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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 139, de 07/08/2012
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 139, de 07/08/2012
Orfandad;;;;;;;;
Por beneficiario;94,96;;126,30;;33,0%;;5,9%;
Por beneficiario <18 años y discapacidad =65%;(Mínimo creado en
2006);;(Mínimo creado en 2006);;;;;
A favor de familiares;;;;;;;;
Por beneficiario;94,96;;126,30;;33,0%;;5,9%;
PENSIONES SOVI;;;;;;;;
Por beneficiario;229,62;;304,08;;32,4%;;5,5%;
1 En el año 1996 sólo existía un único mínimo para menores de 60 años, con
independencia de la existencia o no de cargas familiares.;;;;;;;;
Ganancia de poder adquisitivo para los pensionistas de la provincia de
Soria desde el año 1996 hasta finales de 2004
En líneas generales, la ganancia o pérdida de poder adquisitivo viene
determinada por la diferencia entre la revalorización aplicada y la
variación del IPC en el mismo periodo. No obstante, dado que se han
venido aplicando mejoras adicionales a la revalorización en pensiones
SOVI y pensiones con mínimos, en estos colectivos se ha producido una
evolución diferente para cada tipo de mínimo.
Por otra parte, dado que el dato acumulado 1996-2004 depende del periodo
de vigencia de la prestación, se presenta la ganancia/pérdida generada en
cada año.;;;
Periodo;IPC REAL (a noviembre);Pensiones no sovi sin mínimos;
;;Revalorización aplicada (*);Ganancia de poder adquisitivo en el
ejercicio
Año 1996;3,2%;3,5%;0,3%
Año 1997;2,0%;2,6%;0,6%
Año 1998;1,4%;2,1%;0,7%
Año 1999;2,7%;2,7%;0,0%
Año 2000;4,1%;4,1%;0,0%
Año 2001;2,7%;2,7%;0,0%
Año 2002;3,9%;3,9%;0,0%
Año 2003;2,8%;2,8%;0,0%
Año 2004;3,5%;3,5%;0,0%
Datos acumulados (**);29,6%;31,6%;1,5%
(*) Incluye, en su caso, los abonos realizados en paga única por
desviación del IPC.
(**) Sólo aplicables a las pensiones que hayan estado vigentes durante el
periodo.;;;
Ganancia de poder adquisitivo para los pensionistas de la provincia de
Soria desde el año 2004 hasta finales de 2011
En líneas generales, la ganancia o pérdida de poder adquisitivo viene
determinada por la diferencia entre la revalorización aplicada y la
variación del IPC en el mismo periodo. No obstante, dado que se han
venido aplicando mejoras adicionales a la revalorización en pensiones
SOVI y pensiones con mínimos, en estos colectivos se ha producido una
evolución diferente para cada tipo de mínimo.
Por otra parte, dado que el dato acumulado 2004-2011 depende del periodo
de vigencia de la prestación, se presenta la ganancia/pérdida generada en
cada año.;;;
Periodo;IPC REAL (a noviembre);Pensiones no sovi sin mínimos;
;;Revalorización aplicada (*);Ganancia de poder adquisitivo en el
ejercicio
Año 2004;3,5%;3,5%;0,0%
Año 2005;3,4%;3,4%;0,0%
Año 2006;2,6%;2,6%;0,0%
Año 2007;4,1%;4,1%;0,0%
Año 2008;2,4%;2,4%;0,0%
Año 2009;0,3%;2,0%;1,7%
Año 2010;2,3%;2,3%;0,0%
Año 2011;2,9%;0,0%;-2,9%
Datos acumulados (**);23,6%;22,1%;-1,2%
(*) Incluye, en su caso, los abonos realizados en paga única por
desviación del IPC.
(**) Sólo aplicables a las pensiones que hayan estado vigentes durante el
periodo;;;
Madrid, 9 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/004805, 184/004806, 184/004809 y 184/004810
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
En respuesta a las preguntas escritas de referencia, en el correspondiente
cuadro, se facilitan los datos de evolución de la pensión media,
reflejados en las estadísticas de la Seguridad Social, en la provincia de
Soria.
;Variación Enero/96-Marzo/04;Variación Marzo/04-Noviembre/11
Pensión media mensual en vigor;42,58%;42,43%
Pensión media de viudedad;45,47%;41,47%
Madrid, 9 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/004811 a 184/004814
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
En respuesta a las preguntas parlamentarias de referencia, en el
correspondiente cuadro, se facilitan los datos de evolución del número de
pensionistas, que se recogen en las estadísticas de la Seguridad Social
en la provincia de Soria.
;Variación Enero/97 - Marzo/04;Variación Marzo/04 - Noviembre/11
Número de pensiones mínimas;-23,32%;0,31%
(Nota: se ofrece el primer dato de información provincializada de que se
dispone);;
Preguntas Escritas 184/12046 y 184/12047;;
;Variación Diciembre/01 - Marzo/04;Variación Marzo/04 - Noviembre/11
Número de pensionistas (*);-1,53%;-1,77%
(Nota: se ofrece el primer dato de información provincializada de que se
dispone).
(*) Las estadísticas sobre número de pensionistas eliminan el doble
cómputo por concurrencia de varias pensiones en el mismo titular,
supuestos en los que sólo se computa una única vez bajo las
características correspondientes a la pensión principal.;;
Madrid, 9 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/004815
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
El conjunto de medidas incluidas en el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de
febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, se ha
realizado en un contexto económico presidido por un prolongado
estancamiento de la actividad económica y por una intensa destrucción de
empleo. En esta coyuntura, las medidas que el Gobierno ha desarrollado en
el referido Real Decreto-ley sobre la reforma laboral pretenden, ante
todo, contribuir a frenar esta tendencia y sentar las bases de la
recuperación económica para que se pueda volver a crear empleo en nuestro
país.
El objetivo perseguido por el Gobierno con la reforma propuesta consiste
en la cimentación de un nuevo modelo de relaciones laborales sobre el
patrón de la flexiguridad, facilitando a los empresarios las herramientas
necesarias para la gestión de sus empresas, para hacerlas viables y
competitivas y garantizando al mismo tiempo a los trabajadores una
protección social adecuada. Este patrón es el que ha hecho que las
economías europeas más avanzadas hayan sido capaces de contener la
destrucción de empleo, a pesar de la crisis global que aún nos afecta. La
propuesta normativa del Gobierno pretende, ante todo, sentar las bases
para que los trabajadores desempleados, que son muchos en el país, puedan
encontrar un empleo.
La norma ha sido convalidada por el Congreso de los Diputados,
tramitándose a continuación como proyecto de ley, lo que permitió debatir
las posiciones de los diferentes Grupos parlamentarios sobre los
contenidos de la misma.
Habrá que darle un cierto tiempo para apreciar los efectos que tiene en el
mercado de trabajo, sobre todo cuando se empiecen a ver los efectos
positivos de otras reformas estructurales emprendidas por el Gobierno y
se inicie la recuperación económica.
Además, el Gobierno continúa poniendo en marcha nuevas medidas de gran
importancia para apoyar la actividad y la creación de empleo, como la
elaboración de una nueva ley de emprendedores, la reforma del sistema de
formación profesional para el empleo, la puesta en marcha de un plan de
empleo juvenil y la reordenación de las políticas activas de empleo a fin
de mejorar su eficacia.
Madrid, 3 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/004816 a 184/004856 y 184/004878 a 184/004934
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Morlán Gracia, Víctor (GS).
Respuesta:
De acuerdo con lo establecido en el convenio de colaboración que señala Su
Señoría en su pregunta, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA) efectúa libramientos mensuales, en cada
ejercicio presupuestario, al Gobierno de Aragón, por un importe total
equivalente a la anualidad prevista. Estos libramientos tienen la
naturaleza de pagos anticipados en concepto de financiación necesaria
para la ejecución de las actuaciones contempladas en el citado convenio,
siendo dicha ejecución competencia del Gobierno de Aragón, que es quien
se puede pronunciar al respecto de la finalización prevista de cada una
de las actuaciones.
Madrid, 5 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/004857 a 184/004875, 184/004877, 184/004935 a 184/005011
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Morlán Gracia, Víctor (GS).
Respuesta:
De acuerdo con lo establecido en el convenio de colaboración que señala su
Señoría en su pregunta, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA) efectúa libramientos mensuales en cada ejercicio
presupuestario al Gobierno de Aragón, por un importe total equivalente a
la anualidad prevista. Estos libramientos tienen la naturaleza de pagos
anticipados en concepto de financiación necesaria para la ejecución de
las actuaciones contempladas en el citado convenio, siendo dicha
ejecución competencia del Gobierno de Aragón, que es quien se puede
pronunciar al respecto de la ejecución de cada una de las actuaciones.
Madrid, 19 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/004876
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Morlán Gracia, Víctor (GS).
Respuesta:
De acuerdo con lo establecido en el convenio de colaboración que señala Su
Señoría en su pregunta, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA) efectúa libramientos mensuales en cada ejercicio
presupuestario al Gobierno de Aragón, por un importe total equivalente a
la anualidad
prevista, los cuales tienen la naturaleza de pagos anticipados en concepto
de financiación necesaria para la ejecución de las actuaciones
contempladas en el citado convenio, siendo dicha ejecución competencia
del Gobierno de Aragón, que es quien se puede pronunciar al respecto de
la finalización prevista de cada una de las actuaciones.
Madrid, 18 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005013
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Quevedo Iturbe, Pedro (GMx).
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA)
comparte la consideración de que el precio del agua en las Islas Canarias
debe ser comparable al de la península, en base a lo cual arbitra medidas
financieras para lograrlo. El MAGRAMA ha estado realizando un importante
esfuerzo, con objeto de poder abaratar dicho precio, tratando de
aproximarlo al precio medio del agua en la península, siempre con las
limitaciones presupuestarias que la coyuntura económica actual imponen y
que determinan en cada convocatoria el máximo de ayudas disponibles.
En el ejercicio 2011 se aprobó la Resolución de 5 de julio de 2011, por la
que se convoca la concesión de subvenciones a las plantas potabilizadoras
para desalación de agua de mar en Canarias, que ya han sido repartidas y
abonadas. La convocatoria anual para este fin considera criterios de
eficiencia y ahorro en el consumo del agua y está sometida a todas las
normas de disciplina presupuestaria que en régimen general se dictan.
La intención del Gobierno es, como se ha señalado anteriormente, mantener
esta línea de subvención, la cual ya cuenta con una dotación económica de
4.879.780 euros en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2012.
Madrid, 20 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005014
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Quevedo Iturbe, Pedro (GMx).
Respuesta:
En el Real Decreto 1316/2001 se consideran como residentes no peninsulares
a aquellos ciudadanos que estén inscritos en los padrones municipales de
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Ahora bien, actualmente, un
ciudadano español puede acreditar su residencia mediante la dirección que
figura en su DNI, mientras que un extranjero lo debe hacer mediante un
certificado del registro central de extranjería. En ambos casos, es
posible renovar estos documentos sin cambiar el lugar de residencia,
aunque el ciudadano haya cambiado de domicilio, ya que, en el momento de
la renovación, no se cruzan los datos con los de empadronamiento sin el
consentimiento expreso del ciudadano. Así, antiguos residentes en
territorios no peninsulares pueden 'acreditar' su residencia en dichas
zonas, a pesar de que no están efectivamente empadronados en aquellos
municipios que generan el derecho a percibir estas subvenciones.
Además se ha observado que muchos extranjeros comunitarios aun estando
empadronados en los municipios que generan el derecho a percibir estas
subvenciones, no residen realmente en estos municipios sino en su país de
origen, limitándose sus viajes marítimos interinsulares y con la
Península a periodos de unas pocas semanas.
En la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 (LGPE 2012) se
mantienen las características básicas del sistema actual, y junto al
mantenimiento de la bonificación del 50% que se aplica en la actualidad,
se van a reforzar los requisitos y procedimientos para verificar la
condición de residente, para garantizar que el beneficiario de este tipo
de ayudas reside de forma efectiva en Canarias, Baleares, Ceuta o
Melilla.
Este aspecto, incluido en los Presupuestos para 2012, contribuirá sin duda
a mejorar la eficiencia y equidad de este esquema de subvenciones.
Madrid, 17 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005016
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Nuet Pujals, Joan Josep (GIP).
Respuesta:
La necesaria conservación y musealización de los restos arqueológicos
aparecidos ha hecho necesaria la modificación del proyecto previsto con
anterioridad, conforme a la Comisión de Patrimonio del Consell Insular.
Como el importe del proyecto modificado es superior al 47% de proyecto
primitivo, se licitará por procedimiento abierto, de acuerdo con lo
dispuesto en el Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011.
Asimismo, el proyecto complementario de aparcamiento y túneles de acceso
al Parador se tramitará por concurso abierto y no por procedimiento
negociado sin publicidad como estaba previsto.
Como es lógico, antes se procederá a ejecutar todas las actuaciones
necesarias para la consolidación y protección de las obras realizadas.
Madrid, 27 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005018
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
El informe del FMI titulado 'El impacto financiero del riesgo de
longevidad' define este riesgo como la posibilidad de que la esperanza de
vida supere las expectativas. No se trata por tanto de la posibilidad de
que aumente 'el índice de vida', sino de que la esperanza de vida
observada aumente por encima de las proyecciones profesionales de los
institutos de estadística. Estos institutos han proyectado
tradicionalmente el aumento de la esperanza de vida mediante un método
extrapolativo de tendencias pasadas que les ha llevado, en general, a
infraestimar los aumentos de la esperanza de vida. Así, si actualmente se
prevé que la esperanza de vida al nacer vaya a aumentar en 4,7 años en
Europa, el riesgo de longevidad se materializaría si el aumento fuera
superior, como por ejemplo de 7,7 años, que son los considerados en el
informe del FMI en base a errores de estimación en el pasado. En
definitiva, el informe del FMI no aborda directamente el coste financiero
del aumento de la esperanza de vida, sino que se centra en los efectos
adversos que el incumplimiento de las expectativas pueda tener sobre la
sostenibilidad de las cuentas públicas y sobre la viabilidad de los
fondos y planes privados.
Mejorar las técnicas de proyección que permitan anticipar de manera más
precisa los riesgos financieros, para así adecuar las políticas que
garanticen la sostenibilidad del sistema es un objetivo deseable.
En otro orden de cosas, y por lo que se refiere al sistema de la Seguridad
Social debe indicarse que, en los diversos informes parlamentarios en los
que se han venido analizando los principales factores que pudieran
afectar a las condiciones de desarrollo futuro del sistema español de
pensiones y que han dado lugar al gran acuerdo político del Pacto de
Toledo y sus renovaciones posteriores, se ha planteado como uno de los
grandes retos a abordar para garantizar la sostenibilidad del sistema a
medio y largo plazo, la evolución de la pirámide de la población española
ante la reducción de la tasa de natalidad y el progresivo aumento de la
esperanza de vida al nacer.
El Pacto de Toledo y sus renovaciones y la Estrategia de Lisboa y,
actualmente, la Estrategia Europa 2020, han establecido las bases para
que los Gobiernos tomen sus decisiones en materia de pensiones e impulsen
las modificaciones normativas necesarias de adaptación del sistema para
garantizar su sostenibilidad y nivel de protección a medio y largo plazo.
La última reforma operada, en el marco de las recomendaciones del Pacto de
Toledo y de las directrices europeas, se ha llevado a cabo a través de la
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social.
La exigencia de la reforma viene justificada principalmente, tal y como se
recoge en el preámbulo de la ley, por dos factores:
La disminución prolongada de las tasas de natalidad y el simultáneo
incremento de la esperanza de vida de las personas mayores. Esta
tendencia demográfica afecta a todas las generaciones, pero sobre todo a
las más jóvenes, por el hecho de que serán estas generaciones jóvenes las
que serán mayores de sesenta y cinco años durante más tiempo.
La disminución del periodo de actividad laboral en dos sentidos: por un
lado, los años de formación y estudio de los jóvenes se han prolongado y
su acceso al mercado de trabajo, por esta razón, se ha retrasado en
relación con la edad a la que era habitual su incorporación en pasadas
generaciones. Por otro lado, la tasa de participación en la vida laboral
de las personas mayores de 50 años sigue siendo insuficiente.
La ley aumenta la edad legal de hasta los 67 años o 65 años cuando se
acrediten 38 años y 6 meses de cotización. Para reforzar la
contributividad se amplía a 25 años el periodo de cómputo considerado en
la base reguladora, se exigen 37 años cotizados para alcanzar el 100% de
la pensión, se modifican los porcentajes aplicados a la base reguladora
para determinar la cuantía de la pensión y se mantiene la cobertura de
todas las lagunas de cotización.
Por otra parte, se establecen incentivos para el alargamiento voluntario
de la vida laboral y de las carreras de cotización, aumentado los
porcentajes adicionales por cada año completo cotizado que se aplican a
la base reguladora.
El mismo texto normativo recoge que a partir de 2027, cada cinco años se
revisarán los parámetros fundamentales del sistema por las diferencias
entre la evolución de la esperanza de vida de la población a los 67 años
en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida de la
población a los 67 años en 2027, es lo que se denomina factor de
sostenibilidad. A este fin se utilizarán las previsiones realizadas por
los organismos oficiales competentes.
En las disposiciones adicionales se establece que los extinguidos
ministerios de Trabajo e Inmigración y de Economía y Hacienda y los
agentes económicos y sociales, examinarán la conveniencia de establecer
posibles escenarios de financiación complementaria de nuestro sistema de
Seguridad Social en el medio y largo plazo, dentro de un marco coherente
con la separación de fuentes.
Por último, se indica que la Ley 27/2011 mandata la elaboración de
diversos estudios sobre el sistema de la Seguridad Social que deberán ser
tomados en consideración, y el Libro Blanco de la Comisión Europea
(agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles) presenta
una estrategia para que, en las próximas décadas, las pensiones sean
adecuadas, sostenibles y seguras.
En cuanto a la recomendación de implicar a los proveedores de pensiones
privadas en la gestión del riesgo de longevidad, cabe referirse a la
recomendación 16 de la Comisión del Pacto de Toledo (documento revisado
de 6 de junio de 2011): 'la Comisión sigue valorando positivamente que la
protección social voluntaria, además de orientarse específicamente a un
horizonte de ahorro a medio y largo plazo, sirva de complemento y mejora
a las prestaciones de la Seguridad Social, salvaguardándose siempre el
principio y las bases del sistema público de pensiones, y reafirmando que
dichos sistemas complementarios tienen como objetivo el complementar y no
el sustituir a las pensiones públicas (...) La Comisión estima
conveniente que la previsión social complementaria -con especial
incidencia en la vinculada a la
negociación colectiva- debe ampliar su capacidad de complementar al
conjunto de prestaciones sociales públicas, con la finalidad de
posibilitar una mejor atención de algunas contingencias.'
Finalmente la reducción del presupuesto de Sanidad, establecida en el real
decreto ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud, tiene como objetivo principal garantizar la
sostenibilidad de la Sanidad Pública.
Madrid, 14 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005053
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En la provincia de Málaga existen dos líneas de Cercanías: Actualmente, el
acceso por línea de Cercanías al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) no
ha sido estudiado por el Gobierno.
En relación con cualquier actuación referente a la red de Cercanías de
Málaga, se estará a lo dispuesto por el nuevo Plan de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda 2012-2024, que el Ministerio de Fomento presentará
para su aprobación en el próximo mes de julio, el cual establecerá las
prioridades y programas de actuación.
Madrid, 30 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005054
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
La Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2012, consigna una partida
para Proyecto de Inversión: 2012 17 38 4189 'Estudio Nueva Ronda Exterior
de Málaga'.
En el ámbito de dicho Proyecto de Inversión, se contempla el desarrollo de
los Estudios necesarios para analizar la viabilidad, en el futuro, de una
Nueva Ronda de Circunvalación en Málaga.
En el marco de dichos Estudios, y en el contexto de la nueva planificación
viaria que está elaborando el Ministerio de Fomento en el ámbito del Plan
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024, se establecerá la
necesidad y el alcance de las actuaciones a desarrollar, en su caso.
Madrid, 21 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005055
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento tiene prevista para su ejecución durante 2012 en
la provincia de Málaga, las siguientes actuaciones en materia de
conservación, mejora de seguridad vial y explotación de carreteras, por
importe de 13.030.273,77 .
Andalucía Oriental - Málaga;;;
Conservación Integral;;;
Clave;C.P.I.;Descripción;Año 2012
51-MA-02204;1986 0940;A-45; N-331; A-7; N-340; MA-24; CONEX.
A-7;4.826.639,69
51-MA 01104;1986 0940;A-7; MA-21, MA-22, MA-23; n-354A;3.801.208,31
Obras;;;
Clave;C.P.I.;Descripción;Año 2012
33-MA-4530;2001 0940;INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE MOTORISTAS.
CARRETERAS: A-7, A-45, MA-24, N-340 Y N-331;120.715,30
39-MA-3940;1986 0940;MEJORA LOCAL. MEDIDAS DE CORRECCIÓN DE LOS NIVELES DE
RUIDO. CONSTRUCCIÓN DE PANTALLAS ANTISÓNICAS A-7. TRAMO:
ESTEPONA-MÁLAGA;1.407.227,42
33-MA-3930;2001 0940;SEGURIDAD VIAL. PASARELA PEATONAL N-331. TRAMO:
CASABERMEJA;34.973,16
32-MA-2550;1986 0940;TRATAMIENTO DE ARCENES Y CORRECCIÓN DE BLANDONES
N-340. TRAMO: CÁDIZ-ESTEPONA;93.319,92
39-MA-3750;1986 0940;MEJORA LOCAL. MEJORA DE VIAL DE CONEXIÓN ENTRE LA A-7
Y N-340A;191.739,83
32-MA-4200;1986 0940;CONSERVACIÓN DEL FIRME. REPARACIÓN Y REFUERZO DEL
FIRME EN N-340A Y N-331A. TRAMO: ZONA URBANA DE MÁLAGA;859.658,67
Servicios;;;
Clave;C.P.I.;Descripción;Año 2012
568/07;1986 0940;R, P, S: 31-MA-4480; 31-MA-4490 Y 31-MA-4520. MEJORA DE
ACCESOS Y VÍAS DE SERVICIO A-7 P, K 194+400 AL 202. TRAMO
MARBELLA-MIJAS;122.068,97
567/07;1986 0940;REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS: 31-MA-4500 Y 31-MA-4510;
MEJORA DE ACCESOS Y VÍAS DE SERVICIO EN LA A-7. VARIANTE
ESTEPONA;106.810,34
528/09;1986 0940;CONTROL Y VIGILANCIA: 33-MA-4410, 39-MA-2660, 33-MA-393-,
32-MA-4330, 39-MA-3900, MÁLAGA;182.799,04
Gestión Directa;;;
C.P.I.;Descripción;;Año 2012
1986 0940;ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS DE CONSERVACIÓN;;1.283.113,12
Total Málaga;;;13.030.273,77
Las actuaciones y el importe de inversión previstos, son los adecuados
para la consecución de los objetivos generales contemplados en el
Programa 453C: 'Conservación y Explotación de Carreteras' de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012.
Entre los citados objetivos se encuentran:
1. Proporcionar a los usuarios un nivel de servicio adecuado, de forma que
la circulación se desarrolle en condiciones de seguridad, comodidad y
fluidez.
2. Mantener la reducción de la accidentalidad en carreteras.
3. Conseguir una homogeneidad de parámetros en la red de itinerarios de
alta capacidad adaptando a la normativa vigente aquellos tramos que la
cumplan.
4. Conservar con los recursos disponibles el patrimonio viario,
manteniendo los elementos de la carretera en las mejores condiciones
posibles de funcionalidad.
5. Llevar a cabo todas las actuaciones que se precisen para conseguir los
objetivos anteriores al menor coste global posible.
Madrid, 22 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005056 y 184/005058
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El proyecto del Acceso Norte al aeropuerto de Málaga se encuentra
finalizado, pendiente únicamente de la aprobación correspondiente.
En este sentido, la Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2012
contempla una partida que es adecuada a la fase de tramitación
administrativa en la que se encuentra esta actuación.
Las previsiones relativas a la licitación de las obras de esta actuación
quedarán establecidas en el contexto de la nueva planificación viaria que
está elaborando el Ministerio de Fomento en el ámbito del Plan de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024, y dentro del marco
presupuestario previsto para este y posteriores ejercicios.
El plazo de ejecución y, por tanto, de la puesta en servicio de esta
infraestructura quedará establecido, una vez se proceda a la licitación y
adjudicación del contrato de obras correspondiente.
Madrid, 21 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005057
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Las obras del acceso sur al Aeropuerto de Málaga, se encuentran
conformadas por la Obra Principal, y un Proyecto Complementario.
La puesta en servicio de la actuación principal está condicionada por las
actuaciones contempladas en el Proyecto Complementario.
Dicho Proyecto Complementario fue aprobado el pasado mes de febrero de
2012, y ha sido necesario adaptar el diseño de una estructura sobre el
parque de las vías de ferrocarril en las inmediaciones del aeropuerto, a
las exigencias técnicas que establece el Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), como explotador de la
infraestructura.
La mencionada estructura da continuidad al retorno de los vehículos desde
el recinto aeroportuario, por lo que no es posible poner en servicio la
obra principal hasta que no finalice la ejecución del mencionado Proyecto
Complementario.
Madrid, 15 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005059
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento está ejecutando las obras de construcción del
tercer carril de la Ronda Este de Málaga, entre los puntos kilométricos
243,5 y 246,6. Con esta actuación se completa el tercer carril en toda la
Ronda Este.
En julio de 2011, al estar la plataforma ya finalizada aunque las obras
seguían en ejecución, se procedió a poner en servicio el tramo indicado
con señalización de obras garantizándose previamente todas las
condiciones necesarias para la seguridad vial.
Desde entonces el tramo ha funcionado correctamente, permitiendo aliviar
el tráfico de la Ronda Este.
Las obras, por tanto, se finalizarán en próximas fechas.
Madrid, 15 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005060
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
La actuación 'Plataformas reservadas para uso Bus-Vao y tercer carril en
la Circunvalación de Málaga, MA-20, p.k.227 al 236. Provincia de Málaga'
se encuentra en fase de proyecto.
Se trata de una actuación con importantes dificultades de ejecución y
medioambientales, así como de ocupación de terrenos colindantes.
El Ministerio de Fomento tiene previsto replantear el proyecto en el marco
de la Orden para la mejora de la eficiencia en la ejecución de obras
públicas (Orden FOM/3317/2010), ya que las soluciones que se han
planteado hasta ahora suponen unos costes excesivos, que las hacen
inviables.
Madrid, 21 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005062
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
Santa Bárbara Sistemas, nueva denominación de la Empresa Nacional Santa
Bárbara de Industrias Militares, S.A., tras su venta, fue privatizada por
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el año
2001, siendo aprobada dicha venta a la sociedad General Dynamics (GD) por
Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2001, formalizándose
el contrato de compraventa en el 25 de julio de 2001, fecha en la que los
nuevos propietarios asumieron la gestión de la compañía.
En el marco del proceso de privatización, General Dynamics definió un Plan
Industrial para Santa Bárbara Sistemas con una vigencia de cinco años
(07.2001-07.2006), que contemplaba una serie de compromisos a cumplir por
el comprador y objeto de seguimiento por parte de la SEPI.
En concreto, en el contrato de compraventa, General Dynamics asumió el
cumplimiento de los siguientes compromisos:
1. Permanencia en el accionariado de ENSB por un periodo mínimo de cinco
años en posición de control, pudiendo dar entrada en el capital con
participación minoritaria a su socio STEYR. Compromiso garantizado
mediante cláusula penal de 10 M.
2. Mantenimiento de unos fondos propios mínimos del 75% de los del balance
de transferencia durante un periodo de cinco años. Compromiso garantizado
mediante cláusula penal de 10 M.
3. Mantenimiento de la estructura industrial de Santa Bárbara.
4. Mantenimiento íntegro de la plantilla del Grupo Santa Bárbara y de sus
condiciones laborales, tanto globalmente como por centros de trabajo
durante cinco años. Compromiso garantizado mediante cláusula penal de 10
M.
5. Aportación de negocio por valor de 13.800 MPTA.
6. Inversión de 60 M adicionales a los previstos por Santa Bárbara en
tecnologías, equipamientos y modernización de vehículos de combate. Si no
se alcanzase el nivel de inversión comprometido, GD compensará a SEPI por
la diferencia. Compromiso garantizado mediante cláusula penal de 5 M.
7. Cumplimiento del acuerdo entre SBB y KRAUSS-MAFFEI WEGMANN sobre
protección de la tecnología Leopard.
8. GD se responsabiliza del cumplimiento de la normativa medioambiental y
de explosivos y seguridad industrial a partir del momento de la
transferencia.
Con carácter general, SEPI ha realizado un seguimiento del cumplimiento de
los Planes Industriales comprometidos por los compradores de las empresas
privatizadas, habiendo establecido para ello un procedimiento de
evaluación periódica.
Como ya se ha indicado, en el caso de Santa Bárbara, el Plan Industrial
tenía una vigencia de cinco años, que se cumplió en julio de 2006, y en
el seguimiento periódico realizado por SEPI a lo largo del periodo de
vigencia del Plan, SEPI constató que General Dynamics vino cumpliendo
todos los compromisos (ha mantenido los fondos propios en un nivel
superior al comprometido, sigue manteniendo abiertos todos los centros de
trabajo de Santa Bárbara Sistemas y ha mantenido su plantilla, así como,
el de protección de la tecnología del contrato Leopard).
Respecto a la verificación del cumplimiento por parte de General Dynamics
de los otros compromisos (inversiones y aportación de carga de trabajo),
que debía ser realizada a la finalización de la vigencia del Plan, dicha
evaluación se realizó al finalizar la vigencia del Plan, siguiendo el
procedimiento previsto en el contrato, es decir, sobre la base de las
certificaciones que tiene que realizar el auditor designado al efecto.
Realizada la evaluación sobre su cumplimiento, el Comité de Dirección de
SEPI, en su reunión del 18 de enero de 2007, examinó y dio su conformidad
a la valoración favorable respecto del cumplimiento de los compromisos
contractuales asumidos por en la privatización de Santa Bárbara y acerca
de la implantación de las actuaciones previstas en dicho Plan Industrial,
que permitió a la compañía mejorar su posición competitiva al acceder a
nuevos mercados internacionales, actualizar su cartera de productos e
incorporar nuevas tecnologías de fabricación.
Posteriormente, el Consejo de Administración de SEPI, en su reunión de 26
de enero de 2007, fue informado de la valoración favorable del
cumplimiento de los citados compromisos.
Santa Bárbara Sistemas es, desde julio de 2001, una compañía privada, en
la que ya ha terminado la vigencia de los compromisos que permitían a
SEPI realizar un seguimiento de su cumplimiento, única responsabilidad de
SEPI desde la privatización. El Gobierno no puede, por tanto,
pronunciarse sobre asuntos o decisiones que afectan a una empresa que es
privada y sobre la que no ostenta propiedad alguna ni dispone de
información sobre previsiones de futuro de la compañía.
Por último, se informa que como manifestó el Ministro de Defensa en
contestación a la pregunta oral ante el Pleno del Senado (núm. de
Expediente 680/096), el 24 de abril de 2012, General Dynamics Santa
Bárbara Sistemas, al ser una empresa privada del sector de la Defensa, es
completamente autónoma en sus decisiones industriales y empresariales,
que toma en función de su objeto social como empresa mercantil y la
decisión de fusionar las factorías de la Vega y Trubia es una decisión de
estas características.
Madrid, 16 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005063
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
El objetivo general de las actuaciones, que el Gobierno ejecuta en el
conjunto del sector público, se orienta a conseguir que constituya un
ejemplo de austeridad y rigor. En consecuencia, las inversiones a
realizar -incluidas las que vayan a efectuarse en el sector público
empresarial del Estado, al que pertenece NAVANTIA-, se basarán en el
principio de eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
En el caso concreto de las inversiones por las que se interesa S.S., las
decisiones sobre nuevas inversiones deben tener en cuenta todas las
circunstancias que concurren, debiendo analizarse la capacidad actual
disponible, el incremento potencial de la demanda del mercado y la cuota
de mercado accesible, las implicaciones económico-financieras de la
inversión e, incluso, las condiciones del astillero en el momento del
levantamiento del cese de las restricciones indicadas.
Para ello, y tras las reuniones mantenidas por el Presidente de la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales-SEPI con los alcaldes de
la Comarca de Ferrol, SEPI ha decidido crear grupos de trabajo que
analicen este proyecto desde todas sus perspectivas: uno de ellos para
determinar si el dique flotante es un proyecto viable técnicamente; otro
que se ocupará de estudiar la fórmula más adecuada para su financiación y
un tercero que se asegurará de que la infraestructura resulta compatible
con la legislación comunitaria y respeta los compromisos vigentes.
Esta decisión se ha tomado tras ser analizada la situación del sector
naval español, que constituye una preocupación fundamental del Gobierno.
Prueba de ello es que el pasado día 17 de mayo, la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, presidida por el Presidente, trató el
tema del sector naval español.
Es intención de SEPI que los representantes de los trabajadores de
NAVANTIA participen en el seguimiento de los trabajos de los grupos de
trabajo que se constituyan y confía en que los resultados de su actividad
permitan tomar una decisión antes de finalizar el mes agosto de este año,
y que, en su caso, en diciembre esté despejada la estructura financiera
que permita llevar a cabo el dique flotante.
El Consejo de Administración de SEPI, en reunión celebrada el 27 de abril
pasado, acordó proponer a NAVANTIA, el nombramiento de D. José Manuel
Revuelta Lapique como Vocal del Consejo de Administración, para ser
nombrado Presidente de la misma, así como el cese de D. Luis Alberto
Cacho Quesada como Vocal del Consejo de Administración y, en
consecuencia, como Consejero Delegado de esa Sociedad, y la designación
de D. Jaime Rábago Marín para sustituirlo en dicho puesto.
Posteriormente, en la Junta General de NAVANTIA, celebrada el 7 de mayo de
2012, se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:
1. Nombrar a D. José Manuel Revuelta Lapique como Vocal y Presidente del
Consejo de Administración de la Sociedad.
2. Cesar en los cargos de Vocal del Consejo de Administración y Consejero
Delegado de NAVANTIA, S.A. a D. Luis Alberto Cacho Quesada y nombrar,
para sustituirle en dichos cargos a D. Jaime de Rábago Marín.
Madrid, 14 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005069
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
Con fecha 28 de diciembre de 2011, se procedió a la extinción de los
contratos indefinidos no fijos, suscritos con los trabajadores de Aena
Aeropuertos, S.A., por la cobertura con personal fijo de Aena
Aeropuertos, S.A. de las plazas que ocupaban, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 49.1, b) del Estatuto de los Trabajadores, en
la cláusula quinta de sus contratos de trabajo, y en las Resoluciones de
la Dirección General de Aena de ejecución de las resoluciones judiciales
dictadas.
En ningún caso se ha represaliado a esos trabajadores, pues, no sólo se ha
procedido por Aena Aeropuertos, S.A. a la extinción de sus contratos de
trabajo, sino que, en base a los acuerdos citados anteriormente, también
se han extinguido contratos de relevo y contratos de sustitución por
anticipación de la edad de jubilación de 65 a 64 años, en los términos
establecidos en dichos pactos.
Asimismo, debe indicarse que existe un gran número de pronunciamientos
judiciales de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en los que se
analiza como cuestión litigiosa la fórmula legal para extinguir el
contrato de trabajo temporalmente indefinido (así calificado por
Sentencia firme) mantenido con una
Administración Pública, cuando la plaza desempeñada por el cesado ha sido
cubierta por personal fijo, y en todos ellos el Tribunal Supremo
consideró que la situación de estos 'indefinidos es equiparable a las de
los interinos y por lo tanto la extinción de su contrato por causa del
nombramiento de un titular de la misma plaza es causa válida de
extinción'.
En consecuencia, la empresa puede en cualquier momento, unilateralmente,
proceder a la extinción de los contratos indefinidos no fijos, mediante
la cobertura con personal fijo de las plazas ocupadas por esos
trabajadores, por los procedimientos convencionalmente establecidos.
En definitiva, en todos estos casos se está ante la válida extinción de
los contratos indefinidos (no fijos) de esos trabajadores, por la causa
válidamente consignada en los mismos.
Finalmente, con relación a la posibilidad de extinción de los contratos
indefinidos no fijos por sentencia, en el marco de un proceso de
reordenación societaria, tras la creación de Aena Aeropuertos, S.A, y la
subrogación del personal de la Entidad Pública Aena a Aena Aeropuertos,
S.A., también se ha pronunciado la Sala de lo Social del Tribunal Supremo
para supuestos idénticos de extinción de contratos de trabajo indefinidos
no fijos suscritos por la Entidad Pública Correos y Telégrafos y
posteriormente subrogados a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.
En esos pronunciamientos judiciales, el Tribunal Supremo declaró a los
trabajadores como indefinidos no fijos al no haber superado los mismos
ningún proceso público de selección.
Conforme a la doctrina judicial expuesta, esos trabajadores de Aena
Aeropuertos, S.A., seguían siendo 'indefinidos no fijos' cuando les fue
comunicada la extinción de sus contratos de trabajo.
Actualmente, la mayoría de los trabajadores a los que se hace referencia
en el escrito, han interpuesto propuesta de conciliación por despido nulo
o subsidiario improcedente, contra la extinción de sus contratos de
trabajo, previa a la demanda ante el Juzgado de lo Social.
En consecuencia, habrá que esperar a los correspondientes pronunciamientos
judiciales que pudieran dictarse en esta materia por los Tribunales de
Justicia.
Madrid, 28 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005071
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
Las operaciones de carga de buques son actividades reguladas del sistema
gasista, tal y como se contempla en el Real Decreto 949/2001, de 3 de
agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones
gasistas, y se establece un sistema económico integrado del sector de gas
natural, y en la Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
3994/2006, de 29 de diciembre, por la que se establece la retribución de
las actividades de regasificación. Dichas operaciones son habituales
tanto a nivel estatal como a nivel europeo y mundial.
El servicio de trasvase de Gas Natural Licuado (GNL) a buque consiste en
la carga de GNL de un buque metanero, desde una planta de regasificación.
Dicha carga procede, a su vez, de GNL que previamente había sido
descargado en dicha planta. Para ello se bombea el GNL desde los tanques
de almacenamiento hasta el barco, utilizando las bombas primarias, y toda
la infraestructura terrestre y marítima.
Este servicio sirve para redistribuir o reubicar suministros entre
plantas, a partir de la descarga del GNL desde barcos grandes a barcos
más pequeños, entre otras razones, para reducir los costes de transporte
desde el origen a las plantas.
Se trata de operaciones rentables para el sistema en su conjunto ya que en
las operaciones de trasvase de GNL a buques, los ingresos obtenidos por
el sistema gasista a través de la recaudación de peajes, son superiores a
los costes a retribuir a las empresas transportistas por la prestación de
este tipo de servicios.
La Orden ITC/103/2005, en su disposición transitoria única, establece un
peaje específico para los servicios de carga de GNL a buques. En las
sucesivas órdenes anuales de peajes se ha venido actualizando
el peaje correspondiente a este servicio. Sobre este servicio, dichas
órdenes establecen específicamente, que podrán ser prestados en la planta
subsidiariamente, y en cuanto no interfieran con las operaciones normales
del sistema. Es decir, dichas operaciones sólo se facilitarán si las
tareas y servicios básicos que prestan las plantas están adecuadamente
cubiertos, en el caso de disponibilidad de capacidad excedentaria en las
plantas y siempre que no interfiera con los servicios ofrecidos a los
usuarios en el sistema nacional.
Por tanto, lo que resulta rentable para el sistema gasista, resulta
igualmente beneficioso para la producción de energía, lo que permite un
mayor margen de maniobra al calcular las tarifas del gas. Esta
prestación, en tanto no interfiere con el servicio prestado a los
usuarios del sistema nacional, presenta ventajas económicas tanto para el
sistema gasista, toda vez que se está pagando un peaje, como para los
agentes encargados del aprovisionamiento de gas natural, toda vez que les
permite gestionar el exceso de gas natural existente actualmente, así
como reducir los costes de transporte desde el origen al destino.
Asimismo, teniendo en cuenta la actual situación de déficit en el sistema
gasista español, que para el año 2011 es de 348,9 Millones de euros,
resulta del todo improcedente renunciar a una fuente de ingresos para el
sistema que ayuda a paliar el mismo.
En definitiva, en un mercado global de energía, las infraestructuras deben
adaptarse y ser flexibles para atender la demanda energética. A este
respecto, España cuanta con un completo sistema de infraestructuras
gasistas que lo convierten en un punto de intercambio de energía a nivel
internacional. El no uso de dichas instalaciones provocaría la
infrautilización de las infraestructuras gasistas.
Finalmente, y por lo que respecta al emplazamiento de la Planta de
Mugardos, hay que señalar que ésta cuenta con todas las autorizaciones
necesarias para su operación, y forma parte de las instalaciones
incluidas dentro de la Red Básica de Transporte, necesarias para
garantizar la seguridad de suministro energético. Además todas las
tramitaciones relacionadas con la planta de recepción, almacenamiento y
regasificación de GNL, se han efectuado con estricta sujeción a las
disposiciones reglamentarias que le eran de aplicación.
Madrid, 27 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005074
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sixto Iglesias, Ricardo (GIP).
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) es
consciente de la importancia de establecer mecanismos de colaboración con
todos los agentes implicados en la ampliación y consolidación de la Red
Natura 2000 marina, en especial con las administraciones autonómicas.
En estos momentos, la situación heredada de la administración anterior se
caracteriza por el retraso existente en la declaración como Zona de
Especial Conservación (ZEC) de los actuales Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC) en el Atlántico, por lo que la prioridad del Gobierno,
actualmente, es avanzar en dicha declaración, incorporando las
correspondientes medidas de gestión de los lugares, debiendo quedar para
una fase posterior la mejora de su coherencia ecológica, entre cuyas
acciones se deberá considerar, el establecimiento de corredores
ecológicos entre las ZECs.
Para ello, el MAGRAMA, de acuerdo con dicha prioridad, está actualmente
estableciendo contactos a nivel bilateral con las Comunidades Autónomas
litorales, incluida la del País Vasco, con el fin de poner en marcha
instrumentos y acuerdos de colaboración, en el marco de la legislación
vigente, para la designación y gestión de los espacios Red Natura 2000
marinos actualmente ya existentes en las regiones biogeográficas
atlántica y mediterránea.
Madrid, 31 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005076
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iñarritu García, Jon (GMx).
Respuesta:
Con fecha 29 de febrero de 2012 (BOE 17/03/12) se aprobó el Expediente de
Información Pública y Audiencia y definitivamente el 'Estudio Informativo
del proyecto de integración del ferrocarril en la ciudad de
Vitoria-Gasteiz'.
Este Estudio considera como solución óptima la implantación de una
cuádruple vía por un nuevo corredor denominado 'Lakua-Arriaga', con doble
vía en ancho UIC y doble vía en ancho ibérico, con un tramo soterrado a
su paso por la trama urbana de Vitoria-Gasteiz.
Los trenes de mercancías podrán circular por los dos tipos de vía, ya que
la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco (Y Vasca) se ha diseñado para
tráfico mixto de viajeros y mercancías.
Durante la primera fase de este estudio, Fase A, se identificaron cuatro
soluciones teniendo en cuenta la funcionalidad e integración urbana.
Se realizó un análisis de las distintas alternativas considerando la
funcionalidad y explotación ferroviaria, la organización urbana, las
afecciones, la dificultad de implantación y el coste económico, llegando
a la conclusión de que la alternativa de soterramiento por el eje
Lakua-Arriaga, es la mejor solución, y por tanto se selecciona para su
desarrollo detallado en la fase posterior del Estudio Informativo.
La descripción, los planos y la comparativa de las alternativas realizados
durante la Fase A están incluidos en el Anejo 2 del Estudio Informativo.
Éste fue sometido al trámite de Información Pública mediante anuncio en
el Boletín Oficial del Estado de 30 de abril de 2010.
Para consultar la voluminosa documentación solicitada, debe ponerse en
contacto D. Gonzalo Díaz Garcia, Jefe del Área de Planificación 2,
teléfono 915979972, en la Dirección General de Ferrocarriles del
Ministerio de Fomento.
Madrid, 30 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005078
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Jorquera Caselas, Francisco Xesús (GMx).
Respuesta:
En contestación a la pregunta formulada por Su Señoría, se informa que en
relación con las distintas cuestiones que se plantean, hay que recordar
que el pasado día 12 de abril de 2012 los Ministros de Justicia, Interior
y Sanidad, y el Fiscal General del Estado, se reunieron con los
representantes de las principales asociaciones de afectados por el caso
de los niños robados.
Como resultado de esa reunión, se están acometiendo distintas actuaciones,
que inciden en todos las actividades interesadas (análisis de ADN por el
Instituto Nacional de Toxicología, unificación de criterios, obtención de
datos del Registro Civil, etc.).
Así, se ha creado un grupo de trabajo a fin de llevar a cabo las medidas
concretas propuestas y se está avanzando en la realización de un registro
completo de posibles afectados, elaborándose un modelo de ficha para que
en la misma figuren todos los datos de los afectados, la identidad,
domicilio y lugar de nacimiento o parto, así como fecha y centro
sanitario en que tuvo lugar. Incluso si sobrevive o no la persona que
hasta ahora se considera progenitora y los datos que se dispongan de
ella.
Se está trabajando asimismo en la elaboración de las cláusulas de
consentimiento que será necesario prestar para poder avanzar en las
gestiones. Gestiones en las que se contará con la participación que en
cada caso resulte necesaria por parte del Ministerio de Sanidad (que
instará la colaboración de los Servicios Autonómicos de Salud y de los
centros que dependan de ellos), del Ministerio del Interior y de la
Fiscalía General del Estado.
También se está abordando el diseño de las medidas necesarias para
facilitar la obtención de determinados datos del Registro Civil, como
nacimientos y posibles fallecimientos de recién nacidos
anotados en los últimos 50 años, y para diseñar un catálogo de servicios
que prestará el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
(INTF), como la verificación de los análisis de ADN que hayan podido
hacerse los interesados en laboratorios privados.
El Ministerio de Justicia es plenamente consciente de la envergadura del
asunto y conoce las demandas y preocupaciones de los afectados, por lo
que, a pesar de la complejidad que revisten las gestiones a realizar,
llevará a cabo cuantas actuaciones sean posibles, dentro de los límites
legales, competenciales y presupuestarios que es necesario respetar.
Madrid, 24 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005081
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: García Álvarez, María Caridad (GIP).
Respuesta:
El Gobierno está preocupado por la calidad de las universidades españolas,
que son una pieza clave del desarrollo de la sociedad del conocimiento y
de la mejora de nuestro país. En consecuencia, quiere promover una
política educativa que permita la promoción de la excelencia y sacar el
mejor partido de nuestro patrimonio más importante: el capital humano.
La calidad no está directamente relacionada con el número mayor o menor de
instituciones de educación superior, sino con el nivel de estas
instituciones. Es verdad que en España ha crecido de manera muy llamativa
el número de universidades en los últimos años, hasta alcanzar las 79
actuales, con un número de estudiantes que superan el millón de personas
en total.
El Gobierno está estudiando en estos momentos el mapa universitario
español y tratando de encontrar una solución adecuada para toda la
comunidad académica, investigadora y estudiantil. Por ello, una de las
opciones que se plantea es la de apostar por la especialización de
nuestras universidades con el fin de que sean capaces de atraer la
excelencia, tanto desde el punto de vista docente como desde el punto de
vista del alumnado.
En un contexto de competencia europea e incluso mundial nuestras
universidades deben evolucionar y ser capaces de desarrollar un perfil
propio, que las diferencie como producto educativo de calidad.
Por tanto, no es que el Gobierno quiera reducir universidades, sino que
quiere introducir racionalidad en un sistema que no es sostenible en un
contexto de crisis económica como la actual. Respetando la autonomía
universitaria, deben ser las propias universidades y centros los que
adopten decisiones responsables y a la vez ambiciosas.
Por otro lado, el reciente Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril,
facilita la cooperación interuniversitaria para la impartición conjunta
de titulaciones, y abre la puerta a la racionalización del mapa
universitario y de la oferta de titulaciones, que deberá desarrollarse
reglamentariamente.
El objetivo del Gobierno no es que haya menos universidades públicas, sino
que haya mejores universidades públicas.
La comparación entre España y el Estado de California es relativamente
frecuente en muchos ámbitos por las características de ambos territorios
en cuanto a extensión y población.
Lo que el Señor Ministro quiso destacar es la existencia de universidades
públicas en California dotadas de múltiples campus, separados a veces por
importantes distancias. Es el caso de la Universidad de California, de
calidad internacional reconocida, mencionada por el Ministro, y de la
Universidad del Estado de California, mencionada por la Sra. Diputada en
su pregunta. Por tanto, es posible que haya universidades que aglutinen
centros universitarios diferentes y separados, en vez de crear nuevas
universidades para cada población. Nuevamente, el problema no es el
número, el problema es la calidad de las universidades.
Más que la ratio de alumnos por aula, que se maneja habitualmente para el
análisis de las enseñanzas básicas, en la educación universitaria el
criterio manejado en los estudios al uso es el de número de alumnos por
profesor.
Precisamente, en este punto llama la atención la situación de España, y es
bueno que la señora Diputada de Izquierda Plural lo haya puesto de
manifiesto. Según el Panorama de la Educación, publicado por la Editorial
Santillana en 2011, con datos de referencia de 2009, España es de los
países que tiene menos alumnos por profesor en el nivel de educación
terciaria. La media de España es de 10,9, frente al 14,9 de media de la
OCDE, el 15,5 de media de la UE21, o el 15,3 de Estados Unidos.
Madrid, 30 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005083
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).
Respuesta:
Los expedientes de expropiación, cuyos importes pendientes de pago se
abonarán y harán efectivos a lo largo del ejercicio 2012, se fijarán y se
irán determinando en los próximos meses de acuerdo con las
disponibilidades presupuestarias existentes.
En este sentido, y con la finalidad de dar solución a este problema, en
los Presupuestos Generales del Estado se han habilitado las partidas
presupuestarias necesarias para atender, durante 2012, deudas pendientes
de pago, de ejercicios anteriores, correspondientes a expedientes de
expropiación en la Comunidad Valenciana.
Madrid, 28 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005084
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).
Respuesta:
Los motivos de detención de las personas aludidas en la iniciativa se han
producido en el ámbito de una investigación dirigida a esclarecer un
ilícito penal y con conocimiento, desde el primer momento, de la
Autoridad Judicial competente a quien se han remitido las actuaciones.
En concreto, estas detenciones están relacionadas con la identificación de
las personas que presuntamente participaron en unos hechos que produjeron
una serie de daños en establecimientos privados y públicos entre la tarde
del día 28 de marzo de 2012 y durante la madrugada y mañana del día
siguiente.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no han realizado
detenciones, ni en la Comunidad Valenciana ni en otras Comunidades de
persona alguna (delegada, afiliada o sin relación sindical) por el simple
motivo de haber participado en grupos de información.
Madrid, 11 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005085
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sixto Iglesias, Ricardo (GIP).
Respuesta:
Los motivos de detención de las personas aludidas en la iniciativa se han
producido en el ámbito de una investigación dirigida a esclarecer un
ilícito penal y con conocimiento, desde el primer momento, de la
Autoridad Judicial competente a quién se han remitido las actuaciones. En
concreto, las detenciones guardan relación con la identificación de las
personas que presuntamente participaron en unos hechos que produjeron una
serie de daños en establecimientos privados y públicos entre la tarde del
día 28 de marzo de 2012 y durante la madrugada y mañana del día
siguiente.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no han realizado
detenciones, ni en la Comunidad Valenciana ni en otras Comunidades de
persona alguna (delegada, afiliada o sin relación sindical) por el simple
motivo de haber participado en grupos de información.
Por tanto, en ningún caso las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
han recibido órdenes o instrucciones ni del Gobierno ni de la Delegación
del Gobierno en Valencia para detener a piquetes informativos bajo la
acusación de delitos graves.
España es un Estado de Derecho y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado tienen el deber constitucional de garantizar los derechos y
libertades, siempre bajo la más estricta legalidad.
Finalmente, se señala que los diferentes planes de estudio de acceso a las
distintas Escalas y Categorías de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado recogen suficientemente los aspectos que son de aplicación, en
cuanto a la protección del ejercicio de los Derechos y Libertades de los
ciudadanos, como la huelga o los de manifestación y reunión.
Madrid, 11 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005089
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Davila, M.ª Olaia (GMx).
Respuesta:
El proyecto de la Variante de Cerdedo, perteneciente a la carretera N-541,
tiene por objeto definir las actuaciones necesarias para el desarrollo de
un nuevo trazado de la N-541, a efectos de mejorar la seguridad vial y
las condiciones de circulación actuales a su paso por el citado
municipio.
Durante 2011, hasta el 31 de diciembre, no se han reconocido obligaciones,
con cargo al Proyecto de Inversión 2000 17 38 3350: 'N-541. Variante de
Cerdedo' contemplado en los Presupuestos Generales del Estado.
Esta actuación se encuentra en fase de proyecto. Posteriormente deberá
someterse al trámite de Información Pública, de forma previa a su
aprobación.
Madrid, 28 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005090
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Davila, M.ª Olaia (GMx).
Respuesta:
Los Presupuestos Generales del Estado de 2012 consignan una partida de
400.000,00 , al Proyecto de Inversión 2012 17 38 4188 'Conexión de la
AP-53 con la N-525 en Chapa'.
El Ministerio de Fomento tiene redactado un proyecto para la mejora de la
actual conexión de la autopista AP-53 con la carretera N-525 en Lamela,
Silleda (Pontevedra).
Madrid, 28 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005091
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Davila, M.ª Olaia (GMx).
Respuesta:
La autovía A-59: 'Conexión de la A-57 con la AP-9 y la red Arterial de
Vigo', se ha dividido para su desarrollo en los siguientes tramos:
1. Vilaboa-O Viso
2. O Viso-Arrufana
3. Arrufana-Peinador
Actualmente los tres tramos se encuentran en fase de proyecto, pendientes
de aprobación de los correspondientes expedientes de Información Publica
y de los proyectos de trazado.
Durante 2011, hasta el 31 de diciembre, las obligaciones, con cargo a los
Proyectos de Inversión correspondientes a la ejecución de la Autovía
A-59, han ascendido a 2.289.146,09 .
Durante 2012, una vez aprobados los proyectos de trazado, está previsto
proseguir con la redacción de los proyectos constructivos de los tres
tramos.
Madrid, 27 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005092
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Davila, M.ª Olaia (GMx).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento tiene previsto iniciar la redacción de un Estudio
Informativo para la Circunvalación de la N-120 en Ponteareas, que cuenta
con la correspondiente dotación en los Presupuestos Generales del Estado.
El objetivo de esta actuación es mejorar las condiciones de circulación
del tráfico rodado en el interior del núcleo de Ponteareas, que a la vez
mejore la actual conexión del municipio y la carretera N-120, con la
Autovía de las Rías Baixas, A-52.
Durante 2011 no se han reconocido obligaciones con cargo al Proyecto de
Inversión 2009 17 38 0010 'Variante de Ponteareas', contemplado en los
Presupuestos Generales del Estado.
Madrid, 28 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005093
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Davila, M.ª Olaia (GMx).
Respuesta:
El proyecto de la Variante de A Estrada (Pontevedra), perteneciente a la
carretera N-640, tiene por objeto definir las actuaciones necesarias para
el desarrollo de un nuevo trazado de la N-640, a su paso por el citado
municipio, entre las parroquias de Callobre y Matalobos.
Durante 2011, hasta el 31 de diciembre, no se han reconocido obligaciones,
con cargo al Proyecto de Inversión 2004 17 38 3622: 'N-640. Variante de
Estrada', contemplado en los Presupuestos Generales del Estado.
Esta actuación tiene el Proyecto Constructivo aprobado.
El trazado de la variante ha sido coordinado con la Xunta de Galicia, para
la futura conexión del tramo de la carretera autonómica AG-59 entre A
Ramallosa y A Estrada.
La licitación de las obras se llevará a cabo en el contexto de la
programación de inversiones prevista en los Presupuestos Generales del
Estado, y en el marco de las prioridades que se establezcan en el ámbito
del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024.
Madrid, 22 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005094
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Davila, M.ª Olaia (GMx).
Respuesta:
El objeto de la actuación de abastecimiento de agua a los municipios de
Pontevedra y su ría, encomendada a la Sociedad Estatal AcuaNorte, es el
de dotar a dichos municipios de un sistema de abastecimiento que
suministre agua potable de calidad, en cantidad suficiente para la
demanda a atender.
El sistema común de abastecimiento de agua potable a construir completa
los sistemas de captación, transporte, tratamiento y almacenamiento,
cubriendo las necesidades de agua de los municipios de la ría:
Pontevedra, Sanxenxo y Poio. La ejecución de la infraestructura
hidráulica podrá estructurarse en fases, en función de la mayor urgencia
de las instalaciones a construir. Para ello, se han diseñado
infraestructuras de conducciones, estaciones de bombeo y depósitos para
los ayuntamientos interesados en la actuación:
Para la construcción y explotación de las obras de la actuación que
afectan a la margen derecha de la ría, se firmó un convenio con los
ayuntamientos de Pontevedra, Sanxenxo y Poio el l de diciembre de 2010.
No obstante, para aumentar la eficiencia económica y social del nuevo
sistema de abastecimiento de agua, se está negociando una ampliación de
dicho convenio para incluir a los municipios de Marín y Vilaboa (margen
izquierda de la ría), ante el interés mostrado recientemente por los
mismos en participar en la actuación.
La Sociedad Estatal AcuaNorte está finalizando la redacción del proyecto
de las infraestructuras que darán servicio a los ayuntamientos de las
márgenes derecha e izquierda de la ría, estando previsto que durante el
año 2012 se tramiten los mismos hasta su aprobación administrativa, se
desarrollen los procedimientos expropiatorios necesarios para la
ejecución de las obras de esta actuación y se inicie la ejecución de las
citadas obras.
Madrid, 20 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005099
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Davila, M.ª Olaia (GMx).
Respuesta:
El Proyecto interesado por Su señoría está contemplado en los Presupuestos
Generales del Estado de 2012.
El proyecto denominado 'Pasarelas' del Aeropuerto de Vigo está incluido en
un Acuerdo Marco para varios aeropuertos y consiste en el suministro e
instalación de pasarelas de embarque y de equipos de servicio a
aeronaves.
Contempla cuatro pasarelas, dos pasarelas nuevas y la modernización de
otras dos existentes, todas ellas para la ampliación del Edificio
Terminal. La primera pasarela nueva se encuentra ya en el aeropuerto,
teniendo previsto comenzar su instalación próximamente.
Madrid, 28 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005100
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).
Respuesta:
El proyecto 'N-340 Acceso a Torreblanca', se encuentra redactado, en fase
de supervisión previa a su aprobación.
La previsión relativa a la licitación, adjudicación e inicio de las obras,
se establecerá, una vez finalizado y aprobado el proyecto, en función de
las disponibilidades presupuestarias existentes, y las prioridades que se
establezcan en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
2012-2024.
Madrid, 6 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005101
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).
Respuesta:
La caseta de peones camineros referida es de titularidad de la Generalitat
Valenciana, a la que se transfirió al amparo del Real Decreto 1627/1984,
de 1 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de
carreteras (BOE 14/09/1984), en concreto según lo previsto en el apartado
F1c del anexo 1 del citado Real Decreto. Dicho inmueble está situado en
la antigua C-232 del Grao de Castellón a Teruel, carretera que está en la
relación de las transferidas a la Generalitat Valenciana.
Respecto a la documentación de la primera mitad de siglo XX, relativa a
carreteras de competencia del Estado, a la que se refiere la pregunta,
actualmente se encuentra en los archivos de las oficinas de la Unidad de
la Dirección General de Carreteras en Castellón, siendo su estado de
conservación correcto.
Madrid, 6 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005102
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).
Respuesta:
En relación con el proyecto de adecuación del antiguo colegio
universitario de Castellón para convertirlo en Archivo Histórico
Provincial, se señala que hasta el momento se ha completado el expediente
por el que la Administración General del Estado acepta la cesión gratuita
por el Ayuntamiento de Castellón del
citado inmueble, según la Orden de la Ministra de Economía y Hacienda de 4
de mayo de 2010 y la afectación posterior al anterior Ministerio de
Cultura, el 8 de febrero de 2011.
Teniendo en cuenta que en el anexo de inversiones de los presupuestos para
2011 no se aprobaron créditos para esta inversión, hay que esperar la
posibilidad de disponer de créditos suficientes para iniciar la
preparación del expediente de contratación del servicio de redacción del
proyecto de ejecución.
Madrid, 5 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005103
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).
Respuesta:
En la actualidad no existe previsión de creación de nuevas comisarías del
Cuerpo Nacional de Policía en la Comunidad Valenciana.
Por otra parte cabe señalar la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el ejercicio 2012 recoge en su Anexo de Inversiones Reales y
Programación Plurianual, una previsión de inversión en la provincia de
Valencia por parte de la Dirección General de la Policía de 3.160,24
miles de euros relativos al pago de la segunda anualidad correspondiente
a la primera fase de la rehabilitación del Complejo Policial de Zapadores
(Valencia).
Madrid, 17 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005104 a 184/005106
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Quevedo Iturbe, Pedro (GMx).
Respuesta:
Desde un punto de vista técnico no es posible rechazar absolutamente la
existencia de hidrocarburos en un área determinada, debido a la
incertidumbre implícita a la exploración de gas y petróleo. Son numerosos
a nivel mundial los ejemplos de prospecciones fallidas seguidas del
descubrimiento de grandes campos de gas o petróleo sobre la misma área.
Esto se produce por la imposibilidad de observar directamente las
formaciones geológicas del subsuelo, lo que obliga a formular hipótesis
que se adapten en mayor o menor grado a la realidad; un error en dichas
hipótesis podría implicar que se rechace un área donde si existan
hidrocarburos.
La investigación de hidrocarburos en aguas españolas se realiza bajo los
principios de riesgo y ventura, por lo que si una compañía tiene indicios
razonables de la existencia de hidrocarburos en un área determinada y
decide invertir sus recursos, no existen motivos técnicos objetivos que a
priori desaconsejen prohibir dicha investigación, sin perjuicio de la
necesidad de cumplir con el resto de la legislación que le resulte de
aplicación.
Por otra parte, no corresponde al Gobierno de España valorar la forma,
resultados y perspectivas de las prospecciones que un determinado país
desarrolla en sus aguas jurisdiccionales.
Madrid, 28 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005107
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Camacho Vizcaíno, Antonio (GS).
Respuesta:
En contestación a la pregunta formulada por Su Señoría se informa que,
durante el año 2011, la carga de trabajo de los juzgados y tribunales de
la provincia de Zamora presenta unos índices muy alejados de una
situación de saturación. Como se comprueba en la tabla siguiente, en 7 de
los 10 grupos, los valores medios no alcanzan el módulo (ingreso óptimo)
fijado por el Consejo General del Poder Judicial. La peor situación la
soporta el juzgado de lo penal de Zamora, que supera el módulo en un
20,4%, pero hay que considerar que la creación de un segundo juzgado de
lo Penal provocaría un sobredimensionamiento de la planta, con valores de
ingreso en torno al 60% del módulo para esa sede y órgano.
En la comparativa interprovincial, la provincia de Zamora, con un
coeficiente ponderado de relación con el módulo del 90,9%, se sitúa como
la octava provincia española con una situación más favorable.
No alcanza Módulo
Supera Módulo hasta en un 20%
Supera Módulo más de un 20%;;;;;
Coeficiente Relación Módulo: 90,9% (8/50)1;;;;;
SEDE;ORDEN JURISD.;N.º Unid. Judic.;Promedio INGRESADO;Promedio INGRESADO
PENAL;Módulo C.G.P.J.
ZAMORA;AUDIENCIA PROVINCIAL. SEC. MIXTAS;4;132;126;150 / 175
ZAMORA;JDOS. DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN;6;569;2.180;380 / 2.500
ZAMORA;JDOS. DE LO SOCIAL;2;697;;850
ZAMORA;JDOS. DE LO CONT. ADMVO.;1;535;;600
ZAMORA;JDOS. DE LO PENAL;1;542;;450
ZAMORA;JDOS. DE MENORES;1;127;;700
BENAVENTE;JDOS. DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN;2;529;1.782;380 / 2.500
PUEBLA DE SANABRIA;JDOS. DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN;1;220;1.137;380 /
2.500
TORO;JDOS. DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN;1;523;1.244;380 / 2.500
VILLALPANDO;JDOS. DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN;1;196;645;380 / 2.500
1 Para calcular el Coeficiente de Relación con el Módulo, se ha efectuado
una corrección proporcional de los distintos módulos fijados por el CGPJ,
recalculando los asuntos ingresados en Audiencia Provincial y juzgados en
cada sede y orden, a partir de un módulo único ficticio de 1.000 asuntos
totales por Unidad Judicial. Finalmente, se expresa la posición relativa
de la correspondiente provincia en un ránking nacional (de menor nivel de
ingreso (1/50) a mayor nivel (50/50).;;;;;
Por otro lado, según el contenido del artículo 216 bis de la Ley orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial:
'Cuando el excepcional retraso o la acumulación de asuntos en determinado
juzgado o tribunal no puedan ser corregidos mediante el reforzamiento de
la plantilla de la oficina judicial o la exención temporal de reparto
prevista en el artículo 167.1, podrá el Consejo General del Poder
Judicial acordar excepcionales medidas de apoyo judicial [...], formulará
las oportunas propuestas al Ministerio de Justicia'.
Por lo tanto, en el Ministerio de Justicia, cuando se recibe la solicitud
correspondiente del Consejo General del Poder Judicial para la
autorización económica dirigida al disfrute de una medida de refuerzo, se
procede a realizar la correspondiente y habitual tramitación. Según los
datos objetivos recabados en el curso de la misma, su adecuación a los
criterios generales acordados con el propio Consejo General del Poder
Judicial y, como es obvio, la preceptiva disponibilidad presupuestaria,
el Ministerio de Justicia, en el ejercicio de las competencias que tiene
atribuidas, toma la decisión acerca de autorizar a efectos económicos la
medida propuesta o denegarla, en cuyo caso se indican los motivos que
eventualmente sustentan tal decisión.
Por lo que se refiere a la medida de refuerzo propuesta por el Consejo
General del Poder Judicial para la provincia de Zamora se significa que,
el 26 de enero de 2012, se autorizó un juez sin relevación de funciones
para el Juzgado de lo Penal bis de Zamora, por un periodo de seis meses,
no habiéndose recibido aún petición de nueva medida de refuerzo por parte
del citado Consejo General del Poder Judicial, a la fecha de elaboración
de este informe.
Madrid, 18 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005109
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Respuesta:
El Consejo Superior de Deportes no ha mantenido ninguna reunión con la
Xunta de Galicia ni con la Diputación Provincial de Ourense sobre la
situación de la Estación de Manzaneda. Por ello, no se tiene constancia
de los planes de viabilidad que pudieran existir al respecto.
Asimismo, se informa que desde el Consejo Superior de Deportes no se prevé
realizar ninguna acción de mejora en dicha estación
Madrid, 27 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005110
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Muñoz González, Pedro José (GS).
Respuesta:
En el borrador de proyecto de Ley de Régimen de Personal del Cuerpo
Nacional de Policía, que se encuentra pendiente de trámite de información
ante el Consejo de Policía, se prevé que a la Categoría de Comisario
Principal pueda accederse mediante el doble sistema de antigüedad
selectiva y concurso oposición, dando respuesta al nuevo régimen de
atribución de funciones en la Escala Superior.
Madrid, 13 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005113 a 184/005115
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, en el marco de los
programas de cooperación territorial que desarrolla con las Comunidades
Autónomas, así como al amparo de los convenios singulares que para
determinadas materias celebra con ellas, financia todo tipo de
actuaciones que repercuten directa o indirectamente en todo el
territorio, si bien su continuidad en el año 2012 estará subordinada a
los acuerdos que se adopten en el marco de las medidas urgentes de orden
económico y social y de corrección del déficit público, y al estudio
pormenorizado de la viabilidad y eficacia de los diversos programas.
Los programas de gasto que son competencia del Ministerio en el ámbito de
la educación superior no comprenden actuaciones territorializadas a
priori. Es decir, consisten en una serie de convocatorias de ámbito
nacional abiertas a los interesados (estudiantes, investigadores,
profesores, universidades...) y no focalizadas en territorios
específicos. Naturalmente los estudiantes, investigadores, profesores, y
centros docentes con domicilio en la provincia de Málaga pueden concurrir
en esas convocatorias en pie de igualdad con el resto de interesados.
Asimismo, el anexo de inversiones de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 recoge
los siguientes proyectos:
N° Proyecto;Denominación;Importe
2000 18 103 0084;Nueva sede la Biblioteca Pública del Estado en
Málaga;50.000,00
1998 18 103 0002;Nueva sede del Museo de Málaga;6.309.000,08
En el proyecto de la nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado en
Málaga, el importe previsto permitirá la preparación del expediente de
contratación de las obras, sin perjuicio de que su licitación se
materialice en anualidades presupuestarias posteriores, según los
créditos que se aprueben y según los límites de adquisición de
compromisos que fija el artículo 47.2 de la Ley General Presupuestaria.
En el caso del Museo de Málaga (nueva sede en el Palacio de la Aduana),
los créditos propuestos permitirán la finalización en verano de 2012 de
las obras de remodelación, actualmente en ejecución, y la licitación del
contrato de 'Redacción del proyecto expositivo, proyecto de mobiliario y
trabajos complementarios del Museo de Málaga en el Palacio de la Aduana'.
Por otra parte, para su financiación con cargo al 1%, las actuaciones
aprobadas por la Comisión Mixta Fomento-Cultura en la provincia de Málaga
con anualidades en 2011 y ejercicios siguientes, son las que figuran en
la siguiente tabla:
Título;Municipio;Fecha Comisión Mixta;Anualidad 2010 ();Anualidad
2011();Anualidad 2012 ();Anualidad 2013 ();Aportación Total
Expediente;% Aportac. Fom.
Restauración de las Murallas de
Archidona;Archidona;1-jul-10;226.871,00;151.247,00;151.247,00;226.870,08;756.235,08;75%
Cubrición de la Villa Romana de Río
Verde;Marbella;5-jul-11;-;275.808,86;-;-;275.808,86;75%
Obras de embellecimiento de la Plaza del Cementerio y del tramo final de
las calles San Sebastián y las Parras, ampliación del cementerio y
adecuación de zona verde (*);Casabermeja;21-oct-11;-;-
;404.728,93;-;404.728,93;75%
(*) Pendiente de firma de convenio.;;;;;;;;
Madrid, 7 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005119
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ruiz i Carbonell, Joan (GS).
Respuesta:
En contestación a la pregunta formulada por Su Señoría, se informa de que
por Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011 se
formalizó la distribución por Departamentos Ministeriales del presupuesto
prorrogado del Estado para 2012 y se declaró la no disponibilidad de
créditos por importe total de 8.914,95 millones de euros.
En concreto, por lo que se refiere a la afectación de partidas
presupuestarias por dicha no disponibilidad de créditos en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Cataluña y de la provincia de
Tarragona, se informa de que no se ha producido ningún tipo de reducción
en ninguna partida del presupuesto de gastos del Ministerio de Justicia
que pudiera estar destinada a actuaciones en el citado ámbito, toda vez
que en virtud del Real Decreto 966/1990, de 20 de julio, se hicieron
efectivos los traspasos en materia de provisión de medios materiales y
económicos al servicio de la Administración de Justicia a la Generalitat
de Cataluña, completados mediante los Reales Decretos 1553/1994, de 8 de
julio; y 1905/1994, de 23 de septiembre y ampliados por el Real Decreto
506/2007, de 20 de abril.
Madrid, 2 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005120
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ruiz i Carbonell, Joan (GS).
Respuesta:
La información disponible se obtiene de la Encuesta de Coyuntura Laboral
que es una investigación por muestreo de periodicidad trimestral dirigida
a empresas.
El ámbito geográfico de la Encuesta es todo el territorio nacional con
excepción de Ceuta y Melilla.
El ámbito poblacional queda delimitado por los trabajadores asalariados
afiliados al Régimen General de la Seguridad Social y al Régimen Especial
de la Minería del Carbón. Por tanto, quedan excluidos los afiliados a los
Regímenes Especiales de Trabajadores Autónomos, Agrario, de Empleados de
Hogar y de Trabajadores del Mar.
El ámbito sectorial se circunscribe a las actividades económicas de la
Industria, Construcción y Servicios, excluyéndose de este último sector
la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social obligatoria,
Organismos extraterritoriales y Organizaciones religiosas.
Por lo tanto, la cifra proporcionada por la Encuesta de Coyuntura Laboral
no recoge a todos los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional.
Los datos no se pueden proporcionar por provincias porque el tamaño de la
muestra no lo permite. Además, se advierte que los valores de la variable
'efectivos laborales con remuneración igual al salario mínimo
interprofesional' a nivel de Comunidad Autónoma deben ser tomados con
precaución puesto que pueden estar afectados por fuertes errores de
muestreo.
El dato de efectivos laborales con remuneración igual al Salario Mínimo
Interprofesional en la Comunidad Autónoma de Cataluña el cuarto trimestre
de 2011 es de 23,6 miles, según la estimación proporcionada por la
Encuesta de Coyuntura Laboral.
Madrid, 4 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005122
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ruiz i Carbonell, Joan (GS).
Respuesta:
En contestación a la pregunta escrita de referencia, se informa que el
número de pensionistas de la Seguridad Social, en la provincia de
Tarragona, afectados por el gravamen complementario del IRPF previsto en
el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del
déficit público, según las bases de datos del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, es de 15.564.
Madrid, 3 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005124
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ruiz i Carbonell, Joan (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publica en su web
(http://www.dependencia.imserso.es) los datos estadísticos del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que son actualizados
mensualmente. Se puede consultar tanto la información histórica acumulada
incorporada al SISAAD, como la información sobre los expedientes en
vigor. Los datos, que sólo se ofrecen desagregados por Comunidades
Autónomas, incluyen el número de solicitudes, el perfil de la persona
solicitante, el número de dictámenes, personas que han sido valoradas en
los diferentes grados y niveles, el número de personas beneficiarias y
las prestaciones, y el perfil de la persona beneficiaria con prestación.
Madrid, 18 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005155
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Jiménez García-Herrera, Trinidad (GS).
Respuesta:
Las Comunidades Autónomas resultan las administraciones competentes para
el reconocimiento de la situación de dependencia, así como de las
prestaciones que les correspondan a las personas beneficiarias.
En este sentido, y de conformidad con la información facilitada por las
propias Comunidades Autónomas al Sistema de Información del Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), a fecha de uno de mayo
existe un total de 154.777 personas que han sido valoradas con un Grado I
Dependencia Moderada Nivel 2 que se encuentran incluidas en el calendario
de aplicación progresiva de la Ley para el presente ejercicio, y un total
de 6.159 servicios de atención residencial reconocidos.
En relación con el Catálogo de Servicios establecido para el Grado I, el
Real Decreto 175/2011, de 11 de febrero, introduce en el Real Decreto
727/2007, de 8 de junio, una disposición transitoria única donde se
recoge la posibilidad de reconocimiento de este servicio en aquellos
casos en que la persona en situación de dependencia moderada ya viniera
percibiendo tal servicio.
Madrid, 7 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005181
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
La Autovía de la Alcarria entre Tarancón (A-3) y Guadalajara (A-2), se ha
dividido en cuatro proyectos:
Tramo I Guadalajara-Carretera CM-2004
Tramo II Enlace CM-2004-Enlace CM-2003
Tramo III Enlace CM-2003-Enlace CM-9202
Tramo IV Enlace CM-9202-Enlace Final (A-40)
El primero de ellos habrá de redactarse nuevamente debido a la necesaria
coordinación con el estudio informativo de la Variante de Guadalajara
para la A-2, que se encuentra pendiente de Declaración de Impacto
Ambiental (DIA). Para ello se ha dado la correspondiente Orden de
Estudio.
Los otros tres proyectos están aprobados.
La cantidad que figura en los presupuestos para estos tres proyectos
obedece a la necesidad de adaptarlos a lo establecido en la Orden
FOM/3317/2010 de 17 de diciembre por la que se aprueba la instrucción
sobre las medidas específicas para la mejora de eficiencia en la
ejecución de las obras de infraestructuras ferroviarias, carreteras y
aeropuertos del Ministerio de Fomento (B.O.E. 23-12-2010).
Madrid, 22 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005182
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
En relación con el nuevo Estudio Informativo de la autovía A-40, tramo:
'Cuenca-Teruel', los Presupuestos Generales del Estado para 2012
contemplan una partida para proseguir con la redacción del Estudio
Informativo.
Una vez finalizada su redacción, deberá someterse al trámite de
Información Pública, dentro del procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental.
Finalizado dicho procedimiento y emitida la Declaración de Impacto
Ambiental, podrá darse por concluido el expediente, y en su caso podrá
procederse a la aprobación definitiva del Estudio.
En conclusión, la programación de inversiones contempladas en los
Presupuestos Generales del Estado para 2012, es acorde con el estado
actual de tramitación y con la programación de las actuaciones previstas
para esta actuación.
Madrid, 22 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005183
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
La prolongación de la Autopista Radial R-3 desde Arganda del Rey hasta
Tarancón se encuentra en fase de Estudio Informativo pendiente de la
obtención de Declaración de Impacto Ambiental.
Esta actuación tiene una partida consignada en los Presupuestos Generales
del Estado de 2012, con cargo al proyecto de inversión 2005 17 38 0162
'R-3. Perales-Tarancón (39,3 km)'.
Esta partida obedece a la necesidad de adaptar el Estudio Informativo a lo
establecido en la Orden FOM/3317/2010 de 17 de diciembre por la que se
aprueba la instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de
eficiencia en la ejecución de las obras de infraestructuras ferroviarias,
carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento (B.O.E. 23-12-2010).
Dada la fase preliminar en la que se encuentra el expediente, condicionada
a la superación de la tramitación ambiental y a la revisión del Estudio
Informativo, no es posible, en la actualidad, realizar una previsión con
rigor de los plazos de ejecución.
Madrid, 22 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005184 a 184/005203, 184/005320 a 184/005335
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Alegría Continente, María Pilar y Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
De acuerdo con lo establecido en el convenio de colaboración que señalan
Sus Señorías en sus preguntas, el Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente (MAGRAMA) efectúa libramientos mensuales en cada
ejercicio presupuestario al Gobierno de Aragón, por un importe total
equivalente a la anualidad prevista. Estos libramientos tienen la
naturaleza de pagos anticipados en concepto de financiación necesaria
para la ejecución de las actuaciones contempladas en el citado convenio,
siendo dicha ejecución competencia del Gobierno de Aragón, que es quien
se puede pronunciar al respecto de la ejecución de cada una de las
actuaciones.
Madrid, 5 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005204
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Davila, M.ª Olaia (GMx).
Respuesta:
La actuación recogida en los Presupuestos Generales del Estado como
'Variante de Redondela', ha pasado a ser desarrollada en la actualidad
con la denominación: 'Ramal de conexión entre la autovía A-59 y la N-550
en Redondela. Tramo: Cesantes-Enlace de O Viso'.
Dicho Ramal se planifica en la zona norte y este de Redondela, mediante un
nuevo vial de conexión entre la carretera N-550, al norte del término
municipal, y la futura Autovía A-59.
Ello permitirá, en el futuro, la conexión de Redondela con la A-59,
dotando a esta autovía de la funcionalidad de variante, y resolviendo
además problemas de congestión y seguridad vial en la N-550, a su paso
por dicha localidad.
Durante 2011, hasta el 31 de diciembre, no se han reconocido obligaciones,
con cargo al Proyecto de Inversión 2003 17 38 3603: 'N-550. Variante de
Redondela', contemplado en los Presupuestos Generales del Estado.
En la actualidad el desarrollo de esta actuación se encuentra en fase de
Estudio Informativo, habiéndose recibido las contestaciones a las
consultas previas medio ambientales.
Durante el ejercicio 2012, está previsto proseguir con la tramitación
administrativa y las actuaciones necesarias para la redacción del citado
Estudio.
Madrid, 22 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005205
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Jorquera Caselas, Francisco Xesús (GMx).
Respuesta:
En el Registro de Entidades Locales (que da carácter oficial y legitima
las denominaciones aprobadas por la Comunidad Autónoma), la entidad local
de O Graxal/El Grajal no consta en ese Registro como entidad local
territorial según lo definido en el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Por consiguiente, no puede ser objeto de modificación en la base de
códigos geográficos del Documento Nacional de Identidad.
Madrid, 8 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005207
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la
calidad y seguridad de sus prestaciones, establece en la Disposición
adicional primera. Régimen de los españoles residentes en el exterior, lo
siguiente:
1. El derecho a la protección de la salud de los españoles residentes en
el exterior se regirá por lo dispuesto en la Ley 40/2006, de 14 de
diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior y su
normativa de desarrollo.
2. Los trabajadores por cuenta ajena españoles de origen residentes en
Estados no miembros de la Unión Europea, de otros Estados parte en el
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y de Suiza que se desplacen
temporalmente a España tendrán derecho a la asistencia sanitaria en
España con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de
Salud cuando, de acuerdo con las disposiciones de Seguridad Social
española, las del Estado de procedencia o de las normas o Convenios
internacionales de Seguridad Social establecidos al efecto, no tuvieran
prevista esta cobertura.
Madrid, 5 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005208
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
El recurso a la administración de justicia es un hecho excepcional para la
mayor parte de los ciudadanos, no se trata de una tasa periódica ni
recurrente, por lo que su impacto en la capacidad económica de cualquier
litigante, es reducido. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que,
además del Juez, a lo largo del proceso intervienen otros operadores
jurídicos que cobran sus retribuciones correspondientes, sin que hasta la
fecha estas se hayan considerado como una barrera de acceso a la tutela
judicial efectiva. En este sentido, hay que recordar que el artículo 119
de la Constitución garantiza el derecho a la gratuidad sólo a aquellas
personas que carezcan de recursos económicos, pero no en los
demás casos. Consecuentemente, aquellos a quienes se les reconozca el
beneficio de justicia gratuita están exentos del pago de la tasa, como
también lo estará el deudor que solicite su declaración de concurso.
Se contempla además como exención objetiva a la tasa, la interposición de
demanda y la presentación de ulteriores recursos en relación con los
procesos de: capacidad, filiación y menores; en materia de protección de
los derechos fundamentales de la persona; y contra la actuación de la
Administración electoral.
Consecuentemente, la tasa no tendrá un efecto disuasorio con carácter
general, pero sí servirá para evitar pleitos en los que el litigante sea
consciente de las escasas posibilidades de que prospere su pretensión, o
persiga una mera dilatación de los plazos.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el nivel de información
existente imposibilita la realización de un estudio del alcance que se
plantea en la pregunta sobre los posibles efectos en el acceso de los
ciudadanos a la justicia. Desde el punto de vista procesal, los recursos
económicos del litigante sólo son relevantes, y por tanto conocidos, en
aquellos casos en los que éste solicita el beneficio de justicia
gratuita. Si bien es cierto que puede haber litigios en los que, por
afectar al objeto del mismo, se tenga conocimiento de la capacidad
económica de una o ambas partes, dicha información no puede ser objeto de
tratamiento estadístico.
Por lo que respecta a los trabajadores, de acuerdo con el Anteproyecto de
Ley actualmente en tramitación, en el orden social no se exigirán tasas
en la primera instancia y en la segunda son de menor cuantía que en el
orden civil y en el contencioso-administrativo.
Finalmente, hay que recordar que las tasas están incorporadas dentro del
concepto de costas, por lo que en muchos casos quien inició el pleito, y
por tanto abonó las tasas, obtendrá el resarcimiento de las mismas.
Por lo que se refiere al Plan de actualización del Tribunal Supremo para
la asistencia a la Sala 3ª de lo Contencioso-Administrativo, que pretende
afrontar la elevada carga de trabajo y la pendencia de los asuntos
existentes, tiene un coste anual de 3.503.201,28 euros en gastos de
personal y 224.757,24 euros en gastos corrientes en bienes y servicios.
Los gastos derivados de este Plan de refuerzo se imputarán para los gastos
de personal, al capítulo 1 del programa 112A 'Tribunales de Justicia y
Ministerio Fiscal', y para los gastos corrientes, al capítulo 2 del mismo
programa presupuestario. Todo ello con cargo al presupuesto de gastos de
la Sección 13 'Ministerio de Justicia', de los Presupuestos Generales del
Estado para 2012.
Por último, se indica que en estos momentos, el objetivo fundamental del
Gobierno no es, de manera específica, el acercamiento a la ratio media de
jueces por cada 1.000 habitantes que pueda existir en la Unión Europea.
Los créditos previstos en el proyecto de Presupuestos para 2012 no
pretenden, por lo tanto, alcanzar tal finalidad de forma concreta, al
menos en este momento de obligada restricción presupuestaria.
Hay que destacar, sin embargo, que desde 2004 se han creado 920 nuevas
unidades judiciales y más de 1.000 plazas de jueces y fiscales, sin que a
pesar de estos datos, se haya logrado reducir la litigiosidad, ni los
tiempos de respuesta de nuestros órganos judiciales.
Por tanto, y ante el actual escenario de fuerte contención del gasto, este
Ministerio ha decidido abordar la mejora del servicio público de la
Justicia con medidas de mejora en la gestión y cambiando el propio modelo
organizativo de la Justicia.
Se ha constatado que el actual modelo estructural está agotado. El aumento
de jueces puede ser necesario, pero no suficiente. Hay que repensar el
modelo organizativo, para lograr una óptima utilización de los recursos
humanos disponibles.
En este escenario, se ha decidido adoptar medidas no solo cuantitativas,
sino también cualitativas, y no seguir invirtiendo únicamente en
incrementar las unidades judiciales de forma lineal, buscándose nuevas
fórmulas que mejoren la eficiencia del sistema y el máximo
aprovechamiento de los recursos.
Así, en el actual contexto de restricción presupuestaria, las líneas de
actuación del Ministerio de Justicia en materia de creación de plazas de
jueces y fiscales se orientan hacia lo siguiente:
1. Progresiva profesionalización de la Justicia, superando el actual
sistema de jueces sustitutos y magistrados suplentes.
2. Reformas estructurales y organizativas que permitan un mejor
aprovechamiento de los recursos humanos disponibles.
3. Replanteamiento de la línea exclusivamente incrementalista que se ha
seguido en los últimos años y que se ha demostrado ineficaz, por sí
misma, para resolver los problemas de atasco y excesiva pendencia de
asuntos en nuestros órganos.
Madrid, 11 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005209
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tiene como
prioridad la promoción de la salud de los ciudadanos y la prevención de
la enfermedad, siendo uno de sus objetivos la disminución del consumo de
tabaco.
En línea con estos objetivos debe garantizar la protección de la población
no fumadora ante el humo de tabaco incluyendo a los usuarios de locales
abiertos al público y especialmente a los trabajadores que desempeñan su
actividad en estos centros. Las Comunidades Autónomas, como
Administraciones competentes, cuentan con legislación específica.
Madrid, 21 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005211
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Davila, M.ª Olaia (GMx).
Respuesta:
La Variante Norte de Ourense (Enlace de la N-120 con la N-525) se
encuentra en fase de proyecto, pendiente de la aprobación del expediente
de Información Pública y la aprobación definitiva del proyecto de
trazado.
Este proyecto tiene por objeto definir las actuaciones necesarias para
conectar mediante un nuevo tramo de autovía, la futura autovía A-56
(Lugo-Ourense) y la autovía de las Rías Bajas (A-52) en el enlace de
Eirasvedras, circunvalando la ciudad de Ourense por el norte.
Durante 2011, hasta 31 de diciembre no se han reconocido obligaciones, con
cargo al Proyecto de Inversión 1998 17 38 4505 'Variante de Ourense
N-120/N-525', contemplado en los Presupuestos Generales del Estado.
De acuerdo con la programación técnica y presupuestaria prevista, durante
2012 se procederá a la redacción del Proyecto Constructivo, una vez que
sea aprobado el expediente de Información Pública y de forma definitiva
el proyecto de trazado.
Madrid, 22 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005212
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Davila, M.ª Olaia (GMx).
Respuesta:
El proyecto 'Conexión de las carreteras N-120 y N-536 en el Barco de
Valdeorras', tiene por objeto definir las actuaciones necesarias para el
desarrollo de una nueva carretera que conecte la N-120 y la
N-536 de forma que, una vez que entre en servicio, el tráfico de vehículos
pesados, generado fundamentalmente por las canteras de pizarra adyacentes
a la N-536, pueda acceder desde dicha carretera hacia la N-120 sin
atravesar el núcleo de población de O Barco de Valdeorras.
Durante 2011, hasta 31 de diciembre, las obligaciones reconocidas, con
cargo al Proyecto de Inversión 2005 17 38 3667: 'Conexión entre las
carreteras N-120 y N-536 en El Barco de Valdeorras', contemplado en los
Presupuestos Generales del Estado, han ascendido a 4.990,21 .
Dicha cantidad corresponde a la liquidación del Contrato de asistencia
técnica para la redacción del Estudio Informativo.
Se ha procedido a licitar el Contrato de Servicios (BOE de 02/08/2011)
para la redacción del proyecto constructivo, cuya adjudicación se
producirá conforme a los plazos y procedimientos administrativos que
establece la legislación vigente de contratos del sector público.
De acuerdo con la programación técnica y presupuestaria prevista, una vez
que sea adjudicado definitivamente el citado Contrato de Servicios se
procederá a iniciar redacción del Proyecto Constructivo.
Madrid, 22 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005213
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Davila, M.ª Olaia (GMx).
Respuesta:
La ejecución presupuestaria del proyecto 'Biblioteca y Archivo Histórico
Provincial de Ourense, nueva sede' se ha concretado, en términos de
obligaciones reconocidas, en la cantidad de 378.265,15 euros, que
corresponde a los siguientes expedientes de contratación:
- Servicio para la redacción del Proyecto de terminación de las obras de
rehabilitación y construcción del Archivo y Biblioteca de Ourense, por
importe de 288.403,42 euros.
- Realización de diversas obras de mantenimiento en el antiguo convento de
San Francisco, futura sede del Archivo y la Biblioteca, por importe de
55.346,75 euros.
- Dirección y coordinación de seguridad y salud de las obras varias de
mantenimiento en el antiguo convento de San Francisco, futura sede del
Archivo y la Biblioteca, por importe de 4.248 euros.
- Servicio de redacción de proyecto, dirección y coordinación de Seguridad
y Salud de la obra de reforma de acceso al claustro del antiguo convento
de San Francisco, por importe de 9.086 euros.
- Control de calidad del proyecto de terminación de las obras de
rehabilitación y construcción del Archivo Histórico Provincial y
Biblioteca Pública del Estado en el antiguo Convento de San Francisco,
por importe de 21.181 euros.
En cuanto a las previsiones para 2012, el anexo de inversiones de los
Presupuestos Generales del Estado recoge los siguientes importes:
Proyecto;Denominación;2012;2013;2014;2015
1998 18 103 0116;Biblioteca y Archivo Histórico Provincial de Ourense.
Nueva sede;200.000;1.300.000;3.500.000;0
2009 24 103 0239;;700.000;2.000.000;5.000.000;0
En 2012 se ha iniciado la tramitación del expediente de contratación de
las obras de acondicionamiento y acceso al claustro gótico, cuyo importe
se eleva a 209.533,18 euros, y cuya adjudicación se efectuará por
procedimiento negociado sin publicidad. Además, una vez sean aprobados
los presupuestos está programada la licitación de las obras de
terminación de la rehabilitación y construcción
Madrid, 5 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005214
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Davila, M.ª Olaia (GMx).
Respuesta:
El proyecto constructivo: 'Mejora de la seguridad vial en la travesía de
Xinzo de Limia, N-525, p.k. 196+000 al 200+000' tiene por objeto definir
las actuaciones necesarias para rehabilitación del firme, construcción de
aceras y ampliación de la iluminación en la travesía de la carretera
N-525 en el citado municipio, entre los puntos kilométricos indicados.
El proyecto en la actualidad se encuentra pendiente de aprobación
definitiva.
Una vez superados los trámites para la aprobación definitiva del proyecto
constructivo, las previsiones para la licitación de las obras se
establecerán de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias
existentes, y en el marco de las prioridades que se establezcan en el
ámbito del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024.
Madrid, 22 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005217
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ortiz Castellví, Laia (GIP).
Respuesta:
El objetivo de la Dirección General de Tráfico (DGT) en sus campañas de
divulgación es alcanzar el máximo nivel de audiencia radiofónica. Para la
contratación de este servicio, se utilizan dos criterios objetivos que en
todo momento han sido validados tanto por la Abogacía del Estado como por
la Intervención General del Estado:
- El primero es garantizar la máxima audiencia, para lo que se recurre al
Estudio General de Medios (EGM). Los resultados de este estudio
constituyen el patrón por el que la DGT reparte el crédito consignado
para las campañas de radio entre las diferentes cadenas con audiencia
superior a 250.000 oyentes.
- El segundo es la cobertura geográfica de ámbito nacional, con una
presencia mínima de 6 comunidades autónomas y 10 provincias, y la emisión
en cadena.
Precisamente por ser la radio el único medio de comunicación que permite
recibir el mensaje en el mismo momento de la conducción, las campañas de
la DGT tienen presencia en los principales grupos radiofónicos: Prisa
(SER, CUARENTA PRINCIPALES, DIAL, M-80 y MAXIMA FM); Onda Cero (ONDA CERO
y EUROPA FM); Cope (COPE, CADENA 100 Y ROCK FM); KISS FM; ABC PUNTO
RADIO; RADIOLÉ y RADIO MARCA.
Además de la adjudicación referida a la COPE, se encuentran en el BOE de
20 de abril la de la SER y en el 12 de abril la de KISS FM. Otras
adjudicaciones que no necesitan publicarse en el BOE, debido a sus bajas
cuantías, figuran también en la plataforma de contratación del Estado:
PUNTO RADIO (6 de marzo), RADIO MARCA (28 de diciembre), etc.
Madrid, 11 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005219
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Davila, M.ª Olaia (GMx).
Respuesta:
Las obras del nuevo puente sobre el Río Miño, en Lugo, han finalizado y
fueron puestas en servicio en junio de 2011, habiendo funcionando
correctamente hasta la fecha.
La ejecución de las citadas obras ha supuesto una inversión de 26,61
millones de .
Por otro lado, en la actualidad se encuentra en redacción el proyecto para
la Conexión del Nuevo Puente sobre el rio Miño (en servicio) con el
viario urbano de Lugo.
Durante 2011, hasta 31 de diciembre, las obligaciones reconocidas, con
cargo al Proyecto de Inversión 2004 17 38 3654 'N-540. Nuevo Puente Sobre
el rio Miño', contemplado en los Presupuestos Generales del Estado, han
ascendido a 24.386.054,43 .
El importe de la anualidad consignada a este proyecto de inversión, en los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, irá destinada a la liquidación
de las obras puestas en servicio en junio de 2011, y a la redacción del
proyecto constructivo y ejecución de las obras de Conexión del Nuevo
Puente con el viario urbano de Lugo.
Por lo tanto, la citada anualidad incluye la previsión presupuestaria para
la finalización de las actuaciones previstas.
Madrid, 29 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005220
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Centella Gómez, José Luis (GIP).
Respuesta:
La sociedad NAVANTIA cuenta hoy con instalaciones suficientes para hacer
frente a la demanda actual, que se ha visto reducida, desde los niveles
alcanzados en 2007, como consecuencia de la crisis internacional. Por lo
tanto, la empresa tiene margen suficiente para cubrir un potencial
incremento de la demanda.
Las instalaciones de Fene tienen restringido su uso al ámbito de la
construcción militar, en virtud de los acuerdos sindicales alcanzados en
el año 2004 y aprobados por la Unión Europea, que excluyen hasta 2015 el
uso de las instalaciones de Fene de cualquier uso civil.
Por ello, las decisiones sobre nuevas inversiones deben tener en cuenta
todas las circunstancias que concurren, debiendo analizarse la capacidad
actual disponible, el incremento potencial de la demanda del mercado y la
cuota de mercado accesible, las implicaciones económico-financieras de la
inversión e, incluso, las condiciones del astillero en el momento del
levantamiento del cese de las restricciones indicadas.
Este es el marco global que define las nuevas inversiones a acometer en
las empresas públicas y que, por tanto, afecta también a las que se vayan
a realizar en NAVANTIA. En este sentido, es preciso aclarar que la
compañía tiene instalaciones suficientes para la actual demanda y para
cubrir un potencial crecimiento futuro. En cualquier caso, habrá que
comprobar los posibles condicionamientos que imponga la UE en el momento
del levantamiento del veto.
En la actualidad NAVANTIA tiene margen suficiente para incrementar sus
pedidos, tanto en la rama militar como en la rama civil, tanto en los
astilleros gallegos como en los astilleros de Cádiz y Cartagena, pero
claramente NAVANTIA tiene que orientar toda su actividad, hoy por hoy, al
exterior para abrir mercado. A partir de ahora, la actividad exterior de
NAVANTIA es prioritaria, para lo que la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales-SEPI reforzará su área comercial
incrementando sus responsabilidades, su dimensión y sus recursos.
Madrid, 14 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005221
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: García Álvarez, María Caridad (GIP).
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo es conocedor de la situación
por la que atraviesa la planta de Unilever en España y espera que la
empresa pueda adaptarse a la debilidad de la demanda de la forma menos
traumática posible. Para ello, dentro del marco legislativo vigente se
ofrecerá toda la colaboración posible y se pondrá a disposición de
UNILEVER y de cualquier otra empresa que quiera producir en nuestro país,
las mejores condiciones e incentivos para que pueda desarrollar su
actividad.
No obstante, la decisión de cierre de una planta de producción se inscribe
en el marco de las decisiones empresariales que se desarrollan en el
ámbito privado.
Para el Gobierno constituye un objetivo fundamental establecer las
condiciones más favorables posibles a la producción industrial, de manera
que nuestra industria, principal exportador del país, recupere peso en su
contribución al PIB.
No obstante, el Gobierno no puede ni debe intervenir sobre decisiones
tomadas por los agentes económicos en el ámbito mercantil.
El Gobierno está llevando a cabo una serie de reformas en el ámbito
presupuestario, financiero, energético y laboral que serán el marco
adecuado para que las diversas iniciativas de política industrial que
pretende desarrollar posibiliten que la industria adquiera, respecto al
conjunto de la actividad productiva, la relevancia que le corresponde en
una economía moderna y competitiva. El marco y las iniciativas señaladas
deben generar las condiciones necesarias para que las empresas
industriales puedan llevar a cabo sus proyectos en un entorno de
libertad, flexibilidad y en condiciones lo más favorables posible, de tal
forma que el territorio español mantenga y consolide su atractivo como
localización donde arraigar más firmemente las actividades ya implantadas
y como destino de nuevas inversiones.
Entre las medidas de estímulo a la iniciativa industrial se potenciarán,
en concreto, las empresas competitivas que incorporen la innovación en
sus procesos productivos, que generen empleo, que sean capaces de
exportar, que induzcan un efecto tractor en su entorno y favorezcan la
transferencia de tecnología, y que, en definitiva, aporten un valor
añadido significativo a sus productos, lo que redundará en el
fortalecimiento de los diferentes sectores industriales de nuestro país.
En el caso del sector de la industria química, en el que se encuadra
UNILEVER Aranjuez, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ofrece
desde el año 2009 incentivos financieros a las inversiones de mejora de
la competitividad. Estos incentivos consisten en la financiación, en
condiciones ventajosas para las empresas, de las inversiones productivas
que tengan como objetivo incorporar innovaciones a los productos o
procesos o mejorar la productividad, sostenibilidad o eficiencia
energética de la actividad.
Por otra parte, uno de los objetivos del programa de apoyo a actuaciones
de reindustrialización del Ministerio de Industria, Energía y Turismo es
el mantenimiento y la consolidación del tejido industrial allí donde los
niveles de renta y actividad son menos favorables, previniendo procesos
de deslocalización productiva. Más específicamente, está prevista la
continuidad en 2012 de una convocatoria dedicada a ayudas para
actuaciones de reindustrialización en zonas afectadas por procesos de
deslocalización en sectores manufactureros tradicionales.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 contempla una
dotación conjunta para todas las convocatorias del programa de
reindustrialización por valor de 387,2 M, de los cuales 46,8 M
corresponden a la convocatoria de zonas afectadas por procesos de
deslocalización en los sectores señalados. Estas ayudas se distribuyen en
0,9 M en subvenciones y 45,9 M en préstamos.
Madrid, 18 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005222
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
En relación con el asunto que interesa a Su Señoría se informa que las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no tienen constancia alguna
sobre actuaciones, incidentes o hechos relacionados con el supuesto acoso
y control policial de los responsables de las organizaciones sindicales
en Radio Televisión Española a que se hace referencia.
Madrid, 21 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005223
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Jorquera Caselas, Francisco Xesús (GMx).
Respuesta:
Con el fin de dar respuesta a la contestación vecinal al emplazamiento
previsto para la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de
Santiago de Compostela se ha decidido completar el estudio de
alternativas inicial, analizando nuevas ubicaciones no contempladas en el
estudio original.
Esto ha determinado que deba abrirse un nuevo procedimiento de evaluación
de impacto ambiental.
A día de hoy, se ha concluido el documento de inicio de este nuevo estudio
de alternativas y se ha remitido al órgano ambiental para que inicie el
proceso de evaluación ambiental.
Se estima que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se publicará en un
plazo de 12 meses, por lo que no se ha presupuestado importe alguno en la
anualidad 2012 de los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, sí
se incluye en los mismos la programación plurianual para los ejercicios
siguientes, que da cumplimiento al compromiso con la ejecución de las
obras.
En atención a lo expuesto, y de conformidad con la vigente programación de
esta actuación se prevé que las obras se inicien a finales del año 2013,
por lo que podría ponerse en marcha a finales de noviembre del año 2016.
No obstante, el inicio de las obras y su duración estarán condicionados
por la redacción de un nuevo proyecto, que dependerá de la ubicación de
la planta y de las características y tecnologías a proyectar en la nueva
EDAR.
En cuanto a la financiación de la actuación, de conformidad con el vigente
Convenio de Gestión Directa de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas
del Norte, S.A., aprobado por el Consejo de Ministros el 25 de noviembre
de 2011, ésta será la siguiente:
Fuente de financiación;Importe ();%
Fondos Europeos (FEDER);41.844.071,4;70,00%
Otras administraciones;17.933.173,4;30,00%
TOTAL;59.777.244,9;100,00%
Madrid, 21 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005225
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sixto Iglesias, Ricardo (GIP).
Respuesta:
Los hechos de referencia se produjeron el pasado día 7 de abril de 2012,
en el transcurso de un partido internacional de balonmano que enfrentaba
a las selecciones de España y Argelia en Alicante. Ante cientos de
seguidores de la Selección Española que enarbolaban banderas nacionales y
animaban al equipo, un ciudadano ubicado en la primera fila de la grada
preferente, de forma aislada, ondeaba una bandera tricolor.
Ante la evidencia de que se trataba de un acto que pudiera ser
interpretado como una provocación, que en ese contexto podría dar lugar a
reacciones violentas del público presente, funcionarios policiales
instaron al ciudadano a que depusiera su actitud, dándole las oportunas
explicaciones. Si bien en un primer momento accedió a replegar la
bandera, volvió después a ondearla con gran vehemencia, lo que provocó
malestar entre el resto de espectadores que animaban a la Selección
Española.
Toda vez que el comportamiento de esta persona, a criterio de los agentes
allí presentes, podía dar lugar a enfrentamientos violentos con el resto
del público, y teniendo en cuenta la obligación de la policía de
garantizar la seguridad del espectáculo deportivo, se procedió a su
expulsión del recinto deportivo, siendo identificado y propuesto para
sanción por infracción de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la
Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.
Si bien el hecho de portar una bandera republicana no es un comportamiento
que 'per se' incite a la violencia, son las circunstancias en un contexto
concreto, como en este caso, las que determinan, a juicio de los agentes
responsables de la seguridad del evento, si puede convertirse en un acto
de incitación a la violencia. Será la Autoridad Gubernativa, es decir, el
Subdelegado del Gobierno quien, en función de lo expuesto por la Policía
y las propias alegaciones del interesado, resolverá sobre la existencia o
no de la infracción administrativa tipificada en el artículo 7 de la Ley
19/2007.
Por lo que se refiere a la identificación de los integrantes de las
Unidades de Intervención Policial, a raíz de la publicación, con fecha 30
de mayo de 2009, en el BOE núm. 131 de la Orden INT/1376/2009, de 25 de
mayo, la Dirección General de la Policía procedió a la distribución de
tres unidades del identificador numérico a cada funcionario, para las
prendas de uso individualizado.
Además la Dirección General de la Policía ha incluido en los Pliegos de
Prescripciones Técnicas para la adquisición de chalecos de protección
antigolpes, la obligatoriedad de que incorporen el emblema y un espacio
para ubicar el número de identificación personal correspondiente al del
carné profesional de los funcionarios policiales.
Madrid, 22 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005226
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sixto Iglesias, Ricardo (GIP).
Respuesta:
Con el fin de paliar de forma duradera los problemas de inundaciones que
viene sufriendo la cuenca del río Vaca y al mismo tiempo dar respuesta a
una demanda social histórica, en julio del año 2011, se autorizó la
licitación de la actuación de 'Laminación de avenidas y mejora del
drenaje de la cuenca del río Vaca, en Valencia'.
Las obras se han dividido en una serie de actuaciones diferenciadas en
encauzamientos, interceptores del drenaje superficial, regeneración de
zonas degradadas e integración ambiental de las obras. Se va a ampliar la
capacidad del cauce del río Vaca en el tramo urbano de Simat, sin afectar
a su tejido urbano ya consolidado. Asimismo, se recuperará el espacio
fluvial del río entre este núcleo urbano y su confluencia con el barranco
del Malet. El proyecto también incluye un carril bici para proteger el
espacio fluvial recuperado y evitar la ocupación del mismo por otros
usos. También se adecuará el cauce en el tramo urbano de Tavernes para
proteger a la población frente a grandes avenidas, se ampliará su
capacidad desde el final del encauzamiento urbano de Tavernes de la
Valldigna hasta el Camí de la Ratlla y se ejecutará un interceptor de
pluviales en Benifairó de la Valldigna y otro en Simat de la Valldigna.
El plazo de ejecución máximo, contemplado en el proyecto, es de 30 meses.
Por lo que se refiere a la Autopista AP-7, para el desagüe de la cuenca
vertiente sobre el río Vaca, cuenta, además del puente sobre el río Vaca,
con una serie de obras de fábrica, que se estiman suficientes. La cota
absoluta del puente alcanzada por la lámina de agua para precipitaciones
con periodo de retorno de 100 años, está por debajo de la cota de los
cabeceros de las pilas del puente.
Todos los elementos de drenaje son inspeccionados anualmente por los
servicios de conservación de la Sociedad Concesionaria. Cualquier
obstrucción que eventualmente se identifique en cualquier elemento de
drenaje, se limpia por los servicios de la Concesionaria tras ser
detectada.
De acuerdo con el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre
prevención de Riesgo de Inundación de la Comunidad Valenciana
(PATRICOVA), de la observación de la hoja 770 de los planos de
'zonificación riesgo de inundación, clasificación suelo y actuaciones
estructurales', se puede concluir que la inundabilidad de la zona no
parece que se vea afectada por la Autopista de Peaje AP-7.
En lo referente a la N-332, en el marco del correspondiente Contrato de
Conservación Integral, de forma regular se procede a la limpieza y
mantenimiento de las obras de fábrica y drenaje. Adicionalmente se
realizan con campañas de limpieza intensivas durante los meses previos a
la época de mayor riesgo de precipitaciones en la zona.
Por lo indicado anteriormente, no hay prevista ninguna actuación adicional
a las que se vienen realizando de forma continua y regular hasta la
fecha, para mantener en adecuado estado de funcionamiento las obras de
drenaje de la AP-7 y la N-332.
Madrid, 6 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005228
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sixto Iglesias, Ricardo (GIP).
Respuesta:
En relación con los sucesos a los que se refiere la pregunta, el Consejo
de Seguridad Nuclear ha informado -no sólo al Gobierno, sino, a través de
su página web también al público en general-, y de acuerdo con la
información facilitada por este Organismo, que estos sucesos no han
supuesto riesgo alguno para las personas, los trabajadores, o el medio
ambiente.
En cuanto a la evaluación que pueda hacer el Gobierno sobre estos sucesos,
cabe indicar que, de acuerdo con el marco legal español, esta evaluación,
relativa a las condiciones de seguridad nuclear de una instalación
nuclear, corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear, Organismo que,
según se establece en su Ley de creación (Ley 15/1980), es el único
competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, y es
independiente del Gobierno.
Por lo que respecta a la posibilidad de prescindir de las centrales
nucleares, aunque la intención del Gobierno es incorporar de forma
creciente a las energías renovables en el mix energético, esta
incorporación ha de hacerse sobre la base de la sostenibilidad económica
a largo plazo del sistema de suministro eléctrico español.
Asimismo, el Gobierno considera que, en las circunstancias económicas
actuales y teniendo en cuenta que España es uno de las Estados miembros
de la Unión Europea con una mayor dependencia energética del exterior, no
se puede infrautilizar ninguna de las fuentes energéticas disponibles.
Por ello, mientras las centrales nucleares que actualmente están en
funcionamiento en España cumplan con los requisitos que en materia de
seguridad les sean impuestos por el Consejo de Seguridad Nuclear, deben
seguir contribuyendo a garantizar el suministro energético español, la
optimización de los costes de la energía y la reducción de la emisión de
gases de efecto invernadero.
Madrid, 27 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005229
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Davila, M.ª Olaia (GMx).
Respuesta:
La Autoridad Portuaria de Vigo está desarrollando el proyecto de Plan de
Empresa, acordado entre la Autoridad Portuaria y Puertos del Estado, que
contiene, entre otros, un diagnóstico de situación y sus objetivos de
gestión, identificando las carencias en la explotación de las
infraestructuras que gestiona, así como una propuesta de las medidas
necesarias para que dichas carencias desaparezcan o se minimicen en lo
posible.
En este sentido, se indica que el Plan de Infraestructuras, Transportes y
Vivienda 2012-2024 (PITVI) que el Ministerio de Fomento tiene previsto
presentar próximamente, recogerá un programa de accesos a los puertos de
interés general que incluye un diagnóstico de la intermodalidad viaria y
ferroviaria de dichos puertos, así como una propuesta de actuaciones para
su mejora.
Por otra parte, en relación a la posición del Puerto de Vigo en la Red
Europea de Transporte, se informa que las razones de la no inclusión del
Puerto de Vigo como puerto nodal de la Unión Europea, obedecen a los
criterios de la Comisión para definir cuáles son los nodos de la Red
Básica, así como a las prioridades efectuadas por el Gobierno anterior.
Sin embargo, se ha solicitado una revisión del acuerdo con el fin de que
el Puerto de Vigo sea considerado puerto nodal. Así, la última propuesta
del Ministerio de Fomento incluye al puerto de Vigo como puerto nodal de
la Red Básica, estando pendiente la decisión que finalmente adopte el
Parlamento Europeo sobre la relación definitiva de puertos nodales.
El objetivo de esta inclusión es permitir al Puerto de Vigo acceder a
financiación adicional del programa de la Red Transeuropea de Transporte.
De este modo, y en la medida en que esas ayudas se canalicen hacia
proyectos que puedan estimular la demanda, se puede esperar una mayor
captación de nuevos tráficos portuarios.
Con todo, hay que señalar, que una parte del descenso del tráfico
portuario en los puertos de interés general del Estado, entre los que se
encuentra el Puerto de Vigo, es consecuencia de la coyuntura económica
actual.
Tampoco hay que descartar, como indica la Autoridad Portuaria de Vigo, que
la posible pérdida de competitividad, esté ligada al gran retraso sufrido
por las obras de Ampliación del Muelle del Arenal, paralizada como
consecuencia de denuncias en contra de las obras. Dichas denuncias han
sido judicialmente desestimadas, por lo que se prevé que las obras de
esta actuación concluyan en 2014, lo que representa un retraso de 10 años
respecto a la planificación inicial.
En cuanto a los accesos ferroviarios a las instalaciones, es preciso
recordar que el Puerto de Vigo posee una configuración terrestre de tipo
longitudinal, estando conectado por ferrocarril por su extremo Norte
(Zona de Guixar), llegando esta conexión hasta la zona central del
Puerto.
En consecuencia, a corto plazo, el puerto de Vigo tiene garantizada su
accesibilidad ferroviaria, si bien pudieran ser necesarias actuaciones
menores para mejorar las condiciones de explotación y que en todo caso
formarán parte del diagnóstico y programación de actuaciones del programa
de accesos que contemple el futuro Plan de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda 2012-2024 (PITVI).
Por todo lo anterior, puede afirmarse que no existe en absoluto dejadez en
la gestión del Puerto de Vigo si no todo lo contrario. Resulta
técnicamente difícil gestionar la actividad en una bahía que constituye
un entorno natural sujeto a una gran protección medioambiental. A pesar
de lo cual la actividad portuaria se desarrolla con normalidad.
Madrid, 13 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005230
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Silva Rego, María del Carmen (GS).
Respuesta:
Durante la reunión interesada por Su Señoría, el Ministro de Industria,
Energía y Turismo, explicó al Comisario de la Competencia, Sr. Almunia,
la difícil situación del sector naval en nuestro país a consecuencia del
procedimiento de investigación abierto, así como la necesidad urgente de
que se autorice a España
un nuevo sistema, que permita trasladar al sector un nivel de ayudas
similar al que se obtiene con los sistemas existentes en otros países
comunitarios con construcción naval.
En estos momentos, a sugerencia de la Comisión Europea, la línea de
trabajo se centra en un nuevo sistema basado en el régimen francés. La
diferencia de los sistemas fiscales de ambos países hace necesariamente
diferente también el sistema propuesto, el cual intenta aprovechar al
máximo las ayudas permitidas en la normativa comunitaria sobre la base de
la Decisión favorable del año 2006 de la propia Comisión Europea sobre el
similar sistema francés.
Sin embargo, es en el punto del cálculo de estas ayudas máximas admisibles
donde se encuentran los principales problemas para llegar a un consenso,
debido a las diferentes interpretaciones sobre los límites de ayuda
admisibles en la norma.
Estas diferencias, y el propio alargamiento del proceso que ello provoca,
está consiguiendo de hecho el efecto contrario al perseguido por la
Comisión al abrir el procedimiento de investigación al tax lease español,
ya que está impidiendo la libre competencia de nuestro sector, al que se
le obliga a tener paralizada su contratación durante el tiempo que dura
el proceso, situación que aprovechan nuestros competidores europeos, algo
que no parece valorar suficientemente el Comisario de la Competencia, Sr.
Almunia.
El Gobierno trabaja intensamente por encontrar de manera urgente un
consenso por la vía actual, propuesta a instancias de la Comisión
Europea, pero sin descartar trabajar en otras alternativas, siempre
compatibles con la normativa comunitaria, que permitan un sistema de tax
lease que traslade las ayudas necesarias con las que competir en igualdad
de condiciones con el resto de los países europeos.
Madrid, 18 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005231
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Silva Rego, María del Carmen (GS).
Respuesta:
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que depende del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuenta con una red de Centros
en el Exterior y de puntos de exámenes (Anexo I) donde se realizan las
pruebas de evaluación presencial de las carreras universitarias
impartidas por la UNED, y los cursos de acceso universitario para mayores
de 25 años.
Además la UNED realiza exámenes de selectividad en todos los países donde
está ubicada y en otros países (relacionados en el Anexo II)
Muchos de los Centros o puntos de examen de la UNED están ubicados en las
Consejerías de Empleo y Seguridad Social, en Liceos españoles, y en el
Instituto Cervantes.
Los diversos Ministerios seguirán apoyando a la UNED en su acción en el
exterior, a fin de, por esta vía, seguir prestando servicios educativos a
los ciudadanos españoles en el exterior, así como a los estudiantes que
deseen ingresar en el sistema universitario español.
ANEXO I
Centros de la UNED en el Extranjero ubicados en Consejerías de Empleo y
Seguridad Social o en otros espacios dependientes de las mismas:
- Londres
- Berna
- Bruselas
- Buenos Aires
- Caracas
- Frankfurt
Lugares en los que se realizan exámenes
a) Centros UNED en el exterior Londres
Bruselas
Berna
Frankfurt
París (Liceo Luis Buñuel)
Buenos Aires
Caracas
México (Edificio propio)
Lima (Centro Español)
b) Puntos de examen generales
Roma (Instituto Cervantes)
Nueva York (Instituto Cervantes)
Berlín (Embajada de España)
Munich (Sala privada)
Bogotá (Colegio Reyes Católicos)
Santiago de Chile (Círculo Español)
Sao Paulo (Colegio Miguel Cervantes)
ANEXO II
Centros donde se realizan pruebas de selectividad:
Europa:
- Andorra
- Berlín
- Berna
- Bruselas
- Lisboa
- Londres
- París
- Roma
América:
- Caracas
- Santiago de chile
- Lima
- Guayaquil y Quito
- Bogotá
- Sao Paulo
- México
- Nueva York
Madrid, 12 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005232
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Silva Rego, María del Carmen (GS).
Respuesta:
En el ámbito de la educación universitaria, además de fomentar la
suscripción de acuerdos, se facilita el reconocimiento de estudios y
títulos mediante el intercambio de Tablas de Equivalencias.
Asimismo, cabe señalar que entre las actuaciones que se llevan a cabo se
incluye, en algunos casos, la propuesta de modificación de convenios ya
firmados y, en otros casos, la presentación de textos que eviten
aplicaciones limitativas, a fin de lograr que la totalidad de títulos
obtenidos en España sean reconocidos en otros países, cualquiera que sea
la nacionalidad de los titulados, dada la restricción que supone en la
práctica la interpretación literal del contenido de convenios en los que
el reconocimiento se establece para los 'nacionales' de ambos países.
Madrid, 12 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005233
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Silva Rego, María del Carmen y Esteve Ortega, Esperança (GS).
Respuesta:
La partida presupuestaria 493, 'Protección de Españoles en el Extranjero'
está dotada con 2.304,72 miles de euros que permiten atender los
objetivos y compromisos previstos en el ejercicio 2012, cumpliendo el
criterio de austeridad que impera en los Presupuestos Generales para
2012.
Por lo que respecta a las acciones en favor de los emigrantes que son
competencia de la Secretaría General de Inmigración y Emigración del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, su dotación presupuestaria se
contiene en el crédito 19.07 231B 492 del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2012.
Dentro de esta partida presupuestaria se ha dado prioridad principal a
salvaguardar, en todo caso, los programas de carácter asistencial
dirigidos a garantizar una atención y un nivel de protección adecuado a
los españoles residentes en el exterior y a los retornados a España.
Así, se ha descartado cualquier recorte en las partidas asistenciales
dirigidas a los colectivos más necesitados de españoles en el exterior o
retornados: españoles mayores de 65 años o incapacitados para todo tipo
de trabajo que no tienen acceso a protección social (o ésta es
insuficiente) en su país de residencia o que a su regreso a España reúnen
todos los requisitos para acceder a una prestación no contributiva salvo
el del periodo de residencia previa en territorio español.
Igualmente, se ha descartado cualquier recorte en relación con las
prestaciones garantizadas por ley a los ciudadanos de origen español
desplazados al extranjero como consecuencia de la Guerra Civil ('niños de
la guerra').
Los ajustes en los créditos dirigidos a los colectivos citados no afectan
a su protección social, sino que vienen causados por la disminución del
número de beneficiarios, con motivo de la mejora del nivel socioeconómico
de los países en que residen la mayoría de los perceptores o por causa de
fallecimiento.
Madrid, 29 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005234
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Esteve Ortega, Esperança y Silva Rego, María del Carmen (GS).
Respuesta:
La elaboración del conjunto del presupuesto del Ministerio de Empleo y de
Seguridad Social ha supuesto un intenso ejercicio de austeridad debido a
las dificultades del escenario económico actual y la determinación del
Gobierno de cumplir los objetivos de déficit comprometidos con la Unión
Europea.
En lo que respecta a las acciones en favor de los emigrantes, la prioridad
principal de este departamento es la de salvaguardar, en todo caso, los
programas de carácter asistencial dirigidos a garantizar una atención y
un nivel de protección adecuado a los españoles residentes en el
exterior.
Una vez garantizada esta atención y protección, los correspondientes
créditos de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 han previsto
los fondos necesarios para garantizar el sostenimiento y funcionamiento
de los centros y asociaciones así como las acciones que sean inaplazables
para el mantenimiento de sus instalaciones.
Madrid, 23 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005235
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Silva Rego, María del Carmen y Esteve Ortega, Esperança (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social apoya la búsqueda de empleo de
los españoles residentes en el exterior o de aquellos que deseen
encontrar un trabajo fuera de nuestras fronteras a través,
principalmente, de la labor de las consejerías de empleo y seguridad
social, cuyas funciones se contemplan en el Real Decreto 904/2003, de 11
de julio, por el que se regula la Administración del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales en el exterior. En este sentido, las
consejerías asumen un papel básico en la tutela de los derechos de los
emigrantes, con funciones de asistencia y asesoramiento a la ciudadanía
española en el exterior.
En cuanto a los medios e instrumentos utilizados para facilitar el acceso
a los recursos informativos relacionados con las ofertas y demandas
laborales para los españoles en el exterior, con el fin de que puedan
incorporarse al mercado laboral del país de destino con la mayor rapidez
y seguridad posibles, la Dirección General de Migraciones lleva a cabo
dos tipos de actuaciones:
1) Incrementar la difusión de las oportunidades de empleo en los países de
residencia, para lo que se pretende hacer uso de los siguientes medios:
- Incorporar la información al Portal de la ciudadanía española en el
exterior: www.ciudadaniaexterior.meyss.es
- Incluir la información en la sección 'El Ministerio en el Mundo' de la
web oficial del Ministerio.
- Anuncios en la revista 'Carta de España'
- Boletín de la Dirección General de Migraciones para envío masivo de
noticias/newsletters.
- Difusión a través de los medios de comunicación de la emigración (a
través del Gabinete de Comunicación del Ministerio)
- Asimismo, se está valorando la oportunidad de actuar en redes sociales
generales (Facebook, Twitter,...), o específicas, como www.spaniards.es,
si bien en la actualidad ya están presentes, tanto en Twitter como en
Facebook, los medios de comunicación de la emigración (Crónicas de la
Emigración, España Exterior) o el propio Gabinete de Comunicación del
Ministerio.
Los destinatarios de la lista de distribución que se están manejando son
los siguientes:
- EURES (European Employment Services).
- Instituto Cervantes y foros relacionados.
- Embajadas, otras consejerías y consulados de España.
- Cámaras de comercio españolas.
- Centros de la UNED en el extranjero.
- Portal CEXT de jóvenes españoles en el exterior.
- Webs de centros, asociaciones, casas españolas o regionales, etc.
2) Realizar jornadas y seminarios informativos en las sedes de las
consejerías de empleo y seguridad social sobre búsqueda de empleo.
Por otra parte, cabe destacar la red EURES, que es una red de cooperación
para el empleo y la movilidad laboral en el marco de la libre circulación
de trabajadores, uno de los principios fundamentales de la Unión Europea
(UE).
Fue creada en 1993 por Decisión de la Comisión Europea (sustituida por
Decisión de la Comisión de 23 de diciembre de 2002) para hacer posible la
libre circulación de trabajadores en el marco del Espacio Económico
Europeo. EURES pone en relación a la Comisión Europea con los Servicios
Públicos de Empleo de los países del Espacio Económico Europeo (países
miembros de la UE, más Islandia, Noruega y Liechtenstein y Suiza) y con
otros organismos.
En España la red EURES está adscrita al Servicio Público de Empleo
Estatal, siendo gestionada desde los Servicios Públicos de Empleo
autonómicos a través de los Consejeros y Corresponsales EURES (65 en la
actualidad) que desarrollan el trabajo más directo de asesoría,
orientación e intermediación con los ciudadanos.
Desde 2011 se ha iniciado una metodología de trabajo denominada Puentes de
Cooperación Permanentes (PCPs) con determinados países europeos que
tienen un número significativo de ofertas de trabajo y buscan
trabajadores en España. Para ello se han estabilizado equipos de trabajo
de Consejeros EURES en España y el país de que se trate y se desarrollan
en todo el territorio español búsquedas sistemáticas de candidatos,
adecuados a los perfiles previamente definidos.
Madrid, 22 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005236
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Silva Rego, María del Carmen y Esteve Ortega, Esperança (GS).
Respuesta:
Como cuestión preliminar, es preciso recordar que la Ley 40/2006, de 14 de
diciembre, que aprueba el Estatuto de la ciudadanía española en el
exterior, contiene en su artículo 2.2 el mandato por el cual 'el Estado
establecerá los requisitos básicos y el procedimiento para acreditar la
situación de español retornado'.
Al mismo tiempo, el título II de la citada Ley regula la política integral
en materia de retorno, con el objetivo de materializar una efectiva
inserción social y laboral en España. Concretamente, dicho título II
señala expresamente la necesidad de abordar las reformas normativas
necesarias que promuevan y faciliten el acceso a los españoles retornados
a determinadas prestaciones y de adoptar medidas específicas de fomento
del empleo dirigidas al colectivo de españoles retornados que decidan
incorporarse a nuestro mercado de trabajo.
Para ello, la disposición final tercera de la misma Ley, habilita al
Gobierno para que dicte cuantas disposiciones sean necesarias para su
aplicación y desarrollo.
Basándose en el mencionado mandato legal, el Gobierno de España está
trabajando en un Real Decreto con los siguientes fines y objetivos:
- Unificación de los requisitos exigibles para obtener la condición de
español retornado (dado que actualmente son distintos en función de la
norma en la que se establezca que alguien debe tener la condición de
español retornado para acceder a una determinada prestación o ayuda), así
como facilitar los trámites vinculados con el retorno y eliminar trabas
administrativas.
- Articulación de un documento único que permita el acceso a todas las
prestaciones o ayudas relacionadas con el retorno de un español, sea cual
sea la Administración responsable de las mismas, a través del impulso de
cauces de colaboración con las Comunidades Autónomas para que en las
prestaciones y ayudas de su competencia también sea válido el Certificado
como documento acreditativo de la condición de español retornado.
La regulación de la figura del emigrante retornado era un compromiso que
figuraba en el programa electoral del grupo parlamentario que apoyó la
investidura del Presidente del Gobierno y que asume el Gobierno de la
Nación. En este sentido, se apuntaba la necesidad de 'establecer un
certificado de emigrante retornado que facilite la reintegración social,
sanitaria y laboral del español en el exterior que regrese
definitivamente'.
Dicho compromiso implica desarrollar la regulación de la figura del
'emigrante retornado' así como los requisitos básicos y el procedimiento
para el acceso a las prestaciones en las que se requiera dicha condición,
en base a un proyecto ambicioso, tal y como se ha señalado anteriormente.
El Certificado de español retornado se revela como una importante
herramienta de apoyo para la reincorporación de los emigrantes españoles
a su sociedad de origen y, de así desearlo éstos, al mercado laboral
español.
De esta forma, el borrador de Real Decreto sobre el que se está trabajando
gira en su versión actual en torno a la idea de que el español retornado
sería aquel español de origen que hubiera salido de España para fijar su
residencia en el exterior y regrese con el fin de establecerse en España
de forma definitiva.
Con ello, se prevé la mejora de la situación de los españoles retornados
en cuanto que el borrador del Real Decreto amplía, en el sentido
indicado, el ámbito de sus destinatarios.
Además, al prever que (directamente en el caso de prestaciones o ayudas de
competencia estatal, o a través de cauces de colaboración con Comunidades
Autónomas en relación con la prestaciones o ayudas de su competencia) un
único documento sirva para acreditar la condición de español retornado,
la reducción de cargas administrativas para dichos españoles será
importante.
Por último, en cuanto a los plazos, la regulación de la figura del
'emigrante retornado' es un compromiso electoral para la presente
legislatura del grupo parlamentario que apoyó la investidura del
Presidente del Gobierno y que el Gobierno de España asume como propio,
sin que, de momento, pueda ofrecerse un calendario de la puesta en marcha
del nuevo certificado.
Madrid, 3 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005246
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ruiz i Carbonell, Joan (GS).
Respuesta:
En el ámbito de educación las partidas presupuestarias no suelen
contemplar una asignación por provincias, sino que, en su caso, son
objeto de distribución por Comunidades Autónomas, aprobada en la
Conferencia Sectorial correspondiente.
El Acuerdo de no disponibilidad de 30 de diciembre eliminó la posibilidad
de utilizar en 2012 las partidas presupuestarias, provenientes del
Presupuesto de 2011, y que se contemplaban en el Presupuesto del extinto
Ministerio de Cultura, que se señalan en el anexo adjunto.
ANEXO
ACTUACIONES EN LA PROVINCIA DE TARRAGONA Y NO DISPONIBILIDAD
(miles de euros);;;;;;
S/ O;Prog;C;Sc;Actuación;Pto. 2011 Prorrogado;Ac. No dispon. 2012
013;334A;456;;Al Centro Cívico en el municipio de l'Ametlla de Mar,
promoción y cooperación cultural;200,00;-200,00
013;334A;462;02;Al Ayto de Solivella para el Museo del Castell de
Solivella y Centro de interpretación de la arquitectura renacentista de
la Conca de Barberá;200,00;-200,00
201;335B;464;52;Al Ayto de Tortosa para el Museo de la
Ciudad;200,00;-200,00
201;335A;467;;Al Ayto del Vendrell para el Museo municipal Angel
Guimerá;200,00;-200,00
ACTUACIONES EN LA PROVINCIA DE TARRAGONA Y NO DISPONIBILIDAD
(miles de euros);;;;;;
S/ O;Prog;C;Sc;Actuación;Pto. 2011 Prorrogado;Ac. No dispon. 2012
011;333A;630;;Al Ayto de Banyeres del Penedés para rehabilitación del
inmueble 'Cal Fontanillas' para la construcción del Museo Cultural Josep
Cañas;100,00;-100,00
011;337B;630;;Actuación en el poblado ibérico de Castell del Moro en
Gandesa;300,00;-300,00
011;337B;630;;Consolidación de la edificación de la zona del 'Molinot' de
Miravet, señalización y adecuación hasta el núcleo urbano;100,00;-100,00
011;337B;760;92;Al Ayto de Llorenç del Penedés, centro
cultural;100,00;-100,00
011;333A;760;93;Al Ayto de l'Arboç, teatro y sala cultural
polivalente;200,00;-200,00
011;333A;760;95;Al Ayto de Riudoms, rehabilitación centro cívico cultural
'casal Riudomenc';100,00;-100,00
011;333A;760;10;Centre Municipal i Cultural d'Albinyana;100,00;-100,00
011;337C;760;11;Consorcio del Teatre Fortuny de Reus para el Festival
Trapezzi (Reus);50,00;-50,00
011;337C;761;01;Restauración y adquisición de fincas de la muralla
medieval de Cambrils;200,00;-200,00
011;334A;761;21;Al Ayto de El Vendrell para restauración del órgano 'Pau
Casals';50,00;-50,00
013;334A;761;23;Festival Guant (marionetas) en Valls;50,00;-50,00
013;;;;;;
Nota: El acuerdo de no disponibilidad, cuando afecta al capitulo 6, se
establece por artículos o conceptos, pero no por proyectos de inversión
concretos.;;;;;;
Madrid, 7 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005247
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Luena López, César (GS).
Respuesta:
Desde el inicio del actual episodio de sequía meteorológica, el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente viene realizando un
diagnóstico continuado de la situación meteorológica, hidrológica y de
sus impactos sobre los cultivos y producciones agrícolas y ganaderas. En
este diagnóstico participan los diferentes centros directivos y unidades
relacionados con la sequía, del Departamento.
De manera complementaria, durante los meses de marzo y abril, se han
convocado reuniones de la Mesa de la Sequía y grupos de trabajo con
Organizaciones Profesionales Agrarias representativas del sector,
Cooperativas Agroalimentarias, Comunidades de regantes y CC.AA., con el
fin de analizar conjuntamente la situación y explorar las diferentes
medidas que pudieran ser adoptadas para paliar sus efectos, siempre
dentro del marco presupuestario actual.
La situación ha sido de gran sequía, si bien desde el comienzo de la
primavera las precipitaciones han sido generalizadas y un 10% superiores
a las habituales, lo que, unido a las previsiones estacionales de
la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que prevén normalidad en las
precipitaciones, ha limitado los daños a la ganadería extensiva, por el
descenso de pastos y forrajes.
En todo caso, es necesario recordar que la sequía es un riesgo
meteorológico cíclicamente presente en el clima mediterráneo que
caracteriza a la mayor parte de nuestro país. Precisamente por ello se
encuentra perfectamente cubierto por el sistema nacional de Seguros
Agrarios, uno de los sistemas más completos y evolucionados de todo el
mundo, tomado como referencia por el resto de países y al que el
Ministerio destina un presupuesto anual de 250 millones de euros.
No obstante, como resultado del diagnóstico realizado se ha decidido
adoptar un conjunto de medidas impulsadas desde el Ministerio con objeto
de paliar los efectos de esta adversidad climática. Las medidas se
concentran en diversos aspectos en materia de fiscalidad, financiación,
indemnizaciones de los seguros agrarios y gestión de las ayudas de la
Política Agraria Común (PAC).
Podrán beneficiarse de las medidas fiscales la totalidad de ganaderos y
apicultores afectados por la sequía, ya que estas medidas suponen la
reducción de los módulos de la ganadería extensiva, incluidos los
subsectores de orientación láctea, para el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) del año fiscal 2011, dado que los efectos de la
sequía sobre el estado de los pastos se han producido desde los últimos
meses del año 2011. Asimismo, se disminuye el coeficiente corrector por
piensos adquiridos a terceros, en el régimen de estimación objetiva para
el ejercicio 2011.
En cuanto a los sectores agrícolas cuya cosecha del año 2012 pueda verse
afectada por la sequía, como pudiera ser el caso de los cereales, se
estudiará el correspondiente ajuste de los módulos para el año fiscal
2012.
Por último, se devuelve el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) en los
consumos de gasóleo B correspondientes a los grupos electrógenos
empleados en las actividades agrarias desarrolladas en lugares donde no
llega la red de suministro eléctrico. No se dispone de datos que permitan
estimar el número de beneficiarios de esta medida pero, en todo caso, por
sus características, se trata de una medida que beneficiará especialmente
a las explotaciones situadas en lugares más remotos.
Asimismo, el 100% de los agricultores y ganaderos se verán favorecidos con
el adelanto de las ayudas PAC.
En el caso de las medidas de financiación no es fácil conocer de antemano
el número de beneficiarios que van a solicitar las distintas ayudas. Por
último, con respecto al anticipo del pago del Seguro de Sequía en Pastos,
ya se han beneficiado del mismo todos los ganaderos que cuentan con esta
cobertura y que han estado afectados por la sequía de acuerdo a las
condiciones que se establecen en las respectivas pólizas. En esta
circunstancia se encuentran 3.934 beneficiarios, lo que representa el 95%
de los ganaderos que han suscrito esta cobertura.
Madrid, 25 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005249
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
En aplicación de la normativa vigente, el Real Decreto 183/2008, de 8 de
febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en
Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema
de formación sanitaria especializada y la Orden SAS/2158/2010, de 28 de
julio, por la que se modifica la Orden de 27 de junio de 1989, por la que
se establecen las normas reguladoras de las pruebas selectivas para el
acceso a plazas de formación sanitaria especializada, y con objeto de
llevar acabo la gestión de la fase de admisión en las pruebas selectivas
anuales, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
solicita cada año al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
la relación de países con los que el Reino de España tiene firmados, y en
vigor, convenios de cooperación cultural o convenios en materia de
educación y formación.
Según consta en la ultima relación remitida, actualmente existen convenios
culturales con 102 países, entre los que, al margen de los estados
integrantes de la U.E. y de los Estados parte del Acuerdo sobre
Espacio Económico Europeo, se encuentran: Albania, Andorra, Argelia,
Argentina, Australia, Belice, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Cabo
Verde, Camerún, Canadá, Colombia, Corea, Costa Rica, Cuba, Chile, China,
Croacia, Ecuador, Egipto, El Salvador, Estados Unidos de América,
Etiopía, Filipinas, Gabón, Georgia, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Haití,
Honduras, India, Indonesia, Irak, Irán, Israel, Jamaica, Japón, Jordania,
Kazajstán, Kuwait, Líbano, Libia, Macedonia, Marruecos, Mauritania,
México, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Nueva
Zelanda, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Rusia,
Senegal, Serbia, Seychelles, Singapur, Siria, Sudáfrica, Sudán,
Tailandia, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay,
Uzbekistán, Venezuela, Vietnam y Yemen.
La política de cooperación cultural exterior española, materializada,
entre otras actuaciones en convenios de cooperación cultural, constituye
un elemento estratégico y sectorial de primer orden. La formación
sanitaria especializada es una de las acciones en que se concreta esta
cooperación.
Madrid, 3 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005266
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
Corresponde a los Estados Miembros la iniciativa de propuesta de los
elementos del sistema de transporte que se considere que deben formar
parte del nivel de red global de la red transeuropea de transportes.
Conforme a ello, el Gobierno formuló el pasado mes de febrero la
propuesta de incorporación de una serie de elementos adicionales a los
incluidos en la propuesta presentada por la Comisión Europea en octubre
de 2011. En esta nueva propuesta figura una plataforma logística
multimodal en Soria.
Las razones principales de esta propuesta radican en que las autoridades
españolas estiman necesario que la definición de la futura red
transeuropea tenga en cuenta las condiciones de funcionalidad, servicio,
y significado en la economía nacional de nuestras infraestructuras. La
propuesta inicial de la Comisión Europea no tiene en cuenta aspectos de
la estructura territorial, que en el caso de España resultan esenciales
para la configuración de su sistema de transporte, y el adecuado
cumplimiento de las condiciones mínimas de cohesión económica, social, y
territorial.
La propuesta española se ha planteado y discutido en los ámbitos de
decisión comunitarios pertinentes, particularmente, en la Dirección
General de Movilidad y Transporte (DG MOVE) de la Comisión Europea, y la
Presidencia de turno del Consejo Europeo, que corresponde en el presente
semestre a Dinamarca. Los debates sobre este asunto continúan en la
actualidad, correspondiendo en la presente etapa la toma de posición por
el Parlamento Europeo.
Madrid, 28 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005267
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
El Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) estuvo en vigor desde que en 1976
fuese creado por el Real Decreto Ley 16/76, de 24 de agosto (por el que
se dictaban medidas fiscales de fomento a la exportación y al comercio
interior) hasta el año 2010, con un doble objetivo:
1. Apoyar la internacionalización de la empresa española.
2. Impulsar el desarrollo de los países destino de la financiación.
Las cifras relativas al límite anual de aprobaciones permitidas con cargo
al instrumento y la ejecución efectiva de dichos límites para el periodo
2001-2005 fueron las siguientes:
;Límite anual FAD en PGE;Ejecución anual efectiva FAD
2001;584 millones ;576,7 millones
2002;631,06 millones ;612,4 millones
2003;631,06 millones ;615,6 millones
2004;672 millones ;603,9 millones
2005;672 millones ;641,1 millones
En su proceso de adaptación a lo largo del tiempo, el FAD fue adaptando
sus funciones y alcance a las necesidades cambiantes, con las
correspondientes modificaciones normativas y ajustando su funcionamiento
con la experiencia habida tanto en lo que respecta al diseño,
adjudicación y ejecución de los proyectos, como a la dotación y gestión
financiera del instrumento. En este proceso, desde 2006 se optó por la
división presupuestaria, a través de la cual, aun manteniendo carácter
único, el Fondo pasaba a nutrirse de tres aplicaciones presupuestarias
distintas vinculadas cada una de ellas a un fin distinto, y consignadas
cada una de ellas en el presupuesto de los tres Ministerios (Economía y
Hacienda, Asuntos Exteriores e Industria)(1) con iniciativa en aprobación
de operaciones para cada fin con cargo al FAD.
Las cifras para los años 2006-2010 fueron las siguientes:
;Límite anual FAD en PGE;Ejecución anual efectiva FAD;Límite anual
FAD-Internacionalización en PGE;Ejecución anual efectiva
FAD-Internacionalización
2006;1000 millones ;926,53 millones ;500 millones ;477,84 millones
2007;1.504,9 millones ;1.253,79 millones ;500 millones ;472,31 millones
2008;2.530,15 millones ;2.207,45 millones ;500 millones ;470,93
millones
2009;2.338,33 millones ;1.966,15 millones ;500 millones ;499,73
millones
2010;2.153,86 millones ;1.523,88 millones ;500 millones ;115,89
millones
Adicionalmente, la acumulación de diversos objetivos a ser desarrollados
por un único instrumento, la evolución de los marcos jurídicos
internacionales a los que España está sujeta, y, de modo destacado, las
nuevas necesidades y retos de la economía española, aconsejaban la
reforma y adaptación del conjunto de mecanismos financieros hasta 2010
englobados bajo el esquema del FAD.
La reforma, que culminó en 2010 creó, por un lado, el Fondo para la
Internacionalización de la Empresa (FIEM), gestionado por el entonces
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con el objetivo prioritario
de la internacionalización de la empresa española y adaptado a las
necesidades del mercado privado, y por otro lado, se establece el Fondo
de Promoción al Desarrollo (FONPRODE), gestionado por el Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación, y con el objetivo de cooperación al
desarrollo.
Las bajas cifras de ejecución en 2010 se explican por la reducción de la
dotación presupuestaria, debido al recorte de la disponibilidad
presupuestaria de febrero de dicho año y por la aprobación de la ley del
FIEM en junio de ese año, no teniendo lugar su desarrollo reglamentario
hasta diciembre de 2010, quedando un vacío operativo importante.
Se presentan en el siguiente cuadro las cifras referentes al primer año de
funcionamiento del FIEM, operativo a partir del 21 de enero de 2011,
fecha en la que entró en vigor el RD 1797/2011 de 30 de diciembre, por el
que se creaba el Reglamento del FIEM.
;Límite anual FIEM en PGE;Ejecución anual efectiva FIEM
2011;500 millones ;89,85 millones
La baja ejecución se explica porque el ejercicio de 2011 fue de transición
entre el antiguo instrumento, el FAD, y el nuevo. Éste implica unos
instrumentos de financiación y unos objetivos muy diferentes del
anterior, y las empresas y beneficiarios han tenido que ajustarse al
nuevo instrumento.
Madrid, 11 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
(1) La que correspondía al entonces Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio se denominó FAD para la Internacionalización, que puede
considerarse el antecesor del instrumento FIEM.
184/005268
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Ramírez, María José (GS).
Respuesta:
Actualmente se está tramitando, ante el Órgano Ambiental la Declaración de
Impacto Ambiental de este proyecto. Una vez finalizada la misma se
comenzarán los trabajos de Modernización de Regadíos, previsiblemente a
finales del presente año 2012.
Madrid, 10 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005318
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Instituto del
Patrimonio Cultural de España (IPCE), ha llevado a cabo obras de
restauración en el Castillo Mayor de Calatayud por un importe de
476.018,15, de los que 40.881,18 corresponden al presente ejercicio.
Asimismo, se encuentra en tramitación el proyecto de restauración del
sector sur del Castillo, con una inversión total prevista de 463.445, a
ejecutar entre los años 2012 y 2013.
Madrid, 30 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005319
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por su Señoría, se señala que la
posibilidad de implantar un Juzgado de lo Penal en Calatayud, está
contemplada en el artículo 89 bis de la vigente Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial y, para llevarla a cabo, sería precisa la
previa creación de una nueva circunscripción de dicho orden
jurisdiccional. Creación que, por afectar a la demarcación, habría de
realizarse necesariamente mediante ley.
Por otra parte, en el supuesto de creación de la mencionada
circunscripción, su sede habría de ser fijada por ley de la Comunidad
Autónoma de Aragón, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 de
la vigente Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta
Judicial.
En todo caso, este es un tema que debería encuadrarse en el contexto de la
reforma general de Demarcación y de Planta Judicial que el Gobierno
pretende acometer. Se trata de sentar las bases para lograr una completa
transformación de la Administración de Justicia, para adaptarla a las
necesidades actuales, lo que, sin duda, redundará en beneficio de los
ciudadanos.
A lo largo de estos últimos años, se ha puesto de manifiesto que la
constante creación de nuevas unidades judiciales no ha servido para
disminuir el volumen de asuntos pendientes en los tribunales. Por tanto,
el problema no se circunscribe sólo a la dotación de medios, sino también
a la inadecuación de la organización a los nuevos tiempos y necesidades,
por lo que es preciso adaptar el mapa judicial a la situación
demográfica, económica y social actual.
Para acometer tal reforma, mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 2
de marzo de 2012, se creó una Comisión Institucional, cuya función es
elaborar una propuesta de texto articulado de Ley Orgánica del Poder
Judicial y de Ley de Demarcación y de Planta Judicial, que se prevé
estará lista durante los próximos meses.
En cualquier caso, es prioridad del Ministerio de Justicia llevar a cabo
el proceso con la participación de las Comunidades Autónomas y del
Consejo General del Poder Judicial, en un clima de máximo consenso y
evaluando en profundidad todos los datos disponibles, así como los
factores y circunstancias específicos de cada caso.
Madrid, 29 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005342
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Durante el año 2012 y siempre que las disponibilidades presupuestarias lo
permitan, está prevista la realización de actuaciones de mejora y
mantenimiento de los cuarteles de la Guardia Civil de la provincia de
Málaga por importe de 1.432.999,00 euros.
Madrid, 21 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005343
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Los acuartelamientos de la Guardia Civil en la provincia de Málaga que,
principalmente, requieren actuaciones de mejora son los recogidos en el
siguiente cuadro:
Descripción;Dirección
PERIANA;Paseo Bellavista, 19
ANTEQUERA;C/. Alameda de Andalucía, 23
SIERRA DE YEGUAS;C/. Campillos,84
MIJAS (CALA MIJAS);C/. Cartama s/n
MARBELLA-ANCON;Ctra. N-340, km. 117
MÁLAGA-CMDA;Avda. Arroyo de los Ángeles, 44
NERJA;C/. San Miguel, 10
CÓMPETA;Avda. de Torrox, 21
Descripción;Dirección
ALMACHAR;C/. Cornellá de Llobregat, 27
COMARES;C/. La Encinilla
RIOGORDO;C/. Real, 23
TORREMOLINOS;C/. Rafael Quintana Rosado nº. 28
ALHAURÍN DE LA TORRE;Pza. de la Concepción, 4
FUENGIROLA;C/. Mallorca, 13
RONDA;Avda. de Málaga, 12
GAUCÍN;C/. Luis de Armiñán, s/n
MONTEJAQUE;Avda. de Andalucía, 71
ALORA;Avda. Pablo Ruiz Picasso, 45
PIZARRA;Avda. de la Fuensanta
ALAMEDA;Avda. Libertad, 15
CUEVAS DE SAN MARCOS;C/. Pablo Picasso, 67
BENALMÁDENA;C/. Juan Luis Peralta, 83
MARBELLA-LEGANITOS;Plaza Leganitos, 3
MARBELLA-TRÁFICO;C/. San Antonio, 27
ESTEPONA;Avda. Los Reales, 45
Madrid, 21 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005345
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta formulada por Su Señoría se informa que si
bien, con carácter general, todas las infraestructuras policiales son
susceptibles de mejora, en la actualidad no resulta imprescindible la
realización de este tipo de actuaciones en las comisarías del Cuerpo
Nacional de Policía de la provincia de Málaga, máxime en un contexto de
restricción del gasto que tiene por objeto cumplir con el objetivo de
déficit marcado por el Gobierno.
Madrid, 5 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005346
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Se estima que las obras de construcción del nuevo centro penitenciario de
Málaga, en Archidona, estarán finalizadas en los primeros meses del año
2013. Posteriormente, y a lo largo de ese mismo año, está prevista la
licitación y ejecución del equipamiento necesario para su puesta en
marcha.
Madrid, 17 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005347
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) está
realizando actuaciones orientadas a la vigilancia y conservación de los
terrenos del denominado 'Acuartelamiento Benítez', como continuación de
las que han sido ejecutadas durante los ejercicios 2010 y 2011, en virtud
de la encomienda de gestión conferida al CEDEX por el Ministerio de
Fomento con vigencia hasta final de julio de 2012.
Para dichas actuaciones está actualmente comprometido un gasto de 55.510
euros en 2012 con cargo al capítulo 2 (gasto corriente) del presupuesto
del CEDEX.
En lo que se refiere a inversiones, en los Presupuestos Generales del
Estado, figura una partida de 10.000 , con cargo al proyecto
2010.17.238.0055 'Actuaciones de CEHOPU para el Museo de la Obra Pública
en Málaga'.
Es necesario significar que las eventuales inversiones están subordinadas
a la suscripción de un convenio entre el Ministerio de Fomento, el
Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía.
Madrid, 28 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005348
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El soterramiento del acceso ferroviario al puerto de Málaga constituye una
actuación fundamentalmente urbanística que debe acometerse conjuntamente
con las Administraciones con competencias en esta materia, es decir,
Comunidad Autónoma de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga.
La participación de cada una de las Administraciones en esta operación se
concreta a través de un Convenio en el que, una vez acordada una solución
técnica, se contempla también la participación de cada Administración
para su financiación.
Hasta el momento no se ha negociado ningún Convenio, por lo que en los
Presupuestos Generales del Estado para 2012 no se ha previsto dotación
para esta actuación.
Madrid, 11 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005349
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En los Presupuestos Generales del Estado para 2012 se ha previsto una
dotación de 517,02 miles de euros para la Línea de Alta Velocidad
Bobadilla-Ronda-Algeciras.
Madrid, 11 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005350
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
La actuación objeto de la cuestión planteada hace referencia al ramal de
conexión entre el enlace de la Nueva Ronda de Circunvalación Oeste de
Málaga y la carretera de titularidad autonómica A-404, que une las
localidades de Churriana y Coín, pasando por Alhaurín de la Torre.
Este ramal de conexión de la Nueva Ronda de Circunvalación Oeste de Málaga
se proyectó inicialmente con dos carriles de circulación para cada
sentido de circulación (un total de 4 carriles).
Durante la ejecución de las obras se planteó la modificación de la
sección, reduciéndola a dos carriles (1 para cada sentido de la
circulación), como el resto de los viales autonómicos con los que
conecta, pero manteniendo la totalidad de la plataforma expropiada.
Dicha modificación se recogió en el proyecto modificado nº 2 cuya
aprobación económica es de fecha 28 de septiembre de 2011.
En este sentido, ninguno de los ramales de salida o incorporación de la
Ronda de Circunvalación Oeste de Málaga dispone de dos carriles de
circulación por sentido, por otra parte, las carreteras autonómicas
A-7052 y A-404 son también de una sola calzada.
En el futuro, y cuando la demanda de tráfico así lo justifique, se podrá
proceder a completar la plataforma del ramal indicado, para que disponga
de cuatro carriles de circulación, dos para cada sentido, de forma
simultánea con la ampliación de plataforma en los otros viales
autonómicos para que absorban dicho tráfico.
Por esta razón no existe una consignación contemplada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2012 para esta actuación.
Madrid, 21 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005351
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
La puesta en valor de la Villa Romana de Nescania, está contemplada en el
Convenio de Colaboración suscrito con fecha 7 de diciembre de 2007,
mediante el cual ADIF se comprometía a abonar las obras y proyecto de
'actuaciones para la recuperación de la Villa Romana' hasta un valor de
500.000 por certificación de las obras realizadas o proyectos
redactados. El Ayuntamiento, por su parte, se comprometía a redactar
dicho proyecto de restauración y la posterior ejecución de las obras.
Hasta la fecha se han abonado las facturas correspondientes a las
certificaciones presentadas por el Ayuntamiento en relación a los
diversos compromisos del citado Convenio, tales como el control
arqueológico de la Villa y el proyecto básico de restauración.
Madrid, 11 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005352
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En los Presupuestos Generales del Estado para 2012 se han habilitado
partidas presupuestarias para atender deudas pendientes de pago,
correspondientes a expedientes de expropiación en la provincia de Málaga,
por un importe de 22.440.000 .
Dichas partidas no se han determinado a partir de un desglose por
actuaciones o proyectos de infraestructura, y por tanto no figuran
desglosadas en los Presupuestos Generales del Estado.
Madrid, 4 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005353
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En el Anexo de Inversiones del Programa 453-A, de los Presupuestos
Generales del Estado para 2012 se contempla una dotación de 1.622,58
miles de euros en el proyecto económico Cercanías de Málaga.
Esta dotación se destina fundamentalmente al pago de la liquidación de las
obras de vía, electrificación e instalaciones de seguridad del tramo Los
Prados-Aeropuerto de Málaga, así como a la terminación del proyecto de
renovación de vía y actuaciones complementarias del tramo Campamento
Benítez-Fuengirola.
Madrid, 13 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005354
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento está actualmente elaborando el Plan de
Infraestructuras, transporte y Vivienda 2012-2024 (PITVI) en el que se
concretarán las líneas de actuación en materia de infraestructuras y las
actuaciones que se llevarán a cabo en el horizonte de dicho Plan.
En consecuencia, es prematuro anticipar las actuaciones que podrán afectar
a las Cercanías de Málaga.
Madrid, 11 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005355
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Siguiendo los criterios establecidos desde el año 2005, fecha en la que se
introdujo por primera vez esta partida en los Presupuestos General del
Estado, el importe que figura en los Presupuestos General del Estado para
2012, no tiene desglose por actuaciones y la cantidad corresponde a la
estimación
realizada para llevar a cabo la administración de las infraestructuras
ferroviarias de la red Ferroviaria del Estado en la provincia de Málaga.
Madrid, 13 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005356
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
La cantidad incluida en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2012 (12,43 M), corresponde a la ejecución del gasto previsto en las
actuaciones en ejecución de la construcción del Centro Integral de
Servicios ferroviarios de Bobadilla, la subestación eléctrica de tracción
y la redacción de los cinco proyectos constructivos del anillo de alta
velocidad, respondiendo por tanto a la planificación y ritmo de ejecución
previsto para el proyecto.
Madrid, 28 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005357
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El anexo de inversiones reales y programación plurianual de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 de ADIF, en la
provincia de Málaga, recoge el proyecto '0003. Estaciones de Viajeros'
con una dotación presupuestaria de 1.366 miles de .
La inversión prevista a realizar con cargo a esta partida es la
rehabilitación de los torreones históricos de la estación de Málaga,
habiéndose realizado un gasto en inversión hasta el momento de 411 miles
de , lo que representa un 30% del total.
Madrid, 11 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005358
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
De acuerdo con la programación establecida y teniendo en cuenta la
cantidad consignada para la línea de alta velocidad Bobadilla-Granada en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (208,7 millones de
) y para los ejercicios posteriores, no se prevén retrasos en la
ejecución de las obras.
Madrid, 18 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005361
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El proyecto recogido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2012
con el título 'Taller alta velocidad Málaga Los Prados', cubre una
actuación que contempla la construcción de un Centro de Tratamiento
Técnico de trenes con motivo de la llegada de la alta velocidad a Málaga.
Este proyecto se inició a finales de 2005 y está prácticamente
finalizado.
La inversión contemplada en los PGE 2012, para 2012 (75 miles de euros),
corresponde a liquidaciones de obras pendientes de ejecutar:
Esta cifra se considera adecuada para los objetivos del proyecto.
Madrid, 18 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005362
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
La cantidad destinada en 2012 a la nueva sede de la Biblioteca Pública del
Estado en Málaga, consignada en el anexo de inversiones de la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamientos de los Presupuestos Generales del
Estado, permitirá la preparación del expediente de contratación de las
obras, sin perjuicio de que su licitación se materialice en anualidades
presupuestarias posteriores, según los créditos que se aprueben y según
los límites de adquisición de compromisos que fija el artículo 47.2 de la
Ley General Presupuestaria.
Madrid, 7 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005363 a 184/005365
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Las obras de rehabilitación del Palacio de la Aduana como Museo de Málaga,
actualmente en ejecución, está previsto que finalicen en el próximo
verano.
Durante el presente ejercicio se procederá, asimismo, a la licitación del
contrato de 'Redacción del proyecto expositivo, proyecto de mobiliario y
trabajos complementarios', organizada de acuerdo con un programa de la
exposición permanente que reúne las secciones de bellas artes y
arqueología en una única institución.
Madrid, 7 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005431 y 184/005941
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Picó i Azanza, Antoni (GC-CiU).
Respuesta:
El Gobierno va a seguir abogando para que la salud esté presente, sea
parte y contribuya al desarrollo sostenible tanto en el ámbito nacional
como internacional.
Durante la celebración del 130 Consejo Ejecutivo de la OMS el pasado
enero, la delegación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad participó en las discusiones del documento EB130/36 'Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20', en el que la
OMS propone a los Estados miembros enunciar una posición sólida acerca de
la salud en el contexto de esta Conferencia.
A este respecto España, dentro del marco de la Unión Europea, apoyó la
inclusión de la salud en la Declaración, tomando en consideración la
estrecha vinculación existente entre la salud, las inequidades en salud y
el desarrollo sostenible, así como el papel de la OMS en esa Conferencia
de Naciones Unidas.
Respecto a la posición española en la Conferencia de Río+20, se indica que
en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
(MAEC), se realizaron propuestas de mejora desde la perspectiva de
género, así como la inclusión de la salud como elemento de sostenibilidad
y desarrollo, y una atención sanitaria de cobertura universal.
Por otro lado, por lo que respecta a la inclusión del acceso universal a
métodos modernos de planificación familiar en dicha declaración, España
ha participado en la discusión apoyando dicha inclusión tanto a nivel
europeo, en el seno de la postura de la Unión Europea, como mundial, en
el foro de la Asamblea Mundial de la Salud (AMS), en mayo.
Por último, cabe señalar que del 21 al 26 de mayo se celebró en Ginebra la
65 Asamblea Mundial de la Salud (AMS), en la que se discutió nuevamente
la inclusión de la salud para llevar una posición sólida a la reunión de
Naciones Unidas. España participó en la misma y, como viene siendo
habitual en estas reuniones, se sumó a la posición de la Unión Europea,
consensuada por los 27 Estados miembros.
Madrid, 13 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005437
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Silva Rego, María del Carmen (GS).
Respuesta:
La actuación de saneamiento de la Ría de Vigo se encuentra planificada y
programada teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con la Unión
Europea.
El importe de la inversión presupuestada para el ejercicio 2012 es la
previsión más actualizada, teniendo en cuenta que en septiembre de 2011
se adjudicó el contrato conjunto de redacción del proyecto y ejecución de
las obras y se prevé que el inició de éstas tenga lugar en julio de 2012.
La planificación general de la actuación, previsiones de costes totales de
inversión y plazos actualizados fueron aprobados por la Comisión de
Seguimiento de la actuación, en su reunión de 24 de abril de 2012. Los
presupuestos generales del Estado recogen una previsión ajustada de su
programación, teniendo en cuenta los trabajos que se iniciarán en el
presente ejercicio 2012.
Madrid, 19 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005439
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Costa Palacios, María Angelina; Hurtado Zurera, Antonio y Aguilar
Rivero, Rosa (GS).
Respuesta:
La ampliación de la pista del aeropuerto de Córdoba fue un proyecto
demandado por el propio Ayuntamiento de Córdoba, y para cuya ejecución el
propio Ayuntamiento comprometió colaborar en su financiación.
Tras diversas reuniones mantenidas al efecto por la propia Alcaldesa, D.ª
Rosa Aguilar Rivero, con el Presidente de Aena, a finales de julio de
2007, se alcanzó el acuerdo por el que el Ayuntamiento sufragaría el
coste derivado de las expropiaciones necesarias para la ampliación de la
Pista en ambas cabeceras, y mientras que Aena sufragaría el coste
relativo a las expropiaciones necesarias para dotar a la Pista de las
franjas de seguridad exigidas por la normativa OACI (Organización de
Aviación Civil Internacional).
Dicho acuerdo se plasmó definitivamente en el Convenio Marco de
Colaboración para la adquisición de los terrenos necesarios para la
ampliación del Aeropuerto de Córdoba y su financiación, suscrito entre
Aena y el Ayuntamiento de Córdoba el 8 de marzo de 2008, que había sido
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento y el Consejo de Administración de
Aena en noviembre de 2007.
Según se establece en la estipulación segunda del citado Convenio 'Por
parte del Ayuntamiento de Córdoba se satisfará el justiprecio definitivo
de los terrenos necesarios para la ampliación de la pista de vuelo, el
establecimiento de las Zonas de Seguridad en los extremos de pista, el
camino perimetral y vallado asociado a todo ello....estimándose su
superficie en 136.466 m², lo que representa aproximadamente el 17,63% del
total de terrenos a expropiar'.
Hasta la fecha Aena ha pagado 37.999.790,00 .
En todo caso, desde Aena se mantiene la plena aplicabilidad de los
compromisos pactados entre ambas Administraciones y, en consecuencia, una
vez disponga de cifras definitivas, solicitará al Ayuntamiento de Córdoba
el abono de las cantidades que resulten de acuerdo con el Convenio
suscrito en su día.
Madrid, 5 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005441
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Las obras del acceso sur al Aeropuerto de Málaga, comprenden la Obra
Principal, y un Proyecto Complementario.
La actuación principal se encuentra prácticamente finalizada, con un grado
de ejecución del 99,8%. No obstante, su puesta en servicio esta
condicionada por las actuaciones contempladas en el Proyecto
Complementario.
Dicho Proyecto Complementario fue aprobado el pasado mes de febrero de
2012, y ha sido necesario para adaptar el diseño de una estructura, sobre
el parque de las vías de ferrocarril en las inmediaciones del aeropuerto,
a las exigencias técnicas que establece el Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), como explotador de la
infraestructura.
La mencionada estructura da continuidad al retorno de los vehículos desde
el recinto aeroportuario, por lo que no es posible poner en servicio la
obra principal hasta que no finalice la ejecución del mencionado Proyecto
Complementario.
Madrid, 21 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005442
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
La Junta de Andalucía tiene asumidas las competencias ejecutivas en
materia sanitaria, por lo que dicha Administración es la que dispone de
los datos por los que se interesa Su Señoría. No obstante, se
informa que Andalucía no ejecutó los fondos de trasferencia del Plan de
Salud Bucodental de los años 2010 y 2011 que ascendían a 12 millones de
euros.
Madrid, 5 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005443
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publica en su web
(http://www.dependencia.imserso.es) los datos estadísticos del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que son actualizados
mensualmente. Se puede consultar tanto la información histórica acumulada
incorporada al SISAAD, como la información sobre los expedientes en
vigor. Los datos, que sólo se ofrecen desagregados por Comunidades
Autónomas, incluyen el número de solicitudes, el perfil de la persona
solicitante, el número de dictámenes, personas que han sido valoradas en
los diferentes grados y niveles, el número de personas beneficiarias y
las prestaciones, y el perfil de la persona beneficiaria con prestación.
Madrid, 21 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005446 a 184/005447, 184/005450 y 184/005451
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Aguilar Rivero, Rosa (GS).
Respuesta:
La modificación del calendario de aplicación progresiva de la Ley 39/2006
de 14 de diciembre, de Autonomía Personal y Atención a las Personas en
situación de Dependencia, afecta únicamente a personas valoradas con
Grado I, Dependencia Moderada, que en la actualidad no contaban con el
correspondiente Programa Individual de Atención, con lo que no existe en
ningún caso extinción de prestaciones ya reconocidas, ni por ello pérdida
de puestos de trabajo. Son situaciones de dependencia menos grave que, en
la mayoría de los casos, se encuentran atendidos por los distintos
dispositivos de servicios sociales.
El Gobierno ha optado por el incremento del nivel mínimo, que está
directamente relacionado con las prestaciones dirigidas a los
beneficiarios y que experimentará un aumento del 18,64% en relación con
el pasado año, y por el aplazamiento del reconocimiento de los casos más
leves. En este punto, y en relación con la financiación de la Ley, debe
recordarse, que las Comunidades Autónomas deben realizar una aportación
al menos igual a la realizada por la Administración General del Estado en
concepto de nivel mínimo.
La financiación del nivel acordado no se encontraba vinculada ni estaba
dirigida a la atención de personas en concreto, sino que se pagaba a las
Comunidades Autónomas como parte de la financiación de la globalidad del
Sistema y con grandes oscilaciones. Cabe recordar que el anterior
Gobierno, en el año 2011, redujo el presupuesto destinado a dependencia
en 235 millones de euros.
Por otra parte, en lo que se refiere al Plan concertado, se señala que
dado que los Presupuestos Generales del Estado del año 2012 se han
aprobado recientemente no se ha iniciado aún el procedimiento de gestión
de las subvenciones a las Comunidades Autónomas (CCAA) para el desarrollo
de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales o
Plan concertado.
El Gobierno tiene intención de mantener la financiación de estos programas
sociales en cooperación con las Comunidades Autónomas y las ciudades de
Ceuta y de Melilla y, a través de ellas, con las
corporaciones locales. De ahí que sea una prioridad alcanzar un gran pacto
de Estado por la sanidad y los servicios sociales, garantizando la
sostenibilidad de estos servicios públicos, a través de cauces de diálogo
adecuados entre los diferentes niveles de gobierno.
En cuanto a la propuesta de distribución territorial del crédito entre las
Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla se realizará
en la correspondiente Comisión de seguimiento del programa, para su
aprobación por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales y Acuerdo del
Consejo de Ministros.
Posteriormente, se publicará en el BOE la Resolución de la Secretaría de
Estado de Servicios Sociales e Igualdad, del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, que recogerá el Acuerdo del Consejo de
Ministros por el que se formalizan los criterios de reparto, así como la
distribución resultante de los compromisos financieros aprobados por la
Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales respecto de los créditos
destinados a la cofinanciación de los planes o programas sociales.
Madrid, 25 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005452 y 184/005453
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Aguilar Rivero, Rosa (GS).
Respuesta:
Numerosas actuaciones recogidas en el Plan de Acción para el desarrollo de
la población gitana 2009-2012, se financian con las partidas
presupuestarias que los diferentes ministerios destinan, con carácter
general, a la población más vulnerable o en riesgo de exclusión social,
entre los cuales la población gitana tiene una presencia significativa.
Al tratarse de partidas destinadas a una población más amplia que la
población gitana, no puede llevarse a cabo una estimación precisa y
fiable del porcentaje del presupuesto que beneficia específicamente a la
población gitana.
La partida específica destinada al Plan de Desarrollo Gitano (aplicación
presupuestaria 26.16.231F.453.01) para cofinanciar, con las
Administraciones autonómica y local, proyectos de intervención social
integral para la atención, prevención de la marginación e inserción de la
población gitana, es una más de las fuentes de financiación del Plan.
Además, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad financia
programas sociales destinados a la población gitana en el marco de la
convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF.
Por lo que respecta a la 'Estrategia para la inclusión de la población
gitana en España 2012-2020', hay que señalar que, con carácter general,
no supondrá incremento del gasto público, en la medida en que se trata de
definir objetivos estratégicos y ámbitos de actuación. El coste, en su
caso, se podría derivar, si así se decide en el futuro, de las medidas
que se aprueben en los planes de acción.
Además, la responsabilidad de la implementación de esta Estrategia
Nacional no recae únicamente en la Administración General del Estado,
sino que se debe incluir también el presupuesto procedente del ámbito
autonómico y local.
En cualquier caso, y en cuanto a la financiación de la Estrategia, hay que
tener en cuenta que junto con las actuaciones que pueden tener un reflejo
presupuestario y los proyectos de integración social y laboral promovidos
por el movimiento asociativo gitano y financiados a través de la
asignación tributaria del IRPF u otras subvenciones, se han previsto vías
de financiación adicionales, como el acceso al uso de fondos europeos
para políticas de inclusión de la población gitana, incrementando la
disponibilidad y la eficacia en el uso de dichos fondos, con medidas como
el fomento del empleo, las posibilidades que ofrece el artículo 7.2 del
Reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en relación con la
vivienda, o la continuidad del Programa de Lucha contra la
Discriminación, con fondos del Fondo Social Europeo.
Madrid, 15 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005454
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Aguilar Rivero, Rosa (GS).
Respuesta:
El importe de 75.000 euros es la aportación que hace el Estado al Congreso
Estatal de Voluntariado. Dicho importe se ve complementado con la
aportación que realiza la Comunidad Autónoma en la que se desarrolla
dicho Congreso.
Madrid, 21 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005455
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Aguilar Rivero, Rosa (GS).
Respuesta:
El crédito de la aplicación presupuestaria para cofinanciar proyectos
llevados a cabo en colaboración con las Comunidades Autónomas se inició
en 1999, con el fin de establecer una red de cobertura básica de
servicios y apoyos a la discapacidad en todo el Estado, asumiendo la
cofinanciación estatal el cincuenta por ciento de la subvención.
Este crédito ha venido decreciendo desde 2009 hasta su desaparición en el
presente ejercicio, ya que su objetivo era temporalmente limitado y,
después de diez años de su inicio, todos los organismos autónomos tienen
que asumir plenamente el coste de los proyectos encuadrados en el marco
de sus competencias.
No obstante, aunque el crédito no figura en los Presupuestos Generales del
Estado, continúa el apoyo técnico y financiero a las políticas de
discapacidad y a las ONGs del sector competencia de la gestión de la
Administración General del Estado.
Madrid, 7 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005485
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Gorriarán, Carlos (GUPyD).
Respuesta:
La Administración está impulsando la Evaluación Ambiental Estratégica para
la declaración de una reserva de dominio público marítimo terrestre en el
área de 'LAS ALETAS'. Por lo tanto, hasta que no se concluya este
proceso, el Gobierno no estará en condiciones de tomar una decisión que,
en todo caso, será compatible con la regulación legal del Dominio Público
Marítimo Terrestre.
La Evaluación se inició el 18 de abril de 2011, a instancias del extinto
Ministerio de Economía y Hacienda y, hasta la fecha, el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha llevado a cabo las
consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y personas
interesadas, así como la elaboración del Documento de Referencia, con la
participación del promotor. A fecha actual, no se ha recibido el
expediente integrado por la versión preliminar del plan, el Informe de
Sostenibilidad Ambiental y el resultado de la información pública y las
consultas.
La Administración, y en este caso de forma muy especial, actúa conforme a
lo previsto en el artículo 103 de la Constitución española sirviendo con
objetividad a los intereses generales, tambien los medioambientales, y
garantizando la imparcialidad de los funcionarios públicos en el
ejercicio de sus funciones, por lo que el resultado final de la
Evaluación Ambiental Estratégica, que debe integrar alegaciones de
diversas asociaciones y de otras administraciones e informes de distintos
agentes públicos y privados, va a consolidar técnicamente una posición de
la Administración, adoptada con todas las exigencias de imparcialidad,
una vez considerados todos los elementos e intereses que se han puesto de
manifiesto a lo largo del proceso de información pública y elaboración de
la Evaluación Ambiental Estratégica.
Por lo tanto, el Gobierno ejercerá, cuando corresponda, las competencias
que tiene atribuidas de acuerdo a la legislación vigente.
Por último, se manifiesta que todos los intervinientes en el proceso de
Evaluación Ambiental Estratégica son funcionarios de carrera.
Madrid, 4 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005499
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Gorriarán, Carlos (GUPyD).
Respuesta:
La liberalización del transporte ferroviario es una política de la Unión
Europea, y este Gobierno cree en la libertad de mercado, en la iniciativa
privada y en la competencia como elementos que mejoran la eficacia y la
eficiencia, la calidad de los servicios de transporte que se ofrecen a
los ciudadanos, al tiempo que dinamizan las economías de los países.
El Ministerio de Fomento entiende que el uso de las infraestructuras
requiere un entorno liberalizado del transporte, en el que la práctica
habitual, y no la excepción, sea su apertura al uso por parte de
diferentes compañías.
Madrid, 11 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005508
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
El Engraulis encrasicolus es un pez que en fresco adquiere diversos
nombres comerciales en las distintas zonas de España: boquerón en
Castilla y León, Madrid o Andalucía, bocarte en Asturias, Cantabria, o
Galicia; anchoa en el País Vasco, longorón en Canarias, etc.,
En febrero del año 2011, las comunidades autónomas de Galicia, Cantabria,
Asturias y País Vasco solicitaron al FROM la realización de una campaña
de promoción del consumo de esta especie.
La iniciativa tenía como objetivo recuperar el mercado nacional que se
había perdido tras el cierre de la pesquería del Cantábrico durante los
años 2007 a 2009 como consecuencia del resultado de los estudios de
evaluación científica que se efectúan para conocer el grado de
explotación de los stocks.
La campaña de 2011 ha tenido su continuidad como refuerzo y recordatorio
este año 2012, con una acción dirigida a pescaderías de calle y mercados
municipales, que consistió en la distribución de material informativo
(carteles y trípticos) en las principales Pescaderías de Madrid y
Castilla y León situadas en poblaciones de más de10.000 habitantes, así
como inserciones publicitarias en medios.
El coste total de la campaña de la anchoa de 2012 ha sido de 225.042
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha aportado la
creatividad de la campaña y los materiales entregados en Madrid y
Castilla y León.
Las comunidades autónomas de Galicia, Cantabria, Asturias y País Vasco,
aportan su logo y su denominación autóctona de la especie, y se encargan
de financiar las campañas autonómicas.
El Observatorio de precios de los Alimentos (que se encuentra disponible
en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente) ha permitido en todo momento monitorizar el precio en origen,
el precio de mayorista y el precio en destino y comprobar la evolución de
la demanda por parte del consumidor.
Por otro lado, cabe informar a Su Señoría que la anchoa es una de las
producciones que el Ministerio tiene monitorizada en cuanto a volumen de
desembarcos y precios en primera descarga (lonjas) así como mayoristas y
en detallistas, lo que permite ver la evolución en el mercado de precios
y consumos.
Finalmente, cabe señalar que a lo largo de los últimos años, el Gobierno
de España ha realizado campañas similares de diversos productos
alimenticios (aceite de oliva, acuicultura, carne de conejo, pepino,
patata temprana, bonito del norte, entre otros) tanto en el territorio
nacional como en el exterior.
El objetivo ha sido contribuir al fomento de la competitividad de las
empresas agroalimentarias y al incremento del valor añadido de las
producciones mediante la promoción del consumo.
Madrid, 9 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005528
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Silva Rego, María del Carmen (GS).
Respuesta:
El proyecto interesado por Su Señoría fue redactado en octubre de 2008 y
aprobado para su exposición a información pública el 23 de abril de 2009.
El coste de la actuación asciende a 4.804.461,55 y su plazo de
ejecución es de 12 meses.
La actuación propuesta consiste básicamente en la supresión de un tramo de
carretera autonómica (PO-308) que discurre paralelo a la costa,
desviándola por la traza que actualmente ocupa un vial municipal. El
proyecto se encuentra pendiente de que la Xunta de Galicia, titular de la
carretera, ejecute dicho desvío, debiendo analizarse en ese momento las
disponibilidades presupuestarias.
Madrid, 26 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005540
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rumí Ibáñez, María Consuelo y Fernández Moya, Gracia (GS).
Respuesta:
El Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la
calidad y seguridad de sus prestaciones, establece una aportación de los
pensionistas en la prestación farmacéutica, excepto para los pensionistas
con pensiones no contributivas que continuarán exentos de aportación.
En este sentido, se señala a Su Señoría que las competencias ejecutivas en
materia sanitaria están atribuidas a la Junta de Andalucía.
Madrid, 11 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005541 y 184/005542
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rumí Ibáñez, María Consuelo y Fernández Moya, Gracia (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publica en su web
(http://www.dependencia.imserso.es) los datos estadísticos del Sistema de
información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
(SISAAD), que son actualizados mensualmente. Se puede consultar tanto la
información histórica acumulada incorporada al SISAAD, como la
información sobre los expedientes en vigor. Los datos, que sólo se
ofrecen desagregados por Comunidades Autónomas, incluyen el número de
solicitudes, el perfil de la persona solicitante, el número de
dictámenes, personas que han sido valoradas en los diferentes grados y
niveles, el número de personas beneficiarias y las prestaciones, y el
perfil de la persona beneficiaria con prestación.
En cuanto a los datos facilitados por la Seguridad Social sobre puestos de
trabajo directos creados desde la entrada en vigor de la Ley de la
Dependencia, éstos no están desagregados por Comunidades Autónomas y sus
correspondientes provincias.
Madrid, 11 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005543
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Moya, Gracia y Rumí Ibáñez, María Consuelo (GS).
Respuesta:
Actualmente existe una base de datos en cada Comunidad Autónoma que
diferencia entre pensionista y activo (no aportación/aportación) por lo
que no es necesario ninguna inversión en infraestructuras. La burocracia
es la misma que hay actualmente pues la aportación se hace en las
oficinas de farmacia al retirar el medicamento y el cronograma está
incluido en el propio Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional
de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que prevé
la entrada en vigor de esta medida para el 1 de julio de 2012.
Madrid, 1 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005545
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Moya, Gracia y Rumí Ibáñez, María Consuelo (GS).
Respuesta:
El Consejo de Ministros del 30 de marzo decidió presentar ante el Tribunal
Constitucional un conflicto positivo de competencias a la Resolución del
Servicio Andaluz de Salud que convoca la selección de medicamentos a
dispensar en las farmacias andaluzas, la conocida como 'subasta de
medicamentos'. La decisión del Gobierno está avalada por un dictamen
favorable del Consejo de Estado, así como por un informe de la Abogacía
del Estado que cuestionan su legalidad, al invadir competencias
exclusivas del Estado.
Tanto es así que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el
conflicto de competencias, y ha suspendido la resolución de la Consejería
de Sanidad.
Madrid, 21 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005564 y 184/005568
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Aguilar Rivero, Rosa (GS).
Respuesta:
En la partida de Teleasistencia se quiere aplicar un criterio de
racionalización y de eficacia administrativa, estableciendo, como
consecuencia de las imprescindibles limitaciones a que nos vemos
obligados, un sistema de prioridades en relación con los servicios.
Al respecto, se están manteniendo reuniones con la Federación Española de
Municipios y Provincias para que el servicio se preste por los servicios
sociales de las Corporaciones Locales o a través del servicio de
Teleasistencia de la Ley de Dependencia.
No obstante, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales mantendrá en su
presupuesto la financiación de los servicios de Teleasistencia para no
dependientes, correspondiente a la gestión que desarrolla a través de sus
Direcciones Territoriales en Ceuta y Melilla.
Por último, se indica que la partida destinada a Teleasistencia de mujeres
víctimas de la violencia de género, Servicio Telefónico (ATENPRO), no ha
sufrido recorte alguno en los Presupuestos Generales del Estado para
2012.
Madrid, 10 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005565
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Aguilar Rivero, Rosa (GS).
Respuesta:
El Observatorio Estatal de la Discapacidad no dispone de dotación
presupuestaria diferenciada en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2012.
Los gastos de gestión y funcionamiento del Observatorio Estatal de la
Discapacidad se afrontan con las dotaciones presupuestarias del Capítulo
II 'Gastos corrientes en bienes y servicios', concepto presupuestario
226.99 'Gastos diversos. Otros', de los presupuestos de gastos de la
Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad y del Real
Patronato sobre Discapacidad.
Madrid, 7 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005566 y 184/005567
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Aguilar Rivero, Rosa (GS).
Respuesta:
A continuación se recoge un cuadro con la información solicitada:
Programa;Presupuesto 2012
Vacaciones para Mayores y para el Mantenimiento del Empleo en Zonas
Turísticas.;75.401.450
Programa de Termalismo Social.;33.754.320
Turismo y Termalismo para personas con discapacidad.;3.000.000
Por otra parte, cabe indicar que el ajuste presupuestario obliga a tomar
medidas no deseables en todos los ámbitos, incluido el Programa de
Vacaciones, con el propósito de que dichas medidas contribuyan a superar
este momento económico desfavorable.
A la hora de hacer estos ajustes, se han priorizado Programas tales como
las Pensiones no Contributivas, la Dependencia, la atención directa que
se presta en los Centros del IMSERSO a 1.800 personas en situación de
dependencia o discapacidad, así como la gestión de las Direcciones
Territoriales de Ceuta y Melilla.
Por otra parte, se están llevando a cabo reuniones con la empresa
adjudicataria del Programa de Vacaciones, así como con los sectores
implicados en el mismo (hoteles, empresas, transportistas, agencias de
viajes etc...) para hacer un análisis de la situación y buscar fórmulas
que favorezcan el mantenimiento y la actividad del empleo.
Madrid, 10 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005569 y 184/005570
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Aguilar Rivero, Rosa (GS).
Respuesta:
Tanto en el caso de los programas de Ejecución de medidas en medio abierto
para menores infractores como de Protección contra el maltrato infantil
se venía produciendo, en los últimos años, una disminución de los
importes de estos créditos presupuestarios de la Administración General
del Estado y de las propias Comunidades Autónomas (CCAA), ya que se trata
de programas cofinanciados al 50%. En este sentido, algunas de las CCAA
manifestaron la dificultad para habilitar el 50% del crédito con cargo a
sus propios presupuestos.
En lo relativo a los programas de Protección contra el maltrato infantil,
hay que considerar también, que la reducida cuantía de este crédito
(805.860 ) y su necesaria distribución entre Comunidades y Ciudades
Autónomas, determinaba importes muy pequeños para cada una de ellas, lo
que no evitaba la complejidad de la gestión en ambas Administraciones.
No obstante, en relación a estos programas, con cargo a la convocatoria de
subvenciones de IRPF para fines sociales, se siguen financiando programas
gestionados por entidades sin ánimo de lucro en materia de atención a
menores infractores, así como de prevención del maltrato infantil.
Madrid, 25 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005571 y 184/005572
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Aguilar Rivero, Rosa (GS).
Respuesta:
Una de las finalidades de los Presupuestos Generales del Estado para 2012
es garantizar el desarrollo y cumplimiento de las normas vigentes,
especialmente en lo que se refiere a derechos de los ciudadanos, como es
el caso de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las
lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la
comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas.
El presupuesto propuesto por el Real Patronato sobre Discapacidad para el
año 2012, incluye una subvención nominativa destinada a la Universidad
Carlos III de Madrid para el Centro Español de Subtitulado y
Audiodescripción (CESyA) que no supone una pérdida de calidad ni
reducción de la cantidad
de los servicios ofrecidos por este Centro. Basándose en los principios de
eficacia, eficiencia y optimización de recursos, el CESyA garantizará la
calidad en los servicios que ha venido prestando en los últimos años.
Además, con vistas a la implantación de nuevos servicios, se buscará la
cofinanciación de este Centro por otros organismos a los que también
presta servicios.
También está prevista una subvención nominativa a la Confederación Estatal
de Personas Sordas de España (CNSE), que tiene como objeto facilitar la
comunicación de las personas sordas o con discapacidad auditiva en todo
el territorio nacional a través de intérpretes de lengua de signos para
aquellas gestiones relacionadas con el ejercicio de los derechos básicos
y permitir, igualmente, que la Administración pública pueda comunicarse
con este colectivo de personas cuando exijan este medio de comunicación.
Se van a optimizar los recursos de estos servicios y a mejorar su
eficiencia, por lo que la partida presupuestaria para este año no supone
una perdida de calidad, ni reducción de servicios ofrecidos por este
Centro.
Finalmente, cabe señalar que para el año 2012, se va a mantener el
presupuesto del año anterior destinado al Centro de Normalización
Lingüística de la Lengua de Signos de España, dependiente del Real
Patronato sobre Discapacidad
Madrid, 25 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005574
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Tanto la Secretaría de Estado de Turismo como el Instituto de Turismo de
España (TURESPAÑA) mantienen contactos regulares con los empresarios del
sector turístico de la Costa del Sol, así como con la Administración
turística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Recientemente, además, el Director General de TURESPAÑA ha tenido la
ocasión de encontrarse personalmente con muchos representantes del sector
en Torremolinos, con ocasión del VII Salón Internacional de Turismo,
organizado por EUROAL el pasado 17 de mayo de 2012. Allí se abordaron
aspectos de la coyuntura actual y de las perspectivas de la inminente
temporada veraniega.
La Secretaría de Estado está pendiente de la evolución de la demanda
turística extranjera para la Costa del Sol, así como de las iniciativas
que desarrolla la Administración andaluza en este sentido.
Madrid, 27 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005575
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
La actuación denominada 'Obras de embellecimiento de la Plaza del
Cementerio y del tramo final de las calles San Sebastián y las
Parras-Ampliación del cementerio y adecuación de zonas verdes' en
Casabermeja (Málaga), fue analizada en la Comisión Mixta, Ministerio de
Fomento-Ministerio de Cultura celebrada el pasado 21 de octubre de 2011,
acordándose su financiación con cargo a los fondos del 1% Cultural del
Ministerio de Fomento, con una aportación máxima de 404.728,93,
equivalente al 75% del presupuesto base de licitación del proyecto
presentado por el Ayuntamiento.
Entre los trámites necesarios durante el ejercicio 2011, para la
suscripción de cualquier Convenio, se encontraba la necesidad de contar
con el preceptivo informe favorable del Ministerio de Economía y
Hacienda, en base a lo establecido en el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 22 de julio de 2011, por el que se aprobaban las medidas para reforzar
la eficacia de la gestión del gasto público y tesorería. Este
acuerdo determina el carácter vinculante del Informe de la Secretaría de
Estado de Hacienda y Presupuestos como paso previo para poder proceder a
la fiscalización previa de los convenios.
El informe correspondiente a esta obra, no fue tramitado por el Ministerio
de Economía y Hacienda, por lo que fue imposible suscribir el Convenio
correspondiente.
Al no haberse llevado a cabo todos los trámites normativos y,
consecuentemente no haber Convenio para las obras de 'Embellecimiento de
la Plaza del Cementerio y del tramo final de las calles San Sebastián y
Las Parras', en la actualidad no hay ningún compromiso adquirido por
parte del Ministerio de Fomento respecto a esta actuación, ni previsión
alguna al respecto.
Madrid, 29 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005576
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Con fecha 17 de octubre de 2011 se recibió escrito en la Demarcación de
Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, por el que el Ayuntamiento
de Villanueva de la Concepción solicitaba que se repusiera el cartel, que
había sido suprimido, por el que se indicaba la salida a dicha localidad
en el pp.kk 115 de la Autovía A-45.
Posteriormente, el Ayuntamiento ha remitido un nuevo escrito a la
Subdelegación del Gobierno de Málaga, relativo a la citada solicitud,
registrado con fecha 20 de marzo de 2012.
En estos momentos la petición del Ayuntamiento está siendo analizada por
el Ministerio de Fomento y se resolverá, tras los trámites e informes que
procedan, en el plazo más breve posible.
Madrid, 29 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005577
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Actualmente se están ejecutando las obras de construcción del Centro
Integral de Servicios Ferroviarios, en el que se podrán realizar ensayos
de componente o sistema, y de vehículo completo, así como las tareas de
mantenimiento de los vehículos ferroviarios que vayan a utilizar los
circuitos de ensayo.
Por otra parte, se han iniciado las obras de construcción de la
subestación eléctrica de tracción que dotará de energía, entre otras, a
estas instalaciones.
En 2012 quedará concluida la redacción del proyecto básico y la redacción
de los cinco proyectos constructivos que componen el anillo de alta
velocidad.
Las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha responden a la
planificación y ritmo de ejecución previstos para el proyecto.
Madrid, 21 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005578
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Entre los años 1988 y 2010 se han beneficiado de las Becas Erasmus
(movilidad de estudiantes para estudios, movilidad de estudiantes para
prácticas, movilidad de personal para docencia y movilidad de personal
para formación) un total de 8.255 malagueños.
De otra parte, se ha reducido la aportación complementaria para el
desarrollo del Programa comunitario Erasmus (-26 millones de euros), una
aportación adicional a la que procede de los fondos comunitarios.
El Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE) gestiona
dichos fondos, así como otras muchas acciones y esta partida de 36,84
millones de euros se distribuye entre los solicitantes.
España es el mayor emisor en este programa europeo, por lo que cada
estudiante recibe una aportación mensual bastante pequeña. Lo que hace el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con la partida de 36,84
millones de euros es proporcionar aportaciones complementarias a los
estudiantes españoles. Con ello se igualará este año la cuantía de que
dispongan nuestros alumnos Erasmus a la media europea.
Además, aquellos alumnos beneficiarios de una beca general de dicho
Ministerio reciben una dotación adicional, también procedente de este
capítulo.
De este modo se mantiene el número de beneficiarios del programa, aunque
pasarán a percibir una aportación complementaria menor, que en ningún
caso supondrá la pérdida de esta ayuda. En todo caso, será suficiente
para situar la financiación media del alumno español por encima de la
media comunitaria.
Madrid, 26 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005579
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada se aportan los datos del año
2011, los más actuales de los que dispone el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte:
Becas concedidas para estudios de idiomas en la provincia de Málaga;
Estudiantes no universitarios;762
Estudiantes universitarios;685
Maestros;87
TOTAL;1.534
- Motivos de reducción a la mitad la partida en 2012:
El esfuerzo del aprendizaje de lenguas extranjeras puede llevarse a cabo
por diferentes vías. Una es la tradicional estancia en el extranjero de
tres o cuatro semanas de duración y otra la más reciente modalidad de
cursos intensivos de inmersión en la lengua extranjera.
La experiencia de cursos anteriores ha puesto de manifiesto la mayor
eficiencia de estos cursos intensivos de inmersión frente a las
tradicionales estancias en el extranjero que requieren de un mayor tiempo
de dedicación e implican un mayor coste; se consigue así un mejor
aprovechamiento de los recursos económicos concentrándolos en
instrumentos más eficaces.
Por ello, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha reorganizado su
oferta de ayudas para el aprendizaje de lenguas extranjeras,
incrementando el número de las que se destinan a cursos intensivos de
inmersión, que por otra parte constituyen una modalidad altamente
demandada por nuestros estudiantes, que manifiestan un alto grado de
satisfacción en estos cursos a través de las encuestas que periódicamente
se cumplimentan.
Madrid, 25 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005580
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada se aportan los datos de los
cursos 2009/2010 y 2010/2011, ya que los datos del curso 2011/2012 no son
definitivos al existir, pendientes de resolución, recursos e incidencias
de solicitudes de becas.
Compensación a Familias Numerosas Tres hijos por Tasas Académicas.;
Curso 2009/2010;1.759
Curso 2010/2011;1.871
La Ley 25/1971, de protección a las familias numerosas establecía el
concepto de familia numerosa, entendiendo por tal aquélla que tuviera 4 o
más hijos clasificándose en familias numerosas de primera categoría (4 a
6 hijos), segunda (de 7 a 9 hijos) y de honor (10 o más hijos). En dicha
norma se establecía el derecho a la exención o reducción de los derechos
y tasas académicos y administrativos en los distintos niveles educativos
en un 50% para las de primera categoría y del 100% para el resto.
La Disposición final cuarta de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y de orden social establece la
ampliación del concepto de familia numerosa a 'las familias que tengan
tres o más hijos'.
El Real Decreto 1801/1995, de 3 de noviembre, de desarrollo de la anterior
dispone, en su artículo 1: 'De conformidad con lo establecido en la
disposición final cuarta de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, tendrá la
consideración de familia numerosa la que, reuniendo las demás condiciones
que se señalan en la Ley 25/1971, tenga tres o más hijos' y en su
artículo 2, que la familia numerosa de tres hijos se clasificará como de
primera categoría y tendrá derecho a los beneficios previstos para las
familias de dicha categoría en la citada Ley 25/1971.
Finalmente, la Ley 12/1996 de Presupuestos para 1997 recogió la necesidad
de compensar a las universidades públicas por la minoración de ingresos
que representaba este cambio normativo.
En aplicación de esta normativa, anualmente se viene concediendo la
bonificación del 50% del importe de los precios públicos por servicios
académicos a todos los estudiantes que acreditan su pertenencia a familia
numerosa de tres hijos.
Para el presente y futuros cursos académicos se seguirá reconociendo el
derecho igualmente a todos los estudiantes que acrediten tal condición,
incluidos naturalmente los estudiantes malagueños.
Madrid, 25 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005581
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El Plan para financiación de plazas públicas del Primer ciclo de Educación
infantil, denominado Plan Educa3, era un programa de cooperación
territorial entre el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas.
El Ministerio de Educación suscribió convenios de colaboración con las
Comunidades Autónomas que contemplaban la cofinanciación al 50% del coste
de creación de las nuevas plazas entre el Ministerio de Educación y las
Administraciones educativas autonómicas y locales, pero ya en 2011 asumió
toda la
financiación sin exigir la participación con un 50% por parte de las
Comunidades Autónomas, dado que éstas ya no podían afrontar los costes.
Además, el programa consistía en construir escuelas infantiles, lo cual
obligaba a las Comunidades Autónomas a dotarlas de mobiliario, de
personal y de fungibles, con unos costes que muchas Comunidades Autónomas
ya no podían abordar.
Madrid, 30 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005582
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
A continuación se facilitan los datos disponibles relativos a la
participación en el programa Educa3, agregados por Comunidades Autónomas.
Andalucía:;;;;;;;;
;2008;;2009;;2010;;2011;
COMUNIDAD AUTÓNOMA;N.º DE CENTROS;N.º DE PLAZAS;N.º DE CENTROS;N.º DE
PLAZAS;N.º DE CENTROS;N.º DE PLAZAS;N.º DE CENTROS;N.º DE PLAZAS
Andalucía;78;5.716;157;8.414;84;4.677;0;0
Madrid, 30 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005583
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Se facilita a continuación la información disponible relativa a los datos
de participación en el programa Escuela 2.0 a junio de 2011, agregados
por Comunidades Autónomas:
;N.º de ordenadores para alumnos;;N.º de aulas digitales;
;2010-2011;Acumulado desde inicio programa;2010-2011;Acumulado desde
inicio programa
Andalucía;108.582;282.082;3.112;9.551
El proyecto Escuela 2.0 sólo se centró en uno de los ejes de actuación del
mismo, el que contemplaba la dotación de infraestructura avanzada a las
aulas, alumnado y profesorado. Para cumplir con esto, se entregaron en
2010 alrededor de 324.000 ordenadores para alumnos y profesores, pero
todavía no se habían desarrollado los otros ejes del programa, por lo que
los profesores no contaban con la formación necesaria y no se disponía de
recursos educativos suficientes ni de herramientas para acceder y
utilizar los existentes.
En total, dentro de este programa se distribuyeron un total de 634.549
ordenadores portátiles y se instalaron 27.041 aulas digitales. Si bien
esta aportación aumenta la ratio de ordenadores por alumno en los centros
educativos no hay ningún dato que permita afirmar que el uso de los
ordenadores en las escuelas ha aumentado de forma significativa y, lo que
es más importante, que se esté haciendo uso adecuado de los mismos.
Por ello, el Gobierno no va a continuar el proyecto Escuela 2.0, pero en
cambio va a iniciar una nueva política de Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) que se orientará a la utilización de las
tecnologías para la mejora de la calidad educativa, promoviendo el uso de
estas como una potente herramienta de ayuda a la consecución de los
objetivos educativos pero nunca como un fin en sí misma.
El nuevo proyecto no se centrará en la dotación de infraestructuras si no
que tratará de proporcionar sistemas de información que, utilizando las
infraestructuras existentes, ayuden al profesorado en el desarrollo de su
labor docente en el aula y faciliten el aprendizaje individualizado de
los estudiantes. Se pondrán al servicio de la comunidad educativa
plataformas que permitan la gestión, seguimiento y evaluación de la
actividad educativa y el acceso fácil a contenidos educativos de calidad.
Para conseguir el éxito de las medidas adoptadas se dará especial
relevancia a la adecuada gestión del cambio y a la evaluación de los
resultados.
Así, aunque el presupuesto asignado a la aplicación de estas políticas TIC
sea inferior al dedicado al proyecto Escuela 2.0 en años anteriores, se
pretende optimizar la inversión mediante la implantación de herramientas
que puedan ser utilizadas por todas las Comunidades Autónomas y que
aprovechen, en la medida de lo posible, modelos de buenas prácticas ya
desarrollados.
También en esta línea de optimización de uso de los recursos se pretende
impulsar la formación on-line para profesores, aumentando tanto el
alcance como la calidad de la oferta. Ésta no se centrará solo en la
formación en el uso de herramientas TIC sino, especialmente, en
metodologías para el uso pedagógico de las mismas.
Madrid, 12 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005584
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Los Presupuestos Generales del Estado no comprenden partidas nominativas a
favor de las Universidades, a excepción de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP), que son las únicas que son competencia del Estado.
Las universidades dependen de la Comunidad Autónoma respectiva, que es la
que las financia en sus presupuestos respectivos.
Junto a las partidas nominativas, el Estado contempla algunas subvenciones
y programas que tienen como destinatarios a las universidades del país
(p.ej. ayudas a la integración de discapacitados en las
universidades...). Naturalmente, la Universidad de Málaga puede concurrir
a esas convocatorias y obtener fondos suplementarios para desarrollar
determinadas actividades, siempre en concurrencia con otras universidades
solicitantes.
Madrid, 25 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005585
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En esencia, el Programa Campus de Excelencia Internacional (CEI) consistió
en que se solicitaba a las universidades que presentasen un proyecto de
transformación de alguno de sus campus para convertirlos en un referente
internacional en el horizonte 2015, se seleccionaba a los proyectos
mejores y más viables, se les concedía la calificación CEI (de ámbito
global) o CEIR (de ámbito regional europeo) y se les financiaba la puesta
en marcha y ejecución del proyecto. Para ello se procedía a la firma de
un convenio con las Comunidades Autónomas (CCAA) donde se encontraban
estos campus mediante el cual estas Comunidades recibían del Ministerio
un préstamo que, a su vez, trasladaban a las universidades participantes
en el proyecto. Esta línea de actuación se ejecutó a través del
Subprograma de Excelencia.
En la concepción inicial del Subprograma de Excelencia, la selección de
los proyectos que ostentan la calificación CEI debía concluir en 2011,
como así efectivamente ocurrió, habiéndose creado un mapa con 32
proyectos que la han obtenido, sin que quepa ampliar ese número. Por lo
tanto, el propio diseño inicial del programa no contempla su continuidad
en la configuración que ha tenido durante los últimos 3 años.
Por otra parte, la línea de financiación principal del Programa CEI antes
descrita, a través de las CCAA a las que se concede un préstamo que
trasladan a las universidades participantes en el proyecto, se manifestó
como poco adecuada, pues ya en 2011 no fue posible suscribir los
convenios de concesión de préstamo con 13 de las 15 CCAA con las que
estaba previsto hacerlo (de hecho de los 75 millones de euros
presupuestados en 2011 para la concesión de préstamos a las CCAA dentro
del Programa CEI, sólo fue posible ejecutar 980.000 euros), debido a que
esas autonomías habían incumplido sus objetivos de estabilidad
presupuestaria.
Esta situación no ha mejorado lo suficiente desde entonces como para que
sea posible considerar la conveniencia de incrementar el pasivo de los
presupuestos autonómicos, sobre todo si se tiene en consideración que el
Programa ya ha inyectado durante los 3 últimos años más de 212 millones
de euros en préstamos, que las universidades tienen que devolver con los
intereses correspondientes.
Por lo tanto el proceso de selección de campus que pueden ostentar la
calificación CEI concluyó en la convocatoria 2011, correspondiendo a las
universidades participantes en los proyectos de conversión seleccionados
la realización de los mismos para poder mantener dichas calificaciones,
sin que sea necesaria la intervención de la Administración General del
Estado para ello, pudiendo las Comunidades Autónomas donde se encuentran
radicados estos campus colaborar directamente en la financiación de los
proyectos.
Madrid, 7 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005586
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En la concepción inicial del Subprograma de Excelencia, la selección de
los proyectos que ostentan la calificación Campus de Excelencia
Internacional (CEI) debía concluir en 2011, como así efectivamente
ocurrió, habiéndose creado un mapa con 32 proyectos que la han obtenido,
sin que quepa ampliar ese número. Por lo tanto, el propio diseño inicial
del programa no contempla su continuidad en la configuración que ha
tenido durante los últimos 3 años y, por lo tanto, no se puede hablar en
puridad de un recorte de ayudas, sino de la finalización de un ciclo en
el Programa CEI en el que el proceso de selección de campus que pueden
ostentar la calificación CEI concluyó en la convocatoria 2011.
Corresponde a las universidades participantes en los proyectos de
conversión seleccionados la realización de los mismos para poder mantener
dichas calificaciones, sin que sea necesaria la intervención de la
Administración General del Estado para ello, pudiendo las Comunidades
Autónomas donde se encuentran radicados estos campus colaborar
directamente en la financiación de los proyectos.
No obstante lo anterior, además del Subprograma de Excelencia, el Programa
CEI cuenta con Subprograma de Fortalecimiento con el que se busca el
fomento de la excelencia y la competitividad del
conjunto del sistema universitario. Este subprograma se mantendrá en el
futuro y Andalucía Tech podrá obtener ayudas del mismo si sus actuaciones
resultan seleccionadas en el proceso de concurrencia competitiva.
Madrid, 7 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005587
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Dado que las ayudas que obtienen los distintos proyectos que se presentan
a la convocatoria del Programa Campus de Excelencia Internacional (CEI)
dependen de un proceso en concurrencia competitiva, resulta imposible
anticipar el importe de las subvenciones que Andalucía Tech recibirá de
los Presupuestos del Estado en la convocatoria de 2012.
Madrid, 7 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005588 a 184/005590
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Es el Gobierno de la Junta de Andalucía quien puede aportar los datos
solicitados, por ser éste quien cuenta con las competencias ejecutivas en
materia sanitaria.
No obstante se informa que, tal y como prevé el Real Decreto Ley 16/2012,
de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud (SNS) y mejorar la calidad y seguridad de sus
prestaciones, los pensionistas con pensiones no contributivas continuarán
exentos de aportación. Así mismo, la aportación en prestación
farmacéutica ya existía para las personas no pensionistas. La gran
ventaja es que de éstas, los parados que hayan agotado el subsidio por
desempleo que se encuentren en búsqueda de trabajo estarán exentos de
esta aportación. Personas que, al haber agotado estos derechos antes de
enero de 2012 también habían perdido su derecho a la asistencia sanitaria
y que el Gobierno actual ha cubierto.
Por otro lado y respecto al ahorro con el nuevo reparto de aportación
farmacéutica se informa que la aportación ya existía en España. El cambio
en el esquema de la misma está derivado de:
1. Introducir una mayor equidad en el sistema de aportación, tal y como
recoge el Defensor del Pueblo en su informe 2011, como una de las
principales demandas de los ciudadanos.
2. Conseguir una mayor solidaridad con los ciudadanos, especialmente los
que están en paro.
3. Reducir el exceso de dispensación no necesaria.
4. Reducir el volumen de envases de medicamentos intactos que se eliminan
cada año, a través del SIGRE Medicamento y Medio Ambiente.
Por lo tanto, el nuevo esquema de aportación tiene como objetivo
prioritario el de la eficiencia, al gastar mejor en lo que se debe
gastar.
Respecto al gasto de las Comunidades Autónomas para ejecutar el sistema de
aportación se informa que la aportación diferenciada ya existe en el SNS.
La tarjeta sanitaria individual es solo un documento acreditativo, y la
información es proporcionada por la base de datos, por lo que los cambios
a introducir se
realizarán en esta base, sin necesidad de cambiar las tarjetas. Esta es
una de las grandes ventajas del proyecto e-Salud.
Además, con la e-Salud todos los españoles contarán con una tarjeta
interoperable que les permita acceder al sistema sanitario o a la
prestación farmacéutica en cualquier punto de la geografía nacional y
será posible la generalización de la historia clínica digital y el uso de
la receta electrónica, así como la utilización intensiva de telemedicina
y la incorporación de mejores garantías de continuidad asistencial.
Madrid, 1 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005636
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Pezzi Cereto, Manuel (GS).
Respuesta:
En los Presupuestos Generales del Estado para 2012 se han habilitado
partidas presupuestarias para atender deudas pendientes de pago,
correspondientes a expedientes de expropiación en la provincia de
Granada, por un importe de 92.460.000 .
Madrid, 10 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005637
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Pezzi Cereto, Manuel (GS).
Respuesta:
Se relacionan los importes abonados y adeudados, así como el número de
parcelas afectadas por los expedientes incoados para el pago de
expropiaciones por el Ministerio de Fomento, en la provincia de Granada:
OBRAS;IMPORTES PENDIENTES DE ABONO;IMPORTES PAGADOS;N.º parcelas afectadas
AUTOVÍA A-7. NERJA-ALMUÑÉCAR (LA HERRADURA);1.321.521,49 ;8.930.799,33
;263
AUTOVÍA A-7. ALMUÑÉCAR (LA HERRADURA)-ALMUÑÉCAR (TARAMAY);5.908.359,97
;40.797.687,28 ;622
AUTOVÍA A-7. ENLACE POLOPOS-ENLACE ALBUÑOL;24.122.398,42 ;61.509.633,56
;1032
AUTOVÍA A-7. ENLACE ALBUÑOL-ENLACE DE ADRA;3.291.470,59 ;22.026.017,74
;732
AUTOVÍA A-7. ALMUÑÉCAR (TARAMAY)-SALOBREÑA (LOBRES);14.024.013,19
;5.204.477,71 ;690
AUTOVÍA A-7. LOBRES-GUADALFEO;2.716.003,12 ;5.859.954,37 ;145
AUTOVÍA A-7. GUADALFEO-LA GORGORACHA;4.758.528,17 ;23.258.076,07 ;249
AUTOVÍA A-7. LA GORGORACHA- EL PUNTALON;5.429.752,44 ;26.222.052,46 ;212
AUTOVÍA A-7. EL PUNTALON-CARCHUNA;13.512.756,78 ;37.843.994,97 ;244
AUTOVÍA A-7. CARCHUNA-CASTELL DE FERRO;3.847.300,40 ;28.529.260,78 ;336
OBRAS;IMPORTES PENDIENTES DE ABONO;IMPORTES PAGADOS;N.º parcelas afectadas
NUEVA CIRCUNVALACIÓN EXTERIOR DE GRANADA. CALICASAS (ENLACE CON LA
A-44)-ALBOLOTE (ENLACE CON LA A-92);6.388.034,95 ;5.211.175,23 ;344
NUEVA CIRCUNVALACIÓN EXTERIOR DE GRANADA. ALBOLOTE (ENLACE CON LA
A-92)-SANTA FE (ENLACE CON LA A-329);10.340.364,75 ;8.554.329,6 ;231
NUEVA CIRCUNVALACIÓN EXTERIOR DE GRANADA. SANTA FE (ENLACE CON LA
A-329)-LAS GABIAS (ENLACE CON LA A-338);5.784.377,57 ;677.530,05 ;236
AUTOVIA GR-43. PINOS PUENTE-ATARFE;14.317.066,48 ;2.527.660,89 ;466
ACTUAL CIRCUNVALACIÓN DE GRANADA. ENLACE DE ARMILLA- ENLACE DE RONDA
SUR;1.151.297,97 ;10.558.930,92 ; 63
Madrid, 6 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005638
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Pezzi Cereto, Manuel (GS).
Respuesta:
La entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (Adif), en calidad de beneficiaria, ha intervenido en
diversos expedientes de expropiación forzosa tramitados por el Ministerio
de Fomento, motivados por distintos proyectos de construcción de la Línea
de Alta Velocidad Antequera-Granada, y otros en la red de ancho
convencional, sobre bienes y derechos sitos o que afectan a la provincia
de Granada.
En concreto, en dichos proyectos se han afectado 1.521 fincas (expedientes
individuales de bienes o derechos), se ha determinado el justiprecio en
836 expedientes, de los cuales, en 727 fincas lo han sido por mutuo
acuerdo y 109 por resolución del Jurado Provincial de Expropiación de
Granada.
De las 727 fincas que han suscrito un mutuo acuerdo, se han pagado o
consignado 718, por un importe total de 13.929.761,85 , y están en
trámite de pago 9, por un importe total de 778.376,12 .
De las 109 fincas resueltas por el Jurado citado, se han pagado o
consignado 88, por un importe total de 2.899.317,25 , y están en trámite
de hacerlo 21, por importe total de 604.260,54 .
En el resto de expedientes que se encuentran en tramitación ordinaria, 685
fincas, hasta la fecha, se han abonado o consignado, por diversos
conceptos expropiatorios a cuenta del justiprecio, 6.383.670,15 .
Madrid, 13 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005720
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Gorriarán, Carlos (GUPyD).
Respuesta:
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), a través de sus
misiones diplomáticas, cumple enteramente las funciones, entre otras, de
proteger en el Estado receptor los intereses de España y los de sus
nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho
internacional; conocer por todos
los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de los
acontecimientos en el Estado receptor e informar sobre ello al Gobierno
de España; y fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las
relaciones económicas, culturales y científicas entre España y el Estado
receptor.
Dicha red no cubre todos los países del mundo pero ciertamente cubre todos
aquellos con los que la entidad de las relaciones políticas y económicas
lo requiere. Tanto el MAEC como la Secretaría de Estado de Comercio (SEC)
y el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) ponen a disposición de
los empresarios interesados abundantes estudios y evaluaciones sobre la
situación en cada país.
Asimismo, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación
(CESCE) determina en una escala de 1 a 7 el factor-riesgo de cada país
para operaciones de crédito a la exportación. Esa escala está basada en
gran medida en los informes generados por la red exterior arriba
descrita.
En cuanto a las actualizaciones, el MAEC recibe trimestralmente informes
actualizados de cada Embajada y de cada oficina comercial. Por su parte,
la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DG REI)
elabora constantemente informes completos sobre cada país, que se
actualizan continuamente. Toda esta información es para uso interno de la
Administración pero en el contacto continuado y directo de la DG REI con
las empresas, importadores y exportadores, se les facilita la información
que necesiten y se les avisa no solo de los riesgos sino también de las
oportunidades de negocio que se detecten.
Por otra parte, es necesario señalar que no es competencia del Estado ni
del Gobierno 'guiar' ninguna política de inversión o desinversión de
empresas privadas. Somos una economía de mercado. El MAEC cuenta con una
Oficina de Análisis y Previsión, para uso interno de la Administración
que, en todo caso, si lo solicitan, todo el aparato informativo descrito
en los apartados anteriores está a disposición de las empresas españolas.
En cuanto a la balanza comercial, tanto individualizada país por país como
considerada globalmente respecto a todo el comercio exterior, es un dato
más para calibrar el poder negociador de España. Mayor relevancia tienen,
a esos efectos, hechos como la cohesión y apoyo de todas las fuerzas
políticas en torno a los intereses permanentes de la Nación o la unidad y
la seguridad jurídica del mercado interno o aún más el estado de nuestra
economía, es decir, de nuestro déficit fiscal, de nuestra deuda pública y
sobre todo privada y de nuestro sistema financiero.
Finalmente, la principal conclusión es que las empresas que invierten y
actúan en el exterior deben extremar su cuidado cuando lo hacen en países
que no ofrecen garantías ni seguridad jurídica a los inversores
extranjeros, como es el caso de los dos países citados en la pregunta.
Existen otros más y el MAEC hace un seguimiento exhaustivo de la
evolución de las políticas de esos países, que puedan afectar a intereses
españoles.
Por otra parte, en los dos casos citados, el Gobierno actuó previamente
con decisión y firmeza advirtiendo de las consecuencias para esos países,
de acciones ilegales e ilegítimas contra intereses españoles y una vez
consumados los hechos, desplegó una campaña diplomática divulgando en
todo el mundo un argumentario de las razones que asistían a REPSOL frente
a la expropiación practicada por el gobierno argentino, enviando al
Secretario de Estado para la Cooperación e Iberoamérica (SECIPI) a
Bolivia y acudiendo a todas las instancias internacionales pertinentes
denunciando estas actuaciones.
Madrid, 9 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005737
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Oramas González-Moro, Ana María (GMx).
Respuesta:
Con base en el Acuerdo 6/2009, del Consejo de Política Fiscal y Financiera
(CPFF), de 15 de julio, para la Reforma del Sistema de Financiación de
las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de
Autonomía, se aprobaron la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de
modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de
Financiación de las Comunidades Autónomas, y la Ley 22/2009, por la que
se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de
régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican
determinadas
normas tributarias, que traspusieron el anterior acuerdo a nuestro
ordenamiento jurídico, conformando el marco legal actual del sistema de
financiación.
Debe recordarse que la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, dispone, en su
Disposición transitoria tercera, que la primera evaluación de los
resultados del actual sistema de financiación se realizará con referencia
al año 2013, año que debe entenderse en términos de devengo. Es decir,
prácticamente hasta finales del 2015, en aplicación de la ley y del
acuerdo del CPFF, no se prevé legalmente la evaluación del sistema, a
efectos de su posible revisión.
Dicha evaluación se realizará por el Comité Técnico Permanente de
Evaluación, con carácter quinquenal, para informar sobre las posibles
modificaciones que se puedan someter a la consideración del CPFF, tal y
como establece la Disposición adicional séptima de la Ley 22/2009, de 18
de diciembre. Por lo tanto, el Estado y las Comunidades Autónomas han
acordado, en 2009, un modelo de financiación cuya revisión será
quinquenal, lo que nos sitúa en el año 2015, a través de los mecanismos
previstos en el propio acuerdo y recogidos en la ley, como el Comité
Técnico Permanente de Evaluación.
El modelo actual de financiación recoge la existencia de un Fondo de
Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, cuya función se ha regulado
en el artículo 15 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de
Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), integrando el bloque
de constitucionalidad.
Con arreglo a lo previsto en el artículo 19 de la Ley 22/2009, de 18 de
diciembre, cada año se actualizarán los valores de las variables de
reparto del Fondo de Garantía, que determinan la unidad de necesidad o
población ajustada.
Cabe recordar que el artículo 9 de la citada ley prevé como la principal
variable de reparto, a efectos de su ponderación o peso relativo (38%),
la referida a la población protegida equivalente, que certifica
anualmente el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a
partir de los resultados del Grupo de Trabajo de Análisis del Gasto
Sanitario, que establecen una metodología de ponderaciones de la
población protegida en función de unos tramos de edad predeterminados,
recogidos en la ley.
Por lo tanto, respecto a la propuesta realizada por el Gobierno de
Canarias, debe manifestarse que el modelo actual permite garantizar una
financiación per cápita ajustada igual de los servicios públicos
fundamentales, entre los que se incluye la asistencia sanitaria, para
todas las Comunidades Autónomas, a lo largo de la vigencia del sistema,
mediante la actualización anual de las variables de distribución del
Fondo de Garantía.
Por otro lado, el Gobierno de Canarias solicita también que el nuevo
modelo incluya un subsistema de financiación finalista para la asistencia
sanitaria. A este respecto, cabe señalar que ya el anterior sistema de
financiación regulado en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, vigente
hasta el 1 de enero de 2009, establecía, entre las líneas básicas del
modelo, la integración de los tres modelos de financiación existentes en
aquel momento (modelo de financiación de competencias comunes, el de
financiación de los servicios de asistencia sanitaria de la Seguridad
Social y el de financiación de los servicios sociales de la Seguridad
Social), para lograr una mayor estabilidad, una mayor capacidad fiscal y
una mayor transparencia.
Por lo tanto, la desaparición de los subsistemas se ha visto, tanto en el
sistema anterior aprobado en el 2001, como en el sistema aprobado en el
2009, es decir, durante al menos el último decenio, como consustancial a
la estabilidad presupuestaria, a la transparencia y a los sucesivos
aumentos de capacidad fiscal y corresponsabilidad financiera.
Además, tras la reforma reciente de 2009, este esquema ya consolidado ha
permitido la creación del Fondo de Garantía de Servicios Públicos
Fundamentales, donde participan también las Comunidades Autónomas con su
financiación, la aportación de recursos adicionales para el refuerzo del
Estado de bienestar y la creación de mecanismos de convergencia en la
financiación de las necesidades de los ciudadanos, como los Fondos de
Convergencia Autonómica.
Así, la existencia de un único sistema de financiación para todo el
conjunto de competencias autonómicas resulta consustancial en la
actualidad con los principios de estabilidad, transparencia, y
corresponsabilidad fiscal y, en definitiva, con una mayor autonomía en
materia de ingresos al servicio de una mayor autonomía financiera. Los
actuales volúmenes de recursos cedidos, así como las competencias
normativas otorgadas, y el resto de principios señalados anteriormente,
resultarían difícilmente compatibles con el modelo de subsistemas
propuesto por el Gobierno de Canarias.
Además, el refuerzo de los principios de equidad y suficiencia financiera,
así como de las prestaciones del Estado de bienestar, tanto a través del
Fondo de Garantía como de los recursos adicionales y de los
Fondos de Convergencia, sólo han resultado posibles en todos sus términos
debido a la existencia de un solo sistema de financiación para el
conjunto de competencias.
Por otra parte se señala que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales,
e Igualdad conjuntamente con las Comunidades Autónomas, está trabajando
en la concreción de los costes de aplicación de la cartera común y en la
definición de las cápitas previstas en el Fondo de Garantía Asistencial
recogido en el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud
y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
Madrid, 6 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005741
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Silva Rego, María del Carmen (GS).
Respuesta:
El Programa Campus de Excelencia Internacional (CEI) tenía como línea de
financiación principal la concesión de préstamos a las Comunidades
Autónomas (CC.AA) que, a su vez, trasladan a las universidades
participantes en los proyectos que obtenían la calificación CEI, que no
continuará en el futuro.
Una de las razones por la que no se producirá el mantenimiento de esa vía
de concesión de ayudas es que se manifestó como poco adecuada, pues ya en
2011 no fue posible suscribir los convenios de concesión de préstamo con
13 de las 15 (CC.AA) con las que estaba previsto hacerlo (de hecho de los
75 millones de euros presupuestados en 2011 para la concesión de
préstamos a las CC.AA dentro del Programa CEI, sólo fue posible ejecutar
980.000 euros), debido a que esas Autonomías habían incumplido sus
objetivos de estabilidad presupuestaria.
Además, el Programa CEI ya ha inyectado durante los 3 últimos años más de
212 millones de euros en préstamos, que las universidades tienen que
devolver con los intereses correspondientes, suponiendo una difícil una
carga económica que estrangula su modelo de financiación.
No obstante lo anterior, es intención del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte continuar convocando ayudas en concurrencia competitiva para
estimular la excelencia de nuestras universidades, a las que podrá tener
acceso el Campus do Mar y obtener de esa manera financiación para
continuar desarrollando su proyecto.
Madrid, 20 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005774
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Silva Rego, María del Carmen (GS).
Respuesta:
Los avances que se han producido recientemente, en relación con el
Convenio al que se hace referencia en la pregunta formulada por su
Señoría, consisten en la celebración de una serie de reuniones con el
operador logístico del Grupo PSA (Peugeot-Citroën), a fin de analizar la
adecuación del servicio prestado por la Autopista del Mar a las
necesidades del operador.
En la actualidad se están produciendo avances para adaptar la oferta de la
Administración a la demanda del operador logístico, así como de otros
potenciales usuarios.
Como se ha señalado, se han mantenido conversaciones con el principal
operador logístico para los tráficos del noroeste de España y centro de
Europa, sin que hasta la fecha se disponga de resultados.
Madrid, 22 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005775
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Silva Rego, María del Carmen (GS).
Respuesta:
Actualmente continúan prestándose con normalidad los servicios de tráficos
de mercancías en la instalación ferroviaria de mercancías de Vigo Guixar,
estando prevista la continuidad de los mismos en el futuro.
Madrid, 6 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005804
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
La cantidad asignada a la provincia de Málaga para desarrollar el Programa
de Fomento de Empleo Agrario, en el ejercicio 2012, es de 16.408.534,53
euros, representando un incremento respecto al ejercicio anterior del
0,52%.
Madrid, 31 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005807
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En el cuadro siguiente se facilita información estadística sobre la
evolución de la cuantía media mensual de las pensiones contributivas de
la Seguridad Social, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2012,
con desglose por tipo de pensión.
CUANTÍA MEDIA MENSUAL DE LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
DISTRIBUCIÓN POR CLASE DE PENSIÓN
TOTAL NACIONAL;;;;;
Año 2012;Incapacidad Permanente;Jubilación;Viudedad;Orfandad;Favor de
familiares
Enero;883,05;936,43;598,56;367,62;482,70
Febrero;883,59;938,99;599,40;367,25;483,56
Marzo;884,64;940,76;600,03;367,04;484,39
Madrid, 5 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005808
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En el siguiente cuadro se facilita información estadística sobre la
evolución de la cuantía media mensual de las pensiones contributivas de
la Seguridad Social con complemento a mínimos, en la provincia de Málaga,
durante los meses de enero, febrero y marzo de 2012, con desglose por
tipo de pensión.
CUANTÍA MEDIA MENSUAL DE LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS CON COMPLEMENTO A
PENSIÓN MÍNIMA DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DISTRIBUCIÓN POR CLASE DE PENSIÓN
MÁLAGA;;;;;
Año 2012;Incapacidad Permanente;Jubilación;Viudedad;Orfandad;Favor de
familiares
Enero;604,24;611,70;594,80;335,02;374,60
Febrero;603,91;611,80;594,88;333,79;377,05
Marzo;603,58;611,68;594,87;332,77;376,89
Madrid, 5 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005809
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En el siguiente cuadro se facilita información estadística sobre la
evolución de la cuantía media mensual de las pensiones contributivas de
la Seguridad Social con complemento a mínimos, durante los meses de
enero, febrero y marzo de 2012, con desglose por tipo de pensión.
CUANTÍA MEDIA MENSUAL DE LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS CON COMPLEMENTO A
PENSIÓN MÍNIMA DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DISTRIBUCIÓN POR CLASE DE PENSIÓN
TOTAL NACIONAL;;;;;
Año 2012;Incapacidad Permanente;Jubilación;Viudedad;Orfandad;Favor de
familiares
Enero;586,71;614,92;594,42;345,94;398,24
Febrero;586,39;614,85;594,36;344,89;398,22
Marzo;585,93;614,79;594,27;344,13;398,22
Madrid, 5 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005810
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Se acompaña anexo con la información estadística sobre la evolución de la
cuantía de las pensiones mínimas de la Seguridad Social en relación con
el Índice de Precios al Consumo (IPC) de cada año, durante el periodo
1996/2011.
ANEXO
GANANCIA DE PODER ADQUISITIVO EN PENSIONES MÍNIMAS (Ver
nota);;;;;;;;;;;;;;;;;;
IPC (a noviembre);3,2;;2;;1,4;;2,7;;4,1;;2,7;;3,9;;2,8;;3,5;
INCREMENTOS ANUALES DE LAS PENSIONES
MÍNIMAS;1996;;1997;;1998;;1999;;2000;;2001;;2002;;2003;;2004;
;Con cónyuge a cargo;Sin cónyuge a cargo;Con cónyuge a cargo;Sin cónyuge a
cargo;Con cónyuge a cargo;Sin cónyuge a cargo;Con cónyuge a cargo;Sin
cónyuge a cargo;Con cónyuge a cargo;Sin cónyuge a cargo;Con cónyuge a
cargo;Sin cónyuge a cargo;Con cónyuge a cargo;Sin cónyuge a cargo;Con
cónyuge a cargo;Sin cónyuge a cargo;Con cónyuge a cargo;Sin cónyuge a
cargo
JUBILACIÓN;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Titular con 65
años;0,3;0,3;0,6;0,6;0,7;0,7;0,0;0,0;2,5;2,4;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0
Titular menor de 65
años;0,3;0,3;0,6;0,6;0,7;0,7;0,0;0,0;3,3;3,2;0,0;0,0;1,5;1,5;1,5;1,5;3,0;3,0
INCAPACIDAD PERMANENTE;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Gran Invalidez con incremento del
50%;0,3;0,3;0,6;0,6;0,7;0,7;0,0;0,0;2,5;2,4;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0
Absoluta;0,3;0,3;0,6;0,6;0,7;0,7;0,0;0,0;2,5;2,4;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0
Parcial: Prest. de A.T. con 65
años;0,3;0,3;0,6;0,6;0,7;0,7;0,0;0,0;2,5;2,4;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0
Total: titular con 65
años;0,3;0,3;0,6;0,6;0,7;0,7;0,0;0,0;2,5;2,4;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0
Total: titular entre 60 y 64 años;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Total: por enfermedad común <60 años;;;;;;;;;;;;;;;;;;
VIUDEDAD;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Titular con 65 años;;0,3;;0,6;;0,7;;0,0;;2,4;;0,0;;0,0;;0,0;;0,0
Titular entre 60 y 64 años;;0,3;;0,6;;0,7;;0,0;;3,2;;0,0;;1,5;;1,5;;3,0
Titular con cargas
familiares;;0,3;;0,6;;10,3;;9,8;;13,3;;0,0;;1,5;;1,5;;3,0
Titular menor de 60 años;;0,3;;0,6;;0,7;;0,0;;8,1;;0,0;;1,5;;1,5;;3,0
ORFANDAD;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Por beneficiario;;0,3;;0,6;;0,7;;0,0;;0,0;;0,0;;0,0;;1,5;;3,1
Absoluta un beneficiarios;;0,3;;0,6;;0,7;;0,0;;5,6;;0,0;;1,1;;1,5;;3,0
Menor 18 años con discapacidad =65%;;;;;;;;;;;;;;;;;;
FAVOR FAMILIARES;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Por beneficiario;;0,3;;0,6;;0,7;;0,0;;0,0;;0,0;;0,0;;1,5;;3,1
Si no existe viuda ni huérfano:;;;;;;;;;;;;;;;;;;
- Un solo beneficiario con 65
años;;0,3;;0,6;;0,7;;0,0;;0,0;;0,0;;0,0;;1,5;;3,0
- Un solo beneficiario < 65
años;;0,3;;0,6;;0,7;;0,0;;8,1;;0,0;;0,0;;1,5;;3,0
NOTA: La ganancia de poder adquisitivo de las pensiones deriva de la
revalorización por encima del IPC, de las mejoras adicionales aplicadas a
la revalorización, así como de otras mejoras o del redondeo al alta de
las cuantías mensuales a abonar.
Durante el periodo analizado, la regulación de las pensiones mínimas se ha
modificado en distintos aspectos. En el año 2009, desaparece el mínimo de
'Sin cónyuge a cargo', y se protegen dos nuevas situaciones: 'Hogares
unipersonales' y 'Con cónyuge no a cargo'.
- Modificaciones que afectan a todos los mínimos: En el año 2009,
desaparece el mínimo de 'Sin cónyuge a cargo', y se protegen dos nuevas
situaciones: 'Hogares unipersonales' y 'Con cónyuge no a cargo'.
Asimismo, desde el año 2010 el redondeo de las cuantías pasa a realizarse
a la décima de euro.
- Mínimos de incapacidad permanente:
- La protección para titulares de IPT entre 60 y 64 años se introdujo en
el año 2006 limitada a la 'IPT Cualificada'. Posteriormente, en el año
2009, se extendió a todos los titulares de IPT.
- La protección para titulares de IPT menores de 60 años se introdujo en
el año 2009, estableciéndose para el caso de 'Titulares con cónyuge no a
cargo' un importe equivalente al 55% BC mínima del RG.
- Mínimos de viudedad:
- La existencia de cargas familiares es una situación protegida desde el
año 1998 e inicialmente limitada a menores de 60 años. En el año 2006 se
eliminó la referencia a la edad de los titulares en esta situación.
- La existencia de discapacidad =65% fue considerada por primera vez el
año 2007, dándole la misma protección que a las cargas familiares. Desde
el año 2008 recibe la misma protección que los titulares con 65 ó más
años.
- Mínimos de orfandad:
- El mínimo de orfandad para menores de 18 años con discapacidad igual o
superior al 65% fue creado en el año 2006.;;;;;;;;;;;;;;;;;;
GANANCIA DE PODER ADQUISITIVO EN PENSIONES MÍNIMAS (Ver
nota);;;;;;;;;;;;;;;;;
IPC (a noviembre);3,4;;2,6;;4,1;;2,4;;0,3;;;2,3;;;2,9;;
INCREMENTOS ANUALES DE LAS PENSIONES
MÍNIMAS;2005;;2006;;2007;;2008;;2009;;;2010;;;2011;;
;Con cónyuge a cargo;Sin cónyuge a cargo;Con cónyuge a cargo;Sin cónyuge a
cargo;Con cónyuge a cargo;Sin cónyuge a cargo;Con cónyuge a cargo;Sin
cónyuge a cargo;Con cónyuge a cargo;Hogar unipersonal;Con cónyuge no a
cargo;Con cónyuge a cargo;Hogar unipersonal;Con cónyuge no a cargo;Con
cónyuge a cargo;Hogar unipersonal;Con cónyuge no a cargo
JUBILACIÓN;;;;;;;;;;;;;;;;;
Titular con 65
años;4,6;3,0;4,5;3,0;4,6;3,1;4,5;3,0;5,0;5,5;2,7;3,2;3,7;1,0;0,0;0,0;0,0
Titular menor de 65
años;4,6;3,0;4,5;3,0;4,6;3,1;4,5;3,0;5,1;5,7;2,7;3,4;3,9;1,0;0,0;0,0;0,0
INCAPACIDAD PERMANENTE;;;;;;;;;;;;;;;;;
Gran Invalidez con incremento del
50%;4,6;3,0;4,5;3,0;4,6;3,1;4,5;3,0;5,0;5,5;2,7;3,2;3,7;1,0;0,0;0,0;0,0
Absoluta;4,6;3,0;4,5;3,0;4,6;3,1;4,5;3,0;5,0;5,5;2,7;3,2;3,7;1,0;0,0;0,0;0,0
Parcial: Prest. de A.T. con 65
años;4,6;3,0;4,5;3,0;4,6;3,1;4,5;3,0;5,0;5,5;2,7;3,2;3,7;1,0;0,0;0,0;0,0
Total: titular con 65
años;4,6;3,0;4,5;3,0;4,6;3,1;4,5;3,0;5,0;5,5;2,7;3,2;3,7;1,0;0,0;0,0;0,0
Total: titular entre 60 y 64
años;;;;;4,6;3,1;4,5;3,0;5,1;5,7;2,7;3,4;3,9;1,0;0,0;0,0;0,0
Total: por enfermedad común <60 años;;;;;;;;;;;;1,1;1,1;-0,8;0,0;0,0;-1,6
VIUDEDAD;;;;;;;;;;;;;;;;;
Titular con 65 años;;3,0;;3,0;;3,1;;3,0;;5,5;;;3,7;;;0,0;
Titular entre 60 y 64 años;;3,0;;3,0;;3,1;;3,0;;5,7;;;3,9;;;0,0;
Titular con cargas familiares;;3,0;;3,0;;10,9;;20,4;;5,1;;;3,4;;;0,0;
Titular menor de 60 años;;3,0;;3,0;;3,1;;3,0;;6,5;;;4,7;;;0,0;
ORFANDAD;;;;;;;;;;;;;;;;;
Por beneficiario;;3,1;;3,0;;3,1;;9,7;;2,7;;;1,1;;;0,0;
Absoluta un beneficiarios;;3,0;;3,0;;3,1;;5,0;;5,4;;;3,6;;;0,0;
Menor 18 años con discapacidad =65%;;;;;;54,4;;3,0;;2,7;;;1,0;;;0,0;
FAVOR FAMILIARES;;;;;;;;;;;;;;;;;
Por beneficiario;;3,1;;3,0;;3,1;;9,7;;2,7;;;1,1;;;0,0;
Si no existe viuda ni huérfano:;;;;;;;;;;;;;;;;;
- Un solo beneficiario con 65 años;;3,0;;3,0;;3,1;;3,0;;2,7;;;1,0;;;0,0;
- Un solo beneficiario < 65 años;;3,0;;3,0;;3,1;;3,0;;2,7;;;1,0;;;0,0;
NOTA: La ganancia de poder adquisitivo de las pensiones deriva de la
revalorización por encima del IPC, de las mejoras adicionales aplicadas a
la revalorización, así como de otras mejoras o del redondeo al alta de
las cuantías mensuales a abonar.
Durante el periodo analizado, la regulación de las pensiones mínimas se ha
modificado en distintos aspectos. En el año 2009, desaparece el mínimo de
'Sin cónyuge a cargo', y se protegen dos nuevas situaciones: 'Hogares
unipersonales' y 'Con cónyuge no a cargo'.
- Modificaciones que afectan a todos los mínimos: En el año 2009,
desaparece el mínimo de 'Sin cónyuge a cargo', y se protegen dos nuevas
situaciones: 'Hogares unipersonales' y 'Con cónyuge no a cargo'.
Asimismo, desde el año 2010 el redondeo de las cuantías pasa a realizarse
a la décima de euro.
- Mínimos de incapacidad permanente:
- La protección para titulares de IPT entre 60 y 64 años se introdujo en
el año 2006 limitada a la 'IPT Cualificada'. Posteriormente, en el año
2009, se extendió a todos los titulares de IPT.
- La protección para titulares de IPT menores de 60 años se introdujo en
el año 2009, estableciéndose para el caso de 'Titulares con cónyuge no a
cargo' un importe equivalente al 55% BC mínima del RG.
- Mínimos de viudedad:
- La existencia de cargas familiares es una situación protegida desde el
año 1998 e inicialmente limitada a menores de 60 años. En el año 2006 se
eliminó la referencia a la edad de los titulares en esta situación.
- La existencia de discapacidad =65% fue considerada por primera vez el
año 2007, dándole la misma protección que a las cargas familiares. Desde
el año 2008 recibe la misma protección que los titulares con 65 ó más
años.
- Mínimos de orfandad:
- El mínimo de orfandad para menores de 18 años con discapacidad igual o
superior al 65% fue creado en el año 2006.;;;;;;;;;;;;;;;;;
Madrid, 5 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005811
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
La información disponible se obtiene de la Encuesta de Coyuntura Laboral
que es una investigación por muestreo de periodicidad trimestral dirigida
a empresas.
El ámbito geográfico de la Encuesta es todo el territorio nacional con
excepción de Ceuta y Melilla.
El ámbito poblacional queda delimitado por los trabajadores asalariados
afiliados al Régimen General de la Seguridad Social y al Régimen Especial
de la Minería del Carbón. Por tanto, quedan excluidos los afiliados a los
Regímenes Especiales de Trabajadores Autónomos, Agrario, de Empleados de
Hogar y de Trabajadores del Mar.
El ámbito sectorial se circunscribe a las actividades económicas de la
Industria, Construcción y Servicios, excluyéndose de este último sector
la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social obligatoria,
Organismos extraterritoriales y Organizaciones religiosas.
Por lo tanto, la cifra proporcionada por la Encuesta de Coyuntura Laboral
no recoge a todos los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional.
Los datos no se pueden proporcionar por provincias porque el tamaño de la
muestra no lo permite. Además, se advierte que los valores de la variable
'efectivos laborales con remuneración igual al salario mínimo
interprofesional' a nivel de Comunidad Autónoma deben ser tomados con
precaución puesto que pueden estar afectados por fuertes errores de
muestreo.
El dato efectivos laborales con remuneración igual al Salario Mínimo
Interprofesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía el cuarto
trimestre de 2011 es de 21 mil, según la estimación proporcionada por la
Encuesta de Coyuntura Laboral.
Madrid, 29 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005812 y 184/005813
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
La evolución de la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo en
la provincia de Málaga y en el conjunto nacional ha sido la siguiente:
TASA DE COBERTURA DE LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO (%);;;;;;;
AÑOS;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012*
MÁLAGA;66,4;69,8;71,7;74,0;80,0;71,7;67,5
NACIONAL;66,5;71,4;73,6;75,5;78,4;70,7;67,2
* Tasa de cobertura de enero a abril de 2012;;;;;;;
La actual fórmula de la tasa de cobertura, pactada con los interlocutores
sociales, se utiliza desde el año 2006, por lo que los datos de los años
anteriores no son comparables con los existentes a partir de esa fecha.
Madrid, 31 de mayo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005815
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El número de parados registrados que no eran beneficiarios de prestaciones
por desempleo en el mes de marzo de 2012, última fecha disponible, en la
provincia de Málaga, era de 104.642. De ellos, 39.444 no han llegado a
generar derecho a las mismas por tratarse de demandantes de primer empleo
o por no tener periodos de cotización suficiente.
Madrid, 6 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005907
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: García Álvarez, María Caridad (GIP).
Respuesta:
La inmatriculación de los bienes inmuebles es un procedimiento por el cual
un bien inmueble accede a los libros del Registro de la Propiedad,
extendiéndose una primera inscripción de dominio de las mismas a favor
del inmatriculante, previa presentación de los títulos o medios
inmatriculadores legalmente tipificados y por la cual se abre una hoja o
folio particular a la finca registrada sometiéndola a un régimen y
efectos específicos que no tendría en caso contrario.
Los medios de inmatriculación se encuentran previstos en el Título VI de
la Ley Hipotecaria (en adelante LH) 'De la concordancia entre el Registro
y la Realidad jurídica'. Dicho Título se abre con el artículo 198, que
establece 'La concordancia entre el Registro y la realidad jurídica
extrarregistral se llevará a cabo, según los casos, por la primera
inscripción de las fincas que no estén inscritas a favor de persona
alguna, por la reanudación del tracto sucesivo interrumpido y por el
expediente de liberación de cargas y gravámenes'.
Respecto a los medios de inmatriculación, el artículo 199 de la LH señala:
'La inmatriculación de fincas que no estén inscritas a favor de persona
alguna se practicará:
1. Mediante expediente de dominio.
2. Mediante el título público de su adquisición, complementado por acta de
notoriedad cuando no se acredite de modo fehaciente el título adquisitivo
del transmitente o enajenante.
3. Mediante el certificado a que se refiere el artículo 206, sólo en los
casos que en el mismo se indican.'
La inmatriculación de los bienes de la Iglesia Católica, prevista en el
artículo 206 LH, puede llevarse a cabo a través de un certificado de
dominio expedida por los Diocesanos correspondientes, como medio de
inmatriculación subsidiario (sólo aplicable cuando carezca de título
inscribible) y excepcional (admisible sólo en los casos taxativamente
establecidos). [1]
Los efectos inmatriculadores quedan en suspenso durante dos años, tal y
como dispone el artículo 207 LH: 'Las inscripciones de inmatriculación
practicadas con arreglo a lo establecido en los dos artículos anteriores
no surtirán efectos respecto de tercero hasta transcurridos dos años
desde su fecha.'
Además, el Reglamento Hipotecario (en adelante RH) añade en su artículo
304 que 'En el caso de que el funcionario a cuyo cargo estuviese la
administración o custodia de los bienes no ejerza autoridad pública ni
tenga facultad para certificar, se expedirá la certificación a que se
refiere el artículo anterior por el inmediato superior jerárquico que
pueda hacerlo, tomando para ello los datos y noticias oficiales que sean
indispensables. Tratándose de bienes de la Iglesia, las certificaciones
serán expedidas por los Diocesanos respectivos.
Por último, hay que señalar que el artículo 5 del RH fue modificado por el
Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, por el que se modifican
determinados artículos del Reglamento Hipotecario, que como señala su
Exposición de motivos 'se suprime por inconstitucional la prohibición de
inscripción de los templos destinados al culto católico, y se admite,
siguiendo las legislaciones especiales sobre Patrimonio del Estado y de
las Entidades Locales, la posibilidad de inscripción de los bienes
públicos con arreglo a su legislación especial'.
De esta forma, la nueva redacción dada por el artículo 1 del citado Real
Decreto 1867/1998, a los artículos 4 y 5 del RH, vino a posibilitar el
acceso al Registro Hipotecario, de cualesquiera bienes inmuebles de
titularidad eclesiástica, así como de los derechos reales constituidos
sobre los mismos.
Por lo que se refiere al pago del IBI hay que señalar que la Iglesia
Católica goza de exención en relación con el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI). Esta exención se encuentra regulada en los artículos 60
a 77 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
(BOE de 9 de marzo). Esta regulación trae causa del Acuerdo entre el
Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de
1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente
reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de
cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la
Constitución.'
Estos beneficios fiscales a favor de la Iglesia Católica son similares a
los recogidos en los Acuerdos de colaboración que tiene suscritos el
Estado español con otras iglesias o confesiones religiosas: la religión
evangélica (Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el
Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España, BOE de 12 de noviembre), la comunidad
israelita (Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el
Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades
Israelitas de España, BOE de 12 de noviembre) y la religión islámica (Ley
26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de
Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, BOE de 12 de
noviembre).'
En este sentido, artículo 16.3 de la Constitución, establece el principio
de cooperación por el que el Estado está obligado a mantener relaciones
de cooperación con la Iglesia Católica y el resto de confesiones
presentes en la sociedad española.
En el caso de la Iglesia Católica, dicha cooperación se materializa en los
acuerdos firmados en 1979 con la Santa Sede a los que ya se ha hecho
referencia y que dispone un sistema de financiación de la Iglesia
Católica aplicable en distintas fases (Art. II). Actualmente, dicha
financiación responde al modelo de asignación tributaria cuyo porcentaje
y condiciones se especificaron en el Canje de Notas de 22 de diciembre de
2006 entre el Estado Español y la Santa Sede.
En consecuencia, la financiación de la Iglesia Católica se establece, en
una norma que tiene naturaleza de convenio internacional cuya
modificación exige, por tanto, un nuevo acuerdo entre las partes.
Madrid, 29 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
[1] Respecto al ORIGEN HISTÓRICO de esta regulación, este procedimiento de
inmatriculación se remonta a la desamortización del siglo XIX, de manera
que al igual que sucedió con algunos bienes del Estado a los que no se
aplicaba la legislación desamortizadora, se articuló una relación de
bienes de la Iglesia que quedaban excluidos de las leyes
desamortizadoras, y por tanto, en poder de la Iglesia. Se arbitró para
los bienes eclesiásticos que careciesen de títulos inscribible una
fórmula para su inscripción que es similar a la establecida para la
inscripción de los bienes estatales en las mismas condiciones:
certificación posesoria expedida por el Obispo; dicho documento
acreditaba tanto la posesión del bien por la Iglesia o por las
Corporaciones eclesiásticas como que dicho bien inmueble a inscribir
figuraba en el Archivo Diocesano y quedaba excluido por tanto de la
aplicación de las leyes desamortizadoras.
184/005928
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campuzano i Canadés, Carles (GCiU).
Respuesta:
Previamente se indica que el artículo 35 de la Ley de Economía Sostenible
(LES), sobre sostenibilidad en la gestión de las empresas públicas,
señala que las sociedades mercantiles estatales y las entidades públicas
empresariales adscritas a la Administración General del Estado adaptarán
su gestión a los principios enunciados de esta Ley y que en el plazo de
un año desde la entrada en vigor de dicha Ley, adaptarán sus planes
estratégicos para presentar anualmente informes de gobierno corporativo,
así como memorias de sostenibilidad de acuerdo con estándares comúnmente
aceptados. Los Departamentos u Organismos a los que se adscriban los
grupos empresariales públicos elaborarán, teniendo en cuenta el contenido
de los
planes estratégicos de las empresas, un plan de sostenibilidad del grupo
donde se establezcan las medidas de apoyo, refuerzo y coordinación
complementarias de las iniciativas de las empresas y se definan los
mecanismos para el seguimiento y control de los objetivos de
sostenibilidad asumidos por el grupo.
En este sentido, el plazo de un año que señala la Ley finalizó en marzo de
2012; por tanto las empresas públicas que presenten informes o memorias
de sostenibilidad correspondientes a la anualidad 2012 deberán
presentarlas en el año 2013.
A continuación se facilita la información solicitada por S.S.:
Por lo que al Grupo SEPI se refiere, los objetivos señalados en el art. 35
de la LES ya formaban parte de la gestión que se venía aplicando en dicho
grupo, cuyas sociedades llevan años sometiendo sus negocios a sistemas de
calidad y gestión del medio ambiente certificados, mejorando el bienestar
de sus empleados, cumpliendo la normativa sobre igualdad, aplicando
políticas de ahorro energético y prestando una especial atención a sus
políticas de I+D+i, cuestiones todas ellas contempladas con carácter
general en dicho artículo.
En esta línea, es de señalar que el Informe Anual del Grupo SEPI incluye,
desde el año 2005, un capítulo de sostenibilidad en el que hace pública
su actividad en el ámbito económico, medioambiental y social, y que
algunas sociedades del Grupo ya elaboraban informes de sostenibilidad
antes de la aprobación de la LES. Entre otras, las siguientes: TRAGSA
desde el año 2005, ENUSA desde el año 2008, CORREOS desde el año 2010 y
NAVANTIA desde el año 2011.
Por lo que se refiere a las sociedades mercantiles estatales del Grupo
Patrimonio se informa que vienen adaptando su actividad a las exigencias
requeridas en el artículo 35 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible. Han introducido mecanismos de mejora en los aspectos
relacionados con la optimización y reducción de consumos energéticos,
implantando sistemas integrados de gestión orientados al cumplimiento de
las normas comunitarias de sostenibilidad ambiental. Las actividades se
realizan teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de los
trabajadores, en particular teniendo en consideración los aspectos
relativos a la formación y a la conciliación de la vida laboral y
familiar.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que, recientemente, el Gobierno ha
tomado decisiones que afectan en importante medida al sector público
empresarial. En concreto, y como una pieza más de las medidas
estructurales y coyunturales que el Gobierno está adoptando para crear un
entorno económico favorable y reducir los desequilibrios fiscales, el
Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012 aprobó el Plan de
restructuración y racionalización del sector público empresarial y
fundacional estatal, con el fin principal de configurar un sector más
reducido, más racional y más eficiente inmerso en el actual contexto de
austeridad y necesidad de control del gasto público.
Dicho Acuerdo constituye el marco para profundizar en el proceso hacia
dichos objetivos que inicia, y el punto de partida de las medidas
destinadas a la sostenibilidad financiera de las empresas y fundaciones
públicas.
Por lo que se refiere a las empresas adscritas al Ministerio de Economía y
Competitividad, éstas ya incluían muchos de los objetivos señalados en el
art. 35 de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible como parte de su gestión
ordinaria. Dichas empresas están impulsando medidas para la conservación
y mejora del medio ambiente, el ahorro de energía y agua, la reducción de
emisiones de gases con efecto invernadero, el reciclaje de sus residuos,
el fomento de la igualdad de género, la integración de personas con
discapacidad, la conciliación de la vida familiar y laboral de sus
trabajadores, la lucha contra el trabajo infantil y la corrupción o la
promoción de códigos de éticos. A continuación se detallan los aspectos
más relevantes en materia de sostenibilidad de cada una de ellas.
Así, la Compañía Española de Financiación al Desarrollo (COFIDES) se
adhirió al Pacto Mundial en 2005, forma parte desde 2008 del Comité
Ejecutivo de la Red Española del Pacto Mundial y elabora desde 2010 una
Memoria anual de Sostenibilidad siguiendo las directrices de la Global
Reporting Initiative (GRI es la metodología más utilizada en el mundo
para la elaboración de informes de sostenibilidad, incluso en
organizaciones y empresas públicas). Este tipo de Memoria recoge las
dimensiones económicas, social y medioambiental de las diferentes
medidas, analiza la materialidad o relevancia de los problemas,
identifica grupos de interés afectados y evalúa cada año un gran número
indicadores del modelo G3 de GRI, que cubre los aspectos fundamentales
del concepto de responsabilidad social. En consecuencia, COFIDES está
adoptando las medidas previstas en el art. 35 de la LES.
1. Por su parte Axis, una pequeña empresa integrada a efectos de gestión
en el grupo ICO, que elabora anualmente su Memoria de Responsabilidad
Social (MRS), siguiendo los estándares de la GRI y
los principios del Pacto Mundial. En 2010 la Memoria RSC del ICO obtuvo de
Bureau Veritas una calificación máxima, de nivel A+. También se está
adaptando a lo previsto en la Ley de Economía Sostenible.
2. La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE),
adoptó en 2002 una política medioambiental y por ello ha implantado
recientemente un Sistema de Gestión Medioambiental conforme a la
normativa ISO 14.001 que recoge los principios de su Política de Calidad
y Medio Ambiente, valorando el riesgo e impacto medioambiental de los
proyectos que asegura. De igual manera CESCE como agencia de crédito a la
exportación (ECA) cumple con lo dispuesto en la versión 2007 de la
Recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
(OCDE) de Enfoques Comunes sobre el Medio Ambiente y el Crédito a la
Exportación con Apoyo Oficial. También tiene implantadas medidas de
responsabilidad social en la gestión de su equipo humano o para
contratación de proveedores, y en consecuencia está adaptando su
actividad a las exigencias del art. 35 de la Ley de Economía Sostenible.
3. La empresa P4R, cuya nueva denominación social es 'Sociedad Estatal
España, Expansión Exterior, S.A.', está elaborando en la actualidad su
Memoria de Sostenibilidad relativa al ejercicio 2012. Ha hecho más
eficientes sus procesos productivos, ha elaborado un Mapa de Riesgo en el
puesto de trabajo y promueve la formación de sus empleados en nuevas
tecnologías y cultura de sostenibilidad. Ha incluido en sus pliegos de
contratación una serie de disposiciones para que sus proveedores asuman
medidas de responsabilidad social como la igualdad efectiva entre mujeres
y hombres, la plena integración de las personas con discapacidad, el
ahorro y el uso eficiente del agua, de la energía y de los materiales,
los procedimientos y métodos de producción ecológicos, la generación y
gestión de residuos o el uso de materiales reciclados y ecológicos. P4R
también ha puesto en marcha campañas de sensibilización para promover en
sus propias oficinas la reducción del consumo de agua, el reciclaje de
residuos y ha instalado sistemas de iluminación de bajo consumo o de
apagado automático del sistema eléctrico. Por consiguiente P4R también
está adaptando su actividad a lo previsto en el art 35 de la Ley de
Economía Sostenible.
4. Por último, Invest in Spain es una sociedad en extinción, según lo
previsto en el Anexo IV del Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de
marzo de 2012, por el que se aprueba el Plan de reestructuración y
racionalización del sector público empresarial y fundacional estatal.
Está prevista su extinción en los próximos meses de este ejercicio por lo
que no procede analizarla. Sin embargo hasta la fecha tiene aprobados un
Plan de Responsabilidad Social Corporativa, un Plan de Igualdad y un Plan
de Conciliación de la vida familiar y laboral.
Cuando las empresas públicas del Ministerio de Economía y Competitividad
hayan terminado de adaptar sus planes estratégicos para incluir las
medidas de responsabilidad social del art. 35 de la Ley de Economía
Sostenible y hayan fijado los contenidos y objetivos de responsabilidad
social para 2013, se dará cumplimiento al apartado 3 del art. 35 mediante
la planificación y seguimiento de las medidas del grupo.
La información correspondiente a los demás Ministerios concernidos será
remitida a S.S. a la mayor brevedad posible.
Madrid, 16 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005929
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campuzano i Canadés, Carles (GCiU).
Respuesta:
El pasado 3 de mayo de 2011, en la reunión plenaria del Consejo Estatal de
Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), se llegó al acuerdo de
constituir un Grupo de Trabajo sobre 'Promoción de la Responsabilidad
Social de las Empresas' para dar cumplimiento al mandato establecido en
el artículo 39 de la Ley de Economía Sostenible y con el objetivo de que
el Consejo presente recomendaciones al Gobierno. El Grupo de Trabajo
compuesto por asociaciones empresariales y sindicales, 'sociedad civil' y
administraciones públicas (estatal, autonómica y local), ha mantenido
cuatro reuniones hasta la fecha.
Se espera que de los trabajos resultantes del Grupo salgan propuestas que
ayuden a dinamizar e impulsar actuaciones del Gobierno en el ámbito de la
responsabilidad social empresarial.
Madrid, 16 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/005944
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Picó i Azanza, Antoni (GCiU).
Respuesta:
El Gobierno entiende y comparte la preocupación específica por los
sectores de salud y educación básica como pilares de la cooperación al
desarrollo. La propuesta de la Comisión de destinar un 20% del
presupuesto del futuro Instrumento de Cooperación al Desarrollo al
objetivo 'desarrollo humano' es acertada, y en este sentido se ha
pronunciado el Gobierno en los debates desarrollados en el Consejo en
Bruselas.
Desde una óptica de desarrollo los sectores salud y educación básica deben
de ser una prioridad en la rúbrica de desarrollo humano y por ello
respaldamos que tanto en la propuesta de definición de los programas
geográficos (a los que aparecen ligados los temáticos), como en el
documento de 'Una Agenda para el cambio', principio rector de la política
de desarrollo de la UE, así se estableciera.
El Gobierno espera que lleguen a un resultado coherente con ese objetivo
las negociaciones -por naturaleza complejas en la actual coyuntura
económica- del futuro Marco Financiero Plurianual 2014-2020 y de su
Rúbrica IV actualmente objeto de trílogo, es decir, de reunión del
Parlamento Europeo-Comisión-Consejo cuando se tienen que decidir temas
por codecisión.
Madrid, 16 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/006106
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Jordà i Roura, Teresa (GMx).
Respuesta:
En lo que se refiere al Plan de recapitalización de Bankia, con fecha 9 de
mayo de 2012 el consejo de administración del Banco Financiero y de
Ahorros-BFA comunicó al Banco de España su decisión de no recomprar en
los términos y condiciones acordados, los títulos emitidos por valor de
4.465 m que suscribió el Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria-FROB, solicitando la conversión de esos títulos en acciones.
La Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria FROB,
en reunión celebrada el 14 de mayo de 2012, acordó instar la conversión
de las participaciones preferentes convertibles.
Esta decisión se tomó a petición de BFA, una vez que la Comisión Ejecutiva
del Banco de España, también en reunión celebrada en fecha 14 de mayo de
2012, acordó y comunicó al FROB que, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre
reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las
entidades de crédito, considera improbable que la entidad pueda hacer
frente a la amortización o recompra de dichas participaciones preferentes
en los términos previstos en aquel Real Decreto-Ley y en la propia
escritura de emisión.
Con fecha 25 de mayo el Grupo Banco Financiero y de Ahorros - Bankia
notificó como hecho relevante que había comunicado al Banco de España y
al Ministerio de Economía y Competitividad la solicitud de una aportación
de capital del FROB por importe de 19.000 millones de euros, en el plan
de recapitalización a presentar por la entidad.
En virtud de lo anterior, el Banco de España y el FROB han comunicado al
Grupo Banco Financiero y de Ahorros - Bankia que procederán, cada uno en
el ámbito de sus competencias, a 'examinar de forma inmediata el plan de
recapitalización a presentar por esa entidad, a fin de que el FROB pueda
prestar el apoyo financiero a que se refiere su comunicación'. Igualmente
el Ministerio de Economía y Competitividad ha comunicado al Grupo
BFA-Bankia que prestará a través de su representación en el FROB 'apoyo a
las necesidades de capitalización del Grupo BFA-Bankia que resulten del
ejercicio de valoración de la entidad, así como del análisis de los
saneamientos extraordinarios planteados, en el pleno respeto de los
procedimientos establecidos'.
En relación con el apoyo financiero público a entidades de crédito, y en
particular a Bankia, hay que señalar que esta posibilidad se ha previsto
en el artículo 9 del Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre
reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las
entidades de crédito, de acuerdo con el cual el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria podrá adquirir acciones ordinarias representativas del
capital social o aportaciones al capital social de las entidades, que,
sin incurrir en las circunstancias establecidas en el artículo 6 de ese
Real Decreto-ley, necesiten reforzar sus recursos propios y así lo
soliciten.
La suscripción de los títulos estará condicionada a la elaboración por la
entidad solicitante de un plan de recapitalización, aprobado por el Banco
de España, que deberá suministrar la información del mismo al Ministerio
de Economía y Competitividad a través de la Secretaría General del Tesoro
y Política Financiera.
Con carácter previo a la decisión sobre la suscripción de títulos, el
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria elevará al Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas y al Ministro de Economía y
Competitividad una memoria económica en la que se detalle el impacto
financiero de esa adquisición sobre los fondos aportados con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado. Sobre la base de los informes emitidos
por la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y por la
Intervención General de la Administración del Estado, el Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas podrá oponerse, motivadamente, en el
plazo de 5 días hábiles desde que le sea elevada dicha memoria.
Por lo expuesto anteriormente, es preciso proceder al análisis y
tramitación del plan de recapitalización presentado por Bankia para poder
valorar las condiciones en que se prestará el apoyo financiero público.
Este procedimiento de análisis se está produciendo en estos momentos y
requiere una tramitación minuciosa que cuenta con la participación del
FROB, los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y Economía
y Competitividad y el Banco de España.
En relación con las remuneraciones y acciones legales contra Bankia, cabe
señalar la proposición no de ley del grupo parlamentario CiU, aprobada el
pasado 12 de junio en el pleno del Congreso de los Diputados, consensuada
con los grupos parlamentarios Popular, Socialista y del PNV; sobre la
revisión de las indemnizaciones, pensiones o cláusulas de blindaje con
beneficios para discrecionales para directivos de entidades financieras
que hayan recibido ayudas del Estado.
Por otra parte, el Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, de
saneamiento del sector financiero, prevé una serie de limitaciones a los
directivos y administradores de entidades de crédito que están
participadas mayoritariamente o han recibido apoyo público financiero.
Este Real Decreto-ley está siendo en estos momentos desarrollado por una
orden ministerial.
En lo que se refiere a las participaciones preferentes, estas pertenecen a
un tipo de productos especialmente complejos, prácticamente ilíquidos
dada la actual situación que atraviesa el sector y que han de absorber,
por definición, su parte de las pérdidas que está sufriendo actualmente
el sector financiero.
En este escenario, ha de tenerse en cuenta que su canje debe ser
autorizado por la Comisión europea para la valoración de su adecuación al
régimen vigente de ayudas de Estado.
Para evitar la presencia de prácticas inadecuadas de comercialización que,
en ocasiones, han dado lugar, por omisión de las obligaciones de
transparencia, información y comprobación de la idoneidad del cliente, a
la formación de un consentimiento viciado en la fase de comercialización
y contratación de las participaciones preferentes se están evaluando
medidas para que en el futuro se comercialicen este tipo de instrumentos
financieros de manera masiva a clientes minoristas.
En lo que respecta a las viviendas, Bankia forma parte de las entidades
que se han adherido al Código de Buenas Prácticas aprobado mediante Real
Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes
de protección de deudores hipotecarios sin recursos. Por lo tanto, le será
de aplicación el conjunto de medidas previstas en esta norma, que incluye
tres fases de actuación:
1. La primera dirigida a procurar la reestructuración viable de la deuda
hipotecaria.
2. En segundo lugar, de no resultar suficiente la reestructuración
anterior, las entidades podrán, en su caso, y con carácter potestativo,
ofrecer a los deudores una quita sobre el conjunto de su deuda.
3. Y, finalmente,, si ninguna de las dos medidas anteriores logra reducir
el esfuerzo hipotecario de los deudores a límites asumibles para su
viabilidad financiera, estos podrán solicitar, y las entidades deberán
aceptar, la dación en pago como medio liberatorio definitivo de la deuda.
En este último supuesto, las familias podrán permanecer en su vivienda
durante un plazo de dos años satisfaciendo una renta asumible.
Por último, cabe señalar que el Gobierno no tiene prevista realizar una
reforma de la Ley de Cajas que implique la vuelta al modelo anterior,
pues se considera que precisamente en la antigua regulación se puede
encontrar el origen de muchas de las ineficiencias que se han dado en el
funcionamiento de las Cajas. La actual regulación busca una mayor
profesionalización en el funcionamiento de las Cajas así como una mayor
vinculación a las normas de supervisión, control y transparencia propias
de las entidades de crédito.
Madrid, 3 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/006263, 184/006264 y 184/006265
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Guillén Izquierdo, Vicente; Alegría Continente, María Pilar; Morlán
Gracia, Víctor y Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
De conformidad con el artículo 34 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria, 'el ejercicio presupuestario coincidirá con el
año natural' y según el artículo 49 de la misma Ley, 'los créditos para
gastos que en el último día del ejercicio presupuestario no estén
afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas, quedarán
anulados de pleno derecho, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
58 de esta Ley ', por lo que los remantes del ejercicio 2011 están
anulados.
El artículo 58 establece que 'se podrán incorporar a los correspondientes
créditos de un ejercicio los remanentes de crédito del ejercicio
anterior'. Consultado el Sistema de Información Contable de la
Administración General del Estado del ejercicio 2012, las modificaciones
presupuestarias contabilizadas correspondientes a incorporaciones de
crédito no hacen referencia a la Comunidad de Aragón.
En este sentido y por lo que respecta a las Secciones 32 'Otras relaciones
financieras con entes territoriales', 33 'Fondos de Compensación
Interterritorial' y 36 'Sistemas de Financiación de Entes Territoriales'
de los Presupuestos Generales del Estado para 2011, se informa lo
siguiente:
En cuanto a la Sección 33, en el año 2011 no contenía ningún crédito
destinado a la Comunidad Autónoma de Aragón, ya que la misma no se
incluía entre las Comunidades Autónomas beneficiarias de los Fondos de
Compensación Interterritorial designadas en el artículo 131.Seis de la
Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2011.
Por lo que se refiere a la Sección 36, para la Comunidad Autónoma de
Aragón se incluyó el crédito 10.941M.451, dotado con 435.372,26 miles de
euros, que estaba destinado a hacer efectivas las entregas a cuenta del
Fondo de Suficiencia Global del año 2011. Dicho crédito fue satisfecho
íntegramente a la comunidad autónoma, por lo que no existe remanente.
Además, también se dotaron dos créditos de carácter global (20.941M.452 y
453), destinados respectivamente a hacer efectiva a la totalidad de las
comunidades autónomas la liquidación del sistema de financiación
correspondiente al año 2009 y a cancelar, según establece el artículo
19.7 de la Ley 22/2009, el saldo del concepto no presupuestario con cargo
al cual se realizaron los pagos y los ingresos
de las entregas a cuenta de la Transferencia del Fondo de Garantía de
Servicios Públicos Fundamentales. Estos dos créditos se ejecutaron en su
totalidad en el año 2011, no presentando remanente al final del año.
Por lo que respecta a la Sección 32, para la Comunidad Autónoma de Aragón,
incluía un crédito (01.941O.753), dotado con 30 millones de euros,
destinado a hacer efectiva la anualidad de 2011 del Convenio suscrito con
la Comunidad para la financiación de proyectos de inversión en la
provincia de Teruel. Este crédito fue íntegramente satisfecho a la
Comunidad Autónoma, no existiendo remanente a fin de ejercicio.
Por último, en la Sección 32 también se incluía un crédito (01.941O.755)
denominado 'A las CC. AA. de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña
e Illes Balears, en cumplimiento de lo establecido en materia de
inversiones en sus respectivos estatutos de autonomía', dotado con 950
millones de euros. Este crédito, en el año 2011, no registró ejecución
alguna, habiéndose acordado su no disponibilidad por Acuerdo del Consejo
de Ministros de 30 de diciembre de 2011. Por ello, en la prórroga de los
Presupuestos Generales del Estado de 2011 para 2012, no pueden realizarse
con cargo a este crédito transferencias a favor de las Comunidades
Autónomas indicadas.
La falta de reconocimiento de obligaciones en el ejercicio 2011 y en el
presupuesto prorrogado de 2012, así como en las dotaciones de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2012 deriva de la aplicación de lo
establecido en la Sentencia 31/2010, de 28 de junio, del Tribunal
Constitucional por la que se resuelve el recurso interpuesto en relación
con el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Así, el fundamento jurídico 138
de la indicada sentencia, establece, en relación con este tipo de
disposiciones estatutarias en materia de inversiones del Estado, que
'debe, pues, interpretarse en el sentido de que no vincula al Estado en
la definición de su política de inversiones, ni menoscaba la plena
libertad de las Cortes Generales para decidir sobre la existencia y
cuantía de dichas inversiones.' Lo anterior es, asimismo, aplicable a lo
planteado en la pregunta de S.S. sobre la necesidad de suscribir un
acuerdo sobre inversiones.
Por tanto, a la luz de esta jurisprudencia, se concluye que las
disposiciones estatutarias en materia de inversiones no vinculan al
Estado en la definición de su política de inversiones, ni pueden
condicionar la voluntad del legislador en el ejercicio de sus funciones
sobre los Presupuestos Generales del Estado, puesto que los compromisos
recogidos en los estatutos se configuran como un compromiso de carácter
político y no como un imperativo que deba reflejarse obligatoriamente en
los presupuestos.
Madrid, 21 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/006353
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lara Moya, Cayo (GIP).
Respuesta:
En el artículo 7 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco
de España se establecen las funciones que ha de desempeñar el propio
Banco, dentro de las cuales se encuentran promover el buen funcionamiento
y estabilidad del sistema financiero, asesorar al Gobierno, así como
realizar los informes y estudios que resulten procedentes y elaborar y
publicar las estadísticas relacionadas con sus funciones.
Así pues, en el cumplimiento de estas funciones, el Banco de España
realiza recomendaciones que se divulgan fundamentalmente a través de
publicaciones como el Boletín Económico, el Informe de Estabilidad
Financiera o la Encuesta Financiera de las Familias.
Si bien es cierto que en la Encuesta Financiera de las Familias de 2002 ya
se señalaba que se estaba produciendo un incremento notable del
endeudamiento de las empresas y las familias, el propio Banco también
admitía, para el caso de las familias, que, dada la evolución al alza de
los precios de los inmuebles residenciales, la riqueza neta de éstas era
positiva.
Sin embargo, el Banco de España, en su Informe de Estabilidad Financiera
de 2002, afirma que 'los coeficientes de solvencia mantenidos por las
entidades españolas se encuentran muy por encima de los mínimos
regulatorios y que, en todo caso, los requisitos de la normativa española
eran (y son) superiores
a los del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea', lo que les otorgaba
una relativa fortaleza para resistir posibles pérdidas potenciales.
Adicionalmente, se destacaba también el papel de la cobertura genérica,
es decir, de las provisiones que las entidades españolas deben dotar en
etapas de auge para cubrir riesgos de créditos generales, que otorga una
mayor robustez y estabilidad del sistema en su conjunto. Fueron estas
provisiones las que, de hecho, permitieron a las entidades españolas
afrontar los inicios de la crisis en mejores condiciones que sus
competidoras europeas. Adicionalmente, conviene recordar que,
actualmente, un 70 por ciento del sistema financiero español no presenta
problemas de solvencia.
La crisis financiera mundial que estalló en 2007 ha sido un fenómeno
singular de difícil previsión y cuyos efectos se han sentido en las
economías con extraordinaria intensidad y duración en el tiempo. Con ella
se puso de manifiesto que los instrumentos regulatorios con los que se
contaba no eran suficientes, lo que ha motivado una revisión profunda de
los mismos en todos los foros internacionales. España ha participado
activamente como miembro de estos foros, el G-20, el Foro de Estabilidad
Financiera (Financial Stability Board, o FSB) y el Comité de Basilea de
Supervisión Bancaria (este último a través del Banco de España).
El resultado de las discusiones en estos foros se está trasladando o se
trasladará en los próximos meses fundamentalmente mediante legislación de
la Unión Europea, donde España, en su papel de Estado miembro, está
defendiendo el mantenimiento de unos requisitos exigentes para las
entidades. Ello no hace sino profundizar en la línea ya seguida por
España en los sucesivos reales decretos-leyes aprobados en los últimos
años.
La piedra angular de la prevención contra futuras crisis lo constituye la
aprobación de la Directiva y el Reglamento de Requerimientos de Capital,
que entrarán en vigor previsiblemente en enero de 2013. En estas normas
se implementarán requisitos de calidad del capital, de liquidez y de
apalancamiento, que constituyen la respuesta de los supervisores
internaciones a las carencias observadas durante la crisis.
Por último, conviene señalar el apoyo de España a la idea de una Unión
Bancaria Europea y a la implantación de un marco armonizado de gestión de
crisis. La Unión Bancaria Europea, que implica la instauración de
autoridades comunes de supervisión y resolución de entidades y de un
fondo de garantía de depósitos europeo, permitirá minimizar el contagio
entre entidades de diversos Estados miembros y actuar con la contundencia
necesaria sin generar un círculo vicioso de problemas de deuda generados
por problemas del sistema financiero que empeoran aún más las finanzas
públicas. A su vez, el marco diseñado por la propuesta de directiva de
gestión de crisis, supondrá contar con una serie de instrumentos que
permitan actuar en distintas fases en las que se puede encontrar una
entidad con problemas financieros con el fin de minimizar los costes para
el contribuyente.
Madrid, 27 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/006358
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
Respecto a si consta que haya expediente abierto a Bankia por no haber
presentado, en su día, las cuentas anuales del ejercicio 2011, se indica
que las cuentas sí se presentaron, fuera de plazo, como las de otras 31
entidades que no enviaron sus cuentas en plazo a la CNMV, la cual
requirió su envío a todas las entidades, incluida Bankia. Dichas cuentas
se encontraban refrendadas por los Consejos de Administración de BFA y de
Bankia, aunque sin la firma del auditor. Las cuentas han sido
reformuladas por el nuevo Consejo de Administración de la entidad, con la
firma del auditor.
En cuanto a la supervisión de la salida a Bolsa de Bankia, tal y como ya
expuso el Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores-CNMV
en su comparecencia de 29 de mayo en la Comisión de Economía y
Competitividad del Congreso de los Diputados, la supervisión de la CNMV
fue la prevista legalmente, y desde el punto de vista de la información
hubo la legalmente exigible y necesaria, con un plus exigido por la
propia CNMV.
La decisión de salida a Bolsa es una decisión empresarial que, en este
caso, se ajustó a las exigencias de información y determinación de precio
que exige la normativa aplicable. La CNMV, además del preceptivo free
float del 25%, exigió un tramo institucional del 40% (entre no menos de
200 y que no tuvieran una participación significativa en Bankia), lo que
tuvo como efecto rebajar el precio de salida a Bolsa de Bankia. El precio
de salida se fijó por un proceso de subasta competitiva entre inversores
profesionales e institucionales.
Los estados financieros de las siete cajas que dieron fruto a Bankia se
encontraban correctamente auditados sin salvedad alguna. El folleto
contenía la información exigible desde el punto de vista de la
transparencia, informándose de los riesgos de manera exhaustiva (los
riesgos derivados de la corta vida de la institución, los riesgos
derivados de su fuerte exposición inmobiliaria y los riesgos derivados de
la dilución de la participación en el capital en caso de que entrara el
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria-FROB en su capital). Y, es
más, la CNMV, aun tratándose de la comercialización de acciones, producto
MIFID (Directiva sobre mercados de instrumentos financieros) no complejo,
exigió información adicional en el folleto que no se pide en otros casos,
como la información sobre morosidad, sobre provisiones y sobre cobertura
y la exigencia de que se hiciera un resumen, un tríptico del folleto de
emisión, a visar y firmar por el inversor.
Y respecto de las medidas de supervisión, el Real Decreto-ley 18/2012, de
11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del
sector financiero, atribuye al Banco de España la aprobación de los
planes de saneamiento de los balances de las entidades de crédito. En él
se han de detallar las medidas que dichas entidades tienen previsto
adoptar para cumplir lo previsto en ese Real Decreto-ley, incluyendo un
programa de desinversión de activos relacionados con riesgos
inmobiliarios y un calendario de ejecución del mismo.
Cuando del plan resulte que la entidad, una vez constituidas las
provisiones exigidas, puede incurrir en déficit de recursos propios y las
medidas propuestas para paliarlo resulten insuficientes, podrá imponer
medidas adicionales, incluida, en particular, la solicitud de apoyo
financiero del FROB, cuyo otorgamiento se ajustará a lo dispuesto en los
artículos 9.3 y 10.3 del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre
reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las
entidades de crédito.
En general, tanto para la adquisición de acciones de Bankia, como para la
de cualquier otro valor negociable, el marco de protección del cliente
gira en torno a la legislación de transparencia. De ahí que proceda
aplicar las disposiciones de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre Mercados de Instrumentos Financieros
('MIFID'), incorporada en España en virtud de la Ley 47/2007, de 19 de
diciembre por la que se modifica la Ley de Mercado de Valores (LMV) y su
normativa de desarrollo (Real Decreto 217/2008). Dicha normativa exige a
las entidades solicitar información sobre los conocimientos y experiencia
del cliente, con la finalidad de evaluar si el servicio o producto es
adecuado para el mismo, e incluso avisarle sobre la no conveniencia de
contratarlo. Además, la entidad en estos casos debe poner a disposición
del cliente que compra, un tríptico/resumen del folleto de admisión de
dichas acciones a cotización en Bolsa. Dicho folleto ha de contener toda
la información que, según la naturaleza específica del emisor y de los
valores, sea necesaria para que los inversores puedan hacer una
evaluación, con la suficiente información, de los activos y pasivos, la
situación financiera, beneficios y pérdidas, así como de las perspectivas
del emisor, y eventualmente del garante, y de los derechos inherentes a
tales valores. Esta información debe presentarse además de forma
fácilmente analizable y comprensible.
Adicionalmente, las entidades, como Bankia, que cotizan en mercados
secundarios oficiales españoles, están obligadas a hacer pública y
difundir información financiera semestral y anual. Asimismo, los emisores
deben hacer público y difundir todo cambio en los derechos inherentes a
dichas acciones. Todo ello al objeto de que el inversor pueda tomar sus
decisiones disponiendo de toda la información relevante.
Adicionalmente, con el objeto de que las operaciones anteriores se
realicen con todas las garantías correspondientes, la CNMV desarrolla una
amplia labor de supervisión de la comercialización de este tipo de
valores y del funcionamiento de los mercados en los que operan.
En aquellos casos concretos en los que no se hubiera respetado el régimen
de protección señalado anteriormente, existe la posibilidad de acudir a
los Tribunales de Justicia, competentes para reclamar la oportuna tutela
judicial. Incluso antes, es posible contactar con el Departamento de
Atención al Cliente de la entidad y, posteriormente, dirigirse al
Servicio de Reclamaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
El sistema de responsabilidad de los administradores y miembros de
consejos de administración de entidades de crédito está recogido en
normas de diversa naturaleza, dependiendo del tipo de responsabilidad que
se pretenda exigir.
En particular, la responsabilidad de orden administrativo se regula en el
Título I de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e
Intervención de las Entidades de Crédito, referido al régimen sancionador
de las entidades de crédito.
En esta Ley se contiene un catálogo de infracciones muy graves, graves y
leves que llevan acompañadas las correspondientes sanciones, que podrán
recaer tanto en la entidad de crédito, como en los cargos de
administración responsables de la infracción. Si se apreciasen indicios
de haber cometido alguna de las infracciones recogidas en este catálogo,
el Banco de España podrá abrir un expediente al fin de tomar las medidas
oportunas.
Por último, se indica que el Código penal español tipifica diferentes
actuaciones que pueden ser constitutivas de delito o falta, y faculta al
Ministerio Fiscal, en diferentes supuestos, a instar las acciones que
conduzcan a su persecución. En particular, el Capítulo XIII, del Título
XIII, del Libro II prevé una regulación concreta sobre los delitos
societarios.
Por otro lado, es la Fiscalía General del Estado la que ha de promover
ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en defensa del interés
público. De facto, la Fiscalía Anticorrupción ya ha abierto diligencias
por presuntas responsabilidades de los gestores de la entidad.
Madrid, 21 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/006376
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).
Respuesta:
En relación con la información de las deudas de las entidades locales con
sus proveedores y de los planes de ajuste presentados por aquéllas, y que
han comunicado recientemente en aplicación del Real Decreto-Ley 4/2012,
de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación
para el pago a los proveedores de las entidades locales, se considera
que, debido al carácter provisional de aquellos datos, ya que el proceso
está aún abierto, es aconsejable que no se faciliten en estos momentos,
ya que se ha habilitado un periodo de ampliación para que las entidades
locales que no tuvieron planes de ajuste aprobado puedan presentar
modificaciones para su aprobación definitiva.
En aplicación del Real Decreto-Ley 4/2012, se presentaron, hasta el día 15
de marzo, relaciones certificadas de obligaciones pendientes de pago por
4.618 entidades locales. De ellas, 3.774 entidades tuvieron obligaciones
pendientes de pago en relación con las cuales los proveedores aceptaron
la aplicación del procedimiento recogido en aquella norma. De éstas, 43
son ayuntamientos de la provincia de Cádiz, de los cuales 7 no remitieron
planes de ajuste, y de los 36 que los presentaron, a 4 se les valoró
desfavorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas. La razón fundamental para las valoraciones desfavorables ha
sido la falta de adopción de medidas de incremento de los ingresos
corrientes y de reducción de los gastos corrientes que posibiliten la
viabilidad financiera de la operación de préstamo, y que, en
consecuencia, las entidades citadas tengan recursos suficientes para
financiar sus obligaciones de gasto corriente y la amortización de las
operaciones de préstamo, incluida la que podría estar asociada al
mecanismo de pago a proveedores.
Se va a permitir modificar los planes citados a los ayuntamientos
incluidos en ese último grupo, para lo que sus Plenos deberán adoptar
nuevas medidas que incidan sobre los ingresos o los gastos corrientes, y
comunicarlas a la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las
Entidades Locales, antes del día 16 de junio. Esta posibilidad se ha
publicitado mediante una Nota en la citada Oficina Virtual.
A aquellos ayuntamientos que no aprobaron plan de ajuste se les va a
permitir su presentación siempre que prueben que los elevaron al Pleno
antes del día 31 de marzo pasado y que, por distintos motivos, este
órgano no lo aprobó. En esta segunda oportunidad, los Plenos de los
ayuntamientos deberán aprobar los planes de ajuste correspondientes.
De acuerdo con los datos disponibles en estos momentos, y sin considerar
el efecto de la ampliación antes citada, 11 ayuntamientos estarían
sujetos a retención de la participación en tributos del Estado por
importe global de 142.411.021,98 euros. Las citadas retenciones se
aplicarán en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año
2012.
Es preciso recordar que las entidades locales con planes de ajuste
valorados favorablemente han podido concertar operaciones de préstamo con
las entidades de crédito que se han adherido al mecanismo de pagos a
proveedores. El resto no las han podido formalizar al no tener valorado
favorablemente el plan, en el caso de que lo hubiesen presentado al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, o al no haberlo
aprobado sus respectivos Plenos y no haberlo presentado. En estos
supuestos es necesario ejecutar la garantía de la participación en
tributos del Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los Reales
Decretos-Ley 4/2012, de 24 de febrero, y 7/2012, de 9 de marzo.
Desde un punto de vista financiero, y por lo que se refiere a las propias
entidades locales, la valoración debe considerarse muy favorable para
ellas, ya que han dispuesto de una oportunidad para transformar una deuda
comercial exigible, ya vencida, en deuda financiera para ser amortizada
en un periodo de diez años, con los dos primeros de carencia. Esta
operación debería liberar disponibilidades líquidas de las entidades
locales, que les permita atender de forma puntual sus obligaciones
corrientes.
Madrid, 15 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/006399
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
El número de entidades locales que debieron presentar el plan de ajuste
previsto en el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se
determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de
las entidades locales, de la Comunidad Autónoma de Aragón fue de 284,
habiendo recibido el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
142 planes, de los cuales informó desfavorablemente a 21. Sin embargo,
las cifras anteriores podrán variar debido a una reciente ampliación del
periodo para la formalización de operaciones de préstamo por las
entidades locales que no lo han podido hacer en el mes de mayo.
En cuanto al importe de las obligaciones pendientes de pago abonadas en la
primera fase del pago a proveedores, en el conjunto de las entidades
locales de Aragón ascendió a un total de 218.380.125 euros. Debido al
carácter provisional de aquellos datos, ya que el proceso está aún
abierto, es aconsejable que no se facilite en estos momentos información
individualizada, ya que, como antes se ha expuesto, se ha habilitado un
periodo de ampliación para que las entidades locales que no tuvieron
planes de ajuste aprobado puedan presentar modificaciones para su
aprobación definitiva.
Madrid, 15 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/006415
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Urbina Fernández, Iker (GMx).
Respuesta:
Se informa que el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal prevé que 'la
creación, modificación o supresión de los ficheros de las
Administraciones públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición
general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario oficial
correspondiente'.
Asimismo, se comunica que, en relación con los ficheros dependientes del
Ministerio del Interior, la norma de referencia es la Orden
INT/1202/2011, de 4 de mayo, por la que se regulan los ficheros de datos
de carácter personal del Ministerio del Interior, modificada por Orden
INT/1031/2012, de 27 de abril.
Para conocer las distintas fechas de creación o modificación de los
ficheros, la finalidad de los mismos (incluidos PERPOL, SISPE e INTPOL),
los cambios de denominación, los derechos que pueden ejercitarse en
relación con los datos de carácter personal recogidos en los ficheros y
el órgano responsable y la Unidad a la que dirigirse, etc., hay que
remitirse al contenido de la citada Orden Ministerial.
Por lo que se refiere al sistema SIGO, éste no es una base de datos sino
un sistema que permite a las Unidades de la Guardia Civil desarrollar sus
funciones y acceder a otros ficheros propios.
Ninguno de estos sistemas contiene información sobre la estructura interna
y los integrantes de partidos políticos. Ocasionalmente, sólo podrían
registrarse datos de víctimas, perjudicados, testigos o posibles autores,
de actos delictivos, accidentes o catástrofes sufridos por los
representantes de partidos políticos o por las organizaciones a las que
representan.
Además de los datos sobre personas que han cometido infracciones o han
sido detenidas o se encuentran buscadas en el marco de procedimientos
penales, también pueden figurar datos de interés policial facilitados por
los propios ciudadanos (denunciantes o denunciados, particularmente),
testigos, victimas y perjudicados.
Por otro lado, los datos que se registran dependen del tipo de control que
se efectúe y del resultado del mismo sobre las personas, todo ello de
acuerdo con la finalidad declarada del fichero y con los usos previstos.
Durante las identificaciones policiales siempre se procede con
escrupuloso sometimiento al ordenamiento jurídico y, en este caso
concreto, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de
Datos según la interpretación dada por la Sentencia del Tribunal
Constitucional 292/2000 de 30 de noviembre.
La cancelación de oficio se produce cuando así lo dispone un juzgado o
tribunal sentenciador por sentencia absolutoria firme, por prescripción
penal del delito o falta (según los plazos establecidos en el vigente
Código Penal), por solicitud de otro Cuerpo policial, o cuando los datos
no sean necesarios para la finalidad que motivó su almacenamiento.
El Acuerdo de Consejo de Ministros sobre clasificación de determinados
asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, reconoce
la clasificación de SECRETO a '(...) La estructura, organización, medios
y procedimientos operativos específicos de los servicios de información,
así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan relevarlas'.
En virtud de dicho reconocimiento, la información solicitada se encuentra
bajo secreto oficial y la imposibilidad de su difusión amparada en la
citada Ley de Secretos Oficiales.
Madrid, 12 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/006522 y 184/006523
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ros Martínez, Susana (GS).
Respuesta:
Entendiendo que se solicita información acerca de los municipios de la
provincia de Castellón a los que se ha aprobado o rechazado el plan de
ajuste que, en su caso, hayan presentado, y que se regula en el Real
Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, se indica que los datos tienen
carácter provisional, ya que el proceso está aún abierto al haberse
habilitado un periodo de ampliación para que las entidades locales que no
tuvieron planes de ajuste aprobado puedan presentar modificaciones para
su aprobación definitiva.
En aplicación del Real Decreto-Ley 4/2012, y hasta el día 15 de marzo,
4.618 entidades locales presentaron relaciones certificadas de
obligaciones pendientes de pago. De ellas, 3.774 entidades tuvieron
obligaciones pendientes de pago en relación con las cuales los
proveedores aceptaron la aplicación del
procedimiento recogido en aquella norma. De éstas, 95 se encuentran en la
provincia de Castellón, con el siguiente detalle de las situaciones
producidas en relación con los planes de ajuste:
Situaciones;N° de entidades locales;Importes
Planes con valoración favorable;56;96.743.991,12
Planes con valoración desfavorable;9;5.819.475,23
Planes no aceptados;1;108.744,00
Entidades locales que no presentaron planes;29;3.782.502,76
TOTAL;95;106.454.713,11
Las entidades locales con planes de ajuste valorados favorablemente han
podido concertar operaciones de préstamo con las entidades de crédito que
se han adherido al mecanismo de pagos a proveedores. El resto no las han
podido formalizar al no tener valorado favorablemente el plan, en el caso
de que lo hubiesen presentado al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, o al no haberlo aprobado sus respectivos
Plenos y no haberlo presentado.
Madrid, 15 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/006591
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Los Fondos de Compensación Interterritorial son un instrumento de
desarrollo regional, basado en el principio de solidaridad -recogido
explícitamente en la Constitución- cuyo objetivo es corregir
desigualdades interterritoriales y apoyar a las regiones menos
desarrolladas. Estos Fondos se encuentran ligados a la política de
desarrollo regional de la Unión Europea, adoptando la clasificación
regional comunitaria Nuts II.
Actualmente, estos Fondos (Fondo de Compensación y Fondo Complementario)
se regulan por la Ley 22/2001 de 27 de diciembre y por la Ley 23/2009 de
modificación de la anterior en referencia a la Comunidad Autónoma de
Canarias. La Disposición Adicional única de la Ley 22/2001 establece que
serán beneficiarias de los Fondos las Comunidades Autónomas y Ciudades
con Estatuto de Autonomía propio que, a tal efecto, figuren designadas en
los Presupuestos Generales del Estado.
En este sentido, en la Ley de Presupuestos 2012, figuran como
beneficiarias las Comunidades Autónomas de: Galicia, Andalucía,
Principado de Asturias, Cantabria, Región de Murcia, Comunidad
Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Castilla y León y
las Ciudades de Ceuta y Melilla. La dotación y el reparto de las cuantías
correspondientes a cada territorio, establecidas en las Leyes 22/2001 y
23/2009 citadas, fueron aprobadas en la reunión del Comité de Inversiones
Públicas de 30 de marzo de 2012 y no han sido objeto de recorte alguno
sobre las cantidades aprobadas.
La determinación de los proyectos de inversión financiables con los
Fondos, se efectúa de común acuerdo entre la Administración General del
Estado y las Comunidades Autónomas, en el seno del Comité de Inversiones
Públicas, por lo que, en el caso concreto de Andalucía, será la propia
Comunidad Autónoma la que decida la adscripción concreta los proyectos de
inversión en cada provincia.
Madrid, 21 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/006607
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El artículo 64 de la Ley General Presupuestaria dispone la obligación de
que todas las entidades que integran el sector público empresarial y
fundacional (sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector
público estatal y entidades públicas empresariales y restantes organismos
públicos), elaboren un presupuesto de explotación y capital en el que se
detallarán los recursos y dotaciones anuales.
La principal característica de estas entidades es la naturaleza estimativa
y no limitativa de las dotaciones de sus estados de gastos, lo que
determina su exclusión del ámbito consolidado de los Presupuestos
Generales del Estado.
La información solicitada en la pregunta de referencia puede encontrarse
en la siguiente dirección:
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/Presup/PGE2012Proyecto/MaestroDocumentos/PGE-ROM/N_12_A_V_2_R_3_CO04_1.htm
Madrid, 21 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/006670
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iñarritu García, Jon (GMx).
Respuesta:
Las actividades organizadas por la plataforma Nafarroa Bizirik, así como
las personas que participan en las mismas, son conocidas por la
publicación de dichos actos en distintos medios de comunicación social,
escritos y digitales, entre ellos la página de Internet de aquélla.
El Ministerio del Interior no tiene conocimiento de las personas que
acceden al local en el que tiene su sede la plataforma Nafarroa Bizirik.
El conocimiento de los participantes en diversos actos públicos
organizados por la referida plataforma deriva de la profusa divulgación
que, de dichos actos, se realiza tanto en la página de Internet de
aquélla como en otros medios de comunicación.
Por último, el Ministerio de Interior no gestiona el fichero a que se
refiere la pregunta.
Madrid, 12 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/006671
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iñarritu García, Jon (GMx).
Respuesta:
Respuesta a la pregunta 1): La intervención de la persona citada en la
pregunta se constata por el simple hecho de tratarse de convocatorias y
actos públicos en los que aquél participa regularmente, tal y como se
acredita por diversos medios de comunicación y páginas de Internet. La
información a la que se hace referencia es de carácter público, constando
en diversos medios de comunicación.
Respuesta a la pregunta 2): NO
Respuesta a la pregunta 3) y a la 4) Los actos referidos fueron
publicitados por distintos medios de comunicación social, convocándose en
espacios públicos. Las convocatorias fueron comunicadas a las instancias
pertinentes, no habiendo obstado impedimento para su celebración.
Respuesta a la pregunta 5): en coherencia con respuesta a la pregunta 2).
Respuesta a la pregunta 6) y a la pregunta 7) La información a la que hace
referencia la pregunta es de carácter público, constando en diversos
medios de divulgación, entre ellos Internet.
Respuesta a la pregunta 8): el Registro de Penados y el Registro de
Rebeldes Civiles, ambos dependientes del Ministerio de Justicia,
funcionan con pleno respeto a las normas constitucionales e
internacionales en materia de protección de datos y con las máximas
garantías jurídicas.
Respuesta a la pregunta 9): Para constituir un partido político es
preceptiva la inscripción previa en el Registro de Partidos Políticos,
dependiente del Ministerio del Interior. En el proceso de inscripción se
deben facilitar los datos relativos a los promotores del partido
político, los de las personas que integran sus órganos directivos
provisionales, su domicilio social y los estatutos que regirán su
funcionamiento y organización. Esta información queda sometida a las
previsiones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.
Respuesta a la pregunta 10): NO.
Madrid, 12 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/006693
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: De las Heras Ladera, Ascensión (GIP).
Respuesta:
En relación con las distintas preguntas que se formulan sobre la
construcción de la llamada 'Torre Pelli', en la ciudad de Sevilla, se
señala lo siguiente:
- El Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO ha elaborado un informe y
un borrador de decisión basado en los informes elaborados por los
expertos de ICOMOS (organismo consultivo de la Convención de Patrimonio
Mundial para bienes culturales).
- La 36º Sesión del Comité de Patrimonio Mundial, de la UNESCO reunida
recientemente en San Petersburgo, entre los días 24 de junio y 6 de julio
de 2012, ha decidido no incluir al Bien integrado por la Catedral, el
Alcázar y el Archivo de Indias de Sevilla en la lista de Patrimonio
Mundial en Peligro.
- El proyecto de la Torre Pelli-Cajasol es un proyecto urbanístico, lo que
hace que las competencias en materia de concesión y, en su caso,
suspensión de las licencias municipales otorgadas correspondan al
Ayuntamiento de Sevilla.
- Las reuniones con los miembros de la organización que ha elaborado los
informes referidos, ICOMOS, ya tuvieron lugar con las tres
Administraciones (General del Estado, autonómica y local) durante la
misión de evaluación de expertos que visitó estos bienes en noviembre de
2011.
Madrid, 5 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/006698 a 184/006704 y 184/006712
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Muñoz González, Pedro José (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por por Su Señoría, el
Ministerio del Interior participa que el funcionario a quien las
preguntas se refiere ocupa un puesto de coordinador de proyectos en
comisión de servicios en el Catálogo de Puestos de Trabajo de la
Dirección General de la Policía. Dicho funcionario no posee ninguna
acción en academia alguna y tampoco ha formado parte de ningún tribunal
de acceso ni de promoción al Cuerpo Nacional de Policía. Por otra parte,
la Dirección General de la Policía no tiene
constancia de que ningún miembro del mismo cuerpo sea profesor de la
academia Segispol. El Director General de la Policía no tiene previsto el
cese de este funcionario y no observa incompatibilidad entre la actividad
profesional de su esposa y el puesto que éste desempeña en este momento.
Madrid, 29 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/006964
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iglesias Santiago, Leire (GS).
Respuesta:
Hasta ahora, alrededor de 90 entidades financieras se han adherido al
Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas
con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual. La lista ha sido
remitida al Boletín Oficial del Estado para su publicación (Boletín del
12 de abril de 2012), como establece el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de
marzo, sobre medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin
recursos. La relación abarca prácticamente la totalidad de las entidades
con actividad en el mercado hipotecario e incluye a todas las grandes del
sector.
De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo,
el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas por parte de las entidades
adheridas lo supervisa una comisión de control constituida al efecto.
En el momento en que las entidades adheridas aporten la información al
Banco de España que deben remitir en virtud del artículo 6 del Real
Decreto-Ley, y la Comisión publique su informe semestral, se estará en
situación de analizar la marcha del Real Decreto-Ley. No obstante,
todavía no se ha realizado la primera entrega de información trimestral
debido, igualmente, a que el Real Decreto-Ley se aprobó recientemente.
Madrid, 6 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/006979, 184/006980 y 184/006981
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
Los datos indicados a continuación, relativos al procedimiento de pago a
proveedores previsto en el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por
el que se determinan obligaciones de información y procedimientos
necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a
los proveedores de las entidades locales, no deberán considerarse como
definitivos, al no haber concluido dicho procedimiento.
Con el fin de posibilitar la formalización de operaciones de préstamo por
las entidades locales que, aun estando interesadas en la aplicación de
dicha medida, no lo han podido hacer, por distintos motivos, en el mes de
mayo, se ha habilitado una ampliación del periodo para concertar dichas
operaciones con las entidades de crédito en el mes de julio.
Al citado periodo de ampliación se podrían acoger las entidades locales
que se encuentren en algunas de estas situaciones:
1. Las que, antes del 31 de marzo, elevaron al Pleno un plan de ajuste,
finalmente, no aprobado por el mismo.
2. Las que elevaron al Pleno un plan de ajuste, que se aprobó por éste,
pero no fue valorado favorablemente por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
3. Las que, teniendo un plan de ajuste aprobado y valorado favorablemente
por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, no tuvieron
aprobación de la concertación de la operación de préstamo por el órgano
competente de la corporación local (normalmente por falta de mayoría
suficiente, de acuerdo con la normativa aplicable).
4. Aquellas cuyo órgano competente haya aprobado la formalización de
préstamos por importe o por plazo de amortización distintos de aquellos
por los que debieron aprobarlos.
A las entidades locales incluidas en esas situaciones se les ha habilitado
un plazo en la primera quincena de junio para solventar aquellas
incidencias. De la provincia de Soria, se han presentado dos planes en
esta ampliación del periodo, por parte de los siguientes ayuntamientos:
Abejar y Duruelo de la Sierra.
En relación con aquellos ayuntamientos a los que se les aplicará retención
sobre la participación en tributos del Estado, se presenta el siguiente
cuadro con la cuantía abonada tras la primera fase del procedimiento de
pago a proveedores, debiendo, en todo caso, tener en cuenta que los dos
municipios citados podrían, en el mes de julio, concertar la operación de
préstamo, en caso de valoración favorable del nuevo plan de ajuste
presentado en la ampliación del periodo:
Nombre de corporación Importe ();
Abejar;118.057,79
Cihuela;16,40
Duruelo de la Sierra;709.696,52
Fuentestrún;451,00
Póveda de Soria (La);24.000,00
Santa María de las Hoyas;3.634,84
Serón de Nágima;54.004,43
Tajueco;474,36
Vinuesa;11.348,91
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto-Ley 4/2012, de
24 de febrero, para aquellas entidades locales que no formalicen la
operación de endeudamiento derivada de la citada norma, el órgano
competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, u
organismo público competente, efectuará las retenciones que procedan con
cargo a las órdenes de pago que se emitan para satisfacer su
participación en los tributos del Estado, sin que pueda afectar al
cumplimiento de las demás obligaciones derivadas de las operaciones de
endeudamiento financiero contempladas en el plan de ajuste. Para ello, se
aplicará el régimen previsto para los acreedores públicos en la
Disposición adicional cuarta del texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y lo que, en su caso y en desarrollo de aquélla, dispongan
las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
El porcentaje de retención de los citados fondos será el que cada año
determine la Ley de Presupuestos Generales del Estado, habiéndose
concretado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2012, un límite del 50% de la participación en los tributos del Estado.
Tal como se ha indicado, el citado procedimiento, en estos momentos, no ha
concluido, por lo que no se podría realizar por el momento valoración
alguna. No obstante, cabe significar que, para el conjunto de entidades
locales, la medida instrumentada mediante el Real Decreto-Ley 4/2012, de
24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación
para el pago a los proveedores de las entidades locales, junto con el
Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para
la financiación de los pagos a proveedores, han definido una operación
sin precedentes para inyectar liquidez a las empresas y así recuperar la
senda de crecimiento y creación de empleo.
Además, ha posibilitado que las entidades locales puedan atender en
condiciones ventajosas sus obligaciones pendientes de pago, transformando
una deuda comercial vencida, líquida y exigible, en una deuda financiera
a un plazo de diez años, incrementando sus disponibilidades líquidas a
corto plazo.
Madrid, 16 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/007000
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Batet Lamaña, Meritxell; Vallès Vives, Francesc y Zarrías Arévalo,
Gaspar Carlos (GS).
Respuesta:
Los datos indicados a continuación, relativos al procedimiento de pago a
proveedores previsto en el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por
el que se determinan obligaciones de información y procedimientos
necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a
los proveedores de las entidades locales, no deberán considerarse como
definitivos, al no haber concluido dicho procedimiento.
Los ayuntamientos de la provincia de Tarragona a los que se les aplicará
retención sobre la participación en tributos del Estado se presentan en
el siguiente cuadro, junto con la cuantía abonada tras la primera fase
del procedimiento de pago a proveedores:
Nombre de corporación;Importe ()
Altafulla;204,73
Argentera (L');224.738,14
Banyeres del Penedès;214.085,71
Barberà de la Conca;17.788,23
Bellmunt del Priorat;5.023,76
Benifallet;1.028.820,95
Benissanet;7.058,96
Bot;61.506,32
Cabacés;4.275,00
Castellvell del Camp;1.132.225,28
Creixell;6.620.241,06
Cunit;16.212.413,33
Duesaigües;35.119,59
Maspujols;6.671,24
Montblanc;197,08
Móra la Nova;63.127,53
Morera de Montsant (La);40.429,36
Passanant i Belltall;129.031,06
Paüls;204.251,36
Perelló (El);34.408,29
Riudecols;13.108,00
Sant Jaume dels Domenys;438.808,15
Santa Bàrbara;54.178,71
Pontils;289.622,74
Solivella;125.709,41
Tivissa;498.759,48
Torredembarra;44.903,21
Vallmoll;15.421,08
Vilabella;117.672,03
Vilanova d'Escornalbou;417.772,89
Vilaplana;34.381,89
Nombre de corporación;Importe ()
Vilella Baixa (La);4.059,20
Vilalba dels Arcs;232.935,10
Vimbodí i Poblet;465.621,78
Aldea (L');388.403,51
De estos municipios, seis han presentado planes de ajuste en una
ampliación del periodo que se ha habilitado en la primera quincena de
junio. Dichos municipios son: L'Argentera, Castellvell del Camp, Paüls,
Sant Jaume dels Domenys, Tivissa y Vilabella.
Madrid, 16 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/007071
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: González Ramos, Manuel Gabriel (GS).
Respuesta:
La información solicitada puede encontrarse en la siguiente dirección
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/Presup/PGE2012Proyecto/MaestroDocumentos/PGE-ROM/N_12_A_V_2_R.htm
Madrid, 22 de junio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/007083
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lucio Carrasco, María Pilar (GS).
Respuesta:
El objetivo del Plan de Empleo para mujeres es eliminar las dificultades
que tienen éstas para incorporarse y mantenerse en el mercado laboral y
para participar en todos los sectores y a todos los niveles en
condiciones de igualdad. El Plan contará con un diagnóstico inicial de
situación y un análisis de las causas que producen las desigualdades en
el ámbito laboral.
En función de los resultados que se obtengan, se desarrollarán los ejes de
actuación prioritarios, los objetivos generales y específicos a alcanzar
en cada uno de los ejes, y las actuaciones necesarias para alcanzar los
objetivos establecidos.
A su vez cabe indicar que el Gobierno ha aprobado, en el Consejo de
Ministros del pasado 6 de julio, el Acuerdo por el que se aprueba el Plan
Anual de Política de Empleo para 2012, que, en el marco de la Estrategia
de Empleo 2012-2014, recoge los objetivos y el conjunto de medidas a
desarrollar por los Servicios Públicos de Empleo estatal y autonómicos en
materia de políticas activas de empleo y formación.
El Plan comprende 522 acciones incluidas en los 10 ámbitos de actuación
siguientes:
Orientación profesional
Formación y cualificación
Fomento de la contratación
Oportunidades de empleo y formación
Fomento de la igualdad de oportunidades
Oportunidades para colectivos con especiales dificultades
Autoempleo y creación de empresas
Desarrollo de la actividad económica territorial
Fomento de la movilidad
Proyectos integrados
Madrid, 6 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/007088
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Blanco López, José (GS).
Respuesta:
El Real Decreto-Ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del
sistema financiero (RD-Ley 2/2011) estableció unos nuevos y más elevados
requisitos regulatorios en materia de capital, lo que ha supuesto una
aplicación adelantada y exigente de los nuevos estándares internacionales
de capital.
Previendo la posibilidad de que no todas las entidades pudieran captar
capital en los mercados de capital básico en los plazos allí dispuestos,
el artículo 9 del Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre
reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las
entidades de crédito (RD-Ley 9/2009) estableció que 'el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria podrá adoptar medidas de apoyo
financiero, tales como la adquisición de acciones ordinarias
representativas del capital social o aportaciones al capital social de
las entidades, que, sin incurrir en las circunstancias establecidas en el
artículo 6 del presente Real Decreto-Ley, necesiten reforzar sus recursos
propios y así lo soliciten'.
El apartado 2 de dicho artículo señaló que 'La suscripción de los títulos
a los que se refiere el apartado anterior estará condicionada a la
elaboración por la entidad solicitante de un plan de recapitalización,
con el contenido que se precisa en el Capítulo II. Dicho plan deberá ser
aprobado por el Banco de España, que deberá suministrar la información
del mismo al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Dirección
General del Tesoro.'
Mediante escrito de 28 de marzo de 2011, Novacaixagalicia (entidad que
está en el origen de Novagalicia Banco) presentó al Banco de España, para
su aprobación, la estrategia y calendario de cumplimiento de los nuevos
requisitos de capital principal dispuestos en el artículo 1 del RD-Ley
2/2011.
Con fecha 14 de abril de 2011, la Comisión Ejecutiva del Banco de España
acordó aprobar la estrategia y calendario de cumplimiento de los nuevos
requisitos de capital principal dispuestos en el RD-Ley 2/2011, diseñados
por Novacaixagalicia. En la misma fecha se remitió escrito al Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria-FROB comunicándole la aprobación
mencionada, en cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo del
apartado 3 de la disposición transitoria primera del RD-Ley 2/2011.
La Comisión Rectora del FROB prestó su conformidad a la estrategia y se
comprometió a dar apoyo financiero. En la medida, en que no hubo
impedimento, se concedió el apoyo solicitado.
Además, el apartado 8 del artículo 9 del Real Decreto Ley 9/2009 dispone,
en su actual redacción, que 'a fin de asegurar una mayor eficiencia en el
uso de los recursos públicos la desinversión por el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria de los títulos suscritos en ejercicio
de las funciones que se le encomiendan en este artículo se realizará
mediante su enajenación a través de procedimientos competitivos y dentro
de un plazo no superior a los tres años a contar desde la fecha de su
suscripción. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria podrá adoptar
cualquiera de las medidas previstas en el apartado 3 del artículo 7 para
apoyar el procedimiento competitivo de desinversión'.
Por lo tanto, lo fundamental en este supuesto es que la desinversión se
pueda hacer de la manera más ventajosa y eficiente, de tal modo que la
integración de la entidad intervenida al mercado se haga en la mejor de
las condiciones y con total respeto de la normativa española y de la
Unión Europea en materia de competencia y ayudas de Estado. En
consecuencia, se considera muy favorable para el proceso de desinversión
que el FROB tenga la capacidad de evaluar, con objetividad, cuál de las
ofertas presentadas resulta más favorable, tanto desde una perspectiva
económica, como en términos de estabilidad financiera.
A la vista de todo lo anterior, será necesario analizar las ofertas que se
presenten en el proceso competitivo que se pueda llevar a cabo y valorar
cuál es la más favorable, a los efectos de determinar qué solución se da
a Banco Novagalicia. Este procedimiento es el que se ha seguido con el
resto de entidades en su misma situación.
Madrid, 3 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/007234
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Coscubiela Conesa, Joan (GIP).
Respuesta:
De las entidades participadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria-FROB en su capital, se han limitado las remuneraciones según lo
establecido por el Real Decreto-Ley 2/2012 a 9 directivos pertenecientes
al colectivo de presidentes ejecutivos, consejeros delegados y
directivos. Respecto al colectivo de miembros de los órganos colegiados
de administración, esta limitación ha alcanzado a 10 consejeros.
Las limitaciones en cuanto a remuneraciones establecidas en el Real
Decreto-Ley 2/2012 se han implementado en todas las entidades en las que
el FROB tiene una participación mayoritaria.
El importe total aproximado de las reducciones de las remuneraciones de
los directivos y administradores, que actualmente continúan en las
entidades, es de 4.380 mil euros anuales.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el ahorro para estas entidades ha
sido significativamente mayor, debido a que, con la entrada del FROB en
el capital de estas entidades: a) se redujo significativamente el número
de miembros de los consejos de administración; b) algunos directivos con
remuneraciones significativamente más elevadas que el límite establecido
en el Real Decreto-Ley 2/2012 abandonaron las entidades en fechas
anteriores a la entrada del FROB en el capital; y c) tras la entrada del
FROB se produjo una reorganización de la representación de las entidades
en los consejos de administración de sus sociedades filiales y
participadas.
Cabe señalar que de conformidad con el apartado 1 del artículo 5 del Real
Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero 'los administradores y los directivos
de las entidades de crédito participadas mayoritariamente por el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria no percibirán, durante el ejercicio
2012, retribución variable ni beneficios discrecionales de pensiones. Sin
perjuicio de lo anterior, las entidades previstas en este apartado
ajustarán las condiciones retributivas de sus administradores y
directivos a las previstas en el apartado 3 de este artículo y en la
normativa que se dicte en desarrollo del mismo'.
El régimen de retribuciones a partir de 2013 viene establecido en el
apartado 3 del artículo 5 de la norma, que se remite para su desarrollo a
una orden ministerial, actualmente en tramitación. El proyecto de Orden
ha sido sometido a audiencia pública y se ha remitido al Consejo de
Estado, que se pronunciará sobre el mismo con carácter previo a su
aprobación.
Madrid, 5 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/007376
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ramón Utrabo, Elvira (GS).
Respuesta:
Los datos indicados a continuación, relativos al procedimiento de pago a
proveedores previsto en el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por
el que se determinan obligaciones de información y
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación
para el pago a los proveedores de las entidades locales, no deberán
considerarse como definitivos, al no haber concluido dicho procedimiento.
La relación de proveedores y las cuantías correspondientes a cada uno de
ellos tienen consideración de información protegida por la Ley Orgánica
15/1999, de 13 diciembre, de protección de datos de carácter personal,
por lo que no se pueden facilitar, a título individual, en ningún caso.
No obstante, en términos agregados, a nivel provincial, se informa que 132
entidades locales de Granada han quedado incluidas en el ámbito de
aplicación del citado mecanismo de financiación, habiéndose pagado por el
Fondo de Financiación que, a estos efectos, se constituyó, un importe de
314,4 millones de euros, correspondientes a 73.445 facturas de 5.330
proveedores. De éstos, 2.042 son autónomos, 3.116 PYMEs y 172 son grandes
empresas.
Es preciso aclarar que los proveedores no van a cobrar conforme a los
planes de ajuste, como se indica en la pregunta. Los proveedores de las
entidades locales han recibido o recibirán las transferencias
correspondientes, porque han debido concurrir estos requisitos: que las
entidades locales hayan incluido las deudas, o bien en las relaciones
certificadas que enviaron al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas hasta el día 15 de marzo, y respecto de las cuales los
proveedores aceptaron la aplicación del citado Real Decreto-Ley 4/2012, o
bien en los certificados individuales de reconocimiento de deudas que, en
su caso, han debido emitir, a petición de los proveedores, y comunicar al
citado Departamento. Estas actuaciones y requisitos son independientes de
la existencia de un plan de ajuste.
Madrid, 16 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/007378
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sáez Jubero, Àlex (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Instituto del
Patrimonio Cultural de España (IPCE), ha iniciado una investigación en
colaboración con la Dirección General de Patrimonio Cultural de Castilla
y León y la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat de
Cataluña, para determinar el origen del claustro localizado en la finca
privada de Mas del Vens de Palamós (Girona).
En el supuesto de que se confirme la autenticidad del claustro, las
medidas a adoptar para su protección efectiva serán decididas por la
Generalitat de Cataluña en el ejercicio de sus competencias, y con la
colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte cuando se
solicite dicha colaboración y no se interfiera en el desarrollo de las
competencias autonómicas.
Madrid, 10 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/007541
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Valerio Cordero, Magdalena (GS).
Respuesta:
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) dispone de instrumentos financieros
a los que se pueden acoger las pequeñas y medianas empresas. Entre ellos,
las siguientes líneas de mediación: ICO-Inversión, ICO-Liquidez,
ICO-Internacionalización, ICO-Rehabilitación, ICO-Emprendedores y, como
novedad, ICO-Garantía SGR e ICO-Exportadores.
Para impulsar la actividad empresarial y evitar la destrucción de empleo,
se ha establecido un mecanismo extraordinario de financiación a través
del plan de pago a proveedores. En este sentido, los proveedores de las
Comunidades Autónomas han comenzado a cobrar la cantidad de 17.718,55
millones de de facturas pendientes, de las que dos de cada tres se
adeudaban a pequeñas y medianas empresas, lo que supone una inyección de
liquidez a la economía a través de los proveedores, que tendrá un efecto
directo muy positivo sobre el empleo.
De este modo, concluye la segunda fase del mecanismo de pago a
proveedores, después de que recientemente se abonara un importe de
9.263,15 millones de euros a proveedores de Ayuntamientos y Diputaciones
Provinciales.
A su vez, la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) dispone de una serie
de líneas de financiación para emprendedores y empresas innovadoras,
alguna específica para las pymes. En concreto, Línea PYME, Línea de
Empresas de Base Tecnológica (Línea EBT), Línea de Cofinanciación con
Business Angels, Línea de Cofinanciación con Sociedades de Capital
Riesgo, Línea de Cofinanciación con Agencias de Desarrollo Regional y
Línea D-diseño. Adicionalmente, ENISA cuenta entre sus líneas de
financiación para el crecimiento empresarial, con la Línea para la
adquisición y fusión de pequeñas empresas y Línea de apoyo financiero
para la salida de pyme al Mercado Alternativo Bursátil.
Además, la Dirección General de Industria y de la PYME dispone del
Programa de Avales para las pymes, que actúa por medio del
reafianzamiento a las Sociedades de Garantía Recíproca con la finalidad
de facilitar el acceso de las pymes a fuentes de financiación y del
Programa de Fondos de Titulización de Activos para PYME (FTPYME), que
cuenta con el aval del Estado para respaldar los bonos emitidos por estos
Fondos con la condición de que las entidades financieras que les ceden
sus activos reinviertan, al menos en un 80%, la liquidez obtenida en
nuevos créditos para pymes.
En el primer semestre de este año, el Gobierno ha impulsado medidas
dirigidas al saneamiento del sector financiero, y se ha conseguido
financiación europea para la recapitalización de las entidades
financieras más débiles, lo que permite generar confianza con respecto a
la solvencia de las entidades, como condición necesaria e imprescindible
para que haya disponibilidad de crédito.
Por otra parte, en el marco de incentivación regional para la corrección
de los desequilibrios económicos interterritoriales, para los proyectos
localizados en la provincia de Guadalajara, se puede conceder una
subvención máxima del 30% sobre la inversión aprobada, según lo previsto
en el Real Decreto 168/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la
zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
En consecuencia, las diversas actuaciones puestas en marcha pretenden
implantar mecanismos incentivadores que permitan hacer frente a los
desequilibrios existentes, y garanticen un crecimiento de la economía
española que permita la generación de empleo.
Madrid, 10 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/007586
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sixto Iglesias, Ricardo (GIP).
Respuesta:
Las personas designadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria-FROB para desempeñar las funciones que le corresponden en su
condición de administrador provisional de Banco de Valencia, S.A.,
encomendaron a una firma independiente la elaboración de un informe sobre
una serie de operaciones, presuntamente irregulares, realizadas con
anterioridad a la intervención de la entidad.
El informe ha revelado la existencia de una serie de actuaciones que
presentan indicios con trascendencia jurídico-penal, por lo que el Banco
de Valencia ha procedido a denunciarlos ante la Audiencia Nacional el
pasado día 5 de junio, encontrándose actualmente sometidos al
conocimiento de la autoridad judicial.
Las irregularidades relativas a operaciones vinculadas a la sociedad Aguas
de Valencia se recogen, asimismo, en el informe que ha sido remitido a la
Audiencia Nacional.
Al igual que en el resto de participaciones industriales titularidad del
Banco de Valencia, el objetivo de la administración provisional es
maximizar su valor y rentabilidad, ya sea mediante su venta o manteniendo
la participación.
Al detectar las irregularidades que constan en el informe a que se ha
hecho referencia y verificar que el valor de la participación había
disminuido considerablemente, se ha decidido plantear al consejo de Aguas
de Valencia la incorporación de nuevos consejeros por parte de Banco de
Valencia (actualmente 1 de 15) a fin de estar en disposición de seguir
más de cerca la gestión y, por tanto, la evolución del valor de la
empresa.
El FROB no ha recibido ninguna oferta del consejo de administración de
Aguas de Valencia.
Eugenio Calabuig (presidente del consejo de administración de Aguas de
Valencia), a título personal, realizó, en febrero de 2012, una oferta de
compra por las acciones que Banco de Valencia tiene en la sociedad
Inversiones Financieras Agval, S.A. (propietaria del 60,68% de Aguas de
Valencia), que no fue aceptada por considerar el precio ofrecido inferior
al valor razonable de la sociedad.
Madrid, 5 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/008530
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Tudanca Fernández, Luis (GS).
Respuesta:
La grave situación económica por la que atraviesa nuestro país ha obligado
a realizar de manera insoslayable unos necesarios ajustes
presupuestarios. En estas circunstancias se van a realizar en la
provincia de Burgos todas las inversiones en infraestructuras que puedan
servir al objetivo de crear riqueza, actuar como motor de la economía,
generar empleo y mejorar el bienestar de todos los ciudadanos,
favoreciendo la mejora de nuestra competitividad, así como de la cohesión
social y territorial.
La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2012, publicada en el BOE de 30 de junio, recoge las inversiones
para la provincia de Burgos en el Anexo de Inversiones de los
Presupuestos Generales del Estado para 2012.
Madrid, 13 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/008578
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Cortizo Nieto, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En respuesta a la pregunta de referencia, el Gobierno manifiesta que, a
modo de simple enumeración no exhaustiva, se pueden citar las siguientes
medidas en relación con el asunto interesado:
Intensa labor de difusión de las razones que asisten a la empresa
española REPSOL - YPF por parte del Presidente del Gobierno y de los
Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación así como del Ministro de
Industria, Energía y Turismo, entre otros, en todos los contactos
internacionales habidos en los primeros meses posteriores a la
expropiación.
Elaboración por la Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales de una nota explicativa del contencioso, y difusión a
todas las Representaciones de España en el exterior.
Intenso diálogo desde la Embajada de España en Argentina con los
distintos sectores de la sociedad argentina (partidos políticos, medios
de comunicación, asociaciones, foros, etc.) para explicar la postura del
Gobierno de España en la defensa de los intereses españoles.
Reuniones del Embajador de España en Argentina con las empresas
españolas presentes en el país respecto a la situación de inseguridad
creada a raíz de la expropiación de YPF.
Reunión con representantes de REPSOL previas y posteriores a la
expropiación.
Gestiones diplomáticas desde la Embajada de España en Washington ante
los foros económicos de inversores afectados.
Gestiones diplomáticas en todas las Representaciones de España en el
exterior, contactos con los medios de comunicación y Administraciones
Públicas en explicación del contencioso.
Gestiones diplomáticas ante diversos foros multilaterales, desde las
Representaciones de España en París ante la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), desde la Representación
Permanente de España ante la Unión Europea (REPER) en Bruselas ante la
Comisión Europea, desde la Representación Permanente en Washington ante
la Organización de los Estados Americanos (OEA) desde la Misión
Permanente de España en Ginebra ante los diversos Organismos
Internacionales. Todo ello redundó en la elaboración de sendos informes
insistiendo en la postura de reforzar la seguridad jurídica de las
inversiones en terceros países. En el caso de la OCDE el informe cita
explícitamente el caso de REPSOL-YPF.
Presentación informal del tema durante la última reunión del G-20 en Los
Cabos (México). En las Conclusiones de la reunión, aunque no se cita ni
Repsol ni Argentina, la insistencia en reforzar y asegurar la seguridad
jurídica para la inversiones fue entendida por todos como referida a ese
caso.
Presentación ante el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
de carta relativa al Programa PRODERI 'Desarrollo Rural Incluyente en
Argentina', por la que España anunciaba la retirada de los fondos para
ese programa.
Reunión con la Elliot Management Corporation, Empresa responsable de la
gestión de cobros de los países acreedores de Argentina.
Club de París. Informe de España en la sesión del Club de Paris del mes
de mayo de 2012. España informó que a raíz de la nacionalización de YPF,
votará en contra de los proyectos de Argentina que se presenten en las
Instituciones Financieras Internacionales.
Agilización administrativa del Proyecto de Orden Ministerial por el que
se establece un sistema de asignación de cantidades de biodiésel para el
cómputo en los objetivos obligatorios establecidos. El proyecto contaba
con los preceptivos informes favorables de la Comisión Nacional de
Energía (CNE) y del Consejo de Estado. La Orden Ministerial IET/822/2012
de 20 de abril de 2012, (BOE 21 de abril de 2012), por la que se regula
la asignación de cantidades de producción de biodiésel para el cómputo
del cumplimiento de los objetivos obligatorios de biocarburantes, entró
en vigor el 22 de abril de 2012. Como se señala en el informe del Consejo
de Estado, las objeciones que al proyecto podrían formularse desde el
punto de vista de las obligaciones de España en el marco de la
Organización Mundial del Comercio pueden descartarse a la vista de los
argumentos que asisten a la posición española, en el marco del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en lo referente a las
exigencias imperativas de protección de ciertos intereses tales como la
protección del medio ambiente o la seguridad del abastecimiento
energético. Asimismo, la Comisión Nacional de Energía, como se indica en
su informe, encuentra justificada la medida, de acuerdo con las razones
previstas en el preámbulo del proyecto (política energética, desarrollo
de la industria nacional de producción de biodiésel, protección del medio
ambiente, seguridad en el suministro e independencia energética).
Madrid, 16 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/008586
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Cortizo Nieto, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El sistema de responsabilidad de los administradores y miembros de
consejos de administración de entidades de crédito está recogido en
normas de diversa naturaleza, dependiendo del tipo de responsabilidad que
se pretenda exigir.
Por un lado, se pueden instar procedimientos de responsabilidad penal o
civil que se pudiera derivar de las actuaciones realizadas por los
administradores y miembros de consejos de administración en el ejercicio
de sus funciones. A estos efectos, la Fiscalía General del Estado ya ha
instado procedimientos penales para clarificar la responsabilidad de
administradores y miembros de consejos de administración de diferentes
entidades.
Por otro lado, hay que hacer mención particular al régimen de disciplina
previsto en el Título I de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre
Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, referido al
régimen sancionador de las entidades de crédito.
Esta Ley contiene un catálogo de infracciones muy graves, graves y leves
que llevan acompañadas las correspondientes sanciones, que podrán recaer
tanto en la entidad de crédito, como en los cargos de administración
responsables de la infracción. En este caso, sería el Banco de España la
institución encargada de instruir los procedimientos.
Madrid, 10 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/008587
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Cortizo Nieto, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), publicado por el Centro de
Investigaciones Sociológicas, se situó en abril en 50,3 puntos, nivel
13,4 puntos inferior al registrado en el mes previo, y por debajo de 100,
lo que indica una percepción negativa de los consumidores. Este descenso
se explica por la caída tanto del componente de valoración de la
situación actual, como, del de expectativas.
Según la información más reciente publicada por el Centro de
Investigaciones Sociológicas, el ICC mejoró en mayo dos décimas, hasta
situarse en 50,5 puntos, debido a un ligero repunte en el índice de
expectativas, mientras que el de la situación actual experimentó un nuevo
descenso. En ambos casos, el componente de situación del hogar repunta,
especialmente el de las expectativas, debido a un incremento del
porcentaje de los entrevistados que prevén un mantenimiento de la
situación, mientras cae el de los que esperan un mayor deterioro.
En la medida en que las principales fuentes de incertidumbre se vayan
despejando, sobre todo en lo que concierne a las tensiones en los
mercados de deuda soberana, y teniendo en cuenta los descensos del ICC,
cabría esperar una lenta recuperación de este indicador aunque,
posiblemente, no exenta de nuevas flexiones puntuales a la baja.
Madrid, 10 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
184/008611
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gordo Pérez, Juan Luis (GS).
Respuesta:
El Gobierno se remite a la información facilitada a Su Señoría, en
respuesta a la iniciativa 184/4614, con nº de registro de entrada en la
Cámara 20128, de fecha 25 de junio de 2012.
Madrid, 10 de julio de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.
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