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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 306, de 08/07/2021
cve: BOCG-14-D-306 PDF


parte 1 parte 2


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XIV LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


8 de julio de 2021


Núm. 306



ÍNDICE


Composición y organización de la Cámara


PERSONAL


299/000003 Personal eventual para la atención de los señores Diputados.


Ceses... (Página3)


Nombramientos... (Página4)


299/000004 Personal eventual para la atención de los señores Presidentes de Comisión.


Ceses... (Página6)


Nombramientos... (Página7)


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Comisión de Política Territorial y Función Pública


161/001274 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la movilidad de los empleados públicos. Aprobación así como enmienda formulada... (Página7)


161/001423 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas económicas de apoyo a los municipios y Entidades Locales para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas.
Aprobación así como enmiendas formuladas... (Página8)


161/002352 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la exclusión del uso del denominado lenguaje inclusivo en todos los documentos oficiales emanados de la Administración General del Estado y de los
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la misma. Desestimación así como enmienda formulada... (Página10)


161/002521 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a cubrir los puestos vacantes en la Administración General del Estado en Cataluña y a crear un incentivo económico
que favorezca su cobertura. Desestimación así como enmienda formulada... (Página10)


161/002523 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a reducir la temporalidad del empleo público. Desestimación así como enmiendas formuladas... href='#(Página10)'>(Página10)



Página 2





161/002683 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a revertir el proceso de despoblación a través de la deslocalización de organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General
del Estado de nueva creación. Aprobación con modificaciones así como enmienda formulada... (Página14)


161/002813 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a las garantías del nuevo sistema de acceso al empleo público de acuerdo con el plan de captación de
talento. Aprobación... (Página15)


Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia


161/001338 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora de la atención y promoción de la salud y bienestar emocional de la infancia y la adolescencia y la prevención del suicidio juvenil.
Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... (Página15)


161/001960 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a intensificar la prevención y detección, e intervención integral con menores expuestos a violencia de género. Aprobación con
modificaciones así como enmienda formulada... (Página18)


161/001961 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a promover el acogimiento familiar de menores y adolescentes. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... href='#(Página20)'>(Página20)


161/002270 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la transversalidad del enfoque de Derechos de la Infancia en las políticas públicas. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... href='#(Página22)'>(Página22)


161/002668 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al efectivo cumplimiento del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración
ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado. Desestimación... (Página24)


161/002762 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la promoción de espacios seguros y movilidad saludable de niños, niñas y adolescentes en las rutas entre sus hogares y los centros escolares.
Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... (Página24)


161/002763 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la lucha contra la obesidad infantil. Aprobación con modificaciones así como enmiendas
formuladas... (Página26)


Otros textos


DECLARACIONES INSTITUCIONALES


140/000013 Declaración institucional en apoyo a la Cumbre Mundial de la Ceguera Madrid 2021... (Página28)


COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS


154/000004 Subcomisión, en el seno de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Informe de la
Subcomisión, votos particulares y propuestas de resolución... (Página29)



Página 3





COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA


PERSONAL


299/000003


Ceses


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 16 de junio de 2021, la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del
Excmo. Sr. D. Rafael Simancas Simancas, con efectos de 16 de junio de 2021, de D.ª Carmen Blanco Rodríguez, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.


Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 29 de junio de 2021, la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del
Excmo. Sr. D. Rafael Simancas Simancas, con efectos de 30 de junio de 2021, de D. Luis Deltell Segura, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.


Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 30 de junio de 2021, la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del
Excmo. Sr. D. Rafael Simancas Simancas, con efectos de 30 de junio de 2021, de D. Luis Segundo Lorente Jiménez, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.


Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 29 de junio de 2021, la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del
Excmo. Sr. D. Rafael Simancas Simancas, con efectos de 30 de junio de 2021, de D. Ángel Martínez Martínez, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.



Página 4





Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 1 de julio de 2021, la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del
Excmo. Sr. D. Guillermo Mariscal Anaya, con efectos de 1 de julio de 2021, de D. Fernando Ignacio Ayres Janeiro, como personal eventual en el cargo de Asistente técnico de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular.


Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 29 de junio de 2021, la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta de
la Excma. Sra. D.ª Macarena Olona Choclán, con efectos de 30 de junio de 2021, de D. Francisco Paula Méndez Monasterio, como personal eventual en el cargo de Asesor de los señores Diputados del Grupo Parlamentario VOX.


Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 30 de junio de 2021, la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del
Excmo. Sr. D. Pablo Echenique Robba, con efectos de 30 de junio de 2021, de D.ª Allende Marina Palomo Jiménez, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas
Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Nombramientos


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 16 de junio de 2021 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Laura Cubo Martín, a
propuesta del Excmo. Sr. D. Rafael Simancas Simancas, con efectos de 17 de junio de 2021 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.



Página 5





Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 9 de junio de 2021 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Alberto Hernández
Garrobo, a propuesta del Excmo. Sr. D. Rafael Simancas Simancas, con efectos de 9 de junio de 2021 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.


Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 30 de junio de 2021 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Ignacio Hoces
Íñiguez, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Macarena Olona Choclán, con efectos de 1 de julio de 2021 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asesor de los señores Diputados del Grupo Parlamentario VOX.


Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 15 de junio de 2021 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Diego Álvarez
Iguacel, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Macarena Olona Choclán, con efectos de 15 de junio de 2021 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario VOX.


Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 11 de junio de 2021 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª María Iona García
Sánchez, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Macarena Olona Choclán, con efectos de 11 de junio de 2021 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario VOX.



Página 6





Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 30 de junio de 2021 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Hugo López García, a
propuesta del Excmo. Sr. D. Pablo Echenique Robba, con efectos de 1 de julio de 2021 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En
Comú Podem-Galicia en Común.


Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 17 de junio de 2021 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Luis Rivas Jiménez, a
propuesta del Excmo. Sr. D. José María Espejo-Saavedra Conesa, con efectos de 21 de junio de 2021 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente técnico A de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


299/000004


Ceses


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 16 de junio de 2021, la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del
Excmo. Sr. D. Agustín Zamarrón Moreno, con efectos de 16 de junio de 2021, de D.ª Laura Cubo Martín, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Cultura y Deporte.


Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.



Página 7





Nombramientos


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 16 de junio de 2021 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Carmen Blanco
Rodríguez, a propuesta del Excmo. Sr. D. Agustín Zamarrón Moreno, con efectos de 17 de junio de 2021 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Cultura y Deporte.


Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


Comisión de Política Territorial y Función Pública


161/001274


La Comisión de Política Territorial y Función Pública, en su sesión del día 21 de junio de 2021, aprobó la Proposición no de Ley sobre la movilidad de los empleados públicos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 137, de 11 de septiembre de 2020, en sus propios términos:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Promover la convocatoria mínima anual de un concurso de provisión de puestos de trabajo, de carácter general y otro específico, incluyéndose los puestos que se consideren de necesaria cobertura en los Ministerios y Organismos, tanto en los
Servicios centrales como, en su caso, periféricos, con excepción de aquellos Departamentos que cuenten con una dotación de efectivos que haga recomendable la acumulación de las plazas susceptibles de convocatoria.


Desarrollar en consenso entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, así como las centrales sindicales, procesos de movilidad interadministrativa mediante concursos de provisión de puestos de
trabajo que permitan a los trabajadores públicos su movilidad.


Incrementar la oferta formativa a través del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) o, en su caso, de los planes de formación departamentales, para ampliar la oferta en los cursos de mayor demanda, incluyendo el impulso a la
teleformación.'


A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.



Página 8





A la Mesa de la Comisión de Política Territorial y Función Pública


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la movilidad de los empleados públicos.


Enmienda


De modificación.


Se propone modificar el apartado dos de la propuesta, que quedaría redactada de la siguiente forma:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Proceder, con la mayor celeridad, a la convocatoria anual de un concurso de provisión de puestos de trabajo de carácter general y otro específico, en los ministerios y organismos, tanto en los servicios centrales como periféricos, en los
términos establecidos en el I Acuerdo de movilidad del personal funcionario al servicio de la Administración General del Estado, firmado en octubre de 2018 y el acuerdo de 8 de mayo de 2020 para la fijación de criterios comunes, ratificado en la
Mesa General de Negociación de la AGE del art. 34.1 del TREBEP.


2. Incluir en dichas convocatorias, como mínimo, el 30 % de las vacantes puras, las ocupadas en comisión de servicio por un plazo superior a un año, así como las que puedan quedar a resultas.


3. Impulsar la movilidad interadministrativa entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales mediante la utilización de los instrumentos contemplados en el Acuerdo Marco aprobado con este fin en
2003 y diseñando nuevas fórmulas que faciliten la movilidad y el intercambio.


4. Incrementar la oferta formativa a través del Instituto Nacional de la Administración Pública y los demás centros de formación existentes, así como mediante los planes de formación departamentales, para ampliar y reforzar la oferta en los
cursos de mayor demanda, y dando un impulso a la formación a distancia.'


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/001423


La Comisión de Política Territorial y Función Pública, en su sesión del día 21 de junio de 2021, aprobó la Proposición no de Ley sobre las medidas económicas de apoyo a los municipios y Entidades Locales para paliar los daños causados por
temporales y otras situaciones catastróficas, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 154, de 6 de octubre de 2020, en sus propios términos:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Fomentar la utilización de los medios telemáticos por parte de las entidades locales, para una mayor accesibilidad y agilidad en la gestión de las ayudas económicas por daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, de
modo que puedan recibir una información completa, no solo para conocer en todo momento el estado de sus solicitudes, sino también a efectos de subsanar posibles errores en las mismas.


2. Promover la celebración de sesiones informativas dirigidas a todo el personal de las entidades locales solicitantes de tales ayudas, que sirvan de soporte para una mejor y adecuada gestión de la solicitud de las mismas, con el fin de
evitar que la dificultad en la tramitación administrativa no suponga un



Página 9





impedimento para su obtención, informando de manera constante acerca de las diferentes actualizaciones en los sistemas de acceso.


3. Potenciar la coordinación entre las administraciones implicadas, sobre todo con los municipios de menor tamaño o situados en zonas más despobladas, de acuerdo con lo previsto por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto
Demográfico, para una mejor actualización del estado de las ayudas que se encuentren pendientes o concedidas.


4. Solicitar, cuando se estime conveniente, la contribución financiera del Fondo de Solidaridad de la UE (FSUE) en el caso de catástrofes naturales graves.'


A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa de la Comisión de Política Territorial y Función Pública


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas económicas de apoyo a municipios y entidades locales para paliar daños causados por temporales y
otras situaciones catastróficas.


Enmienda


De modificación.


Texto que se propone:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Fomentar la utilización de los medios telemáticos por parte de las entidades locales, para una mayor accesibilidad y agilidad en la gestión de las ayudas económicas por daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, de
modo que puedan recibir una información completa, no solo para conocer en todo momento el estado de sus solicitudes, sino también a efectos de subsanar posibles errores en las mismas.


2. Promover la celebración de sesiones informativas dirigidas a todo el personal de las entidades locales solicitantes de tales ayudas, que sirvan de soporte para una mejor y adecuada gestión de la solicitud de las mismas, con el fin de
evitar que la dificultad en la tramitación administrativa no suponga un impedimento para su obtención, informando de manera constante acerca de las diferentes actualizaciones en los sistemas de acceso.


3. Potenciar la coordinación entre las administraciones implicadas, sobre todo con los municipios de menor tamaño o situados en zonas más despobladas, de acuerdo con lo previsto por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto
Demográfico, para una mejor actualización del estado de las ayudas que se encuentren pendientes o concedidas.


4. Solicitar, cuando se estime conveniente, la contribución financiera del Fondo de Solidaridad de la UE (FSUE) en el caso de catástrofes naturales graves.


5. Hacer público el Informe sobre las actuaciones llevadas a cabo en ejecución del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones
catastróficas, regulado en el apartado 3 de la disposición adicional segunda del mismo o, en caso de que tal Informe no exista, explicar los motivos por los que el mismo aún no ha sido elaborado.'



Página 10





Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2021.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


A la Mesa de la Comisión de Política Territorial y Función Pública


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las medidas económicas de apoyo a los municipios y Entidades Locales para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas.


Enmienda


De modificación.


El texto quedará redactado como sigue:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Crear un fondo económico estatal suficiente para atender las necesidades de las entidades locales por daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas.


2. Fomentar la utilización de los medios telemáticos por parte de las entidades locales, para una mayor accesibilidad y agilidad en la gestión de las ayudas económicas por daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, de
modo que puedan recibir una información completa, no solo para conocer en todo momento el estado de sus solicitudes, sino también a efectos de subsanar posibles errores en las mismas.


3. Promover la celebración de sesiones informativas dirigidas a todo el personal de las entidades locales solicitantes de tales ayudas, que sirvan de soporte para una mejor y adecuada gestión de la solicitud de las mismas, con el fin de
evitar que la dificultad en la tramitación administrativa no suponga un impedimento para su obtención, informando de manera constante acerca de las diferentes actualizaciones en los sistemas de acceso.


4. Potenciar la coordinación entre las administraciones implicadas, sobre todo con los municipios de menor tamaño o situados en zonas más despobladas, de acuerdo con lo previsto por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto
Demográfico, para una mejor actualización del estado de las ayudas que se encuentren pendientes o concedidas.


5. Solicitar, cuando se estime conveniente, la contribución financiera del Fondo de Solidaridad de la UE (FSUE) en el caso de catástrofes naturales graves.


6. Dar cuenta de a esta Comisión de los trámites seguidos para dar cumplimiento a las propuestas de esta Proposición No de Ley en el plazo de tres meses.'


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/002352, 161/002521 y 161/002523


La Comisión de Política Territorial y Función Pública, en su sesión del día 21 de junio de 2021, adoptó el acuerdo de desestimar las siguientes iniciativas:


- Proposición no de Ley relativa a la exclusión del uso del denominado lenguaje inclusivo en todos los documentos oficiales emanados de la Administración General del Estado y de los organismos públicos



Página 11





y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la misma (núm. expte. 161/002352), presentada por el Grupo Parlamentario VOX, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 256, de 13 de abril de 2021.


A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.


- Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a cubrir los puestos vacantes en la Administración General del Estado en Cataluña y a crear un incentivo económico que favorezca su cobertura (núm. expte. 161/002521), presentada por
el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 274, de 18 de mayo de 2021.


A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.


- Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a reducir la temporalidad del empleo público (núm. expte. 161/002523), presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, núm. 274, de 18 de mayo de 2021.


A dicha Proposición no de Ley se formularon tres enmiendas, cuyos textos se insertan a continuación.


Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa de la Comisión de Política Territorial y Función Pública


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a la
exclusión del uso del denominado lenguaje inclusivo en todos los documentos oficiales emanados de la Administración General del Estado y de los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la misma (núm. expte.
161/002352).


Enmienda


De modificación.


Se propone la modificación del petitum, que quedará redactado así:


'El lenguaje inclusivo que se utilice por parte de las todas las Administraciones Públicas se adaptará en cada momento a las previsiones y directrices emanadas de la Real Academia Española de la Lengua (RAE).'


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A la Mesa de la Comisión de Política Territorial y Función Pública


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley por la que se insta al Gobierno a cubrir los puestos vacantes en la Administración General del Estado en Cataluña y a crear un incentivo económico que favorezca su cobertura, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (núm. expte.
1611002521).



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Enmienda


De sustitución.


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Adoptar todas las medidas posibles para favorecer un mayor grado de ocupación de los puestos de los organismos públicos estatales en Cataluña para garantizar una prestación eficaz, ágil y eficiente de los servicios públicos encomendados.


2. Realizar un estudio que identifique los puestos cuya cobertura resulta esencial y diseñar mecanismos de colaboración con otros ámbitos administrativos en los que las cargas de trabajo sean menores y otras fórmulas que permitan mantener
un mayor grado de ocupación y permanencia de los empleados públicos en sus respectivos destinos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2021.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


A la Mesa de la Comisión de Política Territorial y Función Pública


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a reducir la temporalidad del empleo público (núm. expte. 161/002523).


Enmienda


De modificación.


Texto que se propone:


'1. Llevar a cabo un ejercicio de identificación y definición de las situaciones de abuso de la temporalidad en todos los niveles de la Administración Pública en línea con los criterios que se desprenden de las sentencias del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea.


2. Negociar una solución con el resto de las fuerzas políticas y los trabajadores afectados que cumpla con los pronunciamientos que ha hecho la justicia europea en favor de este colectivo y que no incluya la cobertura en ofertas de empleo
público o concursos de traslados todas las plazas que ocupan ahora mismo estos trabajadores en fraude de ley.


3. Que a través del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, promueva e impulse el proceso de estabilización y consolidación del empleo público temporal, requiriendo del resto de Administraciones Públicas, Autonómica y Local,
la convocatoria de los puestos ocupados de forma temporal o interina con criterios homogéneos en todos los niveles de la administración de los correspondientes procesos selectivos de los concurso-oposición.


4. Que a través del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, garantice que las convocatorias de los correspondientes procesos selectivos de los 'concurso-oposición', por parte de las administraciones autonómicas y locales,
estén ejecutadas antes del 31 de diciembre de 2021.'


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2021.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.



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A la Mesa de la Comisión de Política Territorial y Función Pública


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo
Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a reducir la temporalidad del empleo público (núm. expte. 161/002523).


Enmienda


Al apartado 2


De modificación.


Se propone modificar el apartado dos de la propuesta, que quedaría redactada de la siguiente forma:


'2. Que a través del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, garantice que las convocatorias de los correspondientes procesos selectivos de los 'concurso-oposición', por parte de las administraciones autonómicas y locales,
estén iniciados antes del 31 de diciembre de 2022.'


Justificación.


Mejora en términos jurídicos.


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A la Mesa de la Comisión de Política Territorial y Función Pública


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley por la que se insta al Gobierno a reducir la temporalidad del empleo público, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (núm. expte. 161/002523).


Enmienda


De sustitución.


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Que culmine en el menor tiempo posible dentro la Comisión de Coordinación del Empleo Público, que fue habilitada por la Conferencia Sectorial de Administración Pública del 11 de junio de 2020, como marco adecuado de consenso entre el
Ministerio de Política Territorial y Función Pública, las Comunidades Autónomas y la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), para la elaboración de una propuesta normativa de reforma del Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público que aborde la problemática de la temporalidad en las administraciones públicas, ofreciendo respuesta a la Sentencia del TAJE de fecha 19 de marzo de 2020, y demás jurisprudencia relativa a lo establecido en Directiva 1999/70/CE del
Consejo, de 28 de junio de 1999.


2. Que culmine en el menor tiempo posible la propuesta de modificación de la normativa básica estatal en materia de personal funcionario interino (artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público), para determinar los criterios y
principios que han de regir el uso de la necesaria existencia de esta figura e incorporar las medidas efectivas y adecuadas para prevenir y sancionar posibles abusos, así como su mala utilización.


3. Que dichas propuestas sean tratadas también en las mesas de negociación oportunas con las centrales sindicales, en la búsqueda del consenso necesario ante el problema de temporalidad en las administraciones públicas, de las Comunidades
Autónomas y Administraciones locales.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2021.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



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161/002683


La Comisión de Política Territorial y Función Pública, en su sesión del día 21 de junio de 2021, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a revertir el proceso de despoblación a través de la deslocalización de
organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado de nueva creación, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 284, de 2 de junio de
2021, en los siguientes términos:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Estudiar, en coordinación con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias las posibilidades de deslocalizar organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado a las
provincias más afectadas por la despoblación y el reto demográfico.


2. Estudiar, en la Mesa General de Negociación y Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas, medidas de mejora para los trabajadores públicos, sobre todo para los destinados en puestos de provincias en declive demográfico.


3. Estudiar un sistema de incentivos que favorezcan una adecuada cobertura de puestos en zonas en declive demográfico.


4. Aumentar, en la medida de lo posible, el número de funcionarios en prácticas en la Administración Periférica del Estado en provincias afectadas por la despoblación y el reto demográfico.


5. Continuar con el proyecto de Captación del Talento en la Administración General del Estado, en coordinación con las Administraciones educativas y las Universidades públicas, para captar talento para la Administración entre aquellas
personas que residen en zonas en declive demográfico.


6. Desarrollar el documento presentado el pasado 26 de mayo por el Ministro de Política Territorial y Función Pública: 'Orientaciones para el cambio en materia de selección en la Administración General del Estado', a los procesos
selectivos convocados en la reciente Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, acceso y estabilización de empleo temporal en
Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado, impulsando la descentralización de las pruebas selectivas en todo el territorio.'


A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa de la Comisión de Política Territorial y Función Pública


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley relativa revertir el proceso de despoblación a través de la deslocalización de organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado de nueva creación, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Enmienda


De sustitución.


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Estudiar en coordinación con las comunidades autónomas y la FEMP las posibilidades de deslocalizar organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado a las provincias más afectadas por la despoblación y
el reto demográfico.



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2. Estudiar en la Mesa General de Negociación y Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas, medidas de mejora para los trabajadores públicos, sobre todo para los destinados en puestos de provincias en declive demográfico.


3. Estudiar un sistema de incentivos que favorezcan una adecuada cobertura de puestos en zonas en declive demográfico.


4. Aumentar, en la medida de lo posible, el número de funcionarios en prácticas en la Administración Periférica del Estado en provincias afectadas por la despoblación y el reto demográfico.


5. Continuar con el proyecto de Captación del Talento en la Administración General del Estado, en coordinación con las Administraciones educativas y las Universidades públicas, para captar talento para la Administración entre aquellas
personas que residen en zonas en declive demográfico.


6. Desarrollar el documento presentado el pasado 26 de mayo por el Ministro de Política Territorial y Función Pública: 'Orientaciones para el cambio en materia de selección en la Administración General del Estado', a los procesos
selectivos convocados en la reciente Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, acceso y estabilización de empleo temporal en
Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado, impulsando la descentralización de las pruebas selectivas en todo el territorio.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2021.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/002813


La Comisión de Política Territorial y Función Pública, en su sesión del día 21 de junio de 2021, aprobó la Proposición no de Ley relativa a las garantías del nuevo sistema de acceso al empleo público de acuerdo con el plan de captación de
talento, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 297, de 22 de junio de 2021, en sus propios términos:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Abordar los procesos de cambio necesarios a partir del diálogo con los distintos sectores afectados, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, respetando y conjugando
la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, las necesidades de la organización y los intereses de aquella parte de la población que se encuentra en un proceso de preparación para el acceso a la función pública.


2. Establecer un cronograma para su implantación.


3. Presentar un Plan ejecutivo que nacerá del diálogo, acuerdo y trabajo conjunto y que será elevado a la Comisión Superior de Personal antes del 31 de diciembre de 2021, de manera que se garantice su plena efectividad en la ejecución de la
Oferta de Empleo Público de 2025.'


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia


161/001338


La Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, en su sesión del día 16 de junio de 2021, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre la mejora de la atención y promoción de la salud y bienestar emocional de
la infancia y la adolescencia y la prevención del suicidio juvenil,



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presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 144, de 22 de septiembre de 2020, en los siguientes términos:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:


1. Seguir trabajando en la Estrategia Nacional de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. En este marco, la prevención del suicidio y el abordaje de la conducta suicida va a continuar siendo una prioridad.


2. Promocionar la educación para la salud y el bienestar en los centros educativos, que incluye el bienestar en los proyectos educativos de los centros y en los planes de convivencia escolar, así como la implementación de protocolos de
prevención, detección e intervención inmediatas, con especial atención a los riesgos que puedan derivarse de casos de acoso escolar fuera o dentro del entorno educativo, especialmente en ciberacoso a través de internet, en el marco de lo establecido
en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia.'


A dicha Proposición no de Ley se formularon cuatro enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa de la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia


El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 194.2 y 110.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas de adición y modificación a la Proposición no de Ley sobre la mejora
de la atención y promoción de la salud y bienestar emocional de la infancia y la adolescencia y la prevención del suicidio juvenil, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos e incluida en el punto primero del Orden del día correspondiente a
la Sesión núm. 8 de la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, que se celebrará el próximo miércoles 16 de junio de 2021.


Enmienda


De adición.


Se propone la adición de un párrafo al final de la parte dispositiva de la Proposición no de Ley, como punto d), con el siguiente tenor literal:


'd) Realizar un estudio pormenorizado de las enfermedades y trastornos mentales con mayor prevalencia en la infancia y la adolescencia, que permita extraer datos estadísticos precisos sobre las mismas, remitiéndolo a la Comisión de Derechos
de la Infancia y la Adolescencia del Congreso de los Diputados en el plazo de tiempo más breve posible.'


Justificación.


En el Informe de Diagnóstico de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 se indica que, en lo concerniente a los datos epidemiológicos referentes a trastornos depresivos en la infancia y la adolescencia, se dispone, en la
actualidad, de pocos datos al respecto.


Tal carencia lleva aparejada la falta de efectividad por parte de los poderes públicos de cumplir con el mandato constitucional a ellos impuesto de 'organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y
servicios necesarios' en las enfermedades de esta tipología.


Sobre la base de lo expuesto, urge a los poderes públicos invertir cuantos esfuerzos sean necesarios para conocer de una forma completa y precisa el alcance de este mal que, en sus distintas manifestaciones,



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impide y condiciona el desarrollo natural de los más jóvenes. Solo a partir de datos estadísticos se puede analizar bien el problema para paliarlo.


Enmienda


De adición.


Se propone la adición de un párrafo al término de la parte dispositiva de la Proposición no de Ley, como punto e), con el siguiente tenor literal:


'e) Llevar a cabo campañas de comunicación institucional que informen sobre los síntomas más habituales que suelen contener los cuadros clínicos que presentan las enfermedades y trastornos mentales que afectan, de forma mayoritaria, a niños
y adolescentes en España, a fin de favorecer su detección precoz y el pronto tratamiento.'


Justificación.


Los trastornos y demás padecimientos de naturaleza psiquiátrica son frecuentemente minusvalorados o poseen especial propensión a pasar desapercibidos, especialmente en aquellos casos que los síntomas revisten un carácter leve.


El profundo desconocimiento que pesa sobre gran parte de la población al respecto impide que las afecciones de la mente reciban, en un sinfín de ocasiones, una respuesta a tiempo. Y es que solo se suele recurrir a los profesionales cuando
tales síntomas adquieren una gravedad muy pronunciada.


La juventud y la infancia son dos momentos clave en la conformación de la persona, que además se caracterizan por una especial vulnerabilidad del sujeto. Como muestra de ello, encontramos la fuerte incidencia en estos colectivos de
trastornos mentales como la depresión, la ansiedad y la bulimia. Una mala gestión de dichos trastornos acarrea, en no pocas ocasiones, el agravamiento de los síntomas, pudiendo llegar a comprometer su salud de por vida.


Por estas razones, los poderes públicos han de desarrollar una actitud proactiva en favor de nuestros niños y jóvenes, poniendo a su alcance -y al de sus familias- información suficiente que contenga los síntomas más comunes que integran el
cuadro clínico de estos trastornos. Todo ello con el propósito de que, en el caso de que sospechen que pudieran presentar dichas sintomatologías, se dirijan a un profesional que descarte tal posibilidad o les provea del oportuno tratamiento.


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2021.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


A la Mesa de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley sobre la mejora de la atención y promoción de la salud y bienestar emocional de la infancia y la adolescencia y la prevención del suicidio juvenil, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Enmienda


De modificación.


Se propone enmienda de modificación de la parte dispositiva, quedando redactado de la siguiente forma:


'Seguir trabajando en la actualización de la Estrategia Nacional de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. En este marco, la prevención del suicidio y el abordaje de la conducta suicida va a continuar siendo una prioridad.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2021.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



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A la Mesa de la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia


El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos relativa a la mejora de la atención y promoción de la salud y bienestar emocional de la infancia y la adolescencia y la prevención del suicidio juvenil, para su debate en la Comisión de
Derechos de la Infancia y la Adolescencia.


Enmienda


A los puntos A y B


De modificación.


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a adoptar todas las medidas necesarias, en coordinación con el resto de Administraciones Públicas, dirigidas a la mejora de la atención y la promoción de la salud y bienestar
emocional de la infancia y la adolescencia en nuestro país, destacando, de manera prioritario, las siguientes:


A) La elaboración de un Plan Estratégico de Prevención del Suicidio Juvenil específico, en el marco de la nueva Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, que tenga como ejes centrales la sensibilización, prevención y
reparación.


B) La adopción de 'Códigos de Riesgo de Suicidio' en todos los Promocionar la educación para la salud y bienestar escolar en los centros educativos, que incluye el bienestar en los proyectos educativos de los centros y en los planes de
convivencia escolar, así como la implementación de protocolos de prevención detección, e intervención inmediatas, con especial atención a los riesgos que puedan derivarse de casos de acoso escolar fuera o dentro del entorno escolar, especialmente
del ciberacoso a través de internet, en el marco de lo establecido en la ley 8/2021 de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.


c) La incorporación de la salud y bienestar emocional de la infancia y la adolescencia como línea dentro del nuevo Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.'


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio del 2021.-Lucía Muñoz Dalda, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


161/001960


La Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, en su sesión del día 16 de junio de 2021, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a intensificar la prevención y detección, e intervención integral con
menores expuestos a violencia de género, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 217, de 9 de febrero de 2021, en los siguientes términos:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, tal y como establece la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, a:


1. Promover actividades formativas tendentes a la prevención y detección de los menores expuestos a la violencia de género, a desarrollar principalmente en el ámbito de la educación, sanitario, de los servicios sociales y judiciales
conjuntamente con las comunidades autónomas y sin perjuicio de las competencias que éstas tienen atribuidas.



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2. Promover la puesta en marcha, por parte de las comunidades autónomas, de Puntos de Encuentros de Encuentro Familiar exclusivos y especializados para la atención a los casos de violencia de género, y en su defecto, aplicar Protocolos
específicos.


3. En el marco de las actuales reformas legislativas previstas en el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, establecer herramientas de preconstitución de la prueba en las
declaraciones de los menores para evitar la victimización secundaria.'


A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa de la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia


El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a intensificar la prevención y detección, e intervención integral con menores expuestos a violencia de género.


Enmienda


A los puntos 1, 2, 3 y 4.


De modificación.


Se propone la modificación del texto siguiente:


'1. Promover actividades formativas tendentes a la prevención y detección de los menores expuestos a la violencia de género, a desarrollar principalmente en el ámbito de la educación, sanitario, de los servicios sociales y judiciales
conjuntamente con las Comunidades Autónomas y sin perjuicio de las competencias que estas tienen atribuidas.


2. Garantizar recursos financieros a las CCAA para que puedan reforzar sus medios profesionales de atención psicológica, médica o de cualquier otro tipo para encauzar a una situación de estabilidad psicoemocional y de normalidad el estado
del menor.


3. Promover la puesta en marcha, por parte de las CCAA, de Puntos de Encuentros de Encuentro Familiar exclusivos y especializados para la atención a los casos de violencia de género, y en su defecto, aplicar Protocolos específicos.


4. En el marco de las actuales reformas legislativas previstas en la Ley de Enjuicia-miento Criminal, establecer herramientas de preconstitución de la prueba en las declaraciones de los menores para evitar la victimización secundaria.'


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2021.-Lucía Muñoz Dalda, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.



Página 20





161/001961


La Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, en su sesión del día 16 de junio de 2021, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a promover el acogimiento familiar de menores y adolescentes,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 217, de 9 de febrero de 2021, en los siguientes términos:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:


A continuar colaborando con las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias en la protección de los menores en situación de vulnerabilidad por desatención familiar o ausencia de esta, en el marco de la Comisión Delegada de
Servicios Sociales del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, impulsando medidas para:


1. Implementar medidas de apoyo e intervención con las familias, de carácter material, social, psicológico, o de otra índole para atender los problemas que pudieran existir y, favorecer que los menores puedan ser adecuadamente atendidos en
su núcleo familiar.


2. Realizar campañas de sensibilización e información que promuevan el acogimiento familiar, destacando los beneficios del mismo para el desarrollo psicosocial y afectivo de niños y niñas.


3. Promover el acogimiento familiar de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.


4. Aumentar los recursos destinados a las políticas de acogimiento familiar.


5. Aumentar los recursos destinados al programa de Respiro familiar para familias de acogida.


6. Implementar programas de mediación y de otra índole, para incrementar la intervención con las familias de origen, de cara a facilitar, en la medida de lo posible, la reunificación familiar.


7. Promover medidas de apoyo a la reintegración familiar y a la emancipación e inserción sociolaboral de los jóvenes.


8. Colaborar con las entidades públicas de Protección en la aplicación de la disposición adicional tercera, sobre los criterios de cobertura, calidad y accesibilidad en el Acogimiento familiar y en el Acogimiento Residencial, de la Ley
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.'


A dicha Proposición no de Ley se formularon tres enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa de la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia


El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 194.2 y 110.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda de supresión a la Proposición no de Ley relativa a promover el
acogimiento familiar de menores y adolescentes, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso e incluida en el punto segundo del Orden del día correspondiente a la Sesión núm. 8 de la Comisión de Derechos de la Infancia y la
Adolescencia, que se celebrará el próximo miércoles 16 de junio de 2021.


Enmienda


De supresión.


Se propone la supresión del punto tercero de la parte dispositiva de la Proposición no de Ley.



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Justificación.


En aplicación del Acuerdo de Rabat de 6 de marzo de 2007 entre España y Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, el Gobierno de
España tiene que velar por favorecer el retorno de los menores al seno de sus familias.


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2021.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


A la Mesa de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley relativa a promover el acogimiento familiar de menores y adolescentes, del Grupo Parlamentario Popular.


Enmienda


De modificación.


Se propone enmienda de modificación al punto 1 de la parte dispositiva, quedando redactado de la siguiente forma:


'1. Implementar medidas de apoyo e intervención con las familias, de carácter material, social o de otra índole para que los menores continúen en el núcleo familiar abordando desde ahí la conflictividad u otros problemas que pudieran
existir, siempre que resulte conveniente y adecuado para ellos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2021.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


A la Mesa de la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia


El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a promover el acogimiento familiar de menores y adolescentes.


Enmienda


De modificación.


Se propone la modificación del texto siguiente:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:


A continuar colaborando con las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias en la protección de los menores en situación de vulnerabilidad por desatención familiar o ausencia de esta, en el marco de la Comisión Delegada de
Servicios Sociales del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, impulsando medidas para:


1. Implementar medidas de apoyo e intervención con las familias, de carácter material, social, psicológico, o de otra índole para que los menores continúen en el núcleo familiar para atender desde ahí la conflictividad u otros problemas los
problemas que pudieran existir, siempre que resulte conveniente y adecuado para ellos, y favorecer que los menores puedan ser adecuadamente atendidos en su núcleo familiar.



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2. A Realizar campañas de sensibilización e información que promuevan el acogimiento familiar frente al acogimiento residencial, destacando los beneficios del mismo para el desarrollo psicosocial y afectivo de niños y niñas.


3. Impulsar Promover el acogimiento familiar de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados (NNAMNA), puesto que suponen un colectivo especialmente vulnerable que se ha visto incrementado en los últimos años dentro de los Centros
residenciales debido a las situaciones que sufren en sus países de origen, y víctimas, en muchas ocasiones, de las mafias.


4. Dotar Aumentar los recursos destinados a las Comunidades Autónomas para las políticas de acogimiento familiar.


5. Fomentar y ayudar Aumentar los recursos destinados al programa de Respiro familiar para familias de acogida.


6. Implementar Programas de mediación y de otra índole, para incrementar la intervención con las familias de origen, de cara a facilitar, en la medida de lo posible, la reunificación familiar.


7. Establecer Promover medidas de apoyo a la reintegración familiar y a la emancipación e inserción sociolaboral de los jóvenes.


8. Colaborar con las Entidades Públicas de Protección en la aplicación de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 26/2015, sobre los Criterios de cobertura, calidad y accesibilidad en el Acogimiento familiar y en el Acogimiento
Residencial.'


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2021.-Lucía Muñoz Dalda, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


161/002270


La Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, en su sesión del día 16 de junio de 2021, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre la transversalidad del enfoque de Derechos de la Infancia en las políticas
públicas, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 245, de 24 de marzo de 2021, en los siguientes términos:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar analizando, desarrollando y evaluando en todos los ámbitos y fases de las políticas públicas la perspectiva de los derechos de la infancia, a fin de llegar a cumplir lo que
establece la Convención de Derechos del Niño, promoviendo el ejercicio efectivo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, utilizando las normas y principios de la Convención y otros instrumentos de derecho internacionales y nacionales como
guía para orientar los comportamientos, acciones, programas, leyes y políticas, y desarrollando la capacidad de las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de ser escuchados, de participar, de reclamar sus derechos, así como la de
los garantes de derechos para cumplir sus obligaciones hacia la infancia.


Para ello, deberán de:


a) Continuar realizando análisis periódicos del impacto de los Presupuestos Generales del Estado en la situación de niños y niñas, evaluando y examinando rigurosamente las conclusiones de esas evaluaciones durante el proceso presupuestario e
informando de las decisiones adoptadas al respecto.


b) Velar porque la sociedad civil, incluidos los niños y las niñas, puedan hacer aportaciones a esas evaluaciones y análisis, por ejemplo, mediante valoraciones de los efectos causados sobre los derechos del niño y la niña, tal y como recoge
la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia.'


A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.



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Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la transversalidad del enfoque de Derechos de la Infancia en las políticas públicas.


Enmienda


De adición.


Se propone la adición de los siguientes nuevos apartados:


'Para ello, deberán de:


a) Efectuar análisis periódicos de los efectos de los Presupuestos Generales del Estado en la situación de los niños y las niñas.


b) Asignar suficientes recursos financieros y humanos para llevar a cabo esas evaluaciones y análisis con regularidad.


c) Evaluar y examinar rigurosamente las conclusiones de esas evaluaciones y análisis durante el proceso presupuestario e informar de las decisiones adoptadas al respecto.


d) Crear y reforzar órganos de evaluación independiente (por ejemplo, Institutos de Investigación) para llevar a cabo evaluaciones de la eficacia, la eficiencia, la equidad, la transparencia y la sostenibllldad de los gastos efectivos
relacionados con los derechos del niño.


e) Velar por que la sociedad civil, Incluidos los niños y las niñas, puedan hacer aportaciones a esas evaluaciones y análisis, por ejemplo, mediante valoraciones de los efectos causados sobre los derechos del niño y la niña.'


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A la Mesa de la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia


El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre la transversalidad del enfoque de Derechos de la Infancia en las políticas públicas.


Enmienda


A los puntos 1


De modificación.


'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar analizando, desarrollando y evaluando en todos los ámbitos y fases de las políticas públicas la perspectiva de los derechos de la



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infancia, a fin de llegar a cumplir lo que establece la Convención de Derechos del Niño, promoviendo el ejercicio efectivo de los de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, utilizando las normas y principios de la Convención y otros
instrumentos de derecho internacionales y nacionales como guía para orientar los comportamientos, acciones, programas, leyes y políticas, y desarrollando la capacidad de las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de ser escuchados,
de participar, de reclamar sus derechos, así como la de los garantes de derechos para cumplir sus obligaciones hacia la infancia.'


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2021.-Lucía Muñoz Dalda, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


161/002668


La Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, en su sesión del día 16 de junio de 2021, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley relativa al efectivo cumplimiento del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de
Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, presentada por el Grupo Parlamentario VOX, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados',
serie D, núm. 284, de 2 de junio de 2021.


Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


161/002762


La Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, en su sesión del día 16 de junio de 2021, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a la promoción de espacios seguros y movilidad saludable de niños,
niñas y adolescentes en las rutas entre sus hogares y los centros escolares, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 292, de 15 de junio de 2021, en los siguientes
términos:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Poner las necesidades de la infancia y la adolescencia en el foco principal de la planificación del espacio y desarrollo urbano, tanto en ciudades como en municipios rurales, con políticas de eficiencia que contribuyan a crear espacios
seguros y facilidad para la movilidad saludable.


2. Incluir en esas mismas recomendaciones del Gobierno a las administraciones autonómicas y locales el derecho de la infancia y la adolescencia a la libre movilidad.


3. Fomentar campañas, en colaboración con las comunidades autónomas, para que todos los municipios de España contribuyan a crear rutas y mapas de movilidad saludable y espacios seguros en el camino entre los hogares y las escuelas y
colegios, favoreciendo así la autonomía personal, la seguridad y calidad de vida de la infancia y la adolescencia.


4. Impulsar campañas dirigidas a la infancia y la adolescencia que fomenten la concienciación de la preservación del medio ambiente, de los desplazamientos sostenibles y de la importancia de la actividad física.'


A dicha Proposición no de Ley se formularon tres enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.



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A la Mesa de la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia


El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 194.2 y 110.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas de modificación y adición a la Proposición no de Ley relativa a la
promoción de espacios seguros y movilidad saludable de niños, niñas y adolescentes en las rutas entre sus hogares y los centros escolares, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista e incluida en el punto sexto del Orden del día
correspondiente a la Sesión núm. 8 de la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, que se celebrará el próximo miércoles 16 de junio de 2021.


Enmienda


De modificación.


Se propone la modificación del tercer punto de la parte dispositiva de la Proposición no de Ley, en el siguiente sentido:


'3. Fomentar campañas para que todos los municipios de España contribuyan a crear rutas y planos de movilidad saludable y espacios seguros en el camino entre los hogares y las escuelas y colegios, incluyendo los puntos de seguridad más
cercanos, como la Comisaría de policía, organismos administrativos o centros hospitalarios.'


Justificación.


Mejora técnica y dotar de información relevante a las rutas y planos de movilidad.


Enmienda


De adición.


Se propone la adición de un cuarto punto, al término de la Proposición No de Ley, con el siguiente contenido:


'4. Dar a conocer a los niños y adolescentes el 'Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros educativos y sus Entornos', desarrollado por la Unidad Central de Participación Ciudadana de la Policía Nacional,
para la prevención e información acerca de situaciones relacionadas con la seguridad de menores y jóvenes.


Asimismo, dar a conocer la 'Aplicación de Seguridad ciudadana para Dispositivos Móviles ALERTCOPS', desarrollada por el Cuerpo Nacional de Policía.'


Justificación.


Con el fin de que la población pueda tomar medidas para evitar situaciones de riesgo, se pretende la difusión y el conocimiento de las campañas de la Policía y Guardia Civil de prevención y concienciación en esta materia.


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2021.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


A la Mesa de la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia


El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista para la promoción de espacios seguros y movilidad saludable de niños, niñas y adolescentes en las rutas entre sus hogares y los centros escolares para su debate en la Comisión de Derechos de
la Infancia y la Adolescencia.



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Enmienda


De modificación.


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Poner las necesidades de la infancia y la adolescencia en el foco principal de la planificación del espacio y desarrollo urbano, tanto en ciudades como en municipios rurales, con políticas de eficiencia que contribuyan a crear espacios
seguros y facilidad para la movilidad saludable.


2. Incluir en esas mismas recomendaciones del Gobierno a las administraciones autonómicas y locales el derecho de la infancia y la adolescencia a la libre movilidad.


3. Fomentar campañas, en colaboración con las Comunidades Autónomas, para que todos los municipios de España contribuyan a crear rutas y mapas de movilidad saludable y espacios seguros en el camino entre los hogares y las escuelas y
colegios, favoreciendo así la autonomía personal, la seguridad y calidad de vida de la infancia y la adolescencia.


4. Impulsar campañas dirigidas a la infancia y la adolescencia que fomenten la concienciación de la preservación del medio ambiente, de los desplazamientos sostenibles y de la importancia de la actividad física.'


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio del 2021.-Lucía Muñoz Dalda, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


161/002763


La Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, en su sesión del día 16 de junio de 2021, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a la lucha contra la obesidad infantil, presentada por el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 292, de 15 de junio de 2021, en los siguientes términos:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Elaborar y poner en marcha de manera urgente el Plan Nacional contra la Obesidad Infantil.


- Impulsar en políticas de prevención de la obesidad infantil y juvenil que promuevan, desde una perspectiva más integral y en coordinación con las comunidades autónomas, programas donde se incremente la calidad de la actividad física en los
centros educativos, la promoción de las horas de sueño, la calidad del descanso y una alimentación y hábitos saludables.


- Fortalecer presupuestariamente los planes y programas de alimentación para las familias con menores en situación de vulnerabilidad.


- Continuar desarrollando la política impulsada por el Ministerio de Consumo dirigida a restringir la oferta de alimentación no saludable, estableciendo tasas específicas sobre bebidas azucaradas y productos ultra procesados, con especial
atención a los entornos y centros educativos más vulnerables.


- Fomentar la oferta de comercios y restaurantes de alimentación saludable en zonas desfavorecidas.


- Impulsar en las de evaluaciones de impacto relacionadas con los derechos y bienestar de la infancia, aquellas dirigidas al derecho a una alimentación saludable.'


A dicha Proposición no de Ley se formularon tres enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.



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A la Mesa de la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia


El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 194.2 y 110.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda de adición a la Proposición no de Ley relativa a la lucha contra la
obesidad infantil, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, e incluida en el punto séptimo del Orden del día correspondiente a la Sesión núm. 8 de la Comisión de Derechos de la Infancia y la
Adolescencia, que se celebrará el próximo miércoles 16 de junio de 2021.


Enmienda


De adición.


Se propone la adición de un nuevo párrafo, al término de la parte dispositiva de la Proposición no de Ley, con el siguiente tenor:


'Promover la elaboración de un Plan Estratégico de abordaje integral de la obesidad en Atención Primaria, con optimización de los programas de prevención infantil y control de peso durante el embarazo, y control de los factores
predisponentes. Asimismo, deberá promoverse la creación de Unidades de Obesidad en centros de especialidades específicos y no asimilables a otras patologías, así como Unidades de Obesidad hospitalarias.'


Justificación.


Se debe tomar conciencia de la obesidad como una enfermedad, no solo como una situación no deseada por sus consecuencias en distintos ámbitos, entre los que destaca el estético.


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2021.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


A la Mesa de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podém-Galicia en Común, relativa a la lucha contra la obesidad infantil.


Enmienda


De modificación.


El texto que se propone quedará redactado como sigue:


'El Congreso de los Diputados Insta al Gobierno a elaborar, en el segundo semestre del año 2021, un Informe de evaluación de la consecución de los objetivos de la Estrategia NAOS del periodo 2005-2020, con el fin de revisar y actualizar la
Estrategia NAOS 2021-2030 y derivado de esta evaluación llevar a cabo un Plan Nacional de lucha contra la obesidad, con especial atención a la obesidad infantil.'


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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A la Mesa de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley relativa a la lucha contra la obesidad infantil, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


Enmienda


De modificación.


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las siguientes acciones:


- Elaborar y poner en marcha de manera urgente el Plan Nacional contra la Obesidad Infantil.


- Impulsar políticas de prevención de la obesidad infantil y juvenil que promuevan, desde una perspectiva más Integral y en coordinación con las Comunidades Autónomas, programas donde se Incremente la calidad de la actividad física en los
centros educativos, la promoción de las horas de sueño, la calidad del descanso y una alimentación y hábitos saludables.


- Fortalecer presupuestariamente los planes y programas de alimentación para las familias con menores en situación de vulnerabilidad.


- Continuar desarrollando la política impulsada por el Ministerio de Consumo dirigida a restringir la oferta de alimentación no saludable, estableciendo tasas específicas sobre bebidas azucaradas y productos ultra procesados, con especial
atención a los entornos y centros educativos más vulnerables.


- Fomentar la oferta de comercios y restaurantes de alimentación saludable en zonas desfavorecidas.


- Impulsar en las evaluaciones de impacto relacionadas con los derechos y bienestar de la Infancia, aquellas dirigidas al derecho a una alimentación saludable.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2021.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


OTROS TEXTOS


DECLARACIONES INSTITUCIONALES


140/000013


El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado, por asentimiento, la siguiente declaración institucional en apoyo a la Cumbre Mundial de la Ceguera Madrid 2021.


'La Cumbre Mundial de la Ceguera Madrid 2021 (Worl Blindness Summit) es un encuentro mundial organizado por el Grupo Social ONCE, posicionando a España como referencia mundial y protagonista de la inclusión de personas con discapacidad, y
que incluirá la Asamblea General de UMC (Unión Mundial de Ciegos) e ICEVI (Consejo Internacional de Educadores de Personas con Discapacidad Visual).


Se trata de un congreso presencial y online global y accesible dirigido a tratar los importantes retos y desafíos a los que se enfrentan las personas ciegas y con baja visión ante la grave crisis derivada de la pandemia COVID-19. Hay cerca
de 4000 personas inscritas de más de 190 países.


El objetivo de la World Blindness Summit Madrid 2021 es compartir las experiencias y prácticas desarrolladas durante estos últimos cinco años, y, especialmente, las puestas en marcha para combatir los efectos de la pandemia en todas las
esferas de la vida de las personas ciegas y con baja visión de todo el planeta. También permitirá analizar los logros alcanzados, los retos vividos, y fijar prioridades en esta nueva época que empieza para trabajar en que las personas ciegas y con
baja visión no se queden atrás en la revolución digital, acentuada en estos meses. Por otro lado, se trabajarán nuevas estrategias para dar visibilidad a la realidad del colectivo y, sobre todo, impulsar todo lo que contribuya a materializar un
objetivo central: crear una nueva visión de la ceguera, lograr su participación plena en cualquier aspecto del desarrollo vital.



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En la Cumbre Mundial de la Ceguera Madrid 2021 los retos y objetivos se enfocan en plantear e intervenir en la agenda de las políticas de reconstrucción públicas, en las estrategias de las compañías y en la concienciación de la sociedad
civil.


El Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo a la Cumbre Mundial de la Ceguera 2021 que se celebra en Madrid, un movimiento internacional en el que la sociedad en su conjunto ha tomado consciencia de su compromiso con las personas, para
seguir avanzando en la mejora de las condiciones de vida, y en los derechos de más de 285 millones de personas ciegas de todo el mundo.'


Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2021.-P.A. La Secretaria General Adjunta para Asuntos Administrativos del Congreso de los Diputados, Mercedes Araújo Díaz de Terán.


COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS


154/000004


En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, del Informe aprobado por la Subcomisión para el estudio de la actualización del marco
normativo y del sistema de cooperación internacional para el desarrollo, constituida en el seno de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como de los votos particulares y propuestas de resolución presentados al mismo.


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2021.-P.A. La Secretaria General Adjunta para Asuntos Administrativos del Congreso de los Diputados, Mercedes Araújo Díaz de Terán.


INFORME DE LA SUBCOMISIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO Y DEL SISTEMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO


ÍNDICE


I. CREACIÓN, OBJETO Y REGLAS DE FUNCIONAMIENTO.


II. PLAZO DE LOS TRABAJOS.


III. COMPOSICIÓN.


IV. REUNIONES Y SESIONES.


IV.1 Reuniones de la Subcomisión.


IV.2 Sesiones de la Comisión.


V. COMPARECENCIAS CELEBRADAS EN LA COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO.


VI. DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LOS COMPARECIENTES.


VII. SÍNTESIS DE COMPARECENCIAS.


VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.


I. CREACIÓN, OBJETO Y REGLAS DE FUNCIONAMIENTO.


La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en su sesión del día 16 de noviembre de 2020 tras debatir la solicitud de creación de una Subcomisión, en su seno, para el estudio de la actualización del marco normativo y del
sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Republicano, Plural, Ciudadanos, Vasco (EAJ-PNV), EH Bildu y Mixto (núm. expte.
158/11), ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la Resolución de la Presidencia del



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Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, someter a la aprobación del Pleno la propuesta presentada por dichos Grupos Parlamentarios, con las siguientes características:


A) Objeto de la Subcomisión.


1. La Subcomisión analizará la actual normativa reguladora del sistema de cooperación internacional para el desarrollo y de su aplicación, y elaborará un Informe con una actualización de dicho sistema que contenga un diagnóstico con unas
propuestas y unas conclusiones que garanticen su eficacia y eficiencia en respuesta a los retos que trae consigo la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.


2. Para la elaboración de dicho Informe, en el seno de la Subcomisión se llevarán a cabo cuantas comparecencias sean necesarias para el adecuado desarrollo de sus trabajos. A tal fin, podrán comparecer autoridades competentes,
representantes del sector privado y expertos/as de entidades del tercer sector en el ámbito de la cooperación, nacional e internacional, así como cuantas personas y organizaciones se estimen competentes en la materia.


Adicionalmente, para el correcto desarrollo de sus trabajos, los/las miembros de la Subcomisión podrán solicitar la documentación necesaria y se podrán organizar reuniones de trabajo o visitas.


3. Dicho informe servirá de base para que el Gobierno elabore un Proyecto de ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que sustituya la legislación vigente y que nazca a partir de un amplio acuerdo parlamentario y social.


B) Adopción de los Acuerdos.


En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.


II. PLAZO DE LOS TRABAJOS.


La Subcomisión deberá realizar el Informe correspondiente y presentar sus conclusiones a que se refiere el apartado A) en un plazo máximo de seis meses desde su constitución. Si así lo acuerda la Mesa, el mencionado Informe, una vez
aprobado por la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, junto con las conclusiones de los trabajos de la Subcomisión, se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación.


III. COMPOSICIÓN.


La Subcomisión estará compuesta por quince miembros, de los que tres pertenecerán al Grupo Parlamentario Socialista, dos a cada uno de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, VOX y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia
en Común y uno a cada uno de los restantes grupos parlamentarios.


;;F. Alta;F. Baja


D. Julio Del Valle de Iscar.;GS;4/02/2021;


D. Gabriel Elorriaga Pisarik.;GP;4/02/2021;


D.ª Ana Belén Fernández Casero.;GS;4/02/2021;


D.ª Paloma Gázquez Collado.;GP;4/02/2021;


D.ª Josune Gorospe Elezcano.;GV (EAJ-PNV);4/02/2021;


D.ª María Guijarro Ceballos.;GS;4/02/2021;


D. Pedro Antonio Honrubia Hurtado.;GCUP-EC-GC;4/02/2021;


D.ª Mariona Illamola Dausà.;GPlu;4/02/2021;


D. Jon Iñarritu García.;GEH Bildu;4/02/2021;


D. Juan Ignacio López-Bas Valero.;GCs;14/04/2021;


D.ª Roser Maestro Moliner.;GCUP-EC-GC;4/02/2021;



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;;F. Alta;F. Baja


D.ª Marta Martín Llaguno.;GCs;4/02/2021;23/03/2021


D. Pedro Quevedo Iturbe.;GMx;4/02/2021;


D.ª Marta Rosique I Saltor.;GR;4/02/2021;


D. Víctor Manuel Sánchez Del Real.;GVOX;4/02/2021;


D.ª Carla Toscano de Balbín.;GVOX;4/02/2021;


La Letrada de la Comisión, D.ª Sara Sieira Mucientes ha asesorado a la Subcomisión y ha redactado sus acuerdos e informes.


IV. REUNIONES Y SESIONES.


IV.1 REUNIONES DE LA SUBCOMISIÓN.


04 de febrero de 2021. Constitución de la Subcomisión.


29 de junio de 2021. Aprobación del Informe.


IV.2 SESIONES DE LA COMISIÓN.


23 de febrero de 2021. Celebración de comparecencias.


02 de marzo de 2021. Celebración de comparecencia.


09 de marzo de 2021. Celebración de comparecencias.


16 de marzo de 2021. Celebración de comparecencias.


23 de marzo de 2020. Celebración de comparecencias.


06 de abril de 2021. Celebración de comparecencias.


13 de abril de 2021. Celebración de comparecencias.


20 de abril de 2021. Celebración de comparecencias.


26 de abril de 2021. Celebración de comparecencias.


27 de abril de 2021. Celebración de comparecencias.


11 de mayo de 2021. Celebración de comparecencia.


18 de mayo de 2021. Celebración de comparecencias.


25 de mayo de 2021. Celebración de comparecencias.


29 de junio de 2021. Aprobación del Informe de la Subcomisión.


V. COMPARECENCIAS CELEBRADAS EN LA COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO.


En el marco de las actividades de la Subcomisión, la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha celebrado las siguientes comparecencias:


- Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, para informar sobre las actividades de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y sobre la reforma del sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo. (Gobierno),
núm. expte. 212/1086, celebrada el 2 de marzo de 2021.


- D. Andrés Rodríguez Amayuelas, Presidente de la Coordinadora de ONGD, núm. expte. 219/371, celebrada el 23 de febrero de 2021.


- D.ª Marta Blanco Quesada, Presidenta de CEOE Internacional, núm. expte. 219/372, celebrada el 23 de febrero de 2021.


- D. Jesús Gallego García, Secretario de Política Internacional de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, núm. expte. 219/373, celebrada el 23 de febrero de 2021.


- A través de videoconferencia, D.ª Nuria Parlon Gil, Presidenta de la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (CONFOCOS), núm. expte. 219/408, celebrada el 9 de marzo de 2021.


- D.ª Cristina Faciaben Lacorte, Secretaria de Internacional y Cooperación de Comisiones Obreras, núm. expte. 219/409, celebrada el 9 de marzo de 2021.



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- D. Gonzalo Robles Orozco, Portavoz de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, núm. expte. 219/410, celebrada el 9 de marzo de 2021.


- D.ª Iliana Olivié Aldasoro. Investigadora principal del Real Instituto Elcano y Profesora en la Universidad Complutense de Madrid, núm. expte. 219/421, celebrada el 16 de marzo de 2021.


- D. Javier Santamarta del Pozo. Profesor universitario y experto en evaluación de proyectos de cooperación, núm. expte. 219/422, celebrada el 16 de marzo de 2021.


- A través de videoconferencia, D. Abel Caballero Álvarez, Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), núm. expte. 212/1131, celebrada el 16 de marzo de 2021.


- A través de videoconferencia, D. Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca. Rector de la Universidad Abat Oliba CEU Barcelona, núm. expte. 219/437, celebrada el 23 de marzo de 2021.


- D. Francisco Javier Gavilanes Hernández. Vocal de la Junta Directiva ONG Cesal, núm. expte. 219/438, celebrada el 23 de marzo de 2021.


- D.ª Marta Iglesias López. Vocal del Consejo de Cooperación al Desarrollo y Vocal de la Junta de CONCORD (Confederación Europea de ONG para el Desarrollo), núm. expte. 219/448, celebrada el 6 de abril de 2021.


- D.ª Leire Pajín Iraola. Presidenta de Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS), núm. expte. 219/449, celebrada el 6 de abril de 2021.


- D. José María Núñez Blanco y doña Silvia Tostado Calvo. Representantes de la Fundación Triángulo, núm. expte. 219/440, celebrada el 6 de abril de 2021.


- D.ª María García Pizarro. Vicesecretaria Primera de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM). Miembro del Consejo Consultivo de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA),
núm. expte. 219/454, celebrada el 13 de abril de 2021.


- A través de videoconferencia, D.ª María Purificación Neira González. Directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud, núm. expte. 219/455, celebrada el 13 de abril de 2021.


- D.ª Paloma Durán y Lalaguna. Ex-Directora del Fondo de Naciones Unidas para los ODS, ex-Directora de la División de Políticas y Partenariados Globales (OCDE) y profesora de la UJI, núm. expte. 219/456, celebrada el 13 de abril de 2021.


- D. Alfons Martinell Sempere. Director honorífico de la Cátedra Unesco: Políticas Culturales y Cooperación, núm. expte. 219/466, celebrada el 20 de abril de 2021.


- A través de videoconferencia, D. Fernando Jiménez-Ontiveros Diego. Director de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), núm. expte. 212/1196,
celebrada el 20 de abril de 2021.


- D. Jesús M.ª Gamallo Aller. Director General de Relaciones Exteriores y de la Unión Europea de la Xunta de Galicia, núm. expte. 219/467, celebrada el 20 de abril de 2021.


- D. Paul Ortega Etcheverry. Director de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, núm. expte. 219/468, celebrada el 20 de abril de 2021.


- A través de videoconferencia, D.ª Martha Lidia Godínez Miranda. Alianza Política Sector Mujeres de Guatemala, núm. expte. 219/491, celebrada el 26 de abril de 2021.


- A través de videoconferencia, D. Samir Elhawary. Coordinador humanitario Adjunto y Jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, núm. expte. 219/492, celebrada el 26 de abril
de 2021.


- D. Josep Piqué Camps. Presidente del Patronato de la Fundación Iberoamericana Empresarial, núm. expte. 219/488, celebrada el 27 de abril de 2021.


- D. José Ángel Calle Suárez. Director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, núm. expte. 212/1206, celebrada el 27 de abril de 2021.


- D. Miquel Carrillo. Consultor en Cooperación Internacional y miembro de la Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras, núm. expte. 219/489, celebrada el 27 de abril de 2021.


- D. Carlos Gómez Gil. Profesor Titular de Universidad en Cooperación al Desarrollo. Director Académico Máster Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo, núm. expte. 219/490, celebrada el 27 de abril de 2021.


- Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para informar sobre 'Refundación de la Cooperación Española: la reforma del sistema y el papel de la AECID', núm. expte. 212/1144, celebrada el 11 de mayo de 2021.



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- A través de videoconferencia, de don Jesús Gracia Aldaz. Cónsul General de España en Cantón, núm. expte. 212/1248, celebrada el 18 de mayo de 2021.


- D. Jaime Atienza Azcona. Responsable de financiación del desarrollo de OXFAM Intermón, núm. expte. 219/517, celebrada el 18 de mayo de 2021.


- D. Álvaro de Zunzunegui y Ruano. Coronel de Caballería. Mando de operaciones. Estado Mayor de la Defensa, núm. expte. 212/1266, celebrada el 25 de mayo de 2021.


- A través de videoconferencia, de doña Yayo Herrero López. Presidenta del Foro de Transiciones, núm. expte. 219/526, celebrada el 25 de mayo de 2021.


- D.ª Sofía Marroquín Guerrero. Presidenta de la Coordinadora de ONGD de Euskadi, núm. expte. 219/527, celebrada el 25 de mayo de 2021.


- A través de videoconferencia, de don Stefan Pleisnitzer. Director General de Malteser International, núm. expte. 219/528, celebrada el 25 de mayo de 2021.


VI. DOCUMENTACIÓN.


Documentación aportada por los comparecientes.


Sesión de 23 de febrero de 2021.


- D. Andrés Rodríguez Amayuelas, Presidente de la Coordinadora de ONGD (núm. expte. 219/371).


Un nuevo sistema de cooperación para transformar el mundo (enero 2021).


Cooperación descentralizada en un nuevo sistema de cooperación española (septiembre 2020).


Educación para la ciudadanía global. Una necesidad urgente en la era post COVID 19 (octubre 2020).


Financiación de la educación para la ciudadanía global (octubre 2020).


- D.ª Marta Blanco Quesada, Presidenta de CEOE Internacional (núm. expte. 219/372).


Recomendaciones actividad internacional de las empresas, (Informe de CEOE internacional, enero 2021).


Recomendaciones cooperación internacional para el Desarrollo (abril 2021).


Sesión de 9 de marzo de 2021.


- D. Gonzalo Robles Orozco, Portavoz de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado (núm. expte. 219/410).


Compromiso universal por un desarrollo humano y sostenible (2015).


Un compromiso renovado para una agenda transformadora de desarrollo humano sostenible (2015).


Sesión de 16 de marzo de 2021.


- D.ª Iliana Olivié Aldasoro. Investigadora principal del Real Instituto Elcano y Profesora en la Universidad Complutense de Madrid (núm. expte. 219/421).


Una nueva narrativa para la ayuda española.


Sesión de 13 de abril de 2021.


- D.ª María García Pizarro. Vicesecretaria Primera de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM). Miembro del Consejo Consultivo de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA)
(núm. expte. 219/454)


Repensando el sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo.


- D.ª Paloma Durán y Lalaguna. Ex-Directora del Fondo de Naciones Unidas para los ODS, ex-Directora de la División de Políticas y Partenariados Globales (OCDE) y profesora de la UJI (núm. expte. 219/456)


OCDE Cooperación al Desarrollo Exámenes de Pares. España 2016.



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Sesión de 20 de abril de 2021.


- D. Alfons Martinell Sempere. Director honorífico de la Cátedra Unesco: Políticas Culturales y Cooperación (núm. expte. 219/466).


La cultura en la Cooperación Internacional al Desarrollo.


- D. Jesús M.ª Gamallo Aller. Director General de Relaciones Exteriores y de la Unión Europea de la Xunta de Galicia (núm. expte. 219/467).


Ley 10/2021, de 9 de marzo, reguladora de la acción exterior y de la cooperación para el desarrollo de Galicia.


IV Plan Director de Cooperación Gallega.


Sesión de 27 de abril de 2021.


- D. Miquel Carrillo. Consultor en Cooperación Internacional y miembro de la Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras (núm. expte. 219/489).


Reforma de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.


- D. Carlos Gómez Gil. Profesor Titular de Universidad en Cooperación al Desarrollo. Director Académico Máster Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo (núm. expte. 219/490).


¿A quién y donde va la ayuda al desarrollo? (2020).


Libro 'Debates y controversias en la cooperación al desarrollo' (2020).


Fondos privados de ayuda al desarrollo contra defensores del territorio (2019).


Migrados (2020).


Lo que hay detrás de las migraciones senegalesas: acuerdos económicos, Agricultura, pesca e inmigrantes (2020).


Una cooperación descentralizada renovada para responder al nuevo escenario global (2020).


Sesión de 25 de mayo de 2021.


- D. Álvaro de Zunzunegui y Ruano. Coronel de Caballería. Mando de operaciones. Estado Mayor de la Defensa (núm. expte. 212/1266).


CMI/CIMIC en Operaciones.


- D. Stefan Pleisnitzer. Director General de Malteser International (núm. expte. 219/528).


Presentación Malteser International.


VII. SÍNTESIS DE COMPARECENCIAS.


Sesión 2 de marzo de 2021.


SECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.


Síntesis de su intervención en relación con la reforma del sistema de cooperación.


Fortalezas del sistema actual: Prestigio internacional, capital humano comprometido, diversidad de actores, despliegue exterior, diálogo horizontal con socios y países, fuerte respaldo social.


Debilidades: marco legal y procedimental inadecuado y falta de coordinación, dispersión y fragmentación. Es preciso que la nueva Ley esté adaptada a la Agenda 2030. Es necesaria la reforma de la estructura orgánica de la AECID,
modernización de los procedimientos del FONPRODE para ganar en agilidad, acometer la reforma de la normativa de contratación y demás normativa conexa para no poner en peligro proyectos de cooperación delegada en el ámbito de la Unión Europea.


El marco normativo institucional debe reformarse. Debe ponerse al día en objetivos e instrumentos para adaptarse a las exigencias de la Agenda 2030 y el reto del cambio climático, debe establecerse una



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cooperación financiera reforzada, tanto con países socios, como con organismos multilaterales financieros y la Unión Europea.


Por lo que respecta a la AECID debe acometerse un refuerzo de la misma, junto con una simplificación y armonización de estructuras, la mejora de la coordinación, incluso para el encaje de actores clave como la FIAPP o la Fundación Carolina.
La AECID debe contar con los medios humanos y financieros adecuados para consolidar la cooperación financiera española. Asimismo hay que tener muy presentes las condiciones de trabajo de los cooperantes en el exterior y lo que concierne a su
formación y capacitación. La AECID posee 110 empleados. El personal de la cooperación en el exterior es personal laboral seleccionado en virtud de los principios de mérito y capacidad, por procesos de selección competitivos. En Madrid existe,
fundamentalmente, funcionariado. El personal exterior no puede volver a Madrid, no tienen perspectiva de carrera, por lo que se pierde talento. En el examen del CAD 2016, una de las flaquezas que se puso de manifiesto fue la existencia de personal
mal retribuido.


La Agenda 2030 va a exigir una movilización de recursos financieros sin precedentes, como complemento a la cooperación técnica. Deben movilizarse recursos públicos y privados, el sector privado empresarial es un socio imprescindible para el
logro de los objetivos de la Agenda 2030. Debe impulsarse un marco de colaboración para abordar proyectos conjuntos, con el consiguiente logro de beneficios empresariales junto con el logro de resultados tangibles de cooperación y de desarrollo
sostenible. En el marco internacional, los índices más utilizados incorporan el impacto del sector privado en la Cooperación. Al mismo tiempo, es preciso que el sector privado alinee sus hojas de ruta y planes de negocio a la Agenda, lo que
redundará en los beneficios empresariales y en la creación de empleo, en suma, en el crecimiento económico sostenible.


Se están estudiando asimismo fórmulas (a través de convenios de colaboración) para sumar fondos de la cooperación descentralizada.


Respecto de la Ayuda Oficial al Desarrollo, en 2023 existe el compromiso gubernamental del 0.5 % de la RNB para finalmente llegar a responder al compromiso del 0.7 % de la RNB como se contiene en la meta 17.2 de la Agenda 2030 de acuerdo con
la Agenda de acción de Addis Abeba.


Junto con todo ello, es precisa la reforma de los mecanismos de control del gasto y evaluación.


El sistema institucional debe conseguir una actuación coordinada, con un enfoque de coherencia políticas. Serán necesarios cambios en la normativa de subvenciones y en la de contratación para que la AECID y la FIAPP sean ágiles y se gane en
eficacia. Es precisa la reforma de la normativa de subvenciones eliminándose la exigencia de abonar intereses de demora en el caso de no utilizarse, requisito que no se entiende bien en el mundo internacional, por lo que existen dificultades para
concederlas, pues hay que tener en cuenta que sus destinatarios pueden ser socios, a veces, muy frágiles, que no tienen capacidad de responder en tiempo y forma. Tanto la AECID como la FIAPP hacen cooperación delegada. Convendría que existiera una
oficina de gestión transversal, pues así sería más fácil gestionar y ejecutar, por ejemplo, todos los fondos de cooperación delegada, en que somos el tercer país de la UE, pero lejos aún de Alemania y Francia. También es necesario que las distintas
fundaciones del entramado de la cooperación estén mejor coordinadas.


Como instrumento de coordinación interministerial, funciona eficazmente la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos, CDGAE, en la que, en temas de desarrollo y conversión de deuda, se trabaja en coordinación con la Secretaría
General del Tesoro, Secretaría de Estado de Economía, Secretaría de Estado de Comercio. El FONPRODE se nutre de COFIDES y del ICO, si bien cada departamento tiene y gestiona sus fondos, FIEM depende de Comercio, las instituciones multilaterales de
Economía, etc.


No se considera necesaria la creación de un Ministerio de Cooperación, puesto que la Cooperación, como instrumento esencial de la política exterior, es marca España, y por tanto está bien incardinado en el Ministerio de Asuntos Exteriores.


En otoño se prevé la remisión del proyecto de ley de Cooperación a las Cámaras, resultante de las indicaciones resultantes de los trabajos de la Subcomisión así como de un amplio proceso participativo.


Sesión 23 de febrero de 2021.


Andrés Rodríguez Amayuelas.


Presidente de la Coordinadora de ONGD.



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Documentos:


- Un nuevo sistema de cooperación para transformar el mundo (enero 2021).


- Cooperación descentralizada en un nuevo sistema de cooperación española (septiembre 2020)


- Educación para la ciudadanía global. Una necesidad urgente en la era post COVID 19 (octubre 2020)


- Financiación de la educación para la ciudadanía global (octubre 2020).


1. Arquitectura consolidada y eficaz, superando la fragmentación y descoordinación del sistema, integrando administraciones territoriales, creando la necesaria estructura institucional de coordinación, la creación de un Ministerio de
Cooperación Internacional, una AECID fortalecida, con un perfil político elevado, un estatus jurídico internacional que le permita ser el pilar de un sistema de cooperación con capacidad presupuestaria, estratégica, operativa y tejer alianzas para
conjugar, en relación a otros agentes institucionales y sociales, los diversos niveles (bilateral y multilateral) e instrumentos necesarios incluyendo la planificación, evaluación y aprendizaje. Integración adecuada entre la cooperación financiera
y técnica, plan específico de formación del personal de la agencia y cooperantes. Promover una adecuación de, entre otras, la Ley General de Subvenciones, la Ley de Contratación del Sector Público y de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad del
Sector Público a la actividad desarrollada en el ámbito de la cooperación internacional, que dote al sistema de sistema eficacia, agilidad y previsibilidad. Revisar en profundidad los instrumentos de financiación y rendición de cuentas y ponerlos
al servicio de la transparencia, excelencia y la eficacia utilizando las nuevas tecnologías, los sistemas de certificación, de exámenes de pares, de incentivos de buenas prácticas, etc.


2. Presupuesto en Cooperación digno y exigible. Ayuda Oficial al Desarrollo: Cumplir con el compromiso de destinar el 0.7 % de la Renta Nacional Bruta y el 0.5 % al fin de la legislatura. Ayuda Oficial canalizada a través de ONGDs. Rol
reforzado de la sociedad civil, acompañado de entorno legal pertinente y marco de diálogo político estructurado. Ver reconocidos y desarrollados en la ley los roles de las ONGD como agentes de sensibilización, seguimiento de las políticas públicas
y control en materia de derechos humanos. Simplificar los requerimientos para el acceso de las ONGD a la financiación pública, los procesos de selección, los mecanismos de financiación y los medios de rendición de cuentas, rebajando la
burocratización de los procesos de financiación y los procedimientos, tal y como figura en el último informe de pares del CAD. Revisar los instrumentos de financiación existentes e impulsar un mayor abanico de instrumentos temáticos con posibilidad
de adaptación y construcción de capacidades y aprendizajes específicos.


3. 7 ejes para una nueva Cooperación (propuestas en documento 'Un nuevo sistema de cooperación para transformar el mundo', pp. 11 y ss): 1. Coherencia de políticas con foco en la dimensión internacional: Evitar impactos negativos y
asegurar impactos positivos en el desarrollo sostenible: medir adecuadamente el impacto de las políticas domésticas en el desarrollo de los países. 2. Cooperación feminista 3. Cuidadora, ecologista, soluciones a desafíos medioambientales, 4.
Comprometida con las emergencias de un mundo en crisis 5. Conectada, promotora de valores de ciudadanía global (educación) 6. Compartida, orgullosa de su descentralización, coordinación multiactor y multinivel 7. Cognitiva y capaz de aprender.
En resumen: una política de Estado estable y ambiciosa.


Marta Blanco Quesada.


Presidenta de CEOE Internacional.


Documentos: Recomendaciones actividad internacional de las empresas, (Informe de CEOE internacional, enero 2021).


1. Plena implicación de las empresas en la cooperación para el desarrollo. Relación entre la cooperación y empresas que las incentive a invertir en países no propicios a la inversión privada. Nuevos marcos institucionales y regulatorios,
apuesta por mercados sostenibles e inclusivos. Relación con el sistema de cooperación basada en la confianza en que la empresa es una aliada para lograr objetivos de desarrollo, y puede aportar recursos financieros humanos y técnicos cuantiosos y
de calidad.


2. AECID eficaz, identificadora de proyectos con impacto en el desarrollo y captando financiación nacional e internacional: Cartera propia de proyectos liderados y gestionados de manera directa por la AECID, priorizando países, sectores
económicos, apostando por el tejido productivo local, involucrando a COFIDES y Oficinas Técnicas de Cooperación. Formar al personal de la Agencia para que sea experto en



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todas las fases de los proyectos, colaboración moderna, transparente y eficaz, en suma, que la AECID participe en todas las fases desde la formulación de los proyectos hasta la licitación y seguimiento de los contratos.


3. Coordinación entre la Secretaria de Estado de Cooperación con el Ministerio de Asuntos Económicos y la Secretaría de Estado de Comercio, para aprovechar sinergias. Trabajar sobre el terreno en colaboración con los gobiernos
beneficiarios. Estrategia conjunta que defina de qué manera España quiere diferenciarse y en qué sectores y países.


4. Adaptar los instrumentos financieros nacionales, establecer a medio plazo un Banco o entidad financiera de Desarrollo e Inversión en España, siguiendo los modelos alemán y francés, para que las empresas españolas tengan las mismas
oportunidades que las empresas de otros países. FONPRODE debe ser liberado de sus restricciones legales, mayor autonomía de AECID de aprobar las operaciones con cargo al Fondo. Aumentar la financiación combinada o blending, necesidad de
transformar una normativa rígida y unos instrumentos financieros rígidos. Aprovechar la creación, en la Unión Europea, del instrumento de vecindad: 80. 589 millones de euros para la promoción de la iniciativa privada. Las empresas son
competitivas en España, oportunidad para una mayor visibilidad internacional. Creación de una unidad con capacidad de decisión respecto de los diferentes instrumentos financieros, que gestione los fondos europeos y los procedentes de instituciones
financieras multilaterales, estudiándose en qué departamento administrativo debe incardinarse dicha unidad.


5. Financiación no reembolsable de estudios de viabilidad e ingeniería con cargo a FONPRODE, seguir en esta línea, abierta en los PGE 2021, si bien se propone la eliminación del impedimento de financiación de asistencia técnica con cargo a
cooperación no reembolsable para que los proyectos liderados desde España atraigan financiación internacional.


Jesús Gallego García.


Secretario de Política Internacional de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT.


- Documentos: Se remite al documento de la Coordinadora, 'un nuevo sistema de cooperación para transformar el mundo' (enero 2021) y al documento del Consejo de Cooperación 'un nuevo sistema de cooperación al desarrollo para hacer realidad
la agenda 2030: propuestas de reforma' (marzo 2020)


1. En el marco de lo establecido en el art. 7 de la Constitución, se siga reconociendo en el nuevo marco legislativo la entidad de los sindicatos como agentes de cooperación, por la contribución a los ODS desde este ámbito, en especial al
ODS 8, por el compromiso que ello supone con la defensa en el mundo de los valores del estado social y democrático de derecho, y la contribución que en el ámbito de la cooperación realizan para la generalización de prácticas comerciales anti-dumping
social y medioambiental y la consecución de unas relaciones comerciales justas, contribuyendo a paliar la producción de asimetrías económicas entre países.


2. Asimismo, desarrollar en la ley un espacio propio de trabajo de la labor sindical, como defensores del propio sector laboral de la cooperación y salvaguarda de los derechos de los y las cooperantes, en el marco de la Agenda sobre trabajo
decente y las normas de la OIT.


3. Diseñar un nuevo modelo financiación, con reconocimiento de la cooperación descentralizada y de la financiación de la cooperación sindical por parte de las entidades locales y las Comunidades Autónomas, tomándose asimismo en
consideración la creacio´n de los mecanismos necesarios para garantizar la igualdad de concurrencia competitiva de los sindicatos a las convocatorias de subvencio´n, en el sentido de la Proposición no de Ley aprobada en esta Comisión, 161/1246 sobre
fomento de la Cooperación en el ámbito sindical. Los sindicatos deberían contar con un marco de financiación para la cooperación suficiente para desarrollar los proyectos que desde el ámbito sindical se entienden convenientes, junto con una
flexibilización de las prioridades de la cooperación en países o sectores para que desde el ámbito sindical puedan cubrirse sectores y países donde la Cooperación española ha dejado de estar presente, garantizándose así el papel de las
organizaciones sindicales para llegar a proyectos que han podido quedarse en el camino.


4. La arquitectura institucional debe apuntalar de modo permanente la recuperación de una Secretaría de Estado de Cooperación y el diseño de una AECID que pueda ser referente en el entorno europeo, con un marco legal que haga justicia a sus
trabajadores.



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Sesión 9 de marzo de 2021.


1. Nuria Parlon Gil, Presidenta de la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad.


Propuestas:


a. En la vigente ley de Cooperación de 1998, artículos 20 y 23, ya se abre a un reconocimiento de la cooperación local e interlocución en el marco de los consejos interterritoriales. Se propone ahora un mayor reconocimiento de los Gobiernos
locales, garantizar su capacidad de interlocución a nivel estatal para participar, ejecutar, diseñar políticas de cooperación de forma conjunta desde el principio de subsidiariedad, garantizando asimismo los canales institucionales de la
interlocución y participación a través de la Confederación, en el Consejo de Cooperación y la Comisión Interterritorial. Este reconocimiento implicará también cambios en la normativa conexa de manera que se superen los obstáculos que actualmente
existen y se maximice la eficacia de la cooperación local.


b. Que ello permita asimismo la participación de la cooperación local en el diseño de una planificación estratégica por países y regiones, así como reforzar la cooperación descentralizada local en materia de cooperación técnica. Sin que
esta participación quede restringida a la más representativa. Reforzar la capacidad ejecutiva y de impacto en la cooperación técnica.


c. Destacar la importancia de la cooperación local en el logro de los objetivos multilaterales como Agenda 2030. Los primeros procesos de conformación de la Agenda han partido de la actualización de los planes directores de la cooperación a
nivel local.


d. Reconocimiento y relevancia de la cooperación descentralizada de los gobiernos locales por su capacidad de incidencia en la ciudadanía, por su mayor proximidad, articulando con eficacia la participación ciudadana, la sensibilización y la
educación para el desarrollo.


e. Aprovechar la experiencia en los sistemas de transparencia y rendición de cuentas, las cooperaciones locales son un modelo en este aspecto.


f. Fomentar presencia y reconocimiento internacional de la cooperación descentralizada en proyectos estratégicos de desarrollo en espacios de diálogo y participación en las redes internacionales.


2. Cristina Faciabén Lacorte. Secretaria de internacional y cooperación de Comisiones Obreras.


Propuestas: algunas de las mismas ya han sido incluidas en el documento 'Un nuevo sistema de cooperación para transformar el mundo' de la Coordinadora de ONGDs.


a. Elementos estructurales a definir antes de la nueva ley: ley general de subvenciones, ley de contratos del sector público, están diseñados para operar en el interior del Estado pero no para el exterior de España y esto limita gravemente
las capacidades del sistema de cooperación.


b. Dentro del sistema, hay que decidir qué tipo política de cooperación financiera se desea, qué instrumentos y qué actor responsable de su gestión (Agencia o Banco de Desarrollo). Debería prohibirse la financiación del desarrollo con
recursos procedentes o que transiten por paraísos fiscales. Asimismo, la relación del sistema con otros actores reconocidos en el art. 31 de la actual ley. Debe reconocerse el papel diferenciado de cada uno de ellos, su relación con el sistema de
cooperación y el establecimiento de fórmulas de apoyo estable a las mismas.


c. La AECID pilar central de la arquitectura institucional del sistema de cooperación: carácter público, diseño institucional propio de una agencia de desarrollo, en asociación con otras instituciones y actores (entre ellas, los sindicatos
más representativos), con políticas consistentes en materia de personal, tanto en número de personas que trabajen como en condiciones laborales de las mismas, a medio plazo acordadas con las organizaciones sindicales más representativas. El mejor
estatuto jurídico para la AECID es de la mayor independencia funcional y con autonomía de gestión, para la realización de sus funciones y contemplar asimismo la relación con la fundación Carolina y FIAPP, su complementariedad y coordinación en el
sistema de cooperación.


d. Recoger el papel de la cooperación descentralizada como actor de desarrollo y educación para la ciudadanía. Revisarse asimismo sus órganos de coordinación y consultivos.


e. Establecimiento de un marco general de colaboración entre el sistema de cooperación (AECID y FIAPP) y los interlocutores sociales y económicos, las organizaciones patronales y las organizaciones sindicales más representativas.



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f. Cooperación en los países en desarrollo en transición para cumplir los ODS. Reconocer heterogeneidad entre países respecto de los retos de desarrollo en los diversos países, independientemente de su nivel de ingresos, por ejemplo, países
que no tienen capacidades suficientes para reducir la brecha económico social con los países más avanzados. Incorporar el concepto de desarrollo en transición (OCDE, CEPAL), sin olvidar la ayuda humanitaria ni a los países menos adelantados. La
agenda es universal y esto debe reflejarse en la nueva ley: fortalecimiento de capacidades, transferencia de tecnología, intercambio de conocimientos e instrumentos de cooperación financiera reembolsable, canjes de deuda por medidas de protección
ambiental, fondos de inversión para el clima o la combinación de instrumentos financieros para el desarrollo.


g. Diferenciación de las organizaciones de la sociedad civil, establecimiento de prioridades estratégicas comunes, alianzas, planificación, ejecución y evaluación de las políticas de cooperación, para incrementar la corresponsabilidad,
calidad y eficacia del sistema.


h. Unificarse los instrumentos de apoyo a la sociedad civil, y diseñar uno nuevo, flexible, que permita la diferenciación, que tenga carácter estratégico y plurianual.


i. La cooperación delegada de la UE gestionada por AECID y FIAPP, debe incluirse en la nueva ley, junto con los actores que la realizan, mecanismos y protocolos de trabajo. Subrayar el papel de la AECID como ejecutora de los recursos de la
UE.


j. La coherencia de políticas debe regularse de forma diferenciada y fuera del ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo. El principio de coherencia de políticas incorporado en la ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera debe incorporarse al lado de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad transparencia y responsabilidad. Al mismo tiempo, debería establecerse una
unidad responsable de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible con mandato explícito y recursos suficientes, que podría situarse en el Gabinete de Presidencia o bien su Oficina Económica.


k. La cooperación internacional para el desarrollo debe aparecer como política central en la futura estrategia de desarrollo sostenible, y como tal debe aparecer en la futura ley de cooperación. Debe aparecer también el objetivo de alcanzar
el 0.7 % de la RNB en AOD en 2030 y esto debe recogerlo la nueva ley de cooperación internacional para el desarrollo sostenible, junto con la transparencia y rendición de cuentas.


3. Gonzalo Robles Orozco. Senador del GP. Portavoz de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado.


• Documento de la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2015): 'Un compromiso renovado para una Agenda transformadora de desarrollo humano sostenible. Reflexiones sobre una política de cooperación
internacional para el desarrollo ante los nuevos retos del escenario mundial'.


• Documento de la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2015): 'Compromiso universal por un desarrollo humano y sostenible: posición española para la agenda post-2015'.


El compareciente se remite en su intervención, en especial, al primero de los documentos citados, por lo que se extractan a continuación las propuestas que aparecen en sus conclusiones:


- Estructura operativa de coordinación ministerial, programacio´n anual y una mayor participacio´n de sus miembros en grupos de trabajo que integren a diferentes actores.


- Trabajar de manera ma´s estrecha con el Ministerio de Economía para elaborar una visio´n comu´n y una priorizacio´n compartida de organismos multilaterales que incluya tanto a los financieros como a los no financieros y mejora de la
coordinacio´n y el intercambio de informacio´n sobre las operaciones de deuda.


- Delimitar con mayor claridad los a´mbitos de actuacio´n de la Secretaría, la AECID y la FIIAPP, y su coordinación, incluyendo la relacio´n de las 'antenas' con la Representacio´n Permanente en Bruselas.


- Hacer ma´s operativo el funcionamiento de la Comisio´n Interterritorial y promover consensos poli´ticos generales respecto al papel de la cooperacio´n descentralizada en la agenda de desarrollo, junto con una mayor racionalizacio´n de los
procesos de planificacio´n y un mayor compromiso de la cooperacio´n descentralizada a la hora de armonizar sus instrumentos de planificacio´n con los de la AGE así como armonizar los procedimientos administrativos para la concesio´n de subvenciones
y seguir impulsando y



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fortaleciendo los convenios de colaboracio´n entre la AGE y los actores descentralizados, fortalececiendo la asistencia te´cnica especializada en materias de su competencia, el establecimiento de alianzas para el fortalecimiento de las
Administraciones regionales y locales de los pai´ses socios, y la comunicacio´n, la sensibilizacio´n y la educacio´n para el desarrollo.


- Relacio´n entre las diferentes Administraciones y las ONGD que no solo contemple la financiacio´n de proyectos, asegurando la implicacio´n de la cooperacio´n descentralizada así como revisar la normativa y los procedimientos de la AECID
para reducir la carga administrativa de las ONGD espan~olas.


- Continuar impulsando el papel de la unidad de empresa y desarrollo de la AECID para impulsar desde sede alianzas con actores estrate´gicos que faciliten el trabajo en terreno y fomentar el papel del sector privado de los pai´ses socios
como agente de desarrollo, incluyendo su participacio´n en las alianzas pu´blico-privadas. Asegurar que las alianzas no se limiten a ser financiadoras, dando cabida en ellas a la sociedad civil y a temas sustantivos relativos a los bienes
pu´blicos.


- Actualizar los documentos estrate´gicos de la Cooperacio´n Espan~ola en funcio´n de los compromisos, objetivos y metas de la nueva agenda internacional del desarrollo. Simplificar los instrumentos de planificacio´n estrate´gica de la
Cooperacio´n Espan~ola. Dado el complejo perfil de esta, que trabaja tanto en países de renta media como en países menos avanzados y que cuenta con una multiplicidad de actores, vías de canalización e instrumentos, convendría profundizar en el
desarrollo de estrategias diferenciadas.


- Clarificacio´n del concepto de coherencia de políticas en el seno de las diferentes Administraciones implicadas y la creacio´n de una unidad responsable de velar por la coherencia de poli´ticas para el desarrollo con un rango suficiente
como para poder influir, en primer lugar, en los diferentes Ministerios y, progresivamente, en las Comunidades Auto´nomas en aquellos a´mbitos de su competencia. Posesio´n de capacidades anali´ticas suficientes para identificar en que´ grado otras
poli´ticas afectan a los objetivos de desarrollo. Lo cual requiere que la Administracio´n cuente con personal suficiente, que reciba una capacitacio´n adecuada y que mantenga una relacio´n continua con centros de estudios especializados.
Existencia de mecanismos formales mediante los cuales los problemas relacionados con la coherencia se identifiquen y se debatan entre los diversos departamentos afectados, incluyendo criterios para resolver los potenciales conflictos de intereses.


- Asegurar un crecimiento sostenido de la AOD, estableciendo una hoja de ruta a medio plazo que permita ir acompasando los incrementos con las capacidades del sistema y que ofrezca un marco de estabilidad suficiente para la adopcio´n y la
materializacio´n de las decisiones estrate´gicas.


- Concentración geográfica y temática. Sin perder de vista la necesidad de un enfoque intersectorial, se requiere una mayor especializacio´n y concentracio´n tema´tica, combinando la demanda de los pai´ses con la oferta en aquellos a´mbitos
en los que la Cooperacio´n Espan~ola pueda aportar un mayor valor an~adido.


- Revisar y fortalecer la orientacio´n estrate´gica de la cooperacio´n multilateral, una posicio´n como Estado, claramente comunicada a los diferentes actores espan~oles y a los socios internacionales de la cooperacio´n multilateral.
Mejorar la complementariedad y sinergias entre la cooperacio´n multilateral y bilateral. Asegurar una dotacio´n suficiente de los equipos de AECID (sede y OTC) y REPER y fortalecer las capacidades te´cnicas y administrativas de las diferentes
unidades encargadas del seguimiento estrate´gico, te´cnico y administrativo de la cooperacio´n multilateral, incluyendo los fondos canalizados a trave´s de la Unio´n Europea. Reactivar el FONPRODE donacio´n como instrumento de financiacio´n de
organismos multilaterales de desarrollo y adaptar la normativa aplicable a las subvenciones de poli´tica exterior a las condiciones de cooperacio´n con organismos internacionales, especialmente con aquellos pertenecientes al sistema de las Naciones
Unidas. Articular entre la Unidad de Funcionarios Internacionales del MAEC, el Departamento de Cooperación Multilateral de AECID y otras unidades competentes una estrategia para incrementar y mejorar la presencia de nacionales españoles en el
sistema de Naciones Unidas. Impulsar una poli´tica de comunicacio´n ma´s activa hacia la sociedad espan~ola acerca de la cooperacio´n multilateral para el desarrollo, en colaboracio´n con los organismos socios de la Cooperacio´n Espan~ola.


- Tomando como punto de partida el marco de actuacio´n de la cooperacio´n financiera reembolsable de la Cooperacio´n Espan~ola, acotar las prioridades estrate´gicas del FONPRODE y desarrollar pautas concretas de actuacio´n para las
diferentes tema´ticas y contextos geogra´ficos. Incluir en el presupuesto del FONPRODE la posibilidad de realizar operaciones de cara´cter no reembolsable y modular la posibilidad de impacto en de´ficit. Simplificar y las tareas de gestio´n del
FONPRODE, dotando al Fondo de un mayor



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nu´mero de te´cnicos especialistas en sede y terreno y desarrollar esquemas de formacio´n flexibles y adaptados y adoptando una estrategia de comunicación explicando la actividad y resultados del FONPRODE y los distintos instrumentos a
trave´s de los que opera.


- Reforzar las capacidades del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento y adecuar su marco procedimental de actuacio´n.


- En materia de recursos humanos, para superar las limitaciones que impone el actual modelo de personal cabri´an tres opciones principales: transitar hacia un modelo de personal funcionario en el exterior, incluir al grueso de la Agencia en
el re´gimen laboral o generar pasarelas efectivas que permitan una mayor movilidad en un modelo mixto. En todo caso, se propone asegurar la movilidad entre sede y terreno y la carrera profesional, Revisar los perfiles de los puestos para promover
una mayor especialización, Revisar los procedimientos de selección y movilidad del personal laboral de alta dirección en terreno, mejorar las condiciones laborales del personal en el exterior, especialmente en los países con mayor carestía de vida,
y equiparar los complementos en sede a los de otros Ministerios, establecer algún sistema de gestión por objetivos y evaluación del desempeño profesional, Reforzar la formación continua, incluyendo cursos de inducción periódicos.


- Dotar a la AECID de los medios informa´ticos necesarios para asegurar el seguimiento de las intervenciones y una mejor gestio´n de la informacio´n. Seguir generando de manera centralizada manuales de procedimientos y modelos que faciliten
la gestio´n, que se actualicen perio´dicamente y se acompan~en de acciones formativas, adema´s de evitar la disparidad de criterios entre unidades. Establecer un sistema unificado de gestio´n documental de la AECID que facilite el acceso compartido
a informacio´n bajo esta´ndares documentales homologados. Este sistema deberi´a garantizar el acceso de todos los actores implicados a los datos esenciales sobre la Cooperacio´n Espan~ola, incluyendo a las Embajadas y las Misiones ante los
organismos.


- Modificar la Ley General de Subvenciones y su Reglamento en lo que respecta a las subvenciones de poli´tica exterior, convendri´a aclarar el alcance de la expresio´n 'Estado', admitir la utilizacio´n de las lenguas oficiales de los pai´ses
socios en las resoluciones de concesio´n; facilitar la reinversio´n de recursos sobrantes; flexibilizar la exigencia de intereses de demora, permitiendo su exencio´n en determinados casos; definir de manera ma´s precisa que´ puede entenderse por
'ejecutar y acreditar segu´n su propia normativa'; flexibilizar los supuestos de modificacio´n de las subvenciones, en especial en relacio´n a los plazos de ejecucio´n; establecer un re´gimen de flexibilidad discrecional de cara a la
justificacio´n basado en principios como la equidad y la buena fe, ampliar la utilización de los desembolsos por tramos a medida que avanza la ejecución, de manera similar a como hace la Comisión Europea. Una solución para reducir la carga
administrativa de las OGND en las subvenciones en concurrencia competitiva podría ser la generalización de la justificación mediante una auditoría, que podría pagarse con cargo a la propia subvención, junto con un control por muestreo.


- Revisar el modelo de relacio´n orga´nica y funcional entre la Secretaría y la AECID, asegurando una u´nica direccio´n estrate´gica y ejecutiva y reforzando el rango y las capacidades de las unidades responsables de la planificacio´n, la
coherencia de poli´ticas y la evaluacio´n, con modelo de gestio´n econo´mica y de personal de la AECID ma´s flexible.


- Definir de manera ma´s clara los resultados estrate´gicos a los que pretende contribuir la Cooperacio´n Espan~ola y consolidar la implantacio´n del sistema de gestio´n para resultados en la AECID, y seguir avanzando en la aplicacio´n
efectiva de los enfoques transversales, reforzar las capacidades de evaluacio´n del sistema, seguir incrementando la calidad de las evaluaciones, y poner un mayor foco en los resultados, sin descuidar el aprendizaje derivado del ana´lisis de los
procesos, fomentando una cultura de evaluación y de resultados en la organización.


- Reforzar la investigacio´n, la innovacio´n y los estudios sobre y para el desarrollo, Reforzar las unidades de Comunicacio´n y Educacio´n para el Desarrollo, seguir incrementando la transparencia, proporcionando ma´s informacio´n sobre las
intervenciones y sus resultados y actualizar la Estrategia de Educacio´n para el Desarrollo en funcio´n de los resultados de su evaluacio´n.


- En materia de acción humanitaria, incrementar el presupuesto destinado a accio´n humanitaria, manteniendo una horquilla presupuestaria de entre el 7 % y el 10 % respecto al conjunto de la AOD, reforzar y consolidar la estructura de la OAH
en sede y terreno, facilitando la incorporacio´n de profesionales de este a´mbito y la movilidad entre sede y terreno, reducir y ajustar a las necesidades la carga administrativa de los convenios de emergencia. diversificar los instrumentos de
financiacio´n de ONG espan~olas con objetivos humanitarios, evaluar y actualizar la estrategia de Accio´n Humanitaria,



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manteniendo y reforzando los avances de los u´ltimos an~os: programacio´n ma´s estrate´gica, diplomacia humanitaria y respuesta a emergencias ma´s pertinente, reactiva y coordinada, tanto a nivel estatal como con la UE y NNUU, consolidar el
enfoque de resiliencia y la vinculacio´n entre accio´n humanitaria, reconstruccio´n y desarrollo, y mejorar la comunicacio´n sobre el trabajo humanitario ma´s alla´ de las crisis y emergencias media´ticas.


Sesión 16 de marzo 2021.


1. Iliana Olivié Aldasoro. Investigadora principal del Real Instituto Elcano y Profesora de la Universidad Complutense de Madrid.


Documentos:


- Presentación power point.


- OLIVIÉ, I. 'Una nueva narrativa para la ayuda española' ARI 134/2020, 30 de noviembre:
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/418a3887-3856-4b3b-a35d-6cf523875612/ARI134-2020-Olivie-Una-nueva-narrativa-para-la-ayuda-espanola.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=418a3887-3856-4b3b-a35d-6cf523875612


- OLIVIÉ, I. - PEREZ, A., (coords), 'Las elecciones pendientes de la cooperación española', Mayo, 2016,
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/5d722006-a8fb-40e9-ba15-d40f0452e6c6/DT2-2016-Olivie-Perez-Elecciones-pendientes-cooperacion-espanola.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5d722006-a8fb-40e9-ba15-d40f0452e6c6


La ley actual es parca en la exposición de los motivos de la ayuda (interdependencia entre países, solidaridad, legalidad nacional y compromisos internacionales) y en objetivos (crecimiento autónomo inclusivo, paz, atención humanitaria,
democracia y derechos humanos, relaciones políticas, económicas, culturales con otros países). Se aprueba poco antes de la Declaración del Milenio. Se incluían objetivos económicos y sociales, ahora con la Agenda 2030, con mayor motivo. Ya en la
ley del 98 se advierte la pertinencia de la AOD, si bien ha sido una política frágil desde el punto de vista político y ha sufrido vaivenes, en el marco español. ¿Como podría corregirse esto en una nueva ley y en un sistema reformado de cooperación
internacional?


España como donante, es el 13.º país por PIB en la escala global (12.º por presencia global), y su esfuerzo relativo de volumen de AOD está en el puesto 21º, con un 0,.21 % de la RNB. ¿Cómo se explica esta brecha?


Comparado con países de su entorno, hay una cierta volatilidad en su evolución por tamaño de la economía, esto es algo normal, pero lo que es atípico es el fuerte descenso a raíz de la recesión de 2008, partiendo además de niveles bajos de
AOD, en comparación por ejemplo con los Países Bajos, en que la crisis trae un descenso también de la AOD, pero se partía de cifras cercanas al 0.8 por lo que el resultado final se situó en cifras cercanas al compromiso internacional del 0.7.


España un país atípico en la respuesta que se dio en la recesión, al contrario de los donantes de su entorno, que mantuvieron el volumen de la AOD, en términos absolutos y relativos, a pesar de lo que la opinión pública española manifiesta,
pues está fuertemente comprometida con la cooperación al desarrollo. Según el Eurobarómetro, en relación con la media de la UE, España bate records de respuesta a favor de la cooperación. Los motivos son muy diversos: altruistas, de bien común y
construcción de bienes públicos globales como la paz, hay intereses propios, como los de la UE o el control de la migración irregular. Hay una diversidad de motivos, en la opinión pública española, para apoyar la ayuda.


La narrativa oficial es menos diversa. El discurso oficial en España ha estado 'hiper-alineado' con la agenda global pero es menos diverso en realidad que el de otros países que, en cambio, muestran un compromiso más sólido. En los países
de nuestro entorno, el discurso oficial combina apuesta por el desarrollo sostenible con otros motivos como la seguridad del sistema internacional o de los países donante y receptor. Sin embargo, en España el vínculo seguridad-desarrollo no está
casi presente, y se orienta sobre todo al desarrollo sostenible que por otra parte es el paradigma actual, pero mostrando poca diversidad respecto de otros donantes. Algunos países apenas mencionan los motivos, pero los demás países tienen motivos
muy diversos, subyace interés común y bienes públicos globales, e incluso, en el caso de Países Bajos o Reino unido se apuesta también por los intereses propios.



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Existe una brecha entre el tamaño de España, su lugar en el sistema internacional, y su compromiso en términos de AOD. Existe una brecha entre la opinión de la ciudadanía y el discurso oficial, no sólo porque realizan una contribución mayor
que la que tradicionalmente se ha venido haciendo desde las propias administraciones sino porque también lo hacen desde una perspectiva diversa, frente a una narrativa oficial no tan diversa pero menos comprometida.


Esto puede explicarse porque el sector de la cooperación es un grupo bastante homogéneo de actores, con unos motivos más focalizados, por lo que el interés común o propio no tiene tanta fuerza en la narrativa oficial. Se está
desaprovechando el potencial de la AOD, en términos de externalidades: liderazgo regional o global, protagonismo en las estructuras de gobernanza regionales o globales, imagen país, credibilidad internacional, construcción de los bienes públicos
globales, contención de los males públicos globales, y promover agendas internacionales desde el multilateralismo hasta la equidad de género.


El motivo por el que en Reino Unido y Holanda no decae demasiado con las crisis, ni se altera con los cambios de Gobierno es porque los motivos funcionan como anclaje, y son diversos: solidaridad, interés común e interés propio.


El compromiso con la AOD en España ha demostrado no ser partidista. La mayor caída se produjo con el mismo gobierno con el que se produjo el mayor aumento. Pero el ciclo fiscal tiene un frágil fundamento político. Profundizar en el debate
es clave para la solución, el consenso existente no es que sea buenista, sino epidérmico o superficial. En el momento en que hay que priorizar objetivos, ahí aflora el disenso. Al no profundizarse al debatir el disenso, el consenso es frágil. En
el documento 'las elecciones pendientes de la cooperación española', aflora esta conclusión: no se ha debatido suficientemente el disenso. Un debate profundo de por qué se quiere la ayuda es imprescindible. El debate no siempre tiene un 'optimo
técnico' sino que es importante debatir las decisiones políticas, tanto en la priorización de países receptores, arquitectura institucional, motivos, etc.


En España el grueso de la ayuda se canaliza a través de las instituciones europeas. El resto de la política de la ayuda, multilateral, bilateral, se ha ido restringiendo. Hay que trabajar con todos los actores, si la cooperación es la
acción exterior del estado y política social, además, hay que trabajar de modo integrado con la Estrategia de Desarrollo Sostenible.


El retorno de la inversión en AOD se ha estudiado por el Instituto de Salud Global de Barcelona. La academia podría desempeñar su rol por medio de las ayudas oficiales a la investigación en cooperación, apoyo desde las instancias de apoyo a
la ciencia, I+D+I, pero no será eficaz si no existen los mecanismos de que el sistema de cooperación absorba los resultados de investigación. Esta es la gran debilidad del sistema actual.


2. Javier Santamarta del Pozo. Profesor universitario y experto en evaluación de proyectos de cooperación.


- Incluir la ayuda humanitaria es clave en cooperación. Hacer hincapié en los aspectos profesionales. El voluntariado no deja de ser un apoyo a los cooperantes, pero debe haber profesionales.


- La priorización en acción humanitaria debería partir de un análisis de las necesidades, y no desde un punto de vista de primer mundo, porque la realidad es que la mentalidad y los parámetros de primer mundo no se pueden aplicar en muchos
países. Debe haber priorización por países, consorcios entre ONGs para optimizar recursos. También la Agencia de Cooperación y las instituciones públicas han de tener mayor coordinación con ellas.


- Si se trata de hacer acción humanitaria con el Ministerio de defensa, no hay una cultura de defensa y entonces parece una cooperación 'negativa'. Puede servir para optimizar recursos por las capacidades que Defensa puede tener sobre el
terreno.


- El que el tema de género vaya incluido en ayuda humanitaria, no es nuevo, este análisis se hace desde hace años siempre, por sentido común.


- El tema de seguridad en los proyectos de cooperación no es 'gastos incluidos'. Al valorar los proyectos de cooperación, se pregunta por la seguridad, pero esto corre de parte de las organizaciones. Hay cursos que no se quieren hacer y
que serían interesantes para los cooperantes que están sobre el terreno. En la escuela de guerra se forma en el manejo de situaciones de riesgo, hay cursos para entrenar la negociación en situaciones difíciles, cursos de 4x4 o conducción extrema.
Es importante, en ocasiones, tener conocimiento del manejo de armamento real, para los cooperantes. Potenciar mucho la profesionalidad.



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- El apoyo psicológico a los cooperantes en Bélgica está reconocido por ley, en España y otros países no se reconoce.


- Crear Oficina de Ayuda Humanitaria desvinculada de la AECID, por que tienen objetivos y formas de actuación muy diferentes. Proactiva, en el caso de la AECID, programas de desarrollo, reactiva, en el caso de la acción humanitaria. Sería
bueno que existiera una Oficina de coordinación entre las Fuerzas Armadas y ONG. Los cooperantes españoles son a veces vistos como víctimas potenciales porque España paga en caso de secuestro por su rescate. Necesitan profesionalidad y protección.
La colaboración entre Fuerzas Armadas y ONG es importante (por ejemplo primeras obras de ingeniería civil en Kosovo) y es marca España.


- Evaluación de proyectos, se hace ex ante, debe existir y ser independiente, pero es preciso también comprender las especificidades de la evaluación en ayuda humanitaria, porque a veces no es posible trasladar las categorías de auditoría
corriente, gastos que no pueden reflejarse, no hay posibilidad de facturas proforma cuando a veces se trabaja sobre el terreno, hay que pagar bien y tener más estables a los cooperantes, sin perjuicio de que haya que controlar el gasto de personal
de los proyectos para que no pierdan su sentido.


Debe haber controles de gasto ex post, herramientas como Esfera, es la primera instrumento multinacional, de gestión. La transparencia es connatural con los proyectos. Debe haber también evaluación del impacto de los proyectos, para ver si
son eficaces para los objetivos propuestos. La logística es donde más dinero se lleva, hay que emplear bien los recursos, y las FFAA pueden aportar mucho. Menciona un Estudio de 2006 sobre cooperación civil y militar.


- La formación universitaria en ayuda humanitaria debe estar orientada a la práctica sobre el terreno.


3. Abel Caballero Álvarez, Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.


Las Corporaciones Locales ven la cooperación como parte de la esencia de su acción política. La reforma de la ley y del sistema de cooperación la valoran como necesaria: Agenda 2030, Nueva Agenda Urbana, París, crisis tras la pandemia.


Son actores imprescindibles en la Cooperación. La Ley del 98 las hizo entidades canalizadoras de la cooperación, desde un contexto de paz y de igualdad. Es preciso ahora un salto cualitativo hacia una mayor participación y esto implica una
forma de tratar la gobernanza.


Entre los fines de la FEMP aparece la cooperación internacional como objetivo y la participación en la estrategia de cooperación. Es preciso un nuevo impulso. Los municipios, a través de la AOD, se convirtieron en canalizadores, con una
ciudadanía muy sensibilizada. Es un terreno también de diálogo entre corporaciones locales y de diálogos políticos multinivel. Hacen cooperación de alta calidad por el tipo de actuación que se desempeña, por la cercanía al ciudadano, son agentes
sensibilizadores y tienen alta experiencia en prestación de protección social en sus diversas formas, además de una tradición de buena cooperación con el Estado.


En 2017 la cooperación desde la FEMP fue una aportación de 55 millones, en año de post crisis. En 2018, 80 millones, en 2019, 103 millones. En 2020, 104 millones. Son cifras significativas si se contemplan desde la entidad de los
presupuestos locales y su deficiente financiación. Realizan cooperación con una serie de países prioritarios: Con países de África, sobre todo Subsahariana, América Central, Sur, Caribe, (Salvador, Perú y Colombia, Mozambique, Congo, Marruecos
(Sahara).


La cooperación local sobre todo incide en los siguientes ODS: 17 (alianzas), 4 (educación inclusiva), 3 (vida sana y promoción del bienestar), 5 (igualdad de géneros y empoderamiento mujeres).


Sugerencias para la nueva ley y el nuevo sistema:


- La arquitectura institucional de España ha de completarse. Es precisa una mayor coordinación entre los actores de la cooperación. Tiene que ser un sumatorio de actores. Sistema integrador y coordinado en que puedan consensuarse
estrategias. Están representados en la Comisión interterritorial, pero es un órgano insuficiente, las entidades locales deben tener más participación.


- Nuevas acciones: La pandemia ha resultado una nueva situación emergente que pide que nadie se quede atrás; los objetivos de la Agenda 2030, en los que la contribución de las entidades locales es esencial.


- Debe incorporarse su participación en la arquitectura de cooperación al desarrollo. Además de estar en el Consejo de Cooperación, debería existir una Comisión sectorial de desarrollo, en que las corporaciones locales, participen con voz y
voto, independientemente del tema de cuotas a la hora de



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tomarse las decisiones, como sucede ya en órganos de gestión de fondos europeos, con la misma voz y participación que las Comunidades Autónomas y el Estado. La cooperación es competencia compartida y por tanto el sistema de cooperación no
debe recaer solo en el Estado y en las CCAA, esto está superado por la propia realidad, la recuperación de la Comisión sectorial de Cooperación puede ser una solución.


- Debe existir la posibilidad de que la FEMP participe en el diseño de proyectos comunes con el Estado y las Comunidades Autónomas, es posible una política consensuada, y después incardinar cada Ayuntamiento en los distintos ámbitos en que
se sientan ellos más cómodos.


- La transparencia, es esencial, mediante auditoria a través de entidades reconocidas, en concurrencia competitiva y que se publiciten los resultados.


Sesión 23 de marzo de 2021.


1. Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca. Rector de la Universidad Abat Oliva CEU.


Propuestas:


Existe una Secretaría de Estado de Cooperación. No es preciso un Ministerio de Cooperación. A veces un Ministerio pequeño es menos operativo, aunque sea específico para una materia. Sí es importante la coordinación: un Vicepresidente del
Gobierno que sea Ministro de Exteriores y de Unión Europea y Cooperación. En ella, tanto la gestión profesional como la proyección política de alto nivel, ambos aspectos son cruciales. En ambas dimensiones, han de tenerse en cuenta los aspectos
internacionales y los multilaterales.


Si imperan más en la gestión de la cooperación los criterios flexibles, existe el riesgo de fraude o delitos; si impera más una gestión rígida, el riesgo es de lentitud y falta de eficacia. Hay que buscar un término medio, y, desde luego,
con apoyo en el trabajo de los interventores de la AECID, quitarlos es un riesgo inasumible.


La utilización partidista o ideológica de los fondos de Cooperación, que son del Estado, para promover una determinada ideología, es otro riesgo. Se evidencia la necesidad del consenso en la ley de cooperación, como lo hubo en 1998, como
elemento esencial.


Otro problema es el exceso de protagonismo de la Coordinadora de ONGDs, que puede convertirse en grupo de presión, juez y parte, parte interesada, que puede tratar desigualmente por motivos ideológicos a algunas de sus ONGs miembros.


Es clave que España, con nuestro alto nivel educativo y cultural, tenga precisamente en la cultura y en la educación, un papel mucho más importante en el mundo. Como ex Secretario General del Instituto Cervantes, cuyo presupuesto
contabiliza como parte de la AOD -en torno al 25 % de la aportación del Estado al Cervantes contabiliza como AOD- no se comprende bien por qué España tiene que tener dos redes de centros culturales, una que depende del Cervantes y otra de la AECID.
Se mantiene así en muchos países por derivación del Instituto de Cultura Hispánica de tiempos del franquismo. El hecho de enseñar la lengua española no puede ser exclusivamente el elemento definitorio de la actividad del Instituto Cervantes e
incluso esta lengua se enseña para extranjeros en países de habla hispana. En el instituto Cervantes se podrían concentrar perfectamente las dos redes. El Ministerio de cultura tiene su competencia de promoción de la cultura, el de Asuntos
Exteriores debería tener una DG de relaciones culturales político-diplomáticas con los consejeros culturales de las embajadas para el seguimiento de estas especiales relaciones diplomáticas. En todo caso, el Instituto Cervantes debería ocuparse en
todo el mundo, incluso en el ámbito de Hispanoamérica, en que hoy no está presente, aunque trabaja a diario con ellos, de la difusión de la cultura española, mientras que la AECID, debería gestionar la parte cultural de lucha contra la pobreza, como
pueden ser los planes de patrimonio histórico, las escuelas taller de promoción ambiental, de creación de empleo, de promoción turística, el fomento de bibliotecas. Es hora de que España tenga una red de centros culturales en todo el mundo bajo una
marca de prestigio como es el Instituto Cervantes.


Papel de las Universidades: la formación contribuye al desarrollo de una sociedad. No se trata solo de ofrecer la educación primaria. Hay que apoyar que la formación universitaria se consolide en un país determinado, porque una sociedad
llega a donde llega su universidad. Hay que contribuir desde un punto de vista académico e intelectual, desde la formación y desde la investigación, como lo han hecho libros colectivos como 'los problemas globales cinco siglos después de la primera
vuelta al mundo', 'pandemia y resiliencia', junto con las cátedras y proyectos universitarios en países en vías de desarrollo.



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2. Francisco Javier Gavilanes Hernández. Vocal de la Junta Directiva ONG Cesal.


Fue Jefe de Departamento de Cooperación Sectorial de la AECID entre 2021 y 2017.


Cita el Documento de la Coordinadora de ONGDs, 'Un nuevo sistema de cooperación', y del Consejo de Cooperación. También el Documento aportado por el Sr. Gonzalo Robles (2015).


Aportan 4 elementos al debate de los instrumentos, que es donde se apunta un importante reto para el nuevo sistema y la nueva ley de cooperación:


1. Las alianzas, que han de ir más allá del diálogo con todos los actores, a una verdadera complementariedad y la colaboración en la búsqueda de soluciones. Se precisa una mayor articulación. En la AECID, las ONGs, la Universidad, las
empresas, las instituciones multilaterales y los países socios, dialogan con departamentos separados, los sindicatos sorprendentemente, pese a estar recogidos en la legislación, no tienen, por ejemplo, un departamento con el que relacionarse. Es
preciso concentrar el diálogo orientado a las alianzas en un mismo departamento. Un espacio en donde todos los actores estén llamados a participar, con libertad de propuesta y creatividad. ODS 17-búsqueda de alianzas. Esto permitiría abrirse a
muchos más actores que a nivel nacional están implementando soluciones para la Agenda 2030 (por ej. Plataforma El Día Después, las Iglesias, como el Dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral de la Iglesia Católica, en la línea de
la Unión Europea-la DG de Cooperación para el Desarrollo, que ha cambiado la denominación, ahora se denomina International Partnership-Alianza internacional.


2. El debate debe centrarse en la salud, educación, en las áreas temáticas de la vida de las personas. Reforzar los elementos sectoriales de la Agencia. Actualmente existe un Departamento de cooperación sectorial, y hay dos direcciones
generales para el diálogo geográfico, que está muy bien y hacen un trabajo importante, en sede y terreno, pero debe responderse a criterios funcionales más que geográficos, asociado a contenidos de especialización, como las OTC y las instituciones
multilaterales, que se estructuran por sectores. Los sectores no son estancos. Se generan así más fácilmente alianzas. Además del refuerzo sectorial, fomentar la coordinación intersectorial. En el ámbito geográfico, muy interesante el camino
hecho por el Manual de establecimiento implementación, seguimiento e implantación de los MAP, y el del reciente Foro de planificación y eficacia de la Cooperación española, por la mirada integradora a todos los actores, respetando el sólido centro
político de decisión de la AECID y de la Secretaría de Estado.


3. Conexiones terreno-sede, aprovechamiento del conocimiento, que se aproveche el conocimiento acumulado por el personal de las OTC de los países socios, y personas procedentes del ámbito social que enriquecen procesos de desarrollo.
Deberían generarse las oportunidades, movilidad de personal entre sede y terreno, pero añadiendo la relación con organismos internacionales y actores de la sociedad civil, flexibilización del personal de corta duración, por ejemplo el dedicado a
consultorías, pueda aprovecharse también.


4. Debate de los países de renta media. Desde la experiencia de CESAL, es más fácil que el conocimiento que se genera desde nuestro país, que dé frutos en los países de renta media y en los países de América Latina. Trabajando en dichos
países se constatan las llamadas 'trampas de la renta media', afectan en la vida de las personas, y el criterio de renta y el discurso de países graduados no es un criterio suficiente para discriminar la colaboración con países. Los propios países
lo piden: diálogo abierto, lejos de la ideología donde puedan construirse propuestas a los retos de estos países, sobre todo, tras la pandemia.


5. El ponente forma parte de un programa de la Unión Europea de Cooperación triangular. Este tipo de cooperación genera alianzas, compartir conocimiento y complementariedad. España tiene una rica experiencia en cooperación triangular, que
se podría poner en valor, genera espacio para todos los actores aprovecha conocimiento de actores y de los países en que trabajamos, en América Latina, la ONU, OCDE, desde la Unión Europea y organismos regionales como SEGIB y CEPAL indican que es
una modalidad que podría dar mucho juego con América Latina.


Sesión 6 de abril de 2021.


1. Marta Iglesias López. Vocal del Consejo de Cooperación al Desarrollo y de la Junta de CONCORD (Confederación europea de ONG para el Desarrollo).



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Documentos:


• El texto de su comparecencia.


• 'Un nuevo sistema de Cooperación al Desarrollo para hacer realidad la Agenda 2030: Propuestas de Reforma' del Grupo de Trabajo de Capacidades y Recursos del consejo de Cooperación de marzo de 2020:
http://www.consejocooperacion.es/wp-content/uploads/2020/10/NUEVO_STMA_COOP_PARA_AG_2030-Pptas_MejoraInforme_GT_Capacidades_Cons_Coop-marzo_2020.pdf


• Informe del Examen de Pares del CAD de la OCDE a España de 2016 (que se está actualmente revisando): https://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/examen_de_pares_espana_2016.pdf


• Informe Aidwatch 2020 de CONCORD: https://concordeurope.org/2020/10/28/aidwatch-2020-knock-on-effects-an-urgent-call-to-leave-no-one-behind/


• 'A PCSD perspective on European Commission Work Programme 2020' de CONCORD: https://concordeurope.org/resource/pcsd-perspective-ec-work-programme-2020/


Cita el documento 'Un nuevo sistema de cooperación para transforma el mundo' de la Coordinadora de ONGD, para señalar que en la nueva ley es necesario definir los objetivos, y además es importante que se mantengan a lo largo de todo el
proceso: promover el desarrollo sostenible, erradicando la pobreza, la desigualdad, y promoviendo la sostenibilidad ambiental, de defensa de los Derechos Humanos y la Democracia. Una política que en sus objetivos recoja algunas de las 7C
(coherente; catalizadora -feminista-, cuidadora -ecologista-, comprometida -que responda a las emergencias de un mundo en crisis; conectada -con la ciudadanía-).


Este mismo documento del Consejo de Cooperación, profundiza el análisis de 16 problemas y debilidades del sistema. Se destacan tres fallos estructurales: falta de apoyo político y recursos, que ha sido fluctuante por la falta de
estabilidad en la voluntad de política, falta de sentimiento de sistema integral, marcos normativos que impiden retener talento y potenciar valor humano del sistema de cooperación, dando lugar a una debilidad en los recursos técnicos y humanos.
Junto a ello, destacan las siguientes fortalezas del sistema: Las capacidades consolidadas e instaladas, el reconocimiento multilateral a pesar de la reducción de fondos, España sigue siendo interlocutor válido al que se ha pedido apoyo y
liderazgo, presencia en el terreno, se prefiere trabajar con una cooperación como la española, por ser de cercanía, de diálogo, escucha, presencia en las OTC que genera confianza con los socios y con otros países. Diversidad de actores que tenemos,
papel de la sociedad civil, posibilidad de incorporar a otros actores como empresas y universidad, apoyo ciudadano.


Propuestas para la nueva Ley y el nuevo Sistema tras este diagnóstico:


- Objetivos y principios alineados con la Agenda 2030.


- Especificidad que tiene en la ley actual la acción humanitaria y la educación para la ciudadanía global, en línea con las recomendaciones del CAD de la OCDE.


- Mención a la coherencia de políticas para un desarrollo sostenible alineada con Agenda, OCDE y documentos de la Unión Europea. Tener en cuenta como otras políticas domésticas e internacionales, pueden contradecir las políticas de
cooperación, y desde el punto de vista positivo de creación de sinergias.


- La cooperación debe quedar articulada con las políticas de la cooperación de la Unión Europea.


- En cuanto a órganos y arquitectura. Congreso, Senado -mediante sus Comisiones de Cooperación- Consejo de Cooperación, preservar su papel en la nueva ley. La Comisión interterritorial u otro espacio, porque esto no está funcionando,
habría que ver por qué, y que sea efectiva -y no solo consultiva-, hay que preservar el espacio para la cooperación descentralizada. Es necesario construir colectivamente, participar realmente, con transparencia, con tiempo de maduración, no una
consulta rápida de un documento en un plazo muy limitado de tiempo. Es un cambio de enfoque con metodologías adecuadas, tiempo y recursos. A veces se ha perdido mucha energía en determinar quién manda en algo, quién dice a quién lo que tiene que
hacer, la Comisión interministerial o espacio de cooperación descentralizada debería ser un espacio colaborativo real.


- Que haya un centro político y estratégico sólido, con capacidad de liderazgo real y que pueda coordinarse con otros Ministerios, se ha puesto sobre la mesa la idea de que hubiera un Ministerio de Desarrollo Sostenible o una estructura
dependiente de Vicepresidencia del Gobierno. También la interlocución con otros países. Centro político fuerte para la cooperación y junto a ello, que existiera un



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segmento fijo de cooperación en una de las comisiones delegadas existente para que se debatan estos temas a un nivel de coordinación gubernamental adecuado.


- Elevar el perfil de la AECID para que pueda ser 'el pilar central de la arquitectura institucional del sistema', para esto es necesario que la Ley le otorgue este rango adecuadamente y que posteriormente se resuelvan los temas de su
entidad juri´dica, la modificacio´n de su organigrama y su relacio´n con el resto del sistema. Entre otras cosas, se sugiere:


• Salvaguardar a las OTC y reforzar su papel, son uno de los mayores activos del sistema (y tambie´n uno de los que peor tratamiento reciben del sistema).


• Elevar el perfil de la Oficina de Accio´n Humanitaria (convirtie´ndola en una Direccio´n General) y de la Educacio´n para la Ciudadani´a Global.


• Elevar la importancia de lo sectorial y programa´tico


• Tener un punto de enlace con la cooperacio´n descentralizada


• Crear una unidad de evaluacio´n, conocimiento e investigacio´n.


• Fortalecer la antena en Bruselas para mejorar la interlocucio´n y coordinacio´n con la UE.


- Preservar el valor añadido de la cooperación descentralizada que ha sido modelo en otros países, tanto del ámbito autonómico como del municipal. Reflejarlo en la nueva ley, para poder articular un diálogo entre la cooperación
descentralizada y la estatal.


- Nuevos actores, reconocer roles. Las ONGDs, actor especialmente relevante porque su objetivo último es la cooperación para el desarrollo, es su fin primordial; y la sociedad civil y las universidades, y sobre todo cómo somos capaces de
desarrollar esas alianzas, no solo con los actores de nuestro país sino con otros países, es importante que el sistema facilite esa interrelación, en la planificación, evaluación, seguimiento. Para esto es imprescindible que el ejercicio de
planificación (con todos sus instrumentos: Plan Director, las Comunicaciones, los MAPS...) sea realmente participativo. Construir confianza entre actores se hace con un proceso, no con una intervención puntual. Revisión de capacidades para
ponerlas al servicio del sistema y poder trabajar en red. Hay en el CAD un grupo específico de trabajo sobre sociedad civil para contribuir mejor y darle los espacios que necesiten. Documento que enviará junto con otra documentación.


- No confundir la rendicio´n de cuentas con un exceso de burocratizacio´n de los procedimientos. Somos uno de los pai´ses con una normativa ma´s farragosa e ineficaz para esto. Algunos de nuestros socios, prefieren trabajar con otras
cooperaciones so´lo por la enorme carga administrativa y las complicaciones que puede conllevar la ejecucio´n de cualquier proyecto con la cooperacio´n espan~ola.


En la actualidad hay otros marcos normativos que nos afectan negativamente al funcionamiento del sistema y que habra´ que modificar o excepcionar para que el nuevo sistema pueda ser lo suficientemente a´gil y eficaz: Ley de Accio´n
Exterior, Ley de Subvenciones, Ley de contratacio´n pu´blica, Estatuto de la AECID, Estatuto del Cooperante, Ley de racionalizacio´n y sostenibilidad de la administracio´n local.


2. Leire Pajín Iraola, Presidenta de la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS).


Documentación citada:


- Informe del Consejo de Cooperación.


- Informes del CAD de la OCDE.


La comunidad de cooperación internacional y gobernanza global de la plataforma del 'Día después' se ha propuesto contribuir a esta reforma de modernización de la Cooperación en línea con los ODS, mediante un taller multiactor y diferentes
espacios de encuentro, congregando voces expertas de múltiples ámbitos, en un ámbito informal, flexible, plural, con autoridades de diferentes gobiernos, junto con encuentros con la cooperación autonómica y local. Se ha elaborado un diagnóstico
exhaustivo que enviarán a la Comisión, donde se ha tratado de responder a la pregunta para qué reformar la Cooperación española. Básicamente, para sumar a España a una política global de desarrollo sostenible acorde con los objetivos de la Agenda
2030, incorporando todos los actores de la gobiernos, sociedad civil, empresas, academia, centros de investigación, para transitar hacia modelos sostenibles que promuevan políticas públicas inclusivas ampliando la democracia, los derechos, y sentar
las mejores bases de un progreso colectivo que confluyan, en definitiva, en una verdadera política de Estado. Es necesaria una nueva visión



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global que refuerce la Cooperación española como política útil y estratégica, conectando la política doméstica con la acción exterior, profundizando en el reto de la coherencia de políticas, impulsarla desde el más alto nivel, mirando el
sistema de forma completa y no por partes.


El alcance de la reforma debe responder a cuestiones estratégicas. La pregunta fundamental es si estamos al nivel de los principales países de la Unión europea. Es precisa una reforma que permita una mejor implementación de instrumentos
bilaterales, de la gestión de los esfuerzos multilaterales, financieros y no financieros, realizando una profunda reflexión sobre nuestro valor añadido y buscar el impacto en el ámbito multilateral, con los países de renta media. Aún no tenemos las
normativas y los intrumentos adecuados para los nuevos escenarios de la OCDE que trascienden la tradicional Ayuda Oficial al Desarrollo.


La nueva ley de cooperación para el desarrollo sostenible debe fortalecer el liderazgo de la AECID y reforzando su rol en relación con la Agenda 2030. Reformar las partes del sistema y de la legislación para optimizar el mejor talento que
tenemos en las OTC, organismos internacionales, y otros ámbitos, modelo de carrera profesional mixta que favorezca la inclusión del talento, eficaz y especializado.


En la cuestión de las modalidades de la cooperación, los ODS son alcanzables y ayudan a conformar estrategias y planes territoriales, pero son palancas que sólo pueden implementarse desde nuevos espacios e instrumentos: colaboración
público-privada-social (ODS 17), fortalecer la sectorialidad y la transversalidad de los instrumentos de cooperación.


En materia de cooperación financiera, la reforma reciente de la arquitectura financiera de la Unión Europea, persigue otorgar un creciente peso a las instituciones financieras nacionales para la gestión de los fondos europeos. En este
contexto, la reforma no debería limitarse en mejorar funcionamiento del Fonprode, en coherencia y transparencia, que debe ocurrir, sino reformar el sistema del conjunto de la cooperación financiera, contando con instrumentos que nos permitan ser
pares de la cooperación alemana y francesa e incluso poder competir con ellas. Un banco de desarrollo podía ser, u otro modelo, puede discutirse, pero tengamos un instrumento fuerte al servicio, eso sí, de los intereses de la cooperación al
desarrollo.


La ayuda humanitaria es otro elemento fundamental, el mandato y contexto humanitario es tan diferente actualmente que el que existía con la ley anterior, que con los actuales instrumentos no puede responderse adecuadamente con el mandato
humanitario de salvar y proteger vidas humanas. La oficina de ayuda humanitaria de la AECID y el resto de los actores humanitarios realizan un titánico esfuerzo pero necesitan un marco normativo y operativo similar al de los socios europeos. El
reconocimiento de España depende de cómo responde la política pública al mandato humanitario.


Las alianzas multiactor, (ODS17), no están avanzando con el ímpetu necesario, debe avanzarse hacia modelos de colaboración que estimulen la creatividad y acción concretada, para abordar complejos problemas, lo que implica riesgo, aprendizaje
y generosidad. El marco regulatorio actual (la orden de bases, la Ley de Contratos del Sector Público no permiten estar al mismo nivel de cooperaciones de nuestro entorno, con una contratación transparente pero ágil, financiación con agentes
internacionales, compromisos presupuestarios plurianuales, etc.


La reforma es una oportunidad de poner en valor la cooperación autonómica y local plural y diversa. Se han ido consolidando formas de colaboración más horizontales y cercanas a la ciudadanía. El rol de esta cooperación es fundamental, hay
que encontrar instrumentos que den respuesta a su rol.


Poner en valor la contribución de la ciencia e investigación para el desarrollo sostenible ante los desafíos globales, es uno de los mayores aprendizajes que nos ha dejado la pandemia que se ha concretado en programas como Green Deal, Next
Generation, o los programas marco de innovación Horizonte Europa fundamentales para movilizar enormes inversiones y contar con incentivos al sector privado. Es una oportunidad para fortalecer la cooperación como 'política de políticas públicas'
coordinada con todos los actores comprometidos con el desarrollo sostenible a todos los niveles, y buena oportunidad asimismo para los países de renta media como América Latina y el Caribe.


Tras la pandemia del Covid, resulta inevitable admitir que no se prestó atención a metas de los ODS, desde el Instituto de Salud Global de Barcelona, se han impulsado análisis, se entiende que es necesaria una buena estrategia de salud
global, con lo que sabemos en nuestro país de la importancia de un sistema de cobertura universal de la salud y con una contribución global relevante en contener la malaria, VIH-Sida, la tuberculosis, el Chagas, Trabajando con NNUU, la OMS, el PNUD
y otros. Importante la reflexión de donde y como debemos trabajar para tener un mayor impacto y valor añadido.



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A corto plazo debe evitarse el colapso del sistema vigente, eliminando los obstáculos existentes en el marco de los programas europeos, para una gestión transparente, flexible y eficaz, y a largo plazo, consolidar su carácter de política de
estado, al nivel institucional adecuado, con una visión transversal para catalizar alianzas para el desarrollo sostenible, con un centro político con peso para potenciar la coordinación y elevar la coherencia del conjunto Reformar y crecer al mismo
tiempo. Para aumentar recursos necesitamos fortalecer instrumentos, pero la falta de recursos no es excusa para no crecer. En el contexto de los grandes desafíos globales, la cooperación es la verdadera marca de nuestro país. Esto ya no es un
reto solo para los comprometidos con la cooperación, sino un compromiso compartido de todos los actores, empresas, academia, organismos globales y multilaterales, ciudades, de todas las administraciones y de la ciudadanía.


3. José M.ª Núñez Blanco y Silvia Tostado Calvo. Representantes de la Fundación Triángulo.


Documentos citados:


- Declaración de Mérida.


https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci %C3 %B3n/Comunicaci %C3 %B3n/Declaracion %20de %20M %C3 %A9rida.pdf


- Informe Homofobia de Estado, Asociación ILGA: https://ilga.org/es/informe-homofobia-estado


- Banco Mundial y PNUD: conjunto de indicadores propuestos para el índice de inclusión LGTBI:


https://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hiv-aids/lgbti-index.html


- Campaña libres e iguales de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: https://www.unfe.org/es/


- Declaración AG/RES 265, 7 de junio de 2011, de la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre 'Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género': https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8360.pdf


- Comisión Europea: estrategia para la igualdad de las personas LGTBIQ (12 de noviembre de 2021):


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0698&from=EN


- Informe 'Nosotras resistimos' de Caribe afirmativo sobre violencia contra las personas LGTB en el conflicto armado en Colombia: https://caribeafirmativo.lgbt/nosotras-resistimos-informe-violencias-personas-lgbt-conflicto-armado-colombia/


La Fundación Triángulo, con 25 años de existencia, tiene por objetivo lograr la igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales, y prácticamente desde su inicio se incorporó a la agenda en Cooperación internacional de la mano
de Miguel Ángel Sánchez Rodríguez. La cooperación LGTBI nació así, para promover programas de cooperación en materia de diversidad sexual y de género, están, como organización, más presentes en Iberoamérica que en África -aunque también allí
desarrollan programas. En todos estos países promueven la defensa y promoción de los derechos humanos y contra la discriminación, mediante el fortalecimiento de la sociedad civil, incidencia política, trabajo para la inclusión de la diversidad
sobre todo en el ámbito educativo, defensa de los derechos de las mujeres. Destaca en este último ámbito el Proyecto Entereza Colombia, ahora ampliado a Honduras, Nicaragua y República Dominicana.


La lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual y de género es política prioritaria desde el gobierno de Rodríguez Zapatero y ha sido más relevante desde la cooperación descentralizada, con especial papel de la Junta de
Extremadura. Existe una creciente cooperación en este ámbito por parte de otras Comunidades Autónomas, Euskadi, Canarias Andalucía, Baleares, Aragón, La Rioja, destacando la reciente declaración de Mérida firmada por una serie de Comunidades
Autónomas y otras entidades como las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, la de Cáceres, Ayuntamientos como Sevilla, Alcobendas, Rivas, Barcelona, entre otros. Del ámbito local surgió la idea de la implementación acuerdo de paz colombiano que
incluyó el enfoque de diversidad LGTBI. Agradecimiento a la aprobación de la PNL 161/1605 sobre apoyo promoción y transversalización del enfoque de diversidad sexual en el ámbito de



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la cooperación internacional para el desarrollo, a iniciativa del Grupo Socialista, a todos los Grupos que la apoyaron y al Grupo Ciudadanos por su aporte en materia de asilo y refugio.


La futura ley de cooperación ha de proporcionar un marco en que se mencione la diversidad sexual y el enfoque de identidad de género de manera explícita. Según el informe de la Asociación ILGA, hay 72 países que criminalizan relaciones
entre personas adultas del mismo sexo, en 10 de ellos, incluso con pena de muerte. El nuevo marco normativo debe contribuir a erradicar las discriminaciones y violencias contra las personas LGTBI, y se incluya el enfoque de diversidad sexual e
identidad de género de manera explícita.


Mención especial de la Declaración de Mérida, en la primavera de 2017, promovida por la AEXCID y Fundación triángulo, y suscrita por la AECID en junio 2019, para introducir la defensa y promoción de los derechos de las personas LGTBI en la
cooperación internacional, desde una propuesta para transversalizar este enfoque diversidad sexual e identidad de género en las prioridades, programas y estrategias de los agentes de la cooperación española y europea. La nueva ley tiene la
oportunidad de bindar este compromiso.


Otra iniciativa destacable es la Campaña 'libres e iguales' puesta en marcha por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que continua hasta el día de hoy, compromiso de NNUU contra la discriminación por
cuestiones de diversidad sexual e identidad de género. Los 17 ODS no pueden lograrse sin la inclusión de todas las personas, particularmente quienes ven vulnerados sus derechos. Actualmente existe una brecha entre los Estados en cuanto a la
inclusión y no discriminación de las personas LGTBI: el PNUD y Banco Mundial han publicado en 2019, el índice de inclusión LGTBI, con 51 indicadores en salud, educación, participación, empoderamiento económico, seguridad y violencia.


El 18 de diciembre de 2008 Francia y Países Bajos presentaron ante la Asamblea General de Naciones Unidas una propuesta de resolución, posteriormente convertida en declaración, sobre el respeto a la diversidad sexual y a la identidad de
género. Hoy cuenta con la firma de 96 miembros. En septiembre 2015 dos agencias de NNUU convocaron a los Estados para acabar con la violencia y discriminación de las personas LGTBI. Estas agencias señalaron que el hecho de no respetar los
derechos humanos de las personas LGTBI y de tolerar abusos supone una grave violación de las normas internacionales. Para responder a esta preocupación, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas creó en 2016, renovándolo en 2019 el mandato
del Experto Independiente sobre la violencia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. En el ámbito de la Unión Europea destaca, en diciembre de 2020 la aprobación por parte de la Comisión Europea de la Estrategia de
Igualdad LGTBIQ, junto con una amplia Jurisprudencia en la Corte Interamericana y en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Este posicionamiento de los diversos organismos internacionales citados avalan la petición de la Fundación Triángulo.
Aunque los ODS no refieren expresamente esta cuestión como un objetivo específico, se incluye especialmente en el ODS 10 y en el ODS 16.


La futura ley de cooperación, debe reconocer y referir esta realidad en sus principios rectores y texto normativo, con indicadores específicos en relación con los derechos que se vulneran en países de todo el mundo. La ley, además de los
enfoques de género y de derechos humanos, debe incorporar el enfoque diversidad sexual y de identidad de género dese una perspectiva feminista e interseccional. Es una referencia asimismo, el Informe 'nosotras resistimos' de Caribe afirmativo sobre
la introducción de este enfoque en el acuerdo de paz de Colombia.


España ha sido referente mundial en esta materia. Debemos reafirmar este compromiso con las personas LGTBI de todo el mundo desde el ámbito de la cooperación para el desarrollo.


Sesión 13 de abril de 2021.


1. María García Pizarro. Vicesecretaria primera de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM), miembro del Consejo Consultivo de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA)


Documentación:


- Presentación de powerpoint.


- http://www.docs.uimunicipalistas.org/planoperativo2021


- Texto Comparecencia.



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Propuestas:


- Una efectiva Gobernanza para generar un relato compartido de Cooperación plural, diverso, sencillo, flexible y abierto.


- Una reflexión y revisión serenas que permitan reorientar la bilateralidad y definir la mutilateralidad en los nuevos marcos y en los preexistentes.


- (Re)-Enfocar la Cooperación como Política de Estado.


- Espacio para la identificación, el reconocimiento y la articulación de multiplicidad de actores.


- Comunicar, compartir y crear identidad colectiva en la Cooperación Española en el ámbito de la educación para la ciudadanía global.


- Debate sosegado sobre nuevas prioridades y su atención desde la bilateralidad y multilateralidad.


- Necesidad y oportunidad de alinear prioridades con los distintos actores mediante políticas específicas de incentivo.


- Relevancia de la academia, de los think tanks y los actores de la cooperación en la mejora de los sistemas de información, toma de decisiones, análisis, seguimiento y evaluación.


- Lazos con América Latina y Caribe (re)-fortalecidos desde la bilateralidad y singularizados desde el liderazgo de España en la cooperación multilateral. Valor añadido y referencia transferible a otras zonas y actores.


- La amplia presencia permanente en territorio contribuye a un mayor acierto y ajuste en el establecimiento de prioridades, Empajadas, OTC, Instituto Cervantes, consolidan marca España de Cooperación.


- Nuevos compromisos que invitan a nuevos modos colaborativos de articulación: revisar e incorporar variantes y nuevas fórmulas con base en una arquitectura abierta de cooperación.


- Analizar y valorar los tipos de cooperación desarrollados desde el Estado y desde el tercer sector, las administraciones y la responsabilidad social corporativa.


- Simplificación normativa y procedimental para propiciar acción, seguimiento y evaluación más operativa que estratégica.


- Generación de interdependencias: Espacio de gobierno abierto de la cooperación, con participación activa de los diversos actores, incorporarlos.


- 'El Efecto Co' (Co-Decisión; Co-Gestión; Co-Financiación; Co-Ejecución; Co-Responsabilidad).


- Propiciar cambios en los paradigmas de la Cooperación al Desarrollo extensibles a todos los actores.


- Promover la incorporación de nuevos actores, el fortalecimiento de las capacidades técnicas de organización y dirección, y la flexibilización de su funcionamiento. Gestión transparente. Promocionar incorporación de nuevos actores,
fortalecer capacidades técnicas, mejorar espacios de diálogo y concertación.


- Tejer decisiones, actores y acciones con efecto sinérgico a partir de sistemas de información compartidos y eficaces para la toma de decisiones.


- Incrementar el compromiso desde la participación, la transparencia y la información.


- Estructura organizativa de la cooperación con centralidad política, toma de decisiones y ejercicio de estrategias, que caracterizarían a un liderazgo colaborativo. Fortalecer la SECI en competencias y profesionalizada, con tres
direcciones generales: multilateral, bilateral y descentralizada.


- Funcionamiento del Consejo de Cooperación y las diferentes Comisiones que no logra la plena ligazón de las políticas de cooperación centralizada y descentralizada, y la determinación de prioridades con claridad en el marco de una política
de Estado sólida.


- Abordar un cambio estructural en la AECID, para hacerla ágil, innovadora en liderazgo cooperativo, enfatizar el valor de las OTCs, dándoles mayor participación en la toma de decisiones. Profesionalización, cuidado del talento,
aprovechamiento del mismo, profesionalización de la cooperación, revisión para ello de los marcos normativos, revisión de los procesos de contratación y subvención.


- No se evalúa tanto la cooperación que realiza el tercer sector, del ámbito privado. No están dentro de la contabilidad de la cooperación. Incentivos por parte de la AECID para aunar esfuerzos.



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2. María Purificación Neira González. Directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la OMS.


La nueva ley debe tener en cuenta las condiciones que estamos viviendo hoy, que a partir del último año, con la pandemia, han cambiado aceleradamente. A partir de ahora, será necesaria una cooperación más justa y equitativa, más saludable y
más sostenible o verde.


Como se demanda desde las Naciones Unidas, reitera la necesidad de dedicar el 1 % del PIB a la cooperación internacional, es un objetivo ambicioso pero con buenos retornos, bienestar social en el país receptor y en el donante, con incidencia
en las políticas migratorias, económicas y de empleo.


La Cooperación debe articularse estratégicamente, según las circunstancias de cada país, incorporando la excelencia del país que va a articular la cooperación. Cada país debe analizar sus áreas de competencia y de excelencia para analizarse
así el posible valor añadido de cada país, y en España será necesario realizar este análisis. La cooperación es una especie de 'tarjeta de visita' de un país, porque define su línea de asuntos exteriores, pero también su cultura, sus principios, la
diversidad de sus actores, su marca en definitiva, en organismos internacionales tanto como en el país receptor.


Sencillez y coherencia para intentar superar procesos administrativos excesivamente rigurosos, para que la atención y el enfoque no se ponga más en el proceso que en el resultado del propio proceso.


Los ODS han simplificado el marco, debiendo seleccionarse por los países para dejar una huella o una marca muy clara de país. Reino Unido incide en la eliminación de la pobreza, los países escandinavos con el enfoque de género, etc.
Decidir qué ODS se van a desarrollar con prioridad para expresar esa marca de país.


El Plan Director cuatrienal de la cooperación española debe agilizarse, que haya una discusión estratégica más flexible, dinámica, para, sobre todo, poder incorporar investigación y ciencia sobre proyectos de desarrollo, que permita que todo
el grupo académico de ciencia y personal investigador pueda tener un aporte al Plan Director, con un mecanismo flexible. Marco de intercambio flexible, interdisciplinar, innovador, que permita estar de punta de lanza y adaptar la cooperación en
función de ello. Una estrategia de investigación en cooperación sería interesante, adoptando un mecanismo constante de intercambio de información.


La importancia de la cooperación se vende cuando se puede medir y explicar el impacto a la misma a la ciudadanía, que la financia. Definir la cooperación de modo simple, que pueda medirse, transparente y una comunicación simple y atractiva
para la sociedad que financia la cooperación junto con la coherencia entre todas las cooperaciones que se realizan desde los diversos actores, academia, empresas, etc., que recoja esas iniciativas en un paquete coherente en línea con las prioridades
de la cooperación. La visibilidad es crucial para el impacto de España en la cooperación internacional, con unas reglas administrativas ágiles y flexibles, evaluación para adaptarse a las necesidades y cambios.


La cooperación técnica es fundamental, la elevación del perfil técnico del personal de la cooperación es crucial.


En el ámbito de la cooperación multilateral, recuperar los programas profesionales junior que se enviaban a través del MAEC, hoy tiene menor frecuencia y destinatarios y es un interesante programa que permite formar a los especialistas en
cooperación, para presentar al mundo la excelencia académica que puede ofrecer España.


3. Paloma Durán y Lalaguna. Exdirectora del Fondo de Naciones Unidas para los ODS.


Documentación:


- OCDE España comparativa.


- OCDE EU comparativa.


- OCDE UK comparativa.


- OCDE Principales hallazgos y recomendaciones del CAD 2016.


La cooperación no se agota en la Agenda 2030, la Agenda tiene fecha de caducidad, pero el planteamiento de la sostenibilidad, es lo verdaderamente diferencial, en el triple pilar medioambiental, económico y social. Lo importante es recoger
la sostenibilidad como marco de todos los programas españoles. Precisamos indicadores y mecanismos independientes de evaluación. La ley del 98 hablaba de desarrollo sostenible pero hace falta una nueva aproximación. La Agenda abre la puerta a
integrar la sostenibilidad.



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La Agenda es universal, la aproximación Norte-Sur está superada en el concepto de Cooperación. Ampliar el concepto de cooperación, sur-sur, triangular, delegada y otras formas que requieren una referencia explícita en la ley.


Integración de la sostenibilidad energética, infraestructuras, protección océanos y agua.


Se requieren nuevas herramientas de trabajo, contar con nuevos actores. La cooperación no es responsabilidad exclusiva de los gobiernos sino de toda la sociedad, como se reitera en NNUU y la OCDE. No dejar a nadie atrás requiere involucrar
sector privado, academia, parlamentos, sindicatos, sociedad civil filantropía.


Hablamos de actores, no de donantes. El ejercicio que se ha planteado en las organizaciones internacionales es cómo se pueden buscar las sinergias dentro d e cada país para que los actores puedan contribuir, manteniendo los márgenes de su
mandato específico, sin ánimo de lucro o con él, según la naturaleza del actor en cuestión. Los actores son actores, no donantes, este es un cambio de paradigma importante.


Buscar sinergias en la práctica. Valorar la experiencia de NNUU con los fondos de contrapartida (se aporta un montante, pero ha de conseguirse el equivalente de financiación de ese montante por parte de otros sujetos).


Cuestiones que pueden ayudar (basadas en el informe de pares CAD 2016 España, el próximo examen de pares es a final del 2021, es un buen momento para replantearse las recomendaciones que se hicieron en 2016.


1. Herramienta de coordinación de las entidades que están operando en cooperación en España, central, Comunidades Autónomas y entidades locales. En el 98 casi toda la ayuda se canalizaba por MAEC, ahora se canalizan por una pluralidad de
departamentos ministeriales (cultura, justicia), y lo mismo ocurre en el ámbito autonómico y local, luego la coordinación requiere un replanteamiento. Para ello puede servir mirar a otros países europeos, que son referencia en el trabajo del CAD,
porque ahora la AECID no puede gestionar esa colaboración de modo integrado, porque no forma parte de su mandato actualmente, incorporar la dimensión exterior, cultural y sectorial. Es preciso un órgano con suficiente rango para garantizar la mejor
sintonía entre los diversos agentes administrativos. Replantearse cuál sería esa entidad.


2. Personal trabajando en cooperación. Un potencial cuerpo de función pública se asociaba a la acción exterior, pero ahora el marco de actuación va más allá de la acción estrictamente exterior de España, podría crearse un cuerpo específico
de personas trabajando en cooperación: reconocimiento a nivel universitario, no solo de máster sino de grado en cooperación, integrada en los códigos de las áreas de conocimiento e investigación de la UNESCO, un cuerpo específico y área de
conocimiento e investigación específica en cooperación, lo que facilitaría un incremento de personas españolas trabajando en organismos internacionales en el área de cooperación, junto con la mejora de la situación de los cooperantes, y, asimismo,
facilitaría el proceso de especialización en España, mejoraría la evaluación y medición de impacto, en que es difícil encontrar empresas e instituciones, especialistas españoles en evaluación de impactos. Un incremento de recursos es necesario,
pero no suficiente, son precisas herramientas para que se utilicen adecuadamente y se evalúe el impacto lo que requiere especialistas.


3. Estrategia de coordinación y participación en los foros internacionales donde se negocian los temas de cooperación. OCDE, juntas de los órganos subsidiarios del CAD, hay un país que está en todas, España, en ninguno. En NNUU, en las
Juntas de gobierno en los fondos internacionales, no hay casi representación Española, y esto expresa una brecha considerable respecto de lo que España ha aportado en los mismos. Esa coordinación y participación en los foros requiere una estrategia
que va más allá del MAEC, sino que involucra a otros ministerios, requieren coordinación ministerial.


4. Distribución de los recursos: Las decisiones sobre la ayuda bilateral y multilateral y los correspondientes instrumentos es una decisión política pero requiere una estrategia específica. Ha hecho llegar Comparativa distribución de
recursos España-Reino Unido-UE. La UE dedica a presupuesto de 'core', esto es, de mantenimiento de las organizaciones, en 2018, últimos datos oficiales de que se dispone, un 1.8 %. España, el 63,2 % del presupuesto total de ayuda al desarrollo.


5. Es precisa una estrategia o Plan especifico para asegurar la involucración de todos los actores, comunidades autónomas, entidades locales, sector privado, think tanks, universidades.



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Sesión 20 de abril 2021.


1. Alfons Martinell Sempere. Director honorífico de la Cátedra Unesco: Políticas Culturales y Cooperación


Documentación aportada:


- Presentación en power point.


Documentación citada:


- Artículo 'Cultura y desarrollo sostenible: estado de la cuestión' en Revista para el análisis de la cultura y el territorio, ISSN 1577-1172, N.º 21, 2020, págs. 128-135:
https://revistas.uca.es/index.php/periferica/article/view/7017/6974


En los ODS no se incluyó un objetivo para la cultura, por la dificultad de los países de entender cómo la cultura está implicada en su propio desarrollo.


¿Por qué la cultura ha de formar parte de la Cooperación Internacional para el Desarrollo? Siempre la cultura ha jugado un papel en las relaciones con nuestros socios hispano-hablantes que se ha manifestado en la institucionalidad que llega
a la época de la democracia en España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, y por los fracasos en la cooperación internacional para el Desarrollo en la segunda mitad del siglo XX por no tener en cuenta la dimensión cultural. La visión
asistencialista en la relación entre desarrollo-pobreza y cultura genera algunos perjuicios y resistencias, entendiendo que todo lo relacionado con la cultura es suntuoso y prescindible ante la existencia de otras necesidades más básicas. Amartya
Sen señala 'en desarrollo no todo es sangre, sudor y lágrimas', poniendo el foco en la autoestima cultural como un factor esencial para el desarrollo humano. La Estrategia Cultura y Desarrollo de la Cooperación Española (2006) es un elemento
significativo de España en este campo. Asimismo por el valor y significado de la cultura en las sociedades globalizadas y el impacto de los cambios tecnológicos y por el nivel de elaboración y conocimiento de la comunidad internacional en este
campo.


Existen cuatro aproximaciones al enfoque cultural para el desarrollo, y dentro de las mismas, implicaciones en los diversos Estado:


1) Desarrollo del sistema o sector cultural: Supone mejorar las condiciones culturales, aumento de la posibilidad de expresividad, recuperar la memoria colectiva, participación en organizaciones culturales, procurar el equilibrio
territorial en la oferta cultural, acceso a bienes y servicios culturales, protección de la diversidad cultural, conservación del patrimonio cultural y natural, aumento de la participación en la vida cultural, comunicación exterior de la realidad
cultural, y contribución al bienestar y a la felicidad.


2) Aportes de la cultura al desarrollo: Impactos directos e indirectos en el desarrollo humano y económico, contribución de la cultura al Producto Interior Bruto y a la Renta Básica, creación de empleo directo, indirecto e inducido,
aportación a la cohesión social, contribución a la participación política, aportación del sector de la cultura a la convivencia ciudadana, vivencia y disfrute del espacio público, Incidencia en otros sectores como turismo, educación, hábitat, etc.,
incidencia en el bienestar de la comunidad, Contribuye a la imagen externa del territorio y del país.


3) Dimensión cultural del desarrollo: Valores culturales propios y diferenciados, y formas de vida; hábitat, relación con el medio ambiente, sociabilidad, conocimiento disponible, creencias espirituales, cosmovisiones, aportes de la
cultura a la calidad de vida, transversalidad de la cultura en diferentes ámbitos del desarrollo, saberes ancestrales y conocimiento aplicado, aportes de la expresividad y la creatividad a la innovación y el cambio social.


4) Generar capacidades para el desarrollo: Educación cultural dentro y fuera del sistema educativo: contribución al conocimiento disponible, fomento de potencialidades humanas al desarrollo, poner en valor los activos sociales. Aportes de
las capacidades culturales a las dinámicas del desarrollo, cultura y procesos de innovación social, retención de activos y talento personal, metodologías para la generación de capacidades culturales, capacidad crítica para entender la
contemporaneidad.


Como señaló el Informe de síntesis del Secretario General de las ONU sobre la agenda 2015, 'debemos aprovechar el poder que tiene la cultura en el cambio transformador que buscamos. Nuestro mundo es un notable mosaico de culturas diversas,
sobre el que se basa nuestra comprensión del desarrollo sostenible, que va evolucionando. Aún tenemos mucho que aprender de las culturas en el



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proceso de construcción del mundo que queremos. Si queremos tener éxito, la nueva agenda no puede seguir siendo de dominios exclusivo de las instituciones y los gobiernos. La gente debe desempeñar una función principal. Por lo tanto, la
cultura; en diferentes aspectos, debe ser una fuerza importante para apoyar la nueva agenda'.


2. Fernando Jiménez-Ontiveros Diego. Director de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera de la AECID.


Desafíos de la Agenda 2030: ya no se habla de países desarrollados o en desarrollo sino de problemas globales que ningún Estado puede por sí mismo resolver, cambio climático, migraciones, conflictos, narcotráfico, desigualdad de renta, que
hablan de lo imaginarias que pueden llegar a ser las fronteras, como se ha demostrado con la Covid-19: son precisas soluciones conjuntas a problemas compartidos. Es precisa una nueva narrativa de la cooperación internacional: no considerarla como
gasto o donación, que el contribuyente de países ricos hace, en un juego de 'suma 0', a los países pobres, sino invertir en el futuro de todos, en la idea de que apoyar a los países vecinos y prioritarios de nuestra cooperación va a redundar en
nuestro propio bienestar, con importantes retornos económicos, sociales y ambientales para nuestro país. Una de las riquezas de la cooperación española es su carácter descentralizado y multiactor, debiendo flexibilizar la normativa para que sea
posible esa generación fructífera de alianzas.


La Agencia se define porque es una Agencia que escucha. Tiene una gran capilaridad con 37 oficinas en el mundo, no somos una 'solución en busca de un problema' sino que escuchamos a los países. España ha sido ejemplo en el desarrollo de
respuesta al Covid: y ello ha supuesto un replanteamiento de prioridades en cooperación, lo que no supone un abandono de la Agenda 2030, pero sí va a generar una secuenciación que genere un continuo entre la ayuda humanitaria y la cooperación a
medio plazo que puede sintetizarse en las '3R': respuesta, recuperación, resiliencia. Toda crisis es una oportunidad, el mundo ha cambiado el año pasado, la salida de la crisis debe contar con una estrategia de salud global (vacunación,
reforzamiento de la atención primaria y de los servicios sociales), inclusiva (no dejar a nadie atrás, luchar contra el abandono escolar infantil, atención a la población más vulnerable) verde (enfatizando la lucha contra el calentamiento global y
el cambio climático). La digitalización y la tecnología ha cambiado la forma en que nos relacionamos. La 'muerte de la distancia' hay que implementarla en las sociedades emergentes, en tres áreas: conectividad, educación digital (África, y
América Latina: preocupantes las cifras de abandono escolar), y recuperación temprana. Se han puesto en marcha para ello cuatro Fondos: Educación digital (Educa), participación política de las mujeres (Ellas más), un fondo de transición ecológica
y otro de asistencia electoral.


La relación con la sociedad civil se está trabajando para establecer canales de comunicación y participación con las organizaciones de la sociedad civil, a través de la revisión y actualización de los instrumentos jurídicos existentes,
manteniendo la transparencia y rigor, pero reduciendo a través del registro de cooperantes, y mediante el seguro de cooperantes, la burocracia para que no haya un cierto costo de entrada para ciertas ONG, y para ello se va a reforzar la
convocatoria, a través de la Orden de bases, para favorecer alianzas multiactor. En 2020, se apoyaron 77 proyectos, con los fondos gestionados por el MAEC, 70 millones anuales, a ONGS por importe de 24,7 millones de euros, y existen 65 convenios
plurianuales que cimentan una relación más estratégica con 32 ONGDs, por importe de 40 millones de euros anuales.


En relación con la cooperación multilateral se ha configurado cada vez con mayor peso, siendo una de las señas de la acción exterior española, que puede dividirse en dos bloques: el bloque de la Unión Europea -Comisión Europea y otros
Estados miembros- y el de contribuciones a organismos internacionales. Tras el Brexit España es el cuarto contribuyente al presupuesto europeo, y específicamente para la cooperación europea, a través de este presupuesto, se destinaron el año pasado
1156 millones euros. De ahí que la Agencia intente que la cooperación española sea cada vez más europea, y la europea, cada vez más española. El reconocimiento europeo a la profesionalidad de la Agencia se traduce en la llamada cooperación
delegada, que son los fondos de la comisión y los Estados miembros facilitan a la Agencia para diseñar y ejecutar proyectos de cooperación y que llegaron a 447.4 millones euros, contando con blending (fondos comunitarios combinados con préstamos de
nuestra cooperación financiera). Cada vez estamos más integrados en un mecanismo de cooperación reforzada con la con Alemania, Francia e Italia, para propugnar un sello de cooperación europea, todo ello en vísperas de las nuevas perspectivas
financieras 2021-2027, por las que habrá más de 80.000 millones de euros para este tipo de instrumentos con un sello de Europa Global. Parte de ello, y en la lucha contra el Covid, se ha dado



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las llamadas 'Team Europe iniciatives' 180 iniciativas, de las que la Agencia ha manifestado que le interesan 54, en ámbitos de migración y desarrollo, recuperación temprana y educación digital.


En lo referente a contribuciones a organismos internacionales, la AECID colabora con 38, de ellos, 15, del sistema de Naciones Unidas, cuyos montos han llegado a 50 millones en 2019, 87 millones en 2020, y están programados para el presente
año 63,88 millones. La participación es mediante contribuciones voluntarias a las sedes de estas organizaciones como crecientemente buscando su apoyo sobre el terreno dada su especialización. El desafío es aumentar la cooperación multilateral y
centrarla en unas 15 organizaciones de ayuda humanitaria y desarrollo, y que nuestra donación tenga que ver con el peso de la economía española a nivel mundial.


Respecto a la cooperación financiera, el Gobierno español acometió, como país donante, en 2010, una reforma del entonces llamado Fondo de Ayuda al Desarrollo para apoyo a la internacionalización y las necesidades de la financiación
internacional para el desarrollo que son áreas no coincidentes, creándose por ley 36/2010 el Fonprode, con tres instrumentos: Cooperación técnica, créditos a estados y trabajo con instituciones microfinancieras, Pymes y fondos de inversión y
organismos internacionales. Existe una cartera en inclusión financiera de 308 millones de euros, créditos a Estados, 406 millones, fondos de inversión 116 millones y organismos internacionales 365 millones. El último año que tenemos información
hubo 185 000 personas vulnerables con acceso a microcréditos, gracias a la AECID, se han apoyado a 720.000 familias rurales, 300.000 explotaciones familiares, y cerca de 400.000 empleos en toda la andadura del Fonprode, de los cuales el 66 % son
mujeres.


La cooperación financiera española debe estar al nivel de los países de nuestro entorno. La cooperación financiera francesa es 32 veces superior a la española, tenemos capacidad de compromiso de 375 millones y de desembolso de 199 millones
de euros al año. Desde 2017 solo hubo una operación del Fondo por 21 millones de euros, habiéndose multiplicado en la actualidad por tres, esta cantidad, pero no es motivo de satisfacción, hay todavía un larguísimo recorrido por lo que es necesaria
una reforma de ley de cooperación que dote de instrumentos más flexibles, y que flexibilice procedimientos, es una ley reglamentista, necesitamos 5 informes por cada proyecto, hay restricciones por la sostenibilidad de la deuda, por lo que debe
existir una cogobernanza, debe buscarse en la ley una Plataforma de cogobernanza, que dependa menos de los Presupuestos Generales del Estado y que permita acudir a los mercados, como es el caso de los distintos modelos, como el modelo francés, tipo
holding dentro de la Agencia francesa, y un modelo alemán tipo banco de inversiones diferenciado de la cooperación técnica. En todo caso es fundamental que se aborde esta reforma.


3. Jesús María Gamallo Aller. Director General de Relaciones Exteriores y de la Unión Europea de la Xunta de Galicia.


Documentación aportada:


- Texto de su intervención.


- Ley 10/2021, de 9 de marzo, reguladora de la acción exterior y de la cooperación para el desarrollo de Galicia.


- IV Plan Director de la Cooperación gallega (2018-2021).


En su calidad de representante de la Comunidad Autónoma de Galicia, pone en valor la importancia de la cooperación descentralizada en el conjunto del Estado, para detenerme después en ciertos aspectos de la Ley gallega reguladora de la
Acción Exterior y de la Cooperación para el Desarrollo, vigente desde el pasado 5 de abril, con el fin de que sean de utilidad para esta Subcomisión. La cooperación descentralizada o sub estatal es tanto una singularidad de la cooperación española,
como una de sus principales fortalezas, tal y como se ha reflejado en numerosos informes y documentos estratégicos, como por ejemplo el Examen de Pares de la Cooperación Española realizada por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE en
2016 (en el que Galicia tuvo la oportunidad de participar activamente). Cuantitativamente, la cooperación descentralizada, realizada por Comunidades Autónomas y entes locales, representó en 2019 (último año para el que hay datos consolidados) el 33
% de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) bilateral, lo que en términos absolutos supone 357 millones de euros. Como dato a efectos comparativos, la AOD de la AECID en ese mismo año fue de 241 millones.


Sin embargo, lo que realmente es destacable de la cooperación descentralizada es su importancia a nivel cualitativo: 1) por el carácter plural y diverso que tiene la cooperación descentralizada, como



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expresión de la solidaridad y singularidad de cada territorio o región. Es rasgo distintivo de la cooperación descentralizada española el peso de las ONGD y sus socios locales, que canalizan y gestionan alrededor del 80 % de los fondos. 2)
por la experiencia y las capacidades acumuladas a lo largo de los años por los actores descentralizados en la gestión de políticas públicas en los niveles local y regional, en ámbitos competenciales propios. el avance que han experimentado algunas
Comunidades Autónomas en el desarrollo de ventajas comparativas y de señas de identidad propias de su política de cooperación para el desarrollo. 3) por el principio de subsidiaridad en lo que respecta a la mayor proximidad y cercanía que tienen
los poderes regionales y locales con la ciudadanía, lo que es muy importante para una mayor sensibilización a través de la Educación para el Desarrollo y la Ciudanía global, ámbito de especialización de la cooperación descentralizada, de manera que
la AOD bilateral bruta de las CCAA en esta materia representa más del 50 %, frente al 20 % de la Administración General del Estado 4) por la disposición a incorporar intereses relacionados con la solidaridad y la justicia en la definición de esta
política pública, dejando al margen intereses geoestratégicos o comerciales. Se han dado pasos asimismo para alcanzar posicionamientos comunes a través de los Encuentros anuales de Comunidades Autónomas y Cooperación, fruto de los cuales han
surgido iniciativas concretas como la Declaración conjunta 'De la crisis se sale cooperando', enmarcada en la crisis de la COVID-19, suscrita el 25 de mayo de 2020, por las 17 Comunidades Autónomas y 9 Fondos de Cooperación y a través de la cual se
convino destinar entre todos 2 millones de euros a los campamentos saharauis y a la población refugiada palestina.


En Galicia se ha abordado la reforma y adaptación de la anterior Ley 3/2003, de 19 de junio, de cooperación para el desarrollo, incorporando un título específico en esta materia en la ley reguladora de toda nuestra acción exterior,
entendiendo, por tanto, la cooperación para el desarrollo como un pilar básico de la acción exterior de la Comunidad Autónoma, expresión solidaria de la ciudadanía gallega. Desde esta óptica, y de cara a la reforma del sistema español de
cooperación internacional, parece apropiado que la cooperación para el desarrollo siga vinculada con la política exterior, como política pública que tienda a posiciones de consenso y que, en sus grandes objetivos, no esté sujeta a los vaivenes que
pudieran propiciar los cambios de gobierno.


En la nueva ley gallega se incorpora la Agenda 2030 y los ODS de una manera sustantiva (principios, objetivos, criterios y prioridades), aunque eludiendo referencias nominales para evitar que se produzca una obsolescencia prematura del texto
legislativo. La ley refuerza la especialización geográfica y sectorial de la Cooperación Gallega, con una atención específica a América Latina, a los Países Africanos de Lengua Oficial Portuguesa (PALOP) y a la promoción de la colaboración
transfronteriza con los agentes portugueses de cooperación. También refuerza el carácter participativo de esta política pública en los niveles de planificación, evaluación, gestión del conocimiento y rendición de cuentas, e incorpora el marco
normativo de referencia en transparencia, buen gobierno y participación ciudadana.


La ley también pone el acento en la complementariedad y coordinación entre las Administraciones públicas gallegas. Aspecto éste, el de la coordinación entre actores, que creemos que debería revisarse de cara a la Ley estatal de cooperación,
creando espacios y estructura para garantizar, no sólo el intercambio de información y el conocimiento mutuo, sino la coordinación y complementariedad efectiva, a nivel político, pero también técnico, de cara a la generación de actuaciones e
iniciativas conjuntas, desde su identificación y planteamiento. La nueva ley renueva los agentes y los sujetos de cooperación, reconociendo la gran diversidad de agentes existente, así como sus redes de coordinación, en base fundamentalmente a su
experiencia y capacidades, fortalecidas a lo largo de los años. En el mismo sentido, se considera que la nueva ley estatal debería hacer un esfuerzo por reconocer también a esta diversidad de agentes y sus redes, en especial en el caso de los
Fondos municipalistas, de acuerdo con sus especificidades. Sería positivo, además, establecer estrategias de trabajo conjunto con cada uno de los agentes que se centren en la especialidad y valor añadido que puedan aportar. Por último, la ley
gallega establece especificidades en relación a las normas generales del régimen financiero y presupuestario de la Xunta de Galicia, renovando el marco de financiación y control de las ayudas y subvenciones en el ámbito de la cooperación en el
exterior, lo que aporta la necesaria flexibilidad en su gestión, pero con garantías de calidad, eficacia y eficiencia.


De cara a la tarea que tiene encomendada esta Subcomisión, propone la elaboración de una regulación de subvenciones específica para esta materia que homogenice la multiplicidad de procedimientos administrativos y trámites burocráticos a los
que ahora se enfrentan los agentes de cooperación en su trato con las diferentes administraciones. Esta norma constituiría legislación básica y, por lo tanto, sería aplicable a todas las Administraciones Públicas, garantizándose así un régimen
jurídico



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unitario en este orden subvencional especial. Cierra su intervención con la defensa de la cooperación descentralizada o subestatal, por su singularidad y por el valor añadido que aporta al conjunto del sistema español de cooperación
internacional para el desarrollo, aunque también debilidades, como han señalado los sucesivos Exámenes de Pares del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), que han apuntado que se trata de un modelo disfuncional, atomizado y disperso, con problemas de
articulación y coordinación de los diferentes actores, una duplicación de esfuerzos y un variado desarrollo institucional y normativo. El proceso de actualización normativa y del sistema de cooperación internacional para el desarrollo en el que nos
encontramos inmersos es, sin duda, una oportunidad para revertir dichas debilidades y transformarlas en fortalezas.


4. Paul Ortega Etcheverry. Director de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, para informar sobre el objeto de la Subcomisión para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de Cooperación Internacional para
el Desarrollo.


Documentos aportados:


- Presentación en power point.


Documentos citados:


- Koldo Unceta: La Cooperación al Desarrollo Descentralizada: Una propuesta metodológica para su análisis y evaluación. Bilbao, Hegoa, 2011 1vol; 129 pp; 24cms, 978-84-89916-58-6, Español:


https://publicaciones.hegoa.ehu.eus/uploads/pdfs/36/Cooperacion_al_Desarrollo_Descentralizada_Investigacion.pdf?1488539169


- José Antonio Alonso: principal autor del documento 'Un nuevo sistema de cooperación al desarrollo para hacer realidad la agenda 2030: propuestas de reforma' (Informe del grupo de trabajo de capacidades y recursos del consejo de
cooperación)-(marzo 2020):


http://www.consejocooperacion.es/2462-2/


- Ignacio Martínez Martínez, tesis doctoral: 'La cooperacio´n internacional ante un contexto global de cambios profundos: una mirada al caso vasco'. Hegoa, 2019:


https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/45221/TESIS_MARTINEZ_MARTINEZ_IGNACIO.pdf?sequence=1&isAllowed=y


- OCDE: 'Reshaping decentralised development co-operation' (2018)


https://www.oecd.org/migration/reshaping-decentralised-development-co-operation-9789264302914-en.htm


Comienza exponiendo cinco notas de la cooperación descentralizada:


- Es una gran desconocida: 17 Comunidades Autónomas (5 Agencias autonómicas) + 1.150 entes locales de 9 Fondos de Cooperación y Solidaridad, agrupados en CONFOCOS + Diputaciones + Capitales + multitud de ciudades y pueblos. El caso español
es el más relevante a nivel internacional. La Ayuda descentralizada CAD de la OCDE: 2.457 millones $ (2019). Es un fenómeno de pocos países. CAD recoge datos de únicamente 10 países: Ayuda descentralizada representa un 4 % del AOD bilateral de
estos 10 países y un 2 % del total del AOD bilateral de los países del CAD-OCDE. Se opera en multitud de redes siendo relevante a nivel europeo, PLATFORMA (Coalición paneuropea de 30 gobiernos locales y regionales).


- Cuantitativamente, es una realidad relevante (Datos 2019): Cooperación subestatal española: supone el 33 % de la AOD bilateral; la AOD descentralizada española: 357 millones de euros (mientras el presupuesto ejecutado de la AECID
ascendió a 241 millones €). Además, en crecimiento en los últimos años a pesar de las restricciones derivadas de las crisis y del auge de los discursos populistas y xenófobos. En relación con las CCAA, 5 de sus entidades figuran entre las 10 con
mayor presupuesto del mundo (Aitor Pérez, del Real Instituto Elcano):



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Fuente: elaborado a partir de la base de datos CRS (OCDE,2020).


- Lo más relevante es lo cualitativo: el alto valor diferencial y la importancia de la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil: ONGDs y socios locales (cerca del 80 % de los fondos se canalizan a través de ONGDs); una
cooperación basada en la solidaridad, no vinculada a lógicas de interés 'nacional' diplomáticas o comerciales, en la que el enfoque territorial facilita la movilidad de agentes diversos de forma articulada, donde se da una mayor horizontalidad,
permite la transferencia del conocimiento y el aprendizaje mutuo, la cercanía a la ciudadanía, educación para el desarrollo y la capacidad de construir redes de solidaridad desde abajo y desde cerca: agilidad, capacidad de innovación y capilaridad
de sus actores.


- Enorme potencial para realizar una contribución específica y relevante a los desafíos globales, que no busca copiar el modelo central, sino ahondar en sus señas de identidad y su valor añadido, permite innovar en experiencias de gestión
pública, brindar apoyo político a actores e iniciativas innovadoras y constituye una oportunidad para el impulso de las Coherencia de Políticas para el Desarrollo a nivel regional y local.


- Una narrativa para la cooperación subestatal. Las narrativas de la localización de los ODS y la de las competencias propias son adecuadas, pero puede tener más sentido una narrativa anclada en su propia tradición y su potencial de futuro,
basada en la ciudadanía global y el papel de la sociedad civil organizada en el desarrollo y la democratización (Aitor Pérez), o enfocada a una cooperación para la convivencia global (Ignacio Martínez).


Rasgos de la Cooperación vasca:


- Prioridades: 1) equidad de género. La OCDE publicó un informe sobre cooperación descentralizada 'Reshaping decentralised development co-operation' en el que se analizaron 4 estudios de caso. Euskadi fue uno de ellos evaluando nuestra
cooperación para promover la equidad de género (2018). 2) enfoque de derechos humanos 3) educación: estrategia de educación para la transformación social -Habian 4) acción humanitaria 5) Creciente cooperación con África, como región cada vez más
prioritaria.


- Posee un rico tejido asociativo, especialmente ONGDs.


- Coherencia de políticas para el desarrollo.


- Trabajo interinstitucional (Elankidetza-Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo + Euskal Fondoa + Diputación foral de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa + Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián y Bilbao + otros
municipios).


- Volumen de fondos (datos 2019): conjunto de instituciones vascas: 68,5 millones €-863 iniciativas en 60 países (portal de cooperación pública vasca); gobierno vasco: 49,4 millones € (3,5 millones AOD de otros departamentos); 0,41 %
del presupuesto; 21 € por persona.



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Sobre el marco de la reforma: 'La cooperación debe transformarse para ser transformadora' (El Día Después):


1. Necesidad de reforma ambiciosa y profunda, que vaya más allá de la Ley, y que nos emplaza a una acción transformadora desplegada tanto en el ámbito doméstico como en la esfera internacional.


2. Necesidad de entender la cooperación al desarrollo como una responsabilidad compartida (aunque con diferentes niveles de responsabilidad) y como un espacio abierto al concurso de todos los países (desarrollados y en desarrollo) y de
todos los niveles de gobierno (estatal, regional y local), y no como una tarea exclusiva de los gobiernos centrales de los Estados ricos.


3. Una nueva Ley por si misma no cambia las políticas de cooperación ni el modelo de cooperación. Necesidad de acometer todo ellos de forma simultánea y creativa: Impulsar nuevas líneas de cooperación, a la vez que se acomete una reforma
y se inicia el proceso de la nueva Ley.


4. Innovación y construcción de alianzas, los 2 pilares de referencia a los que debería responder el proceso de reforma.


5. No olvidar el poder transformador de la cooperación ni el aprendizaje fundamental de esta crisis de la COVID-19: la necesidad de cooperación. Referencia a la iniciativa de agentes de cooperación descentralizada en mayo de 2020 en el
contexto COVID-19: 'de la crisis se sale cooperando'-Declaración de CCAA y CONFOCOS y Gesto de aportaciones de 2 millones € para refugiados de las CCAA.


Cinco propuestas para la nueva ley estatal de cooperación:


1. Reconocimiento de la capacidad de actuación plena, -incluida su capacidad de desarrollo normativo- de CCAA, Diputaciones y Entes Locales, así como la realidad de las asociaciones de estos, especialmente los Fondos de Cooperación y
Solidaridad.


2. Que de un modo expreso ponga en valor, que otorgue amparo legal y reconozca esta realidad de cooperación descentralizada como una de sus señas de identidad más sobresalientes de la cooperación española y con un modelo diferente en base a
sus potencialidades y conexión.


3. Revisar leyes y normativas estatales que inciden directamente en las competencias e instrumentos de las Administraciones autonómicas y locales para permitir llevar a cabo de forma más eficiente y ágil sus políticas y proyectos de
cooperación internacional para el desarrollo (desde la ley de subvenciones a la reguladora de las bases del régimen local y la de racionalización y sostenibilidad de la Administración local).


4. La Ley debería permitir e impulsar que los agentes de cooperación subestatal realicen cooperación delegada de la CE, no dejándola exclusivamente en manos de los agentes de la Administración Central.


5. Tomar en consideración los procesos de las leyes autonómicas.


La cooperación subestatal o cooperación descentralizada aporta una mayor permeabilidad en el territorio, moviliza, acoge y desarrolla las capacidades locales y puede ser una pieza clave en el desarrollo de una ciudadanía global comprometida
con las causas del mundo. Si esta nueva iniciativa legislativa busca activar y potenciar la capacidad transformadora de todo el ecosistema de la cooperación para el desarrollo y el avance en la Agenda 2030, los agentes de la cooperación
descentralizada somos una palanca de alianza que habrá que contemplar e integrar en una visión compartida.


Sesión 26 abril 2021.


1. Martha Lidia Godínez Miranda. Alianza Política Sector de Mujeres de Guatemala. Alianza de 30 asociaciones feministas para contribuir al desarrollo de Guatemala y promoción de los derechos humanos.


Las mujeres constituyen 51.53 % de la población. El 35.4 % de la población es indígena en Guatemala y de ella un 51.2 % son mujeres. El empobrecimiento alcanza el 60 % de la población, y el 76 % de la población indígena.


Destaca la importancia de la cooperación bilateral y multilateral de España para Guatemala, especialmente en la firma de los acuerdos de paz.


Hoy existe el reto impuesto por la pandemia del Covid-19 plantea crisis estructurales: trabajo, alimentación, derechos humanos, cambio climático y justicia. La cooperación bilateral y multilateral ha contribuido en gobernanza,
gobernabilidad, apertura democrática, para potenciar la participación de los



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sujetos sociales y políticos. Se ha potenciado y sigue siendo necesario un desarrollo rural integral en agua y desarrollo local, con la participación de los actores institucionales donde ha sido vital la descentralización y desconcentración
y la participación en el desarrollo sostenible. Una de las prioridades de la cooperación ha sido fortalecer la participación de los pueblos originarios y de las mujeres y el fomento de su participación para tener acceso a la salud, a la educación y
a la vivienda.


En el contexto de la reforma de la cooperación, los derechos humanos como marco de centralidad, fortalecer la inversión en recursos en gasto social en cuestiones fundamentales, porque Guatemala ha estado viviendo su crisis más intensas,
desde 2015, ha habido una crisis institucional en torno a la cooptación del Estado, impunidad en materia de corrupción, debilitamiento del papel del Estado, por lo que la cooperación bilateral en el fortalecimiento del Estado la transparencia y
rendición de se hace fundamental. El pacto de corruptos está dificultando la gobernabilidad en Guatemala, con el problema de la cooptación de las Cortes, es decir, de la aportación de recursos a redes clientelares para favorecer todo un sistema de
impunidad.


Valoran mucho la cooperación española, que es muy necesaria para Guatemala, en recursos, asistencia técnica, en cuestiones como la reforma del Estado, respeto a los derechos humanos, de todos, pueblos indígenas, mujeres, reformas de
justicia, y el desarrollo rural integral, acceso a la justicia, invertir en gasto social, fortalecer la protección de los defensores de derechos humanos, sobre todo en lo que se relaciona con la protección del medio ambiente y un marco ético de
protección de los derechos humanos en la actividad extractiva, teniendo presente la diversidad multiétnica de Guatemala.


Una cooperación sobre criterios de no clientelismo, ni favoreciendo las prácticas clientelares de los gobiernos de los países receptores. Coherencia en el control de los principios sobre los que operan las multinacionales en terceros
estados, respeto al medio ambiente y a los derechos humanos. Lucha contra problemas estructurales: lucha contra el empobrecimiento, desde la sustentabilidad y sostenibilidad, fortalecer las relaciones de cooperación, la democracia, fortalecer los
enfoques de derechos individuales y colectivos, enfoque feminista, que se reduzca la criminalización de los Estados, contra el avance de los fundamentalismos religiosos. Definir un papel más activo de las instituciones de gobierno, en lo
territorial, en lo macro y a nivel regional. Se debe coordinar entre actores de estos diferentes niveles.


La pandemia obliga a esfuerzos colectivos, en algunos países se ha debilitado el sistema de salud, el acceso al trabajo y al empleo, y sigue siendo vital la participación de los trabajadores, las mujeres que ante el cierre de los servicios
esenciales han asumido en sus hogares un alto porcentaje del trabajo de cuidados. Alimentación, cuidado, salud, condiciones laborales, agua, gobernabilidad, fortalecimiento de la ayuda humanitaria, lucha contra la violencia contra las mujeres, todo
ello vital en un contexto de pandemia.


2. Samir Elhawary. Coordinador humanitario Adjunto y Jefe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.


La acción humanitaria busca salvar vidas y aliviar el sufrimiento humano en entornos de crisis o conflicto. No busca transformar sociedades ni puede ser el sustituto de la voluntad política para resolver la crisis o el conflicto. En
Naciones Unidas, la acción humanitaria se enmarca la Resolución de la Asamblea General 46/182, que pone el énfasis en la soberanía del Estado, en los principios humanitarios y desarrolla un sistema de coordinación, incluyendo Naciones Unidas y la
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, pero que incluye a otros actores como ONGs y el movimiento de la Cruz Roja.


Por el principio del respeto a la soberanía del Estado, se requiere un consenso del Estado receptor para la entrada de ayuda humanitaria. El derecho internacional humanitario exige el carácter imparcial y neutral de las organizaciones
humanitarias, sin que la acción pueda suponer ventaja alguna para las partes del conflicto. Existen cuatro principios clave: humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia, lo que requiere atención a todas las personas en contextos de
crisis, sin discriminación, que las organizaciones no tomen partido en un conflicto y que no hay indebida influencia o interés en el resultado de un conflicto.


En Venezuela se está viviendo un contexto altamente politizado por la cuestión de la legitimidad del gobierno. Por parte del gobierno no existía un reconocimiento de la necesidad de la ayuda humanitaria o bien señalaba que la necesidad de
la misma se debía a las medidas internacionales contra el país desde 2017, mientras que la oposición apoyaba la necesidad de esta ayuda. En febrero de 2019 hubo incidentes que hicieron mucho daño a la imagen de la ayuda humanitaria, pues se forzó
por la oposición la ayuda humanitaria a través de las fronteras, con el apoyo de donantes internacionales, pero dicha asistencia no logró entrar en el país y dio la impresión, también sentida por el gobierno, de que la ayuda



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humanitaria tenía fines políticos, lo que causó un todavía mayor cierre del espacio humanitario. En 2019, en base a la resolución citada de la Asamblea General, se presionó por parte de OCHA para que existiera ayuda humanitaria a través del
sistema internacional, haciendo énfasis en los principios y en su cumplimiento por parte del sistema de Naciones Unidas.


En 2019 se aceptó que el Coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas también fuera el Coordinador humanitario, por lo que, mediante un sistema de clusters, surgió la posibilidad de coordinar un primer plan de ayuda humanitaria de
174 millones de dólares, del que resultaron beneficiadas 3.6 millones de personas, con prioridades como salud, agua y saneamiento. Se estableció, pues, la arquitectura internacional precisa con el que estuvieron de acuerdo el gobierno, la oposición
y los donantes. En 2020 se llevó a cabo un segundo plan, más ambicioso, en relación con la pandemia de la Covid-19, con un total de 772 millones de dólares para beneficiar a 5 millones de personas. Aunque financiado al 22 %, se pudo responder a la
emergencia de la pandemia, tanto en el sistema de salud como en la ayuda al retorno de personas por la pandemia.


Logros de este plan de 2020: han podido fortalecer la respuesta en más de 50 establecimientos de salud, apoyo en términos de seguridad alimentaria y nutrición, ayudar en reducir la brecha digital en el ámbito de la educación, en agua y
saneamiento. Contribuyeron al acuerdo entre oposición y gobierno para luchar contra la Covid que desbloqueó, para facilitar unos recursos que estaban bloqueados en España y en Estados Unidos. España fue uno de los primeros donantes a un fondo en
2020 y 2021, que financia a 12 ONG y fortalece el rol de las ONG y actores locales en la respuesta nacional. La primera asignación de dicho fondo fue en salud sexual y reproductiva. Se ha producido un acuerdo hace semanas con el Programa Mundial
de Alimentos, que llevaba discutiéndose desde hacía dos años, para dar respuesta al problema de seguridad alimentaria, que afecta a 2,4 millones de personas con inseguridad alimentaria severa, y a 7 millones con inseguridad alimentaria moderada. La
entrada del PMA va a ayudar en términos de capacidad de respuesta.


Desafíos: las ONGs nacionales no tienen espacios para trabajar, hubo allanamientos de sedes, están tratando de que se pueda dialogar entre el gobierno y las ONGs para que llegue realmente la ayuda humanitaria, y para las ONGs
internacionales, tengan un sistema de registro, pues de momento solo pueden registrarse como asociación civil nacional, lo que implica dificultades para poder conseguir visados, para importar insumos, por restricciones gubernamentales. Se aprobó un
decreto en octubre de 2020, para facilitar su registro, que todavía no se ha implementado, y se está trabajando para acelerarlo.


Las transferencias monetarias fueron suspendidas al principio del año y se está trabajando para desbloquear la situación. Otro problema es la financiación, en 2020, los mayores donantes son Estados Unidos y la Unión Europea, están
estudiando como se pueden ampliar los recursos. Muchos de los donantes tienen una posición política sobre el conflicto en Venezuela, a la que, sin embargo, no subordinan los principios de ayuda humanitaria sino que se reconocen las necesidades y se
fortalece la financiación sobre la base de los principios humanitarios sin que la posición política sea un obstáculo para ello.


En las deliberaciones de la ley de cooperación, se recomienda reservar un espacio protegido a la ayuda humanitaria y a sus principios según la citada resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, para que esta sea posible incluso en
contextos de alta politización como lo es el caso de Venezuela.


Sesión 27 abril 2021.


1. Josep Piqué Camps. Presidente del Patronato de la Fundación Iberoamericana Empresarial.


Documentación aportada: texto de su comparecencia


La Fundación Iberoamericana Empresarial surge en 2013 a raíz de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz. Promueve la integración de la Comunidad Iberoamericana a través de sus empresas. Elabora estudios y recomendaciones de carácter transversal
sobre, por ejemplo, integración iberoamericana, visados, agenda digital, educación superior y profesional, transición energética, buen gobierno corporativo, transición energética sostenible y agenda para la recuperación post-Covid, este último
presentado ante el Parlamento Europeo, financiado por el banco de desarrollo CAF y elaborado por el grupo de trabajo presidido por Román Escolano. Este documento ha sido endosado en la reciente Cumbre iberoamericana de Andorra, por los Jefes de
Estado y de Gobierno. Asimismo se organizan encuentros sobre el fenómeno de las empresas multilatinas y sobre procesos de integración como la Alianza del Pacífico.



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Las empresas en la cooperación internacional plantean el tema de la cooperación institucional. Los valores de la cooperación internacional son clave y característica de la acción exterior de un país, y se ponen en práctica a través
especialmente del ODS 17, alianzas para lograr los objetivos. La Agenda de acción de Addis Abeba pone énfasis en esta cooperación mediante alianzas, colaboración público-privada. También desde la coherencia con los principios orientadores de la
Comisión Europea sobre la modernización de la economía, creación de empleo y crecimiento y desarrollo: estrategia digital y lucha contra el cambio climático-Green Deal, que ha de formar parte transversalmente de todos los proyectos de la
cooperación.


Esta cooperación actual es más necesaria que nunca: mundo globalizado, interconectado, con cadenas de valor integradas pero que generan problemas, como la crisis del Covid, el incidente del Canal de Suez y las incertidumbres asociadas.
Como se van a reconfigurar los mercados internacionales, qué impacto genera el Covid sobre la localización industrial, debate sobre la autonomía estratégica de la UE. Estamos en un mundo en crisis que nos obliga a que la cooperación sea inmediata,
flexible y eficaz.


En la esfera política hay un debate abierto entre apertura y proteccionismo, unilateralismo y multilateralismo. La apuesta de este país es una clara apuesta por la multilateralidad, un ejemplo claro es la Unión Europea, y la nueva posición
de la nueva administración norteamericana abre nuevas perspectivas. Implica visión abierta, flexible, diálogo y logro de objetivos comunes. Son valores y actitudes que tienen reflejo en la democracia representativa y en el orden liberal
internacional.


El debate sobre la condicionalidad de la ayuda al desarrollo está abierto. Derechos humanos, libertad individual, estado de derecho, separación de poderes, igualdad hombres y mujeres, pluralismo, no discriminación, valores que, aunque
ilustrados, son universales y la cooperación debe servir para el fortalecimiento institucional y el Estado de derecho, seguridad jurídica, identificar socios locales, relación fluida y constructiva con las comunidades locales y que luche contra la
corrupción.


El ODS 16, paz, justicia e instituciones solidas, plantea también la conveniencia absoluta de la colaboración público privada y pone en valor el papel de las empresas en la cooperación. En los últimos tiempos, a través de la responsabilidad
social corporativa, las empresas se han ido orientando a acciones sociales específicas, pero cada vez se enfoca hacia la competitividad en sectores claves, infraestructuras, agua, digitalización o finanzas, donde existen empresas muy competitivas.
Esto ha de orientar la estrategia de la cooperación internacional. La colaboración entre Gobierno, empresas y sociedad civil exige la transformación del papel de la AECID, en la nueva ley.


A la AECID es necesario dotarla de mayor autonomía de gestión, un mecanismo claro y transparente de rendición de cuentas, de instrumentos que posibiliten un esfuerzo de captación de fondos europeos y multilaterales, para lo que ha de contar
con una cartera de proyectos y disponer de recursos humanos y materiales para liderarlos. Debe hacerse un esfuerzo en la adicionalidad financiera, financiación no reembolsable, como en el plan de viabilidad y asistencia técnica, contar cada vez más
con las empresas y las fundaciones empresariales y corporativas, respuesta ágil y eficaz a las emergencias humanitarias lo que implica una estructura a largo plazo, consensos básicos, acuerdos de largo alcance y que puedan proyectarse
independientemente de los cambios de gobierno.


En referencia a dos áreas geográficas a las que España ha de pensar atención: la primera es África. Es necesario hacer autocrítica por el abandono conceptual de África, tradicional en la acción exterior de España, porque los tres ejes
prioritarios han sido Europa, Iberoamérica y el Mediterráneo. Este es el siglo de Asia, por lo que nuestra mirada allí ha de ser más relevante. El centro de gravedad del planeta está en el Estrecho de Malaka, ahí se va a concentrar la política
exterior de EEUU y la pugna entre EEUU y China. Pero no hemos mirado suficientemente a África, que es ya un continente sujeto a profundas transformaciones, de aquí a mitad de siglo va a doblar su población, 2500-2700 millones de habitantes, con un
actual crecimiento de la clase media, con un proceso de institucionalización, y un avance hacia la seguridad jurídica, y con tres grandes polos: África del Sur, Nigeria y Etiopía. Nigeria podría a final de siglo tener más habitantes que la propia
China, por su dinamismo demográfica, 700 millones de habitantes.


La otra prioridad es América Latina. Como presidente de la Fundación Iberoamericana empresarial, no es un tema fácil. Es tradicional por parte de Europa un vínculo atlántico que solo miraba al Norteamérica por lo que en España, tenemos la
obligación de que se mire a América Latina, que lo está pasando mal, que no dispone de paraguas como un banco central que financie las necesidades de incremento de gasto que repercute en la deuda, donde hay países de rentas bajas y medias, con un
grado enorme de disfuncionalidad en el mercado de trabajo. Es necesaria una cooperación holística, estratégica, con visión a largo y medio. Es importante que América Latina se lo crea, y que piense que puede ser una región



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relevante, y con la mirada puesta en la integración: Mercosur, SICA, y la Alianza del pacífico, experimento este último más pragmático, en marcha y que conviene apoyar.


Celebra que en la cumbre de Andorra los Jefes de Edo y de Gobierno hayan apostado por cooperación con las vacunas. Dotar de pleno sentido estratégico a nuestra cooperación internacional, reforzar autonomía económica y de gestión de AECID,
que pueda captar recursos europeos y multilaterales, transparencia y rendición de cuentas, compromiso con los valores democracia y libertad, todo ello desde el máximo espíritu de consenso.


En el ámbito de la colaboración público-privada hay un gran consenso. Puede ser muy útil. Quienes saben hacer son las empresas, que deben actuar desde las directrices trazadas por la Agencia, por los poderes públicos, con emprendimiento
social, e incorporación de las Pymes. La cultura empresarial implica generar valor para el accionista, pero ha de ser complementado con el valor social y la ampliación del 'capital social' de las empresas, y eso cada vez es una exigencia más
económica, exigencia de los fondos de inversión a la hora de financiar proyectos empresariales. Este proceso ha venido para quedarse. Merecerán el apoyo de la cooperación las empresas que generen ese valor social añadido, pero también de sus
accionistas. La simplificación burocrática es esencial, acompañada de la transparencia y la accountability, rendición de cuentas, que debe ser, desde el espíritu de la nueva ley, especialmente protegida, informar a la ciudadanía a través del
Congreso.


Sobre la conveniencia de un banco de desarrollo, hay experiencias europeas, pero tomar una decisión no es fácil, la ley puede contemplarlo, pero hay que fijar criterios de eficacia, y hacer un ejercicio de comparación para ver (y evitar) los
errores cometidos en aquellos países en que existe este modelo.


Sobre la cuestión de dónde tiene que estar la Agencia, claramente debe ser un organismo transversal, es decir, aunque esté dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, debe garantizar que los restantes organismos públicos estén presentes y
también las instituciones representativas del mundo empresarial.


Finaliza su intervención señalando que la Agenda 2030 sirve al cumplimiento de los ODS, por lo que no debería supeditarse a criterios partidistas sino construirse sobre la búsqueda de consensos.


2. José Ángel Calle Suárez. Director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo.


Documentación aportada: texto de su comparecencia


Documentos citados:


Declaración de Mérida: http://cooperacionlgbt.org/wp-content/uploads/2019/11/Declaraciòn-Médira-Cooperación-Internacional-LGBTI.pdf


'De la crisis se sale cooperando'. Declaración conjunta de las cooperaciones descentralizadas (2019).


https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2020/de-la-crisis-se-sale-cooperando-las-cooperaciones-descentralizadas-presentan-una-declaracion-conjunta-en-respuesta-a-la-crisis-de-la-covid-19/


Las leyes de cooperación, las autonómicas también, sufren obsolescencia, en el ámbito autonómico, después de Galicia, Euskadi, Cataluña, Aragón Extremadura e Islas Baleares están ahora en proceso de actualizar el marco normativo. También
existe la necesidad de la reforma de la ley de subvenciones, porque pocas políticas están sujetas a tanta fiscalización, ha de tenerse en cuenta la singularidad de la cooperación, ha de haber controles, pero controles adaptados a ella. La Ley
reguladora de las Bases del Régimen Local impide y dificulta el desarrollo de la política de cooperación en términos municipalistas.


La cooperación subestatal en el conjunto de la cooperación española en el caso de Extremadura, con un presupuesto de 5. 797.947 €, según datos consolidados de 2019, es, en términos cuantitativos de AOD la 6.ª Comunidad Autónoma, en términos
absolutos de AOD (8.194.952€), 4ª en AOD sobre el total de su presupuesto (0.141 %). 3ª en AOD por habitante (7.962€), 3ª en relación al PIB (0.04 %). Ocupa el octavo lugar de la Unión Europea en volumen de desembolsos brutos en AOD (13 millones
de USD). Extremadura está participando como parte de la cooperación subestatal en el examen de pares del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE del año 2021.


La cooperación subestatal, aunque con diferencias sustanciales entre algunas Comunidades Autónomas, ha permitido sostener la cooperación española en los peores momentos de recortes. Es un actor clave y complementario para la cooperación
española en la construcción de la democracia: a)



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Impulsando iniciativas que generen convivencia frente a los discursos de odio b) Construyendo democracia a través de la gobernanza con actores de la sociedad civil organizada y nuestros socios locales c) Articulando estrategias que hagan
frente a la internacional del ocio y que promuevan democracia. Generando un modelo que promueve la participación no solo en la ejecución de la política (más del 90 % de la AOD de Extremadura la canalizan las ONG de desarrollo) si no en su diseño.
la Junta de Extremadura a través de la AEXCID ha puesto en marcha 3 ámbitos estratégicos que constituyen el espacio para la articulación de la participación de todos los actores de cooperación, a la vez que proyectan de manera estratégica la
política pública de cooperación de Extremadura. Estos 3 ámbitos nacen fruto del consenso y son la expresión de la identidad y las capacidades de los actores extremeños que además responden a los desafíos globales de nuestro tiempo, estos son: a)
Sostenibilidad de la vida (cambio climático y salud global) b) Feminismos y desigualdades, incluyendo la cooperación feminista y LGBT c) Movilidad humana y migraciones, con una estrategia basada en trabajo en origen, protección en tránsito,
investigación en frontera y construcción de nuevas narrativas en destino.


Esta identidad propia pero complementaria, nos ha permitido elevar la Declaración de Mérida a la AECID. Esta declaración promueve el trabajo por los derechos de las personas LGBT en las políticas públicas de cooperación para el desarrollo.
Extremadura lleva haciéndolo 20 años. Igualmente esta identidad y relación con los portugueses, ha generado una articulación con la cooperación portuguesa a través del Instituto Camões.


Aportes a la reforma desde la Cooperación extremeña.


El nuevo marco normativo tiene que tener muy presente los nuevos modelos de planificación. La ley debe orientar estos modelos hacia documentos más estratégicos, flexibles y participativos, en la participación se juega la solvencia y el
reconocimiento ciudadano de esta política, teniendo muy presente a la cooperación subestatal y su singularidad. Esto también está relacionado con el establecimiento de prioridades geográficas, que deben estar más orientadas a superar las
desigualdades dentro de los territorios y espacios territoriales que superen la lógica de estado-nación.


Se debe dignificar la carrera profesional de las personas cooperantes. La ley debe establecer el marco general para poder mejorar el Estatuto del Cooperante, al mismo tiempo que reconoce el valor del voluntariado internacional, hasta ahora
ausente en el marco regulatorio de cooperación, pero que Naciones Unidas considera un factor clave para movilizar a las sociedades, mejorar la gobernanza, promover la paz, el desarrollo, creando consciencia de interdependencia y construcción de una
ciudadanía global.


Se deben contemplar nuevos Instrumentos que permitan una respuesta rápida y flexible a los desafíos. Particularmente debe contemplar instrumentos que permitan la articulación de iniciativas entre las Comunidades Autónomas y el Estado. Las
Comunidades Autónomas están preparadas para asumir parte de la cooperación delegada, también son Estado.


Debe ampliarse el mapa de agentes y se debe promover su participación real, según sus capacidades y experiencias, en programas de cooperación. Desde Extremadura se reivindican los ámbitos estratégicos como un espacio válido para esta
promoción de la participación. Se trata de reconocer, de una vez, que por ejemplo, las mujeres rurales organizadas, las agrupaciones de jornaleros o las asociaciones vecinales son agentes de desarrollo sostenible y que sin su aporte, la cooperación
para el desarrollo dejaría de lado todo su conocimiento y experiencia en el desarrollo de nuestras sociedades, incluyendo la lucha por los derechos sociales, políticos, económicos, culturales y medioambientales.


La coherencia de políticas para el desarrollo debe ser un elemento fundamental para comprender las dinámicas que inciden en el desarrollo y que muchas veces hacen que la cooperación solo sea una herramienta paliativa en lugar de la enorme
herramienta transformadora que es. Nos preocupa cumplir con el 0,7 pero también nos inquieta ser coherentes con el 99,3 restante.


Por último, una mayor y mejor coordinación institucional y blindaje de la financiación. Se debe reconocer que en los últimos 2 años desde la Secretaría de Estado de Cooperación con DGPOLDES y AECID a la cabeza, se ha hecho un ejercicio de
coordinación que echábamos de menos: Activación de los Convenios con AECID, Convenio de Acción Humanitaria, Foro de Planificación y Eficacia, Foro para el trabajo de construcción de los Indicadores de Rendición de Cuentas o la articulación para la
elaboración de los Marcos de Asociación País (MAP).


No obstante, tanto la Comisión Interinstitucional como el Consejo de Cooperación se han demostrado insuficientes para trasladar las propuestas políticas de las Comunidades Autónomas, por lo que sería



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interesante que el nuevo marco pudiera atender de manera más certera cómo integrar a todos los actores, particularmente a la cooperación subestatal, otorgándole un peso específico.


La cooperación extremeña aporta la singularidad y complementariedad con la cooperación española: 20 años haciendo cooperación LGBT. En el último año, el enfoque de diversidad se ha considerado clave en la implementación de los acuerdos de
paz de Colombia. La iniciativa 'Feministas cooperando', alianza de actrices feministas, el 'observatorio del derecho de asilo, las migraciones forzadas y las fronteras, el 'Congreso internacional de periodismo de migraciones de Mérida' para la
generación de otra narrativa sobre las migraciones que contraponer al discurso de odio. Ruptura de la lógica norte-sur en las iniciativas de la cooperación extremeña lo que genera procesos transformadores, involucrando al tejido social local en
cada uno de los proyectos financiados.


3. Miquel Carrillo. Consultor en cooperación internacional y miembro de la Asociación Catalana de Ingeniería sin Fronteras.


Documentación aportada: texto de su comparecencia


La cooperacio´n en nuestro pai´s deberi´a situarse en un conjunto de para´metros hoy en di´a necesarios para construir una poli´tica pu´blica con impacto:


- Debe disponer de una visio´n poli´tica. El debate de la eficacia y la eficiencia de la ayuda debe superarse, por una cooperación que transforme los países y estar orientada a provocar cambios con un enfoque de derechos humanos, superando
la visio´n de la transferencia de recursos que permiten avances materiales sin incidir en titulares de obligaciones y responsabilidades.


- Integrar un enfoque feminista y ecologista. Integrarse en la lucha contra la emergencia climática y ambiental, el marco en el que actuar y la consecuencia de las desigualdades a erradicar.


- La cooperacio´n deber convertirse en el centro de nuestra poli´tica exterior y no en un mero complemento. No es un instrumento ma´s, sino el paradigma de una nueva relacio´n entre sociedades que necesitan colaborar entre ellas para tener
alguna posibilidad de sobrevivir en los pro´ximos an~os.


- Profundizar en la coherencia de poli´ticas para la justicia global tanto a nivel de enfoque y estrategia, como de mecanismos, capacidades y exigencia conjunta del sistema (administraciones, empresas, etc.), alinear y orientar las
poli´ticas hacia la sostenibilidad y la consolidacio´n de los derechos humanos.


- Interiorizar, potenciar y articular la red de actores que forman parte del sistema de cooperacio´n en Espan~a, tanto entre las administraciones pu´blicas, como en referencia a universidades, ONG, sindicatos, empresas pu´blicas y
cooperativas, etc.


- Acometer las reformas institucionales necesarias, a fondo y con ambicio´n, desarrollando las herramientas que los nuevos desafi´os reclaman.


Recomendaciones para la nueva ley:


- Prever el cambio del conjunto de leyes que permiten su pleno desarrollo, entre ellas la Ley de Subvenciones, contratos pu´blicos, LRSAL, tributacio´n y mecenazgo, etc. Sin la eliminacio´n de las barreras existentes, se producira´ a medio
plazo la desactivacio´n e implosio´n de esa red de agentes que diferencian y dan relevancia a la cooperacio´n espan~ola, y su desconexio´n con la ciudadani´a.


- Ma´s recursos y ma´s previsibles. Pese a esa visio´n ma´s centrada en la poli´tica que en la transferencia de recursos que necesita la cooperacio´n, la ley debe recoger un compromiso expli´cito con la consecucio´n del 0,7 % del
presupuesto de todas las administraciones para estos fines, asi´ como un cronograma claro para conseguirlo en los pro´ximos an~os, asumido por cualquier gobierno.


- Incorporar la agenda de paz y superar la visio´n securitaria, adema´s de otras dimensiones como los derechos humanos o el medio ambiente. Espan~a no ha desplegado todo su potencial para convertirse en un agente promotor de procesos de
paz, intermediacio´n y dia´logo, gracias a sus relaciones privilegiadas y su propia experiencia. Debe crear instituciones especi´ficas y orientar las actuales hacia ese propo´sito, en el a´mbito de la cooperacio´n.


- Reconocimiento pleno del papel de la sociedad civil organizada en su despliegue y combatir la amenaza a los espacios de participacio´n, con un estatus especial que facilite su actividad. Reconocer la necesidad de un papel reforzado en el
marco del desarrollo sostenible tal y como plantea la Agenda 2030, la eficacia de la ayuda y las recomendaciones del CAD. Visibilizar la necesidad de definir y renovar perio´dicamente un marco de relacio´n que determine este papel. Activar
programas de defensores de



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derechos humanos, implicarse y ser beligerantes con las amenazas a la sociedad civil en todo el mundo. Oficina de Derechos Humanos, eliminación de trabas burocráticas para facilitar en encuentro y las redes de ciudadanía de los diversos
países.


- Una cooperacio´n financiera alineada con el conjunto del sistema (en objetivos, en coherencia de poli´ticas para el desarrollo sostenible), que facilite la transparencia y que refuerce la debida diligencia en DDHH y medio ambiente.
Previendo la concentracio´n de recursos que se dara´ a su alrededor en los pro´ximos an~os, no puede ser un mecanismo exclusivamente reservado a la constitucio´n de grandes facilities o aportaciones a instituciones multilaterales, sino que debe
estar abierta a la economi´a social y solidaria y las ONGD, y siempre disen~ada para evitar el endeudamiento insostenible. Información a la ciudadanía sobre el empleo de los fondos y eliminar trabas a la transparencia en la gestión y ejecución
basada en, por ejemplo, secretos comerciales. La Agencia Catalana de Cooperación ha cambiado sus estatutos para poder avalar operaciones de crédito.


- Apoyo decidido a la educacio´n para la transformacio´n social, en todas sus modalidades, y de los medios de comunicacio´n pu´blicos y privados. La administracio´n central debe apoyar al resto de administraciones a las que ha transferido
las competencias educativas en la inclusio´n de los contenidos y metodologi´as que desarrollan una ciudadani´a cri´tica y consciente de los retos globales, en todos los niveles educativos. No puede limitarse a la formacio´n, potenciando la
sensibilizacio´n, la investigacio´n y la incidencia poli´tica, orientada a profundizar en la proteccio´n y despliegue efectivo de los derechos humanos. Nuestros medios públicos deberían ayudar en esta tarea.


- Subsidariedad efectiva y especializacio´n de las cooperaciones subestatales. El reconocimiento del conjunto de actores debe incluir el apoyo a un sistema en el que se identifiquen las mejores capacidades y se faciliten los recursos
suficentes para activarlas (incluyendo transferencias de fondos desde la Administracio´n central hacia autonomi´as y municipios), respetando la autonomi´a poli´tica, asi´ como la participacio´n de todos los agentes en los espacios poli´ticos
relevantes (estrategia, planificacio´n, gestio´n, etc.). Posibilidad de transferencia de fondos, de cooperación delegada, olvidando las capacidades de cooperación de municipios y regiones.


- Proteccio´n y alianza con la cultura, especiamente las minorizadas. La cultura es un elemento clave para facilitar el desarrollo pleno, individual y comunitario, desde una perspectiva democra´tica, inclusiva y que reconozca el conjunto de
saberes necesarios para la sostenibilidad, protegiendo aquellas ma´s amenazadas, recupera´ndolas y combatiendo procesos de aculturalizacio´n o asimilacio´n forzada, ma´s alla´ de promover su propia comunidad cultural en el exterior.


- Produccio´n de conocimientos, informacio´n y datos que nos permitan evaluar y seguir la poli´tica. Es clave que el conocimiento este´ estructurado estrate´gicamente como elemento integrador del sistema, con unidades, recursos y
especialistas, dentro y fuera de la administracio´n, que trabajen para encontrar soluciones a los retos globales, introduciendo enfoques decoloniales y activando redes.


- Cuerpo profesional especi´fico y a la altura de los desafi´os. Debe poderse incorporar a las mejores capacidades entre el cuerpo funcionarial y laboral de todas las administraciones y empresas pu´blicas, facilitando la movilidad, misiones
te´cnicas y carreras profesionales estables, reconocidas y correctamente remuneradas, en sede y terreno, que sirvan para capitalizar el conocimiento en la esfera de lo pu´blico, a medio y largo plazo. Tambie´n en el a´mbito de las ONG y el resto de
actores, activando mecanismos para evitar la precariedad laboral y asegurar un trabajo digno y seguro.


- Voluntariado e incorporacio´n profesional. En li´nea con lo anterior, la ley debe reforzar los mecanismos de participacio´n, formacio´n y los trayectos profesionalizadores, preferentemente vinculados a la universidad. Incorporarse a la
cooperacio´n y formar parte del esfuerzo y la lucha por los derechos humanos y la sostenibilidad debe ser una opcio´n asequible para cualquier persona preparada y con intere´s de explorarla, no una carrera de obsta´culos.


- Mecanismos de transversalizacio´n. Finalmente, pese a no estar directamente dentro de sus competencias, la cooperacio´n debe facilitar y activar otras poli´ticas y pra´cticas coherentes con la justicia global. Algunas como la compra y la
contratacio´n responsable y el comercio justo, pueden contribuir a transversalizar el esfuerzo del conjunto de administraciones, asi´ como la alineacio´n de poli´ticas pu´blicas con ese mismo propo´sito.


- Fondos de cooperación municipales, reconocimiento en la ley.


- Papel de las empresas: las empresas son prestadores de servicio de una política pública que ha de definirse por parte de los agentes públicos, que los intereses de la internacionalización de la empresa no entren en contradicción con los
intereses de la cooperación.



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4. Carlos Gómez Gil. Profesor titular de la Universidad de Alicante en cooperación al desarrollo y director académico. Máster universitario en Cooperación al Desarrollo.


Documentación aportada:


• Texto de su comparecencia .


• Libro: 'Debates y controversias en la cooperación al desarrollo. Fondos privados de ayuda, acuerdos neocoloniales y ayuda a refugiados'. Especialmente interesante el capítulo 3: 'El empleo de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para
la atención a refugiados en los países occidentales. Una visión histórica de su impacto y evolución'.


• Artículos del autor:


- Una cooperación descentralizada y renovada para responder al nuevo escenario global- El salto diario.com, 2/8/2020.


- A quién y dónde va la ayuda al desarrollo. El País, Tribuna, 7/10/2020.


- Lo que hay detrás de las migraciones senegalesas: acuerdos económicos, agricultura, pesca e inmigrantes. El País, 6/11/2020.


- Fondos privados de ayuda al desarrollo contra defensores del territorio. El caso de la cooperación española. Papeles de relaciones ecosociales y cambio global n.º 147 (2019), pp. 119-130.


La política de desarrollo de un país imprime carácter, dice qué tipo de sociedad somos, podemos mejorar el rostro de nuestra política de cooperación. La última década se ha dado un deterioro de la política de cooperación, y ahora ha de
enfrentarse a una crisis poliédrica. Recortes presupuestarios, técnicos y humanos, que le han situado en una debilidad crónica, ante desafíos sistémicos, máxime tras la pandemia, cuando se cumple un tercio del tiempo de la Agenda 2030. Desde el
inicio de la gran recesión la cooperación retrocedió a niveles de los años 80. Hay instituciones internacionales que han puesto de relieve el deterioro de la ayuda española, fundación DARA (índice de respuesta humanitaria) puesto 17 de 20 países en
ayuda humanitaria, ODI (Overseas Development Institute, índice de Ayuda basada en principios) puesto 21 de 29, Centro para el Desarrollo Global de Washington (Índice de compromiso por desarrollo), puesto 26 de 27, y ONE.org, (Cuadro de Mando de la
Mejor Ayuda, analiza los 20 mayores donantes bilaterales del CAD), España ocupa el puesto 20 de 21.


Nuestro sistema de cooperación y ayuda ha acumulado experiencias, buenas prácticas, pero sus problemas van más allá de los recortes, pues ha sido reducida en áreas fundamentales, generando una precariedad y disfuncionalidad crecientes.
Elementos positivos: un sistema de cooperación descentralizada único en el mundo, versátil y flexible, innovadora, medular en la cooperación española, que renueva la política de AOD y en el que toma cuerpo la sociedad civil. Las regiones y
ciudades que más y mejor cooperación hacen están en España. Ello, junto con una notable experiencia en salud y educación y una dinámica capilar de participación directa de ONGD y sociedad civil.


En los últimos años los recortes en cooperación bilateral han situado a España en una situación insólita. En otros países hay equilibrio entre cooperación multilateral y bilateral, mientras que en España se ha llegado a cifras del 25 % de
cooperación bilateral frente al 75 % de multilateral en volumen total. Ello ha implicado una pérdida de densidad de la cooperación española y vaciamiento de capacidades políticas.


En la cooperación española desde 2008 a 2015 se han dejado de gastar casi 5000 millones de euros. Ello ha implicado un reiterado incumplimiento de compromisos internacionales. Por ejemplo el Compromiso 20/20 destinado a aumentar y mejorar
el gasto en bienes de prioridad social básica, suscrito por España en el año 1995. Y no es cuestión de mayor gasto sino de mayor calidad en las intervenciones. Un indicador de calidad indica que tras 25 años desde su aprobación nuestra ayuda
bilateral apenas está en el 11 %.


Otro problema es la ineficiencia del gasto en lucha contra la pobreza: escasos recursos destinados a los Países Menos Adelantados pese a que la 3ª Conferencia de Estambul, de NNUU, obliga a España desde 2015 a destinar al menos un 0.15 % de
nuestra AOD a los países más pobres del mundo, pues es un 0.03 % lo que estamos aportando. El escaso 11 % que la AECID gestiona, es uno de los más bajos en donantes de nuestro volumen.


Hay partidas de la cooperación bilateral desconocidas como la de gastos destinados a atención a refugiados en España. Se creó en 2015 por la crisis de refugiados, el 60 % de todos los gastos que España ha consignado en toda su historia como
ayuda a refugiados en el territorio español lo ha hecho en los últimos 4 años, precisamente cuando la ayuda española se ha desplomado a niveles históricos. En



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2015 España dedicó un 15 % de la ayuda a AOD a estas partidas , en 2018 restrocedió al 10.5 %, 272 millones de dólares al año, situando a España en uno de los países que declara un mayor gasto por refugiado al año, 13.296 dólares, que se
dedican no a mejorar el desarrollo de los países de origen sino a fortalecer las capacidades institucionales de España resultado además, que no hay información pública sobre los gastos que se consignan en esas partidas.


El FONPRODE dedica recursos a programas cuestionables, dirigidos a los intermediarios financieros, que redirigen nuestro dinero a empresas privadas a veces en paraísos fiscales o territorio off shore (Islas Mauricio, Delaware, Luxemburgo)
faltas de control mediante estructuras jurídico-financieras muy sofisticadas, y a iniciativas alejadas a la lucha contra la pobreza. Estos intermediarios financieros son herramientas nuevas de la AOD, buscan capital público para dar la máxima
rentabilidad a sus inversores, con impactos dañinos para la naturaleza y las personas. Ejemplo de proyectos de este tipo financiados por la Cooperación española: Kikonda en Uganda (plantación de árboles para el intercambio de carbono, 20 millones
de dólares con denuncias de la población local por detenciones arbitrarias, confiscación de ganado, agresiones, violaciones); Feronia en la RD del Congo para la producción de aceite de palma, 40 millones de dólares, con denuncias de robo de
tierras, explotación laboral y sobornos), Santa Rita en Guatemala, 12.5 millones de dólares para la construcción de un complejo hidroeléctrico dañino ambientalmente, fuerte represión contra los campesinos que se oponían, 7 muertos, 70 heridos, 30
detenidos, casas incendiadas, invasión de tierras. Todos ellos financiados por la cooperación española, sin cumplir el Código de Financiación Responsable, y así ha sido recogido en sus informes por el Tribunal de Cuentas.


Todo ello exige revisar en profundidad el FONPRODE.


Siendo un donante débil, afirmamos respaldar los 17 ODS y 169 metas, sin que se haya hecho un proceso selectivo de evaluación previa, mientras en Naciones Unidas se está debatiendo ya la recalibración de la Agenda por la imposibilidad de su
cumplimiento. Existe una deficiente información pública en cifras y estadísticas básicas sobre la cooperación española, con portales disfuncionales superpuestos, (InfoAOD y Cooperacionespañola) en lugar de páginas institucionales solventes y a la
altura de otros donantes, y con grandes abismos entre lo programado y lo ejecutado, lo publicitado y lo realizado. Paradójicamente, la cooperación española cuenta con uno de los mayores respaldos de la opinión pública europea según los
Eurobarómetros.


Las Universidades vienen haciendo un enorme esfuerzo, los recursos humanos formados en la universidad constituyen hoy la mejor generación de especialistas y técnicos, que no cuentan, en cambio, con programas para su incorporación a la
cooperación española.


Propuestas concretas:


Sin recursos no hay políticas posibles. No cabe cooperación low cost. Es necesaria la continuidad presupuestaria, a través de las legislaturas, cooperación bilateral sólida y vigorosa, aplicar los acuerdos del Consejo y de los
representantes de los Gobiernos de los Estados de la UE de 2005, que decidieron aportar colectivamente un 0.5 % de la RNB en AOD en 2010 como etapa intermedia hacia el logro del objetivo de la ONU del 0,7 %.


Es preciso reordenar un sistema institucional fragmentado, descoordinado, hipertrofiado, un donante como España ha de ser preciso, selectivo, constante, certero, no podemos seguir haciendo cooperación con 110 países, hay que priorizar
también sectorialmente para dar respuesta a derechos humanos esenciales y el fortalecimiento de las economías locales para reducir la fractura social y limitar las migraciones por violencia o miseria. que generan los mayores problemas de pobreza.
Priorizar la reducción de la pobreza.


Ha de colocarse a la cooperación descentralizada en un adecuado nivel de reconocimiento legal e institucional en el sistema, basada en la cogobernanza en la cooperación bilateral en coherencia con el 53 % de recursos que aporta.


Selección de ODS porque no se van a cumplir todos ellos y porque algunos están mal formulados en origen, y con la crisis del coronavirus, se ha evidenciado un daño sistémico en los países empobrecidos, debe incorporarse impactos múltiples
(aumento de economías de subsistencia, marginalidad, nuevas formas étnicas de desigualdad, migraciones forzosas).


Deben clarificarse las partidas dentro de la cooperación financiera, con un debate técnico y político sobre la naturaleza de partidas y gastos, como se ha hecho en el Grupo de Estadística del CAD. En particular, saber qué se gasta, cuáles
son los límites, qué reciben realmente los refugiados en su primer



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año de estancia en España, como exige la normativa internacional y sin que pueda servir a debilitar aun más la ayuda a países empobrecidos.


Como antes se ha justificado, valorar la conveniencia de la existencia del FONPRODE que permite financiar a instituciones microfinancieras sin control alguno, para aumentar la pobreza de quienes reciben microcréditos o para inyectar dinero a
los intermediarios financieros que cotizan en bolsas mundiales registradas como empresas interpuestas en paraísos fiscales o territorios Off shore, para financiar actividades dañinas social o ambientalmente que están vulnerando derechos humanos.


Impulsar el papel de la universidad, con un tratamiento adecuado, tanto en cuanto a la docencia especializada y formación de profesionales e investigadores cualificados como de la investigación.


No hay salvaciones individuales en un planeta común. Ha de darse respuesta.


Sesión 11 mayo 2021.


1. Magdy Martínez Solimán. Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.


España necesita fortalecer su cooperación para el desarrollo, que se encuentra en una situación de debilidad, muy por debajo de lo que nos corresponde como país; para ello, hay dos herramientas: leyes y presupuestos. La cooperación
española gravita en torno a los 3.100 millones de Euros. En proporción a nuestra renta, debiéramos ser el país número 12 o 13, pero somos el 21. Deberíamos dedicar algo más de 7.500 millones € a la cooperación.


La refundación de la cooperación debería conseguir acuñar tres 'Ces':


La cantidad es una necesidad acuciante. El avance de la AOD de 2020 la sitúa en el 0,24 % de nuestro PIB. Queda por dar el salto que permita alcanzar el 0,7 % de la RNB como AOD, y el 0,5 % como objetivo intermedio en la presente
legislatura.


La calidad se requiere para disponer y retener el talento que tanto cuesta formar, recursos humanos profesionalmente cualificados, procedimientos más ágiles que permitan combinar eficacia y seguimiento adecuado de los programas y proyectos.


La coherencia, en un sistema de cooperación español descentralizado se deben evitar solapamientos y proyectar mejor la diversidad. Mientras muchos países líderes, como Canadá, Alemania, Francia, Japón o el Reino Unido, reforman sus
estructuras para tener una cooperación más compacta, en España hemos hecho lo contrario.


Además de la nueva Ley de Cooperación las reformas legales necesarias son la del Estatuto de la Agencia, la reforma del Estatuto del Cooperante, la reforma de los instrumentos financieros y la reforma de la normativa de subvenciones a la
cooperación internacional.


Los pilares sustantivos de esta reforma serán: el refuerzo de la cooperación financiera, el liderazgo de la cooperación con la UE la Unión Europea, al menos en una veintena de países, el diseño de una carrera del cooperante dignificada y
atractiva. A estos ejes se añaden cuatro aspectos adicionales: un mayor trabajo con la cooperación descentralizada, el fortalecimiento de la acción humanitaria, la importancia del tercer sector en España, las nuevas líneas de trabajo
transversales.


1. Es necesaria la reforma de la Ley de cooperación financiera que, además de mejorar la arquitectura y los procesos, debería incorporar nuevos instrumentos de la cooperación financiera internacional como los avales y garantías. Nuestra
cooperación financiera está lastrada por procedimientos plúmbeos, autorizaciones y filtros innecesarios y corsés de estructura. Se necesita reforzar la co-gobernanza con los Ministerios económicos, en la estructura dentro de la Agencia que parezca
más adecuada, como ocurre en Alemania, Francia, Italia o Japón, aunar en espacios de coordinación los préstamos, las operaciones de canje y conversión de deuda pública española y la influencia que poseen las sillas de España en la Banca de
Desarrollo con la arquitectura más conveniente, las operaciones de tesoro; la internacionalización de la empresa española; y las operaciones de blending con Bancos como el BID, la BAD, el Banco Mundial o el FIDA. La capacidad de la AECID debe de
incrementarse, recuperando la experticia de la que la Agencia se desprendió en su día. Los medios para operar ese crecimiento, por encima de los 500M€ anual en operaciones aprobadas, al final de la Legislatura, pues muchos Estados, buenos
pagadores, pero con enormes problemas de liquidez que van a necesitar urgentemente finanzas para el desarrollo de sus servicios sociales básicos y de su reactivación económica.



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Sobre la estructura de la cooperación financiera, Canadá se equivocó en disociar su Agencia de su Ministerio de Exteriores. Tuvo que reintegrarla posteriormente y lo mismo pasó en Inglaterra. Debería apostarse por la estructura más eficaz,
podría ser un banco cogobernado por los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Economía. Francia hizo una apuesta que fue convertir la Agencia en un banco. Pero esto no es necesario en España: es posible para la AECID, como Agencia, poseer una
Sociedad Mercantil Estatal, un banco. De hecho, la AECID tiene una faceta de banca comercial porque se hace cooperación financiera con el sector privado, prestando a los bancos comerciales, que muchas veces actúan de banca microfinanciera en otros
países, son alianzas publico-privadas en el sistema financiero, con un alto porcentaje de retorno y bajo de morosos y fallidos.


Es preciso mantener, por su importancia estratégica, el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. Más de 2100 MM€ movilizados (800 MM de donación española) a través de 81 programas en 18 países de América Latina y el Caribe, que han
beneficiado directamente ya a más de 3´6 M de personas, con alianzas con nuestros países socios, con grandes donantes como el BID o la UE, con instituciones públicas, centros de investigación y universidades españolas para asegurar la transferencia
de conocimiento a nuestros socios.


2. España es un socio muy fiable de la cooperación europea, a la que hace su principal aportación multilateral. Este año 1154 Millones € situándonos como el tercer socio de las DUE sobre el terreno, tras Alemania y Francia, y muy por
encima de otras cooperaciones bilaterales mucho más potentes que la nuestra.


Para ser un buen socio, hay que aportar. Lamentablemente nuestros actuales recursos no nos permiten cofinanciar proyectos más que en muy modesta proporción. Esto debería cambiar en este nuevo ciclo del NDICI, que ha pasado a denominarse la
Europa Global. La cooperación delegada es sin duda, junto a la reembolsable, la segunda área con mayor potencial de crecimiento de la cooperación española, debiendo reforzar nuestras estructuras, para ejecutar sin estrecheces el volumen de que
hemos dispuesto. La cooperación delegada es sin duda, junto a la reembolsable, la segunda área con mayor potencial de crecimiento de la cooperación española. Debemos en este sentido reforzar nuestras estructuras, que por el momento penan para
ejecutar el volumen de que hemos dispuesto.


A los sectores más tradicionales de nuestra Cooperación en América Latina y el Caribe, y en África, Mundo Árabe y Filipinas, (agua, seguridad alimentaria, fortalecimiento institucional, salud, formación profesional y empleabilidad, cultura y
desarrollo) se les van a añadir ahora otros como la educación digital, la transición ecológica, o la asistencia electoral, todos ellos, con una dimensión más sistemática de igualdad de género. Se cree en el maridaje entre prioridades temáticas y
geográficas. Debemos integrar a la lusofonía (países africanos de habla portuguesa), incorporarlos a la ley.


La AECID tiene una amplia experiencia en la ejecución de este tipo de cooperación, al ser la entidad española que ha ejecutado más fondos delegados de la Unión Europea desde 2011 (superamos los 500M€) y contar con una cartera creciente de
nuevos proyectos. A ello se añade la parte de programación en desarrollo ejecutada por la FIIAPP desde la misma fecha, que supera los 400M€. La reforma de la AECID contribuirá a aumentar nuestros niveles de ejecución en este ámbito.


3. El pilar más urgente de la reforma se refiere al colectivo profesional de la cooperación, empezando por la propia Agencia. Se trata de diseñar por primera vez una carrera profesional valorada y moderna, comparable con las de nuestro
entorno.


No existe un mecanismo de creación de cantera. Las condiciones salariales y retributivas son manifiestamente insuficientes y se han deteriorado. El salario de responsables de programas y proyectos (la piedra angular de nuestras oficinas)
ha estado congelado. Nuestro personal local y directivo ha corrido la misma suerte. Se pide a nuestro personal directivo que sean Coordinadores Generales de la Cooperación y expertos en desarrollo; y, además, gestores financieros y contables.
Eso genera un perfil imposible, que puede resolverse con la creación de la figura de los Cancilleres de Cooperación, y ello, sin perjuicio de que se pide a los candidatos a directivos que se formen, aunando un conocimiento técnico en el área de
gestión. La escuela diplomática tiene un módulo de cooperación y hay 15-17 másters en universidades españolas.


Nos cuesta retener y nos cuesta contratar, es preciso también un rejuvenecimiento de la plantilla. Necesitamos incentivos, como un incremento sustancial del pago por traslado de destino o inicio de contrato y desplazamiento laboral con
cambio de país de residencia, billete de avión familiar anual a España para el personal en el exterior y una mayor dotación de productividad para el personal de sede. No existe movilidad entre la sede de la Agencia y sus Oficinas en el exterior.
Somos la única Agencia de



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Desarrollo con semejante estructura, lo cual priva de la circulación del conocimiento. Necesitamos pasarelas de movilidad y un diseño de carrera. Adicionalmente, el personal experto tiene que ser obligatoriamente despedido cuando más se le
necesita, por una aplicación inflexible del Estatuto de los Trabajadores, que la Ley de Ciencia ya ha superado felizmente para el personal en proyectos de investigación, el personal en proyectos de desarrollo tiene limitada la duración total de su
contrato a tres años, mientras los proyectos duran cinco o seis. Ello obliga a una rotación absurda. Necesitamos flexibilidad.


La Administración General del Estado tiene un deber genérico de cuidado y protección de los cooperantes y sería bueno legislar sobre esto de forma explícita, y la coordinación, a estos efectos, con el Ministerio de Defensa.


4. Cooperación descentralizada. Todas nuestras CCAA tienen una política de cooperación internacional y la FEMP coordina los conocimientos y recursos que nuestros Ayuntamientos han decidido aportar a la cooperación. La cooperación española
tiene un liderazgo compartido y en ello se distingue con pundonor de los países de nuestro entorno, que requiere reconocimiento y un impulso a sus mecanismos de coordinación.


Destaca como buen ejemplo la Comisión de Seguimiento de las CCAA en materia humanitaria, cuyas decisiones se toman por unanimidad, y los apoyos a emergencias se financian con un compromiso de la AECID de aportar tanto como todas las CCAA
juntas. La futura Ley deberá dejar un espacio claro a las Administraciones autonómica y local para que puedan financiar la cooperación al desarrollo que deseen, dentro de la unidad de acción del Estado en el exterior. La Comisión interterritorial
presenta insuficiencias de funcionamiento. Sería conveniente subir de categoría a la interterritorial y crear una Conferencia Sectorial.


5. Este año hemos iniciado en la AECID nuevas líneas dirigidas a la mayor participación política de las mujeres (programa Ellas+), a la reducción de la brecha digital en la educación de niñas y niños (programa E-duc@), a la sostenibilidad
medioambiental y transición ecológica (FONTEC), a la asistencia electoral en países democráticos, y a la recuperación temprana tras desastres o conflictos.


6. Al margen del volumen de los recursos, España tiene un modelo escandinavo de cooperación, compartido con la sociedad civil, las ONG de Desarrollo y Humanitarias, y las organizaciones que integran la cooperación en su mandato. Las
transferencias de recursos a programas de cooperación de las ONGD españolas toman forma de convenios, proyectos y subvenciones a acciones, que queremos agilizar y adaptar a los tiempos. Con un moderado incremento de recursos, se podrían aumentar
las ayudas plurianuales a un segmento mayor de organizaciones, dejando las convocatorias anuales para las ONGD más pequeñas y las necesidades más limitadas en el tiempo. Asimismo, aunque es interesante el sistema de vinculación entre las
subvenciones y los ingresos del Estado por impuestos, creemos que debe existir un suelo presupuestario que garantice unos mínimos anuales. Con el propósito de ser más ágiles y eficaces, hemos iniciado un proceso de revisión de la Orden de Bases que
regula las diferentes convocatorias públicas competitivas que ha venido gestionando la AECID.


7. Ayuda humanitaria: El START (Spanish Technical Aid Response Team o chalecos rojos) encarna el buen hacer de nuestra respuesta humanitaria, la excelencia y compromiso de los profesionales sanitarios y resto de equipo de emergencias de
nuestro país, junto con la colaboración de todas las Administraciones (Ministerio de Sanidad, sistemas de salud de todas las CCAA, cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid) y de la sociedad civil. Más allá de este mecanismo, en 2020 llegamos a
final de año a una cifra sin precedentes en los últimos ejercicios: 75M€. Entre la aportación que hacemos a Europa y el presupuesto de la AECID, cumplimos con creces el objetivo de dedicar el 10 % del presupuesto de cooperación a la Acción
Humanitaria. Debemos en el futuro incrementar las acciones propias de Estado y reforzar, además de financiar, el trabajo de las ONG y de las agencias de la ONU.


Su labor no se limita a las operaciones de emergencia. Trabajamos de manera sostenida en cinco contextos humanitarios; una nueva línea aborda la recuperación temprana y el nexo humanitaria-desarrollo somos líderes en diplomacia humanitaria
en ámbitos como la protección de la asistencia médica en conflicto, las escuelas seguras y la educación en emergencias; y trabajamos en alianza estratégica con ONGD, a través de nuestra convocatoria de acciones humanitarias, con Organizaciones
Internacionales de carácter humanitario clave en determinados contextos (refugiados saharauis, Palestina o crisis venezolana pero también Siria), y cada vez más, con un número creciente de Comunidades Autónomas (11) participantes en nuestro Convenio
humanitario.



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Finalmente, España pondrá a disposición de estos países entre el 5 y el 10 % de total de vacunas que nuestro país va a recibir a lo largo de 2021, una vez haya sido vacunada el 50 % de la población, lo que podría ascender a unos 7,5M de
dosis. Este compromiso se llevará a cabo a través del mecanismo multilateral COVAX, con la ayuda de la Organización Panamericana de la Salud, que va a distribuir regionalmente los viales.


8. Debemos subrayar nuestra alianza con los Organismos Internacionales. El objetivo es situarnos en niveles acordes con nuestro peso internacional en el apoyo a un grupo reducido de Agencias líder en temas prioritarios: los derechos de la
infancia, la salud, la lucha contra la pobreza, la gobernabilidad, la ayuda humanitaria, la solidaridad con el pueblo Palestino, el apoyo a los refugiados, el derecho a la salud sexual y reproductiva, a los que corresponden UNICEF, PNUD, FNUAP,
OMS-OPS, ACNUR, CICR o UNRWA, además de quienes estructuran el espacio iberoamericano, entre los que destaca la SEGIB. Hemos de aumentar nuestra influencia en su dirección y actuaciones, situando a más españoles y españolas en sus niveles de
decisión.


9. La Cooperación debe situarse a la vanguardia en materia de innovación y gestión del conocimiento. La cultura es marca España y parte de nuestro soft-power, y es una ayuda eficaz atendiendo al deber de cooperar con socios que tienen
posiciones muy distantes.


Las acciones de innovación, convocatoria a la que se presentan proyectos de empresas con entidades académicas y ONGD son ejemplo de esto, pero también la cooperación cultural, única en el mundo del desarrollo, que nos sitúa en una posición
privilegiada para presentar iniciativas innovadoras en ámbitos como el de la creación de talento, la gestión cultural y la promoción de nuestro acervo. Las becas de la CE son un instrumento de cooperación avanzada orientado, en el marco de la
Agenda 2030, al intercambio, la gestión y la creación compartida de conocimiento. Hemos trabajado con la Fundación Carolina en esta plataforma que, en etapas sucesivas, incorporará otras entidades públicas y privadas. La AECID está invirtiendo
gran parte de sus esfuerzos en el ámbito cultural en la concesión anual de más de 600 nuevas becas, por valor de más de 10 millones de euros, dirigidas tanto a solicitantes de países socios de la cooperación, como a solicitantes de nacionalidad
española.


La AECID seguirá apostando por el conocimiento como herramienta eficaz para el desarrollo. Pero queremos ir un paso más allá, promoviendo la transformación de la red de Centros de Formación de la AECID (Antigua, Cartagena, Santa Cruz y
Montevideo) en Laboratorios de Innovación de la Cooperación Española (LINCE). Estos Laboratorios apuestan por posicionarse como nodos de conocimiento e innovación de la Cooperación Española para lo que desplegarán actividades que irán desde los
diálogos de políticas públicas de alto nivel hasta encuentros de intercambio de experiencias y aprendizaje mutuo, investigación, asistencia técnica, en colaboración con todos los actores de la región. El objetivo último es ofrecer una cooperación
innovadora que promueva la experimentación y la colaboración horizontal entre actores de cooperación para ser, desde la innovación abierta, un motor de cambio e impulsar la generación de valor público que la región requiere.


10. Sobre la deseable naturaleza jurídica de la AECID, según el Informe 'Un nuevo sistema de cooperación al desarrollo para hacer realidad la Agenda 2030: Propuestas de Reforma', elaborado por el Grupo de Trabajo de Capacidades y Recursos
del Consejo de Cooperación, la Agencia como tal es una buena estructura, con su actual vinculación con el MAEC, porque permite un giro razonable en el ámbito comercial y puede modificar el régimen laboral o funcionarial, el que se decida, muy
flexiblemente. La nueva AECID debe respetar la existencia y las virtudes de la Fundación Carolina, en materia de educación superior y colaborar sin solaparse con ella, e integrar de manera progresiva la FIAPP para disponer de un mecanismo eficaz de
captación de recursos europeos.


Sesión 18 mayo 2021.


1. Jesús Gracia Aldaz. Cónsul General de España en Cantón, exdirector de la AECID y Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica de 2012 a 2016.


Ideas sobre cooperación para el desarrollo:


1. El objetivo principal de esta política en la ley de cooperación de 1998 y en la Ley de acción exterior de 2014, es la lucha contra la pobreza en países en desarrollo y el fortalecimiento de una institucionalidad democrática. Es preciso
no caer en el peligro del 'narcisismo de la cooperación', centrarnos más en nosotros que en las necesidades que constituyen el objetivo de esta política.



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2. Hay que partir de análisis correctos: es preciso saber qué parte de los resultados se debe a las políticas puestas en marcha en materia de cooperación, y qué parte corresponde al crecimiento de los países.


3. La cooperación española se inserta desde sus inicios en la política europea de cooperación, y debe enmarcarse en toda la arquitectura internacional (Naciones Unidas, la OCDE y cada vez más la política de los llamados nuevos donantes)
para poder ser eficaz y dar resultados tangibles.


4. La Cooperación para el desarrollo es una parte integral de la acción exterior del Estado como recoge la ley de acción y del servicio exterior del Estado de 2014, debe integrarse en los valores, principios e intereses que un país quiere
desplegar en su acción exterior para contribuir a la gestión de los asuntos globales.


5. Se debe utilizar cada vez más la innovación, la investigación y la economía digital, por ejemplo el uso de big data para la identificación de proyectos de desarrollo, o el impulso a la investigación y la innovación en materia de salud o
educación para maximizar la eficacia.


Reforma de la Cooperación Española.


1. La Ley de cooperación de 1998 dotó a España de un marco legal moderno y adecuado para el despliegue de la cooperación internacional para el desarrollo. Impulsada por el SECIPI, F. Villalonga, la ley fue el fruto del consenso de agentes
sociales y políticos, siendo hoy necesaria su adaptación a los ODS y simplificar contenidos. Pero los problemas de la cooperación española no están en la ley y posiblemente tampoco se solucionen con un cambio legislativo. Es preciso, además,
modificar otras leyes y políticas en España. A veces lo problemas no son tanto legales, sino de ejecución o reglamentarios.


2. La cooperación debería contar con un marco presupuestario estable, realista, predecible y acorde con la capacidad fiscal de nuestro país en un horizonte de medio y largo plazo.


3. La multiplicidad de actores de la cooperación española se puede ver como un activo de nuestro sistema, pero sin duda entraña igualmente una complejidad y una dispersión de los esfuerzos desde el punto de vista de los objetivos finales de
la cooperación y de los destinatarios de la misma.


4. El estatuto del personal de la cooperación es otro de los elementos sin resolver desde la creación de la SECIPI en 1985. Esto implica cambios en el estatuto de los trabajadores y del empleado público y una definición clara del personal
al servicio de la cooperación. El sistema de contratación en el exterior junto con los mecanismos de subvención, deberían aunar agilidad y garantías. La cooperación financiera ha tenido un difícil anclaje. Debe tener un papel importante en la
cooperación, como en Francia o en Reino Unido.


5. Respecto de la estructura orgánica, es buena la dependencia de la Cooperación, como parte de la acción exterior del Estado, respecto del Ministerio de Asuntos Exteriores, para una visión estructural integrada de la política exterior. La
creación de la SECIPI quiso dotar a la CE de un órgano directivo que diera coherencia a esta política en la que confluyen diversos actores gubernamentales y no gubernamentales. Debe tener un papel central en la política de cooperación. La AECID
debería reformarse para encontrar su ubicación en el sistema español de cooperación. Tiene un 'pecado original', que proviene de la fusión de tres institutos, Instituto de cooperación Iberoamericana, el Instituto Hispano-Árabe de Cultura y la
Oficina de cooperación con Guinea, en los años 80, y no ha terminado de ser una agencia de desarrollo moderna y con los medios adecuados. Habría que buscar una integración con la Fundación Carolina y con la FIAPP para no competir por los mismos
recursos y que se tengan mayores capacidades para ser una agencia proveedora de capacitación y cooperación técnica. Habría que revisar la ratio de costes de administración frente al volumen de recursos gestionados. 75 millones de euros de coste de
funcionamiento para un presupuesto de 250 millones de euros (sin cooperación delegada) no parece sostenible en el futuro. Habría que revisar también la situación de la acción cultural en la AECID, separando la cooperación cultural para el
desarrollo, por un lado, y dejándola en la AECID, como seña de identidad de la Cooperación Española -así se ha señalado en los sucesivos exámenes de pares del CAD de la OCDE-, de la promoción cultural, por otro, que tal vez no debiera estar en la
AECID, para que pudiera tener mayor capacidad de crecimiento y no limitarla indebidamente (y dificultarla, indirectamente) en aquellos países que no son de nuestra cooperación.



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2. Jaime Atienza Azcona. Responsable de financiación del desarrollo de Intermón Oxfam.


Documentos citados: Documento del Consejo de Cooperación.


1. La cooperación financiera engloba la utilización de instrumentos de carácter reembolsable y mixto, todo lo que no son donaciones: microcréditos, créditos de Estado a Estado, participaciones de capital, instrumentos de garantía, etc. Se
usan de modo combinado para operaciones de promoción del desarrollo; a veces también con inversión privada y con donaciones públicas, hablándose entonces de blending, que es una de las líneas donde la UE está poniendo más interés. Permite ser más
efectivo en la promoción del tejido económico, promoción del empleo, realización de operaciones a mayor escala que escapan de los marcos tradicionales. La participación empresarial es posible en este ámbito, generando oportunidades para el tejido
empresarial de los países en desarrollo, con la participación de pymes también. La cooperación financiera no es una 'ventanilla' de subvenciones directas a las empresas u otros actores, ni es un atajo para una cooperación de bajo coste o low cost.
No es una suerte de cooperación paralela desligada del resto de instrumentos, principios y reglas para la eficacia de la ayuda. Tiene su ámbito de actuación, pero no es la solución a todos los problemas: no elimina la necesidad de la Ayuda Oficial
al Desarrollo, de una fiscalidad progresiva, de evitar o resolver las crisis de deuda, de luchar contra flujos financieros ilícitos, etc.


2. Ventajas de la cooperación financiera: financiación de proyectos de mayor escala, aunque no se permite enfocarse en las necesidades más acuciantes de la pobreza. Su espacio natural son los países de ingresos medios y sectores
económicos o sociales que no son los más pobres, salvo en el caso de los microcréditos. Otra de las ventajas, las operaciones de reducción de riesgo de operadores, que hacen que pueda invertirse capital privado que en otras condiciones no se
aventuraría. Un ejemplo exitoso en este sentido es el Fondo Uruma. La cooperación financiera puede atraer inversión privada de impacto para lograr objetivos comunes de desarrollo. Una ventaja para el donante es que la cooperación financiera no
computa en el déficit.


3. Principios que deberían inspirar y orientar su actuación: Ante todo, el principio de impacto sobre el desarrollo, en el marco del principio de eficacia de la cooperación; deben estar presentes estándares de género, sostenibilidad,
derechos humanos, erradicación del trabajo infantil, respeto a las comunidades y fiscalidad justa. No debe arriesgarse la reputación del país por inversiones que dañen estos principios. Asegurar la integración adecuada con el resto de instrumentos
de la cooperación técnica española y europea, con un enfoque de reducción de desigualdades y de sostenibilidad. Asimismo, transparencia en la gestación y desarrollo de las operaciones, y en los órganos de gobierno de la cooperación financiera, y,
finalmente, un liderazgo desde lo público e impulso a operaciones que fortalezcan las capacidades públicas en los países en desarrollo.


4. Actores participantes: gobiernos y actores gubernamentales, empresas locales y cooperativas, grupos de productores importantes en sectores como las microfinanzas o la agricultura, pymes y empresas especializadas en sectores actualmente
importantes como sostenibilidad ambiental agua, modernización digital y organizaciones sociales que trabajan con las comunidades, empresas de la economía social


5. Modelos posibles. El documento del Consejo de Cooperación es una referencia en este punto. Constituye un imperativo superar el actual modelo, por sus lastres administrativos, operacionales y de capacidades, que resulta precario. Los
objetivos deben primar y a partir de ahí, abordar el diseño institucional. La idea del 'Estado emprendedor', de Mariana Mazzucato, debería aplicarse a toda la cooperación pero en particular a la financiera, por lo que supone de innovación para
resolver problemas específicos.


Existen dos posibles opciones: un primer modelo, integrar plenamente la cooperación financiera en la AECID, con una pluralidad de opciones en cuanto a personalidades jurídicas. Esto permitirá avanzar en coordinación e integración con la
cooperación bilateral y con otros actores, permitiendo su evaluación y aprendizajes, y permitiría un gobierno altamente integrado de la cooperación fra. Pero su éxito depende de una transformación radical y profunda de la AECID, en cuanto a cambios
jurídicos para que se le permita interactuar con nuestros pares europeos, en suma, elevar el estatuto juírido de la Agencia. Ejemplo exitoso de este modelo es la agencia francesa de cooperación que reporta al primer ministro, bajo la tutela del
ministerio de finanzas y del de asuntos exteriores y tiene un board de 8 ministros y ministras. Finalmente, será necesaria la conexión con la cooperación descentralizada en este campo.


La segunda opción sería la creación de un banco de desarrollo dentro del ICO, lo que permitiría sortear todas las barreras para la utilización de los diversos instrumentos que forman parte de la cooperación financiera. Pero exigiría una
gobernanza estricta desde el sistema de cooperación para el desarrollo, para asegurar que no se desvía de sus objetivos y prioridades. La AECID debería estar en



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posición de gobierno con la mayoría del capital con derecho a voto. Este sistema permitiría trasladar estándares más elevados como sostenibilidad y derechos humanos.


Sesión 25 mayo 2021.


1. Álvaro de Zunzunegui y Ruano. Coronel de Caballería. Mando de Operaciones. Estado Mayor de la Defensa.


Documentación: Texto ampliatorio de su comparecencia y power point.


Concepto de interacción cívico-militar: Es el grupo de actividades, basadas en la comunicación, el planeamiento y la coordinación, que todas las estructuras militares comparten y conducen con actores no-militares internacionales y locales,
tanto durante las operaciones militares cómo durante su preparación, que incrementan mutuamente la efectividad y eficiencia de sus respectivas acciones de respuesta a crisis.


El concepto de cooperación cívico-militar (CIMIC) se define como: Función conjunta que comprende un grupo de capacidades dirigidas al apoyo en la consecución de los objetivos de la misión y a permitir a las organizaciones militares su
participación efectiva en un amplio espectro de interacciones cívico-militares (CMI) con diversos actores no-militares, en zona de operaciones.


Áreas Clave de actuación:


1. CML. Enlace cívico-militar. Conjunto de actividades realizadas para establecer y mantener los mecanismos y niveles de relación necesarios entre las unidades militares y los actores civiles de la zona que pueden influir en el desarrollo
de las operaciones. Con ellas se pretende reforzar la legitimidad de la misión, facilitar la cooperación, la armonización, el intercambio de información, el planeamiento y la conducción integrada o concertada de las operaciones y el desarrollo de
las otras dos funciones clave. Para crear percepciones favorables en la población civil que ayuden a la protección de la fuerza en operaciones. Los actores no militares con los que se enlazan son las organizaciones internacionales, ONGs, agencias
de desarrollo, autoridades civiles locales o regionales y autoridades religiosas, empresas privadas. Normalmente este enlace comienza y se desarrolla a través de entrevistas con los distintos actores. Existen también oficiales de enlace, cuando se
exija un tiempo de permanencia en zona. A veces, para catástrofes o ayuda humanitaria, se puede montar un centro CIMIC, para organizar una matriz de apoyos a la población civil y de enlaces.


2. SCE. Apoyo del entorno civil a la Fuerza. Conjunto de Actividades encaminadas al apoyo a las Autoridades Civiles u organizaciones en la ejecución de sus cometidos o para colaborar en el apoyo humanitario que necesite la población civil
con la finalidad de ayudar en la misión y minimizar el impacto de las operaciones en la población civil.


3. STF. Apoyo al entorno civil. Conjunto de Actividades para facilitar la máxima cooperación de las autoridades civiles, organizaciones y población para la proyección, despliegue, sostenimiento y repliegue de la fuerza, así como el apoyo
al cumplimiento de la misión. Apoyo del entorno civil a la fuerza. Apoyo de nación anfitriona. Acuerdos, en lo que podemos ayudar para la provisión de materiales y productos, no pueden esquilmar recursos, y al mismo tiempo garantizar apoyo
logístico.


Existen diferencias importantes entre la Cooperación Cívico-Militar y otros actores civiles, básicamente el carácter temporal de su permanencia, definido por el cumplimiento de la misión en su marco temporal, hay centralización en sus
funciones. No son una agencia de protección civil, y no se encargan de este tipo de labores, a no ser que no haya organizaciones ni Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se lo pidan en el mandato de la misión. No son un elemento de
inteligencia, sino que apoyan a la población civil con la máxima transparencia, ni son una ONG, ni organización de Naciones Unidas, no interfieren en su trabajo, sino que colaboran con ellos limitadamente en su zona de operaciones y en el marco de
la misión.


El presupuesto para las operaciones de CIMIC asciende a cerca de un millón de euros anuales para las todas operaciones que tienen en marcha. Éstas pueden clasificarse, por finalidades, en operaciones permanentes nacionales (presencia y
vigilancia en el territorio, vigilancia y seguridad marítima, defensa y operaciones aéreas, ciber defensa), misiones para proporcionar estabilidad y seguridad, misiones de lucha contra el terrorismo, misiones de disuasión y defensa, y actividades de
diplomacia de la defensa. realizándose en estos momentos actividades CIMIC en 6 de ellas. RCA, SOMALIA, MALI, OPERACIÓN ATALANTA YIBUTI, LH LIBANO Y AM.



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El Ministerio de Defensa está representado en el Consejo de Cooperación al Desarrollo, por la Dirección General de la Política de Defensa, como órgano consultivo, en la Comisión Internacional de Cooperación Internacional, por el Director
General de la Política de Defensa y existe en el Grupo de Trabajo de Acción Humanitaria un representante del Ministerio de Defensa.


Desde el punto de vista administrativo, el Ministerio de Defensa realiza tres actividades anuales consistentes en reportar datos asociados al gasto en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD): Previsiones AOD (para el año siguiente al año en
curso); Avance AOD (para el año en curso, como adelanto de la ejecución); Seguimiento AOD (para el año en curso, cifras consolidadas). El procedimiento para aportar los datos consiste en: Solicitar información al MOPS sobre misiones en el
exterior con actuaciones susceptibles de constituir AOD, solicitar el coste de las misiones a DIGENECO, comprobar algunas características de la misión para obtener datos, como por ejemplo, el número de personal destacado, combinar toda la
información extrapolando datos, clasificar los datos en función de los diversos Sectores AOD. En el caso del Ministerio de Defensa, se reporta de manera recurrente sobre retirada de minas (lo constituyen cursos en el Centro Internacional de
Desminado a los que acuden personal extranjero), preparación para respuesta ante múltiples peligros (cursos de la UME abiertos a personal extranjero), política educativa y gestión administrativa (en misiones y cursos dentro del Programa de
Cooperación Internacional en materia de enseñanza militar de la DIGEREM), atención sanitaria básica (en misiones), procesos de consolidación de la paz tras conflictos (en misiones).Finalmente, clasificar los datos por países receptores de AOD, y
entregar a la Dirección General de Políticas de Desarrollo (DGPOLDES) toda la información por los sistemas que ella misma establezca, bien adjuntándola en un correo electrónico, bien introduciéndola en una plataforma (info@OD) creada a estos
efectos. Actividades del Ministerio de Defensa: Previsiones 2021 Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD): 7.343.634 €. Avance AOD 2020: 9.775.025 €.


En cuanto a la naturaleza de la actuación de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas realizan labores puntuales de cooperación, focalizadas al cumplimiento de la misión. Su actuación en crisis humanitarias/catástrofes se realiza con
carácter susdidiario, bajo petición expresa y con marco temporal limitado. La actividad del Ministerio de Defensa en tareas de cooperación es accesoria y no debe condicionar la praxis de otros actores.


2. Yayo Herrero López. Presidenta del Foro de Transición


La profunda crisis ecológica que atravesamos, es un problema central del desarrollo. En 2006 se alcanza, según la Agencia Internacional de la Energía, el pico del petróleo, las reservas se agotan, y esto se relaciona con la extracción de
hidrocarburos y minerales sustitutivos del mismo como motor energético, las transiciones en el sector de la automoción o la innovación tecnológica, efectos catastróficos del cambio climático en países que no han contribuido a crearlo.


Vivimos en un mundo polarizado, países desarrollados excedentarios en residuos y deficitarios en materias primas, otros menos desarrollados, que son históricamente tratadas como grandes minas y grandes vertederos al servicio de los países
más desarrollados, donde el extractivismo y el agravamiento de problemas sistémicos, condicionan las probabilidades de vivir vidas decentes. Esto debería estar en el centro del debate de la nueva ley de cooperación.


El indicador de la huella ecológica, indicador de referencia en esta cuestión, muestra que si el estilo de vida energético y material, de países como Dinamarca se extendieran a todos los países de la Tierra, serían necesarios 4 planetas, en
el caso de España, prácticamente 3 planetas; Francia, 3 y medio; Bélgica, prácticamente 5 planetas, Canadá, 6 planetas y Noruega, 5 planetas. Todos los países desarrollados consumen una cantidad de recursos materiales que exceden con mucho las
posibilidades de sus propios territorios. Los países empobrecidos, susceptibles de recibir cooperación al desarrollo y que funcionan como 'subvencionadores' materiales al servicio de los países desarrollados. Por ello plantear que todos los países
puedan alcanzar los niveles medios de los países desarrollados es una absoluta falacia, y así lo han puesto de manifiesto informes como el de la Universidad de Leeds, el del ICTA (L'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB) de la
Universidad Autónoma de Barcelona, que estudian metabolismo material de la economía, y que demuestran que no hay recursos materiales para imitar estos modelos de desarrollo. En los lugares más afectados por el calentamiento global y y el
extractivismo, se está dando un proceso de expulsión hacia otros territorios por pérdida de hábitat y conflictos en relación con el extractivismo con profunda violencia. Estas cuestiones, que se reflejan en fuentes muy dispares desde el Foro de
Davos a documentos de la OTAN, es preciso repensarlas en relación con el nuevo sistema de cooperación y la nueva ley.



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1. En este debate la propuesta es que se adopte el enfoque de la sostenibilidad de la vida. Cada vida humana es dependiente de los bienes naturales y materiales del entorno y de las condiciones básicas de existencia, agua, alimentos,
vivienda, salud, educación, mínimo suministro de energía. Es el equilibrio entre la necesidad de recursos que agotándose y las necesidades de las personas, el marco de la cooperación para el desarrollo. Enfoques como el de la 'economía del donut'
de Kate Raworth, trabajan en esa línea.


2. Revisar la coherencia de políticas es fundamental, que no choquen las políticas de cooperación con otras políticas que podríamos llamar de anticooperación. España depende en un 90 % de la energía del exterior, depende en el 85 % de los
minerales del exterior, en una parte importante de los alimentos, y de la pesca del exterior. La Agenda 2030 no habla solo de la cooperación con los países empobrecidos sino del mal desarrollo de los países que viven con muchos más recursos de los
que hay en su territorio. El decrecimiento de la esfera material de la economía (es decir, de los recursos -energía, minerales, agua o bienes de la tierra- que necesitan los países enriquecidos es básico para dejar hueco al desarrollo de otros
lugares.


3. Generación de modelos económicos que respeten los derechos humanos. La economía debe ser compatible con los derechos, con el planeta, y al servicio de los derechos humanos y las cuestiones ambientales.


4. Incorporar a los proyectos de cooperación para el desarrollo un sistema de indicadores multicriterio. Indicadores estrictamente monetarios -renta per cápita, producto interior bruto- y de forma complementaria, indicadores biogeofísicos
que den cuenta de los recursos necesarios para posibilitar vidas buenas y otros que tengan que ver con el tiempo de las personas (interesantes los estudios desde el ámbito del feminismo en este tipo de indicadores) y sus condiciones de vida. Ver
también, en este sentido, los trabajos de Joan Martínez-Alier y José Manuel Laredo.


5. Cualquier proyecto de cooperación ha de pensar en forma planificada en función de las necesidades de las personas, estableciendo planes de gestión de demanda y no solo de gestión de oferta.


6. La economía social y solidaria debe tener espacio importante en el emprendimiento que tenga que ver con la cooperación al igual que el estímulo de políticas públicas como la renta básica. La clave sería colocar la seguridad vital de las
personas al mismo nivel de protección de que gozan las inversiones. Procedimientos de diligencia debida, que existen en instrumentos internacionales, hacerlos vinculantes para las empresas, para que las empresas no solo reparen, sino que también
prevengan.


7. La cooperación debe centrarse en el estímulo de las políticas públicas locales en los países objeto de cooperación al desarrollo, y ayudar al establecimiento de planes nacionales de cuidados, al estilo del que fue presentado en el
Congreso, en la Comisión de Reconstrucción post-Covid, por la economista Amaya Pérez Orozco.


8. Protección contra las violencias que generan los extractivismos muchas veces a cargo de empresas de corte trasnacional, sujetas hoy a procesos de denuncia, y protección contra las violencias machistas, así como protección de las personas
defensoras de la tierra (solo el año pasado fueron asesinadas 400 en América Latina).


9. Repensar la política migratoria que proviene de la expulsión forzosa a causa del cambio climático y de las guerras provocadas por la dinámica extractivista. No deben ser enfocadas sólo desde una óptica de seguridad sino como un problema
es humanitario, y también político que no ha hecho más que empezar. La propia España, según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, es un país sujeto a riesgos de expulsión. En este ámbito, considerar la protección de temporeros que
vienen de otros países y la protección e las personas trabajadoras de cadenas globales de cuidados (trabajadoras del hogar ) ratificando acuerdos vinculantes de la OIT que protegen este tipo de empleo.


10. Impulsar en los países en donde se opere transiciones justas, protegiendo a las personas trabajadoras de los sectores reconvertidos, así como educación y sensibilización para adquirir competencias ciudadanas, para adaptarse a las
condiciones que van a venir, como los problemas de salud (la pandemia COVID-19 es un ejemplo) que seguirán apareciendo y se multiplicarán en el futuro. Escucha, en este sentido, a la ciencia y fomento de la multilateralidad y adopción de acuerdos
vinculantes para todos los países e instituciones incluidas las privadas.


3. Sofía Marroquín Guerrero. Presidenta de la Coordinadora de ONGD de Euskadi.


Documentación: Texto de su comparecencia.


La Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi inicia su andadura en el año 1988 y actualmente agrupa a 79 organizaciones que trabajan en cooperación internacional y en educación para la



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transformación social. Son parte de la Coordinadora de ONGD-España y en la actualidad, a través de la Vicepresidencia II en la Junta de Gobierno, representan a la Red de Coordinadoras Autonómicas. Algunos datos (2019): El 80 % de los
fondos de la cooperación vasca que ascendieron a 68,8 millones de euros en 2019 se gestionaron a través de las ONGD, con la puesta en marcha de 863 iniciativas en 60 países; el 78,7 % se destinan a iniciativas de cooperación al desarrollo, el 13,6
% a educación para la transformación social y el 6,7 % intervención en acción humanitaria; el 43 % de los proyectos de cooperación se llevan a cabo en América Latina, el 32,6 % en África y el 20,9 % en Asia. Todas las entidades reciben
financiación pública y un 85,7 % recibe algún tipo de financiación privada. El 71 % de esos fondos públicos provienen de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, el 11,1 % de las diputaciones forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y el 17,9 %
de otras entidades (ayuntamientos vascos, otras administraciones estatales, autonómicas o locales, administración europea y otras fuentes).


Euskadi es, por volumen y por arraigo, uno de los mayores exponentes de cooperación descentralizada a nivel mundial. Especialmente el ámbito subestatal puede jugar un papel tractor en el impulso de la coherencia de políticas. Desde la
Coordinadora de ONGD de Euskadi se ha llevado a cabo una investigación sobre la política de internacionalización empresarial. Se evaluó su grado de coherencia con el enfoque del desarrollo humano sostenible, y se ha concluido que los principios que
rigen esta política de internacionalización empresarial se basan casi exclusivamente en la competitividad y la captura de mercados. Cumplir con los parámetros del desarrollo humano sostenible queda, por tanto, a expensas de la voluntad de cada
entidad empresarial. No existen regulaciones, estructuras, mecanismos y dinámicas que permitan avanzar en esta perspectiva. Avanzar en la coherencia de políticas pasa por incorporar en el diseño del conjunto de las políticas públicas este enfoque
del desarrollo humano sostenible, en línea con la Agenda 2030 y los Acuerdos de París.


La cooperación descentralizada es una seña de identidad del modelo de cooperación que se lleva a cabo en nuestro país. Supone el 13 % de la AOD, y otorga un papel protagónico a dos actores fundamentales: las administraciones y entidades
locales y la sociedad civil organizada: ONGDs, que gestionan el 80 % de los fondos, movimientos sociales, universidades, empresas de economía social y solidaria, y otros agentes sociales. La cooperación descentralizada aporta: una relación
privilegiada con los países y entidades socias, fundamentada en una relación horizontal, la mejora de la gobernanza y fortalecimiento institucional y el conocimiento y experiencia en gestión de las políticas que están descentralizadas y en la
elaboración e implementación de una agenda local de desarrollo sostenible. Es complementaria a la cooperación estatal, porque puede llegar donde la cooperación estatal no llega, aportando recursos, experiencia, flexibilidad, capacidad de
adaptación, agilidad y conocimiento. La cooperación descentralizada otorga un papel protagónico a la sociedad civil y promueve una democracia participativa, mucho más fácil de canalizar desde gobiernos subestatales, en los que la cercanía, la
horizontalidad, la fiscalización de la política pública y la transparencia están más presentes que en gobiernos estatales.


Indicaciones y sugerencias para el nuevo sistema de cooperación:


- Suficiencia y seguridad presupuestaria. No podremos desplegar una política pública sin presupuesto. España está muy lejos de alcanzar el compromiso del 0,7 %, alcanzando el 0,22 % en 2020.


- Reducir la carga burocrática que ahora mismo obliga a las ONGD a dedicar el 70 % de su tiempo a tareas administrativas, cerrando las puertas a la innovación en los instrumentos y limitando la capacidad de actuación de las ONGD.


- El nuevo modelo debe integrar la riqueza y el valor añadido de la cooperación descentralizada, como seña de identidad de nuestro modelo de cooperación.


- Reforzar los mecanismos de coordinación multinivel y multiactor, reconociendo el aporte específico de todos los actores, corrigiendo la ineficacia de las estructuras de coordinación y complementariedad que existen actualmente. Por
ejemplo, la Comisión Interterritorial de Cooperación Internacional no cuenta con un enlace que permita su articulación con la sociedad civil.


- Reforzar la capacidad técnica y financiera de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo.


- Acometer las reformas legales necesarias para superar las limitaciones que suponen la ley de subvenciones, o la ley la reguladora de las bases de régimen local, entre otras, y otorgar un marco legal adecuado para la cooperación
descentralizada.



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- El último eurobarómetro publicado a finales de abril recogía que el 94 % de las personas encuestadas señalaron que es muy importante o bastante importante colaborar con los países externos a la UE para reducir la pobreza. La solidaridad
es un valor que no debemos cuestionar.


4. Stefan Pleisnitzer. Director General de Malteser Internacional.


Documentación: Presentación en Power Point.


Malteser Internacional es el brazo de Ayuda Humanitaria para la Soberana Orden de Malta. La Soberana Orden de Malta (https://www.orderofmalta.int/es/) se fundó hace más de 900 años en Jerusalén, su Sede soberana está en la ciudad de Roma.
Posee un Gobierno con una estructura similar a la de los gobiernos estatales pero con características especiales por su naturaleza de orden religiosa laica.


Aprecian en la AECID:


- El compromiso hacia la Agenda 2030 y los ODS orientada a la lucha contra la pobreza y al desarrollo humano sostenible, con un enfoque hacia la reducción de la inequidad y los desequilibrios.


- Que todos los instrumentos relevantes como la cooperación técnica, la cooperación económica y financiera, la ayuda humanitaria y la educación para el desarrollo y sensibilización social están bajo una línea de mando, Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación. Una sola dirección es algo muy positivo, para facilitar la coordinación y la flexibilidad en la respuesta.


- La inclusión de la Diplomacia humanitaria en la agenda. La cooperación para el desarrollo no va a resolver muchos de los problemas, que en su mayoría tienen origen político, histórico, y, por tanto, poner en valor el rol que la diplomacia
ha de jugar.


- Que destine fondos para la educación para el desarrollo y sensibilización social en España y a la información adecuada de la ciudadanía. Años invirtiendo en ayuda humanitaria, hay que comunicar los resultados, pues si no, hay sensación de
que no se avanza.


- Los convenios de emergencia con ONG humanitarias que garantizan la capacidad de reaccionar rápidamente a las crisis de emergencia.


- Que la promoción de la democracia incluye la financiación para ONGs y la sociedad civil, tanto los países de destino como en España.


- La cooperación Sur-Sur y Triangular. España y la cooperación española juegan un rol proactivo y protagónico, y que será de importancia en el futuro.


Sugerencias para el futuro:


- Al repensar la cooperación en el seno de la Unión Europea, en el proceso de concentración es necesaria una perspectiva de complementariedad europea tanto geográfica (i.e. América Latina) como sectorialmente. Así como Francia tiene un
enfoque de África Occidental, también, por influjo español, la cooperación europea ha de tener presente a América Latina, especialmente en cuanto a emergencias.


- Fortalecer la cooperación Sur-Sur y Triangular


- Que la financiación de / vía ONGs:


- Pueda contribuir específicamente al fortalecimiento institucional de sus organizaciones asociadas y / o de la sociedad civil en el sur.


- Cubra la totalidad de las necesidades (trabajo programático [cálculo de costes completos] y educación / sensibilización para el desarrollo en su propio país).


- Sea mayoritariamente en forma de programas (flexiblemente ajustables y de fácil manejo y documentación) en vez de proyectos individuales.


- Sea con ajustes, documentación y seguimiento fácil de parte de los receptores y ágil de parte de AECID, rendición de cuentas y flexibilidad para realizar ajustes necesarios.


VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.


Preámbulo-Hacia una nueva Ley de Cooperación Internacional para el desarrollo sostenible.


Han pasado casi veintitrés años desde que las Cortes Generales aprobaran y ratificaran la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, manifestándose la voluntad ya contenida en el preámbulo de la Constitución
de 1978, por la que se proclama la voluntad de España



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de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra.


Partimos hoy de la experiencia acumulada de siete lustros de historia en los que la Cooperación Española ha contado con un amplio respaldo ciudadano, muy superior al de una mayoría de Estados Miembros de la Unión Europea, y ha demostrado su
capacidad de ser un instrumento transformador de la acción exterior de España: con presencia en terreno, capacidad de escucha, diversa especialización técnica, y con una gestión democrática y descentralizada compartida con la sociedad civil.


Desde entonces, tanto al concepto de cooperación internacional para el desarrollo como al contexto global en el que ésta tiene lugar le han sucedido grandes transformaciones. En efecto, la Agenda de Desarrollo Sostenible para el periodo
2015-2030, aprobado en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, nace con la vocación de impulsar un contrato social global, aunado en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas, donde
instituciones públicas, sociedad civil y sector privado asumen conjuntamente la responsabilidad de preservar y proveer los bienes públicos globales. Asimismo, la crisis global provocada por la pandemia de la COVID-19, y que aún hoy continuamos
atravesando, ha quebrantado la más mínima expresión de duda sobre lo global e interconectado de este mundo y ha subrayado la necesidad de abordar los problemas desde una perspectiva integral, coordinada a nivel internacional, para dar una respuesta
inclusiva más allá de nuestras fronteras.


Este enfoque integral implica, por tanto, una dimensión transversal y de coherencia de todas las políticas para el desarrollo, de participación de todos los países, de todos los actores, de todas las personas, como condición necesaria para
superar los desafíos que afrontamos como humanidad. Como referente mundial en lo que a la cooperación internacional para el desarrollo se refiere, y siguiendo los pasos de Naciones Unidas y la Unión Europa, España debe aprobar un nuevo consenso
sobre el desarrollo sostenible que responda con mayor eficacia y eficiencia a los retos de la Agenda 2030 y que contribuya a superar las fallas y deficiencias de su propio sistema.


Bajo esta vocación ha tenido lugar la Subcomisión para el Estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de cooperación internacional para el desarrollo, constituida en el seno de la Comisión de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, a fin de propiciar un proceso de reflexión y análisis conjunto en el que las y los representantes de los distintos grupos, autoridades públicas, sector privado, sociedad civil y personas expertas en cooperación, pudieran articular,
con la mayor rigurosidad técnica y con el máximo consenso parlamentario y social posible, las líneas básicas que habrán de orientar al Gobierno en la elaboración del anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible que
actualice el marco normativo vigente.


Recapitulando, el informe que sigue a estas páginas pretende recoger y sintetizar tanto mandatos claros de consenso para la futura Ley, como las recomendaciones más significativas de las y los comparecientes y de los estudios e informes
facilitados por las y los mismos, con la intención última de dar respuesta a la urgencia de reforma de la arquitectura legislativa e institucional del sistema de la Cooperación Española.


En definitiva, si hoy asistimos a un riesgo real de perder décadas de progreso en la lucha contra la pobreza, contra las desigualdades y a favor de los derechos humanos, se hace más necesario que nunca actualizar la política de cooperación
internacional como política de interés nacional. Es el momento de situarla en la centralidad de la acción exterior, de operativizarla para que alcance a ser el principal instrumento para la promoción de un desarrollo sostenible que, desde la
extensión de la democracia, los derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural, contribuya al cumplimiento de nuestros compromisos internacionales en torno al bienestar mundial y la solidaridad y seguridad humana.


Conclusiones de consenso extraídas de la Subcomisión como mandatos para la futura Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible.


1. Garantizar una Cooperación Española promotora de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como proyecto de país que, sin dejar a nadie atrás, incorpore la coherencia de políticas como un elemento central de la agenda
internacional de la sostenibilidad.


2. Asegurar que las planificaciones futuras definan estratégicamente Ejes-Misión para una Cooperación transformadora que contribuya al desarrollo sostenible y a la preservación de los bienes públicos globales, mediante una acción
humanitaria renovada, consolidando una cooperación feminista y ecologista basada en derechos humanos, e impulsando, entre otras, la salud global, la lucha contra las desigualdades globales.



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3. Establecer con carácter legalmente vinculante a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) como pilar central de la política de cooperación al más alto nivel, consolidando su liderazgo, mejorando sus
capacidades de coordinación, gestión y planificación, y superando su actual fragmentación mediante un modelo jurídico flexible que incorpore una carrera profesional mixta y genere alianzas multiactor y multinivel.


4. Ratificar la participación activa de las administraciones públicas en una cooperación con especial incidencia en el fortalecimiento institucional y del Estado de derecho, mediante la cooperación técnica pública y la construcción de
alianzas para el desarrollo entre instituciones públicas. Del mismo modo, velar por la complementariedad de las distintas modalidades de cooperación y sus instrumentos, a fin de que articulen sus especificidades para orientar intervenciones por
objetivos que generen un impacto más eficaz mediante la generación de alianzas.


5. Avalar legalmente a la cooperación autonómica, foral y local reconociendo su valor añadido, su singularidad y el principio de subsidiariedad, prestando especial atención a su contribución ante el desafío que supone la territorialización
de los ODS.


6. Desarrollar una cooperación multilateral coordinada y estratégica que imbrique a la Cooperación Española en la acción común de la Unión Europea.


7. Promover las colaboraciones público-privadas-sociales para catalizar alianzas de carácter multiactor y multinivel para la contribución internacional de España al desarrollo sostenible.


8. Impulsar una cooperación financiera al servicio del desarrollo sostenible y adecuada a la reforma reciente de la arquitectura financiera de la Unión Europea.


9. Mejorar los instrumentos de evaluación para el aprendizaje continuo y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas accesibles a la ciudadanía.


10. Dar anclaje legal al crecimiento y fortalecimiento de la política de cooperación, garantizando legalmente el suelo mínimo de destinar el 0,7 % de la Renta Nacional Bruta (RNB) a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en 2030.


Recomendaciones para una política de cooperación en el centro de la acción exterior española.


A tenor de los informes, estudios y comparecencias celebradas en sede parlamentaria, el Congreso de los Diputados, partiendo de la arquitectura institucional y competencial del Estado derivada del marco establecido en la Constitución
Española y los Estatutos de autonomía, insta al Gobierno de España a cumplir con el siguiente mandato:


1. Hacia una Cooperación española promotora de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.


1. Impulsar una nueva Ley de Cooperación Internacional para el desarrollo sostenible y revisar normativas complementarias con el fin de consolidar el liderazgo y la identidad transformadora de la Cooperación Española, alineando sus
objetivos y sus prioridades estratégicamente con la Agenda 2030 y los ODS en lo referido a los grandes desafíos del desarrollo sostenible que trascenderán su marco temporal.


2. Ahondar en el desarrollo de las recomendaciones del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Informe 'Un nuevo sistema de Cooperación al Desarrollo para hacer
realidad la Agenda 2030' del Consejo de Cooperación.


3. Apostar por una reforma con mirada amplia a dos velocidades que aborde lo urgente y lo importante en una misma dirección:


a) Impulsando un modelo de planificación, organización y gestión flexible, eficaz, bien dotado, transparente y adecuado a la actividad internacional.


b) Consolidando su carácter de política de Estado con una visión transversal, capaz de vertebrar y catalizar alianzas para el desarrollo sostenible, alineando los esfuerzos de los actores implicados, potenciando su coordinación y
complementariedad y elevando la coherencia del conjunto.


4. Incluir en el preámbulo referencias a la Agenda 2030 y a los compromisos internacionales, y, de igual modo, incorporar en el articulado de la futura Ley nuevas narrativas que incorporen la interdependencia global y el valor de una
cooperación capaz de contribuir decisivamente a la preservación



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de los bienes comunes y a la promoción de un desarrollo sostenible e inclusivo global basado en un enfoque interseccional de derechos y con capacidad de integrar a diferentes actores del Sur global.


5. Actualizar y profundizar, desde una visión holística, en el desarrollo de ejes-misión prioritarios conectados entre sí para el abordaje de los compromisos, objetivos y metas de la nueva agenda internacional para el desarrollo:


a. Promover una Cooperación Feminista que aborde de forma integral las causas sistémicas y estructurales de la pobreza, la desigualdad de género y que contribuya al empoderamiento de las mujeres, adolescentes y niñas y al reconocimiento
efectivo de sus derechos políticos, económicos y culturales.


b. Contribuir a una Justicia Climática y Ambiental Global y Multilateral, que impulse decididamente proyectos dirigidos a apoyar los esfuerzos locales e internacionales en la lucha contra el cambio climático y sus impactos múltiples de
carácter ecosocial, abordando intervenciones de mitigación, adaptación y reversión de la pérdida de biodiversidad y de gestión eficiente y sostenible de los recursos naturales.


c. Ampliar el espacio cívico y democrático y promocionar los derechos humanos e instituciones inclusivas y representativas a favor de la equidad el bienestar común.


d. Promover la Salud Global desde una visión que incorpore la contribución de España en la liberación de las patentes para el acceso universal y equitativo a la vacunación y a los medicamentos esenciales como un bien público global, en los
tratamientos en caso de pandemias o desafíos de salud pública, en el reforzamiento de la atención primaria y de los servicios esenciales para una cobertura sanitaria universal, en la vertebración de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres, adolescentes y niñas, y en la lucha contra la malaria, el VIH-Sida, la tuberculosis, el Chagas, etc.


e. Reforzar el marco de investigación en cooperación y desarrollo sostenible a fin de posibilitar el adecuado reconocimiento de la labor investigadora de las y los profesiones en la materia, adoptando un mecanismo constante de intercambio y
generación de información que contribuya a la innovación y adaptabilidad de la Cooperación Española a las nuevas tendencias globales.


f. Apostar por la Educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía global, mejorando la información sobre el valor añadido de la cooperación internacional para el desarrollo en la enseñanza e incorporando instrumentos y enfoques
innovadores que evidencien el impacto positivo de la cooperación -contribuyendo a una nueva narrativa de interdependencia, solidaridad y corresponsabilidad-, para la conformación de una ciudadanía global responsable y con conciencia crítica.


g. Contribuir a la valoración de la diversidad cultural en el ámbito educativo y a la protección y salvaguarda del patrimonio cultural del mundo, poniendo énfasis en las culturas amenazadas o en proceso de asimilación forzada y en las
lenguas que las vehiculan, desde una perspectiva transversal de derechos humanos.


h. Reforzar la cooperación con aquellos países con los que nos unen lazos históricos, así como con los países de origen de la inmigración procedente de África, al objeto de mitigar las migraciones forzadas y garantizar el derecho a migrar de
forma segura y regular.


i. Incorporar la Agenda de Trabajo Decente como un nuevo eje-misión prioritario que garantice y vertebre la labor de la cooperación sindical.


j. Continuar profundizando en las Estrategias donde la Cooperación Española goza de una amplia experiencia, tales como las dirigidas a la lucha contra la pobreza, la soberanía alimentaria, la promoción de la educación y la cultura, el
desarrollo de un tejido laboral justo e inclusivo, el acceso al agua y el saneamiento, la promoción de la paz, los derechos de las minorías y de los pueblos indígenas, o los derechos de la infancia, entre otras; aprovechando la experiencia de la
Cooperación Española para explotar sinergias entre los ámbitos en los que tradicionalmente ha centrado sus esfuerzos y las nuevas prioridades que se vayan incorporando como resultado de las nuevas tendencias globales.


6. Profundizar en la territorialización efectiva de los ODS desde las estrategias (ejes-misiones) priorizadas desde una visión multidimensional y transversal, avanzando en la aplicación efectiva de enfoques intersectoriales, y combinando la
demanda de los países con la oferta en aquellos ámbitos en los que la Cooperación Española pueda aportar un mayor valor añadido.


6 bis. Crear mecanismos de flexibilidad geográfica, más allá de criterios de pobreza o desigualdad, con el objeto de atender realidades específicas de vulneración de derechos humanos o de amenazas sobre ecosistemas y hábitats estratégicos
para el desarrollo sostenible en el Sur global.


7. Incorporar, constatando las denominadas 'trampas de la renta media' en un contexto de ampliación de brechas globales y nacionales de desigualdad agravadas por crisis globales y regresiones



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democráticas a escala mundial, y sin olvidar a los países en situación de mayor vulnerabilidad, el concepto de desarrollo en transición (OCDE, CEPAL), a fin de contribuir al desarrollo sostenible de países que, independientemente de sus
niveles de ingresos, carecen de las capacidades suficientes para reducir la brecha socioeconómica interna con los países enriquecidos. Con todo, asegurar el liderazgo de España en la respuesta multilateral para la reestructuración de la deuda de
los países de renta media.


8. Mandatar en la Ley, vía disposición transitoria, la revisión y actualización del actual marco regulatorio normativo (desde la Ley de subvenciones, la Ley reguladora de las bases del régimen local, a la Ley de racionalización y
sostenibilidad de la Administración local) y de los instrumentos vigentes en las modalidades técnicas y financieras, para una nueva concepción de las ayudas que aúne esfuerzos públicos y privados para el logro de objetivos ambiciosos.


9. Impulsar alianzas que movilicen todos los recursos y las capacidades de actores diversos, compartiendo conocimiento y apostando por soluciones multidimensionales adaptadas a cada contexto, para abordar el logro de los objetivos que
plantea la reforma.


9 bis. Los agentes públicos de cooperación, en cumplimiento del marco jurídico en materia de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana, garantizarán el acceso y disponibilidad de información actualizada y comparable sobre los
desembolsos de la AOD, a través de la adecuada rendición de cuentas con el correspondiente plan de control de seguimiento, evaluación y verificación de los objetivos y resultados alcanzados por la política de cooperación, así como los datos
cuantitativos y cualitativos y procesos de toma de decisiones, en una lógica de comunicación para el desarrollo.


10. Realizar evaluaciones de pertinencia, diseño e impacto de las políticas de cooperación y de las políticas con impacto en desarrollo, con estándares comunes e indicadores medibles de forma objetiva, que permitan mejorar su resultado,
reforzando las capacidades de aprendizaje (lecciones aprendidas) del sistema y, sin descuidar el aprendizaje derivado del análisis de los procesos, aumentar el foco en los resultados. Asimismo, se habrán de asegurar y garantizar los mecanismos de
transparencia para la rendición de cuentas mediante una contabilización que incluya todos los flujos de la cooperación internacional y del desarrollo sostenible.


10.1 bis. Establecer estándares obligatorios de transparencia, información y acceso a información sobre la cooperación española en todos sus ámbitos y niveles.


10.2 bis. Impulsar nuevos procedimientos de vinculación de especialistas y profesionales formados por el sistema universitario en el conjunto de la Cooperación Española.


10.3 bis. Consolidar un sistema de evaluación independiente y autónomo que sea realmente útil para la rendición de cuentas, el aprendizaje y la transformación y adecuación permanente del sistema de cooperación. Dotarle, asimismo, de
presupuesto propio y personal cualificado y promover la implicación corresponsable de todos los actores de cooperación, incluida la articulación con la cooperación descentralizada, favoreciendo el intercambio de información y la gestión del
conocimiento evaluativo.


2. La Cooperación Española como proyecto de país: coherencia de políticas.


11. Contribuir a la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible garantizando la transversalidad de la política de cooperación en el conjunto de la acción gubernamental, adecuando la totalidad del ciclo de las políticas públicas a
los principios de la Agenda 2030, la Agenda Climática, la Agenda de Financiación del Desarrollo, al cumplimiento y promoción de los derechos humanos, y, en aquellos ámbitos o territorios objeto de iniciativas de cooperación en los que sea aplicable,
la Agenda Urbana de la Unión Europea.


12. Integrar en el marco normativo medidas supletorias que velen por la coherencia de políticas en materia de derechos económicos, sociales, culturales, laborales y medioambientales:


a. Incorporar en los tratados internacionales el cumplimiento íntegro de todos los compromisos internacionales en relación a Derechos Humanos, incluyendo el Acuerdo de París y el pleno respeto por los derechos de los pueblos indígenas u
originarios, los derechos de las mujeres y de la infancia y los derechos laborales.


b. Garantizar que en los futuros Acuerdos Internacionales suscritos con Estados con poblaciones indígenas y tribales de los que España forme parte, se promueva el cumplimiento de los fines expuestos en los artículos 2, 6, 7, 8, 9 y 10 del
Convenio n.º 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Bajo esta premisa, promover en el seno de las actuales y futuras negociaciones del tratado firmado entre la Unión Europea y Mercosur, que se observe y promueva la aplicación de la
totalidad del Convenio n.º 169 de la OIT como parte de la sección de Derechos Humanos.



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c. Aprobar una Ley de diligencia debida para las empresas transnacionales españolas en todos los eslabones de la cadena de producción, con el objeto de velar por su responsabilidad en la detección, prevención, reducción y reparación de daños
de los impactos ambientales y de derechos humanos en sus actividades a lo largo de las cadenas de suministro.


d. Exigir en toda contratación pública la incorporación de manera transversal y preceptiva de criterios medioambientales, de derechos humanos, con sensibilidad al género y de sostenibilidad energética, cuando guarden relación con el objeto
del contrato, que deberán ser objetivos y respetuosos con los principios informadores de contratación pública y los estándares internacionales en materia laboral y de erradicación del trabajo infantil.


e. Incluir en todas las ayudas para la internacionalización empresarial criterios preceptivos basados en el desarrollo sostenible e inclusivo, en base al valor añadido y no a la competición en bajos costes, y al marco de internacional de
derechos humanos, incluidos los derechos laborales.


f. Promover una digitalización responsable, sostenible y respetuosa con los derechos humanos en el aprovisionamiento de materias primas de los equipos digitales, neutra en carbono y que promueva la responsabilidad fiscal del sector.


13. Dotar a la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional de las capacidades necesarias para participar del mecanismo para el análisis sistémico y la gestión integrada de la coherencia de políticas a nivel intergubernamental y
multinivel, con la responsabilidad de trasladar el análisis internacional y de cooperación con una visión de conjunto y en aquellos ámbitos de su competencia, y garantizando asimismo su correcto funcionamiento.


3. De los Ejes-Misión a las futuras Estrategias de una Cooperación Española transformadora.


Hacia una Acción Humanitaria renovada.


14. Incorporar en la futura Ley una correcta y actualizada definición de la Acción humanitaria e incluir referencias concretas al fortalecimiento de la Acción Humanitaria que ha tenido lugar en las últimas décadas: los principios
humanitarios, el enfoque de riesgo y vulnerabilidad social, el derecho internacional humanitario (haciendo especial énfasis en la Resolución de la Asamblea General 46/182), el derecho internacional de las personas refugiadas, la definición de marcos
regulatorios propios, la Cumbre en 2016 o la Estrategia de Acción Humanitaria 2019-2026 del Gobierno de España, entre otras.


15. Reforzar y consolidar la estructura de la futura Dirección General de Acción Humanitaria en sede y terreno, simplificando sus procedimientos de despliegue, incrementado su colaboración con terceras direcciones, departamentos y unidades
ministeriales, facilitando la incorporación de profesionales y su movilidad entre sede y terreno, y reduciendo la carga administrativa de los convenios de emergencia.


16. Diversificar los instrumentos de financiación con objetivos humanitarios, mejorar la comunicación sobre el trabajo humanitario más allá´ de las crisis y emergencias mediáticas, y reforzar los avances de los últimos años: programación
más estratégica; diplomacia humanitaria y respuesta a emergencias más pertinente, reactiva y coordinada, tanto a nivel estatal como con la Unión Europea y Naciones Unidas; y consolidación del impacto que tienen las políticas de Nexus y Grand
Bargain humanitario en zonas de conflicto armado.


17. Acompañar con medidas diplomáticas la acción de las entidades en terreno, con el fin de facilitar el trabajo de las entidades frente a la reducción del espacio humanitario.


18. Garantizar la transversalidad de los enfoques feministas y de interseccionalidad en las intervenciones humanitarias, dotando a las mismas de herramientas y recursos específicos.


19. Garantizar una secuenciación que genere un continuo entre la acción humanitaria y la cooperación a medio plazo sintetizada en las '3R': respuesta, recuperación y resiliencia.


Hacia una Cooperación feminista.


20. Revisar, desde un enfoque de derechos, interseccional y multifocal, el marco normativo, reglamentario y los procedimientos para alcanzar el liderazgo internacional de la Cooperación Española en la promoción internacional de la igualdad
de género y la agenda de las mujeres, adolescentes y niñas.


21. Garantizar la transversalización de la perspectiva feminista tanto en la planificación, gestión y evaluación del conjunto de intervenciones sectoriales, como en acciones específicas dirigidas a garantizar el pleno ejercicio de los
derechos de las mujeres, adolescentes y niñas.



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22. Establecer áreas de actuación prioritarias dirigidas a paliar las causas de la desigualdad y discriminación por razón de género: la erradicación de las violencias machistas y prácticas nocivas tales como la trata con fines de
explotación sexual, la mutilación genital femenina o el matrimonio infantil; los derechos sexuales y reproductivos; la esterilización forzada por motivos de discapacidad; la educación y sensibilización en igualdad a hombres, adolescentes y niños;
el cierre de la brecha retributiva y digital; la revisión del sistema de cuidados por su vinculación con la segregación laboral y la desigualdad agravada para mujeres trabajadoras informales y en hogares con aumento de la carga de trabajo; el
empoderamiento económico, político y social de las mujeres, adolescentes y niñas, o la lucha contra los retrocesos en los derechos conquistados.


23. Facilitar un abordaje interseccional que contribuya a superar las desigualdades sistémicas, las relaciones de poder injustas, las leyes, las políticas y los programas discriminatorios que afectan a las mujeres de forma distinta en
función de origen, etnia, orientación e identidad sexual, discapacidad, edad y estatus socioeconómico.


24. Superar la jerarquía norte-sur con la finalidad de efectuar, desde un enfoque decolonial y de derechos que aborde las causas estructurales de la desigualdad de género, una agenda feminista compartida que incorpore a las organizaciones y
actores feministas en los procesos de diseño, implementación y evaluación de proyectos.


25. Incorporar un marco de evaluación del impacto de género y con perspectiva feminista que permita la actualización y seguimiento permanente de los criterios de medición de los sectores, marcadores e indicadores específicos establecidos
por el CAD.


26. Acompañar a la Cooperación feminista de un impulso político claro y estable que eleve la igualdad de género y los derechos de las mujeres y las niñas al nivel de prioridad política.


Hacia una Cooperación ecologista.


27. Avanzar decididamente en el desarrollo de una cooperación ecologista y para la justicia climática global que, alineada a la Agenda del Clima, a la Convención de Naciones Unidas para Luchar contra la Desertificación, al Convenio de
Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y al futuro marco para la biodiversidad post-2020 en el conjunto de sus niveles e instrumentos, contribuya a la lucha contra el calentamiento global y la crisis climática, incluyendo la lucha contra el
ecocidio, favoreciendo la conservación, restauración y gestión sostenible de los ecosistemas, promoviendo la transición energética limpia y justa y el fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios de los países empobrecidos.


28. Reforzar las capacidades estratégicas y operativas locales e internacionales para incorporar de manera efectiva, y desde un enfoque transparente y participativo basado en derechos humanos y en los principios de sostenibilidad de la
vida, ecofeminismo, interculturalidad, soberanía alimentaria y energética, a las organizaciones ecologistas e indígenas, para la mitigación, adaptación y reversión de la pérdida de biodiversidad, conservación de los recursos hídricos, recuperación
de suelos, adaptación agroecológica de los sistemas alimentarios y para la gestión eficiente y sostenible de los recursos naturales.


29. Seguir desarrollando intervenciones en el sector del desarrollo rural y de la seguridad alimentaria, respondiendo a la población desde un enfoque holístico basado en el derecho humano a la alimentación, y velando por una producción,
distribución y comercialización agroalimentaria sostenible y accesible a los sectores de la población en situación de mayor vulnerabilidad.


30. Apostar por el desarrollo de un nexo género-medioambiente.


31. Garantizar la transversalidad de la justicia climática global y la salud, dotando a las mismas de herramientas y recursos específicos.


32. Impulsar la participación de España en la Iniciativa Nansen a fin de impulsar las iniciativas pertinentes orientadas a facilitar y consensuar las prácticas y herramientas para la protección de las personas desplazadas entre fronteras
por razones medioambientales, e incorporar en el sistema humanitario la protección de las personas desplazadas en el contexto de desastres medioambientales y crisis climática.


33. Continuar impulsando en los foros internacionales un mayor compromiso en la mitigación, adaptación y finanzas para afrontar la emergencia climática, para la implementación del Mecanismo de Pérdidas y Daños, y para la implementación de
un mercado de carbono robusto -que no suponga una merma del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas- con integridad social, ambiental y resiliente al clima, enfocado en generar recursos para transitar hacia un desarrollo sostenible
y basado en una distribución equitativa de esfuerzos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.



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Hacia una Cooperación basada en derechos humanos y defensora de quienes los defienden.


34. Incorporar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la Agenda 2030 la plena realización de los derechos humanos de todas las personas, haciendo especial énfasis en la promoción e inclusión social, económica y política de las
personas en situación de mayor vulnerabilidad por razón de etnia, religión, estatus social, identidad y orientación sexual, discapacidad, edad o cualquier otra circunstancia personal o social que pueda agravar la misma.


35. Identificar mecanismos de precisión y especialización sectorial y geográfica, profundizando en las buenas prácticas y dando respuesta a los compromisos en materia de derechos humanos suscritos por España.


36. Desarrollar una cooperación defensora de los derechos humanos, protectora de quienes los defienden y generadora de entornos favorables para el desarrollo del Estado de derecho, la sociedad civil y las instituciones democráticas. En
este mismo sentido, respaldar e impulsar actividades, investigaciones y misiones de verificación sobre la situación de los derechos humanos y de las y los defensores de los mismos.


37. Situar la protección de los derechos humanos y la lucha contra las desigualdades como marco ético de centralidad, con la finalidad de fortalecer una cooperación centrada en la lucha contra el empobrecimiento y la desigualdad, la
reducción de derechos, las prácticas clientelares, corruptas y contrarias a los derechos humanos de los Estados, o el avance de los fundamentalismos religiosos.


38. Continuar con el apoyo de acciones, estrategias y proyectos que promuevan y contribuyan, de la mano de la sociedad civil, a la consolidación democrática de los países receptores de la ayuda, haciendo especial incidencia en el
fortalecimiento institucional y del Estado de derecho, mediante la cooperación técnica pública y la construcción de alianzas para el desarrollo entre instituciones públicas.


39. Incorporar la Agenda de paz para convertir a la Cooperación Española en un agente promotor de procesos de paz, intermediación y dialogo, apoyada en sus relaciones privilegiadas y su propia experiencia.


40. Diseñar una política de cooperación y codesarrollo basada en derechos humanos con los países de origen de los flujos migratorios y los de tránsito, que no esté supeditada a los intereses de las élites de tales países ni tampoco a nudos
intereses de mercado o geoestratégicos, y que cuente, más allá de con los agentes fundamentales de las administraciones públicas, con las propias personas migrantes y agentes de la sociedad civil de los países de origen y de España.


41. Definir, clarificar y delimitar la aportación de la Cooperación Española a la política migratoria y la atención a personas refugiadas, impulsando intervenciones que vinculen las migraciones y el desarrollo en origen y destino.


Salud global.


42. Contribuir con todas las intervenciones, modalidades e instrumentos de la Cooperación Española a la salud global como derecho y bien público global, desde una perspectiva de equidad a partir de tres pilares:


a. Poner a disposición de los países socios las mejores capacidades técnicas y sanitarias de España para, en primer lugar, responder a las emergencias humanitarias con inmediatez y, de forma sostenida, fortalecer sus sistemas de salud con el
doble objetivo de lograr la Cobertura Sanitaria Universal y la dotación de un sistema de prevención preparación y respuesta inmediata a emergencias sanitarias.


b. Prestar especial atención a que las intervenciones generen un impacto positivo de género y contribuyan a la protección social de las personas más vulnerables, haciendo especial énfasis en las personas con discapacidad.


c. Trasladar a los debates y foros internacionales sobre Salud Global, los aprendizajes y lecciones aprendidas de la experiencia con los países socios, de manera que la postura de España atienda a sus situaciones específicas en, por ejemplo,
la definición de un modelo farmacológico global más transparente y cooperativo; el impulso de redes y plataformas de conocimiento y cooperación; o la defensa activa al acceso universal, equitativo y seguro a las herramientas y productos sanitarios
esenciales y, entre ellos, a las vacunas para lograr la inmunidad global contra la COVID-19 u otras futuribles pandemias.


43. Priorizar los derechos sexuales y reproductivos como una medida de primer orden que contribuye a la mejora radical de la salud de las mujeres, niñas y niños, que facilita que las niñas puedan seguir



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asistiendo a las escuelas, que posibilita la agencia e independencia de las mujeres en sus comunidades, y que podría ayudar a reducir la mortalidad materna hasta en dos tercios.


44. Continuar poniendo en valor la especialización de la Cooperación Española en la promoción del agua como derecho humano y bien público global, en cantidad y calidad suficientes para el desarrollo de las sociedades, en el mantenimiento de
los ecosistemas y en la lucha contra la pobreza y la prevención de las enfermedades.


45. Articular todo ello en una estrategia específica de Salud Global que recoja las contribuciones de todos los actores de la cooperación, especialmente de las Comunidades Autónomas y los especializados en el ámbito sanitario, que prevea de
forma específica el fomento de cuadros y personas expertas en salud global.


Erradicación de la pobreza y lucha contra la desigualdad.


46. Garantizar una considerable movilización de recursos en la lucha contra la pobreza en todas sus dimensiones, bajo los objetivos identificados de erradicar la pobreza extrema para todas las personas y colectivos vulnerables; reducir al
menos a la mitad la proporción que vive en situación de pobreza; garantizar que todas las mujeres y hombres tengan los mismos derechos a los recursos económicos y un mismo acceso a los servicios básicos, a la propiedad y al control de las tierras,
los territorios y otros bienes, a la herencia, a los recursos naturales, a las nuevas tecnologías y a los servicios económicos, incluida la microfinanciación; y fomentar la resiliencia de las personas en situación de mayor vulnerabilidad,
reduciendo su exposición a los fenómenos extremos relacionados con el clima y a otros desastres económicos, sociales y ambientales.


47. Velar por el fortalecimiento de la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales, y asegurar una mayor representación e intervención de los países empobrecidos en las decisiones adoptadas por las
instituciones económicas y financieras internacionales, con la intención de aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición de cuentas y legitimidad de tales instituciones.


Inclusión social y derechos de las personas con discapacidad.


48. Revisar el marco normativo, reglamentario y los procedimientos para alcanzar el liderazgo internacional de la Cooperación Española en la promoción internacional de los derechos de las personas con discapacidad, desde un enfoque
interseccional y multifocal, tanto a nivel horizontal como sectorial mediante intervenciones específicas.


49. Incluir de forma progresiva el principio de accesibilidad universal y diseño para todas las personas en la planificación e implementación de proyectos de la Cooperación Española.


50. Fomentar la disponibilidad de servicios y provisión de dispositivos de apoyo para la autonomía e inclusión y para romper el ciclo de pobreza-discapacidad.


51. Garantizar una correcta transversalización de la perspectiva feminista en los proyectos con población con discapacidad.


Diversidad sexual y derechos LGTBI.


52. Incorporar en los principios rectores y el futuro texto normativo, y en coherencia con la Declaración de Mérida, un marco que garantice la transversalización del enfoque de diversidad sexual y la promoción de los derechos de las
personas LGTBI como prioridad de la Cooperación Española.


53. Contribuir decididamente mediante sus programas y estrategias, y desde una perspectiva feminista e interseccional, a la erradicación de la exclusión, discriminación y violencia por razón de orientación e identidad sexual.


54. Generar indicadores específicos para la transversalización de la diversidad sexual, a fin de delimitar compromisos en los planes y programas para la vertebración de los derechos LGTBI en los países beneficiarios de la ayuda.


55. Liderar una hoja de ruta global para impulsar el reconocimiento de la diversidad sexual como bien público global, intensificando la incidencia en los diferentes foros en los que España participa como país.


56. Mejorar el marco de asilo y protección internacional de España para dar un apoyo específico a las personas LGTBI que se ven forzadas a huir de sus países de origen por motivos de persecución,



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discriminación o violencia, asegurando que nuestro país se convierte en un refugio global para la no discriminación contra las personas por razón de orientación e identidad sexual.


Cultura como motor de desarrollo.


57. Apostar por la cooperación cultural como una prioridad de la Cooperación Española que, poniendo el foco en la autoestima cultural y la diversidad cultural como elemento esencial para la paz y para el desarrollo humano, contribuya al
desarrollo del sector cultural de los países empobrecidos, promueva la comprensión intercultural y proteja la diversidad cultural y lingüística frente a procesos de aculturalización o asimilación forzada, y genere capacidades para el desarrollo
económico y social de las comunidades.


58. Profundizar en la trasversalización de la diversidad cultural y lingüística desde un enfoque basado en derechos humanos y con perspectiva feminista, a fin de contribuir a la transición global del paradigma de la jerarquía norte-sur al
del codesarrollo, la emancipación y el respeto íntegro por la soberanía y agenda de los países y pueblos originarios del Sur global.


59. Profundizar en la adopción de medidas específicas para la incorporación de los enfoques diferenciales y de derechos, tales como la promoción y el respeto íntegro por los derechos de los pueblos indígenas, tribales y originarios.


60. Incorporar al marco político definido por la nueva Ley y a la estructura de reforma de la AECID, los contenidos de la Estrategia de la Cooperación Española con los Pueblos Indígenas (ECEPI), de tal forma que se garantice su
actualización, desarrollo y aplicación efectiva.


61. Promover al Instituto Cervantes como un vector de la cooperación cultural, en colaboración con otros institutos culturales de carácter autonómico.


Garantizando los derechos de la infancia y la juventud y el derecho a una educación universal sin brechas.


62. Reconocer la importancia de una Cooperación veladora de los derechos de la infancia y de la educación, y profundizar en la Estrategia específica en este ámbito.


63. Reforzar los canales de acción humanitaria con la intención de salvaguardar los derechos de la población infantil y juvenil ante los retos y necesidades que plantea la pandemia de la COVID-19.


64. Defender y promover en foros multilaterales los derechos de la infancia en riesgo por los efectos de la propagación global de la COVID-19, haciendo especial énfasis en cuestiones relativas a la atención a la salud y a la educación de
las niñas y niños, y apoyando e impulsando planes de acción global para implementar y financiar programas que aseguren sus derechos y vayan encaminados a la erradicación del trabajo infantil. Estas actuaciones y planes deberán incorporar la
perspectiva feminista a fin de reconocer el impacto de la pandemia en la vida y el futuro de las niñas y adolescentes, y promover de este modo un avance efectivo en la protección de sus derechos.


65. Apremiar a aquellos Estados que aún no lo hayan hecho a ratificar y firmar la Convención sobre los Derechos de la Infancia y sus protocolos facultativos, a fin de alcanzar un Pacto Global por la Infancia que reconozca la universalidad
de los derechos humanos de las niñas y niños, y auspicie el cumplimiento de los ODS en todos los ámbitos que conciernen de forma directa a la infancia.


66. Reformular la Educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía global partiendo de la premisa de que las grandes transformaciones hacia la justicia global, la igualdad y la sostenibilidad, requieren de una ciudadanía
crítica, comprometida y educada a nivel formal e informal, para ser impulsora y protagonista de las mismas.


67. Implantar la digitalización de los países socios de la Cooperación Española como una prioridad sectorial que apueste por la conectividad, la educación digital y la recuperación temprana para el cierre de la brecha digital, integrando el
principio de accesibilidad en todas las acciones.


68. Promover una digitalización responsable, sostenible y respetuosa con los derechos humanos en el aprovisionamiento de materias primas de los equipos digitales, neutra en carbono y que promueva la responsabilidad fiscal del sector.



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4. Actualización de la arquitectura institucional del sistema de Cooperación.


69. Reordenar y modernizar todo el sistema institucional del Gobierno central que interviene en la cooperación internacional para el desarrollo, alineando la actuación de los diferentes departamentos implicados en torno a una visión
política común.


70. Mantener vinculada la política pública de cooperación a la política exterior, con la planificación, dirección y ejecución del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, situándola en la centralidad de la misma con
mecanismos de autonomía suficientes que garanticen la protección de sus objetivos y principios rectores y su estabilidad frente a los cambios de prioridad y relación propios de la geopolítica.


71. Concitar, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la colaboración de otros Ministerios y de la Presidencia del Gobierno para elevar el rango de esta política y su potencial de eficacia y contribución a la
acción global del Estado. De forma añadida, impulsar una Comisión Delegada presidida al más alto nivel que garantice una coordinación interministerial eficaz que aporte una visión de conjunto para garantizar la coherencia de políticas.


72. Consolidar como centro político de alto nivel y con capacidad de coordinación interministerial, la capacidad gestora, el liderazgo y la capacidad representativa en los foros internacionales de desarrollo del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y revisar el modelo orgánico y funcional asegurando una única dirección estratégica y ejecutiva, y reforzando el rango y las capacidades de las unidades responsables en dicho Ministerio de la planificación (a
través de la elaboración del Plan Director de la Cooperación Española), la coherencia de políticas para el desarrollo y la evaluación de las mismas.


73. Acometer una revisión en profundidad de la actual estructura institucional que apuntale el liderazgo y eleve el perfil político de la AECID a pilar central de la política de la Cooperación Española, superando su actual fragmentación y
descoordinación:


a. Otorgándole mayores capacidades estratégicas, de autonomía, coordinación, gestión, planificación y liderazgo para articular la pluralidad de la Cooperación Española.


b. Simplificando y armonizando sus estructuras para una mayor eficiencia y flexibilidad.


c. Concediéndole, con una mirada por objetivos basada en resultados, mayores capacidades operativas para fortalecer la especialización y la horizontalidad, y para llevar a cabo evaluaciones de impacto previas y evaluaciones de ejecución ex
post.


d. Revisando a fondo su estructura jurídica, reintegrando en su seno el universo de fundaciones y otras instituciones a las que se les han transferido competencias (Fundación Carolina, Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas -FIIAPP- etc.), y eliminando barreras burocráticas y duplicidades innecesarias.


e. Consolidando nuevos mecanismos e instrumentos de articulación, cooperación y gobernanza compartida del conjunto del entramado del sistema de la Cooperación Española: bilateral y multilateral, interministerial y descentralizada.


f. Estableciendo un modelo de gestión económica y de personal flexible, con un marco laboral adecuado que promueva una carrera profesional mixta y que permita la promoción y atracción de talento.


74. Simplificar la gestión de la Cooperación Española en todas sus fases y niveles, impulsando reformas legales y administrativas con especial atención a la subvenciones en cualquiera de sus modalidades.


75. Elevar el perfil de la Oficina de Acción Humanitaria al de una Dirección General.


76. Optimizar y reforzar las Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC).


77. Reforzar la horizontalidad y articular una Dirección General de Cooperación Feminista dentro de la AECID que garantice la incorporación de los enfoques feministas multifocales desde la interseccionalidad y de manera transversal en todas
las políticas de desarrollo.


78. Establecer un mismo marco general o departamental de colaboración entre el sistema público de Cooperación y los interlocutores sociales y económicos, ONGD, academia, organizaciones patronales y organizaciones sindicales más
representativas, que incentive las alianzas para el desarrollo sostenible, además de los marcos específicos para con los que cada actor pueda desarrollar su aporte singular al sistema de cooperación.



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5. Articulación y complementariedad para una Cooperación multinivel.


El valor añadido y diferencial de la Cooperación descentralizada.


79. Amparar el valor añadido de la cooperación autonómica, foral y local que, trabajando en el marco de los principios de la Alianza Global para el Desarrollo Eficaz, representa una de las señas de identidad de la Cooperación Española,
reflejando en la Exposición de motivos de la futura Ley sus logros y su carácter plural y diverso como expresión de la solidaridad y singularidad de cada municipio, región o nacionalidad; por el principio de subsidiaridad en lo que respecta a la
mayor proximidad y cercanía que tienen los poderes regionales y locales con la ciudadanía; y por su narrativa anclada en su propia tradición y su potencial de futuro basado en la ciudadanía global y el papel de la sociedad civil organizada en el
desarrollo, la democratización y la convivencia global.


79.1 bis. Dar carta de naturaleza al importante papel de la cooperación descentralizada, garantizando su reconocimiento legal, institucional y doctrinal, y avanzando en su incorporación a la dirección de la Cooperación Española desde el
principio de subsidiariedad.


79.2 bis. Haciendo especial mención a las Leyes de Cooperación autonómicas recientemente aprobadas o en proceso de elaboración: Ley Vasca, de las Islas Baleares, de Cataluña y de Extremadura (en proceso), y a la Ley Valenciana de 2017 y
Gallega recientemente aprobada.


80. Fortalecer la articulación multinivel y cohesión holística entre la Cooperación Española y la cooperación descentralizada, con el objetivo de implementar una visión compartida y en alianza que vertebre la cooperación internacional como
una política de Estado que, en cumplimiento de la Ley de Acción Exterior, recoja la planificación de abajo arriba para que el ecosistema de agentes de la cooperación actúe en clave de palanca para el cumplimiento de objetivos comunes.


81. Asegurar legalmente la dimensión del principio de subsidiariedad, a fin de garantizar el pleno reconocimiento del papel de los Gobiernos autonómicos, forales y locales en la política pública de cooperación.


82. Operativizar, de la mano de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) así como de las federaciones de municipios de las comunidades autónomas, aquellos canales de participación e interlocución institucional de las
administraciones locales en la coordinación, diseño, implementación y evaluación de la política de cooperación (Consejo de Cooperación y Comisión interterritorial de Cooperación para el Desarrollo).


83. Impulsar la Conferencia Sectorial de Cooperación y reforzar los canales y espacios de encuentro y de participación de las Comunidades Autónomas y de las corporaciones locales desde una visión compartida y de conjunto, de cara a
propiciar el trabajo conjunto entre las diferentes administraciones, establecer prioridades conjuntas, complementar las actuaciones de cada actor, y garantizar el aprendizaje y la evaluación de esas actuaciones para evitar posibles ineficiencias
derivadas de la falta de coordinación.


84. Revisar las leyes y normativas estatales que incidan directamente en las competencias e instrumentos de las administraciones autonómicas, forales y locales, de forma que permitan llevar a cabo de forma más eficiente y ágil sus políticas
y proyectos de cooperación internacional para el desarrollo.


85. Consolidar mecanismos de diálogo, de participación y coordinación adecuados y eficaces para establecer estrategias consensuadas, articuladas y complementarias con la cooperación autonómica, foral y local, así como reforzar su papel en
materia de cooperación técnica. En este sentido, reconocer expresamente a los Fondos de Cooperación Municipales y a la Cooperación de Fondos de Cooperación y Solidaridad como instrumentos de los gobiernos locales para la cooperación internacional
para el desarrollo, garantizando su participación de pleno derecho en los órganos consultivos y fomentando la complementariedad en aquellas iniciativas que estén vinculadas al desarrollo territorial, mundo local y/o municipalismo.


86. Impulsar y analizar en la inclusión de la futura Ley, el acceso de los agentes de la Cooperación autonómica, foral y local a la realización de cooperación delegada de la Unión Europea y de cualquier organismo multilateral.


87. Habilitar en la nueva Ley fórmulas jurídicas que permitan a las Comunidades con capacidad legislativa y voluntad de erigirse en actores institucionales, también en el ámbito de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, participar
con voz y voto en foros europeos e internacionales de la cooperación, siempre y cuando en los mismos se aborden materias de su competencia.



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Una Cooperación Española europea y multilateral.


88. Asegurar la definición de una posición española coherente en los debates sobre desarrollo en los diferentes foros multilaterales (Naciones Unidas, G20, CAD, instituciones financieras internacionales, etc.), coordinada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y fortalecer las capacidades en el seno de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional para asegurar una contribución española efectiva a la configuración de la agenda de desarrollo
multilateral.


89. Promover una cooperación multilateral coordinada y estratégica que fortalezca los mecanismos de ejecución de la cooperación delegada e imbrique decididamente a la Cooperación Española en la acción común de la Unión Europea y de las
Naciones Unidas: aumentando la capacidad de influencia de España en la fijación de prioridades de la ayuda al desarrollo en el seno de la Unión Europea y de las Naciones Unidas (1); estableciendo de forma clara el reparto de tareas entre los
diferentes actores de la cooperación para alcanzar los objetivos que se derivan de esas prioridades (2); y fortaleciendo los mecanismos de coordinación entre la cooperación delegada y la cooperación española, incluyendo la cooperación
descentralizada (3).


90. Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de las diferentes unidades encargadas del seguimiento estratégico, técnico y administrativo de la cooperación multilateral, incluyendo los fondos canalizados a través de la Unión
Europea, y promover una mayor presencia, capacidad de diálogo e influencia en el diseño e implementación de la política de desarrollo de la Unión Europea, en coordinación con las instituciones competentes.


91. Constituir una Oficina de Gestión transversal de la cooperación delegada dependiente de la AECID, incorporando medidas de inclusión de esta cooperación en el ciclo de planificación, rendición de cuentas, transparencia y de refuerzo de
la participación de los diversos actores sociales.


92. Coordinar y delimitar con mayor claridad los ámbitos de actuación de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, la AECID y la FIIAPP, incluyendo la relación con la Representación Permanente en Bruselas, a fin de aprovechar
sus fortalezas en el diálogo con las instituciones europeas.


93. Sin perjuicio de todo lo anterior, incrementar el peso político, institucional y presupuestario de la Cooperación bilateral, mejorando la articulación entre ambas modalidades y asegurando la coherencia global del sistema con la agenda
internacional de derechos humanos.


6. Una Cooperación en alianza y multiactor.


94. Profundizar en el marco de colaboraciones público-privadas-sociales para lograr alianzas plurales y diversas de carácter multiactor, movilizando desde normas claras las capacidades de todos los actores implicados para la contribución
internacional de España al desarrollo sostenible. Para este fin será necesario avanzar hacia procesos de gestión más ágiles y flexibles con un marco regulatorio administrativo adecuado.


95. Reforzar el carácter del Consejo de cooperación como espacio central de diálogo de políticas, participación de los diversos actores en el seguimiento de la política de cooperación, y de iniciativas de desarrollo sostenible en la acción
exterior.


96. Reconocer en la futura Ley el rol diferenciado del mosaico de actores, su relación con el sistema de Cooperación y la planificación y evaluación participada del conjunto de ellos en las prioridades estratégicas comunes (Plan Director,
Comunicaciones, MAPS, etc.) para incrementar la corresponsabilidad, calidad y eficacia de la Cooperación Española.


97. Explicitar en la futura Ley el papel protagónico de las ONGD como agentes prioritarios de desarrollo, acción humanitaria, educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía global, seguimiento de las políticas públicas y
promoción de los derechos humanos y de coherencia de políticas.


98. Simplificar los requerimientos para el acceso del conjunto de actores a la financiación pública, sus procesos de selección, mecanismos de financiación y medios de rendición de cuentas, reduciendo la burocratización de los procesos de
financiación y los procedimientos, tal y como figura en el último informe de pares del CAD.


99. Reconocer en la futura Ley la relación de confianza y basada en normas claras propias del marco internacional de derechos humanos, los principios de desarrollo sostenible, de diligencia debida y de eficacia de la ayuda, con las
entidades empresariales como aliadas para lograr los ODS.


100. Impulsar marcos de colaboración público-privada-social con el sector empresarial que lo incentive a invertir en países no propicios para la inversión privada, y que asegure que las alianzas no se



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limiten a ser financiadoras y den cabida en ellas a la sociedad civil y a temas sustantivos relativos a los bienes públicos globales.


101. Continuar impulsando el papel de la unidad de empresa y desarrollo de la AECID a fin de estimular desde sede alianzas con actores estratégicos que faciliten el trabajo en terreno y lideren proyectos conjuntos que permitan fomentar el
desarrollo del tejido productivo local, con atención a las microempresas y a las medianas y pequeñas empresas, y que refuercen las economías locales, haciendo especial énfasis en la base de la pirámide, la economía social, el comercio justo y el
denominado 'missing middle' (pymes y cooperativas con potencial de crecimiento inclusivo y sostenible).


102. Reconocer en el nuevo marco legislativo la entidad de los sindicatos como agentes de cooperación por motivo del compromiso que ello supone con la contribución que en el ámbito de la cooperación realizan para la consecución de unas
relaciones laborales dignas y comerciales justas.


103. Desarrollar en la futura Ley un espacio propio de trabajo de la labor sindical, como defensores del propio sector laboral de la cooperación y salvaguarda de los derechos de las y los cooperantes, en el marco de la Agenda sobre trabajo
decente y las normas de la OIT.


104. Reconocer en la futura Ley el papel de la Academia y las y los expertos en investigación, mejorando el marco de evaluación y reconocimiento de su labor investigadora y facilitando la incorporación de estos avances en el conocimiento
sobre el desarrollo sostenible en la formulación e implementación de políticas públicas de desarrollo.


105. Apoyar a la Academia y a los centros de producción de conocimiento por medio de las ayudas oficiales a la investigación en cooperación, de las instancias de apoyo a la ciencia y de I+D+I, y generar mecanismos en el sistema de
cooperación para la absorción de los resultados de las investigaciones.


7. Una Cooperación financiera para el desarrollo sostenible.


106. Mandatar, vía disposición transitoria, la reforma de la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), con el objeto de elaborar una nueva Ley de Cooperación Financiera.


107. Redefinir el papel de la cooperación financiera, en un marco de cumplimiento de los derechos humanos y de respeto íntegro de los ODS y los principios de Eficacia de la Ayuda, que evite sobrecargar a los países con procesos de
endeudamiento.


108. Situar el foco de la cooperación financiera en el apoyo al desarrollo del tejido productivo local y regional de los países socios, y fomentar las mejores prácticas de finanzas sostenibles bajo el criterio de adicionalidad.


109. Establecer, con capacidades operativas, una institucionalidad adecuada a los objetivos y enfoques de la cooperación que integre a los diversos actores de la administración pública y sea capaz de promover alianzas innovadoras con
actores sociales y económicos.


110. Superar la actual fragmentación y rigidez del sistema de cooperación financiera, fortaleciendo su articulación, agrupando sus funciones técnicas, administrativas y políticas en una instancia pública, y adecuándola a la reforma reciente
de la arquitectura financiera de la Unión Europea que persigue otorgar un creciente peso a las instituciones financieras nacionales para la gestión de los fondos europeos.


111. Incorporar la debida diligencia en relación a los derechos humanos, laborales, al cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y a estándares medioambientales garantistas, reforzando el papel de la sociedad civil en la cooperación
financiera, tanto en España como en los países destino de operaciones.


112. Reconocer la inversión de impacto y socialmente responsable como mecanismo de financiación de la cooperación internacional para el desarrollo y como catalizador de colaboraciones público privadas de inversión en la creación y
aceleración del emprendimiento social y en la atención a los segmentos de población vulnerables, como potenciador del empoderamiento de la población y la creación de competencia de generación de actividad productiva.


113. Contribuir y profundizar en la taxonomía de finanzas sostenibles de la Unión Europea, con el objeto de aumentar la confianza en las inversiones verdes y en que estas cumplan con criterios sólidos y transparentes alineados con el Pacto
Verde Europeo, los compromisos adquiridos bajo el Acuerdo de París y la Agenda 2030.


114. Desarrollar un marco conceptual de financiación combinada (blended finance) que contribuya desde la adicionalidad a canalizar capital privado a la cooperación internacional para el desarrollo, y que defina los conceptos y posibles
estructuras de capital catalítico, capital protectivo y capital adicional.



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115. Mejorar las condiciones de evaluación de resultados e impactos y, en general, de accountability y transparencia.


116. Reforzar las capacidades del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento y adecuar su marco procedimental de actuación integrándolo en la futura estructura para la gestión de la cooperación financiera.


117. Reactivar el FONPRODE como instrumento de financiación de organismos multilaterales de desarrollo:


a. Adaptando la normativa aplicable a las subvenciones de política exterior a las condiciones de cooperación con organismos internacionales, especialmente con aquellos pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas.


b. Acotando sus prioridades estratégicas, en coherencia con los Ejes-Misión marcados por la Cooperación Española, y desarrollando pautas concretas de actuación para las diferentes temáticas y contextos geográficos.


c. Incluyendo en su presupuesto la posibilidad de realizar operaciones de carácter no reembolsable, estableciendo la relación adecuada y multiplicadora entre la cooperación reembolsable y no reembolsable, aplicando en la medida de lo posible
el concepto de policy first y modulando la posibilidad de impacto en déficit.


d. Incentivando la participación de diversos actores.


e. Simplificando sus tareas de gestión, dotándolo de un mayor número de técnicos especialistas en sede y terreno -y de mecanismos de coordinación con las instancias correspondientes de la AECID- y desarrollando esquemas de formación
flexibles y adaptados.


f. Creando los mecanismos necesarios para que sea ágil, eficaz y transparente en sus fines y se desarrolle por completo.


g. Adoptando una estrategia de evaluación, transparencia y comunicación de su actividad y resultados y de los distintos instrumentos a través de los cuales opera.


8. Marco para la coordinación de instrumentos.


118. Garantizar que los diferentes instrumentos de cooperación tengan el reto de alinear sus prioridades conformando estrategias desde los ejes-misión propuestos por la Agenda 2030, combinando sus especificidades para un impacto mayor desde
la colaboración público-privada-social. La complementariedad de la cooperación técnica y financiera es algo a lo que la cooperación financiera europea persigue otorgar un creciente peso y la reforma puede avanzar en una estructura más coherente en
la gestión de todos sus instrumentos. Este nuevo marco de instrumentos del sistema de la cooperación española tiene la oportunidad de permitir y aumentar su peso específico en la política de cooperación comunitaria con un modelo claro de
priorización y especialización de la cooperación delegada, y la coherencia entre diferentes fondos e instrumentos como el de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional-Europa Global.


9. Derechos de las y los Cooperantes.


119. Elaborar y aprobar un nuevo Estatuto de las y los Cooperantes que dignifique la situación laboral de las y los profesionales del sector de la cooperación, y que genere condiciones de igualdad de acceso a los servicios públicos e
incluya medidas de conciliación y de apoyo en el retorno.


120. Desarrollar, en el marco de la actualización del Estatuto de la y del Cooperante y en la revisión bianual del Código ético de la AECID, protocolos de información y respuesta con guías claras y códigos de conducta anexos que
proporcionen estándares éticos explícitos y normas para prevenir, proteger y responder a la explotación sexual, el abuso y el acoso en sede y en terreno, en coherencia con las recomendaciones de la OCDE, del Secretario General de NN. UU. y demás
directrices e instrumentos internacionales.


121. Avanzar en la definición de una carrera profesional especializada en cooperación internacional para el desarrollo dentro de la administración, que atraiga perfiles mixtos (puestos funcionariales y laborales), que permita la movilidad
del personal y su promoción tanto en sede como en terreno, y que resuelva la situación de precariedad en la que se encuentra el personal en el exterior.


122. Impulsar un programa de formación y especialización del personal en cooperación feminista en todo el sistema de cooperación, tanto en sede como en terreno.



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123. Garantizar, con recursos suficientes y a imitación de la legislación belga, el apoyo psicológico a las y los cooperantes españoles.


124. Mantener la figura del voluntariado dentro de un marco con garantías de actividades de voluntariado internacional de corto, medio y largo plazo.


125. Articular entre la Unidad de Funcionarios Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Departamento de Cooperación Multilateral de AECID y otras unidades competentes, una estrategia para
incrementar y mejorar la presencia de nacionales españolas y españoles en el sistema de Naciones Unidas.


126. Establecer un mecanismo de prácticas remuneradas para jóvenes profesionales que permita la incorporación de talento joven a la Cooperación Española en condiciones laborales adecuadas, tanto en los servicios centrales de la AECID como
en las OTC en el exterior, dinamizando así los recursos humanos a disposición de la Cooperación Española y evitando fugas de talento involuntarias a otros sistemas de Cooperación.


10. Recursos Financieros.


127. Dar anclaje legal al compromiso histórico internacional y de la ciudadanía española con el crecimiento y el fortalecimiento de la política de cooperación, garantizando legalmente el suelo mínimo de destinar el 0,7 % de la RNB a la AOD
en 2030, como se contiene en la meta 17.2 de la Agenda 2030 de acuerdo con la Agenda de acción de Addis Abeba.


128. Establecer el 10 % de la AOD bilateral como suelo de la Acción Humanitaria. Asimismo, establecer un plan de acción para alcanzar el porcentaje del 15 % de AOD en la cooperación gestionada por la AECID a la Acción Humanitaria a final
de la presente legislatura, sin perjuicio de la posible labor aceleradora de aquella con el resto de actores de la Cooperación Española.


129. Comprometer de forma progresiva el presupuesto total de AOD para lograr que un 30 % del mismo sea destinado de manera principal a la promoción de los derechos de las mujeres y de la perspectiva feminista.


130. Identificar elementos de continuidad política y estabilidad funcional de los recursos para la Cooperación Española, fijando compromisos presupuestarios adecuados y asegurando su cumplimiento.


131. Anticipar compromisos financieros plurianuales y acuerdos con diferentes organismos y fondos internacionales que son clave en la acción de desarrollo, así como establecer un cómputo de nuevas y emergentes modalidades tales como la
cooperación delegada, y clarificar con transparencia inversiones de cooperación que se produzcan más allá de la AOD.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2021.


VOTOS PARTICULARES


A la Mesa de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo


Voto particular del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) al informe para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de cooperación internacional para el desarrollo


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2021.-Víctor Manuel Sánchez del Real, Diputado.-Macarena Olona Choclán, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario VOX.


Voto particular núm. 1


Índice


1. Preámbulo.


2. Reforma de la arquitectura institucional de la cooperación española.


3. Reformas legales sobre racionalización, reducción de burocracia y evaluación.


4. Eliminación de la ideología de la cooperación española.



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1. Preámbulo.


La creación de esta subcomisión tenía, a priori, la intención de actualizar el marco normativo de la Cooperación española y, en especial, la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Así pues, esta
intención no resultaba descabellada, dado los años que han pasado desde la redacción de esta ley y todos los sucesivos cambios que se han producido en el mundo, particularmente dentro del sector de la Cooperación a nivel global.


Nuevas formas de analizar y comprender la Cooperación se han abierto paso en el discurso público y en el mundo económico y académico. Así, las formas en que dicha cooperación se viene ejerciendo comenzaban a ser replanteadas, por lo que
podría haber sido un momento idóneo para, de una manera auténtica, plantear una verdadera revisión del modelo de cooperación español, procediendo desde una visión crítica pero constructiva.


Desgraciadamente, esto no ha sido así. A nuestro entender, las conclusiones planteadas en la propuesta de informe sujeto a votación no responden a ningún consenso ni negociación entablada entorno a la cuestión. Tampoco recoge muchas de las
aportaciones de los expertos que han comparecido en el transcurso de la subcomisión. Por tanto, el documento que este grupo parlamentario ha recibido no es más que el resultado de una visión de parte. Hemos de destacar que tras las comparecencias
no se ha dado ni una sola reunión de trabajo entre los Diputados de la subcomisión, habiéndose así obviado el necesario trabajo parlamentario de debate y negociación.


Además, no podemos hablar de aquel documento como de un informe que contemple medidas que contribuyan a optimizar o a hacer más eficiente la legislación que se pretende reformar, sino más bien de todo un programa político sobre la
Cooperación. Este programa se basa en la omnipresente Agenda 2030, auténtica fuerza motriz inspiradora de este proceso de reforma.


Así, el referido informe introduce aspectos centrales de esta agenda, tales como el feminismo, el ecologismo trasnochado y el multilateralismo acrítico. Cuestiones muy de moda y actualidad en el mundo desarrollado, que ahora se pretenden
implantar en el subdesarrollado sobre otras prioridades más acuciantes y necesarias para este, tal y como son el desarrollo económico o el establecimiento de la democracia y el Estado de derecho. Por nuestra parte, creemos que la priorización en
Cooperación debería partir de un análisis de las necesidades de los propios receptores de dicha cooperación y no desde un punto de vista del primer mundo, porque la realidad es que la mentalidad y los parámetros del primer mundo no se pueden aplicar
en muchos países.


Por tanto, se pretende a través de este informe que la nueva ley se guíe y fundamente en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No obstante, esta intención es un disparate contradictorio, ya que al establecerse una ley se
debe buscar siempre que perdure el mayor tiempo posible, puesto que esta circunstancia será un claro indicativo de su buena elaboración. Por ello, pretender vincular una ley a una agenda de objetivos políticos que tienen una fecha de caducidad
determinada es un claro sinsentido. Quedando la futura ley en una situación de obsolescencia programada en un corto período de tiempo.


En definitiva, el informe presentado no responde a ningún consenso o negociación, incorpora de forma muy extensa planteamientos ideológicos de parte cuya contribución al Desarrollo es más que discutible, y la mayor parte de sus
recomendaciones son de índole estrictamente política más que jurídica o técnica.


Por todo ello, y teniendo en cuenta los informes y comparecencias celebradas en el Congreso de los Diputados en el marco de esta subcomisión, se insta al Gobierno de España a cumplir con el mandato que se introduce a continuación.


2. Reforma de la arquitectura institucional de la cooperación española.


Resulta imprescindible, a efectos de que España tenga una Cooperación efectiva, eficaz, eficiente y plenamente operativa, la cual realmente llegue a cumplir el objetivo que se propone, una profunda reforma de la arquitectura institucional
que actualmente compone dicha cooperación.


Así pues, a los efectos de lograr lo anterior, el Grupo Parlamentario VOX propone las siguientes reformas:


1. Vincular por completo la política de cooperación a la política exterior de España, con su planificación, dirección y ejecución centrada en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en colaboración con otros
ministerios y creando un grupo político de alto nivel con capacidad



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de coordinación interministerial. Por tanto, se procederá a revisar el modelo orgánico y funcional asegurando una única dirección estratégica y ejecutiva que garantice la coherencia de políticas y la evaluación.


2. Revisar en profundidad la actual estructura institucional de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), para situarla como pilar central de la política de la Cooperación española, superando su actual
fragmentación y descoordinación a través de las siguientes medidas:


a. Otorgándole responsabilidades de gestión en todas las modalidades de cooperación (de la técnica a la financiera).


b. Simplificando y armonizando sus estructuras para una mayor eficiencia y flexibilidad.


c. Estableciendo un sistema de evaluación completa de la Cooperación española que incorpore una filosofía práctica y empírica que analice de forma objetiva los resultados obtenidos, excluyendo en el futuro aquellos que no obtengan los
resultados esperados.


d. Coordinando el entramado del sistema de la Cooperación española: bilateral y multilateral, interministerial y descentralizada. Tendiendo a establecer una coherencia en los objetivos y una única dirección en la política exterior en
cumplimiento de la Ley de Acción Exterior.


e. Estableciendo un modelo de gestión económica y de personal de la AECID más flexible.


3. Establecer un mismo marco de colaboración entre el sistema público de Cooperación y los interlocutores sociales y económicos, ONGs y academia, que incentive las alianzas para el Desarrollo. Profundizar en las colaboraciones
público-privadas-sociales para lograr alianzas de carácter multiactor. Facilitando, con normas claras, las capacidades de todos los actores implicados para la contribución internacional de España al Desarrollo. Continuar impulsando el papel de la
unidad de empresa y desarrollo de la AECID a fin de estimular alianzas con actores estratégicos que faciliten el trabajo en terreno y lideren proyectos conjuntos que permitan fomentar el desarrollo del tejido productivo local, con atención a las
microempresas y a las medianas y pequeñas empresas, y que refuercen las economías locales.


4. Establecer, con capacidades operativas, un banco o entidad dedicado al Desarrollo con objetivos y enfoques de la Cooperación que integre a las diversas entidades de la Administración Pública. Acabar con la actual fragmentación y rigidez
del sistema de cooperación financiera, agrupando sus funciones técnicas, administrativas y políticas en torno a una instancia, y adecuándola a la reforma reciente de la arquitectura financiera de la Unión Europea que persigue otorgar un creciente
peso a las instituciones financieras nacionales para la gestión de los fondos europeos. Al mismo tiempo, desarrollar un marco conceptual de financiación combinada (blended finance) que contribuya a canalizar capital privado a la Cooperación
Internacional para el Desarrollo.


3. Reformas legales sobre racionalización, reducción de burocracia y evaluación de objetivos.


Asimismo, deberá reformarse el actual marco legal existente en la Cooperación, de tal manera que se produzca una efectiva racionalización de los recursos entregados, una radical reducción de la burocracia para acceder a una ayuda, y una
transformación profunda de la forma de evaluar los objetivos y resultados conseguidos con dicha cooperación. Por tanto, a estos efectos, el Grupo Parlamentario VOX propone las siguientes medidas:


1. Mandatar en la ley, vía disposición transitoria, la revisión y actualización del actual marco regulatorio normativo (desde la Ley de subvenciones, la Ley reguladora de las bases del régimen local, a la Ley de racionalización y
sostenibilidad de la Administración local) y de los instrumentos vigentes en las modalidades técnicas y financieras, para una nueva concepción de las ayudas que aúne esfuerzos públicos y privados para el logro de objetivos ambiciosos e impulsar un
modelo de gestión flexible, eficaz y transparente.


2. Realizar evaluaciones de pertinencia, diseño e impacto de las políticas de Cooperación y de las políticas con impacto en Desarrollo, con estándares comunes que permitan mejorar su resultado, reforzando las capacidades de aprendizaje
(lecciones aprendidas) del sistema y, sin descuidar el aprendizaje derivado del análisis de los procesos, aumentar el foco en los resultados. Asimismo, se habrán de mejorarse los mecanismos de transparencia para la rendición de cuentas mediante una
contabilización que incluya todos los flujos de Ayuda Oficial al Desarrollo.


3. Simplificar los requerimientos para el acceso del conjunto de actores a la financiación pública, sus procesos de selección, mecanismos de financiación y medios de rendición de cuentas, reduciendo la



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burocratización de los procesos de financiación y los procedimientos, tal y como figura en el último informe de pares del CAD. Que cualquier financiación pública en concepto de Ayuda al Desarrollo se le anticipe un objetivo, o una serie de
objetivos concretos perfectamente identificados, se analice y estudie la mejor forma de lograrlo y se demuestre a posteriori el ratio de efectividad y el factor multiplicador que han supuesto el coste y recursos empleados.


4. Mejorar las condiciones de evaluación de resultados e impactos y, en general, de contabilidad y transparencia. Simplificando sus tareas de gestión, dotándola de un mayor número de técnicos especialistas en sede y terreno. Contando con
evaluación de terceros ajenos al mundo y procesos de la propia Cooperación, para eliminar conflictos de interés y garantizar la independencia de los resultados. Desarrollando esquemas de formación flexibles y adaptados. Adoptando una estrategia de
evaluación, transparencia y comunicación de su actividad y resultados y de los distintos instrumentos a través de los cuales opera. Estableciéndose así un sistema de comparación y ranking de programas, comunicado de forma pública anualmente, para
que se conozca por los ciudadanos españoles los verdaderos resultados de todos los programas subvencionados o sostenidos con fondos públicos. Y que los resultados de ese sistema de evaluación sirvan para que, a futuro, aquellos situados en el
percentil más bajo de los proyectos evaluados no puedan repetirse en cuanto a actores o tipo de proyectos, salvo justificación explicita por causas de fuerza mayor para no haber alcanzado sus objetivos.


4. Eliminación de la ideología de la cooperación española.


Por último, resulta absolutamente perentorio eliminar cualquier tipo de sesgo ideológico de la Cooperación española, para lo cual habrá de suprimirse de sus objetivos aquellos con un marcado componente ideológico, ajenos a la Constitución
española, y se dejen de priorizar aquellos que no contribuyan directamente al desarrollo económico y la mejora tangible de los niveles de vida de las poblaciones, comunidades o países receptores.


Por tanto, todo proyecto de Cooperación que exceda del marco de la protección de los derechos humanos básicos, entendidos estos como el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la igualdad ante la ley, a la intimidad, a la
educación, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la participación política, se considerará una forma de injerencia ideológica ajena a los propósitos que deben regir la Cooperación al Desarrollo y que lesiona la soberanía
del Estado receptor de la ayuda.


A la Mesa de la Comisión de Cooperación para el Desarrollo


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta el siguiente Voto particular al Informe de la Subcomisión para el estudio de la actualización del marco normativo y del
sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo.


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2021.-Juan Ignacio López-Bas Valero, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Voto particular núm. 2


Para garantizar una cooperación española que tiene en cuenta tanto el interés general de España como las necesidades de las sociedades de los países en los que opera, así como las de los profesionales de la cooperación, el Grupo
Parlamentario Ciudadanos presenta el siguiente voto particular.


1. Preámbulo.


La Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo entró en vigor hace más de 20 años, y supuso un punto de inflexión a la hora de articular la política de cooperación española. En ella se establecían, por
primera vez, los objetivos estratégicos que debía perseguir nuestra cooperación, así como los principios y prioridades que debían guiar dicha política. Sin embargo, mucho ha cambiado en los últimos 20 años, y se hace necesario actualizar el marco
normativo de nuestra cooperación a las



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nuevas tendencias en desarrollo, a la evidencia científica disponible actualmente sobre mecanismos efectivos de alcanzar los objetivos fijados y a un contexto de desarrollo cambiante.


Por este motivo, es necesaria una revisión del marco normativo que articula la política de cooperación española y que ampara y da cobertura legal a las diferentes actuaciones que lleven a cabo los numerosos actores de la cooperación. Con
este cometido se creó en el seno de la Comisión de Cooperación para el Desarrollo del Congreso de los Diputados la Subcomisión para el Estudio de la Actualización del Marco Normativo y del Sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo. De
este modo, se ha facilitado un espacio de encuentro para los distintos grupos parlamentarios, instituciones, autoridades, representantes del sector privado, de la sociedad civil y de la academia para intercambiar ideas y perspectivas sobre la
dirección en la que debe ir esa reforma legal.


En base a esos trabajos realizados en el seno de la Subcomisión, se procede a recoger en este informe las principales conclusiones de los intercambios de ideas y perspectivas que han tenido lugar en el tiempo de duración de los trabajos.


2. Conclusiones del informe.


1. Es necesario impulsar una nueva Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo para adaptar el marco normativo de la cooperación española al siglo XXI, teniendo en cuenta el necesario alineamiento con las prioridades de desarrollo
de las Naciones Unidas y de la Unión Europea y complementándolas con las prioridades específicas de España que reflejen el interés general de sus ciudadanos y de sus empresas.


2. Esta nueva Ley debe incorporar una actualización del régimen jurídico y el ámbito de aplicación, otorgando una mayor flexibilidad para dar cabida a las nuevas tendencias de desarrollo que puedan encontrar actualmente algún obstáculo
reglamentario innecesario, así como eliminando duplicidades e ineficiencias burocráticas que se han venido dando en los últimos 20 años.


3. Se deben revisar los principios, objetivos y prioridades de la cooperación española para ajustarlos a un escenario cada vez más cambiante para las políticas de desarrollo, en el cual es posible que a las crisis tradicionales que pueden
poner en cuestión los avances en desarrollo se sumen nuevas crisis globales de una naturaleza distinta, principalmente derivadas del cambio climático.


4. Es necesario repensar si, en un contexto internacional cada vez más cambiante, las prioridades de la cooperación española deben continuar siendo tanto sectoriales como geográficas, o si debemos avanzar a unas prioridades que se centren
más en el fondo y menos en dónde se lleven a cabo, revisando con ello la noción de países prioritarios para la cooperación española.


5. Hay que reforzar la independencia y capacidad de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para actuar verdaderamente como el centro neurálgico de la política de cooperación española, aunando en su seno
los instrumentos de cooperación técnica y cooperación económico-financiera, explorando la posibilidad de establecer un banco de desarrollo atendiendo a los diferentes modelos del Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden neerlandés, el
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) alemán, el Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC) o el Proparco francés.


6. Eliminar obstáculos a la cooperación público-privada, facilitando la participación de empresas españolas en los proyectos de cooperación para el desarrollo y reforzando la asistencia técnica que la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) proporciona, revisando además el sistema de incentivos para la participación de empresas españolas y la accesibilidad a la información sobre riesgos.


7. Clarificar las funciones que deben llevar a cabo los diferentes órganos operativos en la definición, formulación y ejecución de la política española de cooperación para el desarrollo, unificando el liderazgo político en el seno del
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, reforzando el papel del Consejo de Cooperación para el Desarrollo para agilizar su trabajo consultivo y de evaluación ex ante y ex post de la política de cooperación española, y
recuperar la Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo para asegurar la coordinación entre el Gobierno y la cooperación descentralizada que llevan a cabo las Comunidades Autónomas.


8. Revisar los protocolos de las Oficinas Técnicas de Cooperación, para asegurar que cuentan con los suficientes recursos económicos y humanos necesarios para llevar a cabo las funciones que les sean encomendadas en el nuevo marco normativo
y evitar posibles casos de malversación de fondos o de corrupción con los recursos de la cooperación española que gestionan.



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9. Reforzar la independencia de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) para convertirla en el brazo de la AECID encargado de la asistencia técnica en la planificación, definición de
los programas de ayuda para la reforma y modernización de la administración del Estado de los países receptores de la ayuda, fomentando la presencia de empresas españolas en los mismos.


10. Revisar el papel del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), así como su estructura orgánica, para valorar la reforma de su sistema de gobernanza para mejorar su eficiencia, para convertirlo en un instrumento para llevar a
cabo donaciones no reembolsables para realizar estudios de riesgo y viabilidad de proyectos que permitan posteriormente la obtención de financiación para los mismos, o para que la AECID lo absorba si se crea un fondo único de cooperación financiera
en su seno.


11. Mejorar la colaboración con la Unión Europea para la participación en la cooperación delegada, facilitando la participación de empresas y organizaciones no gubernamentales de desarrollo españolas en la gestión e implementación de
proyectos financiados por la Dirección General competente de la Comisión Europea.


12. Es necesario repensar el papel y estructura de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) para que actúe como plataforma de impulso a la presencia de empresas española en países en desarrollo, de identificación de
proyectos viables y con potencial transformador y de facilitación de financiación combinada para la puesta en marcha de esos proyectos y la participación de empresas españolas en los mismos.


13. Hay que revisar el Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el Estatuto de los cooperantes para adaptar sus provisiones a un contexto internacional cambiante y a nuevas modalidades de participación profesional en
la cooperación española, reforzando los sistemas de incentivos y de reconocimiento del trabajo de los cooperantes y mejorando su seguridad frente a posibles riesgos y amenazas que puedan sufrir en el desarrollo de sus funciones.


14. Flexibilizar los mecanismos de atracción, gestión y retención del talento joven mediante el establecimiento de programas de prácticas profesionales remuneradas en la AECID y las Oficinas Técnicas de Cooperación en el exterior para
facilitar la incorporación de jóvenes profesionales formados en nuevas tendencias y perspectivas de desarrollo y que la Administración pueda aprovechar ese conocimiento en la planificación e implementación de la política de cooperación española.


15. Revisar el marco de reconocimiento e incorporación de la experiencia y la investigación teórica sobre desarrollo, principalmente de manos de cooperantes y de personal investigador, a los procesos de formulación, seguimiento y evaluación
de la política de cooperación internacional para el desarrollo de España.


PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN


A la Mesa de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo


El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), presenta las siguientes propuestas de resolución en relación al documento de trabajo previo al Informe de la Subcomisión para el estudio y actualización del marco normativo y del sistema de Cooperación
al Desarrollo.


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2021.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).



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Exposición de motivos


Se realizan por el presente escrito aportaciones encaminadas a mejorar y recoger expresamente aspectos que el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV considera determinante incluir en el Informe de la subcomisión, para lo que formula las
siguientes propuestas de resolución:


1. Cooperación delegada:


Propuesta de resolución núm. 1


- Se propone la modificación de la Resolución 79, que queda redactada de la siguiente manera:


79. Impulsar y garantizar mediante la inclusión expresa en la futura Ley de Cooperación, el acceso de los agentes de cooperación autonómica, local y foral a la modalidad de cooperación delegada, especialmente de la Unión Europea.


2. Desburocratización:


Propuesta de resolución núm. 2


- Se propone la modificación de la Resolución 77, que queda redactada de la siguiente manera:


77. Revisar y corregir las leyes y normativas estatales que incidan directamente en las competencias e instrumentos de las administraciones autonómicas, forales y locales, de forma que permitan llevar a cabo de forma más eficiente y ágil
sus políticas y proyectos de cooperación internacional para el desarrollo (desde la ley de subvenciones a la reguladora de las bases del régimen local y la de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local).


Propuesta de resolución núm. 3


- Se propone la adición de una resolución 77 bis, que queda redactada de la siguiente manera:


77 bis. Reconocer de manera general las especificidades propias de las actuaciones de la cooperación, que requieren excepciones, adaptación y flexibilidad normativa y procedimental.


Propuesta de resolución núm. 4


- Se propone la adición de una resolución 89 bis, que queda redactada de la siguiente manera:


89 bis. Dejar exentos de gastos de las entidades bancarias a las transacciones de cooperación (de un modo creciente las entidades bancarias están cobrando cada vez más gastos por cada transferencia o gestión bancaria).


3. Coordinación. Apartado 5 documento. Articulación y complementariedad para la Cooperación Multinivel.


Propuesta de resolución núm. 5


- Se propone la adición de una resolución 71 bis, que queda redactada de la siguiente manera:


71 bis. Tomar en consideración las leyes de cooperación autonómicas recientemente aprobadas o en proceso de elaboración: Leyes Vasca, de las Islas Baleares, de Catalunya y de Extremadura en proceso; Ley valenciana de 2017 o Ley de Galicia
recientemente aprobada.



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Propuesta de resolución núm. 6


- Se propone la modificación de la resolución 73, que queda redactada de la siguiente manera:


73. Blindar legalmente la dimensión del principio de subsidiaridad a fin de garantizar un mayor reconocimiento del papel de los gobiernos autonómicos, forales y locales en la política pública de cooperación.


Propuesta de resolución núm. 7


- Se propone la supresión de la resolución 74.


Propuesta de resolución núm. 8


- Se propone la adición de una nueva resolución 74, que queda redactada de la siguiente manera:


74. Reconocer expresamente la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (CONFOCOS), que es el marco de coordinación y de representación conjunta de los distintos Fondos de Cooperación y Solidaridad existentes en el Estado
español, y por tanto de los nueve Fondos existente y activos, que agrupan a 1.150 entes locales que hacen cooperación.


Propuesta de resolución núm. 9


- Se propone la supresión de la resolución 75.


Propuesta de resolución núm. 10


- Se propone la adición de una nueva resolución 75, que queda redactada de la siguiente manera:


75. Establecer en la futura Ley de Cooperación los espacios y canales de articulación y coordinación, no tanto al nivel formal, sino para propiciar el trabajo conjunto, posibles iniciativas comunes entre diferentes administraciones,
intercambio de iniciativas, aprendizaje y evaluación.


Propuesta de resolución núm. 11


- Se propone la supresión de la resolución 76.


4. Transparencia y rendición de cuentas.


Propuesta de resolución núm. 12


- Se propone la adición de una resolución 9 bis, que queda redactada de la siguiente manera.


9 bis. Los agentes públicos de cooperación, en cumplimiento del marco jurídico en materia de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana, garantizarán el acceso y disponibilidad de información, actualizada y comparable, sobre los
desembolsos de la ayuda oficial al desarrollo, a través de la adecuada rendición de cuentas con el correspondiente plan de control de seguimiento, evaluación y verificación de los objetivos y resultados alcanzados por la política de cooperación, así
como los datos cuantitativos y cualitativos y procesos de toma de decisiones en una lógica de comunicación para el desarrollo.


5. Participación en foros internacionales.


Propuesta de resolución núm. 13


- Se propone la adición de una nueva resolución, que queda redactada de la siguiente manera.


XX. Habilitar en la nueva Ley fórmulas jurídicas que permitan a las Comunidades con capacidad legislativa y voluntad de erigirse en sujetos políticos, también en el ámbito de la Cooperación Internacional



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al Desarrollo, participar con voz y voto en foros europeos e internacionales de la cooperación, siempre y cuando en los mismos se aborden materias de su competencia.


6. Minorías y pueblos indígenas.


Propuesta de resolución núm. 14


- Se propone la modificación de la resolución 5 f, que queda redactada de la siguiente manera.


f. Continuar profundizando en las Estrategias donde la Cooperación Española goza de una amplia experiencia, tales como las dirigidas a la lucha contra la pobreza, la soberanía alimentaria, la promoción de la educación y la cultura, el
desarrollo de un tejido laboral justo e inclusivo, el acceso al agua y el saneamiento, la promoción de la paz, de las minorías y pueblos indígenas, o los derechos de la infancia, entre otras.


Propuesta de resolución núm. 15


- Se propone la modificación de la resolución 34, que queda redactada de la siguiente manera.


34. Desarrollar una cooperación defensora de los derechos humanos, protectora de quienes los defienden y generadora de entornos favorables para el desarrollo del Estado de derecho, individuales y colectivos, la sociedad civil y las
instituciones democráticas. En este mismo sentido respaldar e impulsar actividades, investigaciones y misiones de verificación sobre la situación d ellos derechos humanos y los de los defensores y defensoras de los mismos.


Propuesta de resolución núm. 16


- Se propone la modificación de la resolución 43, que queda redactada de la siguiente manera.


43. Garantizar una considerable movilización de recursos en la lucha contra la pobreza en todas sus dimensiones, bajo los objetivos identificados de erradicar la pobreza extrema para todas las personas y colectivos vulnerables; reducir al
menos a la mitad la proporción que vive en situación de pobreza; garantizar que todas las mujeres y hombres tengan los mismos derechos a los recursos económicos y un mismo acceso a los servicios básicos, a la propiedad y al control de las tierras y
los territorios y otros bienes, a la herencia, a los recursos naturales, a las nuevas tecnologías y a los servicios económicos, incluida la microfinanciación; y fomentar la resiliencia de las personas en situación de mayor vulnerabilidad,
reduciendo su exposición a los fenómenos extremos relacionados con el clima y a otros desastres económicos, sociales y ambientales.


A la Mesa de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y al amparo del artículo 197 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, me dirijo a esta Mesa para presentar las siguientes propuestas
de resolución al informe sobre el objeto de la Subcomisión para el Estudio de la Actualización del Marco Normativo y del Sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo.


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2021.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


1. Dirección política (Punto 4. 63, 64 y 65).



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Propuesta de resolución núm. 17


- Crear un centro político capaz de liderar y gestionar una nueva política de cooperación internacional para el desarrollo con perfil propio y autonomía para definir sus objetivos, prioridades y líneas de actuación. (N).


Propuesta de resolución núm. 18


- Reordenar y modernizar todo el sistema institucional del Gobierno central que interviene en la cooperación al desarrollo, alineando la actuación de los diferentes departamentos implicados en torno a una visión política común. (N).


Propuesta de resolución núm. 19


- Revisar a fondo la estructura jurídica, el papel, las funciones y competencias de la AECID, reintegrando en su seno el universo de fundaciones y otras instituciones a las que se les han transferido competencias muy importantes (Fundación
Carolina, FIIAPP, etc.). (Punto 4. 66)


2. Compromiso presupuestario (Punto 8. 114 a 116).


Propuesta de resolución núm. 20


- Identificar elementos de continuidad política y estabilidad funcional de los recursos para la cooperación española, fijando compromisos presupuestarios adecuados y asegurando su cumplimiento. (N)


3. Equilibrio y coherencia entre la cooperación bilateral y la multilateral (Punto 5. 80 a 84).


Propuesta de resolución núm. 21


- Incrementar el peso político, institucional y presupuestario de la cooperación bilateral. (N).


Propuesta de resolución núm. 22


- Mejorar la articulación entre ambas modalidades, asegurando la coherencia global del sistema con la agenda de derechos humanos. (N)


4. Selectividad.


Propuesta de resolución núm. 23


- Incorporar como prioridad estratégica la lucha contra el cambio climático y sus impactos múltiples de carácter ecosocial. (Punto 5 y 27).


Propuesta de resolución núm. 24


- Incorporar la Agenda de Trabajo Decente como uno de los ejes-misión prioritarios que se señalan en este artículo (incorporado como apartado 5.g).


Propuesta de resolución núm. 25


- Eliminar terminología oferta-demanda de este punto. Reformularlo para que no se plantee en esos términos 'de mercado' (Punto 6).


Propuesta de resolución núm. 26


- La Ley de debida diligencia incorporará medidas que garanticen la 'asunción de responsabilidades' de las multinacionales españolas en caso de actuaciones que atenten contra los DD. HH. individuales y colectivos, el medio ambiente, etc.
(Punto 12.c).



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Propuesta de resolución núm. 27


- Incluir garantías de la desvinculación de la política de cooperación y sus intervenciones de la defensa de los intereses geoestratégicos de España en esos países. (Punto 36).


Propuesta de resolución núm. 28


- Se reforzará la autonomía de la Cooperación Internacional para el desarrollo frente a la dependencia de Exteriores. (Puntos 63, 64 y 65).


Propuesta de resolución núm. 29


- Identificar mecanismos de precisión y especialización sectorial y geográfica, profundizando en las buenas prácticas y dando respuesta a los compromisos en la materia suscritos por España. (Punto 36).


Propuesta de resolución núm. 30


- Delimitar de manera selectiva la aportación de la cooperación española a los ODS, sumándonos a los procesos de reformulación en marcha a nivel internacional. (Punto 1. 10).


Propuesta de resolución núm. 31


- Dentro de ese marco, incorporar los contenidos de la Estrategia de la Cooperación Española con los Pueblos indígenas (ECEPI), incorporándola al marco político definido por la nueva ley de cooperación y a la estructura reformada de la
AECID, de forma que se garantice su actualización, desarrollo y aplicación efectiva. (N).


Propuesta de resolución núm. 32


- Definir, clarificar y delimitar la aportación de la cooperación española en las migraciones y la atención a refugiados, impulsando intervenciones que vinculen las migraciones y el desarrollo en origen y destino. (N)


5. Cooperación financiera.


Propuesta de resolución núm. 33


- Establecer un marco muy preciso para la cooperación financiera y sus operadores tanto públicos como privados, que asegure el sometimiento a los requisitos que son de aplicación al resto de actores e instrumentos, especialmente el respeto
de los derechos humanos en general y de los pueblos indígenas en particular, e imposibilite actuaciones contrarias a la legalidad española y a los principios de coherencia, transparencia, rendición de cuentas y evaluación. (Punto 6. 103)


6. Cooperación descentralizada.


Propuesta de resolución núm. 34


- Dar carta de naturaleza al importante papel de la Cooperación Descentralizada. Garantizar su reconocimiento legal, institucional y doctrinal y avanzar en su incorporación a la dirección de la cooperación española desde el principio de
subsidiariedad. (Punto 5. 73)


7. Participación ciudadana.


Propuesta de resolución núm. 35


- Dar un tratamiento y reconocimiento adecuado a la labor y el trabajo de las ONGD. (Punto 5. 88).



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Propuesta de resolución núm. 36


- Acordar estándares básicos para la educación para la ciudadanía global y fijar compromisos funcionales y presupuestarios. (Punto 5. N. Punto 3. 60)


8. Flexibilización y simplificación (Punto 4).


Propuesta de resolución núm. 37


- Simplificar la gestión en la cooperación española en todas sus fases y niveles, impulsando reformas legales y administrativas con especial atención a las subvenciones en cualquiera de sus modalidades. (N)


9. Gestión del conocimiento (Punto 1. 10).


Propuesta de resolución núm. 38


- Establecer estándares obligatorios de transparencia, información y acceso a información sobre la cooperación española en todos sus ámbitos y niveles.


Propuesta de resolución núm. 39


- Impulsar nuevos procedimientos de vinculación de especialistas y profesionales formados por el sistema universitario en el conjunto de la cooperación española.


Propuesta de resolución núm. 40


- Consolidar un sistema de evaluación independiente y autónomo que sea realmente útil para la rendición de cuentas, el aprendizaje y la transformación y adecuación permanente del sistema de cooperación. Dotarle de presupuesto propio y
personal cualificado y promover la implicación corresponsable de todos los actores de la cooperación y la articulación con la cooperación descentralizada, favoreciendo el intercambio de información y la gestión del conocimiento evaluativo.


A la Mesa de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo


El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 196, 197 y 201 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes propuestas de resolución al informe para el Estudio de la Actualización del
Marco Normativo y del Sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo, cuyo debate y votación está previsto en la próxima sesión de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2021.-Víctor Manuel Sánchez del Real, Diputado.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


Propuesta de resolución núm. 41


De supresión.


Texto que se propone:


'Se suprimen los párrafos tercero y cuarto del preámbulo, así como los puntos 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39.b, 40, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 60, 67, 69, 71, 73, 77, 83,
93, 94, 95, 106.h, 110, 114, 115 y 116.'



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Justificación.


No podemos hablar del documento que se nos presenta como de un informe que contemple medidas que contribuyan a optimizar o a hacer más eficiente la legislación que se pretende reformar, sino más bien de todo un programa político sobre la
Cooperación. Este programa se basa en la omnipresente Agenda 2030, auténtica fuerza motriz inspiradora de este proceso de reforma.


Así, el referido informe introduce aspectos centrales de esta agenda, tales como el feminismo, el ecologismo trasnochado y el multilateralismo acrítico. Cuestiones muy de moda y actualidad en el mundo desarrollado, que ahora se pretenden
implantar en el subdesarrollado sobre otras prioridades más acuciantes y necesarias para este, tal y como son el desarrollo económico o el establecimiento de la democracia y el Estado de derecho. Por nuestra parte, creemos que la priorización en
Cooperación debería partir de un análisis de las necesidades de los propios receptores de dicha cooperación y no desde un punto de vista del primer mundo, porque la realidad es que la mentalidad y los parámetros del primer mundo no se pueden aplicar
en muchos países.


Por tanto, se pretende a través de este informe que la nueva ley se guíe y fundamente en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No obstante, esta intención es un disparate contradictorio, ya que al establecerse una ley se
debe buscar siempre que perdure el mayor tiempo posible, puesto que esta circunstancia será un claro indicativo de su buena elaboración. Por ello, pretender vincular una ley a una agenda de objetivos políticos que tienen una fecha de caducidad
determinada es un claro sinsentido. Quedando la futura ley en una situación de obsolescencia programada en un corto período de tiempo.


En definitiva, el informe presentado no responde a ningún consenso o negociación, incorpora de forma muy extensa planteamientos ideológicos de parte cuya contribución al Desarrollo es más que discutible, y la mayor parte de sus
recomendaciones son de índole estrictamente política más que jurídica o técnica.


Propuesta de resolución núm. 42


De modificación.


Texto que se propone:


Se modifica el texto del punto 7 del apartado 1, quedando su redacción como sigue:


'Incorporar, en el contexto de la actual situación económica mundial, el concepto de desarrollo en transición (OCDE, CEPAL), a fin de contribuir al desarrollo de países que, independientemente de sus niveles de ingresos, carecen de las
capacidades suficientes para reducir la brecha socioeconómica con los países enriquecidos.'


Justificación.


En el texto original se planteaba 'asegurar el liderazgo de España en la respuesta multilateral para la reestructuración de la deuda de los países de renta media', cuestión con la que no estamos de acuerdo, ya que las sucesivas
reestructuraciones y condonaciones de deuda no hacen más que promocionar la irresponsabilidad de los países en el uso de los fondos prestados. Si a esto le sumamos la posibilidad de estos países de seguir recibiendo más préstamos, damos con un
cóctel perfecto de irresponsabilidad e ineficacia en el uso de los recursos que tanta falta hacen en España.


Propuesta de resolución núm. 43


De modificación.


Texto que se propone:


Se modifica el texto del punto 34 del apartado 3, quedando su redacción como sigue:


'Desarrollar una cooperación defensora de los derechos humanos, protectora de sus defensores y promotora del desarrollo del Estado de derecho, la sociedad civil y las instituciones democráticas.



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Entendidas como tales aquellas que se ajusten al marco establecido por la Constitución española y los estándares democráticos de la Unión Europea.'


Justificación.


Nos oponemos al destino de recursos de la Cooperación Internacional al Desarrollo a cualquier proyecto ideológico o incompatible con la Constitución española; estos no contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población del país
en vías de desarrollo, como son los proyectos para promover la ideología de género. Todo proyecto de Cooperación que exceda del marco de la protección de los derechos humanos básicos, entendidos estos como el derecho a la vida, a la libertad, a la
propiedad, a la igualdad ante la ley, a la intimidad, a la educación, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la participación política, se considera una forma de injerencia ideológica ajena a los propósitos que deben regir
la Cooperación Internacional al Desarrollo y que lesiona la soberanía del Estado receptor de la ayuda.


Propuesta de resolución núm. 44


De modificación.


Texto que se propone:


Se modifica el texto del punto 45 del apartado 3, quedando su redacción como sigue:


'Revisar el marco normativo, reglamentario y los procedimientos para alcanzar el liderazgo internacional de la Cooperación española en la promoción internacional de los derechos de las personas con discapacidad.'


Justificación.


En el texto original se incluía 'desde un enfoque interseccional y multifocal', siendo este es un conocido enfoque ideológico que no debería estar presente en la presente reforma legislativa.


Propuesta de resolución núm. 45


De modificación.


Texto que se propone:


Se modifica el texto del punto 53 del apartado 3, quedando su redacción como sigue:


'Apostar por la Cooperación cultural como una prioridad de la Cooperación española que ponga el foco en países con lazos o vínculos históricos o estratégicos con España. Que persiga los intereses, mejorar la imagen, los intereses y las
posibilidades de promoción de España sirviendo como un instrumento más de la diplomacia pública española. El desarrollo de los lazos con nuestras naciones hermanas que conforman junto a nosotros la gran obra de la Hispanidad en todo el mundo, debe
ser uno de los principales objetivos de España. La labor de nuestra Cooperación debe ser la de potenciar y fortalecer estos lazos culturales e históricos, ampliando además las relaciones económicas mutuamente beneficiosas que consoliden ya en todos
los planos esta comunidad universal que es la Hispanidad.'


Justificación.


La Constitución española de 1978 dedica una especial atención en dos artículos a las relaciones con la Comunidad Iberoamericana, tales como el artículo 11 y el 56, así como las sucesivas leyes promulgadas desde entonces y la propia política
de los sucesivos gobiernos, las cuales han ido siempre encaminadas a reforzar la relación con nuestra comunidad histórica. Perder este sentido y esta política de Estado en la Cooperación cultural no parece deseable ni adecuado.



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Propuesta de resolución núm. 46


De modificación.


Texto que se propone:


Se modifica el texto del punto 62 del apartado 3, quedando su redacción como sigue:


'Promover una digitalización responsable y respetuosa con los derechos humanos en el aprovisionamiento de materias primas de los equipos digitales.'


Justificación.


La promoción de una digitalización 'sostenible y neutra en carbono', tal y como pedía el texto original, no parece ser una propuesta razonable a corto plazo y, dada la importancia del sector digital en la actualidad para el Desarrollo, no
parece conveniente supeditar este a objetivos ecologistas sobre todo teniendo en cuenta su escasa incidencia en comparación con otros sectores más contaminantes.


Propuesta de resolución núm. 47


De modificación.


Texto que se propone:


Se modifica el texto del punto 65 del apartado 4, quedando su redacción como sigue:


'Consolidar, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, un centro político de alto nivel y con capacidades de coordinación interministerial, y revisar el modelo orgánico y funcional asegurando una única dirección
estratégica y ejecutiva.'


Justificación.


En el texto original se pretendía reforzar 'el rango y las capacidades de las unidades responsables en dicho ministerio'. No obstante, en el actual contexto político y económico de España no parece deseable ni conveniente aumentar el rango
y las capacidades de los órganos de la Administración Pública. Esto, sin duda, generaría gastos que las arcas públicas españolas no se encuentran en posición de asumir.


Propuesta de resolución núm. 48


De adición.


Texto que se propone:


Se añade un nuevo punto, quedando su redacción como sigue:


'Que se supriman de los objetivos de la Cooperación española aquellos con un marcado componente ideológico, ajenos a la Constitución española, y se dejen de priorizar aquellos que no contribuyan directamente al desarrollo económico y la
mejora tangible de los niveles de vida de las poblaciones, comunidades o países receptores.


Todo proyecto de Cooperación que exceda del marco de la protección de los derechos humanos básicos, entendidos estos como el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la igualdad ante la ley, a la intimidad, a la educación, a la
presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la participación política, se considerará una forma de injerencia ideológica ajena a los propósitos que deben regir la Cooperación Internacional al Desarrollo y que lesiona la soberanía del
Estado receptor de la ayuda.'


Justificación.


De cara a alcanzar un auténtico consenso en la política de Estado que debería ser la Cooperación española, se debe renunciar por parte de todos los grupos políticos a imponer o promover determinados



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postulados ideológicos. La promoción de estos debe dejarse a las instituciones privadas que lo financien con sus propios medios y con el permiso del país receptor.


La inclusión de estas cuestiones ideológicas resta soberanía a los países receptores, que se ven obligados a aceptar la inclusión de estas medidas y programas ante el temor a que se deje de cooperar con ellos, viéndose así sometidos a un
chantaje ideológico. Por ello, debemos reducir al mínimo las cuestiones ideológicas que deben ser resumidas en los pilares más básicos de nuestro sistema político y ordenamiento jurídico, así como el respeto a los derechos y libertades
constitucionales con las que -presumiblemente- todos estamos de acuerdo.


A la Mesa de la Comisión de Cooperación para el Desarrollo


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Propuesta de Resolución para el Informe de la Subcomisión para el estudio de la actualización del marco
normativo y del sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo.


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2021.-Juan Ignacio López-Bas Valero, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Para garantizar una cooperación española que tiene en cuenta tanto el interés general de España como las necesidades de las sociedades de los países en los que opera, así como las de los profesionales de la cooperación, el Grupo
Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente propuesta de resolución.


1. Modificar la recomendación 1.5, que rezará de la siguiente manera:


'5. Actualizar y profundizar, desde una visión holística, en el desarrollo de ejes-misión prioritarios conectados entre sí para el abordaje de los compromisos, objetivos y metas de la nueva agenda internacional para el desarrollo:


Propuesta de resolución núm. 49


a. Promover una cooperación feminista y con perspectiva LGTBI que aborde de forma integral las causas sistémicas y estructurales de la desigualdad de género y de la discriminación por razón de identidad de género o de orientación sexual, y
que contribuya a establecer el marco necesario para que mujeres, adolescentes y niñas, así como personas LGTBI, puedan desarrollar sus proyectos personal y profesionales en libertad y sin temor a ver conculcados sus derechos fundamentales;


Propuesta de resolución núm. 50


b. Contribuir a la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente, impulsando decididamente proyectos dirigidos a apoyar los esfuerzos locales e internacionales para abordar intervenciones de mitigación, adaptación y
reversión de la pérdida de biodiversidad y de gestión eficiente y sostenible de los recursos naturales teniendo en cuenta el impacto social de estos esfuerzos, especialmente sobre los sectores de la población más vulnerables;


Propuesta de resolución núm. 51


c. Promover la salud global desde una visión que incorpore la contribución de España en la liberación de las patentes para el acceso universal y equitativo a la vacunación como bien público global, en los tratamientos en caso de pandemias o
desafíos de salud pública, en el reforzamiento de la atención primaria y de los servicios esenciales para una cobertura sanitaria universal, en la vertebración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, adolescentes y niñas, y en la
lucha contra la malaria, el VIH-Sida, la tuberculosis, el Chagas, y otras enfermedades infecciosas de alto riesgo;



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Propuesta de resolución núm. 52


d. Reforzar el marco de investigación en cooperación y desarrollo que permita el adecuado reconocimiento de la labor investigadora de estos profesionales, adoptando un mecanismo constante de generación e intercambio de información, que
contribuya a la innovación y adaptabilidad de la cooperación española a las nuevas tendencias globales;


Propuesta de resolución núm. 53


e. Repensar la educación en desarrollo, mejorando la información sobre el valor añadido de la cooperación para el desarrollo en la enseñanza y que incorpore instrumentos y enfoques innovadores que evidencien el impacto positivo de la
cooperación en los intereses de España y en la adquisición de una condición de ciudadanía global responsable y con conciencia crítica;


Propuesta de resolución núm. 54


f. Aprovechar la experiencia de la cooperación española para explotar sinergias entre los ámbitos en los que tradicionalmente se han centrado los esfuerzos de la cooperación y las nuevas prioridades de la cooperación que se vayan
incorporando a la estrategia de la cooperación como resultado de las nuevas tendencias globales'.


2. Modificar la recomendación 1.10, que rezará de la siguiente manera:


Propuesta de resolución núm. 55


'10. Realizar evaluaciones ex ante y ex post de las políticas de cooperación y de las políticas con impacto en desarrollo, con estándares comunes e indicadores medibles de forma objetiva que permitan mejorar su resultado, reforzando las
capacidades de aprendizaje (lecciones aprendidas) del sistema y, sin descuidar el aprendizaje derivado del análisis de los procesos, aumentar el foco en los resultados. Asimismo, se habrán de mejorar los mecanismos de transparencia para la
rendición de cuentas mediante una contabilización que incluya todos los flujos de Ayuda Oficial al Desarrollo.'


3. Modificar la recomendación 2.12, que rezará de la siguiente manera:


'12. Integrar en el marco normativo medidas supletorias que velen por la coherencia de políticas en materia de derechos económicos, sociales, culturales, laborales y medioambientales:


Propuesta de resolución núm. 56


a. Impulsando ambiciosos capítulos de desarrollo sostenible como complemento a los acuerdos comerciales que negocie la Comisión Europea, asegurando tanto los estándares ambientales como el pleno respeto por los derechos de los pueblos
indígenas u originarios, los derechos de las mujeres y de la infancia, y los derechos laborales.


Propuesta de resolución núm. 57


b. Garantizar que en los futuros acuerdos internacionales suscritos con Estados con poblaciones indígenas y tribales de los que España forme parte, se promueva el cumplimiento de los fines expuestos en los artículos 2, 6, 7, 8, 9 y 10 del
Convenio n.º 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Bajo esta premisa, promover en el seno de las actuales y futuras negociaciones del tratado firmado entre la Unión Europea y Mercosur, que se observe y promueva la aplicación de la
totalidad del Convenio n.º 169 de la OlT como parte de la sección de Derechos Humanos.


Propuesta de resolución núm. 58


c. Reforzar los mecanismos voluntarios de diligencia debida para las empresas transnacionales españolas en todos los eslabones de la cadena de producción, con el objeto de velar por su responsabilidad



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en la detección, prevención, reducción y reparación de daños de los impactos ambientales y de derechos humanos en sus actividades a lo largo de las cadenas de suministro. De no funcionar estos mecanismos voluntarios reforzados se valorará
la aprobación de un texto que contenga obligaciones legales, siempre de forma acorde al derecho internacional.


d. Exigir en toda contratación pública la incorporación de manera transversal y preceptiva de criterios medioambientales, de derechos humanos, con sensibilidad al género y de sostenibilidad energética, cuando guarden relación con el objeto
del contrato, que deberán ser objetivos y respetuosos con los principios informadores de contratación pública y los estándares internacionales en materia laboral y de erradicación del trabajo infantil.


Propuesta de resolución núm. 59


e. Incluir en todas las ayudas para la internacionalización empresarial criterios preceptivos basados en el desarrollo sostenible e inclusivo, la competitividad en base al valor añadido y no a la competición en bajos costes y el marco de
internacional de derechos humanos, incluidos los derechos laborales.


Propuesta de resolución núm. 60


f. Promover una digitalización responsable, sostenible y respetuosa con los derechos humanos en el aprovisionamiento de materias primas de los equipos digitales, que incorpore procesos de innovación que permitan la menor huella de carbono
posible en estas actividades.'


4. Añadir una nueva recomendación al punto 3, apartado Hacia una Acción Humanitaria renovada, que rezará de la siguiente manera:


Propuesta de resolución núm. 61


(Nuevo). Fijar el objetivo de dedicar, al menos, un 15 % de la Ayuda Oficial al Desarrollo a ayuda humanitaria hacia el final de la legislatura y de dedicar al menos el 20 % de esa ayuda humanitaria a asegurar el acceso a la educación de la
infancia y la adolescencia.


5. Modificar el apartado Hacia una Cooperación ecologista, que rezará de la siguiente manera:


Propuesta de resolución núm. 62


'27. Avanzar decididamente en el desarrollo de una cooperación española que contribuya a la lucha contra el cambio climático, la adaptación a sus efectos adversos y la protección y gestión sostenible del medio natural, siempre en línea con
las iniciativas globales y europeas existentes para este fin.


Propuesta de resolución núm. 63


28. Contribuir a establecer un marco adecuado para que las organizaciones no gubernamentales y del sector privado que trabajen por el cambio climático, la sostenibilidad y la recuperación de los ecosistemas en los países en los que opera la
cooperación española puedan participar en los procesos de toma de decisiones y de implementación de los proyectos de la cooperación.


Propuesta de resolución núm. 64


29. Seguir desarrollando intervenciones en el sector del desarrollo rural y de la seguridad alimentaria, respondiendo a la población desde un enfoque holístico basado en el derecho humano a la alimentación, y velando por una producción,
distribución y comercialización agroalimentaria sostenible y accesible a los sectores de la población más vulnerables.


30. Apostar por el desarrollo de un nexo género-medioambiente.



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Propuesta de resolución núm. 65


31. Impulsar la participación de España en la Iniciativa Nansen a fin de impulsar las iniciativas pertinentes orientadas a facilitar y consensuar las prácticas y herramientas para la protección de las personas desplazadas entre fronteras de
forma forzosa por razones medioambientales o climáticas, e incorporar en el sistema humanitario la protección de las personas desplazadas de forma forzosa en el contexto de desastres medioambientales y crisis climática.


Propuesta de resolución núm. 66


32. Continuar impulsando en los foros internacionales un mayor compromiso en la mitigación, adaptación y finanzas para afrontar la emergencia climática, para la implementación del Mecanismo de Pérdidas y Daños, y para la implementación de
un mercado de carbono robusto a nivel global, que asegure el principio 'quien contamina paga' y una distribución equitativa de esfuerzos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.'


6. Modificar el subapartado Salud global, que rezará de la siguiente manera:


'39. Contribuir con todas las intervenciones, modalidades e instrumentos de la Cooperación Española a la salud global como derecho y bien público global, desde una perspectiva de equidad a partir de tres pilares:


Propuesta de resolución núm. 67


a. Poner a disposición de los países socios las mejores capacidades técnicas y sanitarias de España para, en primer lugar, responder a las emergencias humanitarias con inmediatez y, de forma sostenida, fortalecer sus sistemas de salud con el
doble objetivo de lograr la Cobertura Sanitaria Universal y la dotación de un sistema de prevención, preparación y respuesta inmediata a emergencias sanitarias.


(...)


Propuesta de resolución núm. 68


41. Continuar poniendo en valor la especialización de la Cooperación Española en la promoción del agua como derecho humano y bien público global, en cantidad y calidad suficientes para el desarrollo de las sociedades, en el mantenimiento de
los ecosistemas y en la lucha contra la pobreza y la prevención de las enfermedades.


Propuesta de resolución núm. 69


42. Articular todo ello en una estrategia específica de Cooperación para la Salud Global que recoja las contribuciones de todos los actores de la cooperación, especialmente de las Comunidades Autónomas y las organizaciones y empresas
especializadas en el ámbito sanitario, que prevea de forma específica el fomento de cuadros y personas expertas en salud global también en los países en los que opera la cooperación española.'


7. Modificar el subapartado Diversidad sexual y derechos LGTBI, que rezará de la siguiente manera:


'49. Incorporar en los principios rectores y el futuro texto normativo, y en coherencia con la Declaración de Mérida, un marco que garantice la transversalización del enfoque de diversidad sexual y la promoción de los derechos de las
personas LGTBI como prioridad de la Cooperación Española.


Propuesta de resolución núm. 70


50. Contribuir decididamente mediante sus programas y estrategias, y desde una perspectiva feminista e interseccional, a la erradicación de la exclusión, discriminación y violencia por razón de orientación sexual e identidad de género.


(...)



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Propuesta de resolución núm. 71


(Nuevo). Mejorar el marco de asilo y protección internacional de España para dar un apoyo específico a las personas LGTBI que se ven forzadas a huir de sus países de origen por motivos de persecución, discriminación o violencia, asegurando
que nuestro país se convierte en un refugio global para la no discriminación contra estas personas.'


8. Modificar la recomendación 66, que rezará de la siguiente manera:


'66. Acometer una revisión en profundidad de la actual estructura institucional que apuntale el liderazgo y eleve el perfil político de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a pilar central de la
política de la Cooperación Española, superando su actual fragmentación y descoordinación:


Propuesta de resolución núm. 72


a. Reforzando su independencia y su autonomía para seguir criterios técnicos a la hora de implementar las prioridades fijadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.


b. Otorgándole responsabilidades de gestión en todas las modalidades de cooperación (de la técnica a la financiera).


Propuesta de resolución núm. 73


c. Simplificando y armonizando sus estructuras para conseguir una mayor eficiencia y flexibilidad en los procesos, eliminando barreras burocráticas y duplicidades innecesarias.


Propuesta de resolución núm. 74


d. Concediéndole, con una mirada por objetivos basada en resultados, mayores capacidades operativas para fortalecer la especialización y la horizontalidad y para llevar a cabo evaluaciones de impacto previas y evaluaciones de ejecución ex
post.


e. Consolidando nuevos mecanismos e instrumentos de articulación, cooperación y gobernanza compartida del conjunto del entramado del sistema de la Cooperación Española; bilateral y multilateral, interministerial y descentralizada.


Propuesta de resolución núm. 75


f. Estableciendo un modelo de gestión económica y de personal de la AECID más flexible, que permita la atracción, retención y promoción del talento joven.'


9. Modificar la recomendación 68, que rezará de la siguiente manera:


Propuesta de resolución núm. 76


'68. Optimizar y reforzar las Oficinas Técnicas de Cooperación, tanto con recursos humanos como materiales, así como con nuevos protocolos para prevenir, vigilar y sancionar posibles actuaciones contrarias a la integridad presupuestaria de
la cooperación española.'


10. Modificar la recomendación 75, que rezará de la siguiente manera:


Propuesta de resolución núm. 77


'75. Recuperar y reforzar la Conferencia Sectorial de Desarrollo como organismo de encuentro y de participación de las Comunidades Autónomas y de las corporaciones locales desde una visión compartida y de conjunto, donde se establezcan
prioridades conjuntas de la cooperación española, la complementariedad de las actuaciones de cada actor y la evaluación de esas actuaciones para evitar posibles ineficiencias derivadas de la falta de coordinación.'



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11. Modificar de la recomendación 81, que rezará de la siguiente manera:


Propuesta de resolución núm. 78


'81. Promover una cooperación multilateral coordinada y estratégica que aproveche las sinergias y eficiencias propias de cada nivel de actuación: (1) aumentando la capacidad de influencia de España en la fijación de prioridades de la ayuda
al desarrollo en el seno de la Unión Europea y de las Naciones Unidas; (2) estableciendo de forma clara el reparto de tareas entre los diferentes actores de la cooperación para alcanzar los objetivos que se derivan de esas prioridades; y (3)
fortaleciendo los mecanismos de coordinación entre la cooperación delegada y la cooperación española, incluyendo la cooperación descentralizada.'


12. Modificar el apartado 5, Una cooperación en alianza y multiactor, que rezará de la siguiente manera:


Propuesta de resolución núm. 79


'85. Mejorar el marco normativo para facilitar, flexibilizar y promover la colaboración público-privada en el ámbito de la cooperación española, aprovechando la experiencia y capacidad de las empresas españolas para llevar a cabo los
proyectos previstos por la cooperación española, o bien en solitario o en consorcios de empresas que podrán también abrirse a otras organizaciones o fundaciones sin ánimo de lucro.


Propuesta de resolución núm. 80


86. Reforzar el papel del Consejo de Cooperación para el Desarrollo como espacio central de diálogo de políticas, participación de los diversos actores en el seguimiento de la política de cooperación, y de iniciativas de desarrollo
sostenible en la acción exterior, actualizando su reglamento de funcionamiento interno para flexibilizar, agilizar y visibilizar sus trabajos.


(...)


Propuesta de resolución núm. 81


88. Reconocer en el futuro marco normativo el papel complementario que desempeñan cada uno de los diferentes actores de la cooperación, desde las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) a las empresas privadas, pasando por
las misiones y las agencias públicas y fundaciones, explicitando que el centro de la cooperación y la ayuda humanitaria deben ser siempre los profesionales de la cooperación, sin importar el régimen contractual en el que se encuentren ni cuál sea su
empleador.


(...)


Propuesta de resolución núm. 82


91. Impulsar marcos de colaboración público privada social con el sector empresarial que permita a las empresas invertir en países no propicios para la inversión privada sin asumir la totalidad de los riesgos que esto supone, y que asegure
que las alianzas resultantes de estos marcos de colaboración incluyen a la sociedad civil de los países en los que se lleven a cabo las inversiones y se orientan a acciones de gran valor añadido y de provisión de bienes públicos globales.


(...)


Propuesta de resolución núm. 83


95. Reconocer en la futura Ley el papel de la academia y los expertos investigadores, poniendo en valor la contribución de la ciencia y la investigación para el desarrollo sostenible, mejorando el marco de evaluación y reconocimiento de su
labor investigadora y facilitando la incorporación de estos



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avances en el conocimiento sobre el desarrollo sostenible a la formulación e implementación de políticas públicas de desarrollo.


Propuesta de resolución núm. 84


96. Apoyar a la Academia y a los centros de producción de conocimiento por medio de las ayudas oficiales a la investigación en cooperación, de las instancias de apoyo a la ciencia y de I+D+I, y de la colaboración con el sector privado que
lleve a cabo acciones en el marco de la cooperación española y de la cooperación delegada.'


13. Añadir una nueva recomendación al apartado 6, Una Cooperación financiera para el desarrollo sostenible, que rezará de la siguiente manera:


Propuesta de resolución núm. 85


(Nuevo). Asegurar que el futuro marco normativo de la cooperación española permite un desembolso más ágil y flexible de fondos por parte de los instrumentos de cooperación financiera, evitando los problemas de ejecución presupuestaria
observados sistemáticamente en los ejercicios anteriores y garantizando un correcto uso de los recursos facilitados por esta vía.


14. Añadir una nueva recomendación al apartado 7, Derechos de las y los Cooperantes, que rezará de la siguiente manera:


Propuesta de resolución núm. 86


(Nueva). Establecer un mecanismo de prácticas remuneradas para jóvenes profesionales que permita la incorporación de talento joven a la cooperación española en condiciones laborales adecuadas, tanto en los servicios centrales de la AECID
como en las Oficinas Técnicas de Cooperación en el exterior, dinamizando así los recursos humanos a disposición de la cooperación española y evitando fugas de talento involuntarias a otros sistemas de cooperación.


15. Modificar la recomendación 115, que rezará de la siguiente manera:


Propuesta de resolución núm. 87


115. Establecer el objetivo de dedicar, al menos, un 15 % de la Ayuda Oficial al Desarrollo bilateral a la Acción Humanitaria, y al menos un 20 % del presupuesto dedicado a la acción humanitaria a asegurar el acceso a la educación de la
infancia y la adolescencia en situaciones de emergencias, catástrofes naturales o campos de refugiados.'


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada María Carvalho Dantas, al amparo del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes propuestas de resolución al documento de trabajo previo al informe de la Subcomisión para el
estudio y actualización del marco normativo y del sistema de Cooperación para el Desarrollo.


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2021.-María Carvalho Dantas, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.



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Propuesta de resolución núm. 88


Al apartado primero


De modificación.


Se modifica el redactado del apartado primero, que queda redactado de la siguiente manera:


'1. Hacia una Cooperación española promotora del desarrollo inclusivo y sostenible, los derechos humanos y los bienes públicos globales.'


Justificación.


Mejora técnica.


Propuesta de resolución núm. 89


Al punto 1


De modificación.


Se modifica el redactado del punto 1, que queda redactado de la siguiente manera:


'1. Impulsar una nueva Ley de Cooperación Internacional para el desarrollo sostenible y revisar normativas complementarias, y también aquellas indirectamente relacionadas como la ARSAL o la LBRL, con el fin de consolidar el liderazgo y la
identidad transformadora de la Cooperación Española, corrigiendo la falta de selectividad en los objetivos mediante su alineación estratégica con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en lo referido a los grandes desafíos del
desarrollo sostenible que trascenderán su marco temporal.'


Justificación.


Mejora técnica.


Propuesta de resolución núm. 90


Al punto 3


De modificación.


Se modifica el redactado del punto 3, que queda redactado de la siguiente manera:


'3. Apostar por una reforma con mirada amplia, a dos velocidades, que aborde lo urgente y lo importante en una misma dirección:


a) Impulsando un modelo de planificación, organización y gestión flexible, eficaz, bien dotado, adecuado a la actividad internacional y transparente.


B) Consolidando su carácter de política de Estado con una visión transversal y descentralizada, capaz de vertebrar y catalizar alianzas para el desarrollo sostenible, alineando los esfuerzos de la totalidad de los actores implicados,
potenciando su coordinación y complementariedad y elevando la coherencia para el conjunto de la acción exterior.'


Justificación.


Mejora técnica.


Propuesta de resolución núm. 91


Al punto 4


De modificación.



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Se modifica el redactado del punto 4, que queda redactado de la siguiente manera:


'4. Incluir en el preámbulo referencias a la Agenda 2030 y, de igual modo, incorporar en el articulado de la futura Ley nuevas narrativas que incorporen la interdependencia global y el valor de una cooperación capaz de contribuir
decisivamente a la preservación de los bienes comunes y a la promoción de un desarrollo sostenible e inclusivo global basado en un enfoque interseccional de derechos y capaz de integrar a diferentes actores del Sur Global.'


Justificación.


Mejora técnica.


Propuesta de resolución núm. 92


Al punto 5


De modificación.


Se modifica el redactado del punto 5, que queda redactado de la siguiente manera:


'5. Actualizar y profundizar, desde una visión holística, en el desarrollo de ejes-misión prioritarios conectados entre sí para el abordaje de los compromisos, objetivos y metas de la nueva agenda internacional para el desarrollo apostando
decididamente por los sistemas públicos de salud y educación:


A) Promover una Cooperación Feminista que aborde de forma integral las causas sistémicas y estructurales de la pobreza, la desigualdad de género y que contribuya al empoderamiento de las mujeres, adolescentes y niñas y al reconocimiento
efectivo de sus derechos políticos, económicos y culturales.


B) Contribuir a una Justicia Climática y Ambiental Global y Multilateral que impulse decididamente proyectos dirigidos a apoyar los esfuerzos locales e internacionales para abordar intervenciones de mitigación, adaptación y reversión de la
pérdida de biodiversidad y de gestión eficiente y sostenible de los recursos naturales.


C) Ampliar el espacio cívico y democrático y promocionar los derechos humanos e instituciones inclusivas y representativas en favor de la equidad y el bienestar común.


D) Promover la Salud Global desde una visión que incorpore la contribución de España en la liberación de las patentes para el acceso universal y equitativo a la vacunación y medicamentos esenciales como bien público global, en los
tratamientos en caso de pandemias o desafíos de salud pública, en el reforzamiento de la atención primaria y de los servicios esenciales para una cobertura sanitaria universal, en la vertebración de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres, adolescentes y niñas, y en la lucha contra la malaria, el VIH-Sida, la tuberculosis, el Chagas, etc.


E) Profundizar en una investigación en cooperación y desarrollo sostenible que, adoptando un mecanismo constante de intercambio y generación de información, contribuya a la innovación y adaptabilidad de una Cooperación Española en alianza
multiactor que sea capaz de respuestas precisas a los principales retos del desarrollo sostenible.


F) Apostar por la Educación para la Transformación Social, actualizando su concepto desde una perspectiva integral que incorpore instrumentos y enfoques innovadores que multipliquen su impacto como herramienta de sensibilización vinculada,
asimismo, a una educación formal que contribuya a una nueva narrativa de interdependencia, solidaridad y corresponsabilidad, para una ciudadanía global responsable y con conciencia crítica.


G) Continuar profundizando en las Estrategias donde la Cooperación Española goza de una amplia experiencia, tales como las dirigidas a la lucha contra la pobreza, la soberanía alimentaria, la promoción de la educación y la cultura, el
desarrollo de un tejido laboral justo e inclusivo, el acceso al agua y el saneamiento, la promoción de la paz o los derechos de la infancia, entre otras.


H) Contribuir a la valoración de la diversidad cultural en el ámbito educativo y a la protección y salvaguarda del patrimonio cultural del mundo, poniendo énfasis en las culturas amenazadas o



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en proceso de asimilación forzada y en las lenguas que las vehiculan, desde una perspectiva transversal de derechos humanos.'


Justificación.


Mejora técnica.


Propuesta de resolución núm. 93


Al punto 7


De modificación.


Se modifica el redactado del punto 7, que queda redactado de la siguiente manera:


'7. Incorporar, constatando las denominadas 'trampas de la renta media' en un contexto de ampliación de brechas globales y nacionales de desigualdad agravadas por crisis globales y regresiones democráticas a escala mundial, y sin olvidar a
los países en situación de mayor vulnerabilidad, el concepto de desarrollo en transición (OCDE, CEPAL), a fin de contribuir al desarrollo sostenible de países que, más allá de sus niveles de ingresos, carecen de las capacidades suficientes para
reducir la brecha socioeconómica interna y con los países enriquecidos. Con todo, asegurar el liderazgo de España en la respuesta multilateral para la reestructuración de la deuda de los países de renta media.'


Justificación.


Mejora técnica.


Propuesta de resolución núm. 94


A los puntos 7 y 8


De adición.


Se adiciona un punto entre el 7 y el 8, que queda redactado de la siguiente manera:


'X. Crear de mecanismos de flexibilidad geográfica, más allá de criterios de pobreza o desigualdad, con el objetivo de atender realidades específicas de vulneración de los Derechos Humanos o de amenazas sobre ecosistemas y hábitats
estratégicos para el desarrollo sostenible en el Sur Global.'


Justificación.


Mejora técnica.


Propuesta de resolución núm. 95


Al punto 9


De modificación.


Se modifica el punto 9, que queda redactado de la siguiente manera:


'9. Impulsar alianzas que movilicen todos los recursos y las capacidades de actores diversos, compartiendo conocimiento y apostando por soluciones multidimensionales adaptadas a cada contexto, para abordar el logro de los objetivos que
plantea la reforma. Para ello será imprescindible reconocer la legitimidad de todos los actores, como por ejemplo los gobiernos locales, de hacer cooperación.'


Justificación.



parte 1 parte 2