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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 625, de 19/05/2023
cve: BOCG-14-D-625
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
19 de mayo de 2023
Núm. 625
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
DIPUTADOS
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados ... (Página2)
Declaración de intereses económicos ... (Página18)
Resoluciones normativas del Congreso
414/000003 Acuerdo de la Mesa de la Cámara por el que se concede la Medalla del Congreso de los Diputados a los expresidentes de la Cámara... (Página23)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/001209 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas relacionadas con la vivienda habitual ... (Página24)
162/001210 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la protección de las empresas frente a las imposiciones ideológicas que condicionan la recepción de inversiones públicas y privadas ...
162/001211 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la supresión de los supuestos en los que el Código Penal Militar resulta de aplicación a los miembros de la Guardia Civil, recogidos en el apartado
5 del artículo 1 de la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar ... (Página28)
162/001212 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre el derecho al olvido oncológico ... (Página29)
162/001213 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a fomentar el empleo privado ... (Página30)
162/001214 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la elaboración y puesta en marcha de un Plan Nacional del Lobo ... (Página32)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
005 Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las siguientes declaraciones de bienes y rentas presentadas, una vez calificadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ÍNDICE
MARTÍNEZ SALMERÓN, Joaquín (GS) (núm. expte. 005/000405/0000)0 ... (Página3)
ROSELLÓ BOUSO, Jorge (GCUP-EC-GC) (núm. expte. 005/000406/0000)0 ... (Página13)
TELECHEA I LOZANO, Carolina (GR) (núm. expte. 005/000175/0001)1 ... (Página8)
0 Declaración inicial.
1 Modificación de la declaración.
2 Declaración final.
007 Declaración de intereses económicos
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.4 del Código de Conducta de las Cortes Generales, aprobado por Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 1 de octubre de 2020, se ordena la publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales de la siguiente declaración de intereses económicos presentada, una vez calificada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ÍNDICE
MARTÍNEZ SALMERÓN, Joaquín (GS) (núm. expte. 007/000377/0000) 1 ... (Página19)
ROSELLÓ BOUSO, Jorge (GCUP-EC-GC) (núm. expte. 007/000378/0000) 1 ... (Página21)
1 Declaración inicial.
2 Modificación de la declaración de intereses económicos.
RESOLUCIONES NORMATIVAS DEL CONGRESO
414/000003
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el siguiente acuerdo:
La disposición adicional de las Normas por las que se crea y regula la Medalla del Congreso de los Diputados, aprobadas por la Mesa de la Cámara en su reunión del día 7 de marzo de 2023, establece que la Mesa concederá dicha Medalla a los
expresidentes de la Cámara.
En ejecución de dicha disposición se ha acordado conceder la Medalla del Congreso de los Diputados a título póstumo a los siguientes Excmos. Sres.:
- D. Antonio Hernández Gil.
- D. Fernando Álvarez de Miranda y Torres.
- D. Landelino Lavilla Alsina.
- D. Gregorio Peces-Barba Martínez.
- D. Félix Pons Irazazábal.
- D. Manuel Marín González.
Asimismo, se ha acordado conceder la Medalla del Congreso de los Diputados a los siguientes Excmas. Sras. y Excmos. Sres.:
- D. Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.
- D.ª Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
- D. José Bono Martínez.
- D. Jesús María Posada Moreno.
- D. Patxi López Álvarez.
- D.ª Ana María Pastor Julián.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, y para general conocimiento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2023.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet Lamaña.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/001209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas relacionadas con la
vivienda habitual, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La problemática de la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones para la totalidad de las familias españolas, aunque sea por diferentes motivos según la situación de cada familia.
En primer lugar, en España tenemos 26 millones de vivienda y 6 de cada 10 familias vive en un piso de su propiedad, un porcentaje muy superior a la media europea gracias al buen funcionamiento del mercado hipotecario en nuestro país. El 70
% de los créditos hipotecarios vivos en 2022 son a tipo variable, normalmente con revisión anual, por lo que será en 2023 cuando realmente le afectará la subida del Euribor 12 meses desde el 0,25 % de hace un año al 3,85 % actual.
Para una familia que tenga una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años esto le supone una subida de cuota de más de 3.000 euros al año, sin que la mayoría de estas familias puedan acogerse a la modificación del Código de Buenas Prácticas
aprobado por el Gobierno, que ha definido unos requisitos tan estrictos que les deja fuera. De hecho, del millón de familias que dijo la vicepresidenta económica que podrían acogerse, con los últimos datos publicados, sólo 9.000 lo habían hecho;
esto es, menos del 1 %.
Esta subida de los recibos hipotecarios de 3.000 euros al año se une a un recibo de la electricidad que nos cuesta de media 500 euros al año más que cuando la izquierda hablaba de pobreza energética, una gasolina 30 céntimos más cara que en
junio de 2018 y una subida de precios de los alimentos del 24,5 % en los últimos dos años.
El resultado es que, según la Encuesta de Condiciones de Vida 2022, el 8,7 % de los hogares manifestó llegar 'con muchas dificultades' a fin de mes, el 17,1 % de los hogares españoles no pudo permitirse mantener la vivienda con una
temperatura adecuada, un tercio de los hogares no pudo salir de vacaciones al menos una semana en 2022, y el 35,5 % de los hogares no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos. Esa es la realidad del día a día de muchas familias de clase
media española.
En segundo lugar, en España tenemos un 17 % de los propietarios que tiene dos viviendas -una de las cuales usa como vivienda principal y la otra la utiliza como segunda residencia (el 57 %), la alquila (el 30 %) o la tiene vacía (el 10 %)- y
un 4 % de los propietarios que tiene tres viviendas o más -el 67 % utiliza alguna de ellas como segunda vivienda, el 68 % alquila y el 23 % mantiene alguna vivienda vacía-.
Estos propietarios, que nada tienen que ver con los fondos buitres ni con los grandes tenedores, son familias que tienen una segunda vivienda que o bien la utilizan como segunda residencia para irse de vacaciones o bien la alquilan para
complementar sus ingresos -como es el caso de muchos jubilados que utilizan esas rentas para complementar su pensión.- Estas familias han visto horrorizadas que la nueva ley de vivienda del PSOE y Podemos se ha modificado con las propuestas de Bildu
y ERC, haciéndola aun más intervencionista y sectaria: se les puede imponer todo tipo de obligaciones si esa segunda vivienda se encuentra en una zona definida como tensionada y les deja indefensos en caso de 'okupación' o 'inquiokupación'
alargando los procedimientos de lanzamiento y dificultando que los legítimos propietarios recuperen sus viviendas ocupadas.
El gobierno socialista y la extrema izquierda se olvidan de una máxima en este tema: a un okupa no se le desahucia, se le desaloja; y al vulnerable, se le protege, pero desde las administraciones públicas no cargándolo sobre las espaldas
de las familias.
En tercer lugar, están los jóvenes que han visto cómo cada vez es más difícil acceder a una vivienda. Por una parte, porque la intervención del mercado de alquiler ha reducido la oferta de viviendas un 17 % al tiempo que los precios han
subido un 10 %. Por otra, la subida de los tipos de interés ha provocado un endurecimiento de los préstamos hipotecarios del 20 % y una caída de la demanda de crédito hipotecario del 90 %, muy por encima de la media de la eurozona.
El resultado es que la edad de emancipación juvenil se ha visto empeorada hasta los 29,8 años, 3,3 años más que la media de la UE27, lo que nos aleja de los estándares europeos y nos sitúa a España como el octavo país con más dificultades
para nuestros jóvenes de toda la UE en este parámetro.
A pesar de lo que dice el gobierno, los jóvenes tendrán aún más difícil el acceso a la vivienda con la nueva ley aprobada por el gobierno con el apoyo de Bildu y ERC, ya que el resultado de la intervención de precios en el mercado de la
vivienda siempre ha fracasado, al traducirse en menos oferta de pisos, menos incentivos para invertir, precios más altos y más economía sumergida.
En definitiva, la práctica totalidad de las familias, sea por cualquiera de las 3 razones que acabamos de definir, tiene la vivienda como una de sus mayores preocupaciones, por lo que la inacción -como en el tema de las hipotecas- o, peor
aún, una regulación equivocada y en el sentido contrario al necesario -como ha hecho el gobierno en el tema de la ocupación y ante el problema de la vivienda de los jóvenes-, sólo agravan las inquietudes que tienen las familias en este tema.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Recuperar temporalmente la deducción por adquisición de vivienda habitual para que las familias con rentas inferiores a 60.000 euros puedan compensar el aumento de la cuota hipotecaria por la subida del Euribor,
2. Presentar, en el plazo máximo de un mes, un proyecto de ley anti-ocupación que, entre otras:
- permita el desalojo en 24 horas desde el requerimiento si los ocupantes del inmueble no acreditan en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble
- refuerce las penas por delito de usurpación con hasta 3 años de cárcel,
3. Derogar la ley de vivienda en el supuesto de que sea finalmente aprobada en Cortes con el texto acordado por el Gobierno con sus socios, que introducen medidas intervencionistas y dirigistas contrarias a la libertad individual y que van
a contraer la oferta del mercado de la vivienda,
4. Impulsar -en coordinación con el resto de los grupos parlamentarios, comunidades autónomas y entidades locales- un Pacto de Estado por la Vivienda cuyo objetivo principal sea facilitar el acceso a los jóvenes a una vivienda, con ayudas
tanto al alquiler como a la compra, con el fin de cerrar la brecha de emancipación que mantenemos respecto a la media de la UE.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2023.-Gabriel Elorriaga Pisarik, Guillermo Mariscal Anaya, María Elvira Rodríguez Herrer, Mario Garcés Sanagustín y Jaime Eduardo de Olano Vela, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/001210
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Iván Espinosa de los Monteros de Simón, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, Dña. Inés María Cañizares Pacheco, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Pablo Sáez Alonso-Muñumer, D. Rubén Silvano Manso Olivar y D. Rodrigo Jiménez
Revuelta, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz sustituto, Portavoz adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para la protección de las empresas frente a las imposiciones ideológicas que condicionan la recepción de inversiones públicas y privadas, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. Condicionamientos ideológicos que lastran la actividad económica.
1. En las últimas décadas, los sucesivos gobiernos de España han hecho gala de un seguimiento acrítico y muy entusiasta de determinadas agendas que propagan ideologías radicales en múltiples temas.
Tales postulados se han convertido hoy en dogma del Estado en muchas naciones occidentales, y dominan por completo el debate público, impulsando la cancelación de quien disienta de los mismos.
2. La extensión de estas posiciones a todos los ámbitos de la realidad social se evidencia, singularmente, en la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsada por organizaciones y élites supranacionales; también, en
normas y requisitos puestos en marcha por la Unión Europea, como el Pacto Verde Europeo.
3. Por ejemplo, en el ámbito de la protección del medio, los líderes políticos y empresariales de las sociedades occidentales, también los de la española, han alentado la puesta en marcha de políticas de deliberado decrecimiento económico y
de reversión del progreso, esgrimiendo como pretexto la lucha contra un 'cambio climático' supuestamente provocado por la acción humana. Desde instancias públicas y medios de comunicación se alimenta de forma constante una narrativa de 'emergencia
climática' y de apocalipsis próximo.
4. Con esta excusa, se han suscrito tratados internacionales y dictado leyes y reglamentos en virtud de los cuales los Estados, principalmente europeos, se han obligado a reducir las emisiones de dióxido de carbono en plazos irrealizables;
se han implantado nuevos impuestos y se han creado figuras como los derechos de emisiones o las tasas verdes, que, junto con otras numerosas trabas burocráticas, encarecen de forma ficticia el precio final de la energía, incremento de precios que
incide directamente en la escalada de precios de productos de primera necesidad. Es decir, es indudable que el sobreprecio generado lo terminan sufriendo empresas y consumidores, que soportan los costes de una 'transición verde' sin recibir
explicaciones ni sobre sus posibles beneficios ni sobre sus seguros sacrificios. Es más, estas imposiciones no han sido votadas por los propios destinatarios de estas medidas.
5. Otro ámbito en el que se manifiesta especialmente la imposición de estos nuevos dogmas es en el de la obligatoriedad de desarrollar planes de igualdad en las empresas. Tales condicionamientos, netamente ideológicos, dan la espalda a la
realidad de numerosos sectores económicos, en los que hay un porcentaje más elevado de hombres que de mujeres (transporte por carretera, construcción o pesca) o, a la inversa, más mujeres que hombres (medicina, enfermería o magisterio). La libertad
de los españoles y la realidad de nuestra sociedad hace que hoy las mujeres tengan una presencia creciente o sean mayoría en profesiones históricamente con mayoría de hombres, como las Fuerzas Armadas o la Policía, la judicatura o la medicina.
Paradójicamente, este aumento de la proporción femenina es muy anterior a la puesta en marcha de planes de igualdad.
6. En el mismo sentido de imposición de dogmas, el artículo 18 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establece que los
planes de recuperación y resiliencia deben proporcionar 'una explicación de cómo se espera que las medidas (...) contribuyan a la igualdad de género y la igualdad de oportunidades para todos, así como la integración de tales objetivos, en
consonancia con (...) el Objetivo de Desarrollo Sostenible n. 5 de las Naciones Unidas y, cuando proceda, con la estrategia nacional de igualdad de género'. Para cumplir con este mandato, el artículo 12 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de
diciembre, establece como eje transversal del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 'la igualdad de género' y la equipara a criterios como el impacto macroeconómico de este, o su incidencia en la redistribución de la renta y en la
convergencia regional.
7. Sobre cuestiones como la 'lucha contra el cambio climático' o la 'igualdad de género', las empresas que formulen cuentas anuales consolidadas deben dar cumplida satisfacción de lo que se denomina Estado de Información No Financiera o
Informe de Sostenibilidad, obligatorio desde la Ley 11/2018, de 28 de diciembre y también impulsados desde Bruselas a través de Directivas. Se trata de un documento, anejo a las cuentas anuales consolidadas, que tiene como propósito 'medir,
supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad.
8. Este debe inexcusablemente contener el detalle de las acciones de la compañía en relación con aspectos como la 'diversidad', los derechos humanos, la economía circular, el consumo energético o la política de personal, con especial
incidencia en la igualdad. La no formulación de este documento acarrea sanción.
9. La aplicación de normas del espíritu de las anteriores en el ámbito empresarial se suma en España a las deficiencias estructurales de un modelo territorial que implica la existencia de 18 ordenamientos jurídicos diferentes. La
sobrerregulación, los distintos regímenes impositivos y los, en muchos casos, contrapuestos ordenamientos administrativos suponen la existencia de innumerables
trabas burocráticas y cargas regulatorias que lastran la capacidad de competir de nuestros sectores productivos.
Segundo. La inversión 'ESG' como vehículo para obligar a las empresas a propagar agendas ideológicas.
10. Las empresas están, de esta manera, obligadas a cumplir escrupulosamente normas legales como las anteriores, además de otras muchas que no alcanzan este rango. Ello, so pena de no ser consideradas idóneas para recibir inversión
'ética'.
11. La inversión 'ética' se concreta en el acrónimo ESG (environmental, social and corporate govemance): medio ambiente, social y gobierno corporativo. De esta manera, los fondos 'ESG' invierten en empresas que se oponen a los
combustibles fósiles y que hacen hincapié en una pretendida discriminación racial, de género, acatando y propagando los postulados del lobby LGTBI. Todo ello, por encima del mérito en la contratación y selección de trabajadores y de directivos, y
en favor de la implantación de una agenda social de izquierda radical.
12. Las compañías y sectores que no se ajusten milimétricamente a estos criterios corren el riesgo de sufrir campañas de acoso en redes sociales o medios de comunicación que les hagan perder su reputación corporativa o su legitimidad social
para operar, corriendo el riesgo de arruinarse o de desaparecer.
Tercero. Conclusión: la asfixia de los empresarios y trabajadores.
13. En España y en Europa, políticas como las que dan lugar a las normas anteriores tienen como consecuencia que el Estado asfixie a los empresarios y a los trabajadores con un sinnúmero de requisitos legales y regulatorios para llevar a
cabo su actividad. También implican que los poderes públicos (locales, regionales, nacional y europeo) exijan a los sectores productivos, so pena de no recibir financiación ni contratos de la Administración, propagar agendas ideológicas concretas,
con propósitos muy específicos de ingeniería social y de subversión de los valores y principios que han caracterizado a nuestras sociedades durante milenios.
14. Esto es, implica que las empresas deban dedicar una parte importante de sus esfuerzos y recursos no a la generación de riqueza, que debe ser justamente distribuida a los trabajadores a través de una remuneración digna y adecuada, sino a
asignar recursos a labores no productivas, netamente ideológicas, que no añaden valor económico a los bienes y servicios derivados de su actividad ni impactan positivamente en la sociedad. De esta manera, se distrae al empresario y al trabajador de
sus propósitos fundamentales para cumplir con exigencias de dudosa contribución al interés general.
15. En muchos países de Europa, y también en el nuestro, las consecuencias de estas políticas ya se están dejando ver a pie de calle: deslocalización de empresas, paro, éxodo de científicos y profesionales, sistemas tributarios extractivos
y no facilitadores de la actividad económica y del progreso, mengua comparativa de nuestras economías con las de Estados Unidos, China o India y crisis económicas sin fin.
16. En definitiva, se trata de una ruina promovida por nuestras élites y con la que es necesario terminar, por cuanto conduce a España y a Europa al despeñadero y a la irrelevancia mundial.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Impulsar las modificaciones legales que sean precisas para que España deje de condicionar las inversiones empresariales a exigencias ideológicas propias de la izquierda radical, como la imposición de políticas 'de género', la defensa del
lobby LGTBI, el decrecimiento económico o el ecologismo radical, como tampoco al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 o a las exigencias del Pacto Verde Europeo, que suponen la ruina de nuestro sector productivo.
Exigir, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, la modificación de las políticas y los cambios normativos que sean necesarios en este ámbito para conseguir la completa desvinculación de
las ayudas e inversiones incluidas en los fondos provenientes del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (Next Generation EU) de los postulados referidos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2023.-Víctor González Coello de Portugal, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Rubén Silvano Manso Olivar y Rodrigo Jiménez Revuelta, Diputados.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón, José María
Figaredo Álvarez-Sala e Inés Cañizares Pacheco, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
162/001211
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la supresión de los supuestos en los que el Código Penal Militar
resulta de aplicación a los miembros de la Guardia Civil, recogidos en el apartado 5 del artículo 1 de la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar, para su debate en el Pleno.
La aprobación del Código Penal Militar vigente, por la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, estuvo marcada por producirse años después de que se hubieran aprobado las normas reguladoras del régimen disciplinario de la Guardia Civil y la
reguladora de los derechos y deberes de sus miembros. No se tuvo en consideración, en ese momento, la experiencia en la aplicación del régimen disciplinario y la dureza de su configuración, que garantizaba y garantiza, en todo momento, la
preservación de los bienes jurídicos propios del carácter militar de la Guardia Civil.
Una de las consecuencias de todo ello es que no es necesario el régimen de aplicación previsto en el Código Penal Militar vigente a los miembros de la Guardia Civil para contribuir a la mejor realización de las misiones que la Guardia Civil
tiene encomendada al servicio de los ciudadanos.
La aplicación de la redacción dada al apartado 5 del artículo 1 del actual Código Penal Militar, además de no respetar los principios de taxatividad y de certeza, ha supuesto que los y las guardias civiles puedan ser objeto de condena penal
e ingresen en prisión militar por hechos acaecidos en el cumplimiento de funciones policiales e incluso cuando no están de servicio y no tienen su condición de guardia civil activada. Ello a pesar de que muchas de la acciones u omisiones
establecidas como delitos militares -con idéntica tipificación en el ámbito disciplinario- ya encuentran suficiente reproche sancionador en los diversos ilícitos y sanciones disciplinarias que se relacionan en la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de
octubre, de régimen disciplinario de la Guardia Civil.
Es por ello por lo que se presenta esta iniciativa que persigue suprimir el apartado 5 del artículo 1 de la citada Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar, ante la necesidad de adaptar las normas penales a la
realidad social, ante la obligación de preservación de los derechos fundamentales y libertades públicas de las mujeres y de los hombres que integran la Guardia Civil, y ante la idoneidad de contribuir a la mejor y más eficaz prestación del servicio
público de seguridad ciudadana.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reformar la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar, con el fin de que el mismo únicamente resulte de aplicación a los miembros de la Guardia Civil en los casos
tasados recogidos en el apartado 4 del artículo 1 de la citada Ley, clarificando igualmente en la norma que en ningún caso se aplicará el régimen penal militar a los miembros de la Guardia Civil en relación con hechos sucedidos fuera de servicio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2023.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/001212
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley sobre el derecho al olvido
oncológico, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En España, a día de hoy, haber padecido un cáncer puede afectar a que una persona tenga acceso a un préstamo hipotecario, al contrato de un seguro de vida o incluso a un puesto de trabajo. Se trata, pues, de una discriminación clara: si
una persona ha padecido y superado una enfermedad como es el cáncer, se encontrará con trabas y dificultades en el acceso a este tipo de productos bancarios. Es el caso de miles de personas como Yaiza Cumelles, que explica su experiencia en una
noticia de El País. Cumelles narra que, mientras estaba en tratamiento, la llamaron para ofrecerle un seguro de vida, y ella respondió que estaba interesada. La persona comercial le preguntó si estaba trabajando, y Cumelles contestó que no, que en
ese momento recibía tratamiento para el cáncer. Le contestaron con un buenas tardes y gracias. Esta situación la vivió con 21 años, pero sostiene que a sus 30 esto todavía no ha cambiado. No se trata de un caso excepcional. La Fundació Josep
Carreras llevó a cabo, el año pasado, el estudio Jóvenes y leucemia: más allá de sobrevivir, que arrojó luz con datos sobre esta discriminación. El 83 % de los jóvenes encuestados dijo haber tenido dificultades para contratar un seguro de vida;
el 78 %, para un seguro de decesos; el 44 % admitía haber tenido dificultades en caso de querer obtener una hipoteca y el 33 % las tuvo para alquilar una vivienda.
España es uno de los pocos países que no ha legislado todavía sobre esta materia, llamada comúnmente derecho al olvido oncológico, con el fin de que la enfermedad ya superada deje de condicionar las posibilidades de conseguir productos como
una hipoteca o un préstamo. De hecho, el Parlamento Europeo ya reclamó este derecho para todos los Estados miembros a través de una resolución de 2022. En el punto 124 del Informe de la Comisión Especial sobre Lucha contra el Cáncer sobre el
refuerzo en Europa en la lucha contra el cáncer: hacia una estrategia global y coordinada (A9-0001/2022), del 16 de febrero del 2022, se considera que 'las aseguradoras y los bancos no deben tener en cuenta el historial médico de las personas
afectadas por el cáncer'. Además, pide que 'las legislaciones nacionales garanticen a los supervivientes de cáncer que no sean discriminados en comparación con otros consumidores' y que 'todos los Estados miembros garanticen el derecho al olvido a
todos los pacientes europeos diez años después del final de su tratamiento y a más tardar cinco años después del final del tratamiento' para menores de 18 años. En términos similares se habla en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo
y al Consejo en el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer de febrero de 2021.
Por el momento, en la legislación española existe una clara ausencia en lo referente a al derecho al olvido. Hay una vaga alusión en la Ley 4/2018, de 11 de junio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que recoge una disposición adicional en el que se explicita que 'serán nulas aquellas cláusulas, estipulaciones,
condiciones o pactos que excluyan a una de las partes, por tener VIH/SIDA u otras condiciones de salud'. No se concreta qué otras condiciones de salud. De hecho, la única vía disponible para corregir la situación es través de la Agencia Española
de Protección de Datos, explicando que se le ha pedido al usuario información no necesaria. Esto, sin embargo, no debería ser el cauce habitual, ya que se trata de una medida correctora para una discriminación sistemática.
Los países de nuestro entorno, sin embargo, sí han abordado esta problemática a través de su legislación. Es el caso de Francia, que en 2016 recogió por primera vez el derecho al olvido oncológico y lo extendió en 2022, fijando dicho
derecho en cinco años para todos los cánceres y hepatitis C, eliminando la distinción según la edad y acortando el periodo de 10 años sugerido por el Parlamento Europeo. Bélgica aprobó su norma en 2019 y Portugal en 2021.
En definitiva, existe una vulneración de derechos hacia las personas que han padecido y superado un cáncer y que ahora, después del duro proceso para la superación de la enfermedad, se ven abocados a afrontar dificultades para el desarrollo
normal de su vida. Existe, también, una resolución europea al
respecto, así como legislación en los países de nuestro entorno. Existe, también, una ausencia clara en la protección de dichos derechos por parte de nuestra propia legislación.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar la normativa legislativa necesaria para desarrollar el derecho al olvido oncológico, en el que las empresas aseguradoras o las entidades bancarias no puedan tener en cuenta el historial médico de las personas afectadas por el
cáncer después de superar la enfermedad, garantizando asimismo que dichas personas no sean discriminadas a tales efectos.
2. Impulsar, en colaboración con entidades relacionadas en la lucha contra el cáncer, la elaboración de un código de conducta que explique la evolución de los tratamientos contra el cáncer y su mayor eficacia con el fin de que se reflejen
en las prácticas comerciales de los proveedores de servicios financieros.
3. Comunicar y trabajar conjuntamente con los proveedores de servicios financieros para la aplicación del código de conducta de manera correcta y efectiva.
4. Establecer los mecanismos de control necesarios para que el uso de la Inteligencia artificial sea compatible y respetuoso con el ejercicio del derecho al olvido oncológico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2023.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
162/001213
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a fomentar el empleo privado
para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El pasado 27 de abril de 2023 conocimos los datos de la encuesta de población activa que trimestralmente publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se confirmaban los peores presagios contradiciendo tajantemente el discurso
triunfalista del Gobierno.
Los datos evidencian un frenazo en la economía y el fracaso de las políticas laborales del Gobierno. El primer trimestre del año ha cerrado con 103.800 personas más en paro, 11.100 empleos destruidos, el número de hogares con todos sus
miembros activos en paro se ha incrementado en 7.800, superando el millón (1.055.300), tenemos una tasa de paro juvenil del 30 %, prácticamente uno de cada tres jóvenes está parado y casi la mitad de los parados son de larga duración (41,7 %), lo
que supone que hay 1.305.000 parados en esta situación (que llevan más de un año buscando empleo); de éstos, 870.500 personas buscan empleo desde hace más de dos años sin encontrarlo. Los autónomos continúan siendo los grandes olvidados del
Gobierno y pese al ligero repunte este trimestre (+12.100 autónomos), el último año se han perdido 43.400 trabajadores por cuenta propia, además, a lo largo de este primer trimestre ha bajado el número de autónomos que generan empleo, algo que
tampoco es buena noticia.
El discurso del Gobierno no encaja con la realidad de los datos. Es cierto que, 2022 cerró con 278.900 ocupados más y 79.900 parados menos en términos anuales, pero el Gobierno no advierte de la evidente ralentización en la creación de
empleo y omite que el año anterior -2021- cerró con 616.000 parados menos y 840.600 ocupados más, la diferencia es clara. Además, el incremento de ocupación no se debe a la creación de más y mejor empleo, sino a la partición de la jornada de
trabajo, se está troceando el empleo. El empleo a tiempo completo descendió en 241.500 personas (4T2022), y aumentó en 159.900 personas el empleo a tiempo parcial. La realidad es que hoy una jornada de trabajo se divide entre dos o
más personas con lo que aumenta estadísticamente el número de ocupados, pero no las horas de ocupación.
Los datos de la EPA ratifican que, en 2022, se trabajaron -teniendo en cuenta todos los ocupados- 9.764 horas efectivas semanales menos que en 2019, antes de la pandemia (EPA 4T 2022 vs 4T 2019).
Las poco efectivas políticas laborales del Gobierno se observan también en la modalidad del empleo creado. El primer trimestre del 2023 se ha reducido la ocupación en 2.300 personas en el sector público y 8.800 en el sector privado. Desde
el cuarto trimestre de 2019 (antes de la pandemia) el empleo se ha incrementado en 228.400 personas en el sector privado y en 270.600 en el público. Que tengamos un Gobierno que sólo esté capacitado para crear empleo público no es cuestión baladí.
El empleo público es de gran relevancia en nuestro país, no renegamos de su importancia y del papel fundamental que ejerce, sin embargo, esta circunstancia no debería de ir reñida con igual reconocimiento hacia el empleo privado.
Existe una realidad que no podemos pasar por alto, las comunidades autónomas donde más empleo se crea y donde más se reduce el paro son Andalucía y Madrid, tanto en el primer trimestre como en el último año. Teniendo en cuenta que la
normativa laboral se aplica por igual en todas las comunidades autónomas, es evidente que la diferencia radica en la manera de gobernar de cada una de ellas, la libertad empresarial, la fiscalidad y una buena gestión son imprescindibles para el
crecimiento y la creación de empleo.
No podemos olvidar que el sector privado tiene un rol fundamental, imprescindible e irreemplazable: genera riqueza, genera empleo, potencia el crecimiento económico, atrae inversión etc. El apoyo al sector privado debería de estar también
entre las prioridades del Gobierno, si bien, en los últimos tiempos, las dificultades que ha venido padeciendo el sector; la pandemia y sus efectos económicos, el incremento de impuestos, la subida de la luz, la gasolina, la elevada inflación, el
incremento de las cotizaciones sociales, la falta de liquidez, entre otros factores, unido a los ataques directos a las empresas desde el propio Gobierno, ahuyentando con ello a inversores y generando inseguridad jurídica, ha derivado en que cada
vez desaparezcan más empresas. Tenemos 78.655 empresas menos desde junio de 2018 -la mayoría pymes que no pueden hacer frente a la subida de costes- y según la EPA el último año se han perdido 43.400 autónomos reduciéndose, además, el número de
autónomos que generan empleo.
El estancamiento en la creación de empleo privado es una realidad a la que hay que hacer frente. La cada vez más rígida política laboral impuesta por el Gobierno así como las medidas improvisadas y confusas a las que ya nos vamos
acostumbrando, están deteriorando gravemente el mercado de trabajo. Políticas que generan incertidumbre e inseguridad jurídica, desincentivan la contratación, ahuyentan inversiones y destruyen puestos de trabajo.
Desde el Partido Popular apostamos por el empleo. Por el empleo público necesario para una sostenibilidad eficiente y efectiva del Estado y también por el empleo privado que crea riqueza, puestos de trabajo y crecimiento económico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados Insta al Gobierno a adoptar, en el seno del diálogo social y en consenso con las organizaciones implicadas, las medidas oportunas para -sin renegar de la importancia y papel fundamental que ejerce el empleo
público- fomentar el empleo privado:
1. Reconocer el rol fundamental, imprescindible e irreemplazable del sector privado como generador de empleo, riqueza y potenciador del crecimiento económico.
2. Cesar -de inmediato- con el ataque directo que desde el Gobierno se está perpetrando contra la empresa privada, que no hace sino generar desconfianza e inseguridad jurídica ahuyentando con ello a los inversores.
3. Valorar las causas por las que el año 2022 cerró con 111.200 autónomos menos y el primer trimestre de 2023 con 43.400 autónomos menos en términos anuales, como pueden ser, entre otras, que los gastos de producción sean mayores que los
ingresos, y, en consecuencia, aprobar medidas eficaces que realmente ayuden a los trabajadores por cuenta propia a afrontar la situación.
4. Renunciar a la rigidez laboral destructora de empleos y retornar a la flexiseguridad, llegando a un equilibrio donde confluyan:
- la flexibilidad para las empresas y trabajadores para poder adaptarse a los cambios del mercado y,
- la seguridad para el trabajador, apostando por el empleo estable, la posibilidad de progresar en sus carreras profesionales, formación y posibilidad de recualificación y recibir apoyo de los sistemas de seguridad social durante los
periodos de inactividad.
5. Estudiar medidas eficaces de fomento a la contratación, priorizando la contratación de los colectivos más vulnerables como son: los parados de larga duración, mayores de 45 años o jóvenes, entre otros colectivos.
6. Aprobar cualesquiera otras medidas orientadas a fomentar el empleo estable y de calidad en el sector privado y potenciar la contratación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2023.-Jaime Eduardo de Olano Vela, Mario Garcés Sanagustín y Diego Movellán Lombilla, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D. Ricardo Chamorro Delmo, D. Ángel López Maraver, D. Luis Gestoso De Miguel, D. Francisco José Contreras Peláez, D. Pedro Jesús Requejo Novoa, Dña. Magdalena Nevado Del Campo, D. Emilio Del Valle
Rodríguez, D. Pablo Juan Calvo Liste, D. Víctor González Coello De Portugal, D. Rodrigo Jiménez Revuelta, D. Pablo Sáez Alonso-Muñumer y Dña. Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz sustituto y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (G. P. VOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para la elaboración y puesta en marcha de un Plan Nacional
del Lobo, para su discusión en el Pleno.
Exposición de motivos
Primero. El lobo ibérico en España.
El lobo ibérico está presente en la Península Ibérica desde hace muchos siglos. Esta especie llegó a habitar la práctica totalidad de nuestro territorio nacional; sin embargo, en la década de 1970 su población se redujo drásticamente,
llegando incluso a correr serio riesgo su pervivencia.
En la actualidad, la especie se encuentra en expansión y se calcula que viven entre 3.000 y 3.500 ejemplares en nuestro país, de los cuales más de un 90 % lo hacen al norte del Duero. 1 Así, el lobo se localiza fundamentalmente en Asturias,
Galicia, Cantabria y el norte de Castilla y León. Sin perjuicio de lo anterior, en los últimos años su presencia está creciendo también en la vertiente sur del Sistema Central, en Madrid, en Castilla-La Mancha y en Cáceres.
Como se puede observar, existe un problema de sobrepoblación de lobos en las regiones del noroeste de la península. Esta situación, como se expondrá, provoca graves problemas para los habitantes de dichos territorios y para los que viven
del sector rural.
Segundo. La regulación del lobo en España.
La Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad crea el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, que incluye especies, subespecies y poblaciones merecedoras de una atención y protección particular, así como aquéllas
que figuren como protegidas en Directivas y convenios internacionales ratificados por España.
En este sentido, la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres ('Directiva Hábitats'), cataloga al lobo como 'Especie de Interés Comunitario'.
La Directiva Hábitats distingue el nivel de protección del lobo ibérico que habita en la Península Ibérica basándose en el río Duero. Así, distingue entre los lobos localizados al
1 https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/esperanzador-futuro-lobo-iberico_16309
sur del Duero (para los que prevé una protección estricta) y los localizados al norte del Duero (cuya recogida en la naturaleza y explotación pueden ser objeto de gestión).
En este estado de cosas, en el año 2019 se incluyeron en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial a los lobos que habitaban en España al sur del río Duero. Los demás -es decir, el 95 %- no estaban incluidos en ese listado y
no les sería de aplicación el citado Régimen de Protección Especial. Pero el estatus legal del lobo en España se unificó con la aprobación de la Orden Ministerial TED/980/2021 publicada el 22 de septiembre de 2021. Dicha orden hizo extensivo a
todas las poblaciones de lobos de España el mismo nivel de protección con el que sólo contaban las manadas radicadas al sur del Duero.
Esta Orden Ministerial se aprobó tras la reunión de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad celebrada el 4 de febrero de 2021. La propuesta de inclusión del lobo en el Listado de Especies de Protección Especial fue
promovida por un grupo autodenominado 'ecologista' y fue aprobada gracias al voto a favor del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Cabe destacar que la propuesta contó con la oposición del Ministerio de Agricultura y de las cuatro
Administraciones regionales que albergan a la inmensa mayoría de los lobos en España (Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León). Los argumentos que alegaron los discrepantes de la medida fueron, en síntesis, que la propuesta no se
correspondía 'con la situación real y la evolución de las poblaciones de lobos, así como por generar un grave problema en la gestión de la ganadería extensiva, muy amenazada por el fuerte incremento de ejemplares de esta especie animal'.
Tercero. Las fallidas estrategias para la gestión del lobo.
Con anterioridad a la aprobación de la regulación mencionada la normativa existente permitía la conservación de la especie, a la vez que combatía el perjuicio que esta generaba a las explotaciones ganaderas, controlando su población mediante
cuotas de caza. La actividad cinegética no suponía la extinción del lobo, sino que, al contrario, fomentaba un crecimiento controlado de su población, posibilitando la coexistencia entre el lobo y el ser humano.
Sin embargo, en el 2005, debido a la aplicación de medidas desproporcionadamente proteccionistas, comenzaron a generarse conflictos en las zonas habitadas por el lobo. En dicho año se aprobó la primera 'Estrategia para la conservación y
gestión del lobo en España' con el objetivo de 'establecer las directrices para conservar, gestionar y restaurar poblaciones viables de lobos como una parte integral de los ecosistemas españoles, velando por el mantenimiento de sus poblaciones y
asegurando la coexistencia con los usos humanos'. Pero los objetivos perseguidos por esta estrategia no se alcanzaron y, tras su revisión en 2021, se publicó la 'Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo (Canis lupus) y su Convivencia con
las Actividades del Medio Rural', centrada en la coexistencia entre la especie y la ganadería, con la aplicación de medidas preventivas para intentar evitar daños y otras paliativas.
Lo cierto es que tanto estas estrategias, como toda la normativa que se ha ido aplicando durante estos años, no han generado ningún beneficio para la conservación y la convivencia del lobo con el ser humano.
Cuarto. El lobo y la sociedad.
El lobo es un cánido cuya convivencia con el ser humano no suele ser pacífica. Si bien es cierto que el lobo ayuda a mantener el equilibrio de los ecosistemas, no es menos cierto que causa perjuicios a las personas que habitan cerca de él,
en especial a los ganaderos.
El sector ganadero, que vertebra la España rural y cumple un papel social y económico muy importante en nuestro país, se encuentra desprotegido ante los constantes ataques que sufren sus rebaños por parte de los lobos. Los ganaderos
intentan defenderse de los ataques de este depredador mediante la instalación de vallados, el aumento de la presencia de perros mastines cuidando de sus reses y la recogida del ganado durante las noches. Sin embargo, todas estas medidas suponen un
coste muy elevado para los ganaderos que, debido al asedio constante del lobo, ven cómo se reduce aún más el estrecho margen de rentabilidad que ofrece hoy en día la ganadería extensiva.
Las medidas de protección frente al lobo al alcance de los ganaderos son, en muchos casos, ineficaces, y las cabañas sufren bajas constantemente. Las indemnizaciones que conceden las Administraciones Públicas ('AAPP') a los ganaderos por
estas bajas son muy complicadas de obtener, ya que tienen unos requisitos muy exigentes. Asimismo, las compensaciones son irrisorias y la burocracia existente en torno a ellas eterniza los procedimientos.
En cuanto a los habitantes de las zonas asediadas por el lobo, estos también padecen su excesiva e incontrolada presencia. Si bien el lobo es un animal señero que mora alejado de los núcleos poblacionales, cada vez son más frecuentes sus
avistamientos en las inmediaciones de los pueblos e, incluso, sus ataques a animales y a mascotas, tal y como denunció recientemente un vecino de Las Campas, un pueblo localizado en el occidente asturiano. 2
Quinto. Conclusión.
Las políticas aplicadas por este y los anteriores Gobiernos de España en relación con la gestión y conservación del lobo no han sido capaces de atajar los grandes problemas que la sobreprotección de esta especie genera para el medio rural y
sus habitantes.
Por ello, resulta hoy más importante que nunca la elaboración y puesta en marcha de un Plan Nacional del Lobo que, por un lado, favorezca la conservación de la especie a través de su control cinegético, de tal manera que se rebaje el nivel
de conflicto en las zonas en las que el lobo habita y se evite que nadie controle la población por su cuenta, utilizando medios o artes prohibidos y no selectivos, que son más dañinos para el lobo y para otras especies; y que, por otro y sobre
todo, proteja a los ganaderos y habitantes del medio rural de sus ataques.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a actuar de manera urgente para la defensa de la España rural y la ganadería frente al ataque del lobo, y en particular a acometer las siguientes acciones:
1. Impulsar la elaboración de un Plan Nacional del Lobo que comprenda:
- un adecuado control cinegético que garantice, mediante el diseño de mecanismo de control, la conservación de la especie y el necesario equilibrio entre el hombre y el lobo;
- la elaboración de un censo nacional actualizado, con detalle de las zonas en las que puede haber población de lobo y de aquellas otras que deben quedar excluidas;
- el desarrollo de una guía que comprenda las fórmulas de prevención frente a los ataques del lobo; y
- el establecimiento de un sistema de compensaciones por pérdida de res que se ajuste a los perjuicios reales que supone para los ganaderos.
2. Impulsar la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección Especial en todo el territorio nacional.
3. Promover ante las instituciones europeas la modificación de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres para permitir el control del
lobo en todo el territorio nacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2023.-Ángel López Maraver, Ricardo Chamorro Delmo, Luis Gestoso de Miguel, Francisco José Contreras Peláez, Pedro Jesús Requejo Novoa, María Magdalena Nevado del Campo, Emilio Jesús del
Valle Rodríguez, Pablo Juan Calvo Liste, Víctor González Coello de Portugal, Rodrigo Jiménez Revuelta, Pablo Sáez Alonso-Muñumer y Georgina Trías Gil, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
2 C.B (2023). ''Los mayores tienen miedo de pasear a causa de los lobos', afirman en Las Campas'; El Comercio. 21 de febrero. Disponible en:
https://www.elcomercio.es/asturias/occidente/mayores-miedo-pasear-causa-lobos-campas-castropol-20230221000857-ntvo.html#:~:text=EFE-,%C2%ABLos%20mavores%20tienen%20miedo%20de%20pasear%20a%20causa%20de,lobos%C2%BB%2C%20afirman%20en%20Las%20Cam
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