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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 433, de 02/04/2014
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 433, de 02/04/2014
184/048598
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para construir una estación de
ferrocarril en la parte marítima de Roda de Barà?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2014.-Jordi Jané i
Guasch, Diputado.
184/048599
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo
establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito.
El Comisario europeo de Energía, señor Oettinger, ha recordado
recientemente que los Estados miembros están obligados a proteger a los
consumidores vulnerables de acuerdo con lo dispuesto a la directiva
2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009,
sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y la
directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio
de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural
(artículo 3).
¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para proteger a los consumidores
vulnerables y cumplir con lo dispuesto en el artículo 3 de ambas
Directivas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Josep Sánchez
i Llibre, Diputado.
184/048600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols, en su calidad de Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo
establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito.
¿Cuáles son los motivos por los cuales varios agentes de los cuerpos y
fuerzas de seguridad del estado, de paisano, estuvieron durante unos
cuantos días en los alrededores de la sede nacional del partido
Convergència Democrática de Catalunya tomando notas de la actividad que
se producía, así como anotando quien entraba y salía hasta que fueron
requeridos a identificarse por los Mossos d'Esquadra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Feliu-Joan
Guillaumes i Ràfols, Diputado.
184/048601
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Martí Barberà i Montserrat, en su calidad de Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo dispuesto
en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Cuál es el calendario detallado de tramitación administrativa previsto
para la aplicación de la LOMCE en su primera fase, entendiendo por
primera fase el periodo que va desde su aprobación hasta el inicio del
curso escolar 2014-2015?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Martí Barberà
i Montserrat, Diputado.
184/048602
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Martí Barberà i Montserrat, en su calidad de Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo dispuesto
en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué porcentaje de los fondos destinados a los Programas de Garantía
Juvenil se destinarán a la aplicación de la LOMCE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Martí Barberà
i Montserrat, Diputado.
184/048603
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Martí Barberà i Montserrat, en su calidad de Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo dispuesto
en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Cómo ha quedado finalmente la Memoria Económica que acompaña a la LOMCE
tras las modificaciones sufridas en su tramitación en el Senado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2014.-Martí Barberà
i Montserrat, Diputado.
184/048604
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Martí Barberà i Montserrat, en su calidad de Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo dispuesto
en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
Según declaraciones del Ministro de Educación, el señor don José Ignacio
Wert, hay fondos suficientes para la financiación de la Ley Orgánica de
Mejora de la Calidad Educación. ¿Cuál es exactamente la cantidad que se
destinará a la aplicación de la reforma educativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Martí Barberà
i Montserrat, Diputado.
184/048605
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
La hipótesis de la secesión que permanentemente utiliza el Ministerio de
Asuntos Exteriores en sus informes, debiera contemplar dos escenarios, la
independencia de Catalunya pactada y la no pactada. La no pactada
evidentemente comportaría mayores problemas a Catalunya, pero también
mayores problemas para España, por lo que, si fuese el caso, con toda
seguridad no sería esta la opción.
¿Cuáles son las razones por las que los informes elaborados
unilateralmente por el Gobierno del Estado no contemplan los dos
escenarios y solo dan cuenta de los aspectos potencialmente más
perjudiciales para Catalunya?
¿Cuáles son las razones por las que los informes elaborados
unilateralmente por el Gobierno del Estado no contemplan las ventajas
relativas a la minoración del déficit fiscal estructural que
permanentemente mantiene Catalunya con España, en caso de producirse la
independencia de Catalunya a la que hacen referencia dichos informes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Jordi Xuclà i
Costa, Diputado.
184/048606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Considera el Gobierno riguroso realizar un informe de Estado 'sobre las
consecuencias económicas de la independencia' de Catalunya, cuyo
contenido se limita a interpretar extractos de frases de artículos de
prensa, mayoritariamente de prensa de Madrid, frases sacadas de contexto,
sin efectuar ni una sola investigación cuantitativa suscrita por
investigadores, expertos o catedráticos cualificados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Jordi Xuclà i
Costa, Diputado.
184/048607
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Quiénes son los autores de los informes del Ministro Margallo sobre las
consecuencias de una posible secesión sobre la economía catalana y cuál
es su especialización académica?
¿Con los citados informes, está avanzando el Gobierno a los ciudadanos
españoles y a los estados miembros europeos que, en el caso de celebrarse
la consulta a los catalanes, esta, inevitablemente, conducirá a la
independencia de Catalunya? ¿Dispone el Gobierno de datos al respecto que
certifiquen esta tendencia?
¿Ha contrastado el Gobierno los citados informes con el Govern de la
Generalitat?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Jordi Xuclà i
Costa, Diputado.
184/048608
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
1. ¿Cuál ha sido la evolución, en los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013,
de los ingresos del servicio de transporte de pasajeros de RENFE por
áreas de negocio?
2. ¿Cuál es la cuenta de explotación del servicio de transporte de
pasajeros de RENFE por áreas de negocio, en los ejercicios 2010, 2011,
2012 y 2013?
3. ¿Cuál ha sido la elasticidad de la demanda a la variación de precios en
los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013 del servicio de transporte de
pasajeros de RENFE por áreas de negocio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Pere Macias i
Arau, Diputado.
184/048609
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno adaptar los andenes de l'Estació de
Portbou a la movilidad de las personas mayores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Pere Macias i
Arau, Diputado.
184/048610
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
Durante el año 2013 el sector del transporte aéreo ha vivido una plaga de
despidos colectivos. Los que más han trascendido a la opinión pública son
los de la empresa privatizada IBERIA y los del Grupo AENA. No obstante,
todos los aeropuertos y centros de control han estado sometidos a un
continuo de despidos colectivos y de expedientes de regulación de empleo
temporal que a afectado a diferentes empresas que desarrollan la
actividad del transporte aéreo, proceso acompañado de la aplicación del
artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores sobre modificaciones de las
condiciones de trabajo.
Para cada centro de cada una de las empresas del Grupo AENA:
1. ¿Cuántos trabajadores han sido afectados por expedientes de regulación
de empleo?
2. ¿Cuántos trabajadores han sido afectados por expedientes de regulación
de empleo temporal?
3. ¿Cuántos trabajadores han sido afectados por el artículo 41 del
Estatuto de los Trabajadores de Modificación sustancial de condiciones de
trabajo, en especial aquellas modificaciones que hayan supuesto reducción
de la cuantía salarial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Pere Macias i
Arau, Diputado.
184/048611
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
El Gobierno Central ratificó la Carta Europea de las Lenguas Regionales y
Minoritarias el 9 de abril de 2001 y entró en vigor el 1 de agosto de
2001. En concreto el artículo 10, párrafo 2, apartado g), determina:
'g) El empleo o la adopción y, en el caso de que proceda, conjuntamente
con la denominación en la(s) lengua(s) oficial(es), de las formas
tradicionales y correctas de los toponímicos en las lenguas regionales o
minoritarias.'
¿Cuál es el motivo por el cual en los paneles informativos de las salidas
y llegadas del Aeroport de Prat no se usa los topónimos en catalán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Pere Macias i
Arau, Diputado.
184/048612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
1. ¿Qué régimen de publicidad y transparencia aplica RENFE para la defensa
de los intereses del sector del transporte de pasajeros?
2. ¿Cuál es la situación comparativa de RENFE en precios, tasas de
cobertura y capacidad de competencia, en los corredores de demanda que se
encuentran servidos a la vez por RENFE y otros operadores privados de
transporte de pasajeros?
3. ¿Qué futuros escenarios económicos y financieros contempla el Gobierno
que puede conllevar una hipotética privatización de determinados
servicios de transporte de pasajeros de RENFE?
4. ¿Qué consecuencias contempla el Gobierno puede tener la posible futura
privatización de determinados servicios de transporte de viajeros de
RENFE sobre el régimen tarifario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Pere Macias i
Arau, Diputado.
184/048613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
1. ¿Qué mecanismos de formación de precios y de equilibrio de costes
utiliza RENFE y el Gobierno para la fijación de las tarifas del servicio
de transporte de pasajeros?
2. ¿Los ajustes tarifarios del servicio de transporte de viajeros de RENFE
producidos en 2013 tienen carácter coyuntural o pretenden ser
estructurales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Pere Macias i
Arau, Diputado.
184/048614
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
La revisión de valores catastrales en un determinado municipio comporta un
aumento de las bases imponibles del IBI en este municipio, que
habitualmente las corporaciones municipales compensan con una reducción
de los tipos impositivos aplicables, con el fin de evitar un aumento
desproporcionado de la presión fiscal para el contribuyente.
Esta realidad está reconocida en la propia Ley de Haciendas Locales. El
apartado 5 del artículo 72 de dicha ley permite que durante un período
máximo de 6 años, los municipios en los que entren en vigor nuevos
valores catastrales de inmuebles rústicos y urbanos, resultantes de
procedimientos de valoración colectiva de carácter general, puedan
reducir los tipos mínimos aplicables al 0,1% para los bienes inmuebles
urbanos o al 0,075% para los bienes inmuebles rústicos, en vez de aplicar
los tipos impositivos mínimos ordinarios del 0,4% o del 0,3%, según sean
los inmuebles urbanos o rústicos.
Esta previsión, bien racional de la ley para proteger al contribuyente,
tiene sin embargo unos efectos negativos no deseados para el municipio
que la efectúa y por tanto, para sus conciudadanos; en estos municipios
el hecho de revisar a la baja los tipos impositivos del IBI, para
compensar el aumento de las bases imponibles, les comporta una reducción
de su coeficiente de esfuerzo fiscal y por tanto les reduce los ingresos
que percibe el municipio por otro concepto, el de la participación en los
impuestos estatales. En estos casos, incluso cuando la recaudación de
cuotas por IBI aumenta, lo cual significa que se produce un mayor
esfuerzo fiscal real, el coeficiente de esfuerzo fiscal 'teórico', tal
como está definido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
disminuye, con lo que el municipio pierde recursos.
¿Se ha planteado el Gobierno corregir el cálculo del coeficiente de
esfuerzo fiscal, tal como está regulado en la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, con el fin de no perjudicar a aquellos municipios que,
con posterioridad a un proceso de revisión catastral, han reducido tipos
impositivos, aún cuando la recaudación en concepto de IBI, no haya
disminuido?
¿Se ha planteado el Gobierno corregir el cálculo del coeficiente de
esfuerzo fiscal, tal como está regulado en la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, con el fin de no perjudicar a aquellos municipios que
abordaron un proceso de revisión catastral en los años comprendidos entre
2004 y 2007, período de máxima valoración catastral y que posteriormente
hayan reducido tipos impositivos, aún cuando la recaudación en concepto
de IBI, no haya disminuido?
¿Se ha planteado el Gobierno permitir el pago aplazado en 60 o 120
mensualidades, a aquellos municipios que lo soliciten, cuando la
liquidación de su participación en los tributos del Estado sea negativa,
especialmente si ello ha sido causado por una revisión catastral,
acompañada de la modificación de tipos impositivos del IBI, al igual que
sucedió con las liquidaciones negativas de 2008 y 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Pere Macias i
Arau, Diputado.
184/048615
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch y doña Conxita Tarruella i Tomàs, en su calidad de
Diputados del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito.
El pasado 23 de octubre de 2013 la Comisión Constitucional del Congreso
acordó aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) por la que se instaba una
reforma de la normativa electoral para eliminar las limitaciones del
derecho de sufragio de las personas con discapacidad.
En concreto se acordó por unanimidad lo siguiente:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, en un plazo de
seis meses, un informe con las propuestas de adecuación normativa de la
legislación española a las previsiones contenidas en la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
ratificada por España, entre las que figurarán las que afecten al derecho
electoral vigente.'
Tal y como destaca el informe 'Ciudadanos con limitaciones y a la vez con
derechos: en contra de la muerte civil de las personas con discapacidad
intelectual' presentado por el profesor de psicología y filosofía don
José María Sánchez Alcón, el Comité sobre los Derechos de las personas
con discapacidad de Naciones Unidas realizó un conjunto de
recomendaciones a los efectos de que la exclusión de este derecho
fundamental fuese corregido, dada la preocupación del número de personas
con discapacidad a las que se les ha venido denegando el derecho a voto.
En este sentido, el Informe indica que las personas con Discapacidad
Intelectual y de Desarrollo (DID) tienen derecho a ser considerados
ciudadanos en una sociedad democrática moderna e inclusiva, siendo uno de
los principales derechos el poder participar en un sistema político como
el democrático el cual se ha caracterizado por defender la igualdad entre
otros muchos principios.
Asimismo actualmente la regulación del derecho de sufragio vigente en
España puede conculcar el principio de igualdad ante la ley consagrado en
la Constitución de 1978.
Por todo ello, los Diputados abajo firmantes presentan al Gobierno las
siguientes preguntas:
1. ¿Qué avances se han realizado en la elaboración del informe para
adecuar la legislación española a las previsiones contenidas en la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad?
2. ¿Cumplirá el Gobierno el plazo de seis meses que acordó el Congreso de
los Diputados para realizar el mencionado informe?
3. ¿Qué aspectos relativos al 'derecho electoral vigente' se propondría
modificar para facilitar el derecho de voto a las personas con
discapacidad?
4. ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para garantizar la
participación política de este colectivo de cara a las siguientes
elecciones al Parlamento Europeo?
5. ¿Cuál es el objetivo del Gobierno en esta materia teniendo en cuenta la
vigencia en España de la Convención Internacional sobre los derechos de
las personas con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2014.-Jordi Jané i
Guasch y María Concepció Tarruella Tomás, Diputados.
184/048616
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su
portavoz doña Rosa María Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito
sobre la
colaboración proactiva de los miembros del Gobierno para esclarecer el
posible cobro de sobresueldos de la contabilidad B del Partido Popular.
Exposición de motivos
El último informe de la Intervención General de la Administración del
Estado (IGAE) entregado en la Audiencia Nacional en relación al Caso
Bárcenas ha demostrado que Rosalía Iglesias cobró de la caja B del
Partido Popular y, por tanto, las anotaciones al respecto que aparecían
en los 'papeles de Bárcenas' han quedado validadas. En relación a esta
coincidencia entre las anotaciones y los hechos, la defensa del acusado
ha solicitado al juez instructor que se cotejen los pagos que aparecen en
los papeles de Bárcenas a dirigentes del Partido Popular con sus cuentas
particulares, así como mediante comisiones rogatorias a varios paraísos
fiscales.
La percepción ciudadana arrojada por el último CIS en relación al nivel de
corrupción existente en las instituciones hace necesaria la máxima
colaboración y transparencia de los representantes de los ciudadanos con
la Justicia. Sólo colaborando de manera proactiva y combatiendo cualquier
atisbo de corrupción podrá devolver a los ciudadanos la confianza en las
instituciones ya que las explicaciones dadas por el presidente del
Gobierno en relación a este asunto no lo han conseguido.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Continúa el Presidente del Gobierno afirmando que no ha existido
contabilidad B en el Partido Popular?
2. ¿Puede afirmar el presidente del Gobierno que ni él ni nadie de la
cúpula del PP y/o del Gobierno cobraron sobresueldos con cargo a la
contabilidad B del Partido Popular?
a. En caso contrario, ¿puede afirmar que los sobresueldos respetaron en
todo momento la Ley de Incompatibilidades?
3. ¿Piensa el Presidente del Gobierno, en favor de la transparencia y
colaboración con la Justicia, facilitar al Juez de Instrucción del Caso
Bárcenas sus cuentas personales para despejar las dudas existentes sobre
el posible cobro de pagos en B por su persona?
4. ¿Piensa recomendar el Presidente la misma colaboración con la Justicia
para el resto de miembros de su partido que aparezcan en los papeles de
Luis Bárcenas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Rosa María
Díez González, Diputada.
184/048617
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su
portavoz doña Rosa María Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito
sobre el último informe de la OCDE que señala a España como el país donde
más ha crecido la brecha social.
Exposición de motivos
Según los últimos datos publicados por la Estados de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), España es el país de
esta organización en el que más han aumentado las desigualdades
económicas entre la población con mayor y menor renta. El informe de la
OCDE señala que los ingresos del 10% de la población española más pobre
cayeron un 14% entre los años 2007 y 2010, unos ejercicios en los que el
desempleo no poseía unas cotas tan elevadas como en ejercicios
posteriores, las partidas destinadas a servicios sociales no habían
disminuido en la misma medida que en los años 2011, 2012 y 2013, así como
los salarios de los españoles no habían caído cerca del 2% en el 2012 tal
y como señaló recientemente el Banco de España. Herwig lmmervoll, uno de
los autores del informe y responsable del capítulo sobre España, precisó
en la presentación del documento que el aumento de la brecha social en
nuestro país se debe en gran medida a la polarización del mercado laboral
entre los contratos fijos, con más derechos a subsidios y otras ayudas, y
los eventuales. Una polarización
que las reformas laborales del Gobierno han sido incapaces de solucionar,
a lo que se suma la recurrente negativa a implantar medidas como el
contrato único indefinido.
La población que poseía unos ingresos del 50% de la media de los casos
analizados, aumentó hasta situarse en un 15,4% de la población española,
destacando que los niveles de pobreza aumentaron de manera significativa
entre la población de 18 a 25 años, mientras que para los mayores de 65
años disminuyó. Una situación que puede estar agravada ya que los altos
índices de desempleo en las personas menores de 25 años no han cesado de
aumentar desde los años que estudia el informe de la OCDE.
Los resultados que contiene este informe de la OCDE son preocupantes no
tanto por las propias cifras que arroja sino porque debemos ser
conscientes de que la situación de las personas que poseen menores rentas
en nuestro país ha empeorado todavía más desde el cierre del estudio.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué medidas concretas del Plan Nacional de Acción para la Inclusión
Social (PNAIN) 2013-2016 ha puesto ya el Gobierno en marcha?
2. ¿Cómo piensa el Gobierno evaluar el impacto de cada una de estas
medidas sobre la pobreza?
3. ¿Cómo piensa el Gobierno eliminar la dualidad del mercado de trabajo de
España puesto que sus reformas laborales se han mostrado ineficaces y no
pretenden instaurar el contrato único indefinido?
4. ¿Ha elaborado el Gobierno una Estrategia Estatal de Prevención y
Erradicación del 'sinhogarismo' y la exclusión residencial?
5. ¿Considera el Gobierno que las políticas de moderación salarial que ha
llevado a cabo han sido efectivas para luchar contra la pobreza y la
desigualdad en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Rosa María
Díez González, Diputada.
184/048618
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su
portavoz doña Rosa María Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito
sobre la destitución del teniente coronel Tejero por la celebración del
23-F en un cuartel de la Guardia Civil.
Exposición de motivos
El Ministerio del Interior ha destituido al teniente de la Guardia Civil,
Antonio Tejero Díez, Jefe del Grupo de Reserva y Seguridad número 1 e
hijo del golpista responsable del 23-F por 'mantener un almuerzo no
autorizado en su acuartelamiento de Valdemoro con diversas personas
implicadas en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981'. Las causas
específicas de la destitución de su puesto es 'la pérdida de confianza
del mando superior sobre el teniente coronel'. Sin embargo, a juicio de
este grupo parlamentario podrían haberse cometido una serie de faltas
disciplinarias calificadas de 'muy graves' según la Ley Orgánica 12/2007,
de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil como han
podido ser el incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en
el ejercicio de sus funciones o realización de actos irrespetuosos, así
como la violación de la neutralidad o independencia política.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. Además de la destitución del teniente coronel, ¿piensa el Gobierno
instar a la apertura de un expediente disciplinario al teniente coronel
Antonio Tejero Díez por posibles faltas muy graves de acuerdo con el
régimen disciplinario de la Guardia Civil y que pueden acarrear otras
sanciones aparte de la destitución?
2. ¿Ha valorado el Gobierno la separación del servicio del teniente
coronel por inaceptable conducta?
3. ¿Cómo justifica el Gobierno que esta información tardase varias semanas
en llegar a su conocimiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Rosa María
Díez González, Diputada.
184/048619
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María González Veracruz, don Pedro Saura García, Diputados por
Murcia, y don Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado por Asturias,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para
que sean contestadas por escrito.
Preguntas
1. ¿Cuántos expedientes se han incoado en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación? Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia? Desagregados por meses.
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia? Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2014.-María González
Veracruz, Pedro Saura García y Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputados.
184/048620
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Ramón María Trevín Lombán y doña María Luisa Carcedo Roces,
Diputados por Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuantos expedientes se han incoado en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación? Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias? Desagregados por meses.
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias? Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Antonio Ramón
María Trevín Lombán y María Luisa Carcedo Roces, Diputados.
184/048621
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Moscoso del Prado Hernández, Diputado por Navarra, y don Antonio
Trevín Lombán, Diputado por Asturias, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que sean contestadas
por escrito.
1. ¿Cuántos expedientes se han incoado en la Comunidad Foral de Navarra en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas, y
cuantía recaudada en aplicación de Ja Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la Comunidad Foral de Navarra?
Desagregados por meses.
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la Comunidad Foral de Navarra?
Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Juan Moscoso
del Prado Hernández y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.
184/048622
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga y don Antonio Trevín
Lombán, Diputado por Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
1. ¿Cuántos expedientes se han incoado en la Comunidad Autónoma de
Andalucía en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del
derecho de reunión y manifestación? Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas, y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la Comunidad Autónoma de
Andalucía? Desagregados por meses.
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la Comunidad Autónoma de Andalucía?
Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Miguel Ángel
Heredia Díaz y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.
184/048623
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillen Izquierdo, Diputado por Teruel y don Antonio Trevin
Lombán, Diputado por Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito:
1. ¿Cuantos expedientes se han incoado en la Comunidad Autónoma de Aragón
en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta
el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de
reunión y manifestación? Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas, y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la Comunidad Autónoma de
Aragón? Desagregados por meses.
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la Comunidad Autónoma de Aragón?
Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Vicente
Guillén Izquierdo y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.
1184/048624
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Puerto Gallego Arriola, Diputada por Cantabria, y don
Antonio Trevin Lombán, Diputado por Asturias, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que sean contestadas
por escrito.
- ¿Cuántos expedientes se han incoado en la Comunidad Autónoma de
Cantabria en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del
derecho de reunión y manifestación? Desagregados por meses.
- ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas, y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la Comunidad Autónoma de
Cantabria? Desagregados por meses.
- ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la Comunidad Autónoma de Cantabria?
Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-María del
Puerto Gallego Arriola y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.
184/048625
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por Palencia, y don Antonio
Trevín Lombán, Diputado por Asturias, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que sean contestadas
por escrito.
¿Cuántos expedientes se han incoado en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta
el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de
reunión y manifestación? Desagregados por meses.
¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas, y cuantía
recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del
derecho de reunión y manifestación en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León? Desagregados por meses.
¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación con
el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León? Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Julio
Villarrubia Mediavilla y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.
184/048626
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo y don Antonio Trevín
Lombán, Diputado por Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
1. ¿Cuantos expedientes se han incoado en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación? Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas, y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha? Desagregados por meses.
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha? Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Alejandro
Alonso Núñez y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.
184/048627
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Delia Blanco Terán, Diputada por Madrid, y don Antonio Trevín
Lombán, Diputado por Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan
las siguientes preguntas escritas:
1. ¿Cuantos expedientes se han incoado en la Comunidad Autónoma de Madrid
en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta
el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de
reunión y manifestación? Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas, y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la Comunidad Autónoma de
Madrid? Desagregados por meses.
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la Comunidad Autónoma de Madrid?
Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2014.-Rosa Delia
Blanco Terán y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.
1184/048628
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, don Joaquín Puig
Ferrer, Diputado por Castellón, y don Antonio Trevín Lombán, Diputado por
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuantos expedientes se han incoado en la Comunitat Valenciana en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas, y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la Comunitat Valenciana?
Desagregados por meses.
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la Comunitat Valenciana?
Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2014.-Herick
Manuel Campos Arteseros, Joaquín Francisco Puig Ferrer y Antonio Ramón
María Trevín Lombán, Diputados.
184/048629
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Soledad Pérez Domínguez, Diputada por Badajoz, doña Leire
Iglesias Santiago, Diputada por Cáceres y don Antonio Trevín Lombán,
Diputado por Asturias pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos expedientes se han incoado en la Comunidad Autónoma de
Extremadura en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del
derecho de reunión y manifestación? Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas, y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la Comunidad Autónoma de
Extremadura? Desagregados por meses.
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la Comunidad Autónoma de
Extremadura? Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-María Soledad
Pérez Domínguez, Leire Iglesias Santiago y Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputados.
184/048630
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, y don Antonio
Trevín Lombán, Diputado por Asturias, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que sean contestadas
por escrito.
- ¿Cuántos expedientes se han incoado en la Comunidad Autónoma de Galicia
en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta
el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de
reunión y manifestación? Desagregados por meses.
- ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas, y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la Comunidad Autónoma de
Galicia? Desagregados por meses.
- ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la Comunidad Autónoma de Galicia?
Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Guillermo
Antonio Meijón Couselo y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.
184/048631
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pablo Martín Peré, don Guillem García Gasulla y doña Sofía Hernanz
Costa, Diputados por las Illes Balears y don Antonio Trevín Lombán,
Diputado por Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito:
- ¿Cuantos expedientes se han incoado en Les Illes Balears en aplicación
de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre
de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
- ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas, y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en Les Illes Balears? Desagregados
por meses.
- ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en Les Illes Balears? Desagregados por
meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Pablo Martín
Peré, Guillem García Gasulla, Sofía Hernanz Costa y Antonio Ramón María
Trevín Lombán, Diputados.
184/048632
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Segura Clavell, Diputado por Santa Cruz de Tenerife, y don
Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formulan las siguientes preguntas escritas:
1. ¿Cuantos expedientes se han incoado en la Comunidad Autónoma de
Canarias en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta
el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de
reunión y manifestación? Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas, y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la Comunidad Autónoma de
Canarias? Desagregados por meses.
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la Comunidad Autónoma de Canarias?
Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2014.-José Segura
Clavell y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.
184/048633
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja, y don Antonio Trevín Lombán,
Diputado por Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que sean contestadas por escrito.
- ¿Cuántos expedientes se han incoado en la Comunidad Autónoma de La Rioja
en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta
el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de
reunión y manifestación? Desagregados por meses.
- ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas, y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la Comunidad Autónoma de La
Rioja? Desagregados por meses.
- ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la Comunidad Autónoma de La Rioja?
Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-César Luena
López y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.
184/048634
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz y don Antonio Trevín
Lombán, Diputado por Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito:
¿Cuantos expedientes se han incoado en la Ciudad Autónoma de Ceuta en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas, y cuantía
recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del
derecho de reunión y manifestación en la Ciudad Autónoma de Ceuta?
Desagregados por meses.
¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación con
el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la Ciudad Autónoma de Ceuta?
Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-María Carmen
Sánchez Díaz y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.
184/048635
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid, don José Martínez Olmos,
Diputado por Granada, y don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
les sean contestadas por escrito:
¿Cuantos expedientes se han incoado en la Ciudad Autónoma de Melilla en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas, y cuantía
recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del
derecho de reunión y manifestación en la Ciudad Autónoma de Melilla?
Desagregados por meses.
¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación con
el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la Ciudad Autónoma de Melilla?
Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.- Antonio
Hernando Vera, José Martínez Olmos y Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputados.
184/048636
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito relativa a prestaciones sociales y equiparación de derechos y
protección social entre los regímenes de Clases Pasivas y general de la
Seguridad Social
Debe señalarse que la Ley 40/2007 de Medidas en Materia de Seguridad
Social, en concreto, en su disposición adicional 7.º dispone que:
'En el plazo de un año, el Gobierno presentará un estudio sobre la
normativa reguladora de la jubilación anticipada y parcial de los
empleados públicos, así como del personal de las Fuerzas Armadas y al
servicio de la Administración de Justicia, que aborde la aplicación de la
normativa reguladora de tales modalidades de jubilación, las condiciones
que esta aplicación no genere problemas de sostenibilidad a los sistemas
de protección social y la homogeneización, en términos equiparables de
los diferentes regímenes.'
A pesar del tiempo transcurrido, sucede que trabajadores y trabajadoras de
la función pública que han cotizado por diferentes regímenes (MUFACE y
Régimen General SS.SS.) se ven obligados a recurrir a la justicia para
que se les reconozca la equiparación de derechos. En concreto, para
determinar si, a efectos de la jubilación parcial en el régimen general
de la Seguridad Social, son computables las cotizaciones efectuadas por
el trabajador o trabajadora beneficiario de esa prestación en el régimen
de Clases Pasivas del Estado, mientras presento servicios como
funcionario o funcionaria de carrera.
Sirvan de ejemplo diferentes demandas relacionadas con la jubilación
parcial que, después de sentencias favorables en diferentes instancias,
el Tribunal Supremo, estimando el recurso de casación para la unificación
de doctrina interpuesto por el INSS, resuelve que 'no cabe el cómputo
recíproco de cotizaciones entre el Régimen de la Seguridad Social y el de
Clase Pasivas, sin que la entrada en vigor
del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP haya alterado el marco
normativo anterior en esta materia'. Sentencia T.S. de fecha 11 de marzo
2013.
Las lagunas legislativas existentes en relación con este asunto quedan
evidenciadas en la controversia expuesta en la mencionada sentencia. En
su Fundamento de Derecho primero se recoge lo siguiente:
'La cuestión ha sido resulta de forma diferente por las sentencias
comparadas en el presente recurso, a fin de acreditar la existencia de
contradicción doctrinal que los hace viable, conforme al artículo 219 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social', prosiguiendo 'La sentencia
recurrida ha entendido que si el trabajador se encuentra de alta en el
régimen general de la Seguridad Social al tiempo de solicitar la
jubilación parcial, para acreditar la carencia precisa para causar la
pensión, son computables las cotizaciones que reúna en otros regímenes de
la Seguridad Social, incluso en el de Clases Pasivas del Estado. Por
contra la sentencia de contraste dictada por el T.S.J. de Madrid, en el
recurso de suplicación ha resuelto lo contrario, al estimar que no son
computables las cotizaciones al régimen de Clases Pasivas porque la
jubilación parcial no está reconocida en el mismo conforme a los
dispuesto en el art. 2-2 del Real Decreto 691/1991.'
Lo dispuesto en la Disposición Adicional 7.° de la Ley 40/2007, tienen por
objeto procurar soluciones a cuestiones como la expuesta que, no solo
definen una situación injusta sino que generan una importante
litigiosidad.
Esta Disposición Adicional responde además al debate suscitado en la
Comisión del Pacto de Toledo que recomienda no solo la integración de
regímenes sino la equiparación de prestaciones y protección social.
Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:
¿Ha realizado el Gobierno el estudio sobre normativa reguladora de la
jubilación anticipada de los empleados públicos que se establece en la
Disposición Adicional 7.ª de la Ley 40/2007? En caso afirmativo, ¿Cuándo
prevé presentarlo en la Comisión del Pacto de Toledo? En caso contrario,
¿No considera pertinente llevar a cabo este estudio? ¿Cuáles serían las
razones de que todavía no se haya efectuado?
¿No considera el Gobierno necesario alcanzar acuerdos que permitan la
equiparación de derechos y protección social entre los regímenes de
Clases Pasivas y general de la Seguridad Social? ¿No cree que las
diferencias existentes actualmente suponen una injusticia social respecto
a aquellas personas que cotizan o han cotizado en el régimen de Clases
Pasivas, toda o parte de su vida laboral?
¿No cree el Gobierno necesario suprimir del Real Decreto 691/1991, de 12
de abril, el punto 2 del artículo 2? ¿Contempla alguna reforma
legislativa para la supresión de este punto? De no ser así, ¿A qué se
debería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-M.ª Olaia
Fernández Davila, Diputada.
184/048637
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosana Pérez Fernández, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito relativa al desarrollo de las obras del tren de alta velocidad a
Galicia, en el tramo Lubián-Ourense es desde hace meses toda una
incógnita. Desde el Ministerio de Fomento no se aclara ni se explica si
se están cumpliendo los proyectos constructivos.
El BNG se ha dirigido en varias ocasiones a Fomento para pedirle
información sobre el hecho de que se estén rebajando las características
del AVE a Galicia en su tramo de entrada al territorio gallego. El
Ministerio permanece en cierta ambigüedad calculada o simplemente se
limita a negarlo cuando existen evidencias empíricas de que se están
cambiando por la vía de los hechos los proyectos originarios.
El ritmo de las obras se ha ralentizado e incluso paralizado en varios
tramos en construcción. Las empresas adjudicatarias han despedido a
trabajadores que venían desarrollando su actividad en varios tramos.
Como sabe el Ministerio, están en fase de construcción dieciocho tramos
que suman 100 km. En muchos de ellas sólo se trabaja en un lado de la
vía, con lo cual, crecen las sospechas de que esta conexión no será de
vía doble a su entrada a Galicia.
Varios testimonios señalan que se han dado instrucciones de terminar la
vía derecha, dejarla totalmente equipada, y paralizar la vía izquierda,
dónde sólo se finalizará la perforación de dos túneles en obra.
Huelga decir que dado el panorama descrito no podemos calificar esta
conexión de alta velocidad. Está muy lejos de parecerse a lo anunciado y
proyectado. Todo el tramo de Zamora-Ourense será de vía única. Incluso
existen sospechas fundadas de que se va a prescindir de la Estación
Puerta de Galicia en A Gudiña, que permanece sin licitar. En el último de
los casos podrían quedar tan solo como una estación con monovía.
En lo que respecta al margen izquierdo, debemos indicar que las
actuaciones están muy ralentizadas, e incluso algunos tramos están
paralizados.
Si la idea del Ministerio es la de no construir la vía izquierda de esta
conexión, y dejarla para un futuro según las posibilidades
presupuestarias, debemos advertir que los costes se multiplicarán
sobremanera puesto que habría que contratar de nuevo toda la logística e
infraestructura de la obra.
Sin olvidar el coste medioambiental de volver a someter esta zona a otro
impacto ambiental sin tiempo a poder regenerarse.
Asimismo, existen fundadas sospechas de que el viaducto de Cerdedelo no se
construirá.
En conclusión, el AVE a Galicia será un espejismo, una pretensión, puesto
que no contará con doble vía ni con toda la conexión electrificada. Es un
tren a medio camino que no contará con las prestaciones de un AVE. Como
suele ser habitual cuando hablamos de Galicia, nuevas promesas
incumplidas.
Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:
¿Puede el Ministerio de Fomento aclarar definitivamente si la conexión del
AVE entre Lubián-Ourense sólo va a ser de vía única?
¿Se está trabajando sólo en la vía derecha para dejarla totalmente
equipada?
¿Se han dado instrucciones de terminar la vía derecha abandonando la vía
izquierda?
¿Se han paralizado las actuaciones en la vía izquierda? De ser así, ¿Por
qué razón? ¿Es verdad que las empresas adjudicatarias están despidiendo a
trabajadores porque no se va a ejecutar la vía izquierda?
¿Se va a abandonar el proyecto constructivo de la vía izquierda? ¿Qué va a
pasar con los túneles proyectados? ¿Qué va a suceder con el viaducto de
Cerdedelo?
¿Va el Ministerio de Fomento a aclarar todos los interrogantes existentes
sobre la reducción de las características del AVE a Galicia?
Dadas las rebajas descritas, ¿Cómo calificaría el Ministerio esta conexión
ferroviaria? ¿Mantiene que se trata de un AVE?
¿Es consciente de que abandonar la construcción de la vía izquierda con la
pretensión de que se retome en un futuro va a encarecer sobremanera el
proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Rosana Pérez
Fernández, Diputada.
184/048638
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su
portavoz adjunto, don Carlos Martínez Gorriarán, y al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita
respuesta por escrito sobre los planes del Gobierno para evitar que las
mujeres abandonen la carrera científica.
Exposición de motivos
Se presentan al Gobierno las siguientes preguntas para las que se solicita
respuesta por escrito:
1. ¿Qué acciones va a realizar el Gobierno para fortalecer el papel de las
mujeres en el ámbito de la ciencia e innovación?
2. ¿Cuál es el plan de la Unidad de Mujeres y Ciencia, dependiente del
Ministerio de Economía y Competitividad, para evitar que las mujeres
abandonen la carrera científica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2014.-Carlos
Martínez Gorriarán, Diputado.
184/048639
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su
portavoz adjunto, don Carlos Martínez Gorriarán, y al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta
por escrito sobre las convocatorias de las ayudas a proyectos de I+D.
Exposición de motivos
Se presentan al Gobierno la siguiente pregunta para la que se solicita
respuesta por escrito:
1. ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para asegurar la periodicidad en
las convocatorias de las ayudas a Proyectos de I+D correspondientes al
Programa Estatal de Investigación Científica y Técnica de Excelencia y
del Programa Estatal de I+D+i, con el fin de evitar la incertidumbre y el
perjuicio para los grupos de investigación debido al retraso en las
últimas convocatorias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2014.-Carlos
Martínez Gorriarán, Diputado.
184/048640
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su
portavoz adjunto, don Carlos Martínez Gorriarán, y al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para la que se solicita
respuesta por escrito sobre el viaje a Arabia Saudí para visitar la obra
del AVE a la Meca.
Exposición de motivos
El pasado 15 de febrero la Ministra Ana Pastor y el Secretario de Estado
de Infraestructuras Rafael Catalá, viajaron a Arabia Saudí para visitar
la situación de las obras del Ave a La Meca. En varios medios de
comunicación se publicó que la delegación institucional del Ministerio
fue acompañada de varios representantes del consorcio adjudicatario.
Por todo ello, se presentan al Gobierno las siguientes preguntas para las
que se solicita respuesta por escrito:
1. ¿Cuántas personas acompañaron a la Ministra de Fomento y al Secretario
de Estado de Infraestructuras en su viaje a Arabia Saudí?
2. ¿Quién costeó el viaje y la manutención de las personas mencionadas? ¿A
cuánto ascendió los gastos de viaje?
3. ¿Cuáles son las conclusiones que obtiene el Gobierno tras la visita a
las obras del Ave a la Meca en Arabia Saudí?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Carlos
Martínez Gorriarán, Diputado.
184/048641
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su
portavoz, Rosa Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre
la trágica muerte de una menor por la falta de coordinación entre
Comunidades Autónomas a la hora de garantizar el derecho a la protección
a la salud.
Exposición de motivos
El pasado lunes falleció una niña de tres años en La Puebla de Arganzón,
una localidad de 500 habitantes situada en el condado de Treviño. Según
la familia, en la llamada al número de emergencias 112, que desde dicha
localidad van dirigidas a la centralita de Vitoria, le señalaron que no
era posible el envío de una ambulancia medicalizada a La Puebla de
Arganzón desde el servicio sanitario vasco y que ésta debía ser enviada
desde Miranda de Ebro, pese a que la localidad tiene como referencia para
emergencias un hospital alavés.
El Departamento vasco de Salud, reconoce no haber enviado la ambulancia y
sus portavoces no ocultan la responsabilidad de la administración vasca.
Según éstos el caso de Anne pertenecía a su competencia. Para conocer lo
ocurrido al detalle ha iniciado una investigación tanto de la actuación
en el hospital el día anterior a su muerte como la de emergencias, que se
sumarán a los resultados de la autopsia.
Este caso demuestra uno de los principales problemas estructurales de la
sanidad en España y que tanto el Gobierno, como el principal partido de
la oposición se niegan a reconocer. No existe un sistema único que
garantice un adecuado servicio a los ciudadanos independientemente del
lugar en el que residan, al estar transferida la competencia de Sanidad a
las administraciones autonómicas. Si de verdad queremos diagnosticar los
principales problemas estructurales de nuestro Sistema Nacional de Salud
(SNS) deberíamos comenzar por reconocer que, paradójicamente, la
denominación de éste no se corresponde con la realidad. La primera
consideración importante a la hora de poder solucionar los problemas
estructurales de la sanidad en España y proponer reformas para garantizar
la sostenibilidad y la cobertura universal de nuestro sistema sanitario
es señalar, quizá, la mayor deficiencia de todas: la existencia de
diecisiete sistemas autonómicos de salud que actúan como sistemas
cerrados en sí mismos, que no facilitan la colaboración ni garantizan un
correcto servicio a los ciudadanos desplazados, con altas tasas de
politización a la hora de establecer criterios de gestión y
planificación, altas cotas de opacidad en el rendimiento de cuentas y
gestión de fondos públicos en el ámbito sanitario, así como un claro uso
partidista y electoralista por los diferentes gobiernos autonómicos de
éstos. Un problema que se agrava en el Condado de Treviño, donde los
problemas relacionados con la prestación de servicios competencia de las
administraciones autonómicas lleva siendo una constante debido a su
peculiar localización.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué medidas piensa llevar a cabo el Gobierno para que esta catástrofe
sin solución no ocurra de nuevo?
2. ¿Es consciente el Gobierno que esta catástrofe se ocasiona por falta de
coordinación entre comunidades autónomas de una competencia asumible por
éstas según el artículo 148 de la Constitución?
3. ¿Cómo justifica el Gobierno que puedan existir estas barreras
burocráticas a la hora de acceder a un derecho tan fundamental como es el
derecho a la protección de la salud?
4. ¿Se ha planteado el Gobierno recuperar la competencia de Sanidad para
garantizar de una manera adecuada el derecho a la protección de la salud
de los ciudadanos independientemente del lugar en el que residan?
5. ¿Piensa el Gobierno revisar el calendario común de vacunación infantil
para que la vacuna de la varicela se administre entre los 12-15 meses y a
los 2-3 años, como recomienda la Asociación Española de Pediatría y como
se hacía hasta enero de este año?
a. En caso contrario, ¿piensa el Gobierno desbloquear los lotes de vacunas
de varicela que retuvo el año pasado para que las familias que lo deseen
puedan vacunas a sus hijos antes de los 12 años establecidos en el
calendario vacunal único?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Rosa María
Díez González, Diputada.
184/048642
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Trinidad Jiménez García-Herrera, don Miguel Ángel Heredia Díaz, don
José Andrés Torres Mora, Diputados por Málaga, y don Antonio Trevín
Lombán, Diputado por Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito:
1. ¿Cuántos expedientes se han incoado en la provincia de Málaga en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación?. Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas, y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la provincia de Málaga?
Desagregados por meses
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la provincia de Málaga? Desagregados
por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Trinidad
Jiménez García-Herrera, Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés Torres
Mora y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.
184/048643
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Consuelo Rumí Ibáñez y doña Gracia Fernández Moya, Diputadas
por Almería, y don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para
que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuantos expedientes se- han incoado en la provincia de Almería en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas, y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la provincia de Almería?
Desagregados por meses.
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido
sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31
de diciembre de 2013, en la provincia de Almería? Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-María Consuelo
Rumí Ibáñez, Gracia Fernández Moya y Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputados.
184/048644
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gaspar Zarrías Arévalo, doña Concepción Gutiérrez del Castillo, don
Felipe J. Sicilia Alférez, Diputados por Jaén, y don Antonio Trevín
Lombán, Diputado por Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas para que sean contestada por escrito.
Preguntas
1. ¿Cuántos expedientes se han incoado en la provincia de Jaén en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas, y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la provincia de Jaén?
Desagregados por meses.
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la provincia de Jaén? Desagregados
por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Gaspar Carlos
Zarrías Arévalo, María Concepción Gutiérrez del Castillo, Felipe Jesús
Sicilia Alférez y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.
184/048645
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, y don Antonio Trevín
Lombán, Diputado por Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito:
¿Cuantos expedientes se han incoado en la provincia de Cádiz en aplicación
de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre
de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas, y cuantía
recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del
derecho de reunión y manifestación en la provincia de Cádiz? Desagregados
por meses.
¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación con
el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la provincia de Cádiz? Desagregados
por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-María Carmen
Sánchez Díaz y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.
184/048646
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Aguilar Rivero, doña Angelina Costa Palacios, don Antonio
Hurtado Zurera, Diputados por Córdoba, y don Antonio Trevín Lombán,
Diputado por Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuantos expedientes se han incoado en la provincia de Córdoba en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas, y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la provincia de Córdoba?
Desagregados por meses.
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la provincia de Córdoba?
Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2014.-Rosa Aguilar
Rivero, María Angelina Costa Palacios, Antonio Hurtado Zurera y Antonio
Ramón María Trevín Lombán, Diputados.
184/048647
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio F. Pradas Torres y don José Antonio Viera Chacón, Diputados
por Sevilla, y don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para
que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuantos expedientes se han incoado en la provincia de Sevilla en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación?. Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas, y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la provincia de Sevilla?
Desagregados por meses.
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la provincia de Sevilla?
Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2014.-Antonio
Francisco Pradas Torres, José Antonio Viera Chacón y Antonio Ramón María
Trevín Lombán, Diputados.
184/048648
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pezzi Cereto, don José Martínez Olmos y doña Elvira Ramón
Utrabo, Diputados por Granada y don Antonio Trevín Lombán, Diputado por
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos expedientes se han incoado en la provincia de Granada en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la provincia de Granada?
Desagregados por meses.
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la provincia de Granada?
Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Manuel Pezzi
Cereto, José Martínez Olmos, Elvira Ramón Utrabo y Antonio Ramón María
Trevín Lombán, Diputados.
184/048649
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por
Zaragoza, y don Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado por Asturias,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para
que les sean contestada por escrito.
¿Cuántos expedientes se han incoado en la provincia de Zaragoza en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas y cuantía
recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del
derecho de reunión y manifestación en la provincia de Zaragoza?
Desagregados por meses.
¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación con
el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la provincia de Zaragoza?
Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2014.-María Pilar
Alegría Continente, Susana Sumelzo Jordán y Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputados.
184/048650
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel, y don Antonio Trevín
Lombán, Diputado por Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
1. ¿Cuántos expedientes se han incoado en la provincia de Teruel en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la provincia de Teruel?
Desagregados por meses.
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la provincia de Teruel? Desagregados
por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Vicente
Guillén Izquierdo y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.
184/048651
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca, y don Antonio Trevín
Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes preguntas para que sean contestadas por escrito.
Preguntas:
1. ¿Cuántos expedientes se han incoado en la provincia de Huesca en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la provincia de Huesca?
Desagregados por meses.
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la provincia de Huesca? Desagregados
por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Víctor Morlán
Gracia y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.
184/048652
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia, y don Antonio Trevín
Lombán, Diputado por Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
- ¿Cuántos expedientes se han incoado en la provincia de Segovia en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
- ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la provincia de Segovia?
Desagregados por meses.
- ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la provincia de Segovia?
Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Juan Luis
Gordo Pérez y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.
184/048653
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado por Zamora, y don Antonio Trevín
Lombán, Diputado por Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas para que sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos expedientes se han incoado en la provincia de Zamora en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la provincia de Zamora?
Desagregados por meses.
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación
han quedado suspendidos porque los hechos están siendo objeto de
instrucción penal o han sido sancionados como infracción penal, desde el
1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en la provincia de
Zamora? Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Antonio
Camacho Vizcaíno y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.
184/048654
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández y don Antonio Trevín Lombán, Diputados por
Burgos y Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
- ¿Cuántos expedientes se han incoado en la provincia de Burgos en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
- ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la provincia de Burgos?
Desagregados por meses.
- ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la provincia de Burgos? Desagregados
por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Luis Tudanca
Fernández y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.
184/048655
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Helena Castellano Ramón y doña María Luisa González Santín, Diputadas
por León y don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para
que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos expedientes se han incoado en la provincia de León en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la provincia de León?
Desagregados por meses.
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido
sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31
de diciembre de 2013, en la provincia de León? Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Helena
Castellano Ramón, María Luisa González Santín y Antonio Ramón María
Trevín Lombán, Diputados.
184/048656
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria y don Antonio Trevín
Lombán, Diputado por Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
1. ¿Cuántos expedientes se han incoado en la provincia de Soria en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la provincia de Soria?
Desagregados por meses.
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la provincia de Soria? Desagregados
por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Félix Lavilla
Martínez y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.
184/048657
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, y don Antonio Trevín
Lombán, Diputado por Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
1. ¿Cuántos expedientes se han incoado en la provincia de Ávila en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la provincia de Ávila?
Desagregados por meses.
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido
sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31
de diciembre de 2013, en la provincia de Ávila? Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Pedro José
Muñoz González y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.
184/048658
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por Palencia, y don Antonio
Trevín Lombán, Diputado por Asturias, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean
contestadas por escrito.
¿Cuántos expedientes se han incoado en la provincia de Palencia en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas y cuantía
recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del
derecho de reunión y manifestación en la provincia de Palencia?
Desagregados por meses.
¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación con
el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la provincia de Palencia?
Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Julio
Villarrubia Mediavilla y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.
184/048659
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, y don Antonio
Ramón María Trevín Lombán, Diputado por Asturias, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean
contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos expedientes se han incoado en la provincia de Salamanca en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la provincia de Salamanca?
Desagregados por meses.
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido
sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31
de diciembre de 2013, en la provincia de Salamanca? Desagregados por
meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Jesús Caldera
Sánchez-Capitán y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.
184/048660
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soraya Rodríguez Ramos y don Mario Bedera Bravo, Diputados por
Valladolid, y don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los
Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos expedientes se han incoado en la provincia de Valladolid en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la provincia de Valladolid?
Desagregados por meses.
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la provincia de Valladolid?
Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-María Soraya
Rodríguez Ramos, Mario Bedera Bravo y Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputados.
184/048661
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, doña María Guadalupe Martín González,
Diputados por Toledo, y don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para
que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos expedientes se han incoado en la provincia de Toledo en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la provincia de Toledo?
Desagregados por meses.
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido
sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31
de diciembre de 2013, en la provincia de Toledo? Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Alejandro
Alonso Núñez, María Guadalupe Martín González y Antonio Ramón María
Trevín Lombán, Diputados.
184/048662
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Carlos Sahuquillo García y don Antonio Trevín Lombán, Diputados
por Cuenca y Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
- ¿Cuántos expedientes se han incoado en la provincia de Cuenca en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
- ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la provincia de Cuenca?
Desagregados por meses.
- ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la provincia de Cuenca? Desagregados
por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2014.-Luis Carlos
Sahuquillo García y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.
184/048663
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Gabriel González Ramos, Diputado por Albacete, y don Antonio
Trevín Lombán, Diputado por Asturias, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean
contestadas por escrito.
- ¿Cuántos expedientes se han incoado en la provincia de Albacete en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
- ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la provincia de Albacete?
Desagregados por meses.
- ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido
sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31
de diciembre de 2013, en la provincia de Albacete? Desagregados por
meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2014.-Manuel Gabriel
González Ramos y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.
184/048664
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel Rodríguez García y don José M.ª Barreda Fontes, Diputados por
Ciudad Real, y don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos expedientes se han incoado en la provincia de Ciudad Real en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la provincia de Ciudad Real?
Desagregados por meses.
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la provincia de Ciudad Real?
Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2014.-Isabel
Rodríguez García, José María Barreda Fontes y Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputados.
184/048665
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, y don Antonio
Trevín Lombán, Diputado por Asturias, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean
contestadas por escrito:
1. ¿Cuántos expedientes se han incoado en la provincia de Guadalajara en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la provincia de Guadalajara?
Desagregados por meses.
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido
sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31
de diciembre de 2013, en la provincia de Guadalajara? Desagregados por
meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2014.-Magdalena
Valerio Cordero y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.
184/048666
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por
Castellón; don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y
don Antonio Ramón M.ª Trevín Lombán, Diputado por Asturias,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para
que les sean contestadas por escrito.
¿Cuántos expedientes se han incoado en la provincia de Castellón en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía medida de las mismas y cuantía
recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del
derecho de reunión y manifestación en la provincia de Castellón?
Desagregados por meses.
¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación con
el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la provincia de Castellón?
Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2014.-Susana Ros
Martínez, Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick Manuel Campos Arteseros y
Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.
184/048667
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñero Fernández, don Ciprià Císcar Casaban, Diputados por
Valencia; don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Antonio Trevín Lombán,
Diputado por Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos expedientes se han incoado en la provincia de Valencia en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la provincia de Valencia?
Desagregados por meses.
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la provincia de Valencia?
Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-José Luis
Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñero
Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.
184/048668
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor,
Diputados por Badajoz, y don Antonio Trevín Lombán, Diputado por
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos expedientes se han incoado en la provincia de Badajoz en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la provincia de Badajoz?
Desagregados por meses.
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la provincia de Badajoz?
Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-María Soledad
Pérez Domínguez, José Ignacio Sánchez Amor y Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputados.
184/048669
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Lucio Carrasco y doña Leire Iglesias Santiago, Diputadas por
Cáceres, y don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para
que sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos expedientes se han incoado en la provincia de Cáceres en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la provincia de Cáceres?
Desagregados por meses.
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la provincia de Cáceres?
Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-María Pilar
Lucio Carrasco, Leire Iglesias Santiago y Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputados.
184/048670
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortizo Nieto y doña María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputados por A Coruña, y Don Antonio Ramón M.ª Trevín Lombán, Diputado
por Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos expedientes se han incoado en la provincia de A Coruña en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la provincia de A Coruña?
Desagregados por meses.
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la provincia de A Coruña?
Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Miguel Ángel
Cortizo Nieto, María Paloma Rodríguez Vázquez y Antonio Ramón María
Trevín Lombán, Diputados.
184/048671
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, y don Antonio Trevín Lombán,
Diputado por Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos expedientes se han incoado en la provincia de Lugo en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la provincia de Lugo?
Desagregados por meses.
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la provincia de Lugo? Desagregados
por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-José Blanco
López y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.
184/048672
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, y don Antonio Ramón M.ª
Trevín Lombán, Diputado por Asturias, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean
contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos expedientes se han incoado en la provincia de Ourense en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la provincia de Ourense?
Desagregados por meses.
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la provincia de Ourense?
Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Laura Carmen
Seara Sobrado y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.
184/048673
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmela Silva Rego y don Guillermo Meijón Couselo, Diputados por
Pontevedra, y don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para
que les sean contestadas por escrito.
- ¿Cuántos expedientes se han incoado en la provincia de Pontevedra en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
- ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la provincia de Pontevedra?
Desagregados por meses.
- ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación
han quedado suspendidos porque los hechos están siendo objeto de
instrucción penal o han sido sancionados como infracción penal, desde el
1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en la provincia de
Pontevedra? Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-María del
Carmen Silva Rego, Guillermo Antonio Meijón Couselo y Antonio Ramón María
Trevín Lombán, Diputados.
184/048674
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Franquis Vera y doña Pilar Grande Pesquero, Diputados por
Las Palmas, y don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
¿Cuántos expedientes se han incoado en la provincia de Las Palmas en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas y cuantía
recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del
derecho de reunión y manifestación en la provincia de Las Palmas?
Desagregados por meses
¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación con
el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la provincia de Las Palmas?
Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2014.-Sebastián
Franquis Vera, Pilar Grande Pesquero y Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputados.
184/048675
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Segura Clavell y doña Patricia Hernández Gutiérrez, Diputados por
Santa Cruz de Tenerife, y don Antonio Trevín Lombán, Diputado por
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Cuántos expedientes se han incoado en la provincia de Santa Cruz de
Tenerife en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta
el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de
reunión y manifestación? Desagregados por meses.
¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas y cuantía
recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del
derecho de reunión y manifestación en la provincia de Santa Cruz de
Tenerife? Desagregados por meses.
¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación con
el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido
sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31
de diciembre de 2013, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife?
Desagregados por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2014.-José Segura
Clavell, Patricia Hernández Gutiérrez y Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputados.
184/048676
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Barrero López, Diputado por Huelva, y don Antonio Trevín
Lombán, Diputado por Asturias, ambos pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean
contestadas por escrito:
1. ¿Cuántos expedientes se han incoado en la provincia de Huelva en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la provincia de Huelva?
Desagregados por meses.
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013, en la provincia de Huelva? Desagregados
por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Jaime Javier
Barrero López y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.
184/048677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Patricia Blanquer Alcaraz, don Gabriel Echávarri Fernández, don
Federico Buyolo García y don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados
por Alicante; don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón,
y don Antonio Ramón M.ª Trevín Lombán, Diputado por Asturias,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para
que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos expedientes se han incoado en la provincia de Alicante en
aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013, en relación con el ejercicio del derecho de reunión y
manifestación? Desagregados por meses.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto, cuantía media de las mismas y
cuantía recaudada en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el ejercicio
del derecho de reunión y manifestación en la provincia de Alicante?
Desagregados por meses.
3. ¿Cuántos expedientes abiertos en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en relación
con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación han quedado
suspendidos porque los hechos están siendo objeto de instrucción penal o
han sido
sancionados como infracción penal, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31
de diciembre de 2013, en la provincia de Alicante? Desagregados por
meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Patricia
Blanquer Alcaraz, Gabriel Echávarri Fernández, Federico Buyolo García,
Herick Manuel Campos Arteseros, Joaquín Francisco Puig Ferrer y Antonio
Ramón María Trevín Lombán, Diputados.
184/048678
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita, sobre finalización de las obras del enlace de la
autovía A-8 en Luarca (Asturias), y la señalización de los concejos de
Navia y Coaña en la autovía.
El 18 de marzo de 2014, la Junta General del Principado de Asturias aprobó
por unanimidad instar al Gobierno central a concluir las obras en curso
en el enlace de la autovía A-8 en Luarca, que afectan sobre todo a los
caminos de las localidades situadas al oeste de la villa, tales como
Santiago y Otur, que tienen serias dificultades para conectarse con la
antigua carretera nacional. De esta forma, Asturias solicitará que se
terminen los trabajos en el plazo más breve posible y que se señalice
adecuadamente la zona. En este sentido, las quejas se centran en la
primera rotonda tras tomar la desviación de Luarca, que no precisa la
salida que lleva a la Villa Blanca de la Costa Verde. Las obras de Luarca
han de finalizar además reparando los desperfectos y los flecos
pendientes, ya que de lo contrario puede considerarse que están sin
concluir.
De igual forma, los partidos de la Junta también han votado de forma
conjunta solicitar al Ministerio de Fomento una señalización más completa
de los concejos de Navia y Coaña en la autovía. Una petición que viene
además respaldada por el Pleno de Navia, concejo en el que se han llegado
a recoger firmas para que la carretera incluya una indicación a la
localidad pesquera y turística de Puerto de Vega.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Para qué fechas tiene prevista el Gobierno la finalización de las
obras en curso en el enlace de la autovía A-8 en Luarca, que afectan
sobre todo a los caminos de las localidades situadas al oeste de la
villa, tales como Santiago y Otur, -reparando los desperfectos y los
flecos pendientes- así como una adecuada señalización de la zona?
2) ¿Tiene previsto el Gobierno garantizar una señalización completa de los
concejos de Navia y Coaña en dicha autovía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/048679
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita, sobre actuaciones del Gobierno ante un posible fraude
multimillonario a las Administraciones Públicas por parte de una empresa
de seguridad privada.
Este Diputado ha recibido documentación con datos cruzados sobre un más
que posible fraude de una empresa privada de seguridad a las
Administraciones Públicas. Se trataría de un fraude multimillonario
consistente en el incumplimiento en el número y la cualificación del
personal de seguridad, así como de las horas contratadas. De hecho,
algunas instituciones, como la Universidad Complutense de Madrid, entre
otras, han puesto ya el caso en manos de la Justicia.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Ha tenido conocimiento el Gobierno de un posible fraude
multimillonario en el cumplimiento de los contratos por parte de una
empresa de seguridad con Administraciones, empresas y entes públicos?
2. ¿Ha realizado o piensa realizar el Gobierno alguna investigación
interna sobre posible incumplimiento masivo de contratos y fraude a la
Administración, por parte de una empresa de seguridad privada?
3. ¿Ha confirmado o desmentido el Gobierno la existencia de un fraude
multimillonario por parte de una empresa de seguridad privada?
4. ¿Ha puesto o piensa poner el Gobierno en manos de la Justicia el
posible fraude multimillonario de una empresa de seguridad a las
Administraciones públicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/048680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita
respuesta escrita, sobre reparación de daños ocasionados por las obras de
la variante de Pajares en la localidad de Campomanes (Pola de Lena,
Asturias).
Los vecinos de la localidad de Campomanes (Pola de Lena, Asturias)
solicitan la reparación de los daños que causaron las obras de la
variante ferroviaria de Pajares. Los representantes vecinales aseguran
que Campomanes ha sido la zona más castigada por la actuación, que ha
encabezado el Administrador de Infraestructuras (Adif), y destacan que
apenas han recibido una compensación. Las quejas se centran en el mal
estado de las carreteras que cruzan el casco urbano, que estuvieron
soportando durante años el paso de camiones y ahora están muy
estropeadas. Además critican la instalación de un sistema de canalización
de aguas en el entorno del cementerio, porque las parrillas que se
colocaron no son seguras y pueden causar un accidente. La suciedad de las
fachadas de Campomanes es ya una antigua reivindicación. Los vecinos
aseguran que el polvo que levantaban los camiones a su paso ensuciaron
las paredes de las viviendas de la carretera general. El párroco de la
localidad ha pintado la fachada de la iglesia en dos ocasiones: 'Y nunca
me dieron nada', se queja.
Campomanes siempre se ha llevado la peor parte en la construcción de
grandes infraestructuras. Primero sufrió la autopista del Huerna (AP-66),
que durante años puso en peligro el cementerio de la localidad por la
filtración de aguas. La obra de la Variante, dicen ahora los vecinos,
también ha dejado una cicatriz dificil de borrar. El pueblo que es nexo
de unión del Valle del Huerna y Pajares, medioambientalmente ha sido muy
deteriorado en sus alrededores.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Qué medidas reparadoras urgentes piensan tomar el Gobierno y ADIF para
resarcir los daños causados en Campomanes (Pols de Lena, Asturias), por
las obras de la variante ferroviaria de Pajares, tales como el deterioro
de las calles y carreteras, la filtración de aguas en el cementerio o la
suciedad de las fachadas ocasionada por el polvo que levantaban los
camiones a su paso por el casco urbano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/048681
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita, sobre apertura de expediente
disciplinario al teniente coronel Antonio Tejero Díez por vulneración del
Reglamento disciplinario de la Guardia Civil.
El 18 de febrero de 2014, cinco días antes del 33 aniversario del golpe de
Estado del 23-F y para 'festejar' el que fue un claro ataque a la
Constitución y la legalidad, con el que se secuestró y se puso en peligro
la vida del Gobierno de la nación y de los 350 Diputados de la
legislatura, en el cuartel del Grupo Rural número 1 de Guardia Civil
Rural, con sede en Valdemoro (Madrid), se le ofreció el pasado día 18 de
febrero una 'paella homenaje' al ex teniente general de la Guardia Civil,
Antonio Tejero, el autor del asalto al Congreso de los Diputados y uno de
los miembros destacados de la cúpula del Golpe de Estado del 23-F por el
que fue condenado y expulsado de la Guardia Civil.
Además de ordenar a varios agentes de la Guardia Civil que estaban de
guardia la elaboración de la paella y servirla, el teniente coronel
Tejero Díez ordenó la organización de una exhibición de vehículos y
materiales del GRS, todo ello al margen de las normas.
Un homenaje que organizó el hijo de Tejero, el teniente Coronel Antonio
Tejero Díez, que estaba al mando del citado Grupo Rural de la Benemérita,
cargo del que ha sido destituido por el Ministro de Interior.
El régimen disciplinario de la Guardia Civil tipifica como falta grave 'la
realización de actos irrespetuosos o la emisión pública de expresiones o
manifestaciones contrarias al ordenamiento constitucional', y como falta
grave, el 'ordenar a los subordinados la ejecución de prestaciones de
tipo personal ajenas al servicio'. Sin embargo, la Dirección General de
la Guardia Civil no ha abierto al día de hoy expediente disciplinario al
Teniente Coronel.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué razón la Dirección General de la Guardia Civil todavía no ha
abierto expediente disciplinario al Teniente Coronel Tejero Díez por la
realización de un acto irrespetuoso con la legalidad vigente y por
ordenar a sus subordinados la ejecución de prestaciones de tipo personal
ajenas al servicio, actos considerados como faltas graves por el régimen
disciplinario de la Guardia Civil?
2. ¿Piensa el Gobierno abrir expediente disciplinario al Teniente General
Tejero Díez?
3. ¿Qué efectos surtirá en la hoja de servicios del Teniente Coronel
Tejero Díez el homenaje a golpistas como el ex Teniente General Tejero
Molina y el ex Capitán Jesús Muñecas?
4. ¿Cuáles son los nombres, apellidos y cargos actuales o pasados de los
militares y ex militares que participaron en este acto de enaltecimiento
del golpismo?
5. ¿Piensa el Gobierno solicitar a la Fiscalía que investigue los hechos
y, en su caso, se depuren las responsabilidades penales correspondientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/048682
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
En la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas
de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación
oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, se
vienen a recoger una serie de principios generales dirigidos a facilitar,
entre otros, la accesibilidad universal de las personas con sordas, con
discapacidad auditiva y sordociegas a los distintos entornos, procesos,
bienes, productos y servicios, con el objetivo de que su vida pueda ser
más segura, cómoda, autónoma y natural posible.
En su artículo 14 referente al aprendizaje, conocimiento y uso de las
lenguas de signos españolas en los medios de comunicación social,
telecomunicaciones y sociedad de la información, se recoge que los
poderes públicos garantizarán las medidas necesarias para que los medios
de comunicación social, de conformidad con lo previsto en su regulación
específica, sean accesibles a las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas mediante la incorporación de las lenguas de signos
españolas. Así
mismo indica que se establecerán las medidas necesarias para incentivar el
acceso a las telecomunicaciones en lenguas de signos españolas
En cuanto al artículo 23 referente al aprendizaje y conocimiento de los
medios de apoyo a la comunicación oral en los medios de comunicación
social, telecomunicaciones y sociedad de la información se vuelve a
recoger que los poderes públicos promoverán las medidas necesarias para
que los medios de comunicación social de titularidad pública o con
carácter de servicio público, de conformidad con lo previsto en su
regulación específica sean accesibles a las personas sordas, con
discapacidad auditiva y sordociegas a través de medios de apoyo a la
comunicación oral. También que se establecerán las medidas necesarias
para incentivar el acceso a las telecomunicaciones a través de medios de
apoyo a la comunicación oral y la subtitulación.
Por último en la Disposición final cuarta. Facultades de ejecución y
desarrollo. Se recoge que el Gobierno elaborará, específicamente, un
reglamento que desarrolle la utilización de la lengua de signos española,
así como los apoyos para cualquier tipo de ayuda técnica que contribuya a
la eliminación de las barreras de comunicación para la integración social
de las personas sordas con discapacidad auditiva o sordociegas.
La realidad es que aún hoy en día, muchos ciudadanos y ciudadanas con
deficiencias auditivas profundas no pueden seguir muchos programas o
series de TV porque las cadenas de televisión en su programación en
directo o no tienen intérpretes de lenguaje de signos, o no subtitulan
los contenidos y los que cuelgan en Internet o en sus aplicaciones de
Smart TV una vez emitido el programa en cuestión tampoco contienen
subtítulos. Todo ello les origina grandes problemas al impedirles estar
plenamente informados o seguir los mismos adecuadamente.
Este problema se podría solucionar fácilmente si las cadenas de televisión
en su distintos programas utilizaran profesionales de la lengua de signos
o bien subtitularan éstos una vez se han emitido para colgarlos
posteriormente en Internet ya tratados de esta forma. Seria una manera
muy simple de facilitar y hacer más amena la vida a un buen número de
personas. Un pequeño esfuerzo para reducir las barreras y mejorar la
integración de ciudadanos y ciudadanas con esta discapacidad que podrían
acceder a otras oportunidades que brindan las nuevas tecnologías. RTVE ya
ha comenzado a subtitular sus programas en Internet.
En ningún caso estimamos que ello debiera suponer unos esfuerzos
extraordinarios para las cadenas de TV que incluso podrían ver mejorados
sus impactos publicitarios.
¿Piensa adoptar el Gobierno alguna medida destinada a facilitar a las
personas con deficiencias auditivas profundas el acceso a los contenidos
de los programas o series de TV de las distintas cadenas de televisión?
¿Estima el Gobierno que esta sería una forma de facilitar y hacer más
amena la vida a este grupo de ciudadanos que verían reducidas las
barreras y mejorada la posibilidad de integración en la sociedad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Ascensión de
las Heras Ladera, Diputada.
184/048683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
del Congreso de los Diputados, la Diputada que suscribe formula las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
El Despido Colectivo en la empresa pública Grupo Tragsa, planteado por la
dirección del Grupo al amparo del artículo 51 del Estatuto de los
Trabajadores y que implica a las empresas Tragsa y Tragsatec, puede
acabar por ser el de mayor envergadura emprendido en una compañía de
propiedad estatal.
A día de hoy, sin considerar aquéllas encomiendas de gestión cuya
ejecución ya ha finalizado, en Tragsatec existen 39 encomiendas activas
sin trabajadores asignados con un presupuesto total neto de 5,9 millones
de euros.
¿Cómo es posible que la dirección del Grupo Tragsa esté cobrando de las
Administraciones públicas por unas encomiendas de gestión asignadas a
Tragsatec en las que nadie está trabajando?
¿Por qué motivos la dirección del Grupo está despidiendo trabajadores de
Tragsatec que son necesarios para llevar a cabo las encomiendas que están
siendo desatendidas mientras se cobra a las Administraciones públicas por
ello?
¿Qué valoración hace el Gobierno sobre la pérdida de calidad de los
trabajos y los efectos que supondría la reducción de trabajadores que se
dedican a labores de medio ambiente, agricultura, ganadería, pesca o
atención a emergencias y que podría dar lugar a daños irreversibles en
forma de epidemias, plagas, incendios o contaminación?
¿Piensa el Gobierno buscar soluciones alternativas a los despidos en las
empresas públicas españolas de igual forma que se proponen en el caso de
empresas privadas, como por ejemplo Coca-Cola?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Ascensión de
las Heras Ladera, Diputada.
184/048684
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito relativa al a la necesidad de poseer el Título Oficial de
Psicología General Sanitaria para acceder a la formación especializada de
Psicología Clínica.
El 10 de marzo de 2005, la Comisión de Recursos Humanos del Sistema
Nacional de Salud, aprobó un documento de su entonces Comisión Técnica de
Formación Especializada en el que se analizaba en profundidad la
situación de la psicología en el sector sanitario como consecuencia de la
reivindicación, liderada fundamentalmente por la Organización Colegial de
Psicólogos y por las facultades de psicología, relativa a la modificación
de la LOPS a fin de incorporar en la misma a los licenciados en
psicología como profesión sanitaria titulada y regulada.
Una de las conclusiones más importantes de este informe está en el
posicionamiento común de todas las administraciones sanitarias sobre la
no consideración de la psicología como profesión sanitaria titulada y
regulada, por estimar que su carácter polivalente determinaba un escaso
peso de las materias clínicas en los planes de estudio de psicología, sin
perjuicio de poder reconsiderar esta posición en el marco de las
modificaciones que previsiblemente se iban a introducir en dichos
estudios como consecuencia de la incorporación al Espacio Europeo de
Enseñanza Superior .
Esta conclusión fue ratificada posteriormente por el Consejo Asesor de
Sanidad mediante informe de 22 de diciembre de 2005, así como por la
Comisión Nacional de la Especialidad y también era razonada por las
asociaciones científicas y/o profesionales más representativas del sector
como son la AEPCP (Asociación Española de Psicología Clínica y
Psicopatología), la AEN (Asociación Española de Neuropsiquiatría), ANPIR
(Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes), y Mesa Galega
da Psicoloxia Clínica.
El título de grado en psicología implantado en diversas facultades como
consecuencia de las previsiones contenidas en el Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, que establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, no ha modificado el panorama antes descrito ya
que no solo se ha seguido manteniendo el carácter polivalente y
generalista al que antes se ha hecho referencia, sino que además, al
reducirse la duración del grado con respecto a la licenciatura (de 5 a 4
años equivalente a 240 créditos ECTS), dicho título de grado tiene un
número todavía más reducido de créditos vinculados con la atención a la
salud.
El reconocimiento de que no toda la psicología podía ser considerada
sanitaria también fue asumido por el Colegio Oficial y la Conferencia de
Decanos una vez que se reguló el ejercicio no especializado generalista
del psicólogo sanitario y se definió, en el marco de la reforma de los
estudios universitarios, una vía para su capacitación (es el Máster en
Psicología Sanitaria que da origen a un profesional sanitario generalista
que es el Psicólogo General Sanitario -PGS-).
Por tanto, se reconocen dos niveles de formación relacionados con la
psicología de la salud:
- El primer nivel, estaría integrado por el título de grado en psicología
(que no capacita ni habilita para el ejercicio sanitario de la profesión)
más el master profesional antes citado (es decir 6 años de formación) que
serían necesarios para ejercer la psicología general en el ámbito de la
salud, lo que permitiría la intervención de estos nuevos profesionales
sanitarios en aspectos del comportamiento humano y sus alteraciones
relacionadas con la salud, siempre que no requieran una atención
especializada.
- El segundo nivel, estaría integrado por los psicólogos especialistas en
psicología clínica cuya formación actual es de cuatro años. Este segundo
nivel se correspondería con el más avanzado que existe en los países de
nuestro entorno cultural como Reino Unido, Italia, Alemania, Suecia,
EE.UU, Canadá, y en varios países de Iberoamérica, en los que la
formación total para el ejercicio de la psicología clínica supera
ampliamente los ocho años totales de formación.
- La insuficiente formación sanitaria obtenida por el graduado en
psicología se encuentra en la base de su no habilitación como profesional
sanitario, sin embargo, si accede al sistema PIR con la actual regulación
deberá asumir responsabilidades asistenciales sanitarias, creándose de
hecho una situación absurda (no puede ejercer como sanitario, pero deberá
hacerlo como Residente de formación especializada y progresivamente con
mayor grado de autonomía hasta alcanzar el carácter de sanitario al
finalizar el PIR, al menos cuatro años después de comenzarlo). Ello
encierra incertidumbres legales, además de suponer un riesgo para la
calidad asistencial de su actuación como consecuencia de su débil
formación previa (Grado).
- En síntesis: se ha alcanzado un desarrollo legal que ha permitido
reconocer el ejercicio generalista en psicología sanitaria, pero
permanece pendiente la regulación coherente para acceder a la formación
especializada en Psicología Clínica. En el colectivo profesional y
académico de la psicología existe unanimidad al proponer el acceso al PIR
desde la condición de psicólogo general sanitario (es decir, con el
máster en psicología sanitaria realizado). Siguen produciéndose
propuestas en este sentido por parte de los órganos asesores de la
Administración sanitaria, y se están creando tensiones por la lentitud en
la resolución de esta cuestión.
La Comisión Nacional de la especialidad, la Organización Colegial de
Psicólogos, las asociaciones del sector y la Conferencia de Decanos de
Facultades de psicología, consideran que el Máster universitario del
primer nivel debería ser necesario para acceder a la formación de
especialistas en psicología clínica, con lo que la duración total de
estos estudios sería, por tanto, de 10 años (cuatro del grado + dos del
Master + cuatro de la especialidad). Las organizaciones citadas
consideran que dicho planteamiento es una consecuencia lógica de la
formación básica del grado, de la generalista sanitaria del máster y de
la especializada del PIR, y se correspondería con un carácter secuencial
y sucesivo de los tres niveles de formación a los que se ha hecho
referencia, que reflejan una jerarquización de los mismos.
Recientemente, en octubre de 2013, en el Libro Blanco sobre los Recursos
Humanos del sistema sanitario encomendado por acuerdo del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a la Universidad Rey Juan Carlos
en colaboración con el Consejo Asesor de Sanidad se recomienda en
relación a la psicología en el ámbito sanitario especializado lo
siguiente:
'Es evidente, de otra parte, que se debería exigir el título que habilita
como psicólogo general sanitario para poder acceder a la especialización
en psicología clínica' (pag. 78).
El ejercicio de la psicología en el ámbito de la salud requiere la acción
de las administraciones sanitarias y educativas, y ha de atenderse para
ello a la configuración de los nuevos estudios universitarios de grado y
post-grado, la formación del psicólogo básico en los países de nuestro
entorno tomando en consideración el diploma europeo de psicología, y al
papel de los psicólogos especialistas en psicología clínica como
profesional específicamente responsable de proporcionar las prestaciones
referidas a los aspectos clínicos de la psicología que se encuentren
incluidas en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de
Salud, conforme se encuentra regulado en la Disposición Adicional Sexta.4
de la Ley 5/2011, de Economía Social ('BOE' 30-3-11) y la Disposición
Adicional Séptima.4 de la Ley 33/2011, General de Salud Pública ('BOE'
5-10-11).
Si, como recoge la Ley General de Salud pública antes citada, la profesión
de Psicólogo General Sanitario, se crea porque 'El título de Grado en
Psicología (....) no habilita(rá), por sí mismo, para el
ejercicio de la Psicología en el sector sanitario...', no se puede
entender, ni se justifica, que para el acceso a la Especialidad de
Psicología Clínica, que representa un nivel mayor de complejidad,
responsabilidad, diversidad de funciones profesionales y ámbitos en los
que llevarlas a cabo, no se requiera haber adquirido previamente los
conocimientos, habilidades, competencias y habilitación legal necesarias
para trabajar de forma responsable en el ámbito sanitario general de la
Psicología, que proporciona la profesión de Psicólogo General Sanitario.
Sostener el acceso a la formación especializada para psicólogos desde un
Grado no sanitario, es incongruente con el modelo formativo actual que
rige para los especialistas sanitarios que tienen responsabilidades
asistenciales directas y unipersonales (es decir, que toman decisiones
sobre la salud de las personas). Debe aplicarse para la Psicología
sanitaria el mismo criterio que se aplica para Medicina y Enfermería, y
no deben introducirse excepciones que distorsionen la lógica interna de
los contenidos del modelo formativo actual de especialistas que rige en
España.
Además comienzan a plantearse en el sector profesional iniciativas
expresivas de malestar por la lentitud de la Administración en resolver
esta cuestión a pesar de las promesas expresadas por los dos últimos
Directores Generales de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad.
Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:
¿No considera el Gobierno que para acceder a la formación especializada de
Psicología Clínica, mediante el sistema de residencia, debería ser
necesaria la posesión del Título Oficial de Psicología General Sanitaria?
De no ser así, ¿A qué se debería?
¿Conoce el Gobierno el posicionamiento unánime que, desde todos los
ámbitos relacionados con la Psicología existe en relación a este asunto?
¿No considera el Gobierno que es necesario y urgente atender sus
demandas?
¿Prevé el Gobierno medidas legislativas para resolver esta cuestión? En
caso afirmativo, ¿De qué medidas se trata? ¿Cuándo se llevarían a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-M.ª Olaia
Fernández Davila, Diputada.
184/048685
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su
Diputada Irene Lozano Domingo, y al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre
la intención del Gobierno de ascender a General de Brigada al Coronel
Roberto Villanueva Barrios.
Exposición de motivos
Este Grupo Parlamentario ha tenido conocimiento que el Coronel Roberto
Villanueva Barrios ha sido elegido como candidato para el ascenso al
empleo de General de Brigada. El Coronel es compañero de promoción del
también Coronel José de Lezcano-Mújica, condenado por un delito consumado
de abuso de autoridad en su modalidad de trato degradante y otro por
abuso de autoridad en su modalidad de maltrato de obra a subordinado, en
la persona de la Capitán Zaida Cantera de Castro.
En la Comisión de Defensa del 29 de octubre de 2013, la Portavoz de este
Grupo Parlamentario ya señaló que tras la sentencia, la Capitán Zaida
Cantera de Castro cumplía servicio con normalidad en una unidad en
Sevilla hasta que: 'Tuvo la mala fortuna de que llegara a esa unidad un
compañero de promoción del acosador, el Coronel Villanueva Barrios, que
comenzó en ese momento un acoso de otro tipo, no acoso de carácter
sexual, sino acoso laboral, mobbing en toda regla. Esto se traduce en
distintos hechos, desde denegación de vacaciones, denegación de permisos,
hasta que ella pidiera traslados a otras unidades y que se los denegaran,
a pesar de contar con la aprobación de las unidades de destino, para
impedirle marcharse y poder seguir acosándola y sometiéndola a esa
presión psicológica. Comienza un proceso de hostigamiento que llega
incluso a casa de la capitán, porque ella, finalmente, después de cuatro
años, tiene que pedir una baja psicológica, y este coronel, sin ningún
miramiento, envía a su casa
cartas certificadas dándole órdenes prohibiéndole salir de su casa y
llevando a cabo todo tipo de maniobras para amedrentarla y acosarla. No
contento con eso, solicita un IPEC, un informe personal de calificación,
un informe de evaluación extraordinario, a pesar de que la capitán había
pasado tres meses antes el IPEC ordinario con excelentes resultados, y,
casualmente, lo cual revela también la arbitrariedad de estos métodos,
ese IPEC sale con un resultado especialmente desfavorable, de tal manera
que el acoso laboral está transmitiendo el mensaje nítidamente, es decir,
no solo vamos a buscar el hundimiento psicológico de esta capitán sino
también el hundimiento profesional, porque el poder de los compañeros de
promoción y de los amigos del acosador es infinito comparado al que la
capitán tiene para diseñar y dirigir su propia carrera profesional'.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Tiene intención el Gobierno de ascender a General de Brigada al
Coronel Roberto Villanueva Barrios?
2. ¿Considera el Gobierno que en el Ejército de Tierra no hay candidatos
mejores para el ascenso que el Coronel Roberto Villanueva Barrios? ¿No
hay disponible ningún candidato que no se haya visto envuelto en un caso
tan turbio de mobbing laboral relacionado con acoso sexual?
3. En caso de que el Gobierno haya decidido ascender a este Coronel
¿podría explicar cómo se ha valorado el comportamiento de este Coronel
para con sus subordinados?
4. ¿Considera el Gobierno que el ascenso de este Coronel transmite a los
miembros de nuestras Fuerzas Armadas el mensaje adecuado sobre que
actitudes y méritos son recompensados por el Consejo de Ministros? ¿Qué
valores promueve el Gobierno en el Seno de las Fuerzas Armadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Irene Lozano
Domingo, Diputada.
184/048686
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.
El Gobierno prometió en agosto de 2013 públicamente, a través del
Secretario de Estado de Cultura, la aprobación del anteproyecto de Ley
del Mecenazgo antes de 2014. Sin embargo, encontrándonos a punto de
finalizar el primer trimestre de 2014 esta promesa pública no se ha
cumplido.
Por todo lo anteriormente expuesto, pregunto:
¿Cuándo tiene el Gobierno previsto aprobar el anteproyecto de Ley del
Mecenazgo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Joan Baldoví
Roda, Diputado.
184/048687
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.
El Informe de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Para la
Sociedad de la Información sobre el cumplimiento en el Ejercicio 2011,
por parte de los Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual
Televisiva, de la obligación de financiación anticipada de la producción
europea de películas cinematográficas, películas y series para
televisión, documentales y series de animación, contenida en el artículo
5, apartado 3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, afirma en sus
conclusiones lo siguiente:
'Y en cuanto a la dimensión cultural de la actividad cinematográfica y
audiovisual, no es suficiente apoyar solo la producción. Las películas
españolas independientes necesitan ser apoyadas en la
distribución y promoción frente a las producciones extranjeras y, sobre
todo, americanas, que cuentan con el control de acceso a las salas y
potentes medios de promoción.
Por ello sería interesante que la relación entre el cine y la televisión
no solo guardara un mayor equilibrio entre inversión directa en
producción y compra de derechos, sino que también abarcara las distintas
fases del ciclo de vida de una película desde la producción, donde las
televisiones pueden aportar valor económico y visión de mercado, hasta la
promoción y publicidad a través de sus canales, el acceso a circuitos de
distribución, la retransmisión televisiva y la explotación comercial por
otras vías que permitan el retomo de las inversiones.'
Por todo lo anteriormente expuesto, pregunto:
¿Tiene previsto el Gobierno adoptar alguna medida para atender las
recomendaciones que contienen estas conclusiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Joan Baldoví
Roda, Diputado.
184/048688
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
La Comisión del Cine creada para el estudio de un nuevo modelo de
financiación cinematográfica anunció en diciembre de 2013 públicamente un
acuerdo sobre los incentivos fiscales, pasando las deducciones a ser del
18 % actual a al menos el 25 %.
En otros países de nuestro entorno como Francia el tipo es del 36 % y en
Alemania del 40 %. Según la Spain Film Commission España pierde el 80 %
de los rodajes precisamente por tener deducciones muy inferiores a las
existentes en otros países. La situación actual impide competir con
países de nuestro entorno a la hora de elegir el destino de los rodajes.
La gran excepción es Gran Canaria que cuenta con una serie de incentivos
fiscales para las producciones cinematográficas que al parecer puede
abarcar hasta el 38 % del total del gasto realizado en la producción
cinematográfica.
Como es bien sabido la industria audiovisual genera empleo directo e
indirecto movilizando el sector servicios.
Por todo lo anteriormente expuesto, pregunto:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno poner en marcha esta medida de
incremento de los incentivos fiscales a la producción cinematográfica?
¿Cuál será el porcentaje de deducción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Joan Baldoví
Roda, Diputado.
184/048689
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
El viernes 21 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto
que permite a Nuclenor, titular de la central nuclear de Santa María de
Garoña (Burgos), solicitar la renovación de su licencia para volver a
generar electricidad después de llevar parada desde diciembre de 2012.
Solo cinco días después, el 26 de febrero, el presidente del Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti Scharfhausen,
comunicó al pleno del organismo supervisor una sorpresiva decisión:
destituir fulminantemente a los dos principales responsables que el CSN
tiene para Garoña: Inmaculada Córdoba, jefa de servicio durante casi 20
años y responsable máxima del supervisor nuclear en la planta, y Alfredo
Mozas, inspector residente.
Por todo ello, pregunto:
¿Tenía el Gobierno conocimiento de estos ceses?
¿Cuáles son los motivos que han causado estos ceses repentinos e
inesperados?
¿Están relacionados con el objetivo del Gobierno de forzar la reapertura
de la central nuclear de Garoña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Joan Baldoví
Roda, Diputado.
184/048690
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
El Diputado que subscribe, registró una serie de preguntas el día 17 de
noviembre de 2013, con número 82867 en el Registro General de Entrada. La
contestación la remitió el Gobierno el 20 de diciembre del mismo año, con
número de registro 111047. Sin embargo, algunos aspectos no fueron
suficientemente aclarados, a mi entender.
Es por ello que pregunto:
En el año 2011 la inversión material de la Autoridad Portuaria de Valencia
alcanza la cifra de 60.974.000 , mientras que la deuda se incrementa en
74.016.000 , ¿a qué es debido este desajuste entre inversión y deuda?
En cuanto a la concesión de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) con
la Unión de Levante.
¿Cuál ha sido la tasa anual, tasa unitaria (es decir por m2) y superficie
de la concesión, desde 1993 hasta el ejercicio 2013 de cada una de las
concesiones?
En cuanto a la concesión de la Escuela de Aprendices.
¿Qué objeto tenía la concesión?
¿Para qué objeto utilizó la Escuela de Aprendices la empresa
concesionaria, hasta su extinción?
¿Qué empresa realizo la tasación de la indemnización por extinguir
anticipadamente?
¿Cuál fue el acuerdo entre APV y concesionaria para su extinción?
¿Cuál era la fecha estimada de finalización de la concesión?
¿En qué situación se encontraba el edificio cuando se extinguió la
concesión?
¿Era su estado original?
¿El contrato de la concesión contemplaba algún tipo de indemnización
respecto al estado del edificio?
¿Qué garantías se le exigió a las empresas CYES y TPS por la concesión
obtenida en el Puerto de Sagunto en 2007 para la construcción de la nueva
terminal?
¿Se ejecutaron estas garantías?
En caso de respuesta negativa, de esta garantía ¿qué parte se le devolvió
a CYES y TPS con la extinción del contrato en 2011?
¿Por qué motivo?
¿Cuál era el canon total y unitario (por m2) de esta concesión?
¿En qué condiciones se resolvió la extinción?
Respecto a las concesiones a Noatum Ports Valencia, SL, y TCV Stevedoring
Company, SA.
¿Cuál ha sido la tasa anual de ocupación, tasa unitaria (es decir por m2)
y superficie de la concesión, desde el inicio hasta el ejercicio 2013 de
cada una de las concesiones y en cada uno de las anualidades?
¿Cuál ha sido la tasa de actividad de las concesiones desde el inicio
hasta 2013?
¿Algún año no se ha cumplido el movimiento anual comprometido en alguna de
las concesiones?
¿En qué años?
¿Qué consecuencias ha tenido el incumplimiento?
En cuanto a la Fundación Valencia Port que recibió 17,37 millones de euros
de la APV entre 2004 y 2012 ¿cuál fue la aportación de la APV a la
Fundación en el año 2013?
¿La Fundación forma parte del sector público?
¿Qué otros ingresos tuvo la Fundación a parte de las aportaciones de la
APV? ¿Qué procedimientos utiliza la Fundación para contratar con empresas
y al personal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Joan Baldoví
Roda, Diputado.
184/048691
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
El Informe de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Para la
Sociedad de la Información sobre el cumplimiento en el Ejercicio 2011,
por parte de los Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual
Televisiva, de la obligación de financiación anticipada de la producción
europea de películas cinematográficas, películas y series para
televisión, documentales y series de animación, contenida en el artículo
5, apartado 3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, afirma lo siguiente:
'La financiación computada en cine, tal como se ha señalado anteriormente
y se observa en la tabla precedente, alcanzó casi los 106 millones de
euros y supuso una reducción del 20,37 % con respecto al ejercicio
anterior. También se observa que, en conjunto, no se ha cumplido con la
obligación, presentando un déficit de cerca de 5 millones de euros. El
71,05 % de esta inversión fue realizada por los prestadores de televisión
habituales, siendo el mayor inversor RTVE con un importe de 31,5 millones
de euros, seguido de MEDIASET con 30 millones de euros. El mayor
excedente lo ha generado MEDIASET por importe de 2,6 millones de euros,
seguido de RTVE que no llega a un millón de euros. La tasa promedio de
inversión resultante ha caído de 4,52 % en 2010 a 3,16 % en 2011.
Cuatro han sido los prestadores que no han cumplido con esta obligación en
2011 y que dado su abultado déficit no podrán compensar la inversión
faltante en el próximo ejercicio. Dentro de ellos es DTS el que presenta
un déficit más elevado.
Siete de los prestadores de televisión no han dado cumplimiento a la
obligación de financiación de cine en el ejercicio 2010 y uno en 2011,
dado que no han logrado compensar el déficit correspondiente al mismo,
por lo que la CIS ha decidido informar al Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, de este incumplimiento.'
A raíz de los incumplimientos correspondientes al ejercicio anterior 2010,
el Ministerio de Industria anunció la apertura de expediente sancionador
a Sogecable y a Cosmopolitan TV por sus incumplimientos sobre inversión
obligatoria en cine. El resto de incumplidores no fueron objeto de
apertura de expediente a la expectativa de la compensación para el
siguiente ejercicio.
Por todo lo anteriormente expuesto, pregunto:
¿Se ha procedido a la apertura de expediente sancionador a los prestadores
de televisión que han incumplido su obligación legal de financiación
anticipada de la producción europea de películas cinematográficas
contenida en la Ley 7/2010, de 31 de marzo?
¿Qué medidas tiene previsto el Gobierno llevar a cabo para garantizar el
cumplimiento de la obligación legal de financiación anticipada de la
producción europea de películas cinematográficas contenida en la Ley
7/2010, de 31 de marzo?
¿Cómo finalizaron los expedientes sancionadores correspondientes a los
incumplimientos del ejercicio 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Joan Baldoví
Roda, Diputado.
184/048692
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María González Veracruz, don Pedro Saura García, Diputados por
Murcia, y doña Guadalupe Martín González, Diputada por Toledo,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para
que sean contestadas por escrito.
Preguntas
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha diciembre de 2013, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005, diferenciadas por provincias, en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia?
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha enero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005, diferenciadas por provincias, en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia?
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha febrero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005, diferenciadas por provincias, en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2014.-María González
Veracruz, Pedro Saura García y María Guadalupe Martín González,
Diputados.
184/048693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Guadalupe Martín González, Diputada por Toledo y doña María
Luisa Carcedo Roces, Diputada por Asturias, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que sean contestadas
por escrito.
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha diciembre de 2013, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005, en la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias?
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha enero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005, en la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias?
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha febrero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005, en la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-María
Guadalupe Martín González y María Luisa Carcedo Roces, Diputadas.
184/048694
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Segura Clavell, Diputado por Santa Cruz de Tenerife, y doña
Guadalupe Martín González, Diputada por Toledo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formulan las siguientes preguntas escritas:
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha diciembre de 2013, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005 en la Comunidad Autónoma de Canarias?
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha enero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005 en la Comunidad Autónoma de Canarias?
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha febrero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005 en la Comunidad Autónoma de Canarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2014.-José Segura
Clavell y María Guadalupe Martín González, Diputados.
184/048695
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Eduardo Madina Muñoz, Diputado por Vizcaya y doña Guadalupe Martín
González, Diputada por Toledo, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas para que sean contestadas por escrito.
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha diciembre de 2013, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005 en la Comunidad Autónoma del País Vasco?
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha enero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005 en la Comunidad Autónoma del País Vasco?
- ¿Cuál fue el número de tarjetas Sanitarias a fecha febrero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005 en la Comunidad Autónoma del País Vasco?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2014.-Eduardo Madina
Muñoz y María Guadalupe Martín González, Diputados.
184/048696
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Delia Blanco Terán, Diputada por Madrid, y doña Guadalupe Martín
González, Diputada por Toledo, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan
las siguientes preguntas escritas:
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha diciembre de 2013, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005 en la Comunidad Autónoma de Madrid?
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha enero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005 en la Comunidad Autónoma de Madrid?
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha febrero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005 en la Comunidad Autónoma de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2014.-Rosa Delia
Blanco Terán y María Guadalupe Martín González, Diputadas.
184/048697
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel y doña Guadalupe Martín
González, Diputada por Toledo, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito:
¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha diciembre de 2013, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005, diferenciadas por provincias, en la
Comunidad Autónoma de Aragón?
¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha enero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005, diferenciadas por provincias, en la
Comunidad Autónoma de Aragón?
¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha febrero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005, diferenciadas por provincias, en la
Comunidad Autónoma de Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Vicente
Guillén Izquierdo y María Guadalupe Martín González, Diputados.
184/048698
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Albert Soler Sicilia, doña Esperança Esteve Ortega, Diputados por
Barcelona y doña Guadalupe Martín González, Diputada por Toledo,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para
que sean contestadas por escrito.
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha diciembre de 2013, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005, diferenciadas por provincias, en la
Comunidad Autónoma de Cataluña?
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha enero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005, diferenciadas por provincias, en la
Comunidad Autónoma de Cataluña?
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha febrero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005, diferenciadas por provincias, en la
Comunidad Autónoma de Cataluña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Albert Soler
Sicilia, Esperança Esteve Ortega y María Guadalupe Martín González,
Diputados.
184/048699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pablo Martín Peré, don Guillem García Gasulla y doña Sofía Hernanz
Costa, Diputados por les Illes Balears y doña María Guadalupe Martín
González, Diputada por Toledo, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito:
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha diciembre de 2013, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005, diferenciadas por provincias, en les Illes
Balears?
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha enero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005, diferenciadas por provincias, en les Illes
Balears?
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha febrero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, cpn códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005, diferenciadas por provincias, en les Illes
Balears?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Pablo Martín
Peré, Guillem García Gasulla, Sofía Hernanz Costa y María Guadalupe
Martín González, Diputados.
184/048700
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez y doña María Guadalupe Martín González,
Diputados por Toledo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha diciembre de 2013,
de activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos
aplicados TSI 001, 002, 003, 004, 005, diferenciadas por provincias, en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha?
2. ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha enero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005, diferenciadas por provincias, en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha?
3. ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha febrero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005, diferenciadas por provincias, en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Alejandro
Alonso Núñez y María Guadalupe Martín González, Diputados.
184/048701
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Puerto Gallego Arriola, Diputada por Cantabria, y doña
Guadalupe Martín González, Diputada por Toledo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que sean contestadas
por escrito.
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha diciembre de 2013, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005 en la Comunidad Autónoma de Cantabria?
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha enero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005 en la Comunidad Autónoma de Cantabria?
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha febrero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005 en la Comunidad Autónoma de Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-María del
Puerto Gallego Arriola y María Guadalupe Martín González, Diputadas.
184/048702
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, don Joaquín Puig
Ferrer, Diputado por Castellón, doña María Guadalupe Martín González,
Diputada por Toledo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha diciembre de 2013, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005, diferenciadas por provincias, en la
Generalitat Valenciana?
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha enero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004,005, diferenciadas por provincias, en la
Generalitat Valenciana?
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha febrero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005, diferenciadas por provincias, en la
Generalitat Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2014.-Herick Manuel
Campos Arteseros, Joaquín Francisco Puig Ferrer y María Guadalupe Martín
González, Diputados.
184/048703
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez, Diputada por Badajoz, doña Leire
Iglesias Santiago, Diputada por Cáceres, y doña Guadalupe Martín
González, diputada por Toledo, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
1. ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha diciembre de 2013,
de activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos
aplicados TSI 001, 002, 003, 004, 005, diferenciadas por provincias, en
la Comunidad Autónoma de Extremadura?
2. ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha enero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005, diferenciadas por provincias, en la
Comunidad Autónoma de Extremadura?
3. ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha febrero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005, diferenciadas por provincias, en la
Comunidad Autónoma de Extremadura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-María Soledad
Pérez Domínguez, Leire Iglesias Santiago y María Guadalupe Martín
González, Diputadas.
184/048704
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, y doña Guadalupe
Martín González, Diputada por Toledo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que sean contestadas
por escrito:
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha diciembre de 2013, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005 en la Comunidad Autónoma de Galicia?
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha enero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005 en la Comunidad Autónoma de Galicia?
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha febrero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005 en la Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Guillermo
Antonio Meijón Couselo y María Guadalupe Martín González, Diputados.
184/048705
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, y doña Guadalupe
Martín González, Diputada por Toledo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean
contestadas por escrito.
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha diciembre de 2013, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005, diferenciadas por provincias, en la
Comunidad Autónoma de Andalucía?
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha enero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005, diferenciadas por provincias, en la
Comunidad Autónoma de Andalucía?
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha febrero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005, diferenciadas por provincias, en la
Comunidad Autónoma de Andalucía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-María
Guadalupe Martín González y Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputados.
184/048706
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por Palencia, y doña María
Guadalupe Martín González, Diputada por Toledo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean
contestadas por escrito:
¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha diciembre de 2013, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005, diferenciadas por provincias, en Castilla y
León?
¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha enero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005, diferenciadas por provincias, en Castilla y
León?
¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha febrero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005, diferenciadas por provincias, en Castilla y
León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Julio
Villarrubia Mediavilla y María Guadalupe Martín González, Diputados.
184/048707
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Moscoso del Prado Hernández, Diputado por Navarra, y doña
Guadalupe Martín González, diputada por Toledo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que sean contestadas
por escrito.
1. ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha diciembre de 2013,
de activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos
aplicados TSI 001, 002, 003, 004, 005; diferenciadas por provincias, en
la Comunidad Foral de Navarra?
2. ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha enero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005, diferenciadas por provincias, en la
Comunidad Foral de Navarra?
3. ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha febrero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005, diferenciadas por provincias, en la
Comunidad Autónoma Foral de Navarra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Juan Moscoso
del Prado Hernández y María Guadalupe Martín González, Diputados.
184/048708
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja y doña Guadalupe Martín
González, Diputada por Toledo, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas para que sean contestadas por escrito.
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha diciembre de 2013, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005 en la Comunidad Autónoma de La Rioja?
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha enero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005 en la Comunidad Autónoma de La Rioja?
- ¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha febrero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005 en la Comunidad Autónoma de La Rioja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-César Luena
López y María Guadalupe Martín González, Diputados.
184/048709
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, y doña Guadalupe
Martín González, Diputada por Toledo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean
contestadas por escrito:
¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha diciembre de 2013, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005 en la Ciudad Autónoma de Ceuta?
¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha enero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005 en la Ciudad Autónoma de Ceuta?
¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha febrero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005 en la Ciudad Autónoma de Ceuta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-?aría Carmen
Sánchez Díaz y María Guadalupe Martín González, Diputadas.
184/048710
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid, don José Martínez Olmos,
Diputado por Granada y doña Guadalupe Martín González, Diputada por
Toledo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito:
¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha diciembre de 2013, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005 en la Ciudad Autónoma de Melilla?
¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha enero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005 en la Ciudad Autónoma de Melilla?
¿Cuál fue el número de tarjetas sanitarias a fecha febrero de 2014, de
activos y pensionistas, titulares o beneficiarios, con códigos aplicados
TSI 001, 002, 003, 004, 005 en la Ciudad Autónoma de Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Antonio
Hernando Vera, José Martínez Olmos y María Guadalupe Martín González,
Diputados.
184/048711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Rafael Larreina Valderrama, Diputado de AMAIUR, integrado en el Grupo
Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al
Gobierno sobre el apoyo y promoción al Dictador de Guinea Ecuatorial,
Teodoro Obiang, con ruego de respuesta por escrito:
Las delegaciones del Instituto Cervantes y de la Universidad Española de
Educación a Distancia (UNED) en Bruselas, dependientes del Ministerio de
Educación y Cultura, han programado, a principios de abril, sendas
conferencias en las que participará el dictador de Guinea Ecuatorial.
Desde el entorno de la UNED y del Cervantes se ha señalado que la
aprobación definitiva correspondió a la dirección de las instituciones en
Madrid. Por otro lado, el firmante de la invitación cursada para el 'acto
cultural', que tendrá lugar en el Cervantes, es el secretario general del
organismo: Rafael Rodríguez-Ponga.
Consideramos inaudito que desde instituciones estatales y con fondos
públicos se financien actos de promoción y propaganda de un dictador
responsable de importantes y numerosos vulneraciones de derechos humanos
e impulsor de operaciones de limpieza étnica encubierta con pueblos que
en la actualidad forman parte de Guinea Ecuatorial, como es el caso del
pueblo Bubi en Bioko.
Por estas razones, y además de solicitar por otras vías la suspensión y
anulación de dichos actos, presentamos para su respuesta por escrito las
siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Tenía conocimiento el Gobierno de la celebración de estas conferencias
promovidas y financiadas por entidades dependientes del Ministerio de
Educación?
2. ¿Considera el Gobierno que un estado democrático puede dar pábulo a un
dictador responsable de innumerables vulneraciones de derechos humanos?
3. ¿Qué medidas ha tomado para evitar que dichas conferencias se lleven a
cabo bajo el patrocinio del Instituto Cervantes y la Universidad Española
de Educación a Distancia?
4. ¿Cuál es el coste de dichas conferencias y a cargo de que partida
presupuestaria de dichas instituciones se piensa cargar?
5. ¿Va a tomar algún tipo de medida exigiendo responsabilidades a los
responsables de la programación de dichas conferencias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Rafael
Larreina Valderrama, Diputado.
184/048712
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Guadalupe Martín González, Diputada por Toledo y doña María
Luisa Carcedo Roces, Diputada por Asturias, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que sean contestadas
por escrito.
- Con los datos ofrecidos por el INSS cada mes ¿cuántos activos y
pensionistas, titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de
Salud de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para adjudicar
los códigos de TSI 001, 002, 003, 004, 005? Datos referidos a diciembre
de 2013.
- Con los datos ofrecidos por el INSS ¿cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para adjudicar los códigos
de TSI 001, 002, 003, 004, 005? Datos referidos a enero de 2014.
- Con los datos ofrecidos por el INSS ¿cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para adjudicar los códigos
de TSI 001, 002, 003, 004, 005? Datos referidos a febrero de 2014.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-María
Guadalupe Martín González y María Luisa Carcedo Roces, Diputadas.
184/048713
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María González Veracruz, don Pedro Saura García, Diputados por
Murcia, y doña Guadalupe Martín González, Diputada por Toledo,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para
que sean contestadas por escrito.
Preguntas
- Con los datos ofrecidos por el INSS cada mes ¿Cuántos activos y
pensionistas, titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio
Murciano de Salud para adjudicar los códigos de TSI 001, 002, 003, 004,
005? Datos referidos a diciembre de 2013.
- Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio Murciano de Salud
para adjudicar los códigos de TSI 001, 002, 003, 004, 005? Datos
referidos a enero de 2014.
- Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio Murciano de Salud
para adjudicar los códigos de TSI 001, 002, 003, 004, 005? Datos
referidos a febrero de 2014.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2014.-María González
Veracruz, Pedro Saura García y María Guadalupe Martín González,
Diputados.
184/048714
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Segura Clavell, Diputado por Santa Cruz de Tenerife y doña María
Guadalupe Martín González, Diputada por Toledo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean
contestadas por escrito.
- Con los datos ofrecidos por el INSS cada mes ¿Cuántos activos y
pensionistas, titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de
Salud de la Comunidad Autónoma de Canarias para adjudicar los códigos de
TSI 001, 002, 003, 004, 005? Datos referidos a diciembre de 2013.
- Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de la
Comunidad Autónoma de Canarias para adjudicar los códigos de TSI 001,
002, 003, 004, 005? Datos referidos a enero de 2014.
- Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de la
Comunidad Autónoma de Canarias para adjudicar los códigos de TSI 001,
002, 003, 004, 005? Datos referidos a febrero de 2014.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-María
Guadalupe Martín González y José Segura Clavell, Diputados.
184/048715
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja y doña María Guadalupe Martín
González, Diputada por Toledo, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
- Con los datos ofrecidos por el INSS cada mes ¿Cuántos activos y
pensionistas, titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de
Salud de la Comunidad Autónoma de La Rioja para adjudicar los códigos de
TSI 001, 002, 003, 004, 005? Datos referidos a diciembre de 2013.
- Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para adjudicar los códigos de TSI 001,
002, 003, 004, 005? Datos referidos a enero de 2014.
- Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para adjudicar los códigos de TSI 001,
002, 003, 004, 005? Datos referidos a febrero de 2014.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-María
Guadalupe Martín González y César Luena López, Diputados.
184/048716
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Eduardo Madina Muñoz, Diputado por Vizcaya y doña María Guadalupe
Martín González, Diputada por Toledo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean
contestadas por escrito.
- Con los datos ofrecidos por el INSS cada mes ¿Cuántos activos y
pensionistas, titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de
Salud de la Comunidad Autónoma del País Vasco para adjudicar los códigos
de TSI 001, 002, 003, 004, 005? Datos referidos a diciembre de 2013.
- Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de la
Comunidad Autónoma del País Vasco para adjudicar los códigos de TSI 001,
002, 003, 004, 005? Datos referidos a enero de 2014.
- Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de la
Comunidad Autónoma del País Vasco para adjudicar los códigos de TSI 001,
002, 003, 004, 005? Datos referidos a febrero de 2014.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2014.-Eduardo Madina
Muñoz y María Guadalupe Martín González, Diputados.
184/048717
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Delia Blanco Terán, Diputada por Madrid, y doña Guadalupe Martín
González, Diputada por Toledo, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan
las siguientes preguntas escritas:
- Con los datos ofrecidos por el INSS cada mes ¿Cuántos activos y
pensionistas, titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de
Salud de Madrid para adjudicar los códigos de TSI 001, 002, 003, 004,
005? Datos referidos a diciembre de 2013.
- Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de
Madrid para adjudicar los códigos de TSI 001, 002, 003, 004, 005? Datos
referidos a enero de 2014.
- Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de
Madrid para adjudicar los códigos de TSI 001, 002, 003, 004, 005? Datos
referidos a febrero de 2014.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2014.-Rosa Delia
Blanco Terán y María Guadalupe Martín González, Diputados.
184/048718
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel y doña Guadalupe Martín
González, Diputada por Toledo, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito:
- Con los datos ofrecidos por el INSS cada mes ¿Cuántos activos y
pensionistas, titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de
Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón para adjudicar los códigos de
TSI 001, 002, 003, 004, 005? Datos referidos a diciembre de 2013,
diferenciados por provincias
- Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de la
Comunidad Autónoma de Aragón para adjudicar los códigos de TSI 001, 002,
003, 004, 005? Datos referidos a enero de 2014, diferenciados por
provincias.
- Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de la
Comunidad Autónoma de Aragón para adjudicar los códigos de TSI 001, 002,
003, 004, 005? Datos referidos a febrero de 2014, diferenciados por
provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Vicente
Guillén Izquierdo y María Guadalupe Martín González, Diputados.
184/048719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Albert Soler Sicilia, doña Esperança Esteve Ortega, Diputados por
Barcelona y doña Guadalupe Martín González, Diputada por Toledo
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para
que sean contestadas por escrito.
- Con los datos ofrecidos por el INSS cada mes ¿Cuántos activos y
pensionistas, titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de
Salud de Cataluña para adjudicar los códigos de TSI 001, 002, 003, 004,
005? Datos referidos a diciembre de 2013, diferenciados por provincias.
- Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de
Cataluña para adjudicar los códigos de TSI 001, 002, 003, 004, 005? Datos
referidos a enero de 2014, diferenciados por provincias.
- Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de
Cataluña para adjudicar los códigos de TSI 001, 002, 003, 004, 005? Datos
referidos a febrero de 2014, diferenciados por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Albert Soler
Sicilia, Esperança Esteve Ortega y María Guadalupe Martín González,
Diputados.
184/048720
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pablo Martín Peré, don Guillem García Gasulla y doña Sofía Hernanz
Costa, Diputados por Les Illes Balears y doña M.ª Guadalupe Martín
González, Diputada por Toledo, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito:
- Con los datos ofrecidos por el INSS cada mes ¿Cuántos activos y
pensionistas, titulares y beneficiarlos se han comunicado al Servicio de
Salud de Les Illes Balears para adjudicar los códigos de TSI 001, 002,
003, 004, 005? Datos referidos a diciembre de 2013, diferenciados por
provincias.
- Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de Les
Illes Balears para adjudicar los códigos de TSI 001, 002, 003, 004, 005?
Datos referidos a enero de 2014, diferenciados por provincias.
- Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de Les
Illes Baleara para adjudicar los códigos de TSI 001, 002, 003, 004, 005?
Datos referidos a febrero de 2014, diferenciados por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Pablo Martín
Peré, Guillem García Gasulla, Sofía Hernanz Costa y María Guadalupe
Martín González, Diputados.
184/048721
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez y doña María Guadalupe Martín González,
Diputados por Toledo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. Con los datos ofrecidos por el INSS cada mes ¿Cuántos activos y
pensionistas, titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de
Salud de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para adjudicar los
códigos de TSI 001, 002, 003, 004, 005? Datos referidos a diciembre de
2013, diferenciados por provincias.
2. Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para adjudicar los códigos de
TSI 001, 002, 003, 004, 005? Datos referidos a enero de 2014,
diferenciados por provincias.
3. Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para adjudicar los códigos de
TSI 001, 002, 003, 004, 005? Datos referidos a febrero de 2014,
diferenciados por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Alejandro
Alonso Núñez y María Guadalupe Martín González, Diputados.
184/048722
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª del Puerto Gallego Arriola, Diputada por Cantabria y doña María
Guadalupe Martín González, Diputada por Toledo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean
contestadas por escrito.
- Con los datos ofrecidos por el INSS cada mes ¿Cuántos activos y
pensionistas, titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de
Salud de la Comunidad Autónoma de Cantabria para adjudicar los códigos de
TSI 001, 002, 003, 004, 005? Datos referidos a diciembre de 2013.
- Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para adjudicar los códigos de TSI 001,
002, 003, 004, 005? Datos referidos a enero de 2014.
- Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para adjudicar los códigos de TSI 001,
002, 003, 004, 005? Datos referidos a febrero de 2014.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-María del
Puerto Gallego Arriola y María Guadalupe Martín González, Diputadas.
184/048723
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, don Joaquín Puig
Ferrer, Diputado por Castellón, doña M.ª Guadalupe Martín González,
Diputada por Toledo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
- Con los datos ofrecidos por el INSS cada mes ¿Cuántos activos y
pensionistas, titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de
Salud de la Generalitat Valenciana para adjudicar los códigos de TSI 001,
002, 003, 004, 005? Datos referidos a diciembre de 2013, diferenciados
por provincias.
- Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de la
Generalitat Valenciana para adjudicar los códigos de TSI 001, 002, 003,
004, 005? Datos referidos a enero de 2014, diferenciados por provincias.
- Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de la
Generalitat Valenciana para adjudicar los códigos de TSI 001, 002, 003,
004, 005? Datos referidos a febrero de 2014, diferenciados por
provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2014.-Herick Manuel
Campos Arteseros, Joaquín Francisco Puig Ferrer y María Guadalupe Martín
González, Diputados.
184/048724
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Soledad Pérez Domínguez, Diputada por Badajoz, doña Leire
Iglesias Santiago, Diputada por Cáceres y doña Guadalupe Martín González,
Diputada por Toledo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. Con los datos ofrecidos por el INSS cada mes ¿Cuántos activos y
pensionistas, titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de
Salud de la Comunidad Autónoma de Extremadura para adjudicar los códigos
de TSI 001, 002, 003, 004, 005? Datos referidos a diciembre de 2013,
diferenciados por provincias.
2. Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para adjudicar los códigos de TSI 001,
002, 003, 004, 005? Datos referidos a enero de 2014, diferenciados por
provincias.
3. Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para adjudicar los códigos de TSI 001,
002, 003, 004, 005? Datos referidos a febrero de 2014, diferenciados por
provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-María Soledad
Pérez Domínguez, Leire Iglesias Santiago y María Guadalupe Martín
González, Diputadas.
184/048725
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra y doña María
Guadalupe Martín González, Diputada por Toledo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean
contestadas por escrito.
- Con los datos ofrecidos por el INSS cada mes ¿Cuántos activos y
pensionistas, titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de
Salud de la Comunidad Autónoma de Galicia para adjudicar los códigos de
TSI 001, 002, 003, 004, 005? Datos referidos a diciembre de 2013.
- Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de la
Comunidad Autónoma de Galicia para adjudicar los códigos de TSI 001, 002,
003, 004, 005? Datos referidos a enero de 2014.
- Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de la
Comunidad Autónoma de Galicia para adjudicar los códigos de TSI 001, 002,
003, 004, 005? Datos referidos a febrero de 2014.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Guillermo
Antonio Meijón Couselo y María Guadalupe Martín González, Diputados.
184/048726
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga y doña Guadalupe Martín
González, Diputada por Toledo, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
- Con los datos ofrecidos por el INSS cada mes ¿Cuántos activos y
pensionistas, titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de
Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía para adjudicar los códigos de
TSI 001, 002, 003, 004, 005? Datos referidos a diciembre de 2013,
diferenciados por provincias.
- Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para adjudicar los códigos de TSI 001,
002, 003, 004, 005? Datos referidos a enero de 2014, diferenciados por
provincias.
- Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para adjudicar los códigos de TSI 001,
002, 003, 004, 005? Datos referidos a febrero de 2014, diferenciados por
provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Miguel Ángel
Heredia Díaz y María Guadalupe Martín González, Diputados.
184/048727
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por Palencia y doña María
Guadalupe Martín González, Diputada por Toledo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean
contestadas por escrito.
Con los datos ofrecidos por el INSS cada mes ¿Cuántos activos y
pensionistas, titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de
Salud de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para adjudicar los
códigos de TSI 001, 002, 003, 004, 005? Datos referidos a diciembre de
2013, diferenciados por provincias.
Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León para adjudicar los códigos de TSI
001, 002, 003, 004, 005? Datos referidos a enero de 2014, diferenciados
por provincias.
Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León para adjudicar los códigos de TSI
001, 002, 003, 004, 005? Datos referidos a febrero de 2014, diferenciados
por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Julio
Villarrubia Mediavilla y María Guadalupe Martín González, Diputados.
184/048728
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Moscoso del Prado Hernández, Diputado por Navarra, y doña
Guadalupe Martín González, Diputada por Toledo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que sean contestadas
por escrito.
1. Con los datos ofrecidos por el INSS cada mes ¿Cuántos activos y
pensionistas, titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de
Salud de la Comunidad Foral de Navarra para adjudicar los códigos de TSI
001, 002, 003, 004, 005? Datos referidos a diciembre de 2013.
2. Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de la
Comunidad Foral de Navarra para adjudicar los códigos de TSI 001, 002,
003, 004, 005? Datos referidos a enero de 2014.
3. Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de la
Comunidad Autónoma Foral de Navarra para adjudicar los códigos de TSI
001, 002, 003, 004, 005? Datos referidos a febrero de 2014.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Juan Moscoso
del Prado Hernández y María Guadalupe Martín González, Diputados.
184/048729
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz y doña Guadalupe Martín
González, Diputada por Toledo, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito:
Con los datos ofrecidos por el INSS cada mes ¿Cuántos activos y
pensionistas, titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Ceuta para adjudicar los códigos de TSI
001, 002, 003, 004, 005? Datos referidos a diciembre de 2013.
Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Ceuta para adjudicar los códigos de TSI 001, 002, 003,
004, 005? Datos referidos a enero de 2014.
Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Ceuta para adjudicar los códigos de TSI 001, 002, 003,
004, 005? Datos referidos a febrero de 2014.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-María Carmen
Sánchez Díaz y María Guadalupe Martín González, Diputadas.
184/048730
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid, don José Martínez Olmos,
Diputado por Granada y doña Guadalupe Martín González, Diputada por
Toledo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Con los datos ofrecidos por el INSS cada mes ¿Cuántos activos y
pensionistas, titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Melilla para adjudicar los códigos de TSI
001, 002, 003, 004, 005? Datos referidos a diciembre de 2013.
Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Melilla para adjudicar los códigos de TSI 001, 002,
003, 004, 005? Datos referidos a enero de 2014.
Con los datos ofrecidos por el INSS ¿Cuántos activos y pensionistas,
titulares y beneficiarios se han comunicado al Servicio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Melilla para adjudicar los códigos de TSI 001, 002,
003, 004, 005? Datos referidos a febrero de 2014.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Antonio
Hernando Vera, José Martínez Olmos y María Guadalupe Martín González,
Diputados.
184/048731
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su
portavoz adjunto, don Carlos Martínez Gorriarán, y al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita
respuesta por escrito sobre las medidas para aprovechar al máximo la
tecnología marina existente en nuestro país.
Exposición de motivos
Se presentan al Gobierno las siguientes preguntas para las que se solicita
respuesta por escrito:
1. ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para potenciar al máximo la
tecnología eólica marina existente en nuestro país?
2. ¿Dispone el Gobierno de estudios que pongan en marcha medidas para
aprovechar nuestro potencial en tecnología marina existente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Carlos
Martínez Gorriarán, Portavoz.
184/048732
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jon Iñarritu García, diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Mixto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al Gobierno
con ruego de respuesta por escrito.
El pasado 17 de marzo se produjo un incendio en las faldas del Jaizkibel
(Gipuzkoa) en el que ardieron 5,5 hectáreas de monte. Según apuntan
diferentes testimonios, el fuego se Inició 'presuntamente' a causa de las
'prácticas de tiro en zona militar' realizadas por agentes de la Guardia
Civil en la que se 'produjo un lanzamiento de bengalas que provocó el
incendio'.
Según se ha hecho público, fue la propia Guardia Civil quien llamó a SOS
Deiak para alertar del fuego. 'Indicaron que se había producido un
incendio al quemar unas telas y que no podían controlar las llamas'. Por
otro lado, cuando los bomberos y guardias forestales acudieron al lugar
de los hechos, en un primer momento la Guardia Civil 'continuó con sus
ejercicios de tiro, con el consiguiente peligro para la seguridad de las
personas que trabajaban para controlar el incendio'.
La Diputación Foral de Gipuzkoa se puso en contacto con la Delegación del
Gobierno y el cuartel de Intxaurrondo para solicitar la inmediata
suspensión de las prácticas de tiro y, como consecuencia de ello, la
Guardia Civil detuvo los ejercicios hasta la extinción del incendio.
Como consecuencia del fuego, los responsables forales aseguran que se han
causado daños en la fauna y en la flora de la zona de Amaotz de Pasaia,
calificada como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). La Diputación
'exige al Gobierno de España la eliminación de dicha zona militar' para
evitar 'este tipo de perjuicios y otras molestias y problemas que estas
prácticas militares crean a la ciudadanía'.
Por todo ello, Amaiur desea conocer:
1. ¿Reconoce el Ministerio la responsabilidad de la Guardia Civil en el
incendio que se produjo en Jaizkibel el pasado 17 de marzo? ¿Ha abierto
una investigación al respecto? ¿Qué conclusiones se han obtenido? ¿Se ha
tomado alguna medida al respecto?
2. ¿Cómo se produjo el incendio? ¿Qué lo causó?
3. ¿Qué tipo de proyectiles, armas y material se utilizó en dichas
maniobras o practicas?
4. ¿Cuál es la razón por la que los agentes del instituto armado
continuaron con las prácticas de tiro una vez declarado el incendio? ¿Por
qué no cesaron las prácticas al llegar al lugar los bomberos y demás
personal?
5. Tras este incendio, teniendo en cuenta que la zona militar está situada
en una zona LIC y por los peligros que genera tanto a la fauna y flora
como a las personas que transitan por la zona con las prácticas de tiro.
¿Estima el Gobierno eliminar esa zona militar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Jon Iñarritu
García, Diputado.
184/048733
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jon Iñarritu García, diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Mixto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al Gobierno
con ruego de respuesta por escrito.
En el año 2009 el Ministerio de Exteriores reconoció que en sus
delegaciones, en diez Estados diferentes, se conservaban 22 vestigios
franquistas.
En edificios del Reino de España en: Finlandia, Francia, Bélgica, Italia,
Austria, Bolivia, Ecuador, Panamá, Marruecos y Kenia existían hace 5 años
huellas del régimen dictatorial.
Por ello, Amaiur desea conocer:
1. ¿Cuántos vestigios franquistas se encuentran a día de hoy en
delegaciones y edificios del Reino de España en el exterior? ¿En qué
lugar se encuentran? ¿De qué tipo son?
2. Del listado del año 2009, realizado por el Ministerio de Exteriores
¿Cuál ha sido el destino de cada uno de los vestigios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Jon Iñarritu
García, Diputado.
184/048734
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
¿Cuál es la deuda que CCM Corporación mantenía con Caja Castilla-La Mancha
en el momento de su intervención?
¿Qué parte de esta deuda ha sido asumida por el Estado?
¿Cuál es la situación actual del deudor respecto a la nueva entidad
surgida por la absorción de Caja Castilla-La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Cayo Lara
Moya, Diputado.
184/048735
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
¿Cuál es la deuda que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM)
mantenía con Caja Castilla-La Mancha en el momento de su intervención?
¿Qué parte de esta deuda ha sido asumida por el Estado?
¿Cuál es la situación actual del deudor respecto a la nueva entidad
surgida por la absorción de Caja Castilla-La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Cayo Lara
Moya, Diputado.
184/048736
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
¿Cuál es la deuda que la empresa 'Río de los Ausines' mantenía con Caja
Castilla-La Mancha en el momento de su intervención?
¿Qué parte de esta deuda ha sido asumida por el Estado?
¿Cuál es la situación actual del deudor respecto a la nueva entidad
surgida por la absorción de Caja Castilla-La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Cayo Lara
Moya, Diputado.
184/048737
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
¿Cuál es la deuda que la Corporación Indoma mantenía con Caja Castilla-La
Mancha en el momento de su intervención?
¿Qué parte de esta deuda ha sido asumida por el Estado?
¿Cuál es la situación actual del deudor respecto a la nueva entidad
surgida por la absorción de Caja Castilla-La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Cayo Lara
Moya, Diputado.
184/048738
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
¿Cuál es la deuda que la empresa 'Global Consulting Parters' mantenía con
Caja Castilla-La Mancha en el momento de su intervención?
¿Qué parte de esta deuda ha sido asumida por el Estado?
¿Cuál es la situación actual del deudor respecto a la nueva entidad
surgida por la absorción de Caja Castilla-La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Cayo Lara
Moya, Diputado.
184/048739
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta las
siguientes preguntas dirigida al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
¿Cuál es la deuda que el 'Grupo Laboro' mantenía con Caja Castilla-La
Mancha en el momento de su intervención?
¿Qué parte de esta deuda ha sido asumida por el Estado?
¿Cuál es la situación actual del deudor respecto a la nueva entidad
surgida por la absorción de Caja Castilla-La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Cayo Lara
Moya, Diputado.
184/048740
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
¿Cuál es la deuda que la 'Isolux' mantenía con Caja Castilla-La Mancha en
el momento de su intervención?
¿Qué parte de esta deuda ha sido asumida por el Estado?
¿Cuál es la situación actual del deudor respecto a la nueva entidad
surgida por la absorción de Caja Castilla-La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Cayo Lara
Moya, Diputado.
184/048741
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
¿Cuál es la deuda que la empresa 'Gedeco Avantis' mantenía con Caja
Castilla-La Mancha en el momento de su intervención?
¿Qué parte de esta deuda ha sido asumida por el Estado?
¿Cuál es la situación actual del deudor respecto a la nueva entidad
surgida por la absorción de Caja Castilla-La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Cayo Lara
Moya, Diputado.
184/048742
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
¿Cuál es la deuda que la empresa 'Sacresa' mantenía con Caja Castilla-La
Mancha en el momento de su intervención?
¿Qué parte de esta deuda ha sido asumida por el Estado?
¿Cuál es la situación actual del deudor respecto a la nueva entidad
surgida por la absorción de Caja Castilla-La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Cayo Lara
Moya, Diputado.
184/048743
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
¿Cuál es la deuda que la empresa 'Inmobiliaria Chamartín' mantenía con
Caja Castilla-La Mancha en el momento de su intervención?
¿Qué parte de esta deuda ha sido asumida por el Estado?
¿Cuál es la situación actual del deudor respecto a la nueva entidad
surgida por la absorción de Caja Castilla-La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Cayo Lara
Moya, Diputado.
184/048744
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
¿Cuál es la deuda que la empresa 'Grupo Rayet' mantenía con Caja
Castilla-La Mancha en el momento de su intervención?
¿Qué parte de esta deuda ha sido asumida por el Estado?
¿Cuál es la situación actual del deudor respecto a la nueva entidad
surgida por la absorción de Caja Castilla-La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Cayo Lara
Moya, Diputado.
184/048745
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
¿Cuál es la deuda que la empresa 'Inmobiliaria Vemusa' mantenía con Caja
Castilla-La Mancha en el momento de su intervención?
¿Qué parte de esta deuda ha sido asumida por el Estado?
¿Cuál es la situación actual del deudor respecto a la nueva entidad
surgida por la absorción de Caja Castilla-La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Cayo Lara
Moya, Diputado.
184/048746
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
¿Cuál es la deuda que la empresa 'Martinsa' mantenía con Caja Castilla-La
Mancha en el momento de su intervención?
¿Qué parte de esta deuda ha sido asumida por el Estado?
¿Cuál es la situación actual del deudor respecto a la nueva entidad
surgida por la absorción de Caja Castilla-La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Cayo Lara
Moya, Diputado.
184/048747
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
¿Cuál es la deuda que la empresa 'Puerta Oro Toledo, S.L.' mantenía con
Caja Castilla La Mancha en el momento de su intervención?
¿Qué parte de esta deuda ha sido asumida por el Estado?
¿Cuál es la situación actual del deudor respecto a la nueva entidad
surgida por la absorción de Caja Castilla La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Cayo Lara
Moya, Diputado.
184/048748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
¿Cuál es la deuda que la empresa 'Construcciones Moreno y Roldán' mantenía
con Caja Castilla La Mancha en el momento de su intervención?
¿Qué parte de esta deuda ha sido asumida por el Estado?
¿Cuál es la situación actual del deudor respecto a la nueva entidad
surgida por la absorción de Caja Castilla La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Cayo Lara
Moya, Diputado.
184/048749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
¿Cuál es la deuda que la empresa 'Colonial' mantenía con Caja Castilla La
Mancha en el momento de su intervención?
¿Qué parte de esta deuda ha sido asumida por el Estado?
¿Cuál es la situación actual del deudor respecto a la nueva entidad
surgida por la absorción de Caja Castilla La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Cayo Lara
Moya, Diputado.
184/048750
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
¿Cuál es la deuda que la empresa 'King Sturge' mantenía con Caja Castilla
La Mancha en el momento de su intervención?
¿Qué parte de esta deuda ha sido asumida por el Estado?
¿Cuál es la situación actual del deudor respecto a la nueva entidad
surgida por la absorción de Caja Castilla La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Cayo Lara
Moya, Diputado.
184/048751
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita
respuesta escrita, sobre incentivos gubernamentales para la modernización
de centrales térmicas.
Recientemente, la prensa almeriense se ha hecho eco del anuncio de una
inversión de ENDESA, por valor de 200 millones de euros, en la Térmica de
Carboneras. La intención es instalar una planta desnitrificadora que
permita cumplir las exigencias europeas de emisiones de CO2, prolongando
la vida útil de la planta en 20 años.
Cabe alegrarse por la noticia y los empleos que se crearán en esta
localidad. Sin embargo, no podemos más que preocuparnos cuando tenemos en
cuenta que estamos ante una Planta que funciona en exclusiva con carbón
de importación. Por lo cual debemos concluir que la falta de noticias en
cuanto a inversiones parecidas en aquellas Térmicas donde se quema carbón
nacional debe preocuparnos.
No se tienen noticias sobre iniciativas parecidas para mantener vivas a
las comarcas mineras dependientes de las térmicas de ENDESA.
Concretamente en las provincias de León y Teruel. Tampoco por parte de
Gas Natural EDP e lberdrola.
Por todo lo anterior se formula la siguiente pregunta:
¿Ha tomado o piensa tomar el Gobierno alguna iniciativa, del tipo que sea,
para incentivar la modernización de las Centrales Térmicas que utilizan
el carbón nacional para la producción de energía, concretamente las de
Narcea, Soto Ribera, Compostilla, Anllares, La Robla, Velilla, Anforra o
Puertollano, con el fin de reducir sus emisiones de óxidos de nitrógeno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/048752
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita, sobre Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre contratación pública.
El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social, publicado el 3 de diciembre de
2013 en el BOE, reconfigura y refunde distintas normas del marco
legislativo de los derechos de las personas con discapacidad.
De otra parte, la nueva Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a la contratación pública, cuyo proyecto fue aprobado como
Resolución legislativa por el Parlamento Europeo el 15 de enero de 2014,
obliga a los Estados miembros a revisar y modernizar las normas vigentes
sobre contratación pública, en aras de una mayor transparencia y
eficiencia de los fondos públicos, propiciando también el avance en el
cumplimiento de los objetivos sociales comunes en la adquisición de
obras, suministros o servicios prestados a título oneroso mediante un
contrato público. La propia Directiva establece que 'Debe recordarse que
ninguna disposición de la presente Directiva obliga a los Estados
miembros a subcontratar o externalizar la prestación de servicios que
deseen prestar ellos mismos o a organizarlos de otra manera que mediante
contratos públicos en el sentido del apartado 7 del artículo 2'.
En particular, la Directiva considera que 'Determinadas categorías de
servicios -en concreto los servicios que son conocidos como servicios a
la persona, como ciertos servicios sociales, sanitarios y educativos-
siguen teniendo, por su propia naturaleza, una dimensión transfronteriza
limitada. Esos servicios se prestan en un contexto particular que varía
mucho de un Estado miembro a otro, debido a las diferentes tradiciones
culturales. Debe establecerse un régimen específico para los contratos
públicos relativos a estos servicios, con un umbral más elevado, de
750.000 euros'.
Conviene destacar que la Directiva europea insiste en que 'El empleo y la
ocupación contribuyen a la integración en la sociedad y son elementos
clave para garantizar la igualdad de oportunidades en beneficio de todos.
En este contexto, los talleres protegidos pueden desempeñar un importante
papel. Lo mismo puede decirse de otras empresas sociales cuyo objetivo
principal es apoyar la integración social y profesional o la
reintegración de personas discapacitadas o desfavorecidas, como los
desempleados, los miembros de comunidades desfavorecidas u otros grupos
que de algún modo están socialmente marginados, y de las organizaciones
dirigidas por empleados que se proponen la integración de antiguos
empleados del sector público en el sector privado. Sin embargo, en
condiciones normales de competencia, estos talleres o empresas pueden
tener dificultades para obtener contratos. Conviene, por tanto, disponer
que los Estados miembros puedan reservar a este tipo de talleres o
empresas el derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de
contratos públicos o de determinados lotes de los mismos o a reservar su
ejecución en el marco de programas de empleo protegido.'
Otras medidas auspiciadas por la Directiva están destinadas a incentivar
la Investigación, innovación y desarrollo, y a favorecer la participación
de PYMES y organizaciones sociales en los contratos públicos.
La Directiva establece un plazo de 24 meses desde su publicación para su
transcripción al Derecho interno de los Estados miembros.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Piensa el Gobierno apoyar la nueva Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo relativa a la contratación pública?
2) ¿Tiene el Gobierno la voluntad política para abreviar la transposición
al Derecho interno de dicha Directiva, cuyo plazo máximo de transposición
se fija en dos años a partir de su publicación?
3) ¿Qué medidas concretas prevé impulsar el Gobierno para facilitar el
acceso de las PYMES y de las organizaciones sociales a los contratos
públicos?
4) ¿Qué medidas específicas piensa tomar el Gobierno para impulsar la
I+D+i en los contratos públicos?
5) ¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno para reservar a los
talleres protegidos o empresas sociales del tercer sector el derecho a
participar en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos o
de determinados lotes de los mismos o a reservar su ejecución en el marco
de programas de empleo protegido, especialmente los dedicados a la
integración social y profesional, a la reintegración de personas
discapacitadas o desfavorecidas, a las personas desempleadas, a los
miembros de comunidades desfavorecidas u otros grupos que de algún modo
están socialmente marginados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/048753
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita, sobre dispensación de fármacos a los internos con
problemas psiquiátricos en el Centro Penitenciario de Villabona
(Asturias).
El Servicio sanitario en el medio penitenciario ha supuesto históricamente
uno de los grandes déficits del sistema, con unas consecuencias muy
graves para las personas internas, sin dejar de reconocer el gran avance
que se ha producido en la primera década del siglo.
A modo de ejemplo, conviene examinar el problema de la dispensación de los
fármacos en los Centros penitenciarios. Desde hace años venimos
escuchando noticias, tanto por parte de los responsables penitenciarios,
como por todo tipo de especialistas, del problema de las patologías
psiquiátricas en el medio penitenciario, y siendo esto cierto hay un
hecho que por desconocimiento o por interés se está ocultando a la
opinión pública y porque además se tiene como algo normalizado, y es el
trapicheo, negocio y consumo como una droga más de los fármacos
facilitados a los internos por la propia Administración. Ocurre en
ocasiones que determinados internos que quieren experimentar sensaciones
propiciadas por determinados fármacos, acuden al psiquiatra y en muchos
casos sale con
medicación. Y esto no supone una crítica a los Psiquiatras, hay que
ponerse en su realidad y ellos tienen que cubrirse las espaldas porque si
se equivocan por defecto les puede suponer graves consecuencias, sin
olvidar que la propia realidad del nivel de ansiedad y angustia en que
viven las personas internas propicia esta situación.
El problema se inicia a partir de que la medicación se le entrega cada día
directamente al interno y en una bolsita toda la medicación para el fin
de semana o puente, y nadie se responsabiliza de lo que hace con la
misma, dándose la paradoja que los que tienen problemas psiquiátricos de
verdad no la quieren tomar y generan grandes conflictos al estar
desestabilizados, y los que no lo necesitarían son los grandes
consumidores. Se produce por tanto todo un mercado de oferta y demanda
con los fármacos, que está teniendo graves consecuencias para las
personas a la vez que causa grandes alteraciones en la convivencia en los
Centros.
Toda esta situación estaba en las Unidades Terapéuticas Educativas (UTE)
absolutamente controladas, a través de una doble actividad, por una parte
el trabajo del Taller de Educación para la Salud concienciando de la
importancia de la adhesión al tratamiento, y por lo tanto del seguimiento
de las pautas marcadas por el especialista, y por otra parte el control
directo de la medicación por parte de los internos del Grupo de Apoyo,
que aseguran el cumplimiento estricto de dichas pautas y cerciorándose en
cada caso de la ingesta de la medicación. Todo este proceder ha permitido
históricamente que las personas con problemas psiquiátricos que
ingresaban en las UTEs, en muy poco tiempo gozasen de una gran
estabilidad que en muchos casos nunca habían tenido en la calle,
tratándose además de algunas personas con graves delitos de sangre. Y por
otra se evitaba el mercadeo de fármacos que se produce en el resto de la
prisión.
Desde el 13 de marzo de 2014, la Dirección del Centro Penitenciario de
Villabona (Asturias) ha obligado, después de 21 años de un funcionamiento
ejemplar en esta materia siempre ponderado por los profesionales
sanitarios penitenciarios y colaboradores de distintas instituciones, a
que dicha medicación se entregue a los internos directamente como en el
resto de los módulos, lo que significa una vuelta de tuerca más para
desestabilizar la UTE y buscar esa 'normalización' de la que se presume.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué razón la Dirección del Centro Penitenciario de Villabona
(Asturias) ha obligado a los profesionales sanitarios de la Unidad
Terapéutica y Educativa (UTE) del Centro a entregar la medicación
directamente a los internos que presentan afecciones psiquiátricas, en
vez de mantener el sistema anteriormente vigente que garantizaba el
control y seguimiento de la dispensación y administración efectiva de los
fármacos por parte de la UTE?
2. ¿Es consciente el Gobierno de que la entrega de fármacos directamente a
los internos puede contribuir a incrementar adicciones y a favorecer el
mercado negro de estos medicamentos dentro de las prisiones, con graves
consecuencias para la estabilidad de los enfermos y para la convivencia
en los establecimientos penitenciarios?
3. ¿Piensa el Gobierno extender la medida aplicada en Villabona a las UTEs
de otros centros penitenciarios?
4. ¿Tiene previsto el Gobierno rectificar la medida adoptada por la
Dirección del Centro Penitenciario de Villabona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/048754
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita, sobre posibles irregularidades en el campo de tiro
municipal de Adeje (Santa Cruz de Tenerife, Canarias).
La instalación, ampliación y reinicio de actividades en el campo de tiro
municipal de Adeje (Santa Cruz de Tenerife, Canarias) viene generando
tensiones entre la Dirección General de la Guardia Civil, el
Ayuntamiento de Adeje y las asociaciones conservacionistas y ciudadanas de
la localidad, tanto por las condiciones de seguridad como por el ruido
ocasionado y la contaminación por plomo en los alrededores del campo.
La Asociación de Amigos en Defensa de Ajabo dirigió un escrito-denuncia a
la Dirección General de la Guardia Civil, por ser esta el organismo
competente en otorgar la licencia para las actividades desarrolladas en
polígonos de tiro y, en concreto se le expuso que acorde con el Real
Decreto 167/93, de 25 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Armas, en su artículo 150.3 dice: 'Los campos y polígonos de tiro sólo
podrán ser instalados en los terrenos urbanísticamente aptos para estos
usos y, en todo caso fuera del casco de poblaciones'. En la respuesta de
la Dirección General de la Guardia Civil se expone: 'En cuanto a la
afección de los terrenos por el Plan de Actuación Territorial, no cabe
sino remitirnos al informe jurídico emitido en su día por el
Ayuntamiento'. En el informe jurídico del Ayuntamiento de Adeje se
comprueba que este terreno no está clasificado para estos usos, sino que
es rústico y, que será considerado fuera de ordenación en el Plan General
de Ordenación Urbana que actualmente se encuentra en proceso de
aprobación.
A tenor de lo expuesto en el punto 1.b del anexo de seguridad del Real
Decreto 137/93, se expone que 'La zona de seguridad debe estar
desprovista de todo tipo de edificaciones y carreteras por donde puedan
transitar personas, animales o vehículos y que no pueda ser cortado al
tránsito durante las tiradas'. En el caso que nos ocupa, la dirección de
los disparos se realiza sobre el Barranco de Ajabo, por el cual transitan
animales, con el consiguiente riesgo para la fauna, así como el
consiguiente riesgo para las personas que practiquen el senderismo.
Entiéndase que se trata de un municipio (el de Adeje), con una alta
capacidad turística, lo que determina que varias personas opten por este
tipo de actividad de ocio (senderismo, barranquismo, acampadas,
etcétera), sin que se constate controles o medidas de seguridad al
respecto, pues resultaría extremadamente difícil el cerrar un barranco al
paso de personas e imposible al tránsito de animales. La respuesta dada
desde la Dirección General de la Guardia Civil es que se van a dirigir al
Consejo Insular de Aguas para que les informe sobre estos hechos para
tomar las medidas correspondientes, cuando se entiende que es competencia
de la Guardia Civil el comprobar estas medidas de seguridad.
Observando lo estipulado en el anexo de seguridad para campos de tiro, del
Real Decreto 137/93, en su punto 1.c) (...). 'En caso de no ser los
terrenos de la zona de seguridad propiedad de la Sociedad de Tiro al
Plato deberá obtenerse el consentimiento escrito de los propietarios de
las fincas incluidas en dicha zona, autorizando la caída de pichones,
platos y plomos durante las tiradas' (...). La caída se realiza en el
cauce del Barranco de Ajabo, sin que se haya aportado el consentimiento
por escrito del titular del barranco, que al ser de titularidad pública,
compete al Consejo Insular de Aguas, organismo dependiente del Cabildo
insular de Tenerife. La respuesta dada es que 'Caso de acreditarse que
algunos de los terrenos que abarca la zona de seguridad no fuera de su
propiedad (concretamente zona del barranco) y careciese del
correspondiente consentimiento por escrito autorizando el cierre,
señalización y caída de plomo, platos o pichones, se procederá a la
instrucción del correspondiente procedimiento'. Entendiéndose que no les
consta tal permiso en su expediente de solicitud y tramitación de la
licencia, así como que no se ha comprobado la titularidad de los terrenos
anexos al campo de tiro, que no sólo es el barranco de Ajabo, de
titularidad pública y cuyas competencias de administración, control y
mantenimiento son del Consejo Insular de Aguas, sino de parcelas
privadas.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué la Guardia Civil, organismo responsable del otorgamiento de
licencias, no ha inspeccionado e investigado la situación de señalización
y controles de seguridad en los terrenos anexos al campo de tiro
municipal de Adeje, especialmente en el Barranco de Ajabo?
2. ¿Por qué no se ha comprobado la titularidad de los terrenos adyacentes
al campo de tiro municipal de Adeje y verificar si en la tramitación de
la solicitud de la licencia se concedió el correspondiente permiso de sus
titulares por escrito?
3. ¿Por qué no se ha suspendido o derogado dicha licencia, ante tales
irregularidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/048755
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita, sobre posibilidades de fabricación en España de
vehículos militares ASCOD SV, conocidos como 'Pizarro'.
La revista de Seguridad y Seguridad Infodefensa, trae en su portada
publicidad del blindado oruga 8x8 de General Dynamics. En junio de 2012,
un Ministro del Gobierno español mostraba preocupación por el paso de la
empresa Santa Bárbara a manos extranjeras, mientras se tomaba la decisión
del cierre de la filial de La Vega en Oviedo y se producía el traslado de
la central de General Dynamics European Land System a Madrid.
En aquella ocasión, según fuentes del Ministerio de Defensa británico, tal
y como las citaba la revista Defense News, el desembolso de 500 millones
de libras previsto para que General Dynamics UK desarrolle este programa
podría alargarse y retrasar cinco años, hasta 2020, la entrega de los
vehículos blindados oruga medios británicos. Además, el número de
unidades previstas (580) también podría ser recortado. Se trata de una
familia de vehículos basados en la plataforma común del ASCOD SV, un
desarrollo del Pizarro español que fue diseñado en los años 90
conjuntamente por Santa Bárbara Sistemas y la empresa austriaca Steyr,
que al parecer ha cerrado, propiedad ambas del grupo General Dynamics.
La fabricación parcial de estos vehículos estaba previsto que se hiciera
en España. General Dynamics también está construyendo otras versiones,
como un transporte de infantería y un vehículo de recuperación basados en
la plataforma del Austrian Spanish Cooperation Development (ASCOD) SV.
Los planes contemplaban en 2012 que los ASCOD SV, conocidos en España como
Pizarro, podrían ser finalmente producidos parcialmente en España y
completados en el Reino Unido por la compañía estatal británica Defence
Support Group. Los blindados de combate ASCOD fueron originalmente
desarrollados de manera conjunta por la compañía austriaca
Steyr-Daimler-Puch AG y la empresa española Santa Bárbara Sistemas, cuyo
propietario actual es General Dynamics.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿En qué situación se encuentra el proyecto de fabricación de los
vehículos militares ASCOD SV, conocidos en España como Pizarro, por parte
de General Dynamics y la estatal británica Defence Support Group, tras el
cierre de la fábrica de Santa Bárbara en La Vega (Oviedo) y el traslado
de Oviedo de la sede central de General Dynamics European Land System a
Madrid?
2. ¿Qué impacto puede tener el cierre de la fábrica de Santa Bárbara
General Dynamics en La Vega (Oviedo, Asturias) en las posibilidades de
captar contratos y generar empleo en el sector de armamento en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/048756
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita, sobre posibles irregularidades en la contabilidad de
la Exposición 'El Griego de Toledo', organizada por la Fundación El Greco
2014, integrada por las instituciones públicas al máximo nivel.
En las taquillas situadas en la puerta del Museo de Santa Cruz en la
ciudad de Toledo, donde está situada la parte central de la Exposición
'El Griego de Toledo', recientemente inaugurada, se han producido y se
siguen produciendo algunos fallos de organización y contabilidad que
deslucen el prestigio de tan extraordinario acontecimiento artístico y
provocan las críticas del público, especialmente de muchos turistas
españoles y extranjeros.
A modo de ejemplo se pueden mencionar los retrasos en la apertura de
taquillas, anunciada a las 10 de la mañana y que en ocasiones no se han
abierto hasta las 10.25, o el cobro del importe de las entradas, cuyas
cantidades son anotadas por las personas encargadas de taquillas en una
libreta escolar, una cantidad debajo de otra, 10 euros a la primera
persona, 15 euros la siguiente y así sucesivamente, entregando a cada
comprador un cartoncito escrito a mano donde figura el importe, el número
de personas y el día, ante los comentarios irreproducibles de las
personas que guardan cola.
Y cuando los visitantes solicitan en taquilla que se les entregue una hoja
de reclamaciones para exponer sus quejas, se les contesta que no tienen
hojas de reclamaciones o que han ido a por ellas, o que se han agotado y
no les queda ninguna.
Si esto es así, sería lamentable que una exposición de alcance
internacional como ésta, que con motivo del IV Centenario de la muerte de
El Greco reúne por primera vez el abanico más completo de sus obras
expuestas hasta ahora en el mundo, se vea ensombrecida por defectos de
organización y contabilidad como los señalados, tan perjudiciales para la
'Marca España'.
Además de la sede central en el Museo de Santa Cruz, la Exposición se
desarrolla en el Hospital Tavera, el Convento de Sto. Domingo el Antiguo,
la Capilla de San José, la Iglesia de Santo Tomé, la Sacristía de la
Catedral y el Hospital-Santuario de Ntra. Sra. de la Caridad (Illescas).
La exposición está organizada por la Fundación El Greco 2014, cuya
Presidencia de Honor recae en SS.MM. los Reyes de España y entre sus
patronos natos se encuentran la Presidenta de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, el Ministro de Educación, Cultura y Deporte y el
Ayuntamiento de Toledo; y entre sus patronos el Presidente de la
Comunidad de Madrid y la Alcaldesa de Madrid.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
Dada la responsabilidad que incumbe en parte a las instituciones públicas
por su pertenencia a la Fundación El Greco 2014, organizadora de la magna
Exposición 'El Griego de Toledo',
1. ¿Por qué razones a los visitantes de la exposición que pagan sus
entradas en taquillas se les entrega a modo de recibo un cartoncito
escrito a mano, y las personas encargadas de expender los billetes de
entrada anotan las cantidades a mano en una libreta escolar?
2. ¿Cómo justifican las personas encargadas de taquillas el dinero
entregado por los visitantes?
3. ¿De qué modo tributa la Fundación por las cantidades cobradas en
taquilla a los visitantes?
4. ¿Por qué razón no se ponen a disposición del público las
correspondientes hojas de reclamación?
5. ¿Cómo valora el Gobierno, como patrono de la Fundación organizadora del
evento, el efecto negativo que estos fallos organizativos y de
contabilidad pueden ocasionar a lo que el Ministro de Exteriores llama la
'Marca España'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/048757
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de Diputado del Grupo
Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:
¿En qué fecha se redactó el Plan de emergencia del pantano de Las Torcas?
¿En qué fecha se aprobó el citado plan?
¿Se ha desarrollado en su integridad todo lo contemplado en el proyecto,
es decir, la construcción física de los elementos que la legislación
vigente dicta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Chesús Yuste
Cabello, Diputado.
184/048758
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de Diputado del Grupo
Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Va a atender el Gobierno la demanda del Departamento de Obras Públicas,
Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón ante el
Ministerio de Fomento para que mantenga la subsidiación de los préstamos
convenidos para el pago de VPO?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Chesús Yuste
Cabello, Diputado.
184/048759
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de Diputado del Grupo
Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué criterio sigue el Gobierno a la hora de establecer las
correspondientes negociaciones con empresas internacionales que quieran
establecerse en territorio español a la hora de la ubicación concreta de
la misma?
¿Qué criterio ha seguido el Gobierno para mediar a favor de la instalación
de un centro logístico en España de la empresa Amazon?
¿Tenía conocimiento el Gobierno del interés del Gobierno de Aragón por la
instalación de esta empresa en el polígono logístico PLAZA, ubicado en
Zaragoza?
¿Realizó alguna intermediación en este sentido?
¿Tiene conocimiento el Gobierno si la empresa Amazon ha decidido
establecerse finalmente en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Chesús Yuste
Cabello, Diputado.
184/048760
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de Diputado del Grupo
Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
El Boletín Oficial del Estado de fecha 31 de julio de 2001 publica la
Orden de 23 julio de 2001 por la que se regula la entrega a los
Ayuntamientos de tramos urbanos de la Red de Carreteras del Estado. Esta
Orden en su disposición segunda prevé una baremación en la que se asigna
una cantidad económica en función al número de calzadas y de kilómetros
de carretera a ceder.
Preguntas
- ¿Qué Ayuntamientos a fecha de hoy han solicitado la transferencia de
titularidad de un tramo de carretera que haya adquirido la condición de
vía urbana, de acuerdo con lo establecido por el artículo 40.2 de la Ley
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y el artículo 127 del Reglamento
General de Carreteras, aprobado por el Real Decreto 1812/1994, de 2 de
septiembre?
- ¿Tiene previsto el Gobierno de España la derogación de lo dispuesto en
la Orden de 23 de julio de 2001 por la que se regula la entrega a los
Ayuntamientos de tramos urbanos de la Red de Carreteras del Estado? De no
ser así, ¿tiene previsto la modificación de esta Orden y de ser así en
qué sentido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Chesús Yuste
Cabello, Diputado.
184/048762
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de Diputado del Grupo
Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
La apertura de ofertas para el pantano de Almudébar (comarca de la Hoya de
Huesca/Plana de Uesca, provincia de Huesca) ha tenido una baja en su
licitación del 48% lo que supone 80 millones de euros menos de lo
contemplado inicialmente.
Ante esta situación presentamos las siguientes preguntas:
¿Tiene previsto el Gobierno destinar ese dinero que se ha dejado de
comprometer para la realización de esta obra a nuevas inversiones en
Aragón? ¿A qué actuación concreta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Chesús Yuste
Cabello, Diputado.
184/048763
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su
portavoz, Rosa Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre
la invitación del dictador Teodoro Obiang a una serie de conferencias en
el Instituto Cervantes y la UNED en Bruselas.
Exposición de motivos
Las delegaciones del Instituto Cervantes y la Universidad Española de
Educación a Distancia (UNED) localizadas en Bruselas han organizado una
serie de conferencias en las que participará el dictador de Guinea
Ecuatorial, Teodoro Obiang, invitado por el secretario general del
Instituto Cervantes, Rafael Rodríguez-Ponga, para llevar a cabo una
conferencia en titulada 'El español en África'.
La invitación de una persona que poseen numerosas críticas por
asociaciones de defensa de los Derechos Humanos, así como la condena en
relación a la vulneración de éstos por instituciones como la Unión
Europea pone en cuestión el compromiso de nuestro país con la defensa de
los Derechos Humanos y los valores democráticos en la República de Guinea
Ecuatorial.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Conocía el Gobierno la invitación a este ciclo de conferencias a
Teodoro Obiang?
2. ¿Piensa retirar el Gobierno de manera inmediata la invitación a Teodoro
Obiang para estas conferencias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Rosa María
Díez González, Diputada.
184/048764
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su
portavoz, Rosa Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre
las medidas que está llevando a cabo el Gobierno para contrarrestar la
acción internacional de la izquierda abertzale para justificar y
legitimar la historia de terror de la banda terrorista ETA.
Exposición de motivos
El arzobispo de la Ciudad del Cabo y premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu
ha calificado a los miembros de la banda terrorista ETA encarcelados como
'presos políticos', solicitando además la liberación de Arnaldo Otegi, al
que califica como 'líder del proceso de paz', como 'paso importante para
la reconciliación', a lo que añade las tesis de la izquierda abertzale de
acercamiento de presos.
Estas declaraciones realizadas por una persona de relevancia internacional
son preocupantes. Las declaraciones demuestran la dejadez del Gobierno en
combatir el discurso victimista y legitimador de la historia de terror de
la actividad terrorista de la banda terrorista ETA, con el agravio que
supone para las víctimas del terrorismo, por parte de las instituciones
del Estado. Combatir el terrorismo también supone combatir su historia y
cualquier argumento que intente legitimar la violencia y asesinatos
cometidos por la banda terrorista ETA, tanto a nivel nacional, como en la
esfera internacional.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones concretas está llevando a cabo el Gobierno para
contrarrestar la acción internacional de la izquierda abertzale que
intenta justificar y legitimar la historia de terror de la banda
terrorista ETA y sus miembros?
2. ¿Se encuentran dichas actuaciones dentro de un plan o estrategia
definida?
3. ¿Con qué personas o instituciones se ha reunido el Gobierno al respecto
en los dos últimos años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Rosa María
Díez González, Diputada.
184/048765
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su
portavoz, Rosa Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre
la percepción de los ciudadanos sobre la independencia de la justicia.
Exposición de motivos
El informe elaborado por la Comisión Europea titulado 'Cuadro de
Indicadores de Justicia de la Unión Europea 2014: Hacia sistemas de
justicia más eficaz en la UE' deja en un lugar preocupante a la justicia
de nuestro país.
Según los resultados que arroja dicho informe España se encuentra en las
últimas posiciones de la Unión Europea en cuanto al número de jueces por
cada 100.000 habitantes, ya que nuestro país posee una media de 11 jueces
por cada 100.000 habitantes mientras que la media de los países de la
Unión se sitúa en los 19 jueces por cada 100.000 habitantes.
Esta cifra cobra mayor sentido si analizamos el presupuesto dedicado a la
judicatura en nuestro país. Según el informe España ha registrado una
disminución del presupuesto en justicia significativo puesto que en el
año 2010 se invertían 90 euros por habitante en este poder del Estado,
mientras que en el año 2012 la inversión per cápita en materia de
Justicia apenas llegaba a los 25 euros.
El informe arroja un resultado que contradice las afirmaciones tanto del
Ministro de Justicia como del presidente del Gobierno en relación a la
independencia de la Justicia. Según éste informe la Justicia
española se encuentra entre la que poseen menor percepción de
independencia. En concreto, de los veintiocho países, España ocupa el
número veintidós en la percepción de una Justicia independiente.
Estos resultados contrastan con el descenso del presupuesto de Justicia
para el presente ejercicio en casi un 3% en relación al ejercicio 2013 en
los que se contemplaba una disminución de los gastos de personal y que
prevé una convocatoria de ingreso a la Carrera Judicial y Fiscal en el
que se cubrirán 50 plazas judiciales y 50 de fiscales para suplir la
elevada carencia de efectivos judiciales que resuelvan el colapso en el
que se encuentran numerosos juzgados.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. Si según el Gobierno, la Justicia en España es independiente del poder
político y la elección de su órgano de Gobierno salvaguarda esta
independencia, ¿cómo justifica el Gobierno la pésima percepción de la
independencia de la Justicia que posee la ciudadanía?
2. ¿Qué medidas concretas piensa llevar a cabo el Gobierno para mejorar y
garantizar la independencia de la Justicia en nuestro país?
3. ¿Considera el Gobierno que con la incorporación de 50 jueces y 50
fiscales para el presente ejercicio se cubren las bajas, vacantes y
jubilaciones de la judicatura, además de poder suplir las deficiencias de
personal de los juzgados?
4. ¿Tiene pensado el Gobierno aumentar el presupuesto en este departamento
ministerial para el ejercicio 2015?
a) En caso afirmativo, ¿en qué secciones concretas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Rosa María
Díez González, Diputada.
184/048766
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto
(BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por
escrito, relativa a la investigación del SEPRONA sobre posibles
irregularidades e ilegalidades en la manipulación de cadáveres de
animales y la supuesta transformación posterior en grasas y harinas
destinadas a la cadena alimentaria y su posible repercusión en la salud
pública.
La aparición de fosas en el Val Miñor (Pontevedra), conteniendo cadáveres
de animales domésticos que han sido eliminados de manera irregular o
alegal, llevó a la apertura de una investigación por parte del Servicio
de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) de Vigo.
La investigación acabó relacionando este enterramiento con otras
actuaciones, como el almacenamiento, transporte o eliminación de
mascotas, animales abandonados, restos de mataderos, centros de
equitación y otros que también pueden ser objeto de ilegalidad o
irregularidad, y cuyo destino final parece ser la 'transformación
posterior en grasas y harinas destinadas a la cadena alimentaria'.
De la investigación realizada en el informe del SEPRONA, atestado n.°
2012-100074900000035, se concluye que 'existen personas que actuando en
connivencia realizan la retirada de subproductos y derivados en
diferentes centros productores, establecimientos de recogida de animales
abandonados -perreras- establecimientos veterinarios, clínicas
veterinarias'.
Establecimientos de práctica de equitación centros para el fomento y
cuidado de animales de compañía, mataderos, etc. Expidiendo correcta o
incorrectamente documentos comerciales de acompañamientos donde constan
como destino plantas autorizadas explotadas por estas mismas personas.
Estos subproductos no constan como 'recepcionados en destino' -planta
autorizada-, pero, sin embargo, los documentos comerciales de
acompañamiento 'dispone del sello del destino declarado en los mismos'.
Con lo cual se posee el convencimientos de que, si no todo, al menos una
parte de estos subproductos categoría 1, se les esté dando un destino
diferente al establecido por la normativa vigente, con el consiguiente
riesgo para la salud pública y el medio ambiente, ya que preocupa que
directa o indirectamente se pudiera producir un retorno a la cadena
alimentaria.
En las mismas conclusiones de este atestado se indica que 'se estima que
sea la planta de transformación de categoría 3, donde son destinados
estos subproductos para piensos y grasas para alimentación animal, con el
consiguiente riesgo para la salud pública, en cuanto a que estaría
pasando a la cadena alimentaria...'.
Los subproductos a que hace referencia el informe /atestado que da lugar a
la denuncia, son cadáveres de animales de todo tipo, especialmente
mascotas domésticas, consideradas por la legislación europea y estatal:
'Subproductos animales no destinados a consumo humano' (SANDACH) de
categoría 1, de alto riesgo para la salud.
Por otro lado, para la alimentación de animales destinados a consumo
humano, así como mascotas y otro tipo de animales, solo se pueden emplear
subproductos animales obtenidos de los animales sacrificados en mataderos
aptos para consumo humano. De manera que solo los restos de un matadero
que garantiza las condiciones sanitarias podrán reingresar en la cadena
alimentaria animal y por consiguiente humana. Estos restos son
considerados SAN DACH de categoría 3.
La normativa europea en materia de legislación regula todos los aspectos
relacionados con la cadena alimentaria: cómo sacrificar el ganado para
consumo, qué partes eliminar y de qué manera para evitar la transmisión
de encefalopatías espongiformes, en qué condiciones se tienen que
transportar los restos, etc.
En la trama que destapa la investigación del SEPRONA se han imputado una
serie de personas responsables del almacenamiento ilegal de materias de
categoría 1, 10 de ellas en Galicia y una en Salamanca, esta última como
responsable de una planta de destrucción de materiales de categoría 1,
(instrucción abierta en el Juzgado de Ponteareas, Pontevedra).
Dado que la investigación del SEPRONA ha motivado la correspondiente
denuncia judicial, y entendemos que el Gobierno es conocedor de toda la
información que pormenorizadamente se recoge en los correspondiente
atestados del ente medioambiental de la Guardia Civil, consideramos
innecesario ahondar en detalles sobre un tema que debería obligar al
Gobierno a una actuación urgente.
De manera reiterada, el SEPRONA ha avisado del riesgo inminente y grave
para la salud de estos hechos. Sin embargo, y a pesar del tiempo
transcurrido, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición no
ha intervenido porque considera que el destino de estos productos es la
elaboración de piensos.
Dado el conocimiento que tenemos del caso, dichas manifestaciones no se
basan en actuaciones de esta entidad destinada a conocer la trazabilidad
de estos productos, antes y después de su transformación. Una
trazabilidad que, sin embargo, atendiendo a la investigación del SEPRONA
puede conducir a la conclusión que SANDACH de Categoría 1 son utilizados
para la producción de piensos para alimento de ganado destinado a consumo
humano. Desconocemos la posición del Ministerio de Sanidad al respecto,
de ahí que formulemos las siguientes preguntas:
¿Conoce el Ministerio de Sanidad, Consumo e Igualdad la investigación
llevada a cabo por el SEPRONA en relación a posibles irregularidades e
ilegalidades en la manipulación de cadáveres de animales y la supuesta
transformación posterior en grasas y harinas destinadas a la cadena
alimentaria?
Ante los datos aportados en los atestados realizados por el SEPRONA sobre
este asunto, ¿va el Ministerio de Sanidad y Consumo, dada la gravedad que
podría tener para la salud pública, a intervenir a fin de garantizar que
estos productos transformados no lleguen a la cadena alimentaria? De ser
así, ¿qué actuaciones van a llevar a cabo? En caso negativo, ¿a qué se
debería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2014.-M.ª Olaia
Fernández Davila, Diputada.
184/048767
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto
(BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por
escrito, relativa a la investigación del SEPRONA sobre posibles
irregularidades e
ilegalidades en la manipulación de cadáveres de animales y la supuesta
transformación posterior en grasas y harinas destinadas a la cadena
alimentaria.
La aparición de fosas en el Val Miñor (Pontevedra), conteniendo cadáveres
de animales domésticos que han sido eliminados de manera irregular o
alegal, llevó a la apertura de una investigación por parte del Servicio
de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) de Vigo.
La investigación acabó relacionando este enterramiento con otras
actuaciones como el almacenamiento, transporte o eliminación de mascotas,
animales abandonados, restos de mataderos, centros de equitación y otros
que también pueden ser objeto de ilegalidad o irregularidad, y cuyo
destino final parece ser la 'transformación posterior en grasas y harinas
destinadas a la cadena alimentaria'.
De la investigación realizada en el informe del SEPRONA, atestado n.°
2012-100074900000035, se concluye que 'existen personas que actuando en
connivencia realizan la retirada de subproductos y derivados en
diferentes centros productores, establecimientos de recogida de animales
abandonados -perreras- establecimientos veterinarios, clínicas
veterinarias'.
Establecimientos de práctica de equitación centros para el fomento y
cuidado de animales de compañía, mataderos, etc. Expidiendo correcta o
incorrectamente documentos comerciales de acompañamientos donde constan
como destino, plantas autorizadas explotadas por estas mismas personas.
Estos subproductos no constan como 'recepcionados en destino' -planta
autorizada-, pero, sin embargo, los documentos comerciales de
acompañamiento 'dispone del sello del destino declarado en los mismos'.
Con lo cual se posee el convencimiento de que, si no todo, al menos una
parte de estos subproductos de categoría 1, se les esté dando un destino
diferente al establecido por la normativa vigente, con el consiguiente
riesgo para la salud pública y el medio ambiente, ya que preocupa que
directa o indirectamente se pudiera producir un retorno a la cadena
alimentaria.
En las mismas conclusiones de este atestado se indica que 'se estima que
sea la planta de transformación de categoría 3, donde son destinados
estos subproductos para piensos y grasas para alimentación animal, con el
consiguiente riesgo para la salud pública, en cuanto a que estaría
pasando a la cadena alimentaria...'.
Los subproductos a que hace referencia el informe /atestado que da lugar a
la denuncia son cadáveres de animales de todo tipo, especialmente
mascotas domésticas, consideradas por la legislación europea y estatal:
'Subproductos animales no destinados a consumo humano' (SANDACH) de
categoría 1, de alto riesgo para la salud.
Por otro lado, para la alimentación de animales destinados a consumo
humano, así como mascotas y otro tipo de animales, solo se pueden emplear
subproductos animales obtenidos de los animales sacrificados en mataderos
aptos para consumo humano. De manera que solo los restos de un matadero
que garantiza las condiciones sanitarias podrán reingresar en la cadena
alimentaria animal y por consiguiente humana. Estos restos son
considerados SAN DACH de categoría 3.
La normativa europea en materia de legislación regula todos los aspectos
relacionados con la cadena alimentaria: cómo sacrificar el ganado para
consumo, qué partes eliminar y de qué manera para evitar la transmisión
de encefalopatías espongiformes, en qué condiciones se tienen que
transportar los restos, etc.
En la trama que destapa la investigación del SEPRONA se han imputado una
serie de personas responsables del almacenamiento ilegal de materias de
categoría 1, 10 de ellas en Galicia y una en Salamanca, esta última como
responsable de una planta de destrucción de materiales de categoría 1,
(Instrucción abierta en el Juzgado de Ponteareas, Pontevedra).
Dado que la investigación del SEPRONA ha motivado la correspondiente
denuncia judicial, y entendemos que el Gobierno es conocedor de toda la
información que pormenorizadamente se recoge en los correspondiente
atestados del ente medioambiental de la Guardia Civil, consideramos
innecesario ahondar en detalles sobre un tema que debería obligar al
Gobierno a una actuación urgente.
De manera reiterada, el SEPRONA ha avisado del riesgo inminente y grave
para la salud de estos hechos. Sin embargo, y a pesar del tiempo
transcurrido, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición no
ha intervenido porque considera que el destino de estos productos es la
elaboración de piensos.
Dado el conocimiento que tenemos del caso, dichas manifestaciones no se
basan en actuaciones de esta entidad destinada a conocer la trazabilidad
de estos productos, antes y después de su transformación. Una
trazabilidad que, sin embargo, atendiendo a la investigación del SEPRONA
puede conducir a la
conclusión que SANDACH de categoría 1 son utilizados para la producción de
piensos para alimento de ganado destinado a consumo humano. Hacemos las
siguientes preguntas:
¿Es conocedor el Gobierno de la investigación llevada a cabo por el
SEPRONA en relación a posibles irregularidades e ilegalidades en la
manipulación de cadáveres de animales y la supuesta transformación
posterior en grasas y harinas destinadas a la cadena alimentaria?
¿En qué se basa la Agencia Española de Seguridad Alimentaria para negarse
a intervenir en este problema?
¿No cree el Gobierno que ante los datos aportados en los atestados del
SEPRONA sobre este asunto, debería la Agencia de Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición intervenir a fin de garantizar que estos
transformados no llegue a la cadena alimentaria? ¿Ha realizado el
Gobierno un seguimiento de la trazabilidad de estos productos?
¿Tiene en cuenta el Gobierno la posibilidad de que SANDACH de categoría 1
se estén utilizando en productos destinados a la cadena alimentaria? ¿Qué
garantías existen de que piensos destinados a animales de consumo humano
no están elaborados con SANDACH de categoría 1?
- ¿Va el Gobierno, a través de la Agencia Española Alimentaria y
Nutrición, a realizar las actuaciones necesarias que permitan garantizar
que productos irregularmente manipulados con SANDACH de categoría 1
puedan llegar a la cadena alimentaria y ser un peligro para la salud
pública? En caso afirmativo, ¿qué medidas se van a adoptar? En caso
contrario, ¿en qué se basaría la negativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2014.-M.ª Olaia
Fernández Davila, Diputada.
184/048768
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto
(BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por
escrito relativa al impacto y grado de afectación del trazado de la
autovía A-76, Ourense-Ponferrada.
El trazado de la futura autovía A-76, Ourense-Ponferrada, es motivo de
preocupación social por su impacto en diversos tramos como en la zona de
Montefurado (Quiroga, Lugo) o por su grado de afectación a su paso por
Penalba, en el ayuntamiento de Nogueira de Ramuín (Ourense).
Los vecinos y vecinas de dicho município se quejan asimismo de no haber
recibido ningún tipo de información en relación a la opción de trazado,
puesto que no se les ha brindado la oportunidade de poder presentar
alegaciones al haberse enterado fuera de plazo. Con claridad, se ha
producido un problema de desinformación que convendría aclarar.
Desde el consistorio municipal se alega desconocimiento absoluto, lo cual
resulta sumamente extraño cuando se sabía que el trazado pasaría por el
núcleo de Penalba.
Esta cuestión ha generado una gran polémica a nivel social, y se demanda
la apertura de un nuevo plazo de exposición al público del trazado de la
A-76, a fin de que se puedan formalizar las consiguientes alegaciones.
En Penalba se constituyó una plataforma de rechazo al trazado proyectado
para el paso de la A-76 por dicho núcleo, que cuenta con el respaldo de
todos los grupos políticos. Alegan que existen otras alternativas más
viables y menos costosas puesto que no necesitan túneles ni viaductos. En
este sentido, se refieren a la opción que sigue el trazado de la N-120
hasta el puente sobre el río Miño y hacia A Peroxa.
Además, argumentan que se debería contar con carril bici, siguiendo el
margen del río.
De ahí que soliciten al Ministerio de Fomento la revisión del trazado
actual, procediendo a la apertura de un nuevo periodo de alegaciones.
También apuntan al grave impacto ambiental del trazado elegido cuando el
mismo Congreso de los Diputados ha aprobado la solicitud de Patrimonio de
la Humanidad para la Ribeira Sacra.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Sabe el Ministerio de Fomento que a los vecinos y vecinas de Penalba
(Ourense) no se les comunico la exposición al público del trazado elegido
por Fomento?
En consecuencia, ¿sabe que no han podido presentar alegaciones al trazado
de la A-76? ¿Es consciente del malestar generado entre los vecinos y
vecinas de Penalba que no están de acuerdo con el trazado ya que
atraviesa este núcleo de población cuando existen otras alternativas?
¿Qué disposición tiene el Ministerio a abrir un nuevo plazo para que se de
la oportunidad de presentar alegaciones dado el desconocimiento del
anterior plazo de exposición al público?
¿No cree que se trata de una demanda justa puesto que los habitantes de la
zona no tienen por que pagar una mala gestión administrativa?
¿Está dispuesto el Ministerio a escuchar la propuesta alternativa al
trazado escogido, teniendo em cuante que se trata de uma opción más
viable, menos costosa y más sencilla en su ejecución?
¿Considera que el trazado elegido de la A-76 es adecuado para la solicitud
de Patrimonio de la Humanidad de la Ribeira Sacra?
¿Va el Ministerio a revisar en profundidad la opción de trazado elegido a
fin de tener en cuenta opciones menos perjudiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2014.-M.ª Olaia
Fernández Davila, Diputada.
184/048769
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosana Pérez Fernández, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por
escrito, relativa a la paralización de las obras en la conexión del AVE
Lugo-Ourense.
Es ya una evidencia que el AVE gallego se reducirá al Eixo Atlántico, pero
de A Coruña a Vigo, excluyendo su continuación hasta Ferrol y hasta la
frontera portuguesa, y que únicamente se va a terminar la conexión de
entrada a Galicia, Lubián-Ourense, pero rebajando sus características.
Por tanto, el mapa del AVE gallego será el que indicamos: el Eixo
Atlántico de A Coruña a Vigo, y la conexión desde Madrid que en su
entrada al territorio gallego por Ourense se quedará en un medio AVE,
algo a mitad de camino porque contará con vía única en lugar de doble
vía, como ha quedado patente en el ritmo y ejecución de las obras.
La construcción del AVE entre Lugo y Ourense es otra de las conexiones que
va a sacrificar Fomento como lo atestiguan la paralización de sus obras
desde hace meses. La variante de A Pobra de San Xiao (Láncara) está ya
parada, hecho que se constata en la nula evolución de las actuaciones y
en que la empresa adjudicataria se dedique a cerrar la zona de obras.
En agosto de 2013 los trabajadores comenzaron a tapiar las entradas de los
túneles en Láncara. El único tramo en obras de la conexión Lugo-Ourense
era el de la variante de A Pobra de San Xiao. Seis años después de que se
iniciaron las obras del AVE Lugo-Ourense, se han ejecutado dos de los
tres túneles previstos, tres viaductos, varias estructuras y terraplenes.
Cabe decir que la plataforma está prácticamente terminada.
La propia empresa adjudicataria señala que el Ministerio de Fomento le ha
comunicado la paralización de las obras que se habían comenzado en el año
2007. Ya en 2013 los trabajadores cerraron los accesos a los dos túneles
del trazado situados en Vilafiz (O Páramo) y en Ronfe (Láncara).
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Confirma de manera oficial el Ministerio de Fomento la paralización de la
construcción del tren de altas prestaciones entre Lugo y Ourense? ¿Ha
ordenado a la empresa adjudicataria paralizar las obras?
¿No es ya evidente desde agosto de 2013 que estas actuaciones están
paradas?
¿En qué estado se van a quedar estas obras? ¿Qué va a pasar con los dos
túneles ya construidos?
¿Qué planes tiene Fomento para esta conexión? ¿Se van a retomar las obras?
De ser así, ¿cuándo calcula que se podrían retomar?
El hecho de paralizar las obras y retomarlas en un futuro, ¿no va a
multiplicar su coste de manera elevada?
¿Considera el Ministerio que se va a ejecutar esta conexión o se excluirá
definitivamente del mapa ferroviario de altas prestaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2014.-Rosana Pérez
Fernández, Diputada.
184/048771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Teniendo en cuenta que España tiene un asiento compartido con Italia y
Turquía en el GA ODS, que el Gobierno español ha establecido un grupo de
trabajo sobre salud global en la agenda post-2015, y que en diversos
foros internacionales se ha presentado como un país defensor de que la
salud sea uno de los objetivos de la próxima agenda mundial de
desarrollo.
¿Cuál es la propuesta concreta que España va a presentar en las próximas
reuniones del GTA ODS respecto a la salud como objetivo de la agenda
post-2015? ¿Qué objetivos va a defender España como prioritarios para la
próxima agenda mundial de desarrollo ante el GTA y los demás organismos
internacionales incluía la Unión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2014.-Carmen Montón
Giménez, Diputada.
184/048772
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Desde el 7 hasta el 11 de abril de 2014 se celebrará en Nueva York la 47.ª
Sesión de la Comisión de Población y Desarrollo (CPD47). Se trata de una
oportunidad para que en España reafirmemos nuestro compromiso con el
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo e identifiquemos las prioridades emergentes, que deben
atenderse si queremos satisfacer las necesidades de SDSR de nuestras
comunidades.
¿Cuál será la composición de la delegación que representara el Estado
español en la Comisión sobre Población y Desarrollo?
¿Cuál es el posicionamiento que el Gobierno español presentará en la
Comisión?
¿Cómo piensa el Gobierno poder adoptar las medidas oportunas para cumplir
sus obligaciones con el plan de acción en las políticas y acciones
emprendidas en el Estado español, considerando que la reciente de cambio
de ley sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del
embarazo, contradice principios contenido en el Plan de Acción de El
Cairo, así como en las políticas y programas y proyectos de cooperación
internacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2014.-Carmen Montón
Giménez, Diputada.
184/048773
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita, sobre integración ferroviaria en León.
Desde hace tiempo distintas mesas de representación de la sociedad
leonesa, en las que tanto Izquierda Unida como otras organizaciones
políticas y sociales vienen participando con el ayuntamiento para conocer
y analizar los planes, los compromisos y los proyectos que defienden
tanto el Ministerio de Fomento como la Consejería correspondiente del
Gobierno de Castilla y León en relación con las integraciones del
ferrocarril y la vía estrecha en León, especialmente en lo que respecta a
las integraciones del AVE y de el tren de vía estrecha en la ciudad de
León, San Andrés del Rabanedo, Vega de Infanzones, Onzonilla y Santovenia
de la Valdoncina.
Estas integraciones se acordaron en su momento alrededor de mesas amplias,
donde estábamos toda la sociedad leonesa representada. Las noticias
emanadas del Ministerio de Fomento, del abandono definitivo de la
integración de la vía estrecha en León, renunciando a la centralidad de
la estación de Matallana, y pretendiendo que el tren de la antigua FEVE
no entre en la ciudad, situando su final de trayecto en la parada del
barrio de la Asunción, así como del desentendimiento respecto de la
integración del ferrocarril convencional y el AVE, considerando estas
cuestiones como meramente urbanísticas, que deben ser financiadas por las
entidades local implicadas y la Comunidad Autónoma, han provocado alarma
social y una respuesta política contundente en la ciudad de León.
En cualquier caso, para IU no es tolerable que el Ministerio de Fomento
anuncie unilateralmente la ruptura de los acuerdos firmados, alrededor de
estos proyectos, mediante convenios interadministraciones.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Qué proyecto real tiene el Gobierno para la integración de la vía
estrecha ferroviaria en León?
2) ¿Es cierto que el Gobierno abandona la integración, soterramiento, de
las líneas de tren convencional y del AVE en la ciudad de León y San
Andrés del Rabanedo, al considerarlos como de su no competencia e
intervenciones meramente urbanísticas que no le competen?
3) ¿Cumplirá el Gobierno con el contenido de los convenios firmados y
vigentes, tanto con la Junta de Castilla y León como con los municipios
de León y San Andrés del Rabanedo, para la licitación, ejecución y
financiación de los proyectos de integración del ferrocarril,
convencional, de alta velocidad o vía estrecha, en estas localidades?
4) ¿Qué previsiones de licitación y ejecución tiene el Gobierno para el
complejo logístico de mercancías en Torneros del Bernesga, municipio de
Onzonilla? ¿Y para la nueva estación de pasajeros de León? ¿Se está
considerando reabrir para su uso la antigua estación de León?
5) ¿Qué planes de desarrollo, traslado o cierre tiene el Gobierno en
relación a los empleos ferroviaros generados en León y San Andrés del
Rabanedo por los talleres de motor y remolcado?
6) ¿Qué utilidad ha previsto el Gobierno para el inmueble ejecutado para
acoger el CRC del AVE en León y que finalmente se va a ubicar en Madrid?
7) ¿Qué previsiones tiene el Gobierno respecto a la estación de Fondo de
Saco de la ciudad de León? ¿Ha previsto ejecutar una alternativa
complementaria ya licitada, como el complejo de Torneros, para reducir
los retrasos denunciados en otras comunidades autónomas a este respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2014.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE Y SUS SOCIEDADES
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA RTVE
Preguntas
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales las preguntas de los señores Diputados para las que se
solicita respuesta por escrito, que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2014.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
179/000229
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la
siguiente pregunta, dirigida al Presidente del Consejo de Administración
y de la Corporación RTVE, para la que se solicita respuesta escrita.
TeleDeporte se va a quedar sin deportes que emitir. Debido a los recortes
presupuestarios no va a tener capacidad para producir ni para comprar
eventos con los que confeccionar una parrilla diaria de competiciones
deportivas, por lo que está condenado a desaparecer. La persona que
gestionaba los derechos (Javier Grima Guallart) se ha ido a la
competencia conociendo la capacidad de negociación y de puja económica
que tiene la CRTVE, por lo que dispondrá de ventaja a la hora de ofertar
por los distintos derechos deportivos. Además se ha llevado con él las
grandes figuras periodísticas de la empresa. El propio Ignacio Corrales,
director de TVE, ha tenido que ponerse en contacto con varios redactores
de TVE para que no se fueran a Movistar TV.
¿Cómo a va afectar a la continuidad del único canal exclusivamente de
deportes en abierto, como es TeleDeporte, la pérdida de destacados
derechos deportivos, teniendo en cuenta que la persona responsable de
gestionar éstos ha fichado por Movistar TV, llevándose con él destacados
periodistas deportivos de la CRTVE sin que ningún directivo haya podido
evitar esta desmantelamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2014.-Ricardo Sixto
Iglesias, Diputado.
179/000230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Qué acciones ha emprendido la dirección de RTVE para poner freno a la
emisión de programas que alientan el silencio frente a la violencia de
género o defienden la normalización de la prostitución como una opción
laboral para las mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2014.-Ángeles
Álvarez Álvarez, Diputada.
179/000231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Cree la dirección de RTVE que la prostitución es una 'opción laboral'
recomendable para las niñas y mujeres españolas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2014.-Ángeles
Álvarez Álvarez, Diputada.
179/000232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Cuántos minutos han dedicado los informativos de la TVE al deporte
femenino en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2014.-Laura Carmen
Seara Sobrado, Diputada.
179/000233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Onintza Enbeita Maguregi, Diputada de Amaiur, integrado en el Grupo
Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al
Gobierno con ruego de respuesta por escrito.
El 3 de junio de 2013, Amaiur registraba una solicitud de informe de una
auditoría que comprende el período 2007-2009, sobre contratación
publicitaria realizada a través contratos de extraprima en RTVE.
No obstante, el Gobierno no respondió a nuestra petición en el mes que
para ello estipula la normativa del Congreso (art. 7). Por ello, Amaiur
se vio obligado a pedir amparo a la Mesa del Congreso una vez que venció
el plazo para que el Gobierno respondiese a nuestra solicitud.
Dos semanas después, Amaiur recibió por escrito la respuesta del Gobierno
en el que se nos autorizaba consultar dicha auditoría pero, en la sede de
la Corporación.
Acto seguido, el personal de Amaiur se puso en contacto con la secretaría
de la dirección general de la Corporación de RTVE para interesarse sobre
las condiciones de consulta de dicha auditoría.
Amaiur no puede ocultar su extrañeza por las reservas y recelos de la
dirección de RTVE a la hora de facilitar el informe a nuestro Grupo
Parlamentario, ya que, en primer lugar, responsables de la Corporación
tardaron un mes en explicar a Amaiur cuáles eran las condiciones para
poder consultar el informe solicitado y, en segundo lugar, la persona
enviada para realizar dicha consulta, se encontró con que no se le
permitió realizar ninguna copia del informe y, además, durante el tiempo
en que se encontró analizándolo, una persona que realiza labores de
administración para la dirección de la Corporación se dedicó a vigilar de
manera permanente cada uno de los movimientos del enviado de Amaiur.
Todas estas circunstancias hacen que Amaiur sospeche más aún de la
gravedad de las irregularidades que se hacen mención en la auditoría
solicitada.
Y no deja de ser curioso el hecho de que la Corporación de RTVE haya
dificultado a Amaiur el acceso a dicha auditoría, ya que la misma está
disponible en internet (colgado por cierto medio de comunicación).
Efectivamente, después de que Amaiur haya tenido acceso al informe que
comprende el período 2007-2009, sobre contratación publicitaria realizada
a través contratos de extraprima, nuestra coalición ha podido confirmar
las denuncias que en su día realizaron los sindicatos representados en la
Corporación de RTVE.
Por ello, Amaiur desea preguntar:
¿Se ha producido algún tipo de investigación interna para esclarecer las
irregularidades a las que hace mención dicha auditoría? .Si la respuesta
es afirmativa, ¿cuál es el resultado de dicha investigación?, ¿se han
tomado medidas para depurar responsabilidades?
¿Se ha iniciado algún tipo de investigación judicial (externa) para
esclarecer las irregularidades a las que se hace mención en dicha
auditoría?
¿Está la fiscalía anticorrupción al tanto de las irregularidades a las que
hace mención dicha auditoría? En caso de que la respuesta sea afirmativa,
¿ha iniciado la fiscalía anticorrupción alguna investigación al respecto?
¿En qué punto se encuentra dicha investigación? ¿Ha tomado la fiscalía
anticorrupción alguna medida para depurar responsabilidades?
¿Ha realizado el Tribunal de Cuentas algún informe sobre la gestión
realizada en la Corporación de RTVE durante los años 2007-2009? [...]
¿Ha realizado el Tribunal de Cuentas algún informe sobre las
irregularidades señaladas en la auditoría a la que hacemos referencia?
Al margen de los datos a los que se hace referencia en dicha auditoría,
¿ha habido durante los últimos veinticinco años más relaciones
contractuales o vínculos comerciales entre los diferentes organismos
gubernamentales (RTVE, organismos dependientes de algún ministerio...)
con la empresa Italia Comerciale? En caso de que la respuesta sea
afirmativa, ¿cuáles?, ¿a cuánto asciende el valor de dichos contratos?
(solicitamos se adjunten los expedientes de todos y cada uno de los
contratos).
¿Ha habido en el pasado o hay en la actualidad algún tipo de investigación
judicial en curso para esclarecer si ha habido alguna irregularidad en la
actuación empresarial de Italia Comerciale?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2014.-Onintza
Enbeita Maguregi, Diputada.
Nota.- Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el Acuerdo
de la Mesa de la Cámara de 25 de marzo de 2014.