CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 794

CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ROBERTO URIARTE TORREALDAY, VICEPRESIDENTE PRIMERO

Sesión núm. 25

celebrada el jueves,

27 de octubre de 2022

ORDEN DEL DÍA:


- Comparecencia de doña Magdalena Valerio Cordero, candidata propuesta por el Gobierno como presidenta del Consejo de Estado, a los efectos de la disposición adicional tercera de la ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del
alto cargo de la Administración General del Estado. (Número de expediente 276/000023) ... (Página2)


- Emisión de dictamen sobre idoneidad y conflicto de intereses. (Número de expediente 276/000023) ... (Página21)

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Se abre la sesión a las dos y quince minutos de la tarde.


- COMPARECENCIA DE DOÑA MAGDALENA VALERIO CORDERO, CANDIDATA PROPUESTA POR EL GOBIERNO COMO PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ESTADO, A LOS EFECTOS DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA DE LA LEY 3/2015, DE 30 DE MARZO, REGULADORA DEL EJERCICIO DEL
ALTO CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente 276/000023).


El señor VICEPRESIDENTE (Uriarte Torrealday): Buenos días.


Vamos a iniciar esta sesión de la Comisión Constitucional, en la que, como saben sus señorías, tenemos que evaluar la idoneidad de doña Magdalena Valerio para el cargo que ha sido propuesta por el Consejo de Ministros como presidenta del
Consejo de Estado, y tenemos que hacerlo en aplicación de la adicional tercera de la Ley 3/2015, sobre el ejercicio del alto cargo en la Administración General del Estado.


En primer lugar, va a proceder a defender su posición la señora Valerio y, posteriormente, va a haber intervenciones de todos los grupos. Las intervenciones se van a hacer siguiendo la tradición de menor a mayor; serán intervenciones de
diez minutos y, si me lo permiten, con toda la amabilidad, me gustaría rogarles que fueran lo más breves posible, que intentaran ceñirse al orden del día y evaluar exclusivamente la idoneidad de la candidata.


Sin más, y dándole las gracias, le cedo la palabra a la señora Valerio. Adelante, por favor.


La señora VALERIO CORDERO (candidata a presidenta del Consejo de Estado): Muchas gracias, señor presidente.


Miembros de la mesa, señoras y señores portavoces de los grupos parlamentarios, diputadas y diputados, así como el resto de personas presentes, muy buenas tardes.


En mí no suele ser habitual -porque no me gusta mucho- leer las intervenciones, pero en aras de no maltratar excesivamente sus estómagos, como sé que estamos en una hora muy muy delicada, como no sabía muy bien la hora a la que iba a tener
que intervenir, decidí escribírmelo todo y voy a intentar ajustarme a lo que he escrito, porque tengo una cierta tendencia a ir introduciendo cuestiones sobre la marcha. Voy a intentar autocontrolar esa tendencia natural, que ya con los años que
tengo es muy difícil de cambiar, pero voy a intentarlo hoy aquí, sobre todo en consideración a ustedes.


Ante todo, deseo hacerles saber que soy consciente del indudable honor que comporta el poder comparecer ante esta Cámara, la cual -no está de más recordarlo- representa al pueblo español, en el que reside la soberanía nacional y del que
emanan todos los poderes del Estado. Es un honor, por cuanto no debemos olvidar que la idea de soberanía nacional que dimana del artículo 1.3 de nuestra Constitución, ligada a la función representativa que en su artículo 66.1 atribuye a las Cortes
Generales, hace posible que la ciudadanía se convierta al mismo tiempo en autora y destinataria de las leyes que integran el ordenamiento jurídico, según la descripción del mecanismo representativo felizmente acuñado por la jurisprudencia de nuestro
Tribunal Constitucional. Como saben sus señorías, quien se dirige a ustedes ha tenido el privilegio de formar parte en calidad de diputada de esta formidable y compleja institución que es el Parlamento. En efecto, aproximadamente ocho años de mi
trayectoria política han transcurrido en esta Cámara, hasta la presentación de mi renuncia al acta de diputada por la provincia de Guadalajara, renuncia que formalicé el pasado 18 de octubre. No puedo ocultarles que me produce una intensa emoción
el hecho de que ante esta Comisión -la primera de todas las comisiones legislativas del Congreso de los Diputados, según se desprende del artículo 46.1 de su Reglamento- se produzca la que es mi última intervención, con mis compañeros y compañeras
de la presente legislatura; y además añado: precisamente en la sala Constitucional, donde nos están guardando las espaldas los padres de la Constitución española.


Así pues, dada la propuesta acordada por el Consejo de Ministros de mi nombramiento para el cargo de presidenta del Consejo de Estado, acudo a la Comisión Constitucional para solicitar con toda humildad su dictamen acerca de la idoneidad de
mi nombramiento, así como sobre la inexistencia de conflicto de intereses, en aplicación de la disposición adicional tercera de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.


A continuación, trataré de resumir para ustedes las principales etapas por las que he pasado a lo largo de mi vida personal, en mi formación jurídica y, por supuesto, en mi desempeño profesional y político, tanto en el sector privado como en
el público, para posteriormente referirme al Consejo de Estado y a cómo veo yo que debo desempeñar la Presidencia del organismo, para lo que espero contar con su aquiescencia.

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Algo que ha conformado mi personalidad ha sido mi propia infancia y adolescencia. Fui la niña mimada de una familia muy humilde. Nací en casa de mi abuela, en Torremocha, Cáceres, rodeada del cariño de toda mi familia, propio de ser la
primera nieta; lo que también fue propiciado porque a los ocho meses fui una de las niñas afectadas por un brote de poliomielitis, del cual me recuperé, pero tuve que aprender desde la más tierna infancia a convivir con algunas secuelas. Eso se
unió al hecho de tener que salir con dos años de mi zona de confort para seguir los destinos de mi padre, guardia civil, de tal manera que cuando llegué al que fue su último destino, Alcalá de Henares, yo tenía once años y había vivido en siete
pueblos distintos con sus correspondientes escuelas diferentes, había cambiado de amigos y de amigas, de compañeros y de compañeras y también de maestros y de maestras, y aprendí que todo en la vida es un discurrir y nada es definitivo. Eso me ha
obligado a adaptarme mucho al cambio y me ha hecho resiliente, siempre con la idea de que, durante el tiempo que estuviese desempeñando una actividad, debía entregarme al cien por cien desde el primer momento para intentar conseguir los objetivos
marcados, a ser posible, en tiempo récord. Si es cierto lo que dijo Rilke de que la verdadera patria del hombre es la infancia, yo he vivido en una patria en la que he tenido que adaptarme al cambio y ejercer el esfuerzo sin quejas. Esfuerzo,
lucha y trabajo han sido siempre mi brújula.


En la adolescencia y primera juventud comencé a mostrar un gran interés por las cuestiones sociales, políticas y jurídicas, colaborando con la asociación de vecinos de mi barrio, en Alcalá de Henares, participando activamente en la
representación de estudiantes en el instituto y posteriormente en la universidad. En esta etapa de mi vida se forjaron mis ideas políticas. Partiendo de mis creencias religiosas, en la línea de la teoría de la liberación de Hélder Câmara, cargada
de compromiso social, empecé a estar cerca de las personas más vulnerables, y he creído siempre que todas las personas, hayan nacido donde hayan nacido, deben tener en sus vidas igualdad de oportunidades. Esta es la piedra angular de la justicia
social. A lo largo de mi vida, he podido comprobar que solo luchando por conseguir la justicia y la cohesión social también se puede gozar en un país de paz social y de estabilidad política.


He considerado también, ya desde adolescente, a la educación como el elemento fundamental para conseguir esa igualdad. Yo misma he podido estudiar porque, con esfuerzo, conseguí una beca que me permitió estudiar desde los diez años hasta
los veintidós; con esfuerzo y también utilizando para esa beca los impuestos que pagaba la ciudadanía de mi país, con la cual siempre he considerado que estaba en deuda. Por eso, reconozco el valor que tiene la formación para que cualquier
persona, parta del origen que parta, llegue a conseguir lo más alto de sus aspiraciones; y no es fácil porque, por desgracia, en este mundo la pobreza también se hereda. En este sentido, debo agradecer a mis padres que, a pesar de que en esa época
no era habitual, me animaran y apoyaran a continuar con mis estudios. La lucha por conseguir la igualdad legal y real entre hombres y mujeres ha sido también una seña de identidad a lo largo de mi vida, porque considero que la sociedad no puede
prescindir de más de la mitad de sus miembros.


Desde la creencia religiosa a la que he hecho referencia antes, influenciada por mi propia familia, en la cual convivían perfectamente personas muy católicas y personas con ideas de izquierdas, y en un momento de la historia de nuestro país
con bastantes turbulencias sociales y políticas en los inicios de la Transición, todo me llevó hacia el socialismo, y no fue hasta casi los cuarenta años cuando formalicé mi afiliación al Partido Socialista Obrero Español. En ese momento se inició
mi vida política institucional, porque la política de base -como les comentaba- comenzó en mi adolescencia.


En el curso 1977-1978 comencé mis estudios de Derecho en la Facultad Complutense de Madrid, allí tuve la inmensa suerte de poder contar con auténticos maestros y maestras en las distintas áreas jurídicas. No voy a enumerarlos a todos, pero
sí quiero aquí, sin hacer de menos a los demás, mencionar a algunas personas que tuvieron una especial influencia sobre mí. En Derecho Constitucional, el profesor don Luis Sánchez Agesta, senador por designación real en las Cortes constituyentes,
que nos retransmitía cuasi en directo la gestación de la carta magna, lo cual resultó para mí absolutamente apasionante. Los profesores García Gallo, García de Enterría, Gil Carlos Rodríguez Iglesias, Marino Barbero Santos y sus ayudantes Juan
Terradillos y Luis Arroyo; el profesor Prados Arrarte; y no quiero olvidarme de mis profesores de Derecho Civil, María de la Bálgoma y Fernando Pérez Espinosa, el cual consolidó en mí la idea inicial que tenía ya cuando comencé derecho de
dedicarme al Derecho Laboral y de la Seguridad Social; gracias a ellos pude apreciar también el origen jurídico-civil de esta rama del derecho. Ciertamente, el contrato de trabajo que regula el Estatuto de los Trabajadores sería inconcebible sin
el formidable fundamento teórico que aporta el Código Civil. Asimismo, tuve oportunidad de aprender la faceta de derecho financiero que tiene también el derecho de la Seguridad Social, tanto en su vertiente presupuestaria para la planificación
equilibrada del gasto como en su vertiente tributaria en todo lo atinente a la recaudación de recursos

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económicos, vía cotizaciones, sin los cuales sería impracticable la realidad de nuestro sistema público de la Seguridad Social. Sin olvidarnos, por supuesto, de la gran dimensión social de ambas disciplinas jurídicas; concretamente, la de
la Seguridad Social, en la que se fundamentan, junto con la educación, los servicios sociales y la educación, uno de los pilares de nuestro Estado del bienestar.


Recién finalizada mi licenciatura en Derecho en 1985, mi idea inicial fue dedicarme a la abogacía como laboralista. De hecho, durante la carrera estuve yendo a aprender y a hacer prácticas en esta materia al despacho de don Julio Martínez
Loro, en Alcalá de Henares. Asimismo, colaboré con algunos despachos profesionales de Madrid informando sobre determinados asuntos que me planteaban, pero no llegué a ponerme la toga, no llegué a actuar en juicios; hacía la labor técnica previa.
Paralelamente, realizaba reseñas jurídicas sobre sentencias del Tribunal Supremo para la revista jurídica La Ley. Entonces, me surgió la oportunidad de trabajar en el Centro de Estudios Velázquez Adams, en la preparación de opositores. En alguna
ocasión pensé dedicarme a la docencia y me encantaba la idea de dar clases, así que, en el Centro de Estudios Velázquez, Adams, que fue para mí una auténtica escuela, además de las tareas de profesora en diversas materias jurídicas como derecho
constitucional, derecho administrativo, gestión de personal funcionario laboral y estatutario del INSALUD, derecho del trabajo y de la Seguridad Social, fui coordinadora del área de laboral y Seguridad Social, encargándome también de la elaboración
de los programas de preparación adaptados a la correspondiente convocatoria de la redacción de temas, de test y casos prácticos. Esta labor la ejercí desde el año 1986 hasta 1990.


En 1989, por motivos profesionales de mi pareja, nos trasladamos la familia a vivir a Guadalajara. Yo trabajaba en Madrid y tenía que ir y venir todos los días, y cuando nació mi segunda hija, como le ha pasado a muchas mujeres en nuestro
país, intenté compatibilizar mi vida profesional con la atención a mi familia. No tenía familia en Guadalajara, era madre de un niño de dos años y de una niña recién nacida que tuvo, en su inicio, problemas de salud; así que, cuando tuve que
reincorporarme después de la baja laboral, decidí pedir la baja voluntaria en mi trabajo, quedarme en Guadalajara y, en ese momento de mi vida, por suerte, ya tenía muy clara mi vocación de dedicarme al servicio público. Por ello, en 1991 me
presenté y aprobé dos oposiciones, una del cuerpo de gestión de la Seguridad Social y otra de la escala de gestión del empleo del INEM. A partir de ese momento pasé a desempeñar diferentes puestos, con una creciente responsabilidad en el seno de la
Administración pública.


Tengo que decirles, señorías, que mi paso por la jefatura de negociado de personal, en la Dirección Provincial del Imserso, 19911994; por la Subdirección de Gestión Económico-administrativa; por la Secretaría Provincial del Insalud de
Guadalajara en los años 1994 a 1999, y, varios años después, por la Secretaría Provincial de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha, años 2016-2018, me han propiciado un profundo conocimiento teórico y práctico de la gestión de los recursos
humanos en la Función pública, pero también de la gestión económica, administrativa y presupuestaria, de la contratación administrativa, del procedimiento administrativo, de la tramitación de reclamaciones de responsabilidad civil, patrimonial y
penal, del derecho urbanístico, del derecho a la vivienda. En fin, han sido mucho los temas muy transversales que tocado en mi etapa de funcionaria.


Durante esta etapa adquirí mucha experiencia también -que para mí ha sido fundamental- al formar parte de diversos órganos colegiados, en algunos casos presidiéndolos y, en otros, siendo miembro de los mismos. Como ejemplo citaré alguno:
mesas de contratación, tribunales de oposiciones y comisiones de selección, comisiones de formación, de seguridad y salud laboral, comisiones ejecutivas provinciales del INSS y de la Tesorería General de la seguridad Social y del INEM, Comisión
Provincial de Urbanismo y Vivienda. Enumero algunos porque ha habido otros más pero no quiero cansarles. También adquirí mucha práctica en tareas de negociación con las juntas de personal estatutario del Insalud, de personal funcionario y también
con diversos comités de empresa. Por supuesto, dando mucha importancia siempre en toda mi tarea al cómo se ejercen esas responsabilidades. Yo he apostado, en todo momento, por un liderazgo participativo fundamentado en el trabajo en equipo, en la
transparencia, en el diálogo con los interlocutores sociales, con colectivos ciudadanos y profesionales y, como no podía ser de otra manera, en una administración pública tan compleja, en un Estado tan complejo desde el punto de vista de
organización pública y territorial, contando siempre con otras administraciones públicas, aunque tuviesen una competencia parcial en la materia en la que yo en ese momento estaba trabajando. Todo ello, en aras de conseguir acuerdos lo más
mayoritarios posibles.


En 1999 se cruzó en mi camino una propuesta para dedicarme a una tarea que siempre me había apasionado, que es la política con mayúsculas. Un paso más para seguirme dedicando, desde otro lugar, al servicio público y a la defensa del bien
común. Comencé mi andadura como concejal en el Ayuntamiento

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de Guadalajara, en el que estuve desempeñando varios cargos en dos etapas distintas: 1999 a 2005 y 2011 a 2015. Durante estos periodos, fui portavoz del Grupo Municipal Socialista en la oposición y en el Gobierno; ya ahí empecé a probar
las dos posiciones. Fui segunda teniente alcalde y concejala de Economía, Hacienda, Patrimonio y Participación Ciudadana, y presidenta de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. De este periodo estoy especialmente orgullosa de la elaboración, en
equipo, de un plan de saneamiento financiero -porque el ayuntamiento pasaba en ese momento por dificultades económicas- y también de haber liderado el primer reglamento de participación ciudadana de la ciudad de Guadalajara, teniendo en cuenta la
opinión de todo tipo de colectivos y consiguiendo que se aprobase por unanimidad en el pleno del ayuntamiento.


Siempre he creído firmemente en la importancia de la democracia representativa -cómo no, absolutamente fundamental-, pero también pienso que en el siglo XXI es muy importante practicar la democracia participativa, que, a mi juicio, es un
buen medicamento para tratar una enfermedad que está sufriendo en estos momentos nuestra sociedad, no solamente la española, sino también la de los países colindantes: la desafección política de la ciudad hacia el sistema.


He desempeñado diversos cargos en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: delegada provincial en Guadalajara, desde 1999 a 2003 y desde 2010 a 2011. Durante estos dos periodos tuve que coordinar al equipo de delegados y delegadas de
las diversas consejerías del Gobierno regional, teniendo así la oportunidad de conocer de manera muy transversal todas las materias competencia de la comunidad autónoma. Viví también, en mi primera etapa, todos los procesos de transferencia
fundamentales. Se produjo en ese momento la transferencia del Imserso, que había sido un poquito anterior a mi entrada en política; y viví la transferencia del Insalud, la transferencia de las políticas activas de empleo del Inem al servicio de
empleo de la comunidad autónoma, y la de educación. Como digo, tuve la ocasión de conocer, de manera muy transversal, todas las materias competencia de la comunidad. Posteriormente, fui también miembro del Consejo de Gobierno de Castilla-La
Mancha: fui consejera de Trabajo y Empleo desde el año 2005 a 2007, consejera de Turismo y Artesanía del 2007 al 2008 y consejera de Administraciones Públicas y Justicia del año 2008 al 2010.


Alguna persona, en ese momento, me preguntaba cómo era capaz de adaptarme a estos cambios de consejerías en tan poco tiempo -esto que estoy comentando se me acaba de ocurrir ahora, pero les prometo que no voy a meter muchas morcillitas-. Un
director de un medio de comunicación de la comunidad autónoma me dijo: Pero bueno, Valerio, no sé cómo tú te adaptas a tanto cambio y, además, este Barreda te cambia de consejería cada dos por tres. ¿Tú cómo te puedes adaptar a eso? ¿Saben
ustedes lo que le dije? Gracias a mi padre, guardia civil, que me había acostumbrado a tener que adaptarme a lo nuevo allá donde iba. Así que, esa experiencia me sirvió también para estas adaptaciones a cada nueva responsabilidad.


Simplemente, quiero destacar de ese periodo algunas actuaciones que a mí me resultaron especialmente gratificantes. Yo las considero relevantes, y, en todo caso, para mí fueron muy gratificantes. En Trabajo y Empleo, con acuerdo unánime en
la mesa de diálogo social, el I Plan de conciliación de vida laboral, familiar y personal, con una importante dotación presupuestaria y con una apuesta muy decidida por fomentar la corresponsabilidad y la igualdad entre hombres y mujeres. También
se aprobó un plan de fomento del autoempleo y multitud de medidas de lucha contra la siniestralidad laboral, que era muy elevada. En Turismo y Artesanía también me resultó muy satisfactorio, con un trabajo en equipo y contando con todo el sector,
un plan estratégico del turismo de Castilla-La Mancha y un plan de ordenación y promoción de la artesanía de Castilla-La Mancha. Como les decía, elaborados de manera participativa contando con sectores y, también, contando con los grupos políticos.
Aquí tenemos algunas personas que han sido diputados de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado entre ellos. Entonces estaban el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, pero muchas cuestiones de estas que les estoy comentando se
adoptaron por unanimidad y con el apoyo de ambos grupos políticos.


En Administraciones Públicas y Justicia quiero destacar dos actuaciones: la elaboración de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, que fue la adaptación de nuestra ley al EBEP. Esta ley se gestó siendo yo
consejera, aunque luego se aprobó con posterioridad a mi mandato. Cuando llegué de consejera ya se estaban haciendo unos trabajos preliminares con un grupo de expertos liderados por el catedrático de Derecho Administrativo, don Luis Ortega. Lo
menciono porque le tenía un inmenso cariño, ya que le conocí en la facultad y luego tuve la oportunidad de coincidir de nuevo con él, y le quiero recordar en especial porque le perdimos de una manera prematura. Algunos de ustedes recordarán que
sufrió un infarto fulminante en su puesto de trabajo, concretamente, en un receso

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de un pleno del Tribunal Constitucional; él era en ese momento miembro del Tribunal Constitucional. Cuando lideró el grupo de trabajo era catedrático en la Universidad de Castilla-La Mancha, pero cuando falleció era magistrado, y ya les
digo que fue tremenda su pérdida.


Así mismo, también se elaboró en esta época el proyecto de plan estratégico de la justicia de Castilla-La Mancha. Fue coordinado por el entonces director general de Justicia. Nuestro objetivo al elaborar el plan estratégico era guiar el
proceso de transferencia de las competencias de justicia a la comunidad autónoma. Fue un proceso de transferencias que, al final, no culminó sencillamente porque no nos pusimos de acuerdo en la cuantía económica. Entonces, el Consejo de Gobierno
de Castilla-La Mancha, me parece que con extraordinario criterio, dijo: Si tenemos suficiente financiación para poder mejorar el servicio de la Administración de Justicia nos quedamos con la transferencia, si no, desde luego, para empeorar, no lo
aceptamos. En cualquier caso, se hizo un trabajo muy sólido, hubo multitud de reuniones de todos los operadores jurídicos: de la comunidad autónoma; del sector de la justicia; por supuesto, jueces, magistrados, abogados, fiscales, procuradores,
registradores, notarios, asociaciones de colectivos y ciudadanos en pro de una buena calidad de la justicia, los sindicatos y, desde luego, quedó un documento tan interesante que, aunque no nos quedamos con la transferencia, lo enviamos al
Ministerio de Justicia porque creímos que podía ser una herramienta interesante para la gestión del ministerio.


Entre los años 2018 a 2020 tuve otro inmenso honor. Entremedias fui a la Función pública dos años y medio, pero en el año 2018, como digo, tuve el inmenso honor de ser nombrada ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del
Gobierno de España en el primer Gobierno del presidente Pedro Sánchez. Como digo, un inmenso honor, porque la primera vez que entré en ese ministerio fue en el año 1991 para leer los terceros ejercicios de las oposiciones de Seguridad Social y del
Inem. Había vuelto al ministerio a las reuniones de las conferencias sectoriales cuando fui consejera de Trabajo y Empleo y la tercera vez que entré allí fue como ministra en mi propio ministerio y rodeada de mis compañeros y mis compañeras de la
Seguridad Social y del, ahora Sepe, antes Inem. Así que fue una etapa muy bonita; no fue fácil, pero fue un inmenso honor este paso breve -año y medio, y la mitad del tiempo en funciones- por la cartera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social,
y quiero destacar dos vías de acción: por una parte, de una manera muy rápida, algunos planes que se aprobaron y que voy a enumerar; y por otra, algunos aspectos de la acción legislativa.


En cuanto a los planes, creo que fue muy interesante el Plan Director por un Trabajo Digno, donde me quiero detener para dar las gracias a todos los equipos, en especial a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que con los planes
anuales negociados con las comunidades autónomas y también con este Plan Director por un Trabajo Digno están haciendo un inmenso trabajo para velar por el empleo regular y luchar contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social; el Plan
de Choque por el Empleo Joven; el Plan Reincorpora-T, destinado a personas desempleadas de larga duración, y el Plan de Retorno a España 'Un país para volver', para propiciar que aquellas personas que en la anterior crisis tuvieron que irse a todo
tipo de trabajos fuera de España tuviesen la oportunidad de, si querían, volver a nuestro país. Todos ellos contaron con el acuerdo de los interlocutores sociales y también con la participación de las comunidades autónomas a través de las
correspondientes conferencias sociales.


En cuanto a las acciones legislativas, quiero destacar cuatro: el Real Decreto Ley 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fijó el salario mínimo interprofesional para 2019 y que implicó una subida del 22,2 % de el mismo; el Real
Decreto Ley 18/2018, de 28 de diciembre, para la revaloración de las pensiones públicas y otras urgentes en materia social, laboral y de empleo, que implicó, entre otras cuestiones, la recuperación de la revalorización de las pensiones según el IPC
y también una serie de reformas del RETA, Régimen Especial de Trabajadores Autónomos; el Real Decreto 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la
ocupación, que hizo especial hincapié en ampliar los planes de igualdad de las empresas de más de 250 trabajadores a las de más de 50, la equiparación en número de semanas del permiso entre las madres y los padres, para que los padres tuviesen
derecho a dieciséis semanas, y se estableció también la necesidad de regular los registros de los planes de igualdad, así como también los registros salariales en las empresas que posteriormente se han desarrollado en sendos reales decretos, y el
Real Decreto 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, en el que se reguló el registro horario y también se recuperó de una manera importante todo lo relativo
al subsidio de personas mayores de cincuenta y dos años.


Yo había podido comprobar a lo largo de mi vida funcionarial y política la trascendencia de los dictámenes del Consejo de Estado. Quiero recordar lo esencial que fue uno de ellos -lo recuerdo de mi

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época de funcionaria- para poder rescindir un contrato de obra a una empresa que había abandonado la construcción de un centro de salud muy importante para la ciudad de Guadalajara, concretamente el Centro de Salud Balconcillo. También
quiero resaltar la importancia del que posibilitó la revisión de oficio de un acuerdo urbanístico de un ayuntamiento de mi provincia, así como las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, en las que el informe del Consejo de Estado es
preceptivo. Pero fue durante mi mandato ministerial cuando pude experimentar aún más, si cabe, la importancia de los dictámenes de este órgano constitucional. Concretamente, durante ese tiempo el Consejo de Estado dictaminó cinco reales decretos y
diez órdenes ministeriales. No se asusten, que no se los voy a mencionar en aras de la brevedad, aunque tengo aquí el listado, pero yo quiero dar fe hoy aquí de que cuando tuve condición de autoridad consultante aquellos dictámenes fueron muy
útiles y todas esas normas se adoptaron de acuerdo con el Consejo de Estado. Ya saben ustedes que puede ser o de acuerdo con el Consejo de Estado u oído el Consejo de Estado, y en este caso fueron todas de acuerdo, así que tuvimos en cuenta las
observaciones formuladas por él, al tiempo que puedo decir que las observaciones no fueron muy numerosas, porque el supremo órgano consultivo valoró positivamente la legalidad y calidad de las normas proyectadas que habían sido sometidas a su vista.


De la misma manera, para mí los dictámenes del Consejo de Estado han sido siempre fundamentales para afrontar el análisis de los proyectos de ley durante mis etapas en órganos legislativos, primero, como diputada regional de las Cortes de
Castilla-La Mancha durante los años 2007 y 2010 y, posteriormente, como diputada en esta casa en las legislaturas X, XIII y XIV. Aquí quiero referirles las comisiones de las que he formado parte, ya sea como miembro de la Mesa o como vocal o
adscrita, y también una mención breve de los proyectos de ley en los que he tenido oportunidad de ser ponente y de hacer una labor más en profundidad. He formado parte de la Diputación Permanente, de la Comisión de Trabajo, Seguridad Social y
Migraciones, actualmente también de Inclusión, de la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Toledo, de la Comisión de Justicia, de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, de la Comisión para la Auditoría de la
Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales y la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo. Además, formé parte desde el año 2014 al año 2016 de la dirección del Grupo Parlamentario
Socialista como secretaria general adjunta y portavoz adjunta. En relación con mi actividad en esta casa, aunque me he centrado mucho en cuestiones relacionadas con el derecho del trabajo y de la Seguridad Social, también he tenido el honor de
presidir el Pacto de Toledo. También he tenido la suerte de tener una participación en otras comisiones, en especial en la de Justicia, que siempre es un tema que me ha apasionado.


Respecto a mi participación en las distintas comisiones, quiero destacar, de manera muy somera, las fundamentales leyes en las que fui ponente. En la Comisión de Justicia, tuve la oportunidad de ser ponente de la Ley 5/2012, de 16 de julio,
de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles; de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, que modificó la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y el fraude a la Seguridad Social; de
la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal. Aquí me voy a permitir contarles un detalle personal, porque para mí ese momento fue muy duro. En relación con esta ley, quiero comentarles que formé parte del equipo liderado
por el portavoz del Grupo Socialista de la Comisión de Justicia en ese momento, don Julio Villarrubia y también por el que fue ministro del Interior, en ese momento vicepresidente de la Mesa de la Comisión de Justicia, diputado por Zamora, don
Antonio Camacho. Se prepararon dos equipos de trabajo entre diputados y diputadas del grupo y yo me apunté al equipo de don Antonio Camacho, que me encargó preparar las enmiendas a la reforma que planteaba el Código Penal en relación con los
delitos contra las personas. Pues bien, no pude estar personalmente cuando se votó esta ley y tuve que votar telemáticamente. No pude participar en su debate, porque, una vez más, la enfermedad se cruzó en mi camino, en esta ocasión en forma de
cáncer de mama, afortunadamente superado, de ahí que muchos de ustedes me hayan oído decir que, por suerte, yo tengo una mala salud de hierro. Quiero resaltar el apoyo que en ese momento todos los diputados y las diputadas de todos los grupos
políticos, al margen de su ideología, religión y creencias, así como los mensajes de apoyo y de ánimo que recibí para seguir adelante. Tengo que decirles que no lloré cuando me dijeron el diagnóstico de la enfermedad, pero cuando empecé a leer
todos los mensajes, tras recuperar el móvil y el iPad que mis hijos me requisaron durante el tiempo que estuve en el hospital, ahí ya sí hice honor a mi nombre, lloré como una auténtica magdalena, porque creo que no hay cosa mejor que sentir el
cariño de las personas, y yo he sentido en esta casa mucho mucho cariño. (Aplausos). Bueno, no quiero llorar.

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Como portavoz adjunta de la Comisión del Pacto de Toledo y vocal de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social tuve la oportunidad también de ser ponente de dos leyes, la Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de Lucha contra el Empleo Irregular y
el Fraude a la Seguridad Social, que se tramitó a la par con esta reforma corta que hubo del Código Penal que les decía de la Ley Orgánica 10/1995, y de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de
revaloración del sistema de pensiones de la seguridad social.


Como bien saben sus señorías, en mi condición de presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo me correspondió dirigir los trabajos de la tercera renovación del pacto, unos trabajos que fueron
desarrollados por esta Comisión a lo largo -quiero decirlo aquí muy claramente- de diversas legislaturas y, por consiguiente, con una composición de la Comisión que fue variando. La autoría del Pacto de Toledo corresponde, en términos absolutos, a
la Comisión, es el fruto de un trabajo de equipo, de varios equipos sucesivos, por ser más exacta, sobre todo de los equipos parlamentarios de las legislaturas XII y XIV. Escribió en su momento en relación con los equipos parlamentarios Pérez
Galdós -y cito- que hombres eminentes -yo añadiría aquí también mujeres- no nos faltan hoy -decía él en su tiempo-, como no nos han faltado nunca, lo difícil aquí es crear grandes conjuntos. Como decía no sé quién con mucha gracia refiriéndolo a la
política -dice Pérez Galdós-, aquí sobran excelentes músicos, pero no hay medio de organizar una mediana orquesta. Por suerte, yo sí di con un grupo humano de portavoces y de técnicos que, siendo excelentes músicos, supieron también formar una
estupenda orquesta. Por ello, para mí ha sido fácil cumplir con mi obligación como directora de esta orquesta y llegar a producir una magnífica sinfonía, que se tradujo en la aprobación, por el Pleno del Congreso en noviembre de 2019, de la tercera
renovación de las recomendaciones, con un apoyo parlamentario muy contundente, a la par que complejo, dada la pluralidad política que tenemos en estos momentos en esta casa. Recibimos 262 votos a favor, 78 abstenciones y solo 2 votos en contra.
Sinceramente creo que la labor que he podido desempeñar en esta legislatura es un magnífico preámbulo para las tareas que voy a tener que asumir, si ustedes a bien lo tienen, como presidenta del Consejo de Estado, una vez que dé lugar mi
nombramiento por el Consejo de Ministros.


Nos acompañan diversos portavoces del Pacto de Toledo, y no quiero mencionar a ninguno porque no quiero hacer de menos a los que no voy a mencionar, pero tenemos también al letrado de la Comisión, Ignacio Gutiérrez. Lo siento, Ignacio, pero
estás a tiro y quiero darte las gracias por la labor que nos hiciste de apoyo técnico. También quiero hacer una especial alusión al actual secretario de Estado, entonces director general, Borja Suárez Corujo, que también ayudó a la Mesa y a los
portavoces con la revisión de todas las recomendaciones del borrador que heredamos de la XII Legislatura. Eso posibilitó que pudiéramos llegar a un acuerdo en un tiempo prácticamente récord, teniendo en cuenta que, entre medias, se cruzó la
pandemia y el confinamiento.


Vamos al Consejo de Estado. Ustedes saben muchísimo y muy en profundidad qué es el Consejo de Estado, pero quiero hacer mención al mismo. Como saben ustedes, el régimen jurídico del Consejo de Estado parte de las disposiciones que se
contienen en un precepto breve, a la par que claro, el artículo 107 de la Constitución, que establece que el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno y que una ley orgánica regulará su composición y competencia. Sin embargo,
detrás de esta escueta previsión existe una consolidada raíz histórico-jurídica que hace que el Consejo de Estado sea una de las instituciones más acreditadas no solo para el Gobierno, sino por toda la Administración Pública de nuestro país. A esa
base teórica me voy a referir brevemente a continuación.


A grandes rasgos, la experiencia en la gestión de asuntos públicos pone de relieve que la Administración Pública se estructura en torno a dos tipos de órganos. Por un lado, están los órganos activos, que son, dicho con la mayor simplicidad,
los que siguiendo el procedimiento legalmente establecido adoptan decisiones y resoluciones sobre la ingente cantidad de asuntos que integran las competencias del Estado, y aquí me estoy refiriendo al Estado en el sentido omnicomprensivo que dimana
del artículo 137 de la Constitución española, cuando dispone que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas. Los órganos de este tipo son, evidentemente, los más numerosos, y en diversas entidades
administrativas de esta naturaleza es donde ha desarrollado, por suerte también, la mayor parte de mi actividad como jurista y como política. Por otro lado están los órganos consultivos, cuya naturaleza y razón de ser estriban en que sirven de
apoyo técnico a los órganos activos.


Como explica el que fue mi profesor, García de Enterría, la distinción entre órganos activos y órganos consultivos es uno de los dogmas centrales del esquema organizativo sobre el que se montó la estructura de la Administración napoleónica,
que, como es sabido, fue el modelo de toda la Administración continental

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europea y, desde luego, de la española. En este sentido, Alexis de Tocqueville consideraba tal distinción de funciones como una de las principales innovaciones de la Administración surgida tras la revolución francesa, y decía también que
esa transformación la separó enormemente de la obsoleta Administración propia de la antigua monarquía absoluta, en la que no se diferenciaban las labores de deliberar y ejecutar ni se armonizaban ambas funciones, una al servicio de otra, como se
supo hacer posteriormente.


La referencia histórica que he descrito viene al caso porque el Consejo de Estado que conocemos hoy se nutre de aquella técnica consultiva clásica y hoy, como entonces, se ajusta a tres principales características, que son la colegialidad,
la separación y el procedimiento formal de actuación. El desarrollo normativo que respecto del artículo 107 de la Constitución hace la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, se ciñe respetuosamente a estas tres características
de la técnica consultiva clásica, como lo han sido también las reformas sustanciales introducidas en dicha ley orgánica en el año 2004 y en el 2011. La nota de la colegialidad de los órganos consultivos estaba ya presente en la época del
absolutismo, siendo reforzada en la época napoleónica, en aplicación de la tesis de que deliberar y juzgar es función de muchos, en tanto que decidir es función de uno solo. La nota de separación era, por su parte, resultante de la distinción de
funciones y dicha separación conllevaba una relación entre los órganos activos y los consultivos, que debía formalizarse a través de un procedimiento que regulase el modo y ocasiones en que podía solicitarse un informe o dictamen, así como la
sucesión de actuaciones internas en el Consejo de Estado para la elaboración de dicho dictamen, siguiendo, en definitiva, unas reglas de procedimiento apropiadas.


Aunque el artículo 107 de nuestra carta magna se refiere al Consejo de Estado como el supremo órgano consultivo del Gobierno, no debemos olvidar que el Tribunal Constitucional ya ha puesto de relieve que la intervención del Consejo de Estado
se hace extensiva a todo el Estado en su conjunto. Sobre este particular no debemos olvidar una de las primeras enseñanzas que adquiere todo jurista, y me refiero a la realidad de que, entre las posibles interpretaciones de una norma, prevalece
siempre la interpretación jurisdiccional última, de tal manera que la interpretación que los jueces, magistrados, juzgados y tribunales dan a una norma se incorpora a ella como si se tratase de una segunda piel. Esto es así hasta el punto de que
esa norma pasa a significar, al final, lo que los tribunales dicen que significa. Para bien o para mal, estoy segura de que no en pocas ocasiones ha ocurrido esto a cuantos nos encontramos en esta sala, en relación con la interpretación y
aplicación de las leyes, en cuya elaboración hemos participado. Pues bien, el Tribunal Constitucional ha añadido que la intervención del Consejo de Estado constituye una importantísima garantía del interés general y de la legalidad objetiva. Es
más, el Consejo de Estado auxilia en el proceso de formación de la voluntad del Gobierno, contribuye a la mayor eficacia de la Administración en el cumplimiento de sus fines y participa de modo muy relevante en el ejercicio de la iniciativa
legislativa y de la potestad reglamentaria. Así lo he podido comprobar durante mi época como servidora pública y en los cargos que posteriormente he ido desempeñando a lo largo de mi carrera, tal y como les he comentado anteriormente a sus
señorías.


Por su imparcialidad y su rigor técnico, el Consejo de Estado es una pieza importante en el funcionamiento del Estado de derecho y una garantía para la ciudadanía. Sus memorias ponen de relieve la intensidad de su trabajo y la relevancia de
los temas sobre los que se pronuncia. He tenido oportunidad -están todas las memorias en la página web- de revisar durante estos últimos días algunos datos de su memoria más reciente publicada, que es la de 2021, como se pueden imaginar. En ella
se pone de relieve que se despacharon nada más y nada menos que 100 165 expedientes y resulta significativo el dato de que del conjunto de resoluciones recaídas en los asuntos consultados el 97,27 % lo fueron de acuerdo con el Consejo de Estado, lo
cual es buena prueba de la consideración que se presta a sus dictámenes y de la calidad de los mismos. También tiene interés el hecho de que, del total de dictámenes relativos a disposiciones de carácter general, tanto con rango de ley como de
rango inferior a la ley, un 40,9 % fueron urgentes y su aprobación se ajustó al plazo solicitado, lo que prueba la diligencia observada en el despacho de los asuntos.


El Consejo de Estado es un órgano muy valorado y respetado, porque del mismo forman parte personas que, por su trayectoria y su cualificación profesional, realizan una tarea callada y metódica, velando por que la actividad de la
Administración se ajuste al ordenamiento jurídico y velando por la calidad técnica de las normas jurídicas sobre las que han de dictaminar. También es muy importante el hecho de que su composición sea muy plural y esté integrada por los consejeros
permanentes, los natos y los electivos, y la presidencia, todos personas con una amplia trayectoria personal, profesional y política en diversos ámbitos, así como por un magnífico cuerpo de letrados y letradas que trabajan día a día para elaborar
unos

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dictámenes que sirven de guía y de base a las actuaciones administrativas y legislativas de las distintas administraciones públicas y, en algunos casos también, de los ejecutivos autonómicos. No quiero olvidarme de la labor que hace todo el
personal funcionario y laboral al servicio del Consejo de Estado, que se ocupan de multitud de tareas y sin los cuales no sería posible el funcionamiento de esta institución. El otro día me preguntaba una persona cuántas personas trabajan en el
Consejo de Estado, porque el Consejo de Estado realiza una labor muy ingente e importante. Ustedes, que están acostumbrados a leer sus dictámenes, saben que detrás de ese trabajo, si sumamos todos los funcionarios, los treinta letrados y letradas
-se incluyen los nueve letrados mayores de cada sección-, todos los consejeros permanentes, los electivos y los natos, que están en el Consejo de Estado en función del cargo que en cada momento están desempeñando, nos da una cifra, según la memoria
del año pasado, de 144 personas. Detrás de esa ingente tarea están 144 personas, y quiero destacar, como he hecho anteriormente y sin hacer de menos a las demás, la de los letradas y las letradas, que son los que realmente se ponen a redactar,
aunque luego, evidentemente, hay una Comisión de Estudios, la Comisión Permanente o el Pleno, pero ahí se va ya con un dictamen muy cerrado. Yo, desde luego, quiero tener en cuenta y dedicar unas palabras en estos momentos para todas las personas
que componen el Consejo de Estado.


A lo anterior hay que añadir que el Consejo de Estado está comprometido en una labor de modernización de su funcionamiento mediante la digitalización, como no podía ser de otra manera, la apuesta por la trasparencia, facilitando el acceso a
la información y documentación, y también la apertura a la sociedad, de la que son buena muestra los denominados Encuentros en el Consejo de Estado, sobre temas de actualidad. Tengo claro que es una institución que para realizar correctamente la
labor que tiene encomendada constitucionalmente necesita sosiego, discreción y mucho tiempo para la reflexión callada, pero ello no es contrario a la apertura a la sociedad y que esta conozca su existencia, el trabajo tan importante que realiza y
que lo valore en la justa medida que esta institución secular se merece. Si obtengo la idoneidad a la que aspiro y cuento con el honor de ser nombrada su presidenta por el Consejo de Ministros, tengo la intención de continuar con este proyecto, que
ya han realizado antecesores en el cargo, incluida la última presidenta, María Teresa Fernández de la Vega, y quiero seguir profundizando en la dimensión social que ya está iniciada. Asimismo, quero seguir impulsando dos temas a los que ella ha
dado también mucha importancia, que son el desarrollo de una relación fluida con los diversos consejos consultivos de las comunidades autónomas, muy importante, y también seguir reforzando los vínculos con los consejos consultivos de otros países.
En esta línea, el día 9 de julio del año pasado se celebró un encuentro de nuestros consejeros de Estado con los responsables del Consejo de Estado francés.


Han sido muchas las personas que han ocupado la presidencia del Consejo de Estado desde sus orígenes hasta aquí, pero quiero hacer especial mención a los que la han ocupado durante la etapa democrática: don Antonio María de Oriol y Urquijo,
don Antonio Jiménez Blanco, don Antonio Hernández Gil, don Tomás de la Quadra-Salcedo y Fernández del Castillo, don Fernando Ledesma Bartret, don Iñigo Cavero Lataillade, don José Manuel Romay Beccaría y doña M.ª Teresa Fernández de la Vega Sanz.
Tanto ellos como ella y esta institución me merecen un gran respeto y voy a intentar, con toda la humildad, poner de mi parte toda mi experiencia personal, profesional y política y toda mi capacidad de trabajo y entrega para estar a la altura que se
merece esta institución y la ciudadanía de este gran país, al que debo tanto. Les aseguro que pondré al servicio de esta misión la metodología de trabajo que me ha caracterizado hasta ahora, diálogo, escucha, búsqueda de consenso y mucho trabajo en
equipo, buscando también que exista un buen clima laboral, un buen clima de trabajo, con el que siempre se obtienen los mejores resultados.


Muchas gracias por su escucha en esta hora tan complicada del día. Muchas gracias por la respetuosa atención. Muchas gracias, presidente. Ahora me pongo a su disposición para tomar nota de todas cuantas consideraciones quieran hacerme
ustedes y responder a sus preguntas.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Valerio, querida Magdalena, no solo por la glosa en detalle de todos los títulos y éxitos profesionales, sino por esas pinceladas de humanidad, que no siempre se suelen poner en este tipo
de actos y que son, también, de agradecer.


Sin más preámbulos procedemos a las intervenciones de los distintos grupos. Les ruego que se atengan al análisis de idoneidad y que sean lo más breves posible, teniendo en cuenta las circunstancias en las que estamos. Creo que hay varios
grupos que no van a intervenir. Si me equivoco, me lo dicen y rectifico. Creo que no intervienen el Grupo Parlamentario Mixto, el de Euskal Herria-Bildu, el Grupo

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Nacionalista Vasco, el Republicano y el Plural. Con lo cual, el primero de los grupos en intervenir sería el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Así que adelante, señor Bal.


El señor BAL FRANCÉS: Muchas gracias, presidente.


Bienvenida, señora Valerio. Lo primero que tengo que decirle es que me ha gustado mucho su exposición. Efectivamente, parece que usted, como jurista, es plenamente consciente de la importancia que tiene el órgano que va usted a presidir,
el supremo órgano consultivo del Gobierno. Los que pertenecemos al servicio jurídico del Estado le tenemos un respeto inconmensurable a esta tarea que realiza el Consejo de Estado; siempre decimos todos los abogados del Estado que después del
Consejo de Estado ya no habla nadie más. Es, además, un órgano centenario, histórico, que en su día fue incluso el que ejercitaba lo que ahora conocemos como la jurisdicción contencioso-administrativa. Pero sobre todo es un órgano que ejerce unas
funciones en garantía de los derechos de los ciudadanos. No se trata solo de un órgano que asesora al Gobierno. Como ha dicho muchas veces la jurisprudencia, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, es un órgano garantía del reconocimiento de los
derechos de los ciudadanos frente a la Administración, y por eso muchas veces sus dictámenes no dan la razón al Gobierno o critican los proyectos del Gobierno. Es por eso, en definitiva, que hace falta que esta tarea del Consejo de Estado se rija a
través de estrictos criterios de independencia técnica en el ejercicio de esa función de asesoramiento y en relación con los grandísimos profesionales, los letrados, efectivamente, a los que usted ha hecho referencia, que tienen que realizar esta
tarea sin pensar en darle la razón al Gobierno. Parece que ahora el nombre de mi querida Abogacía del Estado está bastante denostado precisamente por esa falta de independencia técnica que algunos hemos defendido con esfuerzo, pero el Consejo de
Estado no puede caer en ese mismo vicio; la ciudadanía no puede pensar que siempre le van a dar la razón al Gobierno.


Con pena le digo que, a pesar de que, como usted misma ha dicho en su intervención, esta función de asesoramiento se realiza con discreción, muchos tenemos amigos dentro del Consejo de Estado, dentro de esas paredes que parece que todo el
mundo desconoce, y parece que su predecesora, doña María Teresa Fernández de la Vega, en algún momento determinado sí ejercitó algún tipo de presión o intentó hacerlo en relación con algún dictamen, que hemos visto en esta legislatura precisamente
aquí, en el Congreso de los Diputados, en algún tema polémico donde ese dictamen parece que no le daba al Gobierno toda la razón en ciertas materias, como en la de los fondos europeos. Si uno entra en Google y escribe varapalo y Consejo de Estado
-los periodistas tampoco han utilizado muchos sinónimos- verá que salen un montón de casos donde el Consejo de Estado daba ese varapalo o no estaba de acuerdo con lo que el Gobierno decía, y no voy a recitar todos esos casos. Me permitirá que
tengamos la sospecha, de acuerdo con lo que ha hecho este Gobierno, de que una vez más pretende asaltar las instituciones constitucionales del Estado, porque los ejemplos han sido numerosos a lo largo de la legislatura. Yo le ruego que mantenga esa
independencia técnica del trabajo de los letrados, que es garantía de la ciudadanía; no es garantía del Gobierno, sino garantía del ejercicio de los derechos de los ciudadanos, con un efecto tan importante que incluso la Sala tercera dice que
cuando su dictamen es preceptivo su ausencia puede determinar la nulidad del acto administrativo, y usted lo sabe, porque es una gran jurista.


Pero estamos aquí -lo ha dicho el presidente- para ver su idoneidad, y la idoneidad de la presidenta o el presidente del Consejo de Estado se basa, esencialmente, en su experiencia en asuntos de Estado y en tratarse de una gran jurista. Es
para mí un placer decirle que mi grupo parlamentario entiende que es usted idónea para este puesto, porque, efectivamente, cumple con estos dos requisitos, pero también con ese llamamiento a que respete esa independencia técnica de trabajo del
Consejo de Estado por la importancia de sus funciones. No puedo evitar decirle que su nombramiento queda ensombrecido precisamente por el affaire que ha tenido lugar en los medios de comunicación de actualidad la dimisión de María Teresa Fernández
de la Vega para garantizarse ocupar un puesto de naturaleza vitalicia en una decisión sin precedentes, pues solamente Pedro Cortina en 1983 dimitió dentro de los puestos del Consejo de Estado. La verdad es que es una pena, doña Magdalena, con el
aprecio que algunos en esta Cámara le tenemos, que llegue usted en estas condiciones a ser presidenta del Consejo de Estado. Yo tengo en usted puesta toda la confianza por su nivel jurídico en que va a respetar este trabajo del Consejo de Estado.


Por lo tanto, doña Magdalena, querida Magdalena, te vamos a echar mucho de menos. Todas las personas de mi grupo parlamentario que han trabajado contigo resaltan precisamente ese talante, esa voluntad de consenso. Así que, buena suerte y
que todo salga bien.

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El señor VICEPRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Bal.


Corresponde en este momento la intervención al Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en la persona de la señora Velarde. Adelante, por favor.


La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidente. Bienvenida a esta Comisión, señora Valerio.


Tras el repaso extenso de todas sus responsabilidades a lo largo de todos estos años y, por lo tanto, de su experiencia, desde nuestro grupo parlamentario no tenemos ninguna duda, como ha dicho el presidente, acerca de que nos
circunscribamos a la idoneidad como candidata a la presidencia del Consejo de Estado. Entonces, usted es la candidata idónea para ello por su currículum, por su amplia experiencia. Es usted jurista de prestigio, como sabemos todos los presentes,
al tiempo que una trabajadora de la Administración de justicia, algo que nos parece muy importante. Pero también es relevante esa parte del currículum relativa a que ha sido diputada regional y que tiene que ver con el municipalismo, con haber
trabajado en la política pegada al territorio, lo más cercano, la de los vecinos y vecinas, que también nos parece muy importante. Por tanto, tiene un amplio currículum. También es funcionaria del Cuerpo de la Gestión de la Seguridad Social y de
la Escala de Gestión de Empleo del INEM. En definitiva, durante su larga trayectoria ha tocado muchísimos ámbitos, que ahora representan una experiencia fundamental para el trabajo que ha de desarrollar.


No obstante, me gustaría poner sobre la mesa, ya que ha nombrado usted también a anteriores presidentes y presidentas del Consejo de Estado, el hecho de que es importante y es una buena noticia que la candidata sea una mujer, y no
exclusivamente porque sea una mujer, sino porque es una mujer feminista, que, además, está comprometida socialmente y con la igualdad y tiene profunda vocación de servicio público.


Asimismo, otro aspecto que nos parece importante es la gran capacidad que tiene usted para llegar a acuerdos, y lo hemos vivido en distintas comisiones, y también en la del Pacto de Toledo. Creemos que es un valor fundamental para presidir
cualquier consejo, cualquier órgano de gobierno, así como que haya mujeres con esas capacidades ejerciendo esas funciones de presidencia.


Mi experiencia de estos tres años con usted ha sido la de contar con una compañera a pesar de los disensos y la de tener una presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo que ha trabajado para los consensos, que ha tratado a las señorías de
todos los partidos como compañeros, y no como adversarios. En definitiva, tiene una gran capacidad para afrontar los retos y conseguir acuerdos justos, lo cual también es importante señalar.


Por tanto, evidentemente, vamos a votar a favor de la propuesta de doña Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado por su idoneidad para el cargo, como he dicho, en virtud de su currículum, de su experiencia, de su capacidad de
trabajo, y desde nuestro grupo le deseamos los mayores aciertos en este nuevo reto y responsabilidades que va a asumir.


Por último, quiero añadir, en referencia a cuando alguien viene a comparecer respecto a si es idóneo y siempre hablamos del currículum y la experiencia, que a mí también me parece importante hablar de las personas. Y creo que para hacer
política y para presidir un Consejo de Estado, para ser independiente, para ser justa y ser honesta también hay que ser buena persona, y la señora Valerio lo es. Así que, señora Valerio, cuando suba las escaleras del hemiciclo y no la vea, la voy a
echar mucho de menos.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señora Velarde.


A continuación tiene la palabra el señor Sánchez, en representación del Grupo Parlamentario VOX.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Señora Valerio, con respeto hacia usted, me uno a las palabras del presidente de la Comisión acerca de su intervención en esta audiencia. Le ha dado usted un tono verdaderamente entrañable y grato, que nosotros compartimos, así como
compartimos gran parte del contenido de su intervención. Usted es, como ha explicado de sí porque estaba en la circunstancia de hacerlo, una persona esforzada, una persona en la que se ha podido comprobar lo que es la promoción social, que es algo
por lo que VOX clama constantemente, sobre todo ante leyes que la impiden, si no de manera definitiva, casi definitivamente o de modo fatal - sobre todo, estoy pensando en la educación-, y, por lo tanto, nosotros tenemos que manifestar nuestra
satisfacción sobre todo eso que usted ha expuesto con acierto, con mesura, con delicadeza, pero no puedo decir mucho más a favor del cargo para el que está preconizada, según nos comunica el Gobierno, y ahora explicaré por qué.

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En cambio, no me uno a la sospecha del portavoz de Ciudadanos acerca de la operación que ha propiciado que usted hoy comparezca en esta Comisión Constitucional y sea la aspirante o la propuesta por el Gobierno a la presidencia del Consejo de
Estado. El señor Bal ha sido excesivamente cortés: no hay sospecha, hay certeza. Hay tres tipos de certeza: la física, que es la de la causalidad natural; la metafísica, que es la de la lógica formal, y la certeza moral, que es la que se exige
a los jueces. Si nosotros tuviésemos que ser hoy jueces -y lo vamos a ser en parte-, tendríamos que dictar una sentencia en la que diríamos que efectivamente aquí hay certeza moral -ni física ni metafísica- de que todo esto obedece a una operación
absolutamente abominable, no protagonizada por usted, señora Valerio -usted es beneficiaria, no la más alta beneficiaria de la operación, pero sí beneficiaria-; una operación urdida, consentida por el Gobierno, pero también urdida por ese personaje
que sigue circulando en la vida pública española, que es doña María Teresa Fernández de la Vega. En esta medida, como quiera que esto obedece a una operación que es disconforme con la decencia y el decoro y disconforme con un entendimiento sano de
lo que es la vida pública, no podemos reputarla a usted idónea porque es una pieza en la operación. Ya digo que a usted no le responsabilizamos de tal cosa, pero es una pieza en la operación.


La segunda parte del dictamen que tendremos que emitir en unos minutos, con arreglo a la ley de altos cargos de la Administración General del Estado, es sobre el conflicto de interés. Usted, en razón de lo que acabo de exponer, está incursa
en un conflicto de interés con el decoro, la decencia y las exigencias morales mínimas en la aplicación de las leyes, que doña María Teresa Fernández de la Vega, apoyada por el Gobierno, no ha dudado en quebrantar, y, por consiguiente, tampoco
nuestro dictamen tiene que ser conforme, porque no hay posibilidad de aprobar un nombramiento en el que hay este conflicto de interés no con un asunto, sino con consideraciones mucho más altas y mucho más importantes para la convivencia y la vida
política.


Doña María Teresa Fernández de la Vega ha sido luego de vicepresidenta del Gobierno y, como recompensa por sus méritos, consejera permanente de Estado, nombrada por el Gobierno presidido por el señor Zapatero. Después de ello fue presidenta
del Consejo de Estado, sucediendo en tan alto cargo a don Francisco Rubio Llorente, jurista del máximo prestigio, catedrático de Derecho Constitucional, letrado de las Cortes, secretario general de esta Cámara, sin ningún mérito de jurista conocido.
La señora Fernández de la Vega es una jurista anónima en sus méritos, aunque sí una activista política constante en su partido que ha desempeñado los más altos cargos en el Gobierno de la Nación. Y después de esto...


El señor VICEPRESIDENTE: Señor Sánchez, si es tan amable, le agradecería que siguiera sus críticas sin hacer ningún tipo de juicio de interés sobre personas que además no están siendo sometidas a esta evaluación.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Para su conocimiento, ha sido solicitada la comparecencia de la señora Fernández de la Vega por dos veces en esta Comisión y nunca ha comparecido. Esta mañana hemos registrado una nueva solicitud de comparecencia
ante esta Comisión de la señora Fernández de la Vega, que se oculta constantemente.


En tercer lugar, y esto es lo que propicia lo poco presentable de esta operación, la señora Fernández de la Vega, presidente del Consejo de Estado, cargo de cuya designación es responsable el Gobierno, como quiera que ve que la quema llega
porque el Gobierno no va a continuar siendo el que lo es a día de hoy y prevé que va a cesar en dicho cargo, se pone de acuerdo con la consejera señora Camps y con el Gobierno y consigue que la consejera Camps dimita y, por lo tanto, deje expedita,
libre una plaza de consejero permanente -la novena, que se había creado innecesariamente, por cierto, por este Gobierno-, dimite como presidente del Consejo, que es un cargo a término, porque es discrecional del Gobierno y, por lo tanto, podía ser
removida tan pronto como el Gobierno decidiera otra cosa y tan pronto, por lo tanto, como el Gobierno no fuera del Partido Socialista y de Podemos, y de nuevo solicita, una vez ha renunciado a la residencia, ser nombrada de nuevo consejera
permanente de Estado, que es un cargo vitalicio, el único en España junto con la corona. No lo digo yo, sino El País, 16 de octubre de 2022, firmado José María Brunet. (Lo muestra). El País -yo no juego con cartas marcadas, utilizo sus fuentes de
información, las afines al Gobierno-, en los dos últimos párrafos, dice: 'La oportunidad de que pudiera asegurarse la señora Fernández de la Vega la permanencia por tiempo indefinido en el órgano asesor del Gobierno, ya que el cargo de consejero o
consejera permanente tiene carácter vitalicio'. Y segundo, seguir sometiendo a ese Consejo a todos los atropellos a los que lo ha sometido en el ejercicio de su mandato. Es decir, seguir sometiéndolo a su férula. Y usted va a ser víctima de la
férula de esa señora, porque ella va a ser el peón del Gobierno en el Consejo de Estado; no usted, señora Valerio, lo lamento. Segundo párrafo de

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El País, autor, señor Brunet: 'La sensibilidad jurídica progresista tiene ahora una clara mayoría en esta instancia -en el Consejo de Estado- que con la Presidencia de Valerio y la continuidad de María Teresa Fernández de la Vega se
refuerza'. Es decir, el Consejo de Estado va a seguir bajo esa política despótica de la señora Fernández de la Vega para que los consejeros, que ya sabemos quiénes son, señores mayores -no los voy a mencionar-, sigan atendiendo las peticiones
desaforadas de esa señora: designación de ponencias especiales cuando no le conviene en su pasado de presidenta, cuando no le conviene el ponente al que ha sido repartido una cuestión que ha entrado en el Consejo de Estado para su dictamen;
incremento del personal eventual como nunca lo había habido en el Consejo de Estado; creación de una novena plaza de consejero permanente, diciendo que el Consejo de Estado tenía más trabajo que nunca en el decreto que creación, cuando, comprobando
las memorias del Consejo -que lo he hecho y también hemos presentado una PNL en esta Comisión, que está por debatir-, hay menos trabajo que nunca. Es decir, es una operación más para controlar el Consejo de Estado por el Partido Socialista, y en
esta ocasión además el Gobierno actúa como agencia de colocación de la señora Fernández de la Vega para que este obtenga una colocación en la única entidad de derecho público- privado, junto con la Corona, que le asegura un cargo vitalicio, con
retribución por supuesto y todo aquello anejo a dicho cargo. Esto, señora Valerio, lo lamento, no es presentable.


La Ley Orgánica reguladora del Consejo de Estado exige para el presidente del Consejo de Estado que sea un jurista de prestigio y con experiencia en asuntos de Estado. Nosotros no le discutimos a usted su experiencia en asuntos de Estado.
En razón de la promoción social, señora Valerio, usted ha llegado a ser ministra. Es suficiente, creo que más promoción no le hace falta. ¿O cree usted que sí? Usted sabe que no. Usted ha alcanzado todo lo posible en el orden político. Ha
tenido altísimos cargos en la Administración y ha concluido su carrera siendo ministra. Y ahora acepta ser presidenta del Consejo de Estado. Pues se equivoca.


El señor VICEPRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Sánchez.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Y en cuanto a su prestigio como jurista, la memoria que nos remite el Gobierno dice enorme prestigio. Por supuesto, yo no quiero que mis palabras sean ofensivas contra usted, como he dicho desde el principio, pero
tampoco puede usted acreditar aquí un enorme prestigio como jurista, siquiera sea en razón del cuerpo de la Administración al que pertenece, que es un cuerpo de categoría B. Usted ha hecho la nómina anterior, usted puede tener el mismo prestigio que
tenía la señora Fernández de la Vega, aunque la señora Fernández de la Vega ya ha dicho que no tenía ninguno o muy poco. Usted ha hablado de don Antonio María de Oriol, ocho años ministro de Justicia, doctor en Derecho; usted ha hablado de don
Antonio Hernández Gil, catedrático de Derecho Civil, presidente de las Cortes Constituyentes, con treinta y ocho años de ejercicio de abogado cuando llega a la Presidencia del Consejo; usted ha hablado del señor Ledesma, magistrado del Tribunal
Supremo; usted ha hablado del señor De la Quadra-Salcedo, catedrático de Derecho Administrativo. Ya no me acuerdo de quien más ha hablado usted, que me perdone si omito alguno de los que le han precedido desde el período democrático en el
ejercicio de su cargo.


El señor VICEPRESIDENTE: Señor Sánchez, tiene que finalizar.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Perdóneme, lo lamento, pero, como he dicho, no podemos votar su idoneidad ni estar ajenos a un conflicto de interés, porque usted está incursa en algo que desborda lo que es un conflicto de interés, y, por las
razones expuestas y recordando la triste figura y lamentable papel de doña María Teresa Fernández de la Vega en todo este asunto, apoyada por el Gobierno, votaremos en contra de su nombramiento.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez.


Insisto al resto de los intervinientes, por favor, en que no hagan uso abusivo de la libertad de expresión para hacer juicios de intenciones sobre la respetabilidad de las personas. Muchas gracias. (La señora Moro Almaraz: ¿Hay libertad o
no hay libertad?).


A continuación, corresponde intervenir a la señora Uriarte en representación del Grupo parlamentario Popular.

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La señora URIARTE BENGOECHEA: Estimada, señora Valerio, El Consejo de Estado, como usted bien ha recordado, como señala el artículo 107 de la Constitución, es el supremo órgano consultivo del Gobierno, y su objetivo, como señala la ley
orgánica que regula su funcionamiento, es velar nada más y nada menos que por la observancia de la Constitución y resto del ordenamiento jurídico. Por eso es de enorme importancia que haya un respeto escrupuloso tanto a las normas que regulan su
funcionamiento como a la ética pública de los procedimientos. Y comienzo destacando esta cuestión precisamente porque esa ética pública exigible a todas las instituciones y muy especialmente al órgano consultivo supremo del Gobierno ha dejado mucho
que desear en esta ocasión con esa dimisión de la señora Fernández de la Vega, sin justificación desde el punto de vista del interés general. ¿Para asegurarse un puesto entre los consejeros permanentes? ¿Por un interés político del Partido
Socialista para ocupar posiciones en el Consejo de Estado? Precisamente fue la propia señora Fernández de la Vega quien en su comparecencia ante la Comisión Constitucional en 2018, cuando fue propuesta para ser presidenta del Consejo de Estado,
destacó lo que llamó -abro comillas- 'el singular estatuto de los consejeros permanentes, con su cargo sin límite de tiempo, que asegura su independencia al no verse sometidos a los avatares de la política' -cierro comillas-. ¿Le parece a usted,
señora Valerio -y esta es mi primera pregunta-, que esta sorprendente dimisión para pasar a ser consejera permanente es una muestra de independencia respecto de los avatares de la política?


Y mi segunda pregunta también está referida a este procedimiento cuestionable. ¿Le parece a usted ejemplar para el Consejo de Estado que esa dimisión de la señora Fernández de la Vega haya sido precedida por la dimisión de la señora
Victoria Camps como consejera permanente, sin ofrecer explicación alguna? ¿Es una muestra de transparencia? Si el Consejo de Estado es el órgano consultivo supremo del Gobierno, ¿no debe ser la transparencia un rasgo fundamental de su
funcionamiento? ¿Corresponde la dimisión de la señora Camps a esa exigencia de transparencia? Como es bien sabido, Victoria Camps, además de exsenadora socialista y muy cercana al Partido Socialista, es catedrática de Ética y autora de numerosos
libros y artículos sobre ética, precisamente sobre ética. En ellos ha mostrado muchas exigencias en materia de ética a los políticos y a las instituciones, y le doy un ejemplo. En una entrevista en 2019 aseguró que hay más carencia de ética en la
política que en la empresa. Dijo que hay que tener representantes de verdad, que piensen en el bien común y no en el partidista, que no solo piensen en lo que sirve para ganar elecciones, y que algo fundamental para conseguirlo es la transparencia.
Por eso le hago una tercera pregunta muy vinculada a la segunda: ¿cree que la dimisión no explicada de la señora Camps cumple con estos requisitos que ella misma ha exigido a lo largo de toda su vida, como intelectual y como profesora, a los
representantes públicos?


Hay una segunda cuestión sobre las normas que regulan el funcionamiento del Consejo de Estado que nos parece también relevante, señora Valerio, y se refiere al artículo 6.º de la ley orgánica que regula su funcionamiento, y es que el punto 1
de ese artículo 6.º es el que regula la elección del presidente del Consejo de Estado, y dice literalmente -abro comillas-: El presidente del Consejo de Estado será nombrado libremente por real decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado
por su presidente entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado. Nosotros, señora Valerio, creemos que usted cumple ampliamente el segundo requisito con su importante y larga carrera en diferentes ámbitos de la
Administración pública, en la gestión y también como ministra. Es indudable que usted acredita una amplia y sobrada experiencia en asuntos de Estado, una amplia y sobrada experiencia hacia la que nosotros sentimos y mostramos un gran respeto.
Ahora bien, en el caso específico de la Presidencia del Consejo de Estado, no en el caso de los consejeros, la ley también exige ser un jurista de reconocido prestigio, y creemos que usted no encaja en ese grupo. Sí cumplían ese requisito, por
ejemplo, los dos presidentes anteriores, tanto el señor Romay Beccaría como la señora Fernández de la Vega, pero creemos que la ley orgánica plantea algunas dudas en torno a su candidatura, y es aquí donde le planteo mi cuarta pregunta: le pido su
valoración del artículo 6.º de la ley orgánica y el encaje de su propia candidatura en lo que indica ese artículo.


En tercer lugar, también quiero señalarle que ese prestigio jurídico del que habla la ley orgánica puede ser labrado en el ejercicio de la tarea de presidenta del Consejo de Estado con una labor impecable al servicio de los objetivos
fundamentales del Consejo, es decir, la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. Para ello, ciertamente, es fundamental un trabajo impecable e independiente del Gobierno, en primer término, del Gobierno que la propone.
Como usted bien ha citado, recordando al Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado tiene un papel muy importante en la defensa del interés general y de la legalidad y, como

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usted bien sabe también, este Gobierno no es precisamente un ejemplo en lo que respecta al Consejo de Estado, al que trata como a otras instituciones y organismos independientes, es decir, con una cuestionable consideración. Quiero
recordarle que el Gobierno de Pedro Sánchez, el que la propone a usted como presidenta, ha desoído directamente dictámenes críticos del Consejo de Estado en materias relevantes como la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans o la
Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Quiero recordarle también que el Gobierno incluso intentó ocultar el dictamen del Consejo de Estado referente a los fondos europeos, que luego fue obligado a hacer público ante el escándalo que se
suscitó. Quiero recordarle también que el Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado eludir dictámenes del Consejo de Estado en asuntos como la ley de eutanasia o la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Y usted sabe cómo lo ha hecho? Pues
haciendo iniciativas firmadas por los grupos parlamentarios y convirtiéndolas en proposiciones de ley o exigiendo dictámenes con enorme urgencia. Tanto es así que el propio Consejo de Estado ha criticado al Gobierno por ese método. Es en este
punto en el que le planteo mi quinta y última pregunta, y es: ¿le parece a usted correcto este funcionamiento del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a los dictámenes del Consejo de Estado? ¿Cuál será su posición como presidenta respecto a los
dictámenes y respecto a comportamientos del Gobierno como los que acabo de exponer?


Señora Valerio, para concluir, por todas estas dudas que le acabo de plantear, nuestro grupo no se opone a su designación, pero tampoco podemos apoyarla. No obstante, en nombre de mi grupo también, le quiero mostrar el aprecio que tiene mi
grupo por usted como gran compañera en este Parlamento. También quiero desearle toda la suerte en el ejercicio de su labor y quiero transmitirle, para acabar, nuestra esperanza de que usted resuelva positivamente todas las dudas que le acabo de
plantear con una eficaz y brillante trayectoria al frente del Consejo de Estado.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Uriarte.


A continuación, tiene la palabra, en nombre del grupo parlamentario socialista, el señor Odón Elorza.


El señor ELORZA GONZÁLEZ: Gracias, presidente.


Señora Magdalena Valerio, gracias por concurrir a esta audiencia. El Grupo Parlamentario Socialista quiere, de entrada, agradecer el trabajo desarrollado durante estos años por la hasta ahora presidenta del Consejo de Estado, señora María
Teresa Fernández de la Vega, por su esfuerzo sobre todo en modernizar este órgano consultivo, este órgano constitucional por excelencia, por ese esfuerzo por digitalizar este organismo, por abrir las puertas a la transparencia, al ejercicio de la
rendición de cuentas. Por cierto, recuerdo esa rueda de prensa de hace dos años informando al detalle de la memoria. Le animamos a que continúe en esa línea por muchas razones, entre otras, para hacer mucho más cercano este organismo fundamental
en la estructura de un sistema democrático como organismo consultivo defensor de los derechos de los ciudadanos, defensor de la aplicación de la Constitución, y entendemos que esa rendición de cuentas, que acercará aún más ese organismo a la
ciudadanía, es algo necesario.


Estamos hablando de un órgano consultivo, como establece el artículo 107 de la Constitución, que tiene que desarrollar una función importante en un sistema democrático. En estos tiempos difíciles, sí, para la democracia, en los que se
impone que todos los mecanismos de la maquinaria democrática, que todos los engranajes del sistema democrático funcionen a la perfección cumpliendo sus cometidos, el Consejo de Estado tiene el suyo, que debe estar presidido, como usted sabe
perfectamente -aquí se ha citado y nosotros los socialistas lo reiteramos-, por el rigor jurídico, por la objetividad e imparcialidad y, en tercer lugar, pero no por ello menos importante, por la independencia en el desarrollo de su función
consultiva y también en la emisión de los informes que considere necesarios y oportunos.


Venimos ahora precisamente de unos años en los que el Consejo de Estado ha emitido una serie de informes -los tengo aquí referenciados- de trascendencia más pública por su contenido, que vienen a demostrar que esa autonomía, esa
independencia respecto del 'interés' -entre comillas- del Gobierno de España en el contenido de esos informes se ha desarrollado; esto es, que esa autonomía y esa independencia del Consejo de Estado ha sido una realidad emitiendo informes, algunos
de ellos preceptivos, otros de carácter diferente, en los que ha subrayado su independencia de criterio. Por tanto, ha habido, como es lógico, discrepancias, discordancias con la opinión más o menos conocida del Gobierno de España. En
consecuencia, no está en cuestión que el Consejo de Estado a día de hoy pueda ser tachado de haber cometido atropellos, como se ha dicho aquí, o de no haber seguido realmente su función con independencia, autonomía, objetividad y rigor, sino al
revés; los informes y las discrepancias que ha podido haber en temas sensibles referidos a la pandemia, referidos a cuestiones de Cataluña,

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referidos a los fondos europeos, referidos a temas educativos como el contenido de la disciplina del bachiller, demuestran bien a las claras que está en esa labor, que es donde queremos que siga estando el Consejo de Estado.


En medio de esta ceremonia de la confusión, como de alguna manera se pueden entender y calificar las dos últimas intervenciones, debemos significar -para que no se pierda el hilo, el contenido y el sentido de esta reunión, de esta audiencia
por su parte- que precisamente usted reúne, a nuestro modo de ver con claridad meridiana, la condición de idoneidad en cuanto a que es usted una jurista reconocida. Su formación jurídica, su práctica legislativa, su participación en la elaboración
de leyes, su licenciatura en Derecho -eso es evidente- y toda su trayectoria jurídica y política evidencian claramente que reúne esa condición de idoneidad. Y para qué hablar de la otra condición o requisito, que es su vínculo con la Administración
del Estado, con las tareas del Estado. Ha citado en su trayectoria su pertenencia al Poder Legislativo en España, al Poder Legislativo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, al Poder Ejecutivo del Gobierno de España, al Poder Ejecutivo de
la comunidad autónoma, al Ayuntamiento de Guadalajara en su doble vertiente como oposición y como Gobierno; ha citado su participación en distintos organismos, y creemos que su visión global de la Administración pública es enorme, en justicia, en
materia de políticas de empleo, en relación con el Imserso, con el Insalud, con Fomento, con financiación, con temas de contratación... Vamos, que tiene usted una capacidad sobrada, una relación intensa y una visión global, como decíamos, de lo que
son los temas de Estado y del funcionamiento y las materias propias de la Administración. Además, se ha destacado -creo que con acierto porque es importante- más allá de esa trayectoria profesional y política, su dimensión humana para presidir un
Consejo de Estado que tiene que tomar posicionamientos importantes. Su trayectoria humana, humanística, su trayectoria como persona abierta siempre al diálogo, su trayectoria como persona de ideas profundamente democráticas, sus planteamientos como
persona feminista, y es también un elemento añadido que valoramos muy positivamente el hecho de que usted, en su condición de mujer, vaya a presidir este Consejo de Estado.


De modo que todo eso, la defensa de las ideas sociales por excelencia, esas que ahora corren riesgo por los tiempos en los que vivimos -pienso en los temas educativos, en las personas sometidas a exclusión, en los migrantes, en los
pensionistas, en los excluidos sociales-, le da una dimensión magistral a la Presidencia que ojalá ocupe usted dentro de escasos minutos con el apoyo ampliamente mayoritario de esta Comisión Constitucional. Es el deseo ferviente de este Grupo
Parlamentario Socialista.


Quiero también significar -no me gusta hacerlo, pero nos sentimos obligados a hacerlo en función de alguna intervención reciente por parte del Partido Popular- que el predecesor, quien antecedió a la presidenta actual, señora María Teresa
Fernández de la Vega -voy acabando ya, señor presidente-, fue el señor José Manuel Romay Beccaría. Lo ha citado la portavoz del Partido Popular y al citarle ha cantado sus excelencias. Secretario general de Sanidad bajo el régimen de Franco,
subsecretario de Presidencia bajo el régimen de Franco, luego subsecretario del Ministerio de la Gobernación, etcétera, cargos políticos en Galicia... (Rumores.-Un señor diputado: ¡Ya empezamos!-Otro señor diputado: ¿Y eso qué tiene que ver?).
Pero, claro, poco antes de ser presidente del Consejo de Estado fue tesorero del Partido Popular. Digo yo que lecciones vendo que para mí no tengo. Tesorero del Partido Popular después del señor Bárcenas, a quien todos conocemos.


Por tanto, corramos un tupido velo en este asunto, señora Edurne Uriarte, a quien sabe que aprecio y respeto, pero, por favor, no mezclemos asuntos que no tienen nada que ver. (Rumores). De modo que nos reafirmamos en nuestro
posicionamiento y esperamos grandes éxitos, que los vamos a tener, por parte de esta nueva presidenta del Consejo de Estado.


El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Elorza.


A continuación, tiene la palabra la señora Valerio para responder a las preguntas que se le han formulado. De nuevo, igual que con todos los participantes, le ruego que se atenga al contenido de la evacuación del trámite de idoneidad.


Gracias.


La señora VALERIO CORDERO (candidata a presidenta del Consejo de Estado): Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a sus señorías.


He tomado buena nota. Tengo mucha afición a tomar apuntes, tengo un recuerdo de mi época universitaria y he procurado tomar muchos apuntes de lo que ustedes han ido comentando. Por supuesto, a lo mejor ahora no puedo responder a todas y
cada una de las cuestiones, aunque lo voy a intentar. No obstante, tomo nota de todo lo que me acaban de comentar ustedes.

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En relación con la intervención del señor Bal, representante y portavoz de Ciudadanos, lo primero que quiero es darle las gracias por las palabras de cariño, respeto y consideración a la labor que estoy haciendo en esta casa y por su mención
a las relaciones humanas amables que he procurado tener tanto en esta casa como en todas aquellas por las que he ido pasando. Lo ha comentado el señor Bal y creo que el resto de los portavoces, tanto el señor Sánchez como la señora Uriarte, querida
Martina, con la que he compartido muchas horas de debate en la Mesa y portavoces del Pacto de Toledo hasta llegar al acuerdo de las recomendaciones; también con el señor Elorza. Todos ustedes han hecho reflexiones sobre mi persona. Yo soy como
soy, creo que no tiene mérito. Dicen que el hombre no sé muy bien si nace o se hace. Yo creo que es una mezcla de todo. Intento seguir corrigiendo mis defectos, que los tengo y muchos; seguir aprendiendo, que no lo sé todo y me queda mucho por
aprender. Además, cuanto más sabes de algo... Solo sé que no sé nada, decía el filósofo. O sea, cada vez te das más cuenta de todo lo que te falta por aprender. Aprendo mucho de muchas personas. He aprendido mucho cuando he escuchado a un
catedrático, he aprendido de mis maestros, pero también aprendo mucho de personas con las que me voy encontrando en el día a día. El otro día estuve en el 30 aniversario de Proyecto Hombre, en Guadalajara, y una persona que ha salido de la adicción
a las drogas dijo una frase que a mí me encanta. Voy apuntando las frases cuando escucho algo que me impacta, y de ustedes también cuando han intervenido en la tribuna de oradores. Tengo lo que denomino frases célebres. Pues bien, voy apuntando
las frases que me inspiran y esta persona dijo una cosa que me parece increíble: entramos aquí con una mochila llena de piedras y salimos de aquí con una mochila llena de herramientas para cambiar de vida. Este tipo de mensajes me parecen
impresionantes. Otro decía: no tengo claro cuál va a ser el siguiente paso y si voy a llegar al objetivo, pero para lo que me ha servido este primer paso es para salir de un lugar donde estaba y que era nefasto para mi vida y para mi familia.
Como digo, siempre estoy aprendiendo de los seres humanos que me rodean. ¿Qué ocurre? Que yo tengo mi manera de ser y, por ejemplo, defiendo mis ideas porque tengo unas ideas muy consolidadas. No voy a engañar a nadie, pero soy absolutamente
incapaz de ser sectaria. Por mucho que me lo plantease, no me sale; no me sale. Es que no me gusta. Respeto a las personas y respeto sus ideas. Creo plenamente en el artículo 1.1 de la Constitución Española, que propugna como valores superiores
del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Estamos en una sociedad plural y para mí el respeto a las ideas de cada persona son esenciales.


Incluso alguna vez alguien me ha dicho que un poquito sectaria de vez en cuando podría ser. No, no me sale ser sectaria, no quiero ser sectaria. Quiero corregir mis errores y mis defectos, pero no lo que creo que es una virtud. Valoro a
los seres humanos, a todos y a todas, hombres y mujeres, por lo que me transmiten, por lo que son, porque defienden las cuestiones y las ideas en las que creen. Luego puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo. O sea, que yo tengo ideas y
principios, pero sin sectarismo.


Como han preguntado varios de ustedes si voy a ser capaz de ser independiente en el ejercicio de las funciones inherentes al cargo de presidenta, les tengo que comentar una cosa. A lo largo de mi vida, tanto como funcionaria como política,
siempre he tenido mi criterio; pero, luego, cuando he sido funcionaria, he tenido claro el artículo 103 de la Constitución española: 'La Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de
eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho'. Y cuando he sido funcionaria, al frente de las organizaciones, instituciones o departamentos por los que he ido pasando estaban,
a veces, personas nombradas por el PSOE y a veces los lideraban personas nombradas por el Partido Popular. Voy a poner un ejemplo. He mencionado antes a Romay Beccaría, que me ha precedido y ha sido el antecesor de María Teresa Fernández de la
Vega. Yo fui secretaria provincial del Insalud de Guadalajara entre el año 1994 y el año 1999, y en esos años tuve dos directores provinciales nombrados por el PSOE y tuve un director provincial, Juan Antonio Fernández Echevarría, nombrado por el
Partido Popular. Esa plaza la obtuve por concurso de méritos específico, luego no era de libre designación, y estuve trabajando con ese director provincial del Partido Popular. ¿Haciendo qué? Defendiendo los intereses generales, en ese momento,
como secretaria provincial de Insalud. En multitud de reuniones coincidí -porque era el responsable de Insalud en esa época- concretamente con don Alberto Núñez Feijóo, actualmente responsable del Partido Popular. ¿Tuve algún problema yo con mi
director provincial del Partido Popular y con don Alberto Núñez Feijóo? No, en absoluto. Yo hacía mi tarea y desde esa época de reuniones de coordinación que teníamos en Castilla-La Mancha de todos los directivos del Insalud de entonces sigo
manteniendo una relación cordial, porque a lo largo del tiempo me he ido encontrando por cuestiones diversas con el señor Feijóo y he defendido su manera de trabajar, al margen

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de que no coincida a veces con el fondo de las cosas que plantea, pero le gustaba trabajar en equipo y nos reuníamos con él todos los responsables. Por cierto, en aquel momento, de treinta y tantos responsables del Insalud en toda
Castilla-La Mancha, la única mujer que había era yo; ahora seguro que han cambiado las cosas. He trabajado con él perfectamente porque yo estaba ahí haciendo mi labor de funcionaria y, cuando he tenido cargos políticos, he procurado ejercerlos
dentro de la defensa de mis ideas, evidentemente, que las tengo, pero intentando acordar más que confrontar.


A las personas que no tienen las mismas ideas que yo no las considero enemigas, las considero contrincantes políticos, pero no las considero enemigas. Entonces, he tenido siempre la posibilidad de trabajar, he intentado ser coherente con lo
que pienso, lo que digo y lo que hago, porque si no luego mi conciencia me remuerde. Todos los días quiero llegar a casa habiéndome ganado el sueldo que me paga la ciudadanía de a pie. Prefiero dormir tranquila, prefiero convencer a vencer.


Alguien ha dicho que si voy a entrar ahí como no sé qué. Si al final consigo su aquiescencia y la del Consejo de Ministros, voy a ir al Consejo de Estado con la humildad y con la humanidad que siempre me han caracterizado. Yo nunca voy a
ser Atila, que entraba a caballo en cualquier sitio. Yo no. Si alguien me quiere de Atila, no doy el perfil, en absoluto. Prefiero convencer a vencer, prefiero dialogar a imponer. Eso sí, soy simpática, tengo empatía, pero luego soy muy firme.
Muchas veces me lo habréis oído decir: cuando después de múltiples debates ya están los temas suficientemente debatidos y trabajados, siempre digo que este asunto ya está en el canal del parto. Y las que sois mujeres y madres me entendéis. Hay
veces que ya no es opinable. Esto, o lo sacamos adelante, o se termina malogrando. Y si se ha estado un montón de tiempo debatiendo al respecto y escuchando a todo el mundo, luego llega un momento en el que yo muestro firmeza y digo: esto ya
tiene que salir adelante. Ya no por mí, sino por la ciudadanía que nos paga a todos nosotros el sueldo.


Miren ustedes, yo soy una persona también pragmática. Siempre me ha gustado buscar una solución jurídica a los problemas con los que me he ido encontrando. No soy una experta en buscar problemas a las soluciones, sino soluciones a los
problemas. Cuando he tenido dudas, he pedido consejo al interventor de turno, al servicio jurídico. Hay algunos de ustedes que opinan que yo no soy una jurista de reconocido prestigio, y yo lo respeto. Esto es opinable, todo en la vida es
opinable y ya está. Está mi experiencia, he pasado por todos los estamentos de la Administración pública del país, desde lo municipal hasta el Gobierno de España. Cuando hablaba el señor Sánchez, ha habido un momento en el que he pensado que usted
cree que yo soy una egoísta o una ambiciosa. Me ha preguntado usted si valoro el tema del ascensor que ha representado para mí la educación. Evidentemente. Soy la primera persona en mi familia que he tenido la inmensa suerte de poder estudiar una
carrera y, encima, la que me gustaba más, que era derecho. Mi padre aprendió a leer y escribir en la mili; se puso a currar a los ocho años de pastor de una piara de cerdos y trabajó allí hasta los veintiocho, y luego se fue veinte años a la
Guardia Civil, y luego quince años como guarda jurado. Y mi madre ha trabajado de sirvienta en las casas de los ricos de mi pueblo (aplausos), por cierto, de un conocido abogado, don Martín Palomino, de Cáceres, que fue procurador en Cortes, en
esta casa. He coincidido con un hijo suyo al que cuidó mi madre de pequeño, él, como conocido notario en Albacete, y yo, como consejera de Administraciones Públicas y Justicia, y estuvimos cenando. A mí me pareció esa imagen muy bonita. ¡Cómo es
posible que el hijo de don Martín Palomino y la hija de Claudia Cordero Cortés puedan compartir mesa y mantel y hablar con normalidad, con cariño y aprecio de toda la historia que hemos pasado! Él la suya y yo la mía. A mí me parece que este gran
país posibilita eso, dentro de que no es lo mismo, no todos partimos con el mismo bagaje. En fin, mi padre aprendió a leer y escribir en la mili y yo, por suerte, he podido estudiar una carrera y he podido servir a mi país.


Yo jamás me había planteado, señor Sánchez, llegar a ser ministra del Gobierno de España, nunca me he planteado ningún cargo de los que he tenido, jamás. He estado trabajando en un equipo y a veces he tenido la inmensa suerte -yo creo que
he tenido en ese sentido mucha suerte- de que las personas con las que he trabajado han valorado mi trabajo. Y ya está. Yo no aspiraba a nada, se lo digo; pero ahora sí, tengo ilusión, tengo ganas de llegar al Consejo de Estado, tengo ganas de
hacer todo lo que pueda, lo mejor que sepa y pueda por esa institución. Para mí es mítica también. Para mí, el Pacto de Toledo y el Consejo de Estado han sido siempre -y para todas las personas que nos hemos dedicado al mundo del derecho, cada uno
a nuestro nivel- dos organismos o dos foros absolutamente míticos, importantísimos. Entonces, voy a llegar allí como he llegado siempre.


Por ir terminando. ¿Que soy del grupo B? Sí, tengo dos oposiciones del B, sé que la suma de dos del B no hace una del A1. Ahora se llama A2 a esto. Entonces, dos del B no hacen una del A. Miren

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ustedes, yo quería ser inspectora de Trabajo. Lo voy a decir claramente: abogado laboralista. Luego quise ser inspectora de Trabajo. Pero ¿saben qué pasa? Que pudieron en mí otras cosas. Por ejemplo, quería tener hijos y, además, con
veintidós años me fui de casa de mis padres. Antes nos íbamos muy pronto. Como no teníamos muchas libertades en casa de los padres, nos íbamos; nos liábamos la manta a la cabeza y nos íbamos demasiado pronto. Entonces, ¿qué pasa? Que con
veintidós años me fui de casa de mis padres y tuve que terminar la carrera. En fin, pasé por muchas vicisitudes y dije: vamos a ver, inspectora de Trabajo está muy bien, pero tú no tienes tiempo para sacar adelante dos hijos y estudiar para la
inspección de Trabajo. Y ¿qué hice? Como había estado dando clases en ADAMS de toda una serie de materias, dije: firmas dos del grupo B -ahora A2- y tiras para adelante. Y, luego, cuando quise ir al A1, señor Sánchez y señora Uriarte, resulta
que, en el año 1999, se cruzó en mi camino la política. Tenía yo unos bonitos textos recopilados para prepararme oposiciones a técnico de urbanismos autónomos y resulta que las había firmado, pero me dediqué a tope al tema político y ya me olvidé
de las oposiciones. Esta es mi vida. Esta es la realidad.


Luego, a lo largo de mi vida funcionarial, he tenido que, a veces sin ser letrada de la organización, redactar informes jurídicos que me pedía mi director provincial, porque, por ejemplo, en el IMSERSO no había letrado, era la letrada del
INSS y de la Tesorería. ¿Qué hacía yo? Todo lo que me pedía mi director provincial, informes de esto, de lo otro y de lo de más allá, se los hacía. Cuando la letrada del INSS tenía que ir al juzgado a defender temas relativos al IMSERSO yo no le
envía una copia del expediente, le llevaba el expediente con un informe de relato de hechos y de fundamentos de derecho. Había compañeros y compañeras mías que me decían que si quería heredar el IMSERSO, que me pagaban de jefe de negociado y no de
asesora jurídica. ¿Pero qué quieren ustedes que les diga? Yo hacía todo lo que era capaz de hacer. A veces, en trabajos míos, por ejemplo, redactar las actas de las reuniones del comité de empresa, que eran folios y folios y folios, ¿saben lo que
hacía? Las cogía en taquigrafía -en su momento estudié taquimecanografía, porque fui también secretaria; me preparé para otras actividades-, me las llevaba a mi casa para hacerlas por la noche y no utilizar tiempo del horario de trabajo. Esta soy
yo. Ya está. No tengo arreglo. Además, es que en ciertas cosas no quiero tenerlo, entre otras cosas, porque mi madre está a punto de hacer noventa y cuatro años, me tendría que volver a parir la buena mujer y no tengo intención de que tenga que
hacer de nuevo ese esfuerzo, porque además le costó mucho mi parto. Así que no estoy por la labor.


Algunos de ustedes han hecho una serie de juicios de intenciones. El señor Sánchez incluso me ha dicho que voy a ser una víctima. No lo sé. Desde luego, no voy de comerme el mundo, pero voy a procurar no ser ninguna víctima, no creo que
sea víctima de nadie. Han hecho una serie de juicios de intenciones sobre el porqué han dimitido unas y otras personas, pero yo no voy a entrar en ese tema. Aunque conozco el porqué ha dimitido doña Victoria Camps -porque lo conozco-, ella no está
aquí para decirlo, y desde luego tampoco está aquí doña María Teresa Fernández de la Vega. Creo que cada una de ellas ha tenido su motivación y yo no soy quién para meterme en eso. Si ellas consideran que lo tienen que contar, que lo cuenten.


Señor Sánchez, por favor, un respeto a nuestros mayores. No voy a decir los nombres de los consejeros permanentes, porque creo que ustedes en vez de comer van a merendar directamente. Es que las personas mayores a las que usted cree que va
a controlar la señora Fernández de la Vega... cuidadito, cuidadito, empezando por uno de los padres de la Constitución, que tenemos aquí a don Miguel Herrero Rodríguez de Miñón. Tenemos allí a unas personas de tal poderío, de tal entidad que dudo
mucho que se dejen controlar por nadie, y son algo más que señores y señoras mayores. Cuidado. Hace poco alguien me decía: Eso es un cementerio de elefantes. Yo aluciné. Le dije: Cuidadito, un respeto a todas las especies humanas y animales.
Como se tiene que trabajar con tanta agilidad, yo prefiero decir que allí hay gacelas. Eso es lo que creo de esa institución. Pocas personas hacen una tarea tan ingente y yo voy a llegar allí humildemente para poner mi granito de arena.


La señora Uriarte me ha hecho una serie de preguntas. Las dos primeras no se las voy a contestar, porque yo no soy quién para decir los motivos que han tenido Victoria Camps y María Teresa Fernández de la Vega para dimitir. No me voy a
meter en las obras de doña Victoria Camps ni en lo que ha escrito. También me ha comentado que piensa que cumplo la experiencia en asuntos de Estado pero que no soy jurista de reconocido prestigio. Yo respeto su opinión.


Se ha hablado de trabajo con independencia del Gobierno. Creo que he demostrado a lo largo de mi vida tener criterio, creo que tengo un porcentaje más o menos razonable de sentido común. Voy a aplicar todo lo que he dicho, todo mi bagaje
de conocimientos jurídicos, como persona, como funcionaria y como

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política. Es un organismo con una composición, como he comentado anteriormente, cuyo mayor valor es la pluralidad, de procedencias, de ámbitos jurídicos, de partidos políticos, etcétera. Yo soy del Partido Socialista como otras personas
que han estado anteriormente han sido de UCD o del Partido Popular, y no tengo nada en contra. Eso es lo que hay. Sinceramente opino que mi propuesta de nombramiento no va en contra del artículo 6 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado. Respeto
su opinión que considera que no. Voy a intentar hacer la mejor gestión que pueda.


Muchas gracias a todos ustedes por sus palabras, porque en conjunto han sido palabras de ánimo y de reconocimiento a mi persona.


Para terminar, ahora de verdad, quiero dar las gracias a todas las personas que durante mi vida funcionarial y política me han acompañado en este camino, que ahora por supuesto continúa, y no solo a aquellas que confiaron en mi capacidad de
trabajo, jefes y jefas, sino también a todos los equipos directivos, a todo el personal al servicio de la función pública, me da igual que sean laborales, estatutarios, funcionarios, que son esenciales para que las administraciones puedan cumplir
todos los objetivos e intentar dar una mejor calidad de vida a la ciudadanía; también a todas esas personas, muchas veces anónimas, que me han dado ánimo para seguir adelante en los momentos más difíciles; a mi familia, a mis amigas y a mis
amigos, a mis compañeros y a mis compañeras, y en especial a todos ustedes, a los diputados y diputadas que no están aquí del resto de los grupos que me han manifestado por wasap o en persona su enhorabuena por un nombramiento que aún no se había
producido. Siempre he ido aclarando: No me han nombrado, hay que seguir los procedimientos legalmente establecidos. También doy las gracias al cuerpo técnico, a los letrados, en este caso quiero dar las gracias a don Manuel Fernández Fontecha, y
ya lo he hecho antes con el letrado del Pacto de Toledo. Quiero tener una última palabra de ánimo para José Luis Peñaranda, letrado de esta Comisión, que no nos puede acompañar hoy porque tuvo un desgraciado accidente. Le deseo la mejor y la más
pronta recuperación.


Señorías, muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Valerio.


Vamos agotando ya tiempo de este trámite, y lo vamos haciendo, además, con bastante mejor humor del que tendríamos si fuéramos franceses y estuviéramos a las cuatro de la tarde sin haber comido.


Para terminar esto, tengo que preguntar a los portavoces de los grupos si podemos dar por evacuado el trámite por asentimiento.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Nos gustaría que se votase.


El señor VICEPRESIDENTE: Se someterá a votación.


Vamos a hacer una pausa para que podamos recomponer las presencias y proceder con calma.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ¿Tengo la palabra?


El señor VICEPRESIDENTE: Sí.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Hemos pedido que se realice votación, pero quiero hacer uso de la palabra para agradecer a la señora Valerio su cordialidad en la respuesta, a pesar de la dureza de algunas intervenciones que han tenido lugar esta
tarde. Creo que en parte no ha entendido lo que yo he dicho. En todo caso, agradezco su cordialidad.


El señor VICEPRESIDENTE: Vamos a hacer un pequeño receso y nos volvemos a reunir. (Pausa).


Recordando aquella virtud de la misericordia, vamos a tener un poquito de compasión y a no retrasarnos más.


- EMISIÓN DE DICTAMEN SOBRE IDONEIDAD Y CONFLICTO DE INTERESES. (Número de expediente 276/000023).


El señor VICEPRESIDENTE: Finalizado el debate y oída la declaración de la excelentísima señora doña Magdalena Valerio, así como las intervenciones, procede someter a la Comisión la emisión del correspondiente dictamen en el sentido de
declarar la idoneidad para el cargo y la apreciación de la existencia de conflicto de intereses a que se refiere la disposición adicional tercera de la Ley 3/2015, sobre el ejercicio de altos cargos de la Administración del Estado.


¿Puede entenderse que la Comisión lo aprueba por asentimiento? (Denegaciones).

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Vamos a proceder a la votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 5; abstenciones, 9.


El señor VICEPRESIDENTE: Queda emitido el dictamen favorable a la idoneidad y a la no apreciación de conflicto de intereses de la disposición adicional tercera que antes hemos mencionado.


Se suspende la sesión.


Eran las cuatro y quince minutos de la tarde.