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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 267, de 09/05/2013
Dicha realidad ha provocado que miles de ciudadanos vascos y navarros
hayan abandonado sus domicilios de origen por temor a perder la vida o
sufrir cualquier tipo de daño o extorsión.
Tales desplazamientos forzados no sólo han vulnerado el derecho a elegir
libremente el lugar de residencia de miles de ciudadanos sino que,
además, han quebrado la integridad del censo electoral de las Comunidades
Autónomas que aquéllos debieron abandonar ante la presión terrorista.
Por el contrario, los terroristas de ETA que han abandonado el territorio
español no son desplazados. Se trata de personas que, debido a su
vinculación con la comisión de delitos de terrorismo, pretenden eludir la
acción de la justicia.
Tal y como mantiene la Organización de Naciones Unidas, los desplazados
internos son aquellos que han sido forzados u obligados a abandonar sus
hogares o lugares de residencia habitual como consecuencia de un
conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de
derechos humanos o desastres naturales o causados por el hombre, y que no
han cruzado fronteras reconocidas internacionalmente.
En relación con el párrafo anterior, es preciso recordar que en España no
existe conflicto armado alguno, sino el ejercicio indiscriminado del
terror y de la violencia contra personas inocentes que simplemente no
compartían las ideas y/o acciones de una organización criminal que ha
matado a 829 personas, entre ellas 24 niños.
En definitiva, la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
pretende restituir el derecho fundamental a la participación política de
aquellos que se vieron obligados a abandonar su domicilio en la Comunidad
Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Navarra por las coacciones y
presiones derivadas de la existencia de ETA y de su entorno, recordando
que el dolor sufrido por la sociedad en general, pero muy particularmente
por las víctimas del terrorismo, nunca podrá ser reparado.
En cuanto al resto de las preguntas formuladas sobre cuestiones diversas,
el Ministerio del Interior informa que el número de miembros de ETA
detenidos en España desde el 15 de junio de de 1977 consta en los
archivos y anales públicos de acceso abierto.
Por lo que se refiere a las preguntas relacionadas con competencias
normativas, es preciso recordar la previsión contenida en el párrafo
segundo de la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 8/1985.
Las ayudas, indemnizaciones y demás prestaciones a las víctimas del
terrorismo, así como sus destinatarios y los requisitos para su
reconocimiento, son las establecidas en la Ley 29/2011, de 22 de
septiembre, de Reconocimiento y protección integral a las víctimas del
terrorismo, incluyendo a quienes sufren o hayan sufrido situaciones de
amenazas o coacciones directas y reiteradas, procedentes de
organizaciones terroristas.
El retorno de terroristas huidos estará vinculado al cumplimiento de las
penas que correspondan de conformidad con el ordenamiento penal y
penitenciario.
Madrid, 4 de abril de 2013.-El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/019071
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Bosh i Pascual, Alfred (GMx).
Respuesta:
La persona a la que hace referencia la pregunta no ha recibido encargo
alguno por parte de este Gobierno.
La Ley 23/1982, de 16 de junio, de Patrimonio Nacional, define e
identifica los bienes integrantes del mismo como los afectados al uso y
servicio de la Jefatura del Estado. El Consejo de Administración de
Patrimonio Nacional tiene legalmente encomendada la conservación,
mantenimiento, mejora, administración y seguridad de todos estos bienes.
De conformidad con esta Ley y con su Reglamento de desarrollo, existen
determinados bienes de Patrimonio Nacional que son susceptibles de
compatibilizar la función antes indicada con otro tipo de actividad, que
entraña el acceso del público a los mismos, y de los que el Consejo de
Administración puede aportar información.
Dentro de esta categoría se encuentra el predio denominado 'la Quinta'
(artículo 4 de la Ley de Patrimonio Nacional), cuyas características
permiten alquilarlo para la celebración de eventos. De la información
disponible en el organismo resulta que, examinadas las entidades
(públicas y privadas) y objeto para las que se ha cedido el uso del
inmueble, no se ha alquilado para los fines y personas que plantea la
pregunta.
Madrid, 10 de abril de 2013.-El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/019092
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Garzón Espinosa, Alberto (GIP).
Respuesta:
El Gobierno desmiente las informaciones inveraces que le afectan. Como se
ha manifestado en diversas ocasiones, la persona a que hace referencia la
pregunta no ha recibido ningún encargo por parte de este Gobierno.
Interponer acciones judiciales supone utilizar los medios jurídicos del
Estado, algo que el Gobierno sólo hace en favor del interés general y, en
ningún caso, para realizar desmentidos.
Madrid, 11 de abril de 2013.-El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/019221
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Centella Gómez, José Luis (GIP).
Respuesta:
El Gobierno desmiente las informaciones inveraces que le afectan.
Interponer acciones judiciales supone utilizar los medios jurídicos del
Estado, algo que el Gobierno sólo hace en favor del interés general y, en
ningún caso, para realizar desmentidos.
Madrid, 10 de abril de 2013.-El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
184/019484
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
El caso de Chipre no constituye un nuevo modelo para otros países de la
zona euro, sino que las medidas tomadas son de carácter excepcional.
Dicha excepcionalidad se justifica por tres cuestiones: por un lado, la
existencia de un sector bancario sobredimensionado que se vio fuertemente
afectado por la quita privada de la deuda griega en marzo de 2012; en
segundo lugar, aunque Chipre no llega a constituir
un paraíso fiscal, las condiciones favorables de su régimen societario le
convierten en un importante enclave offshore; y por último, la concesión
de un programa por importe total a las necesidades financieras chipriotas
(estimadas en 23.000 millones de euros) hubiera generado una senda
deuda/PIB insostenible, por lo que se hacía necesario otorgar un programa
por importe menor (10.000 millones de euros) y contar con medidas
adicionales.
Entre estas medidas adicionales destacan los esfuerzos en materia de
consolidación fiscal (incluyendo la subida del impuesto de sociedades del
10 al 12,5%), reformas estructurales y privatizaciones, así como la
renegociación del préstamo con Rusia y la reestructuración bancaria.
El objetivo principal defendido por España en estas negociaciones ha sido
el de garantizar la estabilidad financiera de Chipre y limitar sus
posibles repercusiones a otros Estados miembros de la zona euro, con
medidas que contribuyan a hacer sostenible la deuda pública chipriota a
la vez que permitan la solución ordenada de sus desequilibrios
económicos. En el Eurogrupo del 18 de marzo se constató la importancia de
la plena garantía de los depósitos por debajo de 100.000 . Esta medida
fue apoyada por España, con el fin de garantizar la estabilidad de la
zona euro en su conjunto.
En su reunión extraordinaria del 25 de marzo, el Eurogrupo llegó a un
acuerdo con el Gobierno chipriota sobre los términos financieros del
programa de ajuste, reiterando que las medidas acordadas son de carácter
excepcional, para hacer frente a la frágil situación del sector bancario,
pero sin poner en riesgo la sostenibilidad de la deuda del país.
En todo caso, es necesario destacar que en estos momentos se está
negociando la Directiva sobre Rescate y Resolución de Entidades de
Crédito, que tiene como objeto regular cómo se distribuyen los costes de
la resolución de una entidad de crédito entre los accionistas y los
acreedores. En relación con esta Directiva la postura de nuestro país es
firme en el sentido de que los depósitos garantizados tengan una
protección expresa y por lo tanto los depósitos no se vean afectados en
el supuesto de resolución de una entidad.
Madrid, 12 de abril de 2013.-El Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes.
CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE Y SUS SOCIEDADES
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA RTVE
Contestaciones
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales las contestaciones recibidas del Gobierno a las
preguntas de los señores Diputados que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
179/000105
(179) Pregunta escrita a la Corporación RTVE
Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).
Respuesta:
El pasado día 31 de enero, como consecuencia de las informaciones de
diversos medios de comunicación habían difundido sobre el caso que se ha
venido a llamar de 'los papeles secretos de Bárcenas' y las revelaciones
sobre la cuentas bancarias que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, tenía
en Suiza, un nutrido grupo de ciudadanos y ciudadanas, se concentraron de
forma espontánea ante la sede nacional del PP en Madrid para demostrar su
indignación.
Sin embargo, no hubo referencia alguna en el noticiario de ese día:
Por todo lo anteriormente expuesto, pregunto:
- ¿Qué motivo les llevó a negar el derecho de información a los ciudadanos
que el 31 de enero de 2013 estaban viendo el telediario de la 1 al no
ofrecerles imagen alguna de las concentraciones de gente realmente
indignada alrededor de la sede del PP de la calle Génova y de otras del
Estado español que protestaba legítimamente?
- ¿Por qué quiso ocultar la indignación ciudadana a los espectadores del
telediario al no ofrecer unas imágenes que evidentemente sí que eran
noticia?
TVE no negó el derecho a la información a los ciudadanos el día 31 de
enero. El TD-2 de las 21:00 horas dio esta noticia ya en la apertura y
posteriormente en una información en lo que en el argot de los
profesionales de televisión se conoce como 'colas'. En total se dieron 50
segundos de información con imagen de la concentración en la calle Génova
de Madrid.
Además, lejos de ocultar la información a los ciudadanos, TVE volvió a
repetir la información esa misma noche ofreciendo otros 50 segundos en La
2 Noticias.
Al día siguiente, el Matinal volvió a repetir la noticia y ofreció un
total de 2 minutos 45 segundos del tema, en información elaborada con
audio y video.
También se informó en el telediario Matinal, en 1 minutos 28 segundos, de
otras concentraciones similares en las sedes del PP de otras ciudades de
España como Sevilla, Valencia, Barcelona y Oviedo. Y se contó que la
página de Facebook del PP estaba recibiendo mensajes con símbolos en
forma de 'sobre'.
En total, desde el telediario de las 21:00 horas, que coincide con la hora
de la concentración, hasta primera hora del día siguiente, los
informativos diarios de TVE dedicaron a esta noticia 5 minutos 53
segundos. Es decir que ni se ocultaron imágenes ni se negó el derecho a
la información a los ciudadanos.
El Presidente de la Corporación RTVE, Leopoldo González-Echenique
Castellanos de Ubao.
179/000110, 179/000111 y 179/000112
(179) Pregunta escrita a la Corporación RTVE
Autor: Ruiz i Carbonell, Joan (GS).
Respuesta:
- ¿Cuál era el número de trabajadores de la Corporación de RTVE en la
provincia de Tarragona con fecha 31 de diciembre de 2012? ¿Y cuál era su
categoría profesional?
- ¿Cuál era el número de trabajadores de la Corporación de RTVE en la
provincia de Tarragona con fecha 31 de diciembre de 2011?¿Y cuál era su
categoría profesional?
- ¿Cuál era el número de trabajadores de la Corporación de RTVE en la
provincia de Tarragona con fecha 31 de diciembre de 2010?¿Y cuál era su
categoría profesional?
En 2010 había 7 empleados: 3 informadores, 2 profesionales medios
audiovisuales y 2 técnicos superiores de imagen.
En 2011 había 6 empleados: 3 informadores, 2 profesionales medios
audiovisuales y 1 técnico superior de imagen, cifras que se mantuvieron a
lo largo de 2012.
La reducción que se observa entre 2011 y 2012 se debe a que un técnico
superior de imagen está trabajando en Barcelona, si bien tiene una
reserva de plaza en Tarragona.
El Presidente de la Corporación RTVE, Leopoldo González-Echenique
Castellanos de Ubao.