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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 315, de 06/08/2021
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 315, de 06/08/2021
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021,
recuperando así la regulación previa por la que se contemplaba un tipo
reducido del 10 % del IVA.
2. Promover la implantación de un plan de I+D+I en el sector del dulce con
incentivos a la innovación y al desarrollo de nuevas tecnologías con el
fin de adaptarse a las necesidades del mercado y a las políticas
sanitarias.
3. Impulsar las medidas necesarias para garantizar que no se realizan
campañas publicitarias dirigidas a promocionar negativamente productos
alimentarios concretos.
4. Fomentar el desarrollo de nuevas campañas institucionales de publicidad
con el objetivo de concienciar a la sociedad española acerca de los
beneficios que la actividad física y una alimentación equilibrada genera,
especialmente en la lucha contra la obesidad y el sedentarismo.
5. Establecer medidas que favorezcan la pervivencia de empresas familiares
y centenarias que producen dulces de forma artesanal y que son el motor
económico de muchas poblaciones con riesgo de despoblación.
6. Promover la inclusión de los productos dulces típicos en las campañas
de promoción gastronómica y turísticas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2021.-Ricardo
Chamorro Delmo, María Magdalena Nevado del Campo, Rubén Darío Vega Arias,
Manuel Mariscal Zabala, Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo
Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y
María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley para el apoyo de la industria española del calzado, para su
debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
La industria del calzado en España es un sector muy internacionalizado y
altamente competitivo en los mercados exteriores, con una calidad, diseño
e innovación mundialmente reconocidos. Ello ha permitido una tendencia
creciente en el valor de sus exportaciones hasta 2019. Según estimaciones
de la Federación de Industrias del Calzado (FICE) el sector emplea a
entre 37.000 a 39.000 personas.
Esta vocación exterior se evidencia, por ejemplo, en el peso de las
empresas exportadoras del sector, en comparación con otros. Así, si en
2018 las empresas exportadoras representaban como promedio un 38,4 % del
total de la industria, en el caso concreto del calzado esta ratio se
eleva al 56% en dicho sector.
Una industria en la que las ciudades de Elda, Villena, Almansa y
fundamentalmente Elche forman el mayor clúster de esta industria en
España en número de marcas instaladas, empresas, y personas empleadas.
Pero esta actividad resulta destacable asimismo en otros lugares de
nuestra geografía como Arnedo, 'la ciudad del calzado', La Vall d'Uixó en
Castellón, Valverde del Camino en Huelva o las islas Baleares, entre
otras zonas y lugares de nuestro país que dan cuenta de la importancia de
este sector.
Sin embargo, además del impacto sobre la demanda, tanto nacional como
internacional, derivado de la pandemia global por la COVID-19, se sumaron
las amenazas por parte de la anterior administración estadounidense del
entonces presidente Trump, relativas a la posible imposición de nuevos
aranceles sobre este sector como medida de represalia ante la
implantación en España del impuesto sobre determinados servicios
digitales.
Tal medida resulta, en primer lugar, del todo desproporcionada, en tanto
plantea una sanción comercial a un sector que nada tiene que ver con el
motivo alegado para esa posible sanción comercial. Pero, además, supone
una actuación unilateral, ajena al marco multilateral institucionalizado
desde 1994 por la Organización Mundial de Comercio, que habría de ser la
encargada de resolver en su caso estas cuestiones comerciales. Y en su
caso la OCDE o el FMI serían foros más adecuados para abordar el tema
fiscal internacional.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha manifestado
reiteradamente su apoyo al sector y recientemente la Secretaria de Estado
de Comercio, Xiana Méndez, se ha reunido con la FICE. De igual forma, el
Gobierno de España mantiene contactos con la actual administración
estadounidense, que ya ha manifestado su intención de buscar una solución
a la cuestión fiscal por cauces multilaterales, frente a la anterior
estrategia de sanciones arbitrarias.
El impacto previsible tras la imposición de los aranceles por parte de
EE.UU., sería una pérdida adicional de cuota en el mercado
estadounidense, así como una caída en la exportación española de esas
partidas en un contexto ya de por sí afectado por la caída de la demanda,
tanto nacional como internacional como efecto de la pandemia.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mantener las negociaciones los contactos que sean necesarios con la
nueva administración estadounidense del presidente Biden, con el objetivo
de que la imposición de aranceles no se materialice, en tanto en cuanto
continúen las conversaciones en el marco de la OCDE para un acuerdo
global sobre tributación internacional de los servicios digitales.
2. Dar anuncio público una vez se alcanzase dicho acuerdo en el seno de la
OCDE, lo cual permitiría la definitiva no imposición de aranceles a
nuestra industria del calzado por parte de Estados Unidos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2021.-Alejandro
Soler Mur, Sergio Gutiérrez Prieto, Cristina López Zamora, Manuel Gabriel
González Ramos, Susana Sumelzo Jordán, Patricia Blanquer Alcaraz, Yolanda
Seva Ruiz, Lázaro Azorín Salar, Juan Cuatrecasas Asua y Pere Juan Pons
Sampietro, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas,
Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002905
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la
reducción de las tarifas aeroportuarias en línea con la propuesta de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para su debate
en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos:
La Ley 18/2014, de 15 de octubre, de medidas urgentes para el crecimiento,
la competitividad y la eficiencia, fija el marco de regulación económica
de las tasas que Aena tiene derecho a percibir por la prestación de los
servicios aeroportuarios. Así, cada quinquenio se establece un Documento
de Regulación Aeroportuaria (DORA) en el que se concretan las
obligaciones derivadas de este marco para el periodo regulatorio de
referencia. El primer DORA está llegando a su caducidad, la cual se
producirá el próximo día 31 de diciembre de 2021 ya que su aplicación se
produce durante el periodo regulatorio 2017-2021. De este modo, la
aprobación del DORA II (periodo regulatorio 2022-2026) por parte del
Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana ha de producirse de forma previa al próximo 30
de septiembre, recogiéndose en él las tarifas aeroportuarias que Aena
aplicará a partir de 2022.
La CNMC, como autoridad independiente, ha aprobado el correspondiente
informe previo a la elaboración del Documento que la Dirección General de
Aviación Civil (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana)
elevará a la aprobación del Consejo de Ministros. La CNMC ha analizado la
propuesta que el gestor aeroportuario Aena ha realizado, la cual incluye
un incremento de las tarifas en un 3,29 %; mientras, la propia CNMC ha
propuesto la reducción de las tarifas aeroportuarias en un 0,44% anual
durante los cinco años del periodo 2022-2026.
Y es que la CNMC ha analizado en su informe los diferentes parámetros
contenidos en la propuesta de Aena y ha mostrado sus discrepancias con
respecto al cálculo realizado por el gestor aeroportuario de las
previsiones de tráfico y la recuperación de los niveles previos a la
pandemia, los estándares de calidad, los criterios de estimación de
costes operativos y la metodología del cálculo del coste de capital. Como
consecuencia de todas las discrepancias mencionadas, la CNMC ha
considerado necesaria una reducción anual de las tarifas de un 0,4% en
lugar del incremento del 3,29 % propuesto por Aena. Según sostiene la
CNMC, con esta reducción quedaría garantizada la sostenibilidad económica
de la red aeroportuaria en el periodo del segundo DORA y se fomentaría la
recuperación del tráfico aéreo tras el impacto derivado de la crisis
sanitaria y económica provocada por la pandemia del COVID-19.
La mencionada Ley 18/2014 establece que las tarifas aeroportuarias no
podrán incrementarse con carácter general hasta 2025, salvo alguna
excepción debidamente justificada. Aena ha alegado en este sentido gastos
sobrevenidos e imprevistos por importe de 210,4 millones en materia de
seguridad (inspección de equipaje de mano y en bodega, control
sistemático de las fronteras de la UE, etc.), sin embargo el regulador,
al igual que lo hicieron las compañías aéreas, discrepa de que estos
gastos pudieran tener esa condición de excepcionalidad que justifiquen
una subida tarifaria ya que derivan de una normativa previa incluso al
DORA l. Por todo ello, la CNMC entiende que no se cumplen las condiciones
para reconocerse la exención a la norma que impide incrementar las tasas
hasta 2025.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción con carácter
urgente de las siguientes medidas:
- En primer lugar, la aplicación inmediata del sistema de bonificaciones a
las aerolíneas por el incremento de pasajeros, frecuencias o aperturas de
rutas, como mínimo en un 25 % sobre las tasas aeroportuarias por todos
los conceptos hasta la plena recuperación del tráfico aéreo y la
actividad turística a niveles prepandemia, especialmente durante la
temporada baja y de manera reforzada en el caso de Baleares, Canarias y
resto de territorios extrapeninsulares por razón de sus especificidades.
- Acordar dentro del Segundo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA
II), en concordancia con el informe realizado por la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia (CNMC), la reducción anual de un 0,44 % en
las tarifas aeroportuarias para el periodo 2022-2026.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2021.-Andrés Lorite
Lorite, Agustín Almodóbar Barceló e Isabel María Borrego Cortes,
Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002942
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló, D. Agustín Rosety
Fernández de Castro, D.ª María Teresa López Álvarez, D.ª María de la
Cabeza Ruiz Solás, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D. Andrés Alberto
Rodríguez Almeida y D.ª Mireia Borrás Pabón, en sus respectivas
condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
Proposición no de Ley para la promoción e impulso del turismo cultural
histórico-militar, para su discusión en la Comisión de Industria,
Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Primero. Turismo cultural y experiencial.
1. El sector turístico actual está sufriendo una crisis sin precedentes en
nuestra historia. Según la Ficha de Coyuntura que publica Turespaña, en
2020 nos visitaron 34.969.059 viajeros, un 72,3 % menos que en 2019, el
gasto turístico se redujo un 78,5 % respecto del mismo periodo y los
residentes realizaron
101.523.862 viajes, lo que supuso una reducción del 47,6 % en relación con
los realizados en 2019. Las restricciones impuestas y la mala gestión del
Gobierno tuvieron como resultado un impacto muy negativo en la balanza de
pagos del turismo y en el empleo. Así, el saldo del turismo se contrajo
un 81,6 % y el número de afiliados en alta laboral en las actividades
propias del turismo cayó un 10,2 %.
2. Este panorama hace imperativo buscar fórmulas que impulsen este sector,
que en el año 2019 representaba el 12,9 % del empleo en España y
contribuía al PIB en un 12,4 % del total. Para ello es fundamental no
solo reinventar el modelo turístico sino también ofrecer nuevas
experiencias.
3. La oferta cultural es uno de los motores más relevantes del turismo. La
tendencia de los últimos años es que la cultura está siendo un gran
aliciente para los viajes. Según el Anuario de Estadísticas Culturales de
2020 159, que publica el Ministerio de Cultura y Deporte, el 17 % de los
viajes realizados en 2019 por residentes tuvieron como motivo principal
actividades culturales, mientras que el de no residentes supuso el 19,8%.
4. Además, en el 24,6 % de los viajes de residentes se realizaron
actividades culturales. Para los no residentes, el 36,9 % de los viajes
tuvieron alguna actividad cultural. Asimismo, el gasto realizado por no
residentes en turismo de cultura fue de 15.348 millones de euros,
mientras que por residentes fue de 9.085 millones de euros.
5. Dentro de estos viajes culturales, los ciudadanos ahora buscan
experiencias con las que enriquecerse: es el conocido como el turismo
experiencia!. En el aprendizaje de la historia, una herramienta
fundamental es mezclarse con el entorno donde se produjeron los hechos
claves que han formado el espíritu de nuestra sociedad. Visitar un museo,
un lugar histórico o un monumento, acudir a una conferencia y asistir a
una recreación del hecho histórico elegido son experiencias que
enriquecen y que están siendo cada vez más reclamadas.
Segundo. Patrimonio histórico militar.
6. España se caracteriza por ser un país con una gran historia y,
consecuencia de ello, dispone de un patrimonio histórico muy amplio.
Dentro de esta riqueza patrimonial se encuentra la vinculada a la
historia militar:
a) Museos militares.
7. Según se expone desde el Ministerio de Defensa 160, existen 22 museos
adscritos a este Ministerio, así como 25 colecciones museográficas.
Además, son numerosas las unidades militares, centros y organismos que
disponen de pequeños museos relacionados con su historia.
8. Así, la Red de Museos de Defensa, coordinada por la Subdirección
General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa,
dispone de unos 78.663 fondos museísticos de gran valor, donde tiene un
lugar central el Museo del Ejército de Toledo así como el Museo Naval de
Madrid y el Museo del Aire de Cuatro Vientos.
9. Otros museos estatales también disponen de piezas relacionadas con la
historia militar, como la colección de armas y armaduras del Museo
Cerralbo 161, la importantísima Armería Real del Palacio Real de Madrid o
la réplica de la Galera Real en las Ataranazas de Barcelona. Y otras
administraciones también gestionan museos de esta temática, bien por
adquisición propia o por cesión de sus propietarios, como el Museo
Carlista de Estella 162 gestionado por el Gobierno de Navarra.
10. Asimismo, muchos museos relacionados con la historia militar son
propiedad de fundaciones con enorme valor, como el museo de aviones
históricos de la Fundación Infante de Orleáns 163. Igualmente, existen
infinidad de museos particulares donde se exhiben colecciones privadas
relacionadas con esta parte de nuestra historia, como el Museo Carlista
de Madrid de El Escorial 164, fruto del coleccionismo de su propietario.
b) Castillos, fortalezas y otro tipo de construcciones defensivas.
11. También relacionados con la historia militar están los castillos,
fortalezas y otro tipo de construcciones defensivas.
159
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:52801035-cc20-496c-8f36-72d09ec6d533/anuario-de-estadisticas-culturales-2020.pdf, pág. 33 [fecha de
consulta: 5 de julio de 2021].
160 https://www.defensa.gob.es/defensa_yo/museos/[fecha de consulta: 5 de
julio de 2021].
161
https://www.culturaydeporte.gob.es/mcerralbo/coleccion/colecciono/arme-
ria.html [fecha de consulta: 5 de julio de 2021].
162 http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Mu-
seos/Museos+y+colecciones+permanentes/Museo+del+Carlismo/[fecha de
consulta: 5 de julio de 2021].
163 https://fio.es/[fecha de consulta: 5 de julio de 2021].
164 https://www.museocarlistademadrid.com/[fecha de consulta: 5 de julio
de 2021].
12. Los castillos son el paradigma de las construcciones militares en
tiempos pretéritos. Según la Asociación Española de Amigos de los
Castillos, existen en España 10.346 inventariados 165, con independencia
de su estado de conservación o titularidad.
13. Muchos castillos de titularidad estatal son gestionados por diversos
organismos, como es el caso de los Paradores de Ciudad Rodrigo, de La
Zuda o de Alarcón. Otros son propiedad de administraciones locales, como
el de Manzanares el Real, donde se firmó el Estatuto de Autonomía de la
Comunidad de Madrid; el castillo de Peñafiel, donde radica el Museo del
Vino; la fortaleza islámica de Vélez-Málaga; las Murallas Reales de
Ceuta; las murallas de Lugo o Ávila; el castillo de Santa Catalina en
Jaén; o los numerosos castillos de Toledo, Asturias o Cáceres.
14. También se encuentran ciudades como Cádiz, que han constituido una
Plaza Fuerte en sí misma con sus murallas y puntos fuertes o castillos
(hasta 17 hubo de los que se conservan 8).
15. De titularidad privada, y por citar algunos ejemplos, se encuentra el
Castillo de Peraleda, que además de producir vino y tener un museo
relacionado, organiza los conocidos festivales de música y danza 166; el
Castillo de Belmonte y sus campeonatos de lucha medieval 167.
16. Asimismo, existen otras construcciones relacionadas con la historia
militar con un gran potencial turístico. Es el caso de las Baterías de
Artillería de Costa de Cartagena 168 o las trincheras y blocaos de la
Guerra Civil de la Batalla del Jarama 169.
c) Eventos vinculados o relacionados con la historia militar española.
17. Complementando lo anterior, en los últimos años ha surgido un fenómeno
conocido como 'recreacionismo histórico' o 'reenactment', en su
denominación británica. Este consiste en recrear eventos y formas de vida
del pasado mediante una puesta en escena donde se cuidan en extremo los
detalles. Si bien se trata de un fenómeno no circunscrito en exclusiva al
ámbito militar, son muchos los casos en los que las representaciones
están vinculadas con eventos o acontecimientos militares. Ejemplos de
ello son las Fiestas ibero-romanas de Cástulo 170, el Festival Ducal de
Pastrana 171.
18. En el siglo pasado comenzó a surgir en otros países el fenómeno de la
recreación histórica llegando a perfeccionarse y convertirse en un
reclamo turístico muy importante. Así, nos encontramos ejemplos como la
reconstrucción de la batalla de Waterloo de 1815 172, la de Austerlitz
173, Gettysburg 174 o las Guerras de Religión representadas en un
idealizado 'Slag om Grolle' 175.
19. En nuestro país, este fenómeno ha ido ganando a numerosos aficionados
a la historia militar en España hasta el punto de haberse creado
asociaciones y grupos que recrean prácticamente cualquier aspecto o hito
de la historia militar española, como son: la Asociación
Histórico-Cultural 'Voluntarios de Madrid 1808-1814' 176, Codex Belix 177
o la Asociación Histórica 'Málaga Recreadora' 178.
20. Se trata de ciudadanos particulares que, con suspropios ingresos, se
confeccionan uniformes y atuendos, así como armas recreadas de cualquier
época, haciendo una puesta en escena muy rigurosa de hechos de armas
pretéritos. Tal ha sido su importancia como reclamo turístico e histórico
que son parte esencial de la conmemoración de eventos en pueblos y
ciudades, como es el caso de la recreación de los hechos del 2 de mayo de
1808 en Madrid 179, las 'Guerras Cántabras' de Los Corrales de Buelna
180,
165 https://www.xn--castillosdeespaa-lub.es/es/buscador-castillos [fecha
de consulta: 5 de julio de 2021].
166 https://www.festivalperalada.com/es/festival/[fecha de consulta: 5 de
julio de 2021].
167 http ://castillodebelmonte.com/[fecha de consulta: 5 de julio de
2021].
168 https://turismo.cartagena.es/arquitectura_defensiva.asp?tipo=3 [fecha
de consulta: 5 de julio de 2021].]
169
https://www.comunidad.madrid/actividades/2019/exposicion-fortines-trin-
cheras [fecha de consulta: 5 de julio de 2021].
170 https://www.juntadeandalucia.es/cultura/agendaculturaldeandalu-
cia/evento/fiestas-ibero-romanas-de-castulo [fecha de consulta: 5 de
julio de 2021].
171
https://www.pastrana.org/turismo/destino-pastrana/tradiciones-y-fiestas-
pastrana/festival-ducal/[fecha de consulta: 5 de julio de 2021].
172 https://www.waterlooassociation.org.uk/resources/reenactment/[fecha de
consulta: 5 de julio de 2021].
173 https ://www.austerlitz.org/en/[fecha de consulta: 5 de julio de
2021].
174 https://www.gettysburgreenactment.com/[fecha de consulta: 5 de julio
de 2021].
175 https://www.slagomgrolle.nl/en/participants-re-enactment/[fecha de
con- sulta: 5 de julio de 2021].
176 https://voluntarios.madrid/[fecha de consulta: 5 de julio de 2021].
177 https://ww w.codexbelix.es/quienes-somos.html [fecha de consulta: 5 de
julio de 2021].
178 https://malagarecreadora.wordpress.com/[fecha de consulta: 5 de julio
de 2021].
179 https://voluntarios.madrid/2-de-mayo-2021 [fecha de consulta: 5 de
julio de 2021].
180 https://guerrascantabras .net/[fecha de consulta: 5 de julio de 2021].
las Justas Medievales del 'Passo Honroso' 181 o el Arriado Solemne con
parada militar nocturna en el Cuartel de Batallones de San Carlos,
guarnición del Tercio de Armada de Infantería de Marina, entre otros
muchos eventos.
21. Por último, otro gran reclamo turístico lo componen aquellos eventos
tradicionales en los que participan las Fuerzas Armadas, como son el
desfile del día de la Fiesta Nacional, el de las Fuerzas Armadas, los
cambios de Guardia en el Palacio Real, las exhibiciones áreas de la
Patrulla Águila o la llegada a puerto de las unidades navales, donde
destaca el Buque Escuela Juan Sebastián Elcano. Estos eventos congregan a
numerosos turistas y son un importante aliciente para visitar un lugar.
22. La mera visita a un lugar donde se ha producido un acontecimiento
histórico ya constituye en sí misma una oferta turística y una gran
experiencia para el turista. Pero, si, además, en ese lugar se produce
una reconstrucción de los hechos más significativos, la experiencia
aumenta considerablemente en intensidad, con lo que el atractivo
turístico se incrementa de forma exponencial.
Tercero. Oportunidades del turismo histórico-militar.
23. El turismo histórico-militar, al igual que otros productos turísticos,
revierte en abundantes beneficios económicos para la región que lo
oferta. Lo particular de este turismo es que con estos ingresos se
ayudará a la conservación de edificios y colecciones históricas
asegurando su supervivencia.
24. Asimismo, este tipo de turismo se caracteriza por el lugar donde se
puede realizar, normalmente en zonas con grave riesgo de despoblación,
como es el caso de los pueblos en los que están sitos los numerosos
castillos que pueblan nuestra geografía. Por tanto, impulsar este tipo de
turismo puede coadyuvar de forma muy importante a la revitalización
económica de estos lugares y mantener su población.
25. Por otro lado, se fomenta el conocimiento de la historia de nuestro
país, tanto entre los propios residentes como entre los turistas
extranjeros. Como decía Aldous Huxley, 'quizá la más grande lección de la
historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia', por eso es
indudable que el conocimiento de los hechos pretéritos tiene un enorme
beneficio para la sociedad.
26. La historia militar no ha sido siempre la historia de la violencia
organizada. Recientemente, muchos españoles han conocido la expedición
Balmis con ocasión del nombre que se dio a la operación de las Fuerzas
Armadas en la lucha contra la COVID-19. Muchos de los avances científicos
y técnicos que hoy disfrutamos tienen su origen en investigaciones
militares. Un ejemplo de ello fue el papel del premio Nobel don Santiago
Ramón y Cajal en la Guerra de Cuba y sus posteriores investigaciones
científicas, y actualmente es importante citar al Observatorio de Marina
de San Fernando, centro científico de relevancia mundial.
Cuarto. Medidas de impulso del turismo militar.
27. Para aprovechar al máximo las oportunidades que el turismo centrado en
la historia militar ofrece, se hace necesario en primer lugar identificar
qué lugares o eventos tienen un potencial relacionado con este tipo de
turismo y establecer los oportunos mecanismos para su impulso y
promoción.
28. Una eficiente coordinación entre administraciones, asociaciones,
fundaciones y particulares involucrados en la historia militar dará lugar
a planes turísticos específicos que impulsarán estas actividades y
atraerán visitantes. Asimismo, una adecuada promoción de los destinos
será un importante complemento para adecuar la oferta turística a estas
experiencias.
29. En definitiva, el fomento del turismo histórico-militar favorecerá el
mantenimiento y supervivencia de construcciones de gran importancia
patrimonial al tiempo que se dinamizan las zonas en las que se
encuentran, en su mayoría en la España rural. Son castillos, torres,
fortalezas, fortificaciones, recintos amurallados, acantonamientos y
cuarteles que, junto con el patrimonio etnológico español, constituyen
uno de los vestigios más representativos de las civilizaciones que
poblaron la península.
181 http://cultu ra.jcyl.es/web/jcyl/Cultura/es/PlantillalOODeta-
lle/1284282053297/_/1284722694338/Comunicacion [fecha de consulta: 5 de
julio de 2021].
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover planes de
impulso y promoción del turismo cultural histórico-militar como uno de
los motores del turismo experiencia! y, a tal efecto, adoptar las
siguientes medidas:
1. Promover la adopción de acuerdos con las distintas administraciones
públicas y entidades privadas correspondientes, al objeto de:
i. Identificar lugares con potencial histórico militar susceptibles de ser
destinos turísticos.
ii. Diseñar rutas turísticas con temática histórica y militar.
iii. Apoyar la creación de productos turísticos para implementar el
turismo experiencia! de esta temática.
iv. Establecer campañas de promoción de eventos y lugares con carga
histórico militar a fin de potenciar el turismo interesado en los mismos.
v. Publicar calendarios de eventos o efemérides en relación con la
historia militar.
vi. Crear incentivos a la iniciativa privada para impulsar actividades,
recorridos, conservación y adaptación de espacios históricos.
2. Involucrar a Turespaña en la promoción del turismo histórico militar en
sus campañas orientadas al turismo de residentes y no residentes.
3. Incorporar este tipo de turismo en las estadísticas culturales con el
objeto de conocer su dimensión, impacto y evolución como parte de la
inteligencia turística y cultural.
4. Identificar el patrimonio arquitectónico del Ministerio de Defensa con
potencial turístico y estudiar la viabilidad de ofrecer visitas al mismo.
5. Ampliar la difusión de campañas de promoción de actos de las Fuerzas
Armadas para que los turistas tengan conocimiento de estos actos.
6. Difundir de forma más amplia y accesible la historia y actividades de
nuestras Fuerzas Armadas.
7. Facilitar la participación de la sociedad civil en actos y
conmemoraciones de carácter militar, como puede ser la participación de
asociaciones de reconstrucción histórica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2021.-Patricia Rueda
Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés
Alberto Rodríguez Almeida, María de la Cabeza Ruiz Solás y Agustín Rosety
Fernández de Castro, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX.
161/002971
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
promoción del refuerzo y fortalecimiento de los vínculos de cooperación y
colaboración entre la Organización Mundial del Turismo (OMT) y España en
su condición de país sede de la Organización, así como maximizar su
visibilidad como capital mundial del turismo, para su debate en la
Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
En mayo de 1975 la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo
(OMT en adelante) decidió establecer su sede en Madrid, para lo cual se
firmó un Convenio de Sede con España con el propósito de regular el
estatus jurídico y las condiciones aplicables a la Organización y sus
trabajadores en nuestro país. Posteriormente, en el año 2003 la OMT
procedió a cambiar su estatus jurídico por el de un organismo
especializado de las Naciones Unidas mediante un acuerdo con las mismas,
convirtiéndose
de esta manera en el único organismo especializado de las Naciones Unidas
con sede en España. En junio de 2015 se firmó un nuevo Convenio de Sede
que sustituyó al firmado en noviembre de 1975 con el objetivo de
armonizar las disposiciones de todos los Acuerdos alcanzados y firmados
posteriormente mediante un texto unificado.
Convendría recordar que la OMT como principal organización
intergubernamental en el ámbito turístico, promueve el turismo como motor
de crecimiento económico, desarrollo inclusivo y sostenibilidad ambiental
y ofrece liderazgo y apoyo al sector para ampliar conocimientos e
impulsar políticas turísticas en todo el mundo. A día de hoy, la OMT está
integrada por 159 Estados Miembros, 6 Miembros Asociados y más de 500
Miembros Afiliados que representan al sector privado, a instituciones de
enseñanza, a asociaciones turísticas y a autoridades locales de turismo.
Asimismo, hay que añadir que en la actualidad, el trabajo de la OMT se
apoya en cinco pilares distintos:
1. Hacer el turismo más inteligente, potenciando la innovación y liderando
la transformación digital del sector;
2. hacer el turismo más competitivo a todos los niveles, promoviendo la
inversión y el emprendimiento;
3. crear más y mejores puestos de trabajo y ofrecer una formación
pertinente;
4. reforzar la resiliencia y promover viajes seguros y fluidos; y
5. aprovechar el potencial único del turismo para proteger el patrimonio
cultural y natural y apoyar a las comunidades en lo económico y en lo
social.
Cabe subrayar que a lo largo del tiempo la Secretaría de la OMT ha venido
dejando constancia de su enorme gratitud y profundo reconocimiento a las
autoridades españolas por el esfuerzo empleado y el incondicional apoyo
prestado a esta Organización desde su establecimiento en Madrid hace ya
más de 45 años.
Desde el otro lado, resulta manifiesto que la OMT a lo largo de las
últimas décadas se ha revelado como un organismo de especial relevancia
para la segunda potencia turística mundial y líder de la competitividad
turística que es España, dado el peso preponderante que representa la
economía turística dentro de nuestro modelo socioeconómico (12,4 % del
PIB en el año 2019 y cerca de casi 3 millones de empleos vinculados a la
industria turística), e igualmente por el valioso apoyo que significa su
presencia en el territorio español en términos de nuestra proyección
internacional.
En un contexto pandémico, donde según un informe reciente de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD
por sus siglas en inglés) publicado conjuntamente con la OMT, se estima
que la caída del turismo internacional provocada por la crisis COVID-19
podría derivar en pérdidas de más de 4 billones de dólares en la economía
mundial durante los años 2020 y 2021, teniendo en cuenta el carácter
interdependiente en el funcionamiento de los flujos turísticos, resulta
indispensable y estratégico por parte de España seguir estrechando lazos
y forjando asociaciones con la comunidad turística internacional hasta
alcanzar una completa y definitiva recuperación de los niveles de
actividad prepandemia y qué duda cabe el valor añadido que supone contar
en suelo español con la entidad internacional más representativa en el
campo turístico.
En lo que respecta al impacto concreto de la crisis del Coronavirus sobre
nuestro país, no podemos ignorar que solo en el año 2020 España descendió
del octavo al duodécimo puesto en el Ranking Mundial de ingresos por
turismo elaborado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC),
hasta el extremo de que España sufrió la mayor disminución de entre los
veinte primeros países del mundo, todo lo cual se tradujo en una
reducción del PIB turístico hasta un exiguo 5%, una destrucción superior
a más de 300.000 empleos turísticos, unido a un 51,5% de todos los
trabajadores afectados por ERTE vinculados a las actividades turísticas
hasta el pasado 31 de mayo.
Por lo anterior, con la vista puesta en sentar unas bases sólidas de la
reconstrucción pospandemia del sector turístico español que faciliten y
aceleren la recuperación y renovación del liderazgo y prestigio mundial
de la Marca Turística España, urge la necesidad de potenciar que nuestro
sector turístico nacional se reposicione cuanto antes en el mapa
turístico mundial apoyándose y haciendo uso de todos aquellos recursos
existentes y en esta dirección, la permanencia y continuidad de la OMT en
España significa un elemento estratégico de primer orden, cuya relación
conviene consolidar sin ápice de duda en beneficio de los intereses
turísticos españoles.
Por todo lo expuesto, a fin de seguir profundizando convenientemente en el
desarrollo de todos aquellos mecanismos e instrumentos disponibles que se
puedan traducir eventualmente en mayores cuotas de conexión ventajosas
entre la OMT y su país de sede y por extensión, en un aumento de
sinergias favorables de las que se pueda beneficiar en su conjunto toda la
cadena de valor turística española, el Grupo Parlamentario Popular
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de poner en
valor dentro de la Política Turística del Estado, -haciendo uso de
nuestro liderazgo en materia de competitividad turística mundial-, a la
OMT como aliada clave y elemento de conexión determinante con el resto de
la comunidad turística internacional, estrechando alianzas,
desempeñándose por parte de España un rol más proactivo y privilegiado en
la configuración de la agenda turística global pospandemia y otorgándole
en particular a esta Agencia de las Naciones Unidas un tratamiento de
atención más preferente y singular acorde a sus necesidades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2021.-Agustín
Almodóbar Barceló e Isabel María Borrego Cortés, Diputados.-Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002879
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Rocío De Meer Méndez, D.ª María de los
Reyes Romero Vilches, D.ª Cristina Alicia Esteban Calonje, D.ª Lourdes
Méndez Monasterio y D.ª Georgina Trías Gil, en sus respectivas
condiciones de Portavoz Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley
relativa al fomento de la Atención temprana en menores con trastorno del
espectro autista, para su discusión en la Comisión de Derechos sociales y
Políticas integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Primero. Definición del trastorno del espectro del autismo y prevalencia
en España.
La quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos
Mentales (DSM-5) 182 describe el trastorno del espectro del autismo
('TEA') como un trastorno específico del desarrollo neurológico
caracterizado por 'deficiencias persistentes en la comunicación social y
en la interacción social en diversos contextos' y 'patrones restrictivos
y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades', que 'han de
estar presentes en las primeras fases del período de desarrollo' 183.
Frecuentemente el TEA se asocia además a discapacidad intelectual.
Se trata de síntomas que afectan 'fundamentalmente a nivel de las
competencias cognitivas de la persona (comunicación social y
flexibilidad) y en su comportamiento' 184, y que 'causan un deterioro
clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas
importantes del funcionamiento habitual' 185.
El TEA es, en suma, un trastorno crónico y de difícil diagnóstico, que en
España afecta a unas 500.000 personas de todas las edades 186, y cuya
prevalencia no deja de incrementar 187.
182 AMERICAN PSYQUIATRIC ASSOCIATION, Guía de consulta de los criterios
diagnósticos del DSM- 5, 2013. Acceso en línea:
https://www.eafit.edu.co/ninos/reddelaspreguntas/Documents/dsm-v-guia
consulta-manual-diagnostico-estadistico-trastornos-mentales.pdf
183 DSM-V, 299.00, F.84.0.
184 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AUTISMO, Análisis normativo. La atención
temprana que reciben los niños y las niñas con trastorno del espectro del
autismo en España, p. 12. Acceso en línea:
http://autismo.org.es/sites/default/files/2021 analisisatenciontemprana
autismoespana.pdf?ct=t(u netediamundialautismo2021-investigacion COPY 02)
185 DSM-V, 299.00, F.84.0.
186
https://diamundialautismo.com/?ct=t%28unetediamundialautismo2021-congreso%29 La cifra que aporta la Estrategia Espatzola en Trastornos del Espectro
del Autismo (pág. 11) es de más de 450.000 personas afectadas por TEA en
España.
187 Ver Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo, p. 19.
Segundo. La Atención Temprana.
Según el Libro Blanco de Atención Temprana del Real Patronato de Atención
a la Discapacidad 188, se entiende por Atención Temprana(AT) lo
siguiente:
'El conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil, a la
familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto
posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los
niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de
padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad del
niño, han de ser planificadas por un equipo de profesionales de
orientación interdisciplinar.'
El informe Atención Temprana. La visión de los profesionales 189 ,
elaborado por la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de
Atención Temprana, recoge, a su vez, la definición que diera un grupo de
expertos en el marco de la Agencia Europea para el Desarrollo de la
Educación Especial 190:
'La AT es un conjunto de intervenciones para niños pequeños y sus
familias, ofrecidas previa petición, en un determinado momento de la vida
de un niño, que abarca cualquier acción realizada cuando un niño necesita
un apoyo especial para:
- Asegurar y mejorar su evolución personal,
- reforzar las propias competencias de la familia y
- fomentar la inclusión social de la familia y el niño.
Estas acciones deben ofrecerse en el entorno natural del niño,
preferentemente cerca de su domicilio, bajo un enfoque de trabajo en
equipo, multidimensional y orientado a las familias.'
La figura de la AT es, pues, una institución imprescindible en el ámbito
de la educación de los menores.
Se han realizado diversos estudios e informes en la materia tanto en el
marco europeo como en el marco estatal, como los ya referidos (de entre
los que cabe destacar el mencionado Libro Blanco de la Atención Temprana)
o el último documento político del CERMI Estatal del año 2017.
Estos estudios ponen de manifiesto el desarrollo de un concepto de AT en
el que la salud, la educación y los servicios sociales se involucran e
interrelacionan para ofrecer una acción integral en las intervenciones
que, aún centradas primordialmente en el menor, no solo dan cabida,
igualmente, a las necesidades de la familia y su entorno, sino que
insisten en centrarse en ella 191. Y es que cabe recordar que es la
familia, en definitiva, el agente principal en el desarrollo, la defensa
y el cuidado de los niños; la familia tiene un carácter esencial, en
tanto que fundamento, célula vital y esencial de la sociedad, precedente
natural del Estado.
Tercero. La especial relevancia de la AT en el tratamiento del TEA.
Si la AT es importante para lograr que cualquier menor con discapacidad
desarrolle al máximo sus potencialidades, con mayor razón lo es en el
caso de los menores con TEA. Y ello porque el TEA carece de abordaje
farmacológico directo, y su único tratamiento es, por tanto, el
psicopedagógico.
Así lo afirma un informe de la Confederación Autismo España, que sostiene
que el TEA 'se manifiesta de forma distinta en cada persona. La
especificidad y la variabilidad del TEA hacen necesario un abordaje
integral, orientado a facilitar los apoyos individualizados,
especializados y basados en la evidencia científica más adecuados para
mejorar la calidad de vida de cada persona' 192. Además, 'el pronóstico
de las personas con autismo es mejor cuanto antes comienzan a recibir la
intervención y los apoyos adecuados' 193.
188 https://atenciontem prana .org/archivos/documentacion/libro blanco
at.pdf
189 Atención Temprana. La vzswn de los profesionales: http://www
.avap-cv.com/images/Documentos%20basicos/GAT-LA-VISI%C3%93N-DE-LOS-PROFESIONALES.pdf
190 SORIANO, V, Atención temprana en Europa. Aspectos clave y
recomendaciones, EADSNE, 2005.
191 Guía básica sobre Atención Temprana y Transformación, pp. 40 y ss.
https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/atencion_temprana_bbppinteractivo.pdf
192 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AUTlSMO, Análisis normativo. La atención
temprana que reciben los niños y las niñas con trastorno del espectro del
autismo en España, p. 11. Acceso en línea:
http://autismo.org.es/sítes/default/fíles/2021 analísísatencíontemprana
autismoespana.pdf?ct=t(u netedíamundialautísmo2021-ínvestígacíon COPY 02)
193 Ibid., p. 21.
En el Libro Blanco de la Atención Temprana se incluye el TEA en el listado
de trastornos que pueden ser abordados desde los servicios de AT 194.
Cuarto. Deficiencias del modelo actual de AT.
El marco regulatorio estatal en materia de AT se encuentra con la realidad
normativa de la asunción de competencias autonómicas en materia de
Asistencia social y Sanidad del artículo 148 de la Constitución Española
(CE). Existen, por tanto, diecisiete modelos de AT dispares configurados
por las leyes, decretos, órdenes y demás normativa vigente en cada
Comunidad Autónoma.
Como habitualmente sucede en el sistema autonómico, la principal
consecuencia de esta realidad normativa y organizativa es la de un
desigual acceso de los españoles a la AT por razón de la Comunidad
Autónoma que, en la práctica, puede traducirse en que muchos niños con
necesidades especiales y sus familias no gocen del acceso a la AT en sus
primeros años de vida.
A la inequidad territorial en el acceso a la AT se suma un penoso
entramado burocrático al que han de hacer frente quienes quieran acceder
a tales servicios.
En el caso de los menores con TEA, las deficiencias señaladas entrañan una
mayor gravedad, toda vez que privan de importantes herramientas de
prevención y de tratamiento a los menores con TEA y a sus familias.
Además, una vez transcurrido el tiempo oportuno para llevar a cabo dichos
tratamientos o apoyos (reducido per se, dado el habitual diagnóstico
tardío de TEA) 195, su falta no será subsanable.
Al amparo de lo expuesto, y sobre la base del artículo 149 de la
Constitución Española, que reconoce la competencia exclusiva del Estado
en materia de 'regulación de las condiciones básicas que garanticen la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el
cumplimiento de los deberes constitucionales' y 'bases y coordinación
general de la sanidad', el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover urgentemente el desarrollo de un modelo común de Atención
Temprana en toda España que garantice la igualdad de todos los españoles
en el acceso a los derechos que la ley les reconoce, independientemente
de la Comunidad Autónoma en la que residan.
2. Promover la agilización de la actividad administrativa y burocrática de
acceso a la Atención Temprana para garantizar que todos los menores,
especialmente los diagnosticados de Trastorno del Espectro del Autismo,
puedan beneficiarse cuanto antes de estos servicios, tan necesarios para
potenciar su desarrollo en las primeras etapas de la vida.
3. Promover la ampliación del servicio de Atención Temprana con todas sus
garantías para los niños mayores de seis años en los casos en que,
existiendo situaciones que pudieran afectar a los menores con carácter
permanente, como ocurre con el Trastorno del Espectro del Autismo, el
facultativo, especialista o pediatra lo estimen oportuno.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2021.-Rocío de Meer
Méndez, María de los Reyes Romero Vilches, Cristina Alicia Esteban
Calonje, Lourdes Méndez Monasterio y Georgina Trías Gil,
Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoces del Grupo Parlamentario
VOX.
194 Ibid., p. 18.
195 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AUTISMO, Análisis normativo. La atención
temprana que reciben los niños y las niñas con trastorno del espectro del
autismo en España, p. 20.
161/002895
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Gabriel
Rufián Romero y la Diputada Maria Carvalho Dantas, al amparo de lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley para el reconocimiento de la
genocida y continuada persecución histórica del pueblo gitano, para su
debate en instancia en la Comisión de Constitucional.
Exposición de motivos
El artículo 607 del Código penal vigente, sobre el delito de genocidio,
afirma que tienen que ser castigados a diversas penas de prisión 'los
que, con propósito de destruir totalmente o parcialmente un grupo
nacional, étnico, racial o religioso [ ...], matan algunos de sus
miembros [ ...], someten al grupo o cualquiera de sus individuos a
condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben
gravemente su salud [ ...], llevan a cabo desplazamientos forzosos del
grupo o de sus miembros, adoptan cualquier medida que tienda a impedir su
género de vida o reproducción, o bien trasladan por fuerza individuos de
un grupo a otro'.
Es evidente, que cuando se trata de hechos acaecidos antes de su
tipificación penal, no pueden ser objeto de judicialización. Esta
iniciativa, pretende rellenar un hueco en la calificación de un intento
de exterminio, nunca reconocido, poco conocido y nada reparado.
El hecho de que las personas e Instituciones no puedan ser llevadas a los
tribunales por delitos, que a la luz de la legislación vigente, solo
podrían ser calificados de Genocidio en todas sus formas y modos: Físico,
biológico y cultural, no puede servir de excusa para no poder pasar
página de nuestro pasado histórico, por oscuras que puedan ser, y
rescatar del olvido las vicisitudes de una población que, probablemente,
por el mero hecho de pertenecer a una etnia diferente, no han sido
suficientemente valorados ni calificados en su justa medida y cuyas
consecuencias aún no han sido directamente correlacionadas con la actual
situación de un Pueblo considerado el más discriminado del Estado.
Considerando los hechos históricos siguientes:
- El documento en forma de salvoconducto fechado el 12 de enero de 1425,
donde figura la llegada a Zaragoza (Reino de Aragón) de un grupo de
peregrinos gitanos procedentes de Francia, constituye la primera prueba
documental comúnmente aceptada de la presencia de las primeras familias
gitanas en la Península Ibérica. Junto a otros, como el de la Recepción
por la Reina Blanca de Navarra en el castillo de Olite (1435) o los
Hechos del Condestable Don Miguel Lucas de Iranzo, gobernador de Jaén
(1462), nos permiten afirmar que, sin duda, el Pueblo Gitano, ha estado
presente en el actual Estado, incluso antes de su actual configuración
territorial, ya que los pioneros gitanos llegaron en los estertores de la
Edad Media, a los reinos de Aragón, Castilla, Navarra y Granada.
Enriqueciendo su lengua, música, artesanía y, en general, a su cultura.
Por lo tanto, la gitana, debiera ser considerada como una etnia propia
del Estado, presente en todos los territorios y por ello,
transterritorial.
- La legislación antigitana en España se inicia en 1499 y cesa,
oficialmente, en 1978, año en que se elimina el reglamento de la Guardia
Civil, aprobado en 1943, que en sus artículos 4, 5 y 6 hacían mención
explícita a los gitanos.
- Entre los años 1499 y 1783, 284 años separan la primera Pragmática,
firmada por los Reyes Católicos (1499) y la última, firmada por Carlos
III (1783). En un primer momento, se pretendía la expulsión del Pueblo
Gitano, evolucionando hacia la asimilación forzosa de sus miembros,
pasando por la servidumbre y la persecución penada de los gitanos y de
sus símbolos históricos (lengua, indumentaria, ocupaciones, residencia y
movilidad, entre otros). Se han contabilizado veintiocho pragmáticas
reales o autos acordados del consejo de Castilla, sin contar una veintena
de disposiciones particulares para Navarra, Aragón, Cataluña y Valencia,
que prohibían las señas identitarias y culturales del Pueblo Gitano, la
asimilación forzosa o, en caso contrario, la desaparición como Pueblo. En
cualquier caso la extinción. Es decir, en la actual terminología,
Etnocidio y/o Genocidio.
- Por circunstancias debidas, principalmente, a la falta de mano de obra,
después de la expulsión de la población de procedencia árabe y con la
previsión de expulsar a la judía, las políticas de persecución y
asimilación modularon, siquiera aparente y momentáneamente, el tono
represor, de manera que el Pueblo Gitano fue reconsiderado como posible
fuerza de trabajo, sobre todo en los agrarios. Aun así, se continúa
limitando la residencia de las personas gitanas y aplicándoles penas
discriminatorias, siempre con el objetivo de hacer perder la identidad
gitana.
- La represión tuvo su culminación, por un alcance generalizado, cruel,
despiadado y con la expresa intención de 'exterminarlos de una vez' en
los hechos del 30 de julio de 1749, la madrugada del día siguiente y
continuada a partir de la tercera semana de agosto (Cataluña y algunas
localidades a donde no llegó la orden inicial de prisión, especialmente
Málaga, Cádiz y Almería). Hechos conocidos como 'La Gran Redada',
'Prisión General de Gitanos' o 'Proyecto de exterminio'.
- Así, durante el reinado de Fernando VI se dictó en secreto una real
orden por la que se emplazaba a aprisionar a todos los gitanos de los
diversos territorios, sin excepción de edad, sexo o estado. Separaron las
familias: los hombres y niños mayores de 7 años por un lado, las mujeres
a casas de Misericordia. Se ha documentado que, como mínimo, unos nueve
mil gitanos y gitanas fueron encerrados en presidios o fueron a parar,
como mano de obra esclava, a galeras, minas y arsenales, muchos de los
cuales murieron, desaparecieron o regresaron lisiados o con múltiples
tipos de enfermedades. Trabajos forzados, eugenesia, campos (arsenales y
minas) de exterminio, expropiación de bienes, son una evidencia más del
carácter que, ya en el siglo XX, repetirá el nazismo europeo.
- Previamente, en 1717, se les había obligado a fijar su residencia en
determinados lugares, de las cuales no podrían desplazarse sin
autorización. En febrero de 1729 se crea el registro general 'de todos
los gitanos para control y reubicación procurando que estén lo menos
unidos posible'. El 1731 se dictamina 'registrar de forma periódica las
casas de los gitanos sin aviso previo'. Con la Ley de 1745, el Marqués de
la Ensenada, dictamina pena de muerte a los gitanos encontrados 'con
armas o sin ellas fuera de los términos de su vecindario' y considera
licito 'hacer sobre ellos armas y quitarlos la vida'.
- A Don Zenón de Somodevilla, Marqués de la Ensenada, le cabe el honor de
ser el organizador y alma mater de 'la Gran Redada', al Gobernador del
Consejo de Castilla -y Obispo de Oviedo, Gaspar Vázquez Tablada, ser el
ideólogo y promotor, al Rey Fernando VI, dar carta legal al proyecto de
exterminio, y a la Iglesia, justificar, facilitar y amparar la
monstruosidad, entre otros, del Conde de Aranda, que va a procurar que en
'la aniquilación'. 'no se gastara mucho' y de levantar el derecho de
Asilo en Sagrado por si era utilizado en la huida. Los hombres fueron
trasladados, sin juicio alguno, a los arsenales de La Carraca (Cádiz),
Cartagena y La Graña (El Ferrol) en condición de desterrados y obligados
a 'servir al rey de por vida'. El trabajo en condiciones de esclavitud
serviría para recomponer la maltrecha marina de guerra y para diversas
obras públicas. La llegada repentina de tan elevado número de presos
provocó que las condiciones de hacinamiento e insalubridad fuesen
terribles.
- En 1752, con objeto de descongestionar de prisioneros el arsenal
gaditano de La Carraca, se ordenó el envío por barco de medio millar de
gitanos al arsenal de La Graña. El viaje, azotado por tempestades y
epidemias a bordo, acabó con la vida de casi la mitad de los gitanos
embarcados.
- Las mujeres, junto con sus hijos pequeños, son trasladadas a depósitos
específicos y casas de caridad, concentrándose principalmente en Málaga,
Sevilla, Denia y Ciudad Rodrigo. El hacinamiento humano y las pésimas
condiciones higiénicas fueron la tónica general. El depósito malagueño
llegaría a acoger a más de 600 gitanas de las que en un solo año, entre
1750 y 1751, fallecerían más de 140, principalmente ancianas y niñas. Uno
de los principales centros donde se concentraría a las mujeres presas
sería la Casa de la Misericordia de Zaragoza, que llegaría a albergar a
casi un millar de gitanas.
- Las romís, (mujeres gitanas), lejos de aceptar sumisamente su situación,
optaron por poner en práctica acciones de resistencia e insubordinación
como insultos y burlas a sus carceleros, con ánimo de minar su moral. En
sus fases extremas, las gitanas destrozaban camas, vajillas, herramientas
de trabajo o, incluso, rasgaban sus propias ropas y quedaban en cueros.
Todas estas insubordinaciones se penalizaron con aislamientos, castigos
corporales o el uso de cepos.
- El Rey Carlos III, ordena en 1763 indultar a los supervivientes que aún
permanecían en los arsenales y depósitos, -'los más infelices vasallos
del reino'-, liberación que no se producirá hasta 1765 cuando los últimos
calés presos, 'muchos de ellos ya ancianos, regresarán definitivamente a
sus hogares. Dieciséis años de penuria y muerte, de familias rotas,
dieciséis años que dejarían una herida que más de dos siglos después aún
no ha podido sanar. Daños cuyas consecuencias se perpetúan en los kalós
contenporaneos. Daños que lejos de ser reparados, aún ni tan siquiera han
sido reconocidos por las Instituciones hispanas, herederas de aquellas
que directamente protagonizaron el intento de exterminio que hoy, por
primera vez, reconocemos.
- En 1772 Carlos III depositará un espeso velo sobre los hechos acaecidos
por 'hacer poco honor a la memoria de mi amado hermano'.
- Al ver que de ninguna de las maneras se conseguía hacer desaparecer al
Pueblo Gitano, ya en época de Carlos III, se optó por someterlos a
políticas de integración, que pretendían la asimilación cultural y que
incluía la pérdida de la lengua, el asentamiento forzoso y que 'dejaran
de ser gitanos'.
- Ya en el siglo XX, con el estallido de la Guerra Civil y la posterior
dictadura franquista, vuelve a intensificarse la intolerancia hacia el
pueblo gitano. Se volvió a prohibir la lengua, que fue calificada como
argot de la delincuencia, y se le aplicó específicamente la Ley de Vagos
y Maleantes y más tarde la de Peligrosidad Social. El Reglamento de la
Guardia Civil tenía dos artículos específicos para los gitanos y gitanas,
y que estos artículos conculcaban la presunción de inocencia. A la vez,
tanto la Administración como determinadas instituciones religiosas y
benéficas financiaban y promovían programas dedicados a enseñar a los
gitanos y gitanas, por enésima vez, a dejar de serlo.
- Con la promulgación de la Constitución española, el artículo 14 de la
misma reconoce que los españoles y españolas son iguales ante la ley, sin
que pueda prevalecer ninguna discriminación por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social, con lo que se puso fin a la discriminación legal. El
mismo artículo 14 de la Constitución ha inspirado leyes que promueven la
acción afirmativa destinada a ciertos grupos sociales, partiendo del
principio de que la igualdad de oportunidades es tratar de una manera
diferente a quienes son diferentes para garantizar la igualdad.
- Sin embargo, esta Constitución, no ha servido para una definitiva
inclusión de un Pueblo al que ni se le menciona ni reconoce
específicamente, ni se le otorgan derechos de minorías en consonancia con
la legislación internacional vigente. Una invisibilidad a todos los
niveles que consolida la corriente asimilacionista y memoricida iniciada
en 1499.
Considerando 'Las normas internacionales y orientaciones para su
aplicación' de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
de la ONU (OHCHR), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas,
religiosas y lingüísticas, El Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y los protocolos al mismo, en especial el protocolo n.º
12 sobre la no discriminación, el Informe sobre los derechos
fundamentales de 2018 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea (FRA) y su segunda Encuesta de la Unión Europea sobre las
minorías y la discriminación (EU-MIDIS II), la Recomendación n.º 1201 de
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, adoptada en 1993, para
un protocolo adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre los
derechos de las minorías, la Declaración del Comité de Ministros del
Consejo de Europa sobre el auge del antigitanismo y la violencia racista
contra los gitanos, adoptada el 1 de febrero de 2012, la directriz n.º 5
sobre las relaciones entre el Consejo de Europa y la Unión Europea,
adoptada en la tercera cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada
en Varsovia los días 16 y 17 de mayo de 2005, la Directiva 2000/43/CE del
Consejo de la Unión Europea, relativa a la aplicación del principio de
igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial
o étnico, Resolución, de 7 de febrero de 2018, sobre la protección y no
discriminación de minorías en los Estados miembros de la Unión,
Resolución, de 25 de octubre de 2017, sobre los aspectos de la
integración de los gitanos en la Unión relacionados con los derechos
fundamentales: combatir el antigitanismo, Resolución, de 13 de diciembre
de 2016, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión
Europea, Resolución, de 8 de junio de 2005, sobre la protección de las
minorías y las políticas de lucha contra la discriminación en la Unión
Europea ampliada, Resolución, de 12 de diciembre de 2017, sobre el
Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017: Fortaleciendo los derechos de
los ciudadanos en una Unión de cambio democrático, las decisiones y la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en
particular en el asunto T-646/13 (Minority SafePack-one million
signatures for diversity in Europe/Comisión), y la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), los informes y estudios de
la FRA, por ejemplo, el informe 'Respeto y protección de personas
pertenecientes a minorías 2008-2010', así como los demás informes
pertinentes de las organizaciones nacionales, europeas e internacionales
y las ONG sobre este asunto, las actividades y conclusiones del
Intergrupo de Minorías tradicionales, Comunidades nacionales y las
Lenguas del Parlamento Europeo.
Considerando el Informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y
Asuntos de Interior sobre las normas mínimas para las minorías en la
Unión Europea (2018/2036(INI)).
Tomando en consideración:
- El Convenio Europeo de Derechos Humanos (Convenio de Roma).
- La Carta Social Europea.
- El Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales.
- La aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
las Naciones Unidas, de la Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial de las Naciones Unidas.
- De los Convenios del Consejo de Europa tales como el Convenio marco
sobre la Protección de las Minorías Nacionales y la Carta Europea de las
Lenguas Regionales o Minoritarias y el Protocolo n.º 12 del Convenio
europeo de derechos humanos y libertades fundamentales.
- La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).7
- El Preámbulo de la Constitución consagrando como uno de sus principales
objetivos el 'proteger a todos los españoles y pueblos de España en el
ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas y
instituciones'.
Y finalmente, considerando que las consecuencias económicas, sociales y
culturales de todas las leyes antigitanas que se han dictaminado a lo
largo de los siglos se continúan sufriendo en la sociedad actual y que,
en buena parte, son la causa de la desigualdad del Pueblo Gitano, y
haciéndonos eco de las reivindicaciones de la Plataforma Gitana de Acción
Política Politirrom, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:
1. Afirmar y reconocer que el Pueblo gitano residente en el Estado español
ha sido víctima de una persecución histórica y continuada de
características genocidas y por ello, 522 años después de su inicio, este
parlamento pide perdón al Pueblo Gitano y rinde recuerdo y homenaje a sus
víctimas.
2. Deplorar todas las leyes racistas y antigitanas que han dictado o
secundado las instituciones españolas y todas las situaciones que han
producido el maltrato, la discriminación y la vulnerabilidad del Pueblo
Gitano a lo largo de la historia.
3. Comprometerse en la lucha contra el antigitanismo y su efectiva
desaparición. Eso es, asumir el compromiso de trabajar para que se
apliquen políticas inclusivas, efectivas y decididas con el objetivo de
conseguir la igualdad de oportunidades de los miembros del Pueblo gitano,
el reconocimiento de su memoria, la reparación de los daños, el
mantenimiento de sus señas culturales e identitarias y cuantas reformas
se consideren necesarias, incluida la de la Constitución, para dar voz y
visibilidad al Pueblo gitano en las Instituciones sociales, económicas y
políticas en concordancia con la Declaración sobre los derechos de las
personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y
lingüísticas, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su
resolución 47/135 del 18 de diciembre de 1992 y la Directiva 2000/43/CE
del Consejo de la Unión Europea, relativa a la aplicación del principio
de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen
racial o étnico.
4. Realizar cuantas actuaciones estime conveniente al objeto de reformar y
convertir el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, en autentico órgano de
representación del Pueblo gitano, estableciendo reglas y fórmulas
democráticas para su composición y dotarlo de capacidad de autogobierno y
reglamentar su funcionamiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2021.-María Carvalho
Dantas, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario
Republicano.
161/002949
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Rocío De Meer Méndez, D.ª María de los
Reyes Romero Vilches, D.ª Cristina Alicia Esteban Calonje, D.ª Lourdes
Méndez Monasterio y D.ª Georgina Trías Gil, en sus respectivas
condiciones de Portavoz Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley
relativa al estudio sobre la prevalencia del alzhéimer en España y el
posible uso de sistemas de localización por parte de estos enfermos, para
su discusión en la Comisión de Derechos sociales y Políticas integrales
de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Primero. La Enfermedad de Alzheimer (en adelante, alzhéimer) se define
clínicamente como una 'pérdida inexorable de la función cognitiva
asociada a la presencia de una cantidad excesiva de placas seniles en la
corteza cerebral y la sustancia gris subcortical' 196.
[**********página con cuadro**********]
Sus primeros síntomas son 197: la 'pérdida de memoria', la 'repetición
frecuente de preguntas a pesar de recibir respuestas', la 'colocación de
cosas en lugares equívocos', la 'dificultad para recordar el nombre de
objetos usuales', la 'pérdida del sentido de la orientación'
espaciotemporal, la 'dificultad al realizar gestos simples', la 'pérdida
de interés y motivación para las actividades que antes se disfrutaban',
la 'dificultad para realizar tareas fáciles', los 'cambios bruscos en el
humor' y la 'dificultad para manejar objetos muy familiares'.
Se trata de una enfermedad de etiología desconocida y para la cual aún no
se ha descubierto cura. Únicamente cabe, para quienes lo padecen, el
recurso al tratamiento farmacológico y a terapias de estimulación.
Estas últimas, en España, están caracterizadas por una desigualdad entre
las distintas comunidades autónomas, tanto en la cantidad y calidad de
las terapias existentes como en la posibilidad de acceso a las mismas.
Así lo reconoce el propio 'Plan Integral de Alzheimer y otras demencias
del Ministerio de Sanidad (2019-2023)' (en adelante, el 'Plan'):
'Existe una realidad de inequidad e insuficiencia en el acceso a las
terapias no farmacológicas de estimulación o rehabilitación cognitiva.'
198
Segundo. El alzheimer afecta aproximadamente a un millón de personas en
nuestro país 199, y -de forma indirecta- a sus familias. De hecho,
'supone más del 65% de las demencias en personas de edad avanzada.' 200
El Plan refiere los siguientes datos de prevalencia:
'Según los datos que aporta la OMS a nivel mundial en 2015, el alzheimer y
otras demencias afectan a 47 millones de personas en todo el mundo (en
torno al 5 % de la población mundial de edad avanzada), cifra que se
prevé que aumente a 75 millones en 2030 y a 132 millones en 2050. Es
decir, cada 20 años se duplicará el número de personas afectadas.' 201
196 VVAA, El Manual Merck de diagnóstico y tratamiento, 10ª edición,
Harckout, Madrid, 1999, p. 1401.
197 http://www.alzfae.org/fundacion/141/10-primeros-sintomas
198 Plan Integral de Alzheimer y otras Demencias 2019- 2023, p. 20.
199 https ://www.ceafa.es/files/2021/05/Compromiso Alianza ALZ pais .pdf
https://www.sen.es/saladeprensa/pdf/Link280.pdf
200 WAA., El Manual Merck de diagnóstico y tratamiento, 10ª edición,
Harckout, Madrid, 1999, p. 1402.
201 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/docs/Plan Integral
Alhzeimer Octubre 20 19.pdf
La población de España se halla en constante proceso de envejecimiento,
según los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística.
[**********página con cuadro**********]
Teniendo en cuenta que el 81 % de las personas afectadas por el alzheimer
son mayores de 65 años 202, la consecuencia lógica es que esta enfermedad
va a ir afectando a un número cada vez mayor de españoles.
Tercero. En 2019, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud y el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia aprobaron el Plan al que ya nos
hemos referido 203. Este se articula sobre la base de cuatro ejes 204:
- 'Sensibilización, concienciación y transformación del entorno'.
- 'La persona en el centro de la atención social y sanitaria. Prevención,
diagnóstico y tratamiento'.
- 'Derechos, ética y dignidad de la persona'.
- 'Investigación, innovación y conocimiento'.
Cada uno de ellos son, a su vez, desarrollados en unos objetivos, unas
líneas de actuación y unas metas hacia las que avanzar 205.
Uno de los objetivos del 'Plan Integral de Alzheimer y otras Demencias' es
'incidir en la transformación de los entornos locales y comunitarios
hacia la incorporación de condiciones adaptadas y amigables hacia
personas con alzheimer' 206.
Cuarto. La desorientación topográfica y el uso de localizadores.
Una de las mayores dificultades con que se encuentran las personas que
padecen alzhéimer y sus familias es la llamada desorientación
topográfica. Se trata, según recoge un artículo dedicado al uso de
localizadores para personas mayores, de 'un deterioro selectivo de las
habilidades espaciales, siendo una alteración encontrar el camino en una
ruta conocida' y 'se inicia de manera mucho más precoz que los primeros
indicios de la enfermedad' 207.
202 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/docs/Plan Integral
Alhzeimer Octubre 20 19.pdf, p. 15, sensu contrario.
203 https://ww w.mscbs .gob.es/profesionales/saludPublica/docs/Plan
Integral Alhzeimer Octubre 20 19.pdf
204 Plan Integral de Alzheimer y otras Demencias 2019- 2023, páginas
28-29.
205 Op. Cit., páginas 31 y siguientes.
206 https://ww w.mscbs.g ob.es/profesionales/saludPublica/
207 Gloria Ribas Miquel, Alba Pérez González, M. Beltrán Vilella, Esther
Boix Roqueta, Montserrat Ferré Munte, Gloria Reig Garcia, Josep M.ª Gifre
Hipolit, Arantza del Valle Gómez, Uso de localizadores para personas
mayores, Ariadna: cultura, educación y tecnología, ISSN 2340-7719, Vol.
1, nº. 1, 2013.
Tal y como dispone dicho estudio, 'las nuevas tecnologías de rastreo
mediante GPS (sistema global de posicionamiento) pueden ayudar a las
familias a tener mayor tranquilidad, a saber, que no podrán perder a su
familiar. Es un sistema menos restrictivo que a la ve z les proporciona
más autonomía a las personas con deterioro cognitivo o Alzheimer, al
mismo tiempo que da más libertad a los cuidadores para poder realizar
otras tareas (Blaschke, Freddolíno y otros, 2009)'.
Precisamente entre las conclusiones del artículo se encuentra la promoción
del uso de esta tecnología, 'divulgando sus ventajas e inconvenientes
entre los profesionales, para que puedan asesorar a sus pacientes y
familiares antes de que puedan necesitar utilizarlo, pudiendo tomar la
decisión de utilizarlo cuando aún están en plenas facultades para
hacerlo', así como el planteamiento de un 'debate ético entre los
diferentes colectivos de profesionales y familiares sobre su uso' 208.
Por otro lado, el informe Entornos amigables y solidarios con las
demencias. La desorientación y las demencias, elaborado por la
Confederación Española de Alzheimer, advierte de que 'en la fase moderada
la desorientación temporal y espacial se agrava mucho más y la persona se
puede perder en entornos más cercanos y conocidos, como su propio
barrio'. Asimismo, señala que 'la posibilidad de que la persona se
desplace a otras zonas habituales a las suyas es bastante probable, por
lo que es importante que la familia ponga los medios necesarios para que
en caso de desorientación se pueda localizar a la persona' y 'en la fase
grave la desorientación en el tiempo y el espacio es total necesitando
apoyo constante para desenvolverse en su propio entorno, ya que no es
capaz de reconocer las diferentes estancias del hogar'. En este sentido,
la Confederación Española de Alzheimer recomienda a las familias tener
'la precaución de anotar los datos personales de la persona en un
colgante, pulsera identificativa, etiqueta o utilicen un dispositivo GPS'
209.
El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de
Alzheimer y otras Demencias (CREA) del IMSERSO en Salamanca realizó una
'búsqueda documental sobre distintos dispositivos existentes, indicados
para la localización de personas con demencia', destacando 'que es el
familiar o cuidador quien mejor conoce a su familiar enfermo, y quien
debe considerar los recursos más adecuados a la situación clínica y
sociofamiliar de la persona con demencia' 210:
[**********página con cuadro**********]
Quinto. Competencia.
La Constitución Española establece entre los principios rectores de la
política social y económica la promoción, 'con independencia de las
obligaciones familiares', del bienestar de las personas durante la
208 Ibídem.
209 https://www.ceafa.es/files/2021/01/folleto-01-desorientacion-1.pdf
210 https://crealzheimer.imserso.es/crealzheimer
01/recursos/localizadores/index.hbn
tercera edad 'mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus
problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio' (artículo 50).
De igual modo, corresponde al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda
2030 'el impulso y el ejercicio en el ámbito estatal de las políticas y
funciones vinculadas con los derechos sociales y, asimismo, con la
interlocución con las entidades que conforman el Tercer Sector Social',
tal y como dispone el Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de
enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover a nivel nacional el uso voluntario de sistemas de localización
para personas con alzhéimer, sobre la base de su probada utilidad como
herramienta de servicio al bien común.
2. Aprobar un Plan nacional que promueva la asistencia y tratamiento de
todos los enfermos de alzhéimer en igualdad de condiciones, con
independencia de su lugar de residencia.
3. Llevar a cabo un estudio de la prevalencia del alzhéimer en España con
el fin de actualizar los datos oficiales existentes sobre la enfermedad.
4. Sobre la base de los ejes de actuación del Plan Integral de Alzhéimer y
otras demencias (2019-2023):
a) Promover la transformación de las percepciones de la sociedad para con
las personas con alzhéimer, fomentando el conocimiento acerca de la
enfermedad y su aceptación.
b) Situar a la persona en el centro de la atención social y sanitaria, con
especial énfasis en la prevención de la demencia y su diagnóstico
temprano.
c) Impulsar la investigación, innovación y conocimiento del alzhéimer.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2021.-Rocío de Meer
Méndez, María de los Reyes Romero Vilches, Cristina Alicia Esteban
Calonje, Lourdes Méndez Monasterio y Georgina Trías Gil,
Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002934
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta esta
Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación, relativa al establecimiento de una
moratoria a la instalación y ampliación de granjas de ganadería
industrial.
Exposición de motivos
La actividad de la ganadería industrial tiene un enorme impacto en la
contaminación del agua y del aire: más del 80% de las emisiones de
amoniaco agrícola de la UE al aire y las emisiones de nitrógeno al agua
están relacionadas con el ganado. Además, los purines producen metano en
las balsas donde se almacena, un gas con un efecto invernadero veinte
veces mayor que el CO2, que perjudica la salud y acidifica los suelos, lo
que les hace perder fertilidad. Según las estimaciones de un estudio
publicado en la revista Nature, la contaminación por nitrógeno expone a
aproximadamente 18 millones de personas en Europa a suministros de agua
para consumo humano con concentraciones de nitratos por encima de los
niveles recomendados.
La producción ganadera representa la mayor parte de los contaminantes del
aire generados por el sector agrario, específicamente el amoníaco,
partículas y compuestos orgánicos volátiles no metánicos.
Entre 1990 y 2015, en la Unión Europea se consiguió una reducción del 24%
de las emisiones de este gas a la atmósfera. Sin embargo, España no
contribuyó a esta reducción, todo lo contrario. Solo entre 2014 y 2016,
las emisiones de amoníaco en España se incrementaron en un 6,13%, debido
principalmente al crecimiento exponencial de la ganadería industrial,
sector que en 2017 fue el responsable del 92% de estas emisiones. Cabe
destacar que, de las 100 industrias más contaminantes de amoníaco de
España en el año de referencia, 94 eran explotaciones ganaderas
industriales; las emisiones de amoníaco de España se encontraban en ese
momento un 39% por encima del techo de emisiones establecido en la
Directiva 2001/81/CE.
Otro aspecto en el que lamentablemente destacan las industrias intensivas
agrícola y ganadera es el de la contaminación por nitratos. El nitrógeno
es un nutriente esencial que ayuda a crecer a las plantas y cultivos. Sin
embargo, en elevadas concentraciones es perjudicial para la naturaleza y
las personas. El uso agrícola de los nitratos en fertilizantes sintéticos
y presentes en los excrementos de los animales que se esparcen por los
suelos es una de las principales fuentes de contaminación de aguas. Solo
la cabaña actual de 31 millones de marranos en España genera 62 millones
de metros cúbicos de purines anuales, según informa el Ministerio de
Agricultura. Una cantidad de estiércol que llenaría 62 estadios como el
Santiago Bernabéu o 24.800 piscinas olímpicas, y a la que solo en una
pequeña parte se le da un uso adecuado no contaminante. La agroindustria
española utiliza un millón de toneladas de fertilizantes a base de
nitrógeno cada año, según la estadística del Ministerio de Agricultura.
Las granjas ganaderas producen no menos de 80 millones de toneladas de
estiércol anuales.
Así, el sector agropecuario es responsable de más del 50% de los vertidos
totales de nitrógeno en las aguas, a lo que se suman otras sustancias
contaminantes: fósforo, antibióticos, hormonas, etc. El exceso de
nutrientes en las aguas provoca lo que se conoce como eutrofización, un
crecimiento excesivo de plantas y otros organismos. Durante su
crecimiento y putrefacción, estos organismos consumen gran cantidad de
oxígeno y generan grandes cantidades de materia orgánica. Este proceso es
el responsable de la existencia cada vez mayor de 'zonas muertas' en los
océanos y de la degradación de muchos ríos, lagos y zonas marítimas
costeras, además de la contaminación de los acuíferos y embalses que
suministran agua potable a la población.
Esta problemática se ha ido agravando progresivamente a lo largo del
tiempo de manera paralela a la evolución del sector agropecuario. Durante
las últimas décadas se ha dado un proceso de concentración de la
producción agrícola y ganadera en torno a la industria intensiva a nivel
global que ha tenido una especial repercusión en el caso de España. Un
informe del año 2019 de Greenpeace reveló que, a nivel estatal, el 93,7%
de la producción de carne de cerdo, el 94,2% de la carne de aves de
corral y el 80,6% de la leche y otros productos lácteos se concentra en
granjas grandes y muy grandes. El aumento sostenido de la producción
ganadera, que afecta sobre todo al porcino y las aves de corral, y en
menor medida al vacuno, ha tenido especial incidencia en nuestro país.
Además de su tamaño, las granjas intensivas han aumentado también la
densidad de ganado que albergan.
Según datos de la encuesta de sacrificios en mataderos en España, en 2018
las cabezas de bovino que pasaron por estas factorías fueron 2,5
millones; 10,1 millones las de ovino; 1,4 millones de caprino; 52,4
millones las de porcino y 799 millones de aves, en su gran mayoría
gallinas y pollos. En total se sacrificaron en matadero 910 millones de
animales. Si comparamos los datos con los de 2009, se detecta una cierta
estabilización en las cifras correspondientes a la ganadería bovina,
ovina y caprina. Sin embargo, el número de aves sacrificadas aumentó un
18% y el de cerdos un 30% en solo una década. La cría de estos animales
se realiza en comarcas rurales, en algunas de las cuales la población
ganadera supera con creces a la población humana.
Los 52,4 millones de cerdos sacrificados en España en un solo año, que
suponen unos 4,52 millones de toneladas de carne, ponen a nuestro país en
la cuarta posición mundial de productores, tan solo por detrás de China,
Estados Unidos y Alemania. Dentro de la Unión Europea, España se mantiene
en segunda posición, con un 19% de la producción comunitaria, y
acercándose paulatinamente a Alemania, que se mantiene en primer lugar
con un 22,4%. La importancia de la producción española en el conjunto de
la UE se ha ido incrementando durante las últimas campañas (solo 5 años
antes la producción española apenas superaba el 15,7% del total de la UE)
como consecuencia del espectacular desarrollo del sector, claramente por
encima de la media comunitaria. Así, si durante el quinquenio 2013-2018
la producción de carne en la UE creció un 7,6%, la producción en España
lo hizo en un 31,45%, lo que da una idea de la evolución que está
experimentando el sector a nivel estatal.
En lo que se refiere al número de granjas, el sector ha experimentado una
considerable reestructuración, con un notable descenso en el número total
de granjas en el periodo 2009-2018, unido al incremento de las
producciones. La reducción del número de explotaciones se ha limitado a
las de menor tamaño. En paralelo, las explotaciones de mayor tamaño se
han incrementado notablemente, especialmente las más grandes, que han
aumentado más de un 50% en este periodo. El modelo de negocio también ha
cambiado: los granjeros ponen sus instalaciones a disposición de grandes
empresas (integradores), que son las propietarias de los cerdos y se
hacen cargo de su alimentación y asistencia veterinaria. El granjero se
encarga de su cuidado y de la gestión de los purines, en muchos casos sin
recursos adecuados ni suficientes para ello.
Estos casos se repiten a lo largo y ancho de España. En la comarca de A
Limia, en la provincia de Ourense, el proceso se inició en 1998 con la
creación de un complejo ganadero industrial que ya presentaba problemas
con la gestión de los purines. A partir de esa fecha la implantación de
granjas intensivas en la cabecera del río Limia ha sido continuada y
creciente, lo que ha llevado al progresivo incremento de los niveles de
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Según datos
recabados por la Sociedade Galega de Historial Natural, en la actualidad
la carga ganadera de la comarca de A Limia resulta insostenible, con una
concentración de 14.330 unidades de ganado vacuno , 29.365 pollos y pavos
y 38.158 cerdos, un total de 81.853 cabezas de ganado que equivalen a 72
veces la población humana residente en sus municipios. Esta carga
ganadera equivale asimismo a una densidad poblacional de 4.500 hab./km2,
pero sin sistemas adecuados de recogida, tratamiento y depuración de
aguas residuales.
Según datos de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil, solo en el
periodo 2014-2017 la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas
de A Limia aumentó en un 40%. Otro estudio de la Consellería de Sanidade
de la Xunta de Galicia ofrecía datos similares, localizando
concentraciones de nitratos que superaban los umbrales estipulados por la
OMS y otros organismos internacionales en diversas captaciones de agua
para el abastecimiento humano, concluyendo que se trata de aguas de mala
calidad o directamente no potables. En un estudio más reciente, realizado
entre febrero y marzo de 2021, un equipo de investigación de la
Universidad de Vigo confirmaba el origen de la mala calidad de estas
aguas por la contaminación difusa de fuentes agrarias, concluyendo que el
60% de pozos en la zona proveen aguas no potables. Esta problemática no
solo afecta a la población de esta comarca, sino también a las que
residen río abajo en la vecina Portugal. La inhibición de las
Administraciones Públicas en la resolución de esta problemática
contravendría así lo estipulado en el Convenio sobre cooperación para la
protección y el aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas
hidrográficas hispano-portuguesas, más conocido como el Convenio
Albufeira. A pesar de esta realidad, la Xunta de Galicia, con
competencias en la materia, no ha declarado esta zona como vulnerable ni
ha aplicado hasta el momento ningún plan de actuación al efecto. Muy al
contrario, sigue autorizando la ampliación de granjas ganaderas
intensivas y la instalación de otras nuevas en la comarca.
En el caso de la costa murciana, donde la agricultura intensiva y
altamente tecnificada, ya en manos de grandes grupos agroindustriales y
cadenas de distribución, avanzó hasta casi tocar la lámina de agua, el
desarrollo agroindustrial ha tenido también un elevado coste ambiental.
Pesticidas y nitratos procedentes de los abonos han penetrado en el Mar
Menor por el aire, en superficie (a través de ramblas como la del Albujón
y Miranda) y de forma subterránea a través de un acuífero envenenado
durante cuarenta años. En cuanto a las explotaciones ganaderas, el 90% de
las granjas inspeccionadas durante la realización de la Declaración de
Impacto Ambiental del proyecto Vertido Cero presentaron incumplimientos
normativos, de manera que en unas 500 balsas que almacenan purines se
detectaron problemas de infiltración al subsuelo o desbordamiento. Según
el grupo de investigación Ecosistemas Mediterráneos de la Universidad de
Murcia, la actividad agraria es responsable en un 85% de la eutrofización
del Mar Menor, habiéndose detectado en el acuífero Cuaternario, la masa
de agua más importante del sistema hidrológico Campo de Cartagena-Mar
Menor, más de 300.000 toneladas de nitratos.
Otro caso sangrante es el de la cuenca del río Ebro, donde se da una mayor
concentración de masas de agua contaminadas de toda España. El documento
inicial del Plan Higrológico del Ebro (PHE) para el periodo 2021-2027
informaba de que casi dos terceras partes de las explotaciones ganaderas
de la cuenca de este río contaminan los acuíferos sobre los que están
construidas, con vertidos de alrededor de 128.949 toneladas de nitrógeno
al año. La propia Confederación Hidrográfica del Ebro alerta de cómo el
regadío y la ganadería intensiva están afectando a más del 75% de los
ríos y más del 90% de los
acuíferos de una cuenca en la que el deterioro por este motivo tiene ya
difícil solución en 32 cauces y 36 sistemas de agua subterránea.
Estos problemas son extensibles a toda España. El Informe de seguimiento
de la Directiva 91/676/CEE sobre contaminación del agua por nitratos
utilizados en la agricultura, cuatrienio 2016-2019, de fecha diciembre de
2020 y elaborado por parte de la Dirección General del Agua, adscrita al
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ofrece
informaciones de interés sobre la situación de las aguas contaminadas en
las diferentes comunidades autónomas. Dicho informe establece que 1.235
de las 4.475 estaciones de control de masas de agua subterránea
instaladas en España muestran que estas aguas están contaminadas o en
riesgo de estarlo, esto es, un 27,6% del total. De ellas, y tras la
aplicación de diversos planes de recuperación sobre algunas de estas
masas de agua, solo en 612 casos se prevé la mejora de su estado en el
corto plazo, 127 lo harían en un plazo medio-largo y 480, el 38,9% del
total, no muestran visos de recuperación. Se da además el caso de que 130
de las masas aguas contaminadas o en riesgo de estarlo no han sido
declaradas aún como zonas vulnerables. Las conclusiones de este informe
indican que las medidas tomadas hasta el momento no son suficientes para
alcanzar los objetivos delimitados por la Directiva europea.
La Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a la
protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos
utilizados en la agricultura, tiene como objetivos la reducción de la
contaminación causada o provocada por los nitratos de origen agrario y la
actuación preventiva contra nuevas contaminaciones de dicha clase. La
transposición de esta norma comunitaria al ordenamiento interno español
se llevó a cabo mediante el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero,
sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por
nitratos procedentes de fuentes agrarias. El 3 de agosto de 2015, la
Comisión Europea, tras analizar la información antecedente
correspondiente al cuatrienio 2008-2011, comunicó a España la apertura de
un procedimiento piloto con número de referencia 7849/15/ENVI. El 9 de
noviembre de 2018, la Comisión Europea remitió a España la carta de
emplazamiento correspondiente a la infracción n.º 2018/2250, sobre el
incumplimiento de los artículos 5.6, 3.4, 5.4 y 5.5 de la Directiva. Los
motivos concretos de incumplimiento son la supresión de estaciones de
control; la deficiencia en la declaración de zonas vulnerables; los
Programas de actuación incompletos; y la carencia de medidas adicionales
o reforzadas. Estos incumplimientos son fruto, por un lado, de la laxitud
de la norma española, que no garantiza la consecución de los objetivos
previstos, y por otro lado, de la dejación de funciones por parte de
algunas administraciones autonómicas, que han hecho caso omiso a su deber
en el cumplimiento estricto de la normativa vigente. Entre estos casos se
puede destacar el de la Xunta de Galicia, que desde la entrada en vigor
del Real Decreto, en el año 1996, no ha realizado ninguna declaración de
zonas vulnerables ni ha aplicado ningún Programa de actuación, pese a que
en la comunidad gallega se localizan hasta 41 masas de aguas
superficiales eutróficas o hipertróficas.
Según la Comisión Europea, tal y como informa en el procedimiento
sancionador n.º 2018/2250, España estaba obligada a tomar medidas
adicionales ante el empeoramiento de la calidad de sus aguas, cosa que no
se hizo: 'Esta obligación debía haberse cumplido a más tardar cuando se
dispuso de los resultados del sexto informe en el marco del artículo 10
de la Directiva correspondientes al periodo 2011-2015, por lo menos en la
fecha en que se presentó a la Comisión el informe definitivo de España'.
En julio del año 2020 la Comisión Europea envió al Gobierno de España un
último aviso antes de remitir el caso al Tribunal Europeo por los
incumplimientos sobre la designación de zonas vulnerables, los programas
de acción contra los vertidos, el control y las acciones reforzadas para
frenar la contaminación. Y lejos de atender a estos avisos, muchos
gobiernos autonómicos siguen concediendo autorizaciones para la
instalación de nuevas granjas de ganadería intensiva y para la ampliación
de las ya existentes.
La contaminación de los acuíferos está provocando el desabastecimiento de
agua potable a miles de municipios en toda España. Solo en Cataluña, y
según la Agencia Catalana del Agua, en 2016 había ya 422 municipios en
zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. Se calcula, según
datos del Ministerio para la Transición Ecológica del año 2019, que al
menos el 40% de los acuíferos de España está en peligro por la
contaminación de los residuos de la industria agrícola y ganadera. La
contaminación difusa por la ganadería y la agricultura intensivas está,
en suma, destrozando los sistemas hídricos de toda España. Y a pesar de
los avisos y alertas por parte tanto de organizaciones científicas,
sociales y ecologistas como de instituciones como la propia Unión
Europea, en España solo se han dado escasos avances en la protección de
determinadas zonas con especiales problemas, pero ni estos parecen
suficientes ni abarcan a todas las comarcas en situación de riesgo o
directamente de catástrofe ecológica.
La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política de aguas, estipula en su artículo 4
que los Estados miembros habrán de aplicar todas las medidas necesarias
para prevenir el deterioro de las masas de agua superficiales y
subterráneas, para protegerlas, mejorarlas y regenerarlas, y de invertir
toda tendencia significativa y sostenida al aumento de la concentración
de cualquier contaminante debido a las repercusiones de la actividad
humana. Hasta el momento ni la normativa de aplicación estatal y
autonómica ni los programas de actuación implementados han mostrado
suficiencia para el cumplimiento de lo estipulado en la Directiva Marco
del Agua, como el propio Ministerio para la Transición Ecológica ha
admitido en el Informe de seguimiento de la Directiva 91/676/CEE, por lo
que, ante el agravamiento de la problemática de contaminación de las
masas de agua, se hace necesario emprender medidas suficientemente
contundentes que puedan revertir esta situación de manera urgente.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La implantación inmediata de una moratoria a la instalación de granjas
de ganadería intensiva y a la ampliación de las existentes en aquellas
zonas declaradas como vulnerables o de alta densidad ganadera en
seguimiento de lo estipulado por la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de
12 de diciembre, relativa a la protección de las aguas contra la
contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura.
2. El establecimiento de la obligatoriedad, por parte de las
administraciones competentes, de declarar como zonas vulnerables a todas
aquellas en las que se encuentren masas de agua afectadas por la
contaminación ocasionada por los nitratos, o que podrían verse afectadas
por dicha contaminación si no se toman las medidas oportunas, así como
aquellas zonas cuyas escorrentías fluyan hacia estas masas de agua, en
los términos dispuestos por la normativa vigente.
3. La publicación, con una periodicidad anual, de los datos e
informaciones recabados por los organismos de cuenca y los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas en relación a los programas de
muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas establecidos por el
Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas
contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes
agrarias, así como las informaciones y datos relativos a la implantación,
seguimiento y evaluación de los programas de actuación desarrollados en
las zonas declaradas como de alta densidad ganadera o como vulnerables.
4. La adopción de nuevos valores límite de la contaminación más exigentes
para la delimitación de las masas de agua afectadas y las zonas
vulnerables, así como de nuevas medidas de refuerzo, de obligado
cumplimiento, que sean adecuadas y suficientes para alcanzar los
objetivos establecidos por la normativa europea de aplicación en orden a
la reducción en las emisiones de agentes contaminantes, nutrientes y
nitratos por la actividad agraria y a prevenir y revertir el deterioro de
las masas de agua superficiales y subterráneas para el año 2027, señalado
como límite para alcanzar los objetivos ambientales en las masas de agua
por la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23
octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política de aguas. Las medidas de refuerzo
deberán ser acompañadas por medidas de control y sanción que garanticen
la aplicación de los programas de actuación y el cumplimiento de la
normativa vigente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2021.-Marisa Saavedra
Muñoz y Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputados.-Antonio
Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas
Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/002935
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Ricardo Chamorro Delmo, D.ª Magdalena
Nevado del Campo, D. Rubén Darío Vega Arias, D. Luis Gestoso de Miguel,
D. Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez, D.ª Cristina Esteban Calonje y D.
Manuel Mariscal Zabala, en sus respectivas condiciones de Portavoz
Adjunta y Diputados del
Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para la defensa y
fomento del sector equino y ecuestre español, para su discusión en la
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Primero. El sector equino español.
La importancia del sector ecuestre en España ha evolucionado a lo largo de
los años al compás del progreso económico y social. Tradicionalmente se
ha empleado el caballo como herramienta bélica, de trabajo y transporte.
Sin embargo, actualmente destacan el uso deportivo, el entretenimiento,
la explotación alimentaria, la investigación genética, el aprovechamiento
turístico e incluso el beneficio terapéutico.
En la I Confederación Nacional 'Oportunidades y retos del sector
ecuestre', celebrada en Jerez el 8 de abril de 2021, se puso de
manifiesto la dificultad para dimensionar el impacto socioeconómico del
sector ecuestre en España, debido a la disparidad de fuentes de
información que abarcan, solo en el sector público, el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (en adelante, 'MAPA'), el Ministerio de
Cultura y Deporte, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el
Ministerio de Defensa o el Ministerio de Hacienda.
En un intento de valorar la magnitud de todas las actividades relacionadas
con el équido, se ha recordado que la industria ecuestre española
representaba en 2013 el 0,51% del PIB nacional (5.303,6 millones de
euros) y generaba tres mil millones de euros de forma directa y dos mil
millones de euros indirectamente 211, originando 60.000 puestos de
trabajo. No obstante, la ponencia evidenció la necesidad de abordar un
nuevo análisis 212 del sector, habida cuenta que el más reciente y
completo es el Estudio del impacto del sector ecuestre en España
presentado por la Real Federación Hípica Española en junio de 2013 213.
Segundo. Datos del sector equino desde un punto de vista de la producción
de carne de equino.
Como hemos mencionado, uno de los usos del ganado equino es su
aprovechamiento para la alimentación. Si observamos la información
proporcionada por el MAPA, la producción de carne de equino es irregular
debido a su alto coste y a las propias preferencias sociales frente a
otras carnes.
En el año 2019 se produjeron 9.823 toneladas de carne de caballo
procedentes de 38.200 cabezas, un 5,47% menos que lo obtenido el año
anterior. Las comunidades autónomas que acaparan la mayor parte del
consumo son la Comunidad Valenciana y Cataluña 214.
[**********página con cuadro**********]
[MAPA, 2020 215]
211
http://www.rfhe.com/wp-content/uploads/2018/0l/DELOITTE-RESUMEN-EJECUTIVO.pdf
212 Vídeo disponible en plataforma Youtube titulado 'I Conferencia
Nacional Sector Ecuestre 08 04 21 2/4'. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=CnAs_EHFYzs. (A partir del minuto 5:20.)
En palabras de Arancha Rodríguez Sainz de los Terreros, directora técnica
del Libro Genealógico del Caballo PRE (ANCCE), 'este estudio, que ya les
digo que es el más completo y más reciente del que disponemos a día de
hoy ( ... ) creemos fundamental actualizar'.
213
http://www.federacio-catalana-hipica.cat/phocadownload/ESTUDIO_DEL_IMPACTO_ ECUESTRE_ESPANA.pdf
214
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/indicadoreseconomicossectorequino2019_parapublicar_tcm30-420793.pdf
215
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/indicadoreseconomicossectorequino2019_parapublicar_tcm30-420793.pdf
- España es uno de los países europeos con un mayor número de equinos,
solo por detrás de Austria y la República Checa 216. En el año 2016,
había 572.898 caballos registrados en el censo 217 y en marzo de 2020,
las cifras se situaron en más de 630.700 équidos con Andalucía, Galicia y
Castilla y León a la cabeza 218.
- El número de explotaciones también se ha incrementado en los últimos
años: en 2016 había 187.391 explotaciones equinas en España 219 y en el
año 2019 (último año de registro) 189.452 220
[**********página con cuadro**********]
[MAPA, 2020 221]
- En cuanto al comercio exterior del sector equino, España destaca como
importador neto y exportador de animales vivos destinados a matadero,
siendo Francia e Italia los principales destinatarios. Además, en 2019
las exportaciones totales de carne de caballo aumentaron un 8% respecto
del año anterior 222.
- Además, la calidad genética de nuestras razas puras, en especial las
autóctonas como el Pura Raza Español, es reconocida a nivel internacional
223.
Tercero. Problemas que atraviesa el sector.
El ecuestre no solo constituye un importante sector económico de nuestro
país por su aportación al PIB y generación de empleo, sino también por
ser una pieza clave para la revitalización de la economía, para la
contribución al desarrollo rural, turístico y de ocio, la fijación de la
población y el mantenimiento del medio natural. Sin embargo, en los
últimos tiempos han sido dos las circunstancias que están asfixiando el
sector: la caída de los ingresos en las explotaciones equinas ocasionada
por la epidemia SARS-CoV-2 y el foco de rinoneumonía equina.
1. Descenso de los ingresos en las explotaciones equinas.
La actual situación de virus SARS-CoV-2 (COVID-19) ha provocado una
importante disminución de ingresos en las explotaciones equinas de cría
debido, sobre todo, al descenso en la venta de los potros destetados y
otro tipo de productos.
Además, se ha producido un fuerte impacto en este sector por la
paralización de las actividades en el subsector de servicios equinos
tales como los espectáculos ecuestres, festejos populares, actividades
216 https://cesfac.es/media/attachments/2020/06/29/mercados_2018.pdf
217 https://cesfac.es/media/attachments/2020/06/29/mercados_2018.pdf
218
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/indicadoreseconomicossectorequino2019_parapublicar_tcm30-420793.pdf
219 https://cesfac.es/media/attachments/2020/06/29/mercados_2018.pdf
220
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/indicadoreseconomicossectorequino2019_parapublicar_tcm30-420793.pdf
221
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/indicadoreseconomicossectorequino2019_parapublicar_tcm30-420793.pdf
222
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/indicadoreseconomicossectorequino2019_parapublicar_tcm30-420793.pdf
223
https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores- ganaderos/equino/
deportivas equinas, etcétera 224. En este sentido, cabe destacar que en el
año 2013 se alcanzó la generación de 622 millones de en la actividad de
clubes hípicos, 103 millones de en concursos, 59 millones de en
concursos morfológicos, 80.000 en certámenes de caballo, 112 millones
de en carreras de caballos, 16 millones de en transporte de caballos,
144.881.364 en fabricación y distribución de equipamientos ecuestres, 8
millones de en fiestas populares, 20 millones de en espectáculos
ecuestres, 68 millones de en turismo ecuestre, 3 millones de en
terapias con caballos 225, por poner algunos ejemplos. En estos momentos,
superado el periodo de paralización casi total de la economía, el sector
ecuestre se recupera tímidamente.
Para dar un necesario impulso a la actividad, exigimos al Ejecutivo que
defienda y fomente el sector equino y ecuestre español impulsando la
Marca España y estableciendo programas que contribuyan a su promoción en
el extranjero. Esta es la medida raíz, que por sí sola sin duda se antoja
insuficiente para paliar las pérdidas de los ganaderos de equino
españoles. Por ello, solicitamos que se ponga en marcha inmediatamente un
paquete de medidas fiscales y económicas de ayudas para autónomos y
empresas del sector equino y ecuestre español.
2. El foco de rinoneumonía equina.
A la situación actual de crisis económica y social ocasionada por la
COVID-19, se une que en febrero de 2021 se confirmó un foco de
rinoneumonía equina en un centro hípico en el municipio de Godella
(Valencia), donde la semana anterior se celebró un concurso internacional
de saltos 226. La rinoneumonía equina es una enfermedad vírica que cursa
con alteraciones respiratorias, nerviosas y abortos, causada por el
herpesvirus equino 227, una situación que paralizó toda la actividad
ecuestre a nivel europeo 228 y que supuso un duro golpe para los sectores
equino y ecuestre.
Por este motivo, la Real Federación Hípica Española (RFHE) decidió
suspender toda la competición nacional prevista para ese fin de semana
(26-28 de febrero de 2021) a la espera de los resultados de muestras tras
la detección de un brote vírico infeccioso en algunos caballos
participantes en la competición internacional de salto de obstáculos que
se había desarrollado durante las últimas semanas en las instalaciones
del Centro Escuela de Saltos CES Valencia. Según la investigación
epidemiológica y el informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) 229, de los 159 animales con sintomatología
compatible con la enfermedad, 114 resultaron positivos y siete
fallecieron.
Esta situación fue a peor y el 4 de marzo de 2021, la Real Federación
Hípica Española (RFHE) anunció la detección del primer caso del virus
equino en Andalucía. En concreto, se localizó en el municipio de Vejer de
la Frontera (Cádiz), que acogía esos días el circuito hípico más
importante de Europa 230, el Circuito del Sol (Sunshine Tour), pese a las
peticiones de los alcaldes de Conil y Vejer de suspender dicho evento
231.
Uno de los problemas de esta enfermedad es que no existe ningún
tratamiento validado por lo que las soluciones pasan por un conjunto de
medidas entre las que destacan un buen manejo de explotación, un control
de los movimientos y vacunación de todos los animales frente a HVE-1 y
HVE-4, con el fin de incrementar el nivel de protección en la población.
No obstante, aunque la vacunación no confiere una protección total, su uso
es eficaz para evitar abortos, cuadros respiratorios y neurológicos.
Teniendo en cuenta que la enfermedad exige un rigor práctico, solicitamos
que el Ejecutivo revise y actualice las medidas previstas para combatir
la rinoneumonía equina promoviendo la aplicación y cumplimiento de
criterios homogéneos en todo el territorio en materia de medidas y
requerimientos de bioseguridad y prevención; e incrementando los
esfuerzos de vigilancia y control en frontera con el objeto de conseguir
una detección temprana en el caso de que se produzca la incursión del
virus de la rinoneumonía equina en España.
La articulación de las anteriores medidas es imprescindible que se
complemente con la correspondiente dotación de ayudas para que los
afectados puedan salvaguardar sus explotaciones.
224 http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1209937
225
http://www.federacio-catalana-hipica.cat/phocadownload/ESTUDIO_DEL_IMPACTO_ECUESTRE_ESPANA.pdf
226
https://www.animalshealth.es/equino/confirmado-foco-rinoneumonia-equina-valencia-tras-concursosaltos
227
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/Rinoneumonia_Equina.aspx
228
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2021/03/15/604f31da21efa0312d8b4649.html
229
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/informefocorinoneumonia170321tcm30-559747.pdf
230
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-02-22/covid-blinda-circuito-hipico-importante-europa 2960032/
231
https://www.lavanguardia.com/deportes/20210209/6234884/alcaldes-conil-vejer-piden-suspenda-circuito-sol.html
Cuarto. Conclusiones.
Debido a la importancia económica, social y medioambiental que tiene el
sector equino y ecuestre en España y su gran repercusión en el desarrollo
rural, es necesario que se pongan en marcha las soluciones necesarias
para contribuir a potenciar este sector. Entre otras, se deben contemplar
medidas que ayuden en la búsqueda de nuevos mercados o el fomento de la
visión internacional de España como país clave para el turismo ecuestre
internacional. Es fundamental, por tanto, el apoyo institucional por
parte de todos los poderes públicos para fomentar el sector equino y
ecuestre de España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Defender y fomentar el sector equino y ecuestre español impulsando la
Marca España de este sector y estableciendo programas que contribuyan a
su promoción en el extranjero.
2. Promover la aprobación de medidas fiscales y económicas de ayudas para
autónomos y empresas del sector equino y ecuestre español.
3. Revisar y actualizar las medidas previstas para combatir la
rinoneumonía equina de conformidad con lo expuesto a continuación:
a) Promover la aplicación y cumplimiento de criterios homogéneos en todo
el territorio en materia de medidas y requerimientos de bioseguridad y
prevención.
b) Incrementar los esfuerzos de vigilancia y control en frontera con el
objeto de conseguir una detección temprana en el caso de que se produzca
la incursión del virus de la rinoneumonía equina en España.
4. Articular las correspondientes ayudas a los afectados en su actividad
por la rinoneumonía equina.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2021.-Ricardo
Chamorro Delmo, María Magdalena Nevado del Campo, Rubén Darío Vega Arias,
Luis Gestoso de Miguel, Manuel Mariscal Zabala, Rafael Fernández-Lomana
Gutiérrez y Cristina Alicia Esteban Calonje, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002945
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque
Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la reducción de
capturas para la flota gallega en el acuerdo de la Unión Europea y el
Reino Unido sobre los TAC y cuotas hasta finales de 2021, para su debate
en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El pasado mes de diciembre la UE y el Reino Unido llegaban a un acuerdo
sobre el Brexit el cual tuvo que ser prorrogado desde marzo y hasta el 31
de julio, pero ahora acaba de cerrarse el pacto definitivo que regulará
las primeras cuotas post-brexit para las especies compartidas.
Así, a principios del mes de junio el sector pesquero de la UE se enteraba
por medio de un tuit del comisario de Pesca y de un corto comunicado de
prensa de la Comisión Europea, del acuerdo al que habían llegado la Unión
Europea y el Reino Unido sobre los TAC y cuotas hasta finales de este año
2021.
Tras esta breve noticia y sin conocer los pormenores del acuerdo el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación salieron inmediatamente a
calificar el anuncio de 'buena noticia' y de 'buena negociación'. Más de
una semana después, cuando aún el sector seguía sin conocer la concreción
de ese acuerdo, el ministro de Pesca le dio el su visto bueno en el
Consejo de la UE, el 11 de junio, y nuevamente lo calificó
de 'positivo', felicitó a la Comisión y aseguró que 'la flota que faena en
el Gran Sol mantendrá sus cuotas de captura para este año en el caso de
la merluza, el rape y el gallo'.
Sin embargo, no fue hasta después de esa reunión de ministros europeos
cuando el sector pudo comenzar a comprobar que las valoraciones
'positivas' del Ministerio no se correspondían con la realidad, pues los
datos que adelantaba de los TAC y cuotas para las distintas especies
estaban muy lejos de los cálculos que había os para distintas especies,
estaban muy lejos de los cálculos que había hecho el sector, lo que
obligó a convocar una reunión para aclararlas. Finalmente, los datos que
manejaba el sector se confirmaron como correctos, es decir, se corroboró
que la Unión Europea y el Estado español perdían posibilidades de pesca
en favor del Reino Unido.
Una vez más, un acuerdo que el MAPA se apresuraba a aplaudir
entusiastamente viene a empeorar la situación ya existente antes del
Brexit para Galiza, tal y como auguraba el propio sector después de los
resultados del Consejo de Ministros europeos del pasado mes de marzo.
Así, el reparto para el Estado español vuelve a mermar y, como
consecuencia, también las principales especies de interés para la flota
gallega, que registra el 70% de las capturas de la flota que operan en
aguas del Gran Sol y británicas:
- La reducción de la merluza en el Gran Sol fue de un 14,43%, pasando de
18.667 T. en el 2020 a 15.974 en el 2021. En el stock del Sur, zonas
VIIlabde, Golfo de Vizcaya y aguas de Francia, el recorte es del 12,6%,
pasando de 12.995 T. en el 2020 a 11.355 en el 2021.
- El gallo se reduce en aguas de Irlanda, Mar Céltico, un 8,27%, pasando
de 5.620 T. en el 2020 a 5.155 en el 2021. En la zona VI, oeste de
Escocia, la merma es de un 21,46%, pasando de 671 T. la 527 y tan solo se
produce un leve aumento, el 3,22%, en el Golfo de Vizcaya.
- El rape, aunque se incrementa en la zona VII en un 3,7% y en la del
Golfo de Vizcaya, un 13,49%, se reduce de una manera importante en la
zona VI, en un 29 ,64%.
Este reparto no solo vuelve a ser perjudicial para la flota gallega, con
una pérdida de derechos y posibilidades de pesca cada vez mayor, sino que
también sienta un precedente de incertidumbre para los cuatro años que
quedan por delante hasta el 2026 que impiden al sector planificar su
futuro y condiciona fuertemente sus inversiones.
Debe recordarse además que este recorte se produce sobre el que ya se
acordó aplicar para el 2021 en el Consejo anual de Ministros de la UE, en
diciembre pasado, y que supuso una rebaja del 5% para la merluza, del 7%
para el gallo, del 12% para el rape, del 20% para el abadejo y del 15%
para la cigala. Además, el Comité Especializado de Pesca, creado después
de la firma del acuerdo entre la UE y el RU tampoco ha cumplido hasta
ahora su cometido, ya que aún tiene pendiente de fijar el intercambio de
cuotas entre países.
Queda pues de nuevo en entredicho el tan cacareado objetivo de la PPC
sobre la salvaguarda de los aspectos sociales y económicos, pero también
pone en duda la capacidad y la influencia de cada Estado en la toma de
decisiones en unas negociaciones en las que los Estados miembros se han
limitado a rubricar lo acordado por la Comisión.
A pesar de esta reducción y de la incertidumbre sobre el futuro, ni la
Xunta de Galiza ni el Gobierno del Estado han actuado para hacer valer
los intereses de la flota pesquera gallega ante las instituciones
europeas. Cabe recordar en primer lugar que en las negociaciones se vetó
la participación de las Comunidades Autónomas, incluso aun tratándose de
zonas altamente dependientes de la pesca como es el caso de Galiza.
El cambio de escenario que surge tras la salida del Reino Unido de la
Unión Europea debe aprovecharse para revisar las bases sobre las que se
asienta la Política Pesquera Común. Es urgente, en primer lugar acometer
desde el Gobierno del Estado, tal y como ha aprobado instar por
unanimidad el Parlamento de Galiza, las gestiones necesarias para la
revisión del llamado 'principio de estabilidad relativa' de forma que se
garantice un reparto equitativo y ajustado a las capacidades productivas
de cada país, que hoy no existe.
Además, es preciso que desde la Xunta de Galiza y desde el Gobierno del
Estado se lleven a cabo las gestiones necesarias para que se reconozca
oficialmente a Galiza la condición de zona altamente dependiente de la
pesca, lo que permitiría dar una mayor protección al sector y mejoraría
el acceso a las cuotas de pesca y a mecanismos de financiación de la
actividad productiva.
Así mismo, resulta imprescindible el reconocimiento de la capacidad
directa de negociación de Galiza, debiendo garantizarse que la toma de
decisiones en aquellas cuestiones de especial relevancia para su
economía, como es el caso de la pesca deba contar con su participación y
consentimiento.
En todo caso, si las rebajas en el reparto de cuotas se mantienen es
necesario que desde la Xunta de Galiza y el Estado se programen planes de
contingencia y de apoyo económico y social para el sector pesquero en las
zonas más afectadas como es el caso gallego, paliando así las
consecuencias más inmediatas del mismo.
El resultado de estas últimas negociaciones entre la UE y el Reino Unido,
pero también de las anteriores, ha puesto de manifiesto que el acuerdo
tiene consecuencias muy negativas para el sector pesquero gallego, ahora
y en el futuro, y que las medidas a tomar deben encaminarse a remover los
acuerdos políticos de fondo que provocaron una discriminación de partida
de la flota gallega y la del conjunto del Estado español dentro de la UE.
Por lo tanto, la inacción hasta ahora mostrada por el gobierno no tiene
cabida y hace falta una actuación decidida si realmente se quiere
revertir la actual situación.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Reprobar el acuerdo concluido entre la Unión Europea y el Reino Unido
en el mes de junio sobre los TAC y cuotas pesqueras definitivas para el
año 2021, por resultar lesivo para los intereses de la flota pesquera
gallega y para el conjunto del sector pesquero del Estado español.
2. Acometer desde el Gobierno del Estado las gestiones necesarias para la
revisión del llamado 'principio de estabilidad relativa' de forma que se
garantice un reparto equitativo y ajustado a las capacidades productivas
de cada país, que hoy no existe.
3. Realizar las gestiones necesarias para que se reconozca a Galiza la
condición de zona altamente dependiente de la pesca, lo que permitiría
dar una mayor protección al sector y mejoraría el acceso a las cuotas de
pesca y a mecanismos de financiación de la actividad productiva.
4. Reconocer la capacidad directa de negociación de Galiza, debiendo
garantizarse que la toma de decisiones en aquellas cuestiones de especial
relevancia para su economía, como es el caso de la pesca deba contar con
su participación y consentimiento.
5. Dirigirse a la UE para exigir el cumplimiento del establecido en la PPC
respeto a los aspectos sociales y económicos a tener en cuenta en el
reparto pesquero.
6. Mantener, de cara a futuras negociaciones, un contacto y diálogo
constante con el sector y exigir ese mismo compromiso por parte de las
instituciones de la Unión Europea.
7. Instar a la Unión Europea a tener en cuenta el reparto definitivo de
TAC y cuotas y su especial afectación en el caso de la flota pesquera
gallega a la hora de la distribución de los fondos de la Reserva de
Ajuste del Brexit destinados al sector pesquero.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2021.-Néstor Rego
Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/002865
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la realización de una auditoría de los
recursos humanos en las Administraciones Públicas.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y
entendiendo que las previsiones contenidas en los puntos 3 y 4 se
llevarían a cabo, en todo caso, por el cauce reglamentario pertinente,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Política
Territorial y Función Pública. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2021.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
realización de una auditoría de los recursos humanos en las
administraciones públicas, para su debate en la Comisión de política
territorial y función pública.
Exposición de motivos
El empleo público creció en España en 2020 un 6,2% hasta alcanzar los
159.680 puestos de trabajo, según datos de la Seguridad social. Después
de este incremento, el número total de empleados públicos sumando los
datos de la Seguridad Social, MUFACE, ISFAS y MUJEJU llega hasta los 2,6
millones.
Un informe del instituto de Estudios económicos pone de manifiesto la
importancia de la gestión del capital humano al indicar que es 'una
variable crucial para mejorar el desempeño de los Gobiernos y las
organizaciones públicas'. Asimismo, revela que en los últimos 25 años el
empleo público se ha duplicado. Pese a ello, el número de empleados
públicos se sitúa en una posición intermedia entre los países
desarrollados y por debajo de la media de la OCDE. Aunque si bien esto es
cierto, no es menos cierto que otros países con un mayor número de
empleados públicos un porcentaje mayor lo son a tiempo parcial.
La mayor parte de las contrataciones en 2020 fueron de las CC.AA., las
cuales han incorporado un total de 141.512 empleados (creciendo un
9,34%), la AGE (8.196) lo que supone un incremento de 2,34% y las EELL
con 9.979 empleados que supone un incremento del 1,42%.
Con todo, existen servicios en los que la pandemia ha puesto de manifiesto
la falta de personal especializado en áreas como la enfermería o la
medicina.
Todo ello pone de manifiesto la falta de criterios a la hora de incorporar
personal a las administraciones públicas, estableciéndose como criterio
principal el de la oportunidad política, más allá de otro tipo de
consideraciones técnicas o estratégicas. Improvisando según se van
produciendo acontecimientos sin que exista una hoja de ruta clara y
conjunta para todas las administraciones.
Por todo ello, se hace más que nunca imprescindible la realización de una
Auditoría pública de las Administraciones públicas en materia de
personal, para poder planificar y anticiparse a determinadas
circunstancias como el envejecimiento de las plantillas de las
administraciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Constituir un grupo de trabajo para el estudio de las necesidades de
las administraciones públicas en materia de recursos humanos, en el que
se encuentre representado la AGE a través del Ministerio de política
territorial y función pública, las CC.AA. mediante personal nombrado por
ellas en el marco de la conferencia de Presidentes Autonómicos y las EELL
por medio de la FEMP, así como todos los sindicatos con representación en
las diferentes AA.PP. Grupo de trabajo que contará con el asesoramiento
del INAP y los diferentes institutos de estudios autonómicos de
Administración pública y las Universidades.
2. Destinar financiación pública suficiente para poder desarrollar los
trabajos necesarios en el menor tiempo posible.
3. Dar cuenta al Congreso del ritmo de los trabajos cada tres meses.
4. En un tiempo no superior a un año, presentar para su aprobación por
parte del Congreso de los Diputados una auditoría integral de las
necesidades de personal al servicio de las Administraciones
públicas, así como una estrategia para poder contar con unas AA.PP. más
eficientes, más productivas, si cabe, y mejor dotadas desde el punto de
vista de los recursos humanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2021.-Vicente
Betoret Coll y Llanos de Luna Tobarra, Diputados.-Concepción Gamarra
Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002871
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre las Entidades de ámbito territorial inferior
al municipio, para su debate en la Comisión de Política Territorial y
Función Pública.
Exposición de motivos
Las entidades locales menores o entidades de ámbito territorial inferior
al municipio son una realidad municipal, que responde a núcleos de
población separados del municipio al que pertenecen. En España hay un
gran número de pequeños municipios, que en algunos casos responden a
denominaciones tan distintas como aldeas, parroquias, pedanías o villas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 de nuestra Constitución
Española, 'El Estado se organiza territorialmente en municipios, en
provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas
entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos
intereses'.
Frente a las entidades locales territoriales constitucionalmente
garantizadas existen, por consiguiente, otras, que han sido calificadas
por la doctrina constitucional, en general, como 'entidades locales no
necesarias o contingentes', entre las que se encuentran las Comarcas u
otras entidades que agrupen varios Municipios, las Áreas Metropolitanas,
las Mancomunidades de Municipios o las entidades de ámbito territorial
inferior al municipio, siempre que ostenten la condición de entidad local
(disposiciones transitorias cuarta y quinta de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, LRSAL).
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local (LRSAL), que modificó la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL, ha supuesto una
profunda reforma de la legislación básica de régimen local, dejando sin
contenido el artículo 45 LBRL, y derogando así la regulación básica sobre
entidades de ámbito territorial inferior al municipio.
Es por ello que el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas necesarias que impliquen considerar a las entidades
de ámbito territorial inferior al municipio como entidades locales en la
futura reforma del Proyecto de Ley de Bases de Régimen Local, que
sustituirá los aspectos más lesivos introducidos por la Ley 27/2013, de
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local (LRSAL), recuperando una regulación básica común para las mismas,
que se antoja esencial y necesaria, puesto que ni han desaparecido ni se
ha producido una modificación importante en su régimen jurídico.
2. Promover que cada Administración Pública, dentro de su ámbito
competencial, adopte medidas o políticas tendentes a luchar contra la
despoblación en las entidades de ámbito territorial inferior al
municipio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2021.-Josefa Andrés
Barea, Uxía Tizón Vázquez, José Luis Aceves Galindo, José Losada
Fernández, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Ariagona González Pérez, Gema
López Somoza, Rafaela Crespín Rubio, Isaura Leal Fernández, Patxi López
Álvarez, Esther Padilla Ruiz y José Luis Ramos Rodríguez,
Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas,
Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002908
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Emilio Jesús del Valle Rodríguez, D.
Eduardo Luis Ruiz Navarro, D. Juan Carlos Segura Just, D. Pablo Juan
Calvo Liste y D. José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus respectivas
condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley
relativa a cumplir con el deber de objetividad y neutralidad de las
Administraciones Públicas, para su discusión en la Comisión de Política
Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
Primero. De la Constitución Española.
La Constitución Española de 1978 ('CE') impone el deber de neutralidad de
los poderes públicos. Concretamente, el artículo 103 de nuestra Carta
Magna 232 señala expresamente lo siguiente:
'1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses
generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento
pleno a la ley y al Derecho.
2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y
coordinados de acuerdo con la ley.
3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a
la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad,
las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema
de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el
ejercicio de sus funciones.'
Asimismo, el artículo 9.3 de la CE garantiza, entre otros principios, 'la
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos'.
La jurisprudencia constitucional ha sido igual de clara a la hora de
exigir el deber de respeto al principio de neutralidad 233 en todas las
Administraciones públicas en relación con multitud de actuaciones como
los límites al ejercicio de la libertad de manifestación 234; el deber de
los docentes de las escuelas de titularidad pública de realizar sus
funciones de manera objetiva y neutral, eludiendo cualquier clase de
adoctrinamiento ideológico a sus alumnos 235 o el deber de neutralidad
que ha de regir en Corporación RTVE 236.
En definitiva, el eje sobre el que debe gravitar la actuación de la
Administración es el interés general. De forma que la actuación de la
Administración ha de estar guiada por la búsqueda y prosecución del
interés público que le corresponda, lo que le impide -por imperativo del
artículo 103.1 de la Constitución- apartarse del fin que le es propio.
237 El citado precepto constitucional impone explícitamente a la
Administración que sirva al interés público, pero que lo haga con
'objetividad' y con 'sometimiento pleno a la ley y al Derecho 238'.
Segundo. La Sentencia del Tribunal Supremo n.º 564/2020, de 26 de mayo de
2020.
En los últimos días, el debate acerca de la neutralidad de las
instituciones públicas ha cobrado relevancia con motivo de la celebración
del denominado día del 'orgullo', al haber ondeado la bandera del
colectivo LGTBi en diferentes instalaciones, edificios y espacios de
titularidad pública. Ello ha suscitado nuevamente la
232 En el mismo sentido, la Ley 40/2.015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público recuerda estos principios en su artículo 3.
233 Así lo ha declarado el Tribunal Constitucional en su STC 85/1983.
234 STC 24/2015, de 16 de febrero, FJ 4.
235 STC 5/1981, de 13 de febrero, FJ 9.
236 STC 190/2001, de 1 de octubre, FJ 4.
237
https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=103&tipo=2
238 'Estos dos límites, junto con otros no explícitamente citados en el
precepto constitucional, aunque intrínsecamente unidos a ellos,
garantizan la interdicción de la búsqueda del fin sin atender a los
medios. La objetividad en el actuar de la Administración exigida en el
artículo 103 excluye la utilización de medios discriminatorios o
justificados en razones meramente subjetivas. De igual manera, aunque con
una formulación más amplia, esa prosecución del interés público sólo
podrá materializarse dentro de la legalidad, es decir, con sometimiento
pleno a la ley y al Derecho'. Sinopsis Artículo 103 CE. Ernesto García
Trevijano. Profesor titular. Universidad Complutense. Diciembre 2003.
Actualizada por Vicente Moret. Letrado de las Cortes Generales. 2011.
Actualizada por Luis Manuel Miranda, Letrado de las Cortes Generales.
Mayo de 2017.
controversia resuelta por la Sentencia del Tribunal Supremo nº 564/2020,
de 26 de mayo de 2020 (STS núm. 564/2020), la cual anuló un acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de 30 de septiembre de
2016, por el que se reconocía que la bandera 'nacional' de Canarias (la
bandera de las siete estrellas verdes 239) como uno de los símbolos del
pueblo canario, acordando su enarbolamiento en un lugar destacado de la
sede central del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el 22 de octubre
de 2016.
El Tribunal Supremo destacó que tal acuerdo no era sino una contravención
del ordenamiento jurídico, pues 'no es la bandera oficial, por lo que no
puede atribuírsele la representatividad del pueblo canario como defiende
el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife'.
En la mentada Sentencia, el Supremo recalcaba que la Administración
Pública, en todos sus órdenes -General, Autonómica y Local- debe siempre
respetar y acatar el ordenamiento jurídico, 'sin que lo acordado, aunque
lo voten la mayoría de los grupos políticos, pueda incardinarse en el
marco competencial fijado por el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local'.
Finalmente, el Alto Tribunal español falló señalando lo siguiente: 'que no
resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en
particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las
Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas
no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun
cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de
España y las demás legal o estatutariamente instituidas'.
En tal sentido, y en relación con los hechos objeto de controversia, hemos
de remarcar que la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el
uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas ('Ley
39/1981') establece en su artículo primero que 'La bandera de España
simboliza la nación; es signo de la soberanía, independencia, unidad e
integridad de la patria y representa los valores superiores expresados en
la Constitución'.
Por lo que se refiere al lugar que corresponde a la bandera nacional, el
artículo tercero señala lo siguiente:
'Uno. La bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar
preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la
Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y
municipal del Estado.
Dos. La bandera de España será la única que ondee y se exhiba en las sedes
de los órganos constitucionales del Estado y en la de los órganos
centrales de la Administración del Estado.'
En cuanto a las obligaciones de las autoridades regionales y locales
respecto al uso de la bandera nacional, los artículos cuarto y quinto de
la misma Ley disponen, respectivamente, que 'en las Comunidades
Autónomas, cuyos Estatutos reconozcan una bandera propia, ésta se
utilizará juntamente con la bandera de España en todos los edificios
públicos civiles del ámbito territorial de aquélla, en los términos de lo
dispuesto en el artículo sexto de la presente ley', y 'cuando los
Ayuntamientos y Diputaciones o cualesquiera otras Corporaciones públicas
utilicen sus propias banderas, lo harán junto a la bandera de España en
los términos de lo establecido en el artículo siguiente'.
En el caso de que esta legalidad sea infringida, el artículo noveno ordena
que 'L(l)as autoridades corregirán en el acto las infracciones de esta
Ley, restableciendo la legalidad que haya sido conculcada'.
Además de los preceptos dedicados al uso de la bandera nacional en los
edificios públicos, se observa in fine que la Ley 39/1981 recoge la
prohibición de ondear enseñas o símbolos distintos de los oficiales. Así
lo afirman diferentes autores como Zunon Villalobos, señalando que
'también se desprende de dicha ley una prohibición a los entes públicos,
no por implícita menos clara y evidente -inclussius unius exclussius
alterius-, de utilizar y hacer ondear otras banderas o símbolos distintas
de las oficiales previstas y autorizadas por el legislador. El hecho de
que tal prohibición no se haya tipificado explícitamente por el
legislador, no es un argumento que permita concluir su inexistencia, si
tenemos en cuenta la naturaleza especial de los sujetos destinatarios de
la normativa de banderas, las administraciones y entes públicos, cuya
posición constitucional delante de la ley y el derecho -principio
delegalidad-, a diferencia de lo que sucede con los ciudadanos -que gozan
de un estatuto jurídico de libertad, que les permite hacer todo lo que no
está prohibido- , es la de que solo pueden hacer aquello que el
legislador
239 La bandera de las siete estrellas, también conocida como bandera
tricolor, ha sido utilizada desde 1964 por el Movimiento por la
Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario como 'bandera
nacional de Canarias' y sigue siendo asumida como tal por las
asociaciones independentistas, aunque también ha sido adoptada por
organizaciones políticas nacionalistas no independentistas.
https://elpais.com/espana/2020-06-01/el-supremo-establece-que-ningunaadministracion-publica-puede-utilizar-banderas-no-oficiales-en-el-exterior-de-sus-edificios.html
expresamente habilita, en forma de potestades, competencias o de
obligaciones específicas. La competencia que se les atribuye
constitucional y legalmente para exhibir banderas oficiales conlleva, no
solo una falta de competencia, sino también una implícita pero clara
prohibición de exhibir otras banderas y emblemas distintos de los
oficiales 240'.
De esta manera, en lo relativo a la colocación de banderas y símbolos en
los edificios y dependencias públicas, parece evidente que 'las
instituciones públicas no gozan del derecho fundamental a la libertad de
expresión, a diferencia de los individuos, que pueden manifestarse
libremente siempre que respeten el orden público y los principios
constitucionales 241. 242'.
Tercero. Conclusión.
La normativa es clara en esta materia: (i) la bandera es símbolo de la
Nación española, junto con el himno y la Corona; (ii) la preeminencia de
la bandera de España en cualesquiera edificios oficiales es absoluta;
(iii) la bandera nacional prevalece y se impone frente a cualesquiera
otras enseñas de menor entidad, como las regionales, provinciales o
municipales; y (iv) las autoridades competentes reaccionarán de inmediato
para restablecer la legalidad.
A pesar de la claridad de la Ley 39/1981, algunos se empeñan todavía hoy
en quebrantar el Estado de derecho. Por desgracia, los sucesivos
Gobiernos, rehenes de los separatismos excluyentes, no han tenido entre
sus prioridades la de restablecer la legalidad.
De cuanto se ha expuesto se deduce que la colocación de banderas y
símbolos ajenos a los oficiales de España, sus regiones y localidades no
encaja con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones
públicas, tal y como señala la jurisprudencia y nuestro ordenamiento
jurídico.
El Gobierno, en cuanto que ejerce la función ejecutiva de acuerdo con la
Constitución Española y las leyes, debe cumplir con su responsabilidad y
con lo dispuesto en la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en lo
relativo a la prohibición de colocación de banderas no oficiales en el
exterior de los edificios y espacios públicos.
En definitiva, como señala el profesor Celador Angón, 'la neutralidad de
los poderes públicos, con independencia de que sea política, ideológica o
religiosa, se configura como una seña de identidad de nuestro modelo
político, y es un principio inherente a la naturaleza del estado
Democrático, que obliga a los poderes públicos a ser neutrales e
imparciales en todo aquello que pueda afectar las creencias,
convicciones, ideas u opiniones de sus ciudadanos. Por tanto la imagen de
los edificios de titularidad pública no puede disociarse de la
organización político-institucional del Estado, y lo que se exhibe en los
mismos debe ser coherente con la misma. Los edificios y espacios de
titularidad pública deben estar al servicio de toda la ciudadanía, esa es
una de las claves del pacto constitucional, con independencia de cuáles
sean las opiniones o ideas políticas, de los individuos; de ahí que sea
necesario excluir la presencia de símbolos de carácter partidista en un
contexto de esta naturaleza 243'.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a respetar el marco
constitucional y legal vigente y, en particular, el deber de objetividad
y neutralidad de las Administraciones Públicas, absteniéndose de utilizar
cualquier bandera no oficial en el exterior de los edificios y espacios
públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la
bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas, de
conformidad con la Sentencia del Tribunal Supremo n.º 564/2020, de 26 de
mayo de 2020.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2021.-José María
Figaredo Álvarez-Sala, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Eduardo Luis
Ruiz Navarro y Juan Carlos Segura Just y Pablo Juan Calvo Liste,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
240 ZUNÓN VILLALOBOS, M. (2016), 'La exhibición de banderas esteladas por
los ayuntamientos en edificios públicos. Una perspectiva jurídico
constitucional', Revista Aranzadi Doctrinal, nº 10, pp. 237.
241 CELADOR ANGÓN, O., Op. cit.
242 Este Argumento fundamentó la decisión del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 3 de Zaragoza al anular una actuación
municipal relativa a la colocación en el ayuntamiento de la ciudad de la
bandera LGTBI.
https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/16335-un-juez
prohibe-colgar-la-bandera-lgbt-en-el-ayuntamiento-de-zaragoza/
243 CELADOR ANCÓN, O. (2020), 'Neutralidad de los poderes públicos y
símbolos políticos', Revista General de Derecho Administrativo, nº 53.
161/002914
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Emilio Jesús Del Valle Rodríguez, D.
Eduardo Luis Ruiz Navarro, D. Juan Carlos Segura Just, D. Pablo Juan
Calvo Liste y D. José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus respectivas
condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley
relativa a promover la modificación del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, a fin de establecer las bases del
régimen estatutario de los funcionarios públicos para delimitar de forma
expresa las categorías de puestos con funciones de dirección susceptibles
de ser cubiertos por libre designación, para su discusión en la Comisión
de Política Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
Primero. Antecedentes Normativos.
El capítulo III del título V del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público ('TREBEP') regula la provisión de los puestos
de trabajo y movilidad del personal funcionario y, en lo que proceda, al
personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas ('AA.PP.').
El artículo 78.1 del TREBEP establece que las AA.PP. habrán de proveer los
puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los 'principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad'.
El apartado segundo del mentado artículo establece que esos procedimientos
podrán ser el concurso o la libre designación con convocatoria pública.
Las leyes de Función Pública dictadas en desarrollo del TREBEP solamente
podrán establecer otro tipo de procedimientos de provisión, de
conformidad con el artículo 78.3 del TREBEP en los supuestos de
'movilidad a que se refiere el artículo 81.2, permutas entre puestos de
trabajo, movilidad por motivos de salud o rehabilitación del funcionario,
reingreso al servicio activo, cese o remoción en los puestos de trabajo y
supresión de los mismos'.
En lo que concierne al contenido de la presente iniciativa, cabe reseñar
los apartados primero y tercero del artículo 103 CE, que señalan lo
siguiente:
'1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses
generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento
pleno a la ley y al Derecho.
3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a
la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad,
las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema
de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el
ejercicio de sus funciones.'
De esta manera, el acceso a la función pública habrá de regirse por
sistemas selectivos, de carácter abierto y garantizando la libre
concurrencia (artículo 61 TREBEP), sin perjuicio de lo dispuesto para la
promoción interna y de las medidas de discriminación positiva actualmente
previstas en el TREBEP.
Se perfila pues como sistema ordinario de provisión de puestos de trabajo
del personal funcionario de carrera el concurso (artículo 79.1 TREBEP),
precepto que se dicta al amparo del artículo 149.1. 18.ª de la
Constitución, al constituir régimen básico de la regulación de la función
pública (disposición final primera TREBEP).
Segundo. El procedimiento de libre designación con convocatoria pública.
Según dispone el artículo 80.1 y 2 del TREBEP, 'la libre designación con
convocatoria pública consiste en la apreciación discrecional por el
órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los
requisitos exigidos para el desempeño del puesto. Las leyes de Función
Pública que se dicten en desarrollo del presente estatuto establecerán
los criterios para determinar los puestos que por su especial
responsabilidad y confianza puedan cubrirse por el procedimiento de libre
designación con convocatoria pública'.
De esta manera, el TREBEP permite que las leyes que lo desarrollen puedan
determinar aquellos puestos que, por su especial responsabilidad y
confianza, podrán proveerse mediante el procedimiento de libre
designación con convocatoria pública, pero nunca quebrantar el precepto
básico haciendo de la excepción (libre designación) una regla (que ha de
ser el concurso por catalogación como 'normal').
La normativa de desarrollo del TREBEP ha dado lugar a numerosa
controversia, lo que ha provocado que las más altas instancias judiciales
se pronuncien. No obstante lo anterior, la jurisprudencia dimanante de
estos órganos no ha sido uniforme, dando lugar a pronunciamientos
dispares no solo de órganos judiciales, sino también de las más altas
instancias administrativas.
La mayoría de los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad planteadas
por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales
Superiores de Justicia tienen fundamento en el carácter del puesto que ha
sido provisto mediante el procedimiento de libre designación.
Así, han venido dictándose Sentencias, tanto del Tribunal Constitucional
como del Tribunal Supremo, cuyos fallos, pese a ser complementarios,
suscitan controversia en relación con el artículo 23.2 CE. En este
sentido, el Tribunal Constitucional se manifestó a través de la cuestión
de inconstitucionalidad número 2394-2016, planteada por la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Galicia ('TSJG').
En relación con el artículo 30 del Texto Refundido de la Ley de Función
Pública de Galicia, el TSJG señaló, por medio de Auto, que el citado
artículo 'podría conculcar el derecho fundamental de acceso a las
funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad (artículo 23.2
CE), derecho que ópera no solo en el momento del acceso, sino también,
conforme a la jurisprudencia constitucional que cita, durante la vigencia
de la relación funcionarial y que resulta aplicable al sistema de
provisión de puestos de trabajo. Añade que aquel derecho fundamental es
de configuración legal, de modo tal que corresponde al legislador
establecer las condiciones de acceso a la función pública con arreglo a
los principios de igualdad, mérito y capacidad (art. 103.3 CE), lo que
entraña una garantía de orden material que se traduce en la exigencia de
predeterminar cuáles hayan de ser las condiciones para acceder a la
función pública de conformidad con aquellos principios y que, a efectos
de dicha configuración legal, la primera normativa llamada a determinar
tales extremos es la legislación básica estatal, constituida aquí por el
artículo 20.1 b) de la Ley 30/1984, que permanece en vigor en virtud de
lo dispuesto por la disposición derogatoria única, letra b), LEEP, que
reserva el sistema de libre designación para los puestos de carácter
directivo o de especial responsabilidad que así se determinen en las
relaciones de puestos de trabajo, así como por lo dispuesto en el
artículo 80.2 LEEP ( ...)'.
Pese a que la cuestión de inconstitucionalidad fue inadmitida a trámite,
entre otros, porque 'la legislación autonómica asimilaba las funciones de
especial responsabilidad con la función directiva o, mejor dicho,
establecía que los puestos de trabajo que tienen funciones directivas son
puestos que conllevan funciones de especial responsabilidad', el Pleno
del Tribunal Constitucional aducía que '(s)i el legislador básico hubiera
querido excluir las funciones directivas de las funciones de especial
responsabilidad, o limitar las categorías de puestos con funciones de
dirección susceptibles de ser cubiertos por libre designación, debía
haberlo hecho expresamente, incorporándolo a la legislación básica 244'.
A raíz de lo expuesto, cabe reseñar la Sentencia del Tribunal Supremo en
la que el criterio adoptado parece ser contrario a aquel expresado en el
Auto del Tribunal Constitucional referido supra. No obstante, ambas
resoluciones son compatibles, pues la primera enjuicia la
constitucionalidad del precepto y la segunda alude a la necesaria
justificación para emplear el procedimiento considerado extraordinario.
Así, la STS de 15 de febrero de 2013 [Rec. 300/2012], remarcando la
fundamentación jurídica expuesta en otras como la STS de 16 de julio de
2007 [Rec. 1792/2004], o la STS de 13 de noviembre de 2012 [Rec.
5887/2011], en su Fundamento Jurídico Sexto señala lo siguiente:
'Es preciso recordar la Sentencia de este Tribunal, de 31 de julio de 2012
(casación 1206/2010 ), en la que se sintetiza la doctrina jurisprudencia[
dictada sobre los criterios jurídicos a que ha de ajustarse la elección
del sistema de libre designación para la provisión de puestos de trabajo,
en los siguientes términos: 'La jurisprudencia de esta Sala viene
insistiendo en el carácter excepcional que la Ley asigna
244 Pleno. Auto 176/2.016, de 18 de octubre de 2016. Cuestión de
inconstitucionalidad 2394-2016. Inadmite a trámite la cuestión de
inconstitucionalidad 2394-2016, planteada por la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia en relación con el artículo 30 del texto refundido de la Ley
de función pública de Galicia, en la redacción dada al mismo por el
artículo 21 de la Ley 15(2.010, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y
administrativas.
a este sistema de libre designación y en la necesidad de que cuando se
considere necesario acudir a él se haga, también excepcionalmente, y
justificando, caso por caso, por qué debe utilizarse.' 245
Tercero. El espíritu del artículo 23.2 CE aplicado al TREBEP.
Como reseñábamos anteriormente, el procedimiento de concurso se perfila
como el ordinario, mientras que el procedimiento de libre designación, ha
de ser excepcional.
Ello tiene su justificación en que el primero de ellos garantiza que sean
factores objetivos y razonables los que rijan la carrera profesional del
funcionario desde una doble vertiente, cual es su acceso al puesto, y la
garantía de permanencia en el mismo. 246
En relación con el procedimiento de acceso, del artículo 79.1 TREBEP se
deducen dos importantes diferencias entre el concurso y la libre
designación:
En primer lugar 'en el primero la puntuación alcanzada por el aspirante
vendrá determinada por una valoración sujeta a un baremo prefijado y
objetivo, conocido por todos con antelación a la participación en el
concurso, manejando un elenco de méritos que han de tener conexión
directa con el puesto a desempeñar, y en cuya valoración no cabe argüir
discrecionalidad técnica, ya que como ha venido señalando desde tiempo
atrás la jurisprudencia, en el concurso no existe discrecionalidad, sino
interpretación jurídica, donde los tribunales de justicia pueden
fiscalizar con todas las garantías y alcance el resultado del
procedimiento' 247, elementos que no justifican el segundo.
En este sentido, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 86/2004, de
10 de mayo, señalaba en su Fundamento de Derecho 3 que 'la determinación
de si un concreto curso cumple o no los requisitos exigidos en las bases
de la convocatoria [ ...] no se incluye en el ámbito de la
discrecionalidad técnica, de suerte que el Tribunal con su decisión de
excluir determinados cursos por incumplimiento de los requisitos
necesarios se limitó a fiscalizar desde el plano de la legalidad la
actuación del órgano calificador'.
La segunda diferencia 'descansa en el órgano calificador, ya que en el
sistema de concurso de mérito' se trata 'de un órgano colegiado cuya
composición viene determinada por los principios de profesionalidad y
especialización 248' . Sin embargo, en el procedimiento por libre
designación las garantías no son las mismas, pues el artículo 80 TREBEP
señala que será el órgano competente quien discrecionalmente aprecie la
idoneidad.
En relación con la garantía de permanencia en el puesto, quienes han sido
nombrados mediante el procedimiento de libre designación podrán ser
cesados discrecionalmente.
Por el contrario, aquellos que accedieron por concurso solo podrán ser
cesados 'por causas objetivas y objetivables de bajo rendimiento'. 249
Cuarto. Conclusiones.
La modificación del TREBEP, en lo relativo al establecimiento de las bases
del régimen estatutario de los funcionarios públicos, dentro del que se
encuentran, sin duda, los sistemas de provisión de puestos de trabajo
-como ha afirmado el Tribunal Constitucional- procuraría una mayor
seguridad jurídica y una mayor uniformidad a nivel nacional en lo que al
estatuto del empleado público se refiere, y ayudaría a eliminar la
politización de las AA.PP.
Así, se hace indispensable incorporar a la legislación básica una
limitación de las categorías de puestos con funciones de dirección,
especial responsabilidad y confianza susceptibles de ser cubiertos por el
procedimiento de libre designación.
Esta última apreciación resulta verdaderamente importante, aún más, si
cabe, en atención a los datos expuestos por la OCDE en su estudio
'Government at a Glance 2017':
245 Así se han manifestado, entre otras, la sentencias de 11 de marzo de
2009 (casación 2332/2005 ), 9 de febrero de 2009 (casación 7168/2004), 10
de diciembre de 2008 (casación 10351/2004 ), 24 de septiembre de 2008
(casación 5231/2004), 2 de julio de 2008 (casación 1573/2004), 7 de abril
de 2008 (casación 7657/2003), 17 de diciembre de 2007 (casación
596/2005), 17 de septiembre de 2007 (casación 5466/2002), 16 de julio de
2007 (casación 1792/2004).
246
https://contenciosos.com/funcion-publica/libre-designacion-vs-concurso-meritos/
247 Ibid., pág. 8.
248 Ibid., pág . 8.
249 Ibid., pág . 8.
[**********página con cuadro**********]
Los datos, que contemplan exclusivamente aquellos referentes a la
Administración General del Estado, son preocupantes: España tiene la
Administración más politizada de la Unión Europea. Así, en nuestra
nación, entre el 95% y el 100% de los asesores ministeriales y altos
cargos son relevados cuando se produce un cambio del partido que ostenta
el Ejecutivo.
Si a estos datos se incorporara el resto de personal de libre designación,
correspondiente al resto de Administraciones territoriales y al sector
público empresarial, probablemente el porcentaje sería más alto.
Cuanto se ha expuesto justifica la necesidad de modificar el TREBEP para
que el Estado, en la competencia que le asiste, ex artículo 149.1.18 de
la Constitución española, establezca las bases del régimen estatutario de
los funcionarios públicos en lo relativo a los sistemas de provisión de
puestos de trabajo, limitando los puestos con funciones de dirección
susceptibles de ser cubiertos por el procedimiento de libre designación.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la modificación
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, a fin de establecer, ex art. 149.1.18 de la Constitución
española, las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos
para delimitar de forma expresa y rigurosa las categorías de puestos con
funciones de dirección susceptibles de ser cubiertos por libre
designación, con el fin de procurar una mayor seguridad jurídica y una
mayor uniformidad a nivel nacional en lo que al estatuto del empleado
público se refiere.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2021.-José María
Figaredo Álvarez-Sala, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Eduardo Luis
Ruiz Navarro, Juan Carlos Segura Just y Pablo Juan Calvo Liste,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Emilio Jesús del Valle Rodríguez, D.
Eduardo Luis Ruiz Navarro, D. Juan Carlos Segura Just, D. Pablo Juan
Calvo Liste y D. José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus respectivas
condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la reducción del personal eventual al servicio de las
delegaciones del Gobierno, para su discusión en la Comisión de Política
Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
Primero. Antecedentes normativos.
El artículo 97 de la Constitución Española de 1978 ('CE') atribuye al
Gobierno la función ejecutiva del Estado:
'El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración
civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la
potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.'
Más adelante, la Carta Magna hace referencia a la Administración Pública,
sus principios y los aspectos particulares a regular por norma con rango
de Ley:
'1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses
generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento
pleno a la ley y al Derecho.
2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y
coordinados de acuerdo con la ley.
3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a
la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad,
las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema
de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el
ejercicio de sus funciones.'
Asimismo, conviene recordar el artículo 31.2 de nuestro texto fundamental:
'El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos
públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de
eficiencia y economía.'
Por último, el artículo 154 se refiere indirectamente a las delegaciones
del Gobierno por medio de su titular:
'Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del
Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando
proceda, con la administración propia de la Comunidad.'
Segundo. Las delegaciones del Gobierno.
Los pilares constitucionales del funcionamiento de la Administración
Pública están en evidente relación con el articulado de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público ('LRJSP') a la
hora de estudiar la normativa aplicable a las delegaciones del Gobierno.
Las delegaciones del Gobierno están integradas en la organización
territorial de la Administración General del Estado. La titularidad de
las delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas corresponde a
los delegados del Gobierno, cargo cuya función consiste en 'representar a
la Administración del Estado en el territorio de una comunidad autónoma y
coordinar su actividad con las propias de la Administración de la
comunidad' 250. Su designación queda atribuida al Gobierno: son nombrados
y separados por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del
presidente del Gobierno, según dispone el apartado cuarto del artículo 72
de la LRJSP. De esta manera, en la actualidad hay 17 delegaciones del
Gobierno, correspondientes a cada una de las Comunidades Autónomas, 2
delegaciones
250 https://dpej.rae.es/lema/delegado-del-gobierno
del Gobierno en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, y un total de
44 subdelegaciones del Gobierno en las provincias.
Las delegaciones del Gobierno se encuentran adscritas orgánicamente al
Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la
Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública.
Dentro de este departamento ministerial, corresponde a la Secretaría
General de Coordinación Territorial la coordinación de la actividad de la
Administración General del Estado en el Territorio y la asistencia a la
misma. Asimismo, de la Secretaría General de Coordinación Territorial
depende la Dirección General de la Administración General del Estado en
el Territorio, a la que se le atribuye la coordinación y asistencia a las
delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.
Los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas tienen atribuidas
una serie de competencias para dirigir, coordinar y supervisar la
administración periférica del Estado. Se encuentran enumeradas de manera
pormenorizada en cinco ejes en el artículo 73 de la LRJSP:
a) Dirección y coordinación de la Administración General del Estado y sus
Organismos públicos.
b) Información de la acción del Gobierno e información a los ciudadanos.
c) Coordinación y colaboración con otras Administraciones Públicas.
d) Control de legalidad.
e) Políticas públicas.
Además de los delegados del Gobierno, se ha de hacer referencia a los
subdelegados del Gobierno en las provincias, quienes quedan 'bajo la
inmediata dependencia del Delegado del Gobierno en la respectiva
Comunidad Autónoma', tal y como reza el artículo 74 de la LRJSP.
Por otra parte, respecto a la estructura interna de las delegaciones del
Gobierno, cada una de ellas, en términos generales, se encuentra dividida
en los siguientes órganos:
- Subdelegaciones del Gobierno en las provincias y Direcciones Insulares,
de haberlas.
- Secretaría General y, en su caso, Vicesecretaría General.
- Áreas funcionales, para la gestión de los servicios integrados de
Fomento, Industria y Energía, Sanidad y Política Social, Alta Inspección
de Educación y Trabajo e Inmigración.
- Gabinete, como órgano de apoyo y asistencia inmediata al delegado.
- Comisión Territorial de Asistencia, integrada por los subdelegados del
Gobierno, los directores insulares en su caso, el secretario general, el
jefe de Gabinete, los directores de las Áreas Funcionales y los
responsables de los servicios no integrados que el delegado del Gobierno
determine.
[**********página con cuadro**********]
251 https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/delegaciones
gobierno/administracionperiferica/que-es-la-ape-organigrama#page=1
Sea como fuere, la estructura de las delegaciones y subdelegaciones del
Gobierno 'se fijará por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en razón de la
dependencia orgánica de las Delegaciones del Gobierno, y contarán, en
todo caso, con una Secretaría General, dependiente de los Delegados o, en
su caso, de los Subdelegados del Gobierno, como órgano de gestión de los
servicios comunes, y de la que dependerán los distintos servicios
integrados en la misma, así como aquellos otros servicios y unidades que
se determine en la relación de puestos de trabajo', según señala el
artículo 76 de la LRJSP.
Tercero. El personal eventual al servicio de las delegaciones del
Gobierno.
El gabinete del delegado del Gobierno, con carácter general, está formado
por un jefe de Gabinete y uno o varios asesores de confianza con la
categoría de personal eventual.
Esta clase de empleados públicos destacan por ser nombramientos de
carácter temporal cuyo principal rasgo distintivo es la relación de
confianza entre el cargo público y el nombrado. Asimismo, tal y como se
contempla en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público ('TREBEP'), el número máximo de empleados
públicos de esta clase deberá establecerse por los órganos de gobierno de
las Administraciones públicas en los términos de la todavía no aprobada
Ley de Función Pública de la Administración General del Estado:
'1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter
no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de
confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los
créditos presupuestarios consignados para este fin.
2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este
Estatuto determinarán los órganos de gobierno de las Administraciones
Públicas que podrán disponer de este tipo de personal. El número máximo
se establecerá por los respectivos órganos de gobierno. Este número y las
condiciones retributivas serán públicas.
3. El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo
caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función
de confianza o asesoramiento.
4. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el
acceso a la Función Pública o para la promoción interna.
5. Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la
naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de
carrera.'
Así, las funciones desempeñadas por el personal eventual en una delegación
del Gobierno destacan por ser 'de confianza o asesoramiento especial,
siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados
para este fin'. Por tanto, habitualmente las ocupaciones de los miembros
del gabinete del delegado del Gobierno suelen oscilar entre
responsabilidades en materia de asesoramiento político y de carácter
mediático. No obstante, las identidades, las funciones, las fechas de
nombramiento y las trayectorias profesionales de estas figuras, hasta
127, permanecen ocultas y vedadas al escrutinio público 252.
Además, se trata de un personal con las retribuciones públicas más altas
de la Administración General del Estado al situarse entre los niveles 26
a 30 cuyos méritos frecuentemente se limitan a la militancia activa en el
partido político del Gobierno 253, 254. De ser públicos los nombres de
estas camarillas de consejeros, a la opinión pública le sería fácil y
sencillo descubrir su procedencia 'profesional': miembros de aparatos de
gobierno políticos a nivel local, autonómico y nacional, candidatos no
electos de listas electorales, ex cargos públicos del partido del
Ejecutivo, etc.
En definitiva, una panoplia de consultores que suponen un gasto
extraordinario para los créditos presupuestarios y cuya reducción debe
ser materia de debate para abandonar prácticas de colocación de personal
por motivos estrictamente políticos.
Asimismo, este personal eventual debe quedar regulado lo antes posible en
los términos del artículo 12.2 del TREBEP, con el fin de determinar con
exactitud su cantidad en las Administraciones
252
https://www.abc.es/espana/abci-lleva-supremo-negativa-gobierno-revelar-identidad-ycurriculum-asesores-202105180804_noticia.html
253
https://elpueblodeceuta.es/art/50697/pablo-nunez-nuevo-asesor-en-la-delegacion-delgobierno
254
https://valenciaplaza.com/la-delegada-del-gobierno-ficha-como-asesor-al-secretario-deorganizacion-en-la-ribera-alta
públicas, en general, y en cada delegación del Gobierno, en particular,
así como promover la obligatoriedad de la publicidad de estos puestos en
materia de responsabilidades principales, currículum vitae y
retribuciones.
Cuarto. Conclusiones.
El artículo 31.2 de la Constitución Española señala que 'el gasto público
realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su
programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y
economía'.
En momentos de imperiosa contención del gasto público como el actual, el
Gobierno tiene la responsabilidad ética y moral de promover políticas
públicas destinadas a reducir las partidas presupuestarias de carácter
meramente político propiciatorias de superestructuras de Gobierno.
Asimismo, en aras de disminuir los sacrificios tributarios de los
españoles, el Ejecutivo debe dirigirse con criterios de diligencia,
economía y eficiencia en la ejecución del gasto público para avanzar
hacia un pleno y eficaz funcionamiento de las Administración públicas y
con el fin de evitar una selección de personal eventual supeditada al
reparto de bicocas políticas o al intercambio de favores partidistas.
Las instituciones públicas deben 'servir con objetividad los intereses
generales', tal y como indica el artículo 103.1 de la CE. La eliminación
del gasto político superfluo e innecesario debe ser una prioridad.
Por ello, la gestión adecuada del erario público tiene que traducirse en
unas delegaciones del Gobierno eficientes y ágiles en su organización,
funcionamiento y trámites y, por ese motivo, debe desprenderse a las
mismas de aquellos asesores cuya labor es prescindible.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover la reducción del personal eventual al servicio de las
delegaciones del Gobierno, así como establecer un porcentaje máximo de
personal eventual -con expresión del número y nivel- según la población
de la delegación del Gobierno en cuestión.
2. Establecer una serie de criterios mínimos, de obligado cumplimiento, a
fin de poder ser elegible para ejercer la función encomendada.
3. Promover, en el marco de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la
obligatoriedad de la publicación de nombres y currículum vitae del
personal eventual de las delegaciones de Gobierno que ostente un nivel 26
o superior.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2021.-José María
Figaredo Álvarez-Sala, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Eduardo Luis
Ruiz Navarro, Juan Carlos Segura Just y Pablo Juan Calvo Liste,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002868
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque
Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la autorización del PE
Alto dos Borrallos y de su infraestructura de evacuación que afecta a los
concellos de Curtis, Sobrado y Friol ,para su debate en la Comisión de
Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El 28 de mayo se publicaba en el 'Boletín Oficial del Estado' el Anuncio
del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galiza
por el que se somete a información pública el Estudio de
Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del
Parque Eólico Alto dos Borrallos de 67,5 MW, así como su infraestructura
de evacuación, que afectaría a los concellos de Curtis y Sobrado (A
Coruña) y Friol (Lugo), al que se le ha asignado el código PEol-371.
Este proyecto lo promueve IBERDROLA RENOVABLES GALIZA, S.A., multinacional
eléctrica que pretende instalar 15 aerogeneradores de 4,5 MW, lo que
supone un total de 67,5 MW de potencia. La autorización solicitada
también comprende la construcción de una subestación en el término
municipal de Sobrado y otra en Mesón do Vento en el término municipal de
Ordes, así como las líneas de evacuación. Una primera Línea aérea de Alta
Tensión de 132 kV desde la subestación transformadora Parque Eólico Alto
dos Borrallos 220/30 kV hacia la subestación transformadora ICE Mesón do
Vento 400/220-132 kV. Y otra línea subterránea de Alta Tensión a 400 kV
de enganche con la subestación transformadora Mesón do Vento 400 kV,
perteneciente a Red Eléctrica de España. Por lo tanto, estas Líneas de
Alta Tensión, atravesarán los municipios de Sobrado, Vilasantar, Mesía,
Oza-Cesuras, Abegondo, Carral y Ordes conectando la nueva estación
propuesta en el Alto dos Borrallos con la estación transformadora de
Mesón do Vento y desde esta se conectaría con la estación colectora
situada en Carral.
La autorización para la instalación de este parque eólico y toda su
estructura auxiliar hay que valorarla de forma conjunta con el resto de
parques eólicos que se promueven en las zonas limítrofes, en su mayoría
proyectados por la misma empresa, como son el Parque Eólico de Pedrabante
(Concellos de Tordoia, Trazo y Carballo), el Parque Eólico de Berdoias
(concellos de Vimianzo y Muxía), el Parque Eólico Pena do Corvo
(concellos de A Capela, Cabanas y Monfero) que se sumarían al que
solicitan para el Alto dos Borrallos (concellos de Sobrado, Curtis y
Friol).
A todos ellos deben sumárseles sus respectivas estructuras auxiliares que
supone la extensión de kilómetros y kilómetros de LAT desde todos ellos
hasta la Subestación Transformadora de O Mesón do Vento. Por lo tanto,
todos estos parques comparten en gran medida las mismas infraestructuras,
lo que los convertiría realmente en un único megaproyecto, pero al no
valorarse conjuntamente se genera un claro desorden y una falta de
planificación, que da como resultado la superposición de distintos
proyectos parques eólicos en el entorno del Parque Eólico Alto dos
Borrallos.
Es evidente que esta división o fragmentación es intencionada y que
pretende ocultar la interdependencia entre todos los parques eólicos
citados. Así, aunque en la práctica todos ellos funcionarían como un
único mega parque, solicitan las autorizaciones individualmente,
presentándolos como proyectos separados cuando no lo son, como maniobra
para evitar una valoración ambiental de conjunto, que a todas luces sería
negativa.
Esta fragmentación es claramente fraudulenta, pues supone la presentación
de un Estudio de Impacto Ambiental individual en cada uno de los seis
parques, evitando una evaluación global del conjunto del proyecto y de
las garantías que han de exigírsele. Así lo reconoce la Sentencia del
Tribunal Superior de Xustiza de Galiza de la Sala de lo Contencioso de 9
de noviembre de 2020, que entiende que 'la figura del parque eólico debe
ser necesariamente contemplada desde una perspectiva unitaria, pues en
otro caso quedaría desvirtuada la naturaleza y función de este tipo de
instalaciones, por lo que les es consustancial que los aerogeneradores en
ellos agrupados hayan necesariamente de compartir, además de las líneas
propias de unión entre sí, unos mismos accesos, un mismo sistema de
control y unas infraestructuras comunes (normalmente, el edificio
necesario para su gestión y la subestación transformadora) y que la
energía resultante ha de inyectarse mediante una sola línea de conexión
del parque, sin que sea posible descomponer, a efectos jurídicos, un
parque proyectado para diseccionar de él varios aerogeneradores a los que
se daría un tratamiento autónomo'.
Por otro lado, el PE Alto dos Borrallos incumple la normativa vigente en
materia de planeamiento urbanístico que no permite la utilización de ese
suelo para este fin. Para salvar esta incompatibilidad, Iberdrola
solicita un cambio en la calificación urbanística, para que pasen a
considerarse suelo rústico de especial protección de infraestructuras.
Esta recalificación incumple lo dispuesto en la Ley 2/2016, de 10 de
febrero, del suelo de Galiza, que en su artículo 34.4 establece que,
cuando un terreno, por sus características pueda corresponder a varias
categorías de suelo rústico de especial protección, se aplicarán los
distintos regímenes de forma complementaria, esto es, deberá prevalecerá
aquel que otorgue una mayor protección. Resulta evidente que la propuesta
de recalificación rebaja la protección otorgada por el planeamiento pues
afectaría a terrenos que en este momento gozan de la calificación como
suelo rústico de protección paisajística, de protección forestal, de
protección de cauces y de protección de espacios naturales.
En todo caso, debe recordarse, que tal y como recoge la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en su
exposición de motivos y en el artículo 2 es un principio normativo 'la
prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y
urbanística'.
El boom de solicitudes de Parques Eólicos y en el que se incluye este PE
Alto dos Borrallos se aprovechan además de que el Plan Eólico de Galiza
ahora en vigor resulte obsoleto, pues no se adapta a la actual situación
socioeconómica de los concellos afectados, ni su contenido prevé la
tecnología eólica que ahora se pretende implantar, donde las dimensiones
y potencia de los aerogeneradores se han visto incrementadas
exponencialmente respecto a las existentes en 2005 cuando se aprobó el
Plan.
Otro argumento que justifica la denegación de la autorización de este
proyecto es la grave afección que supondría a los recursos hídricos. El
Estudio de Impacto Ambiental presentado, sin embargo, no contempla un
estudio hidrológico detallado que garantice que no se alterará la
cualidad de las masas de agua, incumpliendo con ello lo dispuesto en la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en la Directiva
Marco del Agua.
La construcción del parque eólico afectará necesariamente a varios de los
puntos de captación de agua para el abastecimiento humano que existen en
la zona, sin embargo, en el estudio sólo se hace referencia a dos de
ellos, lo que evidencia como se falsea la realidad. Pero además, dentro
de la poligonal del parque existen varias explotaciones ganaderas cuyo
abastecimiento de agua también podría verse afectado, pues procede de
manantiales naturales y fuentes que van a verse afectadas por la
construcción de las infraestructuras de este macroproyecto eólico,
cuestión esta que tampoco analiza la empresa en su EIA.
Además de todo lo anterior, la ubicación propuesta para el PE Alto dos
Borrallos, supondrá una grave afección paisajística y visual, incidiendo
especialmente en tres áreas de gran interés como son la Lagoa de Sobrado,
a Serra do Careón e o Río Furelos.
Otro grave impedimento al posible desarrollo del parque es que la
poligonal del mismo y sus líneas de evacuación ocupan espacios protegidos
de Rede Natura como son la ZEC Serra do Careón, la ZEC Río Tambre o la
ZEC Encoro de Abegondo y Cecebre. También ocupan terrenos incluidos en
dos reservas de la Biosfera como son la de Mariñas Coruñesas e Terras do
Mandeo y la de Terras do Miño.
No puede ignorarse tampoco la grave afectación al patrimonio artístico,
patrimonial y cultural que supondrá la instalación del PE Alto dos
Borrallos. En primer lugar existen importantes elementos patrimoniales y
protegidos como Bienes de Interés Cultural como son la Iglesia de Santa
María de Mezonzo, el Monasterio de Sobrado, el dolmen de O Forno dos
Mouros en Toques, la Torre de Miraz en Friol o la Fortaleza de San Paio.
Tendrá además un grave impacto sobre la fauna y la flora. Así, en la zona
donde se pretende instalar el Parque eólico está documentada la
existencia de numerosas especies incluidas en los Catálogos estatal y
gallego de Especies Amenazadas, afectando especialmente a las aves. Dos
de las especies de aves que verán cómo se pone en grave peligro su
hábitat son el 'Circus cyaneus' y el 'Circus pygargus', afectados por las
palas de los aerogeneradores pero sobre todo, por su característica
nidificación, que se realiza en el suelo, directamente destruida por la
ejecución de las obras del parque.
Tendría que valorarse además el abandono poblacional de las zonas rurales
que quedarán afectadas por el Parque Eólico como consecuencia de la
implantación masiva y desordenada de parques eólicos superpuestos sobre
una misma área geográfica. Los terrenos en los que se prevé la
instalación de este Parque Eólico son zonas de suelo rústico de
protección agropecuaria y forestal y la mayor parte de los vecinos y
vecinas de esa zona viven directa o indirectamente de sectores vinculados
esas actividades. Medios de vida que van a verse impedidos tras la
implantación del parque. Se producirá una seria afectación de las tierras
de cultivo, de los manantiales, de las explotaciones forestales, así como
una fragmentación agraria y una gran pérdida de base territorial para las
explotaciones agroganaderas. Todo ello crearía también problemas de
incompatibilidad con las condiciones de la Política Agraria Común. Sin
embargo, Iberdrola no incorpora en su evaluación el impacto sobre el
principal medio de subsistencia de muchas economías familiares de la
zona.
En definitiva, el Parque Eólico Alto dos Borrallos, así como el resto de
parques eólicos que Iberdrola pretende implantar en esa misma zona, no
repercute, en absoluto, de manera positiva en la economía de los
habitantes de los concellos afectados. No sirve para el desarrollo
socioeconómico de las poblaciones próximas ni genera riqueza en el
territorio, todo lo contrario, contribuye al abandono rural pues impide
el desarrollo de otras iniciativas empresariales de aprovechamiento
agroganadero y forestal, sin generar alternativas de empleo a cambio.
Todo ello, para lograr el lucro de las grandes compañías energéticas que
lo promueven, en este caso Iberdrola, que exporta además esa energía hacia
otras partes del Estado, sin que Galiza, como territorio excedentario
cuente con compensación alguna.
Por todo lo expuesto anteriormente el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Rechazar el Estudio de Impacto Ambiental y denegar la autorización para
la construcción del Parque Eólico Alto dos Borrallos, de 67,5 MW, así
como su infraestructura de evacuación, que afectaría a los concellos de
Curtis y Sobrado (A Coruña) y Friol (Lugo), al que se le ha asignado el
código PEol-371 por su incompatibilidad con el mantenimiento de los
valores ambientales, patrimoniales, socioeconómicos y paisajísticos del
territorio en el que se va a implantar.
2. Paralizar todos los proyectos eólicos en tramitación actualmente para,
en colaboración con la Xunta de Galiza y respetando sus competencias
propias en esta materia, realizar una valoración conjunta del desarrollo
eólico para una planificación adecuada y coordinada del mismo.
3. Elaborar junto con la Xunta de Galiza y respetando sus competencias una
Planificación Eólica conjunta asentada en criterios de proporcionalidad,
racionalidad y equilibrio, que proteja el patrimonio natural y cultural
respetando el desarrollo y mantenimiento de actividades de
aprovechamiento agrículo y forestal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2021.-Néstor Rego
Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo
Parlamentario Plural.
161/002876
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley para el fomento de programas de retención del talento en el
medio rural, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico.
Exposición de motivos
En los últimos 40 años España ha desarrollado una red de universidades
distribuidas en todo el territorio, que ha permitido el acceso a estudios
superiores a millones de estudiantes residentes en provincias que
históricamente habían carecido de esta opción. Una vez acabados los
estudios, estos titulados superiores se afincaban mayoritariamente en sus
lugares de origen, empleando su esfuerzo y talento en el progreso del
medio rural español. Sin embargo, en los últimos 10 años se está
produciendo un cambio de tendencia, consistente en la descapitalización
educativa por la emigración de los jóvenes hacía las grandes capitales.
Esta tendencia ha sido analizada en el estudio de la Universidad Autónoma
de Barcelona, titulado 'Descapitalización Educativa y Segunda Oleada de
Despoblación', que analiza las dinámicas de migración de la población de
25 a 39 años nacida en España que traspasa algún límite autonómico entre
2013 y 2017. Este estudio indica que el 53,8 % de los jóvenes que se
marcha a las grandes urbes tienen estudios universitarios. Madrid se
consolida como el principal receptor de talento, concentrando el 38,7 %
de los movimientos migratorios interregionales de los jóvenes nacionales,
de los cuales un 64,8 % son titulados universitarios.
Por otra parte, el fenómeno de la despoblación no sólo afecta al medio
rural, sino que se extiende a los ámbitos urbanos y cabezas de comarca de
las comunidades autonómicas principalmente rurales, como resalta el
estudio anteriormente mencionado.
En este sentido, los programas de movilidad de estudiantes universitarios
pueden ser de utilidad para generar nuevas oportunidades en el medio
rural español. Estos programas han supuesto un éxito para la formación y
el enriquecimiento personal y cívico de varias generaciones de
estudiantes desde su puesta en marcha, así lo corroboran los programas
ERASMUS Y SÉNECA.
En los últimos tiempos algunas administraciones, en colaboración con la
universidad, han establecido programas para que estudiantes realicen
prácticas en municipios de menos de 3000 habitantes. Este es el caso del
programa Desafío, un proyecto de la Universidad de Zaragoza, que cuenta
con el apoyo de la diputación provincial, y que el Gobierno Autonómico de
Aragón prevé ampliar a toda la comunidad.
Estas iniciativas suponen un importante acicate para la atracción del
talento en las zonas despobladas del país. Generando una atractiva oferta
de actividad en sectores y servicios en estos territorios.
El Gobierno de España pretende impulsar el papel de las universidades como
catalizador de oportunidades en la España rural. Así lo reconoció el
Ministro de Universidades, Manuel Castells, en sus diferentes
comparecencias en el Congreso de los Diputados, al afirmar la importancia
de la institución universitaria para 'frenar la despoblación y
rejuvenecer la composición sociodemográfica' en esos lugares.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a valorar, en colaboración
con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y las
administraciones públicas, el desarrollo de programas de retención de
talento en el medio rural de España, consistentes en la realización de
prácticas universitarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2021.-Roberto García
Morís, Javier Alfonso Cendón, Miguel Ángel González Caballero, Helena
Caballero Gutiérrez, Antidio Fagundez Campo, José Luis Aceves Galindo,
Sandra Guaita Esteruelas, Juan Francisco Serrano Martínez y María Luz
Martínez Seijo, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas
Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002913
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Ricardo Chamorro Delmo, D.ª Mireia Borrás
Pabón, D. Ángel López Maraver, D. Luis Gestoso de Miguel, D.ª Magdalena
Nevado del Campo, D. Francisco José Contreras Peláez y D. Pedro Jesús
Requejo Novoa, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
adopción de un Plan Nacional de prevención, lucha, control y erradicación
del coipú (Myocastor coipus) en España, para su discusión en la Comisión
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Primero. El coipú (Myocastor coipus).
Desde los años 70 España sufre la invasión de una plaga: el coipú
(Myocastor coipus). Se trata de un enorme roedor que alcanza los 60 cm
(aunque puede alcanzar el metro) y que se adapta con gran facilidad a los
ríos, pantanos y lagos, estableciendo su hogar a la orilla de los ríos.
También conocido como rata-nutria, el coipú es un mamífero originario de
América del Sur, que se introdujo en nuestro país a través de ejemplares
escapados de granjas peleteras de Francia 255. En un principio se asentó
en la vertiente atlántica (Cantabria, Guipúzcoa y Navarra) 256, pero a
día de hoy ya está presente en zonas y ríos de Cataluña. En concreto, se
sabe de su asentamiento en la zona del Montseny, en el Parque Natural de
las Marismas del Ampurdán y en las cuencas de los ríos Muga y Fluviá, y
también se ha avistado en el río Ter, con lo que se está expandiendo
hacia el sur 257. Y, según los expertos, se trata
255
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/ieet_mami_myocastor_coipus_tcm30-99838.pdf
256
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/ieet_mami_myocastor_coipus_tcm30-99838.pdf
257
https://www.lavanguardia.com/natural/si-existe/20191006/47788930243/coipu-especies-invasoras-catalunya.html
de una especie exótica invasora (EEI) que está en clara expansión 258 y
que va a permanecer en nuestro territorio 259.
Además, el coipú se encuentra en el listado de las cien especies exóticas
invasoras más dañinas del mundo elaborado por el Grupo Especialista de
Especies Invasoras (GEEI) de la Comisión de Supervivencia de Especies
(CSE) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN) 260.
[**********página con cuadro**********]
[Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 261]
Segundo. Problemas.
El primero de los problemas que causa el coipú (Myocastor coipus) es el
daño a la agricultura, en especial a los cultivos de arroz por su
cercanía a las zonas fluviales. Dado que la alimentación de esta especie
es básicamente herbívora, se infiltra en los cultivos para alimentarse de
hierbas, raíces, rizomas y frutos excavando galerías debajo de los campos
de casi diez metros de longitud, e incluso provocando que se hundan en
numerosas ocasiones 262.
En segundo lugar, el coipú causa un grave perjuicio medioambiental. Por un
lado, daña una amplia gama de plantas y es capaz de producir la extinción
local de éstas. Por otro lado, al alimentarse de la vegetación acuática
reduce la superficie utilizada por las aves acuáticas para la
nidificación y daña zonas de freza de los peces 263. A su vez, el
descenso exagerado de especies hidrófilas puede tener consecuencias en la
extinción local de especies de la avifauna como el avetoro común
(Botaurus stellaris), el aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) o el
bigotudo (Paniurus biarmicus), desplazando, además, a otras especies
autóctonas como la rata de agua.
Por otro lado, el coipú altera los ecosistemas fluviales ya que causa la
degradación de las orillas de los ríos, debido a su hábito escarbador,
afectando al régimen fluvial al acelerar la colmatación del cauce,y
amenazando a los recursos hídricos, destruyendo infraestructuras como los
diques e incrementando el riesgo de inundaciones.
Por último, es una amenaza para la salud pública porque esta especie puede
actuar de reservorio o vector de agentes patógenos para la salud humana y
animal como la duela del hígado (Fasciola hepática), la tenia del zorro
(Echinococcues multiloculares) o diversos tipos de leptospirosis.
258 https://www.club-caza.com/actualidad/actualver.asp?nn=12455
259
https://www.lavanguardia.com/natural/si-existe/20191006/47788930243/coipu-especies-invasoras-catalunya.html
260 http://www.iucngisd.org/gisd/species.php?sc=99
261
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/myocastor_coypus_2013_tcm30-69964.pdf
262
https://www.lavanguardia.com/natural/si-existe/20191006/47788930243/coipu-especies-invasoras-catalunya.html
263
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/myocastor coypus_2013_tcm30-69964.pdf
Tercero. El Catálogo de Especies Exóticas Invasoras (CEEI).
Por todos estos motivos el coipú (Myocastor coipus) está incluido en el
Catálogo de Especies Exóticas Invasoras, dada la grave amenaza que supone
para las especies autóctonas y para el ecosistema español por el alto
riesgo de invasión, además de los importantes perjuicios económicos que
genera a las explotaciones agrarias de cereales y frutales.
No obstante, es necesario poner en marcha un Plan Nacional de prevención,
lucha, control y erradicación del coipú (Myocastor coipus) que, más allá
de su declaración como EEI, contemple medidas concretas para prevenir su
expansión por el resto del territorio y para combatir su actual presencia
en España.
Así pues, dado que la invasión del coipú (Myocastor coipus) es
especialmente problemática para el medioambiente español porque compite
con la fauna autóctona, coloniza amplias zonas y provoca daños económicos
a los agricultores es fundamental que se adopten las medidas que sean
necesarias para erradicar esta especie animal que está dañando gravemente
nuestro ecosistema.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Promover un Plan Nacional específico de protección del ecosistema
español frente a la invasión del coipú (Myocastor coipus).
- Promover un Programa Nacional de Erradicación o Control del coipú
(Myocastor coipus) con las Comunidades Autónomas adoptando medidas
urgentes tendentes a impedir de manera eficaz su propagación al resto del
territorio nacional.
- Reforzar el sistema de control de las vías ilegales de comercialización
de esta especie animal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2021.-Ricardo
Chamorro Delmo, Mireia Borrás Pabón, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de
Miguel, María Magdalena Nevado del Campo, Francisco José Contreras Peláez
y Pedro Jesús Requejo Novoa, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz
del Grupo Parlamentario VOX.
161/002921
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque
Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la recuperación del
humedal de San Lázaro en Noia, para su debate en la Comisión de
Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos.
La evolución urbanística del municipio de Noia durante las décadas de los
años 80 y 90 y la necesidad de mejora de la dotación de instalaciones
públicas deportivas supuso que, en el barrio de San Lázaro, se acometiera
el relleno y posterior construcción sobre zonas húmedas. Así, se
aprovecharon estos espacios ganados al humedal para la construcción del
estadio municipal, el cual, en la actualidad, es empleado para la
actividad deportiva por los clubes municipales de fútbol y atletismo.
En las inmediaciones del estadio municipal se encuentra un paseo fluvial
que cada vez tiene una mayor afluencia de personas que pasean por él.
Este hecho se suma a los centenares de personas que hacen uso de las
instalaciones deportivas. Cabe señalar, además, que es en estas
inmediaciones donde se plantea construir el futuro centro de salud del
municipio, que dará servicio a unas 33.000 personas en toda la comarca.
Sin embargo, a pesar de su uso creciente y de su gran potencial, las
inmediaciones del estadio municipal se encuentran en un estado total de
abandono. Mención especial merece el antiguo campo de entrenamiento de
tierra, actualmente en desuso, que se encuentra totalmente degradado.
Varias son las actuaciones precisas para la puesta en valor de esta zona
húmeda, pero deben partir siempre de un enfoque integral que permita el
aprovechamiento del terreno y la mejora de las infraestructuras, al
tiempo que se regenera el humedal tanto ambiental como paisajísticamente.
El hecho de la futura instalación de un centro de salud en este espacio
hace necesario la ubicación de un helipuerto en la zona, que también
podría ser aprovechado para usos más allá de los sanitarios. En la
práctica, esta zona ya está siendo utilizada como helipuerto de
emergencias, por lo que convendría estudiar la posibilidad de adaptar el
terreno a esta necesidad.
En todo caso, de establecerse en la zona, debería tratarse de un
helipuerto sostenible, realizado con técnicas que tengan una mínima
repercusión en el entorno. Además, conviene tener en cuenta la necesidad
de que la regeneración del espacio tenga en cuenta favorecer la
accesibilidad tanto del futuro espacio sanitario como al estadio
municipal.
El bombeo de saneamiento de aguas de este municipio denominado 'estadio'
por ubicarse en este lugar, es uno de los más problemáticos del
ayuntamiento. Esta realidad es constatada por el reciente 'Plan director
de saneamiento de Noia', en el que se recoge textualmente que 'en el
bombeo de Estadio los colectores de entrada se encuentran permanentemente
en carga, con mucha suciedad y sólidos gruesos, que causan atascos en las
bombas e impiden su funcionamiento'. Por esta razón, prosigue el
documento, 'se vierten directamente las aguas residuales que llegan a
este bombeo por su aliviadero sobre el Rego de Tallara'. Resulta
evidente, por lo tanto, que las actuaciones que se lleven a cabo deben
ser dar una solución a los serios problemas del saneamiento de aguas en
la zona.
Además de esto, cabe la posibilidad de hacer de la necesidad virtud y,
aprovechando las características de esta zona, estudiar las posibilidades
de implementar técnicas de fitorremediación para la mejora de la calidad
de las aguas. Existe bibliografía científica en abundancia que constata
el hecho de que los humedales son sistemas pasivos de depuración que
potencian la descomposición de los materiales que se encuentran en las
aguas residuales mediante mecanismos que se dan de forma espontánea en la
naturaleza, tanto a nivel fisicoquímico como biológico. La combinación de
las características innatas del terreno con mejoras artificiales hace que
este lugar sea potencialmente idóneo para la implementación de este tipo
de técnicas naturales de depuración de aguas, así como para el estudio de
las capacidades reales de dichos métodos.
En cualquier caso, resulta imprescindible actuar en las inmediaciones del
estadio municipal de San Lázaro, en Noia, para atajar el estado actual de
degradación. Tanto el actual paseo fluvial, el campo de fútbol
abandonado, como el resto del terreno ganado a la zona húmeda deben ser
objeto de una regeneración ambiental y paisajística que se combine, a su
vez, con aquellos usos deportivos y de ocio que sean respetuosos con el
entorno.
En este sentido debe recordarse que el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico ha establecido como una prioridad de su
acción de gobierno la recuperación de zonas húmedas, objetivo alineado
con las políticas europeas de biodiversidad. La Estrategia 2030 de la UE
sobre Biodiversidad especifica la obligación de los países europeos de
mejorar al menos el 30 % de los hábitats y especies en peor estado de
conservación, entre los que se incluyen los de las zonas húmedas.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Incluir la realización de un proyecto de regeneración paisajística y
ambiental en las inmediaciones del estadio municipal de San Lázaro en
Noia y su posterior ejecución dentro de la planificación establecida como
prioritaria por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico de emprender la restauración progresiva de todas las zonas
húmedas para que puedan recuperar la estructura y funciones perdidas por
la acción humana.
2. Contemplar en el proyecto de recuperación paisajística y ambiental en
las inmediaciones del estadio municipal de San Lázaro en Noia la mejora
del actual paseo fluvial y la regeneración del campo de fútbol
actualmente abandonado, teniendo en cuenta la posible combinación en la
actuación con otros usos respetuosos con el entorno.
3. Valorar el desarrollo de técnicas de depuración de aguas mediante
fitorremediación en las inmediaciones del estadio municipal de San Lázaro
en Noia, aprovechando las características adecuadas de las zonas húmedas
para este tipo de técnicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2021.-Néstor Rego
Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
161/002927
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Mireia Borrás Pabón, D. Luis Gestoso de
Miguel, D. Ángel López Maraver, D. Pedro Requejo Novoa, D. Francisco José
Contreras Peláez, D.ª María Magdalena Nevado del Campo, D. Ricardo
Chamorro Delmo y D.ª Patricia de las Heras Fernández, en sus respectivas
condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
Proposición no de Ley para adoptar medidas que ordenen y planifiquen la
implantación de energías renovables en España, para su discusión en la
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Primero. De la transición energética.
La Comisión Europea tiene como objetivo llegar climáticamente neutra a
mediados de siglo, en consonancia con el objetivo firmado en el Acuerdo
de París 264 de contener el incremento de la temperatura global
preferiblemente en 1,5 oC en comparación con los niveles preindustriales.
Para ello, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición
energética prevé alcanzar en el año 2030 al menos el 74 % de la
generación eléctrica proveniente de fuentes inagotables y conseguir en
2050 la descarbonización del sistema eléctrico con base en la generación
de energía exclusivamente renovable 265.
La transición energética prevé que se movilicen en España más de 200.000
millones de euros en inversión a lo largo de la próxima década, que el
Producto Interior Bruto (PIB) se incremente anualmente entre 16.500 y
25.700 millones al año, y que el empleo neto aumente entre 250.000 y
350.000 personas al final del periodo 266.
Segundo. Un modelo renovable a gran escala.
Uno de los grandes activos de España es la luz solar, de la que
disfrutamos 2.600 horas anuales de media. Esto nos ofrece la oportunidad
de aprovechar la irradiación solar para el desarrollo de la energía
fotovoltaica dentro de un equilibrio que garantice la energía a un precio
competitivo.
Según los últimos datos proporcionados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), nuestro país presenta una dependencia energética del
exterior de un 74 %. En este sentido, España solo produce un tercio del
total de la energía consumida. El desarrollo de las energías renovables
y, particularmente, la fotovoltaica, nos acerca a la soberanía
energética. Por tanto, es necesario el aprovechamiento de un recurso
ilimitado del que disponemos y que nos ayuda a perseguir la
autosuficiencia energética sobre las bases de una energía barata,
sostenible, eficiente y limpia.
Sin embargo, cualquier desarrollo requiere de un plan ordenado para que no
se produzcan impactos negativos medioambientales, paisajísticos o
sociales.
264 El Acuerdo de París es un tratado internacional sobre el cambio
climático jurídicamente vinculante. Fue adoptado por 196 Partes en la
COP21 en París, el 12 de diciembre de 2015 y entró en vigor el 4 de
noviembre de 2016. Recuperado de:
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris
265 Artículo 3.1.c) y 3.2 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio
climático y transición energética. Recuperado de:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
266 Cuarto párrafo del punto III del Preámbulo de la Ley 7/2021, de 20 de
mayo, de cambio climático y transición energética. Recuperado de:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
Tercero. Del impacto visual.
A finales del año 2020 España ya contaba con la inscripción definitiva de
noventa y nueve grandes instalaciones de generación fotovoltaica (que
representan un total de 5.489 MW), de las cuales seis son megaparques de
más de 100 MW.
En la península se ubican también dos de los parques fotovoltaicos más
grandes de Europa: la megaplanta Núñez de Balboa, ubicada en Usagre
(Badajoz), de 500 megavatios, que ocupa unas 1000 hectáreas 267; y la de
Mula (Murcia), de 495 megavatios, de similares proporciones. Si juntamos
las diez mayores plantas fotovoltaicas situadas en nuestro territorio
ocuparían cerca de 8.300 campos de fútbol 268. Si miramos al resto de
Europa continental, solo podremos encontrar una planta francesa de 300
megavatios.
Los fondos internacionales y multinacionales se han lanzado a la conquista
de la energía solar y en los próximos años podremos observar una
tendencia acelerada de instalaciones de paneles solares cuyas dimensiones
van a transformar profundamente el paisaje. Ya se está construyendo la
planta Francisco Pizarra entre Torrecillas de la Tiesa y Aldeacentenera
(Cáceres), que tendrá 590 megavatios de potencia y ocupará 1.300
hectáreas, o el complejo fotovoltaico de nueve centrales en Escatrón
(Zaragoza), que constituye un total de 420 megavatios y ocupa 1.400
hectáreas. En Guadahortuna (Granada) se construye un macroparque de 375
megavatios que requerirá 1.080 hectáreas y que tendrá 1,1 millones de
paneles fotovoltaicos 269.
Si tenemos en cuenta que cada megavatio de potencia viene a ocupar por
término medio unas dos hectáreas, no es difícil imaginar un paisaje
español lleno de placas solares muy similar a lo que vemos en la
siguiente imagen.
[**********página con cuadro**********]
Imagen: Planta fotovoltaica construida en Mula (Murcia) 270
Esta cuestión exige llevar a cabo un estudio minucioso del impacto
paisajístico para adoptar medidas dirigidas a proteger, planificar y
gestionar los paisajes, tal y como se comprometió el Gobierno de España
cuando el 26 de noviembre de 2007 ratificó el Convenio Europeo del
Paisaje 271. Lo contrario, no solo perjudicaría al turismo, sino que
afectaría a la decisión de todas aquellas personas que, gracias a la
digitalización y al desarrollo del teletrabajo, valorasen el retorno de
la ciudad al campo.
267 Núñez de Balboa ocupa una extensión equivalente a 1500 campos de
fútbol.
268 ROSELL, J. (1/5/21). Fiebre renovable: las diez mayores plantas
fotovoltaicas en España ocupan casi 8.300 campos de fútbol.
269 DÍAZ, R. (10/5/21). España, invadida por macroparques solares. Verde y
Azul Diario Infonnación. Recuperado de:
https://verdeyazul.diarioinformacion.com/espana-invadida-por-macroparquessolares.html
270 Imagen recuperada de:
https://autosolar.es/blog/noticias-nacionales/la-planta-fotovoltaica-mas-grande-de-europa-esta-en-espana
271 GOBIERNO DE ESPAÑA. Convenio Europeo del Paisaje. Recuperado de:
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/planes-y-estrategias/desarrollo-territorial/convenio.aspx
Cuarto. Impacto medioambiental.
1. Ocupación de entornos paisajísticos valiosos.
Al problema de los macroparques, se suma que estamos asistiendo al anuncio
de parques en entornos paisajísticos valiosos para las regiones como en
la superficie del volcán de La Arzollosa declarada Monumento Natural 272
(en Piedrabuena, provincia de Ciudad Real), donde la respuesta ciudadana
no ha tardado en manifestarse.
2. Daños sobre la biodiversidad.
En los próximos años, las especies animales y vegetales verán reducidas
sus áreas de distribución de forma drástica, provocando que algunos
grupos faunisticos que ya se enfrentan a situaciones críticas, no puedan
sobrevivir. Los paneles solares, subestaciones y tendidos eléctricos
pueden hacer un daño irreparable a las aves esteparias como la perdiz,
codorniz, avutarda, cernícalo primilla, alondra ricotí, sisón 273 o, en
definitiva, especies habituales en los campos de cereales de secano donde
se van a instalar la mayoría de los parques.
En último término, la pérdida de biodiversidad tendrá como consecuencia un
efecto negativo sobre nuestra salud. Por ello, la planificación del
desarrollo de la energía fotovoltaica en España debe contemplar la
protección edáfica 274.
Quinto. Impacto rural-social.
Las instalaciones renovables también producen la ocupación de terrenos
agrícolas. España, que es deficitaria en producción de cereales, se verá
abocada a incrementar la importación de estos mientras se agota el suelo
cultivable en sectores productivos sostenibles.
El suelo cobra un valor que puede alcanzar los 1700 euros por hectárea al
año, que pagan las eléctricas expulsando del mercado a los jóvenes
agricultores que no pueden acceder a la tierra a ese precio. Como
consecuencia, acaban con la contribución del sector primario al
desarrollo rural, la lucha contra la despoblación y la conservación de
espacios naturales. Por esta razón es imperativo analizar los efectos
reales sobre la población local, el reparto de costes y beneficios de las
instalaciones sobre el medio rural, así como el modo de preservación de
agrosistemas de extensivo, y limitar las zonas en las que se permita el
establecimiento de parques solares.
Sexto. De las dificultades técnicas.
La burbuja de las renovables crece a un ritmo superior al de la capacidad
de la red de alta tensión desde las zonas de generación hacia las zonas
de consumo: el Informe sobre la propuesta de planificación de la red de
transporte de energía eléctrica para el periodo 2021- 2026 elaborado por
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 275, prevé
que a finales del periodo la potencia instalada alcance los 73.022
megavatios, cantidad insuficiente 276 para absorber los 65.985 que ya
tienen permiso para conectarse, tal y como se observa en el siguiente
gráfico 277.
272 AVILÉS, A. (9/2/20). Fotovoltaicas vs paisaje; dos casos para el
debate. El Diario. Recuperado de:
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/fotovoltaicas-vs-paisaje-casos-debate_1_1142956.html
273 MANIFIESTO ALIENTE (febrero 2021). Por una transición energética a las
renovables que garantice la conservación de la biodiversidad. Recuperado
de: https://aliente.net/manifiesto-aliente/
274 LOSA, J.L. (20/02/21). La Junta retira su mapa de parques solares de
Andalucía tras la presión de los inversores. El Confidencial. Recuperado
de: https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2021-02-
20/junta-retira-roa pa-parques-solares-andalucia _2959336/
275 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de
Planificación de la red de transporte de energía eléctrica para el
periodo 2021-2026 y su estudio ambiental estratégico. Recuperado de:
https://www.cnmc.es/sites/default/files/3538650_1.pdf
276 Actualmente se encuentran en servicio 24.159 MW.
277 Imagen de Público, recuperada de:
https://www.publico.es/economia/hincha-burbuja-renovablestercios-potencia-proyectada-no-red.html
[**********página con cuadro**********]
La presión en media y baja tensión es algo menor, no obstante, la potencia
autorizada (que no ha comenzado a ser operada) supera a la operativa.
A esta cuestión se suma que el sistema de Red Eléctrica de España no es en
malla sino radial. Esto supondrá que se supedite el terreno destinado a
plantas fotovoltaicas a los nudos y centros de conexión prestablecidos.
Durante el próximo lustro las inversiones en ampliaciones de la red
ascenderán a 5.629 millones de euros a cargo del recibo de la luz,
cantidad que se suma a los 1.039 millones para mejorar los trasvases con
los países vecinos (Andorra, Francia, Portugal y Marruecos).
Séptimo. De la generación distribuida y el autoconsumo.
Las fuentes de energía inagotables nos brindan la oportunidad de aplicar
el concepto de 'kilómetro cero' a un modelo energético sostenible y
generador de empleo y riqueza a nivel local.
La generación distribuida, también conocida como generación in situ,
generación embebida, generación descentralizada, generación dispersa o
energía distribuida, consiste en la generación de energía eléctrica por
medio de pequeñas fuentes de energía en lugares lo más próximos posibles
a las cargas. Es importante que la producción se encuentre cerca del
lugar de consumo en tanto que reduce las pérdidas de la red -al reducirse
los flujos de energía por la misma- y su energía vertida no revierte
flujos hacia la red de transporte. El modelo disminuye el impacto
ambiental por la misma reducción de tendidos eléctricos, permitiendo el
ahorro de costosas líneas de distribución.
La generación distribuida propicia la aparición de pequeñas empresas que
crean empleo y fijan población, a diferencia de las grandes plantas que
generan empleo únicamente durante unos pocos meses. Del mismo modo, este
modelo evita la proliferación de plantas cuyo exceso supone una
degradación ambiental y paisajística.
Por todo ello, debe priorizarse la generación distribuida. En este
sentido, consideramos necesario limitar la potencia instalada al doble de
la demanda energética que la población de la zona pueda requerir,
primando el autoconsumo. Ello nos llevaría a regular instalaciones más
pequeñas y asimilables, con una implantación más lenta que permita
realmente crear pymes de instaladores que generen empleo de calidad en
toda la España despoblada.
Octavo. De los usos del suelo para las energías renovables.
En Alemania, las plantas fotovoltaicas tienen limitada su instalación
reservando los suelos agrícolas y ganaderos para su uso tradicional:
producir alimentos. Siguiendo esta filosofía, consideramos necesario
que solo se establezcan plantas fotovoltaicas sobre suelos destinados
tradicionalmente al uso agrícola o ganadero para instalaciones de hasta
250 KW, con el objeto de satisfacer la demanda eléctrica de las propias
instalaciones donde se construyan.
Además, deberán tener prioridad en la conexión a red las instalaciones
fotovoltaicas sobre tejados y suelos degradados o inservibles para otros
usos, como vertederos colmatados, antiguas canteras o minas a cielo
abierto, bases militares fuera de uso, terrenos industriales en desuso o
márgenes de autopistas, autovías o vías ferroviarias hasta un ancho
máximo de 110 metros por ambos lados.
Noveno. Del acceso a la red de instalaciones eólicas y fotovoltaicas de
menos de 150 kW asociadas a instalaciones agrícolas y ganaderas.
Asimismo, consideramos positivo fomentar el acceso a la red de
instalaciones eólicas y fotovoltaicas de menos de 150 kW, más respetuosas
con el medio natural y paisajístico en el que se establezcan. Estas
plantas contribuirían a obtener un equilibrio energético más
descarbonizado. Particularmente, la promoción del acceso a la red de
pequeñas instalaciones asociadas a instalaciones agrícolas y ganaderas
permitiría incrementar la rentabilidad del sector primario, generaría
industria local, fijaría población y crearía empleo.
Por ello, el Gobierno debe establecer medidas técnicas que permitan el
acceso a la red de instalaciones eólicas y fotovoltaicas de menos de 150
kW, incluidas las asociadas a instalaciones agrícolas y ganaderas en
zonas consideradas en situación de emergencia poblacional, garantizando
un punto de acceso a red para volcar excedentes de generación y para
poder abastecerse de energía eléctrica en momentos de baja generación.
Dicho acceso deberá facilitarse, por parte de la compañía distribuidora,
en el mínimo nivel de tensión posible, de tal forma que se garantice la
seguridad del sistema y la menor inversión posible para la instalación
agrícola-ganadera. Asimismo, deberán establecerse ayudas directas a la
instalación de paneles fotovoltaicos o aerogeneradores con potencias
inferiores a 150 kW asociados a instalaciones agrícolas o ganaderas en
esas mismas zonas para instalaciones desconectadas a la red.
Décimo. Conclusiones.
En España asistimos a la multiplicación de macroproyectos de energías
renovables siguiendo un camino contrario al que ha tomado el resto de
Europa, donde se fomentan los parques de mediano y pequeño tamaño.
Sus efectos negativos a nivel rural, social, medioambiental y visual nos
llevan a rechazar el gigantismo eólico-fotovoltaico, que también tiene un
coste sobre la salud y el turismo. Defendemos un modelo de plantas más
pequeñas orientadas a la generación distribuida, que creen empleo local y
minimicen el daño al entorno natural y estético. Nuestro ecologismo tiene
una inspiración conservacionista: queremos preservar no sólo el clima
templado (en lo que España tiene pequeñísima incidencia), sino también el
paisaje, la actividad agropecuaria y el modo de vida tradicional del
mundo rural. Esta sería una forma eficaz de lucha contra la despoblación.
También consideramos que el modelo de gestión energética debe considerar
las particularidades de la tecnología de generación. Por lo tanto,
solicitamos al Gobierno un modelo reflexionado, evaluado y planificado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Priorizar la generación distribuida, limitando la potencia instalada al
doble de la demanda energética que la población de la zona pueda
requerir, y primar el autoconsumo.
2. Priorizar en la conexión a red las instalaciones fotovoltaicas que se
instalen sobre tejados y suelos degradados o inservibles para otros usos,
como vertederos colmatados, antiguas canteras o minas a cielo abierto,
bases militares fuera de uso, terrenos industriales en desuso o márgenes
de autopistas, autovías o vías ferroviarias hasta un ancho máximo de 110
metros por ambos lados.
3. Limitar los usos del suelo para las energías renovables de modo que las
plantas fotovoltaicas que se instalen sobre suelos destinados
tradicionalmente al uso agrícola o ganadero tengan una potencia máxima
instalada de 250 kW, con el objeto de satisfacer la demanda eléctrica de
las propias instalaciones donde se instalen.
4. Establecer medidas técnicas que permitan el acceso a la red de
instalaciones eólicas y fotovoltaicas de menos de 150 kW, incluidas las
asociadas a instalaciones agrícolas y ganaderas en zonas consideradas en
situación de emergencia poblacional, garantizando un punto de acceso a
red para volcar excedentes de generación y poder abastecerse de energía
eléctrica en momentos de baja generación. Dicho acceso deberá facilitarse
por parte de la compañía distribuidora en el mínimo nivel de tensión
posible, de tal forma que se garantice la seguridad del sistema y la
menor inversión posible para la instalación agrícola-ganadera. Asimismo,
deberán establecerse ayudas directas a la instalación de paneles
fotovoltaicos o aerogeneradores con potencias inferiores a 150 kW
asociados a instalaciones agrícolas o ganaderas en esas mismas zonas para
instalaciones desconectadas a la red.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2021.-Mireia Borrás
Pabón, Luis Gestoso de Miguel, Ángel López Maraver, Pedro Jesús Requejo
Novoa, Francisco José Contreras Peláez, María Magdalena Nevado del Campo,
Ricardo Chamorro Delmo y Patricia de las Heras Fernández,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002932
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque
Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley para la puesta en marcha de
un Plan de actuación que fije las bases de una transición justa en el
sector de los carburantes y biocarburantes, para su debate en la Comisión
de Transición justa y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
En el actual proceso de descarbonización de la economía con la aplicación
del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) y la
aprobación de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y
transición energética, son muchos los retos, amenazas e incógnitas que
surgen en muchos sectores laborales e industriales.
El principal riesgo se deriva de la puesta en marcha de este proceso de
sin ningún tipo de transición social justa, sin alternativas de
reindustrialización y creación de puestos de trabajo.
El impulso de la necesaria transición energética parece que está abocando
a muchos sectores, como es el caso del sector de los carburantes y
biocarburantes que cuenta con un importante peso en Galiza, a la casi
total desaparición y sufrir un período de destrucción de empleo, pues
muchas de esas industrias están quedando excluidas del cambio energético
verde. Al no apostarse por una continuidad dentro de parámetros
sostenibles y se pone en riesgo su futuro y peso industrial.
Así por ejemplo, en el momento actual ven amenazada su continuidad
distintas empresas dedicadas al sector de los carburantes en Galiza y su
desaparición supondría la pérdida de más de mil puestos de trabajo tanto
directos como indirectos. En esta situación se encuentra la planta de
Repsol Petróleo, S.A. en A Coruña que ocupa a 730 personas de forma
directa y sirve para el mantenimiento de otros 200 puestos indirectos. Lo
mismo ocurre con Masol Iberia Biodiesel en Ferrol que mantiene 54 puesto
directos y 20 indirectos, o con Vertex Bioenergy en Curtís, con 80
empleos directos y unos 20 indirectos.
A pesar de la gravedad de la situación descrita puede constatarse la
inexistencia de políticas públicas, tanto por parte del Gobierno del
Estado como de la Xunta de Galiza, para dar continuidad a los puestos de
trabajo en este sector y garantizar su reindustrialización.
Por todo ello el BNG considera imprescindible que se acometa un Plan de
actuación en este sector que permita la transformación de las refinerías
y su transición hacia la utilización de biocombustibles. El diseño de
este plan debe contar, necesariamente con la participación de las
centrales sindicales más representativas y del resto de agentes
implicados y debe contemplar las medidas para lograr la transición del
sector, el uso de materias primas sostenibles, la generación de sinergias
con otras industrias, así como una apuesta por los biocombustibles como
combustibles de transición en la movilidad hasta que se alcancen los
objetivos marcados por la movilidad eléctrica.
Además deben realizarse las reformas legales y reglamentarias necesarias
que permitan condicionar la prestación de ayudas públicas y la concesión
de autorizaciones, concesiones y adjudicaciones de MW sólo a aquellas
empresas del sector afectado que garanticen la continuidad del empleo.
El sector de carburantes y biocarburantes de gran peso en Galiza puede
quedar fuera del cambio energético verde poniendo en riesgo su futuro y
los empleos directos e indirectos que ahora sostiene si no se ponen
marcha medidas para garantizar una transición justa.
Es urgente por lo tanto constituir una mesa de trabajo en este sector en
la que abordar las medidas a adoptar que impidan que la reconversión se
convierta en una verdadera demolición, evitando que se reproduzca lo que
está sucediendo en As Pontes o Meirama o en otros sectores industriales
de Galiza, donde se impulsan cambios en el modelo energético sin formular
alternativas.
Es precisamente la falta de políticas públicas la que permite que sean las
empresas las que dirijan el proceso de transición en función de sus
propios intereses, sin asumir responsabilidades y sin preocuparse por la
destrucción de puestos de trabajo. La transición energética debe
impulsarse decididamente, pero ello no puede suponer la destrucción de
miles de puestos de trabajo y llevar a comarcas enteras a una
desertización industrial.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Aprobar en el plazo de tres meses, respetando en todo caso las
competencias de las Comunidades autónomas, un Plan de actuación
encaminado a fijar las bases de una transición justa en el sector de los
carburantes y biocarburantes en el que se contará con la participación de
todas las organizaciones sindicales que tienen la consideración legal de
más representativas y demás agentes sociales.
2. Incluir dentro de ese Plan las previsiones y medidas necesarias para la
transformación de las refinerías en biorrefinerias, así como la
transición hacia los biocombustibles de segunda generación con materias
primas sostenibles buscando las sinergias con otras industrias para la
elaboración de subproductos.
3. Apostar por el biocombustible como combustible de transición en la
movilidad hasta que se alcancen los objetivos marcados para la movilidad
eléctrica.
4. Condicionar el acceso a fondos públicos, así como la autorización,
concesión y adjudicación de MW a las empresas afectadas de este sector al
mantenimiento de actividad y la garantía de la continuidad del empleo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2021.-Néstor Rego
Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
161/002939
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Ricardo Chamorro Delmo, D.ª Mireia Borrás
Pabón, D. Ángel López Maraver, D. Luis Gestoso de Miguel, D.ª. Magdalena
Nevado del Campo, D. Francisco José Contreras Peláez y D. Pedro Jesús
Requejo Novoa, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
adopción de un Plan Nacional de prevención, lucha, control y erradicación
de la almeja de río asiática (Corbicula fluminea) en España, para su
discusión en la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
Exposición de motivos
Primero. La almeja de río asiática (Corbicula fluminea).
Desde los años 80 España sufre la invasión de la almeja de río asiática
(Corbicula fluminea), una plaga que ha colonizado casi todas las cuencas
y demarcaciones hidrográficas españolas 278 y que pone en riesgo tanto el
ecosistema acuático, principalmente de agua dulce, como numerosas obras e
infraestructuras hidráulicas, embarcaciones, abastecimientos urbanos,
agrícolas e industriales o desagües, compuertas o redes de riego, así
como la economía de determinadas zonas.
Se tiene constancia de esta especie exótica invasora (EEI) desde 1981 279
y es originaria del sur y este de Asia (Rusia, China, Tailandia,
Filipinas, Taiwán, Corea y Japón), de Oceanía (Australia) y de África
280. No obstante, ya se conoce de su invasión, colonización y graves
daños en todo el continente americano y en Europa (Francia, Gran Bretaña,
Países Bajos, Suiza o Rumanía). Por nuestra parte, en España se encuentra
distribuida por casi todas las cuencas hidrográficas, aunque destaca su
presencia en los ríos Miño, Duero, Guadiana y Ebro. Por ejemplo, en este
último río ya ha alcanzado a catorce de sus afluentes y está presente en
La Rioja, Aragón y Cataluña 281.
La introducción de la almeja de río asiática en los distintos países ha
sido tanto de forma accidental, a través de agua de lastre de barcos de
carga, como de forma intencionada con fines gastronómicos, de recreo como
cebo para pesca deportiva o en la acuariofilia; y su propagación de unas
masas de agua a otras se puede deber a su traslado a través de las
embarcaciones y de las corrientes, y a la falta de medidas adecuadas para
combatirla eficazmente por parte de las diferentes Administraciones
Públicas.
Segundo. Características de la almeja de río asiática.
La almeja de río asiática es un molusco de unos 2,5 cm de largo y hasta un
máximo de 4-5 cm que presenta una concha sólida y robusta, de forma
triangular y caracterizada por sus estrías concéntricas y su coloración
verdosa o amarilla con manchas oscuras 282.
Además, no debe confundirse con la almeja marina asiática (Potamocorbula
amurensis), una importante EEI que se encuentra en el listado de las cien
especies exóticas invasoras más dañinas del mundo elaborado por el Grupo
Especialista de Especies Invasoras (GEEI) de la Comisión de Supervivencia
de Especies (CSE) de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), 283 y en el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras
(CEEI) 284.
La almeja de río asiática es también una especie muy prolífica pudiendo
liberar más de 100.000 larvas a lo largo de su vida, por lo que suele
alcanzar altas densidades poblacionales y ocasionar biofouling
('acumulación y adherencia sobre una superficie sumergida o en contacto
con agua' 285 ). Por ejemplo, en los muestreos que realizó la
Confederación Hidrográfica del Ebro se encontraron concentraciones de
almeja de río asiática de entre 150-200 ejemplares por medio metro
cuadrado 286, aunque se sabe que forma colonias de 20.000 ejemplares por
metro cuadrado 287.
Así pues, su alto potencial invasor es un peligro para los ecosistemas
acuáticos, ya que las concentraciones de almeja de río asiática son tan
enormes que acaban con las especies autóctonas dejándolas sin espacio ni
alimento 288.
278
https://www.chsegura.es/export/sites/chs/descargas/cuenca/seg:uraripisilvanatura/docsdescarg:a/14.PRESENTACIoN-ALMEJA-ASIATICA-2015-01-28.pdf
279 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-
especies/corbicula flumineaa 2013 tcm30-69868.pdf
280
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/corbicula flumineaa 2013 tcm30-69868.pdf
281
https://www.abc.es/espana/aragon/abci-invasion-almeja-asiatica-llegado-14-afluentes-ebro- 202009291916 noticia.html?ref=https://www.google.com
282 https://www.paleoymas.com/almeja-asiatica-invasora-poco-conocida/
283 http://www.iucngisd.org/gisd/species.php?sc=99
284 https ://www.boe.es/buscar/act.php?id =BOE-A-2013-8565
285 https ://biofou ling.unican.es/
286 https://www.abc.es/espana/aragon/abci-invasion-a
lmeja-asiatica-llegado-14-afluentes-ebro- 202009291916 noticia
.html?ref=h ttps://www.google.com
287 https://www.chguadalquivir.es/almeja-asiatica
288
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2019/07/18/la-almeja-asiatica-se-suma-a-la-lista-de-las-especies-invasoras-que-mas-preocupan-1325832.html?autoref=true
Tercero. Problemas.
El primero de los problemas que provoca, por tanto, es el impacto
ecológico por la alteración de la cadena trófica debido al desplazamiento
de bivalvos nativos como la Margaritifera auricularia 289 , con los que
compite por el espacio y los recursos alimenticios 290. Además, por sus
características biológicas produce una gran transformación del ecosistema
acuático, y por su gran capacidad invasora afecta a todo tipo de especies
(invertebrados, peces, anfibios, aves).
La almeja de río asiática también origina unos daños cuantiosos, dado que
su rápida propagación provoca la obstrucción de embarcaciones, acequias,
infraestructuras hidráulicas y agrícolas, sistemas de regadío y
abastecimiento de agua, así como de las Cuencas Hidrográficas.
Finalmente, tampoco puede olvidarse que se trata de una plaga con un serio
riesgo de salud pública ya que, por su constante e intensa filtración,
purga el agua demasiado y acaba provocando que se desarrollen más algas y
plantas acuáticas con las enfermedades que ello conlleva; y también
porque cuando obstruye canales de abastecimiento hídrico puede transmitir
enfermedades a los humanos.
Cuarto. El Catálogo de Especies Exóticas Invasoras (CEEI).
La almeja de río asiática (Corbicula fluminea) se encuentra incluida en el
Catálogo de Especies Exóticas Invasoras (CEEI) 291 debido a la grave
amenaza que supone para las especies autóctonas y para el ecosistema
fluvial español, además de los importantes perjuicios económicos que
genera.
No obstante, más allá de sondeos puntuales como los realizados en los ríos
Ebrols 292 293 y Guadiana 294, que ya se han quedado anticuados, las
Administraciones Públicas españolas no han prestado ni la atención ni las
soluciones adecuadas a este problema que tiene importantes consecuencias
económicas para el ecosistema y de salud pública. Tampoco se han
propuesto medidas coordinadas entre administraciones, máxime cuando es
una especie que se distribuye a lo largo de los ríos.
Quinto. El Estudio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG).
Como se ha mencionado, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG)
realizó un Estudio sobre la presencia de la almeja asiática (Corbicula
fluminea) en la cuenca hidrográfica del río Guadiana en el año 2009 295,
en el que expusieron algunas conclusiones y recomendaciones para combatir
la presencia y expansión de esta EEI por este río.
Aunque este Estudio se ha quedado anticuado porque no se han adoptado las
recomendaciones contempladas y, consecuentemente, la almeja asiática se
ha expandido aprovechando la falta de soluciones, en él se contemplan,
entre otras, las siguientes medidas:
- Desarrollar nuevos protocolos que obliguen a la desinfección de todo el
material usado en los muestreos de campo y otros trabajos científicos ya
que este material puede actuar como vector de transporte de larvas hacia
masas no contaminadas en la actualidad.
- Valorar la posibilidad de construir instalaciones de desinfección de
embarcaciones similares a las que existen actualmente en la cuenca
hidrográfica del Ebro en relación al control de la dispersión de mejillón
cebra (Dreissena polymorpha).
- Efectuar un seguimiento periódico de la dispersión de la especie
mediante campañas de prospección.
- Hacer un estudio exhaustivo de los lugares infestados para concretar los
impactos económicos que existen en la actualidad o bien puedan producirse
en un futuro cercano.
289
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2019/07/18/la-almeja-asiatica-se-suma-a-la-lista-de-las-especies-invasoras-que-mas-preocupan-1325832.html?autoref=true
290 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-
especies/corbicula flumineaa 2013 tcm30-69868.pdf
291 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-8565
292
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2019/07/18/la-almeja-asiatica-se-suma-a-la-lista-de-las-especies-invasoras-que-mas-preocupan-1325832.html?autoref=true
293
https://www.iagua.es/noticias/confederacion-hidrografica-ebro/che-inicia-segunda-campana muestreos-almeja-asiatica
294 https://www.chguadiana.es/sites/default/files/2018-01/Estudio sobre la
presencia de la almeja asiatica%28Corbicula fluminea%29 en la Cuenca
Hidrografica del rio Guadiana y nuevos datos sobre nayades
autoctonas.0.pdf
295 https://www.chguadiana.es/sites/default/files/2018-01/Estudio sobre la
presencia de la almeja asiatica%28Corbicula fluminea%29 en la Cuenca
Hidrografica del rio Guadiana y nuevos datos sobre nayades
autoctonas.0.pdf
- Elaborar campañas de comunicación que den a conocer a la opinión pública
la existencia de estas EEI y los problemas que causan al ecosistema.
Sexto. Conclusiones.
Por todos estos motivos es fundamental adoptar un Plan Nacional de
prevención, lucha, control y erradicación de la almeja de río asiática
(Corbicula fluminea) que incida en la detección de colonias, la
destrucción de valvas y la optimización de los tratamientos de control
para prevenir su expansión por el resto del territorio, así como combatir
su actual presencia en España. Además, es precisa una estrategia de
coordinación de todas las Administraciones Públicas implicadas, poniendo
en marcha medidas que evalúen y estimen la cuantía de daños generados por
este molusco, adoptando las acciones que sean necesarias para erradicar
esta especie animal que está dañando gravemente nuestro ecosistema.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Promover un Plan Nacional específico de protección del ecosistema
español frente a la invasión de la almeja de río asiática (Corbicula
fluminea).
- Promover un Programa Nacional de Erradicación o Control de la almeja de
río asiática (Corbicula fluminea) con las Comunidades Autónomas,
adoptando medidas urgentes tendentes a impedir de manera eficaz su
transmisión o propagación al resto del territorio nacional.
- Reforzar el sistema de control de las vías ilegales de comercialización
de esta especie animal en el mercado negro.
- Reforzar el sistema de control de las embarcaciones y del agua de
lastre.
- Promover la prohibición en todo el territorio nacional el uso de la
almeja de río asiática (Corbicula fluminea) como cebo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 2021.-Ricardo
Chamorro Delmo, Mireia Borrás Pabón, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de
Miguel, María Magdalena Nevado del Campo, Francisco José Contreras Peláez
y Pedro Jesús Requejo Novoa, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz
del Grupo Parlamentario VOX.
161/002943
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Joan
Capdevila i Esteve, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley relativa a incluir criterios de sostenibilidad en los proyectos
de energías renovables para su debate en instancia en la Comisión de
Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La situación climática actual, los nuevos marcos establecidos y los
objetivos de sostenibilidad marcados nos llevan a afrontar el día a día
como un reto constante. Desde el Acuerdo de París, pasando por las
diferentes directivas europeas (como el Green Deal), hasta el PNIEC
presentado por el Gobierno del estado español marcan la senda de un
horizonte sostenible y energéticamente renovable. Del mismo modo, la
economía circular, la minimización en la utilización de recursos básicos
(eficiencia) y sostenibilidad, nos obliga a mirar más allá de los meros
objetivos.
La búsqueda continua de nuevas tecnologías y fuentes de generación
renovable así como la búsqueda de nuevos materiales más eficientes y
respetuosos con el medio ambiente, hace que sea necesario entender que la
tecnología renovable puede avanzar y dar un paso más para alcanzar este
compromiso común que supone la consecución de los objetivos marcados.
El legislativo francés ya ha hecho los deberes en esta materia, incluyendo
en los proyectos en las más de diez subastas energéticas realizadas desde
2012 el criterio de sostenibilidad; llegando incluso a establecer
criterios de 'retribución especial' para aquellos proyectos que reduzcan
en todo el ciclo de proyecto y puedan acreditarlo la huella de carbono de
los mismos. Así pues, a través de esta legislación se establece un
compromiso férreo con la reducción de la huella de CO2 en la creación y
diseño de los nuevos parques a instalar.
Como muestra de lo descrito, por ejemplo, en lo referente a la tecnología
fotovoltaica encontramos una disparidad de tecnologías en el mercado
(módulos fotovoltaicos de silicio monocristalinos, policristalinos, o de
telurio de cadmio,), con similares valores de eficiencia y similares
capacidades de reciclabilidad, pero con ciertas diferencias en cuanto a
la huella de CO2 que producen y a la utilización de recursos básicos para
el ser humano.
Cuadro de ejemplo de diferencias entre las tecnologías disponibles en el
mercado:
;Mejor módulo fotovoltaico disponible;Módulo fotovoltaico convencional
Huella de carbono.;300 kgCO2eq/kWp;785 kgCO2eq/kWp
Uso del agua.;0.6 m³ per kWp;22 m³/kWp
Garantía de rendimiento/garantía de vida útil.;30 años;20-25 años
En la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre, por la que se regula el
primer mecanismo de subasta para el otorgamiento del régimen económico de
energías renovables y se establece el calendario indicativo para el
periodo 2020-2025, se establecen las pautas necesarias para optar al
sistema de subastas energéticas, pero se obvia la posibilidad de que en
el caso de tecnologías como la fotovoltaica, la contribución de la propia
instalación en cuanto al aprovechamiento racional de nuestros recursos
básico o la contribución de la misma a la reducción de la huella de CO2
sean elementos que puedan puntuar en positivo a la hora de la
presentación de los proyectos a concurrir en el proceso de la propia
subasta.
Por otro lado, el Real Decreto 960/2020, del 3 de noviembre, por el que se
regula el régimen económico de energías renovables para instalaciones de
producción de energía eléctrica y sobre el que se apoya la Orden
TED/1161/2020, cita en su Art. 3.2 lo siguiente:
'En los procedimientos de concurrencia competitiva que se convoquen, se
podrá distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de
sus características técnicas, tamaño, niveles de gestionabilidad,
criterios de localización, madurez tecnológica y aquellos otros que
garanticen la transición hacia una economía descarbonizada, así como
tener en cuenta las particularidades de las comunidades de energías
renovables para que estas puedan competir por el acceso al marco
retributivo en nivel de igualdad con otros participantes, todo ello de
acuerdo con la normativa comunitaria.'
Atendiendo a la norma genérica y a las intenciones implícitas recogidas
tanto en el R.D. 960/2020 como en la Orden TED/1161/2020, cabría la
posibilidad de avanzar un paso más en la consecución de los objetivos
medioambientales establecidos, reducción de huella de CO2 y minimización
en la utilización de recursos básicos naturales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Republicano presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Desarrollar el Art. 3.2 del R.D. 960/2020 del 3 de noviembre,
incluyendo en él la especificación de los criterios de sostenibilidad en
los proyectos de energías renovables:
a) Certificación oficial sobre la huella de carbono del ciclo del proyecto
y de las tecnologías renovables que conforman el proyecto.
b) Información sobre el nivel de utilización de recursos básicos (como el
agua) en el desarrollo de las tecnologías seleccionadas para dichos
parques; entendiendo un bajo consumo de recursos naturales básicos es lo
óptimo.
c) Información sobre la vida útil de los productos/tecnología utilizadas.
A través de esto se informará de la capacidad de generación de residuos
de las propias instalaciones.
d) Información sobre la contribución al I+D+I en el campo de la tecnología
renovable seleccionada.
2. Modificar el Art. 16 de la Orden TED/1161/2020 que reza sobre la
información que han de enviar las compañías, incluyendo la obligatoriedad
de las compañías a facilitar los datos de cada proyecto en materia de
huella de carbono y de utilización de recursos naturales de las
tecnologías utilizadas.
3. Incluir el criterio de 'sostenibilidad en los proyectos' tal y como ya
se hace en otros países como Francia en el diseño de las próximas
subastas energéticas en el estado español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 2021.-Joan Capdevila
i Esteve, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo
Parlamentario Republicano.
161/002950
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Ricardo Chamorro Delmo, D.ª . Mireia Borrás
Pabón, D. Ángel López Maraver, D. Luis Gestoso de Miguel, D.ª Magdalena
Nevado del Campo, D. Francisco José Contreras Peláez y D. Pedro Jesús
Requejo Novoa, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
adopción de un Plan Nacional de prevención, lucha, control y erradicación
del cangrejo chino (Eriocheir Sinensis) en España, para su discusión en
la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Primero. El cangrejo chino (Eriocheir Sinensis).
Desde hace más de veinte años España sufre la invasión del cangrejo chino
(Eriocheir Sinensis), una especie exótica invasora (EEI) procedente de
Asia 296 introducida en España de forma accidental a través del agua de
lastre de las embarcaciones 297 o adheridos a los barcos y, sobre todo,
de forma intencionada como animal de acuario y para consumo humano 298.
El primer país europeo que notificó la presencia del cangrejo chino fue
Alemania a principios del siglo XX. En los años ochenta llegó al río Tajo
en Portugal y a finales de los noventa a las aguas del estuario del
Guadalquivir. En la actualidad, ya hay presencia en Vigo, en el Parque
Nacional de Doñana y en el puerto de SevilIa 299.
296
https://sevilla.abe.es/sevilla/sevi-cangrejo-chino-y-americano-invaden-guadalquivir-200509030300- 61594556748
noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com
297
https://higieneambiental.com/control-de-plagas/cangrejo-invasor-chino-rios-espanoles
298
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/eriocheir_sinensis_2013_tcm30-69903.pdf
299
https://higieneambiental.com/control-de-plagas/cangrejo-invasor-chino-rios-espanoles
[**********página con cuadro**********]
[MITECO 300]
Segundo. Problemas.
De coloración verde-tinta en el dorso y gris-blanco en el vientre, el
cangrejo chino (Eriocheir Sinensis) tiene un gran potencial invasor por
sus características migradoras 301. En China se trata de una especie
acuícola reciente cuyo cultivo está muy expandido en este país, en
especial en los ríos Yangtsé y Amarillo 302, pero que en nuestro
ecosistema causa numerosos daños medioambientales y económicos.
El primero de todos ellos se debe a que el cangrejo chino tolera un amplio
rango de condiciones abióticas y habita tanto aguas dulces como saladas
según su ciclo de vida, incluso se conoce su capacidad de vivir en aguas
contaminadas 303. Cuando se asienta en una zona es capaz de colonizarla
rápidamente. Su capacidad depredadora contribuye a la extinción local de
invertebrados nativos por competencia y es una especie portadora de
afanomicosis, una enfermedad que ha causado la desaparición de gran
número de poblaciones de cangrejos nativos en Europa 304. Además, afecta
a las comunidades de algas y peces, modificando el hábitat y la cadena
trófica.
En cuanto al impacto económico, provoca daños en las estructuras de
captación de agua en pesquerías locales y en instalaciones de
acuicultura, obstruye embarcaciones, acequias, sistemas de regadío y
otras infraestructuras hidráulicas y agrícolas. También provoca la
erosión en canales, diques, ríos y lagos. En 2012 se estimaron en 80
millones de euros los daños que el cangrejo chino había provocado en
Alemania 305, pero en España hasta la fecha no se ha cifrado la cantidad.
Por último, existe un riesgo para la salud humana relacionado con el
cangrejo chino porque cuando obstruye canales de abastecimiento hídrico
puede transmitir enfermedades a los humanos. En concreto, se conoce que
en Asia es hospedador secundario del trematodo 'Paragonimus westermani'
306, cuyo hospedador definitivo son los mamíferos, y que provoca la
enfermedad de la duela pulmonar (paragonim iasis) 307. Además, el
cangrejo chino acumula muchos contaminantes que pueden pasar a la cadena
alimentaria.
300 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-
especies/eriocheir sinensis 2013 tcm30-69903.pdf
301 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-
especies/eriocheir sinensis 2013 tcm30-69903.pdf
302
http://www.fao.org/fishery/docs/DOCUMENT/aquaculture/CulturedSpecies/file/es/es chineserivercr ab.htm
303 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-
especies/eriocheir sinensis 2013 tcm30-69903. pdf
304
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-cangrejo-chino-y-americano-invaden-guadalquivir-200509030300- 61594556748
noticia.html?ref=https://www.google.com
305
https://higieneambiental.com/control-de-plagas/cangrejo-invasor-chino-rios-espanoles
306 https://ww w.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-
especies/eriocheir sinensis 2013 tcm30-69903. pdf
307
https://www.msdmanuals.com/es-es/professional/enfermedades-infecciosas/trematodos- duelas/paragonimiasis
Tercero. El Catálogo de Especies Exóticas Invasoras (CEEI).
Por todos estos motivos, el cangrejo chino (Eriocheir Sinensis) forma
parte del Catálogo de Especies Exóticas Invasoras (CEEI) 308 , dada la
grave amenaza que supone para las especies autóctonas y para el
ecosistema fluvial español, además de los importantes perjuicios
económicos que genera.
Además, el cangrejo chino se encuentra en el listado de las cien especies
exóticas invasoras más dañinas del mundo elaborado por el Grupo
Especialista de Especies Invasoras (GEEI) de la Comisión de Supervivencia
de Especies (CSE) de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) 309.
No obstante, aparte del estudio que la Universidad de Valencia llevó a
cabo en colaboración con la Universidad de Taiwán sobre esta EEI, y de
algunas actuaciones de prevención que ha realizado la Junta de Andalucía
en la dársena del puerto de Sevilla (2001-2008) 310, a pesar del gran
impacto medioambiental, económico y sanitario que provoca el cangrejo
chino, en España las Administraciones Públicas españolas no han
presentado soluciones adecuadas en las últimas décadas para combatir su
expansión, ni se han propuesto medidas coordinadas entre las distintas
administraciones territoriales.
Es más, se conoce su consumo en el mercado negro desde hace tiempo por el
valor que el cangrejo chino tiene entre las comunidades asiáticas
afincadas en España como producto habitual de su gastronomía. Por
ejemplo, en 2018 el SEPRONA de la Guardia Civil intervino en el polígono
de Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) más de ochenta kilos de esta
especie, parte de la cual ya estaba lista para ser distribuida por otras
regiones 311. Un mes antes la Policía Municipal de Madrid incautó y
retiró cuatrocientos cangrejos chinos en un supermercado asiático del
barrio madrileño de Usera 312.
Cuarto. Conclusiones.
Por todos estos motivos es fundamental adoptar un Plan Nacional de
prevención, lucha, control y erradicación del cangrejo chino (Eriocheir
Sinensis) con el fin de combatir su actual presencia en España y prevenir
su expansión por el resto del territorio, adoptando, coordinadamente con
todas las administraciones, las medidas que sean necesarias para
erradicar esta especie animal que está dañando gravemente nuestro
ecosistema.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Promover un Plan Nacional específico de protección del ecosistema
español frente a la invasión del cangrejo chino (Eriocheir Sinensis).
- Promover un Programa Nacional de Erradicación o Control del cangrejo
chino (Eriocheir Sinensis) con las Comunidades Autónomas, adoptando
medidas urgentes tendentes a impedir de manera eficaz su transmisión o
propagación al resto del territorio nacional.
- Reforzar el sistema de control de las vías ilegales de comercialización
de esta especie animal en el mercado negro.
- Reforzar el sistema de control de las embarcaciones y del agua de
lastre.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2021.-Ricardo
Chamorro Delmo, Mireia Borrás Pabón, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de
Miguel, María Magdalena Nevado del Campo, Francisco José Contreras Peláez
y Pedro Jesús Requejo Novoa, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz
del Grupo Parlamentario VOX.
308 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-8565
309 http://www.iucngisd.org/gisd/speciesname/Eriocheir+sinensis
310 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-
especies/eriocheir sinensis 2013 tcm30-69903.pdf
311
https://www.20rninutos.es/noticia/3400892/O/china-cobo-calleja-peligroso-cangrejo-invasor-acaba- plato/?autoref=true
312
https://www.europapress.es/rnadrid/noticia-requisados-370-cangrejos-chinos-1600-arnericanos-cuatro super rnercad
os-asiaticos-usera-20180622135806.htrnl
161/002957
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque
Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley para la retirada de tuberías
de fibrocemento con amianto abandonadas en la playa de A Barquiña en
Noia, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico.
Exposición de motivos
Durante las primeras décadas del s. XX las distintas Administraciones
públicas utilizaron conducciones de fibrocemento para los principales
suministros públicos tal y como puede comprobarse en los pliegos de
condiciones técnicas de las adjudicaciones de obras. Fue sobre todo a
partir de la década de los 60 cuando se produjo un gran incremento en su
utilización, empleándose también de forma masiva para la fabricación de
tuberías para conducción de agua a presión y desagües. Debe tenerse en
cuenta que el fibrocemento es un material utilizado en la construcción,
constituido por un aglomerante y reforzado con fibras de distinta
procedencia. Originalmente las fibras utilizadas para ese refuerzo
procedían del amianto o asbesto.
El amianto es un agente que causa graves enfermedades, como la asbestosis
y está considerado como un agente cancerígeno, relacionándose
principalmente con el desarrollo de cáncer de pulmón y mesotelioma. El
asbesto ocasiona enfermedad cuando es inhalado, pues las fibras de
amianto que son de tamaño microscópico, se desprenden con facilidad, no
se disuelven con agua pero se pueden desplazar por el aire, ingresando al
pulmón con cada inspiración que se haga en un ambiente contaminado. Las
fibras de asbesto pueden pasar al aire o al agua en el medio ambiente a
causa de la degradación de depósitos naturales o de productos de asbesto
manufacturados.
Un factor esencial del riesgo consiste en la friabilidad propia de este
material, es decir, la capacidad de liberación de fibras que contiene
cuando es manipulado. En todo caso, en este factor influirá por un lado,
la cantidad de fibras existentes en el material, el tipo de mezcla y su
estado de conservación y por otro la protección y el entorno en el que se
produzca la manipulación, si es sometido a choques y vibraciones y la
existencia de corrientes de aire.
Que el amianto era cancerígeno se sabía desde principios del siglo XX
pero, pese al incremento de los casos detectados, en el Estado español no
se prohibió su utilización y comercialización hasta 2002 tras la Orden
ministerial de 7 de diciembre de 2001 por la que se modifica el anexo I
del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, sobre limitaciones a la
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
En el caso del municipio de Noia, en A Coruña, se acometió el inicio de la
construcción del saneamiento integral en el año 1995 y durante esta
actuación se instalaron en el lugar de la playa de A Barquiña y aledaños,
de forma subterránea, tuberías de fibrocemento destinadas a cumplir estas
funciones.
En la actualidad, decenas de estas tuberías han aflorado y se encuentran
esparcidas por la superficie del litoral, a pocos metros de casas
habitadas, sin cumplir ninguna función específica y suponiendo un
potencial riesgo a la salud. Debe recordarse, que la friabilidad de este
material aumenta, en particular, en cuanto es manipulado o se halla en un
estado deficiente de conservación, hecho que claramente se da en caso de
que este expuesto a la erosión de las subidas y bajadas de marea, como es
el caso.
Al riesgo para la salud humana se suma el hecho de la contaminación
ambiental y la degradación paisajística del entorno, pues no puede
entenderse que permanezcan abandonadas tuberías con amianto, hoy
inútiles, en un entorno litoral dentro de una zona de especial protección
(ZEC) de la 'Red Natura 2000'. Resulta evidente que las Administraciones
Públicas tienen el deber de actuar para eliminar el amianto de las
construcciones y edificaciones, más en este caso en que los residuos
tóxicos se encuentran abandonados en la zona de dominio público marítimo
cuya competencia corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico que, además, ha adoptado como objetivo prioritario en
su política la recuperación ambiental y paisajística de las zonas
litorales.
Es urgente poner en marcha una estrategia para la retirada progresiva del
amianto de todos aquellos lugares donde sigue presente y, en especial, de
aquellos donde está abandonado y/o degradado. El Gobierno ha propuesto en
la Disposición Adicional Decimocuarta de la nueva Ley de Residuos y
Suelos
Contaminados que está siendo tramitada en el Congreso de los Diputados que
antes de 2023 se elabore por los ayuntamientos un listado de aquellas
instalaciones y emplazamientos con amianto y que se planifique su
retirada. Sin embargo, esta previsión no es suficiente, no puede
descargarse toda la responsabilidad del Estado para la retirada del
amianto en las administraciones locales y en las CC.AA. o en la sociedad
civil sin aportar los medios económicos y materiales suficientes para
ello.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través
de la Dirección General de la Costa y el Mar, tiene como principal
objetivo proteger el medio ambiente costero y marino por lo que tiene
competencias sobre la zona de costa y el dominio público marítimo y, en
consecuencia, debe actuar y garantizar la eliminación de focos de
contaminación como el existente en A Barquiña. En esta playa existe una
situación de grave riesgo de contaminación ambiental y para la salud de
las personas, por lo que urge la retirada de las tuberías de fibrocemento
de esta zona litoral de Noia tal y como reclaman los vecinos y vecinas,
así como distintos colectivos de este concello.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Adoptar desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico y concretamente la Dirección General de la Costa y el Mar las
medidas necesarias para la inmediata retirada de las tuberías de
fibrocemento reforzadas con amianto abandonadas en la playa de A Barquiña
en Noia y poner fin con ello a la situación de grave riesgo para la salud
y el peligro de contaminación que está generando su progresivo deterioro
en esta zona litoral.
2. Preveer desde el Ministerio líneas de financiamiento y apoyo a las
administraciones territoriales y a los ciudadanos y ciudadanas afectados
por la presencia de amianto para lograr la efectiva retirada de todos
esos materiales potencialmente peligrosos y su sustitución por otros
seguros en viviendas y construcciones.
3. Establecer un plan de retirada urgente de los materiales con presencia
de amianto en todos los edificios públicos titularidad del Gobierno del
Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2021.-Néstor Rego
Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
161/002969
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Ricardo Chamorro Delmo, D.ª Mireia Borrás
Pabón, D. Ángel López Maraver, D. Luis Gestoso de Miguel, D.ª Magdalena
Nevado del Campo, D.ª Lourdes Méndez Monasterio, D. Francisco José
Contreras Peláez, D.ª Cristina Esteban Calonje, D. Ignacio Gil Lázaro, D.
Julio Utrilla Cano, D. Manuel Mestre Barea, D. Eduardo Ruiz Navarro, D.
José María Sánchez García, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Joaquín Robles
López, D.ª Rocío de Meer Méndez, D.ª Mercedes Jara Moreno y D. Pedro
Jesús Requejo Novoa, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para la
elaboración de un Plan Hidrológico Nacional que retome el trasvase del
Ebro para el interés general de todos los españoles, para su discusión en
la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Primero. Los problemas hídricos del Levante español.
Como es bien sabido, el Levante español padece un déficit estructural de
recursos hídricos, conocido y cuantificado desde hace décadas, que pone
en riesgo las actividades económicas de esta zona, en especial la
agricultura, pero también la seguridad del abastecimiento urbano, la
supervivencia de algunos
ecosistemas y la industria del turismo en determinados períodos de sequía
intensa que, conforme a la serie histórica de datos, son cada vez más
recurrentes.
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Sin embargo, el conjunto de las cuencas españolas contiene recursos
hídricos suficientes para abastecer todas las necesidades. Para ello, el
artículo 45 de la Ley de Aguas 313 establece que el Plan Hidrológico
Nacional (PHN) es el instrumento adecuado para coordinar los planes de
cuenca y fijar las transferencias de recursos hídricos entre territorios
que sean necesarias, supliendo las carencias existentes, de acuerdo con
los principios de política hidráulica establecidos a nivel español y
europeo, que dan prioridad a las necesidades de las cuencas cedentes en
todas sus demandas, incluyendo los caudales ecológicos cuyos criterios de
fijación también debieran ser objeto de esta normativa nacional.
Segundo. El Libro Blanco del Agua (1998) y el Plan Hidrológico Nacional
(2001).
Para implementar una política hidráulica coherente que cubriese las
necesidades de abastecimiento detectadas a nivel nacional se elaboró un
Libro Blanco del Agua en España (1998) 314 y finalmente se aprobó en 2001
un Plan Hidrológico Nacional (PHN), al que lamentablemente se le arrancó
por motivos políticos una pieza fundamental: el trasvase del Ebro, una
gran obra de Estado con capacidad para solucionar los problemas de
escasez hídrica de toda la vertiente mediterránea española y constituir
un eje de prosperidad de singular importancia en Europa. Sin embargo, la
derogación del trasvase del Ebro por motivos políticos en el año 2005
condenó al Levante español a la pobreza hídrica, avivando la tensión
social y la consiguiente lucha política territorial que a nadie
beneficia.
Hoy hay una nueva oportunidad para reactivar una política coherente de
aguas en España que afronte con eficacia los déficits existentes. Los
Fondos Next Generation EU 315 para la recuperación, transformación y
resiliencia ascienden a 140.000 millones de euros y están destinados a
proyectos guiados por la idea de avance tecnológico, sostenibilidad y
otras vinculaciones de cohesión social. En muchos territorios se están
planteando cuál puede ser el destino de esos fondos en temas relacionados
con el agua, más allá de la
313 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-14276
314
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/libro-blanco-del-agua/
315 https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europees
inexcusable depuración de aguas residuales a niveles adecuados, y de otras
inversiones necesarias para la regeneración del medio ambiente.
Tercero. El trasvase del Ebro.
En 2001 el Gobierno del Partido Popular (PP) presidido por José María
Aznar aprobó, en el marco del Plan Hidrológico Nacional, el proyecto de
trasvase del río Ebro 316 con el objetivo de abastecer de agua al este y
sur de la Península Ibérica. Esta gran obra hidráulica contemplaba, tras
un plazo de ejecución de ocho años, la transferencia de mil hectómetros
cúbicos al año, una quinta parte del agua que lleva 317, para las
regiones de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía (Almería)
318. Un gran reparto de agua para atender al déficit hídrico de otros
territorios que garantizase el acceso a este bien a todos los ciudadanos.
Además, el trasvase del Ebro tenía otro objetivo: dar apoyo al trasvase
del Tajo aliviando la presión hídrica sobre este río que abastece tanto a
Castilla-La Mancha como a las provincias de Alicante, Murcia y Almería.
[**********página con cuadro**********]
No obstante, con el cambio gubernamental en 2004, presidido por el
socialista José Luis Rodríguez Zapatero, este proyecto se suspendió y fue
derogado en los primeros cien días del nuevo gobierno 319. Una decisión
paradójica ya que el trasvase del Ebro se encontraba presente en los
planes hidrológicos de la II República 320 con el PSOE y se contemplaba,
junto con otros trasvases, en el Plan Hidrológico Nacional de 1993 del
Gobierno de Felipe González 321.
Como se ha mencionado antes, la derogación del trasvase del Ebro se debió
a motivos políticos y no técnicos ya que, aunque beneficiaba al conjunto
de España, el PSOE lo frustró por imposición de Esquerra Republicana de
Cataluña (ERG) y otros grupos parlamentarios a cambio de sus votos para
la investidura de Zapatero.
Cuarto. Beneficios del trasvase del Ebro.
El trasvase del Ebro contemplaba la posibilidad de transferir agua desde
cuencas excedentarias a cuencas deficitarias, tal y como recogía el Pacto
del Agua. En datos, el río Ebro tiene una disponibilidad de 12.000
hectómetros de media anual. De ellos, 5.500 hectómetros se vierten al mar
y de estos se pide un trasvase de en torno a 1.000 hectómetros para otras
provincias (Barcelona, Castellón, Valencia,
316 https://www.abc.es/local-aragon/20131021/abci-trasvase-ebro-diez-anos-
201310210858.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com
317 https://elpais.com/diario/2000/08/31/sociedad/967672801 850215.html
318 https://elpais.com/diario/2000/08/31/sociedad/967672801 850215.html
319
https://www.acuademia.com/2016/09/el-trasvase-tajo-segura-el-final-de-la-historia-del-ultimo-gran
trasvase-en-espana-segunda-parte-la-evolucion-insostenible-de-la-situacion-del-trasvase/
320 https://fnca.eu/images/documentos/lnformes NCA/NCAinf08 Los trasvases
del Ebro a debate.pdf
321
https://www.acuademia.com/2016/09/el-trasvase-tajo-segura-el-final-de-la-historia-del-ultimo-gran-
trasvase-en-espana-segunda-parte-la-evolucion-insostenible-de-la-situacion-del-trasvase/
Alicante, Murcia y Almería) siempre y cuando dicho caudal sea
excedentario, alcance los niveles anteriores y supere en su desembocadura
el caudal ecológico establecido para la preservación medioambiental del
río 322.
Esta medida es especialmente relevante si tenemos en cuenta que el
desbordamiento del río Ebro es cada vez más común, lo que tiene
consecuencias económicas y sociales cada vez más negativas. En especial
por las grandes pérdidas que se generan en infraestructuras, zonas
urbanizadas, agricultura y ganadería, con daños económicos que se han
incrementado en las últimas riadas 323
Además, el trasvase del Ebro conlleva la puesta en marcha de una serie de
obras hidráulicas necesarias que permitan optimizar la gestión de este
bien. Entre ellas se pueden destacar, a modo de ejemplo, las relativas a
la regulación de cuencas; la modernización de regadíos; las relacionadas
con el abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas urbanas, la
restitución hidrológico-forestal o, incluso, los programas de prevención
de incendios 324
Por tanto, se trata de un proyecto que permitiría garantizar así el agua
para las explotaciones agrarias del levante español. En concreto, esta
zona de España abarca el 68% de las exportaciones de hortalizas y el 25%
de la exportación de frutas 325. En 2017 los cultivos de productos
agroalimentarios de Alicante, Murcia y Almería supusieron entre el 71% y
el 93% del volumen total nacional de toneladas exportadas.
Y este proyecto no solo es bueno para garantizar la continuidad de las
explotaciones agrarias del levante español, sino también para afrontar
los retos de despoblación y cohesión territorial de España ya que una
mejor disponibilidad de agua contribuye a un crecimiento de la población
y al desarrollo económico de los territorios que cuentan con este
recurso.
Tanto es así que el trasvase del Ebro fue una medida que contó con el
apoyo de todas las organizaciones interesadas ya que el Plan Hidrológico
Nacional, que contenía el trasvase del Ebro, fue aprobado antes de
someterse a la consideración de las Cortes Generales por el Consejo
Nacional del Agua con el apoyo de las asociaciones de consumidores y
usuarios y de todas las Comunidades de Regantes de España, además del
voto a favor de las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha y
Andalucía 326.
Quinto. Conclusiones.
La planificación hidrológica es un elemento clave para la integración
territorial, la sostenibilidad económica y la recuperación ambiental.
Además, es notorio que, sin perjuicio de las necesarias actualizaciones,
al PHN vigente en España le falta una pieza derogada que es el trasvase
del Ebro.
Se trata de un proyecto cuyo coste puede estar en torno a los 5000
millones de euros, en su versión actualizada, y que presenta las
siguientes ventajas: tiene el proyecto elaborado, la evaluación ambiental
favorable hecha, la reserva urbanística de los terrenos en su día
avanzada o realizada y los demás factores de inversión y tecnología
resueltos, e incluso la financiación asegurada. La elaboración y
aprobación de los documentos técnicos, administrativos y ambientales para
realizar grandes obras hidráulicas es un trabajo que puede durar décadas
y se extiende a varios gobiernos porque son obras de Estado en todas las
administraciones y sociedades bien organizadas. En su caso, el trasvase
del Ebro puede ser una pieza clave de la planificación del agua en España
para garantizar la seguridad hídrica en los próximos decenios y, por
supuesto, integrado junto con todas las otras fuentes de suministro, en
sistemas interconectados, optimizados y económicamente viables.
Por tanto, el Gobierno debe retomar el trasvase del Ebro, dentro del nuevo
Plan Hidrológico Nacional, como una obra de Estado fundamental para la
creación de empleo y la realización de inversiones realmente productivas
y sostenibles en el sector agrícola y turístico, en beneficio de todas
las regiones mediterráneas, incluyendo a Castilla-La Mancha, Madrid,
Extremadura y Aragón, que también deben ser beneficiarias directas o
indirectas de una obra estatal de esta envergadura.
Además, esta obra permitiría dar solución a las crecidas constantes de
este río y a los graves daños económicos que con el desbordamiento se
producen; sobre todo cuando, según diversos estudios 327, las crecidas en
el río Ebro se van a seguir produciendo en el futuro y es necesario
aportar medidas.
322
https://www.elperiodicomediterraneo.com/opinion/2008/02/28/trasvase-ebro-42699833.html
323 https://congresoage.unizar.es/eBook/trabajo s/195 Sanchez Fabre.pdf
324
https://www.elperiodicomediterraneo.com/opinion/2008/02/28/trasvase-ebro-42699833.html
325
https://www.rtve.es/noticias/20180421/desbordamiento-del-ebro-reabre-debate-son-necesarios- trasvases/1718240.shtml
326
https://www.elperiodicomediterraneo.com/opinion/2008/02/28/trasvase-ebro-426998.3h3tml
327 https://congresoage.unizar.es/eBook/trabajos/195 Sanchez Fabre.pdf
Las obras del trasvase del Ebro, que incorporarían de forma natural las
actuales tecnologías de información y automatización, representan un gran
proyecto con múltiples acciones que cubren las expectativas de
sostenibilidad y utilidad social a largo plazo para ser merecedor de los
fondos europeos, por lo que el Gobierno español debería favorecer su
ejecución en este contexto.
Más allá de prejuicios políticos e ideológicos, el trasvase del Ebro,
debidamente actualizado, redimensionado y puesto al día, aumentaría la
seguridad ecológica y económica de buena parte del territorio español y
no sólo de la parte mediterránea, permitiría alcanzar el buen estado
ecológico en numerosas masas de agua subterránea hoy degradadas, en mal
estado o en riesgo de estarlo y, dado su fuerte componente exportador,
aportaría mayor seguridad alimentaria a toda la Unión Europea, cubriendo
ampliamente los objetivos de sostenibilidad, empleo productivo,
transformación digital y cohesión territorial como condición para el
acceso a estos fondos.
Contemplar y retomar el trasvase del Ebro dentro del Plan Hidrológico
Nacional debe poner fin a la guerra del agua entre territorios y
ciudadanos españoles, un conflicto artificial promovido por las
Comunidades Autónomas, las oligarquías regionales y los activistas
climáticos contrarios al sector primario, a la industria y al turismo.
En definitiva, el trasvase del Ebro ayudaría al gran proyecto de la unidad
hídrica de España, real y no retórica, y contribuiría a la idea de un
desarrollo sostenible, cohesionado territorialmente, integrado
tecnológicamente y avanzado, y ello a costes asumibles, que podrían verse
aún más reducidos con la contribución económica europea. Se trata de un
proyecto que define la mejor política de agua posible para España en este
momento para el manejo del ciclo natural y urbano del agua, conforme a
principios de buena gestión y gobernanza de este recurso natural,
imprescindible para la vida, las actividades económicas y el
medioambiente. La política hidráulica debe ser una de las claves del
desarrollo agrario, industrial y económico de España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a recuperar el Trasvase
del Ebro, dentro del nuevo Plan Hidrológico Nacional, para garantizar el
acceso al agua en todo el territorio nacional, especialmente en el este y
sur de la Península Ibérica, haciendo uso de los fondos provenientes del
Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation EU).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2021.-Ricardo
Chamorro Delmo, Mireia Borrás Pabón, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de
Miguel, María Magdalena Nevado del Campo, Francisco José Contreras
Peláez, Lourdes Méndez Monasterio, Pedro Jesús Requejo Novoa, Cristina
Alicia Esteban Calonje, Ignacio Gil Lázaro, Julio Utrilla Cano, Manuel
Mestre Barea, Eduardo Luis Ruiz Navarro, José María Sánchez García,
Alberto Asarta Cuevas, Joaquín Robles López, Rocío de Meer Méndez y
Mercedes Jara Moreno, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX.
161/002970
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque
Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la apertura de los
jardines del Observatorio Meteorológico de A Coruña para el uso de los
vecinos y vecinas del barrio de A Agra do Orzán como zona verde para su
debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Tras la automatización del Observatorio meteorológico de A Coruña este ya
no necesita para el desarrollo de sus funciones utilizar los terrenos
situados a su alrededor ni las instalaciones allí existentes. Por el
contrario, sólo deben mantenerse en la zona algunos de los aparatos de
medición que siguen en
funcionamiento para lo que únicamente se precisa mantener un pequeño
espacio de acceso restringido y protegido, pero el resto de los jardines
y espacios verdes no están afectos a actividad alguna.
Curiosamente, estos terrenos sin uso están ahora cerrados al acceso de
vecinos y vecinas desde el inicio de la pandemia, cuando antes si estaban
abiertos al vecindario que podía utilizarlos como zona de esparcimiento,
negándose con la limitación el disfrute de una zona verde que antes era
plenamente accesible.
Hay que tener en cuenta además que los terrenos del Observatorio se ubican
en el barrio de A Agra do Orzán, uno de los más populosos y densamente
urbanizados de la ciudad que ha padecido desde sus orígenes las
consecuencias de un urbanismo salvaje y depredador y, debido al cual,
sigue sufriendo una gran carencia de zonas verdes y espacios públicos en
la actualidad. Sus vecinos necesitan espacios públicos para respirar,
caminar, para su bienestar personal.
Conseguir que se pueda materializar el proyecto de un área verde en el
barrio utilizando los terrenos sin uso del Observatorio, el denominado
Parque da Agra, es una actuación largamente demandada por los vecinos y
vecinas, pues vendría a paliar la total carencia de zonas verdes y de uso
público en el barrio.
Para lograrlo, el BNG ya presentó iniciativas tanto en el Concello de A
Coruña como en el Congreso de los Diputados para reclamar al Gobierno del
Estado que realizara las gestiones necesarias para que se cedan o
permuten los terrenos ahora sin uso del Observatorio Meteorológico y que
estos sean calificados como zonas verdes. Ese proceso parece estar en
marcha, tal y como ha reconocido el propio Gobierno, en respuesta a una
pregunta formulada por el BNG, en la que declara estar en negociaciones
con el Ayuntamiento para acordar la utilización de dichos terrenos de
forma que satisfaga las necesidades de la Corporación y al mismo tiempo
sea compatible con los requerimientos para la adecuada prestación de los
servicios meteorológicos que realiza AEMET en Galiza.
Sin embargo, la continuidad de las negociaciones no impide que, en el
momento actual, finalizados los estados de alarma y recuperada la
movilidad de la población, se reabra al público el jardín del
Observatorio Meteorológico, cerrado desde lo comienzo de la pandemia y
permitir que el vecindario de A Agra do Orzán vuelva a disfrutar de este
espacio al aire libre para su tiempo de ocio. El BNG entiende que,
precisamente en el estado actual de la situación pandémica, es más
necesario que nunca mantener abiertos los espacios públicos al aire libre
para permitir el esparcimiento de vecinos y vecinas evitando contagios y
garantizando las distancias de seguridad.
Esta zona verde antes de la COVID-19, era un espacio abierto al público
por parte de la Agencia Estatal de Meteorología y debe volver a serlo. A
raíz de la declaración del estado de alarma únicamente se permitía el
paso de aquellas personas que acuden a la Delegación con cita previa para
la realización de alguna gestión, sin embargo, resulta evidente que estas
restricciones ya no tienen sentido una vez finalizado el estado de
alarma. Urge recuperar esta zona verde para los vecinos y vecinas de A
Agra do Orzán, medida que redundaría claramente en beneficio de su salud
y bienestar, minimizando además los riesgos de contagio al dar acceso a
un espacio amplio y al aire libre.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Reabrir al público los jardines del Observatorio Meteorológico de A
Coruña que se encuentran sin uso tras la modernización de las
instalaciones dependientes de la AEMET para disfrute de todos los vecinos
y vecinas del barrio de A Agra do Orzán como zona verde de esparcimiento
y ocio seguro, pues en el momento actual de la pandemia es más necesario
que nunca habilitar espacios públicos donde desarrollar actividades al
aire libre de forma segura y manteniendo las distancias de seguridad.
2. Acelerar las negociaciones y concluir lo antes posible el convenio de
colaboración que permita la cesión de los terrenos que rodean el
Observatorio Meteorológico al Ayuntamiento de A Coruña para poder
destinarlos a zona verde para disfrute de los vecinos y vecinas del
barrio de A Agra do Orzán.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2021.-Néstor Rego
Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Cultura y Deporte
161/002872
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
candidatura del Teatro Circo de Albacete como Patrimonio Mundial de la
UNESCO, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
El Teatro Circo de Albacete, inaugurado el 7 de septiembre de 1887, está
considerado el coliseo teatral circense operativo más antiguo del mundo,
además de ser una de las escasas muestras de arquitectura teatral
circense que aún pueden admirarse en Europa y el único en España, dentro
de los de su género, que mantiene la doble capacidad para teatro y circo.
Son muchos los elementos históricos y artísticos que reúne el Teatro de
Albacete para su consideración de ejemplo mundial de la mejor
arquitectura teatral circense. El Teatro Circo de Albacete es una
edificación singular al ofrecer, por volumen y por acabado, una bellísima
muestra de clásica arquitectura teatral circense, con una clara evocación
neoárabe.
Esa mezcolanza equilibrada de estilos e influencias es lo que convierte al
Teatro Circo de Albacete en un escenario de encuentro de civilizaciones,
que aporta, además, la singularidad de seguir siendo desde 1887 hasta
nuestros días, no solo un teatro operativo como escena teatral, sino
también un espacio privilegiado para las artes circenses, gracias a
haberse recuperado su originaria pista central que hoy alberga el
Festival internacional de circo de Albacete que es referente en una
Europa donde hoy este tipo de arquitectura escasea y es dispersa.
El Teatro Circo de Albacete fue levantado en 1887, en un plazo récord para
la época, abarcando su plazo de construcción desde el 26 de enero al 7 de
septiembre de 1887.
Fue impulsado por una sociedad constituida por 12 albacetenses que soñaron
con levantar un coliseo de vocación europea por sus dimensiones y
programación, con la esperanza de acelerar el progreso de una ciudad que
entonces no alcanzaba los treinta mil habitantes, pero que poseía una
larga tradición teatral que se remonta, como mínimo, al siglo XVI cuando
se llevaban a cabo representaciones en el exterior e interior de la
iglesia de San Juan Bautista (hoy Catedral), y en honor a la festividad
del Corpus Christi.
El primitivo edificio fue diseñado por el delineante de Obra Públicas,
Emilio Vergara, mientras que las obras fueron dirigidas por el arquitecto
municipal Juan Peyronnet (hijo del arquitecto del mismo nombre que
rehabilitó la Puerta de Sol de Madrid en el siglo XIX) .
En 1919, la sala sufrió una profunda remodelación que la transformó en un
teatro a la italiana en forma de herradura, con una artística bóveda
central que ocultó la estructura de hierro y sus arquerías, dotándola en
años sucesivos de funcionalidad para cine. Tras casi cien años de estar
abierto al servicio de la sociedad de Albacete fue cerrado en 1985.
Hubo que esperar a 1993 para ser adquirido por el Ayuntamiento de Albacete
a una amplia mancomunidad de propietarios, peligrando en ese tiempo de
negociación, la seguridad y estabilidad del Teatro Circo, que llegó a ser
objeto de saqueos y fuego.
En 1995 se presentó el ambicioso proyecto de los arquitectos Juan
Caballero, Emilio Sánchez y Carlos Campos que devolvía al Teatro Circo la
fisonomía original que tenía en el año de su inauguración (1887). En el
curso de los trabajos, se incorporó al proyecto la recuperación de la
pista central para circo, fruto de la petición de la Asociación de Amigos
del Teatro Circo (actual Amithe), entidad asociativa que lideró el
movimiento de apoyo desde la sociedad civil albacetense para su
rehabilitación.
Tras un largo proceso de reforma, costeado por el Gobierno de España y el
de Castilla La Mancha, se reinauguró el 9 de septiembre de 2002, bajo la
presencia de la Reina Sofía y con la actuación del Ballet Nacional de
España que representó 'Fuenteovejuna'.
Son muchas las virtudes y atractivos que alberga el Teatro Circo y que le
hace reunir argumentos sólidos para que el Gobierno de España defienda su
candidatura a patrimonio mundial de la Humanidad ante la UNESCO.
Si bien hay edificios circenses más antiguos que el de Albacete, como son
el Cirque D'Hiver de Paris (1852), el de Reims (1865), el Albert Hall de
Londres (1871), el de Amiens de 1874, el Cinelli de San Petesburgo
(1877), el Circo Nikulin's de Moscú (1880), el Teatro Circo de Albacete
es el único que mantiene operativa la doble arquitectura para teatro y
circo, reuniendo caja escénica, escenario teatral y pista circense en la
que se celebra en febrero su Festival Internacional de Circo.
Además, en España es el Teatro Circo de Albacete, el único teatro circo
dentro de los de su género que sigue operativo. El resto de los teatros
circos, pero sin pista circense, son los siguientes: el Teatro Circo
Villar de Murcia de 1892, el de Orihuela de 1907, el Apelo de El Algar en
Cartagena de 1902, el Marte en la isla canaria de La Palma de 1871, y el
Teatro Circo de Puente Genil de 1902.
La estructura, cubierta y sus 12 pilastras de hierro que presenta el
Teatro Circo, se fabricaron en la misma y reconocida 'Fundición
Primitiva' valenciana, rematándolas con bellos capiteles de estilo neo
nazarí granadino y sujetando arcos decorados con yeserías de ataurique.
Esta decoración, que parte del capitel hasta la clave del arco, contiene
temas vegetales con gran profusión de hojas arqueadas o forzadas en su
configuración.
La jaculatoria propia del escudo nazarí 'Wa-la galib illa Allah' (No hay
más vencedor que Dios), que la vemos inscrita por varias salas de la
Alhambra, se va repitiendo con su epigrafía cursiva a lo largo de las
seis arquerías del Teatro Circo de Albacete.
La rehabilitación hace 19 años del Teatro Circo no solo supuso por
Albacete aceptar el legado de este escenario para la historia cultural de
la ciudad, recuperando su uso primitivo, sino que Albacete ha ido más
allá incorporándolo como algo vivo, mejorado, y lo que es más importante,
con vocación de continuidad en el tiempo y de proyección en el futuro.
Tras la exposición de los méritos históricos y artísticos que reúne el
Teatro Circo de Albacete y teniendo en cuenta su valor universal y
excepcional merece su inclusión en el inventario de bienes susceptibles
de ser declarados Patrimonio de la Humanidad y aprovechar la oportunidad
de impulsar internacionalmente la ciudad de Albacete con todos los
beneficios que ello traería también a la provincia en su conjunto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, previa presentación por
parte de las administraciones pertinentes y de acuerdo con el Consejo de
Patrimonio Histórico y su Grupo de trabajo de Patrimonio Mundial e
Inmaterial, una vez haya sido incluida en la lista indicativa, apoyar y
defender en las instancias internacionales oportunas la candidatura como
Patrimonio Mundial del Teatro Circo de Albacete.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2021.-Carmen Navarro
Lacoba, Vicente Tirado Ochoa, Carmen Riolobos Regadera, José Ignacio
Echaniz Salgado, Rosa María Romero Sánchez, Juan Antonio Callejas Cano,
Marta González Vázquez, María Soledad Cruz Guzmán García,
Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002880
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. José Ramírez del Río, D.ª Mireia Borrás
Pabón, D. Francisco José Contreras Peláez, D. Pedro Requejo Novoa, D.ª
Inés María Cañizares Pacheco y D. Manuel Mariscal Zabala en sus
respectivas condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX),
al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley
relativa al octavo centenario del nacimiento de Alfonso X el Sabio, para
su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
El 23 de noviembre de 2021 se cumplirán 800 años del nacimiento del Rey
Alfonso X de Castilla y León, conocido como Alfonso X 'el Sabio'. Nació
en el convento de la Santa Fe de Toledo, hijo de Fernando el Santo y de
doña Beatriz de Suabia, descendiente por vía materna de Federico
Barbarroja y de Alejo Comneno, el Emperador bizantino.
Alfonso X contrajo matrimonio con doña Violante, hija de Jaime I 'el
Conquistador', Rey de Aragón, de Valencia y de Mallorca, aunque dicen que
no fue un matrimonio feliz y tenía muy mala relación con su suegro. En
cuanto a su formación, poco se sabe, pero puede al menos detallarse el
nombre de algunos intelectuales ligados a él desde su juventud como, por
ejemplo, Jacobo de Junta, un importante hombre de leyes, que le dedicó
siendo infante las 'Flores de derecho', o Judá ben Moisés ha-Cohen,
figura muy ligada a Alfonso y uno de los colaboradores más activos y
relevantes, tal y como informa el prólogo al 'Lapidario' 328.
Alfonso X heredó unidos los reinos de León y Castilla a la muerte de su
padre, Fernando III 'el Santo', en 1252. En aquella época, se trataba del
reino más importante de la Península Ibérica, cuyos pilares fueron la
ciencia (incluyendo astronomía, astrología y magia) y el derecho,
incorporándose después la historia y la poesía 329.
Durante su reinado, Alfonso X consiguió varios logros, entre ellos, aspiró
a la coronación imperial de Alemania, logrando la elección en 1257 con el
apoyo de Sajonia, Brandeburgo, Bohemia y varias ciudades italianas. Sin
embargo, la oposición del Papa Gregorio IX hizo que Alfonso renunciará a
sus aspiraciones en el año 1275. El mismo año que renunció al Imperio,
falleció su heredero, Fernando de la Cerda. Este suceso dio lugar a un
complejo y conflictivo proceso de sucesión, en el que acabó triunfando el
partido que apoyaba al infante Sancho, lo que provocó el inicio de una
guerra civil en el año 1282 y que confinó a Alfonso en Sevilla, donde
moriría en 1284.
En el ámbito cultural, es preciso destacar la producción de Alfonso X, que
puede agruparse en torno a varios bloques: obras científicas y
paracientíficas, obras doctrinales y didácticas, obras legales,
historiografía y poesía. Sus obras se encuentran encaminadas a conocer y
actuar sobre la naturaleza y el destino (ciencia), a ofrecer una serie de
consejos sobre moral y conducta (didactismo), a sentar las bases de una
organización social fundamentada en el bien común (obras legales) y a
proporcionar los pilares de una identidad colectiva y de una conciencia
histórica (historiografía).
Alfonso X siempre las patrocinó, supervisó y, a menudo, participó con su
propia escritura, en colaboración con el conjunto de intelectuales
conocido como la Escuela de Traductores de Toledo. Entre sus obras,
sobresalen las 'Cantigas de Santa María' (escritas entre 1272 y 1282),
canciones líricas en galaico-portugués, acompañadas de notación musical;
la recopilación de cuentos ejemplares 'Calila et Dimna' (escritas en
torno a 1251), en castellano, y la obra jurídica 'Siete partidas'
(escritas en tomo al año 1260) 330.
El papel de Alfonso X en la evolución del castellano fue decisivo; en el
año que comenzó su reinado, en los documentos de la cancillería
castellano-leonesa los documentos escritos en castellano ocupaban
aproximadamente un 60%.
Sin embargo, Alfonso X llevó esta iniciativa aún más allá, hasta el punto
de escribir prácticamente todo en castellano y reservar el latín, como
'lingua franca', para los escritos dirigidos expresamente a otros reinos
no castellanohablantes.
Además, también fue fundamental su misión repobladora, especialmente de
Andalucía y Murcia, que llevó consigo el cambio de la población musulmana
por repobladores cristianos.
En definitiva, se trata de una figura importantísima en la Historia de
España, que llevó a cabo una activa política económica, reformó la moneda
y la hacienda y reconoció al Honrado Consejo de la Mesta. En este
sentido, creó el llamado 'fecho del Imperio', muy impopular en Castilla,
y mediante el cual se exigió dinero y hombres que, unidos a los gastos de
la corte y a las continuas guerras, crearon dificultades financieras que
obligaron a reducir la ley de la moneda y a crear nuevos impuestos.
Por todo lo anterior, su figura merece no sólo la admiración debida a una
persona que realizó considerables mejoras en cuanto a la estandarización
del castellano y su labor repobladora, sino también por ser considerado
precursor del concepto de 'Estado moderno'. Por todo ello, es preciso la
adopción de medidas encaminadas a ensalzar y reconocer la figura del Rey
de Castilla y de León, Alfonso X 'el
328
http://www.cervantesvirtual.com/portales/alfonso_x_el_sabio/autor_biografia/
329
http://www.cervantesvirtual.com/portales/alfonso_x_el_sabio/autor_biografia/
330
http://www.xn--espaaescultura-tnb.es/es/artistas_creadores/alfonso_x_el_sabio .html
Sabio'; en este sentido, cabe recordar que los poderes públicos tienen la
obligación de 'facilitar la participación de todos los ciudadanos en la
vida política, económica, cultural y social' (art. 9.2 CE). Asimismo,
deberán garantizar 'la conservación y promoverán el enriquecimiento del
patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de
los bienes que lo integran' (art. 46 CE).
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a presentar y
promover un programa de actuaciones con el objetivo de conmemorar el
octavo centenario del nacimiento de Alfonso X 'el Sabio', que se
corresponda con la importancia de esta figura señera de la historia
española.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2021.-Francisco José
Contreras Peláez, José Ramírez del Río, Pedro Jesús Requejo Novoa, Mireia
Borrás Pabón, Inés María Cañizares Pacheco y Manuel Mariscal Zabala,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para apoyar la
candidatura del Caminito del Rey y su entorno como Patrimonio Mundial de
la Unesco, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Toda herencia extraordinaria debe pertenecer a la humanidad como legado
infinito en el tiempo. Para conseguir este objetivo hay que garantizar su
catalogación y conservación, pero también su divulgación como bien de
todos. Y es por ello que cualquier candidatura a ser Patrimonio Mundial
necesita no sólo del convencimiento de las personas e instituciones que
la presentan, sino también de la implicación de la ciudadanía.
Es por ello que queremos dar a conocer y reivindicar la candidatura del
Caminito del Rey y su entorno a Patrimonio Mundial de la Unesco,
basándonos en siete hitos que, en un entorno de menos de 20 kilómetros,
son parte de la historia de la provincia de Málaga.
El Paraje Natural del Desfiladero de los Gaitanes, las Presas de El
Chorro/Conde de Guadalhorce y Gaitanejo, las pasarelas del Salto
hidroeléctrico de El Chorro, la estación de ferrocarriles de El Chorro y
puentes sobre los Gaitanes, así como la Cueva Paleolítica de Ardales, la
Necrópolis prehistórica de las Aguilillas y la Iglesia Rupestre mozárabe
de Bobastro; llevan confluyendo durante siglos en torno a un enclave
excepcional que ha sido testigo del paso de núcleos humanos desde el
Paleolítico y cuya singularidad ha permitido que el desarrollo industrial
haya dejado en la provincia de Málaga una herencia en forma de 'caminito'
por la historia y la espectacularidad de uno de los paisajes más
impresionantes de la geografía universal.
La candidatura del Caminito del Rey y su entorno que se presenta desde la
Diputación de Málaga, y que apoyamos desde el Grupo Parlamentario
Popular, tiene como objeto preservar su legado natural y patrimonial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con la
Diputación de Málaga y los ayuntamientos de la zona, a respaldar la
candidatura del Caminito del Rey y su entorno como Patrimonio Mundial de
la Unesco, así como a impulsar las acciones oportunas para lograr dicho
fin.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 2021.-Mario Cortés
Carballo, Carolina España Reina y Pablo Montesinos Aguayo,
Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/002864
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la
libertad de elección del consumidor en el nuevo DNI Electrónico (DNI
4.0), para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.
Exposición de motivos
El Gobierno ha empezado a implantar el nuevo DNI español, la nueva versión
del DNI electrónico (DNI 4.0) que hará efectivo, a su vez, el llamado
'DNI europeo'. La entrada en vigor del nuevo DNI responde al Reglamento
UE 2019/1157, del Parlamento Europeo y del Consejo del 20 de junio de
2019, de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros de la UE.
Este nuevo Documento Nacional de Identidad se enmarca en el Programa de
Identidad Digital DNIE de la Policía Nacional, financiado con recursos
procedentes de los fondos europeos solicitados a través del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España por un
importe de 25 millones de euros. El pasado miércoles día 2 de junio fue
presentado por el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y se
implantará de forma oficial el próximo 2 de agosto, la fecha establecida
en el Reglamento para su entrada en vigor en todos los Estados miembros.
Asimismo, en los próximos meses está previsto el lanzamiento del DNI
Exprés, un sistema de expedición semiautomático que permitirá obtener la
fotografía in situ. Este nuevo sistema supone un grave perjuicio para el
sector fotográfico y, en especial, para todos los pequeños comercios cuyo
volumen de negocio depende en gran medida de la oferta de servicios
relacionados con el trámite y expedición de documentos oficiales.
A pesar de las declaraciones del Ministro del Interior, señalando que el
nuevo DNI no repercutirá más de un 10% de la facturación, los datos
publicados por el propio sector muestran un impacto mucho mayor; en el
entorno del 30%, que se eleva hasta el 70% en el caso de las tiendas de
fotografía situadas junto a las comisarías. Parece una contradicción
liquidar el negocio de estos profesionales utilizando para ello fondos
europeos, unos fondos que deberían destinarse a 'no dejar a nadie atrás'.
La obligada modernización del sistema de expedición del DNI no ha de ir en
detrimento de la libertad de elección del consumidor ni del perjuicio a
un sector como el fotográfico, compuesto en su mayoría por pymes y
pequeño comercio, que genera más de 800 millones de euros al año y emplea
a casi 13.000 personas.
En Alemania en 2025 ya todas las fotografías serán digitales, pero serán
las tiendas las que las hagan y las envíen a la plataforma oficial. Tanto
en Reino Unido como en Francia la foto de carnet y pasaporte se mantendrá
obligatoriamente en papel.
A nivel de formación, España cuenta con más de 240 centros de formación
con un total de 15.000 alumnos, que suponen unos 1.270 empleos, y sitúan
al país como una de las potencias internacionales en el sector de la
fotografía, recibiendo, a su vez, un gran reconocimiento por la calidad
de sus centros de formación.
El sector de la fotografía en España lleva años realizando un gran
esfuerzo para adaptarse a un fuerte proceso de transformación como supone
la fotografía digital. En este caso, la administración tiene el poder de
establecer un equilibrio favoreciendo la modernización del sistema
mientras garantiza la viabilidad del sector.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Establecer, a través del diálogo con el sector, un sistema para el
nuevo DNI electrónico que asegure la libertad de elección del consumidor
para realizar la fotografía en la renovación de su documento de identidad
en las tiendas especializadas para ello.
2. Establecer un marco de medidas que permitan una transición digital
justa para el sector fotográfico, teniendo en cuenta sus particularidades
y contribución al país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2021.-Miguel Ángel
Castellón Rubio y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra
Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/002860
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión
de Sanidad y Consumo, relativa a la promoción de la salud mental juvenil.
Exposición de motivos
Los problemas de salud mental provocados por la pandemia y la consecuente
crisis general se están mostrando con más claridad en el colectivo
infanto-juvenil. Las urgencias, los ingresos hospitalarios y las listas
de espera a consultas en este colectivo se han disparado durante los
primeros meses de 2021.
Así lo demuestra un estudio llevado a cabo por la Asociación Madrileña de
Salud Mental, donde se indica que los colectivos de infancia y juventud
se presentan como los más vulnerables, a los efectos de salud mental,
según la situación general del último año y medio. Esto sumado a las
disparidades en lo relativo a las primeras citas en psiquiatría y
psicología en los Centros de Salud Mental (sobre todo en la Comunidad de
Madrid), ha producido un colapso de las unidades de hospitalización en
varias ciudades y territorios en toda España. En ciudades como Barcelona
la cifra de ingresos y urgencias relativas a la salud mental de los
jóvenes, niños y niñas se ha multiplicado hasta un 50%, según datos del
Hospital materno infantil Sant Joan de Déu. Por su parte, Madrid también
ha tenido un importante aumento en los casos, llegando a ser necesario
realizar una reconversión de unidades de adultos a jóvenes en el Hospital
Gregorio Marañón, así como una nueva unidad en el Hospital 12 de Octubre.
Las listas de espera para los casos más graves de las urgencias relativas
a salud mental ha llegado a dilatarse en más de una semana para poder
ingresar. Esto significa que se está dejando abandonados a muchas y
muchos jóvenes que requieren una atención inmediata. A su vez, las listas
de espera en los centros de salud mental se han triplicado, alcanzando
los 5 meses para una primera consulta, y los 3 meses para psiquiatría. Se
han registrado casos en los que existe una demora de más de un año para
casos con patologías graves.
Si bien la imprevisibilidad de los efectos de la COVID-19 no permite tener
una estrategia pre establecida, necesitamos que asuntos como la salud
mental se den de forma flexible en cuanto a cuestiones que no responden a
ámbitos individuales sino que son colectivos . Es indispensable que
tomemos medidas para afrontar estos retos sin caer en la medicalización
indiscriminada, dando paso a estrategias más integradoras desde un
enfoque poblacional. Para ello, siguiendo las Conclusiones del Consejo de
la Unión Europea sobre la experiencia adquirida en materia de sanidad en
relación con la COVID-19, es imprescindible mejorar el acceso a los de
datos sanitarios y su intercambio desde una óptica nacional. También se
ha mostrado fundamental asegurar que se cuenta con los medios requeridos
para poder atajar este tipo de problemática, reforzando los equipos de
continuidad asistencial no solo con una dotación de recursos adecuada,
sino también apoyando las condiciones del personal. Del mismo modo,
proteger a nuestros jóvenes significa poder atenderlos desde unos
servicios sociales y educativos fuertes para amortiguar estos problemas
de forma preventiva y eficaz.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco de del
Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de salud y en colaboración
con las Comunidades Autónomas, a realizar programas piloto de
intervención por grupos para niños, niñas y jóvenes afectados por
problemas de salud mental derivados de las circunstancias de la pandemia,
priorizando el desarrollo de protocolos para la prevención del suicidio
para estos colectivos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2021.-Rosa María
Medel Pérez, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común.
161/002878
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida, D. Juan
Luis Steegmann Olmedillas, D. Antonio Salvá Verd, D.ª Mercedes Jara
Moreno y D. Tomás Fernández Ríos, en sus respectivas condiciones de
Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al
amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al
consentimiento informado que ha de recabarse para la vacunación contra la
COVID-19, para su discusión en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Primero. La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica 331, establece en su artículo 4.1 que
'los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier
actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre
la misma', y en su artículo 8.1 afirma que 'toda actuación en el ámbito
de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario
del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el
artículo 4, haya valorado las opciones propias del caso'.
En la actual situación de pandemia cobra una mayor relevancia el artículo
6 de la citada Ley 41/2002, en lo relativo al derecho a la información
epidemiológica. Tras haber analizado la redacción del consentimiento
informado que se está facilitando en el marco de la Estrategia de
Vacunación frente a la COVID-19 en España, desde el Grupo Parlamentario
VOX observamos con preocupación que la información facilitada por los
servicios autonómicos de salud es insuficiente e incluso inexistente en
algunos casos.
Segundo. Las cuatro vacunas autorizadas contra la COVID-19 que están
siendo administradas en España han sido objeto de recomendación de
autorización comercial condicional por parte de la Agencia Europea de
Medicamentos.
El desarrollo acelerado y el carácter condicional de su autorización,
tanto de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNtech -comercializada
bajo el nombre de Comirnaty 332-, de la desarrollada por AstraZeneca AB
-comercializada bajo el nombre de Vaxzevria 333-, como las desarrolladas
por Moderna Biotech 334 y Janssen 335, exigen que su administración deba
ser contemplada como un procedimiento que supone riesgo sobre la salud
del paciente. Por lo tanto, el consentimiento debe prestarse por escrito,
tal y como establece el artículo 8.2 de la Ley 41/2002. Además, las
enormes diferencias entre las vacunas autorizadas requieren que la
información aportada al paciente sea específica respecto a cada una de
ellas, especialmente en lo relativo a las contraindicaciones, los riesgos
y las reacciones adversas.
Tercero. El artículo 6 del Acuerdo entre la Comisión Europea y los Estados
miembros sobre vacunas contra la COVID-19, hecho en Madrid el 20 de julio
de 2020 336, establece que los Estados miembros 'serán
331 https ://www.boe .es/buscar/ac t.php ?id=BOE-A-2002-22188
332 https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle .html?nregistro=1201528001
333 https://cima.aemps .es/cima/publico/detalle.html?nregistro=l 211529001
334 https://cima.aemps .es/cima/publico/detalle.html?nregistro=1201507001
335 https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=1201525001
336 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-9 132
responsables de su distribución y uso en virtud de sus estrategias
nacionales de vacunación y asumirán plenamente la responsabilidad que
conlleve dicho uso y distribución'. Por lo tanto, el Gobierno de España
y, en concreto, el Ministerio de Sanidad, asume plenamente la
responsabilidad sobre el uso y distribución de las vacunas contra la
COVID-19. De este modo, al establecer los criterios básicos de la
distribución y uso de la vacuna, deberá exigir el acceso del paciente a
toda la información disponible sobre la misma, con el fin de garantizar
el consentimiento libre y voluntario del afectado.
Cuarto. Tras conocer los resultados preliminares del ensayo clínico
Combivacs del Instituto de Salud Carlos III, la Comisión de Salud
Pública, en la reunión mantenida el 18 de mayo, acordó la administración
de Comimaty como segunda dosis en las personas menores de 60 años
pendientes de completar la pauta de vacunación con Vaxzevria.
El pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de 19
de mayo, acordó que aquellas personas que rechazaran la vacunación
indicada en el párrafo anterior pudieran ser vacunadas con Vaxzevria
previo consentimiento informado.
El Ministerio de Sanidad solicitó al Comité de Bioética de España un
informe sobre los aspectos éticos relacionados con la administración de
la vacuna Vaxzevria como segunda dosis a las personas menores de 60 años
que decidan no ser inmunizadas con Comirnaty. Tras haber recibido el
informe del Comité de Bioética de España, el Ministerio de Sanidad
elaboró una propuesta de consentimiento informado, según las pautas
indicadas en el citado informe.
Desde el Grupo Parlamentario VOX consideramos que la propuesta de
consentimiento informado del Ministerio de Sanidad para las Consejerías
de Sanidad autonómicas es insuficiente, en tanto que excluye la
información clave en la elección del fármaco para la administración de la
segunda dosis de la vacuna. Dicha información clave es la relativa a los
efectos adversos documentados por los servicios de farmacovigilancia, con
el detalle de la incidencia de los mismos, según los grupos de sexo y
edad.
Por otro lado, entendemos que dicha información crítica debería ser
facilitada, con carácter previo, no sólo para la elección del fármaco de
la segunda dosis de la vacuna, sino para la elección de la vacuna, entre
las autorizadas, desde la primera dosis. La extensión del consentimiento
informado en dichos términos está justificada en 'una información
científica de seguridad de la que aún no se dispone', tal y como reconoce
la propia Actualización 7 de la Estrategia de Vacunación frente a
COVID-19 en España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las
siguientes medidas para recabar un adecuado consentimiento informado de
quienes van a recibir la vacuna contra la COVID-19: Promover la
determinación de la información exacta que deberá ser comunicada a la
persona que va a ser vacunada y el procedimiento por el que se recabará
su consentimiento escrito. Dicha información deberá especificar los datos
más relevantes de cada una de las vacunas autorizadas y será actualizada
junto con la supervisión continuada publicada por la Agencia Europea de
Medicamentos, especialmente en lo relativo a las contraindicaciones, los
riesgos y las reacciones adversas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2021.-Andrés Alberto
Rodríguez Almeida, Juan Luis Steegmann Olmedillas, Antonio Salvá Verd,
Mercedes Jara Moreno y Tomás Fernández Ríos, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002891
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
acreditación de una entidad de resolución alternativa de litigios en
materia de consumo en el ámbito de protección de los usuarios del
transporte aéreo, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al Ordenamiento
jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de
litigios en materia de consumo se aprobó de forma que obligase a España a
garantizar a los consumidores españoles la posibilidad de resolver sus
litigios con empresarios mediante la intervención de entidades de
resolución alternativa que ofrezcan procedimientos de resolución
alternativa o extrajudicial de litigios de consumo que sean
independientes, imparciales, transparentes, efectivos, rápidos y justos.
En este mismo sentido, la Ley prevé en su Disposición adicional segunda la
acreditación y notificación a la Comisión Europea de una única entidad
para la resolución de litigios de consumo sobre la aplicación de los
Reglamentos de la Unión Europea en materia de protección de los usuarios
del transporte aéreo.
Dicha disposición adicional añade que 'por orden de la persona titular del
Ministerio de Fomento se regulará el procedimiento de resolución
alternativa de los litigios mencionados en el apartado anterior, que es
de aceptación obligatoria y resultado vinculante para las compañías
aéreas'.
La Ley 7/2017 no introdujo un plazo para la acreditación de dicha entidad,
pero el Ministerio de Fomento y la AESA estaban elaborándola y, a fecha
de hoy, sigue sin haberse realizado.
Al mismo tiempo, el transporte aéreo continúa siendo uno de los sectores
en los que se produce un mayor número de reclamaciones de los
consumidores. Se acaba de publicar el Informe Anual 2020 de Actividad en
Derechos de los Pasajeros de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)
y en él se refleja que dicha Agencia recibió el año pasado 54.273
reclamaciones en materia de derechos de los pasajeros aéreos. Esto ha
supuesto un aumento del 57% de las reclamaciones de pasajeros con
respectos a 2019.
Es importante, por lo tanto, poner en marcha los instrumentos que
garanticen una mayor agilidad en la solución de las reclamaciones de los
pasajeros aéreos y, también, que se cumpla con lo previsto en la Ley
7/2017.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cumplir con la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2017 de forma que el Ministerio
de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana acredite y notifique a la
Comisión Europea una única entidad para la resolución de litigios de
consumo sobre la aplicación de los Reglamentos de la Unión Europea en
materia de protección de los usuarios del transporte aéreo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2021.-Ana María
Pastor Julián, José Ignacio Echániz Salgado, Carmen Riolobos Regadera,
Elvira Velasco Morillo y Elena Castillo López, Diputados.-Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/002892
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las
resoluciones de los servicios de reclamaciones del Banco de España, para
su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Ante un problema con una entidad financiera, el consumidor acude,
eventualmente, al Departamento de Conducta de Mercado del Banco de
España. En muchos casos, esta autoridad emite informes favorables al
consumidor que hace llegar a las entidades. El problema es que, a menudo,
los bancos ignoran estos informes al no ser vinculantes para ellos y no
cumplen de manera voluntaria con la resolución.
El Banco de España, según la memoria de reclamaciones 2019, recibió en ese
año 30.462 consultas y 14.638 reclamaciones.
El Banco de España, dirigió 520 escritos (en 2018 fueron 139) para
asegurar el correcto funcionamiento de los servicios de atención al
cliente (SAC) de las entidades bancarias.
Por otro lado, en relación con el control de la publicidad de productos y
servicios bancarios para que los clientes reciban una información clara,
suficiente, objetiva y no engañosa, el Banco de España en 2019 remitió
441 requerimientos a las entidades para el cese o la rectificación de la
publicidad que no cumplía con los requisitos de la normativa (un 43% más
que en 2018).
Sin embargo, aunque las reclamaciones no cesan, y el Banco de España da
mayoritariamente la razón a los consumidores, es frecuente que las
entidades no rectifiquen su conducta ante los informes del Banco de
España.
Las organizaciones de consumidores llevan años denunciando la pasividad y
falta de transparencia de los servicios de reclamaciones cada vez que
detectan entidades que incumplen la normativa de protección al
consumidor, o emiten publicidad engañosa o actúan con falta de
transparencia, denuncian esas actuaciones ante los organismos
correspondientes y solicitan las correspondientes sanciones.
En caso de que la entidad no rectifique su decisión o comportamiento, se
aboca al consumidor a acudir a un procedimiento judicial, lo que en la
práctica se convierte en una severa limitación de un derecho básico de
los consumidores -el recogido en el art. 8 f) del RDL 1/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias- que reconoce a los consumidores su derecho a la
protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, en especial
ante situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión.
Para que pueda ejercer un control real, es necesario que las resoluciones
el Banco de España sean atendidas por las entidades bancarias. Solo así
el consumidor evitará tener que acudir a los tribunales para hacer valer
sus derechos, ahorrando tiempo y dinero, no solo al usuario de servicios
bancarios, sino también a la administración de justicia.
El Gobierno ha incumplido la disposición Adicional Primera de la Ley
7/2017 de remitir a las Cortes Generales en el plazo de seis meses una
Ley por la cual se cree una entidad para la resolución de litigios en el
sector financiero.
Por todo ello, y de forma transitoria hasta el cumplimiento de la Ley
7/2017, se considera necesario modificar la Orden ECC/2502/2012, de 16 de
noviembre, por la que se regula el procedimiento de presentación de
reclamaciones ante los servicios de reclamaciones del Banco de España, la
Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones y que en su artículo 12.6 establece que el
informe final que emiten los servicios de atención al clientes de los
reguladores al finalizar el procedimiento de reclamación de un cliente
carecen de carácter vinculante por lo que no son de obligado
cumplimiento.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la normativa
vigente para aumentar la protección de los usuarios de los servicios
financieros, modificando el carácter de las resoluciones del servicio de
atención de reclamaciones del Banco de España para que estas puedan ser
vinculantes o, por lo menos, que las entidades bancarias deban justificar
la no adopción de la resolución frente al Banco de España, el cual hará
público a través de su página web dichas justificaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2021.-Ana María
Pastor Julián, José Ignacio Echániz Salgado, Margarita Prohens Rigo,
Carmen Riolobos Regadera, Elvira Velasco Morillo y Elena Castillo López,
Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002894
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
necesidad de una campaña informativa sobre las nuevas reglas del IVA en
las transacciones de comercio electrónico incluidas en el RDL 7/2021,
para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El comercio electrónico en España ha experimentado un extraordinario
avance y su difusión es ya un hecho imparable. Según los últimos datos
publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC), las ventas realizadas a través de Internet alcanzan ya los 12.000
millones de euros en volumen de negocio. Las cifras se refieren al
segundo trimestre del año 2019 y revelan que el sector creció un 28%
respecto al mismo periodo del año anterior y un 9,4% con relación al
primer trimestre de 2019.
A pesar de ello, en España el porcentaje de compras que se hace a través
de internet, poco más del 20%, sigue siendo inferior al de otros países
como Reino Unido, Estados Unidos o Corea del Sur, donde la compra online
está mucho más extendida. Por lo que el margen de crecimiento en nuestro
país sigue siendo muy elevado.
Los sectores más utilizados para las compras online por parte de los
consumidores españoles son las agencias de viajes y los operadores
turísticos, con el 16% de la facturación total; el transporte aéreo, con
un 8,8%, la hostelería, con un 5,8% y la moda, que apenas aporta el 5,6%
del volumen total.
Cabe destacar que, durante la crisis del coronavirus, y como consecuencia
de la necesidad de los ciudadanos confinados de poder acceder a productos
desde su casa, el comercio online experimentó un crecimiento exponencial:
- El sector de alimentación experimentó un incremento de un 218,5%.
- En el sector belleza, el número de transacciones online subió un 31.0%.
- A partir del día 14 de marzo se disparó el consumo de material deportivo
en un 22,6%.
- El sector de la electrónica mostró un incremento del 138.5% gracias al
impulso del teletrabajo.
- En cuanto a material escolar, se incrementó en un 84.8%.
- El sector digital de Farmacia mostró su mayor pico de crecimiento a
finales de febrero, llegando a multiplicar por 25 su volumen habitual de
transacciones.
- Por el contrario, el sector de la moda muestra una caída cada vez mayor
respecto al año pasado.
El próximo 1 de julio entran en vigor las nuevas reglas del IVA aplicables
a los intercambios comerciales online en la UE, por el que se crea un
régimen opcional de ventanilla única que permite ahorrar costes mediante
la utilización de una única declaración de IVA, reduciendo el número de
países de la UE en los que será necesario registrarse para recaudar e
ingresar el IVA sujeto a distintos tipos impositivos.
Los servicios contratados en línea por consumidores de países comunitarios
que sean enviados o prestados desde otro país quedarán sujetos al IVA del
Estado de llegada de la mercancía o en el que esté establecido su
destinatario, no en el país donde se ubicaba el proveedor. Una gran parte
de las nuevas medidas tienen que ver con las entregas de bienes
suministrados desde territorios de fuera de la UE con el objeto de
eliminar distorsiones de competencia y combatir el fraude. Asimismo, los
bienes importados de países de fuera de la UE con un valor inferior a 22
euros dejan de estar exentos del IVA.
El Consejo de ministros aprobó el 27 de abril de 2021 un Real Decreto-ley
donde se trasponen las Directivas de la UE 2017/2455 y 2019/1995, en las
que se regulan el tratamiento del IVA en el comercio electrónico, para
que tribute en el país de destino. Con esta transposición se pretenden
reducir las cargas administrativas y los costes de gestión del IVA para
profesionales y empresarios que realicen ventas transfronterizas, y
reducir el fraude en el IVA transfronterizo. Este Real Decreto-ley se
convalidó en el Congreso de los Diputados y, aunque se aprobó su
tramitación como proyecto de ley -actualmente está abierto el plazo de
enmiendas al articulado-, las nuevas reglas de comercio electrónico
comienzan a aplicarse en nuestro país el 1 de julio de este año,
coincidiendo con la entrada en vigor en toda la UE.
Tal y como ha informado el propio Ministerio, con la incorporación de esta
legislación europea concluye la regulación comunitaria del IVA del
comercio electrónico y se consolida la generalización del principio de
tributación en destino en las operaciones transfronterizas en el IVA.
Recordemos que, en un principio, el sistema del IVA estaba pensado como
una tributación en origen, es decir, las operaciones estaban sujetas a
IVA en el Estado miembro del proveedor al tipo de ese país. Sin embargo,
el empuje de la economía digital que permite a los consumidores adquirir
bienes y servicios de proveedores de todo el mundo ha provocado una
regulación basada en la tributación en destino. Es decir, sujeción a IVA
en el Estado miembro del destinatario y al tipo de gravamen de ese país.
Entre las novedades que incorporan las trasposiciones, que implican la
modificación de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, se contempla
que los empresarios no establecidos en la UE puedan designar a un
intermediario establecido en la Unión como responsable de liquidar el
IVA.
La trasposición contempla la extensión de una ventanilla única para una
sola declaración-liquidación del impuesto, presentada por vía electrónica
ante la Administración Tributaria del Estado miembro por el que haya
optado. De este modo, el empresario o profesional podrá ingresar el IVA
devengado por todas sus operaciones efectuadas en la UE por cada
trimestre o mes natural a las que se aplica el régimen especial.
Se incluyen asimismo tres nuevos regímenes especiales para la declaración
y liquidación del IVA devengado por las entregas de bienes y prestaciones
de servicios efectuadas a favor de consumidores finales. Los empresarios
y profesionales que se acojan a estos regímenes especiales deberán
mantener durante diez años un registro de las operaciones y quedarán
obligados a expedir y entregar facturas respecto de las operaciones
declaradas conforme a esos regímenes cuando España sea el Estado miembro
de declaración-liquidación.
Además, convierte en colaboradores de la recaudación y control del
impuesto a las empresas titulares de las interfaces digitales. Se
incluyen nuevas normas específicas para las interfaces electrónicas, como
los mercados y plataformas online que tendrán ciertas obligaciones de
mantenimiento de registros y que, en determinados supuestos, pueden
convertirse en sujetos pasivos del IVA.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha una
campaña informativa para plataformas, comercios, consumidores y usuarios
de comercio electrónico sobre las nuevas reglas del IVA en las
transacciones de comercio electrónico incluidas en el RDL 7/2021.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2021.-Elena Castillo
López, Carmen Riolobos Regadera y José Ignacio Echániz Salgado,
Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002896
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre 'bebidas energéticas', para su
debate en la en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre los riesgos asociados al consumo de
bebidas energéticas, aprobado el 17 de febrero de 2021, ha analizado el
riesgo asociado al consumo de este tipo de bebidas, llegando a la
conclusión de que no deben estar recomendadas en niños, mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia, que debe mejorarse la información
al consumidor, promoverse la moderación en su consumo y evitar conductas
de riesgo, como su combinación con bebidas alcohólicas.
Según el citado informe, las bebidas energéticas, además de cafeína,
suelen contener otros ingredientes como taurina, L-carnitina,
glucuronolactona, guaraná, ginseng y vitaminas del grupo B, entre otros.
Respecto al contenido de azúcar, suelen aportar hasta 11 g por 100 ml si
bien existen presentaciones 'sin azúcar'. La cantidad más habitual de
cafeína en estas bebidas suele ser de 80 mg/250 ml, es decir, 32 mg/100
mi si bien el rango de concentraciones oscila entre 15 y 55 mg/100 ml.
Además, una formulación de bebida energética tipo (250 ml) suele contener
1000 mg de taurina (4000 mg/l), 600 mg de glucuronolactona (2400 mg/l),
18 mg de niacina (72 mg/l), 2 mg de vitamina B6 (8 mg/l) , 0,001 mg de
vitamina B12 (0,004 mg/l) , 6 mg de ácido pantoténico (24 mg/l), 2 mg de
tiamina (8 mg/l), 1,65 mg de riboflavina (5,40 mg/l) y 50 mg de inositol
(200 mg/l) (EFSA, 2009) (VKM, 2019).Respecto a ingredientes a base de
plantas como ginseng, guaraná y ginkgo existe escasa información sobre su
contenido. La ingesta elevada y prolongada de algunas de estas
sustancias, solas o en combinación, puede tener efectos adversos sobre la
salud de las personas consumidoras.
Al contrario de lo que sucede en otros países como Alemania o Dinamarca,
en España no existe una regulación específica de estas bebidas, lo que
impide acotar tanto los ingredientes que pueden contener como su
concentración máxima o combinaciones. Y ello pese a que, además de su
relación con el sobrepeso y la obesidad, su ingesta regular se ha
asociado a sobredosis de cafeína, hipertensión, pérdida de masa ósea y
osteoporosis y otras enfermedades cardiovasculares; o con efectos
secundarios como palpitaciones, insomnio, náuseas, vómitos y micción
frecuente.
En España, según la última Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas
Secundarias (ESTUDES), 4 de cada 10 estudiantes de 14 a 18 años han
tomado bebidas de este tipo en los últimos treinta días. En el grupo
masculino más joven (14 años), la prevalencia de estas bebidas alcanza
casi un 50%. Este porcentaje aumenta ligeramente con la edad,
observándose el mayor incremento de la prevalencia a los 18 años (52,2
%). El 16 % de los estudiantes de 14 a 18 años ha mezclado alcohol con
bebidas energéticas en los últimos 30 días, cifra que es superior entre
los chicos. Tanto en el grupo masculino como en el femenino, la mayor
proporción de consumo se registra entre los alumnos de 18 años, con 23,8
% y 18,2 % respectivamente. El 16 % de los estudiantes de 14 a 18 años ha
mezclado alcohol con bebidas energéticas en los últimos 30 días. Tanto en
el grupo masculino como en el femenino, la mayor proporción de consumo se
registra entre los alumnos de 18 años, con 23,8 % y 18,2 %
respectivamente.
[**********página con cuadro**********]
Según el artículo Caffeinated energy drink consumption among adolescents
and potential health consequences associated with their use: a
significant public health Hazard, publicado en la revista Acta Biomédica,
por Vicenzo De Sanctis y otros, existe evidencia científica de que el
consumo de alcohol mezclado con bebidas energéticas conduce a estados
subjetivos alterados, incluida una disminución de la intoxicación
percibida, un aumento de la estimulación y un mayor deseo de beber /
aumento del consumo de alcohol en comparación con el consumo de alcohol
sin mezcla. El efecto de la cafeína sobre la intoxicación puede ser más
pronunciado cuando los mezcladores se endulzan artificialmente, es decir,
carecen de sacarosa, lo que reduce la tasa de vaciado gástrico del
alcohol.
En el Proyecto de investigación dirigido por Mercé Correa: Impacto de la
dosis de cafeína en las 'bebidas energéticas' sobre las conductas
implicadas en el abuso y adicción al alcohol: interacción de los sistemas
de neuromodulación adenosinergicos y dopaminérgicos, se sugiere de sus
resultados que 'las dosis altas de cafeína empeoran los efectos
supresores del alcohol y en aquellos sujetos que ya de normal tienen
altos niveles de consumo ( ...) y que la cafeína (a los niveles que
contienen las bebidas energéticas) incrementa los riesgos potenciales en
la adquisición de conductas que faciliten el abuso del alcohol y que
pudieran derivar en adicción a esta sustancia.'
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, siguiendo las recomendaciones del Comité
Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición,
insta al Gobierno a:
1. Regular las denominadas 'bebidas energéticas, incluyendo su definición,
los ingredientes que pueden contener, su concentración máxima, y posibles
combinaciones.
2. Mejorar, en colaboración con la industria, la información a las
personas consumidores recogida en el etiquetado de las bebidas
energéticas, favoreciendo no sólo la incorporación de la denominación de
todos los ingredientes activos en el listado de ingredientes sino también
su contenido.
3. Monitorizar anualmente las tendencias de consumo de este tipo de
bebidas, de forma que pueda evaluarse su contribución a la exposición
dietética de cafeína y otros ingredientes activos en grupos específicos
de personas consumidoras, estimar su riesgo y diseñar planes de actuación
para su minimización.
4. Llevar a cabo programas de educación y comunicación con el objetivo de
aumentar el conocimiento de la población, mejorar la percepción del
riesgo y minimizar los posibles riesgos asociados al consumo excesivo de
bebidas energéticas, solas y combinadas con alcohol, considerando de
forma diferenciada a los grupos de mayor riesgo como niños/as y
adolescentes.
5. Promover el cumplimiento del compromiso de la industria en la
comercialización de envases no superiores a 250 ml. Contribuyendo de este
modo a moderar la exposición a los distintos componentes activos, algunos
de ellos psicoactivos, y estudiar la posibilidad de evitar la
comercialización de envases de 500 ml.
6. Evaluar el consumo, exposición y riesgo de otras formas de consumo de
cafeína como los denominados 'shots' o 'caffeine/energy shots'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2021.-María Soledad
Sánchez Jódar y Daniel Vicente Viondi, Diputados.-Guillermo Antonio
Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/002909
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
creación de una entidad de resolución alternativa de litigios en materia
de consumo en el ámbito de la actividad financiera, para su debate en la
Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al Ordenamiento
jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de
litigios en materia de consumo se aprobó de forma que obligase a España a
garantizar a los consumidores españoles la posibilidad de resolver sus
litigios con empresarios mediante la intervención de entidades de
resolución alternativa que ofrezcan procedimientos de resolución
alternativa o extrajudicial de litigios de consumo que sean
independientes, imparciales, transparentes, efectivos, rápidos y justos.
En este mismo sentido, la Ley prevé en su Disposición adicional primera la
creación de una única entidad para la resolución, con carácter vinculante
o no, de litigios de consumo en el sector financiero.
Dicha entidad se crearía mediante ley, la cual 'obligará a las entidades
financieras a participar en los procedimientos ante dicha entidad de
resolución alternativa de litigios para el ámbito de su actividad.'
El plazo previsto de remisión a las Cortes Generales de dicha ley fue de
ocho meses desde la entrada en vigor de la Ley 7/2017. Sin embargo, a
fecha de hoy, el Gobierno sigue sin haber remitido a las Cortes Generales
la ley que cree la referida entidad.
Al mismo tiempo, los servicios financieros siguen siendo uno de los
sectores en los que se produce un mayor número de reclamaciones de los
consumidores. Sirvan como ejemplo los datos incluidos en la
memoria de reclamaciones del Banco de España de 2019 (última edición
publicada). En dicho año, el Banco de España recibió 30.462 consultas y
14.638 reclamaciones relacionadas con los bancos.
Es importante, por lo tanto, poner en marcha los instrumentos que
garanticen una mayor agilidad en la solución de las reclamaciones de los
consumidores de servicios financieros y, también, que se cumpla con lo
previsto en la Ley 7/2017.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cumplir con la
Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2017 de forma que remita a las
Cortes Generales en el plazo de seis meses una Ley por la cual se cree
una única entidad para la resolución, con carácter vinculante o no, de
litigios de consumo en el sector financiero.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2021.-Ana María
Pastor Julián, José Ignacio Echániz Salgado, Carmen Riolobos Regadera,
Elvira Velasco Morillo y Elena Castillo López, Diputados.-Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002873
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el
Fomento de la investigación e innovación dirigida a la prevención de
enfermedades relacionadas con el estilo de vida y hábitos de consumo de
nuestra sociedad, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y
Universidades.
Exposición de motivos
Uno de los principales objetivos de las sociedades modernas es conseguir
la reducción de las enfermedades y el mantenimiento medioambiental. El
estilo de vida y los hábitos de consumo de nuestra sociedad inciden en
estos factores y, por tanto, el fomento de productos de menor riesgo debe
ser un objetivo compartido.
Los ciudadanos de gran parte de los países occidentales han ido
modificando, en los últimos tiempos su estilo de vida por causa de las
relaciones laborales, de la movilidad en las grandes ciudades, de una
nueva cultura del ocio, así como de un acceso masivo a determinados
productos y servicios. Además, recientemente, la aparición de la pandemia
del COVID-19 ha modificado también algunas de nuestras costumbres o ha
traído a nuestra realidad situaciones novedosas en nuestra forma de
vivir, de trabajar o de relacionarnos.
Es lógico que las administraciones de muchos países del mundo estén
preocupadas por determinados efectos derivados de ese estilo de vida,
desde la exposición de muchos ciudadanos a agentes contaminantes, hasta
el consumo de algunos productos que conllevan a algún tipo de riesgo para
la salud. Es razonable por tanto que las agendas normativas de muchos
gobiernos incluyan reformas para paliar los efectos de esos factores para
nuestra salud.
Pero al mismo tiempo, vivimos en sociedades en las que, con gran esfuerzo
de las generaciones presentes y pasadas, hemos ido conquistando derechos
y libertades que forman parte de nuestro bagaje cultural y democrático.
Es muy importante mantener esos derechos y libertades y, al mismo tiempo,
hacerlos compatibles con esa voluntad protectora de la salud y del medio
ambiente por parte del Estado.
En ese sentido, en los últimos tiempos, una parte muy importante del
tejido empresarial está buscando soluciones basadas en la innovación y el
desarrollo tecnológico, para reducir los efectos negativos de
determinados productos y servicios en diversos sectores como el
alimentario, el energético, el tabacalero o el automovilístico.
Por poner algunos ejemplos, la utilización de energías alternativas, como
la eólica o la solar, está ayudando a acelerar la descarbonización. Estas
energías más limpias están contribuyendo de forma notable a reducir los
gases de efecto invernadero en muchas partes del planeta. A ese mismo
objetivo, también colabora el desarrollo tecnológico que se está
produciendo en el terreno de la automoción, a través de constantes
esfuerzos por fabricar motores y vehículos que reduzcan la emisión de
contaminantes generados por la combustión. La aparición de vehículos
eléctricos o híbridos está ayudando en los objetivos de reducción de esas
emisiones y en la lucha contra el cambio climático.
También el sector alimentario ha demostrado que existen alternativas al
consumo de productos de alto contenido en azúcar, a través de
alternativas más saludables, eficaces para la prevención de la obesidad,
como algunos edulcorantes y potenciadores del dulzor de los alimentos,
dónde actualmente se están desarrollando nuevos proyectos de l+D+I.
Lo mismo podría decirse del sector del tabaco donde están apareciendo
nuevos productos basados en la innovación científica y tecnológica que
permiten que aquellas personas que consumen cigarrillos y a los que, en
muchos casos, no les funcionan las técnicas clásicas de deshabituación
tabáquica, puedan tener una alternativa para la reducción del riesgo.
Estos productos están siendo reconocidos por diferentes administraciones
públicas, como la Food and Drugs Administration (FDA) americana o la
National Health of England del Reino Unido, que están adoptando en sus
líneas de actuación de prevención de la salud, las políticas de reducción
del daño.
Todos estos procesos de innovación se están realizando en parte por la
concienciación de una sociedad mucho más sensible a la mejora de la salud
pública, y por la aplicación de desarrollos tecnológicos y avances de la
innovación más respetuosos con el medio ambiente y la salud, con una
serie de efectos positivos: la mejora de la calidad de vida de la
población; la contribución a la prevención de enfermedades y, con ello,
también a la disminución de la necesidad del uso de recursos de la ya de
por sí tensionada sanidad pública.
En España, muchas administraciones públicas ven con buenos ojos estos
cambios y están poniendo en marcha ayudas en algunos sectores, como el de
las energías renovables o la industria del automóvil.
Pero necesitamos un nuevo impulso para seguir fomentando estos avances
industriales y dar seguridad a los consumidores y a la industria.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir trabajando para
lograr cada día un estilo de vida más saludable entre los ciudadanos a
través del fomento de la investigación y la innovación dirigida al
desarrollo de productos con menor riesgo para la salud o el medio
ambiente.
Para ello insta al Gobierno a:
1. Constituir en el Ministerio de Ciencia e Innovación una Comisión de
Expertos con el objeto de analizar las mejores alternativas para la
consecución de ese objetivo, a partir de la innovación tecnológica sobre
nuevos productos que mejoren nuestra calidad de vida. Dicha comisión
estudiará las diferentes legislaciones internacionales, y fomentará el
diálogo con los sectores industriales, con el objetivo de elaborar y
presentar un informe al Congreso de los Diputados, antes del final de la
presente legislatura, con recomendaciones y conclusiones sobre cómo los
poderes públicos pueden contribuir a fomentar esa innovación y conseguir
los máximos beneficios a la sociedad y a su salud.
2. Implementar el principio de reducción del daño en las políticas
públicas de salud en aquellos sectores que dispongan de productos
innovadores y evolucionados que ayuden a reducir los efectos más
negativos que conlleva el consumo de determinados productos
tradicionales.
3. Incluir programas dentro de los fondos europeos de innovación e
investigación que tengan como finalidad el incentivar la reducción del
daño en los sectores económicos y en los productos de consumo masivo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2021.-María Sandra
Moneo Díez y Pedro Navarro López, Diputados.-Concepción Gamarra
Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002875
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley para el fomento de programas de retención del talento en el
medio rural, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y
Universidad.
Exposición de motivos
En los últimos 40 años España ha desarrollado una red de universidades
distribuidas en todo el territorio, que ha permitido el acceso a estudios
superiores a millones de estudiantes residentes en provincias que
históricamente habían carecido de esta opción. Una vez acabados los
estudios, estos titulados superiores se afincaban mayoritariamente en sus
lugares de origen, empleando su esfuerzo y talento en el progreso del
medio rural español. Sin embargo, en los últimos 10 años se está
produciendo un cambio de tendencia, consistente en la descapitalización
educativa por la emigración de los jóvenes hacía las grandes capitales.
Esta tendencia ha sido analizada en el estudio de la Universidad Autónoma
de Barcelona, titulado 'Descapitalización Educativa y Segunda Oleada de
Despoblación', que analiza las dinámicas de migración de la población de
25 a 39 años nacida en España que traspasa algún límite autonómico entre
2013 y 2017. Este estudio indica que el 53,8 % de los jóvenes que se
marcha a las grandes urbes tienen estudios universitarios. Madrid se
consolida como el principal receptor de talento, concentrando el 38,7 %
de los movimientos migratorios interregionales de los jóvenes nacionales,
de los cuales un 64,8 % son titulados universitarios.
Por otra parte, el fenómeno de la despoblación no solo afecta al medio
rural, sino que se extiende a los ámbitos urbanos y cabezas de comarca de
las comunidades autonómicas principalmente rurales, como resalta el
estudio anteriormente mencionado.
En este sentido, los programas de movilidad de estudiantes universitarios
pueden ser de utilidad para generar nuevas oportunidades en el medio
rural español. Estos programas han supuesto un éxito para la formación y
el enriquecimiento personal y cívico de varias generaciones de
estudiantes desde su puesta en marcha, así lo corroboran los programas
ERASMUS Y SÉNECA.
En los últimos tiempos algunas administraciones, en colaboración con la
universidad, han establecido programas para que estudiantes realicen
prácticas en municipios de menos de 3000 habitantes. Este es el caso del
programa Desafío, un proyecto de la Universidad de Zaragoza, que cuenta
con el apoyo de la diputación provincial, y que el Gobierno Autonómico de
Aragón prevé ampliar a toda la comunidad.
Estas iniciativas suponen un importante acicate para la atracción del
talento en las zonas despobladas del país. Generando una atractiva oferta
de actividad en sectores y servicios en estos territorios.
El Gobierno de España pretende impulsar el papel de las universidades como
catalizador de oportunidades en la España rural. Así lo reconoció el
Ministro de Universidades, Manuel Castells, en sus diferentes
comparecencias en el Congreso de los Diputados, al afirmar la importancia
de la institución universitaria para 'frenar la despoblación y
rejuvenecer la composición sociodemográfica' en esos lugares.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a valorar, en colaboración
con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y las
administraciones públicas, el desarrollo de programas de retención de
talento en el medio rural de España, consistentes en la realización de
prácticas universitarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2021.-Roberto García
Morís, Javier Alfonso Cendón, Miguel Ángel González Caballero, Helena
Caballero Gutiérrez, Antidio Fagundez Campo, María Ángeles Marra
Domínguez, José Luis Aceves Galindo, Sandra Guaita Esteruelas, Ariagona
González Pérez, Juan Francisco Serrano Martínez, María Luz Martínez
Seijo, Arnau Ramírez Carner y Patricia Blanquer Alcaraz, Diputados.-José
Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/002963
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el
desarrollo y fomento de la Innovación Abierta en la Administración
Pública para su debate en la Comisión Ciencia, Innovación y
Universidades.
Exposición de motivos
La innovación Abierta (en inglés Open lnnovation) es un término acuñado
por el profesor americano Henry Chesbrough con el que se propone una
nueva estrategia de innovación mediante la cual las empresas van más allá
de sus límites y desarrollan la cooperación con organizaciones o
profesionales externos para desarrollar proyectos de l+D+I.
Respecto al funcionamiento del Sector Público, algo está cambiando en los
últimos tiempos gracias a la incorporación de la Tecnología, y lo hace a
un ritmo frenético. Los proyectos de innovación que se han puesto en
marcha en las Administraciones Públicas pretenden mejorar políticas,
servicios y procesos con el fin de procurar un mayor bienestar a la
sociedad. Todo ello, gracias a funcionarios innovadores que trabajan en
los entes públicos, cuyo empuje innovador está siendo vital para
construir una Administración mucho más eficiente y eficaz.
En este ámbito, la Innovación Abierta es un paso más en el proceso de
modernización de la Administración Pública. La Innovación Abierta supone
abrir el sector público a la inteligencia colectiva. Parece de sentido
común que este conjunto de organismos administrativos, mediante los
cuales el Estado cumple o hace cumplir la política o voluntad expresada
en las leyes del país, funcionen en colaboración como un solo ente,
aprovechando y optimizando los recursos para un mejor servicio a los
ciudadanos. Es evidente que deben formarse espacios de colaboración entre
las personas emprendedoras del sector público y de la sociedad civil
(universidades, organizaciones, empresas, etc.) desde los que procurar el
bien de los ciudadanos, aunque todavía queda mucho camino por recorrer.
Sin embargo, nadie duda de que las redes sociales sirven para informar
pero también brindan la oportunidad de conectar a millones de personas y
éste es precisamente su potencial. En la actual crisis sanitaria del
COVID-19, las plataformas sociales están ejerciendo una gran labor para
facilitar la prevención, combatir la desinformación o resolver las dudas
sobre un contagio. Miles de personas han buscado información sobre la
pandemia o compartido contenidos sobre cómo sobrellevar el aislamiento en
casa. Éste es uno de los ejemplos prácticos de los beneficios que tiene
para los ciudadanos la Administración Abierta.
El proceso de la Innovación Abierta es imparable y es ya nuestro futuro
inmediato. Sin embargo, para proceder a la pretendida coordinación y
trabajo conjunto entre los diferentes organismos que componen el Sector
Público, es necesario modernizar algunos procesos administrativos.
España tiene el reto de apostar por el fomento y la coordinación de la
Transformación Digital en la Administración General del Estado. El gran
desafío de toda Administración Pública es facilitar a los ciudadanos el
acceso a servicios públicos de calidad de la forma más sencilla posible,
de manera justa y equilibrada, y con criterios transparentes de concesión
y de acceso a los mismos.
La principal queja de los ciudadanos sigue siendo la brecha digital, el
exceso de burocracia en el acceso a los servicios, la poca claridad de
los procedimientos a seguir y la lentitud en resolverse. En el caso de
nuestro país, nos encontramos ante retos importantes en el objetivo de
avanzar hacia una sociedad cohesionada y próspera durante la próxima
década. Uno de ellos es disponer de una Administración pública de
vanguardia que permita responder a los requerimientos planteados por la
complejidad actual y prestar servicios con niveles de calidad
homologables a los países más desarrollados de nuestro entorno.
Para ello, es necesario crear una Administración Abierta transparente,
accesible y receptiva que ofrezca un contacto permanente con la
ciudadanía y facilite su colaboración. Esta necesidad se ha hecho
patente, de manera especial, durante la crisis del COVID-19.
La transparencia es el pilar fundamental de la Innovación Abierta,
entendida como el deber de los poderes públicos de exponer y someter al
análisis de la ciudadanía la información relativa a su gestión, al manejo
de los recursos que son de todos, a los criterios que sustentan sus
decisiones, y a la conducta de sus funcionarios.
La crisis del coronavirus ha provocado un necesario cambio en el
funcionamiento de nuestras administraciones públicas, las cuales se han
tenido que adaptar a dos circunstancias: la creciente necesidad y demanda
de información pública para mantener informada adecuadamente a la
ciudadanía; y la escasa información sobre la gestión de la crisis
sanitaria.
Es importante entender que los gobiernos tienen la responsabilidad pública
de servir al ciudadano de forma transparente y que, de esa forma,
mejorará el grado de confianza de los ciudadanos en las Administraciones
Públicas y la gestión de la administración pública. Pero para ello, deben
procurar los recursos técnicos, humanos y económicos necesarios.
Resulta evidente que, ante la actual situación de emergencia derivada del
COVID-19, tener una población bien informada es una de las obligaciones
perentorias del gobierno. En este tipo de situaciones, una población
correctamente informada no sólo ayuda a entender y cumplir las medidas de
confinamiento sino también una manera de desincentivar bulos o noticias
falsas y, ante todo, de tomar las decisiones más adecuadas para frenar
cuanto antes el virus.
Precisamente, en estos momentos de crisis, la existencia de unas buenas
prácticas de transparencia y coordinación de datos y gestión entre la
Administraciones Públicas resulta imprescindible. La Innovación Abierta
en el ámbito del sector público está ya en marcha pero es necesario un
empuje decidido del gobierno para situar a España al nivel de las
administraciones de los países avanzados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las medidas
necesarias para:
1. Impulsar la utilización de las nuevas tecnologías para dar una
respuesta eficaz, rápida y, a ser posible, automática, a las demandas
administrativas de los ciudadanos y las empresas.
2. Procurar recursos económicos para la transformación digital de las
Administraciones Públicas.
3. Promocionar el empleo de sistemas electrónicos que garanticen la
compatibilidad con otros sistemas y aplicaciones utilizados en las
diferentes Administraciones Públicas.
4. Fomentar la coordinación entre las Administraciones Públicas mediante
sistemas digitales que proporcionen una información administrativa clara,
actualizada e inequívoca.
5. Eliminar las barreras regulatorias y administrativas para facilitar la
digitalización de los sectores productivos.
6. Gestionar de manera adecuada el problema de la brecha digital y evitar
la desigualdad de los ciudadanos ante las gestiones burocráticas y la
información.
7. Formar a los profesionales y funcionarios de las Administraciones
Públicas en el uso de la tecnología digital y la gestión eficaz y
transparente.
8. Formar expertos en privacidad para poder cumplir con los preceptos del
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
9. Mejorar la gestión del uso del teletrabajo en las Administraciones
Públicas; disponer de una infraestructura adecuada para evitar el colapso
de los servidores, proteger los equipos electrónicos de ciberataques,
etc.
10. Promocionar la tecnología blockchain y los contratos inteligentes en
las Administraciones Públicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2021.-Pedro Navarro
López, Diputado.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002964
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para dotar a
nuestro país de un Sistema Sandbox para su debate en Comisión de Ciencia,
Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La aparición constante de innovaciones tecnológicas, la consolidación de
la economía digital, así como los cambios en los usos sociales unidos a
los desafíos de la pandemia provocada por el COVID-19, están transformado
nuestro entorno de forma continua e impredecible.
Antes que sea percibido como una amenaza en una coyuntura en la que la
eficiencia y la eficacia del sector público están en entredicho este
continuó cambio tecnológico plantea enormes oportunidades de desarrollo
que permitan a. la administración demostrar capacidad para anticiparse y
acompañar a la sociedad civil en sus procesos innovadores.
Con este objetivo las administraciones públicas tienen a su alcance la
función regulatoria, para desde el respeto a la libertad de empresa,
ordenar el comportamiento de los agentes económicos e introducir cambios
en el entorno, con el objetivo de preservar el bienestar del conjunto de
la sociedad con una respuesta regulatoria ágil que aporte certidumbre y
seguridad.
Como reconoce la exposición de motivos del Proyecto de Ley para la
Transformación Digital del Sistema Financiero, 'desde la óptica de las
autoridades públicas el cambio acelerado, impulsado por las nuevas
tecnologías y por los modelos de negocio basados en las mismas, supone,
en primer lugar, un reto de adaptación tecnológica, pero también otro más
fundamental: la política financiera tiene que garantizar que la
innovación aplicada al ámbito financiero es segura y beneficia al
conjunto de la sociedad. Se trata de facilitar el acceso a financiación
como motor de la economía, asegurando que la transformación digital no
afecte en modo alguno al nivel de protección al consumidor de servicios
financieros, a la estabilidad financiera y a la integridad en los
mercados, ni permita la utilización del sistema financiero para el
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo' punto de partida
el del sector financiero que debería ser ampliado al conjunto del tejido
empresarial e investigador de nuestro país.
Para adoptar procesos normativos y de gestión más dinámicos, y que
faciliten la comunicación entre agentes públicos y privados se pueden
integrar en los procesos normativos y de gestión en todos los ámbitos y
niveles de la Administración mecanismos de prototipado y escalado tan
habituales en el sector industrial, entre todos ellos tal y como reconoce
el citado Proyecto de Ley destacan tres claves fundamentales, que se
trate de un espacio controlado; que exista un instrumento supervisor y
que se regule por un esquema ley-protocolo.
El pujante tejido empresarial e innovador español demanda un entorno
controlado de pruebas que permita llevar a la práctica proyectos
tecnológicos de innovación en todos los sectores, no solo en el
financiero, con pleno acomodo en el marco legal y supervisor, algo que
solo se puede garantizar con la implantación de un Sistema Sandbox.
Los sistemas Sandbox son espacios donde las empresas pueden probar sus
nuevos productos, servicios, y modelos de negocio de una forma segura,
sin tener que atenerse a toda la regulación que, en circunstancias
normales, requeriría la actividad en cuestión.
Como propone la Fundación COTEC en su informe Regular el Futuro, el
Sistema Sandbox permite conocer en mayor profundidad los beneficios y
riesgos de un nuevo producto o modelo de negocio, dando la posibilidad de
afinar y ajustar las innovaciones en un entorno de mercado. De esta
forma, se minimiza la inseguridad jurídica y se ayuda a mejorar el acceso
a la inversión al ofrecer un marco seguro y predecible a los proyectos de
innovación. Al mismo tiempo, facilita la colaboración entre
administraciones, empresas y ciudadanos, contribuyendo a modernizar el
contexto regulatorio de las actividades productivas y, por encima de
todo, asegurando la protección de los derechos de los ciudadanos.
En los últimos años, algunos países han comenzado, a crear sistemas de
sandbox regulatorios contribuyendo así a crear un entorno más atractivo
para el talento y la inversión. Francia, Japón, Reino Unido, Holanda o
Singapur son solo algunos ejemplos.
Desde el modelo inglés, donde la legislación Sandbox está regulada por la
Financia! Conduct Authority (FCA) y por tanto centrada en el ámbito
fintech al de France Expérimentation, iniciativa lanzada en 2016 por el
Gobierno de la República Francesa con el objetivo de crear una plataforma
para que las entidades interesadas expresen sus necesidades en materia de
mejoría de la regulación para la promoción de las innovaciones, son
muchos los ejemplos en nuestro entorno que plantean un punto de partida
que deberá ser adaptado a nuestra realidad.
Algo que sin duda puede además ser una oportunidad para la realidad,
dispersa y desigual de nuestro país, el impulso de sistemas de pruebas
acotadas puede ser fácilmente acota le tanto a ciudades como a entornos
rurales como espacios de experimentación. La gran mayoría de innovaciones
son adoptadas en
primer término por las grandes ciudades, pero en el caso español podrían
suponer además una oportunidad de desarrollo y fijación de población en
entornos rurales vinculados a desarrollos de tecnología adaptados a su
entorno y recursos endógenos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para impulsar las medidas
necesarias para:
1. Iniciar la creación de un marco legal que contribuya a generar
seguridad jurídica al sistema empresarial, científico e innovador con el
objetivo de facilitar la flexibilización del marco regulatorio de
espacios de pruebas ampliando al conjunto de la economía española lo
planteado por el Proyecto de Ley para la transformación digital del
sistema financiero, dotando a nuestro país de un Sistema Sandbox
unificado.
2. Establecer los mecanismos de coordinación institucional necesarios para
que respetando el marco competencial constitucional la propuesta
regulatoria garantice el principio de unidad de mercado y los procesos
innovadores en entornos seguros en todo el territorio nacional.
3. Facilitar que empresas y agentes innovadores ya existentes, que se
ajusten a los requisitos legales vigentes, pueda utilizar Sistemas
Sandbox para poner en marcha proyectos de innovación, confirmar su
viabilidad y su funcionamiento o desecharla con garantías de control y
supervisión así como incorporar al marco regulatorio las conclusiones
obtenidas en espacios de pruebas con resultado satisfactorio.
4. Disponer de incentivos fiscales y eliminación de tasas administrativas
en actividades sometidas a Sistemas Sandbox durante el primer año de su
funcionamiento y de un 50 %, si se ha establecido más de un año de
funcionamiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2021.-María Sandra
Moneo Díez y Pedro Navarro López, Diputados.-Concepción Gamarra
Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Igualdad
161/002882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa
para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
Proposición no de Ley contra los discursos de intolerancia y
discriminación hacia las personas LGTBI de Polonia y Hungría, para su
debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La igualdad y la no discriminación es un principio jurídico universal
proclamado en diferentes textos internacionales sobre Derechos Humanos y
reconocido, también, como un derecho fundamental en nuestro ordenamiento
jurídico.
En este sentido, cabe destacar La Declaración Universal de los Derechos
Humanos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948, en
su artículo 2, que afirma que toda persona tiene reconocidos los derechos
y libertadas proclamados en dicha declaración sin que pueda prevalecer
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica o cualquier otra condición.
Del mismo modo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, en su artículo 21.1, prohíbe toda discriminación, y en
particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o
sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones,
opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría
nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación
sexual.
También, la Constitución Española de 1978, en su artículo 14, proclama el
derecho a la igualdad y la no discriminación y, el artículo 9, en su
apartado segundo, establece la obligación de los poderes públicos de
promover las condiciones y remover los obstáculos para que la igualdad
del individuo y los grupos en que es integra, sea real y efectiva.
Es conocido por todos y todas que la Unión Europea se basa en un sólido
compromiso de promover y proteger los derechos humanos, la democracia y
el Estado de Derecho en todo el mundo. Sin embargo, en los últimos
tiempos, estamos asistiendo a un retroceso en el respeto a los valores
comunes que el Derecho Europeo consagra.
Estados miembros como Hungría y Polonia están llevando a cabo reformas
antidemocráticas que secaban los cimientos mismos de la Unión.
Durante el año 2020, casi un centenar de municipios y ciudades polacas se
autoproclamaron 'zonas libres de ideología LGTBI' convirtiéndose en
lugares en los que las personas pertenecientes a dicho colectivo no son
bien recibidas y donde se rechaza la tolerancia sexual en defensa de la
familia tradicional. A pesar de la no tener validez legal, el objetivo es
criminalizar a la comunidad LGTBI y, lo que es aún más grave, cuenta con
apoyo explícito del Gobierno.
El pasado 15 de junio, el Parlamento de Hungría aprobó una nueva
legislación, impulsada por el Gobierno ultraconservador del primer
ministro Viktor Orbán, que prohíbe la 'promoción' de la homosexualidad.
Dicha ley entiende que solo con nombrar el tema se hace publicidad del
mismo por lo que prohíbe hacerlo, no solo en los centros educativos si no
que, a partir del momento en que se promulgue la ley, solo aquellas
personas y/o entidades autorizadas por el Gobierno, podrán dar charlas
sobre sexualidad. Y si todo esto, por sí mismo, no fuera suficientemente
grave, la nueva norma pone en un mismo plano la pornografía, la identidad
y la orientación sexual.
Este tipo de actitudes no pueden permitirse en el seno de la Unión
Europea. En este sentido, el 24 de junio de 2021, con motivo del Día
Internacional del Orgullo LGTBI de 28 de junio, el Presidente del
Gobierno de España, Pedro Sánchez, junto con jefes/as de Estado y de
Gobierno de otros 13 países pertenecientes a la UE, han firmado una carta
dirigida a la Presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, al
Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y al Presidente del
Consejo de la Unión Europea, António Costa, en el que manifiestan que 'El
odio, la intolerancia y la discriminación, no tienen cabida en nuestra
Unión. Por eso, hoy y todos los días, defendemos la diversidad y la
igualdad LGTBI para que nuestras generaciones futuras puedan crecer en
una Europa de igualdad y respeto'.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Promover en el seno de la Unión Europea la irrenunciable defensa de los
derechos y libertades de las personas LGTBI.
- Condenar los actos de intolerancia y odio llevados a cabo en países como
Polonia y Hungría que no representan el espíritu de concordia,
reconocimiento y respeto a la diversidad y a la pluralidad existentes en
la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2021.-Laura Berja
Vega, Diputada.-Susana Ros Martínez y Rafael Simancas Simancas,
Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley de apoyo al reconocimiento e igualdad de
las familias LGTBI, para su debate ante la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
En los últimos años se han producido numerosos avances en materia de
derechos y libertades para las personas LGTBI, lo que ha hecho que España
sea considerado como uno de los países más
garantistas de estos derechos y libertades por la Asociación Internacional
de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex en Europa (ILGA Europe).
Esto es un logro colectivo tanto de las instituciones como de todos los
españoles, y en especial de las personas LGTBI que durante años han
impulsado cambios para mejorar la concienciación y el reconocimiento de
los derechos y libertades de todos los ciudadanos, sin importar su
orientación sexual o identidad de género.
Pese a estos avances de los últimos años, siguen siendo necesarias más
acciones para hacer que esa igualdad sea verdaderamente real. Uno de los
aspectos en los que hay tareas pendientes en materia de derechos y
libertades para las personas LGTBI es a la hora de formar una familia.
Por esta razón, el Grupo Parlamentario Ciudadanos fue pionero en España
proponiendo regular la gestación subrogada altruista para dar una mejor
cobertura normativa para las personas que deben recurrir a estos métodos
para poder formar una familia por imposibilidad de hacerlo de forma
biológica y evitar así que tengan que recurrir a sistemas de gestación
subrogada menos garantistas o cuyo reconocimiento no está contemplado en
la legislación española. Este problema de desprotección ha llevado a
episodios deplorables que han puesto a decenas de familias en una
situación extremadamente delicada por cuestiones ideológicas.
Además, también es necesario avanzar en otra alternativa para que las
personas LGTBI puedan formar una familia, como es la adopción.
Actualmente, las parejas LGTBI se enfrentan a una desigualdad en los
procesos, lo que resulta en un agravio comparativo en la realización de
sus proyectos familiares. Por ejemplo, los procedimientos de adopción
internacional se ven obstaculizados por la falta de reconocimiento de las
parejas no heterosexuales en los países de origen de la mayoría de niños
en adopción, principalmente países asiáticos y del este de Europa. Según
la asociación de Gais y Lesbianas con Hijos (GALEHI), las familias LGTBI
se enfrentan a una doble discriminación en los procesos tanto de
gestación subrogada como de adopción, una por su condición de pareja
LGTBI y otra por el método al que recurren para formar una familia.
De este modo, muchas parejas se encuentran en una situación en la que uno
de los miembros tiene que adoptar individualmente a un hijo y,
posteriormente, que el otro inicie un proceso de co-adopción. Esto supone
un problema burocrático, puesto que las familias LGTBI de más de un hijo
pueden acabar con numerosos libros de familia: uno en el que se recoge su
matrimonio, otro en el que se recoge la relación entre un progenitor y un
hijo y otro en el que se hace lo propio con otro hijo y el otro
progenitor.
Además, a lo largo de estos procesos, es habitual que las parejas LGTBI
tengan que hacer frente a prejuicios que se traducen a menudo en un
escrutinio adicional al que no se somete a las parejas heterosexuales, a
veces teniendo que cumplir determinados requisitos no exigidos
explícitamente por la ley, pero impuestos por las convicciones morales de
quienes gestionan los trámites administrativos. Por tanto, las parejas
LGTBI, por el mero hecho de serlo, se enfrentan a una carrera de
obstáculos superior a la de las parejas heterosexuales a la hora de
formar una familia, a veces por barreras impuestas por la ley y otras
veces por los prejuicios aún existentes en nuestra sociedad contra las
personas LGTBI o contra determinadas prácticas de asistencia para formar
una familia.
Desde el Área Delegada de Familias, Igualdad y Bienestar Social, el
concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid Pepe Aniorte ha
impulsado la creación de un programa integral y especializado para
abordar los problemas a los que se enfrentan las familias LGTBI. Este
programa contempla actuaciones para dar asistencia a la hora de abordar
posibles conflictos de custodia derivados de la separación de la pareja y
de la falta de cobertura legal de las familias LGTBI, o los problemas
derivados de las alternativas alas que se recurre para formar una
familia, como la adopción y la gestación subrogada. Este trabajo es
pionero en España y el Ayuntamiento de Madrid está actuando como punta de
lanza para ampliar los derechos de las personas LGTBI de la mano de
Ciudadanos.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Abordar de manera integral y coordinada la problemática y los
obstáculos legales y administrativos que familias LGTBI adoptantes se
encuentran en los procesos de adopción, que llevan no solo a la
prolongación de los procesos sino también a una falta de reconocimiento
equiparable de las familias LGTBI al que reciben las familias
heterosexuales.
2. Impulsar procesos de apertura de nuevas vías de adopción internacional
que den respuesta alas personas y familias LGTBI adoptantes en espera en
nuestro país, así como a los menores que se
encuentran en situación de desprotección, en especial con los 45 países
con los que otros países de la Unión Europea o bien tienen ya
establecidos acuerdos de adopción internacional o permiten directamente a
sus nacionales solicitar tales adopciones.
3. Mejorar el marco de reconocimiento de las familias LGTBI y la
equiparación de derechos de adoptantes y de los menores a los de las
familias heterosexuales, sin importar el proceso que se haya llevado a
cabo para formar esa familia, y eliminando barreras burocráticas para el
reconocimiento de la tutela legal de ambos progenitores sobre el menor.
4. Llevar acabo formaciones del personal en cargado de la tramitación de
expedientes de adopción o de reconocimiento de familias LGTBI para evitar
posibles sesgos o prejuicios que puedan suponer una barrera adicional
para las personas LGTBI que emprenden estos procesos y para los menores.
5. Contemplar la puesta en marcha de un Programa Nacional de Apoyo alas
Familias LGTBI, siguiendo el ejemplo marcado por el Área Delegada de
Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, y
ofrecer la asistencia necesaria a las familias LGTBI para la resolución
eficaz y ágil de los problemas derivados del reconocimiento de estas
familias o de la separación de parejas LGTBI con hijos, para visibilizar
las familias LGTBI y para promover la sensibilización positiva hacia
todos los modelos de familia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2021.-Sara Giménez
Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
161/002922
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, de medidas
destinadas a mujeres mayores, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Alcanzar la igualdad real, total y efectiva entre hombres y mujeres es uno
de los objetivos sobre el que se viene trabajando en las últimas décadas
desde las distintas Instituciones y la sociedad y aunque los avances han
sido importantes, todavía queda mucho camino por recorrer.
Máxime si hablamos de un colectivo concreto como son las mujeres mayores,
en las que, en muchas ocasiones, se produce una doble discriminación, por
ser mujer y por la edad. Los derechos de las personas mayores o de edad
avanzada muchas veces son olvidados a pesar de que actualmente el mundo
está envejeciendo muy rápido.
En el actual contexto de cambio demográfico y desde la perspectiva de los
derechos humanos, corregir la desigualdad de género de la población mayor
es decisivo para cumplir eficaz y eficientemente con las políticas
públicas destinadas a lograr la igualdad total, real y efectiva entre
hombres y mujeres, tengan la edad que tengan.
No debe obviarse que, a menudo, la discriminación por razón de sexo se
relaciona con otros aspectos, como el nacimiento, el origen racial o
étnico, la religión, la convicción u opinión, la edad, la discapacidad,
la orientación sexual, la enfermedad, la situación socioeconómica o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. El hecho de
que la discriminación por razón de sexo vaya acompañada de otro tipo de
discriminación, por ejemplo, por motivos de edad, provoca que las
personas mayores sean objeto de nuevas y distintas formas de
discriminación, produciéndose una discriminación interseccional.
En determinadas ocasiones, las mujeres de edad avanzada no tienen igualdad
de oportunidades a nivel educativo, como por ejemplo en el aprendizaje de
tecnologías de la información y de la comunicación, algo que resulta
trascendental para desenvolvernos en los distintos ámbitos de la vida
cotidiana.
En cuestiones como la prestación de servicios financieros, la falta de
información que las mujeres mayores pueden tener para apoyar sus
decisiones pueden situarlas como personas particularmente vulnerables.
Además, las mujeres, a lo largo de su vida, generalmente han percibido
salarios más bajos que los hombres, y han cotizado durante menos años.
Para paliar y mejorar esta situación, en enero de 2016, el
Gobierno del Partido Popular implantó el complemento de maternidad en las
pensiones que ahora han reducido en un 70 % con el consiguiente perjuicio
para las mujeres.
Según fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en junio de
2021, la pensión media de las mujeres es de 830,4 euros mientras que en
los hombres es de 1.253,99 euros, 423,59 euros menos, lo que supone un
33,78 % menos.
Las mujeres viudas pueden ser especialmente vulnerables. La dependencia
económica de muchas de estas mujeres a sus maridos, puesto que nunca
trabajaron fuera de casa, o no cotizaron lo suficiente, implica que un
porcentaje muy alto de viudas mayores se quedan sin recursos una vez
fallece su marido y quedan expuestas al aislamiento y la pobreza.
Todo ello supone que las Administraciones Públicas deban implementar
medidas e invertir para mitigar esta doble discriminación que sufren las
mujeres mayores. Máxime, teniendo en cuenta que la UE ha confirmado su
apoyo para conseguir la igualdad de género real y el empoderamiento de
todas las mujeres en la Agenda Global 2030 para el desarrollo sostenible.
Y que la Resolución del Parlamento Europeo, del pasado día 21 de enero,
sobre la estrategia de la Unión para la igualdad de género recuerda entre
sus observaciones la necesidad de luchar contra la discriminación de
varios niveles, especialmente la que afecta a los grupos vulnerables,
incluidas las mujeres de edad avanzada y destaca la importancia de
garantizar que se beneficien de los objetivos y las acciones de la
Estrategia de la Unión para la Igualdad de Género 2020-2025.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Implementar medidas transversales que coadyuven a atajar la
discriminación por razón del sexo y la edad.
2. Incluir la perspectiva de género en la provisión de derechos de pensión
y el acceso a ellos, con el fin de eliminar la brecha de género en
materia de pensiones.
3. Eliminar el recorte del 70 % del complemento por maternidad en las
pensiones.
4. Implementar medidas específicas destinadas al envejecimiento activo de
la mujer, especialmente, en el medio rural.
5. Aprobar la Estrategia contra la soledad no deseada, con medidas
concretas que permitan a las personas mayores, especialmente a las
mujeres, dado que son las más numerosas, seguir con su proyecto vital con
los apoyos necesarios, evitando la soledad y el aislamiento de las
personas mayores.
6. Impulsar acciones que faciliten el acceso a la educación de las mujeres
mayores, especialmente en todo lo relacionado con las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
7. Desarrollar iniciativas que supriman los obstáculos que las mujeres
mayores tienen a la hora de acceder a los servicios financieros y de otra
índole.
8. Mejorar los servicios de información y atención de las Administraciones
Públicas para que las mujeres mayores puedan acceder en condiciones de
igualdad que las de menos edad, adaptados a sus circunstancias, con un
lenguaje fácil y accesible, etc.
9. Aumentar las partidas presupuestarias destinadas a las personas
mayores, para evitar las situaciones de riesgo de pobreza o de pobreza
que muchas mujeres están sufriendo, especialmente con la crisis social y
económica derivada de la COVID-19.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2021.-María
Auxiliadora Pérez Díaz y Margarita Prohens Rigo, Diputadas.-Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/002967
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
medidas destinadas a reducir la brecha salarial,para su debate en la
Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal
reconocido desde hace décadas en diversos textos internacionales sobre
derechos humanos y un principio fundamental de la Unión Europea que debe
integrarse en todas las políticas y acciones de sus Estados miembros.
En el caso de España, en el artículo 14 de nuestra Constitución se
instaura el principio de igualdad entre todos los españoles, sin que
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social y consagró la obligación de los poderes públicos de
promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integra sean reales y efectivas.
La concepción de igualdad que tenemos es la de una igualdad real, no
exclusivamente formal, de modo que quienes se encuentren en la misma
situación cuenten con los mismos derechos: es la igualdad efectiva,
máxime si estamos hablando de hombres y mujeres, y es que en el S. XXI no
debe tener cabida la discriminación salarial actualmente existente.
Avanzar hacia una verdadera igualdad de oportunidades en el empleo y en
los sala rios, impacta de manera determinante en nuestro modelo de
sociedad, al tiempo que lastra el desarrollo del conjunto de la economía
nacional al no aprovechar todo el talento femenino.
La EPA relativa al año 2020 indica que el desempleo femenino era de un
18,3 % frente al masculino que era de un 14,2 %, es decir, 4,1 puntos
superior. Según los resultados de la última EPA, dos de cada diez mujeres
que buscan trabajo ven imposible conseguirlo.
Según Eurostat, en 2020, España fue el país de la Unión Europea (UE) donde
más creció el desempleo entre las mujeres (casi tres puntos más que al
cierre de 2019).
Además, en lo que respecta a la brecha de la desigualdad respecto a los
hombres, la tasa femenina sigue muy lejos de la masculina (14,2 %) siendo
la de mayor diferencia de toda la UE.
La mayor incidencia del trabajo a tiempo parcial en las mujeres, ya que
por cada hombre que trabaja a tiempo parcial, hay 3,5 mujeres en esta
situación.
La sobrecualificación, que les afecta a ellas en mayor medida y la
presencia más frecuente de mujeres en ciertos estudios y sectores impide
una presencia equilibrada de género en aquellos ámbitos o categorías bien
remunerados o con buenas oportunidades.
Según el Informe 'Las mujeres en los Consejos de las empresas cotizadas',
elaborado cada año por la consultora Atrevia y la escuela de negocios
IESE presentado en febrero de 2020, el 23,1 % del total de los 1.295
miembros existentes en los Consejos de Administración son mujeres y queda
lejos, a casi 7 puntos, del 30 % que la CNMV fijó como objetivo para
2020. La distancia es aún mayor si se toma en consideración el nuevo
umbral marcado por el supervisor de los mercados españoles, que en su
última propuesta de renovación del Código de Buen Gobierno de las
empresas cotizadas españolas elevó el porcentaje de representatividad al
40 %. Es decir, el porcentaje actual se queda casi a la mitad del
objetivo perseguido.
Es más, solamente tenemos un única mujer como gerente ejecutiva de una
empresa del lbex 35.
Por otro lado, de acuerdo con el INE, la brecha salarial, por cómputo
anual, alcanza el 21,4 %, y datos de Eurofund señalan un aumento del 0,4
% de la brecha de género en el ámbito laboral entre abril y septiembre de
2020. Todo ello en conexión con el fuerte vínculo con la edad de los
trabajadores (a mayor edad, mayor diferencia de salario por hora) y con
la formación de las personas, dado que especialmente la formación
universitaria actúa como variable clave a la hora de reducir las
diferencias salariales entre hombres y mujeres.
Todo ello, medido en términos de potencial económico, llevan a la
conclusión del Estudio 'Coste de oportunidad de la brecha de género en el
empleo', realizado por el clúster Closingap en febrero de 2020, en el
sentido de que si se cerrase la brecha de género en la tasa de empleo y
en la tasa de jornada completa o parcial, el PIB español podría
incrementarse en más de 200.000 millones de euros. Por lo que estamos
ante una situación que requiere un cambio urgente.
Las consecuencias de la brecha salarial de las mujeres, así como la mayor
incidencia del trabajo a tiempo parcial o de las lagunas de cotización
por las excedencias por cuidado de hijos o familiares se trasladan, a su
vez, a las pensiones. Y la percepción de menores pensiones por parte de
las mujeres jubiladas repercute sobre su capacidad de consumo y, por
tanto, en su bienestar, en el de sus familias y en el del conjunto de la
economía.
En este aspecto, debe destacarse que tampoco ayuda el drástico recorte en
más de un 70 % en el complemento de maternidad de las pensiones efectuado
por el Gobierno.
Las mujeres en España trabajan 5,3 millones de horas menos al año que los
hombres (28 % menos).
Las mujeres dedican 1 hora y 12 minutos al día menos al trabajo
remunerado, en cambio dedican 2 horas más a las tareas del hogar y 46
minutos más al cuidado de los hijos. Además, hay una brecha existente en
la inactividad laboral por cuidados del hogar, donde por cada hombre
inactivo por labores del hogar, hay 8,9 mujeres en la misma situación.
La crisis provocada por la pandemia COVID-19 ha dejado en evidencia, una
vez más, las desigualdades que existen en las tareas de cuidados y la
conciliación de la vida personal y laboral. Estudios como 'COVID-19 y la
desigualdad de género en España' publicado por el Centro de Políticas
Económicas de ESADE, muestran cómo el confinamiento y el acusado aumento
del paro en España afectan de manera desigual a mujeres y hombres, siendo
éstas, las más afectadas, puesto que la destrucción de empleo afecta más
a sectores altamente feminizados.
Asimismo, el barómetro elaborado por GAD-3 pone en evidencia el escaso
protagonismo del teletrabajo en España antes de la pandemia, existiendo
en este campo también diferencia entre hombres y mujeres. En España hay
menos proporción de mujeres que de hombres que trabajen normalmente desde
casa, aun siendo las que más se encargan de las labores domésticas y del
cuidado de familiares, justo lo contrario de lo que pasa con el
teletrabajo en los países de la Eurozona. Este reparto de tareas se ha
mantenido o agravado durante el confinamiento con el cierre de los
centros escolares.
Además, hemos de tener en cuenta aspectos no menos importantes, como que,
la mayor dedicación de las mujeres a los cuidados de enfermos y mayores
incrementa su posibilidad de sufrir depresión y ansiedad, incidiendo por
tanto en el PIB por la vía de la incapacidad temporal.
Por ello la igualdad salarial se ha convertido en una preocupación
creciente por parte de la sociedad, las entidades privadas y organismos
públicos, que han empezado a modificar y aprobar nuevas legislaciones
sobre equidad salarial.
Según el avance del V Informe 'Brechasalarial y techo de cristal' de los
Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), se estima que la brecha
salarial se ha ensanchado en 33 euros durante el último año, de manera
que las mujeres aún cobran 4.948 euros menos que los hombres, por lo que
harían falta 121 años para acabar con estas desigualdades. Es decir, en
términos porcentuales, las mujeres tendrían que cobrar un 27,6 % más para
igualar el sueldo de los hombres, tal y como demuestran los últimos datos
de la AEAT. Los motivos serían la precariedad y el denominado techo de
cristal, puesto que casi 4 millones de mujeres no llegarían al SMI, es
decir, el 44 % del total de las ocupadas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Incentivar la equidad de la retribución salarial entre hombres y mujeres
mediante la medición de las brechas salariales, tanto a nivel público
como privado. Esta medición debe llevar objetivos e indicadores que deben
ir revisando y valorando hasta alcanzar los objetivos propuestos.
- Avanzar hacia la educación gratuita de 0 a 3 años.
- Incentivar el establecimiento de escuelas infantiles en los centros de
trabajo, sobre todo de grandes empresas.
- Regular una línea de ayudas directas para la contratación de personas
que cuiden a los hijos e hijas mientras sus progenitores están trabajando
fuera de casa.
- Aumentar el número de plazas en los centros especializados para la
atención y el cuidado de las personas mayores o dependientes.
- Implementar un Plan de conciliación y corresponsabilidad integral en las
responsabilidades familiares mediante flexibilidad laboral y sistemas de
apoyo y ayuda a las familias.
- Sensibilizar e estimular el teletrabajo, avanzar hacia una reforma
horaria acorde con el resto de los países europeos, remuneración por
objetivos o establecimiento de horarios claros para evitar la
extradedicación.
- Desarrollar medidas o programas que fomenten una promoción profesional
más igualitaria entre hombres y mujeres.
- Promover el emprendimiento femenino con medidas fiscales y económicas
que ayuden a dar estabilidad y continuidad a los negocios regentados por
mujeres.
- Incentivar medidas que impulsen el liderazgo femenino para ocupar
puestos directivos y de representación y liderar equipos dentro de las
empresas.
- Concienciar y sensibilizar a la sociedad en materia de igualdad
retributiva.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2021.-María
Auxiliadora Pérez Díaz y Margarita Prohens Rigo, Diputadas.-Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/002968
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas
destinadas a mejorar la vida de las mujeres con discapacidad, para su
debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Alcanzar la igualdad real, total y efectiva entre hombres y mujeres es uno
de los objetivos sobre el que se viene trabajando desde las distintas
Instituciones y la sociedad en las últimas décadas y aunque los avances
han sido importantes, todavía queda mucho camino por recorrer.
Máxime si nos referimos a las mujeres con discapacidad. El hecho de ser
mujer y, además, tener una discapacidad, acarrea una doble
discriminación: les es mucho más complicado acceder al mercado laboral,
desarrollarse profesionalmente e incluso acceder a una adecuada
formación. Como personas con discapacidad, las mujeres se encuentran en
una posición complicada por su especial vulnerabilidad que claramente los
hombres con discapacidad sufren en menor medida.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006
reconoce que las mujeres y niñas que la sufren se encuentran en peor
punto de partida, ya que están sujetas a múltiples formas de
discriminación.
Uno de los principales ámbitos en los que se desarrolla esta
discriminación es el laboral. El 'Empleo de las personas con
discapacidad' es una operación de periodicidad anual que tiene como
objetivo obtener datos sobre la fuerza de trabajo (ocupados y parados) y
la población ajena al mercado laboral (inactivos) dentro del colectivo de
personas con edades comprendidas entre los 16 y 64 años y con
discapacidad oficialmente reconocida. La operación es fruto de un
Convenio de colaboración entre INE, el IMSERSO, la Dirección General de
Coordinación de Políticas Sectoriales sobre Discapacidad, el Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la
Fundación ONCE.
Los resultados relativos del año 2019, que no recogen las consecuencias
derivadas de la crisis de la COVID-19, indican que existen 1.876.900
personas con discapacidad con edades comprendidas entre los 16 y los 64
años, lo que representa un 6,2 % de la población total en edad laboral,
de los cuales, un 43,2 % son mujeres (810.200).
En el año 2019 de esta cifra, 638.600 eran activas, de las cuales:
- La tasa de actividad (personas ocupadas o paradas) de las mujeres con
discapacidad es del 33,3 %, ligeramente inferior a la de los hombres
(34,6 %).
- La tasa de empleo en las mujeres es de 25,1 % un 1,4 % inferior a la de
los hombres.
- La tasa de paro es de un 24,6 % un 1,2 % menos que los hombres.
Ahora bien, todo se agrava si lo comparamos con las mujeres sin
discapacidad:
- La tasa de actividad (personas ocupadas o paradas) de las mujeres con
discapacidad es del 33,3 %, frente al 72,1 % sin discapacidad.
- La tasa de empleo en las mujeres es de 25,1 % frente al 60,7 % sin
discapacidad.
- La tasa de paro es de un 24,6 % frente al 15,9 % sin discapacidad.
Las mujeres con discapacidad solo acumulan el 38,5 % del empleo generado.
Esto no ocurre a nivel general donde las mujeres se quedan cerca del 50 %
de los contratos creados (45 %).
Todo ello lleva a que, aproximadamente el 72 % de estas, reconozcan que
renuncian a intentar encontrar empleo porque están convencidas de que
nunca lo conseguirán debido a su discapacidad, así lo consignan los datos
de la COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física
y Orgánica).
Por otro lado, según los datos del INE correspondientes al año 2017, las
mujeres con discapacidad ganaban 3.348,4 euros menos al año que los
hombres con discapacidad. La brecha salarial entre hombres y mujeres en
este ámbito era del 15,9 %. Si lo comparamos con lo que ganan las
personas sin discapacidad, la diferencia es de 6.000 euros anuales menos.
Y respecto de las mujeres, la diferencia de salario entre las mujeres con
y sin discapacidad es de 3.200 euros, lo que supone un 14,9 % menos de
retribución para las que tienen discapacidad.
En consecuencia, resulta más que evidente que las mujeres con discapacidad
necesitan mayor apoyo que las que no tienen discapacidad para facilitar
su acceso al mercado laboral, tanto por parte de las Instituciones
públicas como por parte de las empresas.
Y todo ello a pesar de que en España, el 20,2 % de las mujeres con
discapacidad han alcanzado Estudios Superiores, frente al 14,4 % de los
hombres, según los datos recogidos por Observatorio sobre Discapacidad y
Mercado de Trabajo (Odismet) de Fundación ONCE para el año 2019.
ClosinGap ha presentado su undécimo estudio monográfico, en esta ocasión,
impulsado por el Grupo Social ONCE y centrado en visibilizar la 'brecha
de género' en la discapacidad, algunas de sus conclusiones indican que
una mayor inclusión laboral de las personas con discapacidad en general
podría tener un impacto de casi 18.800 millones de euros al año (el 1,5 %
del PIB). De este, el 40 % correspondería al coste de oportunidad de que
las mujeres con discapacidad tengan una menor tasa de ocupación.
En octubre de 2020 se presentó el estudio 'El estado de la pobreza, 10.º
Informe AROPE. Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión
social en España 2008-2019' elaborado por la Red Europea de Lucha contra
la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES) cuya principal conclusión que
las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y/o exclusión
mucho más elevado que aquellas que no tienen discapacidad. Los datos del
año 2019 indican que la tasa AROPE de las personas con discapacidad es de
32,5 %, esto es, una de cada tres personas con discapacidad, está en
riesgo de pobreza y/o exclusión, la cifra más elevada de la década. Los
datos de esta tasa en las personas sin discapacidad es de 22,5 % (diez
puntos porcentuales menos).
Por otro lado, también la soledad afecta más a estas mujeres. La Fundación
CERMI Mujeres (FCM) ha alertado de la mayor incidencia de la soledad no
deseada en las mujeres y niñas con discapacidad, una situación que se ha
agravado mucho más durante la pandemia de la COVID-19. Factores como que,
el 74 % de las personas con discapacidad que viven solas son mujeres; la
'brecha' de acceso a las herramientas digitales de comunicación por falta
de accesibilidad; mayores dificultades de acceso a servicios y la falta
de accesibilidad de los edificios de viviendas, que hacen que no puedan
salir de forma independiente de casa en situaciones de movilidad
reducida, hacen que las consecuencias de la soledad no deseada sean aún
más graves.
También ClosinGap en su undécimo estudio monográfico anteriormente
referenciado, concluye en que las mujeres con discapacidad gastarían más
en ocio, cultura y deporte si no existieran las dificultades que
actualmente tienen, así 6 de cada 10 personas con discapacidad
encuestadas gastarían más en alimentación, vestido y peluquería si las
dificultades de compra desaparecieran.
Es más, las mujeres con discapacidad sufren y de forma flagrante, mucha
más violencia de género. La última Macroencuesta de Violencia contra la
Mujer de 2019 define seis tipos de violencia de género, y la prevalencia
de todas ellas siempre es más elevada entre las mujeres con discapacidad,
presentando hasta un 8,2 % más de violencia física y/o sexual, un 8,8 %
más de violencia psicológica emocional y un 7,3 % más de violencia
económica.
En el supuesto de que la mujer con discapacidad decida poner fin a la
situación de violencia, va a encontrarse con múltiples obstáculos. Al
problema de poder expresar y comunicar los malos tratos (especialmente en
personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o discapacidad
sensorial), se añade la falta de credibilidad cuando relatan las
experiencias sufridas. En otros casos, tienen dificultades para acceder a
la información necesaria, porque esta no se encuentra en formatos
accesibles ni redactada de forma que sea comprensible.
En consecuencia, en determinadas ocasiones, el hecho de estar sujeta a la
asistencia y cuidados de otra persona, cuando esa otra persona es el
maltratador, impide a muchas mujeres salir de la situación de violencia,
ante el horizonte de verse completamente desamparadas. La posibilidad de
ser institucionalizada y/o de perder a los hijos o las relaciones
familiares es un lastre incuestionable al que se tiene que enfrentar la
mujer en aquellos casos en los que no cuente con la ayuda social,
asistencial e institucional necesaria.
Y en cuanto a la violencia sexual fuera de la pareja las mujeres con
discapacidad acreditada han sufrido violencia sexual fuera de la pareja a
lo largo de sus vidas en mayor proporción (10,3 %) que las mujeres sin
discapacidad acreditada (6,2 %). También es mayor el porcentaje de las
que la han sufrido en la infancia (6,3 % de las mujeres con discapacidad
frente a 3,3 % de las mujeres sin discapacidad). El 4,7 % de las mujeres
con discapacidad han sido violadas por una persona distinta de su pareja
o expareja frente al 2,1 % de las mujeres sin discapacidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a:
- Desarrollar un Plan específico contra el desempleo de las mujeres con
discapacidad, con medidas fiscales, y de otra índole, para incentivar a
las empresas a su contratación.
- Implementar medidas fiscales y de otra índole que promuevan el
emprendimiento entre las mujeres con discapacidad.
- Incentivar la cultura del emprendimiento entre las mujeres con
discapacidad que les permita acceder a la autocontratación, abrir su
propio negocio, etc.
- Aprobar políticas públicas de acceso al empleo que tengan presente la
igualdad de las mujeres por razón de género y de discapacidad.
- Impulsar iniciativas concretas para reducir la brecha salarial de las
mujeres con discapacidad.
- Suprimir las barreras y obstáculos que actualmente siguen teniendo las
personas con discapacidad, especialmente las mujeres, a la hora de
acceder y disfrutar del ocio, cultura y deporte.
- Reconocer el trabajo de los cuidados a las personas con discapacidad,
ofreciendo a las familias y en especial a las mujeres (madres, esposas,
hijas, hermanas ... ) que cuidan de ellas, espacios de respiro,
información, formación y apoyos para el cuidado.
- Facilitar a las mujeres con discapacidad la información necesaria para,
por un lado, puedan identificar si están en una situación de violencia,
y, por otro, conozcan los recursos existentes y los derechos que las
amparan y que les permiten tomar sus propias decisiones y salir de la
misma. Para ello, los recursos y servicios puestos a su disposición
deberán garantizar la accesibilidad universal.
- Incorporar en las distintas actuaciones, programas, etc. que se
desarrollen por parte de las Administraciones Públicas la perspectiva
transversal de género y discapacidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2021.-María del
Carmen González Guinda, Alicia García Rodríguez, María Auxiliadora Pérez
Díaz y Margarita Prohens Rigo, Diputadas.-Concepción Gamarra
Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/002893
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para fomentar
entre los jóvenes la implantación de formación en maniobras de
reanimación cardiopulmonar, para su debate en la Comisión de Infancia y
Adolescencia.
Exposición de motivos
La muerte súbita es el fallecimiento inesperado y repentino de una persona
sana, que veinticuatro horas antes del evento cardiaco se encontraba
bien. Su principal causa es la fibrilación ventricular, una arritmia
cardiaca maligna que produce la pérdida de latido efectivo y que provoca
que el corazón se pare en pocos minutos.
El artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho a la
protección de la salud de los ciudadanos y declara que compete a los
poderes públicos organizar y tutelar la salud pública, a través de las
medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.
En este sentido, los investigadores coinciden en afirmar que el inicio de
la actuación en los primeros ocho minutos desde la aparición de la parada
cardiaca es vital para recuperar al paciente, ya que cada minuto que
transcurre conlleva un 10 % menos de probabilidad de supervivencia cuando
no existe intervención alguna.
La muerte súbita es una de las primeras causas de fallecimiento en el
mundo. En España se calcula que cada año se producen, aproximadamente,
30.000 nuevos casos de muerte súbita y cerca de 15.000 intentos de
reanimación por parte de los servicios de emergencia.
En España y en la actualidad, desgraciadamente, las posibilidades de
sobrevivir a una parada cardiaca en la calle oscilan entre el 5 %y el 10
%. Sin embargo, en los países nórdicos esta cifra llega a ser de un 30 %.
En España, la formación en técnicas de reanimación cardiopulmonar es
escasa siendo, entre el 10 y el 12%, las personas que declaran el
conocimiento de las mismas, frente a la realidad de otros países, donde
conocen la maniobra de reanimación el 50 %, donde es totalmente
obligatoria la enseñanza de esta práctica, tanto en escuelas, colegios
como Universidades.
En el ámbito de la educación en atención a la parada cardiaca, existen
planes formativos en países de nuestro entorno que podrían tomarse como
modelo. Es el caso de Suecia, donde tres de cada nueve millones de
habitantes ha realizado, al menos una vez, el curso de Soporte Vital
Básico y DEA del Consejo de Europa de Resucitación,
Numerosos estudios científicos han demostrado la efectividad, utilidad y
seguridad de la utilización de desfibriladores (DEA) en los programas de
atención inmediata realizados por personal no sanitario, en espacios
públicos y de gran afluencia, y avalan que dicha utilización puede salvar
la vida a personas que sufren una fibrilación ventricular.
Máxime cuando vemos en los medios de comunicación numerosos casos de
jóvenes deportistas de élite, profesionales pero también aficionados que
han sufrido estos problemas de salud mientras practicaban deporte.
En consecuencia, resulta necesario formar a los alumnos y jóvenes en
técnicas de reanimación cardiopulmonar, así como en nociones básicas de
primeros auxilios, para que si les ocurre alguna situación de estas
características sepan reaccionar a tiempo y por tanto, poder ayudar a sus
compañeros.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a fomentar entre los
jóvenes, la implantación de formación en maniobras de reanimación
cardiopulmonar y DEA en todos los ciclos formativos, así como promover
dicha formación entre los adolescentes, también en otros ámbitos fuera
del educativo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2021.-María de la O
Redondo Calvillo, Ana Belén Vázquez Blanco, Elena Castillo López, Elvira
Velasco Morillo y Margarita Prohens Rigo, Diputados.-Concepción Gamarra
Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/002855
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque
Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora de la
N-547 entre Arzúa y Melide, para su debate en la Comisión de Seguridad
Vial.
Exposición de motivos
En el tramo de la N-547 que va desde Arzúa a Melide se registran hasta
cuatro puntos negros que generan una alta concentración de accidentes, de
hecho, este tramo es uno de los de mayor siniestralidad de la Red de
Carreteras del Estado, lo que hace imprescindible intervenir para mejorar
la seguridad vial.
Aunque desde el Ministerio ya ha actuado en alguno de esos puntos, como
por ejemplo eliminando el doble carril en los lugares de Ribadiso y A
Portela, o la eliminación de las zonas de adelantamiento o la limitación
de la velocidad a 70 km/h, estas acciones han demostrado ser meros
parches que no han dado una solución definitiva al problema, pues sigue
existiendo un alto número de accidentes muchos de ellos mortales.
El tramo de la N-547 Lugo-Santiago a su paso por Ribadiso tiene un amplio
y triste registro de accidentes de tráfico que lo convierten en uno de
los principales puntos problemáticos de esta vía, que se caracteriza por
un trazado sinuoso, con muchas curvas y un firme resbaladizo cuando
llueve.
Pero como ya hemos mencionado, el trazado tiene más puntos con una alta
siniestralidad y no solamente el que se sitúa a la altura de Ribadiso.
Destaca así el tramo de curvas que discurren a la altura del núcleo de
Boente, tanto en dirección a Santiago como a Lugo. También puede citarse
como tramo especialmente peligroso el conocido como 'curvas de Barreiro'
situado en el término municipal de Melide, o el tramo de A Portela en la
parroquia de A Castañeda en Arzúa.
La situación de peligrosidad se ha visto agravada debido al gran aumento
de tráfico que está soportando en los últimos meses debido a que la
autovía A-54 entre Arzúay Palas de Rei está aún en obras. Así, todo el
tráfico que circula por esta vía de alta capacidad debe volver a la
carretera convencional y circular por ella, atravesando núcleos de
población, hasta que vuelve a incorporarse pasado Palas.
Especialmente preocupante es la situación que se vive en el centro de la
vila de Arzúa, donde la N-547 atraviesa el casco urbano. Desde que se
abrió al tráfico el tramo de la A-54 Lavacolla Arzúa, el tráfico rodado
ha sufrido un notable aumento y ha supuesto también un incremento de los
accidentes y atropellos. En los días de tráfico más intenso se forman
largas colas y retenciones, sobre todo en el cruce entre la N-547 y las
AC-234 y AC-905. Como consecuencia de todo ello, los vecinos y vecinas de
Arzúa, además de los peligros derivados del tráfico continuo en el
centro, tienen que soportar las molestias derivadas del ruido y
vibraciones derivadas del tránsito, sobre todo de los camiones y
vehículos de transporte pesado.
La mejor solución al problema pasa por terminar lo antes posible los
tramos pendientes de la A-54, que permitan reducir el tráfico rodado en
el casco urbano, pero además, es necesario adoptar otras medidas de
seguridad vial en las zonas más conflictivas que ayuden a reducir la
siniestralidad.
Así, en el centro de Arzúa debe acometerse la instalación de pasos de
peatones elevados que obligarían a la reducción de la velocidad con la
que circulan los vehículos y darían mayor seguridad a los viandantes. De
hecho, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana anunció su
compromiso el pasado mes de abril de ejecutar un proyecto de mejora
integral en la travesía que define la carretera nacional N-547
(Lugo-Santiago) a su paso por el casco urbano de Arzúa, pero no se ha
sabido nada más sobre cuando se materializará ni que actuaciones
comprende.
Pero la actuación no puede limitarse al centro de Arzúa, sino que debe
solucionar de forma definitiva todos los problemas existentes en esos
tramos negros de la N-547 con alta concentración de accidentes.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Intervenir en el tramo de la N-547 entre Arzúa y Melide en el que se
concentran hasta cuatro puntos negros para el tráfico y que acumula un
elevado número de accidentes, estableciendo las correcciones del trazado,
señalización y cuantas medidas considere necesarias para reducir la
peligrosidad de la vía, especialmente a la altura de los núcleos de
Ribadiso, A Portela, Boente o Barreiro.
2. Acometer así mismo una actuación urgente en la travesía de la N-547 por
el casco urbano de Arzúa para dar una solución a la actual situación de
intenso tráfico que pone en riesgo el tránsito de peatones y viandantes,
además de generar atascos y contaminación acústica que dificulta la vida
de los vecinos y vecinas. Para ello será necesario implementar las
medidas necesarias para asegurar la reducción de velocidad de los
vehículos y garantizar la seguridad del tránsito a pie, como por ejemplo
la instalación de pasos de peatones elevados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2021.-Néstor Rego
Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo
Parlamentario Plural.
161/002863
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre la creación de la Oficina Española de la Bicicleta, para
su debate en la Comisión de Seguridad Vial.
Exposición de motivos
En un sistema descarbonizado y eficiente, el papel de la bicicleta se
presenta como una opción de transporte absolutamente sostenible, que
además incide en la mejora de la salud, y hacia la que debemos generar
confianza y establecer medidas que fomenten su uso de forma segura.
Se trata de un reto que cobra especial relevancia en las ciudades, en las
que debemos potenciar el impulso de soluciones de movilidad sostenible,
que respondan a las necesidades reales de los ciudadanos y garanticen su
movilidad cotidiana. Priorizando el transporte público, la
intermodalidad, y las formas de movilidad activas como la bicicleta.
De manera adicional, en la actual coyuntura y debido a los cambios
producidos en nuestra sociedad estos pasados meses, se ha observado que
los desplazamientos inferiores a 10 kilómetros se ha incrementado de
forma exponencial en nuestro país. Este hecho, añadido a la necesidad de
mantener el distanciamiento social, ha propiciado que la bicicleta se
presente como una opción de movilidad asequible, segura y sostenible.
Existe además una consciencia generalizada de que para mantener esta
tendencia y generar confianza, es necesario establecer medidas que
fomenten el uso de la bicicleta. Medidas que deben involucrar a todas las
administraciones con competencia en transporte, urbanismo y diseño de las
ciudades para crear espacios compatibles, garantizando la seguridad y
desarrollando entornos eficientes de proximidad.
La bicicleta contiene todos los atributos necesarios para coger un mayor
papel en las políticas públicas: es un medio de transporte seguro, eficaz
y saludable; se trata de la mejor aliada junto con el planeamiento urbano
de nuestras ciudades para fomentar la movilidad activa, inclusiva y
social.
Una apuesta que se sumaría a las que en muchas ciudades del mundo ya se
están haciendo, transformando entornos para favorecer el uso de la
bicicleta como un medio de transporte integrador, favorecedor y
respetuoso con el medio ambiente.
Contamos con numerosos precedentes y experiencias que así lo avalan; ya en
la comisión de Seguridad Vial se aprobó una Proposición no de Ley del
Grupo Parlamentario Socialista para el fomento de la bicicleta y queremos
seguir mejorando y creando instrumentos para ello.
Pero la necesidad de impulsar la bicicleta no afecta sólo a movilidad y
urbanismo, ya que el potencial de la bicicleta abarca muy distintos
ámbitos, incluyendo aspectos económicos, de ocio, turístico y de
vertebración territorial. Dada su transversalidad, muchos Ministerios y
todos los niveles de la administración (estatal autonómico y local)
disponen de herramientas para lograr que cada vez sean más personas las
que opten por la bicicleta como un medio de transporte habitual. En
cualquier caso, para dar coherencia a nivel estatal, impulsar medidas y
aprovechar sinergias entre iniciativas, se considera fundamental que
desde la Administración del Estado exista una unidad de impulso, diálogo
y coordinación de la acción de todos los actores implicados, ejerciendo
además una labor de punto de referencia e información para todas las
administraciones, profesionales y ciudadanos que lo requieran.
Según el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran
los departamentos ministeriales, el Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana ha asumido entre sus competencias la de garantizar una
movilidad justa y sostenible. Asimismo, según el Real Decreto 645/2020,
de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, corresponde a este
la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en los ámbitos del
transporte terrestre a fin de garantizar una movilidad segura y
sostenible. Igualmente corresponde a este Departamento la planificación
en materia de intermodalidad, logística, modos y medios saludables y
otros programas sectoriales; el impulso y seguimiento de planes y
estrategias en el ámbito de políticas de movilidad; la definición,
propuesta y ejecución de la política del Gobierno relativa a las
políticas de desarrollo urbano sostenible que implementen la Agenda 2030
y las Agendas Urbanas internacionales en el ámbito estatal, la ordenación
e impulso de la intermodalidad en los distintos modos de transporte, la
programación de inversiones en infraestructuras y movilidad, priorizando
seguridad, mantenimiento, mejora de la movilidad cotidiana, tecnificación
e intermodalidad, la planificación y seguimiento de los instrumentos
económicos y las ayudas destinadas a promover la movilidad sostenible; y
la coordinación de las actuaciones para la mejora de la integración de
los aspectos medioambientales en la planificación de las infraestructuras
de transporte, incluida su resiliencia frente al cambio climático, y de
la movilidad y la realización de estudios medioambientales de carácter
estratégico.
Por todo lo anterior, se considera que es el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana el Departamento idóneo para albergar la Oficina
Española de la Bicicleta, entidad que tendría las funciones descritas en
los párrafos anteriores y siempre garantizando el marco competencial
vigente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que a través del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se cree la Oficina
Española de la Bicicleta, dotándola de los medios adecuados para su
funcionamiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2021.-José Carlos
Durán Peralta, Maribel García López, Juan Francisco Serrano Martínez,
Adolfo Pérez Abellás, Gemma Araujo Morales, Manuel Arribas Maroto, Rafael
José Vélez, César Joaquín Ramos Esteban, Ignacio López Cano, José Ramón
Ortega Domínguez, Joan Ruiz i Carbonell, Alfredo Sancho Guardia, Daniel
Senderos Oraá y David Serrada Pariente, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia
Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado
en materia de Violencia de Género
161/002959
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
prorrogar la vigencia del Pacto de Estado contra la violencia de género,
para su debate en la Comisión del seguimiento y evaluación de los
Acuerdos del Pacto en materia de Violencia de Género.
Exposición de motivos
España es un país de referencia en la lucha contra la violencia de género:
Basta con recordar la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección
integral contra la violencia de género, que fue aprobada por unanimidad y
fue una normativa pionera en Europa, la creación de los Juzgados
especializados en Violencia de Género o la aprobación de una de las
herramientas fundamentales para luchar contra esta lacra, que es el Pacto
de Estado contra la Violencia de Género, rubricado a finales de 2017, con
el acuerdo de todos los Grupos parlamentarios a excepción de Unidas
Podemos, tras un año de comparecencias de expertos y negociaciones entre
los Grupos Parlamentarios.
Este Pacto implica incidir en todos los ámbitos de la sociedad y contiene
214 medidas del Congreso de los Diputados y 267 medidas del Senado. Desde
la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, órgano del
Gobierno encargado de coordinar e impulsar la ejecución de las medidas
del Pacto, se refundieron en un único documento las referidas iniciativas
en 290 medidas, estructuradas en 1O ejes de actuación.
Estas resumen la mejor manera de actuar contra la violencia de género, con
medidas, entre otras, para la ruptura del silencio mediante el fomento de
las acciones de sensibilización de la sociedad y de la prevención de la
violencia de género, la mejora de la respuesta institucional a las
víctimas (coordinación y trabajo en red), el perfeccionamiento de su
asistencia, ayuda y protección, también a los y las menores, o el impulso
de la formación de los distintos agentes para garantizar una mejor
respuesta.
Para llevar a cabo las actuaciones recogidas en el mismo se alcanzó un
compromiso económico global que suponía un incremento de mil millones de
euros durante los siguientes 5 años desde su aprobación (100 millones de
euros destinados a las Entidades Locales, 500 millones de euros
adicionales destinados a las Comunidades Autónomas y 400 millones a los
Presupuestos Generales del Estado).
El Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 9/2018, de medidas urgentes para el
desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, publicado
en el BOE de 4 de agosto de 2018, en el que, efectivamente, se da rango
de Ley a determinadas medidas incluidas en el Pacto, como la designación
de Letrado y Procurador de oficio, la habilitación legal para la
representación procesal hasta la designación de Procurador, en tanto la
víctima no se haya personado como acusación, la posibilidad de acreditar
la situación de víctima de violencia de género a través de un mayor
número de documentos que los que la Ley Orgánica 1/2004 permitía, la
modificación de las ayudas del artículo 27 de la misma normativa y la
posibilidad de que la atención psicológica a menores víctimas de
violencia de género pueda proporcionarse a petición de uno solo de los
progenitores, con la modificación del artículo 156 del Código Civil.
A partir de la publicación de este real decreto-ley, y con el cambio del
ministerio, que pasa de las áreas controladas por el PSOE a las de Unidas
Podemos, la actividad legislativa vinculada al Pacto de Estado cesó,
aprobándose tan solo, como consecuencia del confinamiento de la pandemia
de la COVID-19, la Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en
materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género,
para garantizar el mantenimiento de los servicios de asistencia y
protección de las víctimas, adaptándolos a las circunstancias
excepcionales derivadas del Estado de alarma, pero que no supone ningún
avance en la implementación de las medidas del Pacto de Estado.
Sorprende la falta de compromiso del Gobierno del PSOE-Podemos con el
mismo, tal vez porque quién debe ejecutarlo, el Ministerio de Igualdad,
no cree en él. A lo largo de estos dos últimos años nos hemos encontrado
con una paralización de hecho del impulso y puesta en marcha de estas
medidas, y, por el contrario, con el anuncio de una Estrategia Nacional
para la erradicación de las violencias machistas 2021-2025 entre otras
iniciativas, cuya finalidad y contenido desconocemos.
La realidad es que está próximo el año 2022, cuando está prevista su
finalización y multitud de medidas importantísimas para la prevención,
protección, y recuperación de las víctimas y la persecución del delito no
se han puesto en marcha.
Faltan Proyectos de Ley nuevos, además de reformas concretas y puntuales
de textos legales vigentes. En concreto, dos temas cruciales no han sido
abordados por el Gobierno y están pendientes:
- Por un lado, la difícil ampliación del concepto de violencia contra la
mujer o violencia de género, cuya definición en el marco legislativo
español no se adecua a la concepción que de ella se hace en el Convenio
de Estambul del Consejo de Europa, ratificado por España en 2014, pues
trasciende el ámbito de la violencia en el seno de la pareja o las ex
parejas, incorporando también otras casuísticas como la violencia sexual
o aquella violencia ejercida contra mujeres con las que no se mantenga o
haya mantenido ninguna relación sentimental.
- En segundo lugar, está el compromiso, demandado con insistencia por las
organizaciones y finalmente recogido en el Pacto de Estado, de la
necesidad de aprobación de una Ley contra la trata de personas con fines
de explotación sexual, un fenómeno internacional del que son víctimas
preferentes las mujeres y las niñas.
En este sentido, la propia ministra de Igualdad, en la Comisión de
seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto en materia de
Violencia de Género en el Congreso, dio unas cifras de cumplimiento del
Pacto. Según esas cifras, de las 290 medidas que contiene el Pacto, se
han cumplido 75, un 25,8 %; 164 están en proceso, un 56 %, y 51 están
pendientes, un 18 %. Tras cuatro años de implantación del Pacto, solo un
25% están cumplidas.
Esto nos lleva a la conclusión de que queda mucho por hacer, que el
Gobierno se debe implicar mucho más en su despliegue e implantación, y de
ahí que desde el Grupo Parlamentario Popular solicitemos su prórroga.
Se lo debemos a las 1.098 mujeres que han sido asesinadas desde 2003, 20
de ellas (una de ellas embarazada de tres meses) en 2021 hasta el 17 de
junio, a los 39 menores que han sido asesinados, dos de ellos este año, y
a los 311 menores de dieciocho años que han quedado huérfanos, siete en
2021, según datos de la propia Delegación del Gobierno para la Violencia
de Género. Máxime en un momento en que los asesinatos por violencia de
género se han disparado en poco más de un mes. Desde el pasado 17 de mayo
han sido asesinadas doce mujeres. En los primeros cuatro meses del año,
otras ocho perdieron la vida a mano de sus parejas o exparejas. Estas
cifras reflejan una realidad irrefutable: la frecuencia con la que se
están produciendo los ataques mortales de violencia de género se ha
multiplicado desde que el decreto del estado de alarma decayó.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Elaborar en un plazo máximo de dos meses un detallado Informe de
cumplimiento de las 290 medidas del Pacto de Estado contra la Violencia
de Género, para su defensa por parte de la Ministra de Igualdad ante la
Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado, en el que se especifique
todas y cada una de las medidas, y qué actuaciones ha realizado el
gobierno en cada una de ellas para ponerlas en marcha con la máxima
agilidad.
- Prorrogar la vigencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género,
durante tres años más, hasta que se cumplan todas las medidas recogidas
en el mismo, dado que cada una de ellas han sido estudiadas, debatidas y
consensuadas como la mejor política para luchar contra esta problemática.
- Agilizar su desarrollo e implantación, dada la importancia de las todas
las actuaciones que faltan de los diez Ejes de actuación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2021.-Beatriz
Álvarez Fanjul, Margarita Prohens Rigo y Marta González Vázquez,
Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a
trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes
preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por
las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2021.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
181/001184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados José María Sánchez García, Francisco José Contreras Pelaez,
María Teresa López Álvarez, Carlos Zambrano García-Raez, Ignacio Gil
Lázaro, Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
Texto:
Recaída sentencia del Tribunal Constitucional del recurso de
inconstitucionalidad núm. 1813-2020 por la que se declara la
inconstitucional la disposición final segunda del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, por la que se integraban en la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, el Vicepresidente Segundo del
Gobierno y el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, ¿de
qué forma afecta a la seguridad nacional, en opinión del Gobierno, que
dispongan el uno y el otro de información a la que han tenido acceso en
el ejercicio de tales cargos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2021.-José María
Sánchez García, Francisco José Contreras Peláez, María Teresa López
Álvarez, Carlos José Zambrano García-Raez e Ignacio Gil Lázaro,
Diputados.
Comisión de Asuntos Exteriores
181/001189
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Macarena Olona Choclán, don Alberto Asarta Cuevas, don
Víctor González Coello de Portugal, don Víctor Sánchez del Real, don
Agustín Rosety Fernández de Castro y don Emilio Jesús del Valle
Rodríguez, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Texto:
¿Podría indicar a qué se refiere -y qué implicaciones tiene- el director
general de Política Exterior y Seguridad, Fidel Sendagorta, cuando
defiende una 'agenda positiva' con China y rechaza 'la visión en blanco y
negro sobre una nueva guerra fría'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2021.-Macarena Olona
Choclán, Alberto Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal,
Agustín Rosety Fernández de Castro, Víctor Manuel Sánchez del Real y
Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Diputados.
181/001194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Macarena Olona Choclán, don Alberto Asarta Cuevas, don
Víctor González Coello de Portugal, don Víctor Sánchez del Real, don
Agustín Rosety Fernández de Castro y don Emilio Jesús del Valle
Rodríguez, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Texto:
¿Podría indicar los motivos por los cuales el Gobierno no concedió la
Protección Internacional por razones humanitarias al opositor venezolano
Rolando Figueroa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2021.-Macarena Olona
Choclán, Alberto Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal,
Agustín Rosety Fernández de Castro, Víctor Manuel Sánchez del Real y
Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Diputados.
181/001201
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Macarena Olona Choclán, don Alberto Asarta Cuevas, don
Víctor González Coello de Portugal, don Víctor Sánchez del Real, don
Agustín Rosety Fernández de Castro y don Emilio Jesús del Valle
Rodríguez, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Texto:
¿Qué actuaciones ha promovido el Gobierno para apoyar a los defensores de
la democracia que se han manifestado pacíficamente en las ciudades
cubanas de San Antonio de los Baños, Matanzas y Palma Soriano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2021.- Macarena
Olona Choclán, Alberto Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal,
Agustín Rosety Fernández de Castro, Víctor Manuel Sánchez del Real y
Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Diputados.
Comisión de Justicia
181/001200
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados Francisco Javier Ortega Smith-Molina, José María Sánchez García,
Eduardo Luis Ruiz Navarro, Carlos Zambrano García-Raez y Patricia de las
Heras Fernández, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Justicia.
Texto:
El pasado 11 de junio, la Ministra de Igualdad en declaraciones públicas
exigió que se estableciese una 'justicia feminista', y calificó a la
Justicia actual de 'patriarcal que penaliza y criminaliza a las madres
que están defendiéndose a sí mismas, y, sobre todo, a sus hijos e hijas
de la violencia machista'. ¿Qué actuaciones van a llevarse a cabo por el
Ministerio de Justicia para dar cumplimiento a las exigencias de la
Ministra de Igualdad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2021.-Francisco
Javier Ortega Smith-Molina, Eduardo Luis Ruiz Navarro, Patricia de las
Heras Fernández, José María Sánchez García y Carlos José Zambrano García
Raez, Diputados.
Comisión de Defensa
181/001199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Macarena Olona Choclán, don Agustín Rosety Fernández de
Castro, don Manuel Mestre Barea, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor
González Coello de Portugal y don Luis Gestoso de Miguel, Grupo
Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Defensa.
Texto:
¿Podría indicar la razón por la que desde la Sección de Relaciones
Internacionales del Estado Mayor del Ejército del Aire se dieron órdenes
-en sentido contrario al procedimiento habitual- para que el personal que
viajaba en el avión procedente de Argelia con código de autorización de
aterrizaje a la Base Aérea de Zaragoza (DZ-VIP-2021) concedido por el
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, no pasara
control de pasaportes ni aduana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2021.-Agustín Rosety
Fernández de Castro, Macarena Olona Choclán, Manuel Mestre Barea, Alberto
Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal y Luis Gestoso de
Miguel, Diputados.
181/001202
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Macarena Olona Choclán, don Agustín Rosety Fernández de
Castro, don Manuel Mestre Barea, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor
González Coello de Portugal y don Luis Gestoso de Miguel, Grupo
Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Defensa.
Texto:
¿Podría indicar la razón por la que se ha acordado el traslado de los
restos mortales de militares que reposan actualmente en los cementerios
de las islas y peñones de soberanía española de Alhucemas y Vélez de la
Gomera, al cementerio de la Purísima Concepción en Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2021.-Agustín Rosety
Fernández de Castro, Macarena Olona Choclán, Manuel Mestre Barea, Alberto
Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal y Luis Gestoso de
Miguel, Diputados.
Comisión de Presupuestos
181/001175
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya.
Texto:
¿Piensa el Gobierno cumplir con la Ley 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2021.-Víctor
Valentín Píriz Maya, Diputado.
181/001176
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya.
Texto:
¿Qué previsión tiene el Gobierno al respecto de la suspensión o no de las
reglas fiscales para 2022?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2021.-Víctor
Valentín Píriz Maya, Diputado.
181/001177
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya.
Texto:
¿Qué cantidad de los 27.000 millones de euros presupuestados para 2021 en
los Fondos de Recuperación y Resiliencia estima el Gobierno que se van a
ejecutar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2021.-Víctor
Valentín Píriz Maya, Diputado.
181/001190
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya.
Texto:
¿Qué valoración hace el ministerio de la ejecución del presupuesto de
gastos durante el primer semestre de 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2021.-Víctor
Valentín Píriz Maya, Diputado.
181/001191
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya.
Texto:
¿Qué valoración hace el ministerio de la ejecución del presupuesto de
ingresos durante el primer semestre de 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2021.-Víctor
Valentín Píriz Maya, Diputado.
181/001192
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya.
Texto:
¿Qué ajuste presupuestario se va a realizar tras reducirse la cantidad en
el Plan de recuperación aprobado por Bruselas de 27.000 millones para
2021 a 19.000 millones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2021.-Víctor
Valentín Píriz Maya, Diputado.
Comisión de Interior
181/001179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Macarena Olona Choclán, don Francisco Javier Ortega
Smith-Molina, don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de
Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Director General de la Policía.
Texto:
¿Hay previsión por parte de la Dirección General de la Policía de incluir
el padecimiento del virus del SARS COV-19 como causa de excepción para la
realización de las pruebas en los cursos de acceso y promoción en el
Cuerpo Nacional de la Policía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2021.-Macarena Olona
Choclán, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Alcaraz
Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.
181/001180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Macarena Olona Choclán, don Francisco Javier Ortega
Smith-Molina, don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de
Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Directora General de la Guardia Civil.
Texto:
¿Hay previsión por parte de la Dirección General de la Guardia Civil de
incluir el padecimiento del virus del SARS COV-19 como causa de excepción
para la realización de las pruebas en los cursos de acceso y promoción en
la Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2021.-Macarena Olona
Choclán, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Alcaraz
Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.
181/001197
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Macarena Olona Choclán, don Francisco Javier Ortega
Smith-Molina, don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de
Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Directora General de la Guardia Civil.
Texto:
¿Por qué motivos no se han tramitado las 189 propuestas de condecoraciones
a Agentes de la Guardia Civil en enero del 2020, basadas en actuaciones
de estos durante el referéndum ilegal de 1 de octubre de 2017?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2021.-Macarena Olona
Choclán, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Alcaraz
Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.
181/001198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Macarena Olona Choclán, don Francisco Javier Ortega
Smith-Molina, don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de
Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Directora General de la Guardia Civil.
Texto:
¿A qué se debe la falta de tramitación y resolución de las distintas
propuestas de condecoraciones a Agentes de la Guardia Civil que
intervienen y participan en operaciones destinadas a la investigación y
enjuiciamiento de actividades relacionadas con el enaltecimiento del
independentismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2021.-Macarena Olona
Choclán, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Alcaraz
Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/001172
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Tomás Fernández Ríos, doña Patricia Rueda Perelló, doña
Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje,
don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias y don
Juan Carlos Segura Just, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Qué actuaciones va a llevar a cabo el Gobierno para aumentar y mejorar
las conexiones ferroviarias entre Huelva y Madrid y entre Huelva y Zafra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2021.-Patricia Rueda
Perelló, Patricia de las Heras Fernández, José María Figaredo
Álvarez-Sala, Cristina Alicia Esteban Calonje, Juan Carlos Segura Just,
Rubén Darío Vega Arias y Tomás Fernández Ríos, Diputados.
181/001173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Tomás Fernández Ríos, doña Patricia Rueda Perelló, doña
Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje,
don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias y don
Juan Carlos Segura Just, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Por qué no se han restablecido las frecuencias de los trenes con origen o
destino en Huelva que se suspendieron con ocasión de la epidemia de la
COVID-19 una vez levantado el estado de alarma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2021.-Patricia Rueda
Perelló, Patricia de las Heras Fernández, José María Figaredo
Álvarez-Sala, Cristina Alicia Esteban Calonje, Juan Carlos Segura Just,
Rubén Darío Vega Arias y Tomás Fernández Ríos, Diputados.
181/001174
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya.
Texto:
¿Considera el Ministerio que está tratando de manera desigual a los
extremeños que carecen de conexiones por tren dignas y a los que ahora se
les reduce de nuevo sus conexiones aéreas con el resto del país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2021.-Víctor
Valentín Píriz Maya, Diputado.
181/001193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Tomás Fernández Ríos, doña Patricia Rueda Perelló, doña
Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje,
don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias y don
Juan Carlos Segura Just, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Va el Gobierno a promover las actuaciones necesaria dirigidas a mejorar
las conexiones ferroviarias y la frecuencia de los trenes que conectan
Huelva con el resto del territorio nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2021.-Patricia Rueda
Perelló, Patricia de las Heras Fernández, José María Figaredo
Álvarez-Sala, Cristina Alicia Esteban Calonje, Juan Carlos Segura Just,
Rubén Darío Vega Arias y Tomás Fernández Ríos, Diputados.
181/001195
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Alicia García Rodríguez.
Texto:
¿Qué validez otorga el Gobierno a la Mesa del Ferrocarril de Ávila como
interlocutor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2021.-Alicia García
Rodríguez, Diputada.
181/001196
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Alicia García Rodríguez.
Texto:
¿Cuáles son los planes del Gobierno para mejorar el ferrocarril de Ávila?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2021.-Alicia García
Rodríguez, Diputada.
181/001204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras
Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don José María Figaredo
Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos Segura Just,
Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Qué planes tiene previstos para dar impulso a los proyectos de
construcción del Corredor Mediterráneo y del Corredor
Cantábrico-Mediterráneo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2021.-Patricia Rueda
Perelló, Patricia de las Heras Fernández, José María Figaredo
Álvarez-Sala, Cristina Alicia Esteban Calonje, Juan Carlos Segura Just y
Rubén Darío Vega Arias, Diputados.
181/001205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Eduardo Luis Ruiz Navarro, don Manuel Mestre Barea, don José
María Sánchez García, doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las
Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don José María
Figaredo Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos
Segura Just, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno para impulsar la
integración urbana de las infraestructuras ferroviarias en la ciudad de
Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2021.-Patricia Rueda
Perelló, Rubén Darío Vega Arias, José María Figaredo Álvarez-Sala,
Patricia de las Heras Fernández, Juan Carlos Segura Just, Cristina Alicia
Esteban Calonje, Eduardo Luis Ruiz Navarro, José María Sánchez García y
Manuel Mestre Barea, Diputados.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/001166
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña Mireia Borrás Pabón, don José
María Figaredo Álvarez-Sala, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida y doña
María de la Cabeza Ruiz Solás, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Texto:
¿Qué impacto económico considera que va a suponer para el sector
industrial la constante falta de materias primas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2021.-Patricia Rueda
Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés
Alberto Rodríguez Almeida y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.
181/001168
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, don José María Figaredo
Álvarez-Sala, doña Mireia Borrás Pabón, don Andrés Alberto Rodríguez
Almeida, doña María de la Cabeza Ruiz Solás, don Juan Carlos Segura Just
y don Juan José Aizcorbe Torra, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Texto:
¿En qué estado se encuentra el proyecto de reindustrialización de las
plantas de Nissan en Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2021.-Patricia Rueda
Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés
Alberto Rodríguez Almeida, María de la Cabeza Ruiz Solás, Juan Carlos
Segura Just y Juan José Aizcorbe Torra, Diputados.
181/001169
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, don José María Figaredo
Álvarez-Sala, doña Mireia Borrás Pabón, don Andrés Alberto Rodríguez
Almeida y doña María de la Cabeza Ruiz Solás, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Texto:
¿Qué impacto prevé el Gobierno que tenga en las exportaciones y la
producción de la industria del calzado la reciente suspensión de
aranceles por Estados Unidos a algunos de estos productos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2021.-Patricia Rueda
Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés
Alberto Rodríguez Almeida y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.
181/001170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, don José María Figaredo
Álvarez-Sala, doña Mireia Borrás Pabón, don Andrés Alberto Rodríguez
Almeida y doña María de la Cabeza Ruiz Solás, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Texto:
¿Qué impacto está teniendo en la industria, el comercio y el turismo de
España el incremento descontrolado del precio de la electricidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2021.-Patricia Rueda
Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés
Alberto Rodríguez Almeida y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.
181/001171
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, don José María Figaredo
Álvarez-Sala, doña Mireia Borrás Pabón, don Andrés Alberto Rodríguez
Almeida y doña María de la Cabeza Ruiz Solás, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Texto:
¿En qué estado se encuentran las negociaciones entre España y Estados
Unidos, en el marco de la OCDE, para la eliminación de los aranceles
impuestos a productos españoles como consecuencia de los impuestos
establecidos por nuestro país sobre los servicios digitales
estadounidenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2021.-Patricia Rueda
Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés
Alberto Rodríguez Almeida y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Ricardo Chamorro Delmo, don Rubén Darío Vega Arias, doña
Magdalena Nevado del Campo, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel
Mariscal Zabala, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Texto:
¿Cuáles son las medidas que está promoviendo el Gobierno ante la Comisión
Europea para que actúe frente a la creciente competencia de Marruecos,
tal y como solicitan los principales productores europeos de tomate?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2021.-Ricardo
Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, María Magdalena Nevado del Campo,
Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.
181/001206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Rubén Darío Vega Arias, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Texto:
La Organización Mundial del Comercio (OMC) pretende aprobar su propuesta
de retirar la bonificación al gasóleo en las actividades de la pesca
extractiva a nivel mundial. Entre otros países, China ha manifestado su
postura contraria a retirar esas ayudas a sus barcos de pesca. ¿Qué
medidas se van a promover desde el Gobierno para evitar la retirada de la
ayuda al gasóleo empleado en las actividades de la pesca extractiva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2021.-Rubén Darío
Vega Arias, Diputado.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de su autor, ha acordado tener
por convertida en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladar, a
los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la pregunta al Gobierno con
respuesta escrita que a continuación se relaciona, así como comunicarlo a
dicha Comisión, al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y su
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2021.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Núm. expte.: 184/050923.
Núm. registro: 124625.
Autor iniciativa: Clavell López, Óscar (GP).
Objeto iniciativa: Previsiones acerca de aumentar las frecuencias de
Cercanías que unen la ciudad de Castellón con la de Vinaròs.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 283, de 1 de
junio de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001238.
184/053197
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Martínez Ferro, María Valentina (GP).
González Vázquez, Marta (GP).
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP).
Reunión en La Rioja de Andalahe Hamad, delegado del Frente Polisario, con
la Consejera de Igualdad del Gobierno de La Rioja, así como asuntos
relacionados con la llegada del Sr. Ghali a España que se trataron en la
misma.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la
pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a las Sras.
Diputadas autoras de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2021.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Valentina Martínez Ferro, doña Marta González Vázquez y doña
Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Diputadas pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, presentan la siguiente
reformulación de las preguntas al Gobierno con respuesta escrita.
El pasado 13 de abril, Andalahe Hamad, Delegado del Frente Polisario, se
reunió con Raquel Romero, Consejera de Igualdad del Gobierno de La Rioja.
La reunión tuvo lugar en el despacho oficial de la Sra. Romero y en
presencia de Tomás Castillo, Director General de Cooperación y Agenda
2030 del Gobierno riojano. Tanto la Sra. Romero como el Sr. Castillo son
miembros de Podemos. Cinco días más tarde, Brahim Gali, líder del Frente
Polisario, fue ingresado en un hospital de La Rioja.
- ¿El Gobierno fue informado sobre esta reunión?
- ¿Se informó al Gobierno los temas tratados en dicha reunión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2021.-María Valentina
Martínez Ferro, Marta González Vázquez y Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo,
Diputadas.
184/054555
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Martínez Ferro, María Valentina (GP).
González Vázquez, Marta (GP).
Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP).
Motivo por el que socialistas españoles buscan obstaculizar una resolución
del Parlamento Europeo que condena a la dictadura castrista.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la
pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los Sres.
Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2021.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Valentina Martínez Ferro, doña Marta González Vázquez y don Pablo
Hispán Iglesias de Ussel, Diputadas y Diputado pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, presentan la siguiente
reformulación de las preguntas al Gobierno con respuesta escrita.
El Parlamento Europeo ha aprobado el día 10 de junio de 2021, una
Resolución que denuncia la violación de los Derechos humanos y la
situación política en Cuba. La Resolución también expresa solidaridad con
los miembros del Movimiento San Isidro y todos los activistas y
defensores de los Derechos Humanos que promueven libertad de expresión.
¿Qué valoración tiene el Gobierno español sobre la condena del Parlamento
Europeo a la dictadura que desde hace más de 60 años somete a los
cubanos?
¿Está de acuerdo el Gobierno con los términos en los que se expresa esta
resolución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2021.-María Valentina
Martínez Ferro, Marta González Vázquez y Pablo Hispán Iglesias de Ussel,
Diputados.
184/057053
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Expediente o sanción a alguna empresa civil relacionada con la industria
de la Defensa por utilizar campos de maniobras y tiro para
'adiestramiento de personal'.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud que se adjunte copia del Protocolo contenida
en el punto 2 de la presente iniciativa, y teniendo en cuenta la
subsanación de falta de firma contenida en el escrito número de registro
141416, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los
artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, y
trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo número de
expediente 186/003279).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2021.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jon lñarritu García, Diputado de EH BILDU (Grupo Parlamentario Euskal
Herria Bildu) de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas al Gobierno con solicitud de respuesta por escrito.
1. ¿Se ha expedientado o sancionado a alguna empresa civil relacionada con
la Industria de la Defensa por utilizar campos de maniobras y tiro para
'adiestramiento de personal'? ¿Cuándo, a qué empresa y de qué manera?
2. Cuál es el protocolo que regula esos permisos?
[ ...]
3. ¿Cómo se controla el Ministerio que se hace un correcto uso del mismo?
4. ¿Se ha tomado alguna medida tras el adiestramiento de personal de la
Guardia de Fronteras Saudí en el campo de San Gregario (Zaragoza) durante
los años 2018 y 2019?
5. ¿Considera el Gobierno que en ese caso se incumplió la autorización?
6. ¿Se han tomado medidas en relación a esos hechos? ¿De qué tipo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2021.-Jon lñarritu
García, Diputado.
184/058126
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Bel Accensi, Ferran (GPlu).
Programas informáticos que utilizan los Servicios de Inteligencia y/o
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para intervenir teléfonos
móviles y comunicaciones telefónicas de ciudadanos españoles, desde el
año 2010.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, excepto en lo relativo a los servicios de inteligencia,
en la medida en que, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley
11/2002, de 6 de mayo, Reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, la
información apropiada sobre el funcionamiento y actividades del CNI se
somete al conocimiento del Congreso de los Diputados a través de la
Comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados,
comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2021.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ferran Bel i Accensi y don Genís Boadella i Esteve, en su calidad de
Diputados del PDeCAT, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno la siguiente
pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
Toda vez que Microsoft ha denunciado que el Estado español está entre los
Estados que ha comprado el software espía de la empresa israelí Candiru,
utilizado para espiar a políticos, periodistas, activistas pro derechos
humanos, académicos, disidentes políticos y embajadores.
Toda vez que la investigación ha especificado que Candiru vendía el
software, pero que los gobiernos elegían los objetivos y lo ejecutaban,
afirmando Microsfoft que en el caso del Estado español este programa se
ha utilizado para espiar a ciudadanos catalanes, entrando ilícitamente en
sus teléfonos móviles, ordenadores y tablets conectados a internet,
espacio de almacenamiento en la nube y similares.
¿Cuáles son los programas informáticos que entre 2010 y 2021, han
utilizado y utilizan [ ...] las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
(FCSE) para intervenir teléfonos móviles y comunicaciones telefónicas de
ciudadanos españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio del 2021.-Genís
Boadella Esteve y Ferran Bel Accensi, Diputados.
184/058127
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Bel Accensi, Ferran (GPlu).
Constancia que tiene el Gobierno de si los Servicios de Inteligencia y/o
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han utilizado el programa de la
empresa israelí Candiru para realizar espionaje a ciudadanos.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, excepto en lo relativo a los servicios de inteligencia,
en la medida en que, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley
11/2002, de 6 de mayo, Reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, la
información apropiada sobre el funcionamiento y actividades del CNI se
somete al conocimiento del Congreso de los Diputados a través de la
Comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados,
comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2021.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ferran Bel i Accensi y don Genís Boadella i Esteve, en su calidad de
Diputados del PDeCAT, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno la siguiente
pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
Toda vez que Microsoft ha denunciado que el Estado español está entre los
Estados que ha comprado el software espía de la empresa israelí Candiru,
utilizado para espiar a políticos, periodistas, activistas pro derechos
humanos, académicos, disidentes políticos y embajadores.
Toda vez que la investigación ha especificado que Candiru vendía el
software, pero que los gobiernos elegían los objetivos y lo ejecutaban,
afirmando Microsfoft que en el caso del Estado español este programa se
ha utilizado para espiar a ciudadanos catalanes, entrando ilícitamente en
sus teléfonos móviles, ordenadores y tablets conectados a internet,
espacio de almacenamiento en la nube y similares.
- ¿Le consta al Gobierno que [ ...] las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado (FCSE) hayan utilizado el programa de la empresa israelí Candiru
para realizar espionajes a ciudadanos?
- En caso afirmativo, ¿puede confirmar que el uso de este programa espía
se haya realizado con la oportuna autorización judicial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio del 2021.-Genís
Boadella Esteve y Ferran Bel Accensi, Diputados.