DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2023 XIV LEGISLATURA Núm. 177

DE SEGURIDAD NACIONAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. CARLOS ARAGONÉS MENDIGUCHÍA

Sesión núm. 18

celebrada el martes,

28 de marzo de 2023

en el Palacio del Congreso de los Diputados

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Relativa a declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional, con el fin de prevención, protección y disuasión del proceso de radicalización del terrorismo yihadista tras el ataque terrorista sufrido en la localidad de Algeciras
el 25 de enero de 2023. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 161/004754 y número de expediente del Senado 663/000236) ... (Página2)


- Relativa a la creación de un Sistema Nacional de Inteligencia Económica. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 161/004833 y número de expediente del Senado
663/000240) ... (Página8)


- Sobre la integración de las comunidades autónomas y ciudades autónomas en el Sistema de Seguridad Nacional. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 161/004928 y número de
expediente del Senado 663/000246) ... (Página12)


Votaciones ... (Página17)


Comparecencia de la señora Rodríguez de las Heras Ballell (profesora titular de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III de Madrid, miembro del Grupo de Expertos de la Comisión Europea sobre la Economía de Plataformas y del Grupo de
Expertos sobre Inteligencia Artificial y Responsabilidad), en relación con el estudio del fenómeno de la desinformación y de las fake news, con efectos disruptivos en la sociedad. Por acuerdo de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 219/001018 y número de expediente del Senado 715/000875) ... (Página18)

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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- RELATIVA A DECLARAR LA SITUACIÓN DE INTERÉS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL, CON EL FIN DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y DISUASIÓN DEL PROCESO DE RADICALIZACIÓN DEL TERRORISMO YIHADISTA TRAS EL ATAQUE TERRORISTA SUFRIDO EN LA LOCALIDAD DE ALGECIRAS
EL 25 DE ENERO DE 2023. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 161/004754 y número de expediente del Senado 663/000236).


El señor PRESIDENTE: Si a sus señorías les parece oportuno, damos comienzo a la sesión de la Comisión. Ya conocen que el primer punto del orden del día son las PNL, presentadas por los grupos Popular, Socialista y VOX, aunque no por este
orden. Después, hay prevista una comparecencia. Para los que no son miembros de la Ponencia, hemos creído oportuno que se hiciera en Comisión para aprovechar el día. Les invito a aquellos que tengan cierto interés en la materia a que se queden,
porque se realiza desde una perspectiva que hasta ahora no hemos oído los miembros de la Comisión, es un abordaje a las plataformas pero como empresas mercantiles. En la Ponencia lo creímos necesario para una eventual regulación de la
desinformación en medios y en redes, que es el asunto que nos trae cuenta a la Ponencia y, finalmente, le trae cuenta a la Comisión.


El primer punto del orden del día es la proposición no de ley relativa a declarar la situación de interés para la seguridad nacional, con el fin de prevención, protección y disuasión del proceso de radicalización del terrorismo yihadista
tras el ataque terrorista sufrido en la localidad de Algeciras el 25 de enero de 2023. La presenta el Grupo Parlamentario VOX. Me informan que la va a exponer el diputado Zambrano, al que damos la bienvenida a la Comisión.


No hemos hablado de tiempos. No más allá de siete minutos, entiendo yo. Si le parece insuficiente, vamos ampliando. Simplemente a efectos de comprimir un poco los tiempos, para que podamos terminar a la hora de comer el debate de las
proposiciones no de ley y la comparecencia. Téngalo en cuenta el portavoz proponente y el resto, si lo tienen a bien.


Adelante, señor Zambrano.


El señor ZAMBRANO GARCÍA-RAEZ: Con la venia, señor presidente.


Quiero hacer constar, en primer lugar, que mi grupo ha aceptado la enmienda formulada por el Partido Popular (aplausos), con lo cual la propuesta que hace este grupo queda redactada, en su parte dispositiva, como sigue: que en la próxima
convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional se realice un informe sobre la situación y la incidencia del terrorismo yihadista en España y, conforme a sus funciones, valore la adopción de las medidas necesarias en materia de seguridad nacional. Y
un segundo punto instando al Gobierno a intensificar la labor que desarrollan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para combatir el terrorismo yihadista.


Este grupo considera que se dan las circunstancias para declarar la situación de interés para la seguridad nacional, pero pensamos que este es un tema en el que debe haber el mayor consenso posible y que la propuesta del Partido Popular es
proporcionada a la situación. Señorías, la Audiencia Nacional investiga como ataque terrorista la muerte a puñaladas de un sacristán el Algeciras, las heridas a un sacerdote de otra parroquia y al menos a tres personas más. Recordemos que la
policía detuvo el pasado enero a Yasin Kanza, de origen marroquí, como autor de los apuñalamientos en la iglesia de La Palma, donde falleció el sacristán Diego Valencia, y en la puerta del templo de San Isidro, donde el arrestado dejó malherido al
párroco Antonio Rodríguez. Recordemos que Yasin Kanza, de veinticinco años, tenía una orden de expulsión de España desde junio del año 2022, al encontrarse en situación ilegal; una orden de expulsión que las autoridades españolas no ejecutaron.


Este atentado se sumaría al ataque terrorista de septiembre del año 2022 en Torre Pacheco, en la provincia de Murcia, en el que fueron asesinadas dos personas. En esta acción el terrorista dejó una carta asegurando que era un atentado
contra infieles y un testigo asegura haberle visto incluso efectuar una oración de despedida. Estas acciones criminales no son aisladas y, entre otras, se sumarían nada más y nada menos que a los atentados de Barcelona del año 2017. Las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado nos vienen advirtiendo desde hace ya mucho tiempo de la posibilidad de que terroristas yihadistas se infiltren en España vía las embarcaciones que transportan a los emigrantes ilegales.

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Aparte de los atentados mencionados anteriormente, otro ejemplo de cómo los terroristas utilizan redes de emigración ilegal fueron los atentados de París del 13 de noviembre de 2015, con 130 fallecidos. La mayoría de los terroristas habían
llegado a Europa camuflados como inmigrantes o refugiados. Como exponemos en nuestra proposición no de ley, la Ley de Seguridad Nacional define el concepto de seguridad nacional como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los
derechos y el bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir, junto a nuestros socios y aliados, a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos
asumidos. Los principios básicos que describe la ley establecen que se deben orientar las políticas de seguridad nacional, en su artículo 4, a la unidad de acción, anticipación, prevención, eficiencia, sostenibilidad en el uso de los recursos,
capacidad, resistencia y recuperación, coordinación y colaboración. Resulta evidente -y debemos ser muy conscientes de ello- que, por tanto, el enfoque se tiene que dirigir hacia una política de seguridad nacional que debe ser proactiva, nunca de
carácter pasivo, un concepto esencial que debemos tener en cuenta.


Una vez definido el objeto central y mencionados los principios rectores, la ley describe igualmente los ámbitos de especial interés de la seguridad nacional. Concretamente, en el artículo 10 se señalan algunos. Recordemos que se trata, en
definitiva, de ámbitos de especial interés de la seguridad nacional aquellos que requieren una atención específica y no cabe duda que los hechos relatados y los que todos conocemos nos llevan a considerar que, efectivamente, estamos hablando de un
ámbito donde se requiere esa específica atención porque ello es básico, como dice la ley, para preservar los derechos y las libertades, así como el bienestar de los ciudadanos y para garantizar otras circunstancias.


Por otro lado, la ley establece qué es una situación de interés para la seguridad nacional, y establece un criterio, como exponemos en nuestra proposición no de ley, que consideramos también esencial. Dice que la gestión de crisis se
desarrollará en la situación de interés para la seguridad nacional adaptándose a las específicas circunstancias de la misma. Es esencial, por tanto, que encontremos los instrumentos para adaptarnos a la situación creada y, evidentemente, de acuerdo
con la ley. La situación de interés para la seguridad nacional es aquella que requiere -dice la ley- de la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno,
evidentemente. Por lo tanto, hablamos de una situación que requiere, como dice la ley, enfrentarla con los poderes y los medios ordinarios de las distintas administraciones públicas y, evidentemente -como también dice la ley-, en ningún caso podrá
implicar la suspensión de derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos.


En el siguiente plano normativo se encuentra la Estrategia de Seguridad Nacional, que es, según el artículo 4.3 de la Ley de Seguridad Nacional, el marco político estratégico de referencia de la política de seguridad nacional. Contiene el
análisis del entorno estratégico, concreta los riesgos y amenazas que afectan a la seguridad de España, define las líneas de acción estratégicas en cada ámbito de actuación y promueve la optimización de los recursos existentes. Por tanto, señorías,
aun sustituyendo nuestro petitum de la PNL, consideramos que lo que se solicita es proporcionado, necesario y coherente con la ley, e instamos a sus señorías a apoyar este PNL para que nos dirijamos al Gobierno en el sentido indicado.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zambrano, por su explicación.


Ha sido aceptada la enmienda presentada por el Grupo Popular, al que le doy la palabra. La senadora Ruiz-Sillero tiene la palabra por el Grupo Popular. El anterior portavoz ha sido bastante escueto, a pesar de que disponía de más tiempo,
por lo que invito a lo mismo a la siguiente oradora.


La señora RUIZ-SILLERO BERNAL: Muchas gracias, señor presidente.


¿Sería para la defensa de la enmienda o para el posicionamiento?


El señor PRESIDENTE: Para todo.


La señora RUIZ-SILLERO BERNAL: Muchas gracias. Así lo haremos.


Quiero empezar agradeciendo al Grupo Parlamentario VOX que acepte nuestra enmienda de sustitución. Consideramos el Grupo Parlamentario Popular que desde todos los poderes del Estado se debe combatir el terrorismo y, en el caso que nos
ocupa, el terrorismo yihadista. El Estado debe estar alerta y actuar con discreción y sin estridencias, con análisis certero de la situación. Por eso, el Grupo

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Parlamentario Popular presenta esta enmienda de sustitución. No compartimos parte de la exposición de motivos redactada por VOX. En ese sentido, se ha modificado el petitum. Queremos aplicar la Ley de Seguridad Nacional pero sin otorgarle
al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, el poder único, tal y como se proponía en la iniciativa de VOX, que le daría la facultad para aprobar un real decreto sin más control, con lo cual no estábamos de acuerdo. Por eso, con responsabilidad y
sensatez, y para tener conocimiento exacto de la situación en España del problema del terrorismo yihadista, presentamos esa enmienda en la que, si me permiten, voy a insistir. En primer lugar, pedimos, que se inste al Gobierno a que en la próxima
convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional se realice un informe sobre la situación y la incidencia del terrorismo yihadista en España y, conforme a sus funciones, valore la adopción de las medidas necesarias en materia de seguridad nacional.
En segundo lugar, pedimos intensificar la labor que desarrollan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para combatir el terrorismo yihadista.


Tenemos un problema en España. Principalmente, el origen de esta proposición no de ley es el asesinato del sacristán en Algeciras. Ante esa terrible muerte, queremos, en primer lugar, desde el Partido Popular, mostrar nuestra solidaridad y
trasladar nuestro pésame a toda la familia del sacristán. También solidarizarnos con todo el pueblo de Algeciras. Aquí permítanme que le agradezca al alcalde de Algeciras, el senador José Ignacio Landaluce, su mesura, su templanza a la hora de
afrontar la situación que vivió Algeciras, donde todos los ciudadanos algecireños estaban conmocionados por la situación. En el funeral, todos los diputados, todos los cargos de la provincia de Cádiz, arropamos al alcalde, como máximo representante
de la ciudad de Algeciras, arropamos a todos los algecireños. Ahí tengo que decir que, si bien habían acudido los días anteriores tanto el ministro del Interior como el subdelegado del Gobierno en la Junta de Andalucía, el día del funeral no hubo
ninguna representación del Gobierno de España, lo cual echamos en falta. También acudió el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. En ese momento, desde el Partido Popular y desde todas las instituciones, queríamos trasladar nuestro
pesar y nuestra condolencia a la familia del sacristán, Diego Valencia. Era el momento de trasladar esa condolencia y sentir que estaban arropados por todos.


Esa es la idea que tenemos en el Partido Popular de trabajar siempre sin estridencias, con responsabilidad, con sensatez, analizando la situación, valorando los informes redactados por expertos competentes, apoyando siempre la labor de las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dotándoles de más medios para luchar contra el terrorismo en general y contra el terrorismo yihadista en particular. Por eso hemos querido presentar esta enmienda y solicitamos que la apoyen los demás
grupos políticos porque, sin duda alguna, si tenemos más conocimiento a través del informe que se realice por el Consejo de Seguridad Nacional, será bueno para la seguridad de todos los españoles.


Muchísimas gracias. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora.


¿Quién desea manifestar posición? (Pausa). Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados.


Plantea el Grupo Parlamentario VOX una iniciativa relativa a declarar la situación de interés para la seguridad nacional, con el fin de prevención, protección y disuasión del proceso de radicalización del terrorismo yihadista tras el ataque
criminal perpetrado en la localidad de Algeciras hace dos meses. Me parece razonable la inquietud por este hecho que se produjo cuando en España se viene aplicando desde hace casi ocho años el denominado nivel 4 de alerta antiterrorista; nivel que
se declaró, como todos ustedes recordarán, tras los gravísimos atentados yihadistas producidos en Francia, Túnez, Kuwait y Somalia en julio de 2008. Señorías, quisiera poner en valor que en nuestro país tenemos vigente desde los primeros meses de
2015 la denominada Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra el Terrorismo Yihadista, comisión de la que Foro Asturias es impulsora aquí, en el Congreso de los Diputados, si bien tengo que constatar que no ha sido convocada por el Gobierno
desde que lo preside Pedro Sánchez, y eso que es firmante del Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades en la lucha contra el terrorismo, que suscribió con gran solemnidad, junto con el entonces presidente, Mariano Rajoy.


El atentado yihadista que costó la vida de un sacristán y heridas a varias personas, debió merecer, según mi criterio, la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiyihadista y, sin embargo, el Gobierno se ha
desentendido y también ha desatendido la solicitud de varios partidos de la oposición. ¿Dónde estaba el problema? ¿Por qué no se convoca? Pues la respuesta se encuentra en los

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apoyos parlamentarios que son clave para el sostenimiento del Gobierno y que precisamente ni apoyaron el pacto antiyihadismo ni forman parte de la comisión de seguimiento y algunos, caso de EH Bildu, son los depositarios de la antigua
organización terrorista ETA. Hoy el Grupo VOX insta a que se declare la situación como de interés para la seguridad nacional y tiene mucho sentido porque se mantiene un alto nivel de alerta antiterrorista y, sin embargo, se ha producido un hecho
gravísimo que desvela que, aun así, el yihadismo está activo y causa o puede causar mucho daño a los españoles.


No obstante, sigo creyendo en la necesidad de que en este tipo de asuntos, muy especialmente los relacionados con el terrorismo, una lacra que azotó durante décadas a nuestro país, se trate con el más amplio consenso entre las fuerzas
políticas con representación parlamentaria, tal y como reza el último punto del acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo. El diputado señor Zambrano ha expresado la aceptación de la enmienda
del Grupo Popular, en aras de disponer de un texto que pueda recabar mayores apoyos en esta Comisión y contará con mi voto favorable.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: A usted, señoría.


¿Quién más desea manifestar opinión o posición de los grupos? (Pausa). Tiene la palabra por Unidas Podemos el señor Santiago.


El señor SANTIAGO ROMERO: Muchas gracias, presidente.


Nosotros reiteramos nuestra solidaridad con todas las víctimas de la violencia. Esta PNL trae a colación el crimen del 25 de enero de este año en Algeciras, donde fue asesinado Diego Valencia y resultó herido Antonio Rodríguez, cometido por
una persona en evidente estado de enajenación mental. También nos recuerda el crimen de Torre Pachecho del año 2021 -no 2022-, donde falleció una persona, además de suicidarse el autor de los hechos, y lo mezcla con los ataques organizados de
grupos integristas del año 2017 en Las Ramblas de Barcelona. Es evidente que, sin duda alguna, la radicalidad religiosa es un tema peligroso, pero conviene no mezclarlo con otro tipo de problemas o de realidades que no tienen nada que ver. El
concepto de seguridad nacional está dirigido a proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos y, desde luego, el problema del integrismo religioso es una amenaza a la convivencia, máxime cuando se mezclan religión y política.
Conviene ser prudente y no utilizar estos problemas contra la comunidad migrante o la comunidad refugiada en España. La radicalización religiosa tiene ya más de mil años. Recuérdese la época de las cruzadas, cuando los pueblos árabes eran
invadidos por las naciones europeas con la excusa de defender el cristianismo, o los crímenes de la Inquisición, que se cebaron en opositores políticos o en disidentes científicos, también utilizando la desafección religiosa, en este caso contra el
cristianismo. El señor Torquemada nos organizó una auténtica policía política del pensamiento, en nombre de la religión católica. Y recuérdese la condena a Galileo por la Inquisión romana, simplemente por decir que la Tierra no era el centro del
universo, que fue condenado a prisión perpetua hasta su fallecimiento. Menos suerte tuvo Jordan Bruno, que fue quemado por la Inquisición por mantener que el universo era infinito. Y en Valencia, aquí, en España, la verdad es que también tenemos
bastante tradición de intransigencia religiosa. En Valencia, en 1826, fue ejecutada la última persona por la Inquisión. (Rumores).


Señor presidente, si pudiera usted llamar la atención, porque hay mucho escándalo en la sala.


Como decía, en Valencia, en 1826, se produjo la última ejecución de la Inquisición, donde fue ejecutado un maestro por enseñar a sus alumnos. Los casos de Miguel Servet, por ejemplo, que fue quemado vivo por la Inquisición protestante, en
este caso, por Juan Calvino. También fue repudiado por la Iglesia católica. Y recientemente, este fin de semana sin ir más lejos, hemos vuelto a asistir a un espectáculo de intransigencia religiosa, en este caso también evangelista, en un mitin
del Partido Popular en Madrid, mezclando religión y política y generando un peligroso caldo de cultivo integrista. En esto de mezclar religión y política la verdad es que el Partido Popular se parece bastante a VOX. No hay que perder de vista que
la pastora Yadira Maestre ya fue recibida en la calle Génova por la dirección del Partido Popular, concretamente por el vicesecretario electoral del PP de Madrid, Jorge Rodrigo, el 15 de junio del año pasado. Esta señora dirige el Centro Apostólico
Cristo Viene, donde ofrece milagros a sus feligreses a cambio de resistir al diablo en la mente o de resistir al diablo en lo sexual. Condena como inmoral los actos sexuales entre personas que no están casadas a la vez que ofrece cursos y
procedimientos para curar la homosexualidad.


Francamente, mi grupo cree que el control del radicalismo integrista religioso es exhaustivo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y prueba de ello es el escaso número de incidentes y agresiones que se producen en
comparación, por ejemplo, con el terrorismo machista. Los señores de

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VOX magnifican el alcance de este peligro integrista religioso; sin embargo, no realizan ninguna propuesta para garantizar la seguridad nacional para acabar con la violencia contra las mujeres. Solamente en el año 2022 cuarenta y nueve
mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, y también fueron asesinados dos menores. Desde el año 2003 han sido asesinadas 1200 mujeres en España y en lo que va de año ya son once las mujeres asesinadas. Nos parece que su propuesta solo
busca apartar la atención de los ciudadanos de los problemas de violencia reales que padece la sociedad española, que en este momento no es otro que el terrorismo machista, y por eso votaremos en contra.


Gracias. (Un señor diputado: ¡Haberlo dicho directamente!).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Santiago.


El señor SANTIAGO ROMERO: Le rogaría, señor presidente, que mantuviera el orden del público cuando estamos aquí hablando, porque ha sido un poco escandaloso, la verdad.


El señor PRESIDENTE: Acepto el ruego. De todas maneras, es algo habitual. Hay comisiones que son más silenciosas y otras que quizá son más verbosas.


El señor SANTIAGO ROMERO: En esta mañana ha sido el primer escándalo que se ha producido; o sea, que no lo veo tan habitual, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: No le he entendido.


El señor SANTIAGO ROMERO: ¿No me ha entendido? Bueno, ha quedado grabado; no se preocupe si no lo ha entendido. Si ha sido la primera vez en esta mañana, no es tan habitual como usted dice. Ha sido la primera vez en esta mañana que se
ha producido un escándalo ante su absoluta inactividad. Simplemente para que quede constancia. (Risas).


El señor PRESIDENTE: Señor Santiago, yo estoy encantado de que usted venga por aquí y tome la palabra...


El señor SANTIAGO ROMERO: ¡Solo faltaba!


El señor PRESIDENTE: Lo único que le digo es que si quiere moderar el debate, se presente a la Mesa y a esta Presidencia y veremos entonces quién ha de estar al cargo del orden de la Comisión.


El señor SANTIAGO ROMERO: Eso es lo que he hecho, dirigirme a la Mesa exactamente. Es lo que he hecho, sí.


El señor PRESIDENTE: ¿Perdóneme?


El señor SANTIAGO ROMERO: Que es lo que he hecho, dirigirme a la Mesa exactamente. Eso es lo que he hecho.


El señor PRESIDENTE: No, no ha hecho usted eso.


El señor SANTIAGO ROMERO: ¿No he hecho eso? Bueno.


El señor PRESIDENTE: Ha reclamado con insistencia sobre un supuesto en relación con el cual he intentado ilustrarle. Y es que en esta Comisión, no en la jornada de hoy sino en otras jornadas -y le ruego que me conceda el beneficio de la
duda, puesto que suelo asistir más que usted a la misma-, lo que usted llama escándalo o ruido ambiental es habitual. No me atrevo a decir si otras son más silenciosas o no, pero seguro que sí y quizá de esas procedan ustedes, ¿no? En fin, si está
interesado en alguna cuestión más sobre el orden de los debates, con mucho gusto, pero ya en particular, se lo aclaro. Cada cual tiene su percepción y estilo sobre el mismo.


El señor SANTIAGO ROMERO: No, muchas gracias. Creo que ha quedado muy claro todo.


El señor PRESIDENTE: Sí, demasiado claro.


Tiene la palabra el señor Serrada por el Grupo Socialista.

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El señor SERRADA PARIENTE: Muchas gracias, presidente.


En mi grupo estamos un poco sorprendidos por estas piruetas que a veces hace el Partido Popular para acercarse a VOX. Si no pasa nada, díganlo. Si ustedes son de VOX y comparten los argumentos de VOX, lo dicen; sin estridencias y con la
sensatez que a ustedes les caracteriza, lo dicen. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben). Si no están de acuerdo, señorías del Partido Popular, con el discurso xenófobo y racista que inspira esta proposición no de ley, dentro de
esa enmienda que dicen que es para rebajar su radicalidad, la de esta proposición, podían haber introducido ustedes un punto diciendo que están en contra del discurso xenófobo y racista del Partido Popular, pero no lo han hecho. Lo que han hecho ha
sido una enmienda que trata de blanquear de aquella manera esta propuesta del Partido Popular. Señorías del Partido Popular (el señor Gutiérrez Díaz de Otazu: ¡Cuatro veces!), en una cuestión como la xenofobia y el racismo no puede haber
equidistancia y ustedes están siendo equidistantes, con la xenofobia, con el racismo, con la violencia de género, como ocurre en el Gobierno de Castilla y León, y con tantas y tantas otras cosas, señorías del Partido Popular, que están comprando a
VOX. Por lo tanto, si quieren parecerse a VOX, díganlo; y si quieren mantener distancias, hagan enmiendas que mantengan distancias con el discurso radical de VOX, un discurso de odio que, como ha dicho el propio portavoz de VOX, lo que hace es
identificar la xenofobia, el racismo, la inmigración y el yihadismo. Y eso es lo que han comprado ustedes hoy, señorías del Partido Popular.


Vamos a votar que no a esta proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario VOX por tres cuestiones. La primera ya se la he dicho. Para nosotros es la más relevante y sustancial y ustedes, señorías del Partido Popular, como
partido de Gobierno que dicen que son, deberían tenerlo claro a la hora de decidir su posición política en temas esenciales para la democracia y la convivencia de nuestro país. En cuanto a las otras dos cuestiones, señorías de VOX, ustedes tienen
una falta de comprensión lectora importante, pero no se preocupen porque esto se corrige leyendo más, y sobre todo leyendo a diferentes autores, que eso tampoco les vendría mal. Citan los artículos 10, 23 y 24, pero se olvidan del preámbulo y de lo
que este implica en una ley. Se olvidan de que en el último párrafo de ese preámbulo se dice exactamente cuál es la capacidad que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado -en este caso concreto que ustedes dicen- para operar y para
figurar con su autonomía; la de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, pero también la de la Ertzaintza, la de los Mossos d'Esquadra, etcétera. Sé que las policías autonómicas no les gustan, pero deben ser
conscientes de que estas también hacen una importante labor para proteger al conjunto de los ciudadanos de nuestro país, sobre todo en temas antiterroristas.


Tercera cuestión, señorías de VOX, por la que vamos a votar que no. Ustedes manipulan y tergiversan todo el texto y el contenido de la ley para intentar llevar una ley que es de todos a su terreno, y eso es un error. Citan también el
artículo 23 y lo estiran como un chicle, igual que todo el título III de esta Ley de Seguridad Nacional. Creo que no han entendido muy bien -y enlazo otra vez con el tema de su falta de comprensión lectora- que es una situación de interés para la
seguridad nacional, y les quiero recordar que una situación de interés para la seguridad nacional, tal y como se refleja en el propio texto de la ley, es aquella en la que hay que proteger de un riesgo colectivo que amenace la seguridad de toda la
población o de buena parte de ella. Este fenómeno al que ustedes hacen referencia en su intervención y en esta proposición no de ley es un caso aislado, un caso de lobo solitario, y no se ajusta, por lo tanto, a lo que la propia ley define como una
situación de interés para la seguridad nacional. Así pues, señorías de VOX, cometen otro error a la hora de elaborar esta proposición no de ley. Les ruego que para otra vez, en lugar de escribir una proposición no de ley de tantas hojas, lo
sinteticen todo en una hoja de manera más correcta y más ajustada a lo que es un texto legal.


Por último, quiero poner en valor la buena labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también en lo que se refiere a su protección en materia antiyihadista y de lucha contra el terrorismo internacional. En el año 2021 se
llevaron a cabo veintidós operaciones con treinta y nueve detenidos; en el año 2022, veintitrés operaciones con cuarenta detenidos y en lo que llevamos de año, cinco operaciones con siete detenidos. Y esa buena labor de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado se va a mejorar -se está mejorando- con la dotación de más recursos, más materiales y más inversiones.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor CALLEJAS CANO: Señor presidente, por alusiones. Como portavoz del Grupo Popular, pido la palabra.


El señor PRESIDENTE: No. Son menciones...

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El señor CALLEJAS CANO: Me gustaría que fueran retiradas del Diario de Sesiones las expresiones de que el Grupo Popular está a favor de la xenofobia y en contra de la inmigración. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Espere un momento. Señor portavoz, iba a decirle que no le concedía la palabra. Lo que le sugiero es que aproveche su turno posterior; así podemos cruzar y no empleamos más tiempo, porque ya les he pedido que fueran
un poquito sumarios al respecto. Le sugiero eso, pero tampoco... No vaya a ser que el señor Santiago me objete y durante el debate lo aproveche. Entiende este presidente que, aunque sean indebidas o impropias, son menciones y alusiones clásicas
de un debate y no están fuera de asunto.


- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA ECONÓMICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 161/004833 y número de expediente del Senado
663/000240).


El señor PRESIDENTE: Damos por finalizada, pues, esta primera proposición, y primer punto del orden del día, y pasamos a la siguiente, relativa a la creación de un sistema nacional de inteligencia económica. La presenta el Grupo Popular y
tiene la palabra su portavoz.


Adelante.


El señor CALLEJAS CANO: Muchas gracias, señor presidente.


Buenos días, señorías. El mundo no espera a nadie; vivimos un cambio de era en un escenario brutalmente competitivo. Día a día aumenta el número de consumidores, pero también lo hacen los competidores. Quien domine la información y la
sociedad conectada controlará el mundo. Conviene aquí no llamarnos a engaño y comportarnos de forma ingenua en este mundo, como digo, altamente competitivo. Seamos perfectamente conscientes de que en materia comercial los amigos a veces no lo son
tanto y los países buscan y definen sus intereses haciendo buena aquella máxima tan pragmática por la que lord Palmerston, primer ministro británico, pasó a la posteridad: Inglaterra no tiene amigos ni enemigos, Inglaterra tiene intereses. Es un
dato objetivo que empresas españolas se encuentran con lo que se conoce la maldición del último euro, es decir, que empresas de otros países competidores acaban ofertando en licitaciones internacionales por una cantidad algo más baja que la de las
compañías españolas, arrebatándonos contratos, y la causa puede ser el robo de información y el análisis de inteligencia económica.


Señorías, vivimos una época de inflexión en la que se están conformando las nuevas reglas del juego que regirán las relaciones económicas internacionales. Aunque todavía no sabemos con certeza lo que esto significa en un entorno de gran
incertidumbre, se aprecian cambios notables en el orden liberal, basado en reglas surgidas tras la Segunda Guerra Mundial. Acontecimientos recientes como la pandemia, la guerra de Ucrania y otros han acelerado gran parte de las tendencias que se
venían desarrollando en los últimos años, lo que se ha traducido en un nuevo patrón de riesgos internacionales para las empresas y la sociedad en su conjunto. Incrementos notables de precios, ruptura de las cadenas de suministros tradicionales,
búsqueda de fuentes alternativas de energía y de nuevos proveedores, fenómenos diversos, etcétera, se amplifican debido a la globalización y al cambio tecnológico. Ante todo esto, las sociedades demandan seguridad económica que las proteja de la
incertidumbre y de los nuevos patrones de riesgos que suponen una enorme amenaza para su bienestar.


En este contexto, los países más avanzados han implantado sistemas de inteligencia económica como parte de sus respectivas estrategias de Seguridad Nacional por cuanto la economía se ha consolidado hoy en día como uno de sus vectores
fundamentales. En esencia, un sistema de inteligencia económica está basado en tres pilares. En primer lugar, en la colaboración público-privada, íntimamente ligada al apoyo del sector público entendido como un todo a nuestro tejido empresarial.
En segundo lugar, en una dirección centralizada, dependiendo del escalón más alto posible del Gobierno, de manera que garantice una adecuada y eficaz coordinación a todos los niveles, tanto públicos como privados. Y en tercer lugar, en una
geometría variable y flexible que permita intervenir o no a determinados actores en función del tema a tratar o actuar transversalmente en su caso.


Si observamos nuestro entorno más próximo, en términos de valores y de capacidad económica, nos encontramos con que países como Francia, Alemania, Suecia, Reino Unido, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos disponen de sistemas de
inteligencia económica con más de veinticinco años de

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antigüedad e incluso mayores en algunos de ellos. Nos llevan muchos países más de un cuarto de siglo de delantera en este sentido. Por citar un caso próximo y paradigmático, Francia dispone de un sistema de inteligencia económica
perfectamente consolidado. Sus antecedentes se retrotraen al caso Gemplus, empresa de criptología fundada en 1988 y que fue adquirida por el fondo de inversión estadounidense Texas Pacific Group. Una de las primeras iniciativas que tomó fue el
cambio de sede social a Luxemburgo. Esto significaba reducir la información que recibían las autoridades francesas, además de ser un primer paso para trasladar su base definitiva a Estados Unidos. Posteriormente, se supo que no era el único sector
estratégico francés con control de Estados Unidos. Fondos como Carlyle también mantenían posiciones en el operador de satélites Eutelsat con la empresa de riesgos nucleares Synodys. Como consecuencia de lo anterior, se produjo un incremento en la
concienciación de la clase política francesa que dio lugar al informe Martre en 1994, a la creación del Comité para la Competitividad y la Seguridad Económica por Édouard Balladur, a la fundación de la Escuela de Guerra Económica por el general Jean
Pichot-Duclos en 1997 y más tarde al informe Carayon, en el que se destacaban los pilares sobre los que se debía basar el sistema de inteligencia económica en Francia. Recientemente, en 2016, y con un sistema de inteligencia económica plenamente
operativo, Emmanuel Macron, en ese momento ministro de Economía y Finanzas, decidió unir dos estructuras de la inteligencia económica en otra más sencilla. Esta nueva organización muestra una forma de desarrollo regional e incluso local que
contribuye, en definitiva, a la conformación o estructuración económica del territorio.


En este sentido, la inteligencia económica es una verdadera política pública, una dinámica al servicio de la competitividad de las empresas y los centros de investigación. Como ejemplo significativo, en concreto se llevó a cabo una lista de
empresas estratégicas y tecnológicas críticas que debían protegerse como prioridad para la soberanía económica de Francia. Seguramente, una reflexión detallada sobre determinadas empresas críticas españolas nos conduciría a un listado parecido.
Por el contrario, y a pesar de algunos intentos publicados en la Estrategia Española de Seguridad 2011 y en la Estrategia de Seguridad Nacional 2013, en España no existe en la actualidad un sistema de inteligencia económica asentado que coordine las
iniciativas y recursos de los distintos agentes implicados en la seguridad nacional y que permita a las empresas, grandes y pymes, la consecución de niveles de productividad semejantes a los de nuestras competidoras y de protección de sus intereses
al servicio de la sociedad en su conjunto.


La conformación de la sociedad del futuro tendrá una gran dependencia de la manera en la que se gestione la información, es decir, de cómo se haga inteligencia, en especial la de carácter económico, esto es, inteligencia económica, para
enfrentarse con éxito a los retos que se planteen desde la sostenibilidad del sistema público de pensiones, el diseño de una adecuada política industrial y la búsqueda del patrón energético más adecuado. De igual manera, será vital la protección de
toda la información sensible que manejan nuestras administraciones y empresas en un entorno digital cada vez más complejo. Casos como, entre otros, el informe Campbell, el mayor experto de la red de vigilancia ECHELON al Parlamento Europeo en el
año 2000, o más recientemente los sistemas de vigilancia permanente y los pinchazos telefónicos a líderes mundiales denunciados por el exanalista de la CIA y la NSA estadounidense Edward Snowden, ponen de manifiesto la urgente necesidad de
incrementar nuestra soberanía digital, entendida esta como la recuperación de los datos de nuestros ciudadanos y empresas y la obtención de productos tecnológicos de información y comunicaciones propios, sin puertas traseras. Con todo ello
alcanzaremos niveles óptimos de internacionalización de nuestras empresas, elevando especialmente el nivel de competitividad de las pymes.


En definitiva, la creación de un sistema nacional de inteligencia económica podría ayudar a la necesaria transformación y regeneración de nuestro país para convertirlo en un actor cada vez más relevante en el crecientemente complejo
escenario mundial, dotando a la sociedad española de los recursos económicos y la seguridad adecuados que permitan una mejora sostenida de su bienestar.


Muchas gracias. (La señora Ruiz-Sillero Bernal: ¡Muy bien!- Aplausos).


El señor PRESIDENTE: No se han presentado enmiendas por ningún grupo. En primer lugar, tiene la palabra el representante del Grupo Mixto, el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo con brevedad en respaldo de la iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular y que responde a una necesidad que entra de lleno en algo tan esencial para España como es la inteligencia económica, entendiendo que esto
afecta a la seguridad nacional porque el tejido económico,

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la actividad productiva y la competitividad empresarial son factores decisivos para nuestro país. Aún tenemos en nuestros hospitales y centros de salud a pacientes que nos recuerdan las consecuencias de la pandemia del COVID-19, que, además
del gravísimo impacto sanitario, tuvo una derivada en la economía del mundo, y por supuesto en la española. Estamos sufriendo los efectos de muchos meses de parálisis de la actividad económica y en estos pasados días vemos cómo se han producido
importantes zarandeos en el mundo financiero y bancario que, aunque afectan a entidades de otros países, han generado movimientos sísmicos que nos afectan. Esto es consecuencia de la globalización y de la aparición de otros grandes protagonistas en
la economía mundial, además de los tradicionales. Junto con Estados Unidos y la Unión Europea, ahora intervienen decisivamente otras importantes potencias que además, como es conocido, están modificando o tratando de modificar el equilibrio
económico tradicional, invirtiendo geográficamente en lugares como África, donde se están adquiriendo grandes espacios portuarios y comprando empresas de extracción de minerales esenciales para la conectividad y las telecomunicaciones del mundo. Ya
vemos cómo día sí y día también los ciberataques condicionan también la vida de muchas de nuestras instituciones. Recuérdese, por ejemplo, el sufrido recientemente en el Hospital Clínico de Barcelona, que paralizó gravísimamente la actividad
sanitaria, las intervenciones y también la atención a los pacientes. Esta es una cuestión que sin duda nos ha venido preocupando en esta Comisión y esta proposición no de ley también va en ese sentido.


Señorías, cobra muchísimo valor que en la Estrategia de Seguridad Nacional se incorpore un sistema nacional de inteligencia económica. No olvidemos que uno de los grandes objetivos de la estrategia es algo tan esencial como promover y
proteger la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos españoles. Comenzaba el señor Cano la defensa de esta iniciativa subrayando los cambios vertiginosos que se están produciendo, en los que hay modificaciones en las reglas del juego que, de no
estar atentos, pueden ser muy perjudiciales para los intereses económicos de España si no disponemos de un buen sistema de inteligencia económica que combata la situación de vulnerabilidad de nuestras organizaciones y empresas. Es un asunto muy
interesante y en consecuencia votaré favorablemente esta proposición no de ley.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Pues así entendido, señor Martínez Oblanca.


Por el Grupo VOX, tiene la palabra el señor Utrilla.


El señor UTRILLA CANO: Muchas gracias, presidente.


Como cuestión previa, me gustaría contestar al portavoz de Unidas Podemos, que ha denunciado un escándalo entre el público aquí, en la Comisión. Quiero recordarle que el público somos representantes de la soberanía nacional, diputados como
usted. Tal escándalo no se ha producido; simplemente, ha habido ciertos comentarios. Y si algún escándalo ha habido, han sido sus palabras retrotrayéndose a cientos de años anteriores...


El señor PRESIDENTE: Señor Utrilla, basta con la mención, no reabra el debate. Es una cuestión de procedimiento.


El señor UTRILLA CANO: Ha dicho que podíamos en nuestra intervención rebatir en todo caso algunas palabras. Voy a ser rapidísimo.


El señor PRESIDENTE: Mi objeción es que hable usted en nombre del público; del público, en todo caso, habla la Mesa, si es que tiene que hablar. De su grupo todavía vale, pero, por favor, es una cuestión muy procedimental y anecdótica,
así que le ruego que no haga...


El señor UTRILLA CANO: Una última frase. Simplemente, quiero recordar al portavoz que alertar de la amenaza yihadista y del terrorismo no es xenofobia, sino responsabilidad. (Rumores.-Una señora diputada: ¡A la cuestión!). Cuando con
sus palabras minimiza y ridiculiza esta alerta que nosotros denunciamos, acuérdese de las víctimas que ha habido y de las que habrá, porque no le quepa duda que el terrorismo yihadista volverá a golpear. Nada más.


Respecto a la cuestión que plantea el Partido Popular, relacionada con la inteligencia económica, evidentemente, por todos es sabido que la seguridad nacional abarca la seguridad económica en lo relativo sobre todo a dos dimensiones: la
dimensión gubernamental y el tejido económico y empresarial. Y justamente la inteligencia económica se dirige a asesorar al Gobierno en este sentido y a dotar a las empresas de herramientas para minimizar los riesgos y amenazas de esta cuestión.
Por supuesto, la

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Estrategia de Seguridad Nacional 2017 menciona como objetivo la seguridad económica y financiera y señala la inestabilidad económica como un desafío a tratar.


El contexto de esta petición son los nuevos entornos empresariales, básicamente con el incremento de la globalización y los cambios en la geopolítica internacional y, por supuesto, la revolución tecnológica, que avanza a pasos agigantados.
Los entornos empresariales se definen con los acrónimos importados del inglés VUCA y BANI. En definitiva, para que nos pueda entender cualquier persona que nos esté escuchando, al final es un entorno dotado de una enorme confusión, donde esto es
absolutamente imprevisible, la lógica ya no aplica y las recetas tradicionales ya no nos sirven. Todo eso se complica además con la profusión de bulos y con el exceso de información disponible, y con ella el desarrollo de nuevas herramientas de
análisis y tratamiento de datos, desde la tradicional estadística a la modernidad de la inteligencia artificial o herramientas como el business intelligence. También hay una evidencia de que las empresas han intensificado su actividad exportadora
en los últimos años y que el entorno es cada vez más competitivo y surgen nuevos actores por doquier. En esta situación, la inteligencia económica para planificar las actuaciones y minimizar los errores resulta esencial. Además, se da la paradoja
de que en estas guerras económicas que el portavoz del Partido Popular ha destacado, curiosamente, nuestros principales aliados en seguridad son nuestros adversarios en estas cuestiones.


No nos cabe duda de que España necesita disponer de un sistema más eficiente de inteligencia económica como una forma de paliar las carencias actuales, dedicar mayores recursos y evitar la desagregación de estos cometidos dentro de la propia
Administración. Y también resulta esencial, al igual que siempre hemos reclamado una cultura de Seguridad Nacional, crear una cultura de inteligencia económica con formación a todos los niveles que permita facilitar esa coordinación gubernamental y
privada.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: ¿Desea tomar la palabra?


El señor SANTIAGO ROMERO: Pues, hombre, a la vista de la clarísima alusión personal, me gustaría.


El señor PRESIDENTE: No, no. Le pregunto únicamente, señor Santiago: ¿va a intervenir para fijar posición sobre el asunto?


El señor SANTIAGO ROMERO: No.


El señor PRESIDENTE: Pues entonces, si le parece bien, al final del debate de la PNL le daré la palabra antes de pasar a la siguiente proposición no de ley.


El señor SANTIAGO ROMERO: Usted verá.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Retuerto.


La señora RETUERTO RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.


Buenos días. Yo también voy a ser breve porque dicen que lo bueno, si breve, dos veces bueno. La proposición no de ley que nos trae hoy aquí el Partido Popular es, sin ánimo de ofender, una proposición innecesaria. Es innecesario
modificar la actual Estrategia de Seguridad Nacional 2021 para incluir un sistema de inteligencia económica porque ya se contempla ese tipo de acción para el desarrollo de la estabilidad económica y financiera de nuestro país.


¿Qué es la inteligencia económica? Es el análisis de información de un determinado contexto tecnológico y social en un área geográfica determinada para de esta manera poder ayudar al tejido industrial y empresarial a comprender su entorno
competitivo y las oportunidades y desafíos que nos presentan. Para resumir, podríamos definirla como una ingeniería de la información. Bien, pues esto es lo que hace la Estrategia de Seguridad Nacional y los informes que realiza. La Estrategia de
Seguridad Nacional 2017 recoge en su capítulo 5, en el área de seguridad económica y financiera, promover un crecimiento económico equilibrado basado en la competitividad como base de un modelo socioeconómico inclusivo, sostenible y resiliente capaz
de crear empleo de calidad que favorezca la innovación y la productividad en la actividad económica empresarial y que refuerce la defensa de los intereses y compromisos nacionales de seguridad. También se establece en la Estrategia de Seguridad
Nacional 2021, en su capítulo 4, como línea de acción potenciar la modernización y la productividad del ecosistema español industrial mediante el impulso de la competitividad de sectores estratégicos claves para la

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seguridad nacional, en línea con lo que establece el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por otro lado, en la actualidad, las necesidades de inteligencia económica también están atendidas por diferentes ministerios, como el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Ministerio de Industria Comercio y Turismo y aquellos otros ministerios que pueden aportar información en función de las necesidades
específicas, y por el Centro Nacional de Inteligencia.


Finalmente, y volviendo al principio, es innecesaria esta proposición no de ley, porque el departamento de seguridad nacional ya está desarrollando la digitalización del sistema de seguridad nacional, que integrará indicadores de nivel
político, estratégico, de los ámbitos que marca la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021, entre ellos, el de seguridad económica y financiera. Por tanto, la votaremos en contra por innecesaria.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Retuerto.


Doy la palabra por alusiones, menciones, reclamaciones al señor Santiago, más en su nombre que en el de ningún grupo. Como diputado individual, me refiero.


El señor SANTIAGO ROMERO: ¿Tengo la palabra o no?


El señor PRESIDENTE: Sí, sí.


El señor SANTIAGO ROMERO: Yo quiero dejar claro que VOX no tiene ninguna legitimidad para hablar de víctimas y mucho menos para dar lecciones. Todas las víctimas son iguales, al margen del victimario. Esto VOX no lo tiene nunca claro. Mi
grupo no tiene dudas al respecto, pero para ustedes sí hay víctimas de primera y de segunda. Las víctimas de la Dictadura nunca han sido reconocidas por ustedes. Han votado en contra de todos sus reconocimientos. Sin embargo, ustedes sí han
considerado en esta Cámara el régimen franquista, el Gobierno del general Franco, como un gobierno mucho mejor que el actual Gobierno democrático. Niegan además a las víctimas de la violencia de género, niegan la propia violencia de género, es
decir, ustedes no tienen autoridad moral para hablar de víctimas ni de democracia. Ustedes son una amenaza a la democracia. (Una señora diputada: ¡Qué barbaridad!).


Nada más.


El señor CALLEJAS CANO: En relación con la PNL de inteligencia económica, quiero decirle a la portavoz del Grupo Socialista que el PSOE, en su programa electoral de 2016, en la página 50 (protestas.-Varios señores diputados: Pero, ¿qué es
esto?), lo llevaba incluido.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Para ese tipo de observaciones basta con decírselo a la señora Retuerto en particular y nos ahorramos el tiempo tan necesario.


La señora RETUERTO RODRÍGUEZ: Perdón, presidente, es que como ha tenido una intervención tan amplia, tenía hueco para decir todo lo que quería. (El señor Santiago Romero: Yo he sido breve, breve).


El señor PRESIDENTE: La observación no deja de ser cierta. Ha superado ampliamente su turno.


- SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CIUDADES AUTÓNOMAS EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD NACIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 161/004928 y número de
expediente del Senado 663/000246).


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la tercera proposición, relativa a la integración de las comunidades autónomas y ciudades autónomas en el sistema de seguridad nacional, presentada por el Grupo Socialista.


Tiene la palabra la senadora Adrio. Adelante.


La señora ADRIO TARACIDO: Gracias, señor presidente.

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Durante la pandemia del COVID todos los españoles pudieron comprobar la necesidad de tener un sistema de seguridad nacional que permitiera tomar las decisiones necesarias para dirigir y coordinar la respuesta ante las situaciones de crisis
contempladas en la Ley de Seguridad Nacional, detectar las necesidades y proponer las medidas sobre planificación y coordinación con el conjunto de las administraciones públicas, con el fin de garantizar la disponibilidad y el correcto
funcionamiento de los recursos del sistema. En ella dimos ejemplo de cogobernanza y de cooperación entre las distintas administraciones, lideradas por el Gobierno central y la seguridad nacional, a través de su delegado y subdelegado del Gobierno,
que hicieron un trabajo encomiable, dirigiendo y organizando la seguridad a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, y colaborando el Ministerio de Defensa, a través del Ejército, la UME, los ayuntamientos, Policía
local y Protección Civil y las comunidades autónomas, a través de los cuerpos autonómicos. Fue esencial la colaboración entre los distintos ministerios. La colaboración ha sido imprescindible y sigue siéndolo en las distintas crisis. Véanse, por
ejemplo, los incendios, que, por desgracia, debido al cambio climático, entre otras causas, cada vez proliferan más, y donde la UME, tan denostada en su creación y tan aplaudida y reclamada ahora, es y ha sido imprescindible. Pero hubo
descoordinación en los datos facilitados y en los criterios de elaboración de los mismos por las comunidades autónomas. La unión hace la fuerza. La colaboración y la cooperación son necesarias, y pertenecer a la Unión Europea esencial. En materia
energética, España es abanderada en la Unión Europea, y la colaboración hispano-portuguesa, la excepción ibérica, es un éxito que está protegiendo a España y a Portugal; también la colaboración de España con Francia, creando el primer corredor de
hidrógeno verde de la Unión Europea. Ha cambiado la situación. No podemos luchar solos y aislados.


La visión integral de la seguridad nacional, recogida en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 como acción del Estado dirigida a proteger la libertad de los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y
sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir, junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos, necesita para su realización práctica de un sistema de seguridad
nacional que integre capacidades de los distintos organismos del Estado e incluso de la sociedad civil para poder afrontar con mayores garantías los diferentes retos y amenazas.


La historia reciente nos muestra muchos ejemplos del impacto sobre la seguridad nacional que producen determinadas crisis, como la citada pandemia, la COVID-19, la guerra de Rusia contra Ucrania. La interdependencia del mundo genera efectos
positivos, pero también vulnerabilidades, que actúan como factores multiplicadores de los riesgos y amenazas que pueden desencadenar crisis en cascada. Hoy en día somos conscientes de que hay múltiples situaciones que pueden provocar escenarios de
crisis y que además se desarrollan a gran velocidad, como las pandemias, los ciberataques, las crisis financieras, energéticas, medioambientales, migraciones. Para poder hacer frente a los retos y amenazas a la seguridad nacional y, especialmente,
a las situaciones de crisis es fundamental contar con algún sistema que permita a las autoridades de la nación tomar decisiones en tiempo oportuno, coordinadas nacional e internacionalmente y basadas en un conocimiento de la situación en tiempo real
y lo más amplio posible.


El desarrollo de este sistema de seguridad nacional debe integrar todos los elementos importantes de la organización del país y contemplar no solo los recursos y capacidades de la Administración pública, comunidades autónomas y ciudades
autónomas, sino también los del sector privado que sean relevantes. Como nos ha mostrado la pandemia, en momentos de crisis en los que la ciudadanía está más sensible y vulnerable, la desinformación ha hecho estragos y ha causado ansiedad y
preocupación. Enseguida actuamos unidos contra este mal, y el Gobierno de España, tomando como punto de partida el Plan de Acción contra la Desinformación de la Unión Europea y el Plan de Acción para la Democracia Europea, ha adoptado su estrategia
nacional frente a la desinformación, que tiene como fin prevenir, detectar y contestar. Además de la creación de órganos y organismos -consejo de seguridad nacional, comité de situación, comisión permanente contra la desinformación-, ha incluido al
sector privado y a la sociedad civil en el sistema de seguridad nacional, lo que supone la consolidación de un cambio de paradigma en la lucha contra la desinformación. También el Gobierno está invirtiendo en digitalización, que es el presente y,
sobre todo, el futuro, y gracias a los fondos europeos y a la buena gestión de los mismos, se están renovando muchas administraciones y es esencial para la buena colaboración entre administraciones y organismos.


El sistema debe, en la medida de lo posible, ser capaz de proporcionar indicadores que ayuden a anticipar situaciones de crisis, integrar información de múltiples fuentes nacionales e internacionales para

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facilitar la toma de decisiones coordinadas, proporcionar información sobre recursos y capacidades disponibles para afrontar situaciones de crisis nacionales o internacionales, enviar alertas a las autoridades sobre cualquier hecho relevante
para la seguridad nacional, facilitar la redacción de planes de preparación y disposición de recursos, proporcionar el entrenamiento necesario a los componentes del sistema mediante la realización de ejercicios. Todo esto requiere un sistema de
seguridad nacional suficientemente digitalizado, donde los datos estén disponibles en tiempo real. Estos datos facilitaran la toma de decisiones de las autoridades responsables en los diferentes niveles de administración.


Por todo ello, nuestro grupo parlamentario presenta la siguiente proposición no de ley: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a mejorar el sistema de seguridad nacional, con plena integración en él de las comunidades y
ciudades autónomas y que dicha integración se lleve a cabo de forma rápida y con las condiciones de seguridad de la información establecidas, y a colaborar con las comunidades y ciudades autónomas para que dispongan de un centro de situación de
crisis para coordinar en su ámbito territorial las situaciones de seguridad nacional e internacional e interaccionar con el sistema de seguridad nacional y proporcionar y recibir los datos requeridos para su funcionamiento.


Solicitamos a sus señorías el apoyo a la PNL. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.


El señor Martínez Oblanca, por su grupo, de nuevo, tiene la palabra.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario Socialista utiliza su cupo en esta Comisión con una proposición no de ley que, con todo respeto, considero que no aporta nada especialmente significativo, cuando plantea la plena integración de las comunidades
autónomas en el sistema de seguridad nacional. Esta cuestión ya está garantizada en nuestro marco legislativo. Corríjame si me equivoco, pero las comunidades autónomas participan en la Conferencia Sectorial para Asuntos de la Seguridad Nacional;
de hecho, su constitución se produjo durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez, concretamente el 18 de diciembre de 2018. Es decir, ya existe un órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades y ciudades autónomas que, por otra parte,
está previsto en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional. Recuérdese que en el seno de esta Conferencia Sectorial para Asuntos de la Seguridad Nacional se debate y se informa a las comunidades autónomas, dando respuesta a las necesidades de seguridad
nacional. Sinceramente, no veo cuál es la mejora que se plantea en esta proposición no de ley, que más bien apunta a un pretexto para consumir iniciativas parlamentarias, algo que me parece legítimo, pero también poco útil, si de lo que se trata es
de instar al Gobierno a hacer bien las cosas o nuevas cosas en beneficio de la sociedad.


El primero de los dos puntos de la parte dispositiva es evanescente, pero el segundo va un poco más allá, cuando promueve la colaboración del Gobierno con las comunidades y ciudades autónomas para crear centros de coordinación para acometer
situaciones de crisis. Me surgen dudas sobre si esto no sería abrir un resquicio hacia la descentralización en un asunto en el que considero que el Estado no debe ceder un ápice de sus competencias. Hablamos aquí de seguridad nacional, repito,
nacional, y la participación de las comunidades autónomas quedó garantizada con la conferencia nacional que se puso en marcha hace más de cuatro años. De hecho, las comunidades autónomas participaron desde este órgano en la vigente estrategia de
seguridad nacional.


Por último, quiero decir que en la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, que está vigente, se contiene un capítulo, el 5, que habla de la gestión de crisis y que en ciertos aspectos se refiere nítidamente a la integración de las comunidades
autónomas en el sistema de seguridad nacional y, por si hubiera dudas, señala que corresponde a la Conferencia Sectorial para Asuntos de la Seguridad Nacional asumir las funciones como órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades
autónomas en aquellas cuestiones de interés común relacionadas con la seguridad nacional.


La senadora Adrio ha señalado la importancia de la colaboración entre instituciones y ha insistido en el aprovechamiento de todos los recursos. Considero que esto ya se viene haciendo y, repito, no veo lo que de nuevo se puede aportar
instando al Gobierno en la línea que se fija en estos dos puntos, de ahí que me abstenga en la votación de esta proposición no de ley.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: ¿Qué otros grupos desean intervenir? (Pausa).


Adelante, señor Cortés.

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El señor CORTÉS GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.


En primer lugar, quiero dar la bienvenida a esta iniciativa acerca de la integración de las comunidades y las ciudades autónomas en el sistema de seguridad nacional. La propuesta defiende la necesidad de contar con un sistema de seguridad
que permita a las autoridades tomar decisiones en el tiempo oportuno, así como garantizar la disponibilidad y el correcto funcionamiento de todos los recursos de la Administración pública. Esto nos parece, efectivamente, un avance hacia el modelo
de soberanía compartida, que combina instituciones de autogobierno con la protección de un bien común, como es en este caso la seguridad nacional.


En el Grupo Confederal entendemos que la seguridad nacional debe definirse a través de mecanismos de cooperación y cogobernanza entre el Estado y las comunidades autónomas. Estamos de acuerdo con el objetivo general de esta iniciativa, que
es establecer un sistema de seguridad nacional que integre las capacidades de los distintos organismos del Estado, incluso de la sociedad civil, para poder afrontar con mayores garantías y mayor rapidez los diferentes retos y amenazas a la seguridad
nacional. En este sentido, lo que está en juego es cómo entendemos la seguridad nacional en un mundo interconectado y con desafíos globales que permean todos y cada uno de los territorios, tanto en el interior del Estado como en entidades
supranacionales.


En este sentido, estamos de acuerdo con la idea de que, efectivamente, hoy en día hay múltiples situaciones que pueden provocar escenarios de crisis, de las que hemos sido testigos, y estas se desarrollan a gran velocidad, como son las aquí
citadas, las pandemias, los ciberataques, las crisis financieras y energéticas o medioambientales y los conflictos armados o el terrorismo, como bien somos testigos en la presente Comisión. Para hacer frente a estos desafíos no nos queda más
alternativa que la cooperación estratégica interterritorial, tanto a nivel estatal como a nivel europeo y global. No hay modo de enfrentar estos problemas de manera atomizada o aislada. Por lo tanto, votaremos a favor de esta iniciativa.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra, por el Grupo Vox, Víctor González Coello de Portugal.


El señor GONZÁLEZ COELLO DE PORTUGAL: Muchas gracias, señor presidente.


En tiempos del emperador Augusto se dividió la Península ibérica en tres provincias, y entonces se hicieron las calzadas romanas para los problemas de seguridad nacional. (Rumores). Ustedes estarán de acuerdo conmigo, señorías, en que esto
no tiene nada que ver, y que, por lo mismo, no tiene nada que ver hablar de lo que pasaba en España en el siglo XV o en el siglo XVI, como se ha dicho en esta sala en alusión a nuestra PNL, sobre todo cuando viene de aquellos que defienden
ideologías comunistas, estalinistas y asesinas, que acumulan más de cien millones de muertos y que conviven con los narcogobiernos, con el extremismo islámico de Hizbulah en Sudamérica y con otros regímenes que esperemos no lleguen nunca a España.
(El señor Cortés Gómez: Hizbulah en Sudamérica, sí, sí.-Risas).


Dicho eso, en esta PNL, es curioso, el partido del Gobierno le pide al Gobierno que haga cosas que ya está haciendo. Por lo tanto, me atrevo a calificarla, como se ha dicho antes, muy acertadamente también, en esta sala, como una
proposición no de ley frívola, porque todo lo que pide ya se está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Quieren ustedes básicamente dos cosas. Primero, que se mejore el sistema de seguridad rápidamente. Bueno, si son ustedes los que
gobiernan. ¿Hace falta que perdamos todo el tiempo con eso? Segundo, que colaboren con las comunidades autónomas y las ciudades autónomas. Si son ustedes los que gobiernan. Miren, se van a la página web y ponen sistema de seguridad nacional, y
en la página web aparece el sistema de seguridad nacional, y en el primer párrafo ya se da respuesta a todo lo que ustedes nos están pidiendo. Dice: 'Podrán asignarse cometidos a otros organismos y entidades, de titularidad pública o privada'. Y
sobre las comunidades autónomas, las menciona en el texto, que no voy a leer, más de siete veces, como se ha dicho. Además, aparecen media docena de veces en este texto explicativo del sistema de seguridad nacional, y en el marco legislativo
-tampoco me voy a detener, puesto que ya lo ha mencionado un portavoz anteriormente- y en la estrategia nacional, en el capítulo 5, viene perfectamente detallado. No sé qué es lo que quieren, además de consumir minutos de gloria con este asunto.


Yo creo que es poco educado o poco caballeroso que nos hagan perder el tiempo con una PNL como esta, frívola, y que encima se haya dicho antes en esta sala que, por favor, leamos más. Miren, en su párrafo número 8, no sé si dicen 'don' como
nombre masculino o 'don' como adverbio, porque ponen

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'don de' separado; uno es una dádiva y lo otro es un adverbio relativo. entiendo que lo que querían era el adverbio relativo. Estaría bien que por lo menos nos presentasen las PNL frívolas sin faltas de ortografía, para que diéramos
ejemplo, como padres de la nación, al resto de los españoles.


Nada más que decir. Muchas gracias. Votaremos en contra.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.


¿Quién más desea intervenir? (Pausa).


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gutiérrez.


El señor GUTIÉRREZ DÍAZ DE OTAZU: Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, señorías.


Presenta hoy el Grupo Parlamentario Socialista una proposición no de ley sobre la integración de las comunidades autónomas y ciudades autónomas en el sistema de seguridad nacional. La exposición de motivos afirma que la visión integral de
la seguridad nacional, recogida en la Estrategia de Seguridad Nacional 2021 como 'la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores
constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos', necesita un sistema nacional de seguridad que integre capacidades de los distintos organismos.


No atribuiré la proposición a la falta de comprensión lectora de los proponentes; eso lo dejo para el elegante estilo parlamentario del Grupo Parlamentario Socialista, basado en el insulto y en la descalificación a la oposición, que es, si
me permiten decírselo, escasamente democrático. (Rumores). Seguramente comparten conmigo el que sea escasamente democrático, pero quizás sorprenda saber a los proponentes de esta iniciativa que en el preámbulo de la Ley 36/2015, de 28 de
septiembre, de Seguridad Nacional, hace más de siete años y seis años antes de la publicación de la citada Estrategia de Seguridad Nacional 2021, se entiende la seguridad nacional como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los
derechos y bienestar de los ciudadanos, es decir, exacta y literalmente lo mismo que ustedes descubrieron en un documento publicado seis años más tarde y que hoy, más de siete años después y casi cinco desde que llegaron al Gobierno, traen a nuestra
consideración como gran y novedosa aportación del Gobierno que ustedes llaman de progreso para el perfeccionamiento de nuestro sistema de seguridad nacional.


También se decía en el preámbulo de aquella ley de 2015, promovida por el Gobierno del Partido Popular del presidente Rajoy, actualmente en plena vigencia, que la seguridad nacional debe ser considerada un objetivo compartido por las
diferentes administraciones -estatal, autonómica y local-, los órganos constitucionales, en especial las Cortes Generales, el sector privado y la sociedad civil, dentro de los proyectos de las organizaciones internacionales de las que formamos
parte. Hay un artículo específicamente dedicado a esta coordinación, que habla de la cooperación con las comunidades autónomas y que establece los procedimientos técnicos para el flujo de información del Gobierno a las comunidades autónomas y de
las comunidades autónomas al Gobierno. Se ha citado anteriormente la referencia en la ley de 2015, seis años antes de la promulgación de la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, que al parecer es la primera referencia sobre seguridad nacional que
el Grupo Parlamentario Socialista tiene en mente. Este es un fenómeno que se conoce como adanismo, pensar que antes de que uno llegase, no sucedió nada en el mundo y todo nació con su feliz advenimiento. Pues, mencionando todas las instituciones
que forman parte de la seguridad nacional, se atribuye a la conferencia sectorial, ya lo ha citado el señor Martínez Oblanca, que, citada en la ley 2015, fue convocada por primera vez en el año 2018.


Nosotros no haremos como el Partido Socialista, por considerar esta proposición como superflua o innecesaria, simplemente nos felicitamos por que el Grupo Parlamentario Socialista proponga al Gobierno de la nación que cumpla la ley. (La
señora Retuerto Rodríguez: El Gobierno siempre cumple la ley). Para nosotros es una novedad que no podemos desperdiciar, y respaldaremos esta proposición votando a favor, todo ello sin ánimo de ofender a la señora Retuerto y al Grupo Parlamentario
Socialista.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora RETUERTO RODRÍGUEZ: Presidente.


El señor PRESIDENTE: Si es por alusión individual, la señora Retuerto no tiene competencias. Si es en nombre del grupo y por alguna cuestión muy de procedimiento, por favor, adelante, dígame.


La señora RETUERTO RODRÍGUEZ: No, no. Que no me siento ofendida. En cualquier caso, el Gobierno siempre cumple la ley. Gracias. (El señor Gutiérrez Díaz de Otazu pide la palabra).

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El señor PRESIDENTE: No ha lugar. La comunicación subjetiva de un sentimiento que no es ofensivo...


El señor GUTIÉRREZ DÍAZ DE OTAZU: Tengo uso de turno, presidente. Quince segundos.


El señor PRESIDENTE: No, no, señor portavoz. Está en el uso de la palabra para...


El señor GUTIÉRREZ DÍAZ DE OTAZU: Yo me alegro de que no se dé por ofendida, presidente. Me alegro mucho, la verdad, porque no es mi propósito nunca, a diferencia de lo que hacen ellos. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: En vista de esta información subjetiva y sentimental, podemos dar por concluido un debate que era solo de naturaleza política. Estos son más bien asuntos bilaterales.


En todo caso, señor portavoz, si por algo se distingue esta Presidencia, equivocada o acertadamente, es por dar el libre uso de la expresión en esta Comisión. Por lo tanto, lo único que ruego de los intervinientes es que cuando está en el
uso de la palabra el presidente no le interrumpan, más que nada por una cuestión de audiencia del resto de la Comisión. Con eso sí quiero ser exigente. Una vez que el presidente haya acabado bien o mal su intervención, concedida o no la palabra,
intervienen, pero no durante. Creo que con esa mínima formalidad podemos tener debates, acalorados o no, justos o no, pero podremos tener algo parecido a un debate y no una sucesión de intervenciones.


VOTACIONES.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder, si no hay inconveniente, a la votación de las proposiciones no de ley presentadas.


Votamos la primera proposición, relativa a declarar la situación de interés para la seguridad nacional, con el fin de prevención, protección y disuasión del proceso de radicalización del terrorismo yihadista tras el ataque terrorista sufrido
en la localidad de Algeciras el 25 de enero de 2023, presentada por el Grupo VOX. Se ha aceptado una enmienda del Grupo Popular. Por tanto, se vota en los términos de la enmienda.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a la siguiente proposición, relativa a la creación de un sistema nacional de inteligencia económica. Presentada por el Grupo Popular. Se vota en sus términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 18.


El señor PRESIDENTE: Como han escuchado, ha habido empate, con lo cual se dirime por el voto de calidad. (Rumores.-Varios señores diputados: No, no. Voto ponderado).


Perdón, es de la misma materia, pero con distinto nombre. Es verdad que, como no es el reglamentario, me lo ahorro. (Rumores.-El señor Cortés Gómez: Que se repita la votación.-Pausa).


Como la ponderación de voto, después del empate a dieciocho, da un resultado a mi modo de ver extraño. Ruego que, además de un miembro de la Mesa, la senadora Riansares, vengan el portavoz interesado y el de otro grupo cualquiera, el
portavoz socialista, si quiere, para que seamos testigos de la suma y resta, ya que no se puede ver por pantalla. Les ruego un poco de paciencia. (Pausa).


(Continúa el señor presidente).


Les recuerdo que se había producido un empate en sala a 18 votos y, después de la ponderación aplicada, queda el siguiente resultado: a favor de la proposición 291 votos, en contra 270 y ninguna abstención. Por tanto, queda aprobada.
(Aplausos).


Pasamos a votar la tercera proposición no de ley. Esperemos que no haya empate, hagan lo posible para que no haya. Esta proposición es sobre la integración de las comunidades autónomas y ciudades autónomas en el sistema de seguridad
nacional, que ha presentado el Grupo Socialista. Se vota en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 3; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos).


Hemos terminado este punto del orden del día y en unos minutos damos la bienvenida a la compareciente. (Pausa).

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COMPARECENCIA DE LA SEÑORA RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL (PROFESORA TITULAR DE DERECHO MERCANTIL EN LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID, MIEMBRO DEL GRUPO DE EXPERTOS DE LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE LA ECONOMÍA DE PLATAFORMAS Y DEL GRUPO DE
EXPERTOS SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y RESPONSABILIDAD), EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DEL FENÓMENO DE LA DESINFORMACIÓN Y DE LAS FAKE NEWS, CON EFECTOS DISRUPTIVOS EN LA SOCIEDAD. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD NACIONAL. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 219/001018 y número de expediente del Senado 715/000875).


El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión de la Comisión con la comparecencia anunciada. Les presento sumariamente a la profesora Rodríguez de las Heras que es profesora titular en la Carlos III de Mercantil y tiene las correspondientes
publicaciones de artículos, libros propios y capítulos. Ha pertenecido a dos grupos de expertos, uno el observatorio de economía de las plataformas que asesoró a la Comisión Europea en 2018 y otro más reciente sobre inteligencia artificial y
responsabilidad. En razón de ello tiene dictadas unas cuantas intervenciones sobre la desinformación y, bajo su especialización -que es la de las compañías digitales-, cómo se puede abordar el asunto.


Como en esta Comisión ha habido nutridas comparecencias con ese tema abordado, pero no hasta ahora con esa perspectiva, la ponencia ha acordado que era especialmente oportuna su participación en esta Comisión.


Le agradezco que pueda estar y su cortesía de que no haya protestado porque la hayamos hecho esperar un poco. Espero que esto no sea óbice para que pueda hablarnos con tranquilidad. Le he señalado que su intervención puede durar unos
veinte minutos.


No tengo nada más que decir, más que darle la palabra. Bienvenida a la Comisión.


La señora RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL (profesora titular de derecho mercantil en la universidad Carlos III de Madrid, miembro del grupo de expertos de la Comisión Europea sobre la economía de plataformas y del grupo de expertos sobre
inteligencia artificial y responsabilidad): Muchas gracias, señor presidente.


Buenos días, señorías. Para mí es un placer tener la oportunidad de estar aquí con ustedes y abordar una cuestión que, como el señor presidente apuntaba, me ha acompañado en los últimos años en mi trabajo no solo académico, sino sobre todo
de política legislativa, a nivel europeo de forma particular en los grupos de expertos que ha mencionado, pero también en Naciones Unidas y en otras organizaciones internacionales; trabajando siempre desde la perspectiva de cómo esa transformación
digital tan extraordinaria y que ha implicado la convergencia de inteligencia artificial, de plataformas, de modelos distribuidos y de big data ha transformado de forma radical también nuestra manera de ejercer la libertad de expresión y el derecho
a la información.


Sé que sus señorías ya han tenido la oportunidad de abordar este fenómeno de la desinformación y saben y han apreciado que es un fenómeno polifacético y con muchísimas derivadas, en el que concurren actores de muy diversa naturaleza y han
podido percibir que tiene igualmente unos riesgos muy variados y sustancial y significativamente de impacto en nuestra sociedad. Conocen ya, por tanto, que es un fenómeno que requiere atención y que genera preocupación y, por eso, lo que les
propongo es articular con ustedes una serie de rutas posibles de propuestas de regulación legislativa; es decir, tratar de identificar cuáles son los elementos de política legislativa que deberían formar parte de una estrategia regulatoria de
prevención, contención y reparación de los efectos de la desinformación. (Apoya su intervención en una presentación digital). Para ello, como verán, lo que les propongo es que toda estrategia regulatoria que se decida abordar debe tener en cuenta
que hay, en mi opinión, cinco decisiones de política legislativa claves: en primer lugar, el objeto, es decir, cuál sería ese ámbito material de lo que supuestamente se va a prevenir, regular, contener, disminuir; en segundo lugar, en qué momento
temporal, enseguida lo veremos, pero realmente no es lo mismo tratar de contener la desinformación -las llamadas noticias falsas- de manera permanente o hacerlo en una situación de emergencia nacional o en una campaña legislativa o electoral cuando
realmente se requiere una atención mucho más concreta lo que permite, sobre todo, una intervención legislativa más intensa porque las circunstancias realmente lo justifican. Por tanto, el elemento de temporal de una supuesta propuesta legislativa
que se adoptara es clave. En tercer lugar, algo que me parece particularmente interesante y donde me detendré de forma específica, que es cuáles son los actores de la desinformación a los que queremos dirigir esta estrategia regulatoria, asumiendo
que, dirigiendo a ellos obligación, incentivos y responsabilidad, la respuesta que

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vamos a tener es precisamente un mayor control y una mitigación de los efectos de la desinformación. Verán que uno de los actores a los que me voy a dirigir de manera plena van a ser las redes sociales y las plataformas de información. En
cuarto lugar, qué estrategia adoptar, es decir, ante la desinformación en este delicado equilibrio entre libertad de expresión y derecho a la información y, por otro lado, los efectos perniciosos y distorsionadores de la desinformación, qué
estrategia adoptar: ¿prohibir y sancionar, imponer responsabilidad para que los actores ante la exposición al riesgo tomen medidas para prevenir la desinformación, o informar y educar? ¿Cuál es la estrategia adecuada y cómo hacerlo? ¿Con códigos
de conducta, el famoso soft law, o hacerlo con un marco regulatorio legislativo? Ya veremos luego, pero les propongo o bien una ley específica o bien una adecuada coordinación de disposiciones legislativas en diferentes textos que aborden los
problemas que vamos a articular de forma conjunta. Y, por último, inevitablemente, cuáles son las consecuencias, es decir, detectamos la desinformación y entonces qué, qué queremos hacer: ¿queremos sancionar al que la usa, queremos que indemnice
los daños generados el que la ha propagado, queremos sencillamente prevenirla y cómo, pues a lo mejor durante las campañas electorales con unos procedimientos judiciales muy expeditivos que permitan identificar una campaña orquestada de
desinformación o de influencia y eliminarla y bloquearla...? En definitiva, cuáles van a hacer las acciones y los remedios que, de alguna manera, den sentido, vinculatoriedad y disuasión a ese marco legislativo que les propongo.


Con esta perspectiva verán ustedes en la pantalla que la idea es, identificando los elementos que requieren una decisión porque son decisiones de política legislativa clave, podemos -como ven en este mapa- recorrer diversas rutas. Es decir,
aquí de alguna manera trato de reflejarles todos los elementos que pueden ser objeto de atención en una estrategia regulatoria y entonces trazar qué ruta o qué rutas quieren adoptar en una futura potencial y deseada estrategia legislativa. Como
ven, hay una serie de enlaces y de correlaciones entre los cinco componentes que les planteaba en la imagen anterior. Esta es la imagen de partida y será también la imagen de llegada. Cuando pueda detenerme en cada uno de estos elementos de
política legislativa les mostraré cuáles podrían ser las posibles rutas de estrategia legislativa.


En primer lugar, ustedes, señorías, ya conocen muy bien el fenómeno de la desinformación, la cuestión terminológica, la difícil definición de sus contornos, pero tengan en cuenta que si optamos por una estrategia regulatoria tenemos que
delimitar de forma muy clara -y particularmente teniendo en cuenta la exposición que hay de la libertad de expresión- a qué tipo de desinformación queremos dirigir esta estrategia legislativa. ¿Lo queremos hacer a estas llamadas campañas de
influencia o campañas orquestadas de desinformación, que en la mayoría de los casos como verán enseguida pueden tener o tienen un componente ilegal bien definido y que, por tanto, justificaría una respuesta prohibitiva o una respuesta de
intervención judicial evidente y clara? Pero si nos queremos dirigir a ese concepto de noticias falsas -de las mal denominadas fake news- nos encontramos en un terreno terriblemente pantanoso porque ahí nos encontramos en una muy difícil distinción
entre ejercicio de la libertad de expresión, opiniones malsonantes, opiniones inadecuadas, opiniones ofensivas, o una verdadera desinformación. Por tanto, en mi opinión, cuanto más se acerquen a los conceptos de desinformación intencionada, más
justificada va a estar una intervención legislativa intensa, bien de prohibición, bien de sanción.


Hay otro elemento que no deben descuidar en este contexto de la desinformación, y es el efecto de la publicidad con tintes o con intenciones y propósitos políticos. Suele estar muy vinculada a la desinformación porque lo que hace es
acompañar a la viralidad de la información o, peor todavía, financiar campañas de desinformación. Por tanto, otra manera que tienen de abordar la desinformación es atender qué papel juega la publicidad con propósito político -naturalmente propósito
político de desinformación- y en qué medida hay un enlace con el efecto de viralidad que deberíamos atenuar lo más posible. Luego hay una cuarta perspectiva que no quería dejar de plantearles, en la medida en que a nivel europeo -espero que durante
la Presidencia española- se apruebe finalmente la llamada ley de inteligencia artificial, el reglamento de inteligencia artificial, en el que uno de los usos de alto riesgo es precisamente -y utilizo la terminología en inglés- los denominados
deepfakes, es decir, las manipulaciones sonoras de voz o de imagen que dotan a la desinformación de un efecto de credibilidad realmente aterrador, porque esa recreación de un escenario, de una persona o de un suceso histórico que no ha existido,
pero que parece real y es creíble, hace que la desinformación tenga un efecto muy difícil de subsanar. Por tanto, si decidimos atacar los deepfakes aprovechando la entrada en vigor perdón del reglamento de inteligencia artificial podríamos
aprovechar para incorporar una disposición específica que atacara los riesgos de los deepfakes en el concepto de la desinformación.

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Una vez que definamos qué queremos abordar en esta ley o en esta estrategia regulatoria contra la desinformación, ¿qué nos preocupa, la desinformación como fenómeno transversal u observamos que el contexto online es lo que verdaderamente
acompaña a la desinformación de un efecto de viralidad que agrava la situación? ¿Nos centramos en la desinformación online u offline? ¿O son difícilmente separables? Miren, yo les sugiero la siguiente propuesta de conceptualización de la
desinformación. En primer lugar, tengan en cuenta que tratar a la desinformación como una categoría única desde el punto de vista jurídico es inevitablemente confuso, es incorrecto. ¿Por qué? Porque nos encontramos con noticias falsas, o si
quieren mejor desinformación, que se puede calificar realmente como contenido ilegal. Así que ataquemos el contenido ilegal con los mecanismos propios que precisamente permiten evitar o sancionar o prevenir un contenido ilegal, pero es que hay
ocasiones en que no es ilegal, es exclusivamente falso, y eso no implica que sea ilegal. Es información fáctica que no es veraz. Luego hay casos en los que, además de lo anterior, este contenido es dañoso; en ocasiones es falso pero completamente
inocuo, en ocasiones es falso y terriblemente dañoso y unos daños que se pueden cuantificar y, por tanto, podríamos recurrir -por qué no- a una compensación de daños, a una indemnización de daños; es decir, al mecanismo clásico del derecho privado
de la responsabilidad.


Permítanme que añada una reflexión que me parece clave para entender desde la perspectiva jurídica este fenómeno de la desinformación: por qué la desinformación genera un efecto muy superior a la simple falta de veracidad; es decir, por
qué distorsiona el discurso político, por qué afecta a unas elecciones, por qué este factor puramente de la falsedad, de la no veracidad de un hecho erróneo, intencionadamente o no, produce estos efectos que sobrepasan el mero hecho de encontrarnos
con un contenido no veraz o falso. Porque hay un contenido o un factor que yo llamo social y que tiene que ver indiscutiblemente con la economía digital, con las redes. Las redes incorporan un elemento que me parece fascinante que es el elemento
de la viralidad y, mucho más fascinante, el hecho de que incorporan el concepto de popularidad. Permítanme que les explique por qué esto es tan relevante para nuestro análisis jurídico, porque ha transformado la popularidad y se ha asociado
popularidad -cuántas veces se ve el tuit, cuántas veces se retuitea, cuántos likes tiene esta noticia-con credibilidad, y esto ha roto completamente el sistema. Porque la credibilidad ya no está asociada a la procedencia, a la fuente, sino a la
popularidad, a la viralidad, y de la viralidad proviene el gran problema de la desinformación y la viralidad se agrava de alguna manera con las redes sociales. Por eso, si nos centramos en las redes sociales, yo creo que atacaremos de manera muy
muy efectiva el factor social, el factor de la viralidad.


¿Cuándo? Tenemos tres grandes momentos en los que la desinformación nos preocupa: siempre; en campañas electorales, es decir, previa o durante campañas electorales, o en situaciones de crisis, en situaciones de emergencia, en situaciones
de catástrofe, en los que una intervención pública está perfectamente justificada para garantizar que la información llega correctamente a los ciudadanos o a las entidades implicadas. Cuanto más ampliemos el marco temporal de la regulación de la
desinformación, más difícil y más delicado será y también mucho más difícil será encontrar el adecuado equilibrio entre, por un lado, no entrometernos en el ejercicio libre de la libertad de expresión y, por otro lado, contener aquello que nos
parece delicado. Con esto les quiero decir que todo esfuerzo legislativo que centren en campañas electorales o en situaciones de crisis o de emergencia son mucho más fáciles de definir y mucho más fácil de ejecutar y de justificar desde el punto de
vista jurídico.


¿A quién? Tercer elemento. Un diseño legislativo basado en un ámbito objetivo, pero ¿cuál es el ámbito personal?, ¿a quién dirigirnos?, ¿de dónde viene el problema? Hasta ahora la desinformación podía estar asociada a los medios o podía
estar asociada a entidades con capacidad de audiencia, pero, en realidad, el individuo no era capaz de vincular a su falsedad un elemento de proyección suficiente; no teníamos capacidad de llegar a un público si no era a través de los medios o a
través de otras entidades que tengan proyección y audiencia, y ahora sí. Por tanto, ahora nos encontramos con que la desinformación puede provenir de individuos, de usuarios, y se propaga con el mismo efecto que si hubiera provenido anteriormente
de entidades con capacidad de audiencia. Yo les propongo varios actores a los que podemos dirigir el esfuerzo legislativo: los medios, desde luego, pero, sobre todo y fundamentalmente, las plataformas como amplificadores de los efectos y
externalidades negativas de la desinformación, como enseguida les mostraré.


Esto es muy pertinente, porque, como saben, se aprobaron el año pasado en los meses de octubre y noviembre dos importantísimos reglamentos en la Unión Europea que regulan, precisamente, las plataformas, el llamado Reglamento de Servicios
Digitales, a veces conocido como DSA, y el Reglamento de Mercados Digitales, sobre mercados digitales y, en particular, grandes plataformas, de gran tamaño, que actúan como

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guardianes de acceso, por los que ya tenemos una serie de obligaciones que nos van a ayudar, en mi opinión, a articular un buen modelo de prevención de la desinformación. Ahí podemos incorporar algunas de las disposiciones y acciones que
les propongo, porque son uno de los actores principales de la desinformación. Centrarnos en los generadores de la información, en los propagadores de la información, va a ser fácil si nos centramos -recuerden las posibilidades que teníamos de
ámbito objetivo- en las campañas orquestadas o de influencia, porque podemos identificar un origen. Si hablamos de noticia falsa como noticia que simplemente penetra en la sociedad sin un origen claro, realmente les diré que es muy complicado
dirigirnos a propagadores y generadores. Y yo no descartaría incorporar alguna disposición dirigida al sector de la publicidad que articule mecanismos para prevenir que la publicidad se utilice como mecanismo de financiación de este tipo de
campañas o como mecanismos de difusión equivocada, porque está en un marco en el que no esperamos recibir información política a través de la publicidad.


Por tanto, tenemos a quién, tenemos el qué y tenemos el cuándo. Ahora les propongo plantear el cómo, cómo lo hacemos, qué estrategias pueden valorar y qué eficacia puede tener. Se habrán planteado esta pregunta muchas veces, señorías:
¿qué es lo adecuado, código de conducta o legislación vinculante? Yo no creo que sean excluyentes, yo creo que se complementan extraordinariamente bien; de hecho, si me permiten, podemos hacer que coexistan de una manera muy efectiva y muy
valiosa. Permítanme que se lo explique. Podemos articular un marco legislativo con sus correspondientes obligaciones, con la responsabilidad de las plataformas por haber difundido o facilitado la difusión o no haber prevenido, por ejemplo en una
campaña electoral, la difusión de una campaña de desinformación; es decir, podemos atacar, como ven, por medio de una obligación y de una responsabilidad a las plataformas. Pero podemos utilizar el concepto de código de conducta -ya saben que hay
un código cualificado contra la desinformación del 2022 a nivel europeo- como un mecanismo de estandarización de la diligencia esperada de estas plataformas. Esto se recibe muy bien por parte del sector. La industria necesita seguridad, certeza,
estándares de comportamiento. ¿Qué esperan de mí, dice una red social, para prevenir la desinformación? Me da miedo entrometerme en la libertad de expresión y, por tanto, voy a ser extraordinariamente cauta y voy a esperar demasiado, pero si
espero demasiado van a hacerme responsable por los daños ocasionados por la desinformación. ¿Cómo actúo? Los códigos de conducta pueden convertirse en estándares de diligencia; es decir, un buen diseño de un código de conducta es un protocolo de
actuación. Por tanto, si elaboran un buen código de conducta o se inspiran en el existente, bien negociado con los actores del mercado, en realidad lo que están asegurando es que los estándares son las mejores prácticas del sector, y estos
estándares se convierten en diligencia. Es decir, una plataforma lo que dice es: soy diligente cuando cumplo con el código de conducta y presumo que no soy diligente cuando no lo cumplo y, por tanto, mi no cumplimiento deriva en responsabilidad.
En mi opinión, es una excelente estrategia de convivencia entre el soft law y el hard law. El mercado recibe, como les digo, con mucha receptividad y con mucha permeabilidad este tipo de estrategias mixtas.


Segunda decisión en materia de estrategia ¿Cómo hacerlo? ¿Tiene sentido una ley de la desinformación? Una ley de las campañas de desinformación en periodo electoral es una buena manera, no cabe duda, porque tiene un efecto inevitable de
publicidad y de visibilidad; estamos atacando este problema y lo hacemos de una manera consistente y coherente. Pero no descarten también la estrategia de ir incorporando en las diferentes legislaciones o textos legislativos relevantes
disposiciones que cumplan el mismo papel. Lo hacen de una manera dispersa, pero igualmente eficiente, o lo hacen de una manera coherente, única y específica para lanzar un mensaje, que también es importante, al mercado y a la ciudadanía.


Permítame concluir con la última parte, que es sin duda la más importante, porque ahí es donde encontrarán las medidas concretas que pueden tomar en consideración. ¿Qué tipo de estrategias? Es decir, ¿qué queremos hacer en realidad?
¿Queremos prohibirla, prevenirla o mitigar los efectos negativos y las externalidades de la desinformación? Pues naturalmente, tienen estas tres opciones. Primero, prohibir y sancionar. Esto se puede hacer, he de reconocerlo, con las campañas de
desinformación orquestadas, intencionadas, pero se puede hacer muy difícil -muy difícil, repito- si pretenden hacer una ley de la desinformación que aglutine deepfakes, fake news y simples noticias falsas. Es muy complicado. Estaría muy lejos de
la prohibición si pretenden hacer un ámbito objetivo y temporal muy amplio.


Entonces, ¿qué? Segunda medida, medidas de prevención, medidas de mitigación y medidas de réplica. ¿En qué pueden consistir? Se las detallo rápidamente, para no pasarme del tiempo -por favor, avísenme si fuera así-. La primera es
asegurar que la financiación que proviene por vía de la publicidad se reduce lo más posible. Es decir, reducir la financiación de las campañas de desinformación probablemente hará que las diluya hasta hacerlas prácticamente inútiles o ineficientes.
Por tanto, atacar

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la financiación por vía de publicidad es una acción preventiva muy interesante. La segunda es aquella que contraataca proponiendo de manera activa, con propósito educativo, como saben muy bien. Se trata de intentar que las entidades
implicadas en determinadas campañas, es decir, aquellas que están realmente poniendo en marcha una campaña, por ejemplo vinculada a la protección medioambiental, sea la que tome la iniciativa para hacer campañas con un sello público, en el que se
expliquen realmente aquellas informaciones que son correctas; es decir, atacar contraatacando. Y, en tercer lugar, no debemos descartar, y yo se lo propongo como una herramienta que debe estar en el sistema, los incentivos, es decir, hacer muy
poco rentable la desinformación. ¿Y cuándo es rentable la desinformación? Cuando permite a una red social generar tráfico, cuando le permite viralizar y, por tanto, utilizar la financiación que proviene de la publicidad y, en consecuencia, ganar
usuarios y ganar visibilidad en el mercado. Este tipo de incentivos hay que desactivarlos completamente, y esto se puede hacer exponiendo a la responsabilidad a aquellas plataformas que no controlan la desinformación, con las medidas que les voy a
contar a continuación. Por tanto, no prohibir, sino desincentivar su viralidad.


Llegamos a la parte final y les propongo dos bloques finales de remedios y de acciones concretas. Yo he pensado que hay cuatro remedios que les pueden parecer especialmente oportunos e interesantes. El primero es que sería factible, si
deciden centrarse en el problema de la desinformación en las campañas electorales, introducir durante este periodo de tiempo, es decir, controlado en el tiempo, absolutamente justificado por el interés público que hay implicado, que se pusieran en
marcha procedimientos judiciales extraordinariamente expeditivos a los que se pudiera solicitar que retiraran una campaña de desinformación probadamente falsa, probadamente manipuladora. Esto tiene sentido, insisto, para campañas intencionadas y en
periodos en los que, bien por emergencia, bien por crisis o bien por contenido electoral o preelectoral, realmente se justifique.


Segunda posibilidad. Esta me parece muy interesante. Hemos observado que aquellos medios que siguen manteniendo el referente de credibilidad, los medios tradicionales en formato digital o no digital, en muchas ocasiones dependen, para
llegar a su audiencia, de las propias redes sociales. Es decir, hay grandes medios que necesitan llegar a cierta parte de su audiencia a través de una plataforma, y esto distorsiona el mercado completamente, porque la credibilidad del medio pasa
por los fenómenos de diseño algorítmico que fija la plataforma. Por tanto, en cierta medida nos encontramos con una dependencia, que no deberíamos aceptar, de un medio con su credibilidad y con su estándar de profesionalidad dependiendo de un
esquema diseñado por una plataforma que no deja de ser una entidad privada con intereses muy distintos. ¿Qué les propongo aquí? Algo que ya está en la propuesta de reglamento de libertad de los medios de la Unión Europea, y es la obligación de que
las plataformas, primero, traten las cuentas de medios acreditados con cierta atención, es decir, que no les apliquen las normas de cerrar cuentas y remover contenidos como lo hacen por cualquier individuo, igual que sabemos que tienen un trato
diferente a las cuentas oficiales: naturalmente no retiran información que provenga de un ministro, de una cuenta de ministerio oficial. La idea es que aquellos problemas que se generan por cuentas de medios acreditados no les digo que no se
atiendan o que no se retiren, en absoluto, sino que se gestionen de manera más expeditiva. Es decir, que los medios tengan la posibilidad de tener un tratamiento más expeditivo de supuestas remociones de sus contenidos, de las quejas o las
solicitudes de reposición de contenidos que se pueden haber equivocadamente retirado de la plataforma.


¿Qué más hacer? Yo creo que, inevitablemente, solicitar a las plataformas que incorporen una política de identificación de prácticas manipulativas muy seria. Por ejemplo, identificación de cuentas en forma de bot, cuentas falsas, y lo que
claramente se perciben como líneas de campañas de desinformación, en la que tienen una serie de patrones de comportamiento que un algoritmo detecta claramente como cuentas bots para la desinformación. Por tanto, obligación de las plataformas de
detectar este tipo de prácticas manipulativas.


Y por último, la responsabilidad. Un incumplimiento de estas acciones por parte de la plataforma puede -¿por qué no?- generar responsabilidad. Es un desincentivo muy importante y muy disuasivo y, sobre todo, tiene, en mi opinión, una
materialización muy clara: si ustedes no han actuado y con eso se ha causado un daño son responsables civilmente de reparar los daños causados. Esto les permite determinar el marco del riesgo que están asumiendo si deciden no intervenir en el
momento oportuno. Y esto lo podemos hacer con el Reglamento de Servicios Digitales y el de Mercados Digitales, porque ahí hay un puerto seguro y hay un régimen de responsabilidad.


Y ahora sí -perdóneme si me extiendo- concluyo ofreciéndoles en el mapa con el que vamos a cerrar la comparecencia una serie de acciones concretas. Es decir, hemos pensado en remedios y, ahora, en

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acciones concretas. Esta es la primera que les propongo, que no les sorprenderá: si no aceptan retirar, por los peligros que tiene una retirada, etiqueten aquella publicidad que es política o que está patrocinada con propósito político.
Etiquetarla, es decir, advertir: esta publicidad no es publicidad, tiene un patrocinio y un patrocinio que muestra un objetivo político. La segunda acción que les propongo me apasiona, porque como trabajo en inteligencia artificial veo el
potencial que tienen el diseño de los algoritmos: obligar a que el diseño de los algoritmos de las plataformas impida o minimice la viralidad. Sabemos que esto se puede hacer, porque precisamente están diseñados para hacer lo contrario. Aquellas
noticias que generan controversias son noticias que sabemos que generan un tráfico muy importante, y si esa noticia se detecta como falsa o sospechosa no la eliminen, pero hagan un efecto de reducción de la viralidad, porque los efectos dañosos que
puede generar una viralidad excesiva se atenúan. No se daña la libertad de expresión, la información está ahí, la noticia está ahí, pero se reduce la viralidad. La tercera acción me encanta también. Ustedes saben muy bien que en una red social
hay un algoritmo que lo que hace es recomendarnos qué noticias nos pueden interesar. También saben que esa recomendación está basada en nuestro comportamiento previo. Pues uno de los efectos más perniciosos de esta recomendación es lo que se
llaman cámaras de eco o silos ideológicos. Yo recibo noticias que, aparentemente, agravan, profundizan, refuerzan mi opinión previa. Esto polariza, esto divide y esto dificulta el razonamiento, porque yo recibo una y otra vez noticias que no hacen
más que confirmar que lo que creía es correcto y, si lo que creía es falso en realidad, no hacen más que profundizar el silo ideológico. Se pueden diseñar estos sistemas de recomendación para evitar esta correlación tan peligrosa y tan agravante,
en mi opinión, de la desinformación.


¿Qué más hacer? Desde luego, creo que es fundamental que las redes sociales involucren a la comunidad en la detección de la desinformación, y para eso necesitamos sistemas de etiquetado, sistemas de acción y retirada y sistemas de réplica.
El usuario, sea cual sea, tiene que tener la capacidad permanentemente de detectar que algo parece falso y de dar información en forma de réplica para que se pueda contrastar lo que parece a todas luces que es falso. Este efecto de abajo a arriba
es clave para atenuar los efectos de la desinformación.


Y quiero terminar con un elemento que me parece muy oportuno que mencionemos aquí, el uso sofisticado de la inteligencia artificial, que cristaliza en uno de los fenómenos del momento, el famoso ChatGPT, que ha cambiado nuestra forma de
interactuar con la información. Uno ya no busca y recibe una lista de resultados que consulta, uno no busca en una red y recibe una lista de post que han hecho otros, no, uno consulta ChatGPT y ChatGPT le responde y le dice: efectivamente, tiene
razón, ¿sabe?, porque en el año 1975 ocurrió esto y lo otro. Ese efecto que tiene de convencimiento, de persuasión, al recibir una narrativa cerrada sin saber de qué fuentes proviene, me parece que es un foco en el que debemos centrar nuestra
atención y nuestra preocupación. Mi propuesta: que este tipo de modelos ChatGPT, que son apasionantes y que van a traer unos beneficios extraordinarios, siempre vengan acompañados de la lista de fuentes que han utilizado para procesar la
información.


Con esto, si están de acuerdo, lo que pueden es diseñar un mapa como el que ven en la pantalla (apoya su intervención en una presentación digital), un mapa en el que, en primer lugar, ven cuál podría ser el ámbito de aplicación posible, solo
noticias falsas, solo operaciones de influencia, solo o también publicidad política. En segundo lugar, deciden cuándo: en las elecciones, en momentos de crisis o de manera permanente. A continuación, en color verde deciden a quién dirigir las
principales obligaciones: a las redes, a los medios, al sector de la publicidad o a todos los usuarios. Y a partir de ahí hacen diferentes rutas, trazan las rutas que les parezcan más adecuadas.


Como ven, las redes sociales serían claramente aquellas a las que podemos aplicar la gran mayoría de las acciones que les proponía: la responsabilidad; el diseño de algoritmos; el etiquetado; las acciones de réplica; la minimización de
los riesgos de la recomendación; los verificadores. En definitiva, si se dan cuenta tienen muchas rutas para construir una estrategia eficiente de prevención, de contención de la desinformación. Son decisiones de política legislativa clave que
espero haber podido articular de una manera consistente y útil para el debate posterior.


Muchísimas gracias y encantada de atender a sus preguntas. Muy amables. Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, profesora De las Heras. Se ha tomado la molestia de preparar la presentación.


Imagino que habrá interés en plantear cuestiones. Como el Reglamento nos persigue y la letrada es testigo, lo haremos de menor a mayor. Tiene el privilegio Martínez Oblanca, por el Grupo Mixto.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

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Naturalmente, le agradezco también a la profesora Rodríguez de las Heras su interesante comparecencia. Sepa usted que los aplausos unánimes son muy escasos en esta legislatura, con lo cual la felicito por su intervención. Efectivamente, se
refería usted a la transformación digital, a la enorme cantidad de variantes. En esta Comisión Mixta de Seguridad Nacional, sin duda, es una de las cuestiones que inquietan y por eso se hizo la Ponencia respecto de las fake news.


Seré breve porque a las tres tenemos Pleno y no conviene extenderse. Es preferible escuchar, en todo caso, a la profesora. Quisiera preguntarle por la estrategia legislativa para el ámbito comunitario, es decir, la que elabora la Unión
Europea, que nos viene dada y que tenemos que trasponer en nuestro marco normativo. Citó usted la próxima aprobación de la ley de inteligencia artificial, pero quisiera preguntarle su opinión sobre el código de buenas prácticas en materia de
desinformación -se refirió usted a ello-, que se aprobó el pasado año 2022 y que se elaboró en 2018. Uno de los factores más señalados en este nuevo código fue el de la transparencia en la publicidad política. Desconozco si la reglamentación sobre
las plataformas incide ya en esta cuestión y, si es posible, me gustaría un comentario suyo al respecto. Le diré que me parece que desincentivar las plataformas, las todopoderosas plataformas, me parece una misión imposible, porque los legisladores
en cuestiones tecnológicas vamos siempre muy por detrás de los acontecimientos. Cuando llegamos, suele ser demasiado tarde.


En todo caso, señora Rodríguez de las Heras, gracias por su testimonio y la felicito por su exposición.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Vamos acumulando intervenciones.


Señor Gutiérrez, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, señor presidente.


Muchísimas gracias, profesora Rodríguez de las Heras. No le voy a efectuar ninguna pregunta. Me quedo con su exposición, que me ha parecido sumamente interesante, sobre todo esa aproximación a la estrategia legislativa que, quizás, hasta
ahora no habíamos tocado, aunque desde luego forma parte del objeto de esta Ponencia, precisamente de las recomendaciones que podemos hacer aquí. Me ha parecido sumamente interesante y quiero analizar bien toda la información que he recogido. En
todo caso, quería felicitarle por su exposición y darle las gracias por compartirla con todos nosotros.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Si lo consiente la compareciente, puede haber una segunda ocasión. Ya veremos en qué régimen.


Tiene la palabra el diputado Legarda, por el Grupo Vasco.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.


Doy las gracias a la compareciente, porque me ha parecido una exposición muy interesante y clarificadora, sobre todo con esa idea general de que cuanto más usemos el gran angular, más difícil y cuanto más usemos el teleobjetivo, será más
fácil, dentro de toda la dificultad.


Me tengo que ir cuando termine mi intervención porque a la una y media se constituye una comisión y establecer el plan de trabajo.


Compareció aquí un catedrático de Derecho Constitucional, cuyo nombre no recuerdo, y nos estuvo relatando las estrategias del Tribunal Supremo brasileño en las elecciones. Nos comentaba que una de las evoluciones que había tenido el
Tribunal Supremo brasileño, en periodo electoral y preelectoral, en esa dicotomía entre marco legal y códigos de conducta, era haber llegado a transformar los códigos de conducta en obligaciones. Es decir, si tú te comprometes a una conducta, yo te
la voy a exigir como una obligación. No es algo voluntario, optativo, que yo luego puedo atender o no atender en cuanto que no tiene un contenido normativo imperativo. Lo transforman en imperativo. Es decir, tú te poner las reglas, pero si te las
pones, yo te voy a controlar y te voy a sancionar. En realidad, era retirar de las redes sociales contenidos políticos que podían afectar, según los criterios del Supremo brasileño -que es la junta electoral, en definitiva-, o formar erróneamente
la voluntad de los electores. Entonces, mi pregunta sería: ¿Qué le parece esta aproximación del Supremo brasileño de esa dicotomía entre marcos regulatorios imperativos y códigos de conducta, transformar los códigos de conducta en marcos
regulatorios?


Lamento tener que irme porque a la una y media tengo que estar en otra Comisión. La leeré con mucha atención. Me ha parecido muy interesante.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo VOX, tiene la palabra el señor Utrilla.


El señor UTRILLA CANO: Voy a intentar ser muy breve.


Muchísimas felicidades porque ha sido interesantísima la presentación. Como le han comentado, no es fácil recabar consenso en esta Comisión. Felicidades también por ello.


Dos cuestiones muy brevemente. Cuando hablábamos de las plataformas y de no utilizar los mismos métodos que con los particulares para los medios acreditados, la pregunta del millón -esta y la siguiente que le voy a hacer- es: ¿y quién dice
qué medios son los acreditados? Todo es muy interesante pero, al final, siempre requiere una acción humana y es muy difícil de discernir quién tiene esa autoridad. La segunda es lo mismo en relación con el tema de la viralidad, interesantísimo
tema. ¿Quién decide cuándo una noticia es falsa? Es decir, al final, ¿quién es el verificador de noticias? Porque siempre puede pasar que el verificador esté intoxicado o esté manipulado. Esas dos preguntas, que serían clave para todas las
decisiones y actuaciones posteriores, al final son de muy difícil decisión.


Tengo muchas preguntas, pero me limito a esas dos.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, diputado Utrilla, porque hay muchas cuestiones pendientes.


Tiene la palabra el diputado Quintanilla, que interviene por vez primera en esta Comisión, así que le damos una salutación especial.


El señor QUINTANILLA NAVARRO: Me sumo a las felicitaciones.


Teniendo la oportunidad de ver la cantidad de cosas aledañas a este tema en concreto que usted trata, me parece especialmente meritorio que se haya podido centrar en una exposición tan clara y precisa. Ha hecho alguna alusión tangencial a
su interés en la inteligencia artificial, que efectivamente es fascinante, y por eso le agradezco la capacidad de síntesis y la utilidad de su propuesta.


Quisiera referirme a un par de cuestiones, no exactamente sobre lo que propone, sino desviando un poco la atención hacia algo que me parece relevante. En primer lugar, una estrategia normativa como la que se propone aquí en un tema como
este, puede llegar a chocar -lo planteo no como pura incógnita, pero sí como sospecha- con una demarcación jurídica clara. Es decir, una norma española, una norma europea, ¿tiene realmente capacidad para embridar comportamientos en la red, para
embridar comportamientos que tienen que ver con noticias falsas, esa información que proviene de no sabemos muy bien dónde ni por qué motivos? Mi pregunta, por tanto, es sobre la jurisdicción. Añado, además, una consulta que me hacían. En el caso
concreto de la normativa de excepción, ¿qué órgano podría tomar esa decisión, en qué condiciones, etcétera? Me interesa especialmente la idea de ley en un mundo bastante asilvestrado como este, en el que no hay fronteras claras, no hay autoridades
claras y, por lo tanto, la norma aplicable es dudosa y las autoridades capaces de ejecutarla, incluso si pudieran, como persona de la que se pueda decir que es justiciable mío y cómo hago eso, me generan una incógnita.


Una consulta quizá ya más de orden humanístico, digamos, pero que sé que es algo no que no está lejos de su inquietud. Esta es una exposición en la que podemos percibir la idea de unos señores que hacen cosas malvadas sobre unas personas
que son víctimas, pero realmente la desinformación más bien se parecería a un mercado en el que hay proveedores y consumidores voluntarios de desinformación. Por ejemplo, el problema de prohibir durante una campaña electoral una noticia o alguna
cosa que se viralice es que sospecho que hay consumidores de desinformación que verían el cielo abierto porque tendrían una información veraz, y es que una autoridad ha prohibido el conocimiento de algo que no me dejan que yo sepa qué es, Puesto que
hay un comportamiento inverso en esto, es decir, que hay consumidores de desinformación voluntarios e involuntarios, me preocupan los voluntarios, personas que son adictas a la desinformación, porque confirman un prejuicio, una comunidad epistémica
de base a la que quieren pertenecer y no van a preguntarse demasiado si eso que están viendo y les hace sentir bien es saludable o no para el conocimiento de la verdad. Es, por tanto, un mercado parecido al de la droga, para entendernos. Es una
conducta adictiva de la que es difícil apartarse una vez que uno ha entrado en el conocimiento. Insisto, las estrategias legislativas que están destinadas a sacar de la circulación ciertas cosas, en ese contexto pueden producirles a esas personas
no solo un saneamiento de su percepción del mundo, sino la confirmación de que, efectivamente, hay unas autoridades que no me dejan conocer cosas y la verdad está oculta en un voto.


Luego, están los consumidores involuntarios, es decir, qué se puede hacer no sobre las plataformas, pero sí sobre los proveedores de sistemas o teléfonos para que un padre, por ejemplo, o cualquier

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persona, además de fiarse de entidades que de alguna manera validan su información, la contrastan bien y tienen un sello de calidad, puedan estar protegidos porque echan la llave de casa. Es decir, yo quiero cerrar la entrada de mi casa a
esto y quiero saber cómo puedo hacerlo. Cómo podemos trabajar desde el lado de la demanda, para entendernos. Este sería un planteamiento fundamental, prioritario, y creo que el proceso legislativo gana mucho con la clarificación que usted ha hecho
aquí. Pero me gustaría también incorporar el lado de la demanda, porque creo que no se entiende bien el fenómeno viral, en general, de la desinformación en su éxito, digamos, si perdemos de vista que tiene consumidores y que algunos de esos
consumidores son involuntarios pero otros son voluntarios, y a la hora de diseñar la estrategia legislativa hay que tener en cuenta que están ahí y que reaccionarían ante este tipo de estrategias de una manera que quizá pueda profundizar aún más el
problema. Simplemente esto.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Tiene palabra la señora Retuerto.


La señora RETUERTO RODRÍGUEZ: Muchas gracias, profesora. Ha sido muy interesante la ponencia de hoy.


Nosotros llevamos trabajando en ese grupo ya más de un año sobre la ponencia de desinformación. Efectivamente, el tema de aplicar normativa a este fenómeno es una de las incógnitas, propuestas y preguntas que nos hemos estado haciendo casi
constantemente en el periodo de estudio de esta ponencia. A mí me surgen algunas preguntas a las que todavía no he conseguido respuesta. Voy a ser muy breve. Ahora nos vamos a aproximar a un periodo muy complicado, muy propicio para este tipo de
situaciones de desinformación y de fake news, que son las campañas electorales. Este año va a ser un cúmulo de desinformación y de esta situación disruptiva en las campañas electorales. Como vamos a tener dos este año, creo que es importante
centrarnos en ello. Por un lado, cuando hablamos de normativa legislativa, la línea de la libertad de expresión. Y, por otro lado, la necesaria confluencia con el club al que pertenecemos, que es la Unión Europea, porque en este mundo globalizado
en el que estamos no solamente vale con que nos protejamos nosotros, sino que tenemos que hacerlo con los países que nos rodean y, por supuesto, con la Unión Europea.


Además, el código de buenas prácticas reforzado de la Unión Europea, que contiene 44 compromisos y 128 modelos específicos que van casi todos ellos, como has dicho, en una dirección importante que es la prevención. Yo creo que la palabra
prevención es fundamental y es muy pedagógica para entender qué es el fenómeno de la desinformación y cómo puede influir en la sociedad.


Me preocupan mucho no solamente las plataformas que visualizamos a nivel general porque son abiertas, sino aquellas plataformas tipo Whatsapp y Telegram, que son privadas; esos canales de comunicación con mensajes masivos que se utilizan
precisamente en estos periodos electorales por algunos grupos o lobbies que quieren influir de alguna manera, porque hay que ir a la finalidad de la desinformación. ¿Y la finalidad de la desinformación, cuál es? Es cambiar ese paradigma o cambiar
esos procesos por la intención personal o lobista de esa situación.


Me he extendido un poco.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Cedo la palabra a la compareciente.


La señora RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL (profesora titular de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III de Madrid, miembro del grupo de expertos de la Comisión Europea sobre la economía de plataformas y del grupo de expertos sobre
inteligencia artificial y responsabilidad): Muchas gracias, señorías, en primer lugar, por la amabilidad. Me ha alegrado mucho saber que les ha parecido interesante y de valor. Les agradezco muchísimos los apuntes y las preguntas que hacen,
realmente extraordinarias y muy críticas, porque ahí es donde, inevitablemente, están las mayores dificultades de estas propuestas.


Voy a resolver aquellas que son más claramente preguntas. Con respecto a en qué medida utilizar el código de conducta como una obligación unilateral vinculante de la que pudiera derivar una obligación por parte de las plataformas sujeta a
la norma. Es una buena solución. En el marco jurídico español sería igualmente factible. Hay bases jurídicas para proponer esta aproximación, porque podemos considerar que cuando una plataforma se adhiere a un código de conducta lo que está
haciendo es emitir a sus

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usuarios una declaración unilateral de compromiso que crea expectativas razonables en los usuarios de que va a cumplir una serie de normas. Eso es un negocio jurídico del que deriva una vinculatoriedad por parte de las plataformas.
Tendríamos esa vía, es decir, la plataforma que se ha comprometido a cumplir un código tiene una obligación exigible desde luego contractualmente, pero también extracontractualmente. Oiga, usted me ha causado un año porque resulta que se ha
comprometido a cumplir un código que no ha cumplido. Por tanto, está incurriendo en una culpa de la que ha generado un daño. Es una vía posible que yo añadiría a las anteriores. La clave está, por tanto, en que aquellas plataformas que deciden
adherirse a un código de conducta, en definitiva, han tomado una decisión voluntaria de implementar una serie de medidas y se comprometen con el efecto vinculante frente a terceros. Es viable. Yo lo he defendido en códigos de conducta en otros
contextos y, por tanto, me parece que es una solución viable, que ya está en el marco jurídico español. Realmente, forma parte del concepto de decisión unilateral, de vinculación, no hay nada más que hacer, y sería una de las vías. Pero yo no
confiaría solo en esa vía. Esa vía ya está, ya la tenemos, pero me parece que no es la única que necesitamos y, en mi opinión, no sería suficiente. Insisto, me parece que sería viable en el caso español.


Con respecto al problema de en qué medida tenemos herramientas de identificación de aquellos medios que llamamos medios acreditados. Inevitablemente, toda la economía digital gira alrededor de la debilidad de ese punto, que es el punto de
entrada. El punto de entrada siempre es en qué medida tenemos herramientas que permitan a las plataformas verificar y sobre esa verificación construir o aplicar diferentes procedimientos. Naturalmente, hay dos vía. La primera es recurrir a
fuentes públicas en cada uno de los Estados para que identifiquen aquellas cuentas que tienen un carácter oficial. Eso es posible en unas ocasiones y es discutible en otras. Por tanto, tenemos un problema en ese sentido. ¿Cómo lo podemos
resolver? La única manera de resolverlo, en mi opinión, es atenuar el efecto de la medida que vamos a aplicar. Yo creo que no sería conveniente aplicar medidas de prohibición frente a cuentas que no se acreditan como medios. Eso sería entrar en
un terreno terriblemente delicado porque nos obliga a tener un mecanismo de verificación y de acreditación. Por tanto, vayamos a algo más suave. ¿Qué es más suave? Simplemente, que aquellos medios que por las vías de buenos esfuerzos que pueda
hacer la plataforma parecen responder a medios establecidos en una determinada jurisdicción tengan este procedimiento acelerado de atención. No hay más. Un usuario no acreditado nunca va a tener un derecho menor o inexistente a este respecto, en
absoluto. Es decir, cualquier usuario va a tener la vía de solicitar una revisión. El caso de los medios acreditados o considerados como tal tendrá simplemente un mecanismo más acelerado de atención para tratar de contener el efecto de la
desinformación cuando un medio acreditado dice: Oiga, yo tengo información por fuentes fiables de que esta información es falsa. Me la están ustedes retirando. Permítanme por lo menos que haga una revisión más acelerada. Me parece que eso es el
mejor equilibrio que podemos lograr. Lo mismo ocurre con el problema de la viralidad. Si nosotros imponemos la solución más radical -noticia falsa se retira- el problema es que tiene que hacer un escrutinio y una valoración de que esa noticia es
falsa. Entramos en un terreno, como decía antes, tremendamente delicado y pantanoso. Si hacemos lo que las plataformas llaman el demoting, que es simplemente atenuar el efecto de la viralidad, hay un equilibrio bastante razonable. La noticia está
y aquel consumidor que desea buscarla, la encuentra. La libertad de expresión no se ve dañada o al menos de una manera no irreparable, pero evitamos ese efecto indeseado de una viralidad que llega al consumidor que no lo desea y que de alguna
manera genera un ruido que impide llevar a cabo la construcción de una narrativa seria, bien construida. Por tanto, esos dos puntos críticos están ahí, hay que saber que están ahí, son críticos, son difíciles de resolver. Mi propuesta es:
atenuemos la intensidad de la respuesta para que al menos el daño por falso positivo o falso negativo sea menos grave y no sea irreversible.


La pregunta sobre la territorialidad desde luego es clave, y es una cuestión -jurisdicción, territorialidad y legislación aplicable- que la Unión Europea ha tenido que resolver en todas y cada una de las normas que está aprobando o que ha
aprobado en materia de economía digital. Porque economía digital significa aplicar a plataformas que no tienen sede en Europa pero que prestas servicios aquí; inteligencia artificial se refiere a aplicar normas de una inteligencia artificial
diseñada en otro país y, probablemente, residente en un servidor que no está en Europa y, sin embargo, queremos regular los efectos o el uso de este tipo de servicios en la Unión Europea. ¿Cómo lo ha hecho la Unión Europea? A través de lo que se
llama la regla del stream of commerce, es decir, adónde se dirige la actividad. Las plataformas dirigen la actividad y lo hacen a través de diferentes mecanismos: lo hacen con publicidad, lo hacen con lengua, lo hacen con idioma, lo hacen con
moneda, lo hacen con tecnología, que permite acelerar el acceso a ciertos servicios en determinados territorios. Es decir, hay claramente una dirección consentida de la actividad a un

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determinado territorio. Eso es suficiente para que apliquemos, por ejemplo, el Reglamento de Servicios Digitales, para que apliquemos el tratamiento como gamekeeper del Reglamento de Mercados Digitales. Eso es suficiente para que
apliquemos la mayoría de las normas, que inevitablemente asumen que el establecimiento del operador no está en Europa y, sin embargo, lo atraemos a través del destino de sus servicios. Para darles un ejemplo concreto, el Reglamento de Servicios
Digitales dice: Este reglamento se aplica a cualquier operador de un servicio de plataforma, con otra terminología, que dirija sus servicios a usuarios localizados en la Unión Europea. Naturalmente, no dice nacionales, no tendría sentido; no dice
establecidos y con residencia, no tendría sentido. Dice simplemente: localizados en la Unión Europea. De modo que podemos percibir que hay un consumo, un tráfico vinculado a un espacio, mercado común, y eso justifica la atracción regulatoria.
Esa es la solución que ha encontrado la Unión Europea para diseñar un delicadísimo contorno de la economía global digital, que obliga a encontrar factores de conexión que en la mayoría de las ocasiones no son territoriales. Porque si no, promovemos
muy fácilmente la evasión de la norma. Si yo tengo sede en Europa y me van a aplicar la norma europea, naturalmente, cambio mi sede a un paraíso jurídico y legislativo. Es tan evidente que voy a hacer esa evasión de la norma, que hay que evitar
incorporar ningún elemento que genere el tratamiento oportunista y, por tanto, la evasión de la norma. Eso nos puede solucionar, como ve, gran parte de las cuestiones.


Es interesantísimo el planteamiento del consumidor voluntario y adicto o del consumidor que no desea información pero que la recibe. Yo le diría que hay dos elementos interesantes a tener en cuenta. El primero es darnos cuenta de que gran
parte del problema de la desinformación es el efecto que genera la popularidad como equivalente de la credibilidad. Por tanto, si aplicamos mecanismos de contención de la viralidad, en realidad estamos conteniendo el efecto negativo indeseado al
consumidor que no lo busca. Sabemos perfectamente que los grupos de Whatsapp, que los grupos de las redes sociales, aquellos que están conformes con una determinada línea argumentativa, forman parte de grupos u subgrupos en los que se promueven
ciertas opiniones y se intercambian con mucha comodidad y fruición ciertas opiniones y ciertas campañas que podríamos considerar desinformadoras, pero es un consumo intencionado, voluntario, hasta que casi el consumidor se convierte en prosumidor:
yo propago, yo creo, yo genero y yo alimento esta campaña. Sabemos que retener la viralidad lo único que hace es proteger al consumidor que no la desea, al consumidor que realmente no espera esta desinformación. Es la única manera, es decir,
asociar credibilidad con popularidad y, por tanto, contener la popularidad para asegurar que el consumo es un consumo deseado, es un consumo buscado. Cuando este consumo buscado cruza la línea de la ilegalidad estamos en un terreno diferente.
Mientras que sea una retroalimentación voluntaria de determinadas opiniones y narrativas poco compartidas, poco verificadas, pero inevitablemente en el marco de un ejercicio de la libertad de expresión, el efectos es, diríamos, incontenible, no
podemos hacer mucho más, pero al menos protegemos ese otro lado del mercado, que es el que queremos proteger.


La otra vía es la de la acción proactiva, que es que si el problema está en que esta noticia parece creíble porque es viral, hagamos a la réplica tan viral como la noticia que queremos contraatacar. Esta ha sido desafortunadamente una de
las luchas más difíciles de ganar con la réplica y la contraargumentación. Si yo tengo una noticia con tres millones de tuits, qué difícil es que mi réplica, que mi derecho a la rectificación gane la misma percepción de credibilidad, ese es el
problema. Por tanto, por qué no promover esta idea de no solo etiquetar una noticia falsa, no solo reducir la viralidad, sino promover vías de réplica, porque el usuario dudoso, aquel que en realidad no quiere esa desinformación va a reaccionar
probablemente de manera equivocada a una respuesta demasiado radical: Oiga, están prohibiendo este tipo de opiniones, algo debe hacer detrás. Para evitar este tipo de reacción y de percepción tan peligrosa, fomentemos lo proactivo. Si esto no es
verdad, diga por qué; dónde está la fuente que debo leer; permita a la persona afectada que rectifique, permita que explique las razones. Es una manera, quizá, ligera, no demasiado radical, pero probablemente silente y efectiva en el medio y
largo plazo.


Me hacía tres preguntas sobre la libertad de expresión, la coincidencia con la Unión Europea y la necesidad de la prevención. Creo que no me he dejado nada, por favor, me avisan si no ha sido así. Para mí todo esfuerzo que se haga debe
estar alineado con el entorno europeo. Sería ideal un alineamiento global, pero probablemente la diversidad de perspectivas puede dificultar un acuerdo mucho más consistente y, desde luego, mucho más sustancial, pero en el marco de la Unión
Europea, sin perjuicio de que pueda haber peculiaridades nacionales que merezcan una cierta atención, me parece que es absolutamente clave.


Prevenir, desde luego, es la clave. A mí me parece que la prevención es la medida que mejor logra el equilibrio entre los diferentes derechos fundamentales y libertades en juego. Previene quiere decir que no

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sancionas, previene quiere decir que aseguras que no se produce este ciclo tan vicioso y desagradable de que la noticia falsa genera un efecto pernicioso en el mercado, tenemos que rectificar, pero no es suficiente, y estamos permanentemente
en una sensación decepcionante y frustrante de no lograr resolver el problema. En este contexto de la prevención es verdad que no estaba citado expresamente pero redes sociales deberían incluir también otros sistemas de mensajería y otros grupos de
distribución que generan un efecto de viralidad muy parecido.


No sé si usted tenía otra pregunta que he anotado aquí y que no reconozco. (El señor Quintanilla Navarro: Una específica sobre la situación de crisis). Muy buena, es verdad. (El señor Quintanilla Navarro: No es mía). Es una cuestión
muy delicada. Creo que aquí tenemos que recurrir a una buena redacción legislativa en la que digamos qué vamos a considerar causas de emergencia o situaciones de crisis. ¿Cuáles van a ser? Aquellas situaciones de catástrofe natural. ¿Qué
autoridad es la competente para declarar una catástrofe natural? Esa será la autoridad que, habiendo declarado el estado que corresponda, permitirá aplicar el protocolo que hemos asociado a incendios, inundaciones, etcétera. Si hablamos de
pandemia, ¿qué autoridad puede tomar medidas de emergencia y de reducción de libertades? Esta autoridad, que es la que puede solicitar que se aplique el protocolo. Es decir, hagamos un buen engarce de aquellas situaciones que ya están contempladas
en la legislación existente y que permiten hacer una perfecta coordinación competencial, de modo que no creemos escenarios ficticios y probablemente peligrosos por los riesgos de que haya una manipulación indeseada. Que en una situación de crisis,
de emergencia y peligrosa no intervenga una autoridad a la que no le corresponde la intervención. Esa sería la propuesta que les haría.


El señor PRESIDENTE: Quisiera preguntar, si se lo permiten al presidente, lo siguiente: ¿sería una autoridad sin concurso de expertos independientes?


La señora RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL (profesora titular de Derecho Mercantil en la universidad Carlos III de Madrid, miembro del grupo de expertos de la Comisión Europea sobre la economía de plataformas y del grupo de expertos sobre
inteligencia artificial y responsabilidad): Creo que ahí deberíamos hacer un estudio caso por caso en el que valoráramos bien qué queremos tratar, qué llamamos supuesto de crisis y supuesto de emergencia. Vayamos a las normas. ¿Qué tipo de
legislación puede, de alguna manera, ofrecernos escenarios que consideraríamos de crisis? En estos escenarios de crisis, por ejemplo, si es una catástrofe natural o un incendio grave, ¿habitualmente se requiere en el proceso legislativo de una
intervención de una comisión de expertos? No, porque realmente en estos casos los elementos de valoración son completamente objetivos. ¿Se podría considerar crisis una situación de huelga grave prolongada? No y necesitaríamos que hubiera una
intervención mucho más meditada de expertos; es decir, no crear nada que no esté en las normas existentes, salvo que veamos escenarios nuevos no previstos en los que el control de la desinformación podría ser útil.


El señor PRESIDENTE: Son crisis de opinión pública de aceptación o rechazo de normas de emergencia. Es una cosa muy subjetiva, de aprecio que no está tasado ni es posible tasarlo y por eso el concurso de un tercero que no esté comprometido
como la misma autoridad gubernativa e incluso legislativa.


La señora RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL (profesora titular de Derecho Mercantil en la universidad Carlos III de Madrid, miembro del grupo de expertos de la Comisión Europea sobre la economía de plataformas y del grupo de expertos sobre
inteligencia artificial y responsabilidad): Sin duda, es un ejemplo estupendo en el que no estaba en este momento pensando, en el que la intervención de un tercero, neutral, imparcial y experto que valore el riesgo real es clave. Sería
contraproducente e inadmisible que sea juez y parte aquella autoridad que vaya a tomar decisiones de control de la libertad de expresión. Eso es clave y hay que evitar ese solapamiento indeseado.


Muchísimas gracias y ha sido un placer estar con ustedes.


El señor PRESIDENTE: Le damos las gracias de parte de todos a usted, señora Rodríguez de las Heras, y no descarte que recurramos de nuevo a su buen saber y propuesta.


Levantamos la sesión.


Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.