelona;0;Finalizada;2008
175650;Actuaciones en los terminales T1 y
T2;570.909;Ejecución;Finalización prevista 2015
175651;Seguridad de personas e instalaciones.
Barcelona;976.406;Finalizada;2013
175653;Área de movimientos. Ayudas. Barcelona;512.568;Finalizada;2012
175654;Plataforma de aviones (adecuación). Barcelona-El
Prat;575.910;Ejecución;Finalización Prevista 2015
175655;Actuaciones en redes hidráulicas;132.202;Finalizada;2014
175657;Inversiones de apoyo y mantenimiento.
Barcelona;7.265.456;Ejecución;Finalización Prevista 2015
175659;Ayudas visuales. Barcelona-El Prat;0;Ejecución;Finalización
Prevista 2015
175660;Adaptación del servicio aeronáutico a nuevos requisitos (def., inm,
oaci, uit, etc.): adaptación de requisitos. Barcelona-El
Prat;0;Finalizada;2014
Aeropuerto de Girona-Costa Brava;;;;
175694;Central eléctrica y centros de transformación.
Girona;448.828;Finalizada;2010
175695;Desarrollo y mejora del sistema de navegación aérea.
Girona;0;Ejecución;Finalización Prevista 2015
175696;Inversiones de apoyo y mantenimiento.
Girona;4.438.517;Finalizada;2014
Centro/N.º pregunta;Proyecto;Cierre provisional pago 2014;Estado obra
principal;Finalizac. obra principal
175697;Renovación y adaptación de la infraestructura de comunicaciones
T/A. Girona-Costa Brava;0;Ejecución;Finalización Prevista 2016
Aeropuerto de Reus;;;;
175715;Adecuación del campo de vuelos. Reus;149.700;Finalizada;2011
175716;Actuaciones varias área de movimientos. Reus;0;Finalizada;2009
175717;Mejoras campo de vuelos. Reus;0;Ejecución;Finalización Prevista
2015
175718;Terminales, ampliación facturación salidas, urbanización y accesos.
Reus;2.157;Ejecución;Finalización Prevista 2015
175719;Expropiaciones de terrenos desarrollo plan director.
Reus;0;Sentencias;Finalización Prevista 2015
175720;Inversiones de apoyo y mantenimiento. Reus;1.041.053;En
ejecución;Finalización Prevista 2015
Aeropuerto de Sabadell;;;;
175652;Construcción plataforma estacionamiento.
Sabadell;15.032;Finalizada;2012
175656;Desarrollo y mejora del sistema de navegación aérea.
Sabadell;0;Ejecución;Finalización Prevista 2015
175658;Inversiones de apoyo y mantenimiento.
Sabadell;424.905;Finalizada;2014
Madrid, 3 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068071 a 184/068076
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
A fecha 31 de diciembre de 2014, la inversión total ejecutada, la fase
administrativa y el calendario de las actuaciones interesadas por Su
Señoría incluidas en estas preguntas parlamentarias, cuya competencia
recae en la empresa «Centro Intermodal y Logística, S.A. (CILSA)»,
sociedad participada mayoritariamente por la Autoridad Portuaria de
Barcelona, es la siguiente:
Denominación;Total Ejecutado a 31/12/2014 (*);Fase Administrativa a
31/12/2014;Periodo de ejecución
Urbanización General 1.ª Fase;195;Finalizado;2014
Urbanización General 2.ª Fase.;108;Finalizado;2014
Edificaciones 1.ª Fase;2.704;En Ejecución;2014-2015
Denominación;Total Ejecutado a 31/12/2014 (*);Fase Administrativa a
31/12/2014;Periodo de ejecución
Edificación 2.ª Fase;176;Finalizado;2014
Otras Instalaciones;88;Finalizado;2014
Otro Inmovilizado;60;Finalizado;2014
Cifras referidas a devengos, en Miles de euros e IVA no incluido.
(*) Datos correspondientes al cierre provisional del ejercicio 2014.;;;
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068107, 184/068115 a 184/068117, 184/068146 a 184/068148
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
A continuación se detalla la información por la que se interesa Su
Señoría:
Proyecto;Inversión prevista PGE 2014 (euros);Inversión realizada 2014
(euros);% Ejecución;Situación actual
1706-Presa de Colomers, Fase II, Albons;La Comunidad de Regantes no ha
manifestado, por el momento, su interés en iniciar la actuación;;;
2508-100-CR Bassanova, Almenar (Canal de Aragón y Cataluña);No está
prevista su ejecución por la sociedad, ya que la Comunidad de Regantes no
está interesada en ejecutarla con SEIASA;;;
2509-96-CGR Canales de Urgel, Fase II, Bellvís;No se va a ejecutar, por
renuncia de la Comunidad de Regantes;;;
2510-99-CR Raimat, Canal de Aragón y
Cataluña;1.609.000;871.000;54;Terminado y tiene acta de recepción
provisional con fecha 25 de agosto de 2014
4307-92.ª-CGR Valls, Fase I (Tarragona);1.591.000;1.751.000;110;Se
encuentra en fase de ejecución
4308-28c.-C.G.R. Margen Derecha del Ebro, Fase III;No se va a ejecutar,
por renuncia de la Comunidad de Regantes;;;
4310-92b.-C.G.R. Valls, Fase II (Tarragona);No se ha iniciado todavía. El
proyecto ha sido aprobado y se encuentra pendiente de firma de
convenio;;;
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068145
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
Con respecto al proyecto (24) «El Morell-Variante de Valls», que se
encuentra en fase de ejecución, la ejecución total a 31 de diciembre de
2014 ha sido de 60.289 miles euros.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068152
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2014, en la actuación
«Acceso al Puerto de Barcelona desde el Cinturón Litoral», han ascendido
a 2.526.089,29 euros.
La actuación se encuentra actualmente en fase de obra.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068154
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que la actuación se
encuentra en fase de estudio informativo. No hay obligaciones reconocidas
en dicho ejercicio presupuestario.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068157
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2014, en la Carretera
N-340, «Variante de Vallirana», han ascendido a 59.527.659,75 euros.
La actuación se encuentra actualmente en fase de obra.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068158, 184/068159
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que todas las
inversiones en infraestructuras en conservación y explotación afectan de
manera directa o indirecta en la seguridad vial. Las obligaciones
reconocidas en el programa 453 C de conservación y explotación en 2014,
en la provincia de Barcelona, ascienden a 16.179.379,69 euros.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068181
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2014, en la Autovía A-2,
tramo: «Medinyá-Orriols», han ascendido a 3.015.162,97 euros.
La actuación se encuentra en fase de obra.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068184
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2014, en la Autovía A-2,
tramo: «Variante de Báscara», han ascendido a 427.118,11 euros.
La actuación se encuentra actualmente en fase de estudio informativo.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068185
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2014, en la Autovía A-2,
tramo: «Variante de Pont de Molins», han ascendido a 512.967,32 euros.
La actuación se encuentra actualmente en fase de proyecto.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068192
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2014, con cargo al
proyecto de inversión 2007 1738 3727, «Nuevo Paso Transfronterizo.
Puigcerdà-Frontera Francesa», han ascendido a 241.352,52 euros.
La actuación se encuentra actualmente en fase de proyecto.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068193
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2014, en la Autovía
A-26, tramo: «Enlace Cabanelles-Besalú», han ascendido a 848.506,15
euros.
La actuación se encuentra actualmente en fase de proyecto.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068198
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2014, en la Autovía
A-26, tramo: «Figueres-Cabanelles», han ascendido a 117.519,41 euros.
La actuación se encuentra actualmente en fase de proyecto.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068200
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
Todas las inversiones en infraestructuras en conservación y explotación
afectan de manera directa o indirecta en la seguridad vial. Las
obligaciones reconocidas en el programa 453 C de conservación y
explotación en 2014, en la provincia de Girona, ascienden a 7.588.108,94
euros.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068222
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2014, en la Autovía
A-14, tramo «Lleida-Roselló», han ascendido a 13.020.823,64 euros.
La actuación se encuentra actualmente en fase de obra.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068226
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2014, en la carretera
N-260, tramo: «Variante de la Seu d Urgell», han ascendido a 404.873,02
euros.
La actuación se encuentra actualmente en fase de estudio informativo.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068230
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
Todas las inversiones en materia de conservación y explotación afectan de
manera directa o indirecta en la seguridad vial. Las obligaciones
reconocidas en el programa 453C de conservación y explotación en 2014, en
la provincia de Lleida, ascienden a 16.516.963,09 euros.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068249
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que no existen
obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria interesada
por Su Señoría.
La actuación se desarrollará en función de la planificación de prioridades
y de las disponibilidades presupuestarias.
Madrid, 27 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068250
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2014, en la Autovía A-7,
tramo: «La Jana-El Perelló», han ascendido a 842.506,15 euros.
La actuación se encuentra actualmente en fase de estudio informativo.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068253
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2014, en la Carretera
N-420, «Variante de Gandesa», han ascendido a 334.175,36 euros.
La actuación se encuentra actualmente en fase de proyecto.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068255
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
Todas las inversiones en materia de conservación y explotación afectan de
manera directa o indirecta en la seguridad vial. Las obligaciones
reconocidas en el programa 453 C de conservación y explotación en 2014,
en la provincia de Tarragona, ascienden a 8.146.799,84 euros.
Dicha partida no es una obra concreta por lo que no es posible responder a
la pregunta tal y como está planteada.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068257
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
El proyecto de inversión 2008-17-040-0027, «Desvío Ferroviario Fachada
Marítima Tarragona», presentaba una ejecución a 31 de diciembre de 2014
de 1.182,32 miles de euros.
Madrid, 17 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068258
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
Tal como se ha reflejado en el anexo de inversiones reales de los
Presupuestos Generales del Estado 2015, se ha previsto con cargo al
presupuesto de la Dirección General de Ferrocarriles, del Ministerio de
Fomento, el inicio de la inversión en el proyecto 2012 17 040 0760,
«Acceso al puerto de Tarragona», durante el ejercicio 2015.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068260
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que el volumen de
inversión ejecutada a 31 de diciembre de 2014 por la Dirección General de
Ferrocarriles, del Ministerio de Fomento, en términos de obligaciones
reconocidas en dicho proyecto de inversión, ascendió a la cantidad de
968,06 miles de euros, lo que supone un grado de ejecución del 193,50 %
respecto a las inversiones inicialmente previstas.
Por lo que se refiere a la fase administrativa en la que se encuentra este
proyecto de inversión, se puede indicar que, tal como se refleja en la
programación plurianual de los Presupuestos Generales del Estado de 2015
para la Dirección general de Ferrocarriles, se contempla la continuación
de los estudios durante el ejercicio 2015.
Madrid, 17 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068263
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que si bien en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 figuraba una
cuantía de 100.000 euros para el proyecto 2008 24 03 0011-Restauración
Catedral de Tortosa, durante 2014 no se han reconocido obligaciones con
cargo a dicha partida presupuestaria por encontrarse en trámite de
licitación las obras.
Madrid, 24 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068294
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Se adjunta anexo con información de los datos de demandantes de empleo
totales, de demandantes de empleo parados y de perceptores de
prestaciones por desempleo, desagregados por Comunidades Autónomas y
provincias, correspondientes al mes de diciembre de 2014.
No se dispone de datos sobre demandantes de empleo que no reciben ninguna
ayuda pública, ya que las prestaciones por desempleo no son las únicas
ayudas que reciben las personas en situación de desempleo y sin ingresos.
Anexo
Servicio Público de Empleo Estatal. Demandantes de empleo totales y
beneficiarios de prestaciones por desempleo diciembre 2014
CC.AA. de domicilio;;Provincia de domicilio;;Demandantes de empleo;Parados
registrados;Beneficiarios de prestaciones por desempleo
1;Andalucía;4;Almería;94.750;74.389;39.956
;;11;Cádiz;237.971;190.266;88.968
;;14;Córdoba;134.651;88.903;66.450
;;18;Granada;142.316;98.882;64.791
;;21;Huelva;97.104;63.327;49.260
;;23;Jaén;89.783;57.294;49.377
;;29;Málaga;242.047;193.326;100.899
;;41;Sevilla;336.945;243.296;148.404
;;Total;;1.375.567;1.009.683;608.105
2;Aragón;22;Huesca;19.911;13.605;8.257
;;44;Teruel;14.587;9.771;5.660
;;50;Zaragoza;104.511;78.196;39.127
;;Total;;139.009;101.572;53.044
5;Canarias;35;Palmas Las;158.457;138.414;65.594
;;38;S. C. de Tenerife;140.829;122.268;60.625
;;Total;;299.286;260.682;126.219
6;Cantabria;39;Cantabria;66.832;50.446;26.154
;;Total;;66.832;50.446;26.154
8;Castilla y León;5;Ávila;20.825;17.284;7.680
;;9;Burgos;37.699;30.548;16.066
;;24;León;55.729;43.911;20.642
;;34;Palencia;17.475;14.188;6.525
;;37;Salamanca;41.173;33.797;14.985
;;40;Segovia;14.771;11.771;5.982
;;42;Soria;8.214;6.210;3.405
;;47;Valladolid;55.926;47.094;20.107
;;49;Zamora;21.346;18.048;8.005
;;Total;;273.158;222.851;103.397
7;Castilla-La Mancha;2;Albacete;59.335;47.759;21.909
;;13;Ciudad Real;77.261;64.359;29.272
;;16;Cuenca;24.267;18.783;9.911
CC.AA. de domicilio;;Provincia de domicilio;;Demandantes de empleo;Parados
registrados;Beneficiarios de prestaciones por desempleo
;;19;Guadalajara;27.542;21.286;11.615
;;45;Toledo;99.941;85.053;38.281
;;Total;;288.346;237.240;110.988
9;Cataluña;8;Barcelona;521.402;422.935;240.411
;;17;Girona;76.752;55.162;40.635
;;25;Lleida;37.945;29.030;18.045
;;43;Tarragona;90.300;68.821;44.665
;;Total;;726.399;575.948;343.756
18;Ciudad de Ceuta;51;Ceuta;14.826;12.595;4.018
;;Total;;14.826;12.595;4.018
13;Com. de Madrid;28;Madrid;608.803;498.649;251.552
;;Total;;608.803;498.649;251.552
15;Com. Foral de Navarra;31;Navarra;62.690;47.786;24.572
;;Total;;62.690;47.786;24.572
10;Com. Valenciana;3;Alicante;247.773;203.199;94.643
;;12;Castellón;71.747;55.323;27.883
;;46;Valencia;316.952;252.642;122.884
;;Total;;636.472;511.164;245.410
11;Extremadura;6;Badajoz;134.494;91.037;60.705
;;10;Cáceres;75.496;49.965;34.884
;;Total;;209.990;141.002;95.589
12;Galicia;15;Coruña A;125.467;99.233;50.513
;;27;Lugo;32.351;24.943;13.542
;;32;Ourense;34.891;27.314;14.033
;;36;Pontevedra;129.354;100.428;50.910
;;Total;;322.063;251.918;128.998
4;Illes Balears;7;Balears (Illes);147.111;83.560;92.891
;;Total;;147.111;83.560;92.891
17;La Rioja;26;Rioja La;31.694;25.281;12.682
;;Total;;31.694;25.281;12.682
19;Ciudad de Melilla;52;Melilla;16.333;12.685;3.527
;;Total;;16.333;12.685;3.537
16;País Vasco;1;Álava;43.525;26.931;10.772
;;48;Bizkaia;150.960;92.833;38.464
;;20;Gipuzkoa;78.397;46.007;21.721
;;Total;;272.882;165.771;70.957
3;Principado de Asturias;33;Asturias;128.325;96.634;47.853
;;Total;;128.325;96.634;47.853
14;Región de Murcia;30;Murcia;186.520;142.244;68.020
;;Total;;186.520;142.244;68.020
Total nacional;;;;5.806.306;4.447.711;2.417.742
Madrid, 24 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068297
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Su Señoría que
la información disponible sobre la recaudación de las distintas figuras
impositivas se refiere siempre al conjunto de la actividad económica, sin
que sea posible para el Gobierno su distinción por sectores de actividad.
Dicha información, referida al conjunto de la actividad económica, se
encuentra publicada en la página web de la Agencia Tributaria, a través
del siguiente enlace electrónico:
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/Recaudacion_tributaria/Recaudacion_tributaria.shtml
Madrid, 6 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068299
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El número de sustracciones en explotaciones agrícolas ganaderas conocidas
durante 2014, en los ámbitos territoriales solicitados por Su Señoría,
fue el recogido en el siguiente cuadro:
Territorio;2014
Almería;1.387
Cádiz;422
Córdoba;1.292
Granada;763
Huelva;830
Jaén;602
Málaga;493
Sevilla;1.551
Andalucía;7.340
Huesca;373
Teruel;98
Zaragoza;694
Aragón;1.165
Asturias (Principado de);140
Balears (Illes);122
Palmas (Las);264
Santa Cruz de Tenerife;398
Canarias;662
Cantabria;118
Territorio;2014
Ávila;170
Burgos;167
León;196
Palencia;73
Salamanca;166
Segovia;134
Soria;48
Valladolid;378
Zamora;128
Castilla y León;1.460
Albacete;522
Ciudad Real;849
Cuenca;386
Guadalajara;124
Toledo;1.014
Castilla-La Mancha;2.895
Barcelona;0
Girona;0
Lleida;2
Tarragona;0
Cataluña;2
Alicante/Alacant;670
Castellón/Castelló;543
Valencia/València;2.250
Comunidad Valenciana;3.463
Badajoz;1.261
Cáceres;487
Extremadura;1.748
Coruña (A);71
Lugo;46
Ourense;86
Pontevedra;96
Galicia;299
Madrid (Comunidad de);228
Murcia (Región de);874
Navarra (Comunidad Foral de);356
Araba/Álava;62
Gipuzkoa;19
Bizkaia;65
País Vasco;146
Rioja (La);134
Ciudad Autónoma de Ceuta;0
Territorio;2014
Ciudad Autónoma de Melilla;1
Extranjera;0
Desconocida;0
Nacional;21.153
Hechos computados de delitos y faltas de hurtos, hurtos en el interior de
vehículos, robos con fuerza, robos con fuerza en el interior de vehículos
y robos con violencia e intimidación, cometidos en explotaciones
agrícolas y ganaderas
Datos de Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Ertzaintza, Policía
Foral de Navarra y a partir de 2013 cuerpos de Policía Local que
facilitan datos.;
Los datos correspondientes a los años 2011 a 2013 ya fueron remitidos a Su
Señoría en respuesta a la pregunta escrita con número de expediente
184/051263, y número de registro de entrada en la Cámara 138523, de fecha
4 de junio de 2014.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068356
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Molinero Hoyos, Francisco y Moreno Felipe, Irene (GP).
Respuesta:
Los cursos y talleres ocupacionales programados por la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias en el centro penitenciario de Albacete
durante los tres últimos años han sido los siguientes:
ACTIVIDAD;PARTICIPANTES;
;HOMBRES;MUJERES
AÑO 2012;;
ANIMACIÓN A LA LECTURA;12;6
BISUTERÍA;0;13
ENCUADERNACIÓN;7;10
TALLA DE MADERA;30;0
TALLER DE COMUNICACIÓN;15;0
TEXTIL;0;12
OBTENCIÓN PERMISO DE CONDUCIR;5;0
AÑO 2013;;
ANIMACIÓN A LA LECTURA;11;8
BISUTERÍA;0;10
ENCUADERNACIÓN;10;7
MÚSICA;18;9
TALLA DE MADERA;32;0
TALLER DE COMUNICACIÓN;20;0
TEXTIL;0;13
OBTENCIÓN PERMISO DE CONDUCIR;10;0
AÑO 2014;;
ANIMACIÓN A LA LECTURA;14;7
BISUTERÍA;0;10
ENCUADERNACIÓN;11;7
ACTIVIDAD;PARTICIPANTES;
;HOMBRES;MUJERES
MÚSICA;22;6
TALLA DE MADERA;32;0
TALLER DE COMUNICACIÓN;19;0
OBTENCIÓN PERMISO DE CONDUCIR;6;1
Por otra parte y por lo que respecta a la Entidad Estatal Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo, las acciones de formación
profesional para el empleo programadas en el centro penitenciario de
Albacete durante dichos años, con expresión del número de internos
participantes, fueron los siguientes:
ESPECIALIDAD;N.º PARTICIPANTES
AÑO 2012;
MANTENEDOR REPARADOR DE EDIFICIOS;20
INFORMÁTICA DE USUARIO;19
MANIPULADOR DE ALIMENTOS;20
MANIPULADOR DE ALIMENTOS;20
CONDUCTOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS;10
TOTAL;89
AÑO 2013;
MANTENEDOR REPARADOR DE EDIFICIOS;17
OPERACIONES BÁSICAS DE CATERING;15
TOTAL;32
AÑO 2014;
CONDUCTOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS;10
PINTOR;16
OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA;15
OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS;16
MANIPULADOR DE ALIMENTOS;20
MANIPULADOR DE ALIMENTOS;20
TOTAL;97
Madrid, 26 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068360
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Molinero Hoyos, Francisco y Moreno Felipe, Irene (GP).
Respuesta:
En relación con la pregunta formulada por Sus Señorías, se desglosa a
continuación el número de permisos de residencia concedidos desde el 1 de
enero de 2004 hasta el 31 de enero de 2015.
Fecha de Resolución;Permisos de residencia favorables
2004;2.975
2005;2.572
2006;3.389
Fecha de Resolución;Permisos de residencia favorables
2007;4.164
2008;3.199
2009;3.831
2010;5.347
2011;2.390
2012;1.679
2013;1.345
2014;1.017
2015;68
Total;31.976
Asimismo, a continuación se muestra el gráfico que ofrece la evolución en
porcentaje del número de permisos de residencia favorables desde el año
2004 en Albacete.
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Madrid, 6 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068375
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Puig Ferrer, Joaquín Francisco y Campos Arteseros, Herick Manuel
(GS).
Respuesta:
El Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas del Aeropuerto de Valencia se
constituyó el 22 de julio de 2011 mediante la firma de un Convenio de
Colaboración. De acuerdo con lo recogido en el Convenio, el Comité está
compuesto por los siguientes organismos:
La Generalitat Valenciana, que ostenta su Presidencia.
La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
El Ayuntamiento de Valencia.
El Ayuntamiento de Manises.
El Ayuntamiento de Quart de Poblet.
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia.
La Confederación Empresarial Valenciana.
AENA, S.A. (en aquel momento AENA, Aeropuertos, S.A.).
Desde su constitución, el Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas del
Aeropuerto de Valencia no ha mantenido ninguna reunión.
Las funciones del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas del Aeropuerto de
Valencia no han variado por el proceso de entrada de capital privado en
AENA, S.A., aprobado por el Consejo de Ministros. Su función, entre
otras, es la de impulsar las iniciativas y actividades del aeropuerto en
el desarrollo del tráfico aéreo con el objeto de mejorar y ampliar las
conexiones del mismo y colaborar con las aerolíneas para su promoción,
con el fin de lograr una mayor efectividad en su lanzamiento y su
sostenibilidad futura.
Madrid, 17 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068376
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Puig Ferrer, Joaquín Francisco y Campos Arteseros, Herick Manuel
(GS).
Respuesta:
El Consejo General del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas del Aeropuerto
de Alicante-Elche se constituyó el 27 de octubre de 2011 y su Comisión
Técnica el 16 de diciembre del mismo año. Dicho Comité está compuesto por
los siguientes organismos:
Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, que
ostenta su Presidencia.
Consellería de Cultura, Turismo y Deporte.
Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.
Ayuntamiento de Alicante.
Ayuntamiento de Elche.
AENA, S.A. (en aquel momento AENA Aeropuertos, S.A.).
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Alicante.
Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA).
El año pasado se incorporaron a dicho Comité la Diputación Provincial de
Alicante y el Ayuntamiento de Benidorm.
Desde su constitución, el Consejo General se ha reunido una vez al año en
los periodos de 2011, 2012 y 2013. Las reuniones mantenidas por la
Comisión Técnica han sido 5: una en 2011, una en 2012, dos en 2013 y una
en 2014. En cada una de las reuniones celebradas han asistido los
miembros que les corresponde asistir, delegando en otras personas si el
vocal titular no podía acudir a éstas.
En las diferentes reuniones realizadas, se ha analizado la evolución del
tráfico del Aeropuerto de Alicante-Elche y se ha elaborado un Plan de
Acción Bienal (2013-2014), que ha tenido continuación con el Plan de
Marketing del aeropuerto redactado el año pasado. Dichos planes han sido
consensuados y aprobados por todos los miembros del Comité. Asimismo, se
han mantenido numerosas reuniones con
compañías aéreas para fomentar el crecimiento del tráfico aéreo, así como
la creación de nuevas rutas incentivándolas mediante las bonificaciones
en las tasas de los pasajeros aprobadas para su implantación de nuevas
rutas, y la congelación de las tasas aeroportuarias hasta el año 2025.
La coordinación de todos los miembros del Comité y el trabajo realizado se
han visto refrendados con el aumento de tráfico que se ha generado para
el aeropuerto en estos dos últimos años, así como en la apertura de
nuevas rutas, que han permitido al Aeropuerto de Alicante-Elche registrar
el mejor año de su historia tras alcanzar y superar la cifra de 10
millones de pasajeros durante el año 2014, un 4,4 % más respecto a 2013.
Finalmente, se indica que las funciones, tanto del Comité de Desarrollo de
Rutas Aéreas del Aeropuerto de Alicante-Elche como de la Comisión
Técnica, no han variado por el proceso de entrada de capital privado en
AENA, S.A., aprobado por el Consejo de Ministros. Su función, entre
otras, es la de impulsar las iniciativas y actividades del aeropuerto en
el desarrollo del tráfico aéreo con el objeto de mejorar y ampliar las
conexiones del mismo y colaborar con las aerolíneas para su promoción,
con el fin de lograr una mayor efectividad en su lanzamiento y su
sostenibilidad futura.
Madrid, 17 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068382
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que en diciembre de
2007 se firmaron diez contratos de concesión para la conservación y
explotación de tramos de autovías de las denominadas de primera
generación.
La retribución de los concesionarios de estos contratos se realiza
mediante peaje en sombra en función de la utilización de la autovía y de
la calidad del servicio (cláusula 64 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares-PCAP), abonando la Administración un canon
de demanda.
La calidad del servicio se mide mediante la aplicación de los indicadores
establecidos en el Anexo 7 que dan lugar a unos factores de corrección al
alza o a la baja de la contraprestación del concesionario (cláusula 65).
Entre los indicadores establecidos en el anexo 7 del PCAP se encuentran
los indicadores de seguridad vial I18 Índice de Peligrosidad e I19 Índice
de Mortalidad, que se definen como el cociente entre el índice del año
correspondiente y la media de los índices de los 4 años anteriores.
Dichos indicadores se computan y liquidan anualmente.
En la definición de estos indicadores se establece que «para la obtención
y análisis de la información necesaria, se recurrirá a las notas de
servicio, órdenes circulares u otras disposiciones emitidas por la
Dirección General de Carreteras».
Por otro lado, el Real Decreto 452/2012, de 5 de marzo, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento, en su
artículo 4, apartado 1.d) establece lo siguiente:
«Corresponde a la Dirección General de Carreteras el ejercicio de las
siguientes funciones en el ámbito de la Red de Carreteras del Estado:
d) La gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias, el
inventario de la seguridad vial, el análisis y seguimiento de la
accidentalidad, la elaboración de informes, estudios, proyectos, planes y
programas de seguridad vial y la realización de evaluaciones de impacto
de seguridad viaria, auditorías, e inspecciones de seguridad vial, en el
ámbito de las competencias del Departamento, sin perjuicio de las
competencias del Ministerio del Interior.»
En base a lo anteriormente expuesto, con fecha 20 de marzo de 2013 la
Dirección General de Carreteras emitió una nota aclaratoria sobre la
aplicación de los indicadores de seguridad vial I18,
I19 y I20, en la que se estableció que a efectos del cálculo de los
referidos indicadores se debían usar los datos oficiales del Ministerio
de Fomento.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068384
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Barberà i Montserrat, Martí (GCiU).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que el artículo
segundo del Real Decreto 1017/2013, de 20 de diciembre, por el que se
aprueba el Programa anual 2014 del Plan Estadístico Nacional 2013-2016,
especifica las estadísticas para fines estatales que han de efectuarse en
dicho año por los servicios estadísticos de la Administración General del
Estado o cualesquiera otras entidades de ella dependientes. De
conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 12/1989, de 9
de mayo, de la Función Estadística Pública y en la disposición adicional
cuarta de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 1990, las estadísticas incluidas son de
cumplimentación obligatoria, sin perjuicio de que su aportación es
estrictamente voluntaria.
El programa incluye la operación estadística 6640, bajo la denominación de
«Estadística del Alumnado de Formación Profesional». En su elaboración
interviene el Gobierno y las consejerías o departamentos con competencia
en la materia de todas las Comunidades Autónomas.
En este momento están disponibles los resultados detallados
correspondientes al curso académico 2012-2013 y los datos de avance
correspondientes al curso académico 2013-2014 que reflejan los centros
por Comunidad Autónoma que impartieron Programas de Cualificación
Profesional Inicial en dicho curso, incluyendo los centros que
impartieron módulos obligatorios y voluntarios.
Estos datos son los siguientes:
Andalucía;505
Aragón;101
Asturias;46
Baleares;64
Canarias;102
Cantabria;49
Castilla y León;149
Castilla-La Mancha;174
Cataluña;271
Comunidad Valenciana;345
Extremadura;156
Galicia;194
Madrid;247
Murcia;74
Navarra;40
País Vasco;35
La Rioja;29
Ceuta;16
Melilla;11
Total;2.608
Madrid, 24 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068385
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Barberà i Montserrat, Martí (GCiU).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que el artículo 109
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, atribuye a las
Administraciones educativas la programación de la oferta de plazas,
armonizando las exigencias derivadas de la obligación que tienen los
poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación y los
derechos individuales de alumnos y alumnas, padres, madres y tutores
legales. Asimismo, establece que «las Administraciones educativas
programarán la oferta educativa de las enseñanzas que en esta Ley se
declaran gratuitas, teniendo en cuenta la programación general de la
enseñanza, las consignaciones presupuestarias existentes y el principio
de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos y, como
garantía de la calidad de la enseñanza, una adecuada y equilibrada
escolarización de los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo
educativo, tomando en consideración la oferta existente de centros
públicos y privados concertados y la demanda social. Asimismo, las
Administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas
suficientes».
La oferta de plazas es una competencia exclusiva de las Comunidades
Autónomas y se efectúa, dentro del marco legal establecido, atendiendo a
criterios propios. No se recoge dicha oferta en las estadísticas de
carácter nacional, sin perjuicio de que algunas Comunidades Autónomas
puedan hacerlo en estadísticas propias.
Madrid, 24 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068386
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Barberà i Montserrat, Martí (GCiU).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que el artículo
segundo del Real Decreto 1017/2013, de 20 de diciembre, por el que se
aprueba el Programa anual 2014 del Plan Estadístico Nacional 2013-2016
especifica las estadísticas para fines estatales que han de efectuarse en
dicho año por los servicios estadísticos de la Administración General del
Estado o cualesquiera otras entidades de ella dependientes. De
conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 12/1989, de 9
de mayo, de la Función Estadística Pública, y en la disposición adicional
cuarta de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 1990, las estadísticas incluidas son de
cumplimentación obligatoria, sin perjuicio de que su aportación es
estrictamente voluntaria.
El programa incluye la operación estadística 6640, bajo la denominación
«Estadística del Alumnado de Formación Profesional». En su elaboración
intervienen el Gobierno y las consejerías o departamentos con competencia
en la materia de todas las Comunidades Autónomas.
En este momento están disponibles los resultados detallados
correspondientes al curso académico 2012-2013 y los datos de avance
correspondientes al curso académico 2013-2014 que son los que se aportan.
Se incluyen los alumnos matriculados en módulos obligatorios y
voluntarios, es decir, datos correspondientes a dos cursos académicos
(primero y segundo).
Andalucía;15.571
Aragón;2.189
Asturias;641
Baleares;2.409
Canarias;3.874
Cantabria;793
Castilla y León;4.664
Castilla-La Mancha;5.307
Cataluña;7.177
Comunidad Valenciana;11.613
Extremadura;3.174
Galicia;4.427
Madrid;9.925
Murcia;4.207
Navarra;1.187
País Vasco;4.316
La Rioja;980
Ceuta;739
Melilla;480
Total;83.673
Madrid, 24 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068521
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
El Gobierno es consciente de la importancia de los sistemas de contención
de vehículos a la hora de atenuar las consecuencias de los accidentes de
tráfico producidos por salida de la calzada y en esta dirección ha venido
trabajado en los últimos años.
Por ello, el Ministerio de Fomento ha sido siempre muy sensible a los
accidentes de motociclistas, a pesar de que el tráfico de este colectivo
por la Red de Carreteras del Estado-RCE representa menos del 1 % y que la
mayoría de los accidentes de motociclistas (el 80 %) ocurren fuera de la
red del Estado.
El Ministerio de Fomento ya en 1995 estableció la obligatoriedad de
utilización, en todas las nuevas instalaciones o reposiciones de
barreras, de perfiles de sustentación de las barreras tipo «C»,
eliminando los elementos cortantes de los perfiles doble T. En 2001, el
Ministerio incluyó en la normativa la utilización de perfiles de tipo
tubular cerrado en carreteras convencionales para los tramos de nueva
construcción y las reposiciones que se tuvieran que hacer en los tramos
existentes.
Específicamente, como barrera de protección de motociclistas, el
Ministerio de Fomento fue la primera administración en promover su
normalización y su instalación.
En 2004, se estableció la colocación de una barrera por debajo de la
bionda que imposibilite que los motociclistas pasen por debajo de ella,
evitando además que puedan golpearse con los postes y no resultando
agresivo para el resto de los vehículos.
La instalación de dichos elementos se realiza en los tramos que presentan
una mayor peligrosidad para los motociclistas por tratarse de curvas con
radio pequeño o bien en tramos donde se producen desaceleraciones
bruscas. Posteriormente, en 2008, se revisaron los criterios de 2004
aumentando las zonas donde instalar las barreras de protección de
motociclistas.
En estos momentos hay instalados en la RCE más de 1.850 km de barreras
para protección de motociclistas.
Desde 2012 se han instalado en la RCE más de 200 km de este tipo de
barreras, de las que más de 50 km han sido instalados en la provincia de
Zaragoza.
El Ministerio de Fomento va a seguir instalando estos sistemas en las
obras nuevas o en la reposición de las barreras de la provincia de
Zaragoza e incluirá en su programación de actuaciones la instalación de
barreras de protección de motociclistas en los tramos que lo necesiten.
Además de la instalación de las barreras de protección de motociclistas,
se realizarán actuaciones que consisten en la eliminación de obstáculos,
nivelación y relleno de bermas, despeje de márgenes, relleno de cunetas,
despejes en las salidas y entradas en los ramales de enlaces, eliminación
de terminales tipo cola de pez y adaptación de pasos de mediana, que
también repercuten en la mejora de las condiciones de seguridad de los
motociclistas.
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068522
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada se indica que todas las
actuaciones que se acometen desde el Ministerio de Fomento, tanto en
nuevas infraestructuras como en tramos en servicio, redundan en una
mejora de la seguridad vial para todos los usuarios y, en particular,
para los motociclistas.
Las obligaciones reconocidas desde el año 2000 en materia de carreteras en
la provincia de Zaragoza ascienden a 1.661.853.943,8 euros.
Madrid, 19 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068531
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Su Señoría que
a continuación se muestra en la tabla el total de emigraciones de
españoles residentes en la Provincia de Zaragoza que salen de esta
provincia hacia otros lugares de España o fuera de España.
Los resultados se proporcionan desglosados por el lugar de destino según
agrupación de países y referida a los años 2012, 2013 y al primer
semestre de 2014, siendo los resultados correspondientes al año 2014 los
últimos disponibles y con carácter provisional.
Españoles residentes en Zaragoza que emigran fuera de Zaragoza, tanto al
extranjero como al resto de España
;Año de referencia de la emigración;;
Lugar de destino de la emigración;2012;2013;2014 Semestre 1 (Provisional)
Total emigración al extranjero;941;1.252;639
Unión Europea;451;549;263
Resto de Europa;30;52;26
África;39;28;12
;Año de referencia de la emigración;;
Lugar de destino de la emigración;2012;2013;2014 Semestre 1 (Provisional)
América del Norte;66;91;31
Centro América y Caribe;21;35;19
Sudamérica;272;446;255
Asia;51;43;32
Oceanía;11;8;1
Total emigración al resto de España;5.991;6.030;3.101
Total emigración desde Zaragoza;6.932;7.282;3.740
Fuente: Estadística de Migraciones, Instituto Nacional de Estadística.
Los datos de 2014 corresponden al primer semestre del año y tienen
carácter provisional.;;;
Madrid, 12 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068534
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Su Señoría que
la Estadística de Sociedades Mercantiles proporciona información mensual
de las sociedades creadas, de las sociedades disueltas y de aquellas en
las que se han producido modificaciones de capital. Se obtienen datos por
Provincias, Comunidades Autónomas y total nacional a partir de los datos
suministrados por el Registro Mercantil Central que recoge información de
todo el territorio nacional, incluidas Ceuta y Melilla.
Esta información se refiere a actos legales, ya que se trata de la
inscripción en el registro mercantil de la constitución, modificaciones
de capital y disolución de las sociedades.
Se adjunta tabla con información del número de sociedades mercantiles
constituidas en la Provincia de Zaragoza, en Aragón y el total de España
para el periodo comprendido entre los años 2000 y 2013 y el agregado de
enero a noviembre del año 2014 (lo publicado hasta la fecha). Así mismo,
se aporta información de los porcentajes que representan el número de
sociedades mercantiles constituidas en la Provincia de Zaragoza, respecto
al total de Castilla y León, y respecto al total de España.
Sociedades mercantiles constituidas
;Zaragoza;Aragón;% Zaragoza respecto al total autonómico;Total España;%
Zaragoza respecto al total de España
2000;2.075;2.644;78,48;115.493;1,80
2001;2.016;2.632;76,60;110.648;1,82
2002;1.929;2.558;75,41;114.738;1,68
2003;2.179;2.787;78,18;123.750;1,76
2004;2.289;2.951;77,57;130.992;1,75
2005;2.484;3.239;76,69;138.981;1,79
2006;2.833;3.611;78,45;148.964;1,90
2007;2.753;3.716;74,09;142.763;1,93
2008;1.870;2.397;78,01;103.565;1,81
;Zaragoza;Aragón;% Zaragoza respecto al total autonómico;Total España;%
Zaragoza respecto al total de España
2009;1.435;1.843;77,86;78.204;1,83
2010;1.423;1.864;76,34;79.994;1,78
2011;1.407;1.822;77,22;84.812;1,66
2012;1.537;1.980;77,63;87.182;1,76
2013;1.593;2.022;78,78;93.420;1,71
ene14-nov14;1.409;1.771;79,56;86.664;1,63
Madrid, 12 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068549
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que, en el momento
actual, el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, contempla en su
programación (Programa de Rehabilitación Arquitectónica cap. VI y
Programa de Conservación del Patrimonio Histórico Artístico 1,5 %
Cultural), las siguientes actuaciones que guardan relación con
inversiones de puesta de valor patrimonial, cultural, natural, turístico
y etnográfico en el itinerario de la Vía de la Plata:
Rehabilitación del Teatro María Luisa, Mérida, Badajoz.
Inversión total en obra prevista: 3840615,16 euros. El Ministerio
financiará el 55 % (2.112.338,34 euros), en colaboración con el
Ayuntamiento de Mérida.
Restauración y recuperación arquitectónica de los sistemas constructivos
exteriores del Palacio Episcopal, Astorga, León.
Inversión total en obra prevista: 1.835.530 euros, a financiar
íntegramente por el Ministerio de Fomento.
Centro Cultural Lyda, Teatro Gullón, Astorga, León.
Inversión total prevista en obra: 4.512.544,46 euros, a financiar
íntegramente por el Ministerio de Fomento.
Realización de la cubierta de la Casa Romana del Anfiteatro de Mérida y
protección de sus restos arqueológicos.
Inversión total según Convenio: 1.827.830,43 euros, aportación del
Ministerio de Fomento: 1.370.872,82 euros (75,00 %).
Por otra parte, se han convocado (BOE de 27 de noviembre de 2014) ayudas
del «1,5 % Cultural» para financiar nuevas actuaciones de conservación y
enriquecimiento del patrimonio histórico. Dado que actualmente está en
curso el proceso de selección, no se puede aún indicar cuáles de las
nuevas actuaciones a financiar pueden estar relacionadas con la «Vía de
la Plata».
No obstante, se indica que la Vía de la Plata constituye uno de los
itinerarios históricos más antiguos y mejor documentados en la Península
Ibérica. Es un camino histórico de origen romano (calzada de Mérida a
Astorga), que ha sido utilizado como vía de comunicación entre Sevilla y
León, no sólo en época romana, sino también durante la Edad Media y la
Moderna, cuando se convirtió en el eje fundamental de los intercambios
entre Castilla y América. Por otra parte, ha sido el camino utilizado por
los artistas barrocos en sus continuos desplazamientos entre Andalucía y
Extremadura. Como consecuencia de su uso ininterrumpido como itinerario
comercial y de comunicación, cuenta con importantes hitos culturales que
suman una indiscutible riqueza patrimonial y cultural.
El Consejo de Patrimonio Histórico acordó su inclusión en la Lista
indicativa de Patrimonio Mundial, por tratarse de un bien cultural que
podría presentarse ante la UNESCO para ser declarado Patrimonio Mundial.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha apoyado la promoción y
consolidación de la Vía de la Plata como itinerario cultural de primer
orden, en colaboración con las Comunidades autónomas de Andalucía,
Asturias, Castilla y León, Extremadura y Galicia, que sin embargo no han
posibilitado la creación de un órgano de cooperación estable entre las
administraciones competentes.
Por lo anterior, a partir de 2012 el apoyo del Ministerio se realiza a
través de sus líneas de ayudas, para lo que es necesario que se reciban
solicitudes sobre este bien cultural que se adecuen a los requisitos de
las distintas convocatorias y sean valorados por la correspondiente
comisión de valoración. Mediante esta vía se ha concedido en distintos
ejercicios a la Asociación Red Arrayán de Cultura, Patrimonio y Medio
Ambiente una subvención para el Proyecto MAST de movilidad y promoción
turística, relativo al Itinerario Eco-Cultural de la Vía de la Plata.
Asimismo, en 2014 se ha concedido una subvención en régimen de
concurrencia competitiva, en el ámbito de las Ayudas para proyectos de
conservación, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio
Mundial, para financiar el proyecto que se indica y que se encuentra
dentro del itinerario cultural de la antigua vía de comunicación romana
que une Mérida y Astorga, conocida así mismo como Vía de la Plata.
Provincia;Entidad Local;Proyecto;Cuantía ()
Salamanca;Ayuntamiento
de Salamanca;Restauración del coronamiento de las fachadas de la Plaza
Mayor de Salamanca;88.884,04
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068551 y 184/068552
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Respuesta:
El Gobierno ya ha invertido, en la Plaza de Abastos de A Ponte, la
cantidad de 2.157.465,41 euros, importe total de las obras financiadas al
100 % por el Ministerio de Fomento. Las obras se han recibido el 18 de
diciembre de 2014.
Por otra parte, por lo que se refiere a una posible actuación en la Plaza
de Abastos de Ourense, en el marco del «1,5 % cultural», ha de señalarse
que la asignación de estas ayudas se rige por principios de publicidad y
concurrencia, de acuerdo con lo dispuesto en la orden de bases
reguladoras de estas ayudas (Orden FOM/1932/2014), y en la vigente
convocatoria, publicada en el BOE de 27 de noviembre de 2014.
Madrid, 18 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068553
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia, cabe recordar a Su Señoría que
la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de
marzo, y otras normas tributarias, incluye una Disposición adicional
única referente a la regularización de deudas tributarias
correspondientes a pensiones
procedentes del extranjero y condonación de las sanciones, recargos e
intereses liquidados por este concepto. Esta Disposición gira en torno a
dos ejes:
La apertura de un período de regularización extraordinaria de pensiones
procedentes del exterior, sin exigencia de recargos, intereses ni
sanciones.
La condonación de los recargos, intereses y sanciones derivados de la
regularización de la situación tributaria de los contribuyentes que hayan
obtenido pensiones procedentes del exterior.
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068564
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Respuesta:
En relación con la información interesada se señala que no se puede
anticipar el número de trabajadores afectados por expedientes pendientes
de tramitar por parte del Fondo de Garantía Salarial, ya que un
expediente puede ser individual o contener un número indeterminado de
trabajadores. Hay que tener en cuenta que, dado que las prestaciones del
FOGASA se refieren a insolvencias empresariales, los trabajadores pueden
aparecer agrupados o de forma individual.
De acuerdo con ello, en una aproximación estimada, puede decirse que los
trabajadores afectados por expedientes pendientes de resolver en la
provincia de Ourense estarían en torno a los 70.
Madrid, 6 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068565 a 184/068569
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Respuesta:
En el siguiente cuadro se recoge la información solicitada por Su Señoría:
Bajas de prestaciones por desempleo en la provincia de Ourense. Año 2014
Causa baja de la prestación;Prestación contributiva;Subsidio por
desempleo;Renta activa de inserción;Total
Agotamiento;6.078;2.908;1.451;10.437
Colocación cuenta ajena;13.025;7.336;536;20.897
Colocación cuenta propia;581;332;68;981
Colocación fijo discontinuo;7;0;0;7
Emigración;328;183;25;536
Jubilación e invalidez;176;518;17;711
Total;20.195;11.277;2.097;33.569
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068572
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que a lo largo del
presente ejercicio 2015, está previsto que el Gobierno, a través del
Ministerio de Fomento, inicie un Estudio para analizar esta actuación
interesada.
Madrid, 23 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068573
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Su Señoría que,
dado que no se dispone de emigraciones desglosadas por causa de la
emigración, se muestra en la siguiente tabla el total de emigraciones al
extranjero de personas con nacionalidad española que se han marchado
fuera de España durante los años 2012, 2013 y el primer semestre de 2014,
detallados por Comunidades Autónomas y Provincias. Los datos
correspondientes al año 2014 tienen carácter provisional.
Españoles residentes en España que emigran fuera de España
Lugar de origen de la emigración;;Año de referencia de la emigración;;
Comunidades y ciudades autónomas;Provincias;2012;2013;2014 Semestre 1
(Provisional)
Total Nacional;Total;57.267;73.329;42.685
Andalucía;Total;6.331;8.061;4.710
;Almería;561;758;408
;Cádiz;902;1.082;606
;Córdoba;393;579;322
;Granada;822;1.038;681
;Huelva;247;269;189
;Jaén;270;320;239
;Málaga;1.865;2.316;1.305
;Sevilla;1.271;1.699;959
Aragón;Total;1.210;1.586;851
;Huesca;203;245;162
;Teruel;66;90;50
;Zaragoza;941;1.252;639
Asturias, Principado de;Total;1.004;1.358;779
;Asturias;1.004;1.358;779
Lugar de origen de la emigración;;Año de referencia de la emigración;;
Comunidades y ciudades autónomas;Provincias;2012;2013;2014 Semestre 1
(Provisional)
Balears, Illes;Total;1.388;1.990;1.158
;Balears, Illes;1.388;1.990;1.158
Canarias;Total;2.905;4.171;2.398
;Palmas, Las;1.120;1.661;942
;Santa Cruz de Tenerife;1.785;2.510;1.456
Cantabria;Total;528;615;376
;Cantabria;528;615;376
Castilla y León;Total;1.802;2.655;1.560
;Ávila;80;160;105
;Burgos;282;458;236
;León;390;534;324
;Palencia;86;125;90
;Salamanca;275;409;232
;Segovia;133;164;75
;Soria;55;101;84
;Valladolid;404;568;317
;Zamora;94;135;97
Castilla-La Mancha;Total;1.306;2.033;1.356
;Albacete;258;331;223
;Ciudad Real;226;383;258
;Cuenca;75;133;88
;Guadalajara;278;418;267
;Toledo;469;768;521
Cataluña;Total;10.957;13.394;8.419
;Barcelona;8.427;10.052;6.326
;Girona;1.060;1.375;867
;Lleida;567;718;405
;Tarragona;903;1.248;821
Comunitat Valenciana;Total;5.927;7.710;4.475
;Alicante/Alacant;2.242;2.870;1.637
;Castellón/Castelló;557;735;403
;Valencia/València;3.127;4.105;2.436
Extremadura;Total;512;673;446
;Badajoz;272;387;259
;Cáceres;239;287;187
Galicia;Total;4.212;4.862;2.530
;Coruña, A;1.843;2.115;1.122
;Lugo;261;310;190
;Ourense;674;774;342
;Pontevedra;1.432;1.663;876
Madrid, Comunidad de;Total;14.173;17.933;9.889
;Madrid;14.173;17.933;9.889
Lugar de origen de la emigración;;Año de referencia de la emigración;;
Comunidades y ciudades autónomas;Provincias;2012;2013;2014 Semestre 1
(Provisional)
Murcia, Región de;Total;1.550;1.988;1.039
;Murcia;1.550;1.988;1.039
Navarra, Comunidad Foral de;Total;882;1.251;725
;Navarra;882;1.251;725
País Vasco;Total;2.029;2.315;1.462
;Araba/Álava;241;253;160
;Bizkaia;830;1.064;712
;Gipuzkoa;958;998;590
Rioja, La;Total;281;422;320
;Rioja, La;281;422;320
Ceuta;Total;127;134;98
;Ceuta;127;134;98
Melilla;Total;144;177;92
;Melilla;144;177;92
Fuente: Estadística de Migraciones, INE.
Los datos de 2014 corresponden al primer semestre del año y tienen
carácter provisional.;;;;
Madrid, 12 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068581
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
La evolución de la plantilla de trabajadores de los distintos organismos
públicos que componen el sistema portuario de titularidad estatal,
desglosada por años, de 31 diciembre de 2011 a 31 de diciembre de 2014,
agrupada por Comunidades Autónomas, ha sido la siguiente:
Autoridad Portuaria;Personal (n.º) a 31 de diciembre de 2011;Personal
(n.º) a 31 de diciembre de 2012;Personal (n.º) a 31 de diciembre de
2013;Personal (n.º) a 31 de diciembre de 2014
Pasajes;134;131;130;131
Bilbao;255;251;247;237
Total País Vasco;389;382;377;368
Santander;160;158;152;154
Total Cantabria;160;158;152;154
Gijón;173;173;167;158
Avilés;83;81;78;81
Total Principado de Asturias;256;254;245;239
Ferrol San Cibrao;104;102;99;103
Autoridad Portuaria;Personal (n.º) a 31 de diciembre de 2011;Personal
(n.º) a 31 de diciembre de 2012;Personal (n.º) a 31 de diciembre de
2013;Personal (n.º) a 31 de diciembre de 2014
A Coruña;154;154;152;148
Vilagarcia de Arousa;71;70;71;69
Marín-Pontevedra;77;76;74;73
Vigo;220;217;213;220
Total Galicia;626;619;609;613
Las Palmas;310;310;306;302
Sta. Cruz de Tenerife;216;212;212;208
Total Canarias;526;522;518;510
Huelva;195;191;186;182
Sevilla;130;127;123;117
Bahía de Cádiz;179;173;169;165
Bahía de Algeciras;301;298;292;299
Málaga;175;178;175;171
Motril;67;66;66;67
Almería;119;118;116;116
Total Andalucía;1.166;1.151;1.127;1.117
Ceuta;133;132;139;133
Total Ciudad Autónoma de Ceuta;133;132;139;133
Melilla;78;74;72;73
Total Ciudad Autónoma de Melilla;78;74;72;73
Cartagena;163;160;155;149
Total Región de Murcia;163;160;155;149
Alicante;116;115;111;106
Valencia;386;383;376;378
Castellón;123;121;121;116
Total Comunidad Valenciana;625;619;608;600
Baleares;295;296;289;285
Total Illes Balears;295;296;289;285
Tarragona;215;213;209;207
Barcelona;484;467;460;455
Total Cataluña;699;680;669;662
Madrid - OPPE;149;148;146;141
Total Madrid;149;148;146;141
Total;5.265;5.195;5.106;5.044
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068582
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Los beneficios brutos obtenidos por ADIF en 2013, por aparcamientos en las
estaciones AVE, ascendieron a un total de 16.504,0 miles de euros.
En el 2014, estos aparcamientos, junto con otros propiedad de ADIF, han
pasado a ser gestionados en régimen de concesión. Esta concesión, con un
periodo de 10 años, ha generado unos ingresos para ADIF AV y ADIF de
140.760.000 euros, cifra única y sin desglose.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068592 y 184/068593
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En relación con las preguntas de referencia, el Gobierno se remite a la
respuesta a las preguntas formuladas por Su Señoría con los números de
expediente 184/061410, 184/061411 y 184/062077, enviada al Congreso de
los Diputados el 17 de noviembre de 2014, con número de registro de
entrada en la Cámara 163007, que se reproduce a continuación:
«En relación con las preguntas de referencia cabe informar a Su Señoría
que la adaptación de la plantilla de CORREOS a la evolución de su
actividad, al contexto actual y, en definitiva, a la realidad, se viene
realizando de manera escalonada desde hace tiempo, mediante un descenso
natural de los efectivos, primando la eficiencia, el adecuado
cumplimiento de las obligaciones de servicio público y la conciliación de
los intereses de los empleados y la empresa.
En este sentido, es importante señalar que la adaptación de la plantilla
en los ejercicios solicitados obedece a que se ha generado una
disminución constante en los envíos distribuidos en los últimos años, lo
que junto con otros factores como la tecnificación de las tareas
operativas (generalización del uso de tecnologías de movilidad,
optimización de flujos logísticos, simplificación de tareas
administrativas, ) o la mejora de los procesos de automatización (que
afecta al 94 % de la correspondencia), ha conllevado una disminución en
las necesidades de personal de la Sociedad Estatal.»
Asimismo, cabe señalar que dicha respuesta incluía 2 anexos, que se
adjuntan de nuevo:
En el anexo I se incluye la evolución de la plantilla media en el período
2011-2013.
Y en el anexo II se indican las inversiones realizadas en ese período por
Comunidades Autónomas y provincias.
Anexo I
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
;Plantilla Media (N.º Trabajadores);;
;31/12/2011;31/12/2012;31/12/2013
Almería;684,28;643,16;617,13
Cádiz;1.128,36;1.077,08;1.021,90
Córdoba;800,40;774,74;723,36
Granada;1.094,44;1.049,59;974,34
Huelva;505,82;474,54;444,97
Jaén;686,39;638,65;601,42
Málaga;1.580,88;1.511,67;1.430,51
Sevilla;2.149,17;2.066,28;2.025,40
;Plantilla Media (N.º Trabajadores);;
;31/12/2011;31/12/2012;31/12/2013
Andalucía;8.629,74;8.235,70;7.839,03
Huesca;352,31;325,97;306,25
Teruel;197,34;186,51;180,12
Zaragoza;1.216,91;1.142,70;1.080,28
Aragón;1.766,56;1.655,18;1.566,64
Navarra;779,68;735,97;690,86
C.F. Navarra;779,68;735,97;690,86
Centro Directivo;1.098,99;1.044,59;1.049,34
Madrid;9.755,18;9.069,84;8.601,81
C. Madrid;10.854,17;10.114,42;9.651,15
Alicante;1.925,19;1.813,53;1.759,39
Castellón;599,06;569,74;538,16
Valencia;2.724,75;2.619,27;2.530,67
C. Valenciana;5.249,00;5.002,54;4.828,21
Las Palmas;1.277,35;1.226,27;1.189,36
Sta. Cruz Tenerife;1.273,74;1.207,40;1.157,03
Canarias;2.551,09;2.433,68;2.346,39
Cantabria;718,42;690,60;667,52
Cantabria;718,42;690,60;667,52
Albacete;415,33;399,38;386,95
Ciudad Real;532,71;499,36;487,87
Cuenca;282,36;270,60;263,14
Guadalajara;305,65;292,01;273,19
Toledo;838,07;803,24;760,64
Castilla La Mancha;2.374,12;2.264,59;2.171,79
Ávila;222,13;204,40;192,84
Burgos;438,43;406,37;381,29
León;705,50;659,92;636,55
Palencia;234,60;217,70;202,48
Salamanca;422,69;398,65;375,09
Segovia;193,58;180,62;166,79
Soria;161,53;148,46;142,13
Valladolid;807,28;768,62;720,52
Zamora;229,82;208,27;200,12
Castilla y León;3.415,56;3.192,99;3.017,80
Barcelona;7.512,79;7.116,16;6.751,05
Girona;873,22;824,68;788,52
Lleida;662,46;641,11;616,88
Tarragona;904,98;863,13;835,81
Cataluña;9.953,45;9.445,08;8.992,26
Ceuta;79,30;72,63;70,13
C. A. Ceuta;79,30;72,63;70,13
Badajoz;789,24;753,46;730,01
;Plantilla Media (N.º Trabajadores);;
;31/12/2011;31/12/2012;31/12/2013
Cáceres;521,01;494,72;474,76
Extremadura;1.310,25;1.248,18;1.204,77
A Coruña;1.564,58;1.504,47;1.470,36
Lugo;583,37;540,58;516,58
Ourense;492,57;457,57;430,85
Pontevedra;1.159,82;1.107,18;1.061,79
Galicia;3.800,34;3.609,80;3.479,58
Illes Balears;1.302,63;1.240,97;1.161,24
I. Balears;1.302,63;1.240,97;1.161,24
La Rioja;372,61;338,35;321,42
La Rioja;372,61;338,35;321,42
Melilla;76,62;68,93;63,81
C. A. Melilla;76,62;68,93;63,81
Asturias;1.584,39;1.497,08;1.429,25
P. Asturias;1.584,39;1.497,08;1.429,25
Araba/Álava;489,07;464,35;448,50
Gipuzkoa;837,02;783,56;745,01
Bizkaia;1.463,63;1.393,88;1.353,43
País Vasco;2.789,72;2.641,79;2.546,94
Murcia;1.359,71;1.286,63;1.215,52
R. Murcia;1.359,71;1.286,63;1.215,52
Total;58.967,36;55.775,12;53.264,31
Anexo II
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
Inversiones no Financieras
Comunidad Autónoma;Provincia;2011 (Real);2012 (Real);2013 (Real)
País Vasco;Araba/Álava;226.131,59;772.819,29;688.699,96
;Gipuzkoa;662.439,97;933.538,73;775.562,75
;Bizkaia;774.726,03;403.853,84;1.049.469,24
Total País Vasco;;1.663.297,59;2.110.211,86;2.513.731,95
Cataluña;Barcelona;4.309.724,96;5.732.778,88;12.938.755,28
;Girona;772.402,22;261.022,63;465.621,66
;Lleida;755.177,54;123.680,68;317.647,15
;Tarragona;2.935.220,35;731.080,60;785.370,80
Total Cataluña;;8.772.525,07;6.848.562,79;14.507.394,89
Galicia;Coruña (A);550.818,54;1.391.080,55;1.046.561,53
;Lugo;280.644,53;66.319,24;205.108,85
;Ourense;303.914,27;72.612,45;150.401,92
;Pontevedra;269.838,30;224.840,42;952.615,61
Total Galicia;;1.405.215,64;1.754.852,66;2.354.687,91
Comunidad Autónoma;Provincia;2011 (Real);2012 (Real);2013 (Real)
Andalucía;Almería;1.100.509,34;138.376,90;296.569,21
;Cádiz;470.990,56;230.709,22;653.983,71
;Córdoba;336.266,08;165.477,75;492.705,75
;Granada;328.981,22;452.431,22;471.159,94
;Huelva;233.606,21;304.703,44;651.619,20
;Jaén;988.034,67;316.017,87;357.867,02
;Málaga;674.987,99;573.969,17;1.105.228,77
;Sevilla;1.156.405,30;1.270.703,00;1.816.816,32
Total Andalucía;;5.289.781,37;3.452.388,57;5.845.949,92
Asturias;Asturias (Oviedo);2.062.818,01;1.117.168,58;680.215,80
Total Principado de Asturias;;2.062.818,01;1.117.168,58;680.215,80
Cantabria;Cantabria (Santander);394.905,80;502.092,36;442.212,49
Total Cantabria;;394.905,80;502.092,36;442.212,49
La Rioja;Rioja (La);77.927,25;535.304,91;258.117,88
Total La Rioja;;77.927,25;535.304,91;258.117,88
Murcia;Murcia;1.235.202,07;1.171.011,01;853.955,75
Total Región de Murcia;;1.235.202,07;1.171.011,01;853.955,75
Comunidad Valenciana;Alicante;3.531.426,45;1.415.645,01;1.273.082,51
;Castellón;318.186,60;330.825,30;373.715,28
;Valencia;1.052.631,86;1.882.384,52;1.655.987,32
Total Comunidad Valenciana;;4.902.244,91;3.628.854,83;3.302.785,11
Aragón;Huesca;164.474,61;39.180,37;148.059,66
;Teruel;101.315,25;22.183,69;92.574,94
;Zaragoza;491.178,96;686.807,75;838.208,28
Total Aragón;;756.968,82;748.171,81;1.078.842,88
Castilla-La Mancha;Albacete;147.244,04;109.634,14;226.317,39
;Ciudad Real;495.912,04;232.763,02;696.978,25
;Cuenca;1.357.693,66;494.905,02;245.681,58
;Guadalajara;148.918,23;77.796,01;129.916,83
;Toledo;606.539,65;301.648,57;606.754,33
Total Castilla-La Mancha;;2.756.307,62;1.216.746,76;1.905.648,38
Canarias;Palmas (Las);867.318,30;1.751.737,15;1.303.906,04
;Sta. Cruz De Tenerife;1.029.727,78;342.369,78;708.819,29
Total Canarias;;1.897.046,08;2.094.106,93;2.012.725,33
Navarra;Navarra;886.632,32;372.257,68;573.394,19
Total Comunidad Foral de Navarra;;886.632,32;372.257,68;573.394,19
Extremadura;Badajoz;690.971,25;380.810,04;394.299,91
;Cáceres;378.732,15;100.267,85;2.779.985,88
Total Extremadura;;1.069.703,40;481.077,89;3.174.285,79
Illes Balears;Baleares;669.644,25;1.261.824,08;998.047,11
Total Illes Balears;;669.644,25;1.261.824,08;998.047,11
Madrid;Madrid;6.355.527,07;5.330.794,16;8.304.177,15
Total Madrid;;6.355.527,07;5.330.794,16;8.304.177,15
Comunidad Autónoma;Provincia;2011 (Real);2012 (Real);2013 (Real)
Castilla y León;Ávila;209.084,28;37.651,04;110.376,11
;Burgos;288.073,56;75.845,74;211.327,24
;León;362.349,82;343.129,53;337.946,18
;Palencia;268.623,36;37.640,07;127.074,92
;Salamanca;1.018.149,38;324.265,68;178.381,53
;Segovia;103.172,69;271.719,94;92.065,62
;Soria;75.487,31;20.166,73;61.109,92
;Valladolid;338.251,88;569.673,55;279.656,20
;Zamora;100.490,95;62.115,85;372.845,30
Total Castilla y León;;2.763.683,23;1.742.208,13;1.770.783,02
Ceuta;Ceuta;19.203,65;8.335,23;40.481,38
Total Ciudad Autónoma de Ceuta;;19.203,65;8.335,23;40.481,38
Melilla;Melilla;49.633,88;10.133,68;52.239,19
Total Ciudad Autónoma de Melilla;;49.633,88;10.133,68;52.239,19
No Regionalizable;No Regionalizable;1.472.059,26;2.365.601,47;1.262.938,86
Total No Regionalizable;;1.472.059,26;2.365.601,47;1.262.938,86
Total General;;44.500.327,29;36.751.705,39;51.932.614,98
Datos en euros;;;;
Madrid, 12 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068595
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Los efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, a enero de
2015, eran los recogidos en el siguiente cuadro:
CC.AA.;Provincia;Efectivos Enero 2015
Andalucía;Almería;145
;Cádiz;182
;Córdoba;172
;Granada;238
;Huelva;135
;Jaén;160
;Málaga;262
;Sevilla;346
Total Andalucía;;1.640
Aragón;Huesca;183
;Teruel;136
;Zaragoza;257
Total Aragón;;576
CC.AA.;Provincia;Efectivos Enero 2015
P. de Asturias;Asturias;324
Total Asturias;;324
Illes Balears;Balears;228
Total Balears;;228
Canarias;Las Palmas;203
;Sta.Cruz Tenerife;217
Total Canarias;;420
Cantabria;Cantabria;197
Total Cantabria;;197
Castilla-La Mancha;Albacete;138
;Ciudad Real;154
;Cuenca;158
;Guadalajara;125
;Toledo;232
Total Castilla-La Mancha;;807
Castilla y León;Ávila;141
;Burgos;212
;León;238
;Palencia;105
;Salamanca;141
;Segovia;124
;Soria;109
;Valladolid;145
;Zamora;129
Total Castilla y León;;1.344
Extremadura;Badajoz;311
;Cáceres;174
Total Extremadura;;485
Galicia;A Coruña;322
;Lugo;174
;Ourense;146
;Pontevedra;266
Total Galicia;;908
La Rioja;La Rioja;124
Total La Rioja;;124
C. de Madrid;Madrid;918
Total Madrid;;918
Región de Murcia;Murcia;236
Total Murcia;;236
C.F. de Navarra;Navarra;178
Total Navarra;;178
CC.AA.;Provincia;Efectivos Enero 2015
C. Valenciana;Alicante;292
;Castellón;185
;Valencia;380
Total C. Valenciana;;857
Total General;;9.242
Los datos referidos a noviembre de 2011 ya obran en poder de Su Señoría.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068596
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Se adjunta anexo con información de los datos de tasa de cobertura del
sistema de protección por desempleo, por provincias y comunidades
autónomas, de los años 2011 a 2014, desagregados por meses (último dato
disponible).
Anexo
Tasa de Cobertura del Sistema de Protección por Desempleo. Año 2011
Provincia/C.A.;Enero;Febrero;Marzo;Abril;Mayo;Junio;Julio;Agosto;Septiembre;Octubre;Noviembre;Diciembre;Media Anual Prov./Ca
Almería;85,0;81,2;78,8;76,8;77,8;83,0;87,7;86,2;78,2;72,7;72,8;72,6;79,4
Cádiz;72,6;70,4;68,9;67,1;67,0;66,6;67,6;67,3;65,2;65,1;66,7;67,0;67,6
Córdoba;82,3;82,7;83,7;83,4;83,9;83,5;83,8;82,8;80,4;79,3;79,5;78,9;82,0
Granada;82,2;80,7;80,1;78,9;79,3;79,1;79,7;78,8;76,1;74,3;74,2;74,8;78,1
Huelva;90,5;85,6;83,3;80,9;82,4;88,1;92,6;90,9;85,0;81,8;83,4;85,8;85,9
Jaén;91,0;92,3;93,9;93,6;95,0;94,7;95,4;94,0;90,9;90,3;88,8;87,9;92,3
Málaga;78,1;75,5;73,2;71,3;71,2;70,9;71,7;71,0;68,7;68,1;70,2;70,5;71,7
Sevilla;79,4;78,2;77,3;76,1;75,9;75,8;76,1;75,1;73,2;72,5;73,5;73,1;75,5
Andalucía;80,4;72,7;77,6;76,3;76,6;77,2;78,5;77,6;74,6;73,3;74,1;74,1;76,6
Huesca;80,7;77,2;76,5;75,1;76,4;75,3;75,7;74,5;72,5;76,6;76,6;75,2;76,0
Teruel;83,1;80,8;77,0;75,7;75,3;74,4;75,3;75,0;72,6;72,7;72,9;74,1;75,7
Zaragoza;75,7;72,5;70,7;69,5;69,7;70,4;70,1;69,5;67,5;68,0;68,4;67,6;70,0
Aragón;77,1;74,0;72,1;70,9;71,2;71,5;71,3;70,8;68,7;69,8;70,0;69,3;71,4
Principado de
Asturias;73,2;70,5;69,6;69,1;68,7;69,2;69,4;68,8;67,4;68,3;67,9;67,4;69,1
Illes
Balears;118,2;108,1;93,5;79,4;70,3;70,4;71,5;72,6;70,1;74,1;99,3;110,7;88,3
Las
Palmas;72,7;70,8;68,9;67,5;66,7;68,2;70,0;68,9;65,4;64,4;64,9;65,5;67,8
S.C.
Tenerife;74,4;72,9;71,4;69,5;68,2;69,0;70,6;70,0;66,8;66,3;66,7;66,8;69,4
Canarias;73,5;71,8;70,1;68,4;67,4;68,6;70,3;69,4;66,1;65,3;65,8;66,1;68,5
Provincia/C.A.;Enero;Febrero;Marzo;Abril;Mayo;Junio;Julio;Agosto;Septiembre;Octubre;Noviembre;Diciembre;Media Anual Prov./Ca
Cantabria;72,0;67,9;65,6;64,1;63,3;64,6;65,0;64,8;62,3;61,6;63,7;65,9;65,1
Albacete;69,7;67,2;66,3;64,0;61,7;60,8;62,8;62,7;61,1;62,1;63,0;63,6;63,8
Ciudad
Real;69,3;67,0;65,1;63,2;60,9;60,3;61,3;61,8;58,2;59,7;60,1;61,0;62,3
Cuenca;76,0;74,3;72,3;69,4;67,2;66,2;67,6;67,7;66,7;67,6;67,7;67,8;69,2
Guadalajara;76,0;73,1;71,5;69,8;68,8;71,0;72,3;71,9;67,8;67,1;68,2;68,3;70,5
Toledo;67,6;65,3;63,8;63,1;61,0;60,3;60,8;60,9;58,2;58,6;59,3;60,6;61,6
Castilla-La
Mancha;70,0;67,7;66,1;64,5;62,4;61,9;63,0;63,1;60,4;61,2;61,8;62,7;63,7
Ávila;74,3;71,7;71,9;69,3;67,1;66,5;67,8;67,7;64,7;65,9;69,1;70,0;68,9
Burgos;74,7;72,9;71,2;70,2;69,4;70,8;73,2;72,3;70,1;70,3;70,5;70,6;71,3
León;78,8;78,0;75,3;72,5;70,9;70,9;72,2;71,6;69,4;68,5;70,3;70,9;72,5
Palencia;72,1;69,7;67,4;66,2;64,9;64,4;66,1;66,7;64,0;64,6;66,8;67,9;66,8
Salamanca;71,1;69,4;67,5;66,1;64,4;66,2;67,2;67,0;64,8;65,0;65,4;65,4;66,6
Segovia;70,9;69,8;68,3;66,9;65,9;65,0;66,2;66,7;63,6;63,3;66,1;66,7;66,7
Soria;79,8;79,7;74,8;74,5;73,7;74,8;75,6;77,4;72,6;73,3;76,6;76,8;75,9
Valladolid;68,5;66,5;65,2;64,2;62,9;62,9;65,1;65,0;63,0;63,0;63,6;63,5;64,5
Zamora;70,5;68,4;66,3;65,5;63,7;63,4;64,9;64,6;62,5;61,9;64,5;64,9;65,1
Castilla y
León;73,0;71,3;69,5;68,0;66,5;66,9;68,5;68,3;65,9;65,9;67,3;67,6;68,3
Barcelona;81,2;78,0;75,2;74,0;72,9;74,7;75,3;75,0;71,3;71,5;72,8;73,7;74,6
Girona;97,8;91,8;85,2;80,1;78,2;79,5;80,3;80,3;78,6;84,4;91,5;92,3;85,3
Lleida;84,9;81,7;79,2;77,4;76,3;78,2;78,7;79,1;74,8;78,5;80,8;80,5;79,2
Tarragona;91,2;86,3;81,0;75,3;73,9;75,6;77,1;76,9;73,6;76,0;82,8;84,3;79,6
Cataluña;84,2;80,5;77,0;74,9;73,7;75,4;76,1;75,8;72,4;73,6;76,1;77;76,4
Alicante/Alacant;67,9;66,0;64,4;62,1;61,3;61,6;62,9;62,7;60,6;59,8;60,3;60,4;62,5
Castellón/Castelló;75,3;73,0;72,6;71,7;71,8;73,0;74,7;73,8;66,7;64,0;66,7;67,4;70,9
Valencia;68,2;66,7;66,1;64,5;63,9;65,5;66,5;66,0;62,5;60,2;61,1;61,6;64,4
Com.Valenciana;68,9;67,2;66,2;64,4;63,8;64,8;66,0;65,6;62,3;60,5;61,4;61,8;64,4
Badajoz;83,4;79,5;79,5;77,8;77,6;77,5;78,0;76,4;75,4;75,4;76,3;76,5;77,7
Cáceres;81,6;77,3;77,0;76,0;76,6;77,2;77,4;75,0;72,4;71,4;72,4;73,6;75,6
Extremadura;82,7;78,7;78,7;77,2;77,3;77,4;77,8;75,9;74,3;74,0;74,9;75,4;77,0
A Coruña;71,3;69,2;67,7;67,4;66,9;67,4;69,0;68,8;67,3;66,8;66,4;66,9;67,9
Lugo;72,6;70,8;68,9;70,2;70,0;71,1;73,9;73,2;72,8;72,0;70,7;71,7;71,4
Ourense;71,9;70,2;68,6;67,6;67,6;69,1;71,7;72,4;70,8;69,1;67,8;68,9;69,6
Pontevedra;73,8;71,5;69,2;68,0;67,4;67,4;69,1;68,9;68,2;68,1;68,1;68,0;69,0
Galicia;72,5;70,4;68,5;67,9;67,4;67,9;69,8;69,6;68,6;68,1;67,6;68,0;68,8
Comunidad
Madrid;68,3;66,4;65,2;64,1;63,7;64,6;66,1;65,8;61,7;60,7;62,3;63,3;64,3
Región de
Murcia;71,8;70,5;68,4;66,9;67,0;68,4;68,5;67,9;65,1;64,5;64,8;65,3;67,4
C. Foral de
Navarra;72,8;70,5;69,7;68,0;67,0;69,9;70,2;70,8;67,5;67,3;67,6;68,6;69,2
Araba/Álava;65,1;62,6;59,3;57,4;57,5;59,2;62,5;63,8;61,2;61,2;60,8;61,2;61,0
Bizkaia;61,5;59,6;57,3;55,3;55,7;57,5;61,2;63,9;59,4;59,5;59,5;59,8;59,1
Gipuzkoa;69,6;67,1;64,1;62,2;62,7;64,4;69,9;73,0;68,2;68,8;68,7;69,0;67,2
País
Vasco;64,5;62,3;59,6;57,6;58,0;59,8;63,9;66,5;62,2;62,5;62,4;62,7;61,8
La Rioja;72,6;70,0;68,4;67,7;67,0;67,6;69,5;67,9;67,6;64,4;64,6;64,4;67,6
Ciudad de
Ceuta;66,0;67,4;64,6;61,1;57,1;61,1;63,8;62,5;61,1;60,9;54,4;56,6;61,2
Provincia/C.A.;Enero;Febrero;Marzo;Abril;Mayo;Junio;Julio;Agosto;Septiembre;Octubre;Noviembre;Diciembre;Media Anual Prov./Ca
Ciudad de
Melilla;54,1;55,9;54,6;51,0;48,0;53,3;54,2;54,0;51,9;51,7;52,5;46,4;52,3
Media
Mensual;76,1;73,7;71,7;69,9;69,3;70,2;71,5;71,1;68,0;67,7;69,2;69,9;70,7
Tasa de Cobertura del Sistema de Protección por Desempleo. Año 2012
Provincia/C.A.;Enero;Febrero;Marzo;Abril;Mayo;Junio;Julio;Agosto;Septiembre;Octubre;Noviembre;Diciembre;Media Anual Prov./Ca
Almería;71,4;69,3;68,3;68,6;70,7;75,4;82,1;80,7;71,3;67,6;65,5;64,3;71,3
Cádiz;66,0;64,5;63,7;62,9;62,9;63,7;64,5;63,9;60,8;61,4;61,4;60,7;63,0
Córdoba;78,3;77,4;77,8;78,5;80,0;80,6;81,0;79,7;76,4;75,0;73,7;72,4;77,5
Granada;74,0;72,9;72,6;72,8;73,9;74,7;75,9;75,4;71,8;71,2;71,0;70,1;73,0
Huelva;81,8;78,2;75,1;74,4;75,4;79,9;84,8;84,8;79,2;76,6;75,8;75,9;78,4
Jaén;88,9;90,0;89,5;90,1;91,3;92,5;93,1;91,9;86,9;85,5;82,6;79,5;88,4
Málaga;69,6;67,9;66,5;65,8;65,9;66,4;67,5;66,6;63,2;63,4;63,9;63,4;65,8
Sevilla;72,8;72,4;71,4;70,8;71,0;71,0;71,3;70,4;67,7;67,7;67,8;66,9;70,1
Andalucía;73,2;72,1;71,2;71,0;71,6;72,8;74,2;73,4;69,5;68,9;68,4;67,4;71,1
Huesca;72,0;71,8;69,8;69,4;70,6;69,9;69,4;68,0;62,1;66,1;69,0;68,0;68,8
Teruel;73,5;71,7;69,2;69,6;68,8;68,9;70,4;70,3;67,2;67,8;69,1;70,8;69,8
Zaragoza;65,4;65,8;64,5;63,6;61,9;63,3;64,3;65,5;61,3;61,8;63,5;63,1;63,7
Aragón;67,2;67,2;65,7;65,0;63,8;64,8;65,6;66,3;62,0;63,1;64,9;64,6;65,0
Principado de
Asturias;67,0;65,1;64,2;63,7;64,1;64,7;65,9;65,5;62,7;63,4;63,2;63,1;64,4
Illes
Balears;108,9;101,7;88,3;76,8;67,1;67,3;69,2;71,2;68,2;71,8;95,2;107,6;84,3
Las
Palmas;64,5;63,2;61,9;60,7;61,5;62,3;64,7;63,9;59,8;59,2;59,2;58,9;61,6
S.C.
Tenerife;66,3;65,4;64,0;62,7;62,7;63,5;65,4;65,6;62,1;61,8;61,9;61,7;63,6
Canarias;65,3;64,2;62,9;61,6;62,1;62,9;65,0;64,7;60,9;60,4;60,5;60,2;62,5
Cantabria;64,4;63,2;61,7;60,2;59,2;60,1;61,9;62,0;59,2;59,4;59,9;60,0;60,9
Albacete;63,6;62,3;61,0;60,0;59,1;58,4;58,9;59,9;57,0;57,0;57,4;57,4;59,3
Ciudad
Real;60,7;60,4;59,1;58,0;57,7;57,6;57,9;58,6;57,0;55,5;56,8;56,3;57,9
Cuenca;69,2;67,2;65,6;64,3;65,0;65,3;65,3;66,5;64,2;62,8;64,1;63,5;65,2
Guadalajara;67,8;67,3;66,6;66,1;66,2;66,8;68,0;68,3;63,8;65,1;66,2;66,1;66,5
Toledo;60,0;59,4;58,4;57,9;57,5;57,2;56,7;57,3;55,0;54,9;56,1;55,5;57,1
Castilla-La
Mancha;62,5;61,7;60,5;59,7;59,3;59,1;59,2;60,0;57,5;57,1;58,2;57,8;59,4
Ávila;68,4;67,1;65,2;63,3;62,0;61,1;60,6;60,8;56,6;56,9;58,0;57,5;61,4
Burgos;70,5;68,9;66,8;65,6;64,9;65,7;66,9;66,9;62,5;62,7;64,7;64,2;65,8
León;69,3;69,1;67,1;65,3;64,9;64,8;66,0;65,5;62,1;61,4;62,5;62,9;65,0
Palencia;67,7;67,9;64,3;62,4;61,9;62,0;63,2;63,2;59,3;58,5;59,7;60,6;62,4
Salamanca;65,8;64,4;62,5;61,8;61,2;61,8;62,6;62,6;59,0;58,4;59,9;60,4;61,6
Segovia;67,6;66,9;64,2;63,0;63,0;61,4;63,7;64,7;58,6;59,1;62,2;61,4;63,0
Soria;77,8;75,4;70,8;68,3;67,9;67,8;69,0;69,7;65,8;67,0;68,7;68,2;69,7
Valladolid;63,2;62,6;60,4;59,5;59,5;59,6;60,8;61,0;57,9;57,9;58,6;59,3;60,0
Zamora;64,7;63,5;62,0;60,1;59,9;58,7;59,9;60,6;57,1;56,5;56,3;57,1;59,7
Castilla y
León;67,2;66,4;64,2;62,8;62,3;62,3;63,4;63,5;59,7;59,5;60,7;61,0;62,7
Barcelona;73,3;72,0;71,3;70,7;70,0;70,5;71,4;71,8;67,3;67,6;68,2;67,0;70,1
Girona;91,4;86,9;81,7;76,6;74,8;75,0;77,0;76,8;72,7;78,7;84,5;85,1;80,3
Lleida;79,2;77,8;76,4;74,9;75,0;74,6;75,0;76,7;69,6;70,6;73,3;73,3;74,7
Tarragona;84,7;81,3;76,7;73,3;72,2;73,1;74,7;74,9;68,5;71,0;77,4;77,2;75,5
Provincia/C.A.;Enero;Febrero;Marzo;Abril;Mayo;Junio;Julio;Agosto;Septiembre;Octubre;Noviembre;Diciembre;Media Anual Prov./Ca
Cataluña;76,7;74,8;73,2;71,7;70,9;71,4;72,4;72,8;68,0;69,2;71,0;70,2;71,8
Alicante/Alacant;59,9;59,5;57,9;56,8;56,5;57,4;57,5;58,8;55,8;55,4;55,8;55,4;57,2
Castellón/Castelló;66,4;65,4;64,4;65,0;66,8;68,2;69,0;68,8;62,5;59,9;62,3;62,5;65,1
Valencia;60,9;60,9;59,7;59,5;60,7;62,1;62,7;62,8;58,8;58,3;58,8;58,5;60,3
Com.Valenciana;61,1;60,9;59,5;59,1;59,8;61,0;61,4;61,9;58,1;57,4;58,0;57,7;59,6
Badajoz;75,8;74,4;73,7;72,6;71,2;72,1;72,4;72,4;68,7;69,3;70,2;70,2;71,9
Cáceres;75,2;73,4;72,5;71,3;71,1;71,1;71,2;71,7;67,4;67,7;69,2;69,2;70,9
Extremadura;75,6;74,1;73,3;72,1;71,2;71,7;72,0;72,2;68,2;68,7;69,8;69,8;71,5
A Coruña;66,6;65,6;64,9;64,2;63,6;63,9;64,5;65,0;62,9;63,2;63,1;62,3;64,1
Lugo;71,1;69,8;68,5;68,1;68,3;67,5;69,4;70,8;69,0;69,2;67,6;67,1;68,8
Ourense;68,8;67,3;66,2;64,4;64,0;64,4;65,9;67,5;65,0;64,9;63,6;62,9;65,4
Pontevedra;67,0;66,4;65,2;64,8;64,4;64,1;64,6;64,9;63,1;63,8;63,8;63,3;64,6
Galicia;67,5;66,6;65,5;64,8;64,4;64,4;65,2;65,8;63,8;64,2;63,9;63,3;64,9
Comunidad
Madrid;62,4;61,7;60,9;60,4;60,7;61,4;63,2;63,0;58,2;57,7;58,0;58,3;60,4
Región de
Murcia;64,7;63,6;61,4;60,8;61,8;63,0;63,3;63,3;60,5;60,7;59,7;58,8;61,8
C. Foral de
Navarra;67,8;67,1;67,1;66,7;66,8;69,2;70,5;70,8;66,6;66,7;66,6;66,7;67,7
Araba/Álava;59,8;59,8;59,1;59,0;58,9;58,9;60,0;61,4;57,6;57,2;57,1;56,2;58,7
Bizkaia;59,3;58,2;57,1;56,8;56,1;57,8;59,8;61,1;55,3;55,3;55,5;54,5;57,2
Gipuzkoa;68,0;66,7;65,4;65,0;64,3;64,8;67,5;68,1;61,4;61,8;63,3;62,3;64,8
País
Vasco;61,9;60,9;59,8;59,5;58,9;60,0;62,0;63,2;57,4;57,4;58,0;57,0;59,6
La Rioja;65,8;66,8;65,6;64,7;65,4;64,8;65,3;64,8;62,6;60,9;62,5;61,5;64,2
Ciudad de
Ceuta;59,8;56,2;56,2;55,6;54,2;51,8;56,6;56,7;55,6;53,9;51,5;48,5;54,7
Ciudad de
Melilla;50,4;47,2;45,7;43,9;49,4;50,5;52,6;52,1;47,8;48,7;43,3;42,7;47,9
Media
Mensual;69,1;67,9;66,4;65,5;65,4;66,1;67,3;67,3;63,5;63,4;64,3;64,0;65,8
Tasa de Cobertura del Sistema de Protección por Desempleo. Año 2013
Provincia/C.A.;Enero;Febrero;Marzo;Abril;Mayo;Junio;Julio;Agosto;Septiembre;Octubre;Noviembre;Diciembre;Media Anual Prov./Ca
Almería;65,3;62,6;61,3;61,8;64,2;68,1;76,5;76,5;67,8;63,9;62,4;61,3;66,0
Cádiz;61,1;58,5;56,4;56,2;56,5;56,2;58,1;57,9;55,2;54,9;56,3;55,8;56,9
Córdoba;72,6;71,9;71,7;72,9;74,7;74,9;77,2;76,6;73,8;72,8;72,0;70,5;73,5
Granada;70,2;68,9;67,7;68,2;69,3;69,8;72,3;72,6;69,4;69,1;69,3;67,8;69,5
Huelva;74,3;69,7;67,9;69,0;69,7;73,1;80,8;81,1;77,4;73,7;74,3;74,5;73,8
Jaén;80,6;79,0;77,8;78,9;80,7;81,2;84,2;83,7;80,6;79,2;78,4;76,9;80,1
Málaga;63,8;61,8;60,0;59,9;60,1;60,0;62,6;62,6;59,4;59,1;60,4;60,1;60,8
Sevilla;67,3;66,3;65,5;65,8;66,6;66,4;68,0;67,6;65,3;64,8;64,6;63,9;66,0
Andalucía;67,7;65,8;64,6;64,9;65,9;66,4;69,5;69,3;66,0;65,0;65,1;64,1;66,2
Huesca;67,8;66,8;63,3;63,3;64,2;64,6;67,4;67,2;63,4;65,5;65,9;65,3;65,4
Teruel;70,9;70,0;66,1;65,7;64,5;64,8;68,8;68,5;64,4;63,7;64,5;66,1;66,5
Zaragoza;62,2;62,1;61,0;60,4;59,5;60,2;63,2;63,2;58,4;58,4;58,6;58,8;60,5
Provincia/C.A.;Enero;Febrero;Marzo;Abril;Mayo;Junio;Julio;Agosto;Septiembre;Octubre;Noviembre;Diciembre;Media Anual Prov./Ca
Aragón;63,9;63,6;61,8;61,4;60,7;61,3;64,3;64,2;59,7;59,9;60,2;60,4;61,8
Principado de
Asturias;63,4;62,8;60,9;60,9;60,4;60,2;61,7;61,2;59,1;59,6;59,9;60,1;60,9
Illes
Balears;109,8;100,9;85,0;75,0;65,8;66,4;69,5;69,6;67,6;73,2;100,2;111,5;82,9
Las
Palmas;59,2;58,9;57,4;57,2;58,4;59,1;60,8;60,1;55,8;54,8;54,4;55,0;57,6
S.C.
Tenerife;62,3;61,4;59,9;59,6;59,8;59,1;62,4;61,7;58,7;57,6;57,0;57,8;59,8
Canarias;60,7;60,1;58,6;58,4;59,1;59,6;61,6;60,8;57,1;56,1;55,6;56,3;58,7
Cantabria;60,9;60,5;59,1;57,8;57,4;57,8;61,4;62,9;59,3;60,2;60,8;58,9;59,8
Albacete;57,2;56,7;55,0;55,5;54,9;54,9;57,0;57,1;54,4;54,3;54,7;54,8;55,5
Ciudad
Real;56,8;55,6;55,3;55,4;55,0;54,8;56,2;56,3;53,4;52,7;53,2;53,1;54,8
Cuenca;62,6;63,5;60,8;61,1;59,7;59,9;61,7;62,4;60,6;60,0;60,7;61,4;61,2
Guadalajara;65,8;64,9;63,1;63,5;63,7;64,5;67,0;67,2;62,7;63,4;63,0;63,0;64,3
Toledo;55,2;54,3;53,4;53,5;54,0;53,3;54,2;54,2;51,7;51,8;52,0;51,7;53,3
Castilla-La
Mancha;57,7;56,9;55,8;56,0;55,8;55,6;57,1;57,2;54,5;54,3;54,6;54,5;55,8
Ávila;58,1;57,4;57,8;56,8;56,2;55,9;56,5;56,8;53,2;53,7;55,8;55,6;56,2
Burgos;64,2;64,1;62,4;61,2;61,3;62,0;64,0;64,0;59,8;59,7;61,2;60,9;62,1
León;63,6;63,2;63,9;62,3;61,9;61,0;63,6;63,6;58,5;57,9;58,5;58,5;61,4
Palencia;61,8;60,7;59,4;58,3;57,0;57,0;58,8;58,2;53,6;54,9;56,1;56,5;57,7
Salamanca;59,6;58,6;58,0;57,1;56,8;56,8;58,7;59,2;54,2;54,9;56,0;56,4;57,2
Segovia;62,6;63,3;60,8;59,2;59,2;58,2;61,8;62,1;58,2;58,9;62,3;62,0;60,7
Soria;74,5;72,8;70,3;69,1;68,5;68,4;71,7;71,9;67,3;63,4;68,9;69,3;69,7
Valladolid;59,2;58,8;57,6;56,5;55,9;54,9;57,0;56,9;53,9;54,1;55,1;54,1;56,2
Zamora;59,2;57,2;56,5;56,0;55,2;54,6;57,4;57,4;53,1;55,1;56,0;55,3;56,1
Castilla y
León;61,5;60,9;60,2;59,0;58,6;58,3;60,3;60,4;56,1;56,4;57,7;57,5;58,9
Barcelona;68,1;67,1;65,9;65,6;65,9;66,5;69,4;69,5;64,6;64,7;64,8;64,4;66,4
Girona;85,5;82,0;73,8;71,7;71,2;70,9;73,9;74,5;70,3;75,3;80,4;81,9;75,9
Lleida;73,1;71,5;69,9;70,0;70,5;69,9;72,7;73,1;67,2;67,6;70,0;71,0;70,5
Tarragona;78,5;75,3;69,0;67,6;67,1;67,4;70,5;69,8;64,7;67,2;72,1;73,3;70,2
Cataluña;71,2;69,6;67,2;66,6;66,7;67,1;70,0;70,1;65,2;66,1;67,4;67,4;67,9
Alicante/Alacant;56,2;55,5;54,1;53,3;53,1;53,8;55,9;56,3;53,9;53,1;52,9;53,0;54,3
Castellón/Castelló;62,1;61,9;60,9;62,2;64,0;64,8;66,6;65,8;60,6;58,3;59,4;60,1;62,2
Valencia;59,3;58,8;58,0;58,2;59,3;61,0;63,4;63,7;58,8;56,4;55,9;56,3;59,1
Com.Valenciana;58,4;57,9;56,8;56,8;57,5;58,7;60,9;61,1;57,1;55,3;55,1;55,4;57,6
Badajoz;69,8;69,4;67,3;67,0;67,0;66,7;67,9;66,7;64,7;65,7;67,2;66,4;67,1
Cáceres;70,1;69,8;68,0;68,5;68,6;68,2;69,6;68,4;65,7;65,3;67,4;67,7;68,1
Extremadura;69,9;69,5;67,5;67,6;67,5;67,2;68,5;67,3;65,1;65,6;67,2;66,9;67,5
A Coruña;62,2;61,7;60,9;60,6;60,5;60,1;62,4;62,1;59,6;59,5;59,3;59,4;60,7
Lugo;66,9;66,2;65,2;64,6;64,8;64,3;67,6;68,6;65,2;65,4;64,5;63,1;65,5
Ourense;62,7;62,2;60,8;60,5;60,4;60,5;63,1;63,2;60,4;60,5;59,9;59,2;61,1
Pontevedra;63,3;62,4;60,9;60,6;60,4;60,1;61,9;61,5;59,4;60,1;60,2;59,9;60,9
Galicia;63,2;62,5;61,3;61,0;60,9;60,6;62,8;62,6;60,1;60,4;60,3;60,0;61,3
Comunidad
Madrid;58,4;58,0;57,2;57,7;58,6;59,7;62,7;62,5;58,4;58,3;58,5;58,5;59,0
Región de
Murcia;58,7;57,7;56,2;56,2;56,9;57,7;59,3;59,4;55,8;55,7;55,4;55,1;57,0
C. Foral de
Navarra;66,4;65,2;63,3;63,6;62,7;63,6;65,1;63,9;60,7;61,0;61,0;61,0;63,1
Provincia/C.A.;Enero;Febrero;Marzo;Abril;Mayo;Junio;Julio;Agosto;Septiembre;Octubre;Noviembre;Diciembre;Media Anual Prov./Ca
Araba/Álava;58,2;57,3;56,2;56,1;55,5;55,1;56,6;56,5;53,0;52,9;54,0;53,9;55,4
Bizkaia;56,8;55,8;54,0;53,6;52,9;53,6;56,0;56,5;50,9;51,3;52,8;53,2;53,9
Gipuzkoa;64,2;61,7;59,7;59,6;58,8;59,0;62,8;63,1;56,5;56,3;57,6;59,2;59,9
País
Vasco;59,2;57,7;56,0;55,7;55,0;55,3;58,0;58,3;52,8;53,0;54,3;55,0;55,9
La Rioja;62,7;61,6;59,9;60,7;61,3;61,9;65,4;66,8;61,3;60,0;59,6;58,0;61,6
Ciudad de
Ceuta;43,7;42,2;42,7;42,9;43,1;39,8;47,1;51,0;48,5;45,9;48,8;38,8;44,5
Ciudad de
Melilla;45,2;45,5;41,2;40,9;39,6;38,3;46,5;46,5;44,8;45,2;46,5;41,7;43,5
Media
Mensual;64,5;63,2;61,5;61,3;61,5;62,0;64,5;64,5;60,7;60,5;61,4;61,4;62,3
Tasa de Cobertura del Sistema de Protección por Desempleo. Año 2014
Provincia/C.A.;Enero;Febrero;Marzo;Abril;Mayo;Junio;Julio;Agosto;Septiembre;Octubre;Noviembre;Diciembre;Media Anual Prov./Ca
Almería;60,6;58,7;57,4;57,4;59,6;65,4;73,1;72,9;64,6;60,2;58,7;57,6;62,2
Cádiz;56,0;54,4;52,8;51,8;51,1;51,6;53,1;53,6;51,0;52,1;52,9;52,7;52,8
Córdoba;69,8;68,5;69,2;70,1;71,5;72,9;73,9;73,3;70,9;70,4;69,9;68,4;70,7
Granada;67,8;66,3;65,3;65,4;65,7;66,5;68,6;68,4;65,4;65,3;65,7;65,0;66,3
Huelva;72,7;68,5;66,8;66,2;66,2;72,5;80,1;82,0;75,4;71,9;73,5;74,2;72,5
Jaén;75,5;74,1;74,5;77,3;79,9;81,8;83,6;82,6;79,9;79,7;78,7;75,5;78,6
Málaga;59,9;58,7;57,3;56,3;56,2;56,5;58,1;58,2;55,5;55,4;56,6;56,6;57,1
Sevilla;64,0;63,7;63,2;63,5;63,4;63,6;64,6;63,9;61,9;61,7;61,5;61,1;63,0
Andalucía;63,8;62,5;61,8;61,8;62,2;63,7;66,1;66,0;62,8;62,2;62,3;61,6;63,0
Huesca;64,0;64,8;63,6;62,5;64,4;63,9;64,7;64,1;61,7;64,7;65,2;65,6;64,1
Teruel;65,6;66,7;63,7;62,6;62,0;61,1;63,3;62,3;58,4;57,9;59,8;61,6;62,1
Zaragoza;57,4;58,3;57,7;57,4;56,4;57,8;58,4;58,4;53,4;53,8;54,4;54,7;56,5
Aragón;59,2;60,0;59,1;58,6;58,0;58,9;59,7;59,5;55,0;55,8;56,5;56,9;58,1
Principado de
Asturias;60,2;59,2;57,7;57,0;56,2;56,2;57,2;56,2;54,0;54,9;54,6;54,3;56,5
Illes
Balears;112,8;101,9;86,1;71,3;61,8;62,9;64,7;65,6;63,6;73,1;101,5;115,9;81,8
Las
Palmas;55,5;54,7;53,7;53,4;54,1;55,3;57,4;56,2;51,8;52,2;51,4;51,1;53,9
S.C.
Tenerife;58,8;58,1;57,1;56,6;56,5;56,7;58,5;57,4;53,5;54,1;53,7;53,1;56,2
Canarias;57,1;56,3;55,3;54,9;55,2;55,9;57,9;56,8;52,7;53,1;52,5;52,0;55,0
Cantabria;60,7;60,6;58,0;56,8;56,1;56,7;58,3;58,4;55,3;56,8;56,0;56,5;57,5
Albacete;53,8;52,7;51,4;51,3;50,6;50,5;51,6;51,3;49,9;50,8;50,3;50,2;51,2
Ciudad
Real;52,2;51,6;50,5;50,7;50,3;50,7;51,3;51,5;49,1;50,2;49,9;50,0;50,7
Cuenca;60,6;58,9;56,9;56,7;56,0;56,2;57,8;57,9;56,2;56,3;56,7;56,7;57,2
Guadalajara;62,9;60,6;58,9;59,0;58,4;59,4;61,1;60,9;57,5;58,8;57,8;57,7;59,4
Toledo;51,1;51,7;51,4;50,7;50,3;50,3;51,1;50,6;48,8;49,8;50,0;48,6;50,4
Castilla-La
Mancha;53,8;53,3;52,4;52,1;51,6;51,7;52,7;52,5;50,5;51,5;51,3;50,8;52,0
Ávila;55,4;54,5;53,2;51,9;50,1;49,8;51,5;52,3;49,9;50,7;51,7;50,3;51,8
Burgos;61,8;61,1;59,7;57,9;56,8;57,4;59,2;59,7;56,2;56,6;56,2;56,9;58,3
León;59,0;58,3;56,9;55,7;55,5;55,1;55,9;56,1;53,3;53,4;53,1;52,5;55,4
Palencia;57,1;56,0;54,9;52,9;52,2;52,3;53,5;53,9;51,2;51,9;52,2;51,3;53,3
Salamanca;56,3;55,3;53,1;51,7;51,0;51,2;52,4;52,7;49,6;50,3;50,0;49,9;52,0
Segovia;61,9;60,2;58,9;56,8;56,7;54,9;58,5;57,8;54,5;55,3;56,0;55,3;57,2
Soria;69,3;68,0;67,1;65,6;62,9;63,2;65,0;64,8;61,1;62,7;61,2;59,4;64,2
Provincia/C.A.;Enero;Febrero;Marzo;Abril;Mayo;Junio;Julio;Agosto;Septiembre;Octubre;Noviembre;Diciembre;Media Anual Prov./Ca
Valladolid;54,7;54,3;53,1;51,7;50,8;50,0;51,0;51,3;48,5;49,2;48,8;47,8;50,9
Zamora;55,2;54,8;52,8;51,0;50,3;50,6;51,8;51,4;49,6;49,7;49,8;49,4;51,4
Castilla y
León;57,8;57,0;55,6;54,0;53,2;53,0;54,3;54,5;51,7;52,2;52,1;51,6;53,9
Barcelona;65,1;64,5;63,5;62,1;62,0;62,7;64,5;64,8;60,3;61,0;61,6;60,3;62,7
Girona;82,8;79,4;72,9;66,2;65,1;66,2;68,3;69,2;65,8;72,6;78,7;78,2;72,1
Lleida;70,0;68,6;66,2;64,1;64,4;65,2;67,5;66,4;62,0;65,5;66,6;65,4;66,0
Tarragona;75,0;71,5;67,8;62,3;61,2;61,8;64,0;63,9;60,1;64,5;69,9;68,7;65,9
Cataluña;68,2;66,9;65,0;62,6;62,3;63,0;64,9;65,2;60,9;62,7;64,4;63,3;64,1
Alicante/Alacant;53,6;52,9;52,0;50,7;50,3;51,4;52,7;53,2;51,1;50,6;50,4;50,1;51,6
Castellón/Castelló;59,3;58,7;58,1;58,0;58,9;60,2;62,0;60,8;55,3;53,6;54,2;54,5;57,8
Valencia;56,7;56,2;55,8;54,9;55,3;57,6;59,8;59,8;54,9;52,7;52,0;51,9;55,6
Com.Valenciana;55,8;55,2;54,6;53,7;53,8;55,6;57,4;57,4;53,5;52,0;51,6;51,5;54,3
Badajoz;65,4;65,9;64,5;64,4;64,2;65,0;65,3;64,6;63,1;63,9;64,7;64,7;64,6
Cáceres;67,6;68,0;66,6;66,6;67,2;67,9;68,5;67,7;65,9;65,8;66,5;66,3;67,1
Extremadura;66,2;66,7;65,2;65,2;65,3;66,0;66,4;65,7;64,1;64,6;65,3;65,3;65,5
A Coruña;58,5;58,2;57,4;56,5;55,7;55,7;57,2;57,0;55,7;56,0;55,5;55,1;56,5
Lugo;63,5;62,5;60,8;60,3;59,4;60,2;62,4;62,5;60,8;61,1;60,5;59,2;61,1
Ourense;58,1;57,2;56,4;55,8;55,7;56,4;58,1;58,4;57,2;57,5;56,5;56,1;56,9
Pontevedra;59,5;58,6;57,4;56,8;55,7;55,7;57,0;56,5;55,4;56,0;55,9;55,0;56,6
Galicia;59,4;58,7;57,6;56,9;56,1;56,2;57,7;57,5;56,2;56,7;56,3;55,6;57,1
Comunidad
Madrid;57,6;57,3;56,6;56,4;56,3;57,7;59,1;58,6;54,4;54,2;53,6;53,2;56,3
Región de
Murcia;55,3;54,2;53,0;52,5;54,0;56,1;57,2;57,9;55,3;54,7;53,6;52,4;54,7
C. Foral de
Navarra;61,2;59,3;57,8;56,2;56,2;59,0;59,9;59,3;55,8;55,8;55,2;55,2;57,6
Araba/Álava;54,6;53,5;50,9;49,4;48,2;49,3;49,5;49,2;46,6;46,5;45,4;44,3;48,9
Bizkaia;53,3;52,2;50,1;48,7;47,9;50,3;52,1;51,9;46,6;46,6;46,1;46,0;49,3
Gipuzkoa;59,6;57,7;55,3;53,5;52,5;54,4;57,3;57,2;51,3;51,7;51,2;51,6;54,4
País
Vasco;55,3;54,0;51,7;50,1;49,2;51,3;53,1;52,9;47,9;48,0;47,4;47,3;50,7
La Rioja;58,8;57,6;56,1;55,5;56,1;57,6;61,3;62,1;57,0;55,2;54,3;53,5;57,1
Ciudad de
Ceuta;42,4;42,6;39,4;40,6;40,4;37,2;45,4;45,0;44,4;44,3;44,0;39,9;42,1
Ciudad de
Melilla;43,2;39,9;38,0;37,4;39,3;40,2;43,2;42,8;39,4;39,7;36,9;35,6;39,6
Media
Mensual;61,4;60,3;58,9;57,9;57,7;58,8;60,6;60,5;57,1;57,3;57,9;57,6;58,8
Madrid, 13 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068598
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Puente Redondo, Javier; Alonso Ruiz, José María; Madrazo Díaz, Ana
María y Susinos Tarrero, María Jesús (GP).
Respuesta:
En el cuadro siguiente se recogen los datos sobre beneficiarios del
Subsidio por Desempleo, de la Renta Activa de Inserción y del Programa
PREPARA, en la Comunidad Autónoma de Cantabria, correspondientes a la
media anual de 2014 y al mes de diciembre del mismo año.
Año 2014;Subsidio;Renta Activa Inserción;Programa PREPARA
Media anual;10.736;2.493;581
Mes de diciembre;10.731;2.596;445
Madrid, 13 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068599 y 184/068600
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Puente Redondo, Javier; Susinos Tarrero, María Jesús; Alonso Ruiz,
José María y Madrazo Díaz, Ana María (GP).
Respuesta:
En relación con la información interesada se señala lo siguiente:
En el año 2014 se han beneficiado de una acción de autoempleo y
emprendimiento, en la Comunidad Autónoma de Cantabria, 65 jóvenes.
Los jóvenes (menores de 30 años) beneficiados de una acción de formación
profesional para el empleo, en la Comunidad Autónoma de Cantabria,
también en el año 2014, han sido los siguientes:
En la Iniciativa de demanda, (formación en las empresas o bonificada):
4.367 (esta cifra corresponde al número de participaciones, mientras que
3.338 sería el número de personas con NIF distinto, ya que una misma
persona puede participar en más de una acción formativa).
Respecto de la Iniciativa de Oferta (formación subvencionada) no se
disponen todavía de datos de participantes formados por comunidades
autónomas y edad, debido a que no se han cerrado los plazos de
certificación de la convocatoria.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068609, 184/068613
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Simancas Simancas, Rafael y Gutiérrez del Castillo, María
Concepción (GS).
Respuesta:
En el cuadro siguiente se recogen los datos de bajas de prestaciones por
desempleo, según tipo de prestación y causa de la baja, en los meses de
noviembre y diciembre de 2014.
Mes;Causa Baja Prestación;Nivel Contributivo;Subsidio;Renta Activa
Inserción;Total
Noviembre de 2014;Agotamiento;86.096;48.657;18.902;153.655
;Colocación cuenta ajena;185.106;118.031;12.280;315.417
;Colocación cuenta propia;7.264;4.099;690;12.053
Mes;Causa Baja Prestación;Nivel Contributivo;Subsidio;Renta Activa
Inserción;Total
;Colocación fijo discontinuo;251;132;0;383
;Readmisión en la empresa;113;4;0;117
;Emigración;5.720;2.616;416;8.752
;Capitalización. total;4.211;0;0;4.211
;Jubilación e invalidez;2.078;4.384;256;6.718
;Total;290.839;177.923;32.544;501.306
Diciembre de 2014;Agotamiento;90.128;49.937;23.958;164.023
;Colocación cuenta ajena;160.956;101.020;11.594;273.570
;Colocación cuenta propia;6.016;4.511;624;11.151
;Colocación fijo discontinuo;266;97;0;363
;Readmisión en la empresa;58;1;0;59
;Emigración;7.010;3.228;488;10.726
;Capitalización. Total;3.085;0;0;3.085
;Jubilación e invalidez;1.816;3.692;213;5.721
;Total;269.335;162.486;36.877;468.698
Madrid, 9 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068610, 184/068614
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gutiérrez del Castillo, María Concepción y Simancas Simancas,
Rafael (GS).
Respuesta:
En el siguiente cuadro se recogen las actuaciones del Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE) en relación con el control y la lucha contra el
fraude en las prestaciones por desempleo.
Tipo de procedimiento;Resoluciones sancionatorias de extinción o anulación
y pérdida de requisitos;
;Noviembre 2014;Diciembre 2014
Incumplimientos de beneficiarios por no inscripción de la demanda de
empleo;18.255;14.221
Controles realizados por el SEPE para verificar la disponibilidad para el
empleo;1.776;1.731
Controles realizados por el SEPE para la verificación de requisitos de
acceso y permanencia;13.480;10.826
Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
(SEPE);985;831
Total;34.496;27.609
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068615
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Simancas Simancas, Rafael y Gutiérrez del Castillo, María
Concepción (GS).
Respuesta:
En el cuadro siguiente se recogen los datos sobre bonificaciones aplicadas
a contratos de apoyo a emprendedores, en el mes de noviembre de 2014,
según datos facilitados por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Bonificaciones noviembre 2014;;Totales;;
;;N.º Bonif.;N.º Personas;Importe (euros)
Jóvenes;16 - 30 años < 50 trab. 1.º año 1;7.668;7.284;498.093,40
;16 - 30 años < 50 trab. 2.º año;6.724;6.009;540.865,12
;16 - 30 años < 50 trab. 3.º año;7.386;6.747;665.018,47
;16 - 30 años < 50 trab. 1.º año MSR;13;13;1.122,02
;16 - 30 años < 50 trab. 2.º año MSR;21;20;1.909,57
;16 - 30 años < 50 trab. 3.º año MSR;54;53;5.520,13
Total Jóvenes;;21.866;20.126;1.712.528,71
Mayores de 45;> 45 < 50 Trab. des.12/18 meses RDL
3/2012;19.392;18.815;1.888.713,08
;> 45 < 50 Trab. des.12/18 meses MSR RDL 3/2012;63;63;7.444,60
Total mayores de 45;;19.455;18.878;1.896.157,68
Total bonificaciones;;41.321;39.004;3.608.686,39
MSR: son mujeres en ocupaciones en las que tienen una menor
representación.
1 < 50: empresas de menos de 50 trabajadores.;;;;
Madrid, 10 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068623
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Puente Redondo, Javier; Susinos Tarrero, María Jesús; Alonso Ruiz,
José María y Madrazo Díaz, Ana María (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus Señorías, se señala que
los vehículos de nueva matriculación en la Comunidad Autónoma de
Cantabria en los años 2013 y 2014 fueron los siguientes:
Año;Camiones y Furgonetas;Autobuses;Turismos;Motocicletas;Tractores
Industriales;Otros;Total
2013;699;16;6.937;995;242;14;8.903
2014;848;12;8.553;1.260;242;24;10.393
Nota: Los datos correspondientes al año 2014 son provisionales.;;;;;;;
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068625, 184/068629
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio y Martínez Saiz, Teófila (GP).
Respuesta:
En relación con la pregunta formulada se señala que el tipo y la cantidad
de droga incautada en la provincia de Cádiz en los años interesados, fue
la recogida en el siguiente cuadro:
;;2013;2011
Aceite de Hachís;gr.;2.879;58.439
Alprazolam (Trankimacín);Uds.;813;800
Anfetamina;Uds.;257;18
Clorazepato (Tranxilium, Dorken);Uds.;87;162
Cocaína;gr.;3.426.735;2.128.565
Cocaína Base (Pasta de Cocaína);gr.;1;1
Crack;gr.;;1
Diazepam (Valium);Uds.;28;33
Flunitrazepam (Rohipnol);Uds.;8;
GHB (Éxtasis Líquido);c.c.;2;14
Hachís;gr.;108.646.393;119.833.204
Heroína;gr.;1.844;151.789
LSD;Uds.;6;35
Marihuana;gr.;4.634.841;601.523
MDMA (Éxtasis);Uds.;546;1.325
Mescalina;Uds.;;29
Metadona;gr.;369;558
Metasadín;gr.;;17
Opio;gr.;18;1
Otras Drogas no Contempladas;gr.;58;57
Otros Alucinógenos;Uds.;50;27
Otros Cannábicos;gr.;181;283
Otros Cocaínicos;gr.;119;586
Otros Estimulantes;Uds.;105;86
Otros Fármacos;Uds.;144;105
Otros Opiáceos;gr.;;19
Otros Psicotrópicos;Uds.;843;2.814
Planta Adormidera;gr.;;2.400
Planta de Cannabis;gr.;1.314;502.305
Sulfato de Anfetamina (Speed);gr.;234;136
Madrid, 13 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068626, 184/068627, 184/068628 y 184/068801
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Saiz, Teófila y Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
En relación con las preguntas formuladas se señala que las causas de los
accidentes de tráfico con víctimas (cómputo de fallecidos a 30 días)
ocurridos en las vías interurbanas de la provincia de Cádiz en los años
2012 y 2013 fueron las siguientes:
;2012;2013
Colisiones frontales;41;38
Colisiones laterales y frontolaterales;148;139
Colisiones trasera y múltiple;146;119
Atropellos;28;14
Salidas de la vía;291;227
Vuelcos;16;22
Otros tipos de accidente;51;53
Total;721;612
Por otra parte cabe indicar que en la actualidad no se dispone de
información consolidada relativa a los accidentes del año 2014 y, por
tanto, de las causas de los mismos.
Madrid, 25 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068632
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rumí Ibáñez, María Consuelo y Gordo Pérez, Juan Luis (GS).
Respuesta:
El proceso de entrada de capital privado en Aena, S.A. no puede
considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la
propiedad con un 51 % de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría
del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública.
Este proceso se está abordando con total transparencia. De hecho, es un
modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma con rango
de Ley, aprobada en la Legislatura anterior: el Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este Real Decreto-ley fue convalidado con los votos favorables de los
Diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Socialista,
Coalición Canaria y Vasco (EAJ-PNV).
Desde el inicio de la última Legislatura, los planes del Gobierno, a
través del Ministerio de Fomento, para Aena, S.A., han consistido en la
implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de
garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación
en la que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a
cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión.
Una vez conseguidos estos objetivos, los planes contemplaban, asimismo, el
diseño de la entrada del capital privado para el momento en que la
situación económica de los mercados lo hiciera factible, con la finalidad
principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual.
Para ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación de los
procesos de licitación emprendidos por el anterior Gobierno, para los
Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat,
principalmente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria
estatal.
El anterior modelo, aprobado en la pasada Legislatura, suponía la
destrucción de una de las principales fortalezas del gestor aeroportuario
español como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de
Aena, S.A. La venta de los dos principales activos de la entidad,
implicaba el desmantelamiento de dicha red, obligando al resto de
aeropuertos a asumir la elevada deuda de la sociedad, lo que comprometía
considerablemente su viabilidad económica futura y su operatividad.
Cabe destacar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la
necesaria transparencia y publicidad, al carecer de los informes previos
pertinentes de la Abogacía del Estado. Ante esta situación, la primera
medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, adoptó en
enero del año 2012 fue anular el proceso de privatización iniciado.
Durante esta Legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así
contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal
industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una
gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de
inversiones y mejora de la eficiencia.
Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red
aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general,
la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún
aeropuerto, a pesar de las peticiones, en ese sentido, de algunos
sectores.
Además, tal y como se cita en la iniciativa parlamentaria, el Consejo de
Ministros del día 4 de julio ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE del 5 de julio), que incluye el
establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de
interés general de Aena Aeropuertos (que a partir de ahora será Aena,
S.A.) y los configura como servicios de interés económico general,
precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y
la cohesión económica, social y territorial.
Así, este Real Decreto-ley prohíbe, expresamente, el cierre o la
enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras
aeroportuarias, sin autorización del Consejo de Ministros o del
Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los
objetivos de interés general.
Por tanto, en la actualidad, no se prevé ningún riesgo de desintegración
de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos
que la componen.
El profundo y positivo cambio que ha experimentado Aena S.A. durante esta
Legislatura ha permitido conseguir y asegurar su viabilidad económica.
Puede afirmarse que Aena S.A. es en la actualidad una empresa que
presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente
saneadas. Es, precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red
aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad
de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los
operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con
los más elevados niveles de seguridad y calidad.
El fortalecimiento del marco regulatorio, inexistente en el proceso
privatizador del Gobierno anterior, establecido en las normas
anteriormente mencionadas, garantiza el cumplimiento de los adecuados
niveles de calidad de servicio e inversión. Este cumplimiento de la
calidad del servicio e inversión permiten además asegurar la
accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras
aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de aeropuertos, así
como su gestión eficiente, al menor coste posible.
Por tanto, la existencia de una red de infraestructuras suficiente para el
transporte aéreo, proporciona la continuidad y adecuada prestación de los
servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y
seguridad.
El nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta Legislatura,
es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá
para asegurar la viabilidad de Aena S.A., de lo que se beneficiarán sus
trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad en general.
Así, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la
compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario
español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en
la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía.
La mayor eficiencia de Aena S.A. será un estímulo al sector del
transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como
el turismo y el comercio.
Además de las razones expuestas, cabe resaltar que la finalidad de este
nuevo modelo de gestión es asegurar, por razones de interés general, la
movilidad de todos los ciudadanos, así como garantizar la cohesión
económica, social y territorial. La existencia de una red aeroportuaria a
nivel estatal, entre otras ventajas, garantiza la conectividad general y
asegura el derecho a la movilidad de los residentes en los archipiélagos,
favorece la cohesión y el equilibrio entre todos los territorios de
España, además de promover el desarrollo de la actividad económica.
El hecho de que los aeropuertos de Aena S.A. cuenten con una posición
privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de
capacidad y costes competitivos ha sido posible mediante el modelo de
gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los
contribuyentes, ya que Aena S.A. se financia exclusivamente con sus
ingresos aeronáuticos y comerciales. Este modelo de gestión ha sido
beneficioso también para las compañías aéreas que operan en la red de
aeropuertos de Aena, S.A., al proporcionar un marco tarifario estable
para los próximos años.
En concreto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado por el Congreso de los
Diputados y aprobada su tramitación como Proyecto de Ley por el
procedimiento de urgencia, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, se establece que las tarifas
aeroportuarias permanecerán sin subidas (incremento 0 %) hasta el año
2025, lo que permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas
todavía más competitivas que las actuales.
Estas medidas son una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en
todos los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, cabe resaltar que el proceso de entrada de capital privado en
Aena, S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus
trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual Convenio
Colectivo.
Madrid, 24 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068633
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Pradas Torres, Antonio Francisco y Gordo Pérez, Juan Luis (GS).
Respuesta:
El proceso de entrada de capital privado en Aena, S.A. no puede
considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la
propiedad con un 51 % de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría
del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública.
Este proceso se está abordando con total transparencia. De hecho, es un
modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma con rango
de Ley, aprobada en la Legislatura anterior: el Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este Real Decreto-ley fue convalidado con los votos favorables de los
Diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Socialista,
Coalición Canaria y Vasco (EAJ-PNV).
Desde el inicio de la última Legislatura, los planes del Gobierno, a
través del Ministerio de Fomento, para Aena, S.A., han consistido en la
implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de
garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación
en la que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a
cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión.
Una vez conseguidos estos objetivos, los planes contemplaban, asimismo, el
diseño de la entrada del capital privado para el momento en que la
situación económica de los mercados lo hiciera factible, con la finalidad
principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual.
Para ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación de los
procesos de licitación emprendidos por el anterior Gobierno, para los
Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat,
principalmente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria
estatal.
El anterior modelo, aprobado en la pasada Legislatura, suponía la
destrucción de una de las principales fortalezas del gestor aeroportuario
español como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de
Aena, S.A. La venta de los dos principales activos de la entidad,
implicaba el desmantelamiento de dicha red, obligando al resto de
aeropuertos a asumir la elevada deuda de la sociedad, lo que comprometía
considerablemente su viabilidad económica futura y su operatividad.
Cabe destacar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la
necesaria transparencia y publicidad, al carecer de los informes previos
pertinentes de la Abogacía del Estado. Ante esta situación, la primera
medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, adoptó en
enero del año 2012 fue anular el proceso de privatización iniciado.
Durante esta Legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así
contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal
industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una
gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de
inversiones y mejora de la eficiencia.
Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red
aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general,
la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún
aeropuerto, a pesar de las peticiones, en ese sentido, de algunos
sectores.
Además, tal y como se cita en la iniciativa parlamentaria, el Consejo de
Ministros del día 4 de julio ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE del 5 de julio), que incluye el
establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de
interés general de Aena Aeropuertos (que a partir de ahora será Aena,
S.A.) y los configura como servicios de interés económico general,
precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y
la cohesión económica, social y territorial.
Así, este Real Decreto-ley prohíbe, expresamente, el cierre o la
enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras
aeroportuarias, sin autorización del Consejo de Ministros o del
Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los
objetivos de interés general.
Por tanto, en la actualidad, no se prevé ningún riesgo de desintegración
de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos
que la componen.
El profundo y positivo cambio que ha experimentado Aena, S.A. durante esta
Legislatura ha permitido conseguir y asegurar su viabilidad económica.
Puede afirmarse que Aena, S.A. es en la actualidad una empresa que
presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente
saneadas. Es, precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red
aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad
de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los
operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con
los más elevados niveles de seguridad y calidad.
El fortalecimiento del marco regulatorio, inexistente en el proceso
privatizador del Gobierno anterior, establecido en las normas
anteriormente mencionadas, garantiza el cumplimiento de los adecuados
niveles de calidad de servicio e inversión. Este cumplimiento de la
calidad del servicio e inversión permiten además asegurar la
accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras
aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de aeropuertos, así
como su gestión eficiente, al menor coste posible.
Por tanto, la existencia de una red de infraestructuras suficiente para el
transporte aéreo, proporciona la continuidad y adecuada prestación de los
servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y
seguridad.
El nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta Legislatura,
es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá
para asegurar la viabilidad de Aena, S.A., de lo que se beneficiarán sus
trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad en general.
Así, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la
compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario
español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en
la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía.
La mayor eficiencia de Aena, S.A. será un estímulo al sector del
transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como
el turismo y el comercio.
Además de las razones expuestas, cabe resaltar que la finalidad de este
nuevo modelo de gestión es asegurar, por razones de interés general, la
movilidad de todos los ciudadanos, así como garantizar la cohesión
económica, social y territorial. La existencia de una red aeroportuaria a
nivel estatal, entre otras ventajas, garantiza la conectividad general y
asegura el derecho a la movilidad de los residentes en los archipiélagos,
favorece la cohesión y el equilibrio entre todos los territorios de
España, además de promover el desarrollo de la actividad económica.
El hecho de que los aeropuertos de Aena, S.A. cuenten con una posición
privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de
capacidad y costes competitivos ha sido posible mediante el modelo de
gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los
contribuyentes, ya que Aena S.A. se financia exclusivamente con sus
ingresos aeronáuticos y comerciales. Este modelo de gestión ha sido
beneficioso también para las compañías aéreas que operan en la red de
aeropuertos de Aena, S.A., al proporcionar un marco tarifario estable
para los próximos años.
En concreto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado por el Congreso de los
Diputados y aprobada su tramitación como Proyecto de Ley por el
procedimiento de urgencia, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, se establece que las tarifas
aeroportuarias
permanecerán sin subidas (incremento 0 %) hasta el año 2025, lo que
permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas todavía más
competitivas que las actuales.
Estas medidas son una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en
todos los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, cabe resaltar que el proceso de entrada de capital privado en
Aena, S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus
trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual Convenio
Colectivo.
Madrid, 24 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068634
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Olmos, José; Gordo Pérez, Juan Luis; Ramón Utrabo, Elvira
y Pezzi Cereto, Manuel (GS).
Respuesta:
El proceso de entrada de capital privado en Aena, S.A. no puede
considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la
propiedad con un 51 % de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría
del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública.
Este proceso se está abordando con total transparencia. De hecho, es un
modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma con rango
de Ley, aprobada en la Legislatura anterior: el Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este Real Decreto-ley fue convalidado con los votos favorables de los
Diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Socialista,
Coalición Canaria y Vasco (EAJ-PNV).
Desde el inicio de la última Legislatura, los planes del Gobierno, a
través del Ministerio de Fomento, para Aena, S.A., han consistido en la
implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de
garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación
en la que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a
cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión.
Una vez conseguidos estos objetivos, los planes contemplaban, asimismo, el
diseño de la entrada del capital privado para el momento en que la
situación económica de los mercados lo hiciera factible, con la finalidad
principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual.
Para ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación de los
procesos de licitación emprendidos por el anterior Gobierno, para los
Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat,
principalmente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria
estatal.
El anterior modelo, aprobado en la pasada Legislatura, suponía la
destrucción de una de las principales fortalezas del gestor aeroportuario
español como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de
Aena, S.A. La venta de los dos principales activos de la entidad,
implicaba el desmantelamiento de dicha red, obligando al resto de
aeropuertos a asumir la elevada deuda de la sociedad, lo que comprometía
considerablemente su viabilidad económica futura y su operatividad.
Cabe destacar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la
necesaria transparencia y publicidad, al carecer de los informes previos
pertinentes de la Abogacía del Estado. Ante esta situación, la primera
medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, adoptó en
enero del año 2012 fue anular el proceso de privatización iniciado.
Durante esta Legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así
contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal
industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una
gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de
inversiones y mejora de la eficiencia.
Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red
aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general,
la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún
aeropuerto, a pesar de las peticiones, en ese sentido, de algunos
sectores.
Además, tal y como se cita en la iniciativa parlamentaria, el Consejo de
Ministros del día 4 de julio ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE del 5 de julio), que incluye el
establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de
interés general de Aena Aeropuertos (que a partir de ahora será Aena
S.A.) y los configura como servicios de interés económico general,
precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y
la cohesión económica, social y territorial.
Así, este Real Decreto-ley prohíbe, expresamente, el cierre o la
enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras
aeroportuarias, sin autorización del Consejo de Ministros o del
Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los
objetivos de interés general.
Por tanto, en la actualidad, no se prevé ningún riesgo de desintegración
de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos
que la componen.
El profundo y positivo cambio que ha experimentado Aena S.A. durante esta
Legislatura ha permitido conseguir y asegurar su viabilidad económica.
Puede afirmarse que Aena S.A. es en la actualidad una empresa que
presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente
saneadas. Es, precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red
aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad
de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los
operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con
los más elevados niveles de seguridad y calidad.
El fortalecimiento del marco regulatorio, inexistente en el proceso
privatizador del Gobierno anterior, establecido en las normas
anteriormente mencionadas, garantiza el cumplimiento de los adecuados
niveles de calidad de servicio e inversión. Este cumplimiento de la
calidad del servicio e inversión permiten además asegurar la
accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras
aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de aeropuertos, así
como su gestión eficiente, al menor coste posible.
Por tanto, la existencia de una red de infraestructuras suficiente para el
transporte aéreo, proporciona la continuidad y adecuada prestación de los
servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y
seguridad.
El nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta Legislatura,
es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá
para asegurar la viabilidad de Aena S.A., de lo que se beneficiarán sus
trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad en general.
Así, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la
compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario
español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en
la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía.
La mayor eficiencia de Aena S.A. será un estímulo al sector del
transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como
el turismo y el comercio.
Además de las razones expuestas, cabe resaltar que la finalidad de este
nuevo modelo de gestión es asegurar, por razones de interés general, la
movilidad de todos los ciudadanos, así como garantizar la cohesión
económica, social y territorial. La existencia de una red aeroportuaria a
nivel estatal, entre otras ventajas, garantiza la conectividad general y
asegura el derecho a la movilidad de los residentes en los archipiélagos,
favorece la cohesión y el equilibrio entre todos los territorios de
España, además de promover el desarrollo de la actividad económica.
El hecho de que los aeropuertos de Aena S.A. cuenten con una posición
privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de
capacidad y costes competitivos ha sido posible mediante el modelo de
gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los
contribuyentes, ya que Aena S.A. se financia exclusivamente con sus
ingresos aeronáuticos y comerciales. Este modelo de gestión ha sido
beneficioso también para las compañías aéreas que operan en la red de
aeropuertos de Aena, S.A., al proporcionar un marco tarifario estable
para los próximos años.
En concreto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado por el Congreso de los
Diputados y aprobada su tramitación como Proyecto de Ley por el
procedimiento de urgencia, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, se establece que las tarifas
aeroportuarias permanecerán sin subidas (incremento 0 %) hasta el año
2025, lo que permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas
todavía más competitivas que las actuales.
Estas medidas son una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en
todos los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, cabe resaltar que el proceso de entrada de capital privado en
Aena, S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus
trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual Convenio
Colectivo.
Madrid, 24 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068635
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Costa Palacios, María Angelina; Gordo Pérez, Juan Luis; Aguilar
Rivero, Rosa y Hurtado Zurera, Antonio (GS).
Respuesta:
El proceso de entrada de capital privado en Aena, S.A. no puede
considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la
propiedad con un 51 % de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría
del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública.
Este proceso se está abordando con total transparencia. De hecho, es un
modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma con rango
de Ley, aprobada en la Legislatura anterior: el Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este Real Decreto-ley fue convalidado con los votos favorables de los
Diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Socialista,
Coalición Canaria y Vasco (EAJ-PNV).
Desde el inicio de la última Legislatura, los planes del Gobierno, a
través del Ministerio de Fomento, para Aena, S.A., han consistido en la
implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de
garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación
en la que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a
cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión.
Una vez conseguidos estos objetivos, los planes contemplaban, asimismo, el
diseño de la entrada del capital privado para el momento en que la
situación económica de los mercados lo hiciera factible, con la finalidad
principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual.
Para ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación de los
procesos de licitación emprendidos por el anterior Gobierno, para los
Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat,
principalmente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria
estatal.
El anterior modelo, aprobado en la pasada Legislatura, suponía la
destrucción de una de las principales fortalezas del gestor aeroportuario
español como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de
Aena, S.A. La venta de los dos principales activos de la entidad,
implicaba el desmantelamiento de dicha red, obligando al resto de
aeropuertos a asumir la elevada deuda de la sociedad, lo que comprometía
considerablemente su viabilidad económica futura y su operatividad.
Cabe destacar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la
necesaria transparencia y publicidad, al carecer de los informes previos
pertinentes de la Abogacía del Estado. Ante esta situación, la primera
medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, adoptó en
enero del año 2012 fue anular el proceso de privatización iniciado.
Durante esta Legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así
contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal
industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una
gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de
inversiones y mejora de la eficiencia.
Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red
aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general,
la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún
aeropuerto, a pesar de las peticiones, en ese sentido, de algunos
sectores.
Además, tal y como se cita en la iniciativa parlamentaria, el Consejo de
Ministros del día 4 de julio ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE del 5 de julio), que incluye el
establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de
interés general de Aena Aeropuertos (que a partir de ahora será
Aena S.A.) y los configura como servicios de interés económico general,
precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y
la cohesión económica, social y territorial.
Así, este Real Decreto-ley prohíbe, expresamente, el cierre o la
enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras
aeroportuarias, sin autorización del Consejo de Ministros o del
Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los
objetivos de interés general.
Por tanto, en la actualidad, no se prevé ningún riesgo de desintegración
de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos
que la componen.
El profundo y positivo cambio que ha experimentado Aena S.A. durante esta
Legislatura ha permitido conseguir y asegurar su viabilidad económica.
Puede afirmarse que Aena S.A. es en la actualidad una empresa que
presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente
saneadas. Es, precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red
aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad
de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los
operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con
los más elevados niveles de seguridad y calidad.
El fortalecimiento del marco regulatorio, inexistente en el proceso
privatizador del Gobierno anterior, establecido en las normas
anteriormente mencionadas, garantiza el cumplimiento de los adecuados
niveles de calidad de servicio e inversión. Este cumplimiento de la
calidad del servicio e inversión permiten además asegurar la
accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras
aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de aeropuertos, así
como su gestión eficiente, al menor coste posible.
Por tanto, la existencia de una red de infraestructuras suficiente para el
transporte aéreo, proporciona la continuidad y adecuada prestación de los
servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y
seguridad.
El nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta Legislatura,
es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá
para asegurar la viabilidad de Aena S.A., de lo que se beneficiarán sus
trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad en general.
Así, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la
compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario
español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en
la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía.
La mayor eficiencia de Aena S.A. será un estímulo al sector del
transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como
el turismo y el comercio.
Además de las razones expuestas, cabe resaltar que la finalidad de este
nuevo modelo de gestión es asegurar, por razones de interés general, la
movilidad de todos los ciudadanos, así como garantizar la cohesión
económica, social y territorial. La existencia de una red aeroportuaria a
nivel estatal, entre otras ventajas, garantiza la conectividad general y
asegura el derecho a la movilidad de los residentes en los archipiélagos,
favorece la cohesión y el equilibrio entre todos los territorios de
España, además de promover el desarrollo de la actividad económica.
El hecho de que los aeropuertos de Aena S.A. cuenten con una posición
privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de
capacidad y costes competitivos ha sido posible mediante el modelo de
gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los
contribuyentes, ya que Aena S.A. se financia exclusivamente con sus
ingresos aeronáuticos y comerciales. Este modelo de gestión ha sido
beneficioso también para las compañías aéreas que operan en la red de
aeropuertos de Aena, S.A., al proporcionar un marco tarifario estable
para los próximos años.
En concreto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado por el Congreso de los
Diputados y aprobada su tramitación como Proyecto de Ley por el
procedimiento de urgencia, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, se establece que las tarifas
aeroportuarias permanecerán sin subidas (incremento 0 %) hasta el año
2025, lo que permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas
todavía más competitivas que las actuales.
Estas medidas son una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en
todos los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, cabe resaltar que el proceso de entrada de capital privado en
Aena, S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus
trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual Convenio
Colectivo.
Madrid, 24 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068636 y 184/068666
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gordo Pérez, Juan Luis y Sánchez Díaz, María Carmen (GS).
Respuesta:
El proceso de entrada de capital privado en Aena, S.A. no puede
considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la
propiedad con un 51 % de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría
del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública.
Este proceso se está abordando con total transparencia. De hecho, es un
modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma con rango
de Ley, aprobada en la Legislatura anterior: el Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este Real Decreto-ley fue convalidado con los votos favorables de los
Diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Socialista,
Coalición Canaria y Vasco (EAJ-PNV).
Desde el inicio de la última Legislatura, los planes del Gobierno, a
través del Ministerio de Fomento, para Aena, S.A., han consistido en la
implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de
garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación
en la que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a
cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión.
Una vez conseguidos estos objetivos, los planes contemplaban, asimismo, el
diseño de la entrada del capital privado para el momento en que la
situación económica de los mercados lo hiciera factible, con la finalidad
principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual.
Para ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación de los
procesos de licitación emprendidos por el anterior Gobierno, para los
Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat,
principalmente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria
estatal.
El anterior modelo, aprobado en la pasada Legislatura, suponía la
destrucción de una de las principales fortalezas del gestor aeroportuario
español como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de
Aena, S.A. La venta de los dos principales activos de la entidad,
implicaba el desmantelamiento de dicha red, obligando al resto de
aeropuertos a asumir la elevada deuda de la sociedad, lo que comprometía
considerablemente su viabilidad económica futura y su operatividad.
Cabe destacar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la
necesaria transparencia y publicidad, al carecer de los informes previos
pertinentes de la Abogacía del Estado. Ante esta situación, la primera
medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, adoptó en
enero del año 2012 fue anular el proceso de privatización iniciado.
Durante esta Legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así
contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal
industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una
gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de
inversiones y mejora de la eficiencia.
Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red
aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general,
la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún
aeropuerto, a pesar de las peticiones, en ese sentido, de algunos
sectores.
Además, tal y como se cita en la iniciativa parlamentaria, el Consejo de
Ministros del día 4 de julio ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE del 5 de julio), que incluye el
establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de
interés general de Aena Aeropuertos (que a partir de ahora será Aena
S.A.) y los configura como servicios de interés económico general,
precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y
la cohesión económica, social y territorial.
Así, este Real Decreto-ley prohíbe, expresamente, el cierre o la
enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras
aeroportuarias, sin autorización del Consejo de Ministros o del
Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los
objetivos de interés general.
Por tanto, en la actualidad, no se prevé ningún riesgo de desintegración
de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos
que la componen.
El profundo y positivo cambio que ha experimentado Aena S.A. durante esta
Legislatura ha permitido conseguir y asegurar su viabilidad económica.
Puede afirmarse que Aena S.A. es en la actualidad una empresa que
presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente
saneadas. Es, precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red
aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad
de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los
operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con
los más elevados niveles de seguridad y calidad.
El fortalecimiento del marco regulatorio, inexistente en el proceso
privatizador del Gobierno anterior, establecido en las normas
anteriormente mencionadas, garantiza el cumplimiento de los adecuados
niveles de calidad de servicio e inversión. Este cumplimiento de la
calidad del servicio e inversión permiten además asegurar la
accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras
aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de aeropuertos, así
como su gestión eficiente, al menor coste posible.
Por tanto, la existencia de una red de infraestructuras suficiente para el
transporte aéreo, proporciona la continuidad y adecuada prestación de los
servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y
seguridad.
El nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta Legislatura,
es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá
para asegurar la viabilidad de Aena S.A., de lo que se beneficiarán sus
trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad en general.
Así, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la
compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario
español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en
la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía.
La mayor eficiencia de Aena S.A. será un estímulo al sector del
transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como
el turismo y el comercio.
Además de las razones expuestas, cabe resaltar que la finalidad de este
nuevo modelo de gestión es asegurar, por razones de interés general, la
movilidad de todos los ciudadanos, así como garantizar la cohesión
económica, social y territorial. La existencia de una red aeroportuaria a
nivel estatal, entre otras ventajas, garantiza la conectividad general y
asegura el derecho a la movilidad de los residentes en lo s
archipiélagos, favorece la cohesión y el equilibrio entre todos los
territorios de España, además de promover el desarrollo de la actividad
económica.
El hecho de que los aeropuertos de Aena S.A. cuenten con una posición
privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de
capacidad y costes competitivos ha sido posible mediante el modelo de
gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los
contribuyentes, ya que Aena S.A. se financia exclusivamente con sus
ingresos aeronáuticos y comerciales. Este modelo de gestión ha sido
beneficioso también para las compañías aéreas que operan en la red de
aeropuertos de Aena, S.A., al proporcionar un marco tarifario estable
para los próximos años.
En concreto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado por el Congreso de los
Diputados y aprobada su tramitación como Proyecto de Ley por el
procedimiento de urgencia, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, se establece que las tarifas
aeroportuarias permanecerán sin subidas (incremento 0 %) hasta el año
2025, lo que permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas
todavía más competitivas que las actuales.
Estas medidas son una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en
todos los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, cabe resaltar que el proceso de entrada de capital privado en
Aena, S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus
trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual Convenio
Colectivo.
Madrid, 25 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068637
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Jiménez García-Herrera, Trinidad; Heredia Díaz, Miguel Ángel;
Torres Mora, José Andrés y Gordo Pérez, Juan Luis (GS).
Respuesta:
El proceso de entrada de capital privado en Aena, S.A. no puede
considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la
propiedad con un 51 % de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría
del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública.
Este proceso se está abordando con total transparencia. De hecho, es un
modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma con rango
de Ley, aprobada en la Legislatura anterior: el Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este Real Decreto-ley fue convalidado con los votos favorables de los
Diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Socialista,
Coalición Canaria y Vasco (EAJ-PNV).
Desde el inicio de la última Legislatura, los planes del Gobierno, a
través del Ministerio de Fomento, para Aena, S.A., han consistido en la
implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de
garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación
en la que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a
cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión.
Una vez conseguidos estos objetivos, los planes contemplaban, asimismo, el
diseño de la entrada del capital privado para el momento en que la
situación económica de los mercados lo hiciera factible, con la finalidad
principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual.
Para ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación de los
procesos de licitación emprendidos por el anterior Gobierno, para los
Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat,
principalmente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria
estatal.
El anterior modelo, aprobado en la pasada Legislatura, suponía la
destrucción de una de las principales fortalezas del gestor aeroportuario
español como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de
Aena, S.A. La venta de los dos principales activos de la entidad,
implicaba el desmantelamiento de dicha red, obligando al resto de
aeropuertos a asumir la elevada deuda de la sociedad, lo que comprometía
considerablemente su viabilidad económica futura y su operatividad.
Cabe destacar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la
necesaria transparencia y publicidad, al carecer de los informes previos
pertinentes de la Abogacía del Estado. Ante esta situación, la primera
medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, adoptó en
enero del año 2012 fue anular el proceso de privatización iniciado.
Durante esta Legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así
contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal
industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una
gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de
inversiones y mejora de la eficiencia.
Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red
aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general,
la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún
aeropuerto, a pesar de las peticiones, en ese sentido, de algunos
sectores.
Además, tal y como se cita en la iniciativa parlamentaria, el Consejo de
Ministros del día 4 de julio ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE del 5 de julio), que incluye el
establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de
interés general de Aena Aeropuertos (que a partir de ahora será Aena
S.A.) y los configura como servicios de interés económico general,
precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y
la cohesión económica, social y territorial.
Así, este Real Decreto-ley prohíbe, expresamente, el cierre o la
enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras
aeroportuarias, sin autorización del Consejo de Ministros o del
Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los
objetivos de interés general.
Por tanto, en la actualidad, no se prevé ningún riesgo de desintegración
de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos
que la componen.
El profundo y positivo cambio que ha experimentado Aena S.A. durante esta
Legislatura ha permitido conseguir y asegurar su viabilidad económica.
Puede afirmarse que Aena S.A. es en la actualidad una empresa que
presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente
saneadas. Es, precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red
aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad
de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los
operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con
los más elevados niveles de seguridad y calidad.
El fortalecimiento del marco regulatorio, inexistente en el proceso
privatizador del Gobierno anterior, establecido en las normas
anteriormente mencionadas, garantiza el cumplimiento de los adecuados
niveles de calidad de servicio e inversión. Este cumplimiento de la
calidad del servicio e inversión permiten además asegurar la
accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras
aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de aeropuertos, así
como su gestión eficiente, al menor coste posible.
Por tanto, la existencia de una red de infraestructuras suficiente para el
transporte aéreo, proporciona la continuidad y adecuada prestación de los
servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y
seguridad.
El nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta Legislatura,
es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá
para asegurar la viabilidad de Aena S.A., de lo que se beneficiarán sus
trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad en general.
Así, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la
compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario
español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en
la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía.
La mayor eficiencia de Aena S.A. será un estímulo al sector del
transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como
el turismo y el comercio.
Además de las razones expuestas, cabe resaltar que la finalidad de este
nuevo modelo de gestión es asegurar, por razones de interés general, la
movilidad de todos los ciudadanos, así como garantizar la cohesión
económica, social y territorial. La existencia de una red aeroportuaria a
nivel estatal, entre otras ventajas, garantiza la conectividad general y
asegura el derecho a la movilidad de los residentes en lo s
archipiélagos, favorece la cohesión y el equilibrio entre todos los
territorios de España, además de promover el desarrollo de la actividad
económica.
El hecho de que los aeropuertos de Aena S.A. cuenten con una posición
privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de
capacidad y costes competitivos ha sido posible mediante el modelo de
gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los
contribuyentes, ya que Aena S.A. se financia exclusivamente con sus
ingresos aeronáuticos y comerciales. Este modelo de gestión ha sido
beneficioso también para las compañías aéreas que operan en la red de
aeropuertos de Aena, S.A., al proporcionar un marco tarifario estable
para los próximos años.
En concreto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado por el Congreso de los
Diputados y aprobada su tramitación como Proyecto de Ley por el
procedimiento de urgencia, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, se establece que las tarifas
aeroportuarias permanecerán sin subidas (incremento 0 %) hasta el año
2025, lo que permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas
todavía más competitivas que las actuales.
Estas medidas son una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en
todos los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, cabe resaltar que el proceso de entrada de capital privado en
Aena, S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus
trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual Convenio
Colectivo.
Madrid, 24 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068638
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Morlán Gracia, Víctor y Gordo Pérez, Juan Luis (GS).
Respuesta:
El proceso de entrada de capital privado en Aena, S.A. no puede
considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la
propiedad con un 51 % de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría
del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública.
Este proceso se está abordando con total transparencia. De hecho, es un
modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma con rango
de Ley, aprobada en la Legislatura anterior: el Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este Real Decreto-ley fue convalidado con los votos favorables de los
Diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Socialista,
Coalición Canaria y Vasco (EAJ-PNV).
Desde el inicio de la última Legislatura, los planes del Gobierno, a
través del Ministerio de Fomento, para Aena, S.A., han consistido en la
implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de
garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación
en la que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a
cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión.
Una vez conseguidos estos objetivos, los planes contemplaban, asimismo, el
diseño de la entrada del capital privado para el momento en que la
situación económica de los mercados lo hiciera factible, con la finalidad
principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual.
Para ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación de los
procesos de licitación emprendidos por el anterior Gobierno, para los
Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat,
principalmente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria
estatal.
El anterior modelo, aprobado en la pasada Legislatura, suponía la
destrucción de una de las principales fortalezas del gestor aeroportuario
español como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de
Aena, S.A. La venta de los dos principales activos de la entidad,
implicaba el desmantelamiento de dicha red, obligando al resto de
aeropuertos a asumir la elevada deuda de la sociedad, lo que comprometía
considerablemente su viabilidad económica futura y su operatividad.
Cabe destacar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la
necesaria transparencia y publicidad, al carecer de los informes previos
pertinentes de la Abogacía del Estado. Ante esta situación, la primera
medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, adoptó en
enero del año 2012 fue anular el proceso de privatización iniciado.
Durante esta Legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así
contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal
industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una
gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de
inversiones y mejora de la eficiencia.
Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red
aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general,
la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún
aeropuerto, a pesar de las peticiones, en ese sentido, de algunos
sectores.
Además, tal y como se cita en la iniciativa parlamentaria, el Consejo de
Ministros del día 4 de julio ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE del 5 de julio), que incluye el
establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de
interés general de Aena Aeropuertos (que a partir de ahora será Aena
S.A.) y los configura como servicios de interés económico general,
precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y
la cohesión económica, social y territorial.
Así, este Real Decreto-ley prohíbe, expresamente, el cierre o la
enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras
aeroportuarias, sin autorización del Consejo de Ministros o del
Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los
objetivos de interés general.
Por tanto, en la actualidad, no se prevé ningún riesgo de desintegración
de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos
que la componen.
El profundo y positivo cambio que ha experimentado Aena S.A. durante esta
Legislatura ha permitido conseguir y asegurar su viabilidad económica.
Puede afirmarse que Aena S.A. es en la actualidad una empresa que
presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente
saneadas. Es, precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red
aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad
de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los
operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con
los más elevados niveles de seguridad y calidad.
El fortalecimiento del marco regulatorio, inexistente en el proceso
privatizador del Gobierno anterior, establecido en las normas
anteriormente mencionadas, garantiza el cumplimiento de los adecuados
niveles de calidad de servicio e inversión. Este cumplimiento de la
calidad del servicio e inversión permiten
además asegurar la accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las
infraestructuras aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de
aeropuertos, así como su gestión eficiente, al menor coste posible.
Por tanto, la existencia de una red de infraestructuras suficiente para el
transporte aéreo, proporciona la continuidad y adecuada prestación de los
servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y
seguridad.
El nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta Legislatura,
es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá
para asegurar la viabilidad de Aena S.A., de lo que se beneficiarán sus
trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad en general.
Así, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la
compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario
español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en
la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía.
La mayor eficiencia de Aena S.A. será un estímulo al sector del
transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como
el turismo y el comercio.
Además de las razones expuestas, cabe resaltar que la finalidad de este
nuevo modelo de gestión es asegurar, por razones de interés general, la
movilidad de todos los ciudadanos, así como garantizar la cohesión
económica, social y territorial. La existencia de una red aeroportuaria a
nivel estatal, entre otras ventajas, garantiza la conectividad general y
asegura el derecho a la movilidad de los residentes en los archipiélagos,
favorece la cohesión y el equilibrio entre todos los territorios de
España, además de promover el desarrollo de la actividad económica.
El hecho de que los aeropuertos de Aena S.A. cuenten con una posición
privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de
capacidad y costes competitivos ha sido posible mediante el modelo de
gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los
contribuyentes, ya que Aena S.A. se financia exclusivamente con sus
ingresos aeronáuticos y comerciales. Este modelo de gestión ha sido
beneficioso también para las compañías aéreas que operan en la red de
aeropuertos de Aena, S.A., al proporcionar un marco tarifario estable
para los próximos años.
En concreto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado por el Congreso de los
Diputados y aprobada su tramitación como Proyecto de Ley por el
procedimiento de urgencia, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, se establece que las tarifas
aeroportuarias permanecerán sin subidas (incremento 0 %) hasta el año
2025, lo que permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas
todavía más competitivas que las actuales.
Estas medidas son una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en
todos los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, cabe resaltar que el proceso de entrada de capital privado en
Aena, S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus
trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual Convenio
Colectivo.
Madrid, 24 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068639
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gordo Pérez, Juan Luis; Sumelzo Jordán, Susana y Alegría
Continente, María Pilar (GS).
Respuesta:
El proceso de entrada de capital privado en Aena, S.A. no puede
considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la
propiedad con un 51 % de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría
del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública.
Este proceso se está abordando con total transparencia. De hecho, es un
modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma con rango
de Ley, aprobada en la Legislatura anterior: el Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este Real Decreto-ley fue convalidado con los votos favorables de los
Diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Socialista,
Coalición Canaria y Vasco (EAJ-PNV).
Desde el inicio de la última Legislatura, los planes del Gobierno, a
través del Ministerio de Fomento, para Aena, S.A., han consistido en la
implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de
garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación
en la que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a
cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión.
Una vez conseguidos estos objetivos, los planes contemplaban, asimismo, el
diseño de la entrada del capital privado para el momento en que la
situación económica de los mercados lo hiciera factible, con la finalidad
principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual.
Para ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación de los
procesos de licitación emprendidos por el anterior Gobierno, para los
Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat,
principalmente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria
estatal.
El anterior modelo, aprobado en la pasada Legislatura, suponía la
destrucción de una de las principales fortalezas del gestor aeroportuario
español como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de
Aena, S.A. La venta de los dos principales activos de la entidad,
implicaba el desmantelamiento de dicha red, obligando al resto de
aeropuertos a asumir la elevada deuda de la sociedad, lo que comprometía
considerablemente su viabilidad económica futura y su operatividad.
Cabe destacar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la
necesaria transparencia y publicidad, al carecer de los informes previos
pertinentes de la Abogacía del Estado. Ante esta situación, la primera
medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, adoptó en
enero del año 2012 fue anular el proceso de privatización iniciado.
Durante esta Legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así
contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal
industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una
gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de
inversiones y mejora de la eficiencia.
Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red
aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general,
la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún
aeropuerto, a pesar de las peticiones, en ese sentido, de algunos
sectores.
Además, tal y como se cita en la iniciativa parlamentaria, el Consejo de
Ministros del día 4 de julio ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE del 5 de julio), que incluye el
establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de
interés general de Aena Aeropuertos (que a partir de ahora será Aena
S.A.) y los configura como servicios de interés económico general,
precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y
la cohesión económica, social y territorial.
Así, este Real Decreto-ley prohíbe, expresamente, el cierre o la
enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras
aeroportuarias, sin autorización del Consejo de Ministros o del
Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los
objetivos de interés general.
Por tanto, en la actualidad, no se prevé ningún riesgo de desintegración
de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos
que la componen.
El profundo y positivo cambio que ha experimentado Aena S.A. durante esta
Legislatura ha permitido conseguir y asegurar su viabilidad económica.
Puede afirmarse que Aena S.A. es en la actualidad una empresa que
presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente
saneadas. Es, precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red
aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad
de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los
operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con
los más elevados niveles de seguridad y calidad.
El fortalecimiento del marco regulatorio, inexistente en el proceso
privatizador del Gobierno anterior, establecido en las normas
anteriormente mencionadas, garantiza el cumplimiento de los adecuados
niveles de calidad de servicio e inversión. Este cumplimiento de la
calidad del servicio e inversión permiten además asegurar la
accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras
aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de aeropuertos, así
como su gestión eficiente, al menor coste posible.
Por tanto, la existencia de una red de infraestructuras suficiente para el
transporte aéreo, proporciona la continuidad y adecuada prestación de los
servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y
seguridad.
El nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta Legislatura,
es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá
para asegurar la viabilidad de Aena S.A., de lo que se beneficiarán sus
trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad en general.
Así, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la
compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario
español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en
la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía.
La mayor eficiencia de Aena S.A. será un estímulo al sector del
transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como
el turismo y el comercio.
Además de las razones expuestas, cabe resaltar que la finalidad de este
nuevo modelo de gestión es asegurar, por razones de interés general, la
movilidad de todos los ciudadanos, así como garantizar la cohesión
económica, social y territorial. La existencia de una red aeroportuaria a
nivel estatal, entre otras ventajas, garantiza la conectividad general y
asegura el derecho a la movilidad de los residentes en lo s
archipiélagos, favorece la cohesión y el equilibrio entre todos los
territorios de España, además de promover el desarrollo de la actividad
económica.
El hecho de que los aeropuertos de Aena S.A. cuenten con una posición
privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de
capacidad y costes competitivos ha sido posible mediante el modelo de
gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los
contribuyentes, ya que Aena S.A. se financia exclusivamente con sus
ingresos aeronáuticos y comerciales. Este modelo de gestión ha sido
beneficioso también para las compañías aéreas que operan en la red de
aeropuertos de Aena, S.A., al proporcionar un marco tarifario estable
para los próximos años.
En concreto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado por el Congreso de los
Diputados y aprobada su tramitación como Proyecto de Ley por el
procedimiento de urgencia, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, se establece que las tarifas
aeroportuarias permanecerán sin subidas (incremento 0 %) hasta el año
2025, lo que permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas
todavía más competitivas que las actuales.
Estas medidas son una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en
todos los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, cabe resaltar que el proceso de entrada de capital privado en
Aena, S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus
trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual Convenio
Colectivo.
Madrid, 24 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068640
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gordo Pérez, Juan Luis y Gallego Arriola, María del Puerto (GS).
Respuesta:
El proceso de entrada de capital privado en Aena, S.A. no puede
considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la
propiedad con un 51 % de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría
del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública.
Este proceso se está abordando con total transparencia. De hecho, es un
modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma con rango
de Ley, aprobada en la Legislatura anterior: el Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este Real Decreto-ley fue convalidado con los votos favorables de los
Diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Socialista,
Coalición Canaria y Vasco (EAJ-PNV).
Desde el inicio de la última Legislatura, los planes del Gobierno, a
través del Ministerio de Fomento, para Aena, S.A., han consistido en la
implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de
garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación
en la que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a
cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión.
Una vez conseguidos estos objetivos, los planes contemplaban, asimismo, el
diseño de la entrada del capital privado para el momento en que la
situación económica de los mercados lo hiciera factible, con la finalidad
principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual.
Para ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación de los
procesos de licitación emprendidos por el anterior Gobierno, para los
Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat,
principalmente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria
estatal.
El anterior modelo, aprobado en la pasada Legislatura, suponía la
destrucción de una de las principales fortalezas del gestor aeroportuario
español como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de
Aena, S.A. La venta de los dos principales activos de la entidad,
implicaba el desmantelamiento de dicha red, obligando al resto de
aeropuertos a asumir la elevada deuda de la sociedad, lo que comprometía
considerablemente su viabilidad económica futura y su operatividad.
Cabe destacar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la
necesaria transparencia y publicidad, al carecer de los informes previos
pertinentes de la Abogacía del Estado. Ante esta situación, la primera
medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, adoptó en
enero del año 2012 fue anular el proceso de privatización iniciado.
Durante esta Legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así
contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal
industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una
gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de
inversiones y mejora de la eficiencia.
Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red
aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general,
la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún
aeropuerto, a pesar de las peticiones, en ese sentido, de algunos
sectores.
Además, tal y como se cita en la iniciativa parlamentaria, el Consejo de
Ministros del día 4 de julio ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE del 5 de julio), que incluye el
establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de
interés general de Aena Aeropuertos (que a partir de ahora será Aena
S.A.) y los configura como servicios de interés económico general,
precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y
la cohesión económica, social y territorial.
Así, este Real Decreto-ley prohíbe, expresamente, el cierre o la
enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras
aeroportuarias, sin autorización del Consejo de Ministros o del
Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los
objetivos de interés general.
Por tanto, en la actualidad, no se prevé ningún riesgo de desintegración
de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos
que la componen.
El profundo y positivo cambio que ha experimentado Aena S.A. durante esta
Legislatura ha permitido conseguir y asegurar su viabilidad económica.
Puede afirmarse que Aena S.A. es en la actualidad una empresa que
presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente
saneadas. Es, precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red
aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad
de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los
operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con
los más elevados niveles de seguridad y calidad.
El fortalecimiento del marco regulatorio, inexistente en el proceso
privatizador del Gobierno anterior, establecido en las normas
anteriormente mencionadas, garantiza el cumplimiento de los adecuados
niveles de calidad de servicio e inversión. Este cumplimiento de la
calidad del servicio e inversión permiten además asegurar la
accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras
aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de aeropuertos, así
como su gestión eficiente, al menor coste posible.
Por tanto, la existencia de una red de infraestructuras suficiente para el
transporte aéreo, proporciona la continuidad y adecuada prestación de los
servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y
seguridad.
El nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta Legislatura,
es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá
para asegurar la viabilidad de Aena S.A., de lo que se beneficiarán sus
trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad en general.
Así, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la
compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario
español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en
la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía.
La mayor eficiencia de Aena S.A. será un estímulo al sector del
transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como
el turismo y el comercio.
Además de las razones expuestas, cabe resaltar que la finalidad de este
nuevo modelo de gestión es asegurar, por razones de interés general, la
movilidad de todos los ciudadanos, así como garantizar la cohesión
económica, social y territorial. La existencia de una red aeroportuaria a
nivel estatal, entre otras ventajas, garantiza la conectividad general y
asegura el derecho a la movilidad de los residentes en los archipiélagos,
favorece la cohesión y el equilibrio entre todos los territorios de
España, además de promover el desarrollo de la actividad económica.
El hecho de que los aeropuertos de Aena S.A. cuenten con una posición
privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de
capacidad y costes competitivos ha sido posible mediante el modelo de
gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los
contribuyentes, ya que Aena S.A. se financia exclusivamente con sus
ingresos aeronáuticos y comerciales. Este modelo de gestión ha sido
beneficioso también para las compañías aéreas que operan en la red de
aeropuertos de Aena, S.A., al proporcionar un marco tarifario estable
para los próximos años.
En concreto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado por el Congreso de los
Diputados y aprobada su tramitación como Proyecto de Ley por el
procedimiento de urgencia, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, se establece que las tarifas
aeroportuarias permanecerán sin subidas (incremento 0 %) hasta el año
2025, lo que permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas
todavía más competitivas que las actuales.
Estas medidas son una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en
todos los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, cabe resaltar que el proceso de entrada de capital privado en
Aena, S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus
trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual Convenio
Colectivo.
Madrid, 24 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068641
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Bedera Bravo, Mario; Gordo Pérez, Juan Luis y Rodríguez Ramos,
María Soraya (GS).
Respuesta:
El proceso de entrada de capital privado en Aena, S.A. no puede
considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la
propiedad con un 51 % de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría
del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública.
Este proceso se está abordando con total transparencia. De hecho, es un
modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma con rango
de Ley, aprobada en la Legislatura anterior: el Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este Real Decreto-ley fue convalidado con los votos favorables de los
Diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Socialista,
Coalición Canaria y Vasco (EAJ-PNV).
Desde el inicio de la última Legislatura, los planes del Gobierno, a
través del Ministerio de Fomento, para Aena, S.A., han consistido en la
implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de
garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación
en la que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a
cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión.
Una vez conseguidos estos objetivos, los planes contemplaban, asimismo, el
diseño de la entrada del capital privado para el momento en que la
situación económica de los mercados lo hiciera factible, con la finalidad
principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual.
Para ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación de los
procesos de licitación emprendidos por el anterior Gobierno, para los
Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat,
principalmente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria
estatal.
El anterior modelo, aprobado en la pasada Legislatura, suponía la
destrucción de una de las principales fortalezas del gestor aeroportuario
español como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de
Aena, S.A. La venta de los dos principales activos de la entidad,
implicaba el desmantelamiento de dicha red, obligando al resto de
aeropuertos a asumir la elevada deuda de la sociedad, lo que comprometía
considerablemente su viabilidad económica futura y su operatividad.
Cabe destacar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la
necesaria transparencia y publicidad, al carecer de los informes previos
pertinentes de la Abogacía del Estado. Ante esta situación, la primera
medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, adoptó en
enero del año 2012 fue anular el proceso de privatización iniciado.
Durante esta Legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así
contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal
industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una
gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de
inversiones y mejora de la eficiencia.
Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red
aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general,
la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún
aeropuerto, a pesar de las peticiones, en ese sentido, de algunos
sectores.
Además, tal y como se cita en la iniciativa parlamentaria, el Consejo de
Ministros del día 4 de julio ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE del 5 de julio), que incluye el
establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de
interés general de Aena Aeropuertos (que a partir de ahora será Aena
S.A.) y los configura como servicios de interés económico general,
precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y
la cohesión económica, social y territorial.
Así, este Real Decreto-ley prohíbe, expresamente, el cierre o la
enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras
aeroportuarias, sin autorización del Consejo de Ministros o del
Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los
objetivos de interés general.
Por tanto, en la actualidad, no se prevé ningún riesgo de desintegración
de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos
que la componen.
El profundo y positivo cambio que ha experimentado Aena S.A. durante esta
Legislatura ha permitido conseguir y asegurar su viabilidad económica.
Puede afirmarse que Aena S.A. es en la actualidad una empresa que
presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente
saneadas. Es, precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red
aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad
de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los
operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con
los más elevados niveles de seguridad y calidad.
El fortalecimiento del marco regulatorio, inexistente en el proceso
privatizador del Gobierno anterior, establecido en las normas
anteriormente mencionadas, garantiza el cumplimiento de los adecuados
niveles de calidad de servicio e inversión. Este cumplimiento de la
calidad del servicio e inversión permiten además asegurar la
accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras
aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de aeropuertos, así
como su gestión eficiente, al menor coste posible.
Por tanto, la existencia de una red de infraestructuras suficiente para el
transporte aéreo, proporciona la continuidad y adecuada prestación de los
servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y
seguridad.
El nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta Legislatura,
es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá
para asegurar la viabilidad de Aena S.A., de lo que se beneficiarán sus
trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad en general.
Así, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la
compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario
español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en
la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía.
La mayor eficiencia de Aena S.A. será un estímulo al sector del
transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como
el turismo y el comercio.
Además de las razones expuestas, cabe resaltar que la finalidad de este
nuevo modelo de gestión es asegurar, por razones de interés general, la
movilidad de todos los ciudadanos, así como garantizar la cohesión
económica, social y territorial. La existencia de una red aeroportuaria a
nivel estatal, entre otras ventajas, garantiza la conectividad general y
asegura el derecho a la movilidad de los residentes en los archipiélagos,
favorece la cohesión y el equilibrio entre todos los territorios de
España, además de promover el desarrollo de la actividad económica.
El hecho de que los aeropuertos de Aena S.A. cuenten con una posición
privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de
capacidad y costes competitivos ha sido posible mediante el modelo de
gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los
contribuyentes, ya que Aena S.A. se financia exclusivamente con sus
ingresos aeronáuticos y comerciales. Este modelo de gestión ha sido
beneficioso también para las compañías aéreas que operan en la red de
aeropuertos de Aena, S.A., al proporcionar un marco tarifario estable
para los próximos años.
En concreto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado por el Congreso de los
Diputados y aprobada su tramitación como Proyecto de Ley por el
procedimiento de urgencia, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, se establece que las tarifas
aeroportuarias permanecerán sin subidas (incremento 0 %) hasta el año
2025, lo que permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas
todavía más competitivas que las actuales.
Estas medidas son una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en
todos los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, cabe resaltar que el proceso de entrada de capital privado en
Aena, S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus
trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual Convenio
Colectivo.
Madrid, 24 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068643
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: González Santín, María Luisa; Castellano Ramón, Helena y Gordo
Pérez, Juan Luis (GS).
Respuesta:
El proceso de entrada de capital privado en Aena, S.A. no puede
considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la
propiedad con un 51 % de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría
del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública.
Este proceso se está abordando con total transparencia. De hecho, es un
modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma con rango
de Ley, aprobada en la Legislatura anterior: el Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este Real Decreto-ley fue convalidado con los votos favorables de los
Diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Socialista,
Coalición Canaria y Vasco (EAJ-PNV).
Desde el inicio de la última Legislatura, los planes del Gobierno, a
través del Ministerio de Fomento, para Aena, S.A., han consistido en la
implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de
garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación
en la que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a
cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión.
Una vez conseguidos estos objetivos, los planes contemplaban, asimismo, el
diseño de la entrada del capital privado para el momento en que la
situación económica de los mercados lo hiciera factible, con la finalidad
principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual.
Para ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación de los
procesos de licitación emprendidos por el anterior Gobierno, para los
Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat,
principalmente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria
estatal.
El anterior modelo, aprobado en la pasada Legislatura, suponía la
destrucción de una de las principales fortalezas del gestor aeroportuario
español como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de
Aena, S.A. La venta de los dos principales activos de la entidad,
implicaba el desmantelamiento de dicha red, obligando al resto de
aeropuertos a asumir la elevada deuda de la sociedad, lo que comprometía
considerablemente su viabilidad económica futura y su operatividad.
Cabe destacar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la
necesaria transparencia y publicidad, al carecer de los informes previos
pertinentes de la Abogacía del Estado. Ante esta situación, la primera
medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, adoptó en
enero del año 2012 fue anular el proceso de privatización iniciado.
Durante esta Legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así
contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal
industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una
gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de
inversiones y mejora de la eficiencia.
Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red
aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general,
la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún
aeropuerto, a pesar de las peticiones, en ese sentido, de algunos
sectores.
Además, tal y como se cita en la iniciativa parlamentaria, el Consejo de
Ministros del día 4 de julio ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE del 5 de julio), que incluye el
establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de
interés general de Aena Aeropuertos (que a partir de ahora será Aena
S.A.) y los configura como servicios de interés económico general,
precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y
la cohesión económica, social y territorial.
Así, este Real Decreto-ley prohíbe, expresamente, el cierre o la
enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras
aeroportuarias, sin autorización del Consejo de Ministros o del
Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los
objetivos de interés general.
Por tanto, en la actualidad, no se prevé ningún riesgo de desintegración
de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos
que la componen.
El profundo y positivo cambio que ha experimentado Aena S.A. durante esta
Legislatura ha permitido conseguir y asegurar su viabilidad económica.
Puede afirmarse que Aena S.A. es en la actualidad una empresa que
presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente
saneadas. Es, precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red
aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad
de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los
operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con
los más elevados niveles de seguridad y calidad.
El fortalecimiento del marco regulatorio, inexistente en el proceso
privatizador del Gobierno anterior, establecido en las normas
anteriormente mencionadas, garantiza el cumplimiento de los adecuados
niveles de calidad de servicio e inversión. Este cumplimiento de la
calidad del servicio e inversión permiten además asegurar la
accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras
aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de aeropuertos, así
como su gestión eficiente, al menor coste posible.
Por tanto, la existencia de una red de infraestructuras suficiente para el
transporte aéreo, proporciona la continuidad y adecuada prestación de los
servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y
seguridad.
El nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta Legislatura,
es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá
para asegurar la viabilidad de Aena S.A., de lo que se beneficiarán sus
trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad en general.
Así, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la
compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario
español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en
la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía.
La mayor eficiencia de Aena S.A. será un estímulo al sector del
transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como
el turismo y el comercio.
Además de las razones expuestas, cabe resaltar que la finalidad de este
nuevo modelo de gestión es asegurar, por razones de interés general, la
movilidad de todos los ciudadanos, así como garantizar la cohesión
económica, social y territorial. La existencia de una red aeroportuaria a
nivel estatal, entre otras ventajas, garantiza la conectividad general y
asegura el derecho a la movilidad de los residentes en los archipiélagos,
favorece la cohesión y el equilibrio entre todos los territorios de
España, además de promover el desarrollo de la actividad económica.
El hecho de que los aeropuertos de Aena S.A. cuenten con una posición
privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de
capacidad y costes competitivos ha sido posible mediante el modelo de
gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los
contribuyentes, ya que Aena S.A.
se financia exclusivamente con sus ingresos aeronáuticos y comerciales.
Este modelo de gestión ha sido beneficioso también para las compañías
aéreas que operan en la red de aeropuertos de Aena, S.A., al proporcionar
un marco tarifario estable para los próximos años.
En concreto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado por el Congreso de los
Diputados y aprobada su tramitación como Proyecto de Ley por el
procedimiento de urgencia, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, se establece que las tarifas
aeroportuarias permanecerán sin subidas (incremento 0 %) hasta el año
2025, lo que permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas
todavía más competitivas que las actuales.
Estas medidas son una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en
todos los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, cabe resaltar que el proceso de entrada de capital privado en
Aena, S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus
trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual Convenio
Colectivo.
Madrid, 24 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068644
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Arnaiz García, María del Mar y Gordo Pérez, Juan Luis (GS).
Respuesta:
El proceso de entrada de capital privado en Aena, S.A. no puede
considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la
propiedad con un 51 % de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría
del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública.
Este proceso se está abordando con total transparencia. De hecho, es un
modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma con rango
de Ley, aprobada en la Legislatura anterior: el Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este Real Decreto-ley fue convalidado con los votos favorables de los
Diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Socialista,
Coalición Canaria y Vasco (EAJ-PNV).
Desde el inicio de la última Legislatura, los planes del Gobierno, a
través del Ministerio de Fomento, para Aena, S.A., han consistido en la
implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de
garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación
en la que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a
cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión.
Una vez conseguidos estos objetivos, los planes contemplaban, asimismo, el
diseño de la entrada del capital privado para el momento en que la
situación económica de los mercados lo hiciera factible, con la finalidad
principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual.
Para ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación de los
procesos de licitación emprendidos por el anterior Gobierno, para los
Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat,
principalmente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria
estatal.
El anterior modelo, aprobado en la pasada Legislatura, suponía la
destrucción de una de las principales fortalezas del gestor aeroportuario
español como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de
Aena, S.A. La venta de los dos principales activos de la entidad,
implicaba el desmantelamiento de dicha red, obligando al resto de
aeropuertos a asumir la elevada deuda de la sociedad, lo que comprometía
considerablemente su viabilidad económica futura y su operatividad.
Cabe destacar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la
necesaria transparencia y publicidad, al carecer de los informes previos
pertinentes de la Abogacía del Estado. Ante esta situación, la primera
medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, adoptó en
enero del año 2012 fue anular el proceso de privatización iniciado.
Durante esta Legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así
contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal
industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una
gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de
inversiones y mejora de la eficiencia.
Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red
aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general,
la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún
aeropuerto, a pesar de las peticiones, en ese sentido, de algunos
sectores.
Además, tal y como se cita en la iniciativa parlamentaria, el Consejo de
Ministros del día 4 de julio ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE del 5 de julio), que incluye el
establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de
interés general de Aena Aeropuertos (que a partir de ahora será Aena
S.A.) y los configura como servicios de interés económico general,
precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y
la cohesión económica, social y territorial.
Así, este Real Decreto-ley prohíbe, expresamente, el cierre o la
enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras
aeroportuarias, sin autorización del Consejo de Ministros o del
Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los
objetivos de interés general.
Por tanto, en la actualidad, no se prevé ningún riesgo de desintegración
de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos
que la componen.
El profundo y positivo cambio que ha experimentado Aena S.A. durante esta
Legislatura ha permitido conseguir y asegurar su viabilidad económica.
Puede afirmarse que Aena S.A. es en la actualidad una empresa que
presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente
saneadas. Es, precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red
aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad
de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los
operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con
los más elevados niveles de seguridad y calidad.
El fortalecimiento del marco regulatorio, inexistente en el proceso
privatizador del Gobierno anterior, establecido en las normas
anteriormente mencionadas, garantiza el cumplimiento de los adecuados
niveles de calidad de servicio e inversión. Este cumplimiento de la
calidad del servicio e inversión permiten además asegurar la
accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras
aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de aeropuertos, así
como su gestión eficiente, al menor coste posible.
Por tanto, la existencia de una red de infraestructuras suficiente para el
transporte aéreo, proporciona la continuidad y adecuada prestación de los
servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y
seguridad.
El nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta Legislatura,
es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá
para asegurar la viabilidad de Aena S.A., de lo que se beneficiarán sus
trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad en general.
Así, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la
compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario
español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en
la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía.
La mayor eficiencia de Aena S.A. será un estímulo al sector del
transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como
el turismo y el comercio.
Además de las razones expuestas, cabe resaltar que la finalidad de este
nuevo modelo de gestión es asegurar, por razones de interés general, la
movilidad de todos los ciudadanos, así como garantizar la cohesión
económica, social y territorial. La existencia de una red aeroportuaria a
nivel estatal, entre otras ventajas, garantiza la conectividad general y
asegura el derecho a la movilidad de los residentes en los archipiélagos,
favorece la cohesión y el equilibrio entre todos los territorios de
España, además de promover el desarrollo de la actividad económica.
El hecho de que los aeropuertos de Aena S.A. cuenten con una posición
privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de
capacidad y costes competitivos ha sido posible mediante el modelo de
gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los
contribuyentes, ya que Aena S.A. se financia exclusivamente con sus
ingresos aeronáuticos y comerciales. Este modelo de gestión ha sido
beneficioso también para las compañías aéreas que operan en la red de
aeropuertos de Aena, S.A., al proporcionar un marco tarifario estable
para los próximos años.
En concreto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado por el Congreso de los
Diputados y aprobada su tramitación como Proyecto de Ley
por el procedimiento de urgencia, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, se establece que las tarifas
aeroportuarias permanecerán sin subidas (incremento 0 %) hasta el año
2025, lo que permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas
todavía más competitivas que las actuales.
Estas medidas son una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en
todos los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, cabe resaltar que el proceso de entrada de capital privado en
Aena, S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus
trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual Convenio
Colectivo.
Madrid, 24 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068645
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús y Gordo Pérez, Juan Luis (GS).
Respuesta:
El proceso de entrada de capital privado en Aena, S.A. no puede
considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la
propiedad con un 51 % de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría
del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública.
Este proceso se está abordando con total transparencia. De hecho, es un
modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma con rango
de Ley, aprobada en la Legislatura anterior: el Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este Real Decreto-ley fue convalidado con los votos favorables de los
Diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Socialista,
Coalición Canaria y Vasco (EAJ-PNV).
Desde el inicio de la última Legislatura, los planes del Gobierno, a
través del Ministerio de Fomento, para Aena, S.A., han consistido en la
implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de
garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación
en la que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a
cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión.
Una vez conseguidos estos objetivos, los planes contemplaban, asimismo, el
diseño de la entrada del capital privado para el momento en que la
situación económica de los mercados lo hiciera factible, con la finalidad
principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual.
Para ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación de los
procesos de licitación emprendidos por el anterior Gobierno, para los
Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat,
principalmente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria
estatal.
El anterior modelo, aprobado en la pasada Legislatura, suponía la
destrucción de una de las principales fortalezas del gestor aeroportuario
español como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de
Aena, S.A. La venta de los dos principales activos de la entidad,
implicaba el desmantelamiento de dicha red, obligando al resto de
aeropuertos a asumir la elevada deuda de la sociedad, lo que comprometía
considerablemente su viabilidad económica futura y su operatividad.
Cabe destacar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la
necesaria transparencia y publicidad, al carecer de los informes previos
pertinentes de la Abogacía del Estado. Ante esta situación, la primera
medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, adoptó en
enero del año 2012 fue anular el proceso de privatización iniciado.
Durante esta Legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así
contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal
industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una
gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de
inversiones y mejora de la eficiencia.
Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red
aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general,
la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún
aeropuerto, a pesar de las peticiones, en ese sentido, de algunos
sectores.
Además, tal y como se cita en la iniciativa parlamentaria, el Consejo de
Ministros del día 4 de julio ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE del 5 de julio), que incluye el
establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de
interés general de Aena Aeropuertos (que a partir de ahora será Aena
S.A.) y los configura como servicios de interés económico general,
precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y
la cohesión económica, social y territorial.
Así, este Real Decreto-ley prohíbe, expresamente, el cierre o la
enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras
aeroportuarias, sin autorización del Consejo de Ministros o del
Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los
objetivos de interés general.
Por tanto, en la actualidad, no se prevé ningún riesgo de desintegración
de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos
que la componen.
El profundo y positivo cambio que ha experimentado Aena S.A. durante esta
Legislatura ha permitido conseguir y asegurar su viabilidad económica.
Puede afirmarse que Aena S.A. es en la actualidad una empresa que
presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente
saneadas. Es, precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red
aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad
de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los
operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con
los más elevados niveles de seguridad y calidad.
El fortalecimiento del marco regulatorio, inexistente en el proceso
privatizador del Gobierno anterior, establecido en las normas
anteriormente mencionadas, garantiza el cumplimiento de los adecuados
niveles de calidad de servicio e inversión. Este cumplimiento de la
calidad del servicio e inversión permiten además asegurar la
accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras
aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de aeropuertos, así
como su gestión eficiente, al menor coste posible.
Por tanto, la existencia de una red de infraestructuras suficiente para el
transporte aéreo, proporciona la continuidad y adecuada prestación de los
servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y
seguridad.
El nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta Legislatura,
es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá
para asegurar la viabilidad de Aena S.A., de lo que se beneficiarán sus
trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad en general.
Así, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la
compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario
español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en
la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía.
La mayor eficiencia de Aena S.A. será un estímulo al sector del
transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como
el turismo y el comercio.
Además de las razones expuestas, cabe resaltar que la finalidad de este
nuevo modelo de gestión es asegurar, por razones de interés general, la
movilidad de todos los ciudadanos, así como garantizar la cohesión
económica, social y territorial. La existencia de una red aeroportuaria a
nivel estatal, entre otras ventajas, garantiza la conectividad general y
asegura el derecho a la movilidad de los residentes en los archipiélagos,
favorece la cohesión y el equilibrio entre todos los territorios de
España, además de promover el desarrollo de la actividad económica.
El hecho de que los aeropuertos de Aena S.A. cuenten con una posición
privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de
capacidad y costes competitivos ha sido posible mediante el modelo de
gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los
contribuyentes, ya que Aena S.A. se financia exclusivamente con sus
ingresos aeronáuticos y comerciales. Este modelo de gestión ha sido
beneficioso también para las compañías aéreas que operan en la red de
aeropuertos de Aena, S.A., al proporcionar un marco tarifario estable
para los próximos años.
En concreto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado por el Congreso de los
Diputados y aprobada su tramitación como Proyecto de Ley por el
procedimiento de urgencia, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, se establece que las tarifas
aeroportuarias permanecerán sin subidas (incremento 0 %) hasta el año
2025, lo que permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas
todavía más competitivas que las actuales.
Estas medidas son una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en
todos los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, cabe resaltar que el proceso de entrada de capital privado en
Aena, S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus
trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual Convenio
Colectivo.
Madrid, 24 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068646
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: González Ramos, Manuel Gabriel y Gordo Pérez, Juan Luis (GS).
Respuesta:
El proceso de entrada de capital privado en Aena, S.A. no puede
considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la
propiedad con un 51 % de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría
del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública.
Este proceso se está abordando con total transparencia. De hecho, es un
modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma con rango
de Ley, aprobada en la Legislatura anterior: el Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este Real Decreto-ley fue convalidado con los votos favorables de los
Diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Socialista,
Coalición Canaria y Vasco (EAJ-PNV).
Desde el inicio de la última Legislatura, los planes del Gobierno, a
través del Ministerio de Fomento, para Aena, S.A., han consistido en la
implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de
garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación
en la que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a
cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión.
Una vez conseguidos estos objetivos, los planes contemplaban, asimismo, el
diseño de la entrada del capital privado para el momento en que la
situación económica de los mercados lo hiciera factible, con la finalidad
principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual.
Para ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación de los
procesos de licitación emprendidos por el anterior Gobierno, para los
Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat,
principalmente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria
estatal.
El anterior modelo, aprobado en la pasada Legislatura, suponía la
destrucción de una de las principales fortalezas del gestor aeroportuario
español como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de
Aena, S.A. La venta de los dos principales activos de la entidad,
implicaba el desmantelamiento de dicha red, obligando al resto de
aeropuertos a asumir la elevada deuda de la sociedad, lo que comprometía
considerablemente su viabilidad económica futura y su operatividad.
Cabe destacar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la
necesaria transparencia y publicidad, al carecer de los informes previos
pertinentes de la Abogacía del Estado. Ante esta situación, la primera
medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, adoptó en
enero del año 2012 fue anular el proceso de privatización iniciado.
Durante esta Legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así
contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal
industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una
gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de
inversiones y mejora de la eficiencia.
Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red
aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general,
la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún
aeropuerto, a pesar de las peticiones, en ese sentido, de algunos
sectores.
Además, tal y como se cita en la iniciativa parlamentaria, el Consejo de
Ministros del día 4 de julio ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE del 5 de julio), que incluye el
establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de
interés general de Aena Aeropuertos (que a partir de ahora será
Aena S.A.) y los configura como servicios de interés económico general,
precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y
la cohesión económica, social y territorial.
Así, este Real Decreto-ley prohíbe, expresamente, el cierre o la
enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras
aeroportuarias, sin autorización del Consejo de Ministros o del
Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los
objetivos de interés general.
Por tanto, en la actualidad, no se prevé ningún riesgo de desintegración
de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos
que la componen.
El profundo y positivo cambio que ha experimentado Aena S.A. durante esta
Legislatura ha permitido conseguir y asegurar su viabilidad económica.
Puede afirmarse que Aena S.A. es en la actualidad una empresa que
presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente
saneadas. Es, precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red
aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad
de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los
operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con
los más elevados niveles de seguridad y calidad.
El fortalecimiento del marco regulatorio, inexistente en el proceso
privatizador del Gobierno anterior, establecido en las normas
anteriormente mencionadas, garantiza el cumplimiento de los adecuados
niveles de calidad de servicio e inversión. Este cumplimiento de la
calidad del servicio e inversión permiten además asegurar la
accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras
aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de aeropuertos, así
como su gestión eficiente, al menor coste posible.
Por tanto, la existencia de una red de infraestructuras suficiente para el
transporte aéreo, proporciona la continuidad y adecuada prestación de los
servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y
seguridad.
El nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta Legislatura,
es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá
para asegurar la viabilidad de Aena S.A., de lo que se beneficiarán sus
trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad en general.
Así, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la
compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario
español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en
la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía.
La mayor eficiencia de Aena S.A. será un estímulo al sector del
transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como
el turismo y el comercio.
Además de las razones expuestas, cabe resaltar que la finalidad de este
nuevo modelo de gestión es asegurar, por razones de interés general, la
movilidad de todos los ciudadanos, así como garantizar la cohesión
económica, social y territorial. La existencia de una red aeroportuaria a
nivel estatal, entre otras ventajas, garantiza la conectividad general y
asegura el derecho a la movilidad de los residentes en los archipiélagos,
favorece la cohesión y el equilibrio entre todos los territorios de
España, además de promover el desarrollo de la actividad económica.
El hecho de que los aeropuertos de Aena S.A. cuenten con una posición
privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de
capacidad y costes competitivos ha sido posible mediante el modelo de
gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los
contribuyentes, ya que Aena S.A. se financia exclusivamente con sus
ingresos aeronáuticos y comerciales. Este modelo de gestión ha sido
beneficioso también para las compañías aéreas que operan en la red de
aeropuertos de Aena, S.A., al proporcionar un marco tarifario estable
para los próximos años.
En concreto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado por el Congreso de los
Diputados y aprobada su tramitación como Proyecto de Ley por el
procedimiento de urgencia, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, se establece que las tarifas
aeroportuarias permanecerán sin subidas (incremento 0 %) hasta el año
2025, lo que permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas
todavía más competitivas que las actuales.
Estas medidas son una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en
todos los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, cabe resaltar que el proceso de entrada de capital privado en
Aena, S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus
trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual Convenio
Colectivo.
Madrid, 24 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068647
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gordo Pérez, Juan Luis y Sáez Jubero, Àlex (GS).
Respuesta:
El proceso de entrada de capital privado en Aena, S.A. no puede
considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la
propiedad con un 51 % de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría
del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública.
Este proceso se está abordando con total transparencia. De hecho, es un
modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma con rango
de Ley, aprobada en la Legislatura anterior: el Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este Real Decreto-ley fue convalidado con los votos favorables de los
Diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Socialista,
Coalición Canaria y Vasco (EAJ-PNV).
Desde el inicio de la última Legislatura, los planes del Gobierno, a
través del Ministerio de Fomento, para Aena, S.A., han consistido en la
implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de
garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación
en la que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a
cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión.
Una vez conseguidos estos objetivos, los planes contemplaban, asimismo, el
diseño de la entrada del capital privado para el momento en que la
situación económica de los mercados lo hiciera factible, con la finalidad
principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual.
Para ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación de los
procesos de licitación emprendidos por el anterior Gobierno, para los
Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat,
principalmente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria
estatal.
El anterior modelo, aprobado en la pasada Legislatura, suponía la
destrucción de una de las principales fortalezas del gestor aeroportuario
español como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de
Aena, S.A. La venta de los dos principales activos de la entidad,
implicaba el desmantelamiento de dicha red, obligando al resto de
aeropuertos a asumir la elevada deuda de la sociedad, lo que comprometía
considerablemente su viabilidad económica futura y su operatividad.
Cabe destacar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la
necesaria transparencia y publicidad, al carecer de los informes previos
pertinentes de la Abogacía del Estado. Ante esta situación, la primera
medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, adoptó en
enero del año 2012 fue anular el proceso de privatización iniciado.
Durante esta Legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así
contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal
industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una
gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de
inversiones y mejora de la eficiencia.
Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red
aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general,
la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún
aeropuerto, a pesar de las peticiones, en ese sentido, de algunos
sectores.
Además, tal y como se cita en la iniciativa parlamentaria, el Consejo de
Ministros del día 4 de julio ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE del 5 de julio), que incluye el
establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de
interés general de Aena Aeropuertos (que a partir de ahora será Aena
S.A.) y los configura como servicios de interés económico general,
precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y
la cohesión económica, social y territorial.
Así, este Real Decreto-ley prohíbe, expresamente, el cierre o la
enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras
aeroportuarias, sin autorización del Consejo de Ministros o del
Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los
objetivos de interés general.
Por tanto, en la actualidad, no se prevé ningún riesgo de desintegración
de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos
que la componen.
El profundo y positivo cambio que ha experimentado Aena S.A. durante esta
Legislatura ha permitido conseguir y asegurar su viabilidad económica.
Puede afirmarse que Aena S.A. es en la actualidad una empresa que
presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente
saneadas. Es, precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red
aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad
de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los
operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con
los más elevados niveles de seguridad y calidad.
El fortalecimiento del marco regulatorio, inexistente en el proceso
privatizador del Gobierno anterior, establecido en las normas
anteriormente mencionadas, garantiza el cumplimiento de los adecuados
niveles de calidad de servicio e inversión. Este cumplimiento de la
calidad del servicio e inversión permiten además asegurar la
accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras
aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de aeropuertos, así
como su gestión eficiente, al menor coste posible.
Por tanto, la existencia de una red de infraestructuras suficiente para el
transporte aéreo, proporciona la continuidad y adecuada prestación de los
servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y
seguridad.
El nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta Legislatura,
es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá
para asegurar la viabilidad de Aena S.A., de lo que se beneficiarán sus
trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad en general.
Así, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la
compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario
español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en
la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía.
La mayor eficiencia de Aena S.A. será un estímulo al sector del
transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como
el turismo y el comercio.
Además de las razones expuestas, cabe resaltar que la finalidad de este
nuevo modelo de gestión es asegurar, por razones de interés general, la
movilidad de todos los ciudadanos, así como garantizar la cohesión
económica, social y territorial. La existencia de una red aeroportuaria a
nivel estatal, entre otras ventajas, garantiza la conectividad general y
asegura el derecho a la movilidad de los residentes en los archipiélagos,
favorece la cohesión y el equilibrio entre todos los territorios de
España, además de promover el desarrollo de la actividad económica.
El hecho de que los aeropuertos de Aena S.A. cuenten con una posición
privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de
capacidad y costes competitivos ha sido posible mediante el modelo de
gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los
contribuyentes, ya que Aena S.A. se financia exclusivamente con sus
ingresos aeronáuticos y comerciales. Este modelo de gestión ha sido
beneficioso también para las compañías aéreas que operan en la red de
aeropuertos de Aena, S.A., al proporcionar un marco tarifario estable
para los próximos años.
En concreto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado por el Congreso de los
Diputados y aprobada su tramitación como Proyecto de Ley por el
procedimiento de urgencia, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, se establece que las tarifas
aeroportuarias permanecerán sin subidas (incremento 0 %) hasta el año
2025, lo que permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas
todavía más competitivas que las actuales.
Estas medidas son una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en
todos los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, cabe resaltar que el proceso de entrada de capital privado en
Aena, S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus
trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual Convenio
Colectivo.
Madrid, 24 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068648
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gordo Pérez, Juan Luis y Vallès Vives, Francesc (GS).
Respuesta:
El proceso de entrada de capital privado en Aena, S.A. no puede
considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la
propiedad con un 51 % de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría
del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública.
Este proceso se está abordando con total transparencia. De hecho, es un
modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma con rango
de Ley, aprobada en la Legislatura anterior: el Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este Real Decreto-ley fue convalidado con los votos favorables de los
Diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Socialista,
Coalición Canaria y Vasco (EAJ-PNV).
Desde el inicio de la última Legislatura, los planes del Gobierno, a
través del Ministerio de Fomento, para Aena, S.A., han consistido en la
implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de
garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación
en la que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a
cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión.
Una vez conseguidos estos objetivos, los planes contemplaban, asimismo, el
diseño de la entrada del capital privado para el momento en que la
situación económica de los mercados lo hiciera factible, con la finalidad
principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual.
Para ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación de los
procesos de licitación emprendidos por el anterior Gobierno, para los
Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat,
principalmente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria
estatal.
El anterior modelo, aprobado en la pasada Legislatura, suponía la
destrucción de una de las principales fortalezas del gestor aeroportuario
español como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de
Aena, S.A. La venta de los dos principales activos de la entidad,
implicaba el desmantelamiento de dicha red, obligando al resto de
aeropuertos a asumir la elevada deuda de la sociedad, lo que comprometía
considerablemente su viabilidad económica futura y su operatividad.
Cabe destacar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la
necesaria transparencia y publicidad, al carecer de los informes previos
pertinentes de la Abogacía del Estado. Ante esta situación, la primera
medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, adoptó en
enero del año 2012 fue anular el proceso de privatización iniciado.
Durante esta Legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así
contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal
industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una
gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de
inversiones y mejora de la eficiencia.
Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red
aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general,
la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún
aeropuerto, a pesar de las peticiones, en ese sentido, de algunos
sectores.
Además, tal y como se cita en la iniciativa parlamentaria, el Consejo de
Ministros del día 4 de julio ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE del 5 de julio), que incluye el
establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de
interés general de Aena Aeropuertos (que a partir de ahora será Aena
S.A.) y los configura como servicios de interés económico general,
precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y
la cohesión económica, social y territorial.
Así, este Real Decreto-ley prohíbe, expresamente, el cierre o la
enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras
aeroportuarias, sin autorización del Consejo de Ministros o del
Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los
objetivos de interés general.
Por tanto, en la actualidad, no se prevé ningún riesgo de desintegración
de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos
que la componen.
El profundo y positivo cambio que ha experimentado Aena S.A. durante esta
Legislatura ha permitido conseguir y asegurar su viabilidad económica.
Puede afirmarse que Aena S.A. es en la actualidad una empresa que
presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente
saneadas. Es, precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red
aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad
de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los
operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con
los más elevados niveles de seguridad y calidad.
El fortalecimiento del marco regulatorio, inexistente en el proceso
privatizador del Gobierno anterior, establecido en las normas
anteriormente mencionadas, garantiza el cumplimiento de los adecuados
niveles de calidad de servicio e inversión. Este cumplimiento de la
calidad del servicio e inversión permiten además asegurar la
accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras
aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de aeropuertos, así
como su gestión eficiente, al menor coste posible.
Por tanto, la existencia de una red de infraestructuras suficiente para el
transporte aéreo, proporciona la continuidad y adecuada prestación de los
servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y
seguridad.
El nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta Legislatura,
es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá
para asegurar la viabilidad de Aena S.A., de lo que se beneficiarán sus
trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad en general.
Así, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la
compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario
español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en
la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía.
La mayor eficiencia de Aena S.A. será un estímulo al sector del
transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como
el turismo y el comercio.
Además de las razones expuestas, cabe resaltar que la finalidad de este
nuevo modelo de gestión es asegurar, por razones de interés general, la
movilidad de todos los ciudadanos, así como garantizar la cohesión
económica, social y territorial. La existencia de una red aeroportuaria a
nivel estatal, entre otras ventajas, garantiza la conectividad general y
asegura el derecho a la movilidad de los residentes en los archipiélagos,
favorece la cohesión y el equilibrio entre todos los territorios de
España, además de promover el desarrollo de la actividad económica.
El hecho de que los aeropuertos de Aena S.A. cuenten con una posición
privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de
capacidad y costes competitivos ha sido posible mediante el modelo de
gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los
contribuyentes, ya que Aena S.A. se financia exclusivamente con sus
ingresos aeronáuticos y comerciales. Este modelo de gestión ha sido
beneficioso también para las compañías aéreas que operan en la red de
aeropuertos de Aena, S.A., al proporcionar un marco tarifario estable
para los próximos años.
En concreto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado por el Congreso de los
Diputados y aprobada su tramitación como Proyecto de Ley por el
procedimiento de urgencia, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, se establece que las tarifas
aeroportuarias permanecerán sin subidas (incremento 0 %) hasta el año
2025, lo que permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas
todavía más competitivas que las actuales.
Estas medidas son una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en
todos los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, cabe resaltar que el proceso de entrada de capital privado en
Aena, S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus
trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual Convenio
Colectivo.
Madrid, 24 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068649
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rangel Tarrés, Joan y Gordo Pérez, Juan Luis (GS).
Respuesta:
El proceso de entrada de capital privado en Aena, S.A. no puede
considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la
propiedad con un 51 % de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría
del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública.
Este proceso se está abordando con total transparencia. De hecho, es un
modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma con rango
de Ley, aprobada en la Legislatura anterior: el Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este Real Decreto-ley fue convalidado con los votos favorables de los
Diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Socialista,
Coalición Canaria y Vasco (EAJ-PNV).
Desde el inicio de la última Legislatura, los planes del Gobierno, a
través del Ministerio de Fomento, para Aena, S.A., han consistido en la
implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de
garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación
en la que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a
cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión.
Una vez conseguidos estos objetivos, los planes contemplaban, asimismo, el
diseño de la entrada del capital privado para el momento en que la
situación económica de los mercados lo hiciera factible, con la finalidad
principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual.
Para ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación de los
procesos de licitación emprendidos por el anterior Gobierno, para los
Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat,
principalmente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria
estatal.
El anterior modelo, aprobado en la pasada Legislatura, suponía la
destrucción de una de las principales fortalezas del gestor aeroportuario
español como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de
Aena, S.A. La venta de los dos principales activos de la entidad,
implicaba el desmantelamiento de dicha red, obligando al resto de
aeropuertos a asumir la elevada deuda de la sociedad, lo que comprometía
considerablemente su viabilidad económica futura y su operatividad.
Cabe destacar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la
necesaria transparencia y publicidad, al carecer de los informes previos
pertinentes de la Abogacía del Estado. Ante esta situación, la primera
medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, adoptó en
enero del año 2012 fue anular el proceso de privatización iniciado.
Durante esta Legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así
contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal
industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una
gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de
inversiones y mejora de la eficiencia.
Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red
aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general,
la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún
aeropuerto, a pesar de las peticiones, en ese sentido, de algunos
sectores.
Además, tal y como se cita en la iniciativa parlamentaria, el Consejo de
Ministros del día 4 de julio ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE del 5 de julio), que incluye el
establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de
interés general de Aena Aeropuertos (que a partir de ahora será Aena
S.A.) y los configura como servicios de interés económico general,
precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y
la cohesión económica, social y territorial.
Así, este Real Decreto-ley prohíbe, expresamente, el cierre o la
enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras
aeroportuarias, sin autorización del Consejo de Ministros o del
Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los
objetivos de interés general.
Por tanto, en la actualidad, no se prevé ningún riesgo de desintegración
de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos
que la componen.
El profundo y positivo cambio que ha experimentado Aena S.A. durante esta
Legislatura ha permitido conseguir y asegurar su viabilidad económica.
Puede afirmarse que Aena S.A. es en la actualidad una empresa que
presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente
saneadas. Es, precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red
aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad
de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los
operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con
los más elevados niveles de seguridad y calidad.
El fortalecimiento del marco regulatorio, inexistente en el proceso
privatizador del Gobierno anterior, establecido en las normas
anteriormente mencionadas, garantiza el cumplimiento de los adecuados
niveles de calidad de servicio e inversión. Este cumplimiento de la
calidad del servicio e inversión permiten
además asegurar la accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las
infraestructuras aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de
aeropuertos, así como su gestión eficiente, al menor coste posible.
Por tanto, la existencia de una red de infraestructuras suficiente para el
transporte aéreo, proporciona la continuidad y adecuada prestación de los
servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y
seguridad.
El nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta Legislatura,
es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá
para asegurar la viabilidad de Aena S.A., de lo que se beneficiarán sus
trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad en general.
Así, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la
compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario
español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en
la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía.
La mayor eficiencia de Aena S.A. será un estímulo al sector del
transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como
el turismo y el comercio.
Además de las razones expuestas, cabe resaltar que la finalidad de este
nuevo modelo de gestión es asegurar, por razones de interés general, la
movilidad de todos los ciudadanos, así como garantizar la cohesión
económica, social y territorial. La existencia de una red aeroportuaria a
nivel estatal, entre otras ventajas, garantiza la conectividad general y
asegura el derecho a la movilidad de los residentes en los archipiélagos,
favorece la cohesión y el equilibrio entre todos los territorios de
España, además de promover el desarrollo de la actividad económica.
El hecho de que los aeropuertos de Aena S.A. cuenten con una posición
privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de
capacidad y costes competitivos ha sido posible mediante el modelo de
gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los
contribuyentes, ya que Aena S.A. se financia exclusivamente con sus
ingresos aeronáuticos y comerciales. Este modelo de gestión ha sido
beneficioso también para las compañías aéreas que operan en la red de
aeropuertos de Aena, S.A., al proporcionar un marco tarifario estable
para los próximos años.
En concreto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado por el Congreso de los
Diputados y aprobada su tramitación como Proyecto de Ley por el
procedimiento de urgencia, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, se establece que las tarifas
aeroportuarias permanecerán sin subidas (incremento 0 %) hasta el año
2025, lo que permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas
todavía más competitivas que las actuales.
Estas medidas son una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en
todos los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, cabe resaltar que el proceso de entrada de capital privado en
Aena, S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus
trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual Convenio
Colectivo.
Madrid, 25 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068650
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gordo Pérez, Juan Luis y Blanco Terán, Rosa Delia (GS).
Respuesta:
El proceso de entrada de capital privado en Aena, S.A. no puede
considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la
propiedad con un 51 % de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría
del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública.
Este proceso se está abordando con total transparencia. De hecho, es un
modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma con rango
de Ley, aprobada en la Legislatura anterior: el Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este Real Decreto-ley fue convalidado con los votos favorables de los
Diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Socialista,
Coalición Canaria y Vasco (EAJ-PNV).
Desde el inicio de la última Legislatura, los planes del Gobierno, a
través del Ministerio de Fomento, para Aena, S.A., han consistido en la
implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de
garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación
en la que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a
cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión.
Una vez conseguidos estos objetivos, los planes contemplaban, asimismo, el
diseño de la entrada del capital privado para el momento en que la
situación económica de los mercados lo hiciera factible, con la finalidad
principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual.
Para ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación de los
procesos de licitación emprendidos por el anterior Gobierno, para los
Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat,
principalmente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria
estatal.
El anterior modelo, aprobado en la pasada Legislatura, suponía la
destrucción de una de las principales fortalezas del gestor aeroportuario
español como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de
Aena, S.A. La venta de los dos principales activos de la entidad,
implicaba el desmantelamiento de dicha red, obligando al resto de
aeropuertos a asumir la elevada deuda de la sociedad, lo que comprometía
considerablemente su viabilidad económica futura y su operatividad.
Cabe destacar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la
necesaria transparencia y publicidad, al carecer de los informes previos
pertinentes de la Abogacía del Estado. Ante esta situación, la primera
medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, adoptó en
enero del año 2012 fue anular el proceso de privatización iniciado.
Durante esta Legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así
contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal
industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una
gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de
inversiones y mejora de la eficiencia.
Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red
aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general,
la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún
aeropuerto, a pesar de las peticiones, en ese sentido, de algunos
sectores.
Además, tal y como se cita en la iniciativa parlamentaria, el Consejo de
Ministros del día 4 de julio ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE del 5 de julio), que incluye el
establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de
interés general de Aena Aeropuertos (que a partir de ahora será Aena
S.A.) y los configura como servicios de interés económico general,
precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y
la cohesión económica, social y territorial.
Así, este Real Decreto-ley prohíbe, expresamente, el cierre o la
enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras
aeroportuarias, sin autorización del Consejo de Ministros o del
Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los
objetivos de interés general.
Por tanto, en la actualidad, no se prevé ningún riesgo de desintegración
de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos
que la componen.
El profundo y positivo cambio que ha experimentado Aena S.A. durante esta
Legislatura ha permitido conseguir y asegurar su viabilidad económica.
Puede afirmarse que Aena S.A. es en la actualidad una empresa que
presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente
saneadas. Es, precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red
aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad
de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los
operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con
los más elevados niveles de seguridad y calidad.
El fortalecimiento del marco regulatorio, inexistente en el proceso
privatizador del Gobierno anterior, establecido en las normas
anteriormente mencionadas, garantiza el cumplimiento de los adecuados
niveles de calidad de servicio e inversión. Este cumplimiento de la
calidad del servicio e inversión permiten además asegurar la
accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras
aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de aeropuertos, así
como su gestión eficiente, al menor coste posible.
Por tanto, la existencia de una red de infraestructuras suficiente para el
transporte aéreo, proporciona la continuidad y adecuada prestación de los
servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y
seguridad.
El nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta Legislatura,
es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá
para asegurar la viabilidad de Aena S.A., de lo que se beneficiarán sus
trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad en general.
Así, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la
compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario
español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en
la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía.
La mayor eficiencia de Aena S.A. será un estímulo al sector del
transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como
el turismo y el comercio.
Además de las razones expuestas, cabe resaltar que la finalidad de este
nuevo modelo de gestión es asegurar, por razones de interés general, la
movilidad de todos los ciudadanos, así como garantizar la cohesión
económica, social y territorial. La existencia de una red aeroportuaria a
nivel estatal, entre otras ventajas, garantiza la conectividad general y
asegura el derecho a la movilidad de los residentes en los archipiélagos,
favorece la cohesión y el equilibrio entre todos los territorios de
España, además de promover el desarrollo de la actividad económica.
El hecho de que los aeropuertos de Aena S.A. cuenten con una posición
privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de
capacidad y costes competitivos ha sido posible mediante el modelo de
gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los
contribuyentes, ya que Aena S.A. se financia exclusivamente con sus
ingresos aeronáuticos y comerciales. Este modelo de gestión ha sido
beneficioso también para las compañías aéreas que operan en la red de
aeropuertos de Aena, S.A., al proporcionar un marco tarifario estable
para los próximos años.
En concreto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado por el Congreso de los
Diputados y aprobada su tramitación como Proyecto de Ley por el
procedimiento de urgencia, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, se establece que las tarifas
aeroportuarias permanecerán sin subidas (incremento 0 %) hasta el año
2025, lo que permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas
todavía más competitivas que las actuales.
Estas medidas son una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en
todos los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, cabe resaltar que el proceso de entrada de capital privado en
Aena, S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus
trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual Convenio
Colectivo.
Madrid, 25 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068651
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gordo Pérez, Juan Luis y Moscoso del Prado Hernández, Juan (GS).
Respuesta:
El proceso de entrada de capital privado en Aena, S.A. no puede
considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la
propiedad con un 51 % de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría
del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública.
Este proceso se está abordando con total transparencia. De hecho, es un
modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma con rango
de Ley, aprobada en la Legislatura anterior: el Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este Real Decreto-ley fue convalidado con los votos favorables de los
Diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Socialista,
Coalición Canaria y Vasco (EAJ-PNV).
Desde el inicio de la última Legislatura, los planes del Gobierno, a
través del Ministerio de Fomento, para Aena, S.A., han consistido en la
implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de
garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación
en la que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a
cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión.
Una vez conseguidos estos objetivos, los planes contemplaban, asimismo, el
diseño de la entrada del capital privado para el momento en que la
situación económica de los mercados lo hiciera factible, con la finalidad
principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual.
Para ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación de los
procesos de licitación emprendidos por el anterior Gobierno, para los
Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat,
principalmente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria
estatal.
El anterior modelo, aprobado en la pasada Legislatura, suponía la
destrucción de una de las principales fortalezas del gestor aeroportuario
español como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de
Aena, S.A. La venta de los dos principales activos de la entidad,
implicaba el desmantelamiento de dicha red, obligando al resto de
aeropuertos a asumir la elevada deuda de la sociedad, lo que comprometía
considerablemente su viabilidad económica futura y su operatividad.
Cabe destacar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la
necesaria transparencia y publicidad, al carecer de los informes previos
pertinentes de la Abogacía del Estado. Ante esta situación, la primera
medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, adoptó en
enero del año 2012 fue anular el proceso de privatización iniciado.
Durante esta Legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así
contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal
industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una
gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de
inversiones y mejora de la eficiencia.
Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red
aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general,
la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún
aeropuerto, a pesar de las peticiones, en ese sentido, de algunos
sectores.
Además, tal y como se cita en la iniciativa parlamentaria, el Consejo de
Ministros del día 4 de julio ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE del 5 de julio), que incluye el
establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de
interés general de Aena Aeropuertos (que a partir de ahora será Aena
S.A.) y los configura como servicios de interés económico general,
precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y
la cohesión económica, social y territorial.
Así, este Real Decreto-ley prohíbe, expresamente, el cierre o la
enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras
aeroportuarias, sin autorización del Consejo de Ministros o del
Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los
objetivos de interés general.
Por tanto, en la actualidad, no se prevé ningún riesgo de desintegración
de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos
que la componen.
El profundo y positivo cambio que ha experimentado Aena S.A. durante esta
Legislatura ha permitido conseguir y asegurar su viabilidad económica.
Puede afirmarse que Aena S.A. es en la actualidad una empresa que
presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente
saneadas. Es, precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red
aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad
de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los
operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con
los más elevados niveles de seguridad y calidad.
El fortalecimiento del marco regulatorio, inexistente en el proceso
privatizador del Gobierno anterior, establecido en las normas
anteriormente mencionadas, garantiza el cumplimiento de los adecuados
niveles de calidad de servicio e inversión. Este cumplimiento de la
calidad del servicio e inversión permiten además asegurar la
accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras
aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de aeropuertos, así
como su gestión eficiente, al menor coste posible.
Por tanto, la existencia de una red de infraestructuras suficiente para el
transporte aéreo, proporciona la continuidad y adecuada prestación de los
servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y
seguridad.
El nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta Legislatura,
es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá
para asegurar la viabilidad de Aena S.A., de lo que se beneficiarán sus
trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad en general.
Así, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la
compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario
español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en
la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía.
La mayor eficiencia de Aena S.A. será un estímulo al sector del
transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como
el turismo y el comercio.
Además de las razones expuestas, cabe resaltar que la finalidad de este
nuevo modelo de gestión es asegurar, por razones de interés general, la
movilidad de todos los ciudadanos, así como garantizar la cohesión
económica, social y territorial. La existencia de una red aeroportuaria a
nivel estatal, entre otras ventajas, garantiza la conectividad general y
asegura el derecho a la movilidad de los residentes en los archipiélagos,
favorece la cohesión y el equilibrio entre todos los territorios de
España, además de promover el desarrollo de la actividad económica.
El hecho de que los aeropuertos de Aena S.A. cuenten con una posición
privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de
capacidad y costes competitivos ha sido posible mediante el modelo de
gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los
contribuyentes, ya que Aena S.A. se financia exclusivamente con sus
ingresos aeronáuticos y comerciales. Este modelo de gestión ha sido
beneficioso también para las compañías aéreas que operan en la red de
aeropuertos de Aena, S.A., al proporcionar un marco tarifario estable
para los próximos años.
En concreto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado por el Congreso de los
Diputados y aprobada su tramitación como Proyecto de Ley por el
procedimiento de urgencia, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, se establece que las tarifas
aeroportuarias permanecerán sin subidas (incremento 0 %) hasta el año
2025, lo que permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas
todavía más competitivas que las actuales.
Estas medidas son una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en
todos los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, cabe resaltar que el proceso de entrada de capital privado en
Aena, S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus
trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual Convenio
Colectivo.
Madrid, 25 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068652
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Montón Giménez, Carmen; Gordo Pérez, Juan Luis; Such Botella,
Antoni; Ábalos Meco, José Luis; Císcar Casabán, Cipriá y Puig Ferrer,
Joaquín Francisco (GS).
Respuesta:
El proceso de entrada de capital privado en Aena, S.A. no puede
considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la
propiedad con un 51 % de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría
del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública.
Este proceso se está abordando con total transparencia. De hecho, es un
modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma con rango
de Ley, aprobada en la Legislatura anterior: el Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este Real Decreto-ley fue convalidado con los votos favorables de los
Diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Socialista,
Coalición Canaria y Vasco (EAJ-PNV).
Desde el inicio de la última Legislatura, los planes del Gobierno, a
través del Ministerio de Fomento, para Aena, S.A., han consistido en la
implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de
garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación
en la que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a
cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión.
Una vez conseguidos estos objetivos, los planes contemplaban, asimismo, el
diseño de la entrada del capital privado para el momento en que la
situación económica de los mercados lo hiciera factible, con la finalidad
principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual.
Para ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación de los
procesos de licitación emprendidos por el anterior Gobierno, para los
Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat,
principalmente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria
estatal.
El anterior modelo, aprobado en la pasada Legislatura, suponía la
destrucción de una de las principales fortalezas del gestor aeroportuario
español como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de
Aena, S.A. La venta de los dos principales activos de la entidad,
implicaba el desmantelamiento de dicha red, obligando al resto de
aeropuertos a asumir la elevada deuda de la sociedad, lo que comprometía
considerablemente su viabilidad económica futura y su operatividad.
Cabe destacar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la
necesaria transparencia y publicidad, al carecer de los informes previos
pertinentes de la Abogacía del Estado. Ante esta situación, la primera
medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, adoptó en
enero del año 2012 fue anular el proceso de privatización iniciado.
Durante esta Legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así
contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal
industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una
gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de
inversiones y mejora de la eficiencia.
Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red
aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general,
la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún
aeropuerto, a pesar de las peticiones, en ese sentido, de algunos
sectores.
Además, tal y como se cita en la iniciativa parlamentaria, el Consejo de
Ministros del día 4 de julio ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE del 5 de julio), que incluye el
establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de
interés general de Aena Aeropuertos (que a partir de ahora será Aena
S.A.) y los configura como servicios de interés económico general,
precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y
la cohesión económica, social y territorial.
Así, este Real Decreto-ley prohíbe, expresamente, el cierre o la
enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras
aeroportuarias, sin autorización del Consejo de Ministros o del
Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los
objetivos de interés general.
Por tanto, en la actualidad, no se prevé ningún riesgo de desintegración
de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos
que la componen.
El profundo y positivo cambio que ha experimentado Aena S.A. durante esta
Legislatura ha permitido conseguir y asegurar su viabilidad económica.
Puede afirmarse que Aena S.A. es en la actualidad una empresa que
presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente
saneadas. Es, precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red
aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad
de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los
operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con
los más elevados niveles de seguridad y calidad.
El fortalecimiento del marco regulatorio, inexistente en el proceso
privatizador del Gobierno anterior, establecido en las normas
anteriormente mencionadas, garantiza el cumplimiento de los adecuados
niveles de calidad de servicio e inversión. Este cumplimiento de la
calidad del servicio e inversión permiten además asegurar la
accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras
aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de aeropuertos, así
como su gestión eficiente, al menor coste posible.
Por tanto, la existencia de una red de infraestructuras suficiente para el
transporte aéreo, proporciona la continuidad y adecuada prestación de los
servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y
seguridad.
El nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta Legislatura,
es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá
para asegurar la viabilidad de Aena S.A., de lo que se beneficiarán sus
trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad en general.
Así, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la
compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario
español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en
la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía.
La mayor eficiencia de Aena S.A. será un estímulo al sector del
transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como
el turismo y el comercio.
Además de las razones expuestas, cabe resaltar que la finalidad de este
nuevo modelo de gestión es asegurar, por razones de interés general, la
movilidad de todos los ciudadanos, así como garantizar la cohesión
económica, social y territorial. La existencia de una red aeroportuaria a
nivel estatal, entre otras ventajas, garantiza la conectividad general y
asegura el derecho a la movilidad de los residentes en los
archipiélagos, favorece la cohesión y el equilibrio entre todos los
territorios de España, además de promover el desarrollo de la actividad
económica.
El hecho de que los aeropuertos de Aena S.A. cuenten con una posición
privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de
capacidad y costes competitivos ha sido posible mediante el modelo de
gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los
contribuyentes, ya que Aena S.A. se financia exclusivamente con sus
ingresos aeronáuticos y comerciales. Este modelo de gestión ha sido
beneficioso también para las compañías aéreas que operan en la red de
aeropuertos de Aena, S.A., al proporcionar un marco tarifario estable
para los próximos años.
En concreto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado por el Congreso de los
Diputados y aprobada su tramitación como Proyecto de Ley por el
procedimiento de urgencia, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, se establece que las tarifas
aeroportuarias permanecerán sin subidas (incremento 0 %) hasta el año
2025, lo que permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas
todavía más competitivas que las actuales.
Estas medidas son una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en
todos los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, cabe resaltar que el proceso de entrada de capital privado en
Aena, S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus
trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual Convenio
Colectivo.
Madrid, 25 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068653
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campos Arteseros, Herick Manuel; Blanquer Alcaraz, Patricia; Gordo
Pérez, Juan Luis; Puig Ferrer, Joaquín Francisco; Echávarri Fernández,
Gabriel y Buyolo García, Federico (GS).
Respuesta:
El proceso de entrada de capital privado en Aena, S.A. no puede
considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la
propiedad con un 51 % de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría
del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública.
Este proceso se está abordando con total transparencia. De hecho, es un
modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma con rango
de Ley, aprobada en la Legislatura anterior: el Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este Real Decreto-ley fue convalidado con los votos favorables de los
Diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Socialista,
Coalición Canaria y Vasco (EAJ-PNV).
Desde el inicio de la última Legislatura, los planes del Gobierno, a
través del Ministerio de Fomento, para Aena, S.A., han consistido en la
implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de
garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación
en la que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a
cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión.
Una vez conseguidos estos objetivos, los planes contemplaban, asimismo, el
diseño de la entrada del capital privado para el momento en que la
situación económica de los mercados lo hiciera factible, con la finalidad
principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual.
Para ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación de los
procesos de licitación emprendidos por el anterior Gobierno, para los
Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat,
principalmente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria
estatal.
El anterior modelo, aprobado en la pasada Legislatura, suponía la
destrucción de una de las principales fortalezas del gestor aeroportuario
español como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de
Aena, S.A. La venta de los dos principales activos de la entidad,
implicaba el desmantelamiento de dicha
red, obligando al resto de aeropuertos a asumir la elevada deuda de la
sociedad, lo que comprometía considerablemente su viabilidad económica
futura y su operatividad.
Cabe destacar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la
necesaria transparencia y publicidad, al carecer de los informes previos
pertinentes de la Abogacía del Estado. Ante esta situación, la primera
medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, adoptó en
enero del año 2012 fue anular el proceso de privatización iniciado.
Durante esta Legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así
contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal
industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una
gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de
inversiones y mejora de la eficiencia.
Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red
aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general,
la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún
aeropuerto, a pesar de las peticiones, en ese sentido, de algunos
sectores.
Además, tal y como se cita en la iniciativa parlamentaria, el Consejo de
Ministros del día 4 de julio ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE del 5 de julio), que incluye el
establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de
interés general de Aena Aeropuertos (que a partir de ahora será Aena
S.A.) y los configura como servicios de interés económico general,
precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y
la cohesión económica, social y territorial.
Así, este Real Decreto-ley prohíbe, expresamente, el cierre o la
enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras
aeroportuarias, sin autorización del Consejo de Ministros o del
Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los
objetivos de interés general.
Por tanto, en la actualidad, no se prevé ningún riesgo de desintegración
de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos
que la componen.
El profundo y positivo cambio que ha experimentado Aena S.A. durante esta
Legislatura ha permitido conseguir y asegurar su viabilidad económica.
Puede afirmarse que Aena S.A. es en la actualidad una empresa que
presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente
saneadas. Es, precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red
aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad
de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los
operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con
los más elevados niveles de seguridad y calidad.
El fortalecimiento del marco regulatorio, inexistente en el proceso
privatizador del Gobierno anterior, establecido en las normas
anteriormente mencionadas, garantiza el cumplimiento de los adecuados
niveles de calidad de servicio e inversión. Este cumplimiento de la
calidad del servicio e inversión permiten además asegurar la
accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras
aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de aeropuertos, así
como su gestión eficiente, al menor coste posible.
Por tanto, la existencia de una red de infraestructuras suficiente para el
transporte aéreo, proporciona la continuidad y adecuada prestación de los
servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y
seguridad.
El nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta Legislatura,
es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá
para asegurar la viabilidad de Aena S.A., de lo que se beneficiarán sus
trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad en general.
Así, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la
compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario
español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en
la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía.
La mayor eficiencia de Aena S.A. será un estímulo al sector del
transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como
el turismo y el comercio.
Además de las razones expuestas, cabe resaltar que la finalidad de este
nuevo modelo de gestión es asegurar, por razones de interés general, la
movilidad de todos los ciudadanos, así como garantizar la cohesión
económica, social y territorial. La existencia de una red aeroportuaria a
nivel estatal, entre otras ventajas, garantiza la conectividad general y
asegura el derecho a la movilidad de los residentes en los archipiélagos,
favorece la cohesión y el equilibrio entre todos los territorios de
España, además de promover el desarrollo de la actividad económica.
El hecho de que los aeropuertos de Aena S.A. cuenten con una posición
privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de
capacidad y costes competitivos ha sido posible mediante el
modelo de gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los
contribuyentes, ya que Aena S.A. se financia exclusivamente con sus
ingresos aeronáuticos y comerciales. Este modelo de gestión ha sido
beneficioso también para las compañías aéreas que operan en la red de
aeropuertos de Aena, S.A., al proporcionar un marco tarifario estable
para los próximos años.
En concreto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado por el Congreso de los
Diputados y aprobada su tramitación como Proyecto de Ley por el
procedimiento de urgencia, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, se establece que las tarifas
aeroportuarias permanecerán sin subidas (incremento 0 %) hasta el año
2025, lo que permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas
todavía más competitivas que las actuales.
Estas medidas son una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en
todos los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, cabe resaltar que el proceso de entrada de capital privado en
Aena, S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus
trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual Convenio
Colectivo.
Madrid, 25 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068654
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gordo Pérez, Juan Luis; Sánchez Amor, José Ignacio y Pérez
Domínguez, María Soledad (GS).
Respuesta:
El proceso de entrada de capital privado en Aena, S.A. no puede
considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la
propiedad con un 51 % de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría
del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública.
Este proceso se está abordando con total transparencia. De hecho, es un
modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma con rango
de Ley, aprobada en la Legislatura anterior: el Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este Real Decreto-ley fue convalidado con los votos favorables de los
Diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Socialista,
Coalición Canaria y Vasco (EAJ-PNV).
Desde el inicio de la última Legislatura, los planes del Gobierno, a
través del Ministerio de Fomento, para Aena, S.A., han consistido en la
implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de
garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación
en la que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a
cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión.
Una vez conseguidos estos objetivos, los planes contemplaban, asimismo, el
diseño de la entrada del capital privado para el momento en que la
situación económica de los mercados lo hiciera factible, con la finalidad
principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual.
Para ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación de los
procesos de licitación emprendidos por el anterior Gobierno, para los
Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat,
principalmente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria
estatal.
El anterior modelo, aprobado en la pasada Legislatura, suponía la
destrucción de una de las principales fortalezas del gestor aeroportuario
español como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de
Aena, S.A. La venta de los dos principales activos de la entidad,
implicaba el desmantelamiento de dicha red, obligando al resto de
aeropuertos a asumir la elevada deuda de la sociedad, lo que comprometía
considerablemente su viabilidad económica futura y su operatividad.
Cabe destacar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la
necesaria transparencia y publicidad, al carecer de los informes previos
pertinentes de la Abogacía del Estado. Ante esta situación, la primera
medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, adoptó en
enero del año 2012 fue anular el proceso de privatización iniciado.
Durante esta Legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así
contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal
industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una
gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de
inversiones y mejora de la eficiencia.
Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red
aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general,
la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún
aeropuerto, a pesar de las peticiones, en ese sentido, de algunos
sectores.
Además, tal y como se cita en la iniciativa parlamentaria, el Consejo de
Ministros del día 4 de julio ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE del 5 de julio), que incluye el
establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de
interés general de Aena Aeropuertos (que a partir de ahora será Aena
S.A.) y los configura como servicios de interés económico general,
precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y
la cohesión económica, social y territorial.
Así, este Real Decreto-ley prohíbe, expresamente, el cierre o la
enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras
aeroportuarias, sin autorización del Consejo de Ministros o del
Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los
objetivos de interés general.
Por tanto, en la actualidad, no se prevé ningún riesgo de desintegración
de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos
que la componen.
El profundo y positivo cambio que ha experimentado Aena S.A. durante esta
Legislatura ha permitido conseguir y asegurar su viabilidad económica.
Puede afirmarse que Aena S.A. es en la actualidad una empresa que
presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente
saneadas. Es, precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red
aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad
de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los
operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con
los más elevados niveles de seguridad y calidad.
El fortalecimiento del marco regulatorio, inexistente en el proceso
privatizador del Gobierno anterior, establecido en las normas
anteriormente mencionadas, garantiza el cumplimiento de los adecuados
niveles de calidad de servicio e inversión. Este cumplimiento de la
calidad del servicio e inversión permiten además asegurar la
accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras
aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de aeropuertos, así
como su gestión eficiente, al menor coste posible.
Por tanto, la existencia de una red de infraestructuras suficiente para el
transporte aéreo, proporciona la continuidad y adecuada prestación de los
servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y
seguridad.
El nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta Legislatura,
es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá
para asegurar la viabilidad de Aena S.A., de lo que se beneficiarán sus
trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad en general.
Así, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la
compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario
español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en
la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía.
La mayor eficiencia de Aena S.A. será un estímulo al sector del
transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como
el turismo y el comercio.
Además de las razones expuestas, cabe resaltar que la finalidad de este
nuevo modelo de gestión es asegurar, por razones de interés general, la
movilidad de todos los ciudadanos, así como garantizar la cohesión
económica, social y territorial. La existencia de una red aeroportuaria a
nivel estatal, entre otras ventajas, garantiza la conectividad general y
asegura el derecho a la movilidad de los residentes en los archipiélagos,
favorece la cohesión y el equilibrio entre todos los territorios de
España, además de promover el desarrollo de la actividad económica.
El hecho de que los aeropuertos de Aena S.A. cuenten con una posición
privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de
capacidad y costes competitivos ha sido posible mediante el modelo de
gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los
contribuyentes, ya que Aena S.A. se financia exclusivamente con sus
ingresos aeronáuticos y comerciales. Este modelo de gestión ha sido
beneficioso también para las compañías aéreas que operan en la red de
aeropuertos de Aena, S.A., al proporcionar un marco tarifario estable
para los próximos años.
En concreto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado por el Congreso de los
Diputados y aprobada su tramitación como Proyecto de Ley
por el procedimiento de urgencia, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, se establece que las tarifas
aeroportuarias permanecerán sin subidas (incremento 0 %) hasta el año
2025, lo que permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas
todavía más competitivas que las actuales.
Estas medidas son una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en
todos los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, cabe resaltar que el proceso de entrada de capital privado en
Aena, S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus
trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual Convenio
Colectivo.
Madrid, 25 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068655
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gordo Pérez, Juan Luis; Silva Rego, María del Carmen y Meijón
Couselo, Guillermo Antonio (GS).
Respuesta:
El proceso de entrada de capital privado en Aena, S.A. no puede
considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la
propiedad con un 51 % de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría
del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública.
Este proceso se está abordando con total transparencia. De hecho, es un
modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma con rango
de Ley, aprobada en la Legislatura anterior: el Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este Real Decreto-ley fue convalidado con los votos favorables de los
Diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Socialista,
Coalición Canaria y Vasco (EAJ-PNV).
Desde el inicio de la última Legislatura, los planes del Gobierno, a
través del Ministerio de Fomento, para Aena, S.A., han consistido en la
implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de
garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación
en la que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a
cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión.
Una vez conseguidos estos objetivos, los planes contemplaban, asimismo, el
diseño de la entrada del capital privado para el momento en que la
situación económica de los mercados lo hiciera factible, con la finalidad
principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual.
Para ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación de los
procesos de licitación emprendidos por el anterior Gobierno, para los
Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat,
principalmente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria
estatal.
El anterior modelo, aprobado en la pasada Legislatura, suponía la
destrucción de una de las principales fortalezas del gestor aeroportuario
español como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de
Aena, S.A. La venta de los dos principales activos de la entidad,
implicaba el desmantelamiento de dicha red, obligando al resto de
aeropuertos a asumir la elevada deuda de la sociedad, lo que comprometía
considerablemente su viabilidad económica futura y su operatividad.
Cabe destacar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la
necesaria transparencia y publicidad, al carecer de los informes previos
pertinentes de la Abogacía del Estado. Ante esta situación, la primera
medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, adoptó en
enero del año 2012 fue anular el proceso de privatización iniciado.
Durante esta Legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así
contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal
industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una
gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de
inversiones y mejora de la eficiencia.
Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red
aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general,
la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún
aeropuerto, a pesar de las peticiones, en ese sentido, de algunos
sectores.
Además, tal y como se cita en la iniciativa parlamentaria, el Consejo de
Ministros del día 4 de julio ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE del 5 de julio), que incluye el
establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de
interés general de Aena Aeropuertos (que a partir de ahora será Aena
S.A.) y los configura como servicios de interés económico general,
precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y
la cohesión económica, social y territorial.
Así, este Real Decreto-ley prohíbe, expresamente, el cierre o la
enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras
aeroportuarias, sin autorización del Consejo de Ministros o del
Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los
objetivos de interés general.
Por tanto, en la actualidad, no se prevé ningún riesgo de desintegración
de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos
que la componen.
El profundo y positivo cambio que ha experimentado Aena S.A. durante esta
Legislatura ha permitido conseguir y asegurar su viabilidad económica.
Puede afirmarse que Aena S.A. es en la actualidad una empresa que
presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente
saneadas. Es, precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red
aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad
de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los
operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con
los más elevados niveles de seguridad y calidad.
El fortalecimiento del marco regulatorio, inexistente en el proceso
privatizador del Gobierno anterior, establecido en las normas
anteriormente mencionadas, garantiza el cumplimiento de los adecuados
niveles de calidad de servicio e inversión. Este cumplimiento de la
calidad del servicio e inversión permiten además asegurar la
accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras
aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de aeropuertos, así
como su gestión eficiente, al menor coste posible.
Por tanto, la existencia de una red de infraestructuras suficiente para el
transporte aéreo, proporciona la continuidad y adecuada prestación de los
servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y
seguridad.
El nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta Legislatura,
es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá
para asegurar la viabilidad de Aena S.A., de lo que se beneficiarán sus
trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad en general.
Así, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la
compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario
español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en
la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía.
La mayor eficiencia de Aena S.A. será un estímulo al sector del
transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como
el turismo y el comercio.
Además de las razones expuestas, cabe resaltar que la finalidad de este
nuevo modelo de gestión es asegurar, por razones de interés general, la
movilidad de todos los ciudadanos, así como garantizar la cohesión
económica, social y territorial. La existencia de una red aeroportuaria a
nivel estatal, entre otras ventajas, garantiza la conectividad general y
asegura el derecho a la movilidad de los residentes en los archipiélagos,
favorece la cohesión y el equilibrio entre todos los territorios de
España, además de promover el desarrollo de la actividad económica.
El hecho de que los aeropuertos de Aena S.A. cuenten con una posición
privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de
capacidad y costes competitivos ha sido posible mediante el modelo de
gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los
contribuyentes, ya que Aena S.A. se financia exclusivamente con sus
ingresos aeronáuticos y comerciales. Este modelo de gestión ha sido
beneficioso también para las compañías aéreas que operan en la red de
aeropuertos de Aena, S.A., al proporcionar un marco tarifario estable
para los próximos años.
En concreto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado por el Congreso de los
Diputados y aprobada su tramitación como Proyecto de Ley por el
procedimiento de urgencia, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, se establece que las tarifas
aeroportuarias permanecerán sin subidas (incremento 0 %) hasta el año
2025, lo que permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas
todavía más competitivas que las actuales.
Estas medidas son una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en
todos los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, cabe resaltar que el proceso de entrada de capital privado en
Aena, S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus
trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual Convenio
Colectivo.
Madrid, 25 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068656
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gordo Pérez, Juan Luis; Cortizo Nieto, Miguel Ángel y Rodríguez
Vázquez, María Paloma (GS).
Respuesta:
El proceso de entrada de capital privado en Aena, S.A. no puede
considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la
propiedad con un 51 % de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría
del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública.
Este proceso se está abordando con total transparencia. De hecho, es un
modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma con rango
de Ley, aprobada en la Legislatura anterior: el Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este Real Decreto-ley fue convalidado con los votos favorables de los
Diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Socialista,
Coalición Canaria y Vasco (EAJ-PNV).
Desde el inicio de la última Legislatura, los planes del Gobierno, a
través del Ministerio de Fomento, para Aena, S.A., han consistido en la
implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de
garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación
en la que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a
cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión.
Una vez conseguidos estos objetivos, los planes contemplaban, asimismo, el
diseño de la entrada del capital privado para el momento en que la
situación económica de los mercados lo hiciera factible, con la finalidad
principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual.
Para ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación de los
procesos de licitación emprendidos por el anterior Gobierno, para los
Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat,
principalmente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria
estatal.
El anterior modelo, aprobado en la pasada Legislatura, suponía la
destrucción de una de las principales fortalezas del gestor aeroportuario
español como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de
Aena, S.A. La venta de los dos principales activos de la entidad,
implicaba el desmantelamiento de dicha red, obligando al resto de
aeropuertos a asumir la elevada deuda de la sociedad, lo que comprometía
considerablemente su viabilidad económica futura y su operatividad.
Cabe destacar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la
necesaria transparencia y publicidad, al carecer de los informes previos
pertinentes de la Abogacía del Estado. Ante esta situación, la primera
medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, adoptó en
enero del año 2012 fue anular el proceso de privatización iniciado.
Durante esta Legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así
contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal
industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una
gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de
inversiones y mejora de la eficiencia.
Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red
aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general,
la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún
aeropuerto, a pesar de las peticiones, en ese sentido, de algunos
sectores.
Además, tal y como se cita en la iniciativa parlamentaria, el Consejo de
Ministros del día 4 de julio ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE del 5 de julio), que incluye el
establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de
interés general de Aena Aeropuertos (que a partir de ahora será
Aena S.A.) y los configura como servicios de interés económico general,
precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y
la cohesión económica, social y territorial.
Así, este Real Decreto-ley prohíbe, expresamente, el cierre o la
enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras
aeroportuarias, sin autorización del Consejo de Ministros o del
Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los
objetivos de interés general.
Por tanto, en la actualidad, no se prevé ningún riesgo de desintegración
de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos
que la componen.
El profundo y positivo cambio que ha experimentado Aena S.A. durante esta
Legislatura ha permitido conseguir y asegurar su viabilidad económica.
Puede afirmarse que Aena S.A. es en la actualidad una empresa que
presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente
saneadas. Es, precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red
aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad
de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los
operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con
los más elevados niveles de seguridad y calidad.
El fortalecimiento del marco regulatorio, inexistente en el proceso
privatizador del Gobierno anterior, establecido en las normas
anteriormente mencionadas, garantiza el cumplimiento de los adecuados
niveles de calidad de servicio e inversión. Este cumplimiento de la
calidad del servicio e inversión permiten además asegurar la
accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras
aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de aeropuertos, así
como su gestión eficiente, al menor coste posible.
Por tanto, la existencia de una red de infraestructuras suficiente para el
transporte aéreo, proporciona la continuidad y adecuada prestación de los
servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y
seguridad.
El nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta Legislatura,
es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá
para asegurar la viabilidad de Aena S.A., de lo que se beneficiarán sus
trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad en general.
Así, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la
compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario
español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en
la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía.
La mayor eficiencia de Aena S.A. será un estímulo al sector del
transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como
el turismo y el comercio.
Además de las razones expuestas, cabe resaltar que la finalidad de este
nuevo modelo de gestión es asegurar, por razones de interés general, la
movilidad de todos los ciudadanos, así como garantizar la cohesión
económica, social y territorial. La existencia de una red aeroportuaria a
nivel estatal, entre otras ventajas, garantiza la conectividad general y
asegura el derecho a la movilidad de los residentes en los archipiélagos,
favorece la cohesión y el equilibrio entre todos los territorios de
España, además de promover el desarrollo de la actividad económica.
El hecho de que los aeropuertos de Aena S.A. cuenten con una posición
privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de
capacidad y costes competitivos ha sido posible mediante el modelo de
gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los
contribuyentes, ya que Aena S.A. se financia exclusivamente con sus
ingresos aeronáuticos y comerciales. Este modelo de gestión ha sido
beneficioso también para las compañías aéreas que operan en la red de
aeropuertos de Aena, S.A., al proporcionar un marco tarifario estable
para los próximos años.
En concreto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado por el Congreso de los
Diputados y aprobada su tramitación como Proyecto de Ley por el
procedimiento de urgencia, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, se establece que las tarifas
aeroportuarias permanecerán sin subidas (incremento 0 %) hasta el año
2025, lo que permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas
todavía más competitivas que las actuales.
Estas medidas son una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en
todos los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, cabe resaltar que el proceso de entrada de capital privado en
Aena, S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus
trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual Convenio
Colectivo.
Madrid, 25 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068657
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: García Gasulla, Guillem; Hernanz Costa, Sofia; Martín Pere, Pablo y
Gordo Pérez, Juan Luis (GS).
Respuesta:
El proceso de entrada de capital privado en Aena, S.A. no puede
considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la
propiedad con un 51 % de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría
del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública.
Este proceso se está abordando con total transparencia. De hecho, es un
modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma con rango
de Ley, aprobada en la Legislatura anterior: el Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este Real Decreto-ley fue convalidado con los votos favorables de los
Diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Socialista,
Coalición Canaria y Vasco (EAJ-PNV).
Desde el inicio de la última Legislatura, los planes del Gobierno, a
través del Ministerio de Fomento, para Aena, S.A., han consistido en la
implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de
garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación
en la que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a
cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión.
Una vez conseguidos estos objetivos, los planes contemplaban, asimismo, el
diseño de la entrada del capital privado para el momento en que la
situación económica de los mercados lo hiciera factible, con la finalidad
principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual.
Para ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación de los
procesos de licitación emprendidos por el anterior Gobierno, para los
Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat,
principalmente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria
estatal.
El anterior modelo, aprobado en la pasada Legislatura, suponía la
destrucción de una de las principales fortalezas del gestor aeroportuario
español como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de
Aena, S.A. La venta de los dos principales activos de la entidad,
implicaba el desmantelamiento de dicha red, obligando al resto de
aeropuertos a asumir la elevada deuda de la sociedad, lo que comprometía
considerablemente su viabilidad económica futura y su operatividad.
Cabe destacar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la
necesaria transparencia y publicidad, al carecer de los informes previos
pertinentes de la Abogacía del Estado. Ante esta situación, la primera
medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, adoptó en
enero del año 2012 fue anular el proceso de privatización iniciado.
Durante esta Legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así
contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal
industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una
gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de
inversiones y mejora de la eficiencia.
Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red
aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general,
la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún
aeropuerto, a pesar de las peticiones, en ese sentido, de algunos
sectores.
Además, tal y como se cita en la iniciativa parlamentaria, el Consejo de
Ministros del día 4 de julio ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE del 5 de julio), que incluye el
establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de
interés general de Aena Aeropuertos (que a partir de ahora será Aena
S.A.) y los configura como servicios de interés económico general,
precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y
la cohesión económica, social y territorial.
Así, este Real Decreto-ley prohíbe, expresamente, el cierre o la
enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras
aeroportuarias, sin autorización del Consejo de Ministros o del
Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los
objetivos de interés general.
Por tanto, en la actualidad, no se prevé ningún riesgo de desintegración
de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos
que la componen.
El profundo y positivo cambio que ha experimentado Aena S.A. durante esta
Legislatura ha permitido conseguir y asegurar su viabilidad económica.
Puede afirmarse que Aena S.A. es en la actualidad una empresa que
presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente
saneadas. Es, precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red
aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad
de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los
operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con
los más elevados niveles de seguridad y calidad.
El fortalecimiento del marco regulatorio, inexistente en el proceso
privatizador del Gobierno anterior, establecido en las normas
anteriormente mencionadas, garantiza el cumplimiento de los adecuados
niveles de calidad de servicio e inversión. Este cumplimiento de la
calidad del servicio e inversión permiten además asegurar la
accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras
aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de aeropuertos, así
como su gestión eficiente, al menor coste posible.
Por tanto, la existencia de una red de infraestructuras suficiente para el
transporte aéreo, proporciona la continuidad y adecuada prestación de los
servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y
seguridad.
El nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta Legislatura,
es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá
para asegurar la viabilidad de Aena S.A., de lo que se beneficiarán sus
trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad en general.
Así, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la
compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario
español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en
la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía.
La mayor eficiencia de Aena S.A. será un estímulo al sector del
transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como
el turismo y el comercio.
Además de las razones expuestas, cabe resaltar que la finalidad de este
nuevo modelo de gestión es asegurar, por razones de interés general, la
movilidad de todos los ciudadanos, así como garantizar la cohesión
económica, social y territorial. La existencia de una red aeroportuaria a
nivel estatal, entre otras ventajas, garantiza la conectividad general y
asegura el derecho a la movilidad de los residentes en los archipiélagos,
favorece la cohesión y el equilibrio entre todos los territorios de
España, además de promover el desarrollo de la actividad económica.
El hecho de que los aeropuertos de Aena S.A. cuenten con una posición
privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de
capacidad y costes competitivos ha sido posible mediante el modelo de
gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los
contribuyentes, ya que Aena S.A. se financia exclusivamente con sus
ingresos aeronáuticos y comerciales. Este modelo de gestión ha sido
beneficioso también para las compañías aéreas que operan en la red de
aeropuertos de Aena, S.A., al proporcionar un marco tarifario estable
para los próximos años.
En concreto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado por el Congreso de los
Diputados y aprobada su tramitación como Proyecto de Ley por el
procedimiento de urgencia, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, se establece que las tarifas
aeroportuarias permanecerán sin subidas (incremento 0 %) hasta el año
2025, lo que permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas
todavía más competitivas que las actuales.
Estas medidas son una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en
todos los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, cabe resaltar que el proceso de entrada de capital privado en
Aena, S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus
trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual Convenio
Colectivo.
Madrid, 25 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068658
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gordo Pérez, Juan Luis; Franquis Vera, Sebastián y Grande Pesquero,
Pilar (GS).
Respuesta:
El proceso de entrada de capital privado en Aena, S.A. no puede
considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la
propiedad con un 51 % de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría
del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública.
Este proceso se está abordando con total transparencia. De hecho, es un
modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma con rango
de Ley, aprobada en la Legislatura anterior: el Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este Real Decreto-ley fue convalidado con los votos favorables de los
Diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Socialista,
Coalición Canaria y Vasco (EAJ-PNV).
Desde el inicio de la última Legislatura, los planes del Gobierno, a
través del Ministerio de Fomento, para Aena, S.A., han consistido en la
implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de
garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación
en la que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a
cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión.
Una vez conseguidos estos objetivos, los planes contemplaban, asimismo, el
diseño de la entrada del capital privado para el momento en que la
situación económica de los mercados lo hiciera factible, con la finalidad
principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual.
Para ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación de los
procesos de licitación emprendidos por el anterior Gobierno, para los
Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat,
principalmente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria
estatal.
El anterior modelo, aprobado en la pasada Legislatura, suponía la
destrucción de una de las principales fortalezas del gestor aeroportuario
español como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de
Aena, S.A. La venta de los dos principales activos de la entidad,
implicaba el desmantelamiento de dicha red, obligando al resto de
aeropuertos a asumir la elevada deuda de la sociedad, lo que comprometía
considerablemente su viabilidad económica futura y su operatividad.
Cabe destacar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la
necesaria transparencia y publicidad, al carecer de los informes previos
pertinentes de la Abogacía del Estado. Ante esta situación, la primera
medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, adoptó en
enero del año 2012 fue anular el proceso de privatización iniciado.
Durante esta Legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así
contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal
industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una
gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de
inversiones y mejora de la eficiencia.
Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red
aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general,
la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún
aeropuerto, a pesar de las peticiones, en ese sentido, de algunos
sectores.
Además, tal y como se cita en la iniciativa parlamentaria, el Consejo de
Ministros del día 4 de julio ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE del 5 de julio), que incluye el
establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de
interés general de Aena Aeropuertos (que a partir de ahora será Aena
S.A.) y los configura como servicios de interés económico general,
precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y
la cohesión económica, social y territorial.
Así, este Real Decreto-ley prohíbe, expresamente, el cierre o la
enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras
aeroportuarias, sin autorización del Consejo de Ministros o del
Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los
objetivos de interés general.
Por tanto, en la actualidad, no se prevé ningún riesgo de desintegración
de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos
que la componen.
El profundo y positivo cambio que ha experimentado Aena S.A. durante esta
Legislatura ha permitido conseguir y asegurar su viabilidad económica.
Puede afirmarse que Aena S.A. es en la actualidad una empresa que
presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente
saneadas. Es, precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red
aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad
de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los
operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con
los más elevados niveles de seguridad y calidad.
El fortalecimiento del marco regulatorio, inexistente en el proceso
privatizador del Gobierno anterior, establecido en las normas
anteriormente mencionadas, garantiza el cumplimiento de los adecuados
niveles de calidad de servicio e inversión. Este cumplimiento de la
calidad del servicio e inversión permiten además asegurar la
accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras
aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de aeropuertos, así
como su gestión eficiente, al menor coste posible.
Por tanto, la existencia de una red de infraestructuras suficiente para el
transporte aéreo, proporciona la continuidad y adecuada prestación de los
servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y
seguridad.
El nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta Legislatura,
es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá
para asegurar la viabilidad de Aena S.A., de lo que se beneficiarán sus
trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad en general.
Así, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la
compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario
español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en
la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía.
La mayor eficiencia de Aena S.A. será un estímulo al sector del
transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como
el turismo y el comercio.
Además de las razones expuestas, cabe resaltar que la finalidad de este
nuevo modelo de gestión es asegurar, por razones de interés general, la
movilidad de todos los ciudadanos, así como garantizar la cohesión
económica, social y territorial. La existencia de una red aeroportuaria a
nivel estatal, entre otras ventajas, garantiza la conectividad general y
asegura el derecho a la movilidad de los residentes en los archipiélagos,
favorece la cohesión y el equilibrio entre todos los territorios de
España, además de promover el desarrollo de la actividad económica.
El hecho de que los aeropuertos de Aena S.A. cuenten con una posición
privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de
capacidad y costes competitivos ha sido posible mediante el modelo de
gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los
contribuyentes, ya que Aena S.A. se financia exclusivamente con sus
ingresos aeronáuticos y comerciales. Este modelo de gestión ha sido
beneficioso también para las compañías aéreas que operan en la red de
aeropuertos de Aena, S.A., al proporcionar un marco tarifario estable
para los próximos años.
En concreto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado por el Congreso de los
Diputados y aprobada su tramitación como Proyecto de Ley por el
procedimiento de urgencia, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, se establece que las tarifas
aeroportuarias permanecerán sin subidas (incremento 0 %) hasta el año
2025, lo que permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas
todavía más competitivas que las actuales.
Estas medidas son una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en
todos los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, cabe resaltar que el proceso de entrada de capital privado en
Aena, S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus
trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual Convenio
Colectivo.
Madrid, 25 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068659
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Segura Clavell, José; Gordo Pérez, Juan Luis y Hernández Gutiérrez,
Patricia (GS).
Respuesta:
El proceso de entrada de capital privado en Aena, S.A. no puede
considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la
propiedad con un 51 % de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría
del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública.
Este proceso se está abordando con total transparencia. De hecho, es un
modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma con rango
de Ley, aprobada en la Legislatura anterior: el Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este Real Decreto-ley fue convalidado con los votos favorables de los
Diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Socialista,
Coalición Canaria y Vasco (EAJ-PNV).
Desde el inicio de la última Legislatura, los planes del Gobierno, a
través del Ministerio de Fomento, para Aena, S.A., han consistido en la
implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de
garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación
en la que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a
cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión.
Una vez conseguidos estos objetivos, los planes contemplaban, asimismo, el
diseño de la entrada del capital privado para el momento en que la
situación económica de los mercados lo hiciera factible, con la finalidad
principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual.
Para ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación de los
procesos de licitación emprendidos por el anterior Gobierno, para los
Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat,
principalmente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria
estatal.
El anterior modelo, aprobado en la pasada Legislatura, suponía la
destrucción de una de las principales fortalezas del gestor aeroportuario
español como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de
Aena, S.A. La venta de los dos principales activos de la entidad,
implicaba el desmantelamiento de dicha red, obligando al resto de
aeropuertos a asumir la elevada deuda de la sociedad, lo que comprometía
considerablemente su viabilidad económica futura y su operatividad.
Cabe destacar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la
necesaria transparencia y publicidad, al carecer de los informes previos
pertinentes de la Abogacía del Estado. Ante esta situación, la primera
medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, adoptó en
enero del año 2012 fue anular el proceso de privatización iniciado.
Durante esta Legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así
contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal
industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una
gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de
inversiones y mejora de la eficiencia.
Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red
aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general,
la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún
aeropuerto, a pesar de las peticiones, en ese sentido, de algunos
sectores.
Además, tal y como se cita en la iniciativa parlamentaria, el Consejo de
Ministros del día 4 de julio ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE del 5 de julio), que incluye el
establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de
interés general de Aena Aeropuertos (que a partir de ahora será Aena
S.A.) y los configura como servicios de interés económico general,
precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y
la cohesión económica, social y territorial.
Así, este Real Decreto-ley prohíbe, expresamente, el cierre o la
enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras
aeroportuarias, sin autorización del Consejo de Ministros o del
Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los
objetivos de interés general.
Por tanto, en la actualidad, no se prevé ningún riesgo de desintegración
de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos
que la componen.
El profundo y positivo cambio que ha experimentado Aena S.A. durante esta
Legislatura ha permitido conseguir y asegurar su viabilidad económica.
Puede afirmarse que Aena S.A. es en la actualidad una empresa que
presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente
saneadas. Es, precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red
aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad
de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los
operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con
los más elevados niveles de seguridad y calidad.
El fortalecimiento del marco regulatorio, inexistente en el proceso
privatizador del Gobierno anterior, establecido en las normas
anteriormente mencionadas, garantiza el cumplimiento de los adecuados
niveles de calidad de servicio e inversión. Este cumplimiento de la
calidad del servicio e inversión permiten
además asegurar la accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las
infraestructuras aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de
aeropuertos, así como su gestión eficiente, al menor coste posible.
Por tanto, la existencia de una red de infraestructuras suficiente para el
transporte aéreo, proporciona la continuidad y adecuada prestación de los
servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y
seguridad.
El nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta Legislatura,
es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá
para asegurar la viabilidad de Aena S.A., de lo que se beneficiarán sus
trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad en general.
Así, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la
compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario
español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en
la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía.
La mayor eficiencia de Aena S.A. será un estímulo al sector del
transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como
el turismo y el comercio.
Además de las razones expuestas, cabe resaltar que la finalidad de este
nuevo modelo de gestión es asegurar, por razones de interés general, la
movilidad de todos los ciudadanos, así como garantizar la cohesión
económica, social y territorial. La existencia de una red aeroportuaria a
nivel estatal, entre otras ventajas, garantiza la conectividad general y
asegura el derecho a la movilidad de los residentes en los archipiélagos,
favorece la cohesión y el equilibrio entre todos los territorios de
España, además de promover el desarrollo de la actividad económica.
El hecho de que los aeropuertos de Aena S.A. cuenten con una posición
privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de
capacidad y costes competitivos ha sido posible mediante el modelo de
gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los
contribuyentes, ya que Aena S.A. se financia exclusivamente con sus
ingresos aeronáuticos y comerciales. Este modelo de gestión ha sido
beneficioso también para las compañías aéreas que operan en la red de
aeropuertos de Aena, S.A., al proporcionar un marco tarifario estable
para los próximos años.
En concreto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado por el Congreso de los
Diputados y aprobada su tramitación como Proyecto de Ley por el
procedimiento de urgencia, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, se establece que las tarifas
aeroportuarias permanecerán sin subidas (incremento 0 %) hasta el año
2025, lo que permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas
todavía más competitivas que las actuales.
Estas medidas son una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en
todos los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, cabe resaltar que el proceso de entrada de capital privado en
Aena, S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus
trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual Convenio
Colectivo.
Madrid, 25 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068660
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Luena López, César y Gordo Pérez, Juan Luis (GS).
Respuesta:
El proceso de entrada de capital privado en Aena, S.A. no puede
considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la
propiedad con un 51 % de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría
del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública.
Este proceso se está abordando con total transparencia. De hecho, es un
modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma con rango
de Ley, aprobada en la Legislatura anterior: el Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este Real Decreto-ley fue convalidado con los votos favorables de los
Diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Socialista,
Coalición Canaria y Vasco (EAJ-PNV).
Desde el inicio de la última Legislatura, los planes del Gobierno, a
través del Ministerio de Fomento, para Aena, S.A., han consistido en la
implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de
garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación
en la que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a
cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión.
Una vez conseguidos estos objetivos, los planes contemplaban, asimismo, el
diseño de la entrada del capital privado para el momento en que la
situación económica de los mercados lo hiciera factible, con la finalidad
principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual.
Para ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación de los
procesos de licitación emprendidos por el anterior Gobierno, para los
Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat,
principalmente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria
estatal.
El anterior modelo, aprobado en la pasada Legislatura, suponía la
destrucción de una de las principales fortalezas del gestor aeroportuario
español como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de
Aena, S.A. La venta de los dos principales activos de la entidad,
implicaba el desmantelamiento de dicha red, obligando al resto de
aeropuertos a asumir la elevada deuda de la sociedad, lo que comprometía
considerablemente su viabilidad económica futura y su operatividad.
Cabe destacar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la
necesaria transparencia y publicidad, al carecer de los informes previos
pertinentes de la Abogacía del Estado. Ante esta situación, la primera
medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, adoptó en
enero del año 2012 fue anular el proceso de privatización iniciado.
Durante esta Legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así
contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal
industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una
gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de
inversiones y mejora de la eficiencia.
Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red
aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general,
la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún
aeropuerto, a pesar de las peticiones, en ese sentido, de algunos
sectores.
Además, tal y como se cita en la iniciativa parlamentaria, el Consejo de
Ministros del día 4 de julio ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE del 5 de julio), que incluye el
establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de
interés general de Aena Aeropuertos (que a partir de ahora será Aena
S.A.) y los configura como servicios de interés económico general,
precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y
la cohesión económica, social y territorial.
Así, este Real Decreto-ley prohíbe, expresamente, el cierre o la
enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras
aeroportuarias, sin autorización del Consejo de Ministros o del
Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los
objetivos de interés general.
Por tanto, en la actualidad, no se prevé ningún riesgo de desintegración
de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos
que la componen.
El profundo y positivo cambio que ha experimentado Aena S.A. durante esta
Legislatura ha permitido conseguir y asegurar su viabilidad económica.
Puede afirmarse que Aena S.A. es en la actualidad una empresa que
presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente
saneadas. Es, precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red
aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad
de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los
operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con
los más elevados niveles de seguridad y calidad.
El fortalecimiento del marco regulatorio, inexistente en el proceso
privatizador del Gobierno anterior, establecido en las normas
anteriormente mencionadas, garantiza el cumplimiento de los adecuados
niveles de calidad de servicio e inversión. Este cumplimiento de la
calidad del servicio e inversión permiten además asegurar la
accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras
aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de aeropuertos, así
como su gestión eficiente, al menor coste posible.
Por tanto, la existencia de una red de infraestructuras suficiente para el
transporte aéreo, proporciona la continuidad y adecuada prestación de los
servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y
seguridad.
El nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta Legislatura,
es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá
para asegurar la viabilidad de Aena S.A., de lo que se beneficiarán sus
trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad en general.
Así, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la
compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario
español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en
la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía.
La mayor eficiencia de Aena S.A. será un estímulo al sector del
transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como
el turismo y el comercio.
Además de las razones expuestas, cabe resaltar que la finalidad de este
nuevo modelo de gestión es asegurar, por razones de interés general, la
movilidad de todos los ciudadanos, así como garantizar la cohesión
económica, social y territorial. La existencia de una red aeroportuaria a
nivel estatal, entre otras ventajas, garantiza la conectividad general y
asegura el derecho a la movilidad de los residentes en los archipiélagos,
favorece la cohesión y el equilibrio entre todos los territorios de
España, además de promover el desarrollo de la actividad económica.
El hecho de que los aeropuertos de Aena S.A. cuenten con una posición
privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de
capacidad y costes competitivos ha sido posible mediante el modelo de
gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los
contribuyentes, ya que Aena S.A. se financia exclusivamente con sus
ingresos aeronáuticos y comerciales. Este modelo de gestión ha sido
beneficioso también para las compañías aéreas que operan en la red de
aeropuertos de Aena, S.A., al proporcionar un marco tarifario estable
para los próximos años.
En concreto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado por el Congreso de los
Diputados y aprobada su tramitación como Proyecto de Ley por el
procedimiento de urgencia, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, se establece que las tarifas
aeroportuarias permanecerán sin subidas (incremento 0 %) hasta el año
2025, lo que permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas
todavía más competitivas que las actuales.
Estas medidas son una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en
todos los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, cabe resaltar que el proceso de entrada de capital privado en
Aena, S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus
trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual Convenio
Colectivo.
Madrid, 25 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068661
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gordo Pérez, Juan Luis y Elorza González, Odón (GS).
Respuesta:
El proceso de entrada de capital privado en Aena, S.A. no puede
considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la
propiedad con un 51 % de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría
del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública.
Este proceso se está abordando con total transparencia. De hecho, es un
modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma con rango
de Ley, aprobada en la Legislatura anterior: el Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este Real Decreto-ley fue convalidado con los votos favorables de los
Diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Socialista,
Coalición Canaria y Vasco (EAJ-PNV).
Desde el inicio de la última Legislatura, los planes del Gobierno, a
través del Ministerio de Fomento, para Aena, S.A., han consistido en la
implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de
garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación
en la que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a
cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión.
Una vez conseguidos estos objetivos, los planes contemplaban, asimismo, el
diseño de la entrada del capital privado para el momento en que la
situación económica de los mercados lo hiciera factible, con la finalidad
principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual.
Para ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación de los
procesos de licitación emprendidos por el anterior Gobierno, para los
Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat,
principalmente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria
estatal.
El anterior modelo, aprobado en la pasada Legislatura, suponía la
destrucción de una de las principales fortalezas del gestor aeroportuario
español como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de
Aena, S.A. La venta de los dos principales activos de la entidad,
implicaba el desmantelamiento de dicha red, obligando al resto de
aeropuertos a asumir la elevada deuda de la sociedad, lo que comprometía
considerablemente su viabilidad económica futura y su operatividad.
Cabe destacar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la
necesaria transparencia y publicidad, al carecer de los informes previos
pertinentes de la Abogacía del Estado. Ante esta situación, la primera
medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, adoptó en
enero del año 2012 fue anular el proceso de privatización iniciado.
Durante esta Legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así
contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal
industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una
gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de
inversiones y mejora de la eficiencia.
Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red
aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general,
la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún
aeropuerto, a pesar de las peticiones, en ese sentido, de algunos
sectores.
Además, tal y como se cita en la iniciativa parlamentaria, el Consejo de
Ministros del día 4 de julio ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE del 5 de julio), que incluye el
establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de
interés general de Aena Aeropuertos (que a partir de ahora será Aena
S.A.) y los configura como servicios de interés económico general,
precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y
la cohesión económica, social y territorial.
Así, este Real Decreto-ley prohíbe, expresamente, el cierre o la
enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras
aeroportuarias, sin autorización del Consejo de Ministros o del
Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los
objetivos de interés general.
Por tanto, en la actualidad, no se prevé ningún riesgo de desintegración
de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos
que la componen.
El profundo y positivo cambio que ha experimentado Aena S.A. durante esta
Legislatura ha permitido conseguir y asegurar su viabilidad económica.
Puede afirmarse que Aena S.A. es en la actualidad una empresa que
presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente
saneadas. Es, precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red
aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad
de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los
operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con
los más elevados niveles de seguridad y calidad.
El fortalecimiento del marco regulatorio, inexistente en el proceso
privatizador del Gobierno anterior, establecido en las normas
anteriormente mencionadas, garantiza el cumplimiento de los adecuados
niveles de calidad de servicio e inversión. Este cumplimiento de la
calidad del servicio e inversión permiten además asegurar la
accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras
aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de aeropuertos, así
como su gestión eficiente, al menor coste posible.
Por tanto, la existencia de una red de infraestructuras suficiente para el
transporte aéreo, proporciona la continuidad y adecuada prestación de los
servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y
seguridad.
El nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta Legislatura,
es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá
para asegurar la viabilidad de Aena S.A., de lo que se beneficiarán sus
trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad en general.
Así, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la
compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario
español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en
la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía.
La mayor eficiencia de Aena S.A. será un estímulo al sector del
transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como
el turismo y el comercio.
Además de las razones expuestas, cabe resaltar que la finalidad de este
nuevo modelo de gestión es asegurar, por razones de interés general, la
movilidad de todos los ciudadanos, así como garantizar la cohesión
económica, social y territorial. La existencia de una red aeroportuaria a
nivel estatal, entre otras ventajas, garantiza la conectividad general y
asegura el derecho a la movilidad de los residentes en los archipiélagos,
favorece la cohesión y el equilibrio entre todos los territorios de
España, además de promover el desarrollo de la actividad económica.
El hecho de que los aeropuertos de Aena S.A. cuenten con una posición
privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de
capacidad y costes competitivos ha sido posible mediante el modelo de
gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los
contribuyentes, ya que Aena S.A. se financia exclusivamente con sus
ingresos aeronáuticos y comerciales. Este modelo de gestión ha sido
beneficioso también para las compañías aéreas que operan en la red de
aeropuertos de Aena, S.A., al proporcionar un marco tarifario estable
para los próximos años.
En concreto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado por el Congreso de los
Diputados y aprobada su tramitación como Proyecto de Ley por el
procedimiento de urgencia, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, se establece que las tarifas
aeroportuarias permanecerán sin subidas (incremento 0 %) hasta el año
2025, lo que permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas
todavía más competitivas que las actuales.
Estas medidas son una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en
todos los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, cabe resaltar que el proceso de entrada de capital privado en
Aena, S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus
trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual Convenio
Colectivo.
Madrid, 25 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068662
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Benegas Haddad, José María; Madina Muñoz, Eduardo y Gordo Pérez,
Juan Luis (GS).
Respuesta:
El proceso de entrada de capital privado en Aena, S.A. no puede
considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la
propiedad con un 51 % de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría
del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública.
Este proceso se está abordando con total transparencia. De hecho, es un
modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma con rango
de Ley, aprobada en la Legislatura anterior: el Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este Real Decreto-ley fue convalidado con los votos favorables de los
Diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Socialista,
Coalición Canaria y Vasco (EAJ-PNV).
Desde el inicio de la última Legislatura, los planes del Gobierno, a
través del Ministerio de Fomento, para Aena, S.A., han consistido en la
implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de
garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación
en la que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a
cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión.
Una vez conseguidos estos objetivos, los planes contemplaban, asimismo, el
diseño de la entrada del capital privado para el momento en que la
situación económica de los mercados lo hiciera factible, con la finalidad
principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual.
Para ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación de los
procesos de licitación emprendidos por el anterior Gobierno, para los
Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat,
principalmente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria
estatal.
El anterior modelo, aprobado en la pasada Legislatura, suponía la
destrucción de una de las principales fortalezas del gestor aeroportuario
español como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de
Aena, S.A. La venta de los dos principales activos de la entidad,
implicaba el desmantelamiento de dicha red, obligando al resto de
aeropuertos a asumir la elevada deuda de la sociedad, lo que comprometía
considerablemente su viabilidad económica futura y su operatividad.
Cabe destacar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la
necesaria transparencia y publicidad, al carecer de los informes previos
pertinentes de la Abogacía del Estado. Ante esta situación, la primera
medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, adoptó en
enero del año 2012 fue anular el proceso de privatización iniciado.
Durante esta Legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así
contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal
industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una
gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de
inversiones y mejora de la eficiencia.
Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red
aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general,
la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún
aeropuerto, a pesar de las peticiones, en ese sentido, de algunos
sectores.
Además, tal y como se cita en la iniciativa parlamentaria, el Consejo de
Ministros del día 4 de julio ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE del 5 de julio), que incluye el
establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de
interés general de Aena Aeropuertos (que a partir de ahora será Aena
S.A.) y los configura como servicios de interés económico general,
precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y
la cohesión económica, social y territorial.
Así, este Real Decreto-ley prohíbe, expresamente, el cierre o la
enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras
aeroportuarias, sin autorización del Consejo de Ministros o del
Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los
objetivos de interés general.
Por tanto, en la actualidad, no se prevé ningún riesgo de desintegración
de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos
que la componen.
El profundo y positivo cambio que ha experimentado Aena S.A. durante esta
Legislatura ha permitido conseguir y asegurar su viabilidad económica.
Puede afirmarse que Aena S.A. es en la actualidad una empresa que
presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente
saneadas. Es, precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red
aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad
de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los
operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con
los más elevados niveles de seguridad y calidad.
El fortalecimiento del marco regulatorio, inexistente en el proceso
privatizador del Gobierno anterior, establecido en las normas
anteriormente mencionadas, garantiza el cumplimiento de los adecuados
niveles de calidad de servicio e inversión. Este cumplimiento de la
calidad del servicio e inversión permiten además asegurar la
accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras
aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de aeropuertos, así
como su gestión eficiente, al menor coste posible.
Por tanto, la existencia de una red de infraestructuras suficiente para el
transporte aéreo, proporciona la continuidad y adecuada prestación de los
servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y
seguridad.
El nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta Legislatura,
es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá
para asegurar la viabilidad de Aena S.A., de lo que se beneficiarán sus
trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad en general.
Así, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la
compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario
español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en
la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía.
La mayor eficiencia de Aena S.A. será un estímulo al sector del
transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como
el turismo y el comercio.
Además de las razones expuestas, cabe resaltar que la finalidad de este
nuevo modelo de gestión es asegurar, por razones de interés general, la
movilidad de todos los ciudadanos, así como garantizar la cohesión
económica, social y territorial. La existencia de una red aeroportuaria a
nivel estatal, entre otras ventajas, garantiza la conectividad general y
asegura el derecho a la movilidad de los residentes en los archipiélagos,
favorece la cohesión y el equilibrio entre todos los territorios de
España, además de promover el desarrollo de la actividad económica.
El hecho de que los aeropuertos de Aena S.A. cuenten con una posición
privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de
capacidad y costes competitivos ha sido posible mediante el modelo de
gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los
contribuyentes, ya que Aena S.A. se financia exclusivamente con sus
ingresos aeronáuticos y comerciales. Este modelo de gestión ha sido
beneficioso también para las compañías aéreas que operan en la red de
aeropuertos de Aena, S.A., al proporcionar un marco tarifario estable
para los próximos años.
En concreto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado por el Congreso de los
Diputados y aprobada su tramitación como Proyecto de Ley por el
procedimiento de urgencia, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, se establece que las tarifas
aeroportuarias permanecerán sin subidas (incremento 0 %) hasta el año
2025, lo que permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas
todavía más competitivas que las actuales.
Estas medidas son una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en
todos los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, cabe resaltar que el proceso de entrada de capital privado en
Aena, S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus
trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual Convenio
Colectivo.
Madrid, 25 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068663
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gordo Pérez, Juan Luis y Rodríguez Barahona, María Teresa (GS).
Respuesta:
El proceso de entrada de capital privado en Aena, S.A. no puede
considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la
propiedad con un 51 % de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría
del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública.
Este proceso se está abordando con total transparencia. De hecho, es un
modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma con rango
de Ley, aprobada en la Legislatura anterior: el Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este Real Decreto-ley fue convalidado con los votos favorables de los
Diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Socialista,
Coalición Canaria y Vasco (EAJ-PNV).
Desde el inicio de la última Legislatura, los planes del Gobierno, a
través del Ministerio de Fomento, para Aena, S.A., han consistido en la
implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de
garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación
en la que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a
cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión.
Una vez conseguidos estos objetivos, los planes contemplaban, asimismo, el
diseño de la entrada del capital privado para el momento en que la
situación económica de los mercados lo hiciera factible, con la finalidad
principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual.
Para ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación de los
procesos de licitación emprendidos por el anterior Gobierno, para los
Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat,
principalmente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria
estatal.
El anterior modelo, aprobado en la pasada Legislatura, suponía la
destrucción de una de las principales fortalezas del gestor aeroportuario
español como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de
Aena, S.A. La venta de los dos principales activos de la entidad,
implicaba el desmantelamiento de dicha red, obligando al resto de
aeropuertos a asumir la elevada deuda de la sociedad, lo que comprometía
considerablemente su viabilidad económica futura y su operatividad.
Cabe destacar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la
necesaria transparencia y publicidad, al carecer de los informes previos
pertinentes de la Abogacía del Estado. Ante esta situación, la primera
medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, adoptó en
enero del año 2012 fue anular el proceso de privatización iniciado.
Durante esta Legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así
contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal
industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una
gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de
inversiones y mejora de la eficiencia.
Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red
aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general,
la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún
aeropuerto, a pesar de las peticiones, en ese sentido, de algunos
sectores.
Además, tal y como se cita en la iniciativa parlamentaria, el Consejo de
Ministros del día 4 de julio ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE del 5 de julio), que incluye el
establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de
interés general de Aena Aeropuertos (que a partir de ahora será Aena
S.A.) y los configura como servicios de interés económico general,
precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y
la cohesión económica, social y territorial.
Así, este Real Decreto-ley prohíbe, expresamente, el cierre o la
enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras
aeroportuarias, sin autorización del Consejo de Ministros o del
Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los
objetivos de interés general.
Por tanto, en la actualidad, no se prevé ningún riesgo de desintegración
de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos
que la componen.
El profundo y positivo cambio que ha experimentado Aena S.A. durante esta
Legislatura ha permitido conseguir y asegurar su viabilidad económica.
Puede afirmarse que Aena S.A. es en la actualidad una empresa que
presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente
saneadas. Es, precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red
aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad
de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los
operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con
los más elevados niveles de seguridad y calidad.
El fortalecimiento del marco regulatorio, inexistente en el proceso
privatizador del Gobierno anterior, establecido en las normas
anteriormente mencionadas, garantiza el cumplimiento de los adecuados
niveles de calidad de servicio e inversión. Este cumplimiento de la
calidad del servicio e inversión permiten además asegurar la
accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras
aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de aeropuertos, así
como su gestión eficiente, al menor coste posible.
Por tanto, la existencia de una red de infraestructuras suficiente para el
transporte aéreo, proporciona la continuidad y adecuada prestación de los
servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y
seguridad.
El nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta Legislatura,
es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá
para asegurar la viabilidad de Aena S.A., de lo que se beneficiarán sus
trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad en general.
Así, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la
compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario
español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en
la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía.
La mayor eficiencia de Aena S.A. será un estímulo al sector del
transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como
el turismo y el comercio.
Además de las razones expuestas, cabe resaltar que la finalidad de este
nuevo modelo de gestión es asegurar, por razones de interés general, la
movilidad de todos los ciudadanos, así como garantizar la cohesión
económica, social y territorial. La existencia de una red aeroportuaria a
nivel estatal, entre otras ventajas, garantiza la conectividad general y
asegura el derecho a la movilidad de los residentes en los archipiélagos,
favorece la cohesión y el equilibrio entre todos los territorios de
España, además de promover el desarrollo de la actividad económica.
El hecho de que los aeropuertos de Aena S.A. cuenten con una posición
privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de
capacidad y costes competitivos ha sido posible mediante el modelo de
gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los
contribuyentes, ya que Aena S.A. se financia exclusivamente con sus
ingresos aeronáuticos y comerciales. Este modelo de gestión ha sido
beneficioso también para las compañías aéreas que operan en la red de
aeropuertos de Aena, S.A., al proporcionar un marco tarifario estable
para los próximos años.
En concreto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado por el Congreso de los
Diputados y aprobada su tramitación como Proyecto de Ley por el
procedimiento de urgencia, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, se establece que las tarifas
aeroportuarias permanecerán sin subidas (incremento 0 %) hasta el año
2025, lo que permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas
todavía más competitivas que las actuales.
Estas medidas son una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en
todos los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, cabe resaltar que el proceso de entrada de capital privado en
Aena, S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus
trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual Convenio
Colectivo.
Madrid, 25 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068664
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gordo Pérez, Juan Luis; Monteserín Rodríguez, María Virtudes;
Trevín Lombán, Antonio Ramón María y Carcedo Roces, María Luisa (GS).
Respuesta:
El proceso de entrada de capital privado en Aena, S.A. no puede
considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la
propiedad con un 51 % de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría
del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública.
Este proceso se está abordando con total transparencia. De hecho, es un
modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma con rango
de Ley, aprobada en la Legislatura anterior: el Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este Real Decreto-ley fue convalidado con los votos favorables de los
Diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Socialista,
Coalición Canaria y Vasco (EAJ-PNV).
Desde el inicio de la última Legislatura, los planes del Gobierno, a
través del Ministerio de Fomento, para Aena, S.A., han consistido en la
implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de
garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación
en la que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a
cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión.
Una vez conseguidos estos objetivos, los planes contemplaban, asimismo, el
diseño de la entrada del capital privado para el momento en que la
situación económica de los mercados lo hiciera factible, con la finalidad
principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual.
Para ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación de los
procesos de licitación emprendidos por el anterior Gobierno, para los
Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat,
principalmente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria
estatal.
El anterior modelo, aprobado en la pasada Legislatura, suponía la
destrucción de una de las principales fortalezas del gestor aeroportuario
español como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de
Aena, S.A. La venta de los dos principales activos de la entidad,
implicaba el desmantelamiento de dicha red, obligando al resto de
aeropuertos a asumir la elevada deuda de la sociedad, lo que comprometía
considerablemente su viabilidad económica futura y su operatividad.
Cabe destacar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la
necesaria transparencia y publicidad, al carecer de los informes previos
pertinentes de la Abogacía del Estado. Ante esta situación, la primera
medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, adoptó en
enero del año 2012 fue anular el proceso de privatización iniciado.
Durante esta Legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así
contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal
industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una
gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de
inversiones y mejora de la eficiencia.
Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red
aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general,
la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún
aeropuerto, a pesar de las peticiones, en ese sentido, de algunos
sectores.
Además, tal y como se cita en la iniciativa parlamentaria, el Consejo de
Ministros del día 4 de julio ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE del 5 de julio), que incluye el
establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de
interés general de Aena Aeropuertos (que a partir de ahora será Aena
S.A.) y los configura como servicios de interés económico general,
precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y
la cohesión económica, social y territorial.
Así, este Real Decreto-ley prohíbe, expresamente, el cierre o la
enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras
aeroportuarias, sin autorización del Consejo de Ministros o del
Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los
objetivos de interés general.
Por tanto, en la actualidad, no se prevé ningún riesgo de desintegración
de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos
que la componen.
El profundo y positivo cambio que ha experimentado Aena S.A. durante esta
Legislatura ha permitido conseguir y asegurar su viabilidad económica.
Puede afirmarse que Aena S.A. es en la actualidad una empresa que
presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente
saneadas. Es, precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red
aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad
de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los
operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con
los más elevados niveles de seguridad y calidad.
El fortalecimiento del marco regulatorio, inexistente en el proceso
privatizador del Gobierno anterior, establecido en las normas
anteriormente mencionadas, garantiza el cumplimiento de los adecuados
niveles de calidad de servicio e inversión. Este cumplimiento de la
calidad del servicio e inversión permiten además asegurar la
accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras
aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de aeropuertos, así
como su gestión eficiente, al menor coste posible.
Por tanto, la existencia de una red de infraestructuras suficiente para el
transporte aéreo, proporciona la continuidad y adecuada prestación de los
servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y
seguridad.
El nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta Legislatura,
es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá
para asegurar la viabilidad de Aena S.A., de lo que se beneficiarán sus
trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad en general.
Así, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la
compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario
español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en
la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía.
La mayor eficiencia de Aena S.A. será un estímulo al sector del
transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como
el turismo y el comercio.
Además de las razones expuestas, cabe resaltar que la finalidad de este
nuevo modelo de gestión es asegurar, por razones de interés general, la
movilidad de todos los ciudadanos, así como garantizar la cohesión
económica, social y territorial. La existencia de una red aeroportuaria a
nivel estatal, entre otras ventajas, garantiza la conectividad general y
asegura el derecho a la movilidad de los residentes en los archipiélagos,
favorece la cohesión y el equilibrio entre todos los territorios de
España, además de promover el desarrollo de la actividad económica.
El hecho de que los aeropuertos de Aena S.A. cuenten con una posición
privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de
capacidad y costes competitivos ha sido posible mediante el modelo de
gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los
contribuyentes, ya que Aena S.A. se financia exclusivamente con sus
ingresos aeronáuticos y comerciales. Este modelo de gestión ha sido
beneficioso también para las compañías aéreas que operan en la red de
aeropuertos de Aena, S.A., al proporcionar un marco tarifario estable
para los próximos años.
En concreto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado por el Congreso de los
Diputados y aprobada su tramitación como Proyecto de Ley por
el procedimiento de urgencia, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, se establece que las tarifas
aeroportuarias permanecerán sin subidas (incremento 0 %) hasta el año
2025, lo que permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas
todavía más competitivas que las actuales.
Estas medidas son una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en
todos los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, cabe resaltar que el proceso de entrada de capital privado en
Aena, S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus
trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual Convenio
Colectivo.
Madrid, 25 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068665
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gordo Pérez, Juan Luis; Saura García, Pedro y González Veracruz,
María (GS).
Respuesta:
El proceso de entrada de capital privado en Aena, S.A. no puede
considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la
propiedad con un 51 % de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría
del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública.
Este proceso se está abordando con total transparencia. De hecho, es un
modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma con rango
de Ley, aprobada en la Legislatura anterior: el Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este Real Decreto-ley fue convalidado con los votos favorables de los
Diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Socialista,
Coalición Canaria y Vasco (EAJ-PNV).
Desde el inicio de la última Legislatura, los planes del Gobierno, a
través del Ministerio de Fomento, para Aena, S.A., han consistido en la
implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de
garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación
en la que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a
cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión.
Una vez conseguidos estos objetivos, los planes contemplaban, asimismo, el
diseño de la entrada del capital privado para el momento en que la
situación económica de los mercados lo hiciera factible, con la finalidad
principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual.
Para ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación de los
procesos de licitación emprendidos por el anterior Gobierno, para los
Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat,
principalmente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria
estatal.
El anterior modelo, aprobado en la pasada Legislatura, suponía la
destrucción de una de las principales fortalezas del gestor aeroportuario
español como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de
Aena, S.A. La venta de los dos principales activos de la entidad,
implicaba el desmantelamiento de dicha red, obligando al resto de
aeropuertos a asumir la elevada deuda de la sociedad, lo que comprometía
considerablemente su viabilidad económica futura y su operatividad.
Cabe destacar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la
necesaria transparencia y publicidad, al carecer de los informes previos
pertinentes de la Abogacía del Estado. Ante esta situación, la primera
medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, adoptó en
enero del año 2012 fue anular el proceso de privatización iniciado.
Durante esta Legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así
contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal
industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una
gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de
inversiones y mejora de la eficiencia.
Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red
aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general,
la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún
aeropuerto, a pesar de las peticiones, en ese sentido, de algunos
sectores.
Además, tal y como se cita en la iniciativa parlamentaria, el Consejo de
Ministros del día 4 de julio ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE del 5 de julio), que incluye el
establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de
interés general de Aena Aeropuertos (que a partir de ahora será Aena
S.A.) y los configura como servicios de interés económico general,
precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y
la cohesión económica, social y territorial.
Así, este Real Decreto-ley prohíbe, expresamente, el cierre o la
enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras
aeroportuarias, sin autorización del Consejo de Ministros o del
Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los
objetivos de interés general.
Por tanto, en la actualidad, no se prevé ningún riesgo de desintegración
de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos
que la componen.
El profundo y positivo cambio que ha experimentado Aena S.A. durante esta
Legislatura ha permitido conseguir y asegurar su viabilidad económica.
Puede afirmarse que Aena S.A. es en la actualidad una empresa que
presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente
saneadas. Es, precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red
aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad
de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los
operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con
los más elevados niveles de seguridad y calidad.
El fortalecimiento del marco regulatorio, inexistente en el proceso
privatizador del Gobierno anterior, establecido en las normas
anteriormente mencionadas, garantiza el cumplimiento de los adecuados
niveles de calidad de servicio e inversión. Este cumplimiento de la
calidad del servicio e inversión permiten además asegurar la
accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras
aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de aeropuertos, así
como su gestión eficiente, al menor coste posible.
Por tanto, la existencia de una red de infraestructuras suficiente para el
transporte aéreo, proporciona la continuidad y adecuada prestación de los
servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y
seguridad.
El nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta Legislatura,
es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá
para asegurar la viabilidad de Aena S.A., de lo que se beneficiarán sus
trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad en general.
Así, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la
compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario
español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en
la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía.
La mayor eficiencia de Aena S.A. será un estímulo al sector del
transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como
el turismo y el comercio.
Además de las razones expuestas, cabe resaltar que la finalidad de este
nuevo modelo de gestión es asegurar, por razones de interés general, la
movilidad de todos los ciudadanos, así como garantizar la cohesión
económica, social y territorial. La existencia de una red aeroportuaria a
nivel estatal, entre otras ventajas, garantiza la conectividad general y
asegura el derecho a la movilidad de los residentes en los archipiélagos,
favorece la cohesión y el equilibrio entre todos los territorios de
España, además de promover el desarrollo de la actividad económica.
El hecho de que los aeropuertos de Aena S.A. cuenten con una posición
privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de
capacidad y costes competitivos ha sido posible mediante el modelo de
gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los
contribuyentes, ya que Aena S.A. se financia exclusivamente con sus
ingresos aeronáuticos y comerciales. Este modelo de gestión ha sido
beneficioso también para las compañías aéreas que operan en la red de
aeropuertos de Aena, S.A., al proporcionar un marco tarifario estable
para los próximos años.
En concreto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado por el Congreso de los
Diputados y aprobada su tramitación como Proyecto de Ley por el
procedimiento de urgencia, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, se establece que las tarifas
aeroportuarias permanecerán sin subidas (incremento 0 %) hasta el año
2025, lo que permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas
todavía más competitivas que las actuales.
Estas medidas son una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en
todos los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, cabe resaltar que el proceso de entrada de capital privado en
Aena, S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus
trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual Convenio
Colectivo.
Madrid, 25 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068667
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Olmos, José; Hernando Vera, Antonio y Gordo Pérez, Juan
Luis (GS).
Respuesta:
El proceso de entrada de capital privado en Aena, S.A. no puede
considerarse como una privatización, ya que el Estado se reserva la
propiedad con un 51 % de las acciones, manteniendo por tanto la mayoría
del capital de la entidad, que seguirá siendo de titularidad pública.
Este proceso se está abordando con total transparencia. De hecho, es un
modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma con rango
de Ley, aprobada en la Legislatura anterior: el Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este Real Decreto-ley fue convalidado con los votos favorables de los
Diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Socialista,
Coalición Canaria y Vasco (EAJ-PNV).
Desde el inicio de la última Legislatura, los planes del Gobierno, a
través del Ministerio de Fomento, para Aena, S.A., han consistido en la
implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de
garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación
en la que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a
cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión.
Una vez conseguidos estos objetivos, los planes contemplaban, asimismo, el
diseño de la entrada del capital privado para el momento en que la
situación económica de los mercados lo hiciera factible, con la finalidad
principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual.
Para ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación de los
procesos de licitación emprendidos por el anterior Gobierno, para los
Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat,
principalmente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria
estatal.
El anterior modelo, aprobado en la pasada Legislatura, suponía la
destrucción de una de las principales fortalezas del gestor aeroportuario
español como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de
Aena, S.A. La venta de los dos principales activos de la entidad,
implicaba el desmantelamiento de dicha red, obligando al resto de
aeropuertos a asumir la elevada deuda de la sociedad, lo que comprometía
considerablemente su viabilidad económica futura y su operatividad.
Cabe destacar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la
necesaria transparencia y publicidad, al carecer de los informes previos
pertinentes de la Abogacía del Estado. Ante esta situación, la primera
medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, adoptó en
enero del año 2012 fue anular el proceso de privatización iniciado.
Durante esta Legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario, de manera que pueda así
contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal
industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una
gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de
inversiones y mejora de la eficiencia.
Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red
aeroportuaria española, garantizándose de esta manera el interés general,
la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos, sin cerrar ningún
aeropuerto, a pesar de las peticiones, en ese sentido, de algunos
sectores.
Además, tal y como se cita en la iniciativa parlamentaria, el Consejo de
Ministros del día 4 de julio ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE del 5 de julio), que incluye el
establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de
interés general de Aena Aeropuertos (que a partir de ahora será
Aena S.A.) y los configura como servicios de interés económico general,
precisamente con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y
la cohesión económica, social y territorial.
Así, este Real Decreto-ley prohíbe, expresamente, el cierre o la
enajenación de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras
aeroportuarias, sin autorización del Consejo de Ministros o del
Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los
objetivos de interés general.
Por tanto, en la actualidad, no se prevé ningún riesgo de desintegración
de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos
que la componen.
El profundo y positivo cambio que ha experimentado Aena S.A. durante esta
Legislatura ha permitido conseguir y asegurar su viabilidad económica.
Puede afirmarse que Aena S.A. es en la actualidad una empresa que
presenta una sólida situación financiera y unas cuentas plenamente
saneadas. Es, precisamente, el logro de la viabilidad económica de la red
aeroportuaria la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad
de infraestructuras y servicios de sus aeropuertos, ofreciendo a los
operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, con
los más elevados niveles de seguridad y calidad.
El fortalecimiento del marco regulatorio, inexistente en el proceso
privatizador del Gobierno anterior, establecido en las normas
anteriormente mencionadas, garantiza el cumplimiento de los adecuados
niveles de calidad de servicio e inversión. Este cumplimiento de la
calidad del servicio e inversión permiten además asegurar la
accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras
aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de aeropuertos, así
como su gestión eficiente, al menor coste posible.
Por tanto, la existencia de una red de infraestructuras suficiente para el
transporte aéreo, proporciona la continuidad y adecuada prestación de los
servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y
seguridad.
El nuevo marco regulador, sólido y estable, aprobado en esta Legislatura,
es necesario para dar confianza y certidumbre a los mercados y servirá
para asegurar la viabilidad de Aena S.A., de lo que se beneficiarán sus
trabajadores directamente y nuestra economía y sociedad en general.
Así, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la
compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario
español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en
la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía.
La mayor eficiencia de Aena S.A. será un estímulo al sector del
transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como
el turismo y el comercio.
Además de las razones expuestas, cabe resaltar que la finalidad de este
nuevo modelo de gestión es asegurar, por razones de interés general, la
movilidad de todos los ciudadanos, así como garantizar la cohesión
económica, social y territorial. La existencia de una red aeroportuaria a
nivel estatal, entre otras ventajas, garantiza la conectividad general y
asegura el derecho a la movilidad de los residentes en los archipiélagos,
favorece la cohesión y el equilibrio entre todos los territorios de
España, además de promover el desarrollo de la actividad económica.
El hecho de que los aeropuertos de Aena S.A. cuenten con una posición
privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de
capacidad y costes competitivos ha sido posible mediante el modelo de
gestión en red sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los
contribuyentes, ya que Aena S.A. se financia exclusivamente con sus
ingresos aeronáuticos y comerciales. Este modelo de gestión ha sido
beneficioso también para las compañías aéreas que operan en la red de
aeropuertos de Aena, S.A., al proporcionar un marco tarifario estable
para los próximos años.
En concreto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado por el Congreso de los
Diputados y aprobada su tramitación como Proyecto de Ley por el
procedimiento de urgencia, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, se establece que las tarifas
aeroportuarias permanecerán sin subidas (incremento 0 %) hasta el año
2025, lo que permitirá contar a todos los aeropuertos con unas tarifas
todavía más competitivas que las actuales.
Estas medidas son una apuesta del Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para impulsar el tráfico aéreo y consolidar el crecimiento en
todos los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, cabe resaltar que el proceso de entrada de capital privado en
Aena, S.A. no afectará a las actuales condiciones laborales de sus
trabajadores, ya que se mantiene la vigencia del actual Convenio
Colectivo.
Madrid, 25 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068730
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que el parque de
material referido continúa asignado a la Dirección de Cercanías de
Cataluña. Sin embargo, Renfe ha decidido que las relaciones contractuales
con los mantenedores del conjunto del parque de material, sean
gestionadas por la Dirección General de Renfe Fabricación y
Mantenimiento.
El objetivo de estas medidas es lograr una optimización del tratamiento y
gestión técnica de los vehículos del parque de Renfe, concentrando todos
los recursos técnicos con los que contaban las distintas Sociedades del
grupo Renfe en una única organización, con objeto de obtener sinergias y
alcanzar un mejor nivel de eficiencia con esta forma de gestión.
Desde Renfe se va a seguir trabajando en que todas las mejoras
implementadas redunden en una mejor percepción de la calidad del servicio
por parte de los usuarios.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068762
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que se ha realizado
una inversión en la mejora de las líneas interesadas de 1.031 miles de
euros.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068763
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada se indica que la citada
actuación se refiere a la Autopista de peaje AP-7, en régimen de
concesión, por lo que requiere previamente la firma de un convenio con la
empresa concesionaria.
Madrid, 19 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068765
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El acceso ferroviario al Puerto de Málaga se desarrollará según la
planificación prevista y de acuerdo con los Presupuestos Generales del
Estado.
Madrid, 19 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068766
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
La inversión realizada por Renfe-Operadora desde 2011 hasta la fecha
asciende a un total de 742.330.185,00 euros. Dado que estas inversiones
dan respuesta a la diferentes necesidades técnicas existentes en función
de la planificación prevista, su detalle provincializado no es
comparable.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068768
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Se adjunta anexo con la información sobre las jornadas agrarias trabajadas
y cotizadas sobre las que el Servicio Público de Empleo Estatal tiene
información, es decir, aquellas que se justifican para el acceso al
subsidio por desempleo para trabajadores eventuales agrarios o bien las
que se trabajan durante la percepción de la prestación.
Anexo
Jornadas del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA)
Justificadas en la solicitud o trabajadas durante la percepción del
subsidio agrario
;;;Jornadas trabajadas durante la percepción del subsidio
agrario;;;;Jornadas justificadas en la solicitud del subsidio
agrario;;;;;
;;;;Variación interanual;;;;;;Variación interanual;;
Año;CC.AA. UAG;Provincia;Jor. R. gral.;Periodo comparación;Dif. valor
absoluto;Porcentaje (%);Jor. per. SEASS;Jor. R. gral.;Total;Periodo
comparación;Dif. valor absoluto;Porcentaje (%)
2011;Andalucía;Almería;19.053;;;;13.503;24.504;38.007;;;
;;Cádiz;57.433;;;;1.734;28.118;29.852;;;
;;Córdoba;82.736;;;;2.026;28.618;30.644;;;
;;Granada;72.051;;;;1.615;53.498;55.113;;;
;;Huelva;48.079;;;;390;12.752;13.142;;;
;;Jaén;112.638;;;;2.330;30.183;32.513;;;
;;Málaga;44.165;;;;283;53.524;53.807;;;
;;Sevilla;107.776;;;;5.626;34.551;40.177;;;
;;Total;543.931;;;;27.507;265.748;293.255;;;
;Extremadura;Badajoz;116.771;;;;623;119.679;120.302;;;
;;Cáceres;56.981;;;;17.819;26.933;44.752;;;
;;Total;173.752;;;;18.442;146.612;165.054;;;
;;;Jornadas trabajadas durante la percepción del subsidio
agrario;;;;Jornadas justificadas en la solicitud del subsidio
agrario;;;;;
;;;;Variación interanual;;;;;;Variación interanual;;
Año;CC.AA. UAG;Provincia;Jor. R. gral.;Periodo comparación;Dif. valor
absoluto;Porcentaje (%);Jor. per. SEASS;Jor. R. gral.;Total;Periodo
comparación;Dif. valor absoluto;Porcentaje (%)
;Total;;717.683;;;;45.949;412.360;458.309;;;
2012;Andalucía;Almería;20.287;;;;10.816;23.168;33.984;;;
;;Cádiz;37.828;;;;2.382;25.744;28.126;;;
;;Córdoba;81.318;;;;1.714;29.052;30.766;;;
;;Granada;58.971;;;;1.366;52.545;53.911;;;
;;Huelva;38.358;;;;612;11.726;12.338;;;
;;Jaén;99.243;;;;1.795;26.015;27.810;;;
;;Málaga;49.547;;;;163;39.913;40.076;;;
;;Sevilla;96.065;;;;6.302;35.750;42.052;;;
;;Total;481.617;;;;25.150;243.913;269.063;;;
;Extremadura;Badajoz;96.824;;;;244;103.248;103.492;;;
;;Cáceres;42.241;;;;13.178;24.009;37.187;;;
;;Total;139.065;;;;13.422;127.257;140.679;;;
;Total;;620.682;2012-2011; 97.001;
13,52;38.572;371.170;409.742;2012-2011; 48.567; 10,60
2013;Andalucía;Almería;21.304;;;;13.154;24.481;37.635;;;
;;Cádiz;53.189;;;;828;9.069;9.897;;;
;;Córdoba;107.603;;;;867;20.040;20.907;;;
;;Granada;66.885;;;;1.644;34.428;36.072;;;
;;Huelva;53.210;;;;370;8.456;8.826;;;
;;Jaén;115.456;;;;3.384;38.374;41.758;;;
;;Málaga;61.564;;;;887;33.477;34.364;;;
;;Sevilla;128.075;;;;4.826;29.502;34.328;;;
;;Total;607.286;;;;25.960;197.827;223.787;;;
;Extremadura;Badajoz;101.757;;;;401;91.467;91.868;;;
;;Cáceres;42.255;;;;16.370;18.679;35.049;;;
;;Total;144.012;;;;16.771;110.146;126.917;;;
;Total;;751.298;2013-2012;130.616;21,04;42.731;307.973;350.704;2013-2012;
59.038; 14,41
2014;Andalucía;Almería;17.386;;;;9.355;19.634;28.989;;;
;;Cádiz;38.142;;;;1.287;12.628;13.915;;;
;;Córdoba;100.460;;;;1.169;21.250;22.419;;;
;;Granada;62.394;;;;1.557;39.101;40.658;;;
;;Huelva;46.958;;;;457;9.688;10.145;;;
;;Jaén;110.242;;;;3.234;20.840;24.074;;;
;;Málaga;57.411;;;;1.244;40.967;42.211;;;
;;Sevilla;118.311;;;;8.551;39.274;47.825;;;
;;Total;551.304;;;;26.854;203.382;230.236;;;
;Extremadura;Badajoz;75.386;;;;911;87.180;88.091;;;
;;Cáceres;35.399;;;;19.448;16.517;35.965;;;
;;Total;110.785;;;;20.359;103.697;124.056;;;
;Total;;662.089;2014-2013; 89.209;
11,87;47.213;307.079;354.292;2014-2013;3.588;1,02
Madrid, 24 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068769
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En anexo se facilita la evolución del número de altas en convenios
suscritos, con la Seguridad Social, por cuidadores no profesionales de
personas dependientes, a 30/11/2011 y 31/01/2015, desglosado por
comunidades autónomas y por provincias.
Anexo
Evaluación de afiliados en alta «cuidadores no profesionales» por CC.AA. y
provincias
Direcciones provinciales;Afiliados;
;30/11/11;31/01/15
Total nacional;172.363;13.308
País Vasco;9.571;814
Araba/Álava;1.476;111
Gipuzkoa;3.402;304
Bizkaia;4.693;399
Cataluña;26.596;2.202
Barcelona;18.792;1.542
Girona;2.163;190
Lleida;1.576;139
Tarragona;4.065;331
Galicia;8.341;1.363
A Coruña;2.965;459
Lugo;1.090;245
Ourense;1.448;276
Pontevedra;2.838;383
Andalucía;54.468;2.759
Almería;5.532;427
Cádiz;11.024;256
Córdoba;4.109;280
Granada;4.516;360
Huelva;4.207;200
Jaén;6.138;187
Málaga;10.000;577
Sevilla;8.942;472
Principado de Asturias;3.164;322
Cantabria;4.250;378
La Rioja;1.696;147
Región de Murcia;7.216;766
Comunidad Valenciana;15.919;974
Alacant-Alicante;6.094;400
Castelló;1.510;125
Valencia;8.315;449
Aragón;3.719;406
Huesca;704;86
Direcciones provinciales;Afiliados;
;30/11/11;31/01/15
Teruel;555;95
Zaragoza;2.460;225
Castilla-La Mancha;10.093;680
Albacete;3.239;205
Ciudad Real;3.670;193
Cuenca;1.070;115
Guadalajara;386;43
Toledo;1.728;124
Canarias;2.486;226
Las Palmas;1.389;110
Santa Cruz Tenerife;1.097;116
C. Foral Navarra;1.328;194
Extremadura;3.980;345
Badajoz;2.704;173
Cáceres;1.276;172
Illes Balears;1.263;125
Comunidad de Madrid;6.514;744
Castilla y León;11.006;857
Ávila;915;45
Burgos;1.081;118
León;2.394;244
Palencia;751;42
Salamanca;1.786;135
Segovia;619;37
Soria;320;24
Valladolid;1.756;91
Zamora;1.384;121
Ciudad de Ceuta;426;2
Ciudad de Melilla;327;4
Madrid, 17 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068770
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia, cabe señalar que la información
disponible sobre la recaudación de las distintas figuras impositivas, que
puede ser consultada por Su Señoría en la página web de la Agencia
Tributaria en la siguiente dirección electrónica:
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/Recaudacion_tributaria/Recaudacion_tributaria.shtml
Se refiere al conjunto de la actividad económica, sin que sea posible su
distinción por sectores de actividad.
Madrid, 17 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068781 a 184/068783
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Saiz, Teófila; Landaluce Calleja, José Ignacio y Romero
Girón, Aurelio (GP).
Respuesta:
En el cuadro siguiente se recoge el número de altas iniciales de pensiones
contributivas de Incapacidad Permanente del Sistema de Seguridad Social
en la provincia de Cádiz, durante los años 2012, 2013 y 2014.
Año;Número de altas iniciales de Pensiones Contributivas de Incapacidad
Permanente en Cádiz
2012;3.296
2013;3.229
2014;3.189
Madrid, 11 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068784 a 184/068786
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio; Romero Girón, Aurelio y Martínez
Saiz, Teófila (GP).
Respuesta:
En el siguiente cuadro se facilita la evolución del número de trabajadores
afiliados y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, a
fecha 31 de diciembre de 2012, 2013 y 2014, en la provincia de Cádiz.
Fecha;Situación fin año anterior;Altas;Bajas;Situación a fin de año
2012;52.754;13.625;14.159;52.220
2013;52.220;16.686;15.335;53.571
2014;53.571;18.262;16.208;55.625
Madrid, 17 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068787
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Puente Redondo, Javier; Alonso Ruiz, José María; Susinos Tarrero,
María Jesús y Madrazo Díaz, Ana María (GP).
Respuesta:
Las obligaciones reconocidas en el ámbito de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento desde el 1 de enero de 2013 hasta el
31 de diciembre de 2014, en la Comunidad Autónoma de Cantabria, ascienden
a 190.279.460,98 euros.
Madrid, 19 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068788
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Susinos Tarrero, María Jesús; Puente Redondo, Javier; Alonso Ruiz,
José María y Madrazo Díaz, Ana María (GP).
Respuesta:
Las obligaciones reconocidas en el programa 453 C de conservación y
explotación en los años 2013 y 2014, en la provincia de Cantabria, son
las siguientes:
2013;35.305.422,75 .
2014;28.401.186,77 .
Madrid, 19 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068789, 184/068790
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Cabrera García, Francisco Domingo (GP).
Respuesta:
Los datos públicos de criminalidad pueden consultarse en la página web del
Ministerio del Interior, en el apartado Anuarios y Estadísticas:
(http://www.interior.gob.es/es/web/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/anuarios-y-estadisticas)
Madrid, 11 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068791
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Molinero Hoyos, Francisco y Moreno Felipe, Irene (GP).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Sus Señorías
que en los años 2013 y 2014 el Instituto Nacional de Estadística ha
iniciado 192 y 148 expedientes sancionadores, respectivamente, por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 12/1989, de 9
de mayo, de la Función Estadística Pública contra personas jurídicas
obligadas ante la Delegación Provincial del Instituto Nacional de
Estadística en Albacete. El número de cuestionarios enviados a lo
largo de los años 2013 y 2014 por esa Delegación ha sido de 11.728 y
11.337, respectivamente. Por lo tanto, el porcentaje de expedientes
sancionadores iniciados contra personas jurídicas obligadas representa el
1,64 % y 1,31 % del total de cuestionarios enviados en dichos años.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068796, 184/068797
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio y Martínez Saiz, Teófila (GP).
Respuesta:
En relación con las preguntas formuladas se señala que los efectivos
disponibles de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la
provincia de Cádiz, a 31 de diciembre de los años 2012 y 2013, eran los
siguientes:
Provincia de Cádiz;2012;2013
Cuerpo Nacional de Policia;2.507;2.449
Guardia Civil;2.511;2.433
Los efectivos disponibles agrupan las situaciones administrativas de
activo, segunda actividad/reserva ocupado y alumnos en prácticas.;;
Madrid, 13 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068798
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio y Martínez Saiz, Teófila (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus Señorías, se señala que
el tipo y cantidad de droga incautada en la provincia de Cádiz y en el
año 2014 (hasta el 30 de noviembre), fue la recogida en el siguiente
cuadro:
Droga;Cantidad;Uds;N.º incautaciones
Hongos Alucinógenos;9;g;1
LSD;11;uds;11
Otros Alucinógenos;20;uds;11
Aceite de Hachís;32;g;10
Hachís;105.090.029;g;11.266
Marihuana;179.397;g;3.742
Otros Cannábicos;129;g;250
Planta de Cannabis;141.663;g;87
Semillas de Cannabis;1.000;g;1
Cocaína;6.335.035;g;1.490
Cocaína Base (Pasta de Cocaína);1;g;1
Crack;1;g;2
Otros Cocaínicos;2.531;g;86
Droga;Cantidad;Uds;N.º incautaciones
Alprazolam (Trankimacín);845;uds;46
Clorazepato (Tranxilium, Dorken);99;uds;25
Diazepam (Valium);24;uds;3
Ketamina;1;cc;1
Otros Fármacos;15.303;uds;29
Otros Psicotrópicos o Barbitúricos;355;uds;29
Anfetamina;45;uds;15
MDA (Variante de MDMA);13;uds;9
MDMA - éxtasis;648;uds;159
Otros Estimulantes y Psicotrópicos;101;uds;9
Sulfato de Anfetamina;65;g;52
Heroína;235;g;199
Metadona;816;g;56
Opio;1;g;1
Otros Opiáceos;1;g;22
Otras Drogas no Contempladas;92;g;35
Nota: El mes de diciembre se encuentra en proceso de depuración.;;;
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068799, 184/068800
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio y Martínez Saiz, Teófila (GP).
Respuesta:
En relación con las preguntas formuladas se señala que el número de
accidentes de tráfico con víctimas ocurridos en las vías interurbanas de
la provincia de Cádiz en los años 2012 y 2013 fue de 721 y 612,
respectivamente.
Madrid, 13 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068804
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: García Egea, Teodoro y Gallego Burgos, Antonio (GP).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Sus Señorías
que el sector de Bienes de Equipo viene siendo apoyado desde ICEX España
Exportación e Inversiones a través de Planes Sectoriales coordinados por
las Asociaciones o Entidades colaboradoras correspondientes de cada uno
de los siguientes sectores: Máquina Herramienta (AFM), Maquinaría
Agrícola (AGRAGEX), maquinaria para Envase y Embalaje (AMEC-Envasgraf),
Maquinaria para Alimentación (Alimentec-AMEC), Maquinaria para
Construcción, Obra Pública y Minería (ANMOPYC), Construcción Naval (Foro
Marítimo Vasco), Defensa, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), Equipos para
Manipulación de Fluidos (FLUDEX), Maquinaría para Fundición (FUNDGEX),
Maquinaria Textil (Amtex-AMEC), Maquinaria para Plástico (Imapc-AMEC),
Bienes de Equipo (SERCOBE), Maquinaria para Cerámica (ASEBEC) y
Maquinaria para Madera
(AFEMMA). El presupuesto asignado en el año 2014 al conjunto de dichos
Planes Sectoriales superó los 1,7 millones de euros y el conjunto de
planes estuvo formado por más de 125 actividades de promoción
internacional. Los mencionados Planes Sectoriales se encuentran
integrados fundamentalmente por: Participaciones en Ferias
Internacionales, Misiones Directas, Inversas y Estudio, Jornadas
Técnicas, Campañas de Promoción, Material Promocional, Actividades de
Networking.
Como mercados prioritarios para los sectores de Bienes de Equipo cabe
señalar la importancia que tienen los principales mercados europeos
(Alemania, Italia y Francia), Estados Unidos, los grandes mercados
emergentes (China, India, Rusia, Turquía, México y Brasil), los países
del Norte de África y del Golfo Pérsico.
Asimismo se viene apoyando a estos sectores mediante Pabellones Oficiales
organizados y gestionados íntegramente por ICEX España Exportación e
Inversiones en ferias Internacionales de referencia mundiales o
regionales. Asimismo se está potenciando la organización de Jornadas
Técnicas en diferentes formatos, así como programas como el «ICEX
Integra» y el «ICEX Sourcing» para potenciar las sinergias y colaboración
entre sectores afines y la posibilidad de aprovechar oportunidades de
negocio concretas.
Asimismo, el Gobierno ofrece un decidido apoyo a la internacionalización
de las empresas españolas, a nivel institucional, técnico y financiero y,
por tanto, también a las que fabrican Bienes de Equipo.
Este apoyo se ofrece mediante la apertura de nuevos mercados, la defensa
de sus intereses comerciales, la eliminación de barreras al comercio y a
la inversión, la resolución de conflictos, el seguimiento de los
instrumentos de defensa comercial y la mejora en el acceso de las
empresas a la financiación.
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068805
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: García Egea, Teodoro y Gallego Burgos, Antonio (GP).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Sus Señorías
que la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC) desde el año 2008
hasta el año 2014 en España se muestra en la siguiente tabla que muestra
las tasas de variación anuales para cada uno de los años solicitados, así
como la tasa acumulada para el periodo comprendido entre los años
2008-2014.
Índice de Precios de Consumo (IPC)
Tasas de variación anuales del IPC general
Año;Tasa anual (%)
2008;4,1
2009; 0,3
2010;1,8
2011;3,2
2012;2,4
2013;1,4
2014; 0,2
Acumulada 2008-2014;8,7
Madrid, 20 de febrero de 2015.El Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes.
184/068806
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: García Egea, Teodoro y Gallego Burgos, Antonio (GP).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Sus Señorías
que las exportaciones de bienes y servicios españolas han aumentado de
manera casi constante desde el inicio de la crisis económica, excepción
hecha del ejercicio del año 2009, cuando el comercio internacional
experimentó una abrupta contracción.
Según los datos de Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de
Estadística base 2010, esta magnitud ha pasado de situarse en 282.589
millones de euros en el año 2008 a alcanzar 331.073 millones de euros en
el año 2013, llegando en este último año a un máximo histórico en
términos absolutos, con un incremento del 17,2 % respecto al año 2008 y
del 35,3 % respecto al año 2009.
Paralelamente, el peso de las exportaciones de bienes y servicios sobre el
Producto Interior Bruto español también ha ido avanzando de manera casi
constante, desde un 25,3 % del Producto Interior Bruto en el año 2008
hasta el 31,6 % en el año 2013.
Todo ello pone de manifiesto que desde el inicio de la crisis económica el
sector exterior ha ido ganando relevancia en la economía española,
aumentando su aportación al Producto Interior Bruto y contribuyendo al
proceso de ajuste macroeconómico.
Exportaciones de bienes y servicios
Datos corregidos de efectos estacionales y calendario
;PIB;Exportaciones de bienes y servicios (Millones de euros);Exportaciones
de bienes y servicios (% PIB)
2013;1.049.181;331.073;31,6