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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 320, de 08/09/2021
cve: BOCG-14-D-320 PDF


parte 1 parte 2


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XIV LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


8 de septiembre de 2021


Núm. 320



ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Comisión Constitucional


161/003002 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el fin de la apología del comunismo ... (Página11)


161/003006 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al cumplimiento por parte del Gobierno de la obligación de aprobar los Planes Anuales Normativos de la Administración General del Estado
y los Informes Anuales de Evaluación Normativa ... (Página12)


161/003016 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa del derecho de participación de los españoles a través de sus representantes, como expresión del ejercicio de la soberanía
nacional ... (Página14)


161/003021 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al respeto a las decisiones judiciales y a la independencia del Poder Judicial ... (Página16)


Comisión de Asuntos Exteriores


161/003011 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a condenar la falta de transparencia de la República Popular de China en la investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del origen y
posterior propagación de la pandemia del COVID-19, así como a solicitar que se inicie una segunda investigación por parte de este organismo a tal efecto ... (Página18)


161/003031 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a abordar la crisis humanitaria en Afganistán ... (Página21)


161/003036 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación de las mujeres y las niñas en Afganistán ... (Página23)


Comisión de Justicia


161/003020 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al respeto a las decisiones judiciales y a la independencia del Poder Judicial ... (Página24)



Página 2





Comisión de Defensa


161/003010 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a las ayudas sociales asociadas a la movilidad geográfica de las Fuerzas Armadas ... (Página26)


Comisión de Hacienda


161/002994 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre las incompatibilidades en materia de subvenciones de los cargos electos ... (Página30)


Comisión de Interior


161/003035 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil en los municipios de la provincia de Ávila afectados por el
incendio de Navalacruz ... (Página31)


Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


161/003000 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la culminación de forma inmediata de los trabajos en la autovía A-12 ... (Página32)


161/003003 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a solicitar que se aceleren los trabajos de la ejecución de las obras de La Ronda Sur de Logroño, 'Autovía A-68. Tramo:
Arrubal-Navarrete' ... (Página33)


161/003004 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la mejora de la seguridad vial en la N-642 en Foz en sus intersecciones con la LU-152 y la LU-162 ... (Página35)


161/003007 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la autovía A-74 de A Mariña ... (Página36)


161/003008 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la gratuidad del tramo Vigo-Redondela de la AP-9 ... (Página37)


161/003026 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a que los jóvenes puedan tener una vivienda digna ... (Página39)


Comisión de Educación y Formación Profesional


161/002996 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al reconocimiento y creación de la especialidad docente del profesorado de Lengua Asturiana y
Literatura ... (Página40)


161/002998 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la generación de acciones que mejoren la educación económico-financiera y fiscal en España ... (Página42)


Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones


161/002977 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la cláusula de salvaguardia en el cálculo de las pensiones prevista en la Ley 27/2011 para
proteger a las personas trabajadoras expulsadas del mercado laboral entre 2009 y 2012 ... (Página47)



Página 3





161/002979 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a exigir que las organizaciones sindicales tengan la obligación de hacer pública toda la información relativa a los actos de gestión administrativa con
repercusión económica o presupuestaria ... (Página49)


161/002995 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a abordar la modificación del artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores con el fin de reinstaurar el día 25 de julio, Día de Santiago Apóstol, Patrón
de España, día festivo laboral en toda España ... (Página55)


Comisión de Industria, Comercio y Turismo


161/002982 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la adopción de medidas para atajar la grave crisis del sector naval de Vigo ... (Página60)


161/002988 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la creación de un plan por el que se promocione la España rural como destino para el teletrabajo ... (Página62)


Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad


161/002978 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la protección de los menores diagnosticados de epilepsia ... (Página65)


161/002983 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la exigencia de la residencia legal en España como requisito de inscripción en el padrón municipal ... (Página67)


161/003029 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la actualización del Bono Social de electricidad para hacer frente al impacto del incremento del precio de la factura de la luz entre las personas
más vulnerables ... (Página70)


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


161/003019 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a incluir A Limia en el Plan de Regadíos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ... (Página72)


161/003025 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas para mejorar la gestión y los controles en la costera del bonito ... (Página73)


161/003033 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impacto de la nueva metodología de cálculo de los costes eléctricos sobre la agricultura de regadío ... href='#(Página75)'>(Página75)


Comisión de Política Territorial y Función Pública


161/003027 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre una remuneración digna y adecuada de las prácticas laborales en el Sector Público Estatal ... (Página76)


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


161/002987 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a dotar de recursos presupuestarios la lucha contra el reto demográfico ... (Página77)



Página 4





161/002993 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la recuperación y acondicionamiento de la playa de A Punta y su entorno en el barrio de Teis (Vigo) ... (Página79)


161/003005 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el refuerzo de las interconexiones eléctricas ... (Página80)


161/003009 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a lograr la mejora ambiental y puesta en valor de la ría de Ribadeo ... (Página82)


161/003012 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la retribución de las centrales nucleares ... (Página83)


161/003024 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a mejorar la efectividad de las actuaciones ante los efectos del cambio climático ... (Página88)


161/003030 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la actualización del Bono Social de electricidad para hacer frente al impacto del incremento del precio de la factura de la luz entre las personas
más vulnerables ... (Página90)


161/003032 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los efectos ambientales y económicos derivados de los incendios forestales sucedidos en la provincia de Ávila ... href='#(Página91)'>(Página91)


161/003034 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la protección del Mar menor y su biodiversidad ... (Página94)


Comisión de Cultura y Deporte


161/002980 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre reconocimiento y dignificación del sector del cómic en España ... (Página95)


161/002997 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la conmemoración del centenario del desastre de Annual y el reconocimiento y homenaje al Regimiento Alcántara ... (Página99)


161/002999 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la inclusión de las lenguas propias reconocidas en los estatutos de autonomía en aquellas
convocatorias públicas estatales de ayudas, subvenciones o premios que estén destinadas a trabajos que empleen las distintas lenguas del Estado ... (Página100)


161/003017 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la aprobación de la convocatoria de ayudas para financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio
Histórico Español dentro del 'Programa 1,5 % Cultural' ... (Página102)


161/003018 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el apoyo a la candidatura de la Cantería del Mármol de Macael como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ... href='#(Página103)'>(Página103)


Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital


161/003014 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre las consecuencias del proceso de concentración bancaria ... (Página104)



Página 5





Comisión de Sanidad y Consumo


161/002984 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la implementación de los tratamientos y la financiación de los protectores solares para los pacientes con indicación de Lupus Eritematoso Sistémico (LES)
... (Página106)


161/002986 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el reconocimiento y desarrollo de la especialidad de Enfermería de Cuidados Médico-Quirúrgicos ... (Página108)


161/002990 Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a fomentar la donación de médula ósea ... (Página109)


161/003022 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para la desestigmatización de los problemas de salud mental ... (Página110)


161/003023 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la inversión en profesionales sanitarios especializados en salud mental ... (Página112)


Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades


161/003015 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a crear un Centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Santiago de Compostela ... (Página113)


Comisión de Igualdad


161/002981 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la afectación de la vacunación contra la COVID-19 en la menstruación ... (Página114)


161/002992 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los ataques violentos y los actos de intolerancia y discriminación hacia las personas LGTBI ... (Página115)


161/003013 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al análisis de la perspectiva de familia en la tramitación de todas las iniciativas normativas provenientes del Gobierno ... href='#(Página116)'>(Página116)


Comisión sobre Seguridad Vial


161/002991 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a revisar la actual clasificación de los vehículos en función de su potencial contaminante realizada
por la Dirección General de Tráfico ... (Página121)


Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género


161/002985 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la inclusión en la estadística judicial del dato de la nacionalidad de los condenados por delitos en materia de violencia por razón de sexo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el vigente Plan estadístico ... (Página123)


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


Comisión Constitucional


181/001209 Pregunta formulada por los Diputados José María Sánchez García (GVOX), Contreras Peláez, Francisco José (GVOX), López Álvarez, María Teresa (GVOX), Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio



Página 6





(GVOX), sobre motivo por el que el Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática no ha dimitido tras haberse conocido el fallo de la Sentencia del Tribunal Constitucional por la que se declara inconstitucional
parte del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, aprobado por el Gobierno ... (Página127)


Comisión de Asuntos Exteriores


181/001214 Pregunta formulada por los Diputados Macarena Olona Choclán (GVOX), Asarta Cuevas, Alberto (GVOX), González Coello de Portugal, Víctor (GVOX), Sánchez del Real, Víctor Manuel (GVOX), Rosety Fernández de Castro, Agustín (GVOX) y
Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús (GVOX), sobre razón por la que no se han seguido los cauces oficiales en el viaje del Presidente del Gobierno a Estados Unidos y no va a ser recibido por el Presidente Joe Biden ... href='#(Página128)'>(Página128)


181/001256 Pregunta formulada por los Diputados Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), Olona Choclán, Macarena (GVOX), Asarta Cuevas, Alberto (GVOX), González Coello de Portugal, Víctor (GVOX), Sánchez del Real, Víctor Manuel (GVOX),
Rosety Fernández de Castro, Agustín (GVOX) y Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús (GVOX), sobre previsiones acerca de exigir a las autoridades cubanas la liberación inmediata tanto del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer,
como de los ciudadanos cubanos que han sido procesados en 'juicios sumarísimos' por su participación en las históricas manifestaciones del 11 de julio ... (Página128)


Comisión de Justicia


181/001210 Pregunta formulada por los Diputados Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), Sánchez García, José María (GVOX), Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX), Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX) y de las Heras Fernández, Patricia
(GVOX), sobre motivo por el que la Ministra de Justicia no ha dimitido tras haberse conocido el fallo de la Sentencia del Tribunal Constitucional por la que se declara inconstitucional parte del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, aprobado por el Gobierno ... (Página129)


Comisión de Interior


181/001211 Pregunta formulada por los Diputados Macarena Olona Choclán (GVOX), Ortega Smith-Molina, Francisco Javier (GVOX), Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre motivo por
el que el Ministro del Interior no ha dimitido tras haberse conocido el fallo de la Sentencia del Tribunal Constitucional por la que se declara inconstitucional parte del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, aprobado por el Gobierno ... (Página129)


181/001254 Pregunta formulada por el Diputado don Andrés Lorite Lorite (GP), sobre previsión temporal que tiene el Gobierno para la construcción de las dos nuevas Comisarías de Distrito de Policía Nacional en la ciudad de Córdoba ... href='#(Página130)'>(Página130)


Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


181/001207 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), de las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX) y
Segura Just, Juan Carlos (GVOX), sobre intención de regular y limitar el precio



Página 7





de los contratos de arrendamiento de vivienda en el Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda ... (Página130)


Comisión de Industria, Comercio y Turismo


181/001213 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX) y Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX), sobre
intención de regular algún aspecto del comercio ambulante tras la derogación del Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria ... (Página130)


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


181/001208 Pregunta formulada por los Diputados Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Mariscal Zabala, Manuel (GVOX), sobre motivo por el que
el Gobierno no autoriza la utilización excepcional de productos fitosanitarios a base de propanil para controlar con eficacia las malas hierbas en el cultivo del arroz en España ... (Página131)


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


181/001212 Pregunta formulada por los Diputados Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), López Maraver, Ángel (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Contreras Peláez, Francisco
José (GVOX) y Requejo Novoa, Pedro Jesús (GVOX), sobre medidas que va a aprobar el Gobierno para abaratar el precio de la luz ... (Página131)


181/001255 Pregunta formulada por el Diputado don César Sánchez Pérez (GP), sobre consideraciones del Gobierno acerca de si la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura van a dar más seguridad a los usuarios o es
solo una forma de reducir los caudales trasvasados ... (Página131)


Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género


181/001215 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Romero Sánchez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 2.78 del Eje 2.2 'Mejorar la Coordinación y Cooperación interinstitucional. Establecer Protocolos
Integrales de Actuación. Nuevos Protocolos de Intervención, que incluyan todos los recursos existentes en el conjunto de las Administraciones Públicas. Convocar las comisiones de seguimiento previstas en los mismos' ... href='#(Página132)'>(Página132)


181/001216 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Romero Sánchez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 2.79 del Eje 2.2 'Establecer, entre las competencias de las Unidades de Violencia de Género de las
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, la creación de Comisiones de Seguimiento de la respuesta a las víctimas con reuniones periódicas de coordinación entre las tres administraciones competentes' ... (Página132)


181/001217 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Romero Sánchez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 2.77 del Eje 2.2 'Encargar a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un estudio
jurídico sobre las reformas que deberían implementarse, en el ámbito de las ordenanzas municipales, para acabar con la tolerancia y permisividad hacia la publicidad de servicios sexuales que facilitan actuaciones delictivas' ... href='#(Página132)'>(Página132)



Página 8





181/001218 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Romero Sánchez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 2.76 del Eje 2.2 'Fomentar que todas las Administraciones Públicas, en coordinación, implementen
planes contra los matrimonios forzados' ... (Página133)


181/001219 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Romero Sánchez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 2.64 del Eje 2.1 'Impulsar la cooperación internacional a fin de que las víctimas de Violencia de
Género que regresen a sus países de origen mantengan reconocidos sus derechos. Para ello se pretende impulsar la firma de acuerdos bilaterales o multilaterales en materia de Violencia de Género para el reconocimiento de las prestaciones o recursos
que necesitan' ... (Página133)


181/001220 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Romero Sánchez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 2.69 del Eje 2.2 'Modificar la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local (LRSAL), para que la Administración Local pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombre y mujeres, así como contra la violencia de género. Estas cuestiones deberán formar parte del catálogo
de materias recogido como de competencia propia de los municipios en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, evitando las duplicidades entre Administraciones' ... href='#(Página133)'>(Página133)


181/001221 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Romero Sánchez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 2.68 del Eje 2.2 'Habilitar un mecanismo de participación abierto e independiente que dé cabida a
las organizaciones de la sociedad civil para fijar una mayor presencia de esta en los organismos establecidos al efecto' ... (Página134)


181/001222 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Romero Sánchez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 2.67 del Eje 2.2 'Incluir asociaciones representativas de mujeres del ámbito rural en el
Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer' ... (Página134)


181/001223 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Romero Sánchez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 2.66 del Eje 2.2 'Revisar y actualizar, al comienzo de cada legislatura, los compromisos y acuerdos
del Plan de Igualdad de la Administración General del Estado, difundiendo estrategias que acaben con los estereotipos machistas' ... (Página134)


181/001224 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Romero Sánchez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 2.65 del Eje 2.2 'Dar la máxima relevancia en la estructura institucional a las políticas contra la
violencia de género' ... (Página135)


181/001225 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Romero Sánchez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 2.62 del Eje 2.1 'Promover, desde la representación de España en la Organización Mundial del Trabajo
(OIT), un Acuerdo Internacional contra la violencia de género en el lugar de trabajo' ... (Página135)


181/001226 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Romero Sánchez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 2.63 del Eje 2.1 'Trabajar en colaboración con los Consulados la atención a las víctimas de
Violencia de Género (dada la importancia de la labor que realizan los Consulados, se propone que se reconozca a las víctimas de Violencia de Género su derecho en cuanto a la posibilidad de comunicar los hechos constitutivos de Violencia de Género
para la asistencia consular oportuna)' ... (Página135)



Página 9





181/001227 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Romero Sánchez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 2.70 del Eje 2.2 'Introducir en la LO 1/2004 las modificaciones necesarias relativas a los títulos
de acreditación, con expresión de sus límites y duración. El reconocimiento de esa condición no se supeditará necesariamente a la interposición de denuncia' ... (Página136)


181/001228 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Romero Sánchez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 2.71 del Eje 2.2 'Diseñar, en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, los procedimientos básicos que permitan poner en marcha un nuevo sistema de acreditación para poder acceder al estatuto integral de protección que la LO 1/2004 establece, así como las nuevas entidades
capacitadas para emitir los títulos de acreditación' ... (Página136)


181/001229 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Romero Sánchez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 2.72 del Eje 2.2 'Establecer un sistema de acompañamiento y de ayuda a la toma de decisiones, con el
fin de evitar la desprotección de la mujer y garantizar el derecho a la asistencia social integral que artículo 19 de la LO 1/2004 reconoce' ... (Página136)


181/001230 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Romero Sánchez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 2.73 del Eje 2.2 'Promover las Unidades de Apoyo en el ámbito local que, regidas por los principios
de atención permanente, actuación urgente, especialización en las prestaciones y multidisciplinariedad profesional, ayuden a la identificación de las víctimas de violencia de género, con independencia de la interposición de la denuncia, mediante un
seguimiento individualizado de cada situación, para asegurar la necesaria ayuda y atajar cualquier riesgo o desprotección' ... (Página137)


181/001231 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Romero Sánchez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 2.74 del Eje 2.2 'Integrará las referidas Unidades de Apoyo, el personal de los servicios sociales,
sanitarios y de las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica que siguieran el caso en cuestión, y actuarán coordinadamente y en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en
el ámbito geográfico correspondiente' ... (Página137)


181/001232 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Romero Sánchez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 2.75 del Eje 2.2 'Acompañar en la interposición de la denuncia en los procesos de separación, así
como en el proceso judicial seguido al efecto por el delito de violencia de género, con el fin de reforzar su decisión' ... (Página137)


181/001233 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Romero Sánchez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 2.75 del Eje 2.2 'Elaborar propuestas para contribuir a la articulación del plan de seguridad y
mejorar la valoración del riesgo, desde la alerta ante amenazas y hostigamientos que pudiera estar recibiendo la víctima hasta supuestos arrepentimientos del agresor' ... (Página138)


181/001234 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Romero Sánchez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 2.75 del Eje 2.2 'Elaborar propuestas para mejorar el apoyo social, educativo, formación e inserción
laboral, y también sobre la necesidad de articular ayudas, incluso económicas por carecer de recursos, o la prioridad para acceder a casas de acogida o pisos tutelados, viviendas públicas o residencias de mayores' ... href='#(Página138)'>(Página138)



Página 10





181/001235 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Romero Sánchez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 2.75 del Eje 2.2 'Hacer un seguimiento individualizado de cada situación de violencia de género
desde el inicio, con identificación de los problemas que impiden la toma de conciencia ante el riesgo y de los factores que pudieran activarla. Elaborar propuestas sobre la necesidad de un reforzamiento psicológico para con las víctimas, con el fin
de atajar factores que pudieran incidir en su falta de autoestima y en su capacidad para romper la dependencia con el maltratador' ... (Página138)


181/001236 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Romero Sánchez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 2.75 del Eje 2.2 'Asegurar el derecho a la asistencia social integral, en el supuesto de que todavía
no se hubiera accedido a este derecho, al no haberse activado mediante el informe de aquellos que estuvieran legitimados para realizarlo, incluidos los servicios sociales, sanitarios, centros de la mujer y cualquier otro órgano administrativo
competente que tuviera conocimiento de esta posible situación de violencia de género' ... (Página139)


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión ... (Página139)



Página 11





CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de agosto de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Comisión Constitucional


161/003002


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley por el fin de la apología del
comunismo, para su debate en la Comisión Constitucional.


Exposición de motivos


Varios debates y declaraciones públicas de líderes políticos en los últimos meses han puesto de manifiesto que nuestra cultura política sigue teniendo un problema significativo con la legitimación del totalitarismo comunista. Mientras que
la legitimación de los totalitarismos nazi y fascistas es claramente rechazada en España, persiste, sin embargo, la defensa de los totalitarismos comunistas. Y no se trata de un problema limitado a una minoría de la población, sino que tal defensa
es realizada desde las propias instituciones políticas y por parte de líderes relevantes.


Una grave muestra de esa legitimación del comunismo se produjo en el debate y la votación en el Pleno del 23 de marzo de 2021 de la Proposición no de Ley del Grupo Popular por la que se instaba al Gobierno a adherirse a la Resolución del
Parlamento Europeo del 19 de septiembre de 2019 de condena a los totalitarismo nazi y comunista. El Pleno del Congreso rechazó adherirse a la Resolución del Parlamento Europeo, con 184 votos en contra de esa adhesión, 11 abstenciones y 154 votos a
favor.


Los grupos que rechazaron adherirse a la condena de los totalitarismos lo hicieron por su posición contraria a condenar los totalitarismos comunistas. Mientras que la Declaración del Parlamento Europeo había sido aprobada en Estrasburgo por
535 votos a favor, 66 en contra y 52 abstenciones, la mayoría del Congreso de España rechazó esa Declaración. Varios líderes de la izquierda y del nacionalismo defendieron el comunismo y se negaron a equiparar los totalitarismos fascistas y nazi
con los comunistas. Algo que puso en evidencia el problema pendiente de una democracia española que no ha sido capaz de dar mayoritariamente el paso que ya dio el Parlamento Europeo con su condena de todos los totalitarismos, los fascistas, los
comunistas y el nazi.


En el Pleno del Congreso de marzo de 2021, en el que se debatió la Proposición no de Ley del Grupo Popular, varios líderes hicieron una abierta apología del comunismo. Entre ellos, el líder de CUP, Albert Botrán, hizo apología del
comunismo, con argumentos como los que siguen: 'La idea del comunismo ha sufrido derrotas y fracasos desde la Revolución Francesa, pero significa llevar hasta sus últimas consecuencias la triada libertad, igualdad y fraternidad'.


Oskar Matute, de EH-Bildu, hizo igualmente una abierta apología del comunismo, con el argumento de que los comunistas se enfrentaron a Franco, por lo que, afirmó, 'Nosotros vamos a votar no por memoria antifascista [...] Seguiremos honrando
la memoria de los comunistas que lucharon por la libertad y la justicia'. Un argumento inconcebible para la defensa de otros totalitarismos como el fascista, su



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oposición a otras ideologías y movimientos antidemocráticos, se usó profusamente en el Congreso para justificar el totalitarismo comunista.


Enrique Santiago, en representación de Unidas Podemos, hizo una defensa entusiasta del comunismo y se negó a equipararlo al nazismo: 'Equipararlo al nazismo es banalizar el mal y los crímenes contra la humanidad que Hitler y Mussolini
perpetraron en España'. En contra de la Resolución del Parlamento Europeo que equiparó y condenó por igual los tres tipos de totalitarismos, fascistas, comunistas y nazi, el representante de uno de los dos partidos del Gobierno, se negó a esa
condena y justificó y apoyó abiertamente el comunismo. Y, sorprendentemente, el portavoz del Partido Socialista, Rafael Simancas, utilizó el mismo argumento que el portavoz de Unidas Podemos para justificar y apoyar el comunismo, el argumento de
que es intolerable equiparar el totalitarismo comunista con el nazi.


Por otro lado, tanto miembros del Gobierno como líderes de varios partidos han hecho numerosas declaraciones públicas de apoyo al comunismo. Entre ellas, la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, declaró en una entrevista de abril de 2021
que 'El comunismo es igual a democracia e igualdad'. Y el líder de Unidas Podemos y ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, declaró igualmente en una entrevista de abril de 2021, y en respuesta a la pregunta de si elegía comunismo o
libertad: '¡Qué cojones!, comunismo'.


Son tan solo algunas de las numerosas defensas públicas del comunismo que se han producido recientemente en nuestro país y que ilustran la gravedad del problema. Mientras que la apología del fascismo y del nazismo es rechazada
contundentemente en las instituciones políticas y en la sociedad española, la apología del comunismo permanece en nuestro país y es protagonizada y alentada por varios líderes políticos.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Condenar la apología del comunismo en nuestras instituciones políticas.


2. Impulsar una cultura democrática en la que todos los totalitarismos, fascistas, nazi y comunistas, sean igualmente rechazados y combatidos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2021.-Edurne Uriarte Bengoechea, Isabel María Borrego Cortés, Macarena Montesinos de Miguel, Jaime Mateu Istúriz, José Antonio Bermúdez de Castro y María Jesús Moro Almaraz,
Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/003006


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al cumplimiento por parte del
Gobierno de la obligación de aprobar los Planes Anuales Normativos de la Administración General del Estado y los Informes Anuales de Evaluación Normativa, para su debate en la Comisión Constitucional.


Exposición de motivos


El artículo 25 de la Ley 50/1997, de TI de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por la disposición final tercera de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece la aprobación por el Gobierno de
un plan normativo de carácter anual, que recogerá las iniciativas reglamentarias o legislativas que habrán de ser elevadas cada año al Consejo de Ministros para su aprobación.


Por su parte, el Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación
Normativa, desarrolla esas previsiones legales, regulando el proceso de



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elaboración del Plan Anual Normativo y del Informe Anual de Evaluación Normativa, y estableciendo los criterios para determinar las normas que deben ser objeto de evaluación, una vez aprobadas.


El artículo 2 del citado Real Decreto 286/2017, establece que el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado está constituido por las iniciativas legislativas o reglamentarias que los distintos departamentos ministeriales
prevean elevar cada año natural al Consejo de Ministros para su aprobación.


El proyecto de Plan Anual Normativo será elaborado, a partir de las iniciativas de los distintos Departamentos ministeriales, por la Junta de Planificación y Evaluación Normativa. La persona titular del Ministerio de la Presidencia, previo
informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, elevará dicho proyecto al Consejo de Ministros para su aprobación antes del día 30 de abril del año anterior a su vigencia.


Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el Plan Anual Normativo se remitirá a las Cortes Generales y se publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado.


Por otra parte, el artículo 28 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, encomienda al Consejo de Ministros la aprobación, antes del 30 de abril de cada año, de un informe anual, en el que se analizará la actividad normativa de la
Administración General del Estado en relación con las previsiones del Plan Anual, y se reflejarán los resultados de la aplicación de las normas aprobadas en años precedentes.


Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, los titulares de los Departamentos ministeriales podrán elevar al Consejo de Ministros para su aprobación propuestas
normativas que no figuren en el Plan Anual, justificándolo adecuadamente en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, que indicará si la norma debe someterse a evaluación 'ex post', así como los términos y plazos previstos para llevarla a cabo.


Solo en circunstancias especiales, que afecten a una multiplicidad de proyectos normativos impulsados por distintos Ministerios, o en el caso de la formación de un nuevo Gobierno, los Departamentos ministeriales podrán solicitar a la persona
titular del Ministerio de la Presidencia que proponga al Consejo de Ministros la modificación del Plan Anual Normativo, previa valoración por la Junta de Planificación y Evaluación Normativa.


La coordinación de ese Plan corresponde al Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que tiene atribuidas las funciones de coordinación de los asuntos de relevancia constitucional, la preparación,
desarrollo y seguimiento del programa legislativo, la asistencia al Gobierno en sus relaciones con las Cortes Generales, la coordinación interministerial que le encomienden las disposiciones vigentes y la coordinación y el análisis de la calidad de
la actividad normativa del Gobierno, entre otras.


Con la excusa de la pandemia, el único Plan Anual Normativo elaborado por este Gobierno corresponde al año 2020, aprobándose por el Consejo de Ministros el 8 de septiembre de 2020, cuando debería haberse hecho antes del 30 de abril de 2019.


Pero es que el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para este año 2021, debería haberse aprobado antes del 30 de abril de 2020, y, es evidente que si el Plan de 2020 se elaboró en septiembre de ese año, del Plan
correspondiente a 2021, ni está, ni se le espera, transcurrido ya medio año. Y qué decir del Plan de 2022, que se debería haberse aprobado antes del 30 de abril de este año.


Es evidente que si este Gobierno no ha elaborado los planes anuales normativos, vulnerando sus obligaciones legales, lo mismo ocurre con los correspondientes informes anuales de evaluación normativa de la Administración General del Estado.


Fueron Gobiernos del Partido Popular los que aprobaron tanto la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno que, entre otras cosas, regula las diversas formas de control de los actos del Gobierno, de conformidad con lo establecido por
nuestra Constitución y por nuestra jurisprudencia constitucional y ordinaria, con la finalidad de garantizar el control jurídico de toda la actividad del Gobierno en el ejercicio de sus funciones y el Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, para
regular el proceso de elaboración del Plan y del Informe, con el fin de aportar más transparencia, participación y calidad normativa en la función legislativa del Gobierno.


Tener esa previsión de las principales iniciativas legislativas o reglamentarias que van a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente, permite aumentar la capacidad y la perspectiva de trabajo también por parte de los grupos
parlamentarios, ya que propicia estudios previos, reuniones con los sectores afectados, evaluar la opinión pública al respecto y en definitiva, mejora de los trabajos parlamentarios.



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Es evidente que a este Gobierno, instalado en la opacidad, el desprecio al Parlamento, la querencia al decretazo y a los modos totalitarios, esta obligación legal le resulta incómoda para la consecución de sus fines, y, por eso, su
incumplimiento flagrante de esta obligación legal.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, remitir a la Cámara y publicaren el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado, con carácter de urgencia:


1. El Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado correspondiente a 2021, que debería haberse aprobado en el Consejo de Ministros antes del 30 de abril de 2020.


2. El Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado correspondiente a 2020 que debería haberse aprobado en el Consejo de Ministros antes del 30 de abril de 2021.


3. El Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado correspondiente a 2022, que debería haberse aprobado en el Consejo de Ministros antes del 30 de abril de 2021.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/003016


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa del derecho de
participación de los españoles a través de sus representantes, como expresión del ejercicio de la soberanía nacional, para su debate en la Comisión Constitucional.


Exposición de motivos


La Constitución Española deja claro ya desde el preámbulo y el artículo 1.2 que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Esta rotunda afirmación democrática proscribe cualquier
tentativa autocrática. Sentado lo anterior, que el pueblo español es el único titular de la soberanía nacional, el procedimiento para ejercer esa titularidad es la democracia representativa, el pueblo español ejerce esa soberanía a través de sus
representantes.


Y eso es lo que se plasma en el artículo 66.1 CE., 'Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado'. Como ha señalado el Tribunal Constitucional, las Cortes Generales '...en
su doble condición de representantes del pueblo español (art. 66.1 CE), en quien reside la soberanía (art. 1.2 CE) y de titulares de la potestad legislativa (art. 66.2 CE) hacen realidad el principio de toda democracia representativa, a saber,
que los sujetos a las normas sean, por vía de la representación parlamentaria, los autores de las normas, o dicho de otro modo, que los ciudadanos sean actores y autores del ordenamiento jurídico' (STC 241/1990 de 15 de febrero). El apartado 2 de
ese artículo 66 señala las funciones básicas de las Cortes Generales, entre ellas la de controlar la acción del Gobierno.


Por su parte, el artículo 23 de la Constitución, recoge el derecho a la participación política directamente o a través de representantes y el derecho de acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad. Participación a través de la cual
los españoles expresan su voluntad de cómo quieren que se gestionen los asuntos públicos. Ese es el principal pilar de la estructura democrática del Estado y el mecanismo a través del cual se legitima el funcionamiento de las principales
instituciones, como las Cortes Generales (artículos 66.1, 68.1 y 69.2 CE.).


El Tribunal Constitucional ha consagrado la triple dimensión del derecho de participación del artículo 23: acceso, permanencia y ejercicio del cargo. En lo que atañe a la vertiente del ejercicio del cargo representativo, en numerosas
sentencias se recoge que el derecho de acceso a cargo público representativo ha de contener también un 'ius in officium', es decir, un conjunto de facultades que identifican la labor del representante y que, junto con el derecho a permanecer, forman
el estatuto del



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parlamentario (STC 36/1990, de 28 de febrero, STC 141/2007 y STC 74/2009, entre otras). Entre ellos el derecho a ejercer la potestad legislativa y el control de la acción del Gobierno (art. 66.2 CE).


Las funciones de los parlamentarios son derechos fundamentales cuyo contenido ha desglosado suficientemente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y entre ellos están el derecho a la información (STC 203/2002, de 28 de octubre), el
derecho a la tramitación de sus propuestas o a la iniciativa parlamentaria (STC 40/2003, de 27 de febrero) o el derecho de enmienda (STC 118/1995, de 17 de julio). Estas y otras facultades se integran en el 'ius in officium' y conforman el conjunto
de las funciones parlamentarias, que se desarrollan en los respectivos reglamentos de ambas Cámaras y sin cuyo ejercicio o cuando se obstaculiza el mismo deviene imposible el ejercicio del derecho del representante e indirectamente el ejercicio del
derecho de participación política de los ciudadanos que le eligieron.


'De conformidad con la doctrina constitucional elaborada por este Tribunal (con cita expresa de la STC 5/1983, de 4 de febrero, FJ 3; 10/1983, de 21 de febrero, FJ 2; 28/1984, de 28 de febrero, FJ 2; 32/1985, de 6 de marzo, FJ 3;
161/1988, de 20 de septiembre, FJ 6), el artículo 23.2 CE, que reconoce el derecho de los ciudadanos 'a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes', no solo garantiza el acceso
igualitario a las funciones y cargos públicos, sino también que los que hayan accedido a los mismos se mantengan en ellos y los desempeñen de conformidad con lo que la Ley disponga. Esta garantía añadida resulta de particular relevancia cuando la
petición de amparo se formula por los representantes parlamentarios en defensa del ejercicio de sus funciones, ya que en tal supuesto, 'resulta también afectado el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus
representantes, reconocido en el artículo 23,1 CE (SSTC 161/1988, de 20 de septiembre, FJ 6; 181/1989, de 3 de noviembre, FJ 4; 205/1990, de 13 de diciembre, FJ 4; 177/2002, de 14 de octubre, FJ3) [STC40/2003, FJ 2a)].


Centrándonos en el concreto contenido del derecho al ejercicio del cargo representativo ex artículo 23.2 CE, el llamado 'ius in officium' garantiza, en términos del Tribunal Constitucional en su Sentencia 208/2003, de 1 de diciembre, el
derecho de los parlamentarios a desempeñar su labor representativa (1) 'de conformidad con lo que la ley disponga', sin que dicho ejercicio resulte 'ilegítimamente constreñido o ignorado' por los actos del órgano parlamentario en que se integren,
(2) estando dichos órganos obligados a interpretar restrictivamente 'todas aquellas normas que puedan suponer una limitación al ejercicio de aquellos derechos o atribuciones', y, asimismo, (3) a motivar suficientemente y adecuadamente las decisiones
restrictivas del referido derecho.


Pues bien, desde el momento en que se constituyó esta XIV Legislatura, el Gobierno ha obstruido y vulnerado los derechos de los diputados de la oposición de forma constante.


Valgan algunos ejemplos:


- Hay determinadas Comisiones en las que algunos ministros, transcurrido ya año y medio no han comparecido ni una sola vez. Más de 450 solicitudes de comparecencias solicitadas por el Grupo Parlamentario Popular están pendientes de
celebrar.


- Se vetan sistemáticamente por el Gobierno enmiendas propuestas por el Grupo Popular, sin la suficiente y exigible motivación. El Proyecto de PGE 2021 ha sido el paradigma de esos modos autoritarios y de ejercicio de la arbitrariedad:
vetos sin la exigible motivación objetiva a la tramitación de casi cien enmiendas del Grupo Popular; conformidad para la tramitación de enmiendas manifiestamente inconstitucionales rechazadas por los propios servicios jurídicos de la Cámara
presentadas por grupos independentistas a cambio de votos; o aprobación de una enmienda de ERC abiertamente inconstitucional por invadir competencias autonómicas para atacar a Madrid con la excusa de la armonización fiscal.


- Se vetan Proposiciones de Ley del Grupo Popular sin la necesaria motivación acorde a derecho, como la proposición de ley para la creación de una Autoridad Independiente para el control de los Fondos Europeos.


- Es clara la utilización por parte del Gobierno a la hora de dar la conformidad a las iniciativas legislativas de los grupos, mientras iniciativas de determinados grupos están en condiciones de ser incorporadas al orden día del pleno en 4 o
5 días, las del Grupo Popular tienen que esperar 30 días hasta que se cumpla el plazo de contestación del Gobierno y si son aceptadas lo sean por silencio. Incluso en alguna ocasión algún grupo de los que apoyan al Gobierno han obtenido la
conformidad antes de la publicación de la iniciativa.


- Se admiten a trámite iniciativas legislativas del Gobierno sin los preceptivos informes de otros órganos constitucionales.



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- Abuso de la tramitación legislativa por el procedimiento de urgencia de Proyectos de Ley.


- Profusión de decretos-leyes que en no cumplen el presupuesto habilitante y limitan la participación del resto de los grupos parlamentarios.


- Se rechaza la solicitud de solicitar informes a órganos constitucionales, como fue el caso del Consejo General del Poder Judicial, a pesar de existir obligación legal para ello.


- En el control escrito al Gobierno, este contesta en muchas ocasiones con la misma respuesta para varias preguntas muy diferentes o no se contestan, o se dan respuestas absurdas o se remite a páginas webs. Por ejemplo, solamente en un mes
207 preguntas formuladas por diputados del Grupo Popular fueron contestadas con el mismo párrafo que remitía a la comparecencia del ministro en el Congreso.


- No se remiten informes o datos solicitados por la vía del artículo 7 del Reglamento, teniendo que instar al Gobierno a que cumpla su obligación constitucional. Más de 400 solicitudes de diputados del Grupo Popular se encuentran sin
contestar. O cuando se remiten ha pasado incluso un año desde la solicitud.


Los ejemplos anteriores son únicamente una muestra de la más que evidente tendencia del Gobierno a obstaculizar las funciones de los parlamentarios suficientemente protegidas por la Constitución Española y desarrolladas abundantemente por la
doctrina constitucional. Sería interminable la relación de hechos que por obra del Gobierno, están provocando un daño sin precedentes a la Institución y devaluando nuestra democracia parlamentaria y la calidad de las normas que emanan de una Cámara
en la que se constriñe la participación y aportaciones de todos los grupos parlamentarios, y, singularmente, del grupo mayoritario de la oposición, el Grupo Popular.


Desde que Pedro Sánchez accediera al poder en 2018, los continuos ataques a los principios fundamentales del Estado social y democrático de Derecho que es España, es el modo habitual y normalizado de gestionar lo público de este Gobierno.
Cuando indebidamente se está impidiendo a los diputados de los grupos de la oposición ejercer su mandato de representación, se está produciendo un hecho muy grave, ya que 'la quiebra de legalidad parlamentaria conlleva una consecuente vulneración
del derecho fundamental que reconoce el artículo 23.2 de la Constitución' porque se imposibilita el adecuado ejercicio del derecho de participación política de los ciudadanos a través de sus representantes libremente elegidos.


El Grupo Popular ha recurrido en amparo al Tribunal Constitucional las vulneraciones del artículo 23 de la Constitución antes referidas.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revertir sus modos autoritarios de obstrucción al ejercicio de los derechos de los parlamentarios, respetar la separación de poderes cesando en sus continuas injerencias en el Poder
Legislativo, respetando su independencia, y a cumplir sus obligaciones constitucionales de someter su gestión al control de las Cortes Generales, con respeto estricto a los derechos de los diputados, máxima expresión del ejercicio de la soberanía
nacional en un Estado social y democrático de Derecho como es España.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2021.-Ana María Beltrán Villalba, José Antonio Bermúdez de Castro, Isabel María Borrego Cortés, Jaime Miguel Mateu Istúriz, María Jesús Moro Almaraz, Carmen Navarro Lacoba, Adolfo Suárez
Illana, Vicente Tirado Ochoa y Edurne Uriarte Bengoechea, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al respeto a las decisiones
judiciales y a la independencia del Poder Judicial, para su debate en la Comisión Constitucional.



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Exposición de motivos


El principio de separación de poderes es consustancial al Estado democrático de derecho que es España y se configura como un sistema de contrapesos, de equilibrio, para evitar la concentración en uno de ellos y proscribir la posibilidad de
cualquier forma de gobierno totalitario.


Fue Montesquieu quien aportó a la teoría de la división de poderes la diferenciación clásica entre tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El esquema se concreta en que cada uno de ellos tiene una competencia delimitada y se
vinculan entre sí mediante un sistema de correctivos y de vetos para garantizar un equilibrio e independencia y así evitar que los gobernantes acumulasen demasiado poder.


Ya en el preámbulo de la Constitución Española de 1978 se establece que la consolidación del Estado de derecho servirá para asegurar la independencia y las relaciones entre los poderes del Estado, de lo que se infiere el valor que para el
constituyente tiene la separación de poderes como mecanismo para llevar a cabo una interpretación integradora de la forma de gobierno que quiere el pueblo español y cuyas líneas maestras recoge su Carta Magna.


La separación se deduce de la regulación diferenciada que de los mismos se hace en la Constitución. Así, el Título III se dedica a las Cortes Generales y por ello al poder legislativo. El poder ejecutivo es objeto de regulación en el
Título IV, del Gobierno y la Administración. Y el Título VI se destina a la regulación del poder judicial, conteniéndose en el artículo 117 sus rasgos definitorios: la justicia emana del pueblo y se administrada en nombre del Rey por los jueces y
magistrados, que responden en su actuación a la independencia y están sometidos únicamente al imperio de la ley.


Por su parte, el Tribunal Constitucional, regulado en el Título IX, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido solo a la Constitución y a su Ley Orgánica.


Como órgano jurisdiccional, sus sentencias tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas y las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de
ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos (erga omnes).


De lo anterior se puede concluir un principio básico y esencial en una democracia plena como lo es la española: todos los ciudadanos, incluyendo, -o muy especialmente el Gobierno-, debemos respeto a la separación de poderes, a la
independencia de los jueces y tribunales y a las decisiones que emanan de todos los órganos jurisdiccionales.


Sin embargo, algo tan obvio e interiorizado hace décadas en la sociedad democrática española, está siendo quebrantado por quienes tienen una mayor obligación de ser ejemplares en sus conductas y sus declaraciones: el Gobierno sanchista.


En su afán totalitario de controlar y someter a los órganos del poder judicial, Pedro Sánchez y sus socios comunistas e independentistas, buscan desprestigiar tanto al órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial,
como a los miembros que integran las distintas instancias jurisdiccionales, en la convicción de que situar en ellos a personas afines a su ideología propiciaría resoluciones acordes con sus pulsiones autoritarias y sus pactos con quienes quieren
romper la unidad de España.


El principal objetivo a batir es el poder judicial en su conjunto, a todos los niveles, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal de Cuentas y Tribunal Constitucional. Y por ello resulta deleznable contemplar cómo
miembros del Gobierno, algunos de ellos provenientes de la magistratura, se lanzan a atacar con verdadero ensañamiento y sin ningún rubor, las resoluciones judiciales que no les gustan o no sirven a sus intereses.


Ejemplos de declaraciones de los miembros del Gobierno cuestionando las resoluciones judiciales o directamente atacando su independencia, los hay a decenas:


- Críticas al Tribunal Supremo por oponerse a los indultos a los condenados por sedición y malversación, acusando al Alto Tribunal de 'buscar venganza y no justicia'.


- Críticas al Tribunal Constitucional tras la sentencia declarando ilegal la declaración del primer estado de alarma de 14 de marzo de 2020, el Gobierno inició un acoso sin precedentes sobre el mismo, arremetiendo contra la resolución de una
manera obscena, hasta el punto que el propio Tribunal tuvo que salir al paso sorprendido de que un partido presuntamente constitucionalista como el PSOE actuara 'como un partido antisistema' y reclamando el cese de la deslegitimación al tribunal de
garantías.



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- En la misma línea inaceptable, la ministra de Justicia y ex magistrada Pilar Llop habló de la división que había habido en el Pleno del Tribunal, resaltando 'que la actuación del Ejecutivo fue conforme a los parámetros constitucionales,
tal y como han defendido otros cinco magistrados del mismo órgano'.


- La Ministra de Defensa, la ex magistrada Margarita Robles, denunció 'falta de sentido de Estado' con sus 'elucubraciones doctrinales que no debieran plasmarse en una sentencia'. Una absoluta falta de respeto institucional y una muestra de
soberbia inaceptable, sobre todo viniendo de una magistrada de profesión que ha tenido que deliberar y redactar sentencias en el Tribunal Supremo, elucubrando interpretaciones jurídicas, y que ha jurisprudencia con sus propios fallos. Al parecer,
ser ministra de Sánchez exige aparcar la dignidad profesional y la propia conciencia e impartir como única doctrina válida la que dicta el ocupante del sillón de la Moncloa.


- Los ministros comunistas no se quedan al margen, bien al contrario. Hay que recordar que la ministra de Igualdad, Irene Montero, en relación con la sentencia que condenaba a una mujer por la sustracción de sus dos hijos menores, la
calificó de 'un claro ejemplo de maltrato institucional y judicial'.


Igualmente hay que recordar las críticas del ex vicepresidente Iglesias al TSJ de Madrid por la condena a la ex diputada Isa Serra por atacar a la Policía 'Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme
sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso'. Unas gravísimas acusaciones, como otras
muchas anteriores al Tribunal Supremo, a las que tuvo que responder con contundencia el CGPJ pero a quien el Presidente Sánchez no solo no desautorizó, sino que apoyó apelando a la libertad de expresión del podemita.


Ese tono desafiante de todo el Ejecutivo contra los Tribunales, incluido el Tribunal Constitucional, es muy grave y exige que cesen en esa deriva.


Es muy preocupante que el Gobierno ponga en duda permanentemente los fallos de los Tribunales que no les dan la razón a ellos o a sus socios. Algo que no tiene precedentes. Preocupación que aumenta al conocer las presiones de determinados
miembros del Gobierno, como la ex vicepresidenta Calvo, para influir en el fallo del TC sobre el estado de alarma. Una injerencia intolerable en el Estado de derecho que solo tiene parangón con los regímenes dictatoriales.


Es imprescindible que reviertan este tipo de actitudes que pueden poner bajo sospecha la imparcialidad del sistema judicial en España por parte de quienes deberían velar por la defensa de la separación de poderes y su independencia al
criticar de una forma tan execrable las resoluciones judiciales, trasladando a la sociedad la idea de que son injustas simplemente porque no se ajustan a las pretensiones de un gobierno con una concepción autoritaria del ejercicio del poder.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a respetar la separación de poderes, la independencia de los jueces y tribunales y así mismo, a respetar y acatar las resoluciones judiciales que emanan de todos los órganos jurisdiccionales, y
singularmente, las sentencias del máximo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de agosto de 2021.-Ana María Beltrán Villalba, José Antonio Bermúdez de Castro, Isabel María Borrego Cortés, Jaime Miguel Mateu Istúriz, María Jesús Moro Almaraz, Carmen Navarro Lacoba, Adolfo Suárez
Illana, Vicente Tirado Ochoa y Edurne Uriarte Bengoechea, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Asuntos Exteriores


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


D. Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, D.ª Macarena Olona Choclán, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Víctor Sánchez del Real, D. Agustín Rosety Fernández de



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Castro, D. Emilio Jesús del Valle Rodríguez, D. Juan Luis Steegmann Olmedillas, D. Antonio Salvá Verd, D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida, D.ª Mercedes Jara Moreno y D. Tomás Fernández Ríos, en sus respectivas condiciones de Portavoz,
Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a condenar la
falta de transparencia de la República Popular de China en la investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del origen y posterior propagación de la pandemia del COVID-19, así como a solicitar que se inicie una segunda investigación por
parte de este organismo a tal efecto, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.


Exposición de motivos


Primero. El pasado 15 de julio de 2021, China rechazó la solicitud formulada por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para iniciar una segunda investigación en Wuhan sobre el origen del COVID-19, que en esta ocasión incluiría
también laboratorios y mercados 1.


De hecho, informaciones recientemente publicadas en diversos medios de comunicación, como el diario El País, señalan que 'China no acepta el plan de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para investigar en mayor profundidad el origen de
la COVID-19 y la teoría de que el virus pudo escapar de un laboratorio' 2, rechazando así otra visita de la OMS a Wuhan para investigar la teoría del laboratorio como origen del SARS-CoV-2 que ha dado lugar a la pandemia mundial de la COVID-19.


En concreto, dichas informaciones señalan que 'La Comisión Nacional de Sanidad [china] asegura que la propuesta de la organización internacional no respeta el sentido común y va contra la ciencia'. Asimismo, afirman que '[...] ya en la
presentación del documento de conclusiones del equipo el 30 de marzo, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus, que desde el comienzo de la pandemia había recibido acusaciones de ser en exceso deferente hacia Pekín, sorprendió al
expresar su descontento sobre lo exiguo de los datos que China había aportado a los científicos, al subrayar que la hipótesis del laboratorio merecía una mayor atención. Ya entonces adelantó que recomendaría el regreso de los expertos a Wuhan para
profundizar en las investigaciones y examinar en detalle la teoría de la fuga del virus. Desde entonces, varios países occidentales, y muy especialmente Estados Unidos, han puesto en duda la credibilidad del informe original y reclamado el envío de
una nueva misión que estudie si el virus pudo surgir de las instalaciones del Instituto de Virología de Wuhan'.


Así pues, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, había solicitado a China que cooperase 'aportando los datos en bruto sobre los primeros días de la pandemia'. Sin embargo, la respuesta de China fue que los datos que
pedían ya habían sido investigados por sus expertos.


Por su parte, el 22 de julio, el vicedirector de la Comisión Nacional de Salud de China, Zeng Yixin, afirmó sentirse 'sorprendido' por dicha petición, calificándola de 'arrogante' y rechazando la politización que, según ellos, se está
haciendo de la investigación. En palabras de Zheng Yixin: 'No aceptaremos tal plan de rastreo de orígenes, ya que, en algunos aspectos, ignora el sentido común y desafía la ciencia'.


Por último, cabe recordar que en el mes de junio de 2021, la revista Nature afirmaba lo siguiente:


'Biden pidió a la Comunidad de Inteligencia de EE.UU. que le informe en 90 días sobre lo que sabe sobre el origen del virus y la hipótesis del escape del laboratorio. Tal vez esta investigación arroje luz sobre la información de EE.UU. de
la que informó The Wall Street Journal que sugiere que tres miembros del personal del WIV estaban enfermos en noviembre de 2019 [...] Este mes, Anthony Fauci, principal asesor médico de Biden pidió a los funcionarios chinos que se publiquen los
registros hospitalarios de los miembros del personal del WIV.' 3


Segundo. Resulta perentorio recordar, a los efectos de la presente proposición no de ley, así como de las nuevas informaciones que han salido a la luz, que Jaime Metzl, asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya había revelado
la realidad no contada del viaje a Wuhan que realizaron recientemente un grupo de científicos e investigadores de la OMS. Así, casi un año después de que se anunciara la pandemia mundial por el director de dicha organización, el doctor Tedros
Adhanom


1 Disponible [en línea]: https://www.france24.com/es/asia-pac%C3%ADfico/20210722-covid19hoy-noticias-pandemia-china-investigaci%C3%B3n-oms.


2 Disponible [en línea]: https://elpais.com/sociedad/2021-07-22/china-rechaza-otra-visita-de-la-oms-a-wuhan-para-investigar-la-teoria-del-laboratorio-como-origen-de-la-covid.html.


3 Disponible [en línea]: go.nature.com/3zsk.



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Ghebreyesus, las autoridades chinas permitieron que varios expertos entraran en el país para averiguar el origen del brote del coronavirus. Sin embargo, esto no ha sido posible, tal y como ha narrado Metzl y otros científicos de la
organización 4.


En concreto, el asesor estadounidense criticó duramente la 'falta de transparencia de la OMS', manifestando no estar 'de acuerdo con el informe elaborado por sus colegas, después de la visita a Wuhan'. Del mismo modo, Metzl afirmó que la
visita realizada por los investigadores de la OMS fue prácticamente 'una visita guiada por los funcionarios chinos. La escena de los hechos ya estaba montada como un teatro'. De hecho, según refiere el experto americano, 'primero fueron dos
semanas en cuarentena. Después otras dos semanas en Wuhan. El equipo recibió solo instrucciones de los representantes chinos. Fue una investigación muy corta. Todos los informes y datos los proporcionaban ellos' 5.


En adición, Metzl, al ser preguntado sobre el asunto en la cadena Fox News, contestó que la OMS 'es una organización estructuralmente inadecuada para una investigación profunda y agresiva sobre la COVID-19'. Asimismo, 'no concibe que sus
compañeros hayan descartado otras teorías sobre el origen del coronavirus y se hayan conformado con la información elaborada por el régimen comunista chino. El analista tampoco comprende que la OMS haya eliminado de la ecuación la posibilidad de la
fuga accidental del laboratorio de Wuhan (CDC) o del Instituto de Virología de Wuhan (WIV)' 6.


Además, el asesor de la OMS lamentó en esta misma cadena que 'la conclusión publicada por la OMS es idéntica a la versión que le han ofrecido las autoridades en China. El resultado de la OMS sobre el origen del virus se ciñe solo a tres
teorías. Una de ellas es que pudo haber un contagio directo entre el murciélago y el ser humano. La segunda explica que el contagio pudo producirse entre el murciélago y un huésped animal intermedio. Y la tercera es que la infección pudo venir a
través del envío de comida congelada desde otro país. No se baraja en ningún momento la posibilidad de que saliera del laboratorio. Los investigadores de la OMS se negaron a investigar sobre esta hipótesis. Me molesta que esto haya pasado. Creo
que es realmente terrible' 7.


Tercero. Por su parte, resulta también necesario traer a colación que el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, ya criticó en fecha 20 de febrero de 2021 a China y a la Organización Mundial de la Salud por la
investigación sobre el COVID-19 en Wuhan tras conocer los resultados de esta 8.


En concreto, Sullivan acusó al régimen comunista chino de no haber aportado 'suficientes datos clave' sobre el origen y propagación del COVID-19. En palabras del asesor de Seguridad Nacional de EE.UU.: 'No creemos que hayan puesto a
disposición suficientes datos de los orígenes, de cómo comenzó a propagarse esta pandemia, tanto en China y luego en todo el mundo [...]. No estoy en condiciones de decir cómo llegó la COVID-19 a este mundo. Solo estoy en condiciones de pedir a la
OMS que haga su trabajo lo mejor posible sin ninguna interferencia por parte de ningún Gobierno' 9.


Del mismo modo, existe un malestar generalizado entre los propios estadounidenses, que se vio incrementado cuando se conoció que no solo los delegados de la OMS en Wuhan se dejaron 'manipular' en la elaboración de sus informes, 'sino que el
'paciente cero' pudo no haber estado siquiera en el mercado de Huanan donde desde hace más de un año se mantiene que fue el inicio de la propagación del SARS' 10.


Por todo ello, y al amparo de lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados, como representante de la soberanía popular en el ejercicio de sus libertades constitucionales y democráticas, expresa su condena a la falta de transparencia de las autoridades chinas en lo que se refiere a la
investigación desarrollada por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca del origen y posterior propagación de la pandemia del COVID-19.


4 Disponible [en lineal: https://www.libertaddigital.com/ciencia-tecnologia/ciencia/2021-02-17/asesor-oms-desvela-verdad-sobre-wuhan-fue-engano-lo-han-ocultado-todo-6710676/.


5 Ibídem.


6 Ibídem.


7 Ibídem.


8 Disponible [en línea]: https://www.larazon.es/sociedad/20210222/juduqk2uqbf33bpuyjmsqtnq5e.html.


9 Ibídem.


10 Ibídem.



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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:


Único. Llevar a cabo todas las acciones diplomáticas, tanto nacionales como en el seno de la Unión Europea, que sean necesarias a los efectos de promover que la República Popular de China acceda a la solicitud formulada por parte de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) de iniciar una segunda investigación en Wuhan sobre el origen del COVID-19.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2021.-Alberto Asarta Cuevas, Agustín Rosety Fernández de Castro, Víctor González Coello de Portugal, Víctor Sánchez del Real, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Juan Luis Steegmann
Olmedillas, Antonio Salvá Verd, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Mercedes Jara Moreno y Tomás Fernández Ríos, Diputados.- Iván Espinosa de los Monteros de Simón y Macarena Olona Choclán, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para abordar la crisis humanitaria en Afganistán, para su debate en la
Comisión de Asuntos Exteriores.


Exposición de motivos


En los últimos días, el avance de los talibanes en Afganistán está siendo imparable y devastador. En palabras del general italiano Claudio Graziano, presidente del comité militar de la Unión Europea, '20 días están siendo suficientes para
lo que temíamos que ocurriera en 20 semanas: volver atrás 20 años'. En un tiempo récord, los radicales islamistas consiguieron conquistar la gran mayoría de las capitales provinciales afganas. De acuerdo a la agencia Reuters, citando fuentes de
la inteligencia estadounidense, Kabul podría ser asediada en 30 días y caer en 60 días. Lo cierto es que las previsiones se hicieron incluso optimistas, puesto que Kabul ya ha caído en manos talibanes antes de que incluso pudiéramos evacuar a los
españoles y afganos que han colaborado con nuestras Fuerzas Armadas durante su presencia en el país.


Esta situación se produce como consecuencia de la decisión del expresidente estadounidense Donald Trump de retirar su presencia militar de Afganistán sin asegurar que los esfuerzos de consolidación de la paz se habían completado. Lejos de
revertir esa decisión, la Administración Biden continuó con ese compromiso, aunque retrasó los plazos para hacerlo. Sin la cobertura estadounidense, muchos otros países que contribuían a esa misión internacional también decidieron retirarse, como
España hizo el pasado mes de mayo. Una retirada que, según varios expertos, no se realizó de forma adecuada y teniendo en cuenta las consecuencias que tendría para el avance talibán, para las instituciones afganas y, principalmente, para su
población. Especialmente preocupante es el futuro que les espera a las mujeres y niñas afganas, que previsiblemente serán sometidas a una tiranía en la que no podrán gozar ni de sus derechos y libertades más básicos. Recordemos que los talibanes
fueron quienes atentaron contra Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz, por el simple hecho de ser mujer y acudir a la escuela, un ejemplo de que las mujeres afganas serán las principales perjudicadas por esta situación.


En las últimas horas, el Presidente Biden ha afirmado que no se arrepiente de esa decisión de retirar las tropas estadounidenses del país centroasiático, y ha pedido a los líderes afganos que 'se unan' para hacer frente a los talibanes. Lo
cierto es que el ejército afgano ha sido incapaz de poder plantar cara al avance de los extremistas, que además se han hecho con materiales y tecnologías que las fuerzas internacionales o bien abandonaron a su salida o bien dejaron en manos de un
ejército afgano que no estaba preparado para usar ni defender. Ministros del gobierno afgano han huido del país por miedo a ser represaliados por los talibanes, algo que también hizo finalmente en el día de ayer el Presidente Ashraf Ghani. De
hecho, el gobierno legítimo de Afganistán ya ha admitido su derrota, ha claudicado e iniciado conversaciones con los talibanes para la conformación de un nuevo gobierno liderado por los radicales. La Unión Europea, por su parte, simplemente ha
emitido un comunicado amenazando a los talibanes con 'aislamiento internacional' si se hacen con el poder. Aislamiento que, sin embargo, China o Rusia no



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están dispuestas a secundar, y altos cargos del Partido Comunista Chino ya se han reunido con los talibanes para llenar el vacío dejado por Estados Unidos y sus aliados.


Además, varios países que tienen representación diplomática en Kabul, incluido el propio Estados Unidos, han decidido enviar una nueva misión especial militar a Afganistán con el objetivo único de evacuar a sus nacionales del país, también
al personal de sus representaciones diplomáticas. Estados Unidos, Canadá y Reino Unido ya han anunciado que llevarán a cabo esa operación. En concreto, el Primer Ministro de Canadá, el liberal Justin Trudeau, ha hecho público que su gobierno
reasentará 20.000 refugiados de Afganistán, Alemania e Italia han enviado aviones para asegurar, al menos, la salida de sus nacionales, mientras que en el Reino Unido las dos cámaras del parlamento británico han convocado sesiones extraordinarias
para debatir la situación en Afganistán, algo que no ocurría desde 2013 con motivo del deterioro de la situación en Siria. En Francia, por su parte, el Presidente Emmanuel Macron ha convocado una reunión extraordinaria de su Consejo de Defensa. En
España, en cambio, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación anunció que evacuaría a españoles y afganos que hubieran colaborado con nuestra presencia en el país, pero cuando los talibanes cercaban ya la capital afgana el
Gobierno aún afirmaba que esperaba llevar a cabo los traslados 2 lo largo de las próximas semanas'. El resultado es que Kabul ya ha caído en manos de los talibanes, que han comenzado a patrullar sus calles para comenzar la represión, con españoles
y colaboradores afganos aún sobre el terreno. Todo ello, además, cuando el aeropuerto de Kabul ha caído pasto de las llamas, según informaban las agencias de noticias con presencia en la capital, dificultando aún más la evacuación.


En definitiva, la gestión de la salida de los nacionales españoles y de los colaboradores afganos que han prestado servicios junto a las Fuerzas Armadas y organizaciones no gubernamentales españolas ha presentado claros fallos que han
provocado que la evacuación de este personal no se haya realizado antes de la caída de Kabul, incluso teniendo en cuenta que la zona de mayor influencia española en el país estaba en Herat, que ya había caído en manos de los talibanes hace días.


Por todo esto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Coordinar con nuestros socios internacionales las acciones necesarias para asegurar, a la mayor brevedad posible, la evacuación segura de los nacionales españoles que se encuentren aún en Afganistán, así como a los afganos que hayan
colaborado con nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Embajada en Kabul o las organizaciones no gubernamentales españolas con presencia en el país y a sus familias.


2. Asegurar que los controles de seguridad procedentes para el traslado a España de los colaboradores afganos se realizan a su llegada a nuestro país, evitando así retrasar su salida de Afganistán y la posibilidad de que sufran represión
por parte de los talibanes.


3. Aprobar un reasentamiento extraordinario de afganos que huyan de la persecución de los talibanes, siguiendo el ejemplo de Canadá, para su posterior reubicación por el territorio nacional en colaboración con las comunidades autónomas.


4. Elevar, en el seno del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, la necesidad de establecer un corredor humanitario extraordinario para la salida de, al menos, mujeres y niños afganos que busquen protección internacional frente
a los abusos que pueden sufrir a manos de los talibanes.


5. Facilitar que los nacionales afganos que huyan del país por la situación humanitaria puedan solicitar protección internacional en las misiones diplomáticas y oficinas consulares españolas sitas en los países de la región.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2021.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación de las mujeres y las niñas en Afganistán, para su debate en la
Comisión de Asuntos Exteriores.


Exposición de motivos


La llegada al poder de los talibanes en Afganistán ha provocado una inmensa preocupación en las instituciones europeas y la comunidad internacional por la situación de los derechos humanos en ese país, especialmente por las mujeres y las
niñas.


Sabemos que con el anterior gobierno talibán, entre 1996 y 2001, las mujeres carecían de todos los derechos, no podían salir de casa solas, ni siquiera para acudir al médico, como tampoco podían estudiar, trabajar, o participar en la vida
social o política. Las mujeres afganas tampoco tenían instrumentos para protegerse de la violencia de género, a la que estaban expuestas de manera permanente y cotidiana, ni decidir sobre su matrimonio o su maternidad. Las estrictas reglas de los
talibanes convirtieron a las mujeres en esclavas ocultas bajo el burka.


Durante los últimos 20 años, aunque con muchas deficiencias, los derechos de las mujeres y las niñas afganas progresaron de manera importante. Según la OMS durante estos años alrededor del 87 % de la población, incluidas las mujeres, pudo
acudir a centros médicos. Actualmente hay 3,3 millones de niñas que reciben educación, y las mujeres han empezado a participar en el trabajo y en la vida económica, política, social y cultural.


Afganistán necesita seguir avanzando en igualdad y en derechos. El objetivo de las actuaciones públicas debe ser conseguir que todas las niñas puedan ir a la escuela, aumentar la participación de las mujeres en el empleo, la política o la
vida social, al igual que erradicar la violencia de género, incluida la violencia sexual, los matrimonios forzados y el matrimonio infantil. Sin embargo, la llegada de los talibanes al poder puede suponer no solo parar este proceso de avance, sino
además retroceder respecto a lo conquistado por las mujeres en los últimos 20 años.


La vida de las mujeres afganas nos importa, por lo que creemos urgente que la comunidad internacional, incluida la ONU, la UE y todos los países que forman parte de ella, emprendan las acciones necesarias para evitar la tragedia, apoyando la
vida, la seguridad y los derechos de las mujeres afganas.


De esta forma estaremos cumpliendo con los compromisos adquiridos, en concreto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo Objetivo 5 entiende la igualdad de género como uno de los fundamentos para construir un mundo pacífico, próspero
y sostenible, y se compromete con la ciudadanía plena de las mujeres, para lo que es imprescindible la eliminación de todas las formas de discriminación y la violencia de género, en cualquiera de sus manifestaciones.


El Gobierno de España ha planteado ante las instituciones europeas su disposición a apoyar a las mujeres afganas y acoger a quienes corren mayor riesgo, también han mostrado su apoyo y solidaridad diversas Comunidades Autónomas y
Ayuntamientos.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Manifestar nuestra preocupación por la situación de las mujeres y las niñas en Afganistán y comprometernos a trabajar para evitar que se vulneren sus derechos fundamentales, incluido su derecho a decidir sobre su propia vida, a la
educación, el trabajo, la participación política, económica, social o cultural, así como el derecho a vivir libres de violencia de género, incluida la violencia sexual, el matrimonio forzado y el matrimonio infantil.


2. Hacer un llamamiento a la comunidad internacional, tanto a Naciones Unidas como a la UE, para que inicie actuaciones dirigidas preservar la vida de las mujeres y niñas afganas, de forma que todos los procesos de diálogo y de cooperación
actual y futura incluyan la condicionalidad de la garantía de los derechos de las mujeres y las niñas, así como su reconocimiento como ciudadanas en igualdad.



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3. Apoyar al Gobierno de España en su propuesta de recepción de las personas que han trabajado para las instituciones europeas durante estos años, e instarle a que trabaje, junto a estas mismas instituciones, a adoptar las medidas de
protección dirigidas a aquellas mujeres que se encuentren en situación de riesgo por motivos vinculados a su género, así como a aquellas otras que han luchado y luchan a favor de los derechos de las mujeres y las niñas, a las defensoras de los
derechos humanos, y a aquellas profesionales que durante estos años han trabajado por la construcción de la libertad y la democracia en Afganistán.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de agosto de 2021.-Héctor Gómez Hernández y Laura Berja Vega, Diputados.-Susana Ros Martínez y Ana Belén Fernández Casero, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Justicia


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al respeto a las decisiones
judiciales y a la independencia del Poder Judicial, para su debate en la Comisión de Justicia.


Exposición de motivos


El principio de separación de poderes es consustancial al Estado democrático de derecho que es España y se configura como un sistema de contrapesos, de equilibrio, para evitar la concentración en uno de ellos y proscribir la posibilidad de
cualquier forma de gobierno totalitario.


Fue Montesquieu quien aportó a la teoría de la división de poderes la diferenciación clásica entre tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El esquema se concreta en que cada uno de ellos tiene una competencia delimitada y se
vinculan entre sí mediante un sistema de correctivos y de vetos para garantizar un equilibrio e independencia y así evitar que los gobernantes acumulasen demasiado poder.


Ya en el preámbulo de la Constitución Española de 1978 se establece que la consolidación del Estado de derecho servirá para asegurar la independencia y las relaciones entre los poderes del Estado, de lo que se infiere el valor que para el
constituyente tiene la separación de poderes como mecanismo para llevar a cabo una interpretación integradora de la forma de gobierno que quiere el pueblo español y cuyas líneas maestras recoge su Carta Magna.


La separación se deduce de la regulación diferenciada que de los mismos se hace en la Constitución. Así, el Título III se dedica a las Cortes Generales y por ello al poder legislativo. El poder ejecutivo es objeto de regulación en el
Título IV, del Gobierno y la Administración. Y el Título VI se destina a la regulación del poder judicial, conteniéndose en el artículo 117 sus rasgos definitorios: la justicia emana del pueblo y se administrada en nombre del Rey por los jueces y
magistrados, que responden en su actuación a la independencia y están sometidos únicamente al imperio de la ley.


Por su parte, el Tribunal Constitucional, regulado en el Título IX, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido solo a la Constitución y a su Ley Orgánica.


Como órgano jurisdiccional, sus sentencias tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas y las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de
ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos (erga omnes).


De lo anterior se puede concluir un principio básico y esencial en una democracia plena como lo es la española: todos los ciudadanos, incluyendo,-o muy especialmente el Gobierno-, debemos respeto a la separación de poderes, a la
independencia de los jueces y tribunales y a las decisiones que emanan de todos los órganos jurisdiccionales.



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Sin embargo, algo tan obvio e interiorizado hace décadas en la sociedad democrática española, está siendo quebrantado por quienes tienen una mayor obligación de ser ejemplares en sus conductas y sus declaraciones: el Gobierno sanchista.


En su afán totalitario de controlar y someter a los órganos del poder judicial, Pedro Sánchez y sus socios comunistas e independentistas, buscan desprestigiar tanto al órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial,
como a los miembros que integran las distintas instancias jurisdiccionales, en la convicción de que situar en ellos a personas afines a su ideología propiciaría resoluciones acordes con sus pulsiones autoritarias y sus pactos con quienes quieren
romper la unidad de España.


El principal objetivo a batir es el poder judicial en su conjunto, a todos los niveles, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal de Cuentas y Tribunal Constitucional. Y por ello resulta deleznable contemplar cómo
miembros del Gobierno, algunos de ellos provenientes de la magistratura, se lanzan a atacar con verdadero ensañamiento y sin ningún rubor, las resoluciones judiciales que no les gustan o no sirven a sus intereses.


Ejemplos de declaraciones de los miembros del Gobierno cuestionando las resoluciones judiciales o directamente atacando su independencia, los hay a decenas:


- Críticas al Tribunal Supremo por oponerse a los indultos a los condenados por sedición y malversación, acusando al Alto Tribunal de 'buscar venganza y no justicia'.


- Críticas al Tribunal Constitucional tras la sentencia declarando ilegal la declaración del primer estado de alarma de 14 de marzo de 2020, el Gobierno inició un acoso sin precedentes sobre el mismo, arremetiendo contra la resolución de una
manera obscena, hasta el punto que el propio Tribunal tuvo que salir al paso sorprendido de que un partido presuntamente constitucionalista como el PSOE actuara 'como un partido antisistema' y reclamando el cese de la deslegitimación al tribunal de
garantías.


En la misma línea inaceptable, la ministra de Justicia y ex magistrada Pilar Llop habló de la división que había habido en el Pleno del Tribunal, resaltando 'que la actuación del Ejecutivo fue conforme a los parámetros constitucionales, tal
y como han defendido otros cinco magistrados del mismo órgano'.


La Ministra de Defensa, la ex magistrada Margarita Robles, denunció 'falta de sentido de Estado' con sus 'elucubraciones doctrinales que no debieran plasmarse en una sentencia'. Una absoluta falta de respeto institucional y una muestra de
soberbia inaceptable, sobre todo viniendo de una magistrada de profesión que ha tenido que deliberar y redactar sentencias en el Tribunal Supremo, elucubrando interpretaciones jurídicas, y que ha jurisprudencia con sus propios fallos. Al parecer,
ser ministra de Sánchez exige aparcar la dignidad profesional y la propia conciencia e impartir como única doctrina válida la que dicta el ocupante del sillón de La Moncloa.


- Los ministros comunistas no se quedan al margen, bien al contrario. Hay que recordar que la ministra de Igualdad, Irene Montero, en relación con la sentencia que condenaba a una mujer por la sustracción de sus dos hijos menores, la
calificó de 'un claro ejemplo de maltrato institucional y judicial'.


Igualmente hay que recordar las críticas del ex vicepresidente Iglesias al TSJ de Madrid por la condena a la ex diputada Isa Serra por atacar a la Policía 'Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme
sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso'. Unas gravísimas acusaciones, como otras
muchas anteriores al Tribunal Supremo, a las que tuvo que responder con contundencia el CGPJ pero a quien el Presidente Sánchez no solo no desautorizó, sino que apoyó apelando a la libertad de expresión del podemita.


Ese tono desafiante de todo el Ejecutivo contra los Tribunales, incluido el Tribunal Constitucional, es muy grave y exige que cesen en esa deriva.


Es muy preocupante que el Gobierno ponga en duda permanentemente los fallos de los Tribunales que no les dan la razón a ellos o a sus socios. Algo que no tiene precedentes. Preocupación que aumenta al conocer las presiones de determinados
miembros del Gobierno, como la ex vicepresidenta Calvo, para influir en el fallo del TC sobre el estado de alarma. Una injerencia intolerable en el Estado de derecho que solo tiene parangón con los regímenes dictatoriales.


Es imprescindible que reviertan este tipo de actitudes que pueden poner bajo sospecha la imparcialidad del sistema judicial en España por parte de quienes deberían velar por la defensa de la separación de poderes y su independencia al
criticar de una forma tan execrable las resoluciones judiciales, trasladando



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a la sociedad la idea de que son injustas simplemente porque no se ajustan a las pretensiones de un gobierno con una concepción autoritaria del ejercicio del poder.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a respetar la separación de poderes, la independencia de los jueces y tribunales y así mismo, a respetar y acatar las resoluciones judiciales que emanan de todos los órganos jurisdiccionales, y
singularmente, las sentencias del máximo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de agosto de 2021.-María Teresa Angulo Romero, Vicente Betoret Coll, Isabel María Borrego Cortés, Miguel Ángel Jérez Juan, Javier Merino Martínez, Jaime Eduardo de Olano Vela, Carlos Rojas García,
Luis Santamaría Ruiz y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Defensa


161/003010


A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Rocío de Meer Méndez, D.ª María de los Reyes Romero Vilches, D.ª Cristina Alicia Esteban Calonje, D.ª Lourdes Méndez Monasterio, D.ª Georgina Trías Gil, D Agustín Rosety Fernández de Castro, D. Alberto Asarta
Cuevas, D. Víctor González Coello de Portugal, don Luis Gestoso de Miguel y D Manuel Mestre Barea, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a las ayudas sociales asociadas a la movilidad geográfica de las Fuerzas Armadas, para su discusión en la Comisión de Defensa.


Exposición de motivos


Primero. Las Fuerzas Armadas, institución esencial para España.


Pocas instituciones hay en España tan señeras como las Fuerzas Armadas ('FAS'). Son, para nuestro país, 'el elemento esencial de la defensa, y constituyen una entidad única que se concibe como un conjunto integrador de las formas de acción
específicas de cada uno de sus componentes: el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire' (artículo 10 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional).


Los miembros de las FAS ponen sus vidas al servicio de España y de sus necesidades, tal y como mandata el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas ('LO 912011'), que
recoge la primera de las reglas esenciales que definen el comportamiento del militar: 'la disposición permanente para defender a España, incluso con la entrega de la vida cuando fuera necesario'. En tan insigne tarea arrostran, con no poca
frecuencia, graves dificultades y peligros. A título de ejemplo, siete miembros de las FAS fallecieron en accidentes de carácter militar durante el año 2019 11. Se trata, por tanto, del gremio de servidores públicos con mayor siniestralidad
laboral.


A ello hay que sumar las difíciles condiciones en que desempeñan su actividad: en el marco de una constante disciplina (regla octava) y obediencia (regla undécima), se espera de ellos una 'disponibilidad permanente para el servicio'
(artículo 22.1 LO 9/2011). Se les exige además 'estar preparado(s) para afrontar, con valor, abnegación y espíritu de servicio, situaciones de combate' (regla cuarta), y 'preservar


11 https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/e/s/estad_stica_de_accidentes_en_las_fuerzas_armadas 2019.pdf



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la seguridad y bienestar de los ciudadanos [...] en supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas' (regla tercera).


Con el fin de reconocer la excelsa labor que, para el bien común de España, llevan a cabo las FAS, y para posibilitar y procurar su continuación, es menester revisar y adecuar las condiciones materiales en que aquella se desempeña.


Segundo. La movilidad geográfica como nota característica de la carrera militar.


Uno de los rasgos definitorios de la carrera militar es la movilidad geográfica. Y es que, tal y como recoge la Exposición de Motivos de la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las
Fuerzas Armadas ('Ley 26/1999'), 'la movilidad a lo largo de la trayectoria profesional del militar es una característica o exigencia relevante que contribuye eficazmente a su capacitación y a la operatividad de los Ejércitos'.


La movilidad puede tener lugar por tres motivos, a saber: (i) por optar de forma voluntaria a una plaza que se convoque, distinta de la que ocupe el militar en ese momento; (ii) porque, por necesidades del servicio, se le adjudique
forzosamente un destino; o (iii) porque, en desarrollo de su carrera militar, y de forma aparejada a un ascenso, le sea adjudicado un nuevo destino.


Tercero. Consecuencias familiares de la movilidad geográfica de los militares.


Sea cual fuere la causa de la movilidad geográfica, lo cierto es que viene acompañada de toda una serie de implicaciones prácticas para los militares y sus familias, que han de asumir frecuentes cambios de domicilio durante la vida
profesional de aquellos. Las consecuencias familiares de mayor trascendencia son las relacionadas con el trabajo de los cónyuges o parejas de los militares, la escolarización de sus hijos y el acceso a la vivienda.


i. Trabajo/conciliación.


Un régimen de traslados frecuentes hace imposible o, cuando menos, muy complicado, mantener cualquier empleo, excepción hecha de aquellos que a su vez permitan movilidad de forma amplia, o de los que prevean la posibilidad de un régimen
exclusivo de teletrabajo.


La consecuencia es sencilla: la mayoría de los cónyuges o parejas de militares suele dedicarse al cuidado del hogar, por la imposibilidad de encontrar un empleo que se adecúe a las exigencias de movilidad descritas. Eso supone, sin duda,
un sacrificio personal y familiar que no es desdeñable, y que ha de ser tenido en consideración a la hora de valorar las posibles ayudas asociadas a la movilidad.


En el caso contrario, si el cónyuge o pareja trabaja fuera del hogar, lo que surge entonces a consecuencia de los traslados es una mayor dificultad para conciliar la vida profesional y familiar, unida a la evidente problemática de encontrar
y mantener un empleo en las referidas condiciones de movilidad.


ii. Escolarización.


Un segundo inconveniente aparejado a la movilidad de los militares es el régimen de escolarización de sus hijos, si los tienen. Y es que los cambios de destino generalmente no se producen en las fechas apropiadas para solicitar plazas
escolares. Ello supone, en términos prácticos, la dificultad añadida para los padres que se van a mudar de ciudad de encontrar un centro escolar donde puedan matricular a sus hijos.


iii. Vivienda.


El tercer gran obstáculo de las familias de militares es el acceso a la vivienda. Por el régimen de movilidad al que nos hemos referido, resulta más complejo poder acceder a una vivienda en propiedad. Adicionalmente, cada cambio de destino
supone una nueva búsqueda de casa, nuevos trámites de formalización del contrato, una nueva mudanza, etc.


La conclusión que se infiere de estos tres problemas es que, de hecho, muchos militares no llevan consigo a sus familias cuando aceptan nuevos destinos. Ello redunda, qué duda cabe, en un empeoramiento de las relaciones familiares y de las
condiciones en que los militares desempeñan su labor al servicio de España.



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Cuarto. Insuficiencia de las medidas de apoyo asociadas a la movilidad.


La Disposición adicional séptima de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar ('Ley 39/2007') establece que 'dentro del apoyo al personal de las Fuerzas Armadas existirá un sistema de acción social, complementario de la
protección social, en el que se desarrollarán programas de formación y de ocio para los militares profesionales y sus familias y otras medidas de bienestar social'.


Por otro lado, la LO 9/2011 prevé la existencia de una serie de medidas de apoyo al personal militar. Concretamente en el artículo 32 establece lo siguiente:


'Como acciones complementarias existirán las de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas y las relativas a la acción social, que se regirán por su propia legislación. Dentro de las de apoyo a la movilidad
geográfica se protegerá la escolarización de sus hijos cuando deban trasladarse de residencia.


Se establecerán planes de calidad de vida, de carácter global, dirigidos a todas las categorías y se prestará apoyo específico a los militares que sean destacados fuera del lugar de estacionamiento habitual de su unidad durante períodos
prolongados, con objeto de atender tanto sus necesidades personales como las que se les puedan plantear a sus familias. Para ello por parte de la Administración General del Estado se llevarán a cabo las iniciativas necesarias para la firma de
convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, en el ámbito propio de sus competencias, en materia de educación, sanidad, servicios sociales y vivienda y cualesquiera otras que incidan en la mejora de la calidad de vida de
los militares y sus familias.'


Describiremos a continuación, en relación con las materias que hemos expuesto (trabajo-conciliación, escolarización y vivienda), las ayudas concretas que están reguladas en la legislación vigente y que son, a nuestro juicio, insuficientes.


i. Medidas en materia de conciliación y para el apoyo del empleo del cónyuge o pareja del militar.


La 'Guía para la aplicación de las medidas de conciliación en las Fuerzas Armadas' 12 recoge, en relación con el tema que nos ocupa (la mayor necesidad de conciliación, si el cónyuge o pareja del militar trabaja, o la disminución de ingresos
de la familia, si no lo hace), las siguientes herramientas de apoyo:


- Flexibilidad horaria (artículo 8 de la Orden DEF 1363/2016, de 28 de julio, por la que se regulan la jornada y el régimen de horario habitual en el lugar de destino de los miembros de las Fuerzas Armadas) tomando en consideración la
disponibilidad permanente para el servicio, a tenor de lo dispuesto en el apartado 1 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, y conectándolo con la interpretación del criterio de
'necesidades del servicio' (artículo 4 ibidem).


- Posibilidad de una excedencia voluntaria por agrupación familiar cuando el cónyuge o pareja del militar sea funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Administración (artículo 110.4 Ley 39/2007, en el marco de lo dispuesto
en el artículo 28 del Real Decreto 1111/2015, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de adquisición y pérdida de la condición de militar y situaciones administrativas de los militares profesionales).


- 'Compensación económica para atender las necesidades de vivienda originadas por cambio de destino que suponga cambio de localidad' (artículo 1.a de la Ley 26/1999).


Las dos primeras medidas expuestas, si bien facilitan la conciliación, no resuelven en absoluto el supuesto del militar cuyo cónyuge o pareja deja de trabajar por causa de la frecuente movilidad geográfica.


En cuanto a la tercera medida, sería de justicia que se tuviera en cuenta, como herramienta de ajuste al alza de la ayuda económica, el hecho de que el cónyuge o pareja del militar no trabaje fuera del hogar.


Adicionalmente, cabría considerar la posibilidad de establecer ayudas a los cónyuges o parejas de los militares destinados a buscar y mantener un empleo, asociadas al supuesto de la movilidad geográfica.


ii. Medidas en materia de escolarización de los hijos de militares.


El artículo cincuenta y tres de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación prevé, para este tipo de casos, una 'preferencia en el


12 https://www.defensa.gob.es/Galerias/ministerio/organigramadocs/omi/OD-6-guia-medidas-conciliacion.pdf



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área o zona de escolarización que corresponda al domicilio o al lugar de trabajo, indistintamente, de alguno de sus padres, madres o tutores legales aquellos alumnos y alumnas cuya escolarización en centros públicos o privados concertados
venga motivada por traslado de la unidad familiar debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales'.


Sin embargo, tal previsión legal es insuficiente: solo garantiza que los hijos de los militares tengan acceso a la escolarización. No protege, sin embargo, el derecho de los padres a escoger qué educación quieren para sus hijos (por lo que
podrían verse abocados a matricularles en un centro que no sea de su agrado), ni tampoco prevé el supuesto de que los hijos sean varios (por lo que, en muchas ocasiones, los padres han de matricularlos en distintos centros escolares, a falta de
plazas suficientes en uno solo). Lo descrito supone una merma de los derechos de los militares y sus cónyuges o parejas en relación con la educación de sus hijos.


Es menester, en suma, que se amplíe la previsión legal descrita para dar cabida a la escolarización, en cualquier época del año, de todos los hijos de los militares en un mismo centro escolar, pudiendo estos elegir si se trata de un centro
público o concertado. Todo ello a través de los convenios oportunos a que hace referencia el artículo 32 LO 9/2011 mencionado anteriormente.


iii. Medidas en materia de acceso a la vivienda.


La Ley 26/1999 dispone una serie de ayudas en este sentido, descritas en el artículo 1: 'a) Facilitar una compensación económica para atender las necesidades de vivienda originadas por cambio de destino que suponga cambio de localidad. b)
Asignar en régimen de arrendamiento especial A las viviendas militares en los casos singulares que se contemplan en esta Ley. c) Proporcionar ayudas para el acceso a la propiedad de vivienda'.


Las ayudas descritas en la ley adolecen, en primer término, del déficit expuesto anteriormente: no distinguen las familias en que los dos progenitores trabajan de aquellas en que solo lo hace el progenitor militar.


Además, las viviendas propiedad del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas son cada vez menos numerosas, porque han ido siendo objeto de continuas enajenaciones. Por ello, la asignación en régimen de arrendamiento especial de las
viviendas militares no es, para muchos miembros de las FAS, una posibilidad.


Tampoco se regulan ayudas para la búsqueda de inmuebles, lo cual agilizaría sin duda el proceso de mudanza de toda la familia en caso de movilidad de un progenitor militar.


Quinto. Fundamento competencial de las medidas propuestas.


En conclusión, España tiene el deber de reconocer la labor que realizan las FAS y de promover que sus miembros puedan seguir desempeñándola en las mejores condiciones posibles. A tal efecto, se propone que el Gobierno estudie las
posibilidades de mejora de las medidas de apoyo que se brindan a las familias de los militares y las adopte con diligencia.


El Estado tiene competencia exclusiva a tal efecto, en virtud de lo dispuesto en los siguientes artículos de la Constitución Española: 149.1.1.ª (condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles en el ejercicio de sus
derechos, en relación con el derecho a educar a los hijos según sus convicciones, del artículo 27), 149.1.4.ª (Defensa y Fuerzas Armadas) y 97 (Administración militar).


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para garantizar el apoyo social y familiar que precisan y merecen los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias, con especial atención a las necesidades de
vivienda, de educación de los hijos y de conciliación derivadas de la movilidad geográfica de los militares en el ejercicio de su profesión.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2021.-Rocío de Meer Méndez, María de los Reyes Romero Vilches, Cristina Alicia Esteban Calonje, Lourdes Méndez Monasterio, Georgina Trías Gil, Agustín Rosety Fernández de Castro, Alberto
Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mestre Barea, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.



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Comisión de Hacienda


161/002994


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Montserrat Bassa i Coll, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las
incompatibilidades en materia de subvenciones de los cargos electos, para su debate en Comisión.


Exposición de motivos


La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su artículo 13.2 d) que 'no podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las personas o entidades en
quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora: d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que
ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la
misma o en la normativa autonómica que regule estas materias'.


Esto significa que cualquier cargo electo no puede ser beneficiario de una subvención de la Administración pública donde lo es. Tampoco puede serlo una persona jurídica, como por ejemplo una asociación o entidad, cuya representación legal
la ostente dicho cargo electo.


Esta incompatibilidad, si bien su origen puede estar justificado (preservar a la función pública de una influencia desviada del interés público, por la posible contaminación o incidencia en la toma de decisiones que puede representar una
eventual colisión con interés extraños a los de la ciudadanía a que ha de servir el cargo que se ostenta o por la incidencia en dichas decisiones de intereses privados o particulares), está generando consecuencias perversas, sobre todo en municipios
cuyos cargos electos no reciben más retribución que las dietas por asistencia a Plenos y Comisiones.


Así, en el contexto de la pandemia provocada por el COVID-19, las diferentes Entidades Locales han aprobado la concesión de ayudas económicas a personas físicas, asociaciones, entidades y pequeñas empresas por los perjuicios que les ha
ocasionado la crisis sanitaria. Dichas ayudas son inaccesibles para los cargos públicos (o las empresas y entidades de las que son administradores o representantes), lo que actualmente podría constituir una medida desproporcionada.


Al margen de la pandemia, esta incompatibilidad restringe el derecho de las personas que ostentan un cargo electo de participar del asociacionismo local, crucial para la vitalidad de los municipios, el dinamismo de la sociedad y la promoción
de la cultura y los valores cívicos. Esta situación se ve agravada en los casos en que el cargo electo ni siquiera tiene incidencia en la concesión de las subvenciones ni tiene remuneración por dedicación total o parcial.


Además, la incompatibilidad prevista en el artículo 13.2 d) LGS, en la práctica, puede resultar más gravosa que la contemplada en el artículo 71.1 g) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Ambos preceptos regulan la misma incompatibilidad pero en el caso de la LCSP, en conexión con el
artículo 12 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, se modula en el sentido de que un concejal o alcalde no incurre en incompatibilidad si su participación en las
Empresas o Sociedades concesionarias no es superior al 10 %.


Esta situación podría finalizar con una sencilla modificación de la LGS. Las posibilidades son diversas, desde matizar el artículo 13.2 hasta objetivar los casos en que la naturaleza de la subvención puede suponer una excepción a la regla
general, sea por razones de interés social (la participación en el asociacionismo local) o económico (las subvenciones extraordinarias en ocasión de la pandemia u otros fenómenos similares como desastres naturales).



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Por todo ello, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a impulsar, en el plazo de tres meses, las reformas legales oportunas para exceptuar de la incompatibilidad prevista para los cargos electos (o de las asociaciones de las que ostenta la
representación legal) como beneficiarios de subvenciones de la Administración pública donde lo son, en los siguientes casos:


• Interés social: cuando el cargo electo ostente la representación legal de una entidad o asociación sin ánimo de lucro respecto a las subvenciones de carácter general; o de una entidad o asociación sin ánimo de lucro respecto a las
subvenciones discrecionales en que dicho cargo no tiene ninguna responsabilidad directa o indirecta en su concesión.


• Interés económico: cuando el cargo electo cumpla los requisitos para ser beneficiario de subvenciones extraordinarias de carácter general concedidas para ayudar económicamente a un colectivo afectado por daños imprevistos como los
provocados por una pandemia o desastres naturales.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2021.-Montserrat Bassa Coll, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.


Comisión de Interior


161/003035


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la declaración de zona afectada gravemente
por una emergencia de protección civil en los municipios de la provincia de Ávila afectados por el incendio de Navalacruz, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


El incendio de Navalacruz, en la provincia de Ávila, ha sido hasta la fecha el mayor registrado en España en todo este año 2021, habiendo calcinado más de 22.000 hectáreas. Este incendio no sólo ha tenido un impacto devastador en la
biodiversidad y el patrimonio natural de esta provincia, sino que también ha afectado directamente a los hogares de cientos de familias, explotaciones agrícolas, negocios e, incluso, yacimientos arqueológicos como el de la necrópolis vetona de
Ulaca. Este desastre natural ha demostrado, además, el riesgo que nuestro país sigue corriendo ante fenómenos tan destructivos, especialmente en un contexto de cambio climático.


Por supuesto, esto supone poner el foco sobre las inversiones en preparación y prevención de estas catástrofes y fenómenos extremos, mejorando nuestra capacidad de anticiparnos a ellos y de evitar daños económicos y humanos. No en vano,
según la aseguradora Swiss Re, en el pasado año 2020 este tipo de desastres relacionados con el cambio climático ya se cobraron la cifra de 175.000 millones de dólares. A medida que aumente la temperatura media global del planeta, estos eventos se
producirán de forma más frecuente y más virulenta, con las consecuencias que eso supone para nuestras sociedades y nuestras economías. Sin embargo, una vez que estos desastres ocurren y han desatado su potencial destructivo también es necesario
poner en marcha los mecanismos necesarios para ofrecer compensaciones económicas y para recuperar lo antes posible el valor ecosistémico de nuestro patrimonio natural.


La Ley 17/2015 de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil establece, en su artículo 23, que se podrá declarar una zona como afectada gravemente por una emergencia de protección civil mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a
propuesta de los titulares de Hacienda y Administraciones Públicas y del Interior. Esta declaración facilitará y agilizará la tramitación de ayudas directas para las



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familias y empresas que se hayan visto afectadas por una catástrofe natural. Además, se debe efectuar una evaluación de daños para estimar el coste económico de este incendio y, por tanto, adecuar las ayudas directas a su impacto real.


Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Prestar la asistencia técnica y logística necesarias a la Junta de Castilla y León y a las corporaciones locales de los municipios afectados por el incendio de Navalacruz para que puedan realizar, a la mayor brevedad posible, la
evaluación de los daños causados por este incendio.


2. Declarar, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, la situación de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil al conjunto de términos municipales afectados por el incendio de Navalacruz, permitiendo así el acceso
más ágil y sencillo a ayudas directas por parte de los hogares, empresas, explotaciones agrarias, industrias y ayuntamientos afectados.


3. Ofrecer, en coordinación con la Junta de Castilla y León, la asistencia técnica y logística necesaria a los afectados por el incendio de Navalacruz para que puedan realizar los trámites necesarios para solicitar compensaciones por los
daños sufridos a causa de esta catástrofe natural sin enfrentarse a una carga burocrática inasumible que pueda retrasar la llegada de esas ayudas.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de agosto de 2021.-María Carmen Martínez Granados, Miguel Gutiérrez Vivas y María Muñoz Vidal, Diputados.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


161/003000


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a culminación de forma
inmediata de los trabajos en la autovía A-12, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


La autovía del camino de Santiago A-12 es un eje estratégico para la Comunidad Autónoma de La Rioja y para la zona este de la provincia de Burgos. Es una vía fundamental para la conexión entre Logroño y Burgos.


Dicho eje tendrá continuidad desde Burgos a León mediante la autovía autonómica A-231, dependiente de la Junta de Castilla y León; y desde las inmediaciones de Logroño (límite con Navarra) hasta Pamplona, mediante la A-12 dependiente del
Gobierno Foral de Navarra.


Actualmente la conexión entre Burgos y Logroño se realiza a través de la carretera N-120 con un elevado índice de siniestralidad por el actual trazado del Puerto de La Pedraja, especialmente de vehículos pesados o con mayor recorrido a
través de las autovía A-1 y AP-68 en el recorrido Burgos-Miranda de Ebro-Logroño.


Con la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez se ha producido la ralentización de las obras de la citada autovía A-12. Existía un compromiso del anterior gobierno del Partido Popular, tanto de plazos como presupuestario, para impulsar esta
infraestructura, que han sido incumplidos por el actual Gobierno.


Hubo un impulso decidido para la ejecución de manera rápida de esta infraestructura por parte del Ayuntamiento de Burgos y del Ayuntamiento de Logroño que fue trasladado al entonces Gobierno del Partido Popular.



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Desde la asunción de responsabilidades por parte del actual Gobierno la desidia gubernamental ha sido una constante. Prueba de ello es la escasa cantidad que se asigna en los presupuestos del ejercicio 2021 a los tramos en los que se divide
la ejecución de la obra de la A-12.


Existen dos tramos que puede ser ya licitados, Villafranca Montes de Oca-lbeas de Juarros tiene un presupuesto estimado de licitación de 158,1 millones de euros para ejecutar 24,3 kms., y Villamayor del Río-Villafranca Montes de Oca, con un
presupuesto de licitación de 108 millones de euros y una longitud de 16,6 kms.


Con respecto al tramo entre Burgos e lbeas de Juarros, cuatro años y medio después de que el entonces Ministerio de Fomento adjudicara las obras de construcción, el ahora Ministerio de Transportes, a través del Consejo de Administración de
SEITSA, ha resuelto el contrato con la empresa a la que se lo había adjudicado.


El único tramo de la Autovía del Camino de Santiago A-12 que se encuentra en ejecución es el de Santo Domingo de la Calzada, provincia de Logroño, Villamayor del Río, ya situado en la provincia de Burgos. Fue adjudicado en diciembre de 2019
y su ejecución tendrá que estar finalizada en el año 2023.


La progresiva liberalización por parte del Gobierno de las autopistas de peaje hace temer que desde el Ministerio se esté considerando la conveniencia de desistir en el desarrollo de infraestructuras actualmente en fase de proyecto o
estudio, como la A-12, con la pretensión de que sean consideradas alternativas más convenientes estas vías liberadas; todo ello a pesar de que, como ya ha reconocido el Gobierno, es su intención implantar a corto plazo el pago por uso en todas las
carreteras de la red nacional.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Licitar de forma inmediata de los tramos Villamayor Del Río-Villafranca Montes de Oca, y el que discurre entre Villafranca Montes de Oca e lbeas de Juarros.


2. Finalizar en el plazo previsto del año 2023 el tramo ya en curso de ejecución que discurre entre Santo Domingo de la Calzada y Villamayor del Río.


3. Licitar urgentemente, una vez rescindido el contrato de ejecución del tramo entre Burgos e lbeas de Juarros, un contrato de servicios para redactar un proyecto de terminación de las obras ya iniciadas hace más de cuatro años y medio.


4. Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para que se recupere el tiempo que se ha perdido y riojanos y burgaleses gocen lo antes posible de esa importante vía de conexión.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2021.-Javier Merino Martínez, María Sandra Moneo Díez y Jaime Miguel Mateu Istúriz, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/003003


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para solicitar que se aceleren los
trabajos de la ejecución de las obras de La Ronda Sur de Logroño, 'Autovía A-68. Tramo: Arrubal-Navarrete', para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


En octubre del 2019, el Ministerio de Fomento formalizó el contrato de las obras de la Ronda Sur de Logroño 'Autovía-A-68. Tramo: Arrubal-Navarrete' por un presupuesto de 111.824.540,49 euros y un plazo de obras de 42,5 meses. Esa
licitación se produjo tras varios meses de retrasos acumulados por el



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Gobierno de Pedro Sánchez al cambiar las prioridades en sus políticas de infraestructuras con la Comunidad Autónoma de La Rioja. Una posición radicalmente contraria a la adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que aprobó el proyecto,
inició las expropiaciones y consignó partida en los Presupuestos Generales del Estado.


Esta actuación tiene el objetivo de trasformar el tramo de la Autopista AP-68 entre Arrúbal y Navarrete como circunvalación de Logroño una vez eliminado los peajes de la citada autopista. Para ello, en el proyecto de obra está previsto la
construcción de nuevos enlaces y la remodelación de los existentes, con el fin de mejorar su conexión con las redes del estado y la autonómica, constituyéndose como alternativa al eje de la N-232 y la LO-20 y futura variante sur de la ciudad de
Logroño.


La Ronda Sur de Logroño supone contar con una infraestructura clave para el desarrollo de Logroño y el conjunto de La Rioja en sus comunicaciones por carretera.


Este nuevo tramo de la Autovía A-68 tendrá una longitud de 29 kilómetros y va a desarrollarse por el trazado actual de la AP-68, es decir, con dirección este-oeste por los términos municipales de Murillo de Río Leza, Agoncillo, Arrúbal,
Logroño, Villamediana de lregua, Lardero, Navarrete y Fuenmayor, y estará libre de peajes, ya que, se construirán dos nuevas áreas de peaje que se ubicarán en los p.k. 150,5 y 122 de la actual Autopista AP-68. Además se proyectan la construcción
de 12 pasos superiores, 15 pasos inferiores y 3 muros de contención y se ejecutarán un total de seis enlaces:


- Enlace de Arrúbal, a la altura del p.k. 2+600 del eje de la autovía (p.k. 146,7 de la AP-68).


- Enlace de Agoncillo, a la altura del p.k. 5+900 (p.k. 143,3 de la AP-68), donde se plantea únicamente la eliminación del área de peaje actual, así como la remodelación de la intersección existente en el enlace con la N-232.


- Enlace de Recajo, en el p.k. 10+700 (p.k. 138,2 de la AP-68).


- Enlace con la LR-250, en el p.k. 17+750 (p.k. 131,3 de la AP- 68), que permitirá además la conexión con el Hospital San Pedro y con el polígono Industrial La Portalada, así como con la zona este de Logroño a través del viario existente.


- Enlace de acceso a Logroño y Lardero/N-111, a la altura del p.k. 21+450, (p.k. 127,5 de la AP-68). El trazado actual de la N-111 en su cruce con la AP-68 se modifica para situar el nuevo enlace de acceso a Logroño y Lardero desde la
nueva A-68.


- Enlace A-12 Variante de Fuenmayor, en el p.k. 29+171, coincidiendo con la actual conexión entre la autovía A-12 y la L0-20, se plantea el enlace final del tramo conectando con la N- 232 en el inicio de la futura Variante de Fuenmayor.


Hay que resaltar que la futura variante sur de Logroño gracias a estos seis nuevos enlaces, no sólo va a beneficiar a la capital, sino también al cinturón metropolitano formado por municipios como Fuenmayor, Navarrete, Lardero, Villamediana
de lregua, Murillo, Arrubal y Agoncillo.


En el trámite de enmiendas a finales del año 2020, el Grupo Parlamentario del Partido Popular registró una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para incrementar en 15.000,00 (miles de euros) la partida correspondiente a
las obras de la variante sur de Logroño y así promover una mayor inversión y un recorte de plazos en la ejecución de la obra, pero fue rechazada.


En febrero de 2021, en ese momento, el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en su visita a la Comunidad Autónoma de La Rioja, anunció la liberación por completo de la AP-68 en el año 2026 y la finalización de
las obras de La Ronda Sur en septiembre del año 2023 tras 'comprobar en persona' el buen avance de las obras tal y como declaró ante los medios de comunicación.


Actualmente, en el segundo aniversario del inicio de la citada nueva infraestructura, la Delegación del Gobierno en La Rioja ha informado este mes de julio de 2021, que la ejecución de las obras sólo ha llegado al 14 %, cuestión muy
preocupante porque sólo restan dos años para llegar al fin de plazo que se estableció para finalizar los trabajos de la Ronda Sur de Logroño, comprometiendo de esta forma, el futuro de las infraestructuras viales de la Comunidad Autónoma de La
Rioja.



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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:


1. Redefinir el programa de Obras de la Ronda Sur de Logroño 'Autovía-A-68. Tramo: Arrubal-Navarrete' con el objetivo de acelerar los trabajos constructivos y poder finalizar en el tiempo establecido en el contrato de adjudicación de las
obras.


2. Incrementar las partidas presupuestarias correspondientes a la Ronda Sur de Logroño 'Autovía-A-68. Tramo: Arrubal-Navarrete' para acelerar las obras durante el año 2021.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2021.-Javier Merino Martínez, Andrés Lorite Lorite, Mario Garcés Sanagustín, Ana María Zurita Expósito y Elena Castillo López, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz Clavijo, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/003004


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la mejora de la seguridad vial en la N-642 en Foz en sus intersecciones con la LU-152 y la LU-162 para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


El acceso a Foz por la N-642 de los vehículos procedentes de Barreiros, en la intersección con la carretera competencia de la Xunta de Galiza LU-152 que comunica con O Valadouro y Alfoz presenta problemas en el tráfico rodado que necesitan
de una atención inmediata.


Debido al tiempo necesario para realizar el desvío es habitual que en ese cruce se produzcan retenciones en la N-642, con el consiguiente peligro de colisiones por alcance con los vehículos que deben parar en medio de la vía. Para
solucionar este problema es necesaria la construcción de una rotonda o glorieta que facilite la fluidez del tráfico y reduzca así el riesgo de accidentes. Debe tenerse en cuenta que esta actuación es imprescindible dado que la LU-152 será, en el
futuro el vial de acceso y salida de la futura A-74 desde el enlace del Carme.


Por otra parte, esta misma carretera N-642 divide la parroquia de Cangas de Foz en dos partes, dejando su zona dotacional separada de los núcleos de población más importantes de la parroquia. La única posibilidad de acceso de los vecinos y
vecinas de núcleos como los de Vilachá o Vilasindre entre otros, a esa zona donde se ubican las principales dotaciones públicas en la zona de Os Castros, es mediante el cruce de la carretera N-642 con la LU-162 que une Cangas de Foz y Ferreira do
Valadouro. Debe atravesarse continuamente estas vías para acceder a la iglesia parroquial, el cementerio, el campo de fútbol, el centro cívico o las pistas polideportivas, así como a la playa de Os Castros.


Este cruce es un punto particularmente sensible y peligroso para el tráfico rodado pero también para el paso de personas a pie, pues se trata de un lugar con problemas de visibilidad tanto para automovilistas como para viandantes, y con un
gran volumen de tráfico.


Por estos motivos es también necesaria y urgente acometer una actuación en este punto para facilitar el acceso de los viandantes que deben atravesar la N-642 y facilitar la incorporación sin peligro de los vehículos. Para ello podría
proyectarse la construcción de una rotonda que permita un acceso más fluido del tráfico y prever pasos seguros para los peatones.



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Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


Acometer los estudios y trámites necesarios para solucionar los problemas y peligros que generan para el tráfico rodado y para el tránsito de personas a pie las intersecciones de la N-642 con las carreteras LU-152 y LU-162, principalmente,
previendo la construcción de una rotonda o glorieta que facilite la fluidez del tráfico y reduzca el riesgo de accidentes en la intersección de la N-642 con la LU-152 donde se producen continuas retenciones y facilitando el acceso de automóviles y
peatones desde los núcleos de población de la parroquia de Cangas hasta las dotaciones y servicios que se encuentran en el otro lado de la vía.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2021.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.


161/003007


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la autovía A-74 de A Mariña, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


El 7 de abril de 2004 la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, ahora Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dictó la Resolución por la que se autorizaba la Orden de Estudio del 'Estudio informativo: Nueva
conexión entre San Cibrao y Barreiros', han pasado ya 16 años y la comarca de A Mariña sigue esperando por esta necesaria infraestructura.


En julio de 2005 se aprobó el Plan Estratégico de Infraestructuras y se modificó la Orden de Estudio Original pasando a plantearse la ejecución de esta futura infraestructura con características de autovía, por lo que se cambió la
denominación a 'Autovía de conexión entre San Cibrao y Barreiros'.


Hubo que esperar hasta el 25 de noviembre de 2011 para que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino formulara la Declaración de Impacto Ambiental, la cual fue publicada en el BOE de 13 de diciembre de ese mismo año. Y un año
después, en diciembre de 2012, se aprobó por la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda el expediente de información pública y el Estudio definitivo para esta autovía de 33,5 km y 5 enlaces. Finalmente en 2015 se inicia la
redacción del proyecto bajo la denominación 'Autovía A-74, de A Mariña. Tramo: Foz-Barreiros'.


Los 33,5 km de autovía se han dividido en tres tramos: Barreiros-Foz, Foz-Burela, y Burela-San Cibrao. El primer tramo, Barreiros-Foz fue sometido al trámite de información pública en diciembre de 2018, cuando se dicta Informe de
Seguimiento del Área de Planeamiento para la aprobación provisional del Proyecto de trazado para la realización de esta variante de la N-642 entre Foz y hasta la conexión con la A-8 incluyendo además el nuevo enlace de O Carme. Así, los trámites
más avanzados incluyen este tramo de 11,15 km junto al enlace de Foz para conectar con la N-542, el semienlace de O Carme de conexión con la LU-152 y el enlace de Espiñeira para conectar con la N-634. El presupuesto que se estimaba en aquel momento
para destinar a las expropiaciones es de más de 12 millones de euros, y se fija el Presupuesto Base de Licitación de casi 242 millones (IVA incluido).


Cuando se complete la autovía A-74 se dará continuidad a la A-8 a lo largo de 33,5 km entre Barreiros y San Cibrao (Puerto de Interés General del Estado) y servirá como vía alternativa en ese tramo a la N-642, carretera con una Intensidad
Media Diaria (IMD) superior a 11.000 vehículos diarios, con incrementos de tráfico significativos en la época estival, en la que alcanza los 15.000 vehículos diarios.


Además de mejorar los índices de accesibilidad, capacidad y seguridad vial, esta vía de comunicación potenciaría la economía de toda la comarca de A Mariña, de la provincia de Lugo y de Galiza en general,



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gracias a la óptima conexión de villas y enclaves referentes en el campo económico y de los servicios públicos, como son, entre otros, los puertos de San Cibrao, Burela, Celeiro y Ribadeo, el Hospital de A Mariña ubicado en Burela, y la
factoría de aluminio en San Cibrao.


Esta autovía A-74 conectando en San Cibrao con la Vía de Altas Prestaciones San Cibrao-Ferrol de la Xunta de Galiza, actualmente con solo dos tramos ejecutados (15 km de 80 Km previstos) comunicaría también las comarcas de A Mariña, Ortegal,
Ferrolterra y la ciudad de Ferrol, que quedaron desconectadas de la A-8, la llamada autovía del Cantábrico, cuando esta fue desviada a Vilalba desde Barreiros hace ya dos décadas.


A pesar de que el presupuesto estimado ronda los 242 millones de euros, en los Presupuestos Generales del Estado, no se consignaba partida suficiente para afrontar las obras de construcción, limitándose a contemplar una cantidad simbólica de
100 mil euros para cada uno de los tres tramos en que se divide el tramo Barreiros-Foz, cantidades a todas luces insuficientes para dar un verdadero impulso a la ejecución de esta necesaria infraestructura que, en su día, el Gobierno del Estado
prometió tener finalizada en el 2021.


Han transcurrido ya 17 años de trámites y burocracias administrativas pero es necesario un verdadero compromiso político y económico para llevar a cabo la construcción de esta necesaria vía de comunicación para la comarca de A Mariña.


Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


Impulsar la tramitación necesaria para iniciar la construcción de la A-74 en A Mariña a la mayor brevedad, consignando una partida presupuestaria suficiente para acometer las obras y licitando el proyecto lo antes posible para dotar a la
comarca de esta necesaria vía de comunicación para conectar poblaciones y enclaves de referencia en el campo económico y de los servicios públicos, como son, entre otros, los puertos de San Cibrao, Burela, Celeiro y Ribadeo, el Hospital de A Mariña
ubicado en Burela, y la factoría de aluminio en San Cibrao.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2021.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.


161/003008


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la gratuidad del tramo Vigo-Redondela de la AP-9 ,para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


Con el objetivo de poner fin al abuso y discriminación con Galiza que suponen los elevados peajes de la AP-9 y sin renunciar al objetivo de una AP-9 pública, gallega y sin peajes, el BNG incorporó al Acuerdo de Investidura firmado con el
Partido Socialista en enero de 2020 medidas para paliar el impacto negativo de las tarifas. En concreto, como mínimo la bonificación de 100 % para usuarios recurrentes, tanto particulares como profesionales, todos los días de la semana; la
gratuidad del tramo Vigo-Redondela y la eliminación del incremento de 1 % de las tarifas acumulativo durante 20 años, contemplado en los Reales Decretos 1733/2011 y 104/2013.


Finalmente, aunque con retraso respecto del compromiso inicial, estas rebajas han sido aprobadas en el Consejo de Ministros celebrado ayer martes 27 de julio de 2021 y salen publicadas en el Boletín Oficial del Estado mediante Real Decreto
681/2021, de 27 de julio, por el que se modifican ciertos términos de la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la Autopista del Atlántico AP-9.



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Entre los términos aprobados se contempla dentro del apartado 2.A) sobre las bonificaciones aplicables a los vehículos ligeros lo siguiente:


iv. Gratuidad en el acceso desde Redondela: Bonificación del 100 por ciento del importe del peaje en los recorridos internos en el tramo Redondela-Vigo (por origen/destino Rande-Vigo), que realicen recorridos de ida y vuelta (mismo origen
y destino y sentidos contrarios) en el plazo máximo de 24 horas entre ellos, en días laborables y festivos.


Esta previsión no resulta adecuada pues, por un lado no supone la liberalización del tramo, tal y como vienen reclamando los colectivos y asociaciones de vecinos y vecinas y, además, exigirá para su aplicación que los usuarios y usarías
deban disponer de un dispositivo de telepeaje. Este tipo de aparatos son suministrados por las entidades bancarias y suponen un coste anual por su utilización, algo que resulta a todas luces innecesario e injusto en el caso del tramo
Redondela-Vigo, en el que, al igual que el resto de áreas metropolitanas, se debe establecer la gratuidad para todas las personas usuarias, levantando las barreras del tramo.


Sin embargo, en lugar de reordenar las cabinas de cobro para garantizar la gratuidad, se obligará a las personas residentes en Vigo o Redondela que se desplazan diariamente por motivos laborales o de estudio a instalar un telepeaje en su
vehículo y pagar las correspondientes comisiones para ello. Pero los vecinos y vecinas que se desplazan más esporádicamente o que no puedan contratar con su entidad la instalación de este dispositivo se verán obligados a pagar igualmente el peaje.
Tampoco podrán verse beneficiados aquellos que, aun teniendo telepeaje realicen los trayectos de ida y vuelta con un periodo de tiempo superior a las 24 horas, lo que también es, a todas luces, injusto.


El propio Real Decreto hace referencia al caso de Redondela y reconoce que las personas que residen en esta zona han tenido y tendrán que seguir soportando los efectos de contaminación ambiental y acústica por el paso de la AP-9 al lado de
sus viviendas. También deja constancia de que existe una fuerte demanda social para la gratuidad del peaje en sus recorridos hasta Vigo. Máxime cuando quien accede ahora a la AP-9 hasta dicha ciudad desde el Morrazo sí se beneficia de la
aplicación de esta medida, incluso siendo mayor la longitud de este último recorrido, pero aun así, no opta por establecer una medida semejante, es decir, la gratuidad, sino que se limita a 'reconocerla en determinadas condiciones'.


Alegan para ello que la gratuidad del tramo Redondela-Vigo, la apertura del centro comercial Vialia y la puesta en servicio de la nueva estación intermodal, como nuevos centros de generación de tráfico, incrementarán la intensidad de tráfico
en el acceso a Vigo desde la autopista AP-9V, y que la gratuidad en el peaje de Redondela, junto con la puesta en servicio de los centros de generación de tráfico precitados, incrementarán el número de horas al año en que se producen las
retenciones. Sin embargo, este argumento no se sostiene, pues los atascos o embotellamientos son precisamente mayores por el mantenimiento de las barreras del peaje, que obligan a parar o, en caso de tener telepeaje, a reducir la marcha, pero sí
que podría verse aliviado si no existieran cabinas que retuvieran el tráfico.


Por todo ello y, recogiendo las demandas de los colectivos vecinales, el BNG reclama que se revise el Real Decreto, se corrija esta previsión y se establezca la gratuidad del tramo entre Vigo y Redondela.


Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


Rectificar el Real Decreto 681/2021, de 27 de julio, por el que se modifican ciertos términos de la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la Autopista del Atlántico AP-9, para liberalizar el peaje del
tramo Vigo-Redondela para todos los usuarios y usuarias sin necesidad de utilizar dispositivos de telepeaje y con independencia del tiempo transcurrido entre el viaje de ida y vuelta.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2021.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.



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161/003026


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que los jóvenes puedan tener una vivienda digna, para su
debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


Una precondición necesaria para el desarrollo de un plan de vida autónomo es el disponer de una vivienda digna. Tener un hogar en condiciones es básico para el ejercicio de múltiples derechos, como el de la intimidad, el desarrollo de un
proyecto vital y una zona de protección de la esfera privada de los ciudadanos. Desafortunadamente, muchas personas carecen de la posibilidad de disponer de una vivienda digna, algo especialmente agravado en el caso de los jóvenes.


Los datos dicen que solo un 7 % de los nacidos en 1988 poseían una vivienda a los 29, frente a un 26 % de los nacidos en 1976. En la misma línea, el Observatorio Social de la Caixa señalaba que el porcentaje de personas menores de 29 años
que tenían un piso en propiedad en 2008 era del 54 %, con el consiguiente descenso a partir de la crisis económica. Un 55 % de los jóvenes entre 25 y 29 años seguían viviendo con sus padres en el año 2020, y con tendencia ascendente, mientras que,
entre aquellos situados entre los 30 y 34 años, un 25,6 % también seguían viviendo con sus progenitores.


Con un desempleo juvenil de casi un 40 % y el elevado precio del alquiler en algunas de las principales ciudades del país, conseguir desarrollar planes de vida tan básicos como independizarse, encontrar un trabajo estable o formar una
familia se han convertido en actos tremendamente difíciles para nuestros jóvenes. No podemos permanecer ajenos a esta situación.


El objetivo de esta proposición es doble: por una parte, conseguir que más jóvenes puedan acceder a vivienda en propiedad, rompiendo la tendencia de trasvase de propiedad a alquiler, con un 12 % más de personas optando por el segundo en los
últimos tres años. Por la otra, que aquellos que opten por alquiler puedan hacerlo en condiciones más asequibles, algo especialmente importante para las generaciones que más han sufrido los efectos de las dos crisis que han sacudido al país en la
última década, y que tienen mayores dificultades para entrar en el mercado laboral y acceder a un empleo estable.


Para lograr estos dos objetivos debe atenderse a la mejor evidencia disponible, evaluando políticas realizadas en otros lugares para entender cuáles son las mejores propuestas posibles. Hay un consenso amplio respecto a la ineficacia de los
controles o regulaciones de precios, que no consiguen atajar ninguno de los problemas. Por el contrario, una mayor oferta de vivienda hace que más gente tenga acceso a la misma. A su vez, políticas de fomento de alquiler asequible, y no una
regulación de precios de todos los alquileres, se han probado más eficaces a nivel comparado.


Por ello, y siguiendo modelos que ya hemos presentado en Comunidades como Aragón, nosotros proponemos un Plan de Alquiler Asequible, que amplíe el número de viviendas en este régimen del 3 %, aproximadamente, en el que ahora se encuentra
hasta números más cercanos a la media europea (15 %), para aliviar la presión económica sobre familias vulnerables y jóvenes, especialmente, que quieran acceder a una vivienda en alquiler.


De la misma manera queremos que el Estado pueda otorgar préstamos sin interés a jóvenes para que puedan cubrir el 20 % del coste de su vivienda en propiedad, fomentando la adquisición de vivienda y ayudando a que pueda realizarse, dadas las
condiciones de dificultad o imposibilidad de ahorro para muchos jóvenes en nuestro país.


Sin embargo, ha de recordarse que, desgraciadamente, estas medidas, por sí solas, no paliarán la situación de los jóvenes en España. Seguimos siendo un país que pone muchas dificultades a las nuevas generaciones, así como a las futuras, a
todos los niveles. Es necesario que todos los actores políticos trabajemos unidos para construir un presente y un futuro mejor, en el cual encontrar trabajo, adquirir una vivienda y formar una familia no sea una quimera para demasiadas personas.



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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar un Plan para el Alquiler Asequible, con el fin de multiplicar por 5 el número de viviendas en este régimen, pasando del 3 % actual a aproximadamente el 15 %, en línea con los países de nuestro entorno.


2. Crear, en colaboración con las comunidades autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Vivienda, un mapa interactivo de Viviendas de Protección Oficial destinadas a venta o alquiler social en España.


3. Introducir un sistema público de préstamos con interés 0 % para la compra de vivienda por jóvenes menores de 35 años que cubra hasta un 20 % del valor del inmueble.


4. Acordar con todos los actores políticos una acción coordinada para lidiar con los problemas de la juventud española, impulsando un Pacto por el Futuro.


5. Tomar medidas para aumentar la oferta de vivienda en las zonas con mayor demanda, evitando medidas basadas en el control y regulación de precios por su falta de seguridad jurídica y los efectos contraproducentes en la facilidad de acceso
a la vivienda.


6. Instar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal a evaluar el impacto de los gastos deducibles y reducciones previstos en el artículo 23 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de agosto de 2021.-Juan Ignacio López-Bas Valero, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comisión de Educación y Formación Profesional


161/002996


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de
Educación y Formación Profesional, relativa al reconocimiento y creación de la Especialidad Docente del Profesorado de Lengua Asturiana y Literatura.


Exposición de motivos


La enseñanza de lengua asturiana comenzó en el año 1984, cuando varias escuelas empezaron a ofrecerlo como materia optativa dentro del horario escolar dos o tres horas a la semana en los ciclos medio y superior de la enseñanza básica (desde
los ocho hasta los catorce años). En los cursos siguientes se fue extendiendo a más centros hasta alcanzar a prácticamente todos los colegios públicos de Educación Primaria de Asturias. Las cifras de aceptación siempre fueron muy altas, pero la
voluntariedad en el aprendizaje de la que habla el artículo cuarto del Estatuto de Autonomía quedó asimilada de forma muy pequeña por la Administración, ya que hasta 1997 eran los Consejos Escolares los que decidían si la escuela ofertaba o no la
asignatura, con lo que fueron muchos los casos entre el alumnado que no pudieron matricularse en clase de asturiano pese a haberlo solicitado.


Actualmente, los niños y niñas que cursan Educación Primaria estudian el asturiano -o el gallego-asturiano, en su zona de influencia- de forma voluntaria en los centros escolares sostenidos con fondos públicos; es decir, el alumnado puede
escoger entre la asignatura de lengua asturiana o una alternativa (en este caso cultura asturiana). Mientras, en las etapas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato solo es posible estudiarla de forma optativa en los institutos: el
asturiano o, en su caso, el



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gallego-asturiano compiten con otras diversas opciones que se ofertan y entre las cuales el alumnado solo puede elegir una.


En Educación Primaria, la asignatura de Llingua Asturiana y Lliteratura y la de Gallego-Asturianu se han ofertado en el curso 2020/21 en un total de 227 colegios (98,7 %) de enseñanza pública y en 42 centros (84 %) de la red concertada, lo
que se traduce en un número total de 17.464 alumnos y alumnas que las cursan. En el caso del asturiano en los centros públicos, hasta el 60,74 % del alumnado estuvo matriculado en el curso 2020/21. La asignatura de Primaria está regulada en el
Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación Primaria en el Principado de Asturias.


En ESO y Bachillerato se ha ofertado la lengua asturiana o el gallego-asturiano en un total de 79 centros públicos (92,9 %) y 25 privados (49 %), con una cifra total de 4.539 alumnos. La enseñanza de la asignatura en dichas etapas viene
recogida en el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias y en el Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la
ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias.


En cuanto al profesorado, en total este curso han sido 278 los profesores de asturiano y gallego-asturiano que estuvieron en el aula sin tener reconocida la especialidad de la asignatura que imparten. La precariedad que esto supone se ve
traducida en la práctica total interinidad del profesorado y en la alta proporción de plazas a media jornada: hasta un 71 % de las 278.


Para poder ser docente de lengua asturiana en la actualidad, las personas cualificadas han de darse de alta en el Registro General de Capacitación en bable/asturiano y en gallego-asturiano, que es un catálogo en el que se inscribe al
profesorado que, de acuerdo a las condiciones y requisitos regulados en el Decreto 39/2001 de 5 de abril (BOPA de 18 de abril) y la Resolución de 26 de abril de 2001 modificada por la Resolución de 7 de julio de 2010 y la Resolución de 12 de
diciembre de 2011 que pide voluntariamente y con carácter gratuito su incorporación al mismo.


La demanda de reconocimiento y creación de la Especialidad Docente del Profesorado de Lengua Asturiana y Literatura al Ministerio de Educación por parte de la sociedad asturiana en general y, en particular, por diferentes instituciones como
la Junta General del Principado de Asturias y la Consejería de Educación del Principado de Asturias viene siendo una constante desde el año 2005. En octubre de 2014 y enero de 2015 se repite la petición presentando propuestas de cambio al Proyecto
de Real Decreto de Especialidades.


El 3 de febrero de 2015, el Consejo Escolar del Estado emitió un dictamen solicitando el reconocimiento de la Especialidad Docente del Profesorado de Lengua Asturiana y Literatura, y el 23 de diciembre del mismo año, en junta celebrada en el
Ministerio, se formó un grupo de trabajo con el objetivo encontrar la vía para dar respuesta a esta solicitud.


En noviembre de 2016, el consejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias solicitó retomar negociaciones ya iniciadas para el reconocimiento y creación de la Especialidad Docente del Profesorado de Lengua Asturiana y Literatura.
Los Servicios Jurídicos del Principado de Asturias han constatado que no tiene capacidad legal ni título habilitante para dictar el Decreto de la Especialidad Docente del Profesorado de Lengua Asturiana y Literatura, por lo que la única vía posible
para creación de la Especialidad pasaría por el cambio de los Reales Decretos de Especialidad.


En marzo de 2007, la Consejería de Educación de Asturias presentó nuevamente el dossier elaborado por la Consejería de Educación y Cultura, en el que se recoge de forma razonada la necesidad de reconocimiento y creación de la Especialidad
Docente del Profesorado de Lengua Asturiana y Literatura, mediante la propuesta de cambio de los Reales Decretos de Especialidades.


La Universidad de Oviedo es la institución que, desde hace décadas, se ha encargado de poner en marcha las titulaciones necesarias relacionadas con la formación del profesorado para impartir la asignatura de lengua asturiana en el sistema de
enseñanza en el Principado de Asturias, con plena normalidad y en las mismas condiciones legales y académicas que cuentan el resto de materias. Destacan el grado en Maestro en Educación Primaria con mención en Lengua Asturiana, los minor de
asturiano dentro de los grados en Estudios Clásicos y Románicos, en Estudios Ingleses, en Lengua Española y sus Literaturas y en Lenguas Modernas que garantizan el acceso al Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y Formación Profesional en la especialidad de Asturiano y, por último, el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la especialidad de asturiano.



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La demanda del reconocimiento y creación de la especialidad docente del profesorado de Lengua Asturiana y Literatura se ampara en abundante legislación. En primer lugar, la Constitución Española de 1978 señala en su artículo 3.3 que 'la
riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección'. Por su parte, la Carta Europea de Lenguas Minoritarias y Regionales de 1992, ratificada por España, en el
artículo 7.1/f) obliga a los Estados signatarios a cuya política, legislación y práctica tengan, entre sus objetivos, 'la provisión de formas y medios adecuados para la enseñanza y el estudio de las lenguas regionales o minoritarias en todos los
niveles'.


Por su parte, el Estatuto del Principado de Asturias, de 30 de diciembre de 1981, señala en su artículo 4 que el bable gozará de protección y se promoverá su utilización, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza. La Ley
1/1998, de 23 de marzo, de uso y promoción del bable/asturiano, establece que el Principado de Asturias asegurará la enseñanza del bable/asturiano y promoverá su uso dentro del sistema educativo, en todos los niveles y grados, siendo impartido
dentro del horario escolar y como materia integrante del currículo (arts. 9-11).


Por último, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación apunta en su disposición adicional trigésima octava, apartado 5, que 'Aquellas Comunidades Autónomas en las que existan lenguas cooficiales que no tienen ese carácter en todo su
territorio o lenguas no oficiales que gocen de protección legal podrán ofrecerlas en los términos que determine su normativa reguladora'.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, y el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, para que se reconozcan en Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, el
Bachillerato, la Formación Profesional y las Enseñanzas de Régimen Especial, las especialidades docentes de las lenguas propias de aquellas comunidades que, aunque no tengan reconocidas dichas lenguas como oficiales, dispongan de protección legal y
manifiesten su voluntad de desarrollarlas.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2021.-Sofía Fernández Castañón y Joan Mena Arca, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D. Rodrigo Jiménez Revuelta, D.ª Inés María Cañizares Pacheco, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Rubén Silvano Manso Olivar, D. Pablo Sáez Alonso Muñumer, D.ª Georgina Trías Gil, D. Joaquín Robles López y
D.ª Mireia Borrás Pabón, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición
no de Ley relativa a la generación de acciones que mejoren la educación económico-financiera y fiscal en España, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.


Exposición de motivos


Primero. En julio de 2005, el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aprobó una recomendación sobre 'los Principios y Buenas Prácticas de Educación y Concienciación Financiera' 13. Entre estos
Principios y Buenas Prácticas destacaba el siguiente: 'la educación financiera debe comenzar en la escuela, las personas deben ser educadas sobre cuestiones financieras lo antes posible en sus vidas', y 'se debe considerar el hacer que la educación
financiera sea una parte de los programas estatales de asistencia social'.


13 https://www.oecd.org/finance/financial-education/35108560.pdf



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Dos años más tarde, comenzaron los síntomas de lo que sería la gran depresión de finales de la primera década del siglo.


Esta crisis tuvo en España un efecto devastador sobre la actividad productiva y financiera por la posición excesivamente endeudada de los sectores institucionales y el sobredimensionamiento del sector inmobiliario, en el que se había
generado una burbuja en precios y expectativas. Por un lado, las ejecuciones hipotecarias acaecidas en esos años, y que afectaron a un buen número de familias, junto a la emisión de productor financieros, como las 'preferentes', por determinadas
entidades financieras para intentar salvar sus balances, aun sabiendo su nefasta situación financiera, puso de manifiesto la falta de formación financiera que tenía buena parte de la población en nuestro país. De esta manera, se evidenció la
vulnerabilidad por la que las familias toman riesgos que las hacen más proclives a un endeudamiento excesivo o mal entendido, sin tener en cuenta los riesgos que se asumen con determinadas operaciones financieras.


Por todo lo anterior, en el año 2008, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), comenzaron a elaborar una estrategia nacional de este tipo de formación, con el Plan de Educación Financiera 2008-2012 14. Este
Plan recogía el compromiso de impulsar actuaciones con el objetivo de contribuir a que los ciudadanos adoptasen decisiones financieras ajustadas a sus características personales y familiares, necesidades y expectativas y asumieran una mejor gestión
de los riesgos. Posteriormente, en el año 2013, renovaron este compromiso, dando continuidad al programa que había de servir como orientación al Gobierno para el impulso de acciones que revirtieran en una mejor educación financiera.


En el año 2017, ambas instituciones elaboraron el Plan de Educación Financiera 2018-2021 15, el último hasta la fecha, que tenía como objetivo el fomento de la educación financiera en los centros de enseñanza de acuerdo con las
recomendaciones de la OCDE. En la presentación del Plan, tanto el gobernador del Banco de España como el presidente de la CNMV de aquel momento consideraron el plan una pieza más de una estrategia a largo plazo:


'Somos conscientes de que abordamos una difícil labor cuyos resultados únicamente se podrán valorar observando la forma de actuar de las generaciones actuales y futuras, como usuarios de servicios financieros. Pero a pesar de la dificultad
del trabajo emprendido, queremos mostrar nuestra voluntad más sincera de continuar en este camino y seguir desarrollando la estrategia nacional de educación financiera que iniciamos hace años. Esta estrategia resultará exitosa cuando realmente
consiga cambiar hábitos en los ciudadanos, de modo que estos sean capaces de tomar decisiones financieras razonadas y adaptadas a sus circunstancias.'


Sin embargo, la totalidad de los programas que se han desarrollado en el marco de los citados planes, se realizan de manera voluntaria, siendo los colegios los encargados de adaptar el material didáctico y curricular a las necesidades del
alumnado. Además, tal y como se recomienda por parte de ambos organismos, los contenidos se deben tratar de manera transversal, integrados en otras áreas de conocimiento como las matemáticas y las ciencias sociales.


'Cada centro puede impartir los contenidos de la forma que mejor se ajuste a su programación. No obstante, se recomienda que los contenidos se traten de manera transversal, integrados en otras áreas de conocimiento como las Matemáticas,
Ciencias Sociales (Geografía, Historia), etc. Dado que la competencia financiera es una competencia transversal, la impartición del Programa supone desarrollar múltiples competencias.'


En virtud del Real Decreto 126/2014 16, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de enseñanzas mínimas de Educación Primaria y del Real Decreto 1105/2014 17, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y Bachillerato (en adelante, RD 1105/2014), se vienen integrando en el marco jurídico español los contenidos de educación financiera a desarrollar de manera transversal en las diferentes etapas
educativas.


14 https://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/PlanEducacion/PlanEducacion.pdf


15 https://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/PlanEducacion/PlanEducacion18_21.pdf


16 https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-2222-consolidado.pdf


17 https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf



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Actualmente, los contenidos mínimos de educación financiera en Educación Primaria y Secundaria quedan, en opinión de este Grupo Parlamentario, limitados en cuanto a contenido, quedando definidos de la siguiente manera:


Educación Primaria:


- 'Describir el funcionamiento de la publicidad y sus técnicas, distinguiendo publicidad educativa y publicidad consumista.


- Tomar conciencia del valor del dinero y sus usos mediante un consumo responsable y el sentido del ahorro.'


Educación Secundaria:


- 'Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de ingresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación.


- Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal relacionando estas con el bienestar propio y social.


- Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio para alcanzar diferentes objetivos.


- Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar los diferentes tipos de cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago valorando la oportunidad de su uso con garantías y responsabilidad.


- Conocer el concepto de seguro y su finalidad.'


Cabe destacar que el grado de opcionalidad que se le da a la asignatura de Economía en el 4° curso de la ESO deja fuera de este contenido básico a los alumnos que se decantan por otras opciones en dicha etapa. Además, con base en el Real
Decreto 1105/2014, cada Comunidad Autónoma puede desarrollar, ampliar o matizar los contenidos mínimos que recoge dicho Real Decreto. De esta forma, queda patente que los contenidos mínimos de educación financiera no están presentes de forma
homogénea en la totalidad del territorio español.


Recientemente, se ha aprobado la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), que comenzará a implantarse en el curso 2022-2023. Se trata, por tanto, de una
ocasión idónea para fomentar la aplicación de los principios fundamentales que han venido desarrollando el Banco de España y la CNMV en el marco de los diferentes Planes de Educación Financiera.


Segundo. Según el Informe Europeo de Pagos de Consumidores de lntrum 18, el 35 % de los españoles reconocen no contar con las nociones básicas necesarias para gestionar su patrimonio y buscar una alta rentabilidad de su dinero. De hecho,
una de las conclusiones del citado informe asegura que cuatro de cada diez españoles reconocen la necesidad de mejorar su cultura financiera y prepararse correctamente para los desafíos que pueda traer la COVID-19.


Por otro lado, la Encuesta de Competencias Financieras, elaborada por el Banco de España y la CNMV, en el último trimestre del 2016 19, midió el conocimiento y comprensión de los conceptos financieros de la población española entre los 18 y
los 79 años. Las principales conclusiones del citado estudio indican que el 58 % de los entrevistados conoce bien el significado de la inflación y sus implicaciones económicas, mientras que tan solo el 46 % de los mismos conoce el alcance del tipo
de interés compuesto en los productos financieros, y el 49 % de los sondeados conoce la importancia de la diversificación a la hora de reducir el riesgo de una inversión.


18 https://www.intrum.es/soluciones-empresariales/informes-y-publicaciones/informes-intrum/informe­ europeo-de-pagos-de-consumidores-2020/


19 https://www.bde.es/f/webbde/SES/estadis/otras estadis/2016/ECF2016.pdf El BDE y CNMV hicieron una Encuesta de Competencias Financieras correspondiente al ejercicio 2016 sin que se haya elaborado alguna actualización. Asimismo, la
muestra poblacional no incluía a menores de 18 años en el estudio.



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Gráfico 1. Respuestas a preguntas sobre conocimientos financieros


[**********página con cuadro**********]


Asimismo, dicha encuesta arrojó que el 46 % de los encuestados percibe que sus conocimientos eran 'bajos' o 'muy bajos', mientras que otro 46 % dijo que eran 'medios' y sólo el 8 % declara tener conocimientos financieros 'altos' o 'muy
altos'. Quienes declararon que sus conocimientos financieros eran muy bajos, respondieron correctamente de media 1,1 de las 3 preguntas consideradas, mientras que quienes manifestaron tener conocimientos altos o muy altos respondieron correctamente
2,1 preguntas.


Además, en los últimos años han proliferado las 'fintech' (nuevas aplicaciones, procesos, productos o modelos de negocios en la industria de los servicios financieros), generando unos nuevos desafíos que precisan de una formación acorde con
el mundo digital en el que estamos inmersos. Por lo tanto, es necesario fortalecer la alfabetización financiera digital, que genere un ecosistema favorable para el conocimiento general de las nuevas oportunidades de negocio.


En este sentido, cabe destacar que la OCDE estableció ya en el año 2005 20 la necesidad de desarrollar códigos de conducta para la realización de iniciativas de educación financiera. Estos códigos necesitaron, sin embargo, una adaptación en
octubre de 2020 21, debido a que 'el sector financiero es más complejo en la fecha actual que a comienzos de siglo' y que 'el elemento digital ha introducido nuevos retos y factores de riesgo'.


Además, en esta línea, otras instituciones internacionales como la Comisión Europea 22 recomendaron a sus miembros el impulso de programas de formación financiera dirigidos a toda la población o a segmentos específicos de la misma.


En definitiva, es evidente que una adecuada educación financiera se hace imprescindible para que seamos capaces de saber evaluar los riesgos y beneficios cuando se establecen relaciones con el sistema financiero. Por ello, desde los
organismos públicos y privados se debe impulsar una colaboración que redunde en un beneficio educativo para la población en general.


Tercero. Por otro lado, la educación financiera, no solo debe centrarse en los tipos de activos, pasivos y operaciones financieras existentes, sino que debe incluir un conocimiento de las relaciones financieras del ciudadano con las
administraciones públicas a través de los diferentes tipos de impuestos y tributos, y de los gastos que realizan estas para cubrir las verdaderas necesidades de la población, con el objetivo de que los más jóvenes puedan comprender adecuadamente el
sistema fiscal español.


En las sociedades desarrolladas, los menores realizan compras al igual que los adultos, lo que genera ingresos tributarios, en este caso por el lado del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). En sentido inverso,


20 https://www.oecd.org/finance/financial-education/35108560.pdf


21 https://www.edufinet.com/images/EdufiAcademics/ensayos/ensayos-14-2020.pdf


22 https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ge-01-17-075-es-n.pdf



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el sector público destina los recursos obtenidos de los tributos en las personas menores de edad en periodo de formación, especialmente teniendo en cuenta la titularidad pública de buena parte de la enseñanza y la sanidad de nuestro país.


Por ello, parece razonable pensar que los estudiantes adquieran una serie de conocimientos y competencias en habilidades fiscales que les permitan conocer a fondo los ingresos y gastos públicos a modo de preparación para la vida adulta,
cuando adquieran obligaciones fiscales.


Es de importancia básica que los jóvenes conozcan la estructura de su primera nómina cuando se incorporen al mercado laboral o cuando decidan emprender un negocio y deban contratar. Saber que la retribución bruta se reduce sustancialmente
en conceptos como la retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o las contribuciones sociales, es capital para que la población conozca desde el principio, y pueda valorar, la estructura impositiva del impuesto y la
solidaridad intergeneracional del sistema de pensiones. Lo mismo sucede si el alumno decide orientar su carrera profesional por cuenta propia. Una de las consecuencias de la falta de formación básica del sistema fiscal es que una gran parte de la
población, por desconocimiento o miedo a equivocarse, dejan en manos de terceros la preparación y presentación de la declaración del (IRPF), de periodicidad anual, pero con retención mensual. Así lo establece un estudio publicado por el INE y
elaborado a partir de la información fiscal de los contribuyentes españoles, del cual se desprende que estos dejan de aplicarse cada año cerca de 10.000 millones de euros en deducciones en el IRPF 23.


En este sentido, una encuesta elaborada por iAhorro en el año 2019 24 afirma que el 77,2 % de los contribuyentes ha recibido información suficiente acerca de las retenciones practicadas por su empresa durante el ejercicio fiscal para
presentar el IRPF. En definitiva, la gran mayoría se fía de los datos que encuentra en el borrador que le entrega Hacienda, y cuatro de cada 10 presenta la declaración personalmente, sin pedir ayuda a nadie. También es importante resaltar que los
encuestados indicaron también cómo o dónde, en su opinión, se debería aprender todo lo relacionado con la Renta. Para casi un tercio de ellos sería en la educación secundaria, mientras que el 28,2 % cree que debería ser la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria quien se debería encargar de lanzar planes informativos más completos sobre esta materia. El 21,9 % considera que esta formación podría ser impartida a sus trabajadores por las empresas. Por el contrario, el quinto
restante sostiene que cada ciudadano es responsable de su propia formación.


Cabe destacar que en la década de los 80 del pasado siglo XX, el Ministerio de Hacienda llevó a cabo algunas iniciativas para la educación fiscal de niños y adolescentes en edad escolar 25 Estas iniciativas, al no estar dentro del marco
educativo formal ni en un programa específico diseñado al efecto, tuvieron un carácter aislado y carecieron del adecuado soporte estructural e institucional que asegurara su continuidad. Posteriormente, se elaboró en el año 1996 el documento base
titulado 'La Educación Fiscal en el marco de la Educación Moral y Cívica' , en el que se definen las normas, valores y actitudes que, dentro de la educación moral y cívica, se refieren de forma clara a la educación fiscal; se establecen los puntos
de contacto con todas las asignaturas de las diversas áreas curriculares y se sugieren orientaciones didácticas. Las etapas educativas contempladas como destinatarias de las actuaciones eran la Educación Infantil, la Educación Primaria y la
Educación Secundaria Obligatoria.


Sin embargo, en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, no se hace referencia alguna a la educación fiscal en nuestro país, siendo este el instrumento jurídico por el que se rigen los currículos básicos de la Educación Primaria en
España. Por el contrario, en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, sí que se especifican como temarios a aplicar en las asignaturas de Economía (4° ESO) y Economía de la Empresa (1.º y 2.º de Bachillerato), los conceptos fiscales y el
sistema tributario español, aunque, como hemos comentado anteriormente se trata de asignaturas no obligatorias por lo que los menores que no se matriculen en las mismas, no obtienen conocimientos mínimos en el ámbito fiscal.


23 https://www.expansion.com/economia/2020/06/28/5ef892a7468aebd0768b45bb.html


24 https://elpais.com/economia/2019/04/22/actualidad/1555930560 527840.html


25 https://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/documentos_trabajo/2005_29.pdf



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Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para mejorar el conocimiento económico-financiero y fiscal de los estudiantes y, concretamente, las siguientes:


1. Promover la ampliación de los contenidos de los Planes de Educación Financiera elaborados e impulsados por el Banco de España y por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, incluyendo los aspectos relativos a los diferentes tributos
recaudados por los subsectores de las Administraciones Públicas, el sistema fiscal español, y la corresponsabilidad en forma de políticas de gastos que benefician a los españoles definiendo su demanda social, y la organización financiera del Estado.


2. Promover la incorporación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria como parte fundamental de los Planes de Educación Financiera.


3. Instar al Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores a elaborar una actualización del Plan de Educación Financiera, incluyendo a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con el objetivo de desarrollar las
pautas a seguir en las diferentes etapas educativas para alcanzar el objetivo de mejorar el conocimiento económico-financiero y fiscal de los estudiantes y de las generaciones futuras.


4. Promover, junto con el Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la incorporación de los conocimientos financieros y fiscales en las etapas educativas escolares.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2021.-Víctor González Coello de Portugal, Rubén Silvano Manso Olivar, Rodrigo Jiménez Revuelta, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Mireia Borrás Pabón, Georgina Trías Gil, Joaquín Robles López
Pacheco e Inés María Cañizares, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones


161/002977


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la cláusula de
salvaguardia en el cálculo de las pensiones prevista en la Ley 27/2011 para proteger a las personas trabajadoras expulsadas del mercado laboral entre 2009 y 2012, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.


Exposición de motivos


La reforma de las pensiones que llevó a cabo la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, y que entró en vigor el 1 de enero de 2013, contemplaba, entre otras muchas
cuestiones, el inicio del retraso de la edad legal de jubilación a los 67 años y la ampliación del periodo de cómputo para calcular la pensión de 15 a 25 años. Como en otras reformas de este tipo negociadas y pactadas en el marco del diálogo
social, esta ley contenía en su disposición final duodécima, ahora consolidada como transitoria cuarta del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS),
una fórmula que comúnmente se denomina cláusula de salvaguardia.


Las cláusulas de este tipo están previstas para garantizar la mejor protección social a las personas trabajadoras potencialmente afectadas por los cambios normativos. Se establecen para garantizar la aplicación de la norma previa a la
reforma a los trabajadores y las trabajadoras que han perdido su empleo o tienen comprometida su salida mediante determinadas vías con anterioridad a la entrada en vigor de las nuevas condiciones que se aprueban.



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Con ese mismo objetivo, la Ley 27/2011 incluye en su artículo 4 (disposición transitoria octava TRLGSS) la posibilidad de anticipar la ampliación del periodo de cálculo de la pensión hasta los últimos 20 o 25 años, según los casos, a pesar
del periodo transitorio originalmente previsto para su implantación, si ello supusiese el reconocimiento de una cuantía de pensión mayor para el trabajador o la trabajadora.


Esta cláusula de salvaguardia tenía como finalidad proteger a las personas expulsadas del mercado laboral entre 2009 y 2012, años en los que la crisis que comenzó con el estallido financiero de 2008 se manifestó con mayor dureza. Sin
embargo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) comenzó a aplicar un criterio restrictivo sobre dicha previsión que llevó a recortar las bases de cálculo de cientos de miles de pensiones. Este criterio, establecido de manera definitiva
en septiembre de 2014 y sobre el que los tribunales han ofrecido fallos discordantes, negaba la posibilidad de opción por la norma más beneficiosa para el trabajador o trabajadora, perjudicando económicamente a la mayoría del colectivo al obtener
una pensión significativamente menor.


Aunque es evidente el espíritu que inspiró al legislador con la cláusula de salvaguardia, que el preámbulo de la Ley 27/2011 definía conforme a los contenidos del Acuerdo social y económico, lo cierto es que ha generado problemas en su
desarrollo. A efectos prácticos, la aplicación de la norma llevaba a la administración de Seguridad Social a calcular las pensiones de jubilación de las personas afectadas necesariamente con aplicación de la normativa previa a la reforma calculando
las prestaciones con los últimos 15 años cotizados , aunque la aplicación de la reforma en su integridad considerando los últimos 20 o 25 años significase el reconocimiento de una cuantía final de la pensión más elevada.


Ésta situación ha provocado litigiosidad en un número nada desdeñable de casos que se han resuelto mayoritariamente por parte de los juzga dos de primera instancia a favor de las personas trabajadoras demandantes.


E n este sentido, la reforma producida en el Real Decreto Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo ya aborda, aunque sólo para un año,
el problema de fondo cuando formula el derecho de manera expresa, definiendo el carácter optativo que precisa un instrumento de esta naturaleza.


En todo caso, parece sensato resolver los procesos que actualmente se encuentran en litigo o cualesquiera otros que se produzcan en el futuro, sin tener que recurrir a la vía jurisdiccional para que se cumpla efectivamente el derecho a la
mejor protección social que inspiraba sin lugar a dudas la fórmula prevista en la Ley 27/2011, buscando proteger a aquellas personas trabajadoras que salieron del mercado laboral a edad avanzada sin haber podido retomar su carrera profesional y con
la consiguiente afectación directa en sus cotizaciones y prestaciones.


Por todo ello, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas oportunas para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS):


1. Emita un criterio administrativo reconociendo el carácter optativo por la norma más beneficiosa para la persona trabajadora en el cálculo de sus pensiones, conforme a la cláusula de salvaguardia prevista en la Ley 27/2011, resolviendo de
esta forma las reclamaciones que se hayan producido o vayan a producirse.


2. Dé instrucciones en ese mismo sentido para resolver los litigios en curso y garantizar así la mejor protección social a los trabajadores y las trabajadoras afectados que inspiraba la fórmula prevista en la Ley 27/2011.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2021.-Alberto Rodríguez Rodríguez, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.



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161/002979


A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, don Juan José Aizcorbe Torra, D.ª Rocío de Meer Méndez, D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás, D.ª María Teresa López Álvarez, D.ª Carla Toscano de Balbín y D. José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus respectivas
condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a exigir que las
organizaciones sindicales tengan la obligación de hacer pública toda la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria, para su discusión en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones.


Exposición de motivos


Primero. De los sindicatos de trabajadores.


La Constitución Española establece en su artículo 7 que 'los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el
ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos'. Asimismo, la Carta Magna, en su artículo 28, señala que 'todos tienen derecho a sindicarse
libremente' y que 'la libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las
mismas', sin que nadie quede obligado a ello.


El artículo 131.2, del Título VII de la Constitución Española -bajo la rúbrica 'Economía y Hacienda'- establece que 'el Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las
Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas'.


Como unidades de negociación, estas organizaciones participan en la elaboración y aprobación de los convenios colectivos. Así lo señala expresamente el artículo 81.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Estatuto de los Trabajadores), según el cual 'Las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, de carácter estatal o de comunidad autónoma podrán
establecer, mediante acuerdos interprofesionales, cláusulas sobre la estructura de la negociación colectiva, fijando, en su caso, las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre convenios de distinto ámbito'.


El Estatuto de los Trabajadores establece en el artículo 87 y 88 los requisitos de legitimación para negociar en los convenios de empresa y de ámbito inferior en representación de los trabajadores. Así, serán los sindicatos legitimados para
negociar en representación de los trabajadores aquellos 'que tengan la consideración de más representativos a nivel estatal, así como, en sus respectivos ámbitos, las organizaciones sindicales afiliadas, federadas o confederadas a los mismos, los
sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel de comunidad autónoma respecto de los convenios que no trasciendan de dicho ámbito territorial, así como, en sus respectivos ámbitos, las organizaciones sindicales afiliadas,
federadas o confederadas a los mismos y los sindicatos que cuenten con un mínimo del diez por ciento de los miembros de los comités de empresa o delegados de personal en el ámbito geográfico y funcional al que se refiera el convenio'.


Asimismo, el artículo 88 establece que 'la comisión negociadora quedará válidamente constituida cuando los sindicatos, federaciones o confederaciones y las asociaciones empresariales a que se refiere el artículo anterior representen como
mínimo, respectivamente, a la mayoría absoluta de los miembros de los comités de empresa y delegados de personal, en su caso, y a empresarios que ocupen a la mayoría de los trabajadores afectados por el convenio'.


Segundo. De los fondos públicos destinados a las asociaciones sindicales y empresariales.


La norma en la que se encuentran reguladas las subvenciones a organizaciones sindicales es la Orden TAS/1303/2007 26, de 26 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión


26 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21614



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de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad por la realización de actividades de carácter sindical (Orden).


Asimismo, se aprobó el Real Decreto 429/2013, de 14 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las compensaciones económicas a los árbitros designados por la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos en relación
con la inaplicación de las condiciones de trabajo de los convenios colectivos, que tiene por objeto compensar económicamente a los árbitros designados por la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos por sus actuaciones en los
procedimientos arbitrales regulados en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre.


Por otro lado, según la vigente Ley 4/1986, de 8 de enero, de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado se ceden en uso a las organizaciones sindicales y empresariales, para que puedan desarrollar sus funciones, el denominado
Patrimonio Sindical Acumulado, que está integrado por inmuebles, cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado.


Lo señalado anteriormente tiene su reflejo en los presupuestos generales del Estado aprobados cada año. La aplicación presupuestaria 19.01.281M.48000 (Compensación económica por participación de centrales sindicales y organizaciones
empresariales en los órganos consultivos) y 19.01.281M.48900 (A las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad, según los resultados globales obtenidos en elecciones sindicales legalmente convocadas, por la realización de
actividades de carácter sindical) fueron dotados con 16.583,55 de euros. Esta última cantidad fue aprobada el 23 de febrero de 2021 a través del Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se autorizaba a la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y
Economía Social la convocatoria de subvenciones por importe de 13.883.890 euros, destinadas a las organizaciones sindicales en función de su representatividad por la realización de actividades de carácter sindical en 2021.


Ello supuso un incremento respecto al año anterior del 53 %, a pesar de estar inmersos en una gran crisis económica. Cabe destacar que el monto total de ambas partidas se mantuvo estable, desde el año 2013 hasta el 2020, en 11.583,55 miles
de euros anuales, correspondiendo en aquel caso al programa 291M. La evolución reciente de ambas partidas es la siguiente:


Transferencias corrientes en miles de euros


[**********página con cuadro**********]


Fuente: Ministerio de Hacienda



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Además de estas partidas, se dotaron a través de la aplicación presupuestaria 19.01.281M.628 'Patrimonio Sindical Acumulado' un total de 200,00 miles de euros, y en la aplicación 19.01.281M.638, con misma denominación de subconcepto, otros
3.890,00 miles de euros. Desde el ejercicio 2015, estas cuantías han permanecido prácticamente inalteradas. La evolución reciente de las citadas partidas es la siguiente:


Inversiones Patrimonio Sindical en miles de euros


[**********página con cuadro**********]


Fuente: Ministerio de Hacienda


Tercero. De la Ley de Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.


El Preámbulo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ('LTAIBG') establece que la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los
ejes fundamentales de toda acción política. Así, señala lo siguiente:


'Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras
instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos.'


De los tres contenidos que contempla la Ley supra -transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno-, tan sólo el primero de ellos resulta de aplicación a los sindicatos y a las organizaciones empresariales. De esta manera, a
las organizaciones sindicales y empresariales se les aplica exclusivamente las disposiciones contempladas en el capítulo II (artículos 5 a 11), bajo la rúbrica de 'Publicidad activa', del título I - 'Transparencia de la actividad pública', de la
LTAIBG. Sin embargo, 'no todos estos preceptos se aplican a los sindicatos y a las asociaciones empresariales -y demás entidades privadas obligadas por la Ley-, sino únicamente aquéllos que, atendiendo a su contenido propio, a sus respectivos
mandatos normativos, lo sean, pues varios de ellos se dirigen exclusivamente a sujetos jurídico-públicos o integrantes del sector público 27'.


27 VILLORIA MENDIETA, M. 'Transparencia en Sindicatos y Organizaciones Empresariales', Transparency Internacional Spain.



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En definitiva, solo serán de obligada observancia para de las organizaciones sindicales y empresariales los apartados 2, 3, 4 párrafo primero y 5 del artículo 5 28; el apartado 1 del artículo 6 29, y el apartado 2 del artículo 8.


Por tanto, como señala el catedrático Villoria Mendiata, 'el mayor dilema interpretativo lo suscita la aplicación, o inaplicación, a los sindicatos y asociaciones empresariales de las obligaciones de transparencia o publicidad activa del
artículo 8, apartado 1, de la Ley, relativas a cuestiones tan relevantes como son las de naturaleza económica y presupuestaria'.


En lo relativo a la publicidad de la información económica, presupuestaria y estadística, a que hace referencia el apartado primero del artículo 8, las organizaciones sindicales tienen la obligación de hacer pública, como mínimo, 'la
información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que indica, entre los que comienza por relacionar algunos de aquéllos por los que con mayor frecuencia se han deslizado las prácticas y tramas de
corrupción y el mal uso de los recursos públicos: contratos, convenios, subvenciones y ayudas públicas 30'.


Es decir, las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales han de hacer pública, de conformidad con el artículo 8.2 de la LTAIBG, lo siguiente:


a) 'Todos los contratos celebrados con las Administraciones Públicas, indicando su objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su
caso, se ha publicitado, la identidad del adjudicatario, las modificaciones del contrato, las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos, así como el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados;


b) los convenios suscritos con las Administraciones Públicas, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones
económicas convenidas, así como, en su caso, las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma;


c) la información sobre las subvenciones concedidas por las Administraciones Públicas con expresión de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios, en su caso dentro del sindicato y asociación empresarial que lo sea. 31'


Sin embargo, a pesar de la vigente obligación que deben cumplir las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales, se observa que en los últimos años muchas de ellas incumplen reiteradamente las mismas. Es necesario, por tanto,
aplicar medidas que garanticen el cumplimiento de las citadas obligaciones de transparencia, y conocer, así, la imagen real y objetiva de los sindicatos y asociaciones empresariales.


No obstante, no se exige la publicación de información de notable trascendencia, más si cabe tratándose algunos de fondos públicos, como son:


- 'Los demás contratos, convenios y subvenciones que puedan celebrar y recibir las organizaciones sindicales y empresariales de los órganos que a efectos de la ley no son AA.PP. Y, tal vez los realizados con entidades privadas.


28 Los apartados 2, 3, 4 primer párrafo y 5, del artículo 5 de la LTAIBG señalan lo siguiente: '2. Las obligaciones de transparencia contenidas en este capítulo se entienden sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica
correspondiente o de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad. 3. Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la información pública previstos en el artículo 14 y,
especialmente, el derivado de la protección de datos de carácter personal, regulado en el artículo 15. A este respecto, cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo previa disociación de los
mismos. 4. Primer párrafo. La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente,
en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada, así como su identificación y localización. 5. Toda la
información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al
principio de accesibilidad universal y diseño para todos'


29 El artículo 6.1 de la LTAIBG señala que 'Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de este título publicarán información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les sea de aplicación, así como a su estructura
organizativa. A estos efectos, incluirán un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional'.


30 Ibídem 2.


31 lbidem.



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- Su entero régimen económico, cuotas de afiliación y rendimientos de gestión patrimonial e inversiones.


- La información correspondiente a las ayudas públicas concedidas por las Administraciones Públicas o por otras entidades públicas, y las ayudas de entidades privadas. 32'


- Y demás información económica, presupuestaria y estadística a que se refieren las restantes letras del artículo 8.1 de la LTAIBG, destacando lo siguiente:


• 'Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución.


• Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan.


• Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de este título. Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con
ocasión del abandono del cargo.


• Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos.'


Por tanto, todo lo relativo a los ingresos y gastos de los sindicatos habría de ser mucho más transparente y ser objeto de escrutinio público. Se ha de reseñar nuevamente la importancia de las partidas públicas que se destinan a estas
organizaciones, fundamento que justifica la necesidad de más transparencia. Así, por ejemplo, en el caso de UGT, en los últimos presupuestos publicados, correspondientes al ejercicio 2020, casi un 17 % de sus ingresos provenían de las arcas
públicas (en miles de euros) 33:


'1. Ingresos obtenidos por la entidad 25.583,86 €.


a) Cuotas de afiliados 20. 723,91 €.


b) Otros ingresos propios 512,62 €.


c) Subvenciones a la actividad sindical 4.347,33 €.'


Además, esta organización sindical lleva desde el año 2019 sin publicar sus cuentas anuales.


El siguiente gráfico muestra una comparativa en referencia a la transparencia interna por parte de las organizaciones sindicales y empresariales más relevantes:


[**********página con cuadro**********]


Fuente: Villoria Mendieta, M. 'Transparencia en Sindicatos y Organizaciones Empresariales', Transparency Internacional Spain.


32 lbidem.


33 https://www.ugt.es/sites/default/files/presupuesto_de_la_comision_ejecutiva_confederal_de_la_ugt_para_2020.pdf



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En definitiva, cabe destacar que la opacidad existente en todo lo relativo a la gestión de fondos y ayudas públicas percibidas por las organizaciones sindicales, hace imperiosa la ampliación en la aplicación de los demás apartados del
artículo 8 LTAIBG a estas organizaciones.


Quinto. Conclusión.


En conclusión, toda la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria de las organizaciones sindicales ha de hacerse pública a todos los españoles.


Ello permitiría alcanzar el fin último de la LTAIBG: una mejor fiscalización de la actividad pública contribuyendo así a la necesaria regeneración democrática, promoviendo la eficiencia y eficacia de los fondos del Estado y favoreciendo el
crecimiento económico.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la reforma de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno a fin de que las organizaciones sindicales y asociaciones
empresariales tengan la obligación de hacer pública toda la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria, de manera que sea conocida, no sólo por los afiliados, sino por el conjunto de la
sociedad, y especialmente lo relativo a las siguientes circunstancias:


- Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan.


- Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución.


- Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables. Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo.


- Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos.


- Los contratos, convenios y subvenciones que puedan celebrar y recibir las organizaciones sindicales y empresariales de los órganos que a efectos de la ley no son Administraciones Públicas, incluso los realizados con entidades privadas.


- Su entero régimen económico, cuotas de afiliación y rendimientos de gestión patrimonial e inversiones.


- La información correspondiente a las ayudas públicas concedidas por las Administraciones Públicas o por otras entidades públicas, y las ayudas de entidades privadas.


- La memoria de actividad.


Además, con el mismo fin de garantizar una imagen real y objetiva de las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales, la reforma de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno deberá articular las siguientes medidas:


- La obligación de crear un protocolo y un código ético interno en las citadas organizaciones que permita depurar responsabilidades rápidamente ante casos de corrupción.


- Que se garantice por todos los medios necesarios el cumplimiento efectivo de las letras a), b) y c) del apartado 1.º del artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2021.-Juan José Aizcorbe Torra, María Teresa López Álvarez, Rocío de Meer Méndez, Carla Toscano de Balbín, María de la Cabeza Ruiz Solás y José María Figaredo Álvarez-Sala,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.



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161/002995


A la Mesa del Congreso de los Diputados


D. Juan José Aizcorbe Torra, D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás, D.ª María Teresa López Álvarez y D.ª Rocío de Meer Méndez, en sus condiciones de Diputados, y doña Macarena Olona Choclán, como Portavoz Adjunta, todos ellos del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a abordar la modificación del art. 37.2 del
Estatuto de los Trabajadores con el fin de reinstaurar el día 25 de julio, día de Santiago Apóstol, Patrón de España, día festivo laboral en toda España, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.


Exposición de motivos


Primero. El artículo 16.3 de la Constitución Española dispone lo siguiente:


'Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.'


Hay que recordar la distinción entre lo dispuesto por el Texto Constitucional y la tesis del laicismo intolerante y agresivo. La Constitución proclama la no estatalización de la religión (art. 16.3 CE), compatible con la 'actitud positiva'
del Estado respecto del derecho a la libertad en materia religiosa (STC 207/2013, de 5 de diciembre). El Estado laicista es combativo con el hecho religioso y lo quiere expulsar del espacio político, esto es, público.


Muchos de los símbolos o expresiones religiosos provienen de costumbres y tradiciones seculares que gozan de gran arraigo popular, y configuran el 'ethos' del pueblo. Todas ellas forman parte de nuestra cultura y deben ser protegidas. Así
se pronuncia el Preámbulo de la Constitución Española que dispone que: 'La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:
[...] Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones'.


De entre todas las costumbres y tradiciones con arraigo, la mayoría de las de origen religioso tienen su razón de ser en la religión católica. Y es que, más allá del ropaje con que se revista el Estado, es innegable que España es un país de
civilización cristiana y que, consecuentemente, sus instituciones y arquitectura jurídica están inspiradas por la tradición cristiana, al igual que el conjunto de Europa 34.


En palabra de Su S.M. el Rey don Felipe VI, refiriéndose precisamente a las tradiciones jacobeas, íntimamente ligadas a España:


'El arraigo de tradiciones como ésta se debe a que han sido forjadas por los pueblos. Son necesarias porque suponen un anclaje en el transcurrir del tiempo, ofrecen perspectiva a nuestros problemas, elevan el espíritu y fortalecen la
unidad. La ofrenda nos recuerda, en efecto, que todos somos peregrinos recorriendo un Camino, con etapas, alegrías, contrariedades y, finalmente, metas. La historia ni empieza ni acaba en nuestro tiempo.' 35


Es una realidad sociológicamente constatable que se mantienen vivas las fiestas y tradiciones de nuestra Patria, que el pueblo considera como propias y naturales, también en su expresión religiosa, esencialmente, celebraciones como las de
Navidad y Semana Santa, así como las fiestas de los patronos y domingos, y también imágenes de la Cruz o los belenes.


34 El denominador común de Padres de Europa era el espíritu de servicio, unido a la pasión política, y a la conciencia de que 'en el origen de la civilización europea se encuentra el cristianismo' (A. De Gasperi, Nuestra patria Europa.
Discurso a la Conferencia Parlamentaria Europea [21 abril 1954], en: Alcide De Gasperi e la politica internazionale, Cinque Lune, Roma 1990, vol. III, 437-440), sin el cual los valores occidentales de la dignidad, libertad y justicia resultan
incomprensibles.


35 Palabras de Su Majestad el Rey en la Ofrenda Nacional al Apóstol Santiago (Santiago de Compostela. La Coruña, 25.07.2020).



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Debido a esto, frente a propuestas del globalismo apátrida que buscan la disolución de las tradiciones e identidades nacionales, se deben mantener las relaciones de cooperación de los poderes públicos con la Iglesia Católica, de 'notorio
arraigo en España' (art. 7.1 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa: 'BOE' núm. 177, de 24 de julio de 1980).


Segundo. La jurisprudencia constitucional establece en la STC 207/2013, de 5 de diciembre (que cita STC 46/2001, de 15 de febrero [FJ 4]; y la STC 38/2007, de 15 de febrero [FJ 5]), que la cooperación de los poderes públicos con la Iglesia
Católica y confesiones religiosas que hayan alcanzado notorio arraigo en España se plantea como una obligación del Estado y queda vinculada por parte del Tribunal al tenor del artículo 9.2 del Texto constitucional.


En efecto, la cooperación es fruto de 'un mandato dirigido a todos los poderes públicos para mantener relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones (art. 16.3), que 'exige de los poderes públicos una actitud
positiva respecto del ejercicio colectivo de la libertad religiosa', de cara a promover las condiciones para que esa libertad fundamental sea real y efectiva (art. 9.2 CE), tanto en su vertiente interna e individual como en la externa y colectiva.


Señala así mismo el Tribunal Constitucional que es tarea del legislador estatal la tarea de 'facilitar la práctica efectiva de las creencias religiosas y de sus actos de culto, así como la participación de los ciudadanos en los mismos, a
través de medidas, como son la concesión de un régimen fiscal especial para las iglesias, confesiones y comunidades que las representan. Se trata, a fin de cuentas, de acciones estatales dirigidas a la protección y estímulo en la realización de
actividades con relevancia constitucional y, por tanto, de interés general, consustanciales al Estado social de Derecho (art. 1.1 CE)'.


Tercero. Un ejemplo del notorio arraigo en España, lo encontramos en el calendario laboral, claramente determinado por el cristiano-gregoriano y que refleja que España es un país de costumbres y tradición católica.


Actualmente, la regulación de las fiestas laborales nacionales, de carácter retribuido y no recuperable, está recogida en el art. 37.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores.


Este precepto dispone expresamente lo siguiente:


'[...]2. Las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales. En cualquier caso se respetarán como fiestas de ámbito nacional las de la Natividad del
Señor, Año Nuevo, 1 de mayo, como Fiesta del Trabajo, y 12 de octubre, como Fiesta Nacional de España.


Respetando las expresadas en el párrafo anterior, el Gobierno podrá trasladar a los lunes todas las fiestas de ámbito nacional que tengan lugar entre semana, siendo, en todo caso, objeto de traslado al lunes inmediatamente posterior el
descanso laboral correspondiente a las fiestas que coincidan con domingo.


Las comunidades autónomas, dentro del límite anual de catorce días festivos, podrán señalar aquellas fiestas que por tradición les sean propias, sustituyendo para ello las de ámbito nacional que se determinen reglamentariamente y, en todo
caso, las que se trasladen a lunes. Asimismo, podrán hacer uso de la facultad de traslado a lunes prevista en el párrafo anterior.


Si alguna comunidad autónoma no pudiera establecer una de sus fiestas tradicionales por no coincidir con domingo un suficiente número de fiestas nacionales podrá, en el año que así ocurra, añadir una fiesta más, con carácter de recuperable,
al máximo de catorce.'


Este precepto está desarrollado reglamentariamente en los artículos 45, 46 y 47 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos 36. El primero de ellos, el artículo 45,
modificado por el Real Decreto 1346/1989, de 3 de noviembre, señala lo siguiente:


36 Aún vigentes, de conformidad con la Disposición derogatoria única del Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, que señala expresamente lo siguiente: 'Queda derogado el Real Decreto 2001/1983, de
28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, excepto lo dispuesto en sus artículos 45, 46 y 47 en materia de fiestas laborales, y cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este
Real Decreto'.



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'1. Las fiestas de ámbito nacional que se incluirán en el calendario laboral de cada año como días inhábiles a efectos laborales, retribuidos y no recuperables, en aquellos supuestos en que no coincidan en domingo, serán las siguientes:


a) De carácter cívico:


- 12 de octubre, Fiesta Nacional de España y de la Hispanidad.


- 6 de diciembre, Día de la Constitución Española.


b) De acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores:


- 1 de enero, Año Nuevo.


- 1 de mayo, Fiesta del Trabajo,


- 25 de diciembre, Natividad del Señor.


c) En cumplimiento del artículo III del Acuerdo con la Santa Sede de 3 de enero de 1979:


- 15 de agosto, Asunción de la Virgen.


- 1 de noviembre, Todos los Santos.


- 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.


- Viernes Santo.


d) En cumplimiento del artículo III del Acuerdo con la Santa Sede de 3 de enero de 1979:


- Jueves Santo.


- Corpus Christi.


- 6 de enero, Epifanía del Señor.


- 25 de julio, Santiago Apóstol.


- 19 de marzo. San José.


2. El calendario laboral de cada año comprenderá las fiestas señaladas en los apartados a), b) y c) del número anterior, que no coincidan en domingo e incluirán, hasta completar un máximo de doce días de acuerdo con el orden en que se
relacionan, las que correspondan del apartado d).


3. Las Comunidades Autónomas podrán sustituir hasta tres fiestas de las señaladas en el apartado d) por otras que por tradición le sean propias, bien con carácter permanente o en el calendario laboral de cada año.'


La fijación de estas fiestas nacionales de origen y tradición cristiana fue fruto de un acuerdo entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española (CEE). Estos pactos se produjeron de conformidad con el artículo III del Acuerdo
de 3 de enero de 1979 con la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos, aún vigentes, que señala expresamente que 'el Estado reconoce como días festivos todos los domingos. De común acuerdo se determinará qué otras festividades religiosas son reconocidas
como días festivos 37'.


Cuarto. Una de las modificaciones más importantes que introdujo el ya citado Real Decreto 1346/1989, de 3 de noviembre, por el que se modifica el artículo 45 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de
trabajo, jornadas especiales y descansos, fue recoger expresamente la facultad que tiene las Comunidades Autónomas de escoger entre la celebración de la Fiesta de San José o la de Santiago Apóstol en su correspondiente territorio, y así respetar el
límite anual de 14 días festivos 38. Concretamente, la modificación señalaba lo siguiente: 'Corresponde a las Comunidades Autónomas la opción entre la celebración de la Fiesta de San José o la de Santiago Apóstol


37 La aconfesionalidad del Estado español también se pone de manifiesto en que las leyes 24, 25 y 26/1992, de 10 de noviembre, que aprueban los Acuerdos de Cooperación con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE),
la Federación de Comunidades Israelitas de España (FCIE) y la Comisión Islámica de España (CIE), contienen disposiciones relativas a garantizar el derecho de las personas que profesan estas religiones a guardar las respectivas fiestas religiosas.


38 Artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores: 'Las comunidades autónomas, dentro del límite anual de catorce días festivos, podrán señalar aquellas fiestas que por tradición les sean propias, sustituyendo para ello las de ámbito
nacional que se determinen reglamentariamente y, en todo caso, las que se trasladen a lunes. Asimismo, podrán hacer uso de la facultad de traslado a lunes prevista en el párrafo anterior'.



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en su correspondiente territorio. De no ejercerse esta opción antes de la fecha indicada en el número cuatro de este artículo, corresponderá la celebración de la primera de dichas fiestas'.


Esta facultad de las Comunidades Autónomas de elegir las fiestas nacionales ya se había reconocido anteriormente en el Real Decreto 2819/1981, de 27 de noviembre, por el que se determinan las fiestas de ámbito nacional a efectos laborales.
El antiguo artículo 3 del citado Real Decreto señalaba que 'las Comunidades Autónomas [podían] sustituir hasta tres fiestas de las señaladas en el apartado d) por otras que por tradición les sean propias, bien con carácter permanente o en el
calendario laboral de cada año', reconociéndose en el apartado d) 39 la posibilidad de incluir como fiesta nacional en el calendario laboral de cada año como día inhábil a efectos laborales, retribuidos y no recuperables, el 25 de julio, día de
Santiago Apóstol.


En definitiva, el día del patrón de España dejó de ser festivo nacional para todo el territorio español, pasando a configurarse como festivo opcional, dándole a las CCAA la facultad de incluirlo o no en su calendario laboral.


Sin embargo, este Grupo Parlamentario considera que existen suficientes motivos para que el 25 de julio sea fiesta nacional en nuestro país, pues Santiago Apóstol, no solo representa las raíces de nuestra historia y de nuestra tradición,
sino que además es el Patrón de todos los Españoles.


Quinto. El apóstol Santiago o Santiago 'el Mayor' fue uno de los doce apóstoles más cercanos a Jesucristo. Prueba de ello son los numerosos pasajes evangélicos en los que este Apóstol aparece en un grupo reducido de discípulos junto a
Jesucristo. De aquí la importancia que tiene este Apóstol en el santoral cristiano.


De acuerdo con la tradición, el Apóstol Santiago fue el encargado de evangelizar la Península Ibérica. Santiago Apóstol predicó en 'Gallaecia' aunque posteriormente se trasladó a Jerusalén donde murió mártir a manos de Herodes Agripa en el
año 44 d.C. No obstante, sus discípulos, sabiendo de su evangelización en tierras gallegas, habrían trasladado sus restos mortales a estos parajes para proceder a su entierro.


También de acuerdo con la tradición, el Apóstol Santiago fue enterrado en el lugar sobre el cual hoy se ha erigido la Catedral de Santiago, lugar de peregrinación de mucha gente y razón de ser del Camino de Santiago.


Y es que en el año 813 d. C. se descubrió el sepulcro donde está enterrado el Apóstol. Esto provocó la afluencia de peregrinos, primero, desde el norte de España y, posteriormente, desde el resto de los reinos cristianos europeos. Esta es
la explicación de que, hoy en día, existan diversos caminos de peregrinación a Santiago, uno de los cuales llamado 'camino francés' que, como bien su nombre indica, procede de Francia y, lógicamente era el camino a través del cual llegaban los
peregrinos del resto de Europa.


La peregrinación a la tumba del Apóstol Santiago fue creciendo en importancia y popularidad, convirtiéndose en uno de los mayores centros de peregrinación de la cristiandad. Por este motivo, entre otros, en el año 1222 el Papa Calixto II
instauró el Año Santo Compostelano que se produce cuando el día 25 de julio cae en domingo -algo que sucede el presente año 2021- y que otorga ciertas indulgencias a los peregrinos a la Catedral de Santiago, siempre y cuando se cumplan determinados
requisitos.


El Camino de Santiago posee esa capacidad de conectar en un sentido vivo, a los españoles de ayer, hoy y mañana y a todos cuanto invocaron al Señor Santiago, como expresara S.M. el Rey don Juan Carlos I:


'Porque si es verdad que entre los antiguos romeros que poblaban la ruta jacobea y nosotros, hombres de hoy, existen fundamentales diferencias, no es menos cierto que compartimos con ellos en el tiempo y en el espacio, el pensamiento de que
el espíritu prevalece y con él la vocación más alta del hombre, la de encararse responsablemente con la eternidad' 40.


A pesar de que los reyes de la península ya reconocían a Santiago Apóstol como Patrón, no fue hasta unos siglos después, en el siglo XVII, el Papa Urbano VIII declaró a Santiago Apóstol Patrón de España. Junto a este reconocimiento, el Papa
también reconoció que los restos mortales de Santiago 'el Mayor' estaban enterrados en la Catedral de Santiago y proclamó el día 25 de julio festividad de Santiago Apóstol.


39 'D) Lunes de Pascua de Resurrección y, de acuerdo con la Conferencia Episcopal , en cumplimiento del artículo III del acuerdo con la Santa Sede de tres de enero de mil novecientos setenta y nueve: seis de enero , Epifanía del señor;
veinticinco de julio, Santiago Apóstol; diecinueve de marzo, San José; Corpus Christi, y, veintinueve de junio, San Pedro y San Pablo'.


40 Palabras de Su Majestad el Rey al Pueblo Español en la Ofrenda al Apóstol (La Coruña [Santiago de Compostela], 25.07.1982)



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Sexto. El entierro del Apóstol Santiago es la razón de ser de la peregrinación a la Catedral de Santiago donde la tradición afirma que fue enterrado el Santo. En sus orígenes, el camino de Santiago fue un lugar que reunía a cristianos
procedentes de toda Europa. Esto provocó grandes intercambios y enriquecimiento cultural y sirvió para conectar los reinos cristianos de España con el resto de la Cristiandad.


Y es que el Apóstol Santiago no es solo un símbolo en la historia de España, en particular, y en la historia de la cristiandad en Europa, en general; también debe considerarse un referente para la cultura, puesto que, como se ha venido
diciendo, su tumba se ha constituido desde sus inicios como lugar de peregrinación desde todas las partes del mundo y ha servido como lugar de intercambio de lenguas, culturas y personas.


Del mismo modo, el peso de la 'cultura' vinculada con el Apóstol Santiago se pone de manifiesto en las numerosas referencias literarias que desde muy antiguo se hacen tanto al Santo como al Camino de Santiago. Concretamente, respecto de
este último, ya en el siglo IX se han encontrado referencias a la tumba del Apóstol y a las peregrinaciones que se hacían a la misma.


Y es que, desde que se descubrieron los restos mortales del Apóstol Santiago, el Santo ejerció una gran influencia en batallas y a los caballeros cristianos. En este sentido, cabe destacar la Batalla de Clavijo (año 844 d. C.) que enfrentó
a las tropas cristianos del Rey Ramiro I contra las tropas musulmanas del emir cordobés, Abderramán II, y donde, según la tradición, se apareció el Apóstol Santiago para luchar junto a las tropas cristianas.


Fue también a raíz de esa Batalla el origen del Voto de Santiago, que instauraron el rey Ramiro I y doña Urraca y, según el cual, los reyes cristianos del norte de la península durante la Reconquista realizaban una ofrenda a la Iglesia de
Santiago cada 25 de julio. Sin perjuicio de algunos años, este Voto continúa vigente, aunque actualmente de forma simbólica.


Popular es también la invocación de 'Santiago y cierra, ¡España!' que, según la tradición, tiene su origen en la batalla de Las Navas de Tolosa, el 16 de julio de 1212 41, y se utilizaría para cerrar el cuadro de las formaciones infantería o
las brigadas de caballería 42. Desde entonces, la invocación se usaría cada vez que se enfrentaban las tropas españolas cristianas contras las musulmanas y, siglos más tarde, se plasmaría en escritos literarios de Pedro Calderón de la Barca o de
Lope Vega, entre otros. Mención especial merece la joya literaria 'Don Quijote de La Mancha' (1605), de Miguel de Cervantes, en la que Sancho Panza realiza dicha invocación 43.


Como puede apreciarse, son numerosos los ejemplos que, de acuerdo con costumbres y tradiciones españolas, hacen referencia al Apóstol Santiago y su vinculación con nuestro país. Un ejemplo paradigmático pudiera constituir Memorial por el
patronato de Santiago y Su espada por Santiago 44, de Francisco de Quevedo, en los que defendió que Santiago Apóstol fuese el único Patrón de España.


En definitiva, el Apóstol Santiago ha sido la fuente y referencia de muchas costumbres y tradiciones que se han ido forjando en nuestro país desde que se produjo el descubrimiento de su tumba. La más perfecta de todas ellas se ha plasmado
en las distintas rutas que configuran el Camino de Santiago, pero tampoco hay que olvidar las referencias literarias o audiovisuales. En cualquier caso, es indudable que Santiago Apóstol es uno de los símbolos con los que se identifica nuestro
país, España, en el exterior; el paso de los años también justifica sobradamente su patronato.


Por todo ello, tampoco se entiende que el día 25 de julio no sea festivo laboral en toda España; existen motivos justificados para que este día se incluya como uno de los días de fiesta laboral en toda España. Y es que, es preciso destacar
que el día 25 de julio, día de Santiago Apóstol, ha sido festivo nacional hasta el año 1989. Por consiguiente, no se trataría de algo novedoso.


De hecho, sin ir más lejos, este día ya es festivo laboral en los territorios de algunas Comunidades Autónomas, como el País Vasco, Navarra o Galicia (donde además también es patrón de la Comunidad


41 La batalla de Las Navas de Tolosa tuvo lugar en las inmediaciones de la población de Santa Elena Oaén) y enfrentó a un ejército de aliados cristianos, liderados por el Rey de Castilla, Alfonso VIII; el Rey de Navarra, Sancho VII, y el
Rey de Aragón, Pedro II, contra el más numeroso ejército almohade. La batalla se ha considerado una de las más importantes por lo que supuso de cara a la conservación de una Europa cristiana, fundamento de la Europa actual.


42 Aunque la invocación parece que tiene su origen en la batalla de las Navas de Tolosa, hay quien también la sitúa en la Batalla de Clavijo (año 844 d. C.).


43 'Querría que vuesa merced me dijese qué es la causa porque dicen los españoles, cuando quieren dar alguna batalla, invocando aquel San Diego Matamoros: '¡Santiago y cierra España!' ¿Está por ventura España abierta y de que modo es
menester cerrarla, o que ceremonia es ésta'.


44 'Dios hizo a Santiago, Patrón de España, que no existía entonces, para que cuando llegue el día pudiera interceder por ella y volverla otra vez a la vida con su doctrina y con su espada'.



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Autónoma); sin perjuicio de que, en uso de la facultad que les confiere el último párrafo del apartado 2 del art. 37, alguna otra Comunidad Autónoma lo haya establecido como fiesta laboral algún año puntual.


En cualquier caso, lo que aquí se pretende es reinstaurar el día 25 de julio, fiesta de Santiago Apóstol y Patrón de España, como día festivo laboral a nivel nacional. La efeméride lo exige, teniendo en cuenta qué se conmemora y las
consecuencias y el alcance que ello ha tenido en la historia de España, sus tradiciones y cultura y, por qué no decirlo, en el resto de la Europa cristiana.


Tal y como se ha expuesto anteriormente, el Preámbulo de la Constitución proclama la voluntad de la Nación española de proteger sus culturas y tradiciones. A lo anterior hay que sumar lo que el Texto Constitucional dispone sobre la no
estatalización de la religión (art. 16.3 CE), compatible con la 'actitud positiva' del Estado respecto del derecho a la libertad en materia religiosa, y, por ende, la tradición cristiana.


Por todo ello, y de acuerdo con lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a promover la modificación del artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
y demás artículos concordantes, con el fin de reinstaurar el día 25 de julio, día de Santiago Apóstol, Patrón de España, festivo laboral en toda España.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2021.-Juan José Aizcorbe Torra, María de la Cabeza Ruiz Solás, Rocío de Meer Méndez y María Teresa López Álvarez, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


Comisión de Industria, Comercio y Turismo


161/002982


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la adopción de medidas para atajar la grave crisis del sector naval de Vigo, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.


Exposición de motivos


El sector de la construcción y reparación naval constituye una actividad estratégica para la industria de la ciudad de Vigo y de su comarca, así como un tejido productivo de enorme importancia para el conjunto de Galiza.


Este sector que llegó a representar cerca de 10 mil puestos de trabajo, en la actualidad, el empleo que genera apenas supera el millar. Una situación que se encuadra en un marco general de agudo retroceso de las actividades industriales en
el área de Vigo, como se refleja en los datos recogidos en la última Encuesta de Población Activa (EPA), referidos al primer trimestre del presente 2021, en los que se constata la destrucción de 5.700 empleos industriales sólo en la ciudad de Vigo
en los últimos doce meses.


El sector naval de Vigo se encuentra en una encrucijada en la que está en riesgo la continuidad de esta actividad imprescindible. Las incertezas sobre el reinicio de la actividad en el antiguo astillero Vulcano (en la actualidad denominado
astillero San Enrique), en el barrio de Teis, así como el momento crítico que vuelve a atravesar el astillero Hijos de J . Barreras, en Bouzas, comprometen el futuro del conjunto del tejido productivo asociado a la construcción y reparación naval,
especialmente en lo referido a la industria auxiliar, pieza indispensable a consecuencia del modelo de astilleros de síntesis impuesto en el sector.


El futuro del antiguo Vulcano está comprometido por la ofensiva emprendida por la Autoridad Portuaria de Vigo, con la anuencia cómplice (al menos por omisión) de Puertos del Estado, con el objetivo indisimulado de convertir sus gradas
centenarias en una extensión de la terminal de contenedores de



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Guixar. Esa ofensiva logró, con la participación activa de la abogacía del Estado y del propio Delegado del Gobierno en Galiza, resolver la actual concesión portuaria, indispensable para la actividad del astillero y que vencía en 2027. En
la actualidad, la empresa Marina Meridional, titular de la unidad productiva del antiguo Vulcano, y responsable de los ahora denominados astilleros San Enrique, ha visto bloqueados sus intentos para retornar a la actividad, por causa de la
resolución de la concesión y la falta de certezas sobre los términos en los que se adjudicará una nueva. En ese sentido, es necesario señalar el acuerdo unánime adoptado el pasado 14 de julio por el Pleno del Parlamento de Galiza, a iniciativa del
Bloque Nacionalista Galego, en el sentido de instar a la Autoridad Portuaria de Vigo a que los nuevos pliegos concesionales condicionen su adjudicación, sí o sí, a un proyecto industrial dedicado a la construcción y/o reparación naval. En este
mismo sentido, en respuesta a una pregunta presentada por el BNG en el Congreso de los Diputados, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo declaró ser partidario del desarrollo de una actividad industrial y sin embargo, omite toda
responsabilidad o implicación para lograr el mantenimiento de la concesión.


En el caso de Barreras, que además del astillero de mayor importancia de la ría de Vigo es el mayor astillero privado del Estado español, enfrenta una nueva crisis empresarial que compromete, seriamente, la continuidad del mismo, con un
riesgo real de liquidación. Tras los cambios en su accionariado que elevó a finales de 2020 a la dirección del astillero al grupo Ritz Carlton, que era en aquella altura el armador del único buque en construcción, el crucero de lujo Evrima, el
astillero no ha logrado carga de trabajo. En la actualidad, todo el personal eventual del astillero y todos los trabajadores de las empresas auxiliares que operaban en el Evrima, no están en activo y la plantilla fija enfrenta un ERTE que corre el
riesgo de convertirse en un ERE extintivo. Con el Evrima trasladado a Santander, pendiente de labores de pintado, sin garantías de su retorno a Vigo para su remate final y entrega; sin carga de trabajo ni perspectiva de pedidos, al no existir
oficina técnica que los viabilice; y con la tensión financiera derivada de las deudas millonarias de Barreras con la industria auxiliar, las perspectivas son trágicas.


De no lograr reanudar la actividad de Vulcano así como garantizar la continuidad de Barreras, el sector naval de Vigo encajaría un golpe que puede ser letal y definitivo. En este sentido, la total ausencia de la Xunta de Galiza, ha estado
acompañada por una deliberada inacción por parte del ministerio de Industria, a pesar de que el acuerdo que permitió la investidura del actual ejecutivo subscrito entre el BNG y el PSOE, recogía de manera expresa el compromiso para blindar la
continuidad de Barreras, Vulcano y del conjunto del sector naval. Asistimos, en consecuencia, a un nuevo episodio en el fuego cruzado a nivel institucional entre un Gobierno gallego, incapaz de desplegar una sola medida concreta para resolver este
grave problema y que se limita a derivarlo al Gobierno central, y un ejecutivo español que se ha configurado hasta el momento como un convidado de piedra. Mientras, una parte crucial del tejido productivo e industrial de Vigo, de su comarca y de
Galiza, se juega literalmente su supervivencia, sin que desde las administraciones públicas se haya hecho nada en los últimos meses en su favor.


El Bloque Nacionalista Galego, recogiendo las llamadas de auxilio lanzadas por la representación sindical de Vulcano y Barreras y, atendiendo al carácter estratégico del sector naval, hemos reclamado desde hace muchos meses una intervención
pública directa que evite el desastre de ver desaparecer definitivamente estos dos astilleros .


Delante de la incapacidad demostrada por el capital privado para poner en marcha las enormes potencialidades del sector naval de Vigo, entendemos que la solución no puede pasar por seguir inyectando más recursos públicos para soluciones
temporales que no evitan, que apenas unos meses después, volvamos al punto crítico de partida. Consideramos que una apuesta de futuro, estable y duradera, pasa por poner en marcha astilleros de carácter público o semipúblico, desprivatizando por
ejemplo Barreras, o configurando Vulcano como Centro de Reparaciones Navales.


El Gobierno español no puede continuar impasible delante de esta situación. Es momento de decisiones firmes y audaces, que garanticen la continuidad de la actividad y del empleo en la industria naval viguesa.


Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


1. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de la actividad del astillero Barreras y la reanudación de la misma en el antiguo Vulcano, así como para dar respuesta a la grave crisis que



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padece el conjunto del sector naval de Vigo, acciones que deberán ser desarrolladas de forma coordinada con la Consellaria de Industria de la Xunta de Galiza.


2. Desplegar una enérgica intervención pública para impulsar la conformación de un holding, público-privado, entre los distintos astilleros, empresas auxiliares y empresas transformadoras del metal en la Ría de Vigo, para establecer
sinergias que permitan el desarrollo de proyectos, procesos e inversiones comunes.


3. Impulsar la creación de una Mesa del Naval para la Ría de Vigo, tal y como se ha solicitado formalmente por la Confederación Intersindical Galega (CIG), con la participación del ejecutivo central, de la Xunta de Galiza, así como de las
organizaciones sindicales y empresariales más representativas para buscar soluciones efectivas que blinden la continuidad del sector.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2021.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló, D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida y D.ª Mireia Borrás Pabón, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta
y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para la creación de un plan por el que se
promocione la España rural como destino para el teletrabajo, para su discusión en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.


Exposición de motivos


Primero. El teletrabajo durante la pandemia de la COVID-19.


1. Antes de la pandemia generada por la COVID-19, ya se apreciaba una tendencia al alza del teletrabajo, que se ha visto incrementada significativamente desde la primera declaración del estado de alarma, en marzo de 2020 45, hasta la
actualidad.


2. Según el Boletín Informativo del Instituto Nacional de Estadística ('INE'), Cifras, en su edición de abril de 2020 46, en 2019 el número de trabajadores que realizaban su trabajo a distancia de forma permanente, o más de la mitad de los
días de trabajo, se había incrementado del 4,3 % al 4,8 %, y el porcentaje de los que teletrabajaban de forma ocasional subió del 3,2 % al 3,5 %.


3. Siguiendo la Encuesta de Población Activa (EPA), en el cuarto trimestre de 2020, el 9,9 % de las personas realizaron su trabajo desde su domicilio, mientras que, en el primer trimestre de 2021 hubo 2.146.100 teletrabajadores (11,2 %).
Estos datos confirman la tendencia creciente del trabajo a distancia 47.


4. Este incremento también se ha replicado en países de nuestro entorno. Según Eurostat, la media europea de empleados que teletrabajaban en mayo de 2021 se situaba en el 12,3 % de los trabajadores, aunque la diferencia es muy
significativa entre países. Así, en Finlandia trabajan desde casa el 25,1 % de los trabajadores, mientras que en Bulgaria solo teletrabaja el 1,2 % 48.


5. De esta forma, el fenómeno del teletrabajo ha ido evolucionando con el tiempo hasta surgir el concepto de 'nómada digital'. Este hace referencia a aquellas personas que pueden realizar su trabajo desde cualquier punto del mundo que
cuente con las conexiones oportunas. En un primer momento eran autónomos o 'freelance' que, por la flexibilidad de su trabajo, podían establecerse en cualquier lugar que


45 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.


46 'El teletrabajo en España y la UE antes de la COVID-19' Cifras. Boletín Informativo del Instituto Nacional de Estadística abril 2020. https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INECi-frasINE_C&cid=1259952649680&p=1254735116567&pagename=
ProductosYServicios%2FINECi-frasINE_C%2FPYSDetalleCifrasINE


47 https//www.ine.es/duo/daco42/daco42111 epa0121.pdf#page=11 [fecha de consulta: 29 de junio de 2021].


48 https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/edn-20210517-2 [fecha de consulta: 29 de junio de 2021].



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les conviniera. No obstante, ahora esta posibilidad también la tienen trabajadores por cuenta ajena, tanto por sus preferencias como porque muchas empresas se han dado cuenta de las ventajas de esta forma de trabajar.


Segundo. Beneficios de ser una región receptora de teletrabajadores.


6. Son numerosas las ventajas que ofrece el teletrabajo, tanto para quienes lo practican como para las zonas que reciben a estos empleados, de ahí que muchos territorios se hayan lanzado a captar nuevos residentes que realicen su trabajo a
distancia.


7. Para empezar, en general, la llegada de teletrabajadores a los territorios tiene un gran impacto a nivel económico, de empleo e inversiones en el lugar de acogida, puesto que:


(i) Se produce un aumento de la recaudación por impuestos indirectos y otros gravámenes.


(ii) Aumenta el consumo, lo que repercute favorablemente en numerosos sectores como son el turístico, el de transportes, el hostelero, el del comercio o el de las actividades de ocio.


(iii) Mayor inversión inmobiliaria. Tal y como expone el Banco de España en su boletín económico 2/2020, 'La inversión extranjera en el mercado inmobiliario residencial español entre 2007 y 2019', los extranjeros residentes en España han
ido aumentando su peso en el mercado inmobiliario español desde 2008.


8. Asimismo, la llegada de trabajadores a distancia tiene un gran impacto social en tanto que:


(i) Se produce una transferencia de conocimientos y experiencias.


(ii) En muchos casos tiene una gran repercusión en zonas con baja densidad de población, pudiendo convertirse en un elemento más en la lucha contra la despoblación.


(iii) Igualmente, debido a las mayores exigencias de este tipo de trabajadores, en las zonas receptoras se produce un impulso de la innovación y la mejora de las infraestructuras y comunicaciones.


9. Por último, el teletrabajador también se convierte en un embajador del turismo, contribuyendo a mejorar la imagen y la marca España.


Tercero. Zonas rurales despobladas y el teletrabajo.


10. Como se ha indicado en el punto anterior, el teletrabajo puede ser una oportunidad para las zonas rurales despobladas, puesto que estas regiones pueden incrementar su número de habitantes al atraer personas que buscan zonas
descongestionadas para su ejercicio profesional.


11. La despoblación en España es un serio problema. Con una población de 47.394.223 habitantes a 1 de enero de 2021 49, tenemos una densidad de población de 93 habitantes por Km2, según Eurostat 50. Las Comunidades Autónomas que presentan
una menor densidad de población son Castilla y León (25,42 h/Km2), Extremadura (25,56 h/Km2), Castilla La Mancha (25,74 h/Km2) o Aragón (27,86 h/Km2).


12. Según los datos provisionales de enero de 2021 de la Estadística del Padrón Continuo que publica el INE 51, en España existen 5.002 municipios con una población menor de 1.000 habitantes, del total de 8.131 municipios españoles.
Castilla y León (2.009 municipios), Castilla-La Mancha (641 municipios) y Aragón (630 municipios) son las Comunidades Autónomas que mayor número de municipios con menos de 1.000 habitantes tienen.


13. También se debe señalar que, según los datos de la referida estadística, el 20,2 % de la población reside en localidades con menos de 10.000 habitantes, siendo nuevamente Extremadura (el 50,2 % de su población), Castilla La Mancha (el
44 %) y Castilla y León (el 43,6 %) las regiones en las que existen más localidades con esta densidad de población.


14. Esta situación demográfica hace necesaria la búsqueda de soluciones que, en primer lugar, eviten que se pierda más población en estas zonas escasamente pobladas y, en segundo lugar, que atraigan nuevos residentes. Según el informe
'Percepción ciudadana del Reto Demográfico, la despoblación y el envejecimiento', publicado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto


49 https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ultiDatos&ridp=1254735572981 [Fecha de consulta: 15 de julio de 2021].


50 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/6061533/12509208/ES-ES.pdf


51 https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&rnenu=ultiDatos&idp=1254734710990



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Demográfico 52, los españoles, en un 91,7 %, considera necesario promover ayudas a la actividad económica y la promoción del empleo en áreas de riesgo demográfico.


15. Respecto al segundo punto, atracción de nuevos residentes, la promoción de medidas que consigan impulsar el teletrabajo en estas zonas rurales, escasamente pobladas, puede constituir una pieza fundamental.


Cuarto. Propuestas internacionales y nacionales para atraer teletrabajadores.


16. El fenómeno del teletrabajo y sus beneficios ha provocado que en numerosos lugares se adopten medidas dirigidas a atraer a aquellos que realizan su trabajo a distancia. Así, muchos países han encontrado en el trabajo a distancia una
herramienta con la que atraer población con unos niveles adquisitivos y formativos altos.


17. Un país pionero en la atracción de teletrabajadores es Estonia. Su programa 'E-Residency 53', que comenzó mucho antes de la llegada del COVID-19, cuenta con propuestas adaptadas a la nueva situación. Así, ofrece un visado que permite
trabajar durante un año a aquellos extranjeros que cuenten con un contrato de trabajo o bien dispongan de un salario bruto mensual de 3.500 euros.


18. Otro país que también se ha lanzado a captar teletrabajadores es Croacia. Para ello, ofrece la residencia por un año si se demuestran ingresos mensuales superiores a 2.200 euros o disponer de 25.000 euros para su sostenimiento durante
ese año. Si bien no cabe prórrogas a esta residencia, se puede volver a solicitar una vez transcurridos seis meses desde que expiró la anterior 54.


19. Dubái es un ejemplo más. Así, ofrece la residencia a aquellos que obtengan unos ingresos superiores a 5.000 dólares mensuales. Ahora bien, pueden perder la residencia si salen del país por un tiempo superior a seis meses 55.


20. En Bahamas, con su programa 'Bahamas Extended Access Travel Stay' se permite residir durante un año a teletrabajadores siempre que tengan unos ingresos superiores a los 70.000 dólares anuales 56.


21. Grecia y Portugal 57 por su parte, cuentan con iniciativas similares que incluyen importantes incentivos fiscales.


22. En el ámbito de la Unión Europea se ha impulsado la emisión por los países miembros de visados de teletrabajo a través del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV/ETIAS) que, a partir de 2022, permitirá a los
ciudadanos de la Unión viajar a través del área Schengen por periodos de hasta 90 días consecutivos 58.


23. También son varias las localidades que se han propuesto atraer trabajadores no presenciales, como Helsinki 59, que ofrece la posibilidad de obtener una residencia por 90 días en los que poder valorar si se desea residir allí. Durante
ese tiempo, el teletrabajador, que puede estar acompañado de su familia, decidirá si se queda o vuelve a su país de origen. En el primer caso, obtendrá ayudas de las autoridades para obtener el visado permanente de residencia, requisito
indispensable para poder trabajar en Finlandia.


24. En España, también se están impulsando actuaciones a nivel local para atraer a este tipo de trabajadores. Por ejemplo, en Málaga a través del 'Málaga WorkBay' 60, se ha implantado un programa de creación de espacios de trabajo
compartidos en Gandía con el 'Gandía Hub' 61.


25. Nuestro país cuenta con un gran potencial para ser líder en la atracción de teletrabajadores: clima, oferta turística, gastronomía, actividades de ocio, monumentos, infraestructuras, etc. Según la comunidad 'Inter Nations', varias
ciudades españolas están en la lista de los 10 mejores lugares para trabajar 62: Valencia (primera posición), Alicante (segunda), Málaga (sexta) y Madrid (novena).


52 https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/documentos-interes/percepcion_reto_tcm30-517793.pdf [fecha de consulta: 19 de julio de 2021].


53 https://e-resident.gov.ee/ [fecha de consulta: 19 de julio de 2021].


54 https//www.eleconomista.es/economia/noticias/11252185/06/21/Estos-son-los-paises-que-mas-teletrabajadores-quieren-atraer-y-sus-requisitos-Croacia-Estonia-Bahamas.html


55 Idem.


56 https://www.bahamasbeats.com/ [fecha de consulta: 30 de junio de 2021].


57 https://www.etiasvisa.com/es/noticias/nomadas-digitales-ue [fecha de consulta: 30 de junio de 2021].


58 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018R1240 [fecha de consulta: 30 de junio de 2021].


59 https://www.helsinki.com/blog/2021/04/26/working-d igital-nomad-hels inki-com-prehensive-guide/ [fecha de consulta: 30 de junio de 2021].


60 https//malagaworkbay.com/


61 https://somgandia.com/gandia-hub-teletrabajo-turismo


62 https://www.internations.org/expat-insider/2020/the-best-worst-cities-for-expats-40063



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26. Por lo expuesto, se deben impulsar diversas medidas para atraer a estos trabajadores no presenciales: campañas publicitarias a través de organismos como Turespaña; medidas fiscales; mejoras de infraestructuras de transporte y
telecomunicaciones para facilitar las conexiones de última generación que faciliten la prestación de servicios a distancia y la comunicación personal; y el desarrollo de espacios de 'coworking'.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar un plan por el que se promocione la España rural como destino para el teletrabajo. Para ello habrán de ejecutarse:


1. Promover, en coordinación con las administraciones autonómicas y locales, la realización de campañas de promoción enfocadas a trabajadores extranjeros y residentes de zonas urbanas que presten sus servicios a distancia, para dar a
conocer las ventajas de la zona rural en España para desarrollar su trabajo.


2. Incluir al teletrabajador como público objetivo en la promoción turística de la zona rural en España a través de las campañas y planes que lleve a cabo TURESPAÑA.


3. Promover la elaboración de los convenios oportunos con las administraciones competentes y con el sector privado para el fomento del desplazamiento relacionado con el teletrabajo y, más concretamente, para la creación de espacios
compartidos de trabajo.


4. Promover la modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio al objeto de establecer incentivos a la residencia de teletrabajadores extranjeros en España.


5. Promover medidas con el fin de facilitar el uso de las nuevas tecnologías en la España rural y las zonas con riesgo de despoblación, fomentando el establecimiento de los trabajadores a distancia.


6. Promover la creación de planes de formación en conocimientos digitales y equipos informáticos destinados a aquellos teletrabajadores residentes en España.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2021.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y María de la Cabeza Ruiz-Solás, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Rocío de Meer Méndez, D.ª María de los Reyes Romero Vilches, D.ª Cristina Alicia Esteban Calonje, D.ª Lourdes Méndez Monasterio y D.ª Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección de los menores diagnosticados de epilepsia,
para su discusión en la Comisión de Derechos sociales y Políticas integrales de la Discapacidad.


Exposición de motivos


Primero. El fenómeno de la epilepsia en menores.


Se denomina epilepsia a 'un trastorno del sistema nervioso central, neurológico, en el que la actividad cerebral se vuelve anormal, lo que provoca convulsiones o períodos de comportamientos o sensaciones



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inusuales y, a veces, pérdida de conciencia' 63, a causa de 'descargas eléctricas excesivas de las neuronas del cerebro' 64.


Aunque la epilepsia puede ser padecida por personas de todas las edades, es muy frecuente que el 70 % de los menores de edad sufran alguna vez epilepsia general idiopática 65, o bien experimenten episodios convulsivos aislados provocados por
otras patologías 66.


En España cada año 'se diagnostican 22.000 nuevos casos de epilepsia, de los que se calcula que, aproximadamente, la mitad se producen en niños y adolescentes menores de 15 años' 67.


Atendiendo a un estudio realizado por la Asociación Española de Pediatría, 'la epilepsia es uno de los problemas neurológicos más frecuentes de la infancia, con una prevalencia estimada de 3,4-11,3 casos por 1.000 habitantes' 68.


Vemos, pues, que la epilepsia es una enfermedad que afecta a no pocos menores, por lo que se trata de un fenómeno en el que hay que poner el foco desde el ámbito social.


Segundo. Implicaciones académicas de la epilepsia en los menores.


La epilepsia despliega toda una serie de efectos sobre los menores, entre los cuales destacan las implicaciones en el ámbito de la educación, si bien no han sido descritos ni recogidos en ninguna clase de informe o estudio oficial.


Los efectos sobre la educación dependen principalmente del tipo de ataque epiléptico que experimente el menor y la frecuencia con que este se produzca, ya que pueden darse casos en los que los menores necesiten asistencia para poder
mantenerse al mismo nivel académico que sus compañeros. En esta línea, la Fundación Belén refiere que los estudiantes con epilepsia que padecen ataques con mayor frecuencia suelen beneficiarse de la educación especial, ya que pueden tener problemas
de aprendizaje 69.


Por otro lado, según publica la Asociación Andaluza de Epilepsia (Ápice), 'los niños con epilepsia suelen tener peor evolución académica debido a factores asociados a la propia epilepsia, a los efectos de los fármacos y a los factores
psicosociales que le rodean. [...] Las dificultades más probables que pueden tener los niños con epilepsia se dan en las siguientes áreas de aprendizaje: lectoescritura, lenguaje y comunicación, memoria y problemas emocionales' 70.


Puesto que no hay dos pacientes iguales, ni dos niños iguales, la clave para un buen abordaje -desde la perspectiva social- de la situación de los menores con epilepsia en las escuelas, radica en lo siguiente:


i. La absoluta coordinación entre el personal de la escuela y las familias de los menores con epilepsia:


a) Los profesores de los menores han de tener siquiera rudimentos básicos acerca de la epilepsia, y de cómo actuar ante una crisis convulsiva.


b) Adicionalmente, 'el personal de la escuela y la familia deben trabajar juntos para controlar la efectividad de los medicamentos y cualquier efecto producido por éstos' 71.


63 httpsi www. mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/epilepsy/symptoms-causes/syc-20350093#:~:text=La%20epilepsia%20es%20un%20trastorno,Cualquier%20persona%20puede%20desarrollar%20epilepsia. Por su parte, la Liga internacional contra la
epilepsia proporciona la siguiente definición: 'una alteración cerebral caracterizada por la predisposición permanente para generar crisis y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales derivadas de esta condición
siendo posible su diagnóstico tras una crisis aislada, no provocada'. Ver https://www.apiceepilepsia.org/Descargas/Afrontando_la_Epilepsia.pdf. La Clínica de la Universidad de Navarra puntualiza la definición en referencia a los pacientes menores
de edad: https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/epilepsia-infantil


64 https://vivirconepilepsia.es/epilepsia-infantil


65 'Un tipo de epilepsia que ocurre en niños previamente sanos y engloba la ausencia infantil, la ausencia juvenil y la epilepsia rnioclónica juvenil (síndrome de Janz)'.
https://enfamilia.aeped.es/temas-salud/epilepsia-generalizada-idiopatica


66 'Algunos niños pequeños, entre 1 y 4 años, padecen convulsiones coincidiendo con fiebre elevada. Estas convulsiones habitualmente solo requieren el tratamiento de la convulsión aguda, por lo que no es necesario tratamiento ni estudios
posteriores'. https://vivirconepilepsia.es/epilepsia-infantil


67 https://enfamilia.aeped.es/temas-salud/epilepsia-generalizada-idiopatica


68 https://www.analesdepediatria.org/es-estudio-epilepsias-segun-edad-inicio-articulo-S1695403316301916


69 https://fundacionbelen.org/base-datos/epilepsia/


70 https:/www.apiceepilepsia.org/educacion-y-epilepsia/implicaciones-educativas-de-la-epilepsia/?cli_action=1626087802.717#Salto2


71 https://es.slideshare.net/FARMACOLOGO/epilepsia-9072121



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c) Por último, los centros escolares deben comunicar a los padres cualquier alteración que observen en el estado físico o conductual del menor, a fin de que estos puedan evaluar si necesita un mayor apoyo, o un tratamiento distinto.


ii. La garantía de que, tanto los centros como las familias, disponen de las herramientas necesarias para abordar las necesidades educativas de los menores. Entre ellas se cuentan, por lo que respecta al centro escolar, la adaptación
curricular y metodológica o la orientación educativa psicopedagógica; por lo que respecta a la familia, en cambio, el Estado debe garantizar el acceso -en condiciones de igualdad y con independencia de la región en que resida el menor- a servicios
de logopedia y cualesquiera otros incluidos en los servicios de Atención temprana, así como a tratamientos farmacológicos, si fueran precisos.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:


1. Realizar un informe actualizado sobre la prevalencia real de la epilepsia en la población española y las necesidades que dicha enfermedad hace surgir en los enfermos y en las familias, con especial incidencia en el plano educativo. Se
deberá dar traslado de dicho informe a la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.


2. Sobre la base de las conclusiones que se alcancen en el informe antedicho, promover la planificación, elaboración y ejecución, en colaboración y coordinación con asociaciones que trabajan el campo de las personas afectadas por la
epilepsia, de una campaña de concienciación, información y educación sobre la epilepsia, en todos los centros educativos a nivel nacional.


3. Promover la incorporación de un Protocolo de actuación ante una crisis de epilepsia a la formación de prevención de riesgos laborales en las escuelas.


4. Promover el desarrollo de un modelo común de Atención Temprana en toda España, que garantice la igualdad de todos los españoles en el acceso a los derechos que la ley les reconoce, con independencia de la Comunidad Autónoma en la que
residan.


5. Promover la ampliación del servicio de Atención Temprana con todas sus garantías para los niños mayores de seis años en los casos en que, existiendo situaciones que pudieran afectar a los menores con carácter permanente, como es el caso
de la epilepsia, el facultativo, especialista o pediatra así lo estimen oportuno.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2021.-Rocío de Meer Méndez, María de los Reyes Romero Vilches, Cristina Alicia Esteban Calonje, Lourdes Méndez Monasterio y Georgina Trías Gil, Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz
del Grupo Parlamentario VOX.


161/002983


A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Rocío de Meer Méndez, D.ª María de los Reyes Romero Vilches, D.ª Cristina Alicia Esteban Calonje, D.ª Lourdes Méndez Monasterio y D.ª Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la exigencia de la residencia legal en España como
requisito de inscripción en el padrón municipal, para su discusión en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas integrales de la Discapacidad.



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Exposición de motivos


Primero. Definición del padrón municipal y competencias sobre el mismo.


El artículo 16.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, 'LRBRL') define el padrón municipal de la siguiente manera:


'Es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán
carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos.'


Si bien 'la formación, mantenimiento, revisión y custodia del padrón municipal' es competencia de los Ayuntamientos, dichas tareas han de efectuarse conforme a lo que 'establezca la legislación del Estado', y bajo la supervisión del
Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Consejo de Empadronamiento, organismos ambos vinculados a la Administración General del Estado. Todo ello, a tenor de lo dispuesto en el artículo 17.1 LRBRL.


Segundo. Finalidad del padrón municipal.


El artículo 15 LRBRL dispone que 'toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente'. En idénticos términos se pronuncia el artículo 54.1 del Real Decreto 1690/1986, de 11
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales ('RD 1690/1986').


De ambos preceptos se infiere que la finalidad inmediata del padrón municipal es el conocimiento de la situación poblacional real de cada municipio, es decir, constatar la residencia como realidad fáctica. Los datos del padrón sirven a su
vez a otros fines mediatos, tales como el estadístico, la planificación urbanística, etc.


Atendiendo a la finalidad primaria descrita, la LRBRL permite que solo se exija, como requisitos para ser inscrito en el padrón, los siguientes:


1. Acreditar el domicilio habitual (artículo 16.2.c).


2. Acreditar la identidad de la persona (artículo 16.2.f).


a) En el caso de los españoles, basta con indicar el número del Documento Nacional de Identidad.


b) En el caso de las personas de nacionalidad extranjera, caben a su vez varias opciones:


i. Que dispongan de 'tarjeta de residencia en vigor, expedida por las autoridades españolas'.


ii. Que se trate de 'ciudadanos nacionales de Estados Miembros de la Unión Europea, de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de Estados a los que, en virtud de un convenio internacional se extienda el
régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados'. En ese caso, basta con indicar el número del documento acreditativo de su identidad.


iii. Que sean 'ciudadanos nacionales de Estados no comprendidos en el inciso anterior de este párrafo, salvo que, por virtud de Tratado o Acuerdo Internacional, disfruten de un régimen específico de exención de visado en materia de pequeño
tráfico fronterizo con el municipio en el que se pretenda el empadronamiento'. A estos se les exigirá la exhibición del visado correspondiente.


iv. Que se trate de personas que ni tienen una tarjeta de residencia legal en España ni pertenecen al ámbito de países a que nos hemos referido en los puntos anteriores. La LRBRL solo requiere, en este caso, la indicación del Número de
Identidad de Extranjero o del 'número del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia'. La Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la
Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal permite incluso, para el caso de los
apátridas, su identificación mediante cédula de inscripción.


Tercero. Efectos de la inscripción en el padrón municipal.


Con independencia de que la finalidad del padrón, como hemos mencionado, sea constatar el dato fáctico de la residencia, lo cierto es que la inscripción en el mismo conlleva una serie de efectos jurídicos



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para la persona inscrita, incluso aunque no tenga permiso para residir en España. Los más reseñables son los siguientes:


- 'Derecho a la asistencia sanitaria' (artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en adelante, 'LO 4/2000').


- 'Derecho y deber a la educación', cuando se trate de menores de dieciséis años (artículo 9.1 LO 4/2000).


- 'Derecho a la enseñanza posobligatoria' de los extranjeros menores de dieciocho años (ídem).


- Derecho de acceso a los 'servicios y prestaciones sociales básicas' (artículo 14.3 LO 4/2000).


- Derecho a que se reconozca el tiempo de permanencia en territorio español, a efectos de solicitud de autorización de residencia por arraigo social o laboral (artículo 124 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009).


Cuarto. Conflicto entre la función del padrón y la legislación en materia de extranjería.


De lo expuesto se deduce que la inscripción en el padrón de las personas que no residen legalmente en España es sin duda una cuestión controvertida: permitir dicha inscripción es dar carta de naturaleza y dotar de efectos jurídicos a una
situación 'per se' antijurídica.


Así lo han manifestado, en los últimos años, diversos Ayuntamientos 72 (el de Vic o el de Salt, en Barcelona; los de Reus y Tortosa, en Tarragona; el de Torrejón de Ardoz, en Madrid; y los de Ceuta y Melilla), poniendo trabas al
empadronamiento de extranjeros que se encuentran en España en situación irregular. La Abogacía General del Estado se ha pronunciado sobre esta cuestión, concluyendo que, sobre la base de los artículos 15 LRBRL y 53 RD 1690/1986, no cabe denegar la
inscripción en el padrón municipal a los extranjeros por el hecho de que no residan legalmente en España 73.


Sin menoscabar en absoluto tal interpretación, se constata que la literalidad del segundo inciso del artículo 16.2.f) LRBRL está generando un conflicto entre el propósito del padrón -de conocimiento de la realidad de un municipio- y el
principio de legalidad, en referencia a las normas vigentes en materia de extranjería. Veamos de qué modo:


i. El Estado tiene la obligación de cumplir la ley y hacer que se cumpla, ya que se encuentra plenamente vinculado por lo dispuesto en los artículos 9.3 y 103.1 de la Constitución Española:


'La constitución garantiza el principio de legalidad'.


'La Administración pública [...] actúa [...] con sometimiento pleno a la ley y al Derecho'.


Así lo ha entendido también el Tribunal Constitucional, que afirmaba en Sentencia 48/2003, de 12 de marzo:


'Nuestra Constitución también proclama principios, debidamente acogidos en su articulado, que dan fundamento y razón de ser a sus normas concretas, [...] y que vinculan y obligan, como la Constitución entera, a los ciudadanos y a los poderes
públicos' (Fi 7.º).


ii. 'Encontrarse irregularmente en territorio español' constituye una infracción grave, a tenor de lo dispuesto por el artículo 53.1 LO 4/2000. Por otro lado, 'ayud[ar] a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo de un modo que vulnere la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros' es un delito tipificado en el artículo 318 bis.1 del Código Penal.


iii. La literalidad del artículo 15 LRBRL (y concordante del RD 1690/1986) está impidiendo al Estado denunciar e investigar conductas antijurídicas como son las descritas en el párrafo anterior.


iv. Podemos concluir, pues, que el statu quo normativo está fomentando un incumplimiento del principio de legalidad en lo que respecta a la legislación en materia de extranjería. Principio que, tal y


72 https://elpais.com/elpais/2010/01/19/actualidad/1263892622_850215.html


73 Informe de la Abogacía General del Estado, 20 de enero de 2010. Referencia: A. G. Justicia 1/10.



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como refería la STC 4/1981, de 2 de febrero, en su FJ 1.º, goza de valor aplicativo y no meramente programático:


'Los principios generales del derecho incluidos en la Constitución tienen carácter informador de todo el Ordenamiento jurídico [...] que debe así ser interpretado de acuerdo con los mismos. Pero es también claro que allí donde la oposición
entre las Leyes anteriores y los principios generales plasmados en la Constitución sea irreductible, tales principios, en cuanto forman parte de la Constitución, participan de la fuerza derogatoria de la misma, como no puede ser de otro modo. El
hecho de que nuestra norma fundamental prevea, en su art. 53.2, un sistema especial de tutela de las libertades y derechos reconocidos -entre otros- en el art. 14 que se refiere al principio de igualdad, no es sino una confirmación de carácter
específico del valor aplicativo -y no meramente programático- de los principios generales plasmados en la Constitución'.


v. Si se modificase la legislación relativa a la inscripción en el padrón, en el sentido de explicitar que el Estado pueda investigar de oficio la situación de los empadronados que carezcan de permiso de residencia en España, ello generaría
un temor a inscribirse y, como consecuencia, el padrón dejaría de reflejar fielmente el dato real de la población.


vi. En conclusión, solo cabe que, en aras del principio de legalidad, se modifique la normativa relativa al padrón, con el fin de que esta sea coherente con la vigente en materia de extranjería. Concretamente, ha de limitarse la
posibilidad de inscripción en el padrón municipal a las personas que residan legalmente en España. El Estado es competente para promover una reforma de este tenor.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la legislación reguladora de las condiciones de inscripción en el padrón municipal, con el fin de que solo puedan inscribirse en el mismo las personas que residan legalmente en
España, en los términos establecidos en la legislación aplicable en materia de extranjería.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2021.-Rocío de Meer Méndez, María de los Reyes Romero Vilches, Cristina Alicia Esteban Calonje, Lourdes Méndez Monasterio y Georgina Trías Gil, Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz
del Grupo Parlamentario VOX.


161/003029


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la actualización del Bono Social de electricidad para hacer
frente al impacto del incremento del precio de la factura de la luz entre las personas más vulnerables, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales.


Exposición de motivos


El aumento de los precios de la electricidad en España como consecuencia del encarecimiento de los precios del gas y de los derechos de emisión de CO2 es una constante en España desde hace ya varios meses. El día 15 de marzo de este año, el
precio del MWh en el mercado mayorista en España se situaba en los 47,59 euros. Un mes más tarde, concretamente el 20 de abril, el precio del MWh había aumentado más de 30 euros, hasta alcanzar los 78,58 euros. Esta escalada incesante de precios,
que se inició durante el primer trimestre del año, amenaza con mantenerse hasta los primeros meses de 2022, momento en el que algunos expertos apuntan que los precios podrían establizarse.


No en vano, el viernes 13 de agosto se registró un precio medio de 117,29 euros/MWh en el mercado mayorista, superando todos los niveles de julio e incluso los picos de este arranque de agosto, mes que ha marcado ya siete máximos históricos.
El aumento generalizado de la factura de la luz en España está



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afectando a las personas acogidas al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que son más de 10 millones de consumidores. En cuanto a los consumidores que se encuentran en el mercado libre, el aumento de los precios del gas y de
los derechos de emisión de CO2 también acabará redundando a medio plazo en un incremento de sus facturas por consumo de electricidad.


La ciudadanía española enfrenta esta situación cuando aún se está recuperando del impacto económico y social provocado por la COVID-19. En estos momentos, la tasa de desempleo sigue estando casi 2 puntos por encima del porcentaje de
personas desempleadas alcanzado en febrero de 2019. A su vez, consecuencia de esta situación, el número de personas en España con carencia material severa y que no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días ha
aumentado casi un 50 % y el 13,5 % de la población afirma que tiene que aplazar los pagos relacionados con la vivienda principal.


Por su parte, Cruz Roja anunciaba recientemente que durante el año 2021 tiene previsto atender a más de 17.000 personas por motivos de pobreza energética, lo que supondrá un incremento del 15 % en relación al año anterior. Además, según
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 11 % de los hogares españoles no puede permitirse mantener una temperatura adecuada en casa. Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos propusimos la reducción temporal del IVA aplicado a la
factura de la luz y la suspensión temporal del impuesto a la generación eléctrica, algo que tras oponerse inicialmente finalmente aprobó el Gobierno el pasado mes de junio. Sin embargo, las escaladas de precios de las últimas semanas ya han
absorbido el efecto de esas medidas. El 50 % de los días del mes de agosto el precio de la electricidad ha superado los 100 €/MWh de media al día, algo que antes de este año solo había ocurrido una vez, en 2002.


Esta situación obliga a los poderes públicos, en particular al Gobierno de España, a adoptar nuevas medidas compensatorias, mientras los precios de la luz sigan al alza, con la finalidad de que los ciudadanos con menos recursos económicos
puedan tener acceso a un recurso básico como es la electricidad.


En el año 2017, gracias al impulso del Grupo Parlamentario Ciudadanos, se aprobó el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los
consumidores domésticos de energía eléctrica. A pesar de que esta medida ha dado cobertura a miles de ciudadanos desde entonces, el paso del tiempo ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar determinados requisitos de acceso a la ayuda por tal
de que no queden excluidos del sistema ciudadanos que necesitan de estos descuentos en la luz debido a su situación económica.


Asimismo, los descuentos fijados actualmente en la norma así como los umbrales de renta se previstos para tener derecho a acceder al Bono Social de electricidad se presentan como insuficientes si tenemos en cuenta que el precio del MWh es en
estos momentos más del doble que el coste medio del MWh en el año 2017, cuando se aprobó el Bono Social de electricidad.


Por todo lo anterior, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:


1. Incrementar hasta el 30 % el descuento en la factura de la luz previstos para consumidores vulnerables y hasta el 50 % en el caso de consumidores vulnerables severos.


2. Elevar los límites de renta previstos para acceder al Bono Social de electricidad con la finalidad de facilitar el acceso a los descuentos en la factura de la luz a personas que se encuentran en dificultades para costear los precios de
la electricidad en un contexto de escalada de precios.


3. Revisar los requisitos establecidos para el acceso al Bono Social de electricidad por tal de garantizar que ningún consumidor vulnerable queda excluido del sistema de descuentos de la factura de la luz.


4. Aumentar hasta el 50 % el límite a la cantidad de ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que pueden destinarse a medidas con incidencia social para paliar situaciones provocadas por la
transición hacia una economía descarbonizada.



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5. Extender la reducción del IVA sobre la electricidad y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica aprobados por el Real Decreto-ley 12/2021 hasta que se recuperen completamente los niveles de
actividad y empleo previos a la pandemia.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de agosto de 2021.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


161/003019


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para incluir A Limia en el plan de
Regadíos del Ministerio de Agricultura, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


El agua es un bien fundamental: eso es algo que saben bien en la comarca de A Limia, en Ourense. Optimizar ese recurso para abrir las puertas a nuevos cultivos que garanticen el futuro de la agricultura en la zona, haciéndola más
sostenible, es uno de los grandes objetivos del proyecto de mejora y modernización del regadío en las comunidades de regantes de la zona que la Consellería de Medio Rural ha presentado a los fondos Next Generation. La inversión que requiere el plan
de la Xunta es de 34 millones de euros, que solo suponen el 6 % del presupuesto destinado al sector agroalimentario y pesquero en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que el Ministerio de Agricultura tiene previsto invertir
en la mejora del regadío en España (563 millones de euros).


La Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia tiene previsto modernizar las zonas de regadío de las Comunidades de Regantes de Interés General con cuatro proyectos de modernización:


- Proyecto de modernización de riego de 814,1 ha en la región de Limia. Zona: Parte baja del Limia (Margen Sur)-Comunidad de Regantes Lamas-Ganade.


- Proyecto de modernización de riego de 1.060,4 ha en la región de Limia. Área: Comunidad de Regantes Entre Ríos-Corno do Monte.


- Proyecto de modernización de riego de 998,9 ha para la región de Limia. Área: Alto Limia-Comunidad de Regantes de Alta Limia.


- Proyecto de modernización de riego de 321,5 ha en San Salvador de Sabucedo-Comunidad de Regantes en San Lourenzo de Sabucedo.


Estas cuatro comunidades de regantes agrupan veinte previamente existentes, siendo sus principales producciones la patata y el maíz. El área total a modernizar es de 3.195 ha. Los principales objetivos a alcanzar son:


1. Ahorro y mejora de la eficiencia en el uso del agua de riego (alrededor de 430 m3/ha regado al año).


2. Regularización de los recursos hídricos de la región.


3. Introducción de nuevas técnicas de riego más eficientes a nivel de parcela.


4. Mejora de la renta agraria y desarrollo de la Comarca de A Limia.


5. Permitir una agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente.


6. Mejorar la calidad de vida de los agricultores, reduciendo las horas de trabajo que dedican al riego.


7. Importantes ahorros de energía.



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Esas mejoras, como describe el proyecto presentado por la Consellería de Medio Rural, también permitirían, entre otras muchas cosas, hacer una adaptación de los modelos agrícolas al cambio climático, mediante la reducción del consumo de
agua, además de emplear energías renovables.


La actuación que se llevaría a cabo implica la realización de las obras necesarias para la captación de aguas subterráneas, desde pozos de sondeo al almacenamiento en balsas para su regularización y su posterior distribución mediante una red
de tuberías hasta las zonas de riego previamente definidas.


Existe un problema ambiental en la zona, debido a los efectos del caudal circulante de los ríos y caudal ecológico, calidad del agua, extracciones descontroladas y constantes quejas y denuncias de particulares y de la Sociedad Gallega de
Historia Natural. Parte del problema medioambiental se solucionaría con la implantación de estas infraestructuras de mejora del regadío. Además, tendría un impacto positivo importante, el vertido de agua resultante de la digestión de aguas
residuales en futuras balsas para uso en riego.


Si bien en 2011 se firmó un Convenio de Colaboración con SEIASA para llevar a cabo las obras de modernización de estas áreas de regadío, los regantes no quieren el sistema SEIASA, por el coste de las inversiones que realiza SEIASA en sus
proyectos y que no consideran necesario ni práctico, ni quieren conexiones de riego individuales. Necesitan una red primaria de transporte de agua y la creación de infraestructura básica, luego llevarían el riego a sus parcelas. No quieren un
hidrante en cada parcela porque son parcelas pequeñas de 5.000 m2 en promedio y cada agricultor utiliza varias; también se estima que el 41 % son parcelas arrendadas, con el consecuente problema de quién debe hacer las inversiones, si el
arrendatario o el dueño.


No creemos que sea la opción adecuada porque las inversiones son elevadas: Hace unos años el precio del riego por hectárea era de 9.000 € si lo gestionaba Seiasa y de 6.000 € con otras empresas; también por la oposición de los regantes
cuando el porcentaje que debían poner era el 10 % de la inversión total y devolver el 41 % que ponía Seiasa entre los años 26 y 50 tras la inversión (10 % Comunidad de regantes, 22 % fondos propios Xunta de Galicia, 27 % PDR y 41 % Seiasa).


Llevar a cabo esas obras daría un fuerte impulso a la agricultura porque, como explican desde la Asociación de Empresarios, Gandeiros e Agricultores de A Limia (Adegal), 'permitiría una mayor rotación de cultivos. Además, al plantar
especies que requieren más materia orgánica favorecería la economía circular porque podrían aprovecharse los restos que generan las explotaciones ganaderas'.


Que el Gobierno acometa las mejoras de los regadíos de la Comarca de A Limia supone una actuación estratégica de enorme importancia tanto para el desarrollo socioeconómico de la zona como para la potenciación del sector agropecuario de esta
comarca, la más agrícola de la provincia de Ourense.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proceder a la mejora de los Regadíos de A Limia, con la inclusión de los Regadíos de A Limia en el Plan de Regadíos del Ministerio de Agricultura, a través de la aportación de Fondos Next
Generation, para ocasionar el menor coste posible a los regantes, y con la mayor coordinación interministerial de los diferentes organismos implicados.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 2021.-Ana Belén Vázquez Blanco y Celso Luis Delgado Arce, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la adopción de medidas
para mejorar la gestión y los controles en la costera del bonito, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.



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Exposición de motivos


Un año más en las aguas del caladero cantábrico se reproducen los problemas durante la conocida como costera del bonito, de manera especial las quejas de nuestros marineros y armadores ante la presencia de buques de pabellón francés e
irlandés que utilizan artes y modalidades de pesca mucho más agresivas con el ecosistema marino y que les permiten incrementar de manera muy sensible sus capturas.


En el presente año la costera del bonito del norte en estas aguas será una de las más cortas de la historia, dado que a la fecha de presentación de esta iniciativa ya se ha descargado el 80 % de las toneladas que el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación ha distribuido entre los barcos participantes.


La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) aprobó para el presente año una subida del 12,5 % de las toneladas concedidas en el año anterior, pero el Ministerio dejó de asignar cerca de 1.000 toneladas sin una
explicación al sector, por lo que desde este Grupo Parlamentario también pedimos explicaciones.


Es bien sabido que mientras los boniteros españoles se ciñen a los límites que se establecen desde la Secretaría General de Pesca y que sus descargas diarias se controlan diariamente mediante la herramienta Gestcuotas, que permite conocer
todos los datos de los desembarcos de nuestra flota, parece no ocurrir lo mismo con las flotas francesa e irlandesa, de las que no conocemos sus consumos de cuotas.


Igualmente es destacable que nuestra flota gallega, asturiana, cántabra o vasca, utiliza artes como el curricán, la cacea o el cebo vivo, todas ellas consideradas artesanales, mientras que las flotas francesa e irlandesa utilizan el arrastre
pelágico, que resulta dañino para el ecosistema marino, considerándose un método de pesca generador de amplios descartes, tanto en la propia pesquería como en la comercialización, a lo que habría que añadir el daño que producen estas prácticas en
otros animales marinos como delfines, tortugas u otros cetáceos. Ello también conlleva que estos barcos franceses e irlandeses, que faenan en las zonas donde lo hacen también las flotas españolas, generan grandes tensiones dado que dificultan la
agregación de bancos de bonito y generan la necesidad de búsqueda de nuevas áreas de presencia de túnidos por parte de los barcos del Cantábrico.


Cabe señalar que todas estas circunstancias motivan la necesidad de un control muy especial en toda la cadena de la pesquería, como el respeto del límite de las 12 millas, de las cuotas, descartes, etc.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Ejercer el máximo control para garantizar el cumplimiento de todas las normas por parte de las flotas que operan en la costera del bonito, especialmente en lo referido al consumo de cuotas y la generación de descartes.


2. Instar a la Unión Europea a primar y favorecer el uso de artes selectivas y más sostenibles, respetuosas con el medio marino y generadoras de descartes cero, como las utilizadas por la flota española en el Cantábrico en la costera del
bonito.


3. Continuar utilizando los argumentos científicos, económicos y sociales que permitan, de acuerdo con ese conocimiento, lograr mayores cuotas anuales de esta especie en las futuras citas anuales de ICCAT.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de agosto de 2021.-Joaquín María García Díez, Belén Hoyo Juliá, Marta González Vázquez, Jaime Eduardo de Olano Vela, María Valentina Martínez Ferro, Tristana María Moraleja Gómez, Ana Belén Vázquez
Blanco, Celso Luis Delgado Arce, Diego Gago Bugarín, Javier Bas Corugeira, Juan Manuel Constenla Carbón, Paloma Gázquez Collado, Elena Castillo López, Diego Movellán Lombilla y Beatriz Álvarez Fanjul, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el impacto de la nueva
metodología de cálculo de los costes eléctricos sobre la agricultura de regadío, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, reconoce en su disposición final quinta bis, que el contrato de acceso para riego contemplará la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función
de la necesidad de suministro para esta actividad en cada momento del año. La ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el
texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, establece la previsión para recoger la doble potencia con carácter excepcional para esta actividad agraria.


Tres años después, el Gobierno no ha publicado el desarrollo reglamentario preciso para que los regantes puedan disponer de dos potencias eléctricas diferentes, tal y como estaba previsto por el gobierno del Partido Popular, ya en marzo de
2018, para favorecer la competitividad de las explotaciones agrarias en nuestro país. No solo no se ha desarrollado este reglamento, sino que las actuaciones de Gobierno de España han ido en sentido totalmente contrario. El Real Decreto 148/2021,
de 9 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los cargos del sistema eléctrico, establece que la metodología de cálculo de los cargos de electricidad entrará en vigor y surtirá efectos simultáneamente con la metodología de
cálculo de los peajes de transporte y distribución aprobados en la Circular 3/2020, de 15 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y
distribución de electricidad, y en ningún caso antes del 1 de junio de 2021.


Según el Gobierno, la combinación de los nuevos peajes, establecidos por las normas anteriormente citadas y por la orden ministerial que fija su cuantía, permitirían que la nueva factura eléctrica dependa de la energía consumida, lo que
fomenta el ahorro y la eficiencia energética y permite que las medidas en este sentido tengan un mayor impacto en el recibo del usuario. Sin embargo, la realidad ha sido exactamente la contraria, subidas exponenciales de la factura de la luz a
todos los ciudadanos y sectores productivos, incluido el agroalimentario.


Determinados sectores económicos, como la agricultura vinculada al regadío, se consideran especialmente perjudicados por la nueva regulación, ya que se incrementan los períodos más caros y se reducen los más baratos, precisamente en los
momentos en los que los cultivos necesitan de los riegos. Además, la brevedad de los horarios que podrían resultar menos caros hace imposible que los agricultores puedan acumular los riegos para optimizar el gasto.


Según cálculos de algunas organizaciones agrarias, la nueva tarificación propuesta por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico supondría en muchos casos un incremento de costes de entre el 40 y el 50 por ciento. La factura
eléctrica se ha encarecido un 1.000 % en los últimos años, suponiendo casi el 50 % de los costes de producción de una explotación de regadío, ante lo cual estas mismas organizaciones agrarias han acudido al Defensor del Pueblo ante la inacción del
Gobierno en este tema.


Este incremento tendría un efecto contrario al objetivo planteado con el diseño de la metodología de cálculo, pues repercutiría sobre las cuentas de resultados de la explotación, y con ello en el coste de producción, e impediría las
inversiones en modernización del regadío o en la implantación de energías renovables para mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad de los regadíos.


El propio Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación reconoció el problema generado por su gobierno y se comprometió con los representantes de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) en estudiar nuevos mecanismos de
tarificación que permitirán disminuir el coste energético de los agricultores en la factura eléctrica que pagan por el regadío, sin que hasta la fecha se hayan tenido noticias de ninguna propuesta, lo cual es especialmente llamativo teniendo en
cuenta la



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exponencial subida de la luz en los últimos meses, unida a las elevadas temperaturas y la necesidad de agua para evitar la pérdida de cultivos.


Cabe recordar la importancia del regadío en el sistema agroalimentario español: la agricultura de regadío supone el 22,54 % de la tierra cultivada y es responsable de más del 65 % de la producción vegetal. Contribuye a fijar la población,
pues la densidad de población es hasta tres veces superior en zonas de regadío de alta intensidad respecto a zonas de secano, y el número de incorporaciones de jóvenes agricultores es hasta 6,5 veces superior en estas zonas de regadío.


En definitiva, si ya en el mes de julio este Grupo Parlamentario presentaba una iniciativa previa a la entrada en vigor de os nuevos peajes de transporte y distribución de la electricidad, y una vez demostrada la previsión del Partido
Popular del insoportable impacto de la subida del precio de la luz en los consumidores y por tanto en la supervivencia de las explotaciones agrarias, así como la inacción de este gobierno, se hace imprescindible que tome medidas de una vez que
aseguren la viabilidad de las explotaciones, que permitan la disponibilidad de inversión para la modernización de los regadíos y que permitan una verdadera competitividad de nuestros productos.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Promover y regular con carácter inmediato la doble facturación eléctrica prevista en la Ley 1/2018 a fin de poner en marcha un modelo de tarificación favorable y adaptado a las especiales características del sector agroalimentario
español, a fin de incentivar la incorporación de jóvenes y asegurar la rentabilidad de la actividad económica a él vinculada, como motor fundamental de la economía del medio rural.


2. Adoptar las medidas necesarias para evitar incrementos de facturación eléctrica en tanto no se apruebe la nueva normativa.


3. Potenciar la implantación de energías renovables en el mundo rural como mecanismo de reducción de emisiones, ahorro de costes y, por tanto, complemento de los ingresos de los agricultores y ganaderos.


4. Desarrollar las acciones necesarias para un adecuado desarrollo reglamentario, para evitar un impacto negativo en las explotaciones del agro español, de las previsiones legales de la inminente Ley de Cambio Climático y Transición
Energética y del anunciado Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico Nacional.


5. Incorporar la financiación de nuevos regadíos y modernización de los existentes a los planes para la reconstrucción económica de España post-COVID-19, especialmente en los Fondos Next Generation EU, a fin de cumplir con los compromisos
previstos en los diferentes Planes Hidrológicos de Cuenca.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de agosto de 2021.-Milagros Marcos Ortega, Marta González Vázquez, Juan Manuel Constenla Carbón, Joaquín María García Díez, María José García-Pelayo Jurado, Belén Hoyo Juliá, Sebastián Jesús Ledesma
Martín, Juan José Matarí Sáez, Javier Merino Martínez y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Política Territorial y Función Pública


161/003027


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para una remuneración digna y adecuada de las prácticas laborales
en el Sector Público Estatal, para su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.



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Exposición de motivos


El pasado mes de octubre el Parlamento Europeo solicitó a la Comisión Europea que los programas de prácticas laborales en el marco de la Garantía Juvenil contaran todos con una remuneración digna. Esta resolución es una muestra adicional de
la creciente preocupación en la sociedad de que las prácticas laborales, en demasiadas ocasiones, sean empleadas como mano de obra barata en lugar de servir de genuina herramienta de formación. En España esta inquietud se ve acrecentada por las
enormes tasas de desempleo y temporalidad entre la juventud, mucho más elevadas que en el resto de los países de nuestro entorno.


Por desgracia, la Administración General del Estado, lejos de servir de ejemplo para el resto de los empleadores de España, es la primera en ofrecer prácticas sin remuneración de ningún tipo. Además de perpetuar la precarización del mercado
laboral juvenil, supone una política profundamente regresiva que acrecienta las desigualdades entre aquellos jóvenes de una posición socioeconómica más ventajosa, que se pueden permitir formarse en la Administración Pública, y aquellos que no tienen
los medios para sustentarse económicamente durante la realización de estas prácticas.


Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos ya propusimos la creación de un Programa 'Margarita Salaverría' de prácticas remuneradas para jóvenes profesionales que quieran desempeñar funciones en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación y en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Si bien es cierto que la situación de desigualdad que crean las prácticas no remuneradas resulta más grave en el caso de aquellas realizadas en
las misiones de España en el extranjero, lo que justificaría que se comience a revertir la situación por aquellas, no es menos cierto que situaciones similares se dan en toda la Administración General del Estado y, en general, en el Sector Público
Estatal.


Más en general, desde Ciudadanos también hemos expuesto la necesidad de elaborar un nuevo 'Estatuto del estudiante en prácticas' que aporte más claridad sobre los tipos de prácticas laborales que existen y que nos permita alcanzar una
definición sustantiva de práctica no laboral que nos permita distinguirla del servicio laboral.


En definitiva, el sector público debe liderar el cambio en el modelo de prácticas laborales imperante en España, no liderar el trato precario a la juventud.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente:


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Asegurar que todos los programas de prácticas profesionales en órganos y organismos dependientes de la Administración General del Estado contemplan la remuneración de quienes desempeñan las funciones contempladas en los mismos.


2. Tomar las medidas necesarias para que las prácticas realizadas en entidades que forman parte del Sector Público Estatal estén adecuadamente retribuidas.


3. Presentar ante las Cortes Generales las iniciativas legislativas necesarias para garantizar que todas las prácticas, tanto curriculares como extracurriculares, sean adecuadamente retribuidas.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de agosto de 2021.-José María Espejo-Saavedra Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


161/002987


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para dotar de recursos presupuestarios
la lucha contra el reto demográfico, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.



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Exposición de motivos


España es un país con una extensión de 505.900 km2 y 47 millones de habitantes, de los cuales 41 millones ocupan el 30 % del territorio, y 6 millones, el 70 %: son los 6.000 municipios que constituyen la España rural. En la última década,
se ha acelerado un proceso de despoblamiento que ya no afecta solo a los municipios más pequeños, sino a un porcentaje muy elevado de todos. Las zonas más despobladas, son, además, las más envejecidas, y con una menor presencia de mujeres. Todo
ello dibuja un contexto territorial que amenaza la igualdad de oportunidades de todos los españoles, genera enormes tensiones sobre el sistema de bienestar, y nos enfrenta a una realidad socioeconómica que reclama atención urgente y acción política
determinada y audaz.


En la VI Conferencia de Presidentes celebrada en enero de 2017, el Gobierno del Partido Popular y las Comunidades Autónomas adoptaron la decisión de elevar este problema a la máxima categoría política, abordándolo como una verdadera política
de Estado, y así figura en la declaración final de dicha Conferencia. A partir de ese momento, el Gobierno puso en marcha, a través de la creación del Comisionado para el Reto Demográfico, dependiente de la Vicepresidencia, una Estrategia de Lucha
frente al Reto Demográfico, con la participación de todas las Comunidades Autónomas y entidades locales, atendiendo a las recomendaciones de los expertos, de la sociedad civil y del mundo académico, así como de los agentes sociales y económicos.


En marzo de 2018, el Gobierno aprobó el Plan 300x100, como una de las piezas básicas para dotar de conectividad de última generación a todo el territorio español, y permitir así que a las brechas anteriormente descritas, no se añadiera la
brecha digital, que dificulta no solo la fijación de población en el territorio, por la dificultad que entraña una escasa o nula conectividad, sino que hace imposible el desarrollo de nuevas iniciativas de emprendimiento y una correcta prestación de
servicios básicos, de educación y sanidad. Esta iniciativa, dotada con 500 millones de euros, debía sentar las bases para una nueva transformación económica y social.


Paralelamente, las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, fueron desarrollando planes y estrategias, e incluso en alguna de ellas leyes, para afrontar el reto demográfico y la despoblación desde una perspectiva
multidisciplinar, aprovechando las mejores prácticas disponibles.


En enero de 2019, el Consejo de Ministros aprobó las Directrices Generales de la Estrategia frente al Reto Demográfico, inspiradas en buena medida en los trabajos realizados hasta la fecha y por el gobierno anterior. En febrero de 2019, el
Senado aprobó por unanimidad el Informe de la Comisión Especial sobre la Evolución Demográfica en España, que había venido desarrollando sus trabajos durante casi dos años, con recomendaciones en el ámbito de las políticas públicas, apoyo a las
familias y la natalidad y medidas para afrontar el envejecimiento y fomentar la implicación política y la sensibilidad social.


En enero de 2020, la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, asume esta competencia, y transcurridos doce meses desde esa fecha, celebramos sin duda la inauguración de una página web en su Ministerio dedicada al Reto Demográfico,
con información de interés de lo que se hace en Europa, de lo que hacen las Comunidades Autónomas y con datos geográficos, pero reclamamos determinación y acción. La nueva gobernanza del reto demográfico resulta ambiciosa en su diseño, y en la
multiplicación de órganos colegiados de nueva creación, pero poco operativa hasta la fecha.


La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto, con mayor crudeza si cabe, el enorme desafío que supone, desde el punto de vista de los derechos y libertades de las personas, pero también de su bienestar social, de los riesgos y
oportunidades, la falta de cohesión territorial y de integración social. Todos hemos contemplado con admiración el papel insustituible que el mundo rural y su principal actividad, la agroalimentaria, desempeña en la vida cotidiana de los cuarenta y
seis millones de españoles. Gracias a ello, se ha evitado una crisis de consecuencias imprevisibles.


El pasado 3 de diciembre, el Congreso de los Diputados aprobaba el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, que incorporan 26.000 millones de euros del Fondo de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia, de los
cuales, 6.800 están presupuestados en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. De ellos, ni un solo euro para la Secretaría General del Reto Demográfico, que solo tiene una partida de 19 millones de euros, 17 de los cuales
para transferencias a Comunidades Autónomas y Entes Locales. El informe del Semestre europeo de 2019 ya ponía el foco en el problema de la despoblación y el envejecimiento de las zonas rurales en nuestro país, y recomendaba vincular fondos europeos
de cohesión a inversiones asociadas a este reto.



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Por otra parte, no se puede avanzar en la descarbonización de nuestra economía y alcanzar el objetivo adoptado por la Unión Europea de ser un continente climáticamente neutro en 2050, de espaldas a la España escasamente poblada, que
precisamente puede y debe jugar un papel fundamental en esa transición, tanto por los recursos que aporta en la mitigación frente al cambio climático a partir de los sumideros de carbono, como por las posibilidades que ofrece para la implantación de
proyectos innovadores y sostenibles, que permitan dar respuesta a una demanda creciente en ese sentido. Los compromisos climáticos y la nueva estrategia de crecimiento europeo o Green Deal deben incorporar el reto demográfico como elemento central,
tanto en el diseño de políticas como en la ejecución de proyectos.


Hay que tener en cuenta, además, que algunos de los territorios que sufren tensiones demográficas y determinados sectores llamados a desaparecer gradualmente, son doblemente castigados por este proceso de transición ecológica; por ello es
necesario prestarles una atención particular, con ayudas económicas y sociales, en lo que se ha venido denominando la Transición Justa.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Constituir un Fondo para el Reto Demográfico, adecuadamente dotado, que se nutrirá de los recursos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia.


2. Destinar un porcentaje del Fondo para el Reto Demográfico, no inferior al 30 %, a proyectos destinados a la revitalización de las zonas poco pobladas, y en concreto, a los municipios de menos de 5.000 habitantes.


3. Priorizar aquellas actuaciones que favorezcan la incorporación de jóvenes y mujeres al territorio, y con carácter general, fomentar nuevos modelos de emprendimiento.


4. Contemplar, entre la normativa que se adoptará para la modernización de la administración española y para la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia, medidas específicas y urgentes para agilizar la tramitación de
los proyectos orientados a afrontar el reto demográfico, de tal manera que puedan beneficiarse de las mejores condiciones de flexibilidad administrativa y agilidad en los plazos de tramitación.


5. Crear un portal único para la tramitación de proyectos que tengan una accesibilidad prioritaria para el mundo rural.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2021.-Carmen Navarro Lacoba, Diputada.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/002993


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la recuperación y acondicionamiento de la playa de A Punta y su entorno en el barrio de Teis (Vigo), para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


La playa de A Punta es el arenal más importante con que cuenta el barrio de Teis en Vigo. Se sitúa justo al lado del paseo marítimo y en contacto con el parque público de la ETEA, lo que la convierte en uno de los lugares de ocio y
esparcimiento para los vecinos y vecinas en los meses estivales. Sin embargo, el espacio lleva años desatendido y en un estado de grave abandono que impide un seguro y adecuado uso del mismo. Entre las deficiencias que presenta la playa se
encuentran, principalmente, el hundimiento de la rampa de acceso al arenal, el mal estado de la torre de vigilancia, la falta de firme en el paseo marítimo y la progresiva desaparición de la arena. Todos estos problemas han sido denunciados ya por



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parte de la Asociación Vecinal de Teis tanto ante el Concello de Vigo como ante la Dirección de la Costa y el Mar, sin que se haya realizado mejora alguna en el entorno de la playa de A Punta.


Uno de los problemas es el referido al espacio ocupado por el arenal, que prácticamente desaparece con la marea alta y hace que las personas usuarias, en su mayoría vecinos y vecinas de Teis, deban ubicarse en la zona del paseo y parque
próxima a la playa. Como alternativa se propone, para ganar espacio, que se acondicione una superficie entre el paseo marítimo y el parque público. Toda esa zona se encuentra a día de hoy en un estado de total abandono, descuidado, con terreno
irregular y vegetación alta. Además, se podría acondicionar el muelle colindante con la playa, pues ya es utilizado por los usuarios y usuarias de la playa a pesar del estado de deterioro actual.


Para contener la desaparición progresiva de arena también se ha considerado la construcción de un espigón, que podría ser sumergido, siempre y cuando los estudios técnicos así lo aconsejen y que estos concluyan que es una opción sostenible
ambientalmente y que la inversión se vea justificada por los beneficios que se obtendrían. En este sentido, debe recordarse que ya se intentó recuperar el arenal depositando arena, pero que esta desapareció al cabo de poco tiempo, lo que supuso un
gasto inútil de dinero público.


También debe acondicionarse y asegurar, o bien desmontar, la torre de vigilancia instalada al lado de la playa y asociada a los usos anteriores de la ETEA. Su estado de deterioro amenaza la estructura y ya se han producido desprendimientos,
por lo que es urgente su aseguramiento o retirada.


Aunque en 2019 Costas hizo público su compromiso de iniciar las obras de recuperación de la playa de A Punta, dos años después aún no se han iniciado, y la mejora de los espacios y entorno de la playa son ahora más urgentes que nunca. Entre
las obras anunciadas también se encontraba la construcción del espigón semejante al ya existente en la zona cuando la ETEA era una escuela militar, pero tampoco se ha hecho público nada más al respecto.


Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a realizar desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y, concretamente por la Dirección General de la Costa y el Mar, las gestiones y trámites necesarios
para iniciar, a la mayor brevedad, los trabajos de recuperación y acondicionamiento de la playa de A Punta en el barrio de Teis en Vigo y de su entorno.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2021.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.


161/003005


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el refuerzo de las interconexiones eléctricas, para su
debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


El sábado 24 de julio más de 1,2 millones de abonados a la red sufrieron un apagón eléctrico producido tras un incidente con un hidroavión que había acudido a sofocar un incendio debajo de las líneas de interconexión eléctrica de Francia con
España. Esto produjo la pérdida de un doble circuito de 400 kV, lo que provocó a su vez la repentina sobrecarga de otras tres líneas de interconexión que nos conectan con el país galo y su desconexión. Aunque la causa primera se debiera a un
infortunio, las repercusiones han vuelto a poner en el centro del debate la vulnerabilidad del sistema eléctrico español por su escaso nivel de integración con el resto de la red europea, lo que hace de la Península Ibérica prácticamente una isla en
términos eléctricos.


El problema que ya presenta de por sí para la seguridad y calidad del suministro una capacidad tan baja de las interconexiones internacionales se ve exacerbado por los objetivos cada vez más ambiciosos



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de instalación de generación eléctrica renovable solar y fotovoltaica. El inevitable aumento de la volatilidad que un mayor peso de las energías renovables supondrá en el sistema eléctrico corre el riesgo de exponerlo a incidentes
similares. En este contexto, un aumento de las interconexiones permitirá que, en tiempos de necesidad energética por falta de viento o sol, España tenga el respaldo de otras fuentes europeas o, al contrario, que el sistema eléctrico español sirva
de respaldo del de otros europeos. En definitiva, diversificar el riesgo de que el estrés puntual en una parte del sistema no afecte a la generalidad del mismo.


El propio incidente causado por el hidroavión vuelve a servir de ejemplo ilustrativo pues, tal y como explicó la propia Red Eléctrica de España (REE) 'el aislamiento del sistema peninsular del sistema europeo central dio lugar a la caída de
la frecuencia en el sistema peninsular por la pérdida de la energía que en ese momento se estaba importando (2.500 MW)', mientras que 'el sistema francés solamente pierde por la perturbación del orden de 100 MW al mantenerse acoplado al sistema
síncrono europeo y no sufrir problemas de subfrecuencia'. Dicho en otras palabras, la mayor integración del sistema francés le permitió absorber con relativa facilidad unas perturbaciones ante las que España, por su aislamiento, es más vulnerable.


Desde la Unión Europea se lleva tiempo insistiendo en la necesidad de aumentar las interconexiones eléctricas de España con el resto del continente. Así, en 2002, la Comisión Europea recomendó que todos los Estados Miembros alcanzaran en
2020 un mínimo de un 10 % de ratio de interconexión, que posteriormente sería elevado a un objetivo del 15 % en 2030. La razón fundamental de esta meta es facilitar el desarrollo del mercado eléctrico europeo y la integración de renovables en el
marco de la descarbonización y la transición energética. La situación hoy, no obstante, dista de ser buena y la capacidad de las interconexiones internacionales no alcanza el 5 % de potencia instalada de generación eléctrica. Esto nos convierte,
según datos de ENTSO-E, en el Estado miembro de la Unión Europea con menor ratio de interconexión.


Finalmente, el reto al que se enfrenta la Península Ibérica al ser funcionalmente casi una isla eléctrica lo tienen, en aún mayor medida, los territorios que son literalmente islas. Aunque se ha progresado notablemente en las
interconexiones insulares en las últimas décadas, los objetivos de transición energética y descabonización exigen redoblar esfuerzos en esta materia tanto en el archipiélago balear como en el canario.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Tomar las medidas necesarias para aumentar la ratio de interconexiones eléctricas internacionales hasta un mínimo del 15 % respecto a la potencia instalada de generación eléctrica.


2. Impulsar las interconexiones eléctricas de los archipiélagos canario y balear, así como las de este último con la Península, incluyendo, en particular:


a) Impulsar la interconexión eléctrica entre las islas de Gran Canaria y Fuerteventura.


b) Estudiar la viabilidad técnica y, en su caso, impulsar la interconexión eléctrica entre Gran Canaria y Tenerife, de manera que el sistema eléctrico de la mayoría de las islas se encuentre integrado.


c) Estudiar la viabilidad técnica y, en su caso, impulsar, la interconexión eléctrica entre Canarias y Marruecos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2021.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


161/003009


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para lograr la mejora ambiental y puesta en valor de la Ría de Ribadeo, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.



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Exposición de motivos


La Ría de Ribadeo, frontera y a su vez unión entre asturianos y gallegos, conforma un espacio natural de extraordinario valor ecológico por la gran variedad de flora y fauna que la ocupa. Así es reconocida por multitud de figuras de
protección medio ambiental, pudiendo destacar las siguientes: Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA), Humedal de Importancia Internacional de acuerdo con el Convenio Ramsar y Zona Núcleo de la Reserva de la Biosfera 'Río Eo, Oscos y Terras de Burón'.


Recientemente la Ría de Ribadeo ha saltado a la palestra pública por la reapertura del innecesario debate acerca de su topónimo, a instancia del Principado de Asturias, cuyo expediente administrativo está siendo tramitado por el Instituto
Geográfico Nacional, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Con este tipo de confrontaciones solamente se consigue desviar los esfuerzos, tanto de asturianos como de gallegos, sobre las verdaderas necesidades de
nuestra Ría, que no son otras que su recuperación ambiental y la puesta en valor de este espacio natural.


En los últimos años se vienen poniendo en marcha múltiples proyectos en la margen gallega de la Ría de Ribadeo que enriquecen este entorno. Cabe destacar las actuaciones llevadas a cabo primeramente entre el Concello de Ribadeo y el
Servicio Provincial de Costas en Lugo, actualmente dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, y más recientemente a través del proyecto europeo LIFE 16 NAT/ES000771 LIFE FLUVIAL para la 'Mejora y gestión sostenible de corredores
fluviales de la Región Atlántica Ibérica', a través de las cuales se han ido expropiando terrenos ribereños para sustituir eucaliptos y otras especies alóctonas e invasoras por especies autóctonas propias de este entorno, a la vez que se ha ido
creando una senda a lo largo de este espacio, restaurando infraestructuras como la Casa de las Algas o el molino de mareas de As Aceas, entre otras. Destacamos también las mejoras realizadas en cuanto al saneamiento de los núcleos de población
cuyas aguas tienen como destino final la Ría de Ribadeo, pues esto supone actuar sobre una de las principales amenazas para este ecosistema.


Llegados a este punto, se considera fundamental la implicación del Estado, como elemento vertebrador, en las actuaciones de mejora ambiental y puesta en valor de la Ría de Ribadeo, y, a un nivel superior, de todo el territorio de la Reserva
de la Biosfera 'Río Eo, Oscos y Terras de Burón', por su ámbito transcomunitario.


En primer término, en el ámbito puramente ambiental, se considera necesario continuar con la sustitución de especies alóctonas e invasoras en ambos márgenes de la Ría de Ribadeo, para lo cual será preciso en primer lugar la adquisición de
los terrenos afectados.


Una segunda actuación, de elevado valor turístico y deportivo, sería la creación de una senda que bordee toda la Ría de Ribadeo, a modo de ruta circular de unos 25 kilómetros entre Ribadeo-Vegadeo-Castropol. Cabe destacar que en la margen
gallega ya existe un tramo inicial de unos 5,6 kilómetros que llega desde el Faro de lila Pancha, pasando por la playa urbana de Os Bloques, hasta llegar al molino de mareas de As Aceas, mientras que en la margen asturiana se cuenta con otro tramo
de unos 5 kilómetros que une los núcleos de población de As Figueiras y Castropol.


Paralelo a esta acción, debería aprovecharse el antiguo trazado del tren minero Ribadeo-Vilaoudriz, para reunificar la senda por los Concellos de Ribadeo y Trabada (Galicia) y unirse a los tramos ya habilitados desde hace años de los
Concellos de San Tirso de Abres (Asturias) y A Pontenova (Galicia) como Vía Verde del Eo.


De esta forma, se conseguiría la conexión mediante senda de estos municipios galaico-asturianos que suman más de 21.000 habitantes, lo que significaría la implantación de un importante motor económico en cuanto al sector turístico en este
tiempo post-covid que nos va a tocar vivir, donde va a cobrar vital importancia disfrutar de los espacios naturales. Se contribuiría a atraer turistas durante todo el año, un turismo sostenible y respetuoso con la naturaleza, además de fomentar el
deporte en nuestro territorio. Destacar también la alternativa que supondría esta senda a la carretera nacional N-642 en Ribadeo, declarada una de las más peligrosas del Estado.


Por último, como tercera actuación cabría también hacer hincapié en la necesidad de continuar con la mejora del saneamiento de ambas márgenes de la Ría de Ribadeo, pues en pleno siglo XXI no es concebible que en un espacio protegido como
este se estén a producir los vertidos actuales de aguas sin ser sometidas a un proceso de depuración, especialmente la margen asturiana en donde en bajamar es frecuente ver a simple vista los alivios que se producen directamente a la Ría.



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Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


1. Actuar para lograr la mejora ambiental y puesta en valor de la Ría de Ribadeo colaborando en el plan de sustitución de especies alóctonas e invasoras por otras propias de este territorio en los márgenes de la Ría de Ribadeo.


2. Crear una senda que bordee toda la Ría de Ribadeo (Ribadeo-Castropol-Vegadeo) con conexión con los Concellos de Trabada, San Tirso de Abres y A Pontenova a través de una senda verde por el antiguo trazado del tren minero de
Vilaoudriz-Ribadeo.


3. Poner en marcha actuaciones para la mejora integral del saneamiento de aguas residuales en ambos márgenes de la Ría de Ribadeo, eliminando cualquier vertido contaminante que pueda existir en este entorno.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2021.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.


161/003012


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Doña Macarena Olona Choclán, doña Mireia Borrás Pabón, don Luis Gestoso de Miguel, don Ángel López Maraver, don Pedro Requejo Novoa, don Francisco José Contreras Peláez, doña María Magdalena Nevado del Campo y don Ricardo Chamorro Delmo, en
sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la retribución de las centrales nucleares, para su discusión en la Comisión de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.


Exposición de motivos


Primero. De la energía nuclear.


La energía nuclear es la fuente energética líder en producción neta (55.762 GWh 74) en España por décimo año consecutivo, generando un 22,18 % del total de la electricidad nacional 75, por delante de la energía eólica (21,9 %) y del ciclo
combinado (17,5 %).


74 Energia y Sociedad (22 de julio de 2021). La energía nuclear sufre un exceso de carga fiscal, sin parangón con otros países. Energía y Sociedad. Recuperado de
https://www.energiaysociedad.es/boletin/la-energia-nuclear-sufre-un-exceso-de-carga-fiscal-sin-parangon-con-otros-paises/


75 Foro Nuclear (enero 2021). Nucleares: Diez años liderando la producción eléctrica y al 100 % de potencia durante la ola de frío. Recuperado de
https://www.foronuclear.org/sala-de-prensa/notas-de-prensa/nucleares-diez-anos-liderando-la-produccion-electrica-y-cien-por-cien-dinponibles-durante-ola-frio/



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Fuente: Statista; es.statista.com


Esto se consigue con una potencia neta instalada de 7.117 MW 76 que opera más del 90 % del total de horas al año, lo que supone el 6,44 % de la capacidad neta instalada.


Segundo. De la necesidad de la energía nuclear en el mix eléctrico español.


La energía nuclear es una tecnología limpia y segura, cuyo mantenimiento es estratégico para España, particularmente en el escenario de penetración masiva de energías renovables que vamos a presenciar en los próximos años.


1. Es una energía libre de emisiones que aporta firmeza al sistema eléctrico.


El Título I de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética (en adelante 'LCCTE'), recoge como objetivo mínimo nacional la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 23 % en el año 2030
respecto a los valores de 1990; debiendo alcanzar la neutralidad climática a más tardar en el año 2050.


La energía nuclear no emite dióxido de carbono y se posiciona como la que más contribuye a los objetivos de descarbonización propuestos por España y la Unión Europea.


A pesar de ser una excelente tecnología para cumplir con el Acuerdo de París, la senda establecida en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (en adelante 'PNIEC') y la misma LCCTE han planificado una penetración masiva de tecnologías
de generación renovable. La LCCTE 77 fija como meta alcanzar en el año 2030 una penetración de energías de origen renovable en el consumo final de al menos un 42 %, así como un sistema eléctrico con al menos un 74 % de la generación a partir de
energías de origen renovable.


Sin embargo, el principal escollo en la apuesta por las renovables es que no son gestionables. En este contexto, las centrales atómicas producen energía también en aquellos momentos de tensión para el sistema (en horario nocturno, situación
anticiclónica y un gran consumo energético ocasionado por altas o bajas temperaturas). Son, por lo tanto, una excelente opción como tecnología de respaldo ya que proporcionan firmeza al sistema eléctrico, siendo garantía y seguridad de suministro.


76 Foro de la Industria Nuclear Española (2021). Resultados nucleares 2020 y perspectivas de futuro. Recuperado de https://www.foronuclear.org/wp-content/uploads/2021/05/Resumen-ejecutivo-resultados-nucleares-2020.pdf


77 El artículo 3 de la mencionada LCCTE versa sobre los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética.



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Francia es un referente en la Unión Europea por ser el país con la energía más limpia (un 96 % de producción baja en emisiones de CO2) 78 y, además, el mayor productor de energía de Europa. El motivo es su apuesta por la energía nuclear que
acapara el 77 % de la energía consumida en el país.


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2. Es una fuente de abastecimiento de energía eléctrica nacional que permite reducir la dependencia energética del exterior.


La política energética nacional debe garantizar la seguridad de abastecimiento. Cuando hay riesgo de suministro energético en Europa, los países suspenden las exportaciones de electricidad para garantizar el abastecimiento nacional. Un
ejemplo lo encontramos en lo ocurrido el 8 de enero de 2021, a las 14:05 horas, cuando el temporal Filomena fraguó la tormenta perfecta en los mercados eléctricos, provocando una de las mayores crisis energéticas 79 que se recuerdan en Europa: el
incremento de la demanda


78 Pérez, E. (14 de junio de 2021). Francia produce suficiente energía para exportar a todos los vecinos europeos y lo hace sin renunciar a ser el más verde. Xataca. Recuperado de
https://www.xataka.com/energia/francia-produce-suficiente-energia-para-exportar-a-todos-vecinos-europeos-hace-renunciar-a-ser-verde


79 A las 14.05 CET, se produjeron cortes de varios elementos de la red de transporte en un corto periodo de tiempo. La frecuencia en el noroeste de Europa continental disminuyó a un valor de 49,74 Hz en quince segundos. Simultáneamente, la
frecuencia en el sureste aumentó a un valor de hasta 50,6 FIz antes de establecerse en una frecuencia de estado estable entre 50,2 Hz y 50,3 Hz. Esto provocó un desequilibrio en la frecuencia eléctrica (que en Europa es de 50 Hz), que estuvo a
punto de tumbar el sistema eléctrico.


Ante esta situación, se activaron los servicios de gestión de la demanda (interrumpibilidad) contratados en Francia e Italia, lo que implicó la desconexión de 1,7 GW de potencia para equilibrar el sistema. Red Eléctrica de España desconectó
parte de la interconexión con Francia como medida correctiva para evitar sobrecargas. Las dos áreas quedaron de nuevo sincronizadas a las 15:08 horas y la interconexión española con Francia se acopló totalmente a las 17:17 horas.??



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calorífica por la ola de frío provocó un desequilibrio en la frecuencia que estuvo a punto de tumbar el sistema eléctrico.


Mientras tanto, las centrales nucleares españolas estuvieron manteniendo el 100 % de la potencia, ofreciendo estabilidad al sistema eléctrico.


Sin embargo, no se pudo evitar el apagón del pasado 24 de julio de 2021 cuando el sistema de Red Eléctrica colapsó por una avería 80 en Francia a las 16:35 horas, que dejó cerca de 2,5 millones de afectados 81. En este caso, el aislamiento
del sistema peninsular y la baja capacidad de interconexión con nuestros países vecinos ponen de manifiesto que no podemos prescindir a corto plazo de una fuente de energía nacional.


Tercero. Del calendario de cierre de las centrales nucleares y de la asfixia financiera del parque nuclear.


A pesar de ser una tecnología estratégica, limpia y segura, el Ejecutivo ha previsto el cierre de las instalaciones nucleoeléctricas que continúan en funcionamiento en España. Así lo recoge el PNIEC 2021-2030 cuando expresa 82 que 'las
empresas propietarias del parque nuclear y la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa), empresa pública responsable de la gestión de los mencionados residuos, así como de las labores de clausura y desmantelamiento de los reactores, han
acordado por unanimidad un calendario ordenado y escalonado de cierre de los siete reactores nucleares que permanecen activos, acuerdo que ha contado con el visto bueno del Gobierno. Tras el consenso alcanzado entre los diferentes actores
implicados, se procederá al cierre escalonado de cuatro reactores en el período de vigencia del presente PNIEC. Los tres restantes lo harán antes de finalizar 2035'.


En este contexto, el pasado 1 de junio de 2021, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha acordado iniciar la tramitación urgente del anteproyecto de Ley por la que se actúa
sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico (en adelante, 'el anteproyecto'), con el objetivo de regular, como explica la nota de prensa del Ejecutivo, 'la minoración de la retribución de las centrales inframarginales y no emisoras
puestas en servicio con anterioridad a la entrada en vigor del mercado de derechos de emisión' 83. Ello afectaría, entre otras, a la tecnología nuclear, recortando por medio de un nuevo instrumento los ingresos que estas puedan percibir en el
mercado mayorista por considerarlos 'beneficios caídos del cielo' (windfall profits) 84.


En este punto, es necesario mencionar que la fijación de precios del mercado eléctrico es marginalista: la tecnología más cara que entra en el pool 85 es la que establece el precio al que se remunera a todas las centrales eléctricas con
independencia de sus costes.


80 Roca, R. (24 de julio de 2021). Así se ha producido el apagón que ha dejado a media España sin luz durante media hora. El Periódico de la Energía. Recuperado de
https://elperiodicodelaenergia.com/asi-se-ha-producido-el-apagon-que-ha-dejado-a-media-espana-sin-luz-durante-media-hora/ 'A las 16:35 h debido a una avería en el sistema eléctrico francés, según informa su operador del sistema (RTE), coincidiendo
con un incendio sobrevolado por hidroaviones se produce la desconexión de los dos circuitos de la interconexión eléctrica entre España y Francia, provocando la desconexión del sistema eléctrico peninsular del resto de Europa.


El aislamiento del sistema peninsular del sistema europeo central da lugar a la caída de la frecuencia en el sistema peninsular por la pérdida de la energía que en ese momento se estaba importando (2.500 MW). Ese desequilibrio entre
inyección de energía y consumo provoca la activación de las protecciones automáticas de desconexión de consumos (lo que se conoce como deslastre de cargas) para garantizar la seguridad del sistema y evitar un mayor impacto asegurando que no se vean
afectados servicios esenciales. Se pierden del orden de 2.350 MW (potencia equivalente a más de dos centrales nucleares a plena carga) en nuestro sistema repartidos por toda la geografía peninsular según el plan de deslastre establecido para estas
situaciones'.


81 Roca, R. (26 de julio de 2021). Cerca de 2,5 millones de afectados por el apagón eléctrico del sábado. El Periódico de la Energía. Recuperado de
https://elperiodicodelaenergia.com/cerca-de-25-millones-de-afectados-por-el-apagon-electrico-del-sabado/


82 Gobierno de España. Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. Página 277. Recuperado de https//www.miteco.gob.es/images/es/pnieccompleto_tcm30-508410.pdf


83 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Recuperado de https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=419


84 Los windfall profit o 'beneficios caídos del cielo' se definen como aquellos beneficios 'supranormales', de magnitud significativa y sostenidos durante un cierto período de tiempo, debido a circunstancias de mercado extraordinarias,
inesperadas y fuera del control de las empresas o a cambios significativos en la regulación de sus actividades. Recuperado de https//www.energiaysociedad.es/manenergia/6-4-windfall-profits-y-windfall-looses/.


85 El Pool eléctrico es el nombre que el sector energético le ha dado al mercado mayorista de la electricidad, donde se compra y se vende la electricidad todos los días, gestionado por el OMIE a través de una sesión diaria y seis
intradiarias. En este mercado intervienen productoras, distribuidoras y comercializadoras. Definición recogida en electryconsulting.com Recuperado de
https://electryconsulting.com/blog/que-es-y-como-funciona-el-pool-electrico-en-espana/#:~:text=EI% 20pool% 20e1%C3% A9ctrico% 20es%20e1%20nombre% 20que%20el%20sector%20energ%C3%A9tico,intervienen%20productoras%2C%20distribuidoras%
20y%20comercializadoras.



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Sin embargo, las centrales nucleares no disfrutan de 'beneficios caídos del cielo':


- Las instalaciones tienen una carga impositiva desproporcionada, discriminatoria y confiscatoria que alcanza el 61 % de la facturación.


- Además, invierten anualmente cerca de 300 millones de euros, lo que ha supuesto una inversión en la última década de más de 3.000 millones de euros.


- Asimismo, el inmovilizado pendiente de amortizar es superior a 5.500 millones de euros, tal y como reflejan los balances y cuentas de resultados auditados de las empresas propietarias de las centrales 86.


Por todo ello, a pesar del excelente funcionamiento, en los últimos años el resultado financiero del parque nuclear se ha visto mermado. El pasado 2020 ha llegado a operar con un flujo de caja operativo negativo de unos 500 millones de
euros. Adicionalmente, el Foro de la Industria Nuclear Española destaca que el contexto de mercado futuro le conduce a la quiebra técnica, con destrucción de caja acumulada de 2.400 millones de euros en el próximo decenio, y no permitirá recuperar
las futuras inversiones por valor de 3.000 millones de euros. De esta manera, el anteproyecto incrementaría la destrucción de caja hasta los 6.200 millones de euros e, inequívocamente, conduciría a la quiebra técnica de las centrales.


Cuarto. Del establecimiento de un precio fijo para retribuir la generación nuclear.


En el medio y largo plazo los precios en el mercado mayorista tenderán a la baja gran parte de las horas del año por la gran penetración de energías renovables con coste variable tendente a cero, llevando el precio marginal a valores por
debajo de los actuales 87. Por lo tanto, se hace necesario poner en valor a las centrales nucleares como tecnología de respaldo y establecer un régimen económico para la energía nuclear que garantice una retribución ajustada, pero suficiente, y que
asegure su viabilidad económica y afrontar las inversiones recurrentes hasta las fechas acordadas en el protocolo de cierre nuclear.


Nuestro país vecino, Francia, negoció en 2011 el mecanismo ARENH (Acceso Regulado a la Energía Nuclear Histórica), que permitió la elaboración de un contrato a largo plazo (un quindenio) para la energía nuclear generada por EDF (Electricité
de France) con los suministros alternativos a un precio fijo de 42 euros el megavatio hora. Actualmente, el Estado está negociando con la Comisión Europea un precio fijo superior en torno a los 45-50 euros el MWh 88.


Del mismo modo, Reino Unido pactó un precio fijo de 105 euros el MWh para la futura central Hinckley Point 89.


En España tenemos el deber de explorar todas las opciones dirigidas a la viabilidad de una tecnología que presta un servicio esencial y garantiza el suministro eléctrico libre de emisiones.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las medidas necesarias en el seno de la Comisión Europea tendentes a establecer una retribución para la energía nuclear, ajustada pero suficiente, que garantice su viabilidad
económica y disuada a las plantas nucleoeléctricas de promover el adelanto de la fecha de cierre programada.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2021.-Mireia Borrás Pabón, Luis Gestoso de Miguel, Ángel López Maraver, Pedro Requejo Novoa, Francisco José Contreras Peláez, María Magdalena Nevado del Campo y Ricardo Chamorro Delmo,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


86 Foro de la Industria Nuclear Española (3 de junio de 2021). Las centrales nucleares no están amortizadas y la generación nuclear está actualmente en pérdidas.


87 Idem.


88 El Periódico de la Energía (18 de marzo de 2021). La nuclear se ahoga en España por los impuestos. Recuperado de: https://elperiodicodelaenergia.com/la-nuclear-se-ahoga-en-espana-por-los-impuestos/


89 M. Vélez, A. (11 de febrero de 2021). Las nucleares piden 'una solución' para ser viables y creen que pagarles un precio fijo 'podría ser un camino'. El Diario. Recuperado de
https://www.eldiario.es/economia/nucleares-piden-solucion-viables-creen-pagarles-precio-fijo-camino_1_7211397.html



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar la efectividad de las actuaciones ante los efectos del
cambio climático, para su debate ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


El cambio climático es uno de los grandes retos de nuestro tiempo, y posiblemente el desafío de mayor magnitud al que tenemos que enfrentarnos en este siglo. El Acuerdo de París alcanzado en 2015 establece como objetivo limitar ese aumento
medio de la temperatura global a 1,5 ºC en 2100. Este año, Canadá y Estados Unidos han experimentado temperaturas récord de calor extremo, llegando incluso a marcar 121 ºF, lo que se traduce a casi 49,5 ºC. Esto provocó un importante número de
incendios, especialmente en la provincia canadiense de la Columbia Británica, donde los servicios de protección forestal han identificado hasta 16 focos, y solo a inicios de la temporada de verano.


Actualmente, incendios similares están devastando amplias zonas de Grecia e Italia, donde cientos de personas han tenido que ser evacuadas por la incapacidad de controlar los focos de estos fuegos de forma humana. Hace una semana, Grecia
registró un nuevo récord de temperaturas en Europa este año, con 46,3 ºC registrados el pasado 2 de agosto en la localidad de Makrakomi. Precisamente, el récord histórico fue registrado en 1977 en Atenas, con 48 ºC, aunque varios expertos apuntan
que la ola de calor que está afectando al sur de Europa este año puede hacer que se superen esas marcas a lo largo de esta semana. En Rusia, los incendios forestales han devastado ya más de cuatro millones de hectáreas en el país, haciendo temer a
los expertos que esto pueda aumentar los niveles de dióxido de carbono (CO2) emitidos a la atmósfera hasta batir los récords del año pasado. En una situación similar se encuentran Turquía, donde los fuegos han provocado el caos en zonas turísticas
del país, obligando a evacuar a vecinos y visitantes por cientos, o Estados Unidos, donde los incendios forestales han devastado en torno a 16.000 hectáreas, principalmente entre California y Hawaii.


En España, esta temporada de incendios está siendo también particularmente preocupante, aunque de forma menos acusada que en nuestros países vecinos del sur de Europa y que los registros de otros años. El Centro de Coordinación de la
Información Nacional sobre Incendios Forestales (CCINIF), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cifró en 5.497 incidentes los registrados hasta el 1 de agosto, de los cuales 3.477 han sido conatos (63,25 %) y
2.020 incendios (36,75 %). Esta cifra de siniestros supone una reducción del 20 % y es ligeramente inferior respecto a la media del último decenio, que se sitúa en 6.880 siniestros. Es decir, pese a que este año España está sufriendo menos en
términos relativos los impactos del fuego respecto a lo que ocurre en otros países, lo cierto es que los niveles registrados en España son similares a la media de la última década.


A principios de julio, el GP Ciudadanos registró una pregunta al Gobierno para su contestación por escrito sobre los preparativos para esta campaña de incendios. España es un país extremadamente vulnerable a los efectos del cambio climático
dada nuestras condiciones climáticas y, también, a la acción humana. Esto no solo afecta a los incendios, como han demostrado otras consecuencias de las olas de calor -en términos, por ejemplo, de pérdidas de productividad laboral o de
fallecimientos- o las riadas e inundaciones vividas también en algunas zonas de nuestro país. El pasado 15 de junio, España entró oficialmente en temporada de riesgo máximo por incendios, que se extiende hasta el próximo 15 de octubre. De acuerdo
a los registros, el número de incendios está disminuyendo, pero la capacidad destructiva de los mismos está aumentando. Los grandes fuegos -que no llegan al 1 % del total- tienen un potencial devastador equivalente a todos los demás combinados.


Pese a ello, España se enfrenta a este reto con poca preparación, mala gestión y fragmentación autonómica. De acuerdo a un informe del Tribunal de Cuentas Europeo de 2017, España es uno de los Estados miembros de la Unión Europea que peor
uso hacen de los fondos destinados a gestión forestal, es decir, a preservar, cuidar y recuperar las masas forestales de nuestro país, que no son solo un patrimonio natural a proteger, sino que también son una herramienta de absorción de emisiones
de CO2 gracias a su acción como sumideros de carbono. Además, los cuerpos de agentes forestales de nuestro país siguen pidiendo la coordinación y homogeneización de las directrices a las que están sometidos en



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todo el territorio nacional. De este modo, exigen regular y unificar los criterios de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos y Bomberos Aeroportuarios, para definir unos estándares de calidad mínimos exigibles a
las administraciones públicas que prestan este servicio a los ciudadanos. Por ejemplo, hemos asistido a episodios en los que los intereses partidistas y nacionalistas han puesto en peligro la coordinación de estos servicios y las condiciones en las
que los agentes realizan su labor. El pasado agosto, el Congreso de los Diputados votó a favor de la toma en consideración de una propuesta de legislación en este sentido, en la que el GP Ciudadanos votó a favor. Desde entonces, los grupos
parlamentarios que apoyan al Gobierno y los nacionalistas han decidido paralizar la tramitación de esa ley.


Hoy mismo, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) ha hecho público su nuevo informe sobre los escenarios a los que nos dirigimos con las políticas públicas de cambio climático
actuales y las consecuencias que esos escenarios tendrán para nuestra sociedad y nuestra economía. El IPCC ha alertado de que es necesario actuar en dos aspectos fundamentales si queremos cumplir los objetivos del Acuerdo de París y evitar las
consecuencias más devastadoras del cambio climático: por un lado, reducir nuestras emisiones globales de gases de efecto invernadero; por otro lado, invertir en prevenir, preparar y adaptar nuestras sociedades y economías para esos impactos que,
aun cumpliendo con los objetivos del tratado, podremos sentir en nuestro día a día. Los efectos que estamos comprobando hoy son el resultado de un aumento de la temperatura media global de en torno al 1°C, mientras que las proyecciones apuntan a
que, a finales de siglo y de seguir con las medidas actuales, ese aumento puede llegar a los 3,5 °C, con las consecuencias que eso tendrá para nuestra forma de vida en términos de fenómenos extremos relacionados con el cambio climático y su impacto
en vidas humanas y pérdidas económicas.


Por todo ello, el GP Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Aprobar una Ley Nacional de Bomberos para mejorar la coordinación de los Servicios de Prevención Extinción de Incendios y Salvamentos y Bomberos Aeroportuarios, que contemple unos estándares de calidad mínimos exigibles, protocolos de
coordinación de las actuaciones de prevención, control y extinción de incendios, condiciones mínimas y equipamiento para desarrollar su labor y la atención a las víctimas y sus familias, siempre respetando el marco competencial vigente.


2. Encomendar a la AlReF una evaluación de las inversiones realizadas en materia de gestión forestal, prevención de desastres relacionados con el cambio climático y adaptación a los efectos del mismo, para detectar posibles ineficiencias y
recomendar nuevas medidas a tomar para proteger a nuestro país de los efectos del cambio climático.


3. Elaborar una Estrategia de Diplomacia Climática para que España, junto al resto de Estados miembros de la Unión Europea y de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, juegue un papel más activo a la hora de asegurar que nuestros socios
internacionales adoptan medidas efectivas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir a cumplir los objetivos del Acuerdo de París.


4. Aprobar el documento definitivo de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, incluyendo en ella medidas para evitar la despoblación irreversible de entornos forestales, de manera que se asegure un adecuado mantenimiento de la
masa forestal en todo el territorio nacional y se reduzca el riesgo de incendios.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de agosto de 2021.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la actualización del Bono Social de electricidad para hacer
frente al impacto del incremento del precio de la factura de la luz entre las personas más vulnerables, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


El aumento de los precios de la electricidad en España como consecuencia del encarecimiento de los precios del gas y de los derechos de emisión de CO2 es una constante en España desde hace ya varios meses. El día 15 de marzo de este año, el
precio del MWh en el mercado mayorista en España se situaba en los 47,59 euros. Un mes más tarde, concretamente el 20 de abril, el precio del MWh había aumentado más de 30 euros, hasta alcanzar los 78,58 euros. Esta escalada incesante de precios,
que se inició durante el primer trimestre del año, amenaza con mantenerse hasta los primeros meses de 2022, momento en el que algunos expertos apuntan que los precios podrían establizarse.


No en vano, el viernes 13 de agosto se registró un precio medio de 117,29 euros/MWh en el mercado mayorista, superando todos los niveles de julio e incluso los picos de este arranque de agosto, mes que ha marcado ya siete máximos históricos.
El aumento generalizado de la factura de la luz en España está afectando a las personas acogidas al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que son más de 10 millones de consumidores. En cuanto a los consumidores que se encuentran en
el mercado libre, el aumento de los precios del gas y de los derechos de emisión de CO2 también acabará redundando a medio plazo en un incremento de sus facturas por consumo de electricidad.


La ciudadanía española enfrenta esta situación cuando aún se está recuperando del impacto económico y social provocado por la COVID-19. En estos momentos, la tasa de desempleo sigue estando casi 2 puntos por encima del porcentaje de
personas desempleadas alcanzado en febrero de 2019. A su vez, consecuencia de esta situación, el número de personas en España con carencia material severa y que no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días ha
aumentado casi un 50 % y el 13,5 % de la población afirma que tiene que aplazar los pagos relacionados con la vivienda principal.


Por su parte, Cruz Roja anunciaba recientemente que durante el año 2021 tiene previsto atender a más de 17.000 personas por motivos de pobreza energética, lo que supondrá un incremento del 15 % en relación al año anterior. Además, según
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 11 % de los hogares españoles no puede permitirse mantener una temperatura adecuada en casa. Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos propusimos la reducción temporal del IVA aplicado a la
factura de la luz y la suspensión temporal del impuesto a la generación eléctrica, algo que tras oponerse inicialmente finalmente aprobó el Gobierno el pasado mes de junio. Sin embargo, las escaladas de precios de las últimas semanas ya han
absorbido el efecto de esas medidas. El 50 % de los días del mes de agosto el precio de la electricidad ha superado los 100 €/MWh de media al día, algo que antes de este año solo había ocurrido una vez, en 2002.


Esta situación obliga a los poderes públicos, en particular al Gobierno de España, a adoptar nuevas medidas compensatorias, mientras los precios de la luz sigan al alza, con la finalidad de que los ciudadanos con menos recursos económicos
puedan tener acceso a un recurso básico como es la electricidad.


En el año 2017, gracias al impulso del Grupo Parlamentario Ciudadanos, se aprobó el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los
consumidores domésticos de energía eléctrica. A pesar de que esta medida ha dado cobertura a miles de ciudadanos desde entonces, el paso del tiempo ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar determinados requisitos de acceso a la ayuda por tal
de que no queden excluidos del sistema ciudadanos que necesitan de estos descuentos en la luz debido a su situación económica.


Asimismo, los descuentos fijados actualmente en la norma así como los umbrales de renta previstos para tener derecho a acceder al Bono Social de electricidad se presentan como insuficientes si tenemos



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en cuenta que el precio del MWh es en estos momentos más del doble que el coste medio del MWh en el año 2017, cuando se aprobó el Bono Social de electricidad.


Por todo lo anterior, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:


1. Incrementar hasta el 30 % el descuento en la factura de la luz previstos para consumidores vulnerables y hasta el 50 % en el caso de consumidores vulnerables severos.


2. Elevar los límites de renta previstos para acceder al Bono Social de electricidad con la finalidad de facilitar el acceso a los descuentos en la factura de la luz a personas que se encuentran en dificultades para costear los precios de
la electricidad en un contexto de escalada de precios.


3. Revisar los requisitos establecidos para el acceso al Bono Social de electricidad por tal de garantizar que ningún consumidor vulnerable queda excluido del sistema de descuentos de la factura de la luz.


4. Aumentar hasta el 50 % el límite a la cantidad de ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que pueden destinarse a medidas con incidencia social para paliar situaciones provocadas por la
transición hacia una economía descarbonizada.


5. Extender la reducción del IVA sobre la electricidad y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica aprobados por el Real Decreto-ley 12/2021 hasta que se recuperen completamente los niveles de
actividad y empleo previos a la pandemia.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de agosto de 2021.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los efectos ambientales y económicos
derivados de los incendios forestales sucedidos en la provincia de Ávila, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


El pasado día 13 de agosto la Junta de Castilla y León advirtió de que 'las altas temperaturas, se verían acompañadas de un incremento importante del viento, lo que aumentaría aún más la probabilidad de ignición y la velocidad de propagación
de los incendios'.


El nivel de alarma obligó a detener completamente las labores en las comarcas que están realizando la cosecha del cereal y el empacado de paja, prohibiéndose dichas actividades durante los días 14, 15 y 16 de agosto.


Por ello, la Junta de Castilla y León estableció 'medidas preventivas y organizativas contempladas en la Orden por la que se regula el uso del fuego y se prohibió realizar trabajos en el monte y franja de 400 metros con maquinaria que pueda
generar deflagración, chispas o descargas eléctricas, como son, entre otras, cosechadores y empacadoras'.


Advirtiendo que 'las previsiones para el sábado 14 y el domingo 15 de agosto es que haya viento de componente oeste-suroeste mantenido, de 15 a 35 kilómetros por hora, con fuertes ráfagas. En algunos momentos, el viento será especialmente
intenso y desecante en el centro y noreste de la meseta'.


Todo ello sumado a las condiciones de altas temperaturas y baja humedad relativa de estos días y acompañado de un importante incremento de la velocidad del viento, debido a la masa de aire caliente en altura, derivó en que el incendio
iniciado en Navalacruz cobrara fuerte convectividad, y por efecto del viento o de la convectividad aisladamente o sumadas, derivó en un gran incendio de difícil extinción.


Un incendio que se origina en la N-502 como consecuencia de un automóvil que comienza a arder en el puerto de Menga (entre los términos municipales de Cepeda de la Mora y Navalacruz) el sábado 14 de



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agosto a las 10:40h; de manera simultánea son 5 los incendios activos en la provincia de Ávila, dos de los cuales llegaron a pasar a nivel 2.


El incendio se extiende rápidamente por la ladera de la montaña y adquiere una gran virulencia, al concurrir los tres factores de riesgo de manera simultánea, como son vientos superiores a 30 km/hora, vientos constantes en la provincia de
Ávila de entre 40-45 km/hora, con rachas que han llegado incluso a los 60 km/hora; temperaturas de más de 30 grados, la provincia de Ávila se ha acercado a los 40 grados, y una humedad inferior al 30 %, la humedad ha llegado a cerca del 4 %.


La noche del día 15 al día 16, el operativo logra parar las llamas utilizando la N-403 (Ávila-Toledo) como cortafuegos, justo antes de llegar a El Barraco y San Juan de la Nava, el operativo aéreo siguió actuando en dos flancos en la zona
sur y uno en la zona norte.


El incendio alcanza el día 16 de agosto, según los datos oficiales, a 12.000 hectáreas calcinadas, siendo el incendio más importante hasta la fecha en territorio nacional este verano; el incendio ha recorrido más de 80 km entre la sierra de
la Paramera y Gredos.


El día 17, según la información disponible, el incendio alcanza un perímetro de 130 kilómetros y seguían dos focos en la cara sur de la Sierra de la Paramera, cerca de Navalacruz y Navalmoral, con reproducciones en las zonas de Riofrío y
Navalacruz y focos secundarios en Mengamuñoz.


Se trata del incendio de mayor dimensión ocurrido en la historia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, arrasando más de 12.000 hectáreas en la provincia de Ávila y que ha causado que casi un millar de personas hayan tenido que ser
desalojadas de 5 núcleos de población diferentes, Villaviciosa, Robledillo, dos anejos de Solosancho, Sotalbo y su pedanía de Palacio, La Hija de Dios y Riofrío. El sistema satelital europeo 'Copérnico' ha estimado en 20.000 las hectáreas que
pueden haberse visto afectadas.


Los medios desplegados según consta en los comunicados de la Junta de Castilla y León son 11 Técnicos; 2 CMA; 16 A.M.; Hotel; HT-Cebreros; HT-CO-CA; HT-El Barco de Ávila; HT-El Bodón; HT-Villaralbo; AA-Talavera; AA-Matacán;
AA-Labacolla; 2HT-Tabuyo; 2HT-Pinofranqueado; 2HT-La Iglesuela; 2HT-; HT-Puedo El Pico; HK-Plasencia; ACO-Virgen del Camino; HK-Madrid; HT-Extremadura; HT-Madrid; 13 ELIF; 6 BRIF; 3 Bulldo-Zer; 12 Autobombas; 14 Cuadrillas de Tierra;
4 Unidad de Intervención UME; Bomberos de Ávila; Protección Civil; B33 Cuenca Cuadrilla...


La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado 303 militares y 103 medios, trabajando con unidades operativas del BIEM I y del BIEM V, 19 autobombas, 3 nodrizas y 2 Dozer D7, drones del equipo RPAS del BTUME y un helicóptero HU26 del
BHELEME.


Más de 1.000 personas han trabajado en el operativo, con la colaboración de otras Comunidades Autónomas, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia, así como el operativo la Diputación de Ávila, los ayuntamientos, las agrupaciones de
voluntarios, los servicios de emergencia, Cruz Roja, Protección Civil, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


Destacar también la iniciativa ciudadana y la solidaridad mostrada desde todos los puntos de España y las iniciativas solidarias de los abulenses, que se movilizaron para prestar apoyo a los equipos que trabajaban en el operativo de
extinción y a los vecinos que se vieron obligados a abandonar sus viviendas.


A este incendio hay que unir otros incendios sufridos en la provincia de Ávila, como son los incendios que han afectado a los términos municipales de El Tiemblo, Cebreros, Candeleda, El Raso, etc.


Todos estos incendios dejan huella sobre el territorio y su biodiversidad y un impacto económico que empieza por el propio coste de la extinción, de los bienes perdidos (forestales, agrícolas, ganaderos, viviendas, infraestructuras,
patrimonio cultural, etc.) y las cuantías necesarias para la restauración. En este sentido, las actuaciones de protección civil dirigidas a evacuar personas, por la proximidad de muchos incendios a la zona urbano-forestal, han sido fundamentales en
muchas ocasiones. En el incendio de Navalacruz se llegó a evacuar a 1.000 vecinos por la amenaza de las llamas.


Al tratarse de una zona ganadera, los incendios han afectado principalmente al ganado y a las futuras ayudas de la PAC, es importante tener en cuenta que las llamas han arrasado con el pasto y las reservas de paja de las explotaciones
ganaderas, es posible también que haya reses muertas, daños aún imposibles de contabilizar; pero que deberán tener una atención especial por parte del Gobierno.


Así mismo, el fuego ha afectado a viviendas, enseres y poblaciones, alcanzando al yacimiento arqueológico del Castro de Ulaca, conjunto arqueológico vettón en el municipio de Solosancho, lugar declarado Bien de Interés Cultural desde el año
1986. Igualmente falta por conocer si se han visto afectados otros bienes pertenecientes al patrimonio cultural.



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Por todo ello se hace necesario realizar una evaluación de los daños de los incendios forestales sucedidos en Ávila, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos.


Sin duda se trata de un año anómalo, en lo social y económico, pero la lacra de los incendios forestales sigue dejando cicatrices en nuestro territorio y huella en aquellas personas que han tenido que sobrellevar sus efectos. Por ello
solicitamos que estos incendios sean declarados por el Estado como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil y poder paliar sus efectos.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Elaborar, en colaboración con las administraciones afectadas y a la mayor brevedad posible, un informe con la evaluación de los daños de los incendios forestales sucedidos en Ávila, determinando y cuantificando el alcance real de los
mismos, y activar las ayudas derivadas de la situación de emergencia o naturaleza catastrófica, especialmente de los denominados como ''gran incendio'' o que hayan afectado a la población o espacios naturales singulares.


2. Analizar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios abulenses afectados gravemente por
los incendios forestales durante 2021.


3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños
provocados por los incendios, y en concreto:


a) Conceder ayudas económicas a particulares por daños a vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.


b) Realizar la compensación a las corporaciones locales abulenses por gastos derivados de actuaciones inaplazables.


c) Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios y bienes.


d) Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.


e) Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.


f) Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras hidráulicas que se hayan podido ver afectadas por las llamas, en particular aquellas que dan servicio a las comunidades de regantes y pequeños agricultores.


g) Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales.


h) Aprobar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.


4. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.


5. Colaborar, con las administraciones competentes, en la realización de los trabajos de restauración forestal y ecológica de las áreas afectadas por el incendio y coordinar las medidas de carácter preventivo, para evitar la repetición de
situaciones similares.


6. Que el Gobierno comunique a los Ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas de cara a la previsión de presupuestos municipales.


7. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de agosto de 2021.-Alicia García Rodríguez, César Sánchez Pérez, Paloma Gazquez Collado, Juan Diego Requena Ruiz, José Alberto Herrero Bono, Diego Gago Bugarin, José Ángel Alonso Pérez, Carmen
Navarro Lacoba, Tomás Cabezón Casas y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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161/003034


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la protección del Mar Menor y su
biodiversidad, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


Recientemente, España amaneció con la noticia de cientos de peces muertos en las orillas del Mar Menor. Una estampa triste y desoladora con unos 250 kg de peces muertos recogidos en Los Nietos e Islas Menores hasta la fecha, pero que
recuerda a lo ocurrido después de la DANA de 2019, cuando se encontraron más de 3 toneladas de peces muertos en Lo Pagán, San Pedro del Pinatar, La Mota y La Puntica. El cruce de acusaciones entre Ejecutivo regional y central ha derivado en
discusiones sobre la carencia de oxígeno o las altas temperaturas como justificación de lo ocurrido, pero sin entrar a tratar el auténtico problema de fondo que enfrenta el Mar Menor. Mientras tanto, esta situación crítica ya ha provocado la
apertura de una investigación por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza y el Medio Ambiente (SEPRONA).


Los expertos han avisado durante mucho tiempo del proceso de eutrofización del Mar Menor, producido por la entrada de un excesivo número de nutrientes en el mismo, redundando en el crecimiento de fitoplancton y en una menor penetración de la
luz solar, rompiendo el equilibrio natural y devastando los ecosistemas. Desafortunadamente, dada la longitud del período en el que se ha desarrollado este proceso, toda actuación para revertirlo habrá de ser enfocada en el largo plazo. Aunque
puedan tomarse medidas que contribuyan a prevenir los peores efectos de nuevos vertidos a corto plazo, la recuperación del Mar Menor debe entenderse como una actuación coordinada y sostenida en el tiempo, que involucre a todos los actores políticos
posibles y que se mantenga a lo largo de varias legislaturas.


El Informe Integral sobre el Estado Ecológico del Mar Menor (2017) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico señalaba a las transformaciones urbanizadoras-turísticas de los años sesenta como primeras causantes de los
vertidos de nutrientes en el agua, al ampliar la zona ocupada en torno al mar y reducir la capacidad de retención natural de aguas y sedimentos. Aunque los vertidos procedentes de zonas urbanas se hayan ido reduciendo, no cabe duda de que la acción
humana ha tenido un impacto importante en el proceso de eutrofización del Mar Menor.


Más relevante que las aguas residuales urbanas, según el Informe de Asesoramiento Técnico del Instituto Español de Oceanografía (IEO), ha sido la presencia de flujos contaminantes procedentes de la actividad agraria y agropecuaria del Campo
de Cartagena, que redunda en el vertido de grandes cantidades de materia orgánica y nutrientes. Este informe señalaba que para el año 2016 ya se había producido un colapso del ecosistema, y que solo podía optarse por una combinación de medidas a
corto, medio y largo plazo que contribuyan a ir reduciendo significativamente los aportes externos de sedimentos y nutrientes que se vierten en el Mar Menor.


Por tanto, es necesario actuar en diversas dimensiones. La primera es temporal, adoptando soluciones a corto plazo que permitan reducir la presión en origen pero que también contribuyan a la restauración activa, para reducir los tiempos de
recuperación del ecosistema, sin olvidar los acuerdos y medidas a largo plazo que contribuyan a una recuperación definitiva. La segunda es la dimensión política, dado que se requiere la actuación de las diversas administraciones, en sus respectivas
áreas competenciales, en colaboración para contribuir a la recuperación del Mar Menor, la defensa de la legalidad, las soluciones basadas en la naturaleza y el mantenimiento del nivel de vida de los ciudadanos. Sin esta colaboración, y con medidas
unilaterales, no habrá ninguna política sostenida en el tiempo que pueda afrontar los problemas en el origen (tales como los regadíos ilegales o los regadíos intensivos), sino que se limitará a poner parches que se desmoronarán ante cualquier shock
externo.


Una tercera dimensión es la social y científica. A pesar de que la recuperación del Mar Menor requiere de soluciones como las mencionadas anteriormente, ha de reseñarse que es necesario también un proceso de concienciación social acerca de
la relevancia de los ecosistemas para nuestra vida, y cómo han de respetarse, incluso desde una perspectiva egoísta, dado su impacto en nuestras condiciones materiales. En el mismo sentido, es necesario que se apoye decisivamente la investigación y
la producción



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de conocimiento. El anteriormente mencionado Informe del IEO se refería al desconocimiento, en el momento actual, que se tiene acerca de los nutrientes que aportan la agricultura o ganadería por unidad de territorio, o a la necesidad de
aplicar soluciones multidisciplinares, que no tengan en cuenta exclusivamente una sola parte del análisis. Consideraciones acerca de la vida, y sus condiciones, de las personas deben estar sobre la mesa a la hora de tomar cualquier decisión
política, y es por ello que se necesita más y mejor información sobre las mejores actuaciones posibles para preservar nuestro patrimonio y las posibilidades de los ciudadanos.


Desde Ciudadanos hemos apoyado, entre otras iniciativas, la iniciativa legislativa popular (ILP) para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, para su adecuada defensa y protección, frente a los
errores o negligencias de administraciones regionales y nacionales. Sin embargo, tal y como hemos defendido, es necesario tener una mirada amplia y a largo plazo, que proponga soluciones para el ahora y el futuro, y que pasen por el acuerdo del
mayor número de fuerzas políticas posible. Sin acuerdos de este tipo, ni perspectivas que combinen la investigación científica, la concienciación social, la defensa del medio ambiente y la preocupación por los ciudadanos desde un enfoque
multidisciplinar, el Mar Menor estará condenado a seguir sufriendo el mismo proceso que lo ha venido dañando desde los años sesenta. Es necesario actuar ya con medidas en el corto, medio y largo plazo que aseguren que podemos proteger uno de los
grandes ejemplos del patrimonio natural de nuestro país.


Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Fomentar actuaciones multinivel, incluyendo a todas las administraciones competentes, para procurar soluciones contra la eutrofización del Mar Menor, con especial atención a los problemas en origen, derivados de regadíos ilegales y del
uso intensivo de la agricultura.


2. Cooperar con agricultores y cooperativas agrícolas de la región para incentivar y facilitar la adopción soluciones asequibles que supongan una reducción de vertidos de nutrientes al Mar Menor sin que ello conlleve un menoscabo para las
condiciones materiales de las familias.


3. Apoyar proyectos de investigación y de concienciación social relativos a los ecosistemas del Mar Menor, de tal manera que dispongamos de mejor evidencia para informar políticas y mayor información acerca de su importancia a todos los
niveles.


4. Comprometerse a adoptar las medidas incluidas en la Iniciativa Legislativa Popular para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, una vez que se complete su eventual tramitación parlamentaria.


5. Ampliar el Plan para la Protección del Borde Litoral del Mar Menor del Ministerio de Transición Ecológica para que incluya no solo el litoral de la laguna sino también el dominio público hidráulico de toda su superficie y su cuenca,
estableciendo su recuperación como uno de los objetivos prioritarios para la presentación de proyectos a financiar con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.


6. Acelerar la aprobación y puesta en marcha de los actuales instrumentos estatales específicamente diseñados para la protección del Mar Menor, como el ''Programa Verde Integrado de Recuperación del Mar Menor'' y el ''Plan de Adaptación al
Cambio Climático en la cuenca vertiente del Mar Menor''.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de agosto de 2021.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comisión de Cultura y Deporte


161/002980


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar



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la siguiente Proposición no de Ley de Reconocimiento y Dignificación del Sector del Cómic en España, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.


Exposición de motivos


El cómic en España es un producto cultural único, que a pesar de estar integrado en el sector del libro cuenta con unas características especiales, tanto en su proceso creativo como en su distribución, venta y forma de participación en la
sociedad de sus lectores y aficionados.


Su nacimiento corre parejo a las primeras publicaciones que surgen en todo el mundo occidental a mediados del siglo XIX. Con el avance y desarrollo de la prensa ilustrada alcanzaron en Europa y América plena autonomía, independizándose de
los periódicos diarios donde muchas empezaron a publicarse, pasando a ser un tipo de publicación específica con cadencia semanal, quincenal o incluso mensual.


Cuando la imprenta y las artes gráficas lograron perfeccionar los sistemas de reproducción de originales, empezaron a publicarse verdaderas obras de un nuevo arte que algunos situaron en el lugar noveno tras el cine y la fotografía.


En los años del cambio del siglo XIX al XX, en varios países europeos, y sobre todo en los Estados Unidos, surgen creadores de primer nivel de un arte narrativo que muestra y expresa, que se ve y se lee. Son los comics, funnies, bandes
dessinées, fumetti, quadrinhos, muñequitos, historietas y tebeos. Cada país le da un nombre, pero todos se refieren a un mismo tipo de publicaciones.


España no es una excepción y entre finales del siglo XIX y los inicios del XX, ya existía una oferta variada de publicaciones ganando un poco de perspectiva, en las dos primeras décadas del siglo XX se produce parejo al resto del mundo un
desarrollo notable del comic y en los años treinta ya existían en nuestro país diversas publicaciones de todo tipo de historietas de notable regularidad y distribución.


Pellicer en 1873, Apeles Mestres en 1876 y Mecachis en 1885, fueron los pioneros en utilizar la historieta como nueva narrativa gráfica, y tras ellos, muchos otros. Y como había sucedido en los demás países europeos, se distribuyeron las
grandes obras europeas y estadounidenses, pero también era ya patente un claro elenco y estilo de creación nacional. Entre ellas estaba la decana TBO, surgida en 1917, y que luego daría origen al vocablo tebeo como genérico de estas publicaciones y
que así lo registró el Diccionario de la Real Academia Española, en 1968, en reconocimiento explícito de su popularidad y gran difusión social.


Otros títulos llegaron hasta el conflicto bélico fratricida, de entre los que merecen evocarse Pulgarcito, desde 1921; La Risa, desde 1927; Jeromín, desde 1929; Pocholo, desde 1930; Yumbo, desde 1934; Aventurero, desde 1935; Mickey
desde 1935, o La Revista de Tim Tyler, desde 1937. Y especial mención merece En Patufet, desde 1905, ya que fue la primera publicada en catalán. Todas estas publicaciones seriadas y algunas otras más fueron acostumbrando al público español a
degustar, semana tras semana, las páginas de historietas y a seleccionar, de entre los muchos héroes, a sus preferidos, a los que seguirían con fidelidad y de los que irían reuniendo sus colecciones.


El escenario de posguerra, como en todos los ámbitos sociales y culturales, fue duro y marcado por la represión y el uso de todos los medios de comunicación para la legitimación y fines del régimen franquista. El comic o tebeo no fue ajeno
a esta utilización, pero también se vio favorecido por mejoras en los modelos de impresión y calidad de las publicaciones. Los Talleres Nerekan fueron responsables de la estupenda calidad formal de las revistas allí impresas y de los tebeos
Pelayos, Flecha y Chicos. En Madrid, Barcelona y Valencia siguieron publicándose los mismos tebeos de la ante-guerra, con el complemento de otros nuevos, en ocasiones efímeros. Se mantuvieron TBO, Pulgarcito, En Patufet, La Risa, Pacholo,
Pervenir, Niños y Jeromín, pero en cuanto Madrid cayó, rindiéndose a las tropas de Franco, todos desaparecieron para dejar hueco a las que se publicaban desde San Sebastián, que se trasladaron a la capital del nuevo Estado. Las de Barcelona
simplemente enmudecieron y tuvieron que esperar nuevos tiempos y nuevas normas periodísticas y editoriales.


Hoy en día el comic en España es una industria creativa y editorial con más de 50 editoriales especializadas y una red de librerías, únicas en el sector, contando con más de 250 librerías especializadas. Siendo uno de los mayores
ecosistemas de librerías especializadas de Europa que incluye a 3 ganadoras del Premio Eisner a Mejor Librería del Mundo.


Cuenta a su vez con una extensa red de más de 50 festivales por toda la geografía en los que participan más de medio millón de aficionados. Contando además con una red propia de centros de formación y más de 100 periodistas especializados
en el medio.



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El cómic es un lenguaje artístico maduro que, a pesar de vivir un tiempo de enorme diversidad, creatividad y calidad, carece de un espacio acorde a su importancia e incidencia por el público que posee. El cómic goza de una madurez
plenamente consolidada como lenguaje artístico, como arte y medio de comunicación que tiene ya desde hace más de un siglo una enorme trascendencia e influencia en el panorama cultural. Es de hecho un medio netamente contemporáneo y frente a lo que
pueda pensarse, el siglo XX no supuso su punto álgido de calidad, creatividad y difusión en lectores. Es ahora en pleno siglo XXI que la variedad, cantidad, número de lectores, importantes eventos vinculados al comic o tebeo que nos demuestran su
presencia y desarrollo en el siglo XXI. Goza por tanto el cómic como arte de una enorme importancia y como tal, debe ser reconocido por las Instituciones y Administraciones Públicas.


Una madurez y relevancia social que no se corresponde plenamente con reconocimiento y papel en las políticas públicas. No existe una política específica para su desarrollo y cuidado del magnífico patrimonio artístico que atesora. Es cierto
que se han dado importantes y trascendentales pasos en los últimos dos años por el Gobierno de España para su inclusión en las políticas públicas sobre el libro y la lectura. Pero estas medidas, deben ser más bien un aliento para avanzar hacia un
modelo más sistematizado de trabajo con el sector, diagnóstico compartido y planteamiento del papel de la creación, lectura y edición del comic en las políticas del libro en todos los niveles de Administración.


En conclusión, el lenguaje artístico del cómic en España goza de una larga tradición y de una importante base social de lectores que es cada vez más diversa, exigente y que ha integrado su lectura de manera regular. Existe un sector maduro
editorial, una intensa vida de encuentros y ferias especializadas y especialmente unos creadores de altísima calidad y enorme prestigio internacional que son un gran activo a nivel promocional de nuestro país como origen cultural y generadora de
contenidos.


Es por ello que consideramos que ha llegado el momento de poder impulsar unos pasos decisivos en este sentido y que permitirán partir de un diagnóstico compartido y avanzar en este sentido. Aun así, el sector y la creación española de comic
y tebeo tienen ante todo un enorme potencial para el que necesitan un apoyo más decidido de las Administraciones y participar de manera más activa de las políticas del libro y la lectura, acorde a su relevancia e importancia en la industria
editorial española.


El cómic español, y más concretamente sus autores, tienen un enorme potencial y muchas posibilidades de lograr un mayor desarrollo en el exterior. Al tiempo parece necesario ampliar el foco sobre un lenguaje que necesita un reconocimiento,
a la vez que una política con estrategia clara y bien definida.


Una importancia que las cifras anuales del sector reflejan con claridad. En concreto, el año 2019 se publicaron en España cerca de las cuatro mil novedades anuales frente a las 3.487 de 2018. También se constata que los lectores consumen
cada vez más historietas producidas en otros países son necesarias campañas de promoción del comic producido en España para contrarrestar este efecto.


De las obras con participación de autores nacionales las mujeres solo participan en el 28 % de los cómics. Las menores desigualdades por lo que respecta al género se aprecian en la especialidad de coloristas (una mujer por cada cuatro
hombres) y las mayores en la sátira (una por cada nueve hombres).


Se constata que sigue habiendo muchos cómics de acción o aventura, pero ha aumentado el apartado de los tebeos dirigidos a niños y en 2019 hubo un aumento de las temáticas de calado didáctico, de las historias protagonizadas por mujeres y
también de los argumentos que ahondan en el reconocimiento de la diversidad.


Han nacido muchas nuevas editoriales que diversifican la oferta y descentralizan la producción -antes ubicada en Barcelona y Madrid- así como un crecimiento de las ferias especializadas: la más importante de España es Cómic Barcelona, con
118.000 visitantes en 2018 y las de Viñetas desde o Atlántico (Coruña), Jornadas del Comic de Avilés, Salón del Comic de Getxo, Salón del Comic de Granada, salón del Comic de Zaragoza, en su momento Expocómic en Madrid y más de un treintena más
distribuidos por toda la geografía española.


En definitiva, es un sector en crecimiento que necesita de una atención pública. El cómic o el tebeo es un lenguaje artístico maduro, de enorme impacto social y del que España tiene grandes creadores reconocidos mundialmente. Es ahora el
momento de romper el prejuicio que durante mucho tiempo ha considerado al cómic una 'literatura menor', o un simple puente hacia literatura de 'mayor calidad'. Sin embargo, la creación del Premio Nacional de Cómic, su llegada a los museos como el
Musée du Louvre y el Museo del Prado, junto a su protagonismo en las bibliotecas, ha consolidado su prestigio cultural y artístico.


La mayor presencia de dibujantes españoles (superando actualmente la cifra de 350) en la industria del comic norteamericano, incluyendo a Marvel y DC, y a su reconocimiento en el mercado internacional



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(ocho galardonados con los Premios Eisner y siete nominados a los Premios Eisner, en 2020) y un número similar de autores/as españoles/as en el mercado europeo, se une el incremento del interés social la proliferación de eventos y de
presencia como hecho cultural en todas las capas de la población, en la creciente atención que prestan las publicaciones generalistas y los canales especializados que van apareciendo. La Novela Gráfica también ha pasado a formar parte de las
recomendaciones habituales de otros populares youtubers centrados en la promoción de la lectura.


Consideramos que es el momento adecuado para promover el reconocimiento, y la dignificación, del cómic y sus autores como un medio artístico y cultural con identidad propia y que consecuentemente, los poderes públicos puedan dar los pasos
necesarios que permitan dotar al sector de un política articulada: el objetivo de esta es plena y coherente incorporación del medio y el lenguaje del comic como una realidad cultural a contemplar en la política de fomento de la lectura, de acceso
en la bibliotecas, desde una perspectiva como dinámica industria editorial y del pleno reconocimiento del talento de la creación de los creadores españoles.


En definitiva, se trata de incorporar al comic en las estrategias culturales, de libro y la lectura, promoverlo como un arte maduro, con personalidad propia, en el que el fomento de la creación, la promoción en el exterior de nuestras
artistas y publicaciones como un epígrafe más.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España y específicamente al Ministerio de Cultura y Deportes a reconocer el valor artístico editorial del cómic y el tebeo en España mediante las siguientes medidas específicas para el
sector:


1. Culminar la plena incorporación del cómic a las políticas del libro del Gobierno de España, atendiendo a su importancia artística, editorial, educativa, social y laboral.


2. Estudiar la elaboración del primer Libro Blanco del cómic, en colaboración con la red asociativa y organizativa del sector, que permita hacer un diagnóstico pormenorizado del sector y ayude a definir objetivos a corto y largo plazo.


3. Incorporar al sector del cómic, a través de sus estructuras representativas, en la mesa de trabajo para el desarrollo y seguimiento del Estatuto del Artista.


4. Impulsar la designación del Día del Cómic y el Tebeo para promover la divulgación del medio artístico, reivindicar su papel social y de recuperación de la memoria artística e histórica de los autores españoles, implicando a instituciones
como la Biblioteca Nacional y el programa PARE. Considerando el primer sábado de marzo la fecha idónea para dicha efeméride, al coincidir en este mes la primera publicación de la mítica revista TBO y el nacimiento de dos de nuestros más famosos
creadores de cómic, Francisco Ibáñez y Carlos Giménez.


5. Incorporar a la representación española de la Feria de Frankfurt de la que nuestro país será protagonista en 2022, obras y autores del cómic españoles y promover la venta de derechos de editoriales y creadores españoles en el exterior.


6. Estudiar un programa de promoción del sector editorial específico del cómic, las publicaciones y autores españoles en el exterior mediante actividades de promoción en ferias y mercados internacionales, activando así la venta en el
exterior de los mismo mediante el ICEX con las editoriales, agentes y autores españoles, así como la creación de programas específicos para activar la traducción a otros idiomas de las obras.


7. Creación de planes específicos de fomento de la lectura de cómic, especialmente entre la población más joven, apoyándose en instituciones como la red de Bibliotecas Públicas y la red de librerías especializadas para la adquisición de los
materiales.


8. Estudiar la posibilidad y existencia de ayudas específicas para la modernización y dinamización de la red de librerías especializadas y eventos, tratando de preservar las actividades presenciales en las que los autores establecen
contacto directamente con los aficionados y que son tan importantes para el desarrollo de la sociedad y la cultura.


9. Impulsar un programa de divulgación de las obras españolas de Cómic y Tebeo a través del Instituto Cervantes en sus sedes.


10. Promover ayudas a la creación como en otras disciplinas artísticas, atendiendo también a una política de igualdad efectiva para autoras.



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11. Estudiar la posibilidad del uso y la creación de cómic como material pedagógico, de apoyo para el desarrollo del curriculum y como herramienta de divulgación científica.


12. Atender el estudio, bien especifico o en el marco de otro más general, sobre el impacto digital en el mundo del cómic, que ayude a identificar la situación de los lectores y el mercado español dentro del mundo global y en particular del
mundo de habla hispana; definir las estrategias futuras e identificar el impacto de los contenidos ilegales y las soluciones para paliarlo.


13. Activar la promoción de los autores y obras españolas en la red de librerías y festivales específicos, dentro y fuera de nuestras fronteras mediante las correspondientes políticas de difusión y la red del Instituto Cervantes, así como
con el ICEX.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2021.-Marc Lamuà Estañol, Juan Luís Soto Burillo, Javier Antón Cacho, Julio del Valle de Iscar, Mariana de Gracia Canales Duque, Maribel García López, Miguel Ángel González Caballero,
Fuensanta Lima Cid, José Losada Fernández, Vicent Manuel Sarrià Morrell, Yolanda Seva Ruiz, José Carlos Durán Peralta y Agustín Zamarrón Moreno, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, en conmemoración del centenario del desastre de Annual
y reconocimiento y homenaje al Regimiento Alcántara, para su posterior debate en la Comisión de Cultura y Deporte.


Exposición de motivos


Se cumplen 100 años en estos días del Desastre de Annual. Pocas veces el nombre de un suceso es tan preciso sobre los hechos que describe. Fue un desastre absoluto y de principio a fin. Lo único que brilló fue el heroísmo y la entrega, la
actitud y valentía de los soldados españoles que allí perdieron la vida.


Se cumplen 100 años en los que un Ejército con una oficialidad corrupta en gran parte, unos estrategas torpes, unos soldados faltos de equipo y una clase política dividida en la peor hora de su país, hicieron posible una hecatombe que
costaría la vida de cerca de 10.000 españoles. El caos era tal, que fueron incapaces de determinar siquiera el número de los hombres que dieron su último suspiro por su país en tierras del Norte de África. Sin suministros, con armamento
defectuoso, pocas municiones y falta de víveres -los oficiales encargados de la intendencia vendían los suministros a terceros- a más de 40º por el día y con humedad y frío por la noche, teniendo que elegir si cubrían el suelo o sus cuerpos porque
solo disponían de una manta, los soldados españoles combatían con heroísmo en la mayoría de las ocasiones. En las crónicas, los disparos de la artillería a cero, sobre el enemigo ya en horizontal, demostraba que combatían hasta el final.


En estos días son pocos los homenajes que desde las instituciones públicas se están haciendo a los millares de hombres que dieron su vida por España, a pesar de que el Gobierno, la oficialidad y la estrategia les fallaron. Hombres
generalmente de origen humilde, que no pudieron librarse de la guerra en África, algo que podían hacer quienes podían pagar una compensación. Hombres que sabemos que combatían en última instancia por el compañero que tienen al lado, como reflejan
la mayoría de los diarios de quien alguna vez ha combatido en guerra.


La guerra en África fue un horror donde el polvo seco, el dolor del cuerpo por dormir poco y en las peores circunstancias y muchas veces sin tienda de campaña, la falta de alimentos, el vivir entre ratas que se les subían al pecho mientras
dormitaban, las moscas se les metían en la boca y las pulgas convertían cualquier momento en un infierno, todo esto hizo que el sacrificio fuera mucho mayor de lo exigible. Y aun así dieron lo mejor de sí. En Arrabán y la posterior defensa de Sidi
Dris, en cada blocao que conformaba las defensas de la excesivamente alargada y mal estructurada línea de defensa española, en lgueriben, en Monte Arruit, o en Annual, esos hombres a quienes las autoridades enviaron a una muerte casi segura, se
comportaron más allá de lo exigible.



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El Desastre de Annual en la última quincena de julio de 1921 se produjo cuando la estrategia española alargó en exceso la línea de penetración en territorio rebelde y subestimó a las cabilas rifeñas enemigas -también sobreestimó a las
supuestamente amigas- había estado quieto en periodos anteriores. Pero esto fue debido a las pésimas condiciones que las malas cosechas habían provocado. Los rifeños no podían guerrear si no podían comer. Se cuenta que había mujeres rifeñas que
buscaban semillas de grano entre los excrementos de los caballos. Pero eso cambió y un buen ciclo de cosechas dio la vuelta a la situación.


Un líder carismático, Abd el-Krim, consiguió aglutinar a los rebeldes rifeños y provocar el desplome de la línea española. Comenzó en Abarrán pero siguió en las demás posiciones donde como un castillo de naipes todo se fue viniendo abajo.
Aunque la ausencia de un plan de retirada, y la torpe posición en la que el alto mando había ubicado a las tropas españolas, hacían segura la derrota y posterior desbandada, hubo muchos episodios de heroísmo. La crueldad de aquella guerra era
brutal, las mutilaciones y las vejaciones de heridos y cadáveres de los españoles espantosa. El rifeño era un enemigo temible, duro y que luchaba por su tierra, algo que siempre otorga un ánimo especial en la batalla.


Aunque, como hemos dicho, fueron muchos los episodios en los que las tropas españolas se comportaron heroicamente, todos se pueden condensar en uno: las Cargas del Regimiento Alcántara, donde la caballería española, para cubrir la retirada
de las fuerzas descompuestas de sus compañeros de armas, se sacrificó, sabiendo que iban a una muerte segura, cargando innumerables veces para despejar el camino de tiradores, entre Uestia y el río Igán, que era un cauce seco donde los rifeños
tenían un lugar idóneo para tender una emboscada a los españoles que huían, entre 2.000 y 3.000.


Los 700 jinetes del Alcántara llegaron a cargar al paso sobre los rifeños, con las monturas agotadas, algunos cargaron a pie, pues su caballo ya estaba muerto. Evitaron la masacre de sus compañeros a costa de la vida propia. Igual que
hemos dicho que hubo corrupción entre los oficiales, también los hubo que estaban de permiso y pidieron reincorporarse al regimiento Alcántara cuando se enteraron de la misión encomendada. Quisieron estar junto a sus hombres en aquella hora, y
junto a ellos murieron. Queremos tener en esta iniciativa un recuerdo especial para los educandos y trompetas del Regimiento Alcántara. Eran niños, con infancias desgraciadas, de 14 o 15 años, que cargaron junto a los jinetes y junto a ellos
murieron.


A estos soldados les fallaron los políticos, la intendencia y el Alto Mando. Les falló el Estado. En el 100 Aniversario de su sacrificio, esto no se puede repetir. Enmendémoslo.


Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'1. El Congreso de los Diputados rinde homenaje a los caídos en el desastre de Annual del que ahora se cumplen 100 años, en reconocimiento del mayor sacrificio en las peores circunstancias.


2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a conmemorar los hechos, promoviendo su conocimiento y difusión.


3. El Congreso de los Diputados reconoce de forma especial la entrega y valentía del Regimiento Alcántara, que con unas pérdidas del 90 % de sus efectivos, lograron salvar las vidas de miles de sus compañeros.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2021.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal Unidas de Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate en la Comisión de
Cultura, relativa a la inclusión de las lenguas propias reconocidas en los estatutos de autonomía en aquellas convocatorias públicas estatales de ayudas, subvenciones o premios que estén destinadas a trabajos que empleen las distintas lenguas del
Estado.



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Exposición de motivos


El Ministerio de Cultura introdujo este 2021 una nueva línea de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la traducción de libros entre lenguas del Estado. Las bases establecidas en el anuncio de la convocatoria,
publicado en el Boletín Oficial del Estado de 11 de mayo de 2021, limitan la concurrencia a estas subvenciones a aquellos trabajos originalmente publicados en una de las lenguas oficiales españolas y que sean traducidos, igualmente, a una lengua
oficial del Estado.


La Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, firmada en Estrasburgo en 1992 y ratificada por España el 9 de abril de 2001, incluye entre los objetivos descritos en el artículo 7 de su parte II el 'mantenimiento y desarrollo de
nexos y relaciones, en los ámbitos cubiertos por esta carta, entre grupos que usen una lengua regional o minoritaria y otros grupos en el Estado que empleen una lengua usada en idéntica o similar forma, así como el establecimiento de relaciones
culturales con otros grupos en el Estado que usen lenguas diferentes'.


Los puntos b) y c) del artículo 12 de la parte III de la Carta, dedicado a las actividades y equipamientos culturales, comprometen a los Estados que son parte del acuerdo a 'favorecer los diferentes medios de acceso en otras lenguas a las
obras producidas en las lenguas regionales o minoritarias', y viceversa, 'ayudando y desarrollando las actividades de traducción, doblaje, postsincronización y subtitulado'.


El texto del instrumento de ratificación de la Carta por parte de España contiene una declaración de los términos en los que el Estado adopta las disposiciones comprendidas en el tratado, tal y como el texto original de este preveía en su
artículo 3. En este sentido, España ampara como objeto de los compromisos descritos en el tratado tanto a las lenguas oficiales como a aquellas 'que los Estatutos de Autonomía protegen y amparan en los territorios donde tradicionalmente se hablan',
previendo que a estas últimas se les apliquen 'todas aquellas disposiciones de la parte III de la Carta que puedan razonablemente aplicarse en consonancia con los objetivos y principios establecidos en el artículo 7'.


Tanto la lengua asturiana o leonesa como la aragonesa poseen reconocimiento explícito a través de los estatutos de autonomía. Así, el Estatuto de Autonomía de Asturias establece en su artículo 4: 'El bable gozará de protección. Se
promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando en todo caso las variantes locales y la voluntariedad en su aprendizaje. Una ley del Principado regulará la protección, uso y promoción del bable'. El Estatuto
de Autonomía de Castilla y León dispone en su artículo 5.2: 'El leonés será objeto de protección específica por parte de las instituciones por su particular valor dentro del patrimonio lingüístico de la Comunidad. Su protección, uso y promoción
serán objeto de regulación'. Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Aragón indica en su artículo 7 que 'en el territorio aragonés existen varias modalidades lingüísticas. Nadie puede ser discriminado por el uso de la suya y se elaborará una ley
para protegerlas y garantizar el derecho a usarlas'.


La iniciativa del Ministerio de Cultura supone un bienvenido espaldarazo a la industria cultural de las lenguas del Estado y a la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, en la línea de lo dispuesto en el artículo 149.2 de la
Constitución Española. No obstante, la exclusión de los idiomas que no tengan el estatus de lengua oficial supone en la práctica una negación de oportunidades al tejido cultural y editorial que tiene por lengua vehicular la asturiana o la
aragonesa, las cuales cuentan con tradición literaria, estándares normalizados e instituciones científicas oficiales para su estudio y promoción. Los compromisos adquiridos en la ratificación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o
Minoritarias son claros, y no existe impedimento legal ni práctico para que convocatorias de ayudas públicas con las características de la citada sean objeto de la aplicación 'razonable' de las disposiciones de la parte III de la Carta que el
instrumento de ratificación prevé para las lenguas propias protegidas por los estatutos de autonomía correspondientes.


Por todo ello se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Ampliar las futuras convocatorias de subvenciones para la traducción de libros entre lenguas del Estado de tal manera que se dé cabida a los trabajos en lenguas propias reconocidas en sus respectivos estatutos de autonomía, en cumplimiento
de los compromisos adquiridos por el Estado en el marco de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias.



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- Velar en adelante por hacer efectivos los preceptos de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en lo que corresponde a la protección y promoción de las lenguas propias reconocidas en los estatutos de autonomía, en el
marco de las ayudas, subvenciones o premios destinados a trabajos que empleen las distintas lenguas del Estado.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2021.-Sofía Fernández Castañón y Joan Mena Arca, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas de Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


161/003017


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la aprobación de la
convocatoria de ayudas para financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español dentro del 'Programa 1,5 % Cultural', para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.


Exposición de motivos


La Ley de Patrimonio Histórico establece la obligación de destinar en los contratos de obras públicas una partida de al menos el 1 % a trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o al fomento de la creatividad
artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno.


Con el fin de darle un mayor impulso a la conservación y enriquecimiento del Patrimonio Histórico, el Gobierno del PP acordó en 2013, entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, aumentar el porcentaje de
esta medida del 1 % al 1,5 % para sus obras públicas y las de sus organismos dependientes.


Las actuaciones deberán dedicarse a una de las siguientes finalidades:


- Trabajos de conservación, restauración, rehabilitación y consolidación de bienes inmuebles relacionados con las obras públicas o con los Planes Nacionales de conservación del Patrimonio.


- Trabajos de enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español, esto es, adquisición de bienes culturales, exposiciones, publicaciones.


- Proyectos y actuaciones de I+D+i directamente relacionados o aplicables al conocimiento, la conservación o el enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español.


- Proyectos de fomento de la creatividad artística y de difusión de la arquitectura y el Patrimonio Histórico Español.


Desde 2014, el Ministerio de Fomento asigna los fondos que genera mediante ayudas en concurrencia a través de convocatorias públicas, cuyo objeto es financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio
Histórico Español.


El Gobierno aprobó la Orden de 30 de diciembre de 2019, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 16 de enero de 2020, la convocatoria del 1,5 % cultural de ayudas para financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de
bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español, dentro del Programa '1,5 % Cultural'. La previsión que contenía la citada Orden era de 20,5 millones de euros para su abono en ejercicio 2020 y otros 40,5 millones de euros en 2021.


Las ayudas del 1,5 % cultural constituyen un instrumento esencial para el enriquecimiento del patrimonio histórico, que responde al mandato constitucional por el que los poderes públicos deben garantizar la conservación y promover el
enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, y que han supuesto la financiación de diferentes actuaciones en el Camino de Santiago, en bienes de patrimonio mundial,
patrimonio religioso, industrial, teatros, yacimientos arqueológicos, etc., en todo el territorio nacional y, por tanto, resulta urgente que el



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Gobierno preste su firme compromiso con la conservación del patrimonio publicando la correspondiente orden de convocatoria de estas ayudas.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se apruebe la convocatoria por el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana de las ayudas para financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del
Patrimonio Histórico Español dentro del ''Programa 1,5 % Cultural''.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/003018


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el apoyo a la candidatura de la
Cantería del Mármol de Macael como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.


Exposición de motivos


El Ayuntamiento de Macael, en colaboración con la Asociación de Amigos del Museo del Mármol Al-Lali, la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía y la Asociación de Artesanos de la Comarca del Mármol, pretende lograr el
reconocimiento internacional de la Cantería del mármol de Macael como manifestación cultural única a través de su inclusión en la Lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.


La Cantería del Mármol de Macael constituye una manifestación cultural que expresa la identidad de los vecinos del pueblo de Macael (Almería).


Las canteras de Macael representan no solo un paisaje singular de explotación a cielo abierto del mármol, desde tiempos remotos, sino que ejemplifica un modo de existencia y de cultura de trabajo, material, artesanal, específico. Amén de
ello, la lucha por el control comunal de las canteras durante la primera mitad del siglo XX las hace doblemente atractivas. Una cultura material y una lucha social se unen para generar una forma de vida que constituye una marca cultural del Macael
moderno, que sigue siendo un referente empresarial en lo tocante a la producción del mármol.


La explotación de las canteras de mármol de Macael representa un paradigma de salvaguarda de un recurso natural valioso gracias a una gestión comunal que ha permitido su uso sostenible, constituyendo uno de los pocos casos a nivel mundial en
el que una aglomeración minera ha pasado a conformarse como un distrito industrial dotado de una gran resiliencia.


La Cantería del Mármol de Macael se puede considerar un elemento del Patrimonio Cultural Inmaterial desde la definición que establece la UNESCO, pues engloba conocimientos y técnicas, las de cantería y sus oficios asociados, artesanos,
marmolistas, etc., junto a los instrumentos y herramientas que utilizan, los objetos y artefactos vinculados, como morteros, fregaderos, cruces, cestos, telares de arena, 'cabestranos', etc., y los espacios culturales, las canteras, las placetas,
los talleres, las fábricas que les son inherentes y que el pueblo de Macael como comunidad, reconoce como parte integrante de su patrimonio cultural.


Este patrimonio cultural inmaterial, que se mantiene vigente, en continua evolución, transmitido de generación en generación, ininterrumpidamente al menos desde el siglo IX, es recreado constantemente por el pueblo de Macael, explotando sus
canteras de mármol blanco, destinado a embellecer muchas de las obras que componen el Patrimonio histórico artístico español, todo a lo largo de su historia, como el yacimiento romano de Itálica, la Alhambra y el Generalife, el Palacio del Escorial
o el Palacio Real en



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Madrid, infundiéndoles un señaladísimo sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el resto de la diversidad cultural y la creativa humana.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, previo acuerdo del Consejo de Patrimonio Histórico, y una vez haya sido incluida en la lista indicativa, apoyar y defender en las instancias internacionales oportunas, la candidatura de la
Cantería del Mármol de Macael a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 2021.-Juan José Matarí Sáez y Miguel Ángel Castellón Rubio, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital


161/003014


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre las consecuencias del proceso de concentración bancaria para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.


Exposición de motivos


En los últimos años hemos asistido a una aceleración del proceso de concentración bancaria. La crisis económica iniciada en 2008 no sirvió para reforzar la trasparencia, la intervención y el control público necesarios para evitar futuras
burbujas financieras, sino todo lo contrario, supuso la pérdida de los fondos públicos utilizados para el rescate bancario y el inicio de una reestructuración que permitió avanzar en la concentración. Así, aunque el sector financiero es estratégico
para la economía, en el Estado español se ha apostado por un proceso de privatización y concentración centralizadora, para ponerlo en manos de fondos de inversión buitre.


Este proceso supone la destrucción y precarización del empleo, un empeoramiento de las condiciones de servicio, tanto para particulares como para pequeñas y medianas empresas, imponiendo comisiones abusivas y dando rienda suelta a una
política comercial agresiva de colocación de productos, al mismo tiempo que se dificulta el acceso al crédito.


Los procesos de fusión reducen la red bancaria pues causan el cierre de sucursales y, en consecuencia, destruyen empleo y servicios. A través de estas operaciones se están desguazando los bancos literalmente, segmentando la actividad, para
quedarse con aquella que resulte más rentable a corto plazo y cerrando aquellas otras que, como la atención presencial al público, resultan más caras pues requieren más puestos de trabajo.


Así, con los procesos de concentración y fusión, se acaban encareciendo y restringiendo servicios a la clientela, mientras, desde el punto de vista del empleo, suponen la desaparición de miles de puestos de trabajo y la precarización de los
que se mantengan.


El proceso que estamos viviendo no es casual o aleatorio, es resultado de una decisión política, la de permitir la reestructuración del sistema financiero dando entrada a fondos especulativos, como también es una decisión política que a día
de hoy se mantenga en vigor la reforma laboral que está facilitando que entidades con beneficios multimillonarios puedan utilizar EREs para destruir miles de puestos de trabajo con total impunidad y dejando sin atención a la ciudadanía con cierres y
restricciones de servicios.


La irrupción de la pandemia ha servido de coartada para avanzar aún más en la oligopolización. Así, en pleno estado de alarma, muchas entidades incrementaban de forma sustancial sus comisiones y cambiaba las condiciones, algunas de ellas.
Además, la pandemia y la restricción de movimientos ha



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servido también para que muchas entidades cerraran oficinas en lugar de ampliar horarios y personal. Se ha llegado incluso a pactar horarios de caja, para obligar a las usuarias y usuarios a acudir en las primeras horas de la mañana. Así,
en la mayoría de sucursales de muchas entidades es imposible pasar delante sin observar largas colas que no se explican por la limitación de aforo sino por la falta de personal y los recortes de servicios.


La crisis sanitaria también ha servido para fomentar o directamente obligar a las personas usuarias, independientemente de sus condiciones y habilidades personales, a utilizar la banca virtual. Así, determinados colectivos como el de las
personas mayores, pasan a convertirse en vulnerables financieramente al tener que depender de terceras personas para gestionar sus cuentas.


Como ya hemos apuntado, la reestructuración bancaria está teniendo ya unas graves consecuencias desde el punto de vista laboral. En los procesos de despido, los bancos se están centrando en las personas trabajadoras de 40 a 50 años, en
lugar de optar por vías blandas como las prejubilaciones, consiguiendo así reducir los costes de los despidos y trasladándolos al sector público.


Cuando un ERE afecta a personas mayores de 55 años, la legislación obliga a todas las empresas, también a los bancos, a cotizar a la Seguridad Social, de modo que al optar por las prejubilaciones se garantizaban las cotizaciones a la
Seguridad Social por la misma base de cotización y por la misma cantidad, nada se cargaba en la caja de las pensiones. Ahora bien, el personal podía acogerse al derecho, común a todas las personas cotizantes, de jubilarse anticipadamente.


Al centrar los despidos en el personal entre 40-50 años, estas personas pasarán a cobrar la prestación por desempleo y, durante dos años, cotizará el Estado por ellas, no los bancos. Una vez encuentren un nuevo puesto, su base de cotización
será menor que la que tenían antes, por lo que sí que sufrirá la caja de las pensiones. En definitiva, ahora los bancos han conseguido despedir a una cantidad ingente de trabajadores y trabajadores pero con un menor coste económico, coste que
asumirá el conjunto de la sociedad.


Además de los despidos, las entidades bancarias están poniendo en marcha, siguiendo lo marcado en los procesos de reestructuración, cambios en las condiciones laborales, que suponen una precarización, al incrementar y desregular la jornada
laboral mientras recortan los salarios.


La reestructuración se traduce en cierre de oficinas y reducciones de horarios de atención al público, lo que permite despedir a más trabajadores y trabajadoras. Se opta por la venta, que no atención, a distancia, con menores costes para
las entidades (una décima parte según calculan algunas entidades). Una vez que la clientela se habitúe a la televenta, procederán a la subcontratación de estos procesos, donde los salarios de las personas subcontratadas serán mucho más bajos y los
puestos precarios. No es una situación novedosa, pues lo que está sucediendo ahora con las entidades y sucursales bancarias ya se vivió antes en otros sectores como el de las telecomunicaciones, la energía, los seguros, etc.


En definitiva, el sistema financiero es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social, debe ser equilibrado, solvente y garantizar la prestación de servicios a todos los sectores de la sociedad, especialmente a los colectivos
más vulnerables y con más dificultades de acceso. Sin embargo, el modelo bancario que se está impulsando desde los poderes públicos en el Estado español no responde a las necesidades colectivas, sino que está al servicio de los grandes fondos de
inversión.


Este modelo es especialmente lesivo para el conjunto de la sociedad, crea exclusión financiera para amplios sectores de la población, suprime servicios y encarece aquellos que se mantienen a través de un incremento exponencial de las
comisiones repercutidas la clientela, además de destruir empleo. Todo esto en una situación de limitación de la competencia, dada la concentración bancaria impulsada por Europa y adoptada por los sucesivos gobiernos del Estado español.


Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


1. Desarrollar los cambios oportunos en el ámbito de la regulación del sector bancario para poner freno a las consecuencias del aumento de la concentración bancaria, del incumplimiento de las normas de competencia y del agravamiento de la
exclusión financiera, concretamente para dar respuesta a la escalada de abusos bancarios en materia de restricción de servicios, pacto de horarios para limitar los servicios de caja, incremento de comisiones y reducciones drásticas de oficinas y
personal.



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2. Derogar la Reforma Laboral que permite a grandes empresas con beneficios multimillonarios, como los bancos, despedir sin límite a millares de personas trabajadoras.


3. Permitir la jubilación anticipada sin penalización, dado que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del sector financiero acumulan más de treinta años cotizando por las bases más altas, contribuyendo notablemente al sistema de
pensiones.


4. Legislar para garantizar la clientela a libertad de elección en la prestación de servicios, con el establecimiento de un mínimo legal de atención presencial que evite la exclusión financiera de los colectivos más vulnerables o con más
dificultades de acceso las nuevas tecnologías.


5. Obligar legalmente a que, en el caso de ser necesario acometer un proceso de reestructuración del sector financiero, sea necesario establecer acuerdos de prejubilaciones, de forma que las personas que abandonen el sector sigan cotizando
la Seguridad Social como si estuvieran en activo, hasta poder ejercer el acceso a jubilación anticipada, de forma que sean las entidades las que asuman los costes de la reordenación del sector.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 2021.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.


Comisión de Sanidad y Consumo


161/002984


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Doña Macarena Olona Choclán, doña Mercedes Jara Moreno, don Juan Luis Steegmann Olmedillas, don Antonio Salvá Verd, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida y don Tomás Fernández Ríos, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la implementación de los
tratamientos y la financiación de los protectores solares para los pacientes con indicación de Lupus Eritematoso Sistémico (LES), para su discusión en la Comisión de Sanidad y Consumo.


Exposición de motivos


Primero. El lupus eritematoso sistémico (en adelante, LES) es una enfermedad crónica inflamatoria sistémica de etiología desconocida. Es la enfermedad autoinmune por excelencia y se caracteriza por una producción exagerada de
autoanticuerpos que puede dañar prácticamente cualquier órgano o sistema.


La enfermedad es propia de mujeres en edad fértil en el 90 % de las ocasiones, aunque pueden aparecer casos en varones, ancianos y niños. Su etiopatogenia se desconoce, pero influyen varios factores en el desarrollo de la enfermedad:
factores genéticos, radiación ultravioleta (muy claramente implicada), ciertos medicamentos, infecciones, factores hormonales y factores inmunológicos.


El curso clínico de la enfermedad y la gravedad son muy variables y suele cursar en brotes. Cualquier órgano puede estar afectado y, en el 95 % de los casos, aparecen manifestaciones generales como son febrícula, malestar, astenia, anorexia
y pérdida de peso.


Además, pueden aparecer otros efectos como los siguientes:


- Manifestaciones músculo-esqueléticas.


- Alteraciones hematológicas.


- Manifestaciones cutáneas.


- Manifestaciones neurológicas graves (convulsiones, psicosis dentro del síndrome mental orgánico, meningitis asépticas).


- Manifestaciones cardiopulmonares, en un 60 % de los enfermos, como pleuritis, neumonitis lúpica, fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar, hemorragia alveolar masiva, pericarditis, miocarditis, endocarditis.


- Manifestaciones renales, en el 50 % de los pacientes, que es lo que condiciona el pronóstico de la enfermedad y es la primera causa de mortalidad.



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- Infecciones.


- Manifestaciones gastrointestinales.


- Manifestaciones vasculares cuya causa son los anticuerpos antifosfolipídicos, que inducen además abortos de repetición.


- Otras manifestaciones.


El tratamiento debe ser individualizado y pasa por protección solar con productos con pantalla total, antipalúdicos, antiinflamatorios no esteroideos, corticoides, inmunosupresores y terapias biológicas.


Ante una enfermedad de tales características se presentan en España situaciones muy dispares a la hora de su tratamiento. Por un lado, en algunas provincias existen unidades de lupus multidisciplinares, mientras que en otras no están aún
previstas en su estructura sanitaria. Por otro, y ante la aparición de diversas complicaciones, la derivación a los distintos especialistas se realiza sin ninguna preferencia, por lo que los pacientes tienen que esperar meses para conseguir una
cita con nefrología, cardiología, neumología, neurólogos, dermatólogos, etc. En el caso de sufrir un brote de la enfermedad, los pacientes son atendidos en los servicios de urgencias y, para la derivación posterior al especialista, deben
incorporarse de nuevo en listas de espera, en las situaciones que no precisen de su ingreso hospitalario.


Segundo. Las inequidades en la atención al paciente con lupus entre las distintas Comunidades Autónomas, así como las desigualdades existentes entre distintas provincias exigen una coordinación en la organización y estructura sanitaria para
esta patología que no se ve recogida en el Sistema Nacional de Salud con las suficientes garantías de efectividad asistencial.


Otra circunstancia que limita la vida de estos pacientes es la exposición solar en un país como España con un gran número de horas diurnas. Para exponerse a la luz solar precisan foto-protección con productos de alta calidad, puesto que las
radiaciones ultravioletas, tanto A como B, desencadenan brotes de la enfermedad. El alto coste que supone el gasto en fotoprotección para estos pacientes, presupone en muchas ocasiones que únicamente puedan salir cuando no existe radiación solar.


La reclusión en casa de personas, jóvenes y no tan jóvenes, se traduce en importantes problemas psicológicos, además de los propios derivados de su enfermedad, tales como la psicosis anteriormente citada.


En relación con el coste de la adquisición de los fotoprotectores solares, en la actualidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92.2 del Texto Refundido de la Ley de Garantías y Uso racional de medicamentos y productos
sanitarios, no se encuentran incluidos en la prestación farmacéutica los medicamentos no sujetos a prescripción médica, medicamentos que no se utilicen para el tratamiento de una patología claramente determinada, ni los productos de utilización
cosmética, dietéticos, aguas minerales, elixires, dentífricos y otros productos similares. Los protectores solares, así como los filtros de radiación UV permitidos en los mismos se encuentran calificados como productos cosméticos, regulados en el
Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre.


Las sociedades profesionales y los especialistas defienden una cartera de servicios dinámica y flexible, que facilite la rápida incorporación de los tratamientos y garantice la financiación necesaria para el diagnóstico de patologías como el
lupus, en la que tengan cabida determinados productos asociados al tratamiento y prevención de síntomas y manifestaciones asociadas a la enfermedad, como son los fotoprotectores solares.


La cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud tiene como objetivo garantizar la equidad y la accesibilidad a una adecuada atención por parte de nuestro sistema público sanitario, estableciendo el contenido de sus
prestaciones, para lo cual tiene previsto un procedimiento para su constante actualización. La cartera común suplementaria, entre la que se encuentra la prestación farmacéutica, la prestación ortoprotésica, la prestación con productos dietéticos y
el transporte sanitario no urgente incluye todas aquellas prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria y están sujetas a aportación del usuario.


En tanto se produce esta revisión regulatoria y de la financiación de productos coadyuvantes en el tratamiento de las patologías severas, como lo es el Lupus, gobiernos autonómicos como el de Navarra han optado por subvencionar desde hace
años, y mediante convocatoria anual, el tratamiento fotoprotector de personas afectadas de lupus, a cargo del Presupuesto General de gastos de la Comunidad Autónoma.


En su última resolución publicada, para el ejercicio 2021 90, únicamente recogen como requisitos: (i) tener diagnóstico médico de la enfermedad de lupus; (ii) tener residencia estable en el territorio, con


90 Anuncio - Boletín Oficial de Navarra.



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excepciones, y (iii) no encontrarse la persona incursa en prohibición de las recogidas en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX formula la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover el desarrollo de un programa nacional de Lupus Eritematoso Sistémico, en colaboración con las sociedades científicas implicadas, para que se mantengan registros que permitan medir el
estado de atención, resultados del tratamiento y supervivencia de los pacientes afectos de LES en todo el territorio nacional, a fin de facilitar la libre elección de centro e implementar las mejoras necesarias en la atención integral de estos
pacientes.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2021.-Mercedes Jara Moreno, Juan Luis Steegmann Olmedillas, Antonio Salvá Verd, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Tomás Fernández Ríos, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX.


161/002986


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Xavier Eritja Ciuró, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento y
desarrollo de la especialidad de Enfermería de Cuidados Médico-Quirúrgicos, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.


Exposición de motivos


El reconocimiento a la titulación de enfermero y enfermera, al valor de esta profesión, ha sido una reivindicación de los profesionales, a lo largo del tiempo, en defensa del ejercicio de una profesión cada vez más necesaria por las muchas
variantes en que hoy día se ha vertebrado la atención a la salud de las personas y, consecuentemente, por la necesidad de ampliar y profundizar en los conocimientos y la formación necesarios, adecuándolos a la evolución del ámbito sanitario, los
avances científicos y el desarrollo tecnológico, que demanda una prestación asistencial cada vez más específica y especializada en atención a las necesidades emergentes de salud, de acuerdo con las dinámicas demográficas y las proyecciones de
población.


La aprobación del, ya derogado, Real Decreto 992/1987, de 3 de julio, por el que se regula la obtención del título de Enfermero especialista, supuso el reconocimiento por vez primera de siete especialidades en el ejercicio profesional de la
enfermería. No obstante, la efectividad de estas quedaba sujeta y condicionada a la correspondiente formación preceptiva, de las que solo llegó a impartirse la de Obstetricia y Ginecología y la de Salud Mental, por lo que el ejercicio del resto de
especialidades enfermeras, en la práctica, era nulo ante la inexistencia de la correspondiente formación para la obtención de la titulación exigida.


Posteriormente, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, incorporó en su Título II una nueva regulación de las especialidades en Ciencias de la Salud, abordando la necesidad de una nueva regulación
reglamentaria de éstas, incluyendo las especialidades de enfermería, y de los órganos asesores en la formación especializada, de conformidad con las recomendaciones de la Unión Europea y las competencias de las Comunidades Autónomas y las del
Estado. La Ley determina la necesidad de establecer un sistema de especialización que, de acuerdo con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) permita el desarrollo profesional, la libre movilidad de los profesionales y una mejora de la
calidad y la atención asistencial.


Finalmente, el Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería, procede a su desarrollo, incluyendo siete especialidades de enfermería: Obstétrico-Ginecológica, Salud Mental, Geriatría, Pediatría, Enfermería del
Trabajo, Cuidados Médico-Quirúrgicos y Familiar y Comunitaria (artículo 2): así como la formación del enfermero especialista (artículo 3) y el acceso a la misma (artículo 4), la oferta de plazas (artículo 5) y la acreditación de unidades docentes
(artículo 6), entre otras.



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Actualmente, el desarrollo e implementación de estas especialidades se ha llevado a cabo de manera efectiva en todas las ramas, a excepción de la formación especializada en el campo de Cuidados Médico-Quirúrgicos, que queda aún pendiente.
Esta es una área en la que, en Catalunya, ejercen alrededor de un 60 y 70 % de los profesionales de enfermería, con incidencia en unidades de atención a la Salud especialmente relevantes como son las urgencias y los cuidados críticos, que además
repercute directamente sobre las competencias profesionales de estos trabajadores, el conocimiento y la pericia que acreditan diariamente en el ejercicio profesional, pero ausente del reconocimiento por parte de las autoridades competentes en el
ámbito sanitario y del desarrollo formativo que acredite sus habilidades, conocimientos y competencias para el ejercicio profesional.


Por todo ello, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:


1. Convocar, en el plazo máximo de un mes, la Comisión Nacional designada por el Ministerio de Sanidad en la especialidad de Cuidados Médico-Quirúrgicos, responsable de velar por el desarrollo efectivo de la formación en esta especialidad,
para que presente, en el plazo máximo de 3 meses, el programa formativo correspondiente a la especialización en enfermería de Cuidados Médico-Quirúrgicos, su duración y todos los criterios específicos y necesarios exigidos por ley para su desarrollo
efectivo e implementación, así como los criterios para la acreditación profesional resultante de la capacitación adquirida en la especialidad.


2. Fijar, en el plazo máximo de seis meses, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, una oferta anual de plazas de la especialidad de Cuidados Médico-Quirúrgicos
que permita el desarrollo de la carrera de estos profesionales, que no restrinja ni limite su acceso y ejercicio, que sea adecuada a sus necesidades y tenga en consideración las demandas asistenciales emergentes.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2021.-Francesc Xavier Eritja Ciuró, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para fomentar la donación de
médula ósea, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.


Exposición de motivos


La donación de médula ósea es una donación voluntaria y altruista que se rige por el principio de solidaridad internacional. Eso significa que, una vez una persona está inscrita como donante, está a disposición para hacerlo a cualquier
persona del mundo que lo necesite.


En España, cada año 6.400 personas son diagnosticadas con leucemia. Muchas de ellas van a necesitar de un trasplante de médula ósea como parte del tratamiento para superar la enfermedad. De estos pacientes, 3 de cada 4 no tendrán un
familiar compatible y por lo tanto, deberán recurrir a un donante externo. Además, algunos pacientes llegan a la necesidad de un trasplante de médula ósea después de otros tratamientos y recaídas.


El trasplante de médula ósea es actualmente la única esperanza para muchas personas con leucemia u otras enfermedades relacionadas con la sangre. Consiste en sustituir las células enfermas del paciente por células sanas del donante. Es un
proceso relativamente sencillo, que salva muchas vidas, pero que requiere de un compromiso y solidaridad.


Alrededor de la donación de médula ósea aún hoy hay muchas creencias erróneas y un alto grado de desinformación y desconocimiento que provoca que muchas personas no se planteen la donación. No



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guarda relación con la médula espinal, no implica la pérdida de su propia médula ósea, no es peligroso para el o la donante y es plenamente compatible la donación a una persona desconocida con una hipotética necesidad posterior relacionada
con la donación a un familiar.


La donación de médula ósea es una ayuda anónima y altruista, la única esperanza para miles de personas, y una donación que se puede hacer en vida y de la cual las células se regeneran al 100 %.


Por eso es necesario que desde los poderes públicos se promuevan campañas de visibilidad y concienciación que ayuden a mejorar la desinformación acerca del proceso y lo que supone la donación de médula ósea. España es un país muy
concienciado con la donación de órganos y es importante que la donación de médula ósea sea también conocida y valorada. Cuántos más donantes haya, más fácil será que todas las personas que lo necesitan encuentren un donante compatible que les salve
la vida.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar los mecanismos necesarios para combatir la desinformación y el desconocimiento sobre la donación de médula ósea con el objetivo de fomentarla.


2. Promover campañas de concienciación sobre la importancia de donar médula ósea y de información sobre el proceso y compromiso que representa.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2021.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


161/003022


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la desestigmatización de los problemas de salud mental, para
su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.


Exposición de motivos


La salud mental ha tendido a ser ignorada en el discurso público durante las últimas décadas. Enfermedades como las depresiones han sido habitualmente estigmatizadas como 'no-enfermedades', o una mera situación de desánimo pasajera,
incomparable a cualquier aspecto de la salud física. Y, sin embargo, ya en 2017 un 4,3 % de los hombres y un 9,1 % de las mujeres declaraban tener ansiedad crónica, y un 4 % y 9,2 % afirmaban lo mismo en lo referente a depresiones. Más
recientemente, en la Encuesta de Salud Mental del CIS en este mismo año, un 39 % de españoles declararon haber acudido a tratamiento por trastorno depresivo antes de la pandemia, y un 33 % por trastorno ansioso. Esos porcentajes eran del 35 % y del
43,7 % respectivamente desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad.


Existen brechas importantes también en materia de salud mental. Los jóvenes y las mujeres son más propensos a reconocer este tipo de problemas de salud, así como admitir estados depresivos o ansiosos. La menor prevalencia en hombres
adultos puede deberse a la estigmatización de los problemas de salud mental, derivando en falta de voluntad de admitir el problema. Desgraciadamente, los datos también dicen que son los hombres adultos los que más tienden a quitarse su propia vida.
La tasa de suicidio de hombres frente a mujeres era del 10,9 por cada 100.000 habitantes en el caso de los primeros, contra 3,5 por cada 100.000 para las segundas en 2015. Y, por grupo de edad, aquellos situados entre los 41 y 65 años eran los que
más riesgo tenían. De la misma manera, la tasa de suicidio está correlacionada también con el nivel educativo de la persona.


Hemos de situar estos datos en el contexto de dos crisis prácticamente consecutivas, así como la falta de apoyo por parte de las instituciones españolas en muy diversos aspectos que afectan a la salud mental de las personas. Aunque es
primordial trabajar por un futuro con un mercado laboral funcional, reducción



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de desigualdades, mejora de la igualdad de oportunidades y fortalecimiento institucional, no debe desatenderse el cuidado de la salud mental, subordinándola a la consecución de esos objetivos.


Aunque debido a recientes ejemplos, como, por ejemplo, los de las deportistas de élite Naomi Osaka o Simone Biles, hemos sido testigos de una progresiva desestigmatización de los problemas de salud mental en la esfera pública, esto no podrá
realizarse por completo sin una vigorosa acción por parte de nuestras instituciones. Debemos reconocer las brechas existentes entre géneros y edades, para diseñar mejores políticas que puedan contribuir a reducirlas. También debemos ser
conscientes de que esto es un reto de país, un desafío para todos los actores políticos, que debemos estar a la altura para garantizar a los españoles un futuro mejor y un reconocimiento de la importancia de una salud mental adecuada.


En el Grupo Parlamentario Ciudadanos lo tenemos claro desde hace tiempo, y por ello venimos trabajando en dar visibilidad a estas cuestiones. Tal es el caso que hace un año ya pusimos sobre la mesa la necesidad de abordar el impacto que la
pandemia de COVID-19 había tenido sobre la salud mental, y logramos la inclusión en las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica la elaboración de una nueva Estrategia de Salud Mental que permita asegurar una adecuada
atención a las necesidades en materia de salud mental de toda la población y que, entre otros, aborde la elaboración de un Plan Estratégico de Prevención del Suicidio, que implique la adopción de un Código de Riesgo de Suicidio en todos los centros
de salud.


La estrategia debe reforzar la detección precoz y la atención temprana de posibles trastornos cognitivos o de desarrollo en la población infantil, incluidos los Trastornos del Espectro Autista (TEA), los Trastornos por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH), la dislexia o los trastornos de tipo alimentario, entre otros. De igual modo, se han de proporcionar medios para la asistencia social integral de las personas con problemas mentales y de sus familias, incluidos todos aquellos
dirigidos a promover su participación mediante grupos de autoayuda, escuelas de salud o intervenciones comunitarias para la prevención de la soledad no deseada.


No hay proyecto de vida autónomo y verdadera libertad de elección sin un marco de igualdad de oportunidades y de libertad real. Ello también pasa por asegurar una salud mental adecuada, con tratamientos apropiados, personal especializado y
sin estigmatizaciones en la esfera pública. La concienciación y el trabajo sobre enfermedades mentales es vital para la prevención de sus peores derivadas.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Dar cumplimiento a lo acordado en el seno de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica y aprobar una nueva Estrategia Nacional de Salud Mental en los términos que se establecieron por el Pleno del Congreso de los Diputados.


2. Asegurar que la nueva Estrategia de Salud Mental viene acompañada de compromisos presupuestarios y de recursos humanos suficientes para garantizar su puesta en marcha, con medidas específicas dirigidas a la desestigmatización de los
problemas de salud mental.


3. Incluir en la nueva Estrategia de Salud Mental un Plan de Prevención del Suicidio, con medidas concretas e implicando a todos los sectores de la sociedad en la correcta detección de las conductas suicidas y su prevención, especialmente
en jóvenes y personas en situación de soledad no deseada.


4. Buscar un acuerdo parlamentario y social amplio para abordar los problemas relacionados con la salud mental, su tratamiento en la esfera pública y en la educación, de tal manera que permita concienciar a las generaciones presentes y
venideras sobre su importancia.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de agosto de 2021.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.



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161/003023


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la inversión en profesionales sanitarios especializados en
salud mental, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.


Exposición de motivos


Durante la última década, España se ha visto sacudida por dos crisis muy cercanas en el tiempo: la Gran Recesión y la derivada de la pandemia de COVID-19. Más allá de sus efectos económicos y de la demostración de muchos problemas
estructurales del mercado laboral español y sus partidos tradicionales, ambas han causado auténticos estragos en términos de salud mental.


La reciente encuesta sobre salud mental del Centro de Investigaciones Sociológicas revelaba que un 42 % de los españoles confesaba tener problemas de sueño después de la pandemia, mientras que un 52 % se declaraban como 'cansados o con pocas
energías'. Una investigación de 'Epidemiology and Psychiatric Sciences' demostraba que las personas que se sentían solas, así como los jóvenes, fueron las que más vieron incrementadas sus posibilidades de desarrollar depresión durante el
confinamiento. Metroscopia, por su parte, publicó una encuesta en la cual un 40 % de las personas entre 18 y 34 años decían que su estado de ánimo había empeorado durante la pandemia, y un 62 % admitían haber acudido a algún profesional por motivos
relacionados con su estado de ánimo.


Estos datos han derivado en terribles consecuencias, como los publicados por la Fundación Española para la prevención del Suicidio, que demostraba que, incluso antes de la pandemia (2019), 307 personas de entre 15 y 29 años se habían quitado
la vida, convirtiéndose en la primera causa de muerte de jóvenes, incluso por delante de los accidentes de tráfico. Incluso con la reducción de la siniestralidad en carretera, ha de reseñarse que los suicidios habían crecido un 30 % en el período
2010-2019, y es una situación sin visos de mejorar, ante el prospecto de la crisis pandémica y la falta de asistencia por parte de las instituciones estatales.


Y no solo eso, sino que además España se enfrenta a un grave problema en materia de recursos para hacer frente a esta situación. Sin ir más lejos, en materia de psicólogos, España solo cuenta con 6 psicólogos clínicos por cada 100.000
habitantes, frente a los 18 que son la media en la Unión Europea. De manera similar, solo tenemos 9,69 especialistas en psiquiatría por cada 100.000, lo que nos sitúa solo por delante de Grecia, Italia y Rumanía en la Unión Europea, y a mucha
distancia de países como Francia (20,91), Bélgica (20,06) o Suecia (19,12). La inversión actual en formación de personal especializado es irrisoria si se compara a la de países de nuestro entorno, resultando en capacidades infradotadas y un
abandono incompatible con la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. Es necesario tomar medidas inmediatamente para revertir esta situación de precariedad en la acción para el tratamiento de los problemas de salud mental.


No es posible desarrollar un proyecto vital autónomo y libre en estas circunstancias, ni se puede mirar hacia otro lado mientras se añade una carga más a la espalda de los ciudadanos españoles, y muy especialmente de los jóvenes, para el
pleno disfrute de una vida libre. La salud mental, ignorada durante demasiado tiempo, es fundamental para el ejercicio pleno de los derechos y libertades, así como la elección de opciones de vida. Es fundamental que cualquier proyecto de país
defienda a sus ciudadanos frente a esta lacra y que proporcione los medios para poder hacerle frente.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Tomar las medidas necesarias para aumentar el número de psicólogos y de psiquiatras clínicos en España, estableciendo una ratio de población por cada profesional que no podrá superar los 5.000 habitantes, pudiéndose reducir esta cantidad
en función de la tasa e indicadores de complejidad a propuesta del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.



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2. Incrementar los recursos dedicados a la salud mental, especialmente a la formación de personal especializado y a incentivar la contratación de profesionales en centros educativos, centros de protección de menores, servicios de asistencia
y protección frente a la violencia de género, centros penitenciarios y centros de internamiento de extranjeros, de tal manera que se mejoren las capacidades del sistema para afrontar con garantías los retos derivados del incremento de problemas de
salud mental.


3. Mejorar la accesibilidad de la población a la atención psicológica profesional mediante su inclusión en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el establecimiento de mecanismos para reducir el coste de la atención
psicológica privada a aquellos individuos que así lo necesiten en base a sus condiciones socioeconómicas.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de agosto de 2021.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley crear un Centro de la
Universidad Nacional a Distancia (UNED) en Santiago de Compostela, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.


Exposición de motivos


El servicio que presta la UNED a millares de personas, que por circunstancias distintas no pueden cursar una carrera de manera presencial, es de gran utilidad e importancia para posibilitar la formación universitaria.


La UNED cuenta con más de 250.000 estudiantes que cursan sus titulaciones oficiales (27 grados, 65 másteres universitarios, 18 programas de doctorado) o sus más de 600 cursos de formación permanente.


Existen 5 Campus en la UNED y, en esa configuración, Galiza está incluida en el denominado Campus Noroeste, que comprende los Centros Asociados de Galiza, Asturias, Castilla-León y Extremadura. Por tanto, los alumnos del Centro de la UNED
de A Coruña, Lugo, Ourense o Pontevedra pertenecen al Campus Noroeste. A su vez, el Centro de A Coruña posee un Aula de la UNED en Ferrol, el Centro Pontevedra comprende también las Aulas de Lalín, Vigo y Tui. El Centro de Lugo incluye las Aulas
de Foz, Monforte de Lemos y Viveiro. Y el Centro de Ourense posee el aula de la Rúa.


Esta distribución tiene, en el caso del Centro Asociado de A Coruña, una ausencia flagrante, pues una ciudad de la importancia universitaria de Santiago de Compostela carece de Centro Asociado o Aula de la UNED. Sin olvidar que se trata de
la capital de Galiza.


La demanda de estudios a distancia aumentó de manera exponencial debido al incremento de las cifras de personas desempleadas, por eso se expone la necesidad de localización de un Centro de la UNED en Compostela dada su importancia
universitaria, económica-administrativa y poblacional.


Por todo lo expuesto con anterioridad, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a crear un Centro de la UNED en Santiago de Compostela para dotar a la capital gallega de este servicio educativo del que carece en la actualidad y atender la creciente demanda
existente.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 2021.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.



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Comisión de Igualdad


161/002981


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Pilar Vallugera i Balañá, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la afectación
de la vacunación contra la COVID-19 en la menstruación, para su debate en instancia en la Comisión de Igualdad.


Exposición de motivos


En las últimas semanas, mujeres de diferentes estados de todo el mundo están reportando -especialmente a través de redes sociales y plataformas de mensajería como WhatsApp, Telegram o Signal- cambios notorios en sus ciclos menstruales tras
haber sido vacunadas contra la COVID-19.


Posteriormente a la inoculación contra el virus, tal y como han advertido las autoridades sanitarias, la ciudadanía puede experimentar diferentes efectos secundarios. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
informa, a través del 1.° Informe de Farmacovigilancia sobre vacunas COVID-19, de que los acontecimientos más frecuentes tras la vacunación están relacionados con trastornos generales (fiebre y malestar), con el sistema nervioso central (cefalea,
mareos) y con el aparato digestivo (náuseas, diarrea). Estos síntomas están generando alarma entre la población, ya que implican trastornos que no han sido experimentados de forma previa, y en consecuencia se ha puesto en conocimiento de la
ciudadanía que éstos están asociados con la respuesta inmunitaria del cuerpo humano a la vacuna.


Sin embargo, ¿qué ocurre con los avisos relacionados con alteraciones en los ciclos menstruales tras la vacunación?


La ausencia de perspectiva de género en la investigación médica es una problemática que perjudica directamente a la integridad física de las mujeres a pesar de las polémicas cada vez más recurrentes como el abuso del consumo de la píldora
anticonceptiva. Existen tanto patologías como tratamientos médicos que pueden afectar de formas diferentes a hombres y a mujeres. Si no se toman medidas, este problema siempre será ignorado y los efectos sobre la salud de las mujeres pueden llegar
a ser irreversibles.


La población civil, ante la pasividad y el silencio de las administraciones a cargo, ha tomado cartas en el asunto. Un estudio en forma de cuestionario, promovido por Laura Cámara, matrona del Hospital Universitario Virgen de las Nieves,
quién experimentó sangrados menstruales irregulares tras la vacunación contra la COVID-19, busca recoger las consecuencias de la vacuna sobre las mujeres. A su vez, pretende que la encuesta sea una herramienta informativa para promover una medicina
con perspectiva de género.


Sin embargo, al no ser los cuestionarios reveladores a nivel científico, Laura Baena, profesora ayudante doctora en el Departamento de Enfermería de la Universidad de Granada, inició el proyecto 'Eva'. La investigación se basa en el
registro y seguimiento, durante un año, de la menstruación de mujeres españolas antes y después de cada dosis, y tras haber recibido la pauta completa. Los síntomas más comunes hasta la fecha son: aumento del sangrado, alteraciones en la duración
del ciclo (como sangrados durante la ovulación), e incluso sangrado en mujeres con menopausia establecida y en hombres trans en tratamiento hormonal, lo cual es especialmente alarmante.


Hasta la fecha, el proyecto continúa abierto y se espera que pasen por él 120 participantes.


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a realizar, en coordinación con todas las administraciones públicas competentes, una investigación sobre la afectación de la vacunación de la COVID-19 sobre la menstruación.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2021.-Pilar Vallugera i Balañà, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.



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161/002992


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre los ataques violentos y los actos de intolerancia y discriminación hacia las personas LGTBI, para su debate en la Comisión de Igualdad.


Exposición de motivos


El pasado 3 de julio conocíamos la noticia del brutal asesinato del joven Samuel Luiz en A Coruña, al grito de 'maricón'. Un terrible crimen que conmocionó a gran parte de la ciudadanía española y que despertó una ola de rabia e indignación
que llenó de concentraciones multitudinarias las principales ciudades de nuestro país.


Las agresiones LGTBIfóbicas no dejan de aumentar en nuestro país. Según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, los delitos de odio denunciados han aumentado de 1.172 en el año 2013 a 1.706 en 2019 y, concretamente, los que
atañen a la orientación sexual han aumentado un 86 %. En este mismo sentido, según el Observatorio Contra la Homofobia de Madrid, y a pesar del confinamiento y el cierre del ocio nocturno, en dicha Comunidad Autónoma, se han registrado 259
incidentes LGTBIfóbicos. En Catarunya, el L'Observatori contra l'Homofóbia ha registrado 113 incidentes desde el 1 de enero de 2021.


Especialmente en las últimas semanas en las que se ha reivindicado y celebrado el Día Internacional del Orgullo LGTBI, los casos de agresiones y la agresividad de las mismas han ido en aumento, así como la violencia verbal contra este
colectivo en las redes sociales. Una semana antes del asesinato homófobo de Samuel Luiz en A Coruña, agredían con una porra extensible a un matrimonio de homosexuales en esa la misma ciudad. En Barcelona, el 24 de junio en el paseo de Gràcia, una
pareja fue agredida y, el 26 de junio, un hombre de 52 años fue atacado por diez jóvenes en el Parc Güell.


En definitiva, los casos de ataques, insultos o vejaciones a personas del colectivo LGTBI siguen creciendo en un país como el nuestro, pionero en el reconocimiento y en la protección de los derechos civiles y referente en el resto del mundo
en cuanto a la defensa de las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Estas actitudes violentas e intolerantes, probablemente reprimidas durante mucho tiempo, proceden de personas que han asumido los discursos de odio y han normalizado
los mismos como una vía de escape para decir y hacer todo aquello a lo que antes no se atrevían.


Ante esta situación, es imprescindible que desde todos los ámbitos y desde todas las instituciones se visibilicen y se denuncien estas agresiones, y también que pongamos en marcha todas las herramientas legislativas necesarias para
combatirlas.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados rechaza y condena todos los ataques LGTBIfóbicos que hayan tenido, o que tengan lugar, en cualquier población de nuestro país, e insta al Gobierno a:


- Agilizar, en la medida de lo posible, el proceso de tramitación del Anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.


- Coordinar, en colaboración con las comunidades autónomas y entidades locales, la puesta en marcha de campañas de sensibilización, información y formación, sobre la realidad de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2021.-Arnau Ramírez Carner y Laura Berja Vega, Diputados.-Susana Ros Martínez y Ana Belén Fernández Casero, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.



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161/003013


A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Lourdes Méndez Monasterio, D.ª Rocío de Meer Méndez y D.ª Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en
los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al análisis de la perspectiva de familia en la tramitación de todas las iniciativas normativas provenientes del Gobierno, para su
discusión en la Comisión de Igualdad.


Exposición de motivos


Primero. La calidad normativa y la estrategia 'beller regulation' como antecedente de la obligación de realizar una evaluación del impacto de las normas.


1. El fenómeno legislativo español de las últimas décadas se ha caracterizado, entre otras notas, por una creciente proliferación normativa 91. Así, 'para afrontar la pluralidad de la sociedad actual, la diversidad de ámbitos en los que se
desenvuelve las actividades y las relaciones humanas, los Estados multiplican las leyes y las normas en general' 92.


2. Los efectos nocivos asociados a la ingente promulgación de normas -dificultad de comprensión y de cumplimiento por parte de los ciudadanos, excesiva injerencia del Estado, incoherencias en el propio ordenamiento, etc.- han generado una
reflexión doctrinal y jurisprudencial 93 sobre cómo se está llevando a cabo el proceso legislativo. Dicha tarea se ha abordado desde una perspectiva amplia (técnico-jurídica, lingüística, etc.), en la que tiene un peso específico la cuestión de la
calidad de las normas.


3. Podemos definir como calidad normativa, calidad jurídica o técnica legislativa de calidad el proceso conducente a 'lograr claridad, precisión, vigor, exactitud, coherencia y armonía, predicables de toda norma jurídica' 94; dicho en
otros términos, es el 'arte de legislar clara y eficazmente', que [...] no es solo la buena redacción de las leyes, sino que afecta a cuestiones más generales y trascendentes, como son la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico y la calidad,
la publicidad y la viabilidad de las normas' 95.


a) La calidad normativa hace referencia, en primer término, a una corrección técnica o formal. Esto no implica simplemente una redacción gramaticalmente correcta, sino también una fidelidad del texto al espíritu o la ratio de la norma 96.


b) En segundo lugar, la calidad normativa tiene un componente de adecuación a las normas y principios del ordenamiento 97 y permite, por tanto, una mayor consecución de la justicia material. En este sentido, la preocupación de fondo por la
calidad de las normas 98 obedece a que esta redunda en una mejor garantía de los derechos y principios legalmente reconocidos. A título de ejemplo, una norma redactada


91 Cfr. CRUZ VILLALÓN, P., 'Control de calidad de la ley y calidad del control de la ley', Derecho Privado y Constitución, N.º 17, enero-diciembre 2003, p. 149.


92 BASELGA GARCÍA-ESCUDERO, P., 'Materiales para el estudio de la técnica legislativa', Revista de las Cortes Generales, Madrid, septiembre 2010, p. 249.


93 Afirma AGUILÓ Y LÚCIA, L., en 'Técnica legislativa y seguridad jurídica', Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios parlamentarios y del Estado autonómico, pp. 5-6, que 'la realidad hoy es que asistimos a una masiva producción normativa
que pretende ser la solución para todos los problemas de la sociedad. Por ello se busca antes una ley rápida que una buena ley. Lo que acaba produciendo una insatisfacción por el producto normativo resultante'.


94 AGUILÓ Y LÚCIA, L., 'Técnica legislativa y seguridad jurídica', Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios parlamentarios y del Estado autonómico, p. 6.


95 BASELGA GARCÍA-ESCUDERO, P., 'Materiales para el estudio de la técnica legislativa', Revista de las Cortes Generales, Madrid, septiembre 2010, p. 251.


96 Cfr. VV. AA., 'Better regulation: una estrategia ineludible', Relatos programa PARTNERS, enero 2009, p. 14.


97 Cfr. CRUZ VILLALÓN, P., 'Control de calidad de la ley y calidad del control de la ley', Derecho Privado y Constitución, N.º 17, enero-diciembre 2003, pp. 149-150.


98 SIEIRA MUCIENTES, S., en 'La necesaria objetividad en la evaluación ex ante de la calidad de las normas. Estudio de la Memoria de Análisis del Impacto normativo en la familia', en La perspectiva de Familia en las leyes, Fundación The
Family Watch, Madrid, 2020, p. 42, afirma: 'La preocupación por la calidad de las normas [...] se acentúa en la actualidad a partir de la denominada 'hiperinflación normativa', que dificulta el conocimiento del derecho vigente y la coherencia del
ordenamiento en su conjunto'.


Por su parte, AGUILÓ Y LÚCIA comenta en 'Técnica legislativa y seguridad jurídica', Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios parlamentarios y del Estado autonómico, p. 4, que 'han sido numerosas las leyes que a lo largo de estos años han
aprobado las Cortes Generales, leyes que en muchos casos eran urgentes y necesarias. Esta inmensa labor legislativa no ha ido acompañada de una técnica legislativa cuidada. Y es éste el aspecto que abordamos ahora cuando la sensibilidad hacia la
técnica legislativa ha ido en aumento en especial en los últimos años en España'.



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de manera farragosa o que utilice una terminología indefinida supone una merma de la seguridad jurídica; de igual modo ocurre con otros principios como el de legalidad, interdicción de la arbitrariedad, proporcionalidad, etc. 99.


4. Dada la trascendencia de la calidad normativa, tanto para la excelencia técnica del ordenamiento como para la consecución de cuanto este consagra con naturaleza de derecho positivo, se precisa que dicha calidad sea objeto de control, en
una doble faceta: 'ex ante', de carácter más formal o procedimental, y ex post, asociado a la eficacia de la normal 100.


5. La preocupación por la mejora de la calidad de la regulación a la que hemos hecho alusión se inserta en el marco más amplio de la denominada 'Better regulation' (término anglosajón que significa 'legislar mejor') 101. Esta se define
como 'la convicción de que, para mejorar el marco regulador, es necesaria una nueva concepción de la manera de elaborar las normas, que evite los efectos perversos de una regulación ineficiente' 102. Se trata de un fenómeno de ámbito europeo que,
desde hace varios lustros, se ha convertido en uno de los 'objetivo[s] fundamental[es] de la agenda política de numerosos gobiernos y organizaciones internacionales' 103, y que tiene por finalidad 'el debate sobre la calidad normativa' 104 y la
institucionalización de nuevos principios de buena legislación y nuevos instrumentos técnicos de mejora regulatoria' 105.


Segundo. Fundamentos de la obligación de llevar a cabo una memoria de análisis de impacto normativo.


6. La Memoria de Análisis de Impacto Normativo (en adelante, 'MAIN') surge como respuesta a la inquietud por la calidad de las normas a la que hemos hecho alusión 106, en una vertiente de control ex ante.


7. Se denomina MAIN al documento 'que debe acompañar a los anteproyectos de ley y proyectos de reales decretos-leyes, reales decretos legislativos y normas reglamentarias', a tenor de lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto 931/2017,
de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo ('RD 931/2017').


8. Debemos tener en cuenta, como dato previo a lo que a continuación se expondrá, que el proceso legislativo en España se describe como un sistema difuso de elaboración de las normas, en el cual son los ministerios competentes por razón de
la materia los encargados de redactarlas. En el sistema concentrado, por el contrario, existe un organismo al que se encomienda realizar dicha tarea 107. En el primer modelo, prevalece un criterio político, ya que el órgano que impulsa la norma es
también el encargado de elaborarla 108; en el segundo, en cambio, rige un criterio de unidad técnica formal. Del hecho de que España siga un sistema difuso se deriva, en parte, la disfunción y la falta de homogeneidad que hay entre textos
normativos dentro de un mismo ente territorial' 109.


99 Cfr. AGUILÓ Y LÚCIA, L., 'Técnica legislativa y seguridad jurídica', Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios parlamentarios y del Estado autonómico, p. 4.


100 Empero, en España no hay un organismo específicamente encargado del control de la calidad de las leyes. La ausencia de un organismo de esta índole repercute, en la práctica, en que no se lleve a cabo un estudio de la necesidad,
adecuación, eficacia y repercusión de las normas que se dictan, lo que merma la calidad del ordenamiento.


101 Si bien 'la calidad jurídica de la regulación es independiente, y al mismo tiempo complementaria, de la better regulation, y tiene que existir en cualquier circunstancia', según se afirma en VV. AA., 'Better regulation: una estrategia
ineludible', Relatos programa PARTNERS, enero 2009, p. 14.


102 VV. A 'Better regulation: una estrategia ineludible', Relatos programa PARTNERS, enero 2009, p. 16.


103 MERCADO PACHECO, P., 'Calidad de la ley, evaluación de impacto normativo y argumentos económicos', Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 47, 2013, pp. 95-96.


104 Op. Cit., p. 86.


105 ídem.


106 Afirma SIEIRA MUGIENTES, S., en 'La necesaria objetividad en la evaluación ex ante de la calidad de las normas. Estudio de la Memoria de Análisis del Impacto normativo en la familia', en La perspectiva de Familia en las leyes, Fundación
The Family Watch, Madrid, 2020, p. 43: 'En este movimiento llamado better regulation es, pues, donde se incardina el análisis del impacto normativo, el cual, en sus dos variantes ex ante y ex post, busca mejorar la calidad material de las normas,
asegurando que se trata de normas necesarias, adecuadas y proporcionadas'.


107 Cfr. BASELGA GARCÍA-ESCUDERO, P., 'Materiales para el estudio de la técnica legislativa', Revista de las Cortes Generales, Madrid, septiembre 2010, p. 257.


108 Cfr. SANZ PÉREZ, A. L., 'Apuntes sobre la técnica legislativa en España', Asamblea: revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid, N.º 26, 2012, p. 14.


109 Ídem.



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9. Una de las obligaciones que tiene el órgano que, en cada caso, se encargue de elaborar los 'anteproyectos de ley y proyectos de reales decretos-leyes, reales decretos legislativos y normas reglamentarias', es la redacción de la MAIN, en
los términos que establece el artículo 26.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno ('LG'), de idéntico contenido que el artículo 26.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público ('LRJSP'):


'El centro directivo competente elaborará con carácter preceptivo una Memoria de Análisis de Impacto Normativo, que deberá contener los siguientes apartados:


a) Oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas, lo que deberá incluir una justificación de la necesidad de la nueva norma frente a la alternativa de no aprobar ninguna regulación.


b) Contenido y análisis jurídico, con referencia al Derecho nacional y de la Unión Europea, que incluirá el listado pormenorizado de las normas que quedarán derogadas como consecuencia de la entrada en vigor de la norma.


c) Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de competencias.


d) Impacto económico y presupuestario [...].


e) Asimismo, se identificarán las cargas administrativas que conlleva la propuesta, se cuantificará el coste de su cumplimiento para la Administración y para los obligados a soportarlas con especial referencia al impacto sobre las pequeñas y
medianas empresas.


f) Impacto por razón de género, que analizará y valorará los resultados que se puedan seguir de la aprobación de la norma desde la perspectiva de la eliminación de desigualdades y de su contribución a la consecución de los objetivos de
igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, a partir de los indicadores de situación de partida, de previsión de resultados y de previsión de impacto.


g) Un resumen de las principales aportaciones recibidas en el trámite de consulta pública regulado en el apartado 2.


h) Impacto por razón de cambio climático, que deberá ser valorado en términos de mitigación y adaptación al mismo.


La Memoria del Análisis de Impacto Normativo incluirá cualquier otro extremo que pudiera ser relevante a criterio del órgano proponente.'


Los impactos que han de ser analizados de forma obligatoria, según el artículo citado, son los relativos a la economía y presupuestos, al género y al cambio climático. La inclusión de estos dos últimos en el texto legal se produjo en 2015 y
2021, respectivamente.


10. Una vez elaborada la MAIN, el artículo 7 del Real Decreto 1081/2017, de 29 de diciembre, por el que se establece el régimen de funcionamiento de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa ('RD 1081/2017') establece que 'los
Ministerios proponentes de las iniciativas normativas solicitarán el informe de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, remitiendo el texto del proyecto, y acompañando la memoria del análisis de impacto normativo y la documentación que
estimen necesaria para su correcta valoración'. Es decir, tanto el borrador de la norma en proceso de realización como la MAIN que lo acompaña serán objeto de control por parte de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, que habrá de emitir
un informe según lo dispuesto en el artículo 2.2.d) RD 1081/2017:


'El informe de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa analizará los aspectos previstos en el artículo 26.9 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre y, en particular:


a) Valorará la calidad técnica de la propuesta normativa, atendiendo al correcto uso del lenguaje y al cumplimiento de las Directrices de técnica normativa, así como la adecuación del rango normativo propuesto. [...].


d) Evaluará el contenido de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo y si cumple con lo exigido en su normativa reguladora, valorando especialmente la suficiencia de los análisis de impacto recogidos y de la sistemática prevista para la
evaluación 'ex post' de la iniciativa [...].'


El artículo 7.7 'ibidem' establece que 'el informe no tendrá carácter vinculante, si bien el Ministerio proponente deberá incluirlo entre la documentación que acompañe a la iniciativa normativa sometida a la aprobación del Consejo de
ministros. En caso de que las recomendaciones u observaciones no hayan sido aceptadas, deberán justificarse las razones de este rechazo de manera específica en la memoria del análisis de impacto normativo'.



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11. La MAIN juega, por tanto, un papel relevante en el control 'ex ante' del contenido de las normas que, a iniciativa del Gobierno, se encuentran en proceso de elaboración. Así lo reconoce el Preámbulo RD 931/2017:


'Actualmente, tanto la Unión Europea como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) defienden una regulación inteligente que permita dinamizar la actividad económica, simplificar procesos y reducir cargas
administrativas, siendo la evaluación 'ex ante', a través de las memorias del análisis de impacto de las normas uno de los instrumentos clave para alcanzar dicho objetivo.'


Tercero. La perspectiva de familia como elemento obligatorio en las MAIN. Incumplimiento de la 'ratio legis' de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas.


12. La disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas ('LPFN') 110, establece que 'las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a
los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la familia'.


13. Del tenor literal de este precepto se desprende que únicamente rige la obligación de incluir el impacto sobre la familia en aquellas MAIN que acompañen los anteproyectos de ley y los proyectos de reglamentos, no así en los demás
supuestos de elaboración de normas provenientes del Gobierno (proyectos de reales decretos-leyes y reales decretos legislativos).


14. Sin embargo, la 'ratio legis' LPFN es clara: garantizar una 'protección específica' a 'la familia, como núcleo fundamental de la sociedad, [que] desempeña múltiples funciones sociales' (Exposición de motivos). Si lo que se busca es
proteger a la familia, si se tiene en consideración que todas las normas pueden, virtualmente, afectar a dicha institución, carece de sentido restringir el análisis de impacto en la familia a unas determinadas normas provenientes del Gobierno (leyes
y reglamentos), y privar de dicho análisis al resto (reales decretos-leyes y reales decretos legislativos).


15. La interpretación favorable a que todas las normas provenientes de iniciativa gubernamental sean analizadas en su perspectiva de familia resulta corroborada por el artículo 2.1.f) RD 931/2017, que menciona el impacto en la familia como
uno de los elementos que han de conformar las MAIN. Sin embargo, no podemos olvidar que esta norma 'tiene por objeto desarrollar las previsiones contenidas en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno' (artículo 1), por lo que el mencionado
artículo 2 parecería tener que interpretarse a tenor de la LG (que solo prevé, como ya hemos señalado, que la MAIN analice el impacto en la familia en el supuesto de anteproyectos de ley y de reglamentos).


16. Por otro lado, supone una incoherencia legislativa -probablemente fruto del sistema difuso que expusimos con anterioridad- el hecho de que las perspectivas económicas, financieras, de género y ambientales deban ser examinadas en las
MAIN de cualquier norma proveniente del Gobierno que esté siendo objeto de elaboración 111, y que la perspectiva de familia tenga en cambio un tratamiento diferenciado y menos favorable.


17. De la referida incongruencia normativa entre el artículo 26.3 LG, la D. A. 10a LPFN y el artículo 2.1.f) RD 931/2017, resulta una innegable restricción del análisis del impacto de la familia, que solo se lleva a cabo en los proyectos de
ley y reglamentos. Incluso en aquellos Reales Decretos-leyes que, en sede parlamentaria, se tramitan como proyectos de ley 112 (ex artículo 86.3 de la Constitución


110 En su versión modificada por la disposición adicional quinta.tres de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.


111 A este respecto, comenta con gran acierto SIEIRA MUCIENTES, S., en 'La necesaria objetividad en la evaluación ex ante de la calidad de las normas. Estudio de la Memoria de Análisis del Impacto normativo en la familia', en La perspectiva
de Familia en las leyes, Fundación The Family Watch, Madrid, 2020, p. 47: 'Llama la atención que el legislador reparase en el impacto de género, pero no en el de familia, infancia y adolescencia, igualmente obligatorios, a la hora de codificar el
cuestionario que integra la Memoria de análisis de impacto normativo, cuando ha tenido oportunidad de hacerlo. Y lo que es más grave: el análisis de estos impactos no es obligatorio -al menos con rango de ley- en el caso de los decretos
legislativos ni decretos-leyes; por lo que actualmente tenemos una irracional codificación en la materia: por un lado, el impacto de género resulta obligado, por ley, en todo tipo de disposiciones de origen gubernamental, incluyendo las normas
gubernamentales con rango de ley, decretos-leyes y decretos legislativos, mientras que para los impactos en familia, infancia y adolescencia solo son obligatorios, por ley, para los 'ante-proyectos de ley y proyectos de reglamentos', y no en virtud
de la ley del Gobierno, sino en virtud de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, y de la Ley de Protección de Familias Numerosas, mientras que no lo son para los decretos-leyes y los decretos legislativos'.


112 Entre enero y julio de 2021, y que puedan presentar relación con el ámbito familiar, han sido los siguientes:?- Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras
materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.?- Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.?- Real Decreto-ley 212021, de 26 de
enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo.?- Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la
vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.?- Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.?



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Española), se entiende -conforme al tenor literal del artículo 26.11 LG- que no han de ser acompañados de una MAIN, sino simplemente de una memoria abreviada, en la que no es menester el estudio de su impacto sobre la realidad familiar
española.


18. Amén de lo antedicho, hay otro supuesto en el que la 'ratio legis' de la LPFN se está incumpliendo: nos referimos a aquellos casos en que la perspectiva de familia sí es objeto de consideración en las MAIN, pero no se lleva a cabo un
análisis lo suficientemente exhaustivo y certero de la cuestión. Entendemos que ello sucede tanto por falta de interés político en la institución de la familia y en el efecto que las normas puedan tener sobre ella, como por ausencia de herramientas
jurídico-técnicas para llevar a cabo dicha evaluación de manera pormenorizada y uniforme. A título de ejemplo del fenómeno referido, cabe citar los siguientes:


a) La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Se trata de una disposición normativa que, entre otras cosas,
suprime la figura clásica de la tutela, reduce el ámbito de la patria potestad y, en último término, pone en duda la buena fe de las familias a la hora de hacerse cargo del apoyo que necesitan sus miembros con discapacidad. Partiendo de esta base,
resulta sumamente llamativo que la única referencia que en la MAIN se hace del impacto en las familias sea esta: 'se considera que este anteproyecto tiene un impacto por razón de la familia positivo al incidir en problemas reales que se
circunscriben al estricto ámbito familiar'.


b) La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Siendo una ley que incide de forma significativa en los derechos de las familias, en la MAIN que se adjuntó al
Proyecto de ley solo se incluía una mención del impacto previsto sobre la familia: 'una mayor participación de alumnado y familias, como parte integrante de la comunidad educativa, en el gobierno de los centros a través del consejo escolar' 113.


c) En otros casos, incluso, se soslaya la obligación de presentar la MAIN mediante un cumplimiento somero del requisito formal, 'incorporando un escrito en el que se dice que el proyecto no tiene impacto de familia' 114.


d) Señala SIEIRA, en un estudio acerca de todas las iniciativas legislativas gubernamentales presentadas en el Congreso de los Diputados en la XII Legislatura, que 'en ninguna ocasión se ha constatado por parte del Gobierno que la norma
causa un impacto negativo en la familia. Al ser el Gobierno, en esta materia, juez y parte, no es extraño que esto suceda' 115. Si nunca se concluye que una norma en elaboración pueda entrañar un impacto negativo sobre la familia, el sesgo del
análisis que se está llevando a cabo es innegable.


19. Es menester recordar el beneficio que reporta, para el ordenamiento jurídico y para la sociedad en general, la incorporación de una perspectiva de familia al análisis de impacto de todas las normas. La familia no solo es el elemento
originario del que surge la sociedad y que constituye su fundamento. Además, la institución de la familia cumple una relevante función social: garantiza la supervivencia demográfica; es el entorno natural de desarrollo afectivo, físico e
intelectual de los hijos, y la primera escuela de aprendizaje de la virtud; es el contexto donde se cuida y se protege la vida de los más vulnerables; es la fuente de la que procede la mayor aportación, en términos de capital humano, a la
sociedad. Todos estos beneficios hacen a la familia merecedora y necesitada de que su interés sea conocido y adecuadamente ponderado en todas y cada una de las iniciativas normativas gubernamentales que se tramiten.


113 https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:6dafa641-2427-4cd2-abb3-022ffb929496/main2020-03-03-web.pdf


114 TENORIO SÁNCHEZ, P. J., 'Control de constitucionalidad y procedimiento prelegislativo', en La perspectiva de Familia en las leyes, Fundación The Family Watch, Madrid, 2020, p. 18.


115 SIEIRA MUCIENTES, S., 'La necesaria objetividad en la evaluación ex ante de la calidad de las normas. Estudio de la Memoria de Análisis del Impacto normativo en la familia', en La perspectiva de Familia en las leyes, Fundación The
Family Watch, Madrid, 2020, p. 25.



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20. En conclusión, para lograr (i) un mejor cumplimiento de la 'ratio legis' LPFN, que busca la protección de la familia, como institución de carácter fundante; y (ii) una mayor coherencia interna del ordenamiento, cuya interpretación en
el 'statu quo' resulta confusa, deben producirse las modificaciones legales oportunas de tal modo que la perspectiva de familia y el impacto en la realidad familiar sean objeto de análisis en la elaboración de cualquier norma que provenga de la
iniciativa del Gobierno.


21 Para facilitar lo antedicho, conviene que se elabore una guía o plantilla que pueda ser utilizada por los diferentes organismos impulsores de las normas en su labor de redacción de las MAIN, con el doble fin de unificar los criterios de
medición del impacto en la familia y de asegurar que el análisis que se lleva a cabo es lo más exhaustivo y pertinente posible.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Promover la modificación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno con el fin de incorporar la obligación de que en la elaboración de toda norma procedente del ejecutivo se incluya el análisis del impacto sobre la familia en la
correspondiente Memoria de Análisis de Impacto Normativo.


2. Garantizar que la obligación de analizar la perspectiva de familia se cumple de manera exhaustiva y eficaz, para lo cual se promoverá la elaboración de guías o cuestionarios, a los que pueda tener acceso cualquier departamento
ministerial, que promuevan una reflexión adecuada sobre las posibles consecuencias de las normas en la familia.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2021.-Rocío de Meer Méndez, Lourdes Méndez Monasterio y Georgina Trías Gil, Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


Comisión sobre Seguridad Vial


161/002991


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley
para su debate y aprobación en la Comisión de Seguridad Vial, relativa a revisar la actual clasificación de los vehículos en función de su potencial contaminante realizada por la Dirección General de Tráfico.


Exposición de motivos


La masiva utilización de combustibles fósiles es la causa principal del calentamiento global del planeta así como de la mala calidad del aire que respiramos en nuestras ciudades, entre otros problemas ambientales y de salud pública.


Cerca de un 8 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en España son ocasionadas por el transporte en las aglomeraciones urbanas. Por lo tanto, es innegable que las ciudades tienen un papel fundamental que cumplir en la
lucha contra el cambio climático; en particular, deben fomentar una movilidad sostenible de cero o bajas emisiones.


Una de las medidas más eficaces para hacer frente simultáneamente a las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático y a los problemas de contaminación atmosférica en las ciudades es la implantación en estas de
Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).


En la versión definitiva del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) se propone lograr una reducción de 27 Mt CO2 equivalente en el sector del transporte para 2030, lo que equivaldría a una reducción del 33 % de las
emisiones actuales en este sector.



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A ese respecto, en el PNIEC se dice literalmente: 'El sector de la movilidad-transporte aportó en el año 2017 el 26 % de las emisiones. Con la reducción de 27 Mt CO2 equivalente entre 2020 y 2030, se consigue una reducción del 33 %. La
principal fuerza motriz impulsora de la descarbonización del sector de la movilidad-transporte es un cambio modal que afectará según el Plan al 35 % de los pasajeros-kilómetro que hoy día se realizan en vehículos convencionales de combustión. Para
ello se prevé que a partir de 2023 se generalice a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes la delimitación de zonas de bajas emisiones con acceso limitado a los vehículos más emisores y contaminantes, medidas en las que serán claves las
administraciones autonómicas y locales'.


Así pues, la implementación de Zonas de Bajas Emisiones en ciudades españolas con más de 50.000 habitantes es una medida crucial para el cumplimiento de los objetivos del PNIEC en el sector del transporte.


Según el INE, en 2020 había en España 149 poblaciones de más de 50.000 habitantes, con una población total de 25.229.667 habitantes (el 53,1 % de la población total del país).


Dada la importancia de esta medida para la lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad del aire, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada el 13 de mayo de 2021, ha introducido en su Artículo 14 'Promoción
de la movilidad sin emisiones' la obligatoriedad de establecer Zonas de Bajas emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes antes de 2023.


Así, el Artículo 14 citado, en su Apartado 3, dispone lo siguiente: 'Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares adoptarán antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación
que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad incluyendo, al menos:


a) El establecimiento de zonas de bajas emisiones antes de 2023.


[...]


Lo dispuesto en este apartado será aplicable a los municipios de más de 20.000 habitantes cuando se superen los valores límite de los contaminantes regulados en Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del
aire'.


La definición más común de Zona de Bajas Emisiones es la de una zona de una ciudad en la que el acceso está regulado por las emisiones de los vehículos. Se regulan los vehículos más contaminantes y, por lo general, esto significa que los
vehículos con mayores emisiones no pueden entrar en la zona.


El citado Artículo 14.3 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética incluye un párrafo con una definición un poco más detallada de estas zonas, que dice así: 'Se entiende por zona de baja emisión el ámbito delimitado por una
Administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las
emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente.'


Para lograr que las Zonas de Bajas Emisiones cumplan exitosamente su cometido de mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, como relata la Ley de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y
sirvan como principal fuerza motriz impulsora de la descarbonización del sector de la movilidad-transporte, como propugna el PNIEC, se necesita que estas zonas se diseñen conforme a criterios homogéneos y directrices comunes.


En ese sentido es fundamental establecer claramente los criterios de tipología de vehículos que pueden acceder a estas zonas. De acuerdo con los objetivos comprometidos por España en su Marco Estratégico de Energía y Clima, así como por los
provenientes de la Unión Europea, estas zonas sólo deberían permitir el acceso a vehículos particulares y comerciales que sean cero emisiones o de bajas emisiones, es decir que no superen los 95 g CO2/Km (medidos mediante el ciclo WLTP).


En ese sentido, resulta imprescindible reformar el actual sistema de distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT), el cual sufre de importantes deficiencias a este respecto.


En efecto, tal y como están diseñados en la actualidad estos distintivos por parte de la DGT, incluso vehículos altamente emisores de gases de efecto invernadero pueden obtener una clasificación ECO (como los propulsados por gas natural) o
incluso C. Es decir, el sistema actual de etiquetas de la DGT no discrimina con respecto a este gas fósil. Esto resulta totalmente incoherente con la misión de las Zonas de Bajas Emisiones, pues, de acuerdo con el PNIEC, el principal objetivo de la
implantación generalizada de estas zonas es conseguir reducir significativamente las emisiones de CO2 a la atmósfera.



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Por ello, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso insta al Gobierno a:


1. Llevar a cabo una revisión del actual sistema de distintivos ambientales de los vehículos que sea coherente con los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero en el sector de la movilidad-transporte para 2030, y que contribuya a asegurar la eficacia de las Zonas de Bajas Emisiones que se han de crear antes de 2023 en ciudades de más de 50.000 habitantes según establece el
artículo 14.3 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.


2. Esa revisión del actual sistema de distintivos ambientales de los vehículos deberá tener en cuenta los siguientes criterios:


- Incorporar la consideración de las emisiones de CO2 medidos bajo estándar WLTP, con carácter adicional a las emisiones contaminantes, determinadas por la norma Euro correspondiente.


- Abordar la problemática asociada al distintivo ECO, que engloba tecnologías dispares, y genera cierta confusión en el imaginario colectivo provocada por su denominación.


- Incorporar un nuevo distintivo D que permita distinguir a los vehículos de combustión interna más eficientes y menos contaminantes.


- Revisar el diseño de los distintivos de modo que se asocien más claramente con los valores medioambientales.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2021.-Juan Antonio de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género


161/002985


A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Carla Toscano de Balbín, D.ª María Magdalena Nevado del Campo, D.ª Patricia de las Heras Fernández, D.ª María Teresa López Álvarez, D.ª María de los Reyes Romero Vilches y D.ª Rocío de Meer Méndez, en sus
respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de
Ley relativa a la inclusión en la Estadística judicial del dato de la nacionalidad de los condenados por delitos en materia de violencia por razón de sexo, en cumplimiento de lo dispuesto en el vigente Plan estadístico, para su discusión en la
Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.


Exposición de motivos


Primero. La estadística judicial como instrumento público. La Comisión Nacional de Estadística Judicial.


El artículo 461 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ('LOPJ') dispone, en su segundo apartado, que 'la Estadística Judicial constituye un instrumento básico al servicio de las Administraciones públicas y del Consejo
General del Poder Judicial para la planificación, desarrollo y



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ejecución de las políticas públicas relativas a la Administración de Justicia y, en particular, para las siguientes finalidades:


a) El ejercicio de la política legislativa del Estado en materia de justicia.


b) La modernización de la organización judicial.


c) La planificación y gestión de los recursos humanos y medios materiales al servicio de la Administración de Justicia.


d) El ejercicio de la función de inspección sobre los juzgados y tribunales'.


Añade el artículo citado que 'la Estadística Judicial asegurará, en el marco de un plan de transparencia, la disponibilidad permanente y en condiciones de igualdad por las Cortes Generales, el Gobierno, las Comunidades Autónomas, el Consejo
General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado de información actualizada, rigurosa y debidamente contrastada sobre la actividad y carga de trabajo de todos los órganos, servicios y oficinas judiciales de España, así como sobre las
características estadísticas de los asuntos sometidos a su conocimiento. Los ciudadanos tendrán pleno acceso a la estadística judicial, mediante la utilización de medios electrónicos, en la forma que reglamentariamente se establezca'.


Para el correcto desenvolvimiento de la actividad relativa a la Estadística judicial se creó la Comisión Nacional de Estadística Judicial ('CNEJ'), 'integrada por el Ministerio de Justicia, una representación de las Comunidades Autónomas con
competencias en la materia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía general del Estado'. A tenor de lo dispuesto en el artículo 461.3 LOPJ, la CNEJ 'aprobará los planes estadísticos, generales y especiales, de la Administración de
Justicia y establecerá criterios uniformes que, en su caso, tengan en cuenta la perspectiva de género y la variable de sexo, y sean de obligado cumplimiento para todos sobre la obtención, tratamiento informático, transmisión y explotación de los
datos estadísticos del sistema judicial español'. Asimismo, es función de la CNEJ 'establecer criterios uniformes y de obligado cumplimiento para todos sobre la obtención, tratamiento informático, transmisión y explotación de los datos estadísticos
del sistema judicial español', tal y como lo establece el artículo 3 del Real Decreto 1184/2006, de 13 de octubre, por el que se regula la estructura, composición y funciones de la Comisión Nacional de Estadística judicial.


Segundo. Comisión en la información estadística publicada por el CGPJ y relacionada con la comisión de delitos.


La Estadística judicial, obtenida y tratada según las directrices establecidas por la CNEJ en el Plan estadístico correspondiente, se publica después de forma sistematizada en el sitio web del Consejo General del Poder Judicial ('CGPJ').
Adicionalmente, dicha información es objeto de difusión en la página del Instituto Nacional de Estadística (INE).


Existe un aspecto en el cual no se está cumpliendo lo dispuesto en el vigente Plan estadístico judicial 2021-2024 116 (en adelante, 'el Plan'). Nos referimos concretamente al dato de la nacionalidad de los condenados por la comisión de
delitos. El Plan recoge hasta en nueve ocasiones la obligación de recopilar y publicar dicha información; sin embargo, dicho dato no ha sido objeto de publicación en las últimas estadísticas del CGPJ.


i. En el apartado 'Justicia dato a dato' 117, solo se distingue entre españoles y extranjeros:


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116 https://www.poderjudicial.es/stfls/ESTADISTICA/ARTICULOS/PNET%202021-2024.pdf


117 https://www.poderjudicial.es/stfls/ESTADISTICA/FICHEROS/JusticaDatoaDa to/Datos%20Anteriores/Justicia%20Dato%20a%20Dato%202020%20v1.pdf



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ii. En el apartado 'Estadística por temas' 118, dentro de la información relativa a los 'delitos y condenas' penales, civiles y laborales y, a su vez, en la estadística que versa sobre 'condenados', no se incluye el dato de la nacionalidad.
Solo se indica si el condenado es español o extranjero y, en este último supuesto, el continente al que pertenece 119.


[**********página con cuadro**********]


iii. De manera diferenciada del resto de tipos delictivos, el CGPJ publica información estadística relativa a la mal llamada 'violencia de género' 120, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87 quáter LOPJ:


'2. Anualmente se elaborará un informe sobre los datos relativos a violencia de género y violencia sexual, que será publicado y remitido a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de
Género del Congreso de los Diputados, así como a la Comisión Especial de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Informe del Senado sobre las estrategias contra la Violencia de Género aprobadas en el marco del Pacto de Estado. [...]


3. La información mencionada en el apartado anterior se incorporará a la Memoria Anual del Consejo General del Poder Judicial.'


Tales estadísticas en materia de violencia por razón de sexo se elaboran con mayor detalle que las del resto de delitos, y facilitan, de manera pormenorizada, los datos (i) desglosados por tipo de Juzgados y Tribunales; (ii) sobre violencia
sobre la mujer en la estadística del CGPJ; (iii) sobre víctimas mortales; (iv) entresacados del Registro Central para la Protección de las Víctimas, e (v) incluidos en el Sistema de Seguimiento integral de casos de violencia de género.


118 https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Tudicial/Estadistica-por-temas/


119 https:/www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-ternas/Datos-penales-civiles-y-laborales/Deli tos-y-condenas/Condenados--explotacion-estadistica-del-Registro-Central-de-Penados-/


120 Atendiendo a las reglas de la Real Academia Española, y en tanto no se acceda a que este tipo de violencia abarque también los supuestos en que las víctimas sean los varones o los menores, debiera denominarse violencia machista, por
motivos machistas o por razón de sexo. Al respecto, véanse https://www.uv.es/ivorra/documentos/Genero.htm y https:/www.elmundo.es/elmundo/2004/05/27/sociedad/1085660217.htrnl



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Sin embargo, dichas estadísticas tampoco incluyen el dato de la nacionalidad de los condenados. A título de ejemplo, cabe mencionar las referidas a 'Violencia doméstica. Juzgados por TSJ. Condenados', o el 'Informe sobre víctimas mortales
de la violencia de género':


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Se concluye, por tanto, que la omisión acerca del dato de la nacionalidad de los condenados, tanto en materia de violencia por razón de sexo como en el resto de los tipos delictivos, constituye una falta de cumplimiento de lo dispuesto en el
Plan.


Es menester, por tanto, que se recabe oportunamente el dato señalado, y se publique en las estadísticas correspondientes, en aras del cumplimiento de la legalidad y de la consecución de los fines aparejados a la Estadística judicial.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco de las funciones de la Comisión Nacional de Estadística Judicial y en aplicación del vigente Plan estadístico judicial 2021-2024, a promover la inclusión en las Estadísticas
judiciales que se elaboren y publiquen, específicamente en materia de la



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llamada 'violencia de género', pero también en relación con los demás tipos delictivos, el dato relativo al país del que sean nacionales las personas condenadas mediante resolución judicial firme recaída en España.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2021.-Carla Toscano de Balbín, María Magdalena Nevado del Campo, Patricia de las Heras Fernández, María Teresa López Álvarez, María de los Reyes Romero Vilches y Rocío de Meer Méndez,
Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de agosto de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Comisión Constitucional


181/001209


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados don José María Sánchez García, don Francisco José Contreras Pelaez, doña María Teresa López Álvarez, don Carlos Zambrano García-Raez y don Ignacio Gil Lázaro, Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida al Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.


Texto:


¿Por qué todavía no ha dimitido tras haberse conocido el fallo de la Sentencia del Tribunal Constitucional por la que se declara inconstitucional parte del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, aprobado por el Gobierno?


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2021.-José María Sánchez García, Francisco José Contreras Pelaez, María Teresa López Álvarez, Carlos Zambrano García-Raez e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.



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Comisión de Asuntos Exteriores


181/001214


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados doña Macarena Olona Choclán, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal, don Víctor Sánchez del Real, don Agustín Rosety Fernández de Castro y don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.


Texto:


Según informaciones publicadas, 'Pedro Sánchez ha programado un viaje relámpago a Estados Unidos visitando tres grandes ciudades en apenas tres días: Nueva York, Los Ángeles y San Francisco (el 21, 22 y 23 de julio respectivamente). Pero,
para sorpresa de muchos, la capital del país queda fuera de sus planes. Ni Pedro Sánchez tiene intenciones de pasar por Washington, ni el presidente Joe Biden tiene previsto recibirle en la Casa Blanca. Tampoco ha agendado ningún tipo de encuentro
con otro alto cargo de su Administración'. Atendiendo a estas informaciones, ¿podría indicar la razón por la que no se han seguido los cauces oficiales en este viaje y el Presidente Sánchez no va a ser recibido por el presidente Joe Biden en la
Casa Blanca?


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2021.-Macarena Olona Choclán, Alberto Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal, Víctor Sánchez del Real, Agustín Rosety Fernández de Castro y Emilio Jesús del Valle Rodríguez,
Diputados.


181/001256


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados don Iván Espinosa de los Monteros de Simón, doña Macarena Olona Choclán, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal, don Víctor Sánchez del Real, don Agustín Rosety Fernández de Castro y don Emilio Jesús del
Valle Rodríguez, Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.


Texto:


Según informaciones publicadas, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), deberá cumplir en prisión cuatro años y 14 días por supuestamente haber incumplido los requisitos de limitación de libertad establecidos en
una sanción impuesta previamente en 2020. Ello, tras su detención por la participación en las manifestaciones históricas del 11 de julio en la isla caribeña.


Atendiendo a estas informaciones, ¿podría indicar si el Gobierno va a exigir a las autoridades cubanas la liberación inmediata tanto del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, como de los ciudadanos cubanos que
han sido procesados en 'juicios sumarísimos' por su participación en las históricas manifestaciones del 11 de julio?


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de agosto de 2021.-Macarena Olona Choclán, Iván Espinosa de los Monteros de Simón, Víctor González Coello de Portugal, Alberto Asarta Cuevas, Víctor Sánchez del Real, Agustín Rosety Fernández de
Castro y Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Diputados.



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Comisión de Justicia


181/001210


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, don José María Sánchez García, don Eduardo Luis Ruiz Navarro, don Carlos Zambrano García-Raez y doña Patricia de las Heras Fernández, Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a la Ministra de Justicia.


Texto:


¿Por qué todavía no ha dimitido después de conocerse el fallo de la Sentencia del Tribunal Constitucional por la que se declara inconstitucional parte del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, aprobado por el Gobierno?


Palacio del Congreso d los Diputados, 19 de julio de 2021.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Eduardo Luis Ruiz Navarro, Patricia de las Heras Fernández, José María Sánchez García y Carlos Zambrano García-Raez, Diputados.


Comisión de Interior


181/001211


A la Mesa de la Comisión de Interior


Diputados doña Macarena Olona Choclán, don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida al Ministro del Interior.


Texto:


¿Por qué no ha dimitido aún después de conocerse el fallo de la Sentencia del Tribunal Constitucional por la que se declara inconstitucional el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, aprobado por el Gobierno?


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2021.-Macarena Olona Choclán, don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel y Ignacio Gil Lázaro, Diputados.



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181/001254


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Diputado don Andrés Lorite Lorite.


Texto:


¿Qué previsión temporal tiene el Gobierno para la construcción de las dos nuevas Comisarías de Distrito de Policía Nacional en la ciudad de Córdoba conforme a lo establecido en el acuerdo del Consejo de Ministros que aprobó el Plan de
Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025?


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de agosto de 2021.-Andrés Lorite Lorite, Diputado.


Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


181/001207


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos Segura Just, Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


Texto:


¿Tiene intención de regular y limitar el precio de los contratos de arrendamiento de vivienda en el Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda?


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio de 2021.-Patricia Rueda Perelló, Patricia de las Heras Fernández, José María Figaredo Álvarez-Sala, Cristina Alicia Esteban Calonje, Juan Carlos Segura Just y Rubén Darío Vega Arias,
Diputados.



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