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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 397, de 05/02/2014
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 397, de 05/02/2014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Qué cantidad ha pagado el Gobierno hasta la fecha, para compensar los
daños del incendio que tuvo lugar en agosto de 2012 en la Costa del Sol
malagueña, indicando los expedientes que han sido solicitados y
denegados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2013.-Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputado.
184/043166
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Qué cantidad ha pagado el Gobierno hasta la fecha, para compensar los
daños de las inundaciones que azotaron a la provincia de Málaga a finales
de 2012, indicando los expedientes que han sido solicitados y denegados y
desglosado por municipios, indicando si son ayudas a particulares o a
ayuntamientos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2013.-Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputado.
184/043167
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Cómo ha variado el número de coches de policía desde noviembre de 2011
hasta la fecha, desglosado por Comunidades Autónomas, provincias y
comisarías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2013.-Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputado.
184/043168
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Ábalos Meco, Diputado por Valencia, y don Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputado por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué inversión ha realizado el Gobierno en materia de paseos marítimos en
2013, desglosado por Comunidades Autónomas y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2013.-José Luis
Ábalos Meco y Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputados.
184/043169
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Ábalos Meco, Diputado por Valencia, y don Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputado por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué inversión ha realizado el Gobierno en materia de saneamiento integral
en 2013, desglosado por Comunidades Autónomas y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2013.-José Luis
Ábalos Meco y Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputados.
184/043170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas sobre la privatización de las donaciones y el
comercio de sangre, dirigidas al Gobierno, y para las que se solicita
respuesta escrita.
Tras estar meses parada la actividad en la Fábrica de Armas de la Vega
(Oviedo), a lo largo del mes de diciembre de 2013, personal desconocido
ha estado sacando máquinas sin tomar precaución alguna
e incluso arrastrándolas por la calle, se supone que para achatarrar. El
objetivo, parece ser, el llegar con una grúa de gran tonelaje a la prensa
de 1.000 Tm, un auténtico monstruo adaptado con su utillaje para la
fabricación de carcasas de ametralladora, la única en Europa. Cortada a
soplete, los camiones hacían cola para cargar.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Quién está destruyendo esta maquinaria adquirida antes de llegar
General Dynamics a España?
2. ¿Quién está permitiendo el acceso a esas instalaciones del Ministerio
de Defensa?
3. ¿La Fábrica de la Coruña podría optar a mantener la fabricación de
estas armas si la maquinaria no fuera destruida?
4. ¿Quién proveerá de repuestos al ejército español cumpliendo con las
garantías que deben darse a las ametralladoras MG3 incorporadas a los
últimos vehículos recientemente suministrados, Leopard y Pizarro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2013.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/043171
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas sobre la privatización de las donaciones y el
comercio de sangre, dirigidas al Gobierno, y para las que se solicita
respuesta escrita.
La sangre es un bien imprescindible y gracias a su donación altruista
muchas personas logran recuperar su salud y salvar su vida precisamente
por eso debemos exigir la mayor transparencia y evitar cualquier
suspicacia.
La Comunidad Autónoma de Madrid acaba de aprobar la privatización de la
gestión de las donaciones de sangre en la comunidad madrileña, que ha
cedido a la Cruz Roja a cambio de 9,3 millones de euros, a razón de 67
euros por donación. La Cruz Roja es una institución privada patrocinada
por grandes empresas españolas.
Por otra parte, al contrario de lo que sucede en otros países de nuestro
entorno como Francia y Holanda, donde la fabricación de hemoderivados
corre a cargo del sistema público, en España este proceso está en manos
de la compañía farmacéutica (CF) Grifols, que además de recibir
gratuitamente el plasma donado por la población española, importa plasma
de USA para elaborar hemoderivados para el merco Europeo.
Esta compañía farmacéutica tiene gran interés en disponer de cantidades
suficientes de plasma sin necesidad de importarlo desde el otro lado del
Atlántico, así que su presidente Vicios Grifols ha solicitado al Gobierno
de España la legalización del comercio de la sangre.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Contempla el Gobierno la posibilidad de que la privatización iniciada
en Madrid de la gestión de las donaciones de sangre abra las puertas a
este mercado y facilitar el acuerdo comercial entre Grifols y la Cruz
Roja?
2. ¿Piensa el Gobierno legalizar el comercio privado de sangre?
3. ¿Pueden estas medidas generar desconfianza entre los donantes y
disminuir su número?
4. En relación con la crisis económica, ¿dispararán estas medidas la
afluencia de personas sin trabajo, que necesitarán vender su sangre como
último recurso?
5. ¿Prevé el Gobierno desgajar otro servicio esencial del Sistema Nacional
Salud como este, con la consiguiente pérdida para la credibilidad y la
seguridad de la gestión de la sangre en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2013.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/043172
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas, dirigidas al Gobierno, y para las que se
solicita respuesta escrita.
Recientemente, 24 expertos científicos pertenecientes a la Agencia
Internacional para la Investigación del Cáncer [Internacional Agency for
Research on Cancer (IARC)], dependiente de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), se reunieron para investigar la relación entre la
contaminación atmosférica y el cáncer. Emitieron un comunicado, aprobado
por unanimidad, en el que se reconocía una relación causal entre la
contaminación atmosférica y el cáncer de pulmón. Esta relación causal
correspondía al Grupo 1 de sustancias cancerígenas, entre las que está
presente el amianto y 110 compuestos más. También se observó una
asociación positiva entre contaminación ambiental y riesgo de padecer
cáncer de vejiga.
Según el informe, las partículas en suspensión por sí mismas incrementan
las muertes por cáncer de pulmón ligadas a la contaminación atmosférica.
Solo en 2010, la IARC reportó 223.000 muertes por cáncer de pulmón en
todo el mundo atribuibles a la contaminación atmosférica.
La fuente de producción de los contaminantes atmosféricos son las
emisiones de los automóviles y del transporte en general, la quema de
carbón y las calefacciones domésticas. El reconocimiento oficial de este
problema por parte de la OMS tiene gran importancia política, científica
y sanitaria.
Los estados no pueden ignorar que los efectos de la contaminación
atmosférica causan muertes en exceso por cáncer de pulmón y de vejiga y
numerosas enfermedades respiratorias y cardiacas, que agravan
enfermedades crónicas y producen graves problemas de salud en la
población expuesta.
De otra parte, el Gobierno mantiene una preocupante pasividad en la acción
contra los Compuestos Orgánicos Tóxicos Persistentes, COTP.12, sustancias
consideradas de gran peligro por su potencial efecto tóxico. Los peligros
de esta 'docena sucia' han llevado a la Convención de Naciones Unidas
sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes a crear el Convenio de
Estocolmo, firmado por España el 22 de mayo, ratificado el 28 de mayo de
2004, y en vigor desde el pasado 17 de mayo de 2005.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué medidas legislativas para poner en marcha los motores con escapes
más limpios, controles a los quemadores urbanos domésticos e
industriales, regulación del tráfico rodado en las ciudades, limitaciones
al tráfico privado y la potenciación del público no contaminante?
2. ¿Qué estrategia tiene el Gobierno para mejorar la salud y las
condiciones de vida de los ciudadanos de un gran número de ciudades y
barriadas especialmente contaminadas?
3. ¿Por qué el Gobierno viene desplegando tan escasa actividad contra los
Compuestos Orgánicos Tóxicos Persistentes, COTP.12? ¿Qué medidas ha
tomado el Gobierno para el cumplimiento del Convenio de Estocolmo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2013.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/043173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuáles son las actuaciones llevadas a cabo desde la Dirección General de
Tráfico para lograr una movilidad segura y sostenible en los años 2012 y
2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.-María
Ascensión Carreño Fernández, Diputada.
184/043174
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál esta siendo el resultado de la implantación de sistemas de redes
informáticas, que permiten acceder a información en tiempo real a los
usuarios sobre la situación del tráfico y los aparcamientos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.-María
Ascensión Carreño Fernández, Diputada.
184/043175
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número de altas en la Seguridad Social de personas acogidas al
convenio especial de cuidadores profesionales durante 2012 y 2013 en la
Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.-María
Ascensión Carreño Fernández, Diputada.
184/043176
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número de prestaciones por jubilación en la Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.-María
Ascensión Carreño Fernández, Diputada.
184/043177
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número de nuevos permisos de conducir en 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.-María
Ascensión Carreño Fernández, Diputada.
184/043178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número de Centros de Control de Tráfico en las distintas
Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.-María
Ascensión Carreño Fernández, Diputada.
184/043179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carmelo Romero Hernández, Diputado por Huelva, perteneciente al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Tiene conocimiento el Gobierno de cuántas aulas prefabricadas (llamadas
'caracolas') existen en los colegios e institutos de la provincia de
Huelva, impartiéndose clases de infantil, primaria, ESO y bachillerato?
¿En qué poblaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.-Carmelo
Romero Hernández, Diputado.
184/043180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por Alicante, perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el balance de Marca España desde su puesta en marcha por el
Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.-Macarena
Montesinos de Miguel, Diputada.
184/043181
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Angulo Romero, Diputada por Badajoz, perteneciente al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es la cuantía de las expropiaciones por razón de obra pública en la
provincia de Badajoz, procedente de ejercicios anteriores al año 2012,
cuyos expedientes de gasto han sido aprobados con posterioridad a esa
fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.-Teresa
Angulo Romero, Diputada.
184/043182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Angulo Romero, Diputada por Badajoz, perteneciente al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál fue el número de becas concedidas en el curso 2011/2012 a
estudiantes de enseñanzas universitarias matriculados en los centros de
la Universidad de Extremadura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.-Teresa
Angulo Romero, Diputada.
184/043183
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Angulo Romero, Diputada por Badajoz, perteneciente al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál ha sido el porcentaje de variación de los estudiantes matriculados
en primer y segundo ciclo y grado en la Universidad de Extremadura entre
los cursos 2001/2002 y 2012/2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.-Teresa
Angulo Romero, Diputada.
184/043184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Eloy Suárez Lamata, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Qué proyectos del Ministerio de Cultura están en ejecución en la
provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.-Eloy
Suárez Lamata, Diputado.
184/043185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Eloy Suárez Lamata, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál ha sido la variación del número de alumnos universitarios en la
Universidad de Zaragoza, desde 2004 hasta 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.-Eloy
Suárez Lamata, Diputado.
184/043186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número de personas que perciben ingresos entre 18.000 y 100.00
euros anuales, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al 1 de noviembre
de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2013.-Aurelio
Romero Girón, Diputado.
184/043187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número de personas que tienen ingresos inferiores a 18.000
euros anuales (bien por rentas de trabajo, cobrar prestación, o cualquier
tipo de renta), en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al 1 de noviembre
de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2013.-Aurelio
Romero Girón, Diputado.
184/043188
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número de jubilados con pensión contributiva entre 18.000 y
35.673,68 euros anuales existentes en la provincia de Cádiz, detallándolo
por municipios, al 1 de noviembre de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.-Aurelio
Romero Girón, Diputado.
184/043189
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número de jubilados con pensión contributiva superior a
35.673,68 euros anuales existentes, en la provincia de Cádiz,
detallándolo por municipios, al 1 de noviembre de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.-Aurelio
Romero Girón, Diputado.
184/043190
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Molinero Hoyos y doña Irene Moreno Felipe, Diputados por
Albacete, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas personas han sido puestas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado a disposición judicial en la provincia de Albacete, en los
años 2011, 2012 y 2013, a consecuencia de hurtos o robos producidas en el
medio rural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.-Francisco
Molinero Hoyos e Irene Moreno Felipe, Diputados.
184/043191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Molinero Hoyos y doña Irene Moreno Felipe, Diputados por
Albacete, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En materia de hurtos o robos en explotaciones agrícolas o ganaderas,
¿cuántas denuncias han sido presentadas en la provincia de Albacete, en
Castilla-La Mancha y en España en los años 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.-Francisco
Molinero Hoyos e Irene Moreno Felipe, Diputados.
184/043192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Molinero Hoyos y doña Irene Moreno Felipe, Diputados por
Albacete, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En materia de lucha contra el fraude laboral, ¿cuántas inspecciones han
sido realizadas a lo largo del año 2013 en la provincia de Albacete y en
Castilla-La Mancha? y ¿cuál ha sido la repercusión económica de las
mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.-Francisco
Molinero Hoyos e Irene Moreno Felipe, Diputados.
184/043193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Molinero Hoyos y doña Irene Moreno Felipe, Diputados por
Albacete, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
En materia de lucha contra el fraude laboral, ¿cuántos expedientes han
sido abiertos a lo largo del año 2013 en la provincia de Albacete y en
Castilla-La Mancha? y ¿cuántos expedientes han terminado con imposición
de sanción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.-Francisco
Molinero Hoyos e Irene Moreno Felipe, Diputados.
184/043194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rubén Moreno Palanques, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuestas por
escrito.
El pasado 20 de noviembre de 2013, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) -organismo público de investigación adscrito a la
Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, y, en
consecuencia, al Ministerio de Economía y Competitividad-suscribió el
'Manifiesto por la Innovación y el Conocimiento' con varias universidades
y diversos centros de I+D+i.
El acuerdo, promovido por Aigües de Barcelona, la Fundación Agbar y
CETaqua -organización sin ánimo de lucro, de la que forman parte el CSIC
y la Universidad Politécnica de Cataluña, entre otras instituciones-,
pretende potenciar la cultura innovadora reforzando las relaciones entre
el propio CSIC, las universidades y las empresas, así como favorecer una
mayor divulgación social del trabajo realizado y de los resultados
obtenidos en los centros de investigación.
Además, el manifiesto contempla la importancia de fomentar la
transferencia del conocimiento y el talento existente en la comunidad
universitaria y en la tecnológica con las empresas para mejorar su
eficiencia y generar un mayor valor añadido que favorezca un desarrollo
económico sostenible y sostenido en beneficio de toda la sociedad.
En consecuencia, y teniendo en cuenta el trabajo desarrollado por el
Gobierno desde el comienzo de la X Legislatura para fortalecer la
investigación, el desarrollo y la innovación desde la coordinación de los
organismos públicos de investigación, la universidad y la iniciativa
privada, se formulan las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué condiciones son consideradas básicas en el 'Manifiesto por la
Innovación y el Conocimiento' para favorecer la consolidación y el
desarrollo de la innovación en España?
2. ¿Qué acciones es necesario emprender, según el 'Manifiesto por la
Innovación y el Conocimiento', para fomentar una cultura innovadora y
emprendedora en España?
3. ¿Contempla medidas el 'Manifiesto por la Innovación y el Conocimiento'
para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia socioeconómica de la
innovación y para estimular la vocación científica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.-Rubén
Moreno Palanques, Diputado.
184/043195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rubén Moreno Palanques, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuestas por
escrito.
El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), adscrito al
Instituto de Salud Carlos III, y, en consecuencia, a la Secretaría de
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, y al Ministerio de
Economía y Competitividad, renovó su acuerdo de colaboración con la
Fundación Jesús Serra -integrada en el Grupo Catalana Occidente-el pasado
27 de noviembre de 2013.
La cooperación comenzó en 2009, con un convenio por el que el CNIO
acogería durante un periodo de tres a seis meses a un investigador de
prestigio internacional. El profesional seleccionado entonces fue David
Glodgar, Epidemiólogo Genético, con casi treinta años de experiencia, que
cooperó en el desarrollo del Programa de Genética del Cáncer Humano del
CNIO.
Otros especialistas que han formado parte del programa y que fueron
destacados durante la presentación pública del acuerdo son la Doctora
Mercedes Rincón, del Departamento de Microbiología y Genética Molecular
de la Universidad de Vermont, en Estados Unidos, y la Doctora Astrid
Laegreid, Profesora de Genómica Funcional en la Universidad Noruega de
Ciencia y Tecnología, localizada en la ciudad de Trondheim.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta el trabajo desarrollado por el
Gobierno desde el comienzo de la X Legislatura para fortalecer la
investigación, el desarrollo y la innovación biomédicas desde la
coordinación de los organismos públicos de investigación, la universidad
y la iniciativa privada, se formulan las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué balance hace el Instituto de Salud Carlos III de la colaboración
desarrollada desde 2009 por el Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas y la Fundación Jesús Serra?
2. ¿Qué avances espera conseguir el Instituto de Salud Carlos III con la
renovación del acuerdo de colaboración suscrito por el Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas y la Fundación Jesús Serra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.-Rubén
Moreno Palanques, Diputado.
184/043196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rubén Moreno Palanques, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuestas por
escrito.
Una de las razones de ser del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) -organismo público de investigación adscrito a la
Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, y, en
consecuencia, al Ministerio de Economía y Competitividad-es favorecer que
la ciencia salga del laboratorio y llegue a la sociedad de forma
sencilla.
Con su participación en iniciativas como la Semana de la Ciencia, el CSIC
pretende divulgar los avances científicos y tecnológicos alcanzados sobre
temas que afectan y preocupan directamente a los ciudadanos, así como
potenciar las vocaciones científicas entre los estudiantes.
Un ejemplo de la actividad desarrollada por el CSIC en el ámbito de la
divulgación científica, de la información y la formación, es el convenio
firmado el pasado 28 de noviembre de 2013 con la Universidad Autónoma de
Madrid y el Ayuntamiento de Alcobendas -también en Madrid-, para
potenciar la calidad de vida y el bienestar y el desarrollo sociales.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que el citado acuerdo será
desarrollado por el Instituto de Investigación en Ciencias de la
Alimentación -centro mixto del CSIC y de la Universidad Autónoma-y el
Patronato de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alcobendas, se formulan
las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué acciones relacionadas con la divulgación científica se
desarrollarán gracias al acuerdo suscrito por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, la Universidad Autónoma de Madrid y el
Ayuntamiento de Alcobendas?
2. ¿A quién van dirigidas las acciones relacionadas con la divulgación
científica que se desarrollarán gracias el acuerdo suscrito por el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad Autónoma
de Madrid y el Ayuntamiento de Alcobendas?
3. ¿Cómo se coordinarán las acciones contempladas en el acuerdo suscrito
por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad
Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento de Alcobendas con otras acciones ya
emprendidas por el Gobierno en el ámbito de la alimentación saludable y
la prevención de la obesidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.-Rubén
Moreno Palanques, Diputado.
184/043348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo
establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito.
¿Quiénes son los expertos responsables de la elaboración de las balanzas
fiscales que impulsa el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2013.-Josep
Sánchez i Llibre, Diputado.
184/043349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto
(BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta
por escrito relativa al veto de países de la unión aduanera rusa a
productos pesqueros, entre otros, procedentes del estado español.
Desde el pasado mes de abril de 2013, la denominada unión aduanera de
Rusia, Bielorrusia y Kazajstán impiden la entrada de carne, leche o
pescado procedente del estado español.
El argumento para este cierre de fronteras se basa en la exigencia de
garantías de que los productos procedentes del estado español cumpliesen
con todos los requisitos higiénico-sanitarios exigibles. Una exigencia
fuera de lugar puesto que los controles de la UE en esta materia son
verdaderamente estrictos.
Esta situación afecta especialmente a la industria pesquera gallega, que
incluso ha adoptado medidas particulares de análisis de las aguas en las
que pesca la flota, sobre todo en el Atlántico Sur, para medir la
radiactividad del agua, o la presencia de cadmio y otras sustancias. Este
sector se ha sometido a todo tipo de exigencias por parte de Rusia pero
todavía está al albur de las negociaciones del Ministerio de Agricultura
español con sus homólogos de la unión aduanera rusa, para saber si pueden
volver a exportar sus productos a dichos países.
Sin embargo, el sector afectado se muestra muy preocupado porque en un
plazo de tiempo breve, en un par de meses, comenzarán a llegar los barcos
con sus capturas de 'marujito', también denominado 'rock cod'. Una
especie pescada por la flota gallega que tiene una gran aceptación en los
mercados de Rusia, Bielorrusia y Kazajstán.
De hecho ya están sufriendo las consecuencias del cierre de fronteras
puesto que el precio de esta especie ha caído entre un 15 y un 20%.
El sector de la industria pesquera gallega precisa que el Gobierno imprima
cierta celeridad a las conversaciones con los gobiernos de la unión
aduanera rusa a fin de no seguir sufriendo pérdidas económicas.
Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:
¿Cuál es el estado de las conversaciones del Gobierno español con la unión
aduanera rusa (Rusia, Bielorrusia y Kazajstán) en relación a los
impedimentos de estos países a la entrada de productos pesqueros, entre
otros en sus territorios?
¿Se han producido avances?
¿Es consciente el Gobierno español de los problemas y perjuicios que este
cierre de fronteras injustificado a los productos del estado español está
provocando en el sector de la industria pesquera? ¿Sabe que comercializan
con gran éxito una especie denominada 'marujito' en dichos países? ¿Es
consciente el Gobierno de las pérdidas económicas que esto supone para el
sector?
¿Se ha reunido el Gobierno con el sector de la industria pesquera gallega
para analizar la situación?
¿Va a producirse una solución rápida? ¿Podrá el sector comercializar el
'marujito' en los países de la unión aduanera rusa dentro de dos meses?
¿Cuáles son las perspectivas al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de enero de 2014.-M.ª Olaia
Fernández Davila, Diputada.
184/043350
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita, sobre la paralización y deterioro de las obras en la
autovía Salas-La Espina.
Las inversiones en infraestructuras se han visto recortadas en sucesivos
presupuestos de tal forma que para 2014 se prevé un volumen equivalente a
hace 25 años.
Este fuerte recorte supone la paralización en las ayudas de obra en mancha
como la autovía Salas-La Espina, incluida en los planes alternativos para
las comarcas mineras.
De esta forma viaductos, túneles, trincheras etc. Así como los accesos a
éstas formas han quedado paralizadas en distintas fases de construcción,
sin que hayan adoptado medidas correspondientes para evitar un deterioro
como consecuencia del paso del tiempo de la climatología.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué medidas ha adoptado el gobierno para evitar el deterioro da las
obras de infraestructuras paralizadas como consecuencia de la crisis? ¿A
cuántas obras y en qué tramos afecta la paralización?
2. ¿Qué medidas ha adoptado el gobierno en tramos paralizados corno el
Oviedo-Salas-La Espina, para evitar el deterioro de las pilastras, los
viaductos y las vías de acceso etc...?
3. ¿Ha valorado el gobierno la posibilidad de que el grado de deterioro
pueda llevar a la demolición de partes de la obra ya realizadas, por un
deficiente mantenimiento o protección de las mismas?
4. En relación a las vías de acceso ¿ha valorado el gobierno la
posibilidad de finalización del plazo de la expropiación temporal y el
coste de una nueva expropiación al retomar las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de enero de 2014.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/043351
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo
establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas solicitando su
respuesta por escrito.
¿Está utilizando el Gobierno la misma metodología de cálculo empleada para
la estimación de las balanzas fiscales de 2005?
En caso negativo, ¿cuales son las razones de los cambios de metodología?
¿Qué cambios concretos ha introducido? ¿Ha convocado el Gobierno a alguna
comisión de expertos que avale los cambios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2013.-Josep
Sánchez i Llibre, Diputado.
184/043352
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo
establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito.
¿Piensa ajustar por ciclo económico la estimación de las balanzas
fiscales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2013.-Josep
Sánchez i Llibre, Diputado.
184/043353
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo
establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno hacer públicos los datos de base utilizados para la
elaboración de las balanzas fiscales que está llevan a cabo el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2013.-Josep
Sánchez i Llibre, Diputado.
184/043354
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita, sobre la rehabilitación del Monasterio de San Salvador
en Cornellana.
El Monasterio de San Salvador en Cornellana (Salas), data del año 1024,
cuando la infanta Cristina, hija del rey Bermudo, mando fundarlo. En 1122
el Monasterio pasó a la orden de 'Cluny', que a su vez, lo traspasó a los
benedictinos en el XIII.
Hoy siglos de historia y arte, se vienen abajo ante la paralización que
sufre el convenio que se firmó en 2007 entre el Gobierno de España y el
Principado.
El año pasado, el Ministerio de Fomento anunció que no dispone de la
partida presupuestaria, un 60% de los costes de las obras, con cargo al
1% cultural, esto es 3, 5 millones de euros. Y el Principado debía
aportar el 40% restante, es decir 2,3 millones de euros. La obra requiere
en total 5,8 millones.
Antes, en 1998 se realizaron obras de rehabilitación del edificio a lo
largo de cinco años por un montante de 4,4 millones de euros.
Un edificio declarado monumento nacional y bien de interés cultural así
como un paso fundamental del Camino de Santiago, en peligro de ruina.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Piensa dotar el Gobierno el Convenio 2007/2009 para la rehabilitación
del Monasterio de San Salvador en Cornellana?
2. ¿Piensa el Gobierno adoptar medidas urgentes al objeto de evitar un
mayor deterioro del Monasterio de Cornellana?
3. Piensa el Gobierno iniciar una acción de emergencia para evitar el
derrumbamiento de la techumbre y los humedales que amenazan de ruina al
Monasterio y la Iglesia de San Salvador en Cornellana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de enero de 2014.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/043355
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Saura García, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
En relación con la declaración informativa sobre bienes y derechos
situados en el extranjero (modelo 720), ¿cuánta información nueva ha
obtenido el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de la que
anteriormente no dispusiera y a cuánto asciende el volumen de nuevos
recursos declarados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2013.-Pedro
Saura García, Diputado.
184/043356
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Saura García, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
De los de alrededor de 30.000 defraudadores de la Amnistía Fiscal,
¿cuántos se han incluido en el Plan de Inspección del año 2013?, ¿cuál es
el perfil social y de renta de dichos contribuyentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2013.-Pedro
Saura García, Diputado.
184/043357
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Saura García, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Cuántos requerimientos de información se han dirigido a autoridades
tributarias del extranjero en relación con expedientes de la amnistía
fiscal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2013.-Pedro
Saura García, Diputado.
184/043358
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jon Iñarritu García, Diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Mixto,
de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno con
ruego de respuesta por escrito.
El pasado día 23 de diciembre, el buque Thor Fortune, con bandera de
Singapur, llegó a Bilbao procedente de Avilés con cuatro polizones a
bordo. Las cuatro personas, de origen guineano, llevaban a bordo del
barco desde el 5 de noviembre, tras un periplo por varios puertos como
Conakry, Puerto Palma (Venezuela), etc.
Desde la llegada de esta nave al puerto de Avilés, tanto el armador del
barco como CEAR, realizaron una labor de mediación ante la Embajada de
Guinea Conakry en España; tramitaron unos salvoconductos para que estas
cuatro personas pudieran desembarcar ofreciendo varios planes de viaje
(vuelo comercial; vuelo chárter y avioneta privada) para ser retornados a
su país de origen en las mejores condiciones, garantizando la cobertura
de todos los gastos del traslado tanto de los polizones (4 pasajeros)
como de sus escoltas (8 personas más).
El día 23 de diciembre, cuando toda la documentación estaba lista y tan
solo quedaba que por parte de la Subdelegación de Gobierno en Bizkaia se
aprobara el plan de viaje de la proyectada repatriación, tanto la empresa
armadora como representantes de CEAR en Bizkaia, intentaron contactar por
vías telefónica y email, de manera continua con el Subdelegado y con su
oficina, pero fue imposible ya que entre las 15 horas y las 19,53 horas
nadie respondió, a los exclusivos fines de autorizar con su firma la
repatriación.
Finalmente, el armador, entendiendo que las gestiones para el desembarco
habían fracasado, ordenó al Capitán que el Thor Fortune zarpara rumbo al
puerto de Tampa-Florida (USA) con los 4 polizones a bordo, dando
continuidad a un problema que estaba ya resuelto y poniendo en peligro la
vida y seguridad de estas personas.
Por todo ello, Amaiur desea conocer:
1. ¿Cuál es la razón por la que ni el subdelegado del Gobierno en Bizkaia
ni el personal de su oficina, estuvieron localizables entre las 15 h. y
las 19,53 h. del 23 de diciembre? ¿No existe la responsabilidad de estar
disponible o localizable permanentemente ante situaciones de urgencia?
2. Teniendo conocimiento la Subdelegación del Gobierno que su firma era
imprescindible en la culminación de los trámites ¿por qué no actuó de
oficio y estuvo pendiente de la resolución de la problemática conforme a
la Instrucción conjunta de la Dirección General de la Policía, Dirección
General de Política Interior, y Dirección General de Inmigración de
28-11-2007? ¿O en su caso por qué no se delegó en la Brigada Provincial
de Extranjería y Fronteras de Bizkaia - Grupo de Fronteras Marítimas la
ejecución de dichos trámites?
3. ¿Ha abierto el Gobierno alguna investigación para determinar si ha
existido alguna omisión grave o dejación de responsabilidades en la (no)
actuación por parte del Subdelegado del Gobierno en Bizkaia ante un tema
de su exclusiva incumbencia?
4. ¿Eludió la Subdelegación, de forma consciente, su papel en la
resolución del retorno de los polizones del Thor Fortune incumpliendo las
Instrucciones en la materia de 2007?
5. ¿Existieron comunicaciones por parte de la Comisaria de Policía
Nacional de Bilbao y el Subdelegado del Gobierno en Bizkaia con respecto
a los polizones del Thor Fortune durante la tarde del 23 de diciembre?
¿Cuántas? ¿Con qué resultado?
6. ¿Quién y cómo pudo localizar al subdelegado del Gobierno en Bizkaia
desde la Delegación del Gobierno en Euskadi hacia las 20 h. del 23 de
diciembre impartiendo instrucciones a la Policía para 'resolverla
cuestión en el marco del cumplimiento de la normativa vigente'? ¿Qué
gestiones, ante quién, y con qué resultado se efectuaron a partir de la
mencionada hora?
7. ¿Se ha trasladado a las autoridades policiales y marítimas de Tampa y
de los puertos subsiguientes el expediente y las vicisitudes habidas para
poder facilitar su desembarco y retorno desde dichos puertos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2014.-Jon Iñarritu
García, Diputado.
184/043359
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jon Iñarritu García, Diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Mixto,
de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno con
ruego de respuesta por escrito.
1. ¿Cuántos polizones han solicitado protección internacional, asilo, o
protección subsidiaria en puertos españoles desde 2008, con desglose de
personas, países, puertos y fechas?
2. ¿A cuántos de ellos se les ha concedido el asilo o la protección
subsidiaria solicitada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2014.-Jon Iñarritu
García, Diputado.
184/043360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jon Iñarritu García, Diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Mixto,
de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno con
ruego de respuesta por escrito.
Según han informado diversas fuentes saharauis y atestiguan varias
fotografías, dos agentes españoles de la Guardia Civil fueron observados
el viernes 20 de diciembre en la ciudad de El Aaiún (Sahara Occidental),
junto a agentes de los Servicios de Seguridad marroquíes. Los guardias
civiles españoles uniformados fueron vistos en compañía de un agente
marroquí en la calle Bucraa.
Por ello, Amaiur desea conocer:
1. ¿Qué cometido tenían dichos agentes uniformados de la Guardia Civil
española en los territorios ocupados del Sahara Occidental?
2. ¿Desde cuándo se encuentran en El Aiún? ¿Por cuánto tiempo estuvieron o
estarán en la capital saharaui?
3. ¿Se informó a la delegación saharaui para España de la misión?
4. ¿La misión exterior realizada por la Guardia Civil en el Sahara
Occidental ha sido debidamente autorizada por el Congreso de los
Diputados? ¿Cuándo? ¿Quién autorizó la misión?
5. Teniendo en cuenta que España, ante el conflicto del Sahara Occidental,
como ex potencia colonizadora del territorio, no debe tener ningún agente
de su administración, en especial de los cuerpos de seguridad del Estado
español que no deben estar en el territorio según su posición de
'neutralidad en el conflicto', mientras que no se resuelva el problema de
ocupación marroquí al Sahara Occidental. Razón por la que no forma parte
del contingente de los cascos azules desplegados por la ONU en el
territorio desde 1991. ¿Considera el Gobierno que se ha infringido esta
neutralidad?
6. ¿Tiene conocimiento el Gobierno de las conculcaciones de los derechos
humanos realizadas por las fuerzas ocupantes marroquíes en el Sahara
Occidental?
7. ¿Cómo considera el Gobierno que ha sido interpretado por la población
saharaui el hecho de ver a agentes policiales españoles acompañados de
fuerzas ocupantes marroquíes por las calles del Sahara Occidental?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2014.-Jon Iñarritu
García, Diputado.
184/043361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jon Iñarritu García, Diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Mixto,
de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno con
ruego de respuesta por escrito.
1. ¿Qué valoración realiza el Gobierno sobre la aplicación de la Ley de la
Memoria Histórica de 2007 en lo relativo a la retirada de símbolos
franquistas en Melilla?
2. ¿Cuántos símbolos franquistas se han catalogado en Melilla?
3. ¿Ha realizado el Gobierno alguna gestión con las autoridades de la
Ciudad Autónoma en relación a la retirada de símbolos franquistas? ¿Tiene
intención de realizarla?
4. ¿Qué opinión le merece al Gobierno la existencia de una estatua de
Francisco Franco en las inmediaciones del Puerto de Melilla? ¿Considera
que favorece la 'Marca España' que el Gobierno intenta promocionar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2014.-Jon Iñarritu
García, Diputado.
184/043362
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jon Iñarritu García, Diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Mixto,
de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno con
ruego de respuesta por escrito.
En agosto de 2010 La estatua ecuestre del dictador Francisco Franco fue
retirada del acuartelamiento 'Millán Astray' (Melilla) en cumplimiento de
la Ley de Memoria Histórica, una figura que en un principio fue
depositada en un almacén.
Desde principios de marzo de 2011 la estatua del dictador totalitario está
expuesta en el patio de la empresa Gaselec, tras ser cedida en octubre de
2010, por el Ministerio de Defensa por el periodo de 5 años al
propietario de la empresa. Según indico a la prensa el propietario, la
estatua podrá ser visitada por 'todos aquellos amantes de la figura del
generalísimo'.
Por todo ello, Amaiur desea conocer:
1. ¿Cuál fue el motivo de ceder la estatua ecuestre del dictador Franco
teniendo en cuenta que se intentaba con ello hacer apología del dictador?
2. ¿Quién tomó la decisión de ceder la estatua ecuestre de Franco en 2010?
3. ¿Revocará el Gobierno la cesión teniendo en cuenta que entre los fines
de la misma están la apología del dictador?
4. ¿Procederá a renovar la cesión en 2015 a la misma empresa?
5. ¿Ha cedido el Gobierno más símbolos retirados por la Ley de Memoria a
personas particulares? ¿Cuántas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2014.-Jon Iñarritu
García, Diputado.
184/043363
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jon Iñarritu García, Diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Mixto,
de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno con
ruego de respuesta por escrito.
El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla acoge en
la actualidad a cerca de 950 extranjeros, prácticamente el doble de su
capacidad máxima, que es de 512 plazas.
Por ello, Amaiur desea conocer:
1. ¿Tiene intención el Gobierno de ampliar el CETI de Melilla teniendo en
cuenta su superpoblación?
2. ¿Contempla el Gobierno la posibilidad de separar el Centro en una zona
para familias y otra para personas solteras?
3. ¿Cuántas personas han pasado por el CETI desde su apertura, dividida
por años?
4. ¿Cuál ha sido el presupuesto destinado al CETI desde su apertura,
dividida por años?
5. ¿Cuál ha sido el personal del CETI desde su apertura dividida por años?
6. ¿Cuántas de las personas que actualmente se encuentran en el CETI han
solicitado asilo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2014.-Jon Iñarritu
García, Diputado.
184/043364
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jon Iñarritu García, Diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Mixto,
de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno con
ruego de respuesta por escrito.
1. ¿Cuál ha sido el coste de instalación y mantenimiento de la valla
fronteriza de Melilla desde su apertura, dividida por años?
2. ¿Cuántas personas han conseguido traspasar la valla fronteriza de
Melilla desde su apertura, dividida por años?
3. ¿Cuántas personas han resultado heridas al traspasar (o intentarlo) la
valla fronteriza de Melilla?
4. ¿Cuántos inmigrantes han entrado en Melilla en los últimos 10 años
dividido por años?
5. ¿Cuál ha sido el coste de instalación y mantenimiento de la valla
fronteriza de Ceuta desde su apertura, dividida por años?
6. ¿Cuántas personas han conseguido traspasar la valla fronteriza de Ceuta
desde su apertura, dividida por años?
7. ¿Cuántas personas han resultado heridas al traspasar (o intentarlo) la
valla fronteriza de Ceuta?
8. ¿Cuántos inmigrantes han entrado en Ceuta en los últimos 10 años
dividido por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2014.-Jon Iñarritu
García, Diputado.
184/043365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jon Iñarritu García, Diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Mixto,
de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno con
ruego de respuesta por escrito.
1. ¿Cuántas personas tienen como lengua habitual el rifeño (tarifit o
tamizight) en Melilla?
2. ¿Considera el Gobierno impulsar el fomento de esta lengua en la
educación, excluida en el sistema escolar y que habla más de la mitad de
los melillenses?
3. ¿Es cierto que la franja de población que lo habla es precisamente la
económicamente 'más frágil', y a la que se atribuye el mayor fracaso
escolar? ¿Ayudaría la enseñanza en rifeño en luchar contra el fracaso
escolar en Melilla? ¿Ha realizado el Gobierno algún estudio al respecto?
4. ¿Cuántas personas tienen como lengua habitual o lengua materna el árabe
en Ceuta?
5. ¿Considera el Gobierno impulsar el fomento de esta lengua en la
educación, excluida en el sistema escolar y que habla más de la mitad de
los ceutíes?
6. ¿Es cierto que la franja de población que lo habla es precisamente la
económicamente 'más frágil', y a la que se atribuye el mayor fracaso
escolar? ¿Ayudaría la enseñanza en árabe en luchar contra el fracaso
escolar en Ceuta? ¿Ha realizado el Gobierno algún estudio al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2014.-Jon Iñarritu
García, Diputado.
184/043366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfred Bosch i Pascual, en su calidad de Diputado de Esquerra
Republicana-Catalunya SI (ERC-RCat-CatSí), adscrito al Grupo Mixto y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas,
solicitando su respuesta por escrito
Recientemente, el diario 'El País' ha hecho público que el Ministerio de
Asuntos Exteriores ha enviado un documento a las Embajadas y Consulados
con argumentos para neutralizar el proceso soberanista catalán. El
documento, titulado 'Por la convivencia democrática', no ha sido hecho
público si bien el Ministerio ha confirmado su existencia.
- ¿Cuál ha sido el coste económico de su elaboración?
- ¿Cuando fue elaborado?
- ¿Por qué ha decidido el Ministerio enviarlo ahora a las Embajadas y
Consulados?
- ¿Han participado otros organismos, aparte del propio Ministerio, en su
elaboración? En caso afirmativo, ¿cuáles?
- ¿Por qué no lo hace público el Gobierno español?
- ¿A cuántas embajadas y consulados ha sido enviado el documento?
Especificar detalladamente
- ¿Ha elaborado el Ministerio otros documentos con el mismo objetivo? En
caso afirmativo, ¿cuáles? ¿Los piensa hacer públicos?
- ¿Este documento ha sido elaborado con recursos y personal de la
Administración General del Estado?
- ¿Quién ha dirigido la elaboración de dicho informe?
- ¿Han participado especialistas en su elaboración? En caso afirmativo,
¿cuáles?
- ¿Cómo explica el Gobierno que haya elaborado un informe en contra de una
convocatoria a las urnas?
- ¿Por qué el Gobierno no ha informado de la existencia de dicho informe a
las Cortes Generales?
- ¿Ha contactado el Gobierno con la Generalitat antes de enviar dicho
informe a las Embajadas y Consulados? Si es que no, ¿cómo justifica el
Gobierno que no haya contactado previamente con la administración más
implicada y afectada (la Generalitat) antes de realizar el envio?
- ¿Considera el Gobierno que el tema tratado es esencialmente de carácter
doméstico? Si es así, ¿cómo explica que lo ponga en conocimiento de los
servicios exteriores para que lo expliquen a la comunidad internacional?
- ¿El Gobierno suele enviar a embajadas y consulados informes con
posicionamientos político?
- ¿Cómo explica el Gobierno que en el informe se posicione claramente
contra la independencia de Catalunya pero no admita que los ciudadanos y
las ciudadanas se posicionen en las urnas?
- ¿De dónde ha obtenido los datos sobre las balanzas fiscales de Catalunya
? ¿El Gobierno las puede confirmar?
- ¿Por qué el Gobierno no hace públicos los datos de balanzas fiscales
completas pero si las incorpora en dicho informe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2014.-Alfred Bosch i
Pascual, Diputado.
184/043367
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su
diputado, Álvaro Anchuelo Crego, y al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre
el aumento de la precarización del empleo durante 2013.
Exposición de motivos
Acaban de publicarse los datos del SEPE (Servicio Público de Empleo
Estatal) correspondientes a diciembre de 2013, lo que permite realizar un
balance del conjunto del año en el mercado laboral.
UPyD ya anticipó que la reforma laboral provocaría una mayor
precarización, frente a nuestra propuesta de contrato indefinido único.
Esto es exactamente lo que está sucediendo, según los propios datos
oficiales.
En diciembre de 2013 los contratos de trabajo de carácter indefinido han
representado tan solo el 6,49% de todos los contratos. Es decir, más del
93% de los nuevos contratos son temporales, precarios. Lo que es aún más
grave, en magnitudes acumuladas para el conjunto de 2013 se observa una
reducción de 298.027 (-20,80%) sobre el año 2012 en el número de
contratos indefinidos.
Es más, los contratos indefinidos del mes de diciembre se dividen, en
cuanto a la duración de su jornada, en 48.534 a tiempo completo y 35.258
a tiempo parcial. Por tanto, incluso de los escasos contratos indefinidos
un 42% son a tiempo parcial.
En términos acumulados, los contratos indefinidos a tiempo completo
alcanzan en los doce meses de 2013 un total de 625.563: el 18,72% menos
que el año 2012. Los contratos indefinidos a tiempo parcial, que suponen
un total de 509.386, registran una reducción del 23,21% en relación al
año anterior.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Sigue afirmando el Gobierno, pese a la abrumadora evidencia en contra
proporcionada por los propios datos oficiales, que su reforma laboral
favorece el empleo estable y la disminución de la dualidad en el mercado
de trabajo?
2. ¿Contempla la posibilidad de implantar un contrato indefinido único que
favorezca verdaderamente la estabilidad en el empleo y elimine la
dualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2014.-Álvaro Anchuelo
Crego, Diputado.
184/043369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el articulo 185 y siguientes del Reglamento
del Congreso de los Diputados, el diputado adscrito al Grupo
Parlamentario de Izquierda Plural formula la siguiente pregunta dirigida
al Gobierno, para su respuesta escrita.
Según una información publicada por el diario El Mundo, el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social pagará unos cinco millones de euros a una
consultora privada para 'la implantación del modelo de lucha contra el
empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social'. Dicho diario se hace
eco de algunos elementos de la licitación, y se estimaría que para este
trabajo de 24 meses de duración serán necesarias ocho personas: Un
gerente, dos consultores responsables de negocio y seis consultores
analistas de datos.
Este episodio se enmarca en un proceso de privatizaciones parciales
constantes por parte del gobierno y, en concreto en el ministerio de
empleo. Servicios cómo el informático ya está privatizado en un 80%. La
impresión y envío de las vidas laborales de los españoles están
externalizados, igual que la elaboración de un estudio sobre la formación
de los empleados de la Tesorería General de la Seguridad Social. Todas
estas funciones podrían ser ejercidas por el personal funcionario.
¿Confirma el Gobierno la existencia del mencionado concurso?
En caso afirmativo ¿Considera el Gobierno que entre los miles de
trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
no hay 8 personas con los perfiles necesarios para desarrollar un modelo
de lucha contra el fraude?
¿Considera el Gobierno eficiente gastar 5 millones de euros para contratar
a 8 personas durante 24 meses?
¿Considera el Gobierno preferible privatizar y externalizar a una gestión
eficiente de los recursos actualmente disponibles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2014.-Joan Coscubiela
Conesa, Diputado.
184/043370
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su
portavoz, doña Rosa Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre
los mecanismos de control previstos para garantizar la asistencia
sanitaria en todo el territorio nacional tras la implantación de la
tarjeta sanitaria única.
Exposición de motivos
En el artículo 43 de la Constitución Española se realiza un reconocimiento
universal del derecho a la protección de la salud que implica que la
condición de ciudadano es suficiente para beneficiarse de las
prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud (SNS). En
consonancia con lo anterior, la Ley General de Sanidad (LGS) establece el
principio general de la extensión de la asistencia sanitaria pública a
toda la población y el acceso a la misma en condiciones de igualdad.
Las Comunidades Autónomas tienen la competencia para hacer efectivo este
derecho en su ámbito territorial y por tanto junto al papel del Estado
para regular las bases y coordinación general tienen capacidad normativa
para organizar y gestionar los servicios de salud.
El derecho a la protección de la salud comprende el catálogo de
prestaciones vigente, y aunque pueden ampliar la cartera de servicios
común (lo cual origina de hecho desigualdades territoriales) las CC.AA.
deben garantizar la equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias
superando las desigualdades territoriales.
La tarjeta sanitaria que actualmente existe garantiza teóricamente la
asistencia sanitaria en todo el territorio nacional incluso cuando la
persona se encuentra desplazada en una comunidad distinta a la que
reside. No obstante son numerosas las quejas de ciudadanos a quienes se
niega dicha asistencia o encuentran dificultades para recibirla debiendo
recurrir al servicio de urgencias. De hecho, la forma en que se articula
la atención sanitaria a las personas procedentes de otra comunidad es muy
dispar ya que mientras unas CC.AA. sólo atienden por urgencias otras
expiden algún tipo de documento para garantizar su atención el tiempo que
dura el desplazamiento. Estas deficiencias se han visto agravadas en los
últimos años, quizá motivadas por el hecho de que cualquier gasto
generado, ya sea en urgencias, atención primaria, especializada o
cualquier intervención quirúrgica, debe ser asumido por la comunidad de
destino.
Se ha aprobado por parte del Gobierno la creación de un formato único de
tarjeta sanitaria, interoperable en todo el territorio español al parecer
con la finalidad de favorecer la interconexión de los datos sanitarios de
los pacientes y la identificación de los pacientes dentro de todo el
territorio español (cuestiones estas que ya permitían las anteriores
tarjetas sanitarias).
En relación a lo anterior, se presentan las siguientes preguntas:
1. Si no se modifican los sistemas de información, gestión de datos y
coordinación entre comunidades autónomas, ¿qué se espera que aporte la
nueva tarjeta sanitaria respecto a las ya existentes?
2. ¿Cuál es el resultado esperado de la implantación de la tarjeta
sanitaria única?
3. ¿De qué manera se evaluará su eficacia y eficiencia? O dicho de otro
modo, ¿se ha previsto algún sistema para identificar las deficiencias de
funcionamiento que limitan el acceso, a la asistencia sanitaria en
condiciones de igualdad con independencia de si se encuentra en una
Comunidad Autónoma distinta a la de residencia?
4. ¿Cuáles serán las consecuencias o sanciones para aquellas CC.AA. que
pongan trabas al acceso a la asistencia sanitaria para los ciudadanos
procedentes de otras Comunidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2014.-Rosa María Díez
González, Diputada.
184/043371
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jon Iñarritu García, Diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Mixto,
de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno con
ruego de respuesta por escrito.
En varios paneles del Museo Histórico Militar de Melilla (Ministerio de
Defensa) se califica al golpe de Estado de 1936 y a la Guerra Civil
Española 1936-1939 de 'Guerra de Liberación' y de 'Cruzada de
Liberación'.
Teniendo en cuenta que este Museo fue inaugurado en 1997 y que los paneles
informativos han sido instalados posteriormente.
Amaiur desea conocer:
1. ¿Cuál es la razón de calificar con estas denominaciones franquistas a
la Guerra Civil Española?
2. ¿Desde cuándo están instalados dichos paneles? ¿Quién los realizó?
3. ¿Tiene intención el Gobierno de modificarlos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2014.-Jon Iñarritu
García, Diputado.
184/043372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jon Iñarritu García, Diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Mixto,
de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno con
ruego de respuesta por escrito.
El proyecto de la estación depuradora de aguas residuales en el humedal
Lamiako (Bizkaia), ideada para culminar el Plan Integral de Saneamiento
del Nervión cuyo inicio estaba previsto para 2010 se encuentra
paralizado, aunque su tramitación ambiental está concluida desde hace
tiempo.
Hasta hace dos años, el Ministerio de Medio Ambiente -encargado de
financiar esta obra declarada de interés general-achacaba la falta de
avances a la espera de la conclusión de la Declaración de Impacto, un
paso indispensable antes de la aprobación del anteproyecto y de la
licitación de la obra. Ahora, en cambio que ya está concluida y siendo la
declaración de impacto favorable a la instalación el proyecto está
paralizado.
Por ello, Amaiur desea conocer:
1. ¿Cuál es la razón de la paralización?
2. ¿Cuándo estima el Gobierno que se ponga en marcha?
3. ¿Se mantiene informada a las autoridades locales de Leioa del estado
del proyecto?
4. ¿Se contempla alguna alternativa para realizar una depuradora de este
tipo en otro lugar de Bizkaia? ¿Considera el Gobierno que la ubicación de
una depuradora de este tipo sea en un humedal con 162 especies censadas,
37 de ellas incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas es la
más adecuada?
5. ¿Se ha evaluado la posibilidad de implementar las capacidades de la
depuradora de Galindo (Barakaldo) para que todas las aguas residuales del
Gran Bilbao sean tratadas en ella y no tener que abrir otra
macro-depuradora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2014.-Jon Iñarritu
García, Diputado.
184/043373
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo
Parlamentario de Izquierda Plural formula la siguiente pregunta dirigida
al Gobierno, para su respuesta escrita.
La plataforma 'Tanquem els CIES' y el Observatori del Sistema Penal i
Drets Humans de la Universidad de Barcelona han presentado una denuncia
judicial por presuntas agresiones de unidades antidisturbios de la
Policía Nacional a internos del CIE de la Zona Franca los pasados días 31
de diciembre y 1 de enero.
Concretamente, manifiestan que la tarde del 31 de diciembre de 2013,
coincidiendo con la protesta de la sociedad civil en denuncia por las
condiciones de internamiento en el centro, diversas dotaciones de
antidisturbios se encontraban en el CIE y sin motivo aparente golpearon
indiscriminadamente a los internos, provocando heridas graves, pero, a
pesar de la situación, ninguna persona ha sido trasladada fuera del
centro para ser atendida por los servicios médicos. Según las mismas
fuentes, las agresiones y vejaciones continuaron a lo largo del día 1 de
enero.
¿Por qué motivos se desplazaron unidades antidisturbios de la Policía
Nacional al CIE de la Zona Franca el pasado 31 de diciembre?
¿Confirma el Gobierno que las unidades antidisturbios actuaron en el
interior del CIE de la Zona Franca? En caso afirmativo, ¿en qué consistió
la intervención? Como consecuencia de esta, ¿se produjeron lesiones a los
internos?
¿Va a iniciar el Gobierno una investigación en relación a los hechos
denunciados por la plataforma 'Tanquem els CIES' y el Observatori del
Sistema Penal i Drets Humans de la Universidad de Barcelona?
¿Confirma el Gobierno que diversos internos están en huelga de hambre como
acción de protesta por los incidentes relatados?
¿Por qué razones las autoridades del CIE de la Zona Franca denegaron el
acceso el pasado 3 de enero de la Comissió independent de Drets Humans de
la plataforma 'Tanquem els CIES'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2014.-Joan Coscubiela
Conesa, Diputado.
184/043374
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita, sobre presencia de agentes uniformados de la Guardia
Civil en los territorios ocupados del Sahara Occidental.
Según se ha informado desde los territorios ocupados del Sahara
Occidental, dos agentes españoles de la Guardia Civil fueron localizados
el 20 de diciembre de 2013 en la ciudad de El Aaiun, junto a un agente de
los Servicios de Seguridad marroquíes. Los guardias civiles españoles
eran dos agentes, una mujer de unos treinta y cinco años y un hombre de
alrededor de cuarenta. Ambos guardias civiles iban uniformados sobre las
once de la mañana, en horario del Sahara Occidental, en compañía de un
agente marroquí en la calle Bucraa. Se les tomaron varias fotos sin que
se dieran cuenta ni tampoco el propio agente marroquí que les conducía de
forma discreta, evitando transeúntes en la zona. Según defensores
saharauis de derechos humanos los dos guardias civiles españoles
estuvieron alojados en un hotel, donde se suelen alojar agentes
marroquíes de los servicios secretos y altos mandos del ejército
marroquí.
España, ante el conflicto del Sahara Occidental, como ex potencia
colonizadora del territorio, no debe tener ningún agente de su
administración, en especial de los cuerpos de seguridad del Estado
Español, que no deben estar en el territorio según su posición de
'neutralidad en el conflicto', mientras no se resuelva el problema de
ocupación marroquí al Sahara Occidental. Por esta razón España es el
único país
del mundo que no forma parte del contingente de los cascos azules
desplegados por la ONU en el territorio desde 1991.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Es cierto que dos agentes uniformados de la Guardia Civil se hallaban
en misión en El Aaiun el 20 de diciembre de 2013?
2) ¿Cuál era la naturaleza de su misión?
3) ¿Viene ordenando el Gobierno el despliegue de agentes de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en los territorios ocupados del Sahara
Occidental? ¿Cuál es la naturaleza de las misiones encomendadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2014.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/043375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita, sobre el 'Caso Couso' y el incumplimiento del Tratado
de extradición con Estados Unidos.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye la
investigación de la muerte del cámara José Couso durante la invasión de
Irak en el año 2003, ha reclamado el 3 de enero de 2014 al Gobierno -a
través del Ministerio de Justicia-que 'adapte las medidas oportunas' con
respecto a lo que considera un 'incumplimiento de las disposiciones
previstas en el Tratado bilateral de extradición' existente entre España
y Estados Unidos.
El auto del juez Pedraz es consecuencia de la petición realizada por la
Fiscalía, después de que la acusación particular en esta causa solicitara
a principios del pasado mes de diciembre al titular del Juzgado Central
de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional que imputara por un
delito de encubrimiento a las autoridades estadounidenses y españolas 'al
no haber cooperado las mismas de conformidad a los tratados bilaterales
firmados entre ambos países'. En su auto, el magistrado confirma la
argumentación del Ministerio Fiscal y da por constatada 'la falta de
colaboración de las autoridades competentes de los Estados Unidos de
América', que habrían imposibilitado 'el agotamiento y la conclusión' de
la instrucción. Pedraz coincide en que existe esta falta de colaboración,
pero rechaza emprender acciones legales en este sentido porque asegura
que 'el encubrimiento que se denuncia no encaja en los supuestos
enumerados en la Ley Orgánica del Poder Judicial', así como que la
responsabilidad de que se cumplan los tratados bilaterales es del
Gobierno, no de la Justicia. 'Se vislumbra que, efectivamente, las
autoridades norteamericanas no han cooperado con las españolas de la
manera en que se especifica en los tratados bilaterales', señala el juez,
que no obstante asevera que 'ello no habilita a los juzgados a
inmiscuirse en temas de política criminal internacional y cumplimiento o
no de los Tratados internacionales, quedando esta facultad en manos de
las autoridades políticas (Gobierno de la nación y Cortes Generales)'.
Sin embargo, Pedraz sí que dispone comunicar al Ministerio de Justicia
'la falta de colaboración de las autoridades competentes de los Estados
Unidos de América y, en consecuencia, el incumplimiento de las
disposiciones previstas en el Tratado bilateral de extradición' con el
fin de que 'el Gobierno de España adopte las medidas oportunas'.
Como se recordará, el magistrado cursó una comisión rogatoria en marzo de
2011 en la que solicitaba la filiación y el domicilio de la sargento
Adrienne Kinne, a fin de poder tomarle declaración como testigo en el
procedimiento en el que se investiga la muerte de Couso, que tuvo lugar
el 8 de abril de 2003 en el hotel Palestina, de Bagdad. Kinne aseguró en
el programa de televisión Democracy Now, dirigido por la periodista Amy
Goodman, a la que el juez también quería interrogar, que sabía que el
hotel Palestina era objetivo potencial por parte del ejército
norteamericano.
En la causa, que fue reabierta por segunda vez en julio de 2010 por orden
del Tribunal Supremo, se encuentran procesados y bajo orden de busca y
captura el teniente coronel Philip de Camp, el capitán
Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson, todos ellos de nacionalidad
estadounidense, por un delito contra la comunidad internacional en
concurso con un homicidio.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante la solicitud presentada
por el juez Santiago Pedraz, de que el Gobierno tome las medidas
oportunas ante el incumplimiento por parte de las autoridades
estadounidenses del Tratado bilateral de extradición con Estados Unidos,
en relación con el 'caso Couso'?
2) ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para obligar al gobierno de los
Estados Unidos a tramitar la extradición del teniente coronel Philip de
Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson, todos ellos
de nacionalidad estadounidense, por un delito contra la comunidad
internacional en concurso con un homicidio, y para que se tome
declaración a la sargento Adriennne Kinne como testigo en el
procedimiento en el que se investiga la muerte de Couso, que tuvo lugar
el 8 de abril de 2003 en el hotel Palestina, de Bagdad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2014.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/043376
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita, sobre Causas y consecuencias del recorte de la pista
del Aeropuerto de Asturias.
El aeropuerto de Asturias es una infraestructura de primer orden en una
región periférica como Asturias, cercada por la cordillera hacia la
meseta y con una autopista de perpetuo peaje que condiciona su
conectividad. Durante años el Partido Popular ha interpelado en el
Parlamento Regional consultas sobre la escasa operatividad del aeropuerto
de Asturias en condiciones de baja visibilidad, escasez de rutas o
ausencia de una política aeroportuaria clara a los diferentes gobiernos
del Principado. Ahora tiene la oportunidad de contrastar sus
declaraciones y acciones con la realidad y actuar en consecuencia.
Tras el primer intento fallido de privatizar AENA a precio de saldo, la
decisión tomada desde el Ministerio de Fomento y AENA Aeropuertos de
recortar 150 metros de pista parece perseguir el cumplimiento de las
recomendaciones europeas que harían posible una eventual privatización
antes de las próximas elecciones generales de 2016. El aeropuerto de
Asturias entraría, junto con los aeropuertos de Barcelona, Gran Canaria,
Sevilla, Menorca y Lanzarote, en uno de los tres lotes en los que se
pretendería privatizar la red de infraestructuras aéreas. La otra
alternativa, de rellenar la vaguada y ampliar la pista no es una opción
para el ejecutivo porque no estaría lista a tiempo para una eventual
venta antes de los comicios de 2016.
La norma a la que el Ministerio alude para justificar el recorte de 150
metros de pista (trasladar el umbral de la pista 150 metros sobre la
cabecera actual disminuyendo la longitud útil de pista) es una
recomendación en la que se aconseja eliminar cualquier elemento que no se
pueda quebrar fácilmente y que esté situado a una distancia inferior de
300 metros de las cabeceras de las pistas. Para poder cumplir tal
recomendación es necesario alejar los mástiles de metal que soportan el
sistema ILS de la cabecera de la pista 29 pudiendo optar por rellenar la
vaguada y aumentar la longitud operativa de la pista o mantener el
sistema antiniebla en la posición actual y remodelar la cabecera de la
pista acortando su longitud en 150 metros. A raíz de la radical solución
adoptada por el Ministerio, Álvaro Gammicchia, representante del
Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA) en el comité de
seguridad del aeropuerto de Asturias sostiene que 'nosotros tenemos claro
que no nos gusta, porque nunca somos favorables a perder metros de pista
.Queremos saber la respuesta de los diferentes modelos de aeronaves con
150 metros menos de pista y en diferentes condiciones: viento de cola o
pista contaminada, es decir, mojada' En su opinión, 'el proyecto ha
generado más problemas al aeropuerto que el beneficio que supuestamente
se busca', ya que considera que, en esta nueva normativa de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea (AESA), 'España está siendo más papista que el
Papa. Se trata de recomendaciones
europeas que aquí se quieren imponer como norma. Sin embargo, los cambios
a que obliga generan más problemas, por lo que nosotros debemos tener
todas la garantías de que se operará con seguridad'.
En septiembre de 2013, cuando se dio a conocer la noticia del recorte de
pista, el Ministerio de Fomento, a través de su director de proyectos,
Ángel Gallego, afirmaba que 'el recorte de pista es la mejor opción desde
el punto de vista económico, con un coste de 1,2 millones de euros ya que
la otra medida estudiada consistente en rellenar la vaguada en la que
está el equipo antiniebla del aeropuerto y que conllevaría aumentar la
longitud útil de pista, obliga a un gran movimiento de tierras, sale por
4 millones'
Sin embargo, el precio final con el que salía a concurso la licitación del
recorte de la pista del aeropuerto de Asturias a finales de año asciende
a 3,1 millones de euros, más IVA, muy superior a los 1,2 millones
anunciados. La diferencia con la opción de rellenar la vaguada (4
millones de euros, aunque con un plazo de ejecución mayor que superaría
el umbral de las elecciones nacionales) decisión que permitiría aumentar
la longitud útil de la pista en 150 metros pierde peso como 'mejor opción
desde el punto de vista económico'. Los sobrecostes de las obras de
nuevas grandes terminales en aeropuertos ,como Santiago, León o Pamplona,
donde se optó por no ampliar las existentes sino gastar millones en
nuevas terminales, cada día más en entredicho, chocan con la negativa de
una inversión mínima que incurrirá en un 'peaje' muy costoso de revertir.
El recorte de la pista choca con el plan director del aeropuerto,
ratificado en 2001, que prevé la posible expansión y crecimiento de la
infraestructura en 200 metros si las condiciones lo requirieran, e
incumple el real decreto de 1988 sobre los aeropuertos de interés
general.
Para no incumplir el plan director vigente el Ministerio comunicó en
octubre de 2013, en respuesta a una pregunta del diputado que suscribe,
que el Ministerio trabaja en la redacción de un nuevo plan director para
el aeropuerto de Asturias en el que se eliminará la opción expansiva
limitando la posibilidad de crecimiento del aeropuerto ya que lo
considera suficiente para las aeronaves que se espera operen en el
aeropuerto. Sin embargo, el plan director de los aeropuertos es por
definición la hoja de ruta a seguir para la expansión de los aeropuertos
de la red AENA.
En aeropuertos con características similares al caso asturiano (volumen de
pasajeros, longitud de pista y altitud de la misma) como pudiera ser el
caso del aeropuerto de Coruña AENA licitó en 80 millones de euros la
ampliación de la pista hasta alcanzar los 2.482 metros para permitir la
óptima operación de aviones contemplados en su plan director. En Asturias
una diferencia de 0,9 millones de euros condenará el futuro de la
infraestructura con una pista para aterrizajes de 2.050 metros,
insuficiente para ciertas aeronaves que ya operan en Asturias en
condiciones atmosféricas desfavorables (viento cruzado, lluvia...), no
para futuribles lejanos.
El recorte de la pista no afectará a la línea de despegue, pero para que
un avión despegue desde Asturias antes tiene que aterrizar. Y aquí es
donde llegan los problemas: Al alejar el punto de toma de tierra de los
aviones de las balizas antiniebla acortando la pista útil para el
aterrizaje se limita las prestaciones del aeropuerto bajo condiciones
climatológicas adversas como son las rachas de viento cruzado que estos
días azotan el Cantábrico, aterrizajes en pavimento deslizante por
lluvia... En el caso de los aviones comerciales tipo A320 o B737 que
operan en Asturias la nueva longitud de pista debería de ser suficiente,
pero no así para otras aeronaves como el A330 que Air Europa utilizó de
forma regular en la ruta a Lanzarote. Es para las aeronaves de segmento
de más de 200 pasajeros donde la longitud de pista en el aterrizaje es un
tema crucial. Con la decisión, Asturias pierde competitividad respecto a
los aeropuertos vecinos de Coruña, Santander e incluso León en cuestión
de operatividad, una de las principales premisas de las aerolíneas a la
hora de abrir rutas.
Junto con la decisión del recorte de la pista, AENA prevé aplicar el 'plan
de racionalización de NDB' en Asturias; es decir, Asturias perderá sus
dos radio-ayudas (denominadas NDB) que guían a los aviones tanto para
llegar a la pista como para salir de ella. Con ellas perderá, además, su
actual nivel de operatividad, ya que sin su presencia los movimientos
aéreos en el Principado dependerán, exclusivamente del VOR instalado en
2010. Se trata de un elemento muy moderno cuya tecnología requiere una
calibración reiterada, que obliga a apagarlo, y está sujeto a averías, de
las que ya ha sufrido varias este año. En esos momentos, las aeronaves
dependen de los NDB. Sin ellos el apagón del VOR se traducirá en el
cierre automático del tráfico aéreo en Asturias. No se podrá aterrizar ni
despegar.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Tiene el Gobierno la intención de privatizar el aeropuerto de Asturias
antes de las elecciones legislativas de 2016?
2) ¿Por qué razones la obra de recorte de la pista del aeropuerto de
Asturias se ha licitado en 3,1 millones de euros, más IVA, en lugar de
los 1,2 millones inicialmente anunciados?
3) ¿Por qué razones el Gobierno ha descartado la opción de rellenar la
vaguada y ampliar la pista?
4) ¿Por qué razones el Gobierno ha descartado la ampliación de la pista en
Asturias cuando si ha decidido ampliar la del aeropuerto de A Coruña?
5) ¿Es consciente el Gobierno que con la decisión de recortar la pista el
aeropuerto de Asturias pierde competitividad respecto de los aeropuertos
vecinos de A Coruña, Santander y León, especialmente en el segmento de
aeronaves de más de 200 pasajeros?
6) ¿Qué solución técnica se dará a la pérdida de dos radio-ayudas NDB
provocada por el recorte de la pista, para garantizar el guiado de
seguridad de los aviones en la pista, en el caso de averías del sistema
VOR?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2014.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/043377
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita, sobre el anacrónico reconocimiento de títulos
nobiliarios a nietos de generales franquistas, como Varela, Queipo de
Llano o Dávila.
En mayo de 1948 el dictador Francisco Franco aprobó la ley que restituía
los privilegios jurídicos que la Segunda República había retirado a los
nobles del país. A partir de entonces, el 'Boletín Oficial del Estado'
comenzó a llenarse de decretos con los que Franco devolvía favores a sus
militares, a quienes concedía títulos nobiliarios hereditarios con
exenciones fiscales. Estos privilegios con la Hacienda pública debían
alcanzar hasta la segunda generación. Es el caso del general José Enrique
Varela Iglesias, uno de los artífices del golpe de Estado que propició el
inicio de la Guerra Civil y el fin de la democracia de la Segunda
República.
Varela, militar curtido en África, ocupó Cádiz con sus tropas el 18 de
julio de 1936, un hecho que en democracia no ha servido para que se le
retire el título de hijo predilecto de San Fernando (Cádiz), ni el de
Marqués de Varela de San Fernando. Esta última distinción, concedida por
Franco en 1951 a título póstumo, fue heredada por su hijo José Enrique
Varela Ampuero y, ahora, tras la muerte del hijo en mayo del pasado año,
la recibirá el nieto, José Enrique Varela Urquijo. Así lo dispuso el
ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón en una orden firmada el
pasado 18 de diciembre de 2013 y publicada el 2 de enero de 2014 en el
'Boletín Oficial del Estado', con lo cual el Ministerio de Justicia
posibilita que la tercera generación ostente distinciones nobiliarias
acordadas por Franco por 'méritos' en el golpe de Estado y la
subsiguiente guerra civil iniciada en 1936 contra el régimen democrático
y legalmente constituido. La orden ministerial manda expedir 'Real Carta
de Sucesión en el título de Marqués de Varela de San Fernando a favor de
don José Enrique Varela y Urquijo, por fallecimiento de su padre', según
el texto de la disposición que se rige por una norma de 1912.
Las prerrogativas jurídicas de los poseedores de títulos nobiliarios no se
han prolongado durante la democracia. Si lo han hecho los propios
títulos, ya que, según varias sentencias del Tribunal Constitucional, no
incurren en una cuestión de inconstitucionalidad porque su naturaleza es
'meramente honorífica'.
'En nuestra cruzada liberadora, las extraordinarias cualidades castrense
del general Varela encontraron ancho campo y múltiples ocasiones de
exteriorizarse', firmó Franco en el 'Boletín Oficial del Estado' del 1 de
abril de 1951, una semana después de la muerte de Varela. 'Es justo
homenaje a su memoria y a la gratitud nacional que le es debida, con
ocasión del aniversario de la victoria de la que él mismo fue eximio
colaborador', prosigue el decreto. Varela vivió un rápido ascenso en su
carrera militar gracias a su participación en la Guerra Civil. Tras guiar
algunas de las principales batallas de la contienda, fue nombrado primer
ministro del Ejército. Aún así, su lealtad a la dictadura quedó en
entredicho tras la aceptación de un soborno millonario. En 1940, antes
del encuentro de Franco y Hitler en Hendaya, varios militares de
confianza del dictador fueron sobornados por el gobierno británico para
que evitaran la participación de España en la Segunda Guerra Mundial. El
pasado verano, los Archivos Nacionales
británicos desclasificaron cerca de 400 documentos entre los que figuraban
los pagos gestionados por el servicio de espionaje a los militares
próximos a Franco. El general Varela recibió dos millones de dólares.
No es la primera vez que Alberto Ruiz-Gallardón actualiza títulos
franquistas. En diciembre de 2012 renovó el marquesado a los sucesores
del militar sublevado Fidel Dávila. El 17 de julio de ese mismo año, en
el aniversario del golpe de Estado de 1936, el 'Boletín Oficial del
Estado' publicó la renovación del título de marqués al nieto de Queipo de
Llano, otro de los militares responsables de la Guerra Civil que, además,
instauró el sistema de terror como arma de represión. Bajo su mando y en
solo seis meses fueron fusiladas en Sevilla más de 3.000 personas.
Por su parte, el Ministerio de Defensa mantiene la cátedra Kindelán -cuya
presidencia la ostenta el Rey Juan Carlos-y que rinde homenaje al
responsable de la aviación franquista durante la Guerra Civil.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Por qué razón el Gobierno ha reconocido el título de Marqués de Varela
de San Fernando al nieto del general Varela, militar golpista y
sobornado?
2) ¿Por qué el Gobierno reconoce la heredad a un nieto, cuando el título
nobiliario solo se concebía hasta la segunda generación?
3) ¿Qué ventajas económicas o fiscales conlleva el mencionado título
nobiliario para su titular?
4) ¿Por qué razones mantiene el Gobierno títulos nobiliarios derivados de
la participación activa en el golpe de Estado y la subsiguiente guerra
civil iniciada en 1936 contra el régimen democrático y legalmente
constituido, como los títulos de marqués renovado al nieto del general
Queipo de Llano o a los sucesores del general Fidel Dávila?
5) ¿Considera el Gobierno que estas decisiones son compatibles con la Ley
de Memoria Histórica?
6) ¿Por qué el Gobierno mantiene la denominación de la cátedra Kindelán,
que rinde homenaje al responsable de la aviación franquista durante la
guerra civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2014.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/043378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula las
siguientes preguntas sobre el daño causado a la imagen internacional de
la Marca España por la amenaza de paralización de la obra del Canal de
Panamá, dirigidas al Gobierno con solicitud de respuesta escrita.
La amenaza de paralización de la obra del Canal de Panamá por parte de un
consorcio liderado por la española Sacyr Vallermoso, si la autoridad
panameña no le paga un sobrecoste de 1.600 millones de euros -un 50%
sobre el proyecto inicial-ha abierto una nueva brecha en la ya maltrecha
imagen de la Marca España, golpeada por los escándalos de la Casa Real,
la corrupción y el trágico accidente ferroviario de Santiago de
Compostela. Del naufragio de la Marca España en el Canal de Panamá se han
hecho eco los medios internacionales de comunicación, especialmente los
de América Latina, justo cuando España tiene comprometida su imagen
internacional en grandes proyectos, como el AVE a La Meca o el futuro AVE
en Brasil.
El problema es que las grandes empresas de obra civil y de ingeniería
española han focalizado su actividad en el extranjero, ahora que apenas
hay obra pública en España tras el pinchazo de la burbuja. Y hay dos
formas de hacerlo: con la seriedad y el rigor que muchas de ellas han
venido haciéndolo desde hace años, expandiendo y abriendo mercados
internacionales, o 'al abordaje' de la misma forma que se venía haciendo
en España, con ofertas temerarias como parece haber sido el caso de
Panamá y habían puesto en evidencia los cables divulgados por Wikileaks,
en los que una empresa concurrente denunciaba como temeraria la oferta
del grupo liderado por Sacyr, porque 'no daba ni para el hormigón'.
Lo que está ocurriendo con el Canal de Panamá es demasiado serio para
dejarlo pasar, porque según cómo termine este asunto, se verá repercutida
la imagen de trabajo y seriedad de nuestras empresas. La ministra de
Fomento ha intentado minimizar el problema, afirmando que 'no pone en
peligro el prestigio
de la marca España' y en la web oficial del Gobierno Marca España, todavía
se exalta la participación española en 'la obra de ingeniería más
importante del mundo'.
De otra parte, queda por investigar por qué en su contabilidad Sacyr se ha
apuntado como ingresos los sobrecostes incurrirlos en la ejecución de las
obras de ampliación del canal de Panamá, pese a que tales partidas no son
reconocidas por la autoridad del Canal, y por qué el 23 de diciembre de
2013 la empresa ocultó este dato en su respuesta a un requerimiento de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre sus cuentas.
Además, habrá que aclarar la posible irregularidad del aval público
concedido por el Gobierno anterior a Sacyr por unos 150 millones para
esta obra, tal y como ha advertido el Tribunal de Cuentas, porque dicho
aval no cumplía del todo los requisitos de la Compañía Española de
Seguros de Crédito a la Exportación.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre el daño causado a la imagen
internacional de la Marca España por la amenaza de paralización de la
obra del Canal de Panamá por parte de un consorcio liderado por una
empresa española?
2) ¿Ha comprometido el Gobierno o piensa comprometer algún tipo de
aportación económica o contraprestación a la empresa Sacyr Vallermoso, a
las autoridades panameñas o a la autoridad del Canal de Panamá?
3) ¿Por qué el Gobierno mantiene la obra del Canal de Panamá como
emblemática en la web oficial de la 'Marca España'?
4) ¿Piensa el Gobierno adoptar alguna medida ante la inclusión irregular
como ingresos en la contabilidad de Sacyr Vallermoso del sobrecoste
reclamado a la Autoridad del Canal de Panamá, pese a que esta autoridad
no lo había reconocido?
5) ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para aclarar la posible
irregularidad del aval público concedido por 150 millones a Sacyr por
esta obra?
6) ¿Qué medidas legales y administrativas piensa promover el Gobierno para
erradicar la fea costumbre de concursar con ofertas temerarias y luego
reclamar modificados y sobrecostes escandalosos, como ocurrió con la
Ciudad de las Artes de Valencia, con sobrecostes que superaron el 400 %
del presupuesto inicial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/043379
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita
respuesta escrita.
¿En qué situación se encuentran las comisiones rogatorias que la Jueza
Mariana Peregrina del Juzgado 5 de Estepona libró hace ya varios meses al
Reino Unido y Estados Unidos con el fin de aclarar si el jefe del
Ejecutivo madrileño y su esposa utilizaron una trama de empresas pantalla
para ocultar la propiedad de un ático de lujo en la localidad malagueña
de Marbella?
¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para agilizar estas comisiones
rogatorias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.-Cayo Lara Moya,
Diputado.
184/043380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita, sobre el incremento del copago o repago farmacéutico
para 2014.
El 30 de diciembre de 2013, se publica la Resolución de 18 de diciembre de
actualización los limites máximos de aportación mensual para asegurados y
beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria.
El copago o repago farmacéutico para 2014, se incrementó en el 1,43 % para
medicamentos ATC y al 1,47 % y 1,43 % para los topes mensuales que
aportan los pensionistas, cuando la inflación acumulada a 30 de noviembre
de 2013, fue del 0,2 %. Es decir, el Gobierno incrementa arbitrariamente
el tope máximo de repago farmacéutico en más de seis veces el IPC,
mientras a los pensionistas se les congela las pensiones en un incremento
del 0,25 % para 2014.
Un incremento además que incumple la Ley 29/2006 de actualización
automática de acuerdo con el IPC, así como la disposición adicional 67.ª
de la Ley 17/2012, de PGE que prevé que esta revalorización se hará en
función de los 12 meses anteriores, cuando en la fecha de aprobación esos
datos no estaban disponibles.
Esta revisión arbitraria e ilegal impone entre 8 y 10 millones de euros
más a los pensionistas durante 2014 cuando ha representado ya una
cantidad próxima a los 550 millones de euros en 2013, revisada al alza
con incrementos entre el 1,75 %, 1,77 % y 1,80 % según tramo de renta.
1. ¿Por qué la revisión de los topes máximos de aportación mensual de los
beneficiarios de la prestación farmacéutica (ATC y tramos de renta en
asegurados y beneficiarios) multiplica por seis el IPC de enero a
noviembre que ascendió al 0,2 %, con un incremento que oscila entre el
1,43 % y el 1,5 %?
2. ¿En qué medida este incremento tan importante de la aportación de los
beneficiarios de la prestación farmacéutica se corresponde con lo
previsto en la Ley 2912006 de actualización automática en el mes de enero
de acuerdo a la evolución del IPC, y a la Ley 17/2012 que prevé que esta
sea en función de los doce meses anteriores?
3. ¿En qué se basa el Gobierno para un incremento que multiplica por seis
la inflación del periodo enero-noviembre de 2013?
4. ¿En qué se basa el Gobierno para realizar dicho calculo, toda vez que
en el momento de su aprobación carecía de información oficial sobre los
últimos doce meses preceptivos?
5. ¿Tiene previsto el Gobierno paralizar tan arbitraria actualización y
depurar las responsabilidades a que hubiera lugar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/043381
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
El pasado viernes, 3 de enero, se produjo una multitudinaria pelea
protagonizada por una veintena de internos en el patio del módulo 24 de
la cárcel de Picassent (Valencia), que alberga a más de 130 presos de
conflictividad media-alta, y que es 'controlado' por varias bandas de
internos agrupados por nacionalidades. La reyerta se saldó con un recluso
herido que fue trasladado al hospital extrapenitenciario para que se
valoraran sus heridas y que acabo ingresado en la enfermería de la
prisión.
La pelea, según el sindicato Acaip, se produjo a raíz de la agresión
previa, en esa misma mañana, a un interno de origen árabe por parte de
varios internos de origen lituano, al parecer por deudas que tenían entre
ambas bandas.
El centro penitenciario de Picassent, además de no haber visto reducida su
población reclusa en los últimos años, a diferencia de otros centros que
lo han hecho en más de un 30 %, presenta un problema en cuanto al número
de internos conflictivos dado que los módulos que albergan a este tipo de
presos se encuentran casi al completo.
¿Estima el Gobierno que existe un problema de hacinamiento en este centro
penitenciario?
¿Qué planes y medidas tiene previstas el Gobierno adoptar para disminuir y
racionalizar la población reclusa del mayor centro penitenciario de
España como es el de Picassent?
¿Estima el Gobierno suficiente el número de funcionarios de prisiones
existentes en este centro para el correcto control del funcionamiento del
centro penitenciario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.-Ricardo Sixto
Iglesias, Diputado.
184/043382
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
Según recogen distintos medios de comunicación La Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, institución dependiente del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sacó a concurso su
agenda-almanaque para 2014 que fue ganado por la mercantil madrileña
Simancas Ediciones en un procedimiento negociado con publicidad. Al
parecer, tras realizar su producción se ha procedido a retirar las 5.000
agendas existentes.
¿Cuál era la intención de la agenda?
¿Quién aprobó la producción de la agenda y su arte final?
¿Por qué motivos han sido retiradas?
¿Cuál ha sido el coste final de su producción para el erario público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.-Ricardo Sixto
Iglesias, Diputado.
184/043383
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su
portavoz, Rosa Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre
el error del Ministerio del Interior en la operación de la Guardia Civil
contra abogados etarras.
Exposición de motivos
Una nota de prensa y un tuit del Ministerio de Interior han sido
publicados ayer por error antes de que se llevara a cabo una operación
contra abogados etarras poniendo seriamente en peligro el éxito de la
intervención de la Guardia Civil.
Una de las consecuencias más graves es el tiempo que han tenido los
detenidos para destruir todo tipo de pruebas como se lo ha hecho saber la
Guardia Civil al juez y al fiscal por la relevancia que tenía la
operación que llevaba siendo preparada desde septiembre.
Hasta el momento el Ministro guarda silencio al respecto y no ha dado
explicaciones de cómo es posible que haya ocurrido tal error.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo puede explicar el Ministro que se cometa un error de tal magnitud
con la consecuente ayuda a los presuntos terroristas para eliminar
pruebas?
2. ¿Es consciente el Ministro de que dicho error ha afectado negativamente
en los resultados de la operación antiterrorista de varios meses de
preparación?
3. ¿Piensa el Ministro depurar responsabilidades dentro del Ministerio
para evitar que este tipo de errores con catastróficas consecuencias
vuelvan a suceder?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.-Rosa María Díez
González, Diputada.
184/043384
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
El empresario canario Miguel Ángel Ramírez fue condenado en 2010 a tres
años y un día de prisión por las obras realizadas sin autorización y con
total desprecio a la ordenación legal del terreno, e indultado por el
Ministro de Justicia, Ruiz Gallardón el pasado día 31 de octubre, de
forma que no ha tenido que pisar la cárcel pese a la gravedad de los
hechos y pese a la percepción social existente de que la Justicia no se
ejerce igual cuando se trata de cualquier ciudadano, que cuando se trata
de una persona adinerada.
En el caso del señor Ramírez el hecho de que haya contribuido a financiar
el Partido Popular da una apariencia de parcialidad al indulto de que ha
sido objeto y la concesión a principios de este año de dos contratos
públicos por valor superior a 700.000 euros que el Ministerio de Defensa,
con el Sr. Morenés al frente, ha adjudicado a su filial de seguridad,
Seguridad Integral Canaria, no hace más que apuntalar las sospechas de
amiguismo, por no citar otros términos.
¿Cuáles han sido los motivos para conceder estos contratos públicos a este
empresario?
¿No cree el Gobierno que adjudicaciones de este tipo perjudica a la tan
defendida por el Gobierno 'Marca España' al dar la sensación que priman
otros aspectos diferentes al de la profesionalidad y honorabilidad de sus
empresarios?
¿Piensa el Gobierno conceder contratos públicos a todas las personas que
financian al Partido Popular?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.-Cayo Lara Moya,
Diputado.
184/043385
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita
respuesta escrita.
¿Piensa el Gobierno aplicar una renta de subsistencia a los parados de
larga duración mientras persistan en esta situación estos ciudadanos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.-Cayo Lara Moya,
Diputado.
184/043387
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
del Congreso de los Diputados, la Diputada que suscribe formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.
El pasado 4 de octubre el Gobierno en contestación a las preguntas
parlamentarias 184/028773 a 184/028777 decía que la nueva regulación del
aborto que está estudiando aspira a respetar escrupulosamente la doctrina
que el Tribunal Constitucional ha elaborado en relación a esta materia y
que en el ejercicio de su independencia y responsabilidad, introduciría
en nuestro Ordenamiento Jurídico las necesarias garantías en aquellos
casos que se produzca un conflicto entre el derecho a la vida del
concebido y no nacido y otros derechos. Todo ello de acuerdo con la
doctrina expresada por el Tribunal citado y a la espera de finalizar la
fase de realización y recopilación de los estudios e informes previos,
contando con las aportaciones de destacados expertos.
¿Cuáles son los expertos consultados en la preparación del proyecto de ley
de modificación de la actual ley del aborto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.-Ascensión de
las Heras Ladera, Diputada.
184/043388
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita, sobre recortes gubernamentales en las ayudas para la
adquisición de libros de texto de los alumnos más necesitados.
El montante de las ayudas para libros de texto y material didáctico
proveniente del Ministerio de Educación ha pasado de 30 millones a 18,5
en tan solo un curso, agravando el recorte realizado en el curso pasado,
cuando 1,1 millones de estudiantes perdieron sus ayudas. Según un informe
del Defensor del Pueblo, 'la aportación, tras haberse mantenido
relativamente constante en los cursos anteriores en cuantías próximas a
los 80 millones de euros, descendió en 2012-2013 a la cuarta parte'.
Asturias es la Comunidad Autónoma más afectadas por el recorte, con una
dotación estatal de tan solo 140.000 euros. Según la resolución publicada
recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el importe para el
desarrollo del programa para la financiación de los libros de texto y
material didáctico en los niveles obligatorios de la enseñanza en 2013
asciende a 18.559.610 euros, lo que supone un 40 % menos respecto al
curso anterior. Asturias es una de las comunidades donde más acusado es
el recorte, pasando de los 308.947 euros destinados a este fin en 2012 a
los 140.830 de 2013, un 54,4 % menos.
Fuentes del ministerio recuerdan que el reparto del dinero se ha hecho
teniendo en cuenta la tasa de riesgo de pobreza de cada región de hace
tres años (2011) -publicada por el Instituto Nacional de Estadística-y el
número de alumnos matriculados en las enseñanzas obligatorias en cada una
de ellas.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, la evolución de la
tasa de población en riesgo de pobreza y exclusión fue la siguiente:
- 21,4 % en 2009
- 21,4 % en 2010
- 22,2 % en 2011
- 22,2 % en 2012
Y el indicador AROPE de la Unión Europea, que combina el riesgo de
pobreza, la carencia material y la baja intensidad en el empleo, según
Eurostat, fue para España:
- 27,7 % en 2011
- 28,2 % en 2012
Además, en los datos del INE una bajada interanual no responde a una
mejora económica de los más necesitados, sino al empobrecimiento general
de la población.
Estos recortes son tanto más graves por cuanto el Gobierno está
propiciando cambios de numerosos libros de texto y existe una gran
incertidumbre en el mercado de libros, generada por la tramitación de la
LOMCE.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Por qué razones el Gobierno viene recortando, año tras año, el
montante de las ayudas estatales para la adquisición de libros de texto
de los alumnos más necesitados?
2) ¿Cuál será el impacto de la LOMCE en el cambio de libros de texto y, en
consecuencia, en la obligación de adquirir nuevos libros por parte del
alumnado? ¿Tiene previsto el Gobierno habilitar algún crédito
extraordinario para atender a esta necesidad adicional de los alumnos con
menos recursos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/043389
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita, sobre el Chivatazo del Ministerio del Interior
alertando al entorno de ETA de una operación desplegada por la Audiencia
Nacional y la Guardia Civil.
Una operación policial contra el entorno de ETA estuvo a punto de
frustrarse después de que el Ministerio del Interior la anticipara a los
medios de comunicación y en las redes sociales.
El 8 de enero de 2014, el Ministerio del Interior envió a las 15.06 una
nota de prensa en la que anunciaba la 'detención de varios miembros de
ETA en el Pais Vasco y Navarra' y precisaba que 'las detenciones se han
realizado mientras se celebraba una reunión orgánica en el interior de
una de ás sedes de los abogados defensores de los miembros de ETA'. Sin
embargo, apenas media hora más tarde, a las 15.34, Interior enviaba la
misma nota con un sorprendente encabezamiento en rojo: 'La información
enviada sobre esta operación antiterrorista queda anulada a todos los
efectos'. Fuentes del ministerio informaron que la nota de las 15.06
había sido remitida por error, ya que los agentes del Servicio de
Información del instituto armado aún no habían terminado la operación.
La nota de prensa y el tuit del Ministerio del Interior han comprometido
el éxito de la operación realizada por la Guardia Civil en la que,
finalmente, han sido detenidos varios presuntos miembros del llamado
frente de makos de ETA. Ambos anuncios públicos fueron difundidos por
error minutos antes incluso de que los agentes operativos salieran del
cuartel de La Salve hacia el despacho de la abogada Arantxa Zulueta donde
un grupo de abogados estaban reunidos con miembros de la Mesa de
Coordinación (KT) relacionada con el autodenominado Colectivo de Presos
Políticos Vascos (EPPK).
Cuando los guardias civiles entraron esgrimiendo la orden judicial en la
sala de reuniones, los ahora detenidos se encontraban desperdigados por
los despachos cerrando ordenadores y destruyendo pruebas. Una
circunstancia que ha sido puesta en conocimiento del juez y del fiscal
por la importancia que puede tener en el alcance de una operación que
lleva siendo preparada desde el mes de septiembre.
Fuentes fiscales han informado a Efe de que es 'obligado' investigar lo
sucedido porque es 'lamentable que una operación de esta envergadura se
vaya así al traste'. Por su parte, la Unión de Guardias Civiles (UGC) ha
tachado de 'error monumental' la anticipación del Ministerio del
Interior. En declaraciones a Efe, el portavoz de la asociación, Santiago
López, asegura que, tal y como le han explicado agentes que han
participado en la operación, 'muy desanimados', se han perdido pruebas
fundamentales como pendrives, discos duros y documentación en papel.
Lamenta que 'tan sólo se ha realizado un tercio de las detenciones que se
esperaba' y que se ha perdido el efecto sorpresa'. Por ello, pide al juez
de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que ha ordenado las detenciones,
que abra diligencias informativas sobre la actuación del Ministerio 'para
saber quién filtró ese comunicado'.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Quién o quiénes emitieron la nota de prensa y el tuit del Ministerio
del interior en el que se anticipaba la Operación Jaque coordinada por la
Fiscalía de la Audiencia Nacional y ejecutada por la Guardia Civil contra
el entorno de ETA?
2) ¿Qué cargo del Ministerio del Interior instruyó al departamento de
prensa para que emitiera la nota de prensa y el tuit?
3) ¿Fue debida esta precipitación al interés político de que la noticia
saliera en los telediarios de las 15 horas?
4) ¿Cuáles fueron las consecuencias de la filtración para el balance de la
operación? ¿Tuvieron tiempo de huir varios de los participantes en la
reunión? ¿se perdieron pruebas fundamentales como pendrives, discos duros
o documentación en papel?
5) ¿Ha abierto o piensa abrir el Gobierno diligencias informativas para
investigar lo ocurrido y, en su caso, depurar las responsabilidades
correspondientes?
6) ¿Piensa el Gobierno desplegar la misma beligerancia con esta filtración
que la que se desarrolló con el 'caso Faisán'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
184/043390
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jon Iñarritu García, Diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Mixto,
de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al Gobierno
con ruego de respuesta por escrito.
1. ¿Cuál es la razón por el que los miembros de la Guardia Civil,
pertenecientes a los Grupos de Acción Rápida (GAR) en las diferentes
operaciones policiales que realizan en la Comunidad Autónoma Vasca y en
la Comunidad Foral Navarra no portan sus números de identificación, en el
pecho, de manera visible?
2. ¿Existe alguna orden precisa para que no porten su número de
identificación visible? De ser una respuesta positiva ¿quién y cuándo la
ha dado?
3. ¿Tornará alguna medida el Ministerio para que todos los agentes lleven
su número de identificación visible? ¿Cuándo lo hará?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.-Jon Iñarritu
García, Diputado.
184/043391
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Larreina Valderrama, Diputado de Amaiur integrado en el Grupo
Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
Con ocasión de los últimos fenómenos meteorológicos, que han tenido lugar
en el pasado mes de diciembre y en los primeros días de este mes de
enero, se ha vuelto a poner de manifiesto el error que ha supuesto la
decisión de que el aeropuerto de Foronda este operativo solamente durante
las doce horas nocturnas.
En concreto, con motivo de la ciclogénesis explosiva de los días 23 y 24
de diciembre, se vieron afectados en el aeropuerto de Loiu treinta y seis
vuelos, veinticuatro de los cuales fueron suspendidos y otros doce
volvieron a su aeropuerto de origen o fueron desviados a otros
aeropuertos como el de Barcelona, Biarritz o Madrid. Estas circunstancias
se han reproducido en los últimos días en otros aeropuertos de esta zona
norte.
El trastorno que han sufrido, especialmente en estas significativas
fechas, un gran número de personas que formaban parte del pasaje de
dichos vuelos, podrían haberse paliado si el aeropuerto de Foronda
hubiese estado operativo las veinticuatro horas.
Dadas tanto sus características técnicas y tecnológicas de apoyo a la
navegación, como su estratégica ubicación geográfica en relación a todos
los aeropuertos de Euskal Herria y de otras localidades limítrofes, el
mantenimiento operativo del aeropuerto de Foronda durante las 24 horas
del día, como terminal vasca de apoyo, es una garantía de seguridad para
la navegación aérea y de servicio que evite graves perjuicios e
inconvenientes a las personas que forman parte del pasaje.
Esta reclamación de que el aeropuerto de Foronda recupere el H-24 ha sido
planteada repetidamente por las instituciones alavesas tanto en el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como en las Juntas Generales del
Territorio Histórico de Araba/Álava o en la Diputación Foral de este
mismo Territorio.
En base a estas consideraciones, presentamos la siguiente pregunta por
escrito al Gobierno en relación a la materia de responsabilidad del
Ministerio de Fomento:
¿Va a tomar el Gobierno las medidas necesarias para que el aeropuerto de
Foronda recupere el H-24 y pueda prestar servicio como terminal de apoyo
al resto de los aeropuertos de Euskal Herria y ámbitos geográficos
limítrofes contribuyendo de esta forma a la mejora de la seguridad aérea
y aun mejor servicio a las personas usuarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.-Rafael
Larreina Valderrama, Diputado.
184/043392
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosana Pérez Fernández, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito
relativa a respeto a la legalidad vigente en materia toponímica en la web
de Renfe.
A preguntas de esta Diputada, en relación con la falta de adecuación de
algunos topónimos de Galicia, y también de Cataluña, a la legalidad
vigente, en el buscador de Renfe, el Gobierno respondió, con fecha 16 de
octubre de 2013, que 'se va a proceder a realizar una revisión para
adecuar el contenido de dicho buscador a la normativa vigente'.
Efectivamente, con posterioridad se pudo comprobar que en dicha página web
se habían hecho las correcciones oportunas, conforme a la legalidad
vigente. Así aparecieron Ourense, Lleida o u Girona, como únicas válidas,
conforme a la ley. Curiosamente, en el caso de A Coruña se optó por
mantener la única denominación legal, la originaria, en un caso,
encabezando todo el listado de estaciones, debido a su letra inicial,
pero se mantuvo la denominación no legal ni originaria, La Coruña,
acompañada de A Coruña, como si este doblete fuese la normativa vigente,
en el turno de estaciones correspondiente a la letra I.
Tal forma de proceder demuestra una contumacia en la vulneración de la ley
que sólo se puede explicar por prejuicios, capricho prepotente e
irracionalidad. La ley es igual para todos, debe ser respetada sin
excepciones y no sometida a vulneraciones producto del capricho
antidemocrático ni de los prejuicios ideológicos. Sólo se actúa así con
este topónimo gallego, lo que añade unas notas de discriminación e
intolerancia selectiva contra Galicia bien ilustrativa.
En estas páginas de Renfe, la denominación A Coruña llevaba más de 10 años
consolidada, sin que hubiese provocado desastre, catástrofe,
desinformación o desorientación espacial a nadie, por muy extranjero que
fuese. Si las leyes están para cumplirse, sería bueno, deseable, y es
exigible con rigor, que el primero que las cumpla sea la Administración
pública, en este caso una empresa del Estado.
¿Cómo es posible que Renfe haya optado por mantener la variante La Coruña/
A Coruña, por este orden, en su página web, a la vez que usa también en
solitario la forma legal y originaria A Coruña en el turno
correspondiente a la letra A, de las estaciones?
¿Cómo explica esta ilegalidad, única entre todas las estaciones con
topónimos, sometidos a una ley aprobada por las Cortes, además de
oficializados en sus parlamentos autonómicos antes, como son el caso de
las provincias catalanas, Lleida y Girona, y gallegas, A Coruña y
Ourense?
¿Por qué se modifica una norma legal de obligado cumplimiento que estaba
siendo respetada, por lo menos, desde hace más de 10 años, si no es por
prejuicios ideológicos para con Galicia?
¿Va Renfe a respetar la legalidad en lo referente a la denominación de la
capital de la provincia de A Coruña, que tiene tal denominación nada
menos que por una ley estatal, aprobada en el Congreso de los Diputados,
sin un solo voto en contra, en 1998, sin meterse a valorarla o u juzgarla
caprichosamente, haciendo uso de denominaciones que no tienen respaldo
legal?
¿Piensa completar su revisión para adecuar el buscador a la legalidad de
los topónimos, rectificando el único caso que queda, sin subterfugios de
ningún tipo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.-Rosana Pérez
Fernández, Diputada.
184/043393
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto
(BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta
por escrito relativas a los problemas existentes en el vial de acceso
entre la N-640 y la AP-53 a su paso por Alto da Rocha (A Estrada,
Pontevedra).
La conexión de la N-640 en el municipio de A Estrada (Pontevedra) con la
autopista AP-53 (Santiago-Ourense) a la altura de Alto da Rocha presenta
una serie de deficiencias que complican la circulación viaria en dicha
zona y que precisan de una mejora con carácter urgente.
A pesar de que se trata del único enlace existente con la AP-53 a lo largo
de todo el municipio de A Estrada, resulta que no puede ser utilizado por
los vehículos pesados debido a que este vial presenta un gran desnivel.
Se trata de un tramo de 4,11 kilómetros (P0-505) que va desde O Alto da
Rocha (N-640) hasta O Formigueiro (AP-53). Este tramo tiene una pendiente
demasiado pronunciada y una curva muy sinuosa que lo convierte en un vial
impracticable para los camiones, además de suponer un gran peligro para
la seguridad vial de los conductores.
Estamos hablando de una zona de tránsito de vehículos pesados, de ahí la
necesidad de mejorar esta conexión que a día de hoy es un coto vedado
para vehículos de gran tonelaje que necesitan incorporarse a la AP-53 sin
tener que realizar largos rodeos. El Ministerio debe tener en cuenta que
para acceder a esta autopista los camiones deben circular hasta la
localidad de Chapa en el municipio de Silleda.
Sin olvidar que es un absurdo desde el punto de vista del aprovechamiento
óptimo de las infraestructuras que un enlace con una autopista no pueda
ser utilizado por camiones.
La necesidad de mejorar este enlace es un clamor social que fue respaldado
incluso por todas las organizaciones políticas mediante la aprobación de
una moción impulsada por el BNG en el ayuntamiento de A Estrada en
noviembre de 2011.
Esta conexión precisa de la anuencia de dos administraciones: el
Ministerio de Fomento y la Xunta de Galicia, por ser responsables de
infraestructuras de titularidad estatal y de titularidad autonómica.
Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:
¿Es consciente el Ministerio de Fomento de las graves deficiencias que
presenta el enlace de la N-640 con la autopista AP-53 a la altura de O
Alto da Rocha en A Estrada (Pontevedra)?
¿Sabe que los vehículos pesados no pueden circular por este enlace debido
a la pronunciada pendiente y a la sinuosa curva existente? ¿Sabe que los
camiones se ven obligados a circular hasta la localidad de Chapa en
Silleda para poder incorporarse a la AP-53?
¿No considera un sinsentido que exista una conexión con una autopista que
no puede ser utilizada por camiones? ¿No supone un desaprovechamiento
claro de las infraestructuras?
¿Qué disposición tiene el Ministerio de Fomento a proceder a la mejora de
este enlace en colaboración con la Xunta de Galicia, puesto que es
responsabilidad de ambas administraciones?
¿Va a atender esta demanda? De ser así, ¿En qué plazo de tiempo se podría
llevar a cabo la reforma de esta conexión, tan necesaria para los
transportistas de camiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.-M.ª Olaia
Fernández Davila, Diputada.
184/043394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto
(BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por
escrito relativa a la necesidad de mantener el formulario en papel para
la tributación cada tres meses del IVA de locales comerciales.
La Agencia Tributaria ha decidido que la tributación del IVA de locales
comerciales arrendados que se debe realizar cada tres meses, se haga
únicamente por vía telemática. De este modo, en este año 2014 se pretende
eliminar la fórmula que existía hasta ahora según la cual los
propietarios de bajos comerciales podían comprar el formulario en las
delegaciones de Hacienda, cubrían dicho documento y lo entregaban en su
banca realizando el pago correspondiente.
Sin embargo, a partir de este año sólo podrán realizar esta tributación
por vía telemática. Los ciudadanos deben acceder a la página web de la
Agencia Tributaria, rellenar telemáticamente el documento, y en el caso
del IVA trimestral de bajos arrendados, llevar el formulario al banco.
A tal fin, la Agencia Tributaria ha enviado a las personas en esta
situación unas cartas ofreciéndoles el servicio de PIN24H que otorga un
número durante 24 horas para hacer los trámites, o bien se puede
solicitar un certificado electrónico para llevar a cabo todo este tipo de
trámites.
Quede claro que no está en el ánimo del BNG poner en cuestión que la
Agencia Tributaria modernice las fórmulas para que los ciudadanos
tributen a la hacienda pública. Es más, consideramos una buena idea que
se facilite las tramitaciones vía internet porque resulta útil, práctico
y más cómodo para muchos ciudadanos. Sin embargo, no debe olvidar que hay
muchas personas mayores, ciudadanos que no manejan adecuadamente la vía
telemática o ciudadanos que no tienen internet en sus hogares a las que
se les complica la vida si se suprime el formulario en papel.
Sería deseable que la Agencia Tributaria tuviese en cuenta que existe un
buen porcentaje de la población con locales comerciales a los que les
resulta complicado y dificultoso tener que hacer su tributación cada tres
meses sólo por internet. Razón por la que consideramos que debería
mantener ambas vías: la telemática y el formulario en papel a fin de
facilitar los trámites a todos los ciudadanos sin exclusión.
Bien es cierto que caminamos hacia un mundo tecnológicamente avanzado
donde casi todo se podrá realizar mediante internet, pero todavía estamos
en una fase de transición. Hay que tener presente que el estado español
está en la parte baja de la lista de uso de ordenadores e internet de la
Unión Europea. Una brecha digital que resulta todavía más ancha si nos
referimos al ámbito rural.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Por qué razón ha decidido la Agencia Tributaria suprimir el formulario en
papel para realizar la tributación cada tres meses del IVA de los locales
comerciales? ¿Por qué motivo va a limitar la realización de este tipo de
tributación solo a la vía telemática?
¿Qué disposición tiene la Agencia Tributaria a mantener las dos vías: la
telemática y el formulario en papel a fin de facilitar los trámites a
toda la población?
¿Es consciente de que existe un buen porcentaje de población como personas
mayores, ciudadanos sin internet en sus hogares o personas que no son
duchas en la vía telemática a las que les resulta muy complicado proceder
a tributar por internet?
¿Va el Ministerio de Hacienda a tener en cuenta estos problemas y a
mantener el formulario en papel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.-M.ª Olaia
Fernández Davila, Diputada.
184/043395
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Onintza Enbeita Maguregi, Diputada de Amaiur, integrado en el Grupo
Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 185
del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas al Gobierno con ruego de respuesta por escrito.
En 2011, el Ministerio de Cultura concedía una subvención nominativa por
valor de 2.600.000 euros al Ayuntamiento de Bakio (Bizkaia), destinado a
financiar la tercera fase del proyecto de 'Txakolingunea' o 'Museo del
Txakolin'.
No obstante, hoy es el día en que dicho proyecto no ha sido abierto en su
totalidad al público ni tampoco se ha procedido a su inauguración.
Además, han sido numerosas las voces que han denunciado de manera pública
las supuestas irregularidades en la gestión de dicho proyecto por parte
del Consistorio.
Por ello Amaiur desea conocer:
¿A qué condiciones estaba sujeto el Ayuntamiento de Bakio para recibir
dicha subvención?
¿Cuáles son los plazos de apertura de dicho proyecto establecidos en la
subvención? ¿Ha cumplido el Ayuntamiento de Bakio los plazos establecidos
en la subvención?
¿Ha respetado el Ayuntamiento de Bakio todas y cada una de las condiciones
a las que estaba sujeto cuando se le concedió la subvención? Si la
respuesta es negativa, ¿cuales son las condiciones que no se ha respetado
por parte del Ayuntamiento de Bakio? ¿Ha recibido el Ministerio de
Cultura alguna explicación
o documento oficial por parte del Ayuntamiento de Bakio en el que se
detallan las razones para no respetar las condiciones establecidas en la
concesión de la subvención?
¿Cuáles eran los plazos que se establecían en la subvención para
justificar los gastos?
El 29 de noviembre de 2012, el pleno del Ayuntamiento de Bakio aprobaba
otorgar la concesión demanial del 'Txakolingunea' o 'Museo del Txakolin'
a la Sociedad Pública Foral Azpiegitura S.A.U. (dependiente de la
Diputación Foral de Bizkaia) para el desarrollo integrado museístico y
cultural de dicho proyecto.
¿Implica este hecho algún cambio -a nivel de prorrogas, apertura o
inauguración, cumplimientos de los compromisos adquiridos por el primer
titular-en las condiciones iniciales sujetos a la subvención del año 2011
por valor de 2.600.000 euros?
¿Ha entregado o presentado el Ayuntamiento de Bakio todas y cada una de
las facturas que puedan justificar el gasto de la subvención recibida?
¿Todas las facturas presentadas por el Ayuntamineto de Bakio están
directamente relacionadas con el proyecto del 'Museo del Txakolin'? En
caso de que la respuesta fuera negativa, ¿cuáles?
¿Cuáles son los criterios establecidos por el Ministerio de Cultura para
certificar que las facturas presentadas para justificar los gastos de la
subvención corresponden a lo establecido y que respetan las condiciones
establecidas para recibir dicha ayuda pública?
¿Ha devuelto el Ayuntamiento de Bakio al Ministerio de Cultura parte de la
subvención recibida? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el importe
total de dicha devolución? ¿Ha recibido el Ministerio de Cultura alguna
explicación o documento oficial por parte del Ayuntamiento de Bakio
explicando las razones que obligaban al consistorio a la devolución de
parte de la subvención?
¿Ha habido alguna modificación o petición de modificación del proyecto
subvencionado por parte del Ayuntamiento de Bakio? Si la respuesta es
afirmativa, ¿En qué consiste tal modificación?
¿Es cierto que la subvención por valor de 2.600.000 euros procedía de la
Unión Europea? En caso de que la respuesta fuera afirmativa, ¿de qué
partida presupuestaria y departamento procedía dicha subvención? ¿Está la
Unión Europea informada del destino de dicha subvención?
¿Ha solicitado la Sociedad Pública Foral Azpiegitura, S.A.U. alguna
subvención después de que el pleno del Ayuntamiento de Bakio le otorgara
la titularidad del proyecto del 'Txakolingunea'?
¿Queda pendiente alguna otra ayuda por recibir por parte del Ayuntamiento
de Bakio? En caso de que la respuesta fuera afirmativa, ¿cuál o cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.-Onintza Enbeita
Maguregi, Diputada.
184/043396
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto
(BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta
por escrito, relativas a medidas contraproducentes para la igualdad
laboral contempladas en el Real Decreto-Ley 16/2013, de 20 de diciembre,
de medidas para favorecer la contratación estable v mejorar la
emoleabilidada de los trabajadores.
El Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer
la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores,
contiene medidas muy preocupantes desde un punto de vista de los derechos
laborales de las mujeres puesto que siguen ahondando en un rol femenino
tracional y familiar.
El aumento de la edad del menor desde los ocho hasta los doce años en la
reducción de jornada por guarda legal, refleja una visión de la
conciliación de la vida familiar y laboral antigua. Una medida que
sumadas a otras como el retraso, en principio hasta enero de 2015, de la
ampliación del permiso de paternidad a las cuatro semanas, o los
tremendos recortes en la ley de dependencia, debemos tirar la conclusión
de que este Gobierno sigue empeñado en profundizar en un rol de la mujer
desfasado, más centrado en el cuidado de menores y personas dependientes
que dirigido al mercado laboral. Desde luego, no son medidas que avancen
en el camino de la corresponsabilidad familiar de mujeres y hombres.
Este tipo de medidas agrandan la desigualdad salarial y la brecha laboral
existente entre mujeres y hombres. Favorece que las mujeres sigan siendo
las que menos cobran y que los el salarios de los hombres siga siendo el
determinante en una relación familiar. Favorece la consideración del
salario masculino como primer apartador de rentas.
Aparentemente podría parecer una medida positiva, sin embargo no lo es
para la renta de las mujeres ni para su rol en cuanto a la
corresponsabilidad familiar. Supondrá que las mujeres sigan siendo las
que opten por el trabajo a tiempo parcial.
Baste con aludir a las estadísticas sobre el uso de las reducción de
jornada que de manera aplastante es utilizada por las mujeres.
Además de cuestiones de índole económica, este tipo de decisiones tienen
un gran calado ideológico y social puesto que redundan en la idea de que
el salario de las mujeres es 'un complemento' al salario determinante de
los hombres. Son fórmulas que continúa relegando a las mujeres al rol
tradicional del cuidado de los hijos y a un papel económico secundario en
el hábitat familiar.
En lenguaje anglosajón se definiría como la profundización del mummy track
o itinerario maternal puesto que alarga las jornadas reducidas para el
cuidado de los hijos, relegando su compromiso con una carrera
profesional.
Países avanzados del norte de Europa como Suecia dirigen sus legislaciones
a limitar la edad máxima en la que es posible tomarse el permiso por
hijo. Pudiera concluirse una intencionalidad calculada de relegar a las
mujeres al trabajo parcial o incluso definitivamente al ámbito doméstico
como un instrumento de rebaja de las terribles cifras del paro.
De sobra es conocido que las políticas del PP, así como de formaciones
políticas de la derecha, no tienen una auténtica implicación ni
compromiso con la igualdad de la mujer, es una mera pose porque en la
práctica suelen trabajar a la contra. Y sus políticas son un reflejo
evidente de que consideran el mercado laboral como cosa de hombres,
todavía más en época de crisis como demuestran los hechos.
Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué razones ha llevado al Gobierno a aumentar la edad del menor desde los
ocho hasta los doce años en la reducción de jornada por guarda legal? ¿En
qué argumentos motiva dicha decisión plasmada en el Real Decreto-ley
16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación
estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores?
¿No cree que se trata de medidas que no favorecen la integración en
igualdad de la mujer al mercado laboral? ¿No cree que con este tipo de
decisiones se profundiza la brecha salarial y la desigualdad en el ámbito
laboral?
¿No considera el Gobierno que decisiones así siguen profundizando en el
rol tradicional y familiar de las mujeres, relegándolas al cuidado de los
menores? ¿Es esta la forma que tiene el Gobierno de avanzar en la
corresponsabilidad?
¿Es consciente de que con esta decisión se impulsa que el salado de las
mujeres siga siendo 'el complemento' al salario determinante de los
hombres en el ámbito familiar?
¿Es consciente el Gobierno de que la gran parte de los contratos a tiempo
parcial están destinados a las mujeres?
¿Es esta otra de las ideas del Ejecutivo para incentivar la contratación
de hombres e ir expulsando a las mujeres del mercado laboral?
¿No es esta una forma de precarizar todavía más el ya de por sí maltrecho
mercado laboral de las mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2014.-M.ª Olaia
Fernández Davila, Diputada.
184/043397
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
del Congreso de los Diputados, la Diputada que suscribe formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.
En el informe del Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP), de 21 de
octubre, se recogen los objetivos de proporcionar 'legitimidad' al
proceso de privatizaciones iniciado en AENA, y la del estudio y
valoración de la limpieza y transparencia de los expedientes licitados
referidos a una parte de este proceso. Concretamente la del concurso para
seleccionar un asesor jurídico y un asesor financiero que aportaran los
planes de privatización.
En relación al primer objetivo, ponemos en duda la capacidad de
proporcionar legitimidad a un proceso en el que se pretende poner a la
venta el patrimonio del Estado (de todos y todas), más cuando estamos
hablando de uno de los operadores aeroportuarios más importantes a nivel
internacional, que hoy se encuentra en situación de equilibrio financiero
y que es capaz de afrontar su deuda de manera solvente sin cargo al
Estado.
Y respecto al segundo y teniendo en cuenta el propio informe, vengo a
plantear las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son los motivos por los que AENA no decidió presentar un
concurso universal de candidatos sino que optó por el procedimiento
negociado con licitación previa, siendo este un procedimiento restrictivo
tanto en los plazos de presentación de ofertas como en las bases que
justifican su utilización?
2. ¿Cuáles son las razones para que en el informe del CCP se recoja que se
hizo mediante un concurso universal, si éste solo puede llevarse a cabo
mediante procedimiento abierto?
3. Respecto del asesoramiento financiero:
¿Por qué AENA ha cambiado los pliegos que determinan la normativa interna
de contratación de la Entidad relacionados con los criterios de
evaluación técnica y conocimiento del sector, por los de análisis de
tendencias del mercado y principales operadores?
¿Por qué el expediente de asesoramiento financiero ha sido evaluado por
los directivos de AENA, acaso esta empresa no dispone de una división
especializada y dedicada en exclusiva a evaluar la parte técnica de las
ofertas presentadas?
4. ¿Cómo es posible que el importe inicial para llevar a cabo el
expediente de asesoramiento financiero DEF 77/13 se fijará en 600.000
euros y finalmente se adjudique a la empresa Lazard Asesores Financieros
S.A. / NMAS1 Corporate Firenne, S.A., por 200.000?
5. Cómo es posible que la adjudicación del asesor jurídico a Peréz Llorca
Abogados S.L., con un importe inicial de 400.000 euros se hiciera
finalmente por 95.000.
6. ¿No se puede considerar los casos descritos en las preguntas 4 y 5 como
ofertas anormalmente bajas?
7. Teniendo en cuenta que el día 22 de abril del pasado año se cerró el
plazo de presentación de propuestas y el 26 de abril se propuso la
adjudicación tanto del asesor jurídico como al financiero:
¿Cómo puede explicarse que con fecha 23 de abril de 2013 se aprobaran unas
nuevas normas de contratación que dan cobertura legal al aspecto referido
de las ofertas anormalmente bajas?
8. Dados los precios de adjudicación final:
¿Es posible que las empresas adjudicatarias referidas estuvieran
dispuestas a realizar sendos informes sin remuneración económica o
incluso pagando ellos mismos costándoles dinero?
9. ¿Qué rentabilidad económica tendrá para las arcas del Estado las
operaciones de venta propuestas por los asesores elegidos?
10. ¿No estima el Gobierno que el proceso de privatización de AENA en esta
fase carece de limpieza y transparencia?
11. ¿No cree que se han adoptado medidas para favorecer a los
adjudicatarios finales?
12. ¿Estima el Gobierno prudente que se ponga a la venta el patrimonio de
todos y todas al albur de un informe elaborado por un asesor financiero
ligado a empresas que han puesto en jaque la Marca España y están
protagonizando hoy los mayores escándalos financieros en nuestro país y
con repercusión internacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.-Ascensión de
las Heras Ladera, Diputada.
184/043398
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.
Son vergonzosas las imágenes de una pareja de ciudadanos franceses
mientras están siendo agredidos y maltratados por dos vigilantes de la
empresa Castellana de Seguridad (CASESA) en un centro comercial de la
localidad alicantina de Torrevieja (Alicante). Ambos tuvieron que recibir
atención médica tras la paliza.
La agresión, que se produjo en presencia de los dos hijos de la pareja -el
más pequeño de los cuales tan solo tiene siete años-, aconteció después
de que los dos ciudadanos franceses abonasen su compra. En el momento en
el que se disponían a salir del comercio sonó la alarma de las cajas, por
lo que los dos guardias de seguridad se dispusieron a registrar a la
pareja, sin encontrar ningún artículo robado.
En ese momento, los vigilantes condujeron a la familia a una habitación
del centro, donde volcaron violentamente el bolso de la madre, de raza
negra, y comenzaron a propinar, entre gritos, repetidos golpes y
empujones a la pareja, mientras el mayor de los hijos conseguía grabar la
agresión. Ambos turistas tuvieron que ser atendidos posteriormente en las
urgencias de la localidad, y han presentado una denuncia ante la Guardia
Civil.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
- ¿Qué valoración hace el Gobierno de la forma cómo desempeñan su trabajo
los vigilantes a los que se refiere esta iniciativa?
- ¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno para evitar que este
tipo de situaciones se vuelvan a repetir?
- Dado que corresponde a la Administración General del Estado, a través
del Ministerio del Interior, la autorización de las empresas de seguridad
privada, así como la habilitación e inhabilitación del personas de
seguridad privada: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno respecto a los
trabajadores y a la empresa referidos en esta iniciativa?
- En consideración a los hechos descritos y la reiterada denuncia de
hechos parecidos que se llevan efectuando, respecto de determinada
actuaciones de vigilantes privados, ¿considera adecuado el Gobierno la
consideración de autoridad prevista en la nueva norma sobre seguridad
privada -actualmente en trámite parlamentario-para los trabajadores de
este sector, así como las competencias que asumirán?
- ¿Ha previsto el Gobierno realizar algún estudio o investigación sobre
las numerosas denuncias y quejas que existen sobre este tipo de
comportamientos protagonizados por miembros pertenecientes a la seguridad
privada?
- ¿Entiende el Gobierno que este tipo de situaciones proyecta una mala
imagen de la llamada Marca España?
- ¿Cómo calificaría el Gobierno el recuerdo y las secuelas que esa
vivencia dejará en la mente de los niños que presenciaron los hechos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.-Ricardo Sixto
Iglesias, Diputado.
184/043399
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Miriam Guadalupe Blasco Soto, Diputada por Alicante, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
La Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje es un órgano
adscrito al Consejo Superior de Deportes destinado a promover la
protección de la salud de los deportistas, así como a desarrollar
políticas integrales de prevención, de control y de sanción por el uso de
productos, sustancias
y métodos no reglamentarios o prohibidos en el deporte, en el ámbito de
las competencias que corresponde desarrollar a la Administración General
del Estado.
Para dar cumplimiento a las citadas funciones de acuerdo con los
compromisos internacionales adquiridos por España, la comisión puede
trabajar en pleno, es decir, con la participación de los sectores
implicados en la protección de la salud de los deportistas y la lucha
contra el dopaje, o puede funcionar con la subcomisión de protección de
la salud y la subcomisión contra el dopaje en el deporte trabajando por
separado.
En todo caso, el pasado 8 de febrero de 2013 el Consejo de Ministros
aprobó un real decreto por el que se modifica la estructura del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se regula el desempeño de
la presidencia de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el
Dopaje al objeto de que el presidente del Consejo Superior de Deportes
pueda designar a cualquier persona con rango de director general o
asimilado.
Por todo lo expuesto, contando con que la directora de la Agencia Estatal
Antidopaje ha sido la elegida para presidir la comisión y que la decisión
tomada es coherente con las directrices de la Agencia Mundial Antidopaje
y con lo establecido en la nueva Ley de la Salud Pública y Lucha contra
el Dopaje que se encuentra en fase de tramitación, se formula la
siguiente cuestión:
¿Qué mejoras pretende el Consejo Superior de Deportes al situar en la
presidencia de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el
Dopaje a la Directora de la Agencia Estatal Antidopaje?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.-Miriam
Guadalupe Blasco Soto, Diputada.
184/043400
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Moro Almaraz, Diputada por Salamanca, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número total de becarios y la evolución de solicitudes y
concesiones de becas en el Programa Leonardo en los últimos cinco años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.-María Jesús
Moro Almaraz, Diputada.
184/043401
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández y doña Pilar Barreiro Álvarez,
Diputadas por Murcia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los resultados que pretende obtener el Gobierno con la nueva
Ley de Tráfico y Seguridad Vial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.-María Ascensión
Carreño Fernández y Pilar Barreiro Álvarez, Diputadas.
184/043402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cual es el número de becas de carácter general y movilidad adjudicada en
el curso 2012- 2013 a estudiantes de enseñanza universitaria y,
concretamente, número de beneficiarios en las universidades de la Región
de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.-María Ascensión
Carreño Fernández, Diputada.
184/043403
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cual es el número de beneficiarios de becas Erasmus en la Región de
Murcia en los años 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.-María Ascensión
Carreño Fernández, Diputada.
184/043404
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, don José Alberto Martín-Toledano y doña
Rosa María Romero Sánchez, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por
escrito.
- ¿Cuál es el número de contratos de emprendedores realizados en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha desde la entrada en vigor de la
última Ley de Reforma Laboral hasta la fecha actual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.-María del
Carmen Quintanilla Barba, José Alberto Martín-Toledano Suárez y Rosa
María Romero Sánchez, Diputados.
184/043405
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, don José Alberto Martín-Toledano y doña
Rosa María Romero Sánchez, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por
escrito.
- ¿Cuál es el número de jóvenes que se han beneficiado de becas otorgadas
por el Ministerio de Educación a estudiantes universitarios en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.-María del
Carmen Quintanilla Barba, José Alberto Martín-Toledano Suárez y Rosa
María Romero Sánchez, Diputados.
184/043406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, don José Alberto Martín-Toledano y doña
Rosa María Romero Sánchez, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por
escrito.
- ¿Cuál es el número de contratos de emprendedores realizados en la
provincia de Ciudad Real desde la entrada en vigor de la última Ley de
Reforma Laboral hasta la fecha actual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.-María del
Carmen Quintanilla Barba, José Alberto Martín-Toledano Suárez y Rosa
María Romero Sánchez, Diputados.
184/043407
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, don José Alberto Martín-Toledano y doña
Rosa María Romero Sánchez, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por
escrito.
- ¿Cuál es el número de actuaciones llevadas a cabo por los equipos ROCA
en el medio rural en la provincia de Ciudad Real desde su puesta en
marcha hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.-María del
Carmen Quintanilla Barba, José Alberto Martín-Toledano Suárez y Rosa
María Romero Sánchez, Diputados.
184/043408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, don José Alberto Martín-Toledano y doña
Rosa María Romero Sánchez, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por
escrito.
- ¿Cuál es el número de actuaciones llevadas a cabo por los equipos ROCA
en el medio rural en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha desde su
puesta en marcha hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.-María del
Carmen Quintanilla Barba, José Alberto Martín-Toledano Suárez y Rosa
María Romero Sánchez, Diputados.
184/043409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
- ¿Cuál es el número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.-María del
Carmen Quintanilla Barba, Diputada.
184/043410
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
- ¿Cuál es la evolución del número de denuncias presentadas por violencia
de género en la provincia de Ciudad Real desde la aprobación de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.-María del
Carmen Quintanilla Barba, Diputada.
184/043411
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
- ¿Cuál es la evolución del número de prestaciones por viudedad en la
provincia de Ciudad Real en los últimos cinco años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.-María del
Carmen Quintanilla Barba, Diputada.
184/043412
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
- Cuál es el número actual de prestaciones por viudedad en la provincia de
Ciudad Real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.-María del
Carmen Quintanilla Barba, Diputada.
184/043413
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
- ¿Cuál es el número actual de prestaciones por viudedad en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.-María del
Carmen Quintanilla Barba, Diputada.
184/043414
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
- ¿Cuál es la evolución del número de prestaciones por orfandad en la
provincia de Ciudad Real en los últimos cinco años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.-María del
Carmen Quintanilla Barba, Diputada.
184/043415
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
- ¿Cuál es la evolución del número de prestaciones por orfandad en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en los últimos cinco años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.-María del
Carmen Quintanilla Barba, Diputada.
184/043416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por
escrito.
- ¿Cuál es el número actual de prestaciones por orfandad en la provincia
de Ciudad Real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.-María del
Carmen Quintanilla Barba, Diputada.
184/043417
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
- ¿Cuál es el número actual de prestaciones por orfandad en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.-María del
Carmen Quintanilla Barba, Diputada.
184/043418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
- ¿Cuál es la evolución del número de extranjeros afiliados a la Seguridad
Social en la provincia de Ciudad Real en los últimos cinco años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.-María del
Carmen Quintanilla Barba, Diputada.
184/043419
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
- ¿Cuál es el número de denuncias presentadas por violencia de género en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en años 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.-María del
Carmen Quintanilla Barba, Diputada.
184/043420
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
- ¿Cuál es la evolución del número de denuncias presentadas por violencia
de género en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha desde la
aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.-María del
Carmen Quintanilla Barba, Diputada.
184/043421
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
- ¿Cuál es el número de denuncias presentadas por violencia de género en
la provincia de Ciudad Real en años 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.-María del
Carmen Quintanilla Barba, Diputada.
184/043422
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
- ¿Cuál es la evolución del número de extranjeros afiliados a la Seguridad
Social en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en los últimos
cinco años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.-María del
Carmen Quintanilla Barba, Diputada.
184/043423
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Martínez Olmos, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
articulo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
La financiación pública de los medicamentos está sometida al sistema de
precios de referencia, establecido en el artículo 93 de la Ley 29/2006,
de 27 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y
Productos Sanitarios. El precio de referencia es la cuantía máxima con la
que se financian los medicamentos incluidos en los conjuntos determinados
oficialmente.
La Ley estipula en el artículo 93, que anualmente se establecerán nuevos
conjuntos y se revisaran los precios de referencia, sin embargo el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualad no ha aprobado dicha
revisión, manteniéndose todavía en vigor los precios establecidos en
2011.
En 2013, el Ministerio tramitó un proyecto de orden para la creación de
nuevos conjuntos y la revisión de los precios de referencia, incluyendo
775 conjuntos, de los cuales 495 eran de nueva creación e informando en
la memoria de impacto normativo, que se verían afectadas por los nuevos
precios más de 15.000 presentaciones de medicamentos, estimando un ahorro
anual de 409,39 millones de euros para las administraciones sanitarias
del Sistema Nacional de Salud y un ahorro de 26,49 millones de euros para
los beneficiarios del mismo.
No obstante el mencionado proyecto de orden, no ha sido aprobado,
tramitándose actualmente un proyecto de real decreto que regula el
sistema de precios de referencia, y que prevé para un desarrollo
posterior, la actualización de los precios de referencia y de los nuevos
conjuntos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualad, lo
que demora todavía más en el tiempo la aplicación de los nuevos precios
en la financiación pública de los medicamentos, por ello se plantea la
siguiente pregunta:
¿Ha estimado el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en
cuánto puede ascender la pérdida de ahorros para las administraciones
sanitarias del Sistema Nacional de Salud y para los beneficiarios del
mismo, por el retraso de más de dos años, de la actualización de los
precios de referencia de los medicamentos y de la creación de nuevos
conjuntos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2014.-José Martínez
Olmos, Diputado.
184/043424
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo
Parlamentario de Izquierda Plural formula las siguientes preguntas
dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
En relación al informe sobre la evolución de las actividades de la
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración
Bancaria (SAREB) y sobre los elementos fundamentales de su situación
económico-financiera correspondiente al primer semestre de 2013, le
interesa conocer a este diputado:
¿Por qué se ha remitido el citado informe a las Cortes Generales con 6
meses de retraso ofreciendo una información desfasada?
¿Cuál es el importe neto obtenido por la venta de activos inmobiliarios a
diciembre de 2013?
¿Cuál es el importe neto obtenido por la venta de activos financieros a
diciembre de 2013?
¿Cuál es el resultado del SAREB en el ejercicio 2013 en términos contables
y no de flujo monetario?
¿Confirma el Gobierno que el SAREB ha forzado el cierre de docenas de
empresas promotoras al bloquear su refinanciación e impedirles vender sus
activos y que, en algunos casos, se ha adjudicado posteriormente a un
precio inferior?
¿Por qué el Plan Oportunidad, en el que la SAREB pretendía que las Pymes
recompraran sus propios créditos, sólo ha logrado peticiones por 100
millones, teniendo en cuenta que la mayoría de los 90.500 millones de
créditos que recibió la SAREB corresponden a Pymes?
¿Comparte el Gobierno las críticas de opacidad e inoperatividad vertidas
por asociaciones de promotores que destacan que ambos factores impiden
que los promotores rescaten créditos que gravan sus propios inmuebles
porqué han pasado a la SAREB?
¿Por qué motivos la SAREB no hace públicos los datos sobre cuánto cobran
las cajas encargadas de vender los inmuebles cedidos?
¿En cuántas ocasiones la Comisión de Retribuciones y Nombramientos ha
tenido que intervenir para resolver conflictos de intereses en
operaciones vinculadas? ¿A qué personas afectaba? ¿Cuántos de estos
procesos han implicado que no se ofrezca información adicional al
consejero sobre la operación ni que éste pueda participar en la
deliberación sobre el asunto?
¿Considera el Gobierno que la gestión del SAREB está siendo transparente?
¿Qué mecanismos de control público de la eventual entrada especulativa de
inversores privados se están llevando a cabo para evitar operaciones de
compra de los inmuebles a bajo coste sin garantizar la libre concurrencia
de posibles inversores públicos y sociales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2014.-Joan
Coscubiela Conesa, Diputado.
184/043425
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
del Congreso de los Diputados, el diputado adscrito al Grupo
Parlamentario de Izquierda Plural formula las siguientes preguntas
dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
La nota de prensa del Ministerio de Economía y Competitividad en relación
al cumplimiento del Código de Buenas Prácticas para la reestructuración
viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual
arroja los siguientes resultados: 9.861 solicitudes, respecto las cuales,
un 17% ha obtenido una reestructuración de deuda, un 0,06% una quita de
deuda, 6,2% la dación en pago, 5,9% ha desistido del procedimiento y un
48% se denegaron por no cumplir los requisitos.
El Fondo Social de Vivienda (FSV) ha recibido 1.305 solicitudes desde que
se activó en marzo pasado. Se han adjudicado 615 viviendas, de las que en
270 casos se han firmado ya los contratos.
¿Qué valoración hace el Gobierno de los resultados del Código de Buenas
Prácticas?
¿Considera el Gobierno exitoso que un 48% de las solicitudes se hayan
denegado por incumplimiento de los requisitos?
A raíz de los resultados que ponen de manifiesto que una gran parte de los
solicitantes quedan excluidos debido a la exigencia en los requisitos,
¿va a plantearse el Gobierno flexibilizar la entrada?
¿Cuándo va a hacer público el Gobierno el Tercer Informe de Seguimiento
del Código de Buenas Prácticas?
¿Qué valoración hace el Gobierno del impacto del Fondo Social de
Viviendas? ¿Considera exitoso haber logrado un 4.5% de contratos de
arrendamiento respecto el total de pisos disponibles?
¿Cuántos municipios han firmado el convenio para la constitución del Fondo
Social de Viviendas? ¿Cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2014.-Joan
Coscubiela Conesa, Diputado.
184/043426
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
del Congreso de los Diputados, la Diputada adscrita al Grupo
Parlamentario de Izquierda Plural formula las siguientes preguntas
dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
Los Ministros de Energía y Medio Ambiente de ocho países de la Unión
Europea (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia
y Portugal) han pedido a los Comisarios de Energía, Günter Verheugen, y
de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, de la Comisión Europea que
propongan objetivos concretos para el desarrollo de las energías
renovables en el horizonte del año 2030.
La carta defiende un calendario concreto que permita aclarar el futuro de
tecnologías como la eólica y la solar para hacer frente al cambio del
clima y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. En ella se
afirma que 'establecer un objetivo para el futuro de la energía renovable
es fundamental para dar seguridad económica a este sector, de forma que
se puedan garantizar las inversiones rentables en los sistemas de energía
y fortalecer el mercado interior de la energía'.
En octubre del 2013, los Ministros de Medio Ambiente de Reino Unido,
Alemania, Francia, Italia, España, Holanda, Bélgica, Portugal, Suecia,
Dinamarca, Finlandia, Eslovenia y Estonia firmaron una carta en la que
reclaman que la UE fijara objetivos de reducción de emisiones
contaminantes más ambiciosos y que lo hiciera cuanto antes.
La carta defendía la apuesta por las energías renovables, de las que decía
'podrían estimular un boom de las exportaciones de nuevos productos y
tecnología europeas a un mercado bajo en carbono de 4 trillones de euros
con un crecimiento anual de más del 4%; permitir a la industria europea
competir mediante procesos de ahorro de energía y reducir la dependencia
cada vez mayor de Europa de los combustibles fósiles procedentes de
regiones inestables'.
¿Por qué motivos los ministros españoles Soria o Cañete no han firmado
esta carta?
¿Por qué hace tres meses el Ministro de Medio Ambiente firmó una carta en
la que reclamaba que la UE fijara objetivos de reducción de emisiones de
CO2 más ambiciosos y en cambio ahora nadie suscribe la carta en la que se
solicita un objetivo más ambicioso de renovables con la finalidad de
reducir las emisiones de efecto invernadero?
¿Va el Gobierno a apoyar un objetivo del 40% de reducción de emisiones de
CO2 en el 2030? ¿Va el Gobierno a apoyar un objetivo del 30% para
renovables en el 2030?
En caso negativo, ¿por qué no? ¿Ya no cree el Gobierno que la lucha contra
el cambio climático equivale a crecimiento económico, tal y como
suscribió el Ministro de Medio Ambiente hace tres meses?
En caso afirmativo, ¿las políticas llevadas a cabo por el Gobierno, como
la reforma eléctrica que está llevando a cabo, van a permitir cumplir con
estos objetivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2014.-Laia Ortiz
Castellví, Diputada.
CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE Y SUS SOCIEDADES
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA RTVE
Preguntas
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales las preguntas de los señores Diputados para las que se
solicita respuesta por escrito, que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2014.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
179/000194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén Juste Picón, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta al Presidente de la Corporación RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Una de las razones que justifican la existencia de un medio de
comunicación de titularidad pública, es la contribución del mismo a la
proyección al exterior de nuestro país, de su cultura, de su lengua y,
desde luego, de su actividad económica más destacada.
Por cuanto que en la parrilla de programación de TVE hoy existe 'Solo
Moda', un espacio dedicado a la moda y al sector económico que la
desarrolla, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Tienen acceso telespectadores extranjeros a los contenidos de 'Solo
Moda', programa dedicado a la moda que se emite hoy en la parrilla de
programación de TVE?
2. En caso afirmativo ¿cuál es la audiencia estimada del programa 'Solo
Moda' y el ámbito geográfico al que llega?
3. En el caso de que los telespectadores del exterior de España no tengan
acceso al programa 'Solo Moda', ¿Adoptará medidas la Corporación RTVE
para que sus emisiones puedan ser contempladas por el público en el
extranjero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.-Belén
Juste Picón, Diputada.
179/000196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su
Diputada doña Irene Lozano Domingo, y al amparo de lo dispuesto en el
vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes Preguntas a la
Corporación RTVE para las que se solicita respuesta por escrito sobre el
sueldo de los directivos de la Corporación RTVE.
Exposición de motivos
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta las
siguientes preguntas a la Corporación RTVE para las que solicita
respuesta por escrito.
1. ¿Cuántos directivos de la Corporación RTVE perciben anualmente más de
105.000 euros?
2. [...]
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.-Irene
Lozano Domingo, Diputada.
Nota.-Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el Acuerdo
de la Mesa de la Cámara de 14 de enero de 2014.
179/000197
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la
siguiente pregunta, dirigida al Presidente del Consejo de Administración
y de la Corporación RTVE, para la que se solicita respuesta escrita.
Tras la posible consolidación de la emisión en Alta Definición (HD) de la
1 y Teledeporte a lo largo de este mes de enero:
¿Piensa hacer lo propio con las desconexiones territoriales de producción
informativa, de forma que los Centros Territoriales dispongan también de
este tipo de emisión en HD?
En caso negativo:
¿No piensa que de no producirse la emisión en HD en estas desconexiones
territoriales TVE perderá audiencia y alejará al ciudadano de su
televisión pública territorial?
¿Cuáles son las causas para que, en su caso, no se produzcan las
desconexiones en mayor definición?
¿Cómo explica que se hayan gastado decenas de millones de euros en la
señal de los JJOO de invierno, en los que apenas hay representación
española, comprar otros derechos deportivos y audiovisuales, gastar en
producciones externas, en presentadores con sueldos estrella, en alquilar
equipos y platós, en galas o programas especiales, en salarios y bonus
para 181 directivos con importe desconocido, pero que no se proporcione a
los ciudadanos la información de proximidad con la máxima calidad, a la
que tienen derecho?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.-Ricardo Sixto
Iglesias, Diputado.
179/000198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
Después del cierre de RTVV el pasado 9 de noviembre, ordenado por el
Gobierno valenciano, los ciudadanos y ciudadanas del territorio
valenciano se han quedado sin una televisión autonómica propia. La poca
información local a la que se tiene acceso, es a través de las
desconexiones territoriales de RTVE. De hecho, se ha hecho público que el
próximo 1 de enero de 2014, será TVE la televisión que emita el mensaje
de Año Nuevo del presidente de la Generalitat Valenciana.
Por todo lo anteriormente expuesto, pregunto:
¿La retransmisión del mensaje de Año Nuevo del Presidente de la
Generalitat tiene algún coste adicional para el Gobierno valenciano?
En caso afirmativo, ¿qué coste total tiene realizar dicha retransmisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.-Joan
Baldoví Roda, Diputada.
179/000199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
¿Qué criterios utiliza RTVE para abonar los servicios prestados por los
tertulianos en los programas informativos y de ocio tanto en TVE como en
la radio?
¿Cuál es la relación de tertulianos que han participado en los programas
informativos durante el 2012 y 2013?
¿Qué cantidad ha sido abonada per cápita a cada una de estas personas
anualmente en los años 2012 y 2013? ¿Y cual es el gasto total de conjunto
en los años 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.-Juan Luis
Gordo Pérez, Diputado.
179/000200
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
En el último programa de Informe Semanal del sábado día 7 de diciembre de
2013 se emitió un reportaje denominado: 'Las facturas de UGT' con una voz
en off que presentaba a UGT como el sindicato del PSOE. ¿Cuáles son las
razones por las cuales la edición de Informe Semanal recogió esta
valoración política?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.-Juan Luis
Gordo Pérez, Diputado.
179/000201
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
En el Telediario 2.a edición (21.00 horas) de TVE 1 del sábado día 7 de
diciembre de 2013 se incluyeron unas declaraciones de la diputada y
portavoz de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, Ana
María Madrazo Díaz, en respuesta a unas declaraciones realizadas en rueda
de prensa por el Diputado Rafael Simancas en relación 'al escándalo de la
Agencia Tributaria'. Sin embargo en ningún momento se emitieron las
declaraciones del mencionado diputado sin contextualizarse la noticia.
¿A qué obedece esta información sesgada intentando manipular la opinión
pública ofreciendo únicamente la opinión del Partido Popular
favoreciéndole de esta manera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.-Juan Luis
Gordo Pérez, Diputado.