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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 270, de 12/05/2021
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 270, de 12/05/2021
En el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del río Ebro
aprobado por Real Decreto 129/2014, de 28 de febrero (BOE de 21 de marzo
de 2014), se recogió como actuación de regulación en su artículo 39 'el
embalse de Mularroya en el río Grío, con aportación de recursos del
Jalón. Los recursos derivados del embalse de Mularroya se destinarán para
los abastecimientos de población y otros usos industriales de la cuenca
del Jalón y Grío, y para la mejora y nuevos regadíos del bajo Jalón.
Indirectamente podría servir para la recarga del acuífero de Alfamén.
Mediante su uso conjunto con la explotación de la masa subterránea de
Cariñena, permitirá liberar recursos subterráneos y reorganizar
extracciones, combinando adecuadamente recursos superficiales y
subterránea'.
Por Resolución de 23 de febrero de 2007 de la Dirección General del Agua
se aprobó el Proyecto de construcción 04/06 de la Presa de Mularroya,
Azud de derivación y Conducción del trasvase, TTMM de La Almunia de Doña
Godina, Chodes y Ricla (Zaragoza), adjudicado a la UTE Necso-Sacyr (UTE
Mularroya). Proyecto que se ajustó al Anteproyecto 04/03 de las citadas
actuaciones aprobado por Resolución de 3 de diciembre de 2003 y en el que
se había dictado Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 25 de
noviembre de 2003.
El Consejo de Ministros, en su reunión de 26 de diciembre de 2014, aprobó,
en aplicación de los apartados 5 y 5.b) de la Ley 42/2007, de patrimonio
natural y de la biodiversidad, el Acuerdo por el que se declara la
existencia de razones imperiosas de primer orden, incluidas las de tipo
social y económico, en el proyecto de Presa de Mularroya, azud de
derivación y conducción de trasvase, en los términos municipales de La
Almunia de Doña Godina, Chodes y Ricla (Zaragoza), publicándose dicho
Acuerdo por Resolución de 22 de enero de 2015, de la Dirección General
del Agua (BOE de 11 de marzo de 2015).
La sentencia de la Audiencia Nacional de veintitrés de marzo de 2021
recaída sobre un recurso interpuesto por la construcción del embalse de
Mularroya dice literalmente 'estimo parcialmente el recurso contencioso
administrativo interpuesto la Sociedad Española de Ornitología
(Seo/Birdlife) y de la Asociación Plataforma Jalón Vivo, frente a las
Resoluciones adoptadas por la Directora General del Agua, por delegación
del Secretario de Estado de Medio Ambiente, de fecha 12 de agosto de 2015
y 20 de agosto de 2015, en el sentido de declarar la nulidad de la
Resolución de 12 de agosto de 2015, por no ser conforme a Derecho, no así
de la Resolución de 20 de agosto de 2015; sin imposición de costas.
La presente sentencia es susceptible de recurso de casación ante el
Tribunal Supremo que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de
treinta días contados desde el siguiente al de su notificación; en el
escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la
Jurisdicción justificando el interés casacional que presenta.'
La construcción del embalse de Mularroya persigue los siguientes
objetivos:
a) Aumentar la regulación del río Jalón, consiguiendo de esta forma
aumentar las garantías de suministro de agua para abastecimiento, más de
60.000 personas en la zona de afección del embalse, asegurando el riego
de más de 50.000 Ha y usos de naturaleza industrial en el eje del Jalón
en su tramo medio y bajo.
b) Conseguir recursos para aumentar la superficie de riego en la zona
media y baja del Jalón de acuerdo al Plan Hidrológico de la Cuenca del
Ebro.
c) Contribuir a la recarga del acuífero de Alfarnén, denominado
actualmente Unidad Hidrogeológica Campo de Cariñena.
d) Laminar avenidas en el río Grío, aguas abajo de la partida de
Mularroya.
e) Asegurar un caudal de mantenimiento del río de acuerdo a su régimen
estacional.
La inversión supone más de 188 millones de euros incluidos las medidas de
restitución. La sentencia actual ha generado entre los regantes temor e
incertidumbre porque el revés judicial puede alterar la evolución de una
obra. En total, están en juego el asegurar puestos de trabajo en
industrias y la garantía de agua para miles de hectáreas que se quedaran
sin posibilidad de regadío, en definitiva el asentamiento de la población
en el territorio, en una parte de la llamada España rural.
A este temor hay que añadirle el anuncio hecho por el Ministerio de
Transición Ecológica y Reto Demográfico, de que no va a recurrir el fallo
de la Audiencia Nacional ante el que cabría interpone recurso de casación
ante el Tribunal Supremo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Cumplir el Pacto del agua de Aragón de 1992 y el mandato de la Mesa del
Agua de Aragón de 2006 por la que de forma muy mayoritaria se decidió la
construcción del embalse de Mularroya,
2. Presentar el recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia
Nacional de veintitrés de marzo de 2021 sobre el recurso 70/2016,
interpuesto por la construcción del embalse de Mularroya interpuesto la
Sociedad Española de Ornitología (Seo/Birdlife) y de la Asociación
Plataforma Jalón Vivo, frente a las Resoluciones adoptadas por la
Directora General del Agua, por delegación del Secretario de Estado de
Medio Ambiente, de fecha 12 de agosto de 2015 y 20 de agosto de 2015, en
el sentido de declarar la nulidad de la Resolución de 12 de agosto de
2015, por no ser conforme a Derecho, no así de la Resolución de 20 de
agosto de 2015; sin imposición de costas.
3. Iniciar las actuaciones necesarias para resolver las deficiencias
puestas de relieve por la Audiencia Nacional en la tramitación de la
construcción del embalse de Mularroya.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2021.-Eloy Suárez
Lamata y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Concepción Gamarra
Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002441
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
adecuación de la gestión cinegética en los Parques Nacionales declarados
con anterioridad a la aprobación de la Ley 30/2014, para su debate en la
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, establecía en su
disposición adicional séptima, una moratoria de seis años para la
prohibición de la caza y la pesca deportivas y recreativas en los Parques
Nacionales, como periodo de adaptación de los parques nacionales
existentes donde la actividad era autorizada previamente a la Ley. Dicha
moratoria vence el 5 de diciembre de este año, sin que hasta la fecha la
administración haya alcanzado acuerdo alguno con los propietarios de las
tierras afectadas por esta prohibición, ni se hayan resucito por tanto
las disposiciones establecidas en la ley.
La Red de Parques Nacionales es sin duda la máxima expresión del
extraordinario patrimonio natural de nuestro país, y de nuestra
biodiversidad, fuente primaria de vida y de desarrollo, y atesora la
variedad y la riqueza de nuestros paisajes, de nuestra flora y fauna. Es
un patrimonio del conjunto de la sociedad española, protege una muestra
representativa de nuestros mejores ecosistemas, y es responsabilidad de
todos darlos a conocer, y proteger su supervivencia, así como la de los
entornos que los hacen posibles.
Muchos de ellos se sitúan, además, en entornos despoblados, que han ido
perdiendo población a lo largo de los últimos años, y cuyas posibilidades
de desarrollo económico y social, por tradición, pero también por la
propia protección del ecosistema, están directamente relacionados con las
actividades que se desarrollan en los terrenos de propiedad privada que
forman parte de los Parques.
Es el caso singularmente de los Parques afectados por esta disposición
normativa, donde se practicaba ya la caza antes de su declaración de
Parque Nacional, como una actividad crucial del medio rural e inseparable
de la correcta gestión de los mejores paisajes, de las especies animales
que se cazan y de las demás. Es una actividad que permite fijar población
sobre el territorio, que da empleo a muchos cientos de familias, y de la
que depende, en definitiva, la supervivencia del mundo rural.
Transcurridos cinco años desde la entrada en vigor de la Ley de Parques
Nacionales, y agotado el plazo de la moratoria establecida en esta
disposición adicional, no se han dado pasos por parte del Gobierno en la
dirección exigida para dar cumplimiento a la misma. Esta situación
reviste una gravedad especial en las actuales circunstancias, por la
actual crisis del COVID, la incertidumbre y la indefensión que genera en
los afectados por la misma, y justifica la necesidad de plantear la
siguiente iniciativa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a las Cortes
Generales la modificación de la Disposición adicional séptima, sobre las
medidas precisas para adecuar la situación de los parques nacionales ya
existentes a los efectos jurídicos ligados a la declaración, de la Ley
30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, ampliando la prórroga
hasta que se establezca una solución definitiva a la actividad cinegética
en estos espacios naturales protegidos'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2021.-Carmen Navarro
Lacoba y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Concepción Gamarra
Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002442
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los efectos
ambientales y económicos de los incendios forestales sucedidos durante la
campaña de verano de 2020, para su debate en la Comisión de Transición
Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El 15 de octubre finalizó la campaña de incendios y se debe hacer balance.
Antes del inicio de la del periodo estival ya había preocupación por la
situación de los montes como consecuencia de la paralización producida
por la COVID-19, las lluvias copiosas en primavera habían generado gran
cantidad de vegetación, que sería combustible para los incendios, y unas
previsiones meteorológicas adversas según los modelos que preveían un
aumento del calor.
Según los datos aportados por les comunidades autónomas a la estadística
nacional de incendios forestales, en lo que va de año se ha reducido el
número de siniestros, tanto en conatos como en incendios, y también la
superficie forestal, aunque siga siendo preocupante al ser la sexta peor
de la década y se aproxime a la media de los últimos diez años. Pero
especialmente alarmante ha sido la acumulación de grandes incendios, de
más de 500 hectáreas, 17 en lo que va de año, 14 de los cuales se han
producido en este periodo estival de máximo riesgo.
Los primeros tres grandes incendios de principio de año se produjeron en
el mes de febrero, dos en Tineo (Asturias) y uno San Nicolás de Tolentino
(Gran Canaria). Estos incendios de principio de año no quedan recogidos
en el Real Decreto 778/2020, de 25 de agosto, por el que se declara la
aplicación de las medidas previstas en el artículo 9 del Real Decreto-ley
11/2019, de 20 de septiembre, por el que se
adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y
otras situaciones catastróficas, a diversas situaciones catastróficas
acaecidas entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020.
Los producidos entre finales de julio y medidos del mes de agosto, en
Cualedro (Ourense), Robledo de Chavela (Madrid), Plasencia (Cáceres) y en
Lober de Aliste (Zamora), este último con alrededor de 2.000 hectáreas
quemadas.
Este año los peores siniestros se han concentrado en la segunda parte del
verano, especialmente a finales de agosto, como el producido en Garafía
(La Palma) con 800 hectáreas de terreno insular, en la comarca de La Vera
y El Jerte (Cáceres) con más de 4.000 hectáreas calcinadas, el de
Almonaster la Real (Huelva) con más de 10.000 hectáreas afectadas, o los
de producidos en Ourense durante el mes de septiembre que sufrió 67
incendios en menos de cinco días quemando más de 8,700 hectáreas, o el de
Vinebre y García (Tarragona).
A estos siniestros hay que unir otros que por sus dimensiones no llegan a
computar como grandes incendios, pero por haber afectado a zonas pobladas
o espacios naturales protegidos tienen especial significación, como por
ejemplo el incendio declarado en el parque natural de s'Albufera de
Acúdia (Islas Baleares) con 438 hectáreas incendiadas.
Todos estos incendios dejan huella sobre el territorio y su biodiversidad
y un impacto económico que empieza por el propio coste de la extinción,
de los bienes perdidos (forestales, agrícolas, ganaderos, viviendas,
infraestructuras, etc.) y las cuantías necesarias para la restauración.
En este sentido, las actuaciones de protección civil dirigidas a evacuar
personas, por la proximidad de muchos incendios a la zona
urbano-forestal, ha sido fundamental en muchas ocasiones. En el incendio
de La Palma se llegó a evacuar 300 vecinos por la amenaza de las llamas y
en Almonaster la Real se superó los 3.000.
Las causas siguen siendo variadas; naturales y humanas. Es cierto que,
según datos de la Agencia Estatal de Meteorología, el verano fue en
conjunto muy cálido, con una temperatura media 0,9 ºC por encima de lo
normal, y fue especialmente cálido en puntos del sur y este peninsular,
zona centro y ambos archipiélagos, con dos olas de calor acusadas.
Además, el verano fue húmedo o muy húmedo en áreas del norte y este
peninsular, así como ambos archipiélagos, y seco en general el suroeste
peninsular, buena parte de Andalucía y Canarias.
Las precipitaciones registradas fueron irregulares y muchas veces en forma
de chubascos tormentosos, como los originados por la DANA de los días 11
y 12 de agosto. Pero la mano del hombre o su negligencia sigue estando
detrás de muchos de estos incendios,
Sin duda se trata de un año anómalo, en lo social y en lo económico, los
efectos la COVID-19 han afectado a toda la sociedad en su conjunto, y la
lacra de los incendios forestales sigue dejando cicatrices en nuestro
territorio y huella en aquellas personas que han tenido que sobrellevar
sus efectos. Han trascurrido más de dos meses sin que muchos de esos
grandes incendios hayan sido declarados zonas por el Estado como afectada
gravemente por una emergencia de protección civil, poder paliar sus
efectos y disponer de mecanismos para recuperar la normalidad y prevenir
futuras catástrofes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
1. Elaborar, en colaboración con las administraciones afectadas y a la
mayor brevedad posible, un informe con la evaluación de los daños de los
incendios forestales sucedidos durante el año 2020, determinando y
cuantificando el alcance real de los mismos, y activar las ayudas
derivadas de la situación de emergencia o naturaleza catastrófica,
especialmente de los denominados como gran incendio o que hayan afectado
a la población o espacios naturales singulares.
2. Analizar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia
de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo
establecido en la Ley 17/2015, de 9 de Julio, en los municipios afectados
gravemente por los incendios forestales durante 2020,
3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una
emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el
artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes
para paliar los daños provocados por las inundaciones, y en concreto:
a) Conceder ayudas económicas a particulares por daños a vivienda habitual
y enseres de primera necesidad que procedan.
b) Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados
de actuaciones inaplazables.
c) Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que
hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios y bienes.
d) Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos
industriales, mercantiles y de servicios.
e) Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras
municipales y red viaria provincial e insular.
f) Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras
hidráulicas que se hayan podido ver afectadas por las lluvias, en
particular aquellas que dan servicio a las comunidades de regantes y
pequeños agricultores.
g) Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones
agrícolas, ganaderas y forestales.
h) Aprobar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.
4. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de
reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y
actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.
5. Colaborar, con las administraciones competentes, en la realización de
los trabajos de restauración forestal y ecológica de las áreas afectadas
por el incendio y coordinar las medidas de carácter preventivo, para
evitar la repetición de situaciones similares.
6. Que el Gobierno comunique a los Ayuntamientos afectados su decisión
sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas de cara a la
previsión de presupuestos municipales.
7. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr
su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo
dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2021.-Guillermo
Mariscal Anaya, César Sánchez Pérez, Paloma Gázquez Collado, Juan Diego
Requena Ruiz, José Alberto Herrero Bono, Diego Gago Bugarín, José Ángel
Alonso Pérez, Carmen Navarro Lacoba y Tomás Cabezón Casas,
Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002459
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque
Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de una
estación depuradora de aguas residuales en el Concello de Barreiros para
su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Barreiros, un ayuntamiento de 3.000 habitantes, que en época vacacional
llega a triplicar esta población, sufre las nefastas consecuencias del
boom inmobiliario y descontrol urbanístico en la primera década de este
siglo cuando llegaron a proyectarse y construirse 3.000 viviendas sin los
servicios necesarios para darles cobertura.
Así, se encuentra ahora en una grave situación ante la falta de una
estación depuradora de aguas residuales que evite los vertidos directos a
las excelentes playas de su término municipal. Esta situación se agrava
verano tras verano, provocando problemas de salubridad y teniendo que
prohibirse el baño en numerosas ocasiones en la playa de Arealonga, en
Reinante y San Miguel.
Los principales puntos de vertido se encuentran en zonas muy próximas a la
playa, cerca de lugares de gran interés natural y turístico como es Augas
Santas o As Catedrais, afectando también a la Rede Natura. Además de ese
impacto negativo para el turismo, suponen también un riesgo para la salud
pública
tal y como demuestran las analíticas de calidad de las aguas, que siguen
arrojando valores de contaminación microbiológica por encima de los
valores considerados normales, motivo por el cual la administración
mantiene la recomendación de no bañarse en la playa de Arealonga.
El elevado coste de la obra, que se calcula puede suponer unos 3,5
millones de euros, no es asumible para el ayuntamiento de Barreiros, por
lo que es necesario que otras administraciones participen en su
financiación. Así, el Ministerio de Transición Ecológica debe atender las
solicitudes trasladadas desde el Concello de Barreiros y apoyar la nueva
EDAR, necesaria para la salud pública y el medio ambiente evitando un
deterioro mayor del ecosistema costero en este concello mariñán.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a incluir entre
los proyectos prioritarios del Ministerio, como obra de interés para el
conjunto del Estado, la construcción de una nueva estación depuradora de
aguas residuales en el Concello de Barreiros que evite los vertidos
directos al mar que provocan graves problemas de salubridad en las playas
de Arealonga, Reinante y San Miguel.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2021.-Néstor Rego
Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo
Parlamentario Plural.
161/002466
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre el ERTE anunciado por la empresa Repsol, para su debate
en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Los efectos económicos provocados por la pandemia de la COVID-19 han
supuesto una disminución de la demanda de la movilidad y transporte,
afectando a las empresas dedicadas a la producción de combustible. Un
sector que durante toda la pandemia ha estado a la altura de las
circunstancias, gracias al esfuerzo de sus trabajadores, que al ser
considerados esenciales al inicio de la crisis sanitaria, adaptaron sus
jornadas laborales, incluso con horarios de 12 horas continuadas, para
garantizar la actividad industrial en caso de la aparición de brotes del
virus. Situación que hizo que la dirección de la empresa Repsol,
felicitase públicamente a sus trabajadores.
El día 8 de abril, Repsol anunció un Expediente de Regulación Temporal de
Empleo por causas productivas en sus refinerías de A Coruña y Puertollano
(Ciudad Real), que se unía a la ya presentada en su filial Petronor de
Muskiz (Bizkaia) el 29 de marzo. Dicho ERTE afectaría a 350 trabajadores
en Muskiz, 212 en A Coruña y 618 en Puertollano, con una duración de seis
meses. A ello hay que sumarle los efectos que tal decisión provocaría en
las empresas subcontratistas vinculadas y en general en las tres comarcas
afectadas.
Es deseable para el futuro de las localidades afectadas que Repsol
reconsidere la decisión de aplicar este expediente, logrando un acuerdo
entre trabajadores y empresa, para evitar el ERTE o revertir sus medidas
lo antes posible. Una decisión coyuntural para los próximos seis meses
que podría resolverse de una manera negociada, dado que el fin de la
pandemia se comienza a intuir gracias al incremento en los ritmos de
vacunación, lo que permite esperar un próximo aumento de la movilidad y
el consumo.
El mantenimiento de empleo de calidad es crucial para estas tres comarcas
afectadas y las del conjunto del país cuya dependencia económica procede
de la industria del refino.
En este sentido, es de reseñar la oportunidad que en los próximos años se
va a desarrollar mediante la aplicación de los fondos europeos de
recuperación Next Generation EU, para la consecución de un modelo
energético más sostenible. Un impulso a la transición, que debe ser justa
e impulsora de nuevos empleos de calidad. Priorizando en la aplicación de
dichos fondos en aquellas comarcas con una
dependencia del sector petroquímico y otras energías de origen fósil como
las de Puertollano, A Coruña y Muskiz.
En línea con el esfuerzo a realizar, el pasado 7 de abril, el Ministerio
de Transición Ecológica y Reto Demográfico se reunió con las empresas
refineras para la creación del grupo de trabajo técnico del refino. Un
foro de discusión entre la Administración y el sector empresarial para
identificar, coordinar y priorizar actuaciones que faciliten la necesaria
descarbonización justa del sector antes de 2050.
Este grupo de trabajo abordará temas como el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia; el papel del sector del refino en la
transición ecológica a 2030 y a 2050; las oportunidades del hidrógeno
renovable en el sector; el impulso de la economía circular y su
relevancia para el desarrollo de zonas rurales; los biocombustibles
avanzados; la colaboración con el sector público y entre el sector
privado; la simplificación administrativa para el desarrollo de proyectos
en refinerías o la identificación de proyectos que reduzcan las emisiones
del sector. Sin mencionar expresamente la necesidad de evaluar los
niveles de empleo por parte de esta comisión.
Nadie puede discutir el papel fundamental que tiene el sector del refino
para alcanzar los objetivos de neutralidad climática, con una
participación fundamental en la transformación hacia modelos energéticos
no contaminantes como los biocarburantes avanzados y el hidrógeno
renovable. Iniciativas de transición que deben tener su centro de
desarrollo en comarcas dependientes económicamente de los combustibles
fósiles.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Manifestar el apoyo a las personas trabajadoras y familias afectadas por
la decisión de ERTE comunicada por Repsol en las comarcas de Puertollano,
A Coruña y Muskiz.
- Propiciar y animar el mantenimiento de la interlocución entre empresa y
representantes de la plantilla, en aras de una solución que haga posible
la reversión del ERTE anunciado, ahora que se vislumbra el fin de las
restricciones de movilidad con la vacunación masiva de la población
española, que irá unida a la recuperación de la actividad económica.
- Valorar proyectos vinculados a los fondos europeos Next Generation EU en
zonas de gran dependencia del sector de refino y otras energías de base
no renovable.
- Plantear a REPSOL, en el seno del recién constituido grupo de trabajo
técnico del refino entre el Ministerio de Transición Ecológica y Reto
Demográfico, resto de administraciones y representantes del sector
empresarial, la necesidad de mantener los puestos de trabajo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2021.-Diego Taibo
Mondelos, Montserrat García Chavarría, María Guijarro Ceballos, Patxi
López Álvarez, Germán Renau Martínez, Cristina López Zamora, Miguel Ángel
González Caballero, Alejandro Soler Mur y Pilar Cancela Rodríguez,
Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces
del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002471
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley para un Pacto Nacional del Agua para
su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La Ley del Plan Hidrológico Nacional data del año 2001 y su redacción no
ha sufrido grandes cambios desde 2005. La quietud de la norma, deseable
en la gran mayoría de los casos, deviene anquilosamiento cuando la
realidad social, político o medioambiental que tiene vocación de regular
cambia dramáticamente.
Este es el caso, sin duda, de la gestión de los recursos naturales y, muy
especialmente, de la gestión del agua.
El cambio climático y sus efectos, de los que tenemos creciente evidencia
científica, se ha posicionado en la última década como una de las
prioridades absolutas del debate público. La sostenibilidad del planeta
exige, y nuestra sociedad demanda, una acción contundente de los
gobernantes para abordar de forma eficaz los retos del cambio climático.
Tradicionalmente el enfoque en la lucha contra el cambio climático ha sido
el de su prevención. Desde el célebre Protocolo de Kioto de 1997, el más
reciente Acuerdo de París de 2016, o incluso la Ley de Cambio Climático
que aprobarán las Cortes Generales próximamente, tienen como objetivo
principal la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y
poner freno a la acción humana causante del cambio climático. Medidas
preventivas fundamentales, pero que se quedan cojas sin otro tipo de
enfoque imprescindible: la adaptación al cambio climático.
La problemática hídrica asociada a los escenarios previsibles del cambio
climático (afectando a la aportación natural al ciclo hidrológico y su
distribución espacio-temporal) no puede menospreciarse ni sustraerse por
más tiempo de las acciones que configuran la política hidráulica de
nuestro país. Sin embargo, el debate público en torno al agua es,
actualmente en España, débil y circunstancial.
El cambio climático y la gestión medioambiental no conoce de fronteras.
Esta máxima que, por fortuna, es bien entendida a nivel internacional y
que da impulso a grandes pactos europeos o incluso globales, parece no
haber tenido la necesaria traslación en un debate nacional que parece más
centrado en crear juegos de suma cero entre comarcas, provincias y
comunidades autónomas, en lugar de plantear un proyecto de país que ponga
las necesidades colectivas, la protección de la biodiversidad y la
sostenibilidad económica y medioambiental en el centro del mismo.
Los expertos en la problemática del cambio climático prevén una
disminución en España durante los próximos anos (2011-2040) de dos
variables muy importantes del ciclo: la aportación de agua en régimen
natural (precipitaciones), que se reduciría en un 5 %; y del agua de
lluvia que circula libremente sobre la superficie de un terreno
(escorrentía), que lo haría en un 8 %. De ahí en adelante, la disminución
sería aún más acusada: 2041- 2070, -9% y -16%, respectivamente;
2071-2100, -17% y -26%.
Por tanto, es preciso situar la preocupación por el futuro del agua en el
centro de la agenda política y de las administraciones públicas e
involucrar en el debate a la sociedad civil a las organizaciones
sectoriales y profesionales concernidas. El instrumento idóneo para ello
es la elaboración de un nuevo Plan Hidrológico Nacional de 2001 en el que
participarían no solo las diferentes Administraciones públicas, sino
también la sociedad civil a través de un amplio proceso de participación
social.
Adicionalmente, España, en una gran parte, es un país especialmente
afectado por el fenómeno de la sequía, pues durante el período 1880-2000
más de la mitad de los años se han calificado como de secos o muy secos.
En este contexto vemos que desde las Administraciones se plantean medidas
coyunturales como los Planes Especiales de Sequía para paliar las
consecuencias del déficit hídrico del momento -es lógico- y poco más,
como es costumbre.
La Base de Datos Internacional sobre Desastres gestionada por la
Universidad de Lovaina nos ofrece unas estimaciones de coste directo de
pasados episodios de sequía en España que pueden servirnos de referencia
a qué nos enfrentamos en el futuro. En dólares constantes de 2002, la
sequía de 1980-1982 costó 5.100 millones, la de 1990-1995, 5.900 millones
y la de 1998-1999, 3.550 millones. Estos costes directos se concentran
fundamentalmente en el sector primario por un lado y en el descenso de la
producción de energía hidroeléctrica por otro.
No obstante, en esta ocasión además deberemos afrontar un auténtico
problema estructural del sistema hidráulico de nuestro país a medio
plazo: garantizar la seguridad hídrica a un coste razonable, superando
las condiciones adversas que supondrán las afecciones del cambio
climático (disminución probable de la aportación anual del ciclo
hidrológico y mayor irregularidad pluviométrica), en un contexto de
demanda creciente en términos cuantitativos y cualitativos. En tales
condiciones, la resiliencia del sistema hidráulico es además otro
objetivo general de primera importancia.
Según estimaciones de la Dra. Jenkins del Cambridge Centre for Climate
Change Mitigation Research de posibles impactos de la sequía en varios
países, entre ellos España, bajo distintos escenarios de avance del
cambio climático, en el caso de España, el coste medio anual en el
período 2003-2050 sería de entre el 0,1 y el 0,2 % del PIB. Si a eso se
añaden costes indirectos (pérdidas de producción y empleo en otros
sectores) el coste total podría casi doblarse.
El cambio climático es una amenaza para tomarse en serio, e implica un
planteamiento renovador de la vetusta política hidráulica nacional. La
gestión del agua se encuentra aquejada en España no solo de problemas
físicos e intereses contrapuestos, mal resueltos desde la política, sino
que también sufre de inercia conceptual y bloqueo dogmático. Todos esos
defectos dificultan el alumbramiento de ideas nuevas para un debate
enriquecedor e inhiben actuaciones necesarias para afrontar en las
mejores condiciones posibles el futuro de un recurso tan importante.
Ciudadanos reclama que se ponga en marcha un Plan Nacional del Agua para
la adaptación de la gestión hidrológica de España al cambio climático y
que siente las bases de una gestión hídrica estable y consensuada en pos
de la sostenibilidad medioambiental y económica a largo plazo del país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar un Pacto Nacional del Agua adaptado al cambio climático, de
forma consensuada con la sociedad civil, las fuerzas políticas con
representación parlamentaria y las Comunidades Autónomas que incluya, al
menos, las siguientes líneas de actuación:
a) Presentación de una reforma de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, con el fin de actualizar sus previsiones a la nueva
realidad medioambiental de España, de manera que garantice la gestión
eficiente de los recursos hídricos basada en criterios eminentemente
técnicos, la plena disponibilidad como recurso en todo el territorio, la
protección de la biodiversidad y la adaptación al cambio climático.
b) El rediseño institucional de la gobernanza y gestión del agua como bien
general, teniendo en cuenta la problemática de la interrelación de
cuencas, demarcaciones hidrográficas y administraciones territoriales,
así como la puesta en marcha de procedimientos de resolución de disputas
y conflictos.
c) La adaptación de la infraestructura hidráulica, nueva y existente, a
los riesgos y condicionantes del clima.
2. Acelerar los trabajos para la aprobación de los planes hidrológicos de
las cuencas españolas, en línea con los objetivos de la Unión Europea en
materia de recursos naturales, así como la futura ley de Cambio Climático
y, en su caso, la reformada Ley del Plan Hidrológico Nacional,
garantizando que cualquier cambio sustancial respecto del régimen vigente
cuenta con el necesario consenso de las partes afectadas.
3. Suspender cualquier modificación de las normas de explotación de las
infraestructuras hidráulicas hasta la aprobación del plan hidrológico
correspondiente, a menos que dicha modificación cuente con el respaldo de
la totalidad de las Comunidades Autónomas afectadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2021.-Edmundo Bal
Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002481
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la puesta
en valor y apoyo del Proyectos de Energías Renovables en la Comarca de
Sierra Mágina, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y
Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La Comarca de Sierra Mágina, es una comarca situada en el sur de la
Provincia de Jaén, la cual está integrada por 14 municipios, en una clara
regresión demográfica, por la falta de actividad económica y la
nula industrialización de la zona, que vive y depende principalmente de la
producción de aceite de oliva y del turismo asociado al Parque Natural de
Sierra Mágina.
De un tiempo a esta parte y dadas las características geofísicas de la
zona, a la presencia de grandes superficies rústicas con escaso valor
agrícola y económica, pero sobre todo a las excepcionales condiciones de
sol y viento, algunos municipios de la zona, han tenido la lícita
aspiración de encontrar en las energías renovables un ilusionante
desarrollo económico vinculado al despliegue e instalación de energías
renovables, basadas en la construcción y puesta en servicio de distintos
Parques Eólicos y Solares. Esta implantación además de perseguir el
necesario desarrollo económico, tiene también a su vez el anhelo de
cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 7, 11, 12 y 13,
basándose en un proyecto de transición energética que permita la
reactivación económica de la zona, la mejora de la calidad de vida, la
lucha contra la despoblación y el cambio de modelo productivo como una
alternativo al monocultivo del olivar.
Para que comarcas como la de Sierra Mágina puedan aspirar a un despliegue
de energías renovables, las administraciones públicas y las empresas
deben de aunar esfuerzos y luchar por la consecución de objetivos
conjuntos. En el caso que nos ocupa, el interés manifiesto que el Excmo.
Ayuntamiento de Huelma, la Junta de Andalucía y promotores privados han
puesto en el despliegue de energías renovables, se traduce en distintos
proyectos de parques eólicos, denominados 'Olivares', 'Los Palancares' y
'Los olivos', y de parques fotovoltaicos, denominado 'Los Olivos'. El
desarrollo de estos proyectos supondría un hito sin precedentes en la
provincia de Jaén, que en la actualidad no cuenta con ningún proyecto de
estas características ni de estas dimensiones, motivado, entre otras
cuestiones, por la falta de compromiso del Gobierno y por la falta de
infraestructuras eléctricas de gran capacidad, que hacen que Jaén, sea
una de las pocas provincias, que en la actualidad, no tiene ni una sola
línea de transporte de 400 KV
Esta situación estrangula la capacidad de la provincia para sumarse al
despliegue de energías renovables encomendando las posibilidades a la
futura puesta en servicio de la línea 400KV Caparacena-Baza-La Ribina, y
a la repotenciación de la línea y SET de 220KV Los Olivares. Estas dos
infraestructuras estratégicas permitirían que los proyectos renovables
antes descritos puedan ser una realidad, pues ya existe en la actualidad
el derecho a conexión con Red Eléctrica.
El desarrollo de proyectos de energías renovables de estas características
en la provincia de Jaén supone una aspiración lícita y necesaria, que
tiene motivaciones socio económicas muy necesarias para esta comarca del
sur de Jaén, la gran olvidada dentro de la planificación de Red Eléctrica
de España, pues si atendemos a la Propuesta de desarrollo RDT de Energía
Eléctrica para el periodo 2021-2026, tan solo, se contempla la
repotenciación de la línea denominada Olivares, desapareciendo
inexplicablemente, la construcción de la nueva línea 220 KV
Andújar-Guadame. Esta situación hace que la única posibilidad de
contribuir al desarrollo de energías renovables en la provincia de Jaén,
como una apuesta cuantitativamente importante, sea a través del
desarrollo de energías renovables en Huelma y la comarca de Sierra
Mágina.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas
necesarias a fin de que:
1.º Red Eléctrica de España, como gestor de la red de transporte y
transportista prinicipal, y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto
Demográfico (MITECO), agilicen los trabajos de construcción de la Red 400
KV Caparacena-Baza-La Ribina, junto con todas las subestaciones previstas
en la planificación 2015 -2020 y 2021-2026.
2.º Los proyectos de implantación de energías renovables en Huelma y
comarca de Sierra Mágina, sean considerados en el consejo de Ministros
como PERTES, según lo dispuesto en el Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de
diciembre.
3.º Se constituya una mesa de trabajo entre el Excmo. Ayuntamiento de
Huelma, Red Eléctrica de España, Junta de Andalucía y MITECO para
impulsar y apoyar el despliegue de energías renovables en la provincia de
Jaén'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2021.-Juan Diego
Requena Ruiz, Diputado.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002482
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que
paralice de forma inmediata cualquier demolición de viviendas en la
fachada marítima de la localidad de Los Nietos, Cartagena, e inicie un
diálogo con los propietarios, para su debate en la Comisión de Transición
Ecológica.
Exposición de motivos
En fechas recientes, un importante número de vecinos de la localidad
costera de Los Nietos, a orillas del Mar Menor, en el término municipal
de Cartagena, ha recibido notificaciones de la Demarcación de Costas del
Estado en la Región de Murcia informándoles de la demolición inmediata de
sus casas.
Sin embargo, llama poderosamente la atención el hecho de que esta
iniciativa no se está impulsando ante promociones urbanísticas de nuevo
cuño que puedan invadir el dominio público marítimo terrestre, ni
siquiera de actuaciones promovidas por especuladores inmobiliarios, sino
de viviendas con una edad de muchas décadas, construidas en su día por
propietarios particulares en primera línea de playa y siguiendo la
alineación entonces existente de la costa, y con una antigüedad muy
superior en varios decenios al paseo marítimo actualmente existente, con
el que lindan en la actualidad por su lado de tierra y que fue construido
a mediados de los años ochenta del pasado siglo, fijando ex novo dicha
infraestructura costera, y desde ese instante, la que venía a ser la
nueva línea de la ribera del mar.
Es decir, que no se trata de edificaciones que invadieran ningún espacio
público cuando se construyeron, sino de actuaciones sobrevenidas de la
Administración modificando los lindes de la línea costera, que están
acarreando consecuencias muy gravosas a una serie de ciudadanos que nada
hicieron, ni nada han hecho, para merecerlas.
Y como añadidura a lo anterior, recalcamos que la única realidad es que se
trata de varias decenas de casas humildes, de planta baja, escasa
superficie y propiedad de ciudadanos normales, que han luchado y
trabajado a lo largo de sus vidas para poder tener una morada donde
vivir. Son todas viviendas que han conocido varias generaciones de
familias residiendo en ellas, y donde sus miembros han nacido, crecido y
desarrollado sus vidas.
Además, debe reseñarse de manera muy especial que ni ocasionan ningún
impacto medioambiental, pues están plenamente integradas en la trama
urbana de la localidad, ni existe ninguna conflictividad social en
relación con dichos inmuebles, pues ningún colectivo vecinal, ecologista
o de cualquier otra índole ha pedido jamás su derribo por las
circunstancias que han sido expuestas. Es decir, que ningún beneficio al
medio ambiente o la colectividad se obtiene en el entorno circundante con
su demolición.
Por otro lado, junto a la pérdida de sus viviendas, a estos vecinos se les
suma el hecho de que la Demarcación de Costas del Estado les quiere
obligar a pagar el derribo de sus propias casas, con el consiguiente daño
económico, añadido al moral, que dicha postura gubernamental les está
acarreando.
Ante esta situación de atropello, la Asociación de Vecinos de Los Nietos
está recogiendo apoyos para evitar el derribo de estas edificaciones que
constituyen el domicilio de muchas familias, llevando ya más de 1.000
firmas recogidas en apenas unos pocos días.
Y a este respecto debemos traer a colación el que, en otras situaciones de
análoga naturaleza acaecidas en otros lugares costeros de España, el
Ministerio de Transición Ecológica ha adoptado a lo largo de los últimos
años decisiones que han permitido a los propietarios continuar
disfrutando de sus viviendas, no llegando a ejecutar los derribos, tal y
como desde el Grupo Parlamentario Popular instamos que se actúe aquí
también de la misma manera.
Por último, y a modo de reflexión final, consideramos asimismo que no es
de recibo que ante los problemas de acceso a la vivienda que están
sufriendo muchos españoles, sea ahora el propio Gobierno de la Nación el
que, a través de la Demarcación de Costas del Estado, aumente el problema
con iniciativas de esta índole, que dejan a muchos ciudadanos
literalmente en la calle y arrebatándoles sus domicilios, con el
agravante de que, en varios de los casos de Los Nietos, ni siquiera han
contestado aún a los recursos presentados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, a través de la
Demarcación de Costas del Estado en la Región de Murcia, dependiente del
Ministerio de Transición Ecológica, paralice de forma inmediata cualquier
demolición de viviendas en la fachada marítima de la localidad de Los
Nietos, en el término municipal de Cartagena, e inicie un diálogo con los
propietarios para buscar soluciones alternativas y de consenso que
permita el mantenimiento de sus viviendas en aplicación de la legislación
vigente en materia de costas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2021.-Teodoro García
Egea, Isabel María Borrego Cortes y Juan Luis Pedreño Molina,
Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002483
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
modificación de las condiciones el Memorándum de Entendimiento sobre el
Trasvase Tajo-Segura, para su debate en la Comisión para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Disponer de una política de agua sería y solvente es clave para satisfacer
las demandas y favorecer el desarrollo socioeconómico en todo el
territorio nacional, sobre todo en el actual contexto de adaptación al
cambio climático.
Durante los años de gobierno del PP, se llevó a cabo un importante trabajo
de puesta al día en materia de planificación, de cumplimiento de nuestros
compromisos con la Unión Europea, y un calendario ambicioso de
infraestructuras hidráulicas. El gobierno aprobó, de acuerdo con las
directrices marcadas por la UE, los Planes de Cuenca para todas las
demarcaciones hidrográficas de competencia estatal, organizando los
recursos de agua existentes y fijando objetivos ambientales para nuestros
ríos. Se aprobaron también los planes de riesgo de inundación,
herramienta fundamental para hacer frente a este efecto meteorológico
adverso, el más recurrente y el que más daños ocasiona en nuestro país,
directamente relacionado con el cambio climático.
Detrás de este trabajo está la profesionalidad de una administración muy
competente, y el compromiso de un partido, el PP, con la vertebración del
territorio y la cohesión nacional, con la defensa del crecimiento y de la
competitividad, y la lucha contra el cambio climático. Somos conscientes
de que los problemas relacionados con el agua necesitan soluciones de
Estado, porque demandan un acuerdo a nivel nacional destinado a lograr un
uso más eficaz, solidario, sostenible e integrado de los recursos
hídricos que existen en España.
España necesita un Pacto que defina una auténtica política del Estado,
integradora, consensuada, solidaria y al margen de rivalidades políticas;
que debe tener garantía de continuidad a largo plazo.
Porque España es un país donde el agua es un bien escaso y repartido de
manera irregular en el conjunto del territorio nacional. Esta limitación
en su disponibilidad hace necesario el alcanzar un acuerdo de Estado que
aporte soluciones que aseguren el cumplimiento de los objetivos
medioambientales, la atención de las demandas, el cumplimiento de los
compromisos asumidos con la Unión Europea y la necesaria estabilidad
económico-financiera para el sistema del agua.
Un Pacto, en definitiva, que asegure el equilibrio entre la satisfacción
de las demandas en todo el territorio nacional y la protección
medioambiental del medio hídrico que nos reclama Europa y la sociedad
española.
El Pacto es necesario, y debe tener su correspondiente reflejo en las
herramientas de planificación en las que se apoya la política del agua
que puso en marcha el anterior gobierno, y que debe inspirar toda la
política del agua en este país.
- Bien mediante una revisión del actual Plan Hidrológico Nacional, para
los acuerdos que afectan a todo el territorio nacional o porque así lo
establece esta Ley.
- Bien mediante la actualización de los actuales Planes Hidrológicos de
cuenca y de los planes de gestión del riesgo de inundación, actualmente
en curso.
Los dos asuntos más complejos de este Pacto y que sí podrían requerir una
modificación de la legislación en vigor serían los acuerdos referidos a
la definición de nuevas transferencias o a la modificación de los
existentes -que es posible abordar con la actualización de la Ley del
Plan Hidrológico Nacional- o la creación de nuevos tributos ambientales
en el sector del agua -que exigirían necesariamente una modificación
parcial de la actual Ley de Aguas-.
Las medidas necesarias para implementar el Pacto Nacional por el Agua,
adaptado a la nueva Ley de Cambio Climático y Transición energética,
deben discurrir en paralelo, en todo caso, con el proceso de revisión de
los actuales planes hidrológicos de cuenca y los vigentes planes de
gestión del riesgo de inundación, de acuerdo con el calendario marcado
por la unión Europea.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados instan al Gobierno a:
1. Retirar la modificación unilateral de las reglas de explotación del
Trasvase Tajo Segura, aprobadas por Real Decreto, hasta tanto no se haya
producido la actualización de los planes hidrológicos de cuenca vigentes.
2. Convocar una Mesa del Agua con todas las comunidades afectadas y
usuarios, para plantear los distintos escenarios que contemplan los
estudios hidrográficos del CEDEX y abordar soluciones desde el diálogo y
el consenso.
3. Trabajar para alcanzar un Pacto Nacional por el Agua, siguiendo los
trabajos desarrollados por la anterior administración, con la
participación de todos los sectores afectados, y teniendo en cuenta las
disposiciones aprobadas en la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2021.-Agustín
Almodóbar Barceló, Macarena Montesinos de Miguel, César Sánchez Pérez,
Miguel Ángel Castellón Rubio, Juan José Matarí Sáez, Isabel María Borrego
Cortés, Teodoro García Egea, Juan Luis Pedreño Molina, José Ángel Alonso
Pérez, Tomás Cabezón Casas, Diego Gago Bugarín, Paloma Gázquez Collado,
Alberto Herrero Bono, Guillermo Mariscal Anaya, Carmen Navarro Lacoba y
Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002484
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reanudar
de inmediato y culminar los trabajos de regeneración medioambiental de la
Bahía de Portmán, en La Unión (Región de Murcia), para su debate en la
Comisión de Transición Ecológica.
Exposición de motivos
Acudir hoy a la Bahía de Portmán supone asistir a uno de los mayores
atentados de tipo ecológico, social y económico de la historia de España,
y que el actual Gobierno de la Nación pretende de forma incomprensible
dejar en el olvido, anulándolo y metiendo en un cajón su proyecto de
regeneración con las obras a mitad de ejecución.
Estamos hablando de una rada única, poseedora de una extraordinaria
belleza natural, que ha tenido un papel protagonista en la larga historia
del sureste de la Península Ibérica por su privilegiada posición
estratégica y la actividad económica, principalmente ligada a la minería,
que desde época del imperio romano se ha llevado a cabo en la zona.
Para una mejor comprensión de la situación se presenta un breve resumen
cronológico de los acontecimientos que, desde mediados del pasado siglo,
han llevado a la coyuntura actual:
- 1957.
La multinacional Peñarroya comienza la explotación de la minería a cielo
abierto en la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, cuyos residuos
tóxicos, resultantes de los procesos en lavaderos químicos del mineral,
son arrojados directamente al Mar Mediterráneo en la Bahía de Portmán
(perteneciente a los términos municipales de La Unión y Cartagena).
- 1978.
El Tribunal Supremo desestima la petición de clausura de esta actividad
contaminante promovida por el ayuntamiento de La Unión, al considerar que
Peñarroya era titular de una concesión administrativa estatal que la
amparaba para realizar los vertidos.
- 1986.
Greenpeace califica lo que está sucediendo en Portmán como 'el mayor
atentado ecológico en la historia del Mar Mediterráneo'. Sus activistas,
dentro de la campaña de concienciación que promueven, desembarcan del
Sirius para ejecutar una iniciativa de protesta consistente en
encadenarse a boca de las tuberías que vertían los estériles mineros al
mar, acción con amplio eco mediático a nivel nacional e internacional.
- 1990.
Tras 33 años y 60 millones de toneladas de residuos contaminantes
arrojados al Mediterráneo, el 30 de marzo de 1990 cesan los vertidos. El
presidente socialista de la Región de Murcia en aquel entonces, Carlos
Collado, promete que las obras de regeneración de la Bahía darían
comienzo al año siguiente (algo que no sucedió hasta nada menos que un
cuarto de siglo después y gracias a un gobierno del Partido Popular)
- 2006.
La entonces ministra de medio ambiente, Cristina Narbona, el presidente
regional de Murcia, Ramón Luís Valcárcel, y el alcalde de La Unión,
firman en este municipio el protocolo en virtud del cual las tres
administraciones se comprometen a llevar a cabo la regeneración
medioambiental de la Bahía de Portmán y la Sierra Minera, de acuerdo a
los siguientes obligaciones que asume cada una de ellas:
1. El Gobierno de España se encargará de llevar a cabo la regeneración de
la Bahía.
2. El Gobierno Regional ejecutará un nuevo puerto deportivo y pesquero en
la Bahía.
3. El Ayuntamiento diseñará una ordenación territorial del entorno de la
Bahía que permita asimismo la recuperación de la Sierra.
- 2010.
Tras estudiarse la viabilidad técnica, económica y ambiental de las
diversas alternativas planteadas (sellado de los residuos, extracción
total o extracción parcial de los mismos), las tres administraciones,
junto con los colectivos ecologistas y vecinales, deciden de forma
unánime optar por una extracción parcial de los estériles, que se
plasmará en el proyecto definitivo de regeneración.
- 2011.
El Ministerio de Medio Ambiente, cuya Secretaría de Estado de Cambio
Climático (y responsable directa de la situación de Portmán) es la hoy
ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aprueba definitivamente
el proyecto de regeneración, así como la declaración de impacto ambiental
favorable del mismo, procediendo a su licitación.
- 2011-2014.
Tanto la referida licitación del gobierno socialista, con cargo íntegro a
los Presupuestos estatales, como otra posterior del gobierno popular,
mediante la fórmula de la colaboración público privada, fracasan por
cuestiones ajenas a la voluntad gubernamental (nulidad del procedimiento
por extravío de unas plicas en el primer supuesto, y archivo del mismo
por desestimiento de la adjudicataria a raíz de la quiebra de dicha
mercantil en el segundo caso).
- 2015.
El Gobierno del Partido Popular vuelve a licitar el proyecto de
regeneración aprobado en 2011, con cargo íntegro a las arcas públicas,
adjudicando finalmente la obra por 32 millones de euros.
- 2016.
Se inician las obras de regeneración, calificadas por la ministra García
Tejerina durante una visita a la Bahía como la actuación de regeneración
medioambiental más ambiciosa en la Historia reciente de España. Los
trabajos de limpieza se desarrollan con total normalidad durante dos años
y tienen un horizonte de finalización en el ejercicio de 2020.
- 2018.
Llegada al poder del PSOE tras la moción de censura. Las obras se empiezan
a ralentizar y el ministerio informa de que 'existen problemas técnicos
en el proyecto del PP' (pese a que fue redactado y aprobado por un
gobierno socialista).
- 2019.
El ministerio acuerda la paralización total de las obras e invoca como
causa principal esos supuestos problemas técnicos en el proyecto.
- 2020.
El ministerio informa de que su planteamiento consiste en abandonar de
forma definitiva el proyecto de regeneración medioambiental y proceder al
confinamiento y sellado de los vertidos contaminantes en la misma Bahía.
Ante ello, todas las organizaciones vecinales, sociales y ecologistas
implicadas, junto con todas las formaciones políticas (a excepción de las
que componen el Gobierno de coalición), se han posicionado frontalmente
en contra de esta decisión del actual Ejecutivo de la nación, que se está
escondiendo tras unas excusas vanas y sin fundamento real para no llevar
a cabo una obra que es sumamente urgente y apremiante.
Por dicho motivo, los cerca de 50.000 vecinos que viven en las poblaciones
de la comarca de la Sierra Minera, que engloba a los municipios de
Cartagena y La Unión, así como los de toda la Región de Murcia, exigen
que se reinicien de forma inmediata los trabajos de recuperación de la
ensenada para que pueda estar de nuevo limpia y a disposición de todos
los ciudadanos y de su futuro. Y por supuesto todo ello con estricto
cumplimiento de todas las garantías ambientales, haciendo retroceder la
actual línea de costa más de 250 metros, regenerando la playa,
revegetando con especies autóctonas el resto de superficies y trasladando
los estériles extraídos a una antigua corta minera, tal y como prevé el
proyecto de regeneración en ejecución.
Es de Justicia lo que aquí se pide, Portmán no puede quedar en el olvido y
el Gobierno de España no puede permitir que los residuos sigan colmatando
la Bahía, dañando el medio ambiente terrestre y marino, tanto a nivel de
flora como de fauna, e hipotecando para siempre el futuro y porvenir de
toda la zona y sus decenas de miles de habitantes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reanudar de inmediato y
a culminar los trabajos de regeneración medioambiental de la Bahía de
Portmán, en La Unión (Región de Murcia).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2021.-Teodoro García
Egea, Isabel María Borrego Cortés y Juan Luis Pedreño Molina,
Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002497
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª. Macarena Olona Choclán, D. Ricardo Chamorro Delmo, D.ª. Mireia Borrás
Pabón, D. Ángel López Maraver, D. Luis Gestoso de Miguel, D.ª. Magdalena
Nevado del Campo, D. Francisco José Contreras Peláez, D. Pedro Jesús
Requejo Novoa y D. Víctor Manuel Sánchez del Real, en sus respectivas
condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
Proposición no de Ley para combatir la presencia del nenúfar mejicano
(Nymphaea mexicana) en España y, en particular, en la cuenca del río
Guadiana, para su discusión en la Comisión para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Primero. El nenúfar mejicano (Nymphaea mexicana).
Desde hace unos años España sufre en la cuenca del Guadiana la invasión
del nenúfar mejicano (Nymphaea mexicana), una especie exótica que está
devastando la biodiversidad y el ecosistema de la zona, así como
provocando graves perjuicios a la población.
Detectado en la cuenca del Guadiana en los años 80, el nenúfar mejicano es
una especie acuática procedente del sur de Estados Unidos y el norte de
Méjico, que podría haberse introducido en nuestro país como planta
ornamental, como ocurre con otras especies acuáticas invasoras 109.
El nenúfar mejicano está incluido en el Catálogo Español de Especies
Exóticas Invasoras (CEEI) del Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico (MITECO), ya que se trata de 'un agente de cambio y
amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento
invasor, o por el riesgo de contaminación genética' 110.
Mal denominado como lirio amarillo, el nenúfar mejicano se caracteriza por
tener las hojas verdes y grandes y por su flor amarilla, que es muy
llamativa cuando las temperaturas son suaves, sobre todo en primavera y
verano, ya que en invierno pasa más desapercibida porque las hojas se
secan.
A pesar de que su potencial colonizador es menor en comparación con otras
especies acuáticas vegetales como el jacinto de agua o camalote
(Eichhornia crassipes), también afecta de manera muy grave a los
ecosistemas acuáticos, ya que provoca una disminución de la entrada de
luz en la masa de agua y desplaza a otras especies autóctonas animales o
vegetales 111.
Segundo. Medidas y cooperación conjunta entre administraciones.
Según la información que proporciona el Gobierno 112, a día de hoy no hay
ningún Plan Nacional para combatir el nenúfar mejicano, pese a que se
trata de una especie exótica invasora (EEI) muy desarrollada en España.
109 http://www.invasep.eu/nenufar_mejicano.htrnl
110 2https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
111
https://www.hoy.es/v/20130721/badajoz/nenufar-mexicano-peligros-entrana-
20130721.htrnl?ref=https:%2F%2Fwww.hoy.es%2Fv %2F20130721
%2Fbadajoz%2Fnenufar-mexicano-peligros-entrana-20130721.htrnl
112
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/Nymphaea_mexicana_2013_tcm30-69844.pdf
En mayo de 2019 se presentó el trabajo de 'Estudio de viabilidad de
métodos para el control y eliminación del Nenúfar mejicano (Nymplwea
mexicana) en el río Guadiana a su paso por Badajoz' 113, realizado por la
consultora medioambiental FOTEX para el anterior Ministerio para la
Transición Ecológica y la Confederación Hidrológica del Guadiana, y que
se constituye como la herramienta de trabajo para la toma de decisiones
sobre esta planta invasora.
En dicho estudio se establecía, por un lado, que la solución más eficaz
para combatir esta especie es el dragado desde superficie y, por otro
lado, que se trata de un problema que exige la colaboración entre
administraciones públicas para la ejecución de la decisión final, así
como la necesidad de poner en marcha mecanismos de cooperación entre
ellas.
No obstante, pese a los resultados de este estudio, todavía no se han
puesto en marcha las medidas y actuaciones necesarias para acometer la
retirada del nenúfar mejicano del río Guadiana, lo que seguramente
complique su solución en el futuro ya que, según datos de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), el crecimiento de esta
especie es de 4,16 hectáreas por año, mientras que otros estudios lo
establecen en 9 hectáreas anuales 114.
Además, la cooperación entre administraciones es importante por los
reproches mutuos que han tenido lugar en los últimos días entre el
presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) 115,
Samuel Moraleda, y el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso 116,
acerca de sobre quién recae la competencia para limpiar la parte urbana
del río. Mientras tanto, sigue sin haber una solución para los pacenses.
Superficie ocupada por el nenúfar mejicano en el tramo urbano de Badajoz
[**********página con cuadro**********]
[Ministerio para la Transición ecológica, 2019 117)
113
https://www.chguadiana.es/sites/default/files/2019-05/Estudio_viabilidad_Extracción_Nenufar_2.pdf
114
https://www.eldiario.es/extremadura/badajoz/control-nenufar-mexicano-badajoz-no-exige-dragar-guadiana-rechaza-
ecologistas-extremadura_1_6265483.html
115
https://www.hoy.es/opinion/invasoras-guadiana-compromiso-20210424000631-
ntvo.html?ref=https:%2F%2Ft.co
116
https://www.hoy.es/badajoz/fragoso-pide-formalmente-20210424210339-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.hoy.es%2Fbadajoz%2Ffragoso-pide-formalmente-20210424210339-nt.html
117 https://www.chguad iana.es/sites/default/fües/?019-05/ ESTUDIO DE
VIABILIDAD III nenúfar mejicano.pdf
Tercero. Conclusión.
En septiembre de 2020 la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz instó a la
Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) a que tomase medidas
urgentes contra esta especie por su incidencia como planta invasora en el
tramo urbano pacense del río Guadiana 118. Junto a ella, otras
organizaciones que han reclamado una solución urgente son la Asociación
Amigos del Guadiana y la Asociación de Pescadores Deportivos Ciudad de
Badajoz ya que, aparte del daño medioambiental, el gran manto verde que
cubre buena parte del río en Badajoz impide otras actividades como la
pesca, el baño o el piragüismo 119.
Por todos estos motivos, es necesario adoptar y ejecutar de forma
inminente las medidas que sean necesarias para combatir la presencia de
la especie exótica invasora del nenúfar mejicano, dado los daños que
genera al medioambiente y a los ciudadanos. Los poderes públicos no
pueden seguir ignorando la grave amenaza que supone el nenúfar mejicano
para la cuenca del Guadiana.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover, en colaboración con las Comunidades Autónomas, un Plan
Nacional específico de protección del ecosistema español frente a la
invasión del nenúfar mejicano (Nymphaea mexicana), así como de
erradicación de su presencia, adoptando medidas urgentes tendentes a
impedir de manera eficaz su transmisión o propagación al resto del
territorio nacional.
2. Reforzar el sistema de control del comercio de especies ilegales como
el nenúfar mejicano.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2021.-Ricardo
Chamorro Delmo, Mireia Borrás Pabón, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de
Miguel, Magdalena Nevado del Campo, Francisco José Contreras Peláez,
Pedro Jesús Requejo Novoa y Víctor Manuel Sánchez del Real,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002512
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el
Sistema Vigía de control del COVID-19, para su debate en la Comisión de
Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Frenar la pandemia del COVID-19 exige un esfuerzo multidisciplinar que ha
demostrado la importancia de la investigación y la innovación; de la
flexibilidad y rapidez de respuesta ante nuevos desafíos, y de la
capacidad de cooperación entre distintos organismos públicos y privados.
Un ejemplo paradigmático de esta colaboración múltiple en la lucha contra
el virus lo ofrecen las investigaciones de la presencia del SARS-CoV-2 en
las aguas residuales como indicador adelantado de la evolución de la
pandemia.
Es bien conocido que el análisis de las aguas residuales puede abrir una
nueva vía de estudio para la salud pública pues, de manera habitual,
contienen restos biológicos de todo tipo de virus, como rotavirus,
adenovirus, hepatitis o enterovirus.
La presencia del virus que ha desarrollado la enfermedad Covid-19 en aguas
residuales fue expuesta a la comunidad científica, en la primavera de
2020, por científicos holandeses del Instituto de Investigación del Agua
KWR. El dato más relevante es que las personas infectadas comienzan a
excretar el virus solo horas después de resultar infectados y varios días
(o hasta semanas) antes de mostrar los primeros síntomas de la
enfermedad. Además, esos restos biológicos del virus en aguas residuales
no resultan
118
https://cadenaser.com/emisora/2020/09/09/radio_extrernadura/1599643707_143246.htrnl
119
https://www.hoy.es/badajoz/plaga-crea-rnanta-20210424211017-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.hoy.es%2Fbadajoz%
2Fplaga-crea-rnanta-20210424211017-nt.html
contagiosos. Por todo ello, un estudio detallado de la presencia del
SARS-CoV-2 en las aguas residuales está llamado a convertirse en un
eficacísimo indicador adelantado de la evolución de la pandemia.
Con esos elementos, la Comunidad de Madrid presentó en marzo de 2021 su
proyecto Vigía para detectar COVID-19 en aguas residuales ante la
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en el transcurso de una
reunión sobre la implementación de los objetivos y las metas relacionados
con el agua, dentro del marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Es un proyecto que la Comunidad de Madrid puso en marcha en
2020, inicialmente como prueba en los grandes hospitales, después como
estudio piloto en uno de los municipios de la región (Torrejón de Ardoz),
posteriormente como un proyecto de sondeo, y finalmente lo extendió a un
análisis semanal que rastrea a toda la población madrileña.
En la presentación de su proyecto ante la ONU, la Comunidad de Madrid
expuso cómo la pandemia ha evidenciado la importancia del agua, conectada
a otros ODS, en la mejora del cuidado de la salud y el bienestar de las
personas. Con ese propósito, el sistema Vigía analiza la presencia del
COVID en aguas residuales, a través de PCR, y realiza un rastreo semanal
del 100% de la población de la Comunidad de Madrid. El Vigía es una
herramienta que anticipa la evolución de la pandemia, funciona como un
excepcional sistema de alerta temprana y sirve para la toma de decisiones
sanitarias, reduciendo el impacto en la vida y la economía.
También en marzo, la Comisión Europea aprobó una Recomendación sobre el
seguimiento de la COVID-19 y sus variantes en las aguas residuales en los
países de la Unión Europea: 'Commision Recommendation on a common
approach to establish a systematic surveillance or SARS-CoV-2 and its
variants in wastewaters in the UE'.
En esa Recomendación, la Comisión insta a los países miembros a hacer un
mayor uso de esta nueva fuente de información independiente sobre la
propagación del virus y sus variantes, porque ello contribuirá de forma
significativa y rentable a la toma de decisiones relacionadas con la
salud pública.
Por este motivo, la Recomendación de la Comisión Europea pide a los
Estados miembros que implanten sistemas nacionales de vigilancia de aguas
residuales 'a la mayor rapidez posible y, en todo caso, antes del 1 de
octubre de 2021'.
La Comisión reclama a los Estados miembros que garanticen que el análisis
de COVID-19 en aguas residuales cubra a una 'parte significativa' de la
población total del país y que, en todo caso, se implante un sistema de
rastreo en todas las ciudades de más de 150.000 habitantes. También pide
que los datos así recabados se hagan llegar sin demora a las autoridades
sanitarias para que puedan ser utilizados en la gestión del futuro más
inmediato de la evolución de los contagios. Les insta, además, a utilizar
métodos comunes para el muestreo, medida y análisis de los datos, para
asegurar así que los datos recogidos son fiables y comparables.
Sería muy conveniente, para cumplir con la Recomendación de la Comisión
Europea, así como para la mejor implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que el sistema Vigía, que ha
puesto en marcha la Comunidad de Madrid para todo su territorio, a través
del Canal de Isabel 11, extienda su voluntad de implementación a toda
España, con la dotación presupuestaria que sea necesaria y en
colaboración con los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y los
alcaldes de los grandes municipios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Impulsar un proyecto de ámbito nacional para el rastreo del virus
SARS-CoV-2 en las aguas residuales de todos los pueblos y ciudades de
España, siguiendo el ejemplo de la Comunidad de Madrid y en cumplimiento
del desarrollo de ODS-6 sobre el agua y de la Recomendación de la
Comisión Europea del 17 de marzo: 'Commision Recommendation on a common
approach to establish a systematic surveillance ar SARS-CoV-2 and its
variants in wastewaters in the UE'.
- Promover un acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Ciencia e
Innovación, el Ministerio de Universidades, el Ministerio de Sanidad, el
Ministerio para la Transición Ecológica, y la Secretaría de Estado para
la Agenda 2030 -desde el Gobierno de la Nación- con sus contrapartes en
los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y de la Federación Española de
Municipios y Provincias, para poner en marcha, antes del 1 de octubre
mandatado por la Comisión Europea, un proyecto nacional que facilite
métodos comunes en toda España para el muestreo, medida y análisis de los
datos recabados en el
rastreo del virus SARS-CoV-2 en las aguas residuales, con el objetivo de
asegurar que los resultados son comparables en toda España siguiendo los
parámetros europeos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2021.-Pilar Marcos
Domínguez, Guillermo Mariscal Anaya, María Sandra Moneo Díez, Juan Diego
Requena Ruiz, Carmen Navarro Lacoba, Diego Gago Bugarín, José Alberto
Herrero Bono, Tomás Cabezón Casas, José Ángel Alonso Pérez, Paloma
Gázquez Collado y César Sánchez Pérez, Diputados.-Concepción Gamarra
Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cultura y Deporte
161/002416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
declaración de Patrimonio Natural de la Humanidad a las cuevas y el
entorno que conforman El Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza en
la localidad de Calasparra (Murcia), para su debate en la Comisión de
Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Calasparra, se encuentra bañada por cuatro ríos y dos pantanos, posee uno
de los paisajes naturales más especiales y espectaculares del noroeste de
la Región de Murcia. Entre su patrimonio destacan pinturas rupestres,
yacimientos arqueológicos, cultura, además de recursos para practicar
deporte de naturaleza y posiblemente el mejor arroz del mundo, el arroz
de Calasparra, producto estrella de la gastronomía murciana y embajador
de la región en los cinco continentes.
El Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza, en la localidad de
Calasparra, ocupa un lugar único por su orografía y por una venerada
presencia mariana, con el título y advocación de Esperanza, manifestada
bajo la presentación de una doble imagen de la Virgen. Cuando se recorren
los alrededores del santuario y lo observas desde lejos, parece lógico
que fuera escogido ese lugar ante cualquier otro. Es tal impresión de
serenidad, de paz, que los sentidos se llenan de mensajes que no aciertas
a describir. El santuario se encuentra en una gran cavidad excavada en la
roca, es una alegoría entre la espiritualidad, la naturaleza, el turismo
y el ocio. Se trata de uno de los tres santuarios más visitados de
España. Destaca sobremanera el hecho de que, pese a las peregrinaciones,
cada persona encuentra su espacio personal para poder tener una
experiencia e intimidad con la imagen de la Virgen de la Esperanza.
Las cuevas que conforman este abrigo rocoso, ubicadas en este entorno
natural de belleza extraordinaria junto al río Segura, han sido desde
tiempo inmemorial lugar de protección para pastores ante las inclemencias
meteorológicas. En su interior albergan dos nacimientos de agua. Uno de
los momentos más importantes para la historia del santuario es el
otorgamiento del testamento de la calasparreña Juana Sánchez, de 1617.
Durante el mes de septiembre se celebra la famosa romería en la que miles
de visitantes acuden al santuario; también se celebra el mercado
artesanal y de productos típicos, organizado por la mayordomía de la
Fundación Santuario.
Otro elemento destacable es la cueva del Puerto, a nueve kilómetros de
Calasparra, con cerca de cinco kilómetros y un desnivel de 114 metros de
profundidad; es la cueva con mayor recorrido horizontal de toda la Región
de Murcia, habilitada para la visita turística en el recorrido de más de
700 metros y para la práctica de espeleología. El entorno natural se
remata con el cañón de los Almadenes, un escenario salvaje, prácticamente
inalterado por la mano del hombre. Se trata de un paraje protegido,
habitado por álamos, fresnos, sauces y animales, como el búho real, el
águila culebrera y la nutria. El patrimonio cultural y natural se
completa con los abrigos del Pozo y la cueva de los Monigotes, dos
referencias imprescindibles, datadas desde el Neolítico hasta la Edad del
Bronce, y perteneciente al llamado arte esquemático.
La agricultura, es el motor económico de Calasparra, el cultivo del arroz,
que se remonta hasta el siglo XIV, es otro de los elementos
característicos de esta zona, un arroz con denominación de origen
protegida en Calasparra, que se extiende su producción a los términos
colindantes de Moratalla, en la provincia de Murcia, y Hellín, en la
provincia de Albacete. En definitiva, es un elemento más del rico acervo
cultural y natural, en este caso agroalimentario, que debemos promocionar
como símbolo de calidad. Su sistema de riego por inundación, cuya
inclinación de las parcelas permite que el agua sobrante pueda regresar a
formar parte del río, apenas consume el 8 % del agua que pasa por las
parcelas, el resto retorna al río. Todas estas características naturales
nos llevan a reconocer el valor del entorno como monumento de la
naturaleza y a mantener este espacio en las mejores condiciones de
conservación y uso sostenible, evitando con ello cualquier actuación que
devalúe este patrimonio.
El 8 de marzo de 2017, se debatió y aprobó en la Comisión de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente una Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Popular en la que se instaba al Gobierno a, previo acuerdo
del Consejo de Patrimonio Histórico y su grupo de trabajo de Patrimonio
Mundial, y una vez haya sido incluida en la lista indicativa, también con
el acuerdo del Consejo de Patrimonio Histórico y su grupo de trabajo,
apoyar y defender en las instancias internacionales oportunas la
candidatura a Patrimonio Mundial de las cuevas y el entorno que conforma
el Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza en la localidad de
Calasparra (Región de Murcia).
Cuatro años después de haberse aprobado esa iniciativa no se ha avanzado
en proteger este entorno, por ello se debe reiterar esta necesidad de
protección y se presenta la siguiente Proposición no de Ley.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, previo acuerdo del
Consejo de Patrimonio Histórico y su grupo de trabajo de Patrimonio
Mundial, y una vez haya sido incluida en la lista indicativa, también con
el acuerdo del Consejo de Patrimonio Histórico y su grupo de trabajo,
apoyar y defender en las instancias internacionales oportunas la
candidatura a Patrimonio Mundial de las cuevas y el entorno que conforma
el Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza en la localidad de
Calasparra (Región de Murcia).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2021.-Teodoro García
Egea, Isabel María Borrego Cortés y Juan Luis Pedreño Molina,
Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el
desarrollo de un plan nacional de protección de los tablaos, para su
debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Los tablaos flamencos, herederos de los cafés-cantante de finales del
siglo XVIII, configuran una red de espacios escénicos únicos en el mundo
que solo pueden encontrarse en diferentes provincias de nuestro país.
Además, configuran una red de formación continua de los artistas
flamencos, siendo un punto de encuentro de cantaores, guitarristas y
bailaores, donde pueden compartir su trabajo y su inspiración.
Los tablaos contribuyen a la recuperación y al mantenimiento del arte
flamenco, con diferentes y variadas producciones flamencas a través de
estos espacios llenos de duende, permitiendo sobrevivir a este arte
milenario que desde el 201O la Unesco incluyó en su lista de Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad.
De Ernest Hemingway a Rafael Alberti o Federico García Lorca, muchos
escritores españoles y extranjeros han sabido traspasar a la literatura
las descripciones de estos espacios, símbolo de nuestro arte más
universal, captando la cercanía del artista al espectador y la especial
intimidad que no se puede conseguir en un teatro convencional.
El flamenco es uno de los principales reclamos de la Marca España. Desde
hace más de cincuenta años, los tablaos ofrecen al sector turístico
espectáculos de gran calidad que son disfrutados por 8 millones de
espectadores al año.
Este potente atractivo turístico, tiene una gran dependencia del turismo
internacional, por la que pasan por una delicada situación tras la crisis
de la COVID-19, habiéndose cerrado un tercio de ellos en nuestro país,
según la asociación Nacional de Tablaos Flamencos ANTFES. Teniendo en
cuenta que el sector da empleo de forma continuada o intermitente al 90%
de los artistas flamencos, estos cierres ponen en riesgo la cultura
flamenca en España. Por esta razón, necesitan de medidas específicas,
concretas e innovadoras que permitan su supervivencia hasta que se
reactive el turismo Internacional.
Representan un Patrimonio Cultural Único en el mundo, que atrae a nuestro
país a más de 5 millones de visitantes internacionales al año, que
atraídos por los tablaos flamencos, generan un gasto en nuestro país de
5,800 millones de euros cada año, en hoteles, restaurantes, comercios,
taxis y un largo etcétera de toda la cadena de valor turística,
sosteniendo así por tanto muchísimos puestos de trabajo, por ser uno de
los elementos más importantes y singulares de nuestro Patrimonio
Cultural.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar un plan
nacional de protección de los tablaos flamencos que se centre en los
siguientes puntos:
1. La creación de una entrada específica en la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas (CNAE), para poder encuadrarlos por la importante
actividad cultural y turística que realizan.
2. El desarrollo de un paquete de ayudas a nuevas producciones en el año
2021, que permita a los artistas flamencos diseñar nuevos montajes, y que
haga especial hincapié en producciones dirigidas a un público joven
nacional.
3. La realización, durante la temporada de otoño de 2021, del 'Festival
Nacional de Flamenco sobre las tablas', fomentando la movilidad de los
artistas en los tablaos nacionales, ahora que tienen paralizadas las
giras internacionales.
4. La puesta en marcha de una campaña publicitaria que favorezca el acceso
del público nacional a los tablaos flamencos, en especial al público más
joven.
5. La creación de las Ayudas Imserso Cultural, para acercar a los mayores,
ahora que no pueden realizar desplazamientos, al flamenco a través de los
tablaos de su entorno.
6. Impulso del Programa 'Flamenco, nuestra cultura' para desarrollar
acciones de divulgación en las principales entidades culturales del
ministerio de Cultura: Museo Reina Sofía, Instituto Cervantes o la
Biblioteca Nacional, entre otros.
7. Ayudas al equipamiento tecnológico, que permita a los tablaos acceder a
un público digital, dentro y fuera de nuestro país, como importante
herramienta de atracción turística.
8. Diseñar una guía digital de servicios turísticos donde se incluyan
todos los tablaos existentes en España.
9. Desarrollar un fondo 'SOS Tablaos' que permita la supervivencia de los
tablaos hasta la reactivación del turismo internacional.
10. Incorporar a los Tablaos dentro de la estrategia promocional en todas
las acciones que desde el Gobierno se lleven a cabo en el ámbito de la
promoción internacional.
11. Potenciar los Tablaos como elemento único y diferenciador en la oferta
turística para todos aquellos turistas que elijan España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2021.-María Soledad
Cruz-Guzmán García, Marta González Vázquez, Eduardo Carazo Hermoso,
Agustín Almodóbar Barceló e Isabel María Borrego Cortés,
Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002422
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia Joan Baldoví Roda, Diputado de
Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley Proposición para acabar con la situación centralizadora de las
políticas de cultura, para su debate en la Comisión Cultura.
Exposición de motivos
La cultura es, a la vez, un derecho fundamental y un motor del desarrollo.
Crea nuevas ideas y nuevas tecnologías que permiten a las personas
responsabilizarse de su propio desarrollo y estimular la creatividad,
impulsando un crecimiento integrador y sostenible. Asimismo, la cultura
es fundamental para garantizar la cohesión social y la construcción de
unas identidades colectivas fundamentadas en la diversidad.
Con la llegada de la democracia y la aprobación de la Constitución
Española de 1978, la política cultural adoptó un proceso de
descentralización destacado. A partir de ese monumento, gobiernos
autonómicos y locales ocuparon un lugar central en la gestión cultural y
emprendieron acciones activas de manera autónoma permitiendo desarrollar
una política cultural propia.
Sin embargo, a partir del año 2000 y especialmente después la crisis de
2008, lejos de dar continuidad al desarrollo de políticas culturales
desde un prisma plural y de acuerdo con la diversidad cultural e
histórica de las nacionalidades que configuran el estado; el Ministerio
de Cultura, tomó una senda diferente. Esta vez basada en la
centralización. Un cambio de política cultural que perdura hasta nuestros
días y que viene acompañado de un programa de inversiones que giran casi
en exclusiva en torno a, su capital hegemónica, Madrid.
Año tras año, los Presupuestos Generales del Estado han servido de
barómetro para comprobar la escasa intención de crear, de forma
consciente, una planificación o una vertebración de la oferta cultural.
Tal es el caso que, en el año 2009, los museos, centros de arte, teatros
y auditorios de Madrid recibían el 81,4% de toda la inversión del
Ministerio de Cultural. Sin embargo, diez años después esta cifra ha
aumentado hasta el 87,7%. Mientras que la ciudad de Barcelona ha pasado
en esta década de disponer del 14,1% de las inversiones al 9,3%; el resto
de territorios se sitúan en la actualidad en un exiguo 3%.
En un estado plurinacional como el español, resulta imprescindible, sobre
todo para las culturas minorizadas contar con unos recursos, una
visibilidad, y una seguridad en el largo plazo que garanticen la
solvencia cultural con el apoyo institucional suficiente.
El lnstitut Valencia d'lnvestigacions Económiques hizo público en
septiembre de 2020 un informe en el que se analiza los mecanismos
fiscales, económicos y de planificación territorial que han conseguido
convertir a Madrid en un gran polo de atracción económica y demográfica.
Los autores del artículo, Joaquim Rius-Ulldemolins, Vicent Flor y Juan
Arturo Rubio Arostegui, también señalan como la política cultural del
Ministerio de Cultura ha tenido un papel determinante en el desarrollo de
la Madrid como 'la gran supercapital'. Una posición privilegiada para
Madrid en detrimento del desarrollo socioeconómico del resto de
territorios del Estado.
Así pues, Madrid, aparte de albergar todos los ministerios del Estado, de
contar con el grueso de los entes y organismos públicos, así como de las
principales instituciones centrales dependientes de la Administración
General del Estado; ha adoptado, fruto de la puesta en marcha de una
política recentralizadora, una concepción jerárquica y unificadora de la
política cultural.
Un fenómeno que se aleja de fórmulas europeas como, por ejemplo, la
francesa Scene Nationale que, desde 1990, tiene el objetivo de
descentralizar la oferta teatral francesa y tienen sedes asociadas en 74
ciudades.
Los valencianos y valencianas han sido víctimas directas de esta
centralización. Año tras año, han visto como las aportaciones a su
panorama cultural se han agraviado en comparación a museos o teatros de
talla similar. Es el caso de Palau de les Arts, de l'lnstitut Valencia
d'Art Modern (IVAM) o el El Museo de Bellas Artes.
Que la cultura cuente con una financiación adecuada no solo es clave para
garantizar su supervivencia como sector económico, sino es condición sine
qua non para asegurar su independencia de los poderes políticos.
Desde Compromís consideramos necesario abordar la cultura desde un punto
de vista estratégico, a medio y largo plazo, mediante la articulación de
políticas participativas obtenidas a través de elevados niveles de
consenso con los agentes culturales del territorio.
Por lo que creemos es fundamental redefinir la relación entre el Gobierno
central y los gobiernos autonómicos para garantizar que estos dispongan
de los recursos necesarios para poder ejercer de forma efectiva sus
competencias y, sobre todo, ofrecer cultura de calidad a la ciudadanía.
Es necesario, por tanto, dar un giro de 180º a las políticas de cultura, y
generar una nueva gobernanza cultural que acabe con la actitud distante y
de incomprensión que tradicionalmente ha jugado el Ministerio de Cultura
en relación a la administración autonómica y los entes locales.
Por todas estas razones, presento la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. El impulso de la firma, en el marco de la Conferencia Sectorial de la
Cultura, de un Pacto por la Cultura que implique una planificación
plurianual de inversiones y acciones concretas y que marque, asimismo,
objetivos presupuestarios que garanticen la financiación autonómica en
materia de cultura.
2. La transformación del Ministerio de Cultura en un órgano de
coordinación de las Comunidades Autónomas, que evite el desequilibrio
territorial en los programas e infraestructuras culturales.
3. La puesta en marcha Plan de Racionalización y Descentralización que
permita el traspaso de determinados organismos, que actualmente son de
competencia ministerial, a las comunidades autónomas. Tal sería el caso,
por ejemplo, del Teatro de la Zarzuela o la Filmoteca Española, que
deberían ser traspasados a la Comunidad de Madrid. Asimismo, se llevará a
cabo la deslocalización de determinados órganos de gestión cultural como
es el caso del Instituto de Cinematografía y de las Artes Visuales.
4. El traspaso a las Comunidades Autónomas de los 16 museos 'nacionales'
gestionados directamente por el Ministerio de Cultura, como es el caso de
del Museo de Cerámica 'González Martí', o el Museo de Bellas Artes de
Valencia. Así como del traspaso de las bibliotecas y archivos públicos de
titularidad estatal, el Archivo del Reino de Valencia y el Castillo de
Sagunt. Para hacerlo efectivo, se crearán comisiones bilaterales que
garanticen la dotación presupuestaria para cumplir la transferencia en su
totalidad.
5. El traspaso de las bibliotecas y archivos públicos de titularidad
estatal (Valencia, Castelló, Alacant i Orihuela), el Archivo del Reino de
Valencia y el Castillo de Sagunt.
6. Coordinación, a través de la Conferencia Sectorial de Cultura, de todas
aquellas inversiones estatales dirigidas a espacios patrimoniales o
infraestructuras culturales, con el objetivo de dar la máxima
transparencia a estos procedimientos. En este caso, se enmarcarán las
ayudas surgidas del 1,5% cultural, que concede el Ministerio de
Transportes, así como las subvenciones indirectas que se realizan sin
publicidad ni pública concurrencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2021.-Joan Baldoví
Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/002423
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia
en Común, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la
reciprocidad de los medios de comunicación audiovisuales públicos del
mismo ámbito lingüístico para su debate en la Comisión de Cultura y
Deporte.
Exposición de motivos
Las emisiones televisivas y radiofónicas en idioma catalán en los
distintos territorios donde esta lengua es cooficial nunca han tenido una
reciprocidad normalizada.
Desde 1983, TV3, principal canal de televisión de Catalunya, estuvo
emitiendo en el País Valencia gracias a la iniciativa popular canalizada
a través de ACPV (Acció Cultural del País Valencia) que gestionó las
antenas repetidoras, sufragadas con aportaciones de la ciudadanía. En
2011 y pese a una sentencia en contra del Tribunal Supremo y por decisión
del gobierno del Partido Popular, dichas emisiones fueron suprimidas.
El año 2014 el presidente valenciano Alberto Fabra y el presidente catalán
Artur Mas, acordaron el restablecimiento de las retransmisiones de TV3 en
el País Valencia así como del Canal9 (televisión valenciana) en
Catalunya. Este acuerdo nunca llegó a cumplirse. En 2016, el presidente
del País Valencia, Ximo Puig, y el de Catalunya, Carles Puigdemont,
retomaron el acuerdo sin que hasta la fecha se haya ha llevado a cabo.
Asimismo, el 22 de enero del año 2009 se firmó el convenio de colaboración
entre el Gobierno de las llles Balears y el Gobierno de la Generalitat de
Catalunya para la recepción recíproca de los canales de televisión
públicos en los territorios respectivos y para la cooperación en materia
audiovisual. El 1 de noviembre de 2012, 183 (televisión y radio balear)
se dejó de ver en Catalunya. De igual modo, el 31 de marzo de 2015 se
dejaron de emitir los canales 3/24 y Súper 3/33 en las llles Balears, que
pasaron a recibir únicamente el canal TV3 CAT (el mismo que se emite en
el ámbito internacional). El 15 de abril de 2016, el Gobierno de las
llles Balears, junto con el Ente Público de Radiotelevisión de las llles
Balears (EPRTVIB) y la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales
(CCMA), volvieron a hacer efectiva la reciprocidad de las emisiones de
183 y TV3 en los territorios de Baleares y Cataluña. Desde ese día, la
audiencia catalana puede sintonizar el canal 183 Global (los contenidos
propios de 183 sin los contenidos que generan una coincidencia de
derechos de emisión entre 183 y la CCMA) al mismo tiempo que en las llles
Balears se puede sintonizar la TV3 CAT.
El 5 de noviembre de 1992, España firmó la Carta europea de las lenguas
regionales o minoritarias, tratado europeo (STCE núm. 148) adoptado en
Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992 bajo los auspicios del Consejo de
Europa cuyo fin es el de promover las lenguas regionales y minoritarias
de Europa. Dicha carta, ratificada el 9 de abril de 2001, obliga a sus
firmantes en función de sus propios compromisos.
La Directiva europea 2018/ 1808 de servicios de comunicación audiovisual
señala que los Estados pueden 'imponer obligaciones para garantizar la
adecuada prominencia de los contenidos de interés general', vinculados a
'objetivos' como 'la libertad de expresión y la diversidad cultural '.De
igual modo, el artículo 22 de la Carta de los derechos fundamentales de
la UE menciona tres pluralismos que hay que respetar: el cultural, el
religioso y el lingüístico. Concretamente , el artículo 7 bis de la
Directiva europea indica que 'los Estados miembros podrán adoptar medidas
para garantizar la adecuada prominencia de los servicios de comunicación
audiovisual de interés general' y que 'cualquier medida adoptada por los
Estados miembros en virtud de la Directiva 2010/13 / UE debe respetar
[...] la diversidad cultural y lingüística, de acuerdo con la Convención
de la UNESCO sobre la protección y promoción de la diversidad de las
expresiones culturales'. Por otra parte, la Convención de París de 2005
afirma que 'la diversidad lingüística es un elemento fundamental de la
diversidad cultural'. Igualmente, el artículo 6 de la Convención sobre
los 'derechos de las Partes en el ámbito nacional' determina que las
Partes (los Estados)' podrán adoptar medidas para proteger y promover la
diversidad de las expresiones culturales en sus respectivos territorios'.
Estimamos conveniente la recuperación de la previsión de la ley estatal
22/ 1999 -que suponía la transposición a una anterior Directiva europea-
y que establecía que las Comunidades Autónomas podían tener dos Canales
Multiplex (MUX) cada una. A pesar de esta previsión, uno de los dos
disponibles fue suprimido del Plan Técnico Nacional de la Televisión
Digital Terrestre de 2014. Tal y como reconocen documentos técnicos
oficiales, como el informe de la CNMC preceptivo del último Plan Técnico
Nacional de la Televisión Digital Terrestre de 2019, tanto el País
Valencia como las llles Balears disponen de suficiente espacio
radioeléctrico para poder implantar un segundo MUX autonómico, que
permitida que la reciprocidad pudiera contar con todos los canales que
emiten cada una de ellas y que además puedan ser todos ellos en HD. Una
capacidad de emisión incrementada se hace aún más necesaria ante la
previsión de que todos los canales deban emitir en alta definición antes
del 1 de enero de 2023, según indica el plan técnico de 2019.
Desde 1985 ha habido campañas por la reciprocidad en todo el territorio
del ámbito lingüístico catalán, fundamentadas en la constancia y la
persistencia e impulsadas por la práctica totalidad de las entidades que
trabajan por la lengua y la cultura propias en todo el territorio de este
ámbito lingüístico. Dichas
campañas, que tuvieron gran repercusión social y mediática, ponen de
manifiesto la existencia de un potente mercado y una realidad lingüística
y cultural.
La Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad
estatal refleja en el artículo 3, apartado g, la necesidad de 'fomentar
la producción de contenidos audiovisuales europeos y en lenguas
originarias españolas y promover la creación digital y multimedia, como
contribución al desarrollo de las industrias culturales españolas y
europeas' así como 'fomentar la producción de contenidos audiovisuales
europeos y en lenguas originarias españolas y promover la creación
digital y multimedia, como contribución al desarrollo de las industrias
culturales españolas y europeas' (apartado n).
Es pertinente la extensión de la reciprocidad en los territorios
lingüísticos de habla catalana existentes más allá de las fronteras
estatales: Andorra, Cataluña Norte (Francia) y el Alguer (Italia), tal y
como viene recogido en la Carta europea de las lenguas regionales o
minoritarias.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar el derecho de cualquier persona de cualquier lugar del
territorio lingüístico catalán a ver y escuchar los medios (TV, radio,
plataforma, etc.) en lengua catalana.
2. Que se adjudique un nuevo Canal Multiplex a las tres Comunidades
Autónomas del ámbito lingüístico catalán.
3. Que los contenidos emitidos en los canales televisivos, o disponibles
en plataformas digitales, incorporen las distintas traslaciones
lingüísticas (doblaje, subtitulación y audiodescripción) en catalán, así
como en el resto de lenguas cooficiales y propias del Estado.
4. Que en las inversiones en producciones europeas y en la presencia de
las mismas en la oferta de los contenidos, ya sea lineal o a petición,
haya un porcentaje garantizado de contenidos, nunca inferior al 30%, en
las lenguas oficiales y propias distintas del castellano.
5. Facilitar la ejecución de los acuerdos del Congreso de los Diputados y
de los Parlamentos de las Comunidades del ámbito lingüístico catalán con
los territorios lingüísticos de habla catalana situados más allá de las
fronteras estatales: Andorra, Cataluña Norte (Francia) y el Alguer
(Italia).
6. Que traslade a la corporación de radio y televisión públicas la
necesidad de estudiar fórmulas para fomentar a través de sus medios, web,
servicios a la carta o centros territoriales, el conocimiento y difusión
de las distintas lenguas del Estado para toda la ciudadanía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2021.-Marisa
Saavedra Muñoz, Lucía Muñoz Dalda, María del Mar García Puig, Antonio
Gómez-Reino Varela y Antonia Jover Díaz, Diputados.-Sofía Fernández
Castañón, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas
Podemos-En Común Podem-Galicia en Común.
161/002426
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley para la restauración de las
pinturas murales del siglo XIV ubicadas en la Iglesia de San Julián,
Castilseco, La Rioja, estilo románico siglo XII y XIII, para su debate en
la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Proteger y recuperar nuestro pasado rescatándolo del olvido, pese al a
veces destructivo aunque siempre inexorable transcurso del tiempo, forma
parte de nuestro deber con el arte y la cultura, entre otros espacios
relevantes de la existencia humana. Somos vasos comunicantes, recogernos
el legado y es nuestra obligación mantenerlo vivo, para que las venideras
generaciones puedan disfrutar de una herencia común, de valores que
muchas veces pasan desapercibidos y que se encuentran cristalizados en
iconos
patrimoniales de incalculable valor y contenido. El caso concreto que nos
ocupa son unas pinturas murales, realizadas seguramente al temple, que
fueron descubiertas durante la restauración en el año 2010, de la iglesia
de San Julián, ubicada en la localidad de Castilseco, perteneciente al
municipio riojano de Galbárruli, en la comarca de Haro. Bien de Interés
Cultural del Patrimonio Histórico de España en la categoría de Monumento,
declaración con fecha 30 de marzo de 1983, se trata de un edificio de los
siglos XII y XIII, levantado en piedra de sillería y enmarcado en estilo
románico. Nave y presbiterio, rematado este por un ábside semicircular,
las pinturas que se pide restaurar se ubican en el interior del templo,
en el lado de la epístola y datan del siglo XIV, con autoría desconocida,
pero con un valor referencial de indudable cualidad. La situación actual
de las pinturas murales se encuentra protegida de modo transitorio por
papel japonés, pero es necesaria una inversión razonable y no muy
cuantiosa en su restauración urgente, ya que en base a criterios expertos
existe el temor de que en caso de no hacerlo, su preservación tiene fecha
de caducidad. Entendiendo que la relación entre el valor patrimonial,
cultural, histórico y artístico de estas pinturas murales que forman
parte importante en cuanto a atractivo dentro del conjunto de este templo
románico y la inversión reparadora a realizar no guarda un equilibrio, a
favor siempre la balanza del primero de los conceptos referenciados,
somos partidarios de proceder a esta restauración, primero como labor que
rescate de un seguro deceso a un tesoro de nuestro patrimonio, nuestra
cultura y expresión artística. Después como contribución segura a la
agenda 2030 y el Reto Demográfico, que incluye a pequeños municipios que
hay que potenciar en clave de atractivos turísticos y culturales que
puedan fomentar en alguna medida un interés y por ende un rescate y un
relanzamiento.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Plantear desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio Cultural un
estudio que valore y determine la viabilidad del valor intrínseco de
estas pinturas murales y en base a ello conceder alguna ayuda que
contribuya a rescatarlas del deterioro y de una más que segura
desaparición.
2. Fomentar de este modo el valor de la cultura, el arte y el patrimonio
en nuestras vidas, presentes y futuras, legados para nuestros niños y
jóvenes, vinculando el rescate de este tipo de tesoros al futuro de
pequeños municipios de nuestra geografía peninsular e insular, que con
valores como el mencionado, pueden impulsar políticas de atracción para
quienes disfrutan, nacionales e internacionales, de un turismo cultural,
artístico e histórico, y así relanzar su identidad contribuyendo a quitar
ladrillos al muro de la España Vaciada y colaborando a afrontar el Reto
Demográfico, poniendo en valor a sus gentes, a su espacio medioambiental
y a su existencia presente y futura.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2021.-Juan
Cuatrecasas Asua y Raquel Pedraja Sáinz, Diputados.-Guillermo Antonio
Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/002450
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
rehabilitación y ampliación de la Casa del Sol, sede del Museo Nacional
de Escultura de Valladolid, para su debate en la Comisión de Cultura y
Deporte.
Exposición de motivos
El Museo Nacional de Escultura de Valladolid, de titularidad y gestión
estatal dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, es el Museo de
escultura policromada más importante de España. Instalado desde 1933 en
el histórico Colegio Mayor de San Gregario, fundado por Fray Alonso de
Burgos a finales del s. XV, el Museo ha vivido en las últimas décadas un
proceso de ampliación y profunda rehabilitación, tras la elaboración en
1990 del Plan Director.
Así, el Palacio de Villena, adquirido en la década de 1980, es hoy sede de
exposiciones temporales, del Belén Napolitano, la biblioteca y espacios
administrativos. El Colegio de San Gregario fue rehabilitado por los
arquitectos Nieto y Sobejano, reabriendo sus puertas en 2009. Y a partir
de 2011 el Ministerio de Cultura inició la rehabilitación de un tercer
edificio, el Palacio del Conde de Gondomar o Casa del Sol y la anexa
Iglesia de San Benito el Viejo, que expone en la actualidad una parte de
la colección de reproducciones artísticas.
Junto a este último edificio, se encuentra la nave que alberga parte de
las esculturas de Semana Santa, una nave que no reúne las mínimas
condiciones necesarias para una colección de este valor patrimonial y
simbólico para la ciudad de Valladolid. Las esculturas de Semana Santa
proceden de las antiguas Cofradías Penitenciales de Valladolid, que
sufrieron un proceso de decadencia y crisis en el siglo XIX (coincidente
con diversas desamortizaciones de bienes de la Iglesia), antes de su
resurgimiento y reorganización en la década de 1920. Si bien algunos de
los conjuntos más importantes, como los Pasos de Gregario Fernández 'Sed
Tengo', 'Camino del Calvario' o 'la Sexta Angustia' se exponen en el
recorrido museístico del Colegio de San Gregario, muchos otros conjuntos
escultóricos y sayones o personajes secundarios se encuentran en el
almacén del Museo y en una nave de escasísima calidad constructiva.
A pesar de los notables esfuerzos realizados desde el Museo para la
conservación y restauración de esas piezas, se carece de un espacio
adecuado. Los Presupuestos Generales del Estado 2021 contemplan tan solo
50.000 para la rehabilitación de la Casa del Sol, partida insuficiente,
tras rechazarse una enmienda del Grupo Parlamentario Popular para
aumentar esta dotación.
La crisis del COVID-19, con la suspensión de las procesiones de Semana
Santa, ha puesto en valor la importancia de las iniciativas para cuidar y
exponer el patrimonio procesional de la ciudad (por ejemplo, con la
exposición del Museo Nacional de Escultura Grotescos Verdugos). Por todo
ello, urge una intervención que, como prevé el plan director del Museo,
permita concluir la conversión de la Casa del Sol en un almacén
visitable, y de manera especial permita exponer en condiciones dignas el
extraordinario patrimonio procesional de Semana Santa del Museo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Destinar las inversiones necesarias al Museo Nacional de Escultura de
Valladolid para la habilitación de un espacio que permita exponer con
dignidad y de forma permanente todo el patrimonio escultórico procesional
procedente de las Cofradías de Semana Santa de Valladolid que se
encuentran en dicho Museo.
- Completar las acciones previstas en el Plan director del Museo con la
rehabilitación y ampliación del antiguo Palacio del Conde de Gondomar,
conocido como Casa del Sol, con la oportuna dotación presupuestaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2021.-Eduardo Carazo
Hermoso, José Ángel Alonso Pérez, María Soledad Cruz-Guzmán García y
Marta González Vázquez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002464
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez, D.ª
Reyes Romero Vilches, D.ª Mireia Borras Pabón y D.ª Rocío de Meer Méndez,
en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas que fortalezcan
el Deporte de personas con discapacidad en España, para su debate en la
Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Primero. Definición y tipos de discapacidad.
La discapacidad, tal y como se establece en la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas 120, es el
término general que se usa para designar a las personas que presentan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo
que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás.
Sin embargo, tal y como define la propia Convención, nos encontramos ante
tres categorías bien distintas de discapacidad: aquellas que afectan al
plano motor de los individuos, aquellas que afectan al plano sensorial y
aquellas que radican en el plano intelectual. Cada una de estas variantes
presenta sus propias características, que implican una mayor o menor
adecuación al medio de la persona con discapacidad.
Segundo. Relación entre el deporte y la discapacidad.
Según la profesora Karen DePauw 121, nos encontramos con seis tipos de
beneficios que pueden llegar a tener las personas con algún tipo de
discapacidad cuando realizan actividades físicas y deportivas.
1. Físicos: competencias de movilidad, control del peso y las capacidades
físicas, eficiencia física y fisiológica.
2. Psicológicos: reduce el estrés y la ansiedad a la vez que aumenta la
autoestima y el autocontrol.
3. Sociales: mejora la integración de las personas con discapacidad a la
vez que interactúan con otros practicantes de deporte.
4. Vocacionales y funcionales: puede ayudar a generar satisfacción laboral
y autosuficiencia. Ayuda a su vez a desenvolverse de forma autónoma y
moverse con competencia.
5. Recreativos: favorece eficazmente la interrelación social y la
comunicación, el respeto a la competición y saber trabajar en equipo.
A su vez, diversos estudios han demostrado que la actividad física para
personas con discapacidad cumple un rol complementario en la
rehabilitación, a la vez que fomenta la inclusión social y mejora la
calidad de vida de quienes lo practican. Por todo ello, es necesario para
la integración de estas personas que los poderes públicos trabajen para
que el acceso al deporte se realice de manera más sencilla, así como
fomentar en todos los ámbitos la práctica deportiva en las personas con
discapacidad.
A este respecto, tal y como resalta el Plan Integral para la Actividad
Física y el Deporte para Personas con Discapacidad 122, 'no podemos
determinar el número real de personas con discapacidad que practican
Deporte y Actividad Física Adaptada'. Al respecto, en España, ni la
Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad
Intelectual (FEDDI) ni la Federación Española de Deportes de Personas con
Discapacidad Física (FEDDF) pueden confirmar este dato, dado que tan solo
recogen el número de licencias otorgadas. Además, estas licencias
generalmente son solicitadas con el objetivo de tener un rendimiento
deportivo, no relacionado con el ocio personal, lo que presenta un gran
sesgo en dichos datos.
En este sentido, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el
año 2008 (últimos datos publicados) 123 en España había 3,8 millones de
personas con discapacidad, lo que representaba el 9 % de la población. A
la espera de conocer los datos actualizados, desde el Grupo Parlamentario
VOX consideramos necesario que los poderes públicos promuevan la
actividad deportiva en las personas con discapacidad y, de esa manera,
facilitar el acceso de las mismas a las distintas modalidades deportivas.
Para ahondar en esta cuestión, la 'Encuesta de hábitos deportivos en
España', elaborada por el Consejo Superior de Deportes (CSD), no incluye
ningún dato sobre discapacidad, lo que a juicio de
120 https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf
121 https://buleria.unileones/bitstream/handle/10612/10937
/L%D3PEZ_CHAMORRO_MARGARITA_Julio_2018.pdf;jsessionid=752E2AA97D4B84FBDOF1CAE546A707ED?sequence=l
122 http://femede.es/documentos/ Discapacidadv1.pdf
123 https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica
C&cid=1254736176782&menu=resultados&idp=12S4735573175
CERMI redunda en la falta de conocimiento al respecto que tienen los
organismos acerca del deporte en personas con discapacidad 124.
Tercero. Escaso apoyo a la práctica deportiva de las personas con
discapacidad.
La actividad física y la práctica deportiva en España ha experimentado un
crecimiento sustancial en los últimos años. Durante los mismos, hemos
asistido a infinidad de logros a nivel deportivo como país que ha
generado un aumento - de la actividad deportiva en la población en
general. Esto, tal y como parece previsible, tendrá un efecto positivo en
la población, reduciendo a la larga las inversiones per cápita en
Sanidad.
Un caso especial ocurre con los deportistas paralímpicos, quienes
generalmente han tenido que sobrellevar una lesión específica que no les
impide seguir compitiendo a nivel deportivo con grandes éxitos. Estos
deportistas de élite cuentan con el respaldo de las instituciones y los
grupos sociales; sin embargo, muchos de los deportistas amateur se
encuentran con verdaderos problemas a la hora de querer llevar a cabo una
disciplina deportiva específica.
La oferta deportiva, ya sea pública o privada, es escasa para las personas
que presentan una discapacidad física o intelectual, lo cual merma en
multitud de ocasiones las oportunidades de las personas con discapacidad.
Especialmente, las personas con discapacidad intelectual, dado que tienen
limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la
capacidad adaptativa, encuentran en el deporte una herramienta para poder
desarrollar una serie de competencias que compensen sus limitaciones.
A la vista de todo lo anterior, cabe destacar que el 13 de diciembre de
2006, se aprobó en la Organización de las Naciones Unidas la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con
este nuevo instrumento jurídico, los Estados miembros sentaron las bases
para la inclusión de las personas con discapacidad en la vida cotidiana.
Así pues, en el artículo 30.5 de la citada Convención se articulan las
medidas a adoptar por los Estados miembros para que las personas con
discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones en las
actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas:
a) Alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las
personas con discapacidad en las actividades deportivas generales a todos
los niveles.
b) Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de
organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas
para dichas personas y de participar en dichas actividades y, a ese fin,
alentar a que se les ofrezca, en igualdad de condiciones con las demás,
instrucción, formación y recursos adecuados.
c) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a
instalaciones deportivas, recreativas y turísticas.
d) Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso
con los demás niños y niñas a la participación en actividades lúdicas,
recreativas, de esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen
dentro del sistema escolar.
e) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los
servicios de quienes participan en la organización de actividades
recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas.
Con anterioridad a la citada Convención, la Ley 10/1990, de 15 de octubre,
del Deporte (Ley 10/1999 del Deporte), ya proveía la competencia de la
Administración del Estado de 'fomentar la práctica del deporte por las
personas con discapacidades físicas, sensoriales, psíquicas y mixtas, al
objeto de contribuir a su plena integración social'.
Tal y como se describe en el artículo 34 de la misma, 'sólo podrá existir
una federación española por cada modalidad deportiva salvo las
polideportivas para personas con minusvalía' (personas con discapacidad
125). Y posteriormente, en el artículo 40 añade que 'corresponde al
Gobierno establecer las condiciones para la creación de federaciones
deportivas de ámbito estatal, en las que puedan integrarse los
deportistas con minusvalías' (personas con discapacidad 126), marcando
claramente esta como una de las características propias de las
federaciones deportivas.
124 https://www.paralimpicos_es
/libro-blanco-del-deporte-de-personas-con-discapacidad-en-espana (página
54)
125 Disposición Adicional Octava. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia.
126 Disposición Adicional Octava. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia.
Posteriormente, y tras la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia ('Ley 39/2006'), 'las referencias
que en los textos normativos se efectúan a 'minusválidos' y a 'personas
con minusvalía', se entienden realizadas a 'personas con discapacidad'
127. No obstante, y a pesar de su no obligatoriedad, este Grupo
Parlamentario considera necesario adaptar el texto normativo de la Ley
10/1999 del Deporte a los nuevos términos introducidos por la Disposición
adicional octava de la Ley 39/2006.
Cuarto. Exigua presencia de personas con discapacidad en las federaciones
deportivas españolas.
Por todo lo descrito anteriormente, durante los últimos años hemos venido
experimentando un gran desarrollo del deporte para personas con
discapacidad, tanto a nivel nacional como internacional.
En España, tan solo 15 de las 66 federaciones deportivas nacionales
cuentan con una modalidad respectiva practicada para discapacitados. Se
trata de las Federaciones Españolas de Bádminton, Baile Deportivo,
Ciclismo, Golf, Hípica, Karate, Montaña y Escalada, Piragüismo, Remo,
Taekwondo, Tenis, Tenis de mesa, Tiro con arco, Triatlón y Vela. Ninguna
de las mismas cuenta con estadísticas acerca del número de deportistas
con discapacidad pertenecientes a cada una de las mismas; sin embargo, el
Libro blanco del deporte de personas con discapacidad en España 128,
elaborado por el Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI), ha conseguido recabar los datos de la mayoría de
estas, mostrados a continuación.
[**********página con cuadro**********]
Así pues, el porcentaje promedio de licencias de deportistas con
discapacidad en estas federaciones, no supera el 0,26% de las totales.
Por su parte, las licencias otorgadas por la Federación Española de
Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI) suponen un
total de 5.995, más del doble de las 2.156 licencias otorgadas por la
Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física
(FEDDF). Además de las citadas anteriormente, en España existen la
Federación Española de Deportes para Sordos (FEDS), la Federación
Española de Deportes para Ciegos (FEDC) y la Federación Española de
Deportes para personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido
(FEDPC), todas ellas inscritas en el Registro de Asociaciones Deportivas.
127 La Organización Mundial de la Salud en la Clasificación Internacional
del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 2001 (CIF-2001),
sustituyó el término 'minusvalía', debido a la connotación peyorativa de
esta palabra, por 'discapacidad', como término genérico que incluye
déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la
participación.
128
https://www.paralimpicos.es/libro-blanco-del-deporte-de-personas-con-discapacidad-en-espana
Según los datos publicados por el Anuario de Estadísticas Deportivas 2019
129, publicado por el CSD, el número total de deportistas federados fue
de 3.945.500, lo que supone que el 8,4% de la población española posee
licencia federativa en nuestro país. Sin embargo, teniendo en cuenta los
datos aportados por el estudio de CERMI, se han expedido cerca de 13.000
licencias federativas a personas con discapacidad en cualquiera de sus
modalidades, lo que supone que tan solo el 0,34% de los mismos se
encuentran federados.
Número de licencias de deportistas con discapacidad
[**********página con cuadro**********]
Además, estos datos se encuentran sesgados, puesto que 5 de las 15
federaciones deportivas que disponen de modalidad para las personas con
discapacidad, pertenecen a las 15 principales federaciones españolas que
concentran el 80% de las licencias federativas de nuestro país, lo que
sin duda influye de manera positiva a la asociación en torno a las
mismas.
Así pues, una de las conclusiones de este estudio elaborado por CERMI,
consiste en recomendar 'que se incluyese a la población con discapacidad
en estudios estadísticos oficiales del tipo de la Encuesta de hábitos
deportivos en España. Esto permitiría en el futuro obtener datos reales
de la situación deportiva en nuestro país y aplicar políticas de
actuación adecuadas a cada situación'.
Quinto. Posibles formas de promoción de la práctica deportiva de las
personas con discapacidad.
Una manera que consideramos oportuna para facilitar que las personas con
discapacidad practiquen actividad deportiva podría ser mediante la
Terapia Ocupacional que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
se define como 'conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que, a través
de actividades aplicadas con fines terapéuticos, previene la enfermedad y
mantiene la salud, favorece la restauración de la función, suple las
deficiencias incapacitantes y valora los supuestos del comportamiento y
su significación profunda para conseguir las mayores independencia y
reinserción posibles del individuo en todos sus aspectos: laboral,
mental, físico y social'.
Esta se ha consolidado en la sociedad moderna a través del descubrimiento
del valor real de las ocupaciones, como proceso terapéutico viable
garantizando de forma efectiva la autonomía personal en las actividades
básicas de la vida diaria de los pacientes en aras de su bienestar y
salud.
En este sentido, el Deporte como Terapia Ocupacional es una de las mejores
actividades para el fomento de la actividad deportiva para personas con
discapacidad. Tal y como veremos más adelante, los beneficios de la
práctica deportiva para estas personas son muchos y de diferente
espectro, todos ellos relacionados con las deficiencias psicomotoras.
Otro mecanismo para el fomento de la actividad deportiva podría ser
promover que la totalidad de las federaciones deportivas cuenten con una
sección que se encargue de elaborar los planes deportivos específicos
para estas personas y medidas destinadas a los mismos.
129
https://www.culturaydeporte.gob.es/darn/jcr:6b7e9a1a-e3e5-4b45-8ae5-6f187b50235f nota-resumen-estadistica-deporte-federado-2019. pdf
Asimismo, otra de las posibles formas de promoción del deporte en personas
con discapacidad se encontraría en el Deporte Inclusivo 130, que se
entiende como aquel que se practica entre personas con discapacidad y sin
ella, ajustándose a las posibilidades de los practicantes y manteniendo
el objetivo de la especialidad deportiva que se trate. Este tipo de
disciplina supone una manera de normalizar la situación de las personas
con discapacidad. Sin embargo, para que se produzca el mismo, se debe
considerar el deporte más allá de la competición, teniendo en cuenta los
beneficios implícitos que genera el deporte como activador físico y
emocional para estas personas. Cabe mencionar como el deporte inclusivo
no debe ser considerado sinónimo del deporte de personas con discapacidad
en general, sino que se trata de un tipo de actividad deportiva muy
concreta, en la que, como hemos comentado ya, participan conjuntamente
personas con y sin discapacidad.
Por último, el deporte accesible, modalidad que permite que las personas
con discapacidad o con condiciones especiales de salud, puedan realizar
una disciplina deportiva entre sí y también podría formar parte de las
actividades que ayuden a la promoción del deporte en el ámbito de la
discapacidad. De esta manera, se readapta el reglamento, material o las
tácticas deportivas para permitir un acceso completo a esta técnica por
parte de este las mismas.
Sexto. Competencia del consejo estatal de las personas con discapacidad
para promover la práctica deportiva de las personas con discapacidad.
Para el control y gestión de las necesidades de las personas con
discapacidad, el Gobierno creó el Consejo Estatal de las Personas con
Discapacidad, regulado a su vez por el Real Decreto 1855/2009 131, de 4
de diciembre, por el que se regula el Consejo Nacional de la
Discapacidad. En el artículo primero de dicho Real Decreto se señala que
el Consejo Nacional de la Discapacidad es 'el órgano colegiado
interministerial, de carácter consultivo, en el que se institucionaliza
la colaboración del movimiento asociativo de las personas con
discapacidad y sus familias y la Administración General del Estado, para
la definición y coordinación de una política coherente de atención
integral' y, en particular, 'le corresponde la promoción de la igualdad
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad'.
Para el cumplimiento de sus fines, el Consejo Nacional de la Discapacidad
desarrolla, entre otras, las siguientes funciones:
- Promover los principios y líneas básicas de política integral para las
personas con discapacidad en el ámbito de la Administración General del
Estado.
- Presentar iniciativas y formular recomendaciones en relación con planes
o programas de actuación.
- Conocer y, en su caso, presentar iniciativas en relación con los fondos
para programas de personas con discapacidad y los criterios de
distribución.
- Emitir dictámenes e informes, de carácter preceptivo y no vinculante,
sobre aquellos proyectos normativos y otras iniciativas relacionadas con
el objeto del Consejo que se sometan a su consideración y, en especial,
en el desarrollo de la normativa de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal.
- Promover el desarrollo de acciones de recopilación, análisis,
elaboración y difusión de información.
- Conocer las políticas, fondos y programas de la Unión Europea y de otras
instancias internacionales y recibir información, en su caso, sobre las
posiciones y propuestas españolas en los foros internacionales.
Como hemos señalado anteriormente, consideramos que los poderes públicos
deben fomentar la práctica deportiva en las personas con discapacidad,
adaptando en su caso los espacios para que la práctica se realice de
manera segura. Por si esto fuera poco, el Real Decreto Legislativo 1/2013
132, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social, establece en su artículo 7.3 que los poderes públicos
'protegerán de forma especialmente intensa los derechos de las personas
con discapacidad en materia de igualdad entre mujeres y hombres, salud,
empleo, protección social, educación, tutela judicial efectiva,
movilidad, comunicación, información y acceso a la cultura, al deporte,
al ocio así como de participación en los asuntos públicos, en los
términos previstos en este Título y demás normativa que sea de
aplicación'.
130
https://www.sindromedown.net/que-hacemos/que-es-el-deporte-adaptado-el-deporte-inclusivo-y-el-deporte-paralimpico/
131 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-20890
132 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632
Por todo lo descrito en la presente, desde el Grupo Parlamentario Vox
consideramos que se debe ahondar más aun en la incorporación de las
personas con discapacidad en el sector deportivo, siendo fundamental
aportar soluciones concretas para facilitar que los mismos puedan acceder
a las diferentes disciplinas deportivas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover, a través del Consejo Superior de Deportes, que las
Federaciones Deportivas de carácter nacional impulsen la creación de una
sección específica para personas con discapacidad, física o psíquica,
cuyo cometido sea la planificación, dirección y ejecución de actividades
deportivas para discapacitados, así como la búsqueda de mecanismos para
la cesión de material accesible a las personas con discapacidad en cada
una de las disciplinas deportivas.
2. Elaborar, a través del Consejo Nacional de la Discapacidad y en
coordinación con las Comunidades Autónomas, programas relativos al
fomento del deporte como terapia ocupacional en todo el territorio
nacional.
3. Elaborar un Plan Nacional para el Deporte Inclusivo.
4. Actualizar los datos referentes a la 'Encuesta de hábitos deportivos en
España', realizada por el Consejo Superior de Deportes, incluyendo los
datos de personas con discapacidad que practican deporte, así como los
centros deportivos que cuentan con oferta para este colectivo.
5. Llevar a cabo todas las medidas normativas pertinentes con el fin de
promover la adaptación del texto legal de la Ley 10/1990, de 15 de
octubre, del Deporte a los nuevos términos introducidos por la
Disposición Adicional Octava de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2021.-Rafael
Fernández-Lomana Gutiérrez, Rocío de Meer Méndez, Mireia Borras Pabón y
Reyes Romero Vilches, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX.
161/002469
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia Joan Baldoví Roda, Diputado de
Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley Proposición sobre la modificación del Real Decreto 1838/1991, de
20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de
Asociaciones Deportivas, y el Real Decreto 1252/1999 que modifica
parcialmente el anterior, para el reconocimiento estatal de la pilota
valenciana y la Federació de Pilota Valenciana, para su debate en la
Comisión Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
El juego de pelota valenciana, de origen grecolatino, es una de las
principales señas de identidad y el deporte por excelencia del pueblo
valenciano. Con un carácter claramente vertebrador, la pilota forma parte
de nuestra identidad colectiva, siendo una de las tradiciones culturales
más arraigadas en el País Valencià. Ningún otro deporte puede presumir de
un arraigo tan fuerte en la sociedad valenciana, ni de haber superado
tanta diversidad de prohibiciones, las cuáles, a pesar de todo, nunca han
conseguido hacer desaparecer su práctica, profundamente revitalizada
desde la llegada de la democracia, gracias al impulso y la protección de
todas las administraciones valencianas (Generalitat, Diputaciones y
Ayuntamientos). Tanto es así, que mediante el Decreto 142/2014, de 5 de
septiembre, del Consell, se la declara como Bien de Interés Cultural
Inmaterial.
En el año 1985, se crea la Federació de Pilota Valenciana, reconocida por
la Generalitat Valenciana en el marco de sus competencias, y, con ella,
se regularizó la creación de clubs, se oficializaron los
reglamentos de las distintas modalidades, se iniciaron las primeras
competiciones oficiales y aparecieron las primeras escuelas de pilota.
En la actualidad, cuenta con más de 3.700 deportistas federados, 108 clubs
activos y centenares de instalaciones donde se practican las distintas
modalidades. Cada temporada se celebran 9 campeonatos oficiales
profesionales, más de 30 competiciones no oficiales y más de 2.200
partidos en las modalidades de frontó, galotxa, raspall, escala, corda,
llargues, palma, penca, pilota grossa i frares. También el deporte base
ha experimentado un importante auge con el programa 'Pilota a I'Escola',
que en el año 2020 acogió a 22.500 escolares, o en el programa de
tecnificación y CESPIVA (Centro de Especialización de Pilota Valenciana).
Pero, a pesar de esta realidad, y de ser uno de los deportes más
practicados en nuestro territorio, no goza de ningún tipo de
reconocimiento a nivel estatal, extremo que limita y condiciona los
derechos de los que, de una forma o de otra, tienen relación con la
pilota valenciana:
- Jugadores y jugadoras federados que la practican, pero no tienen
posibilidad de acceder a becas, ayudas o subvenciones de las diversas
convocatorias anuales del Consejo Superior de Deportes.
- Jugadores y jugadoras de élite que no pueden ser calificados como
Deportistas de Alto Nivel o Deportistas de Alto Rendimiento.
- La Federació de Pilota Valenciana, clubs y asociaciones relacionadas con
la pilota, que no pueden acceder a las convocatorias de ayudas estatales.
Todas estas limitaciones son consecuencia de la normativa de ámbito
estatal, y muy concretamente del Real Decreto 1838/1991, de 20 de
diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de
Asociaciones Deportivas, y el Real Decreto 1252/1999, de 16 de julio, que
lo modifica, que no reconocen como modalidades deportivas aquellas
reconocidas y practicadas en una única comunidad autónoma, obviando la
realidad autonómica y su riqueza cultural y deportiva, como si no fueran,
también, modalidades existentes y practicadas en el estado español.
En consecuencia, y atendiendo a la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del
Deporte, que reconoce el Consejo Superior de Deportes como un organismo
Autónomo de carácter administrativo, a través del cual ejerce la
actuación de la administración del estado en el ámbito del deporte, y que
le otorga (artículo 8.b) la competencia para el reconocimiento de la
existencia de una modalidad deportiva.
Por todo ello, presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el Consejo Superior
de Deportes, organismo dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte
realicen las modificaciones necesarias en la actual normativa para
reconocer legalmente pilota valenciana como deporte. En consecuencia, la
pilota valencia tendría los beneficios con los que gozan otras
modalidades deportivas y federaciones reconocidas oficialmente, es el
caso de la Federació de Pilota Valenciana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2021.-Joan Baldoví
Roda, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/002447
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque
Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley para la transferencia de los
inmuebles y viviendas titularidad de la SAREB situados en Galiza la
Administración gallega para destinarlos a vivienda pública, para su
debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
Las políticas públicas de los últimos 11 años han favorecido que la
vivienda se convierta en un bien especulativo, alimentando un incremento
desmesurado de los precios, sobre todo en las ciudades, y han producido
una drástica reducción de la oferta de viviendas en alquiler residencial,
sobre todo por el fenómeno del alquiler turístico.
La intervención pública en el mercado de la vivienda es más necesaria que
nunca para garantizar el acceso igualitario a la vivienda por parte las y
los jóvenes y de las personas con menos recursos.
Para cambiar esta tendencia es necesario movilizar el parque de viviendas
vacías, así como impulsar programas de construcción de vivienda de
promoción y protección pública, que ha caído drásticamente mientras los
demandantes no dejan de crecer -en Galiza solo se construyeron 4
viviendas de protección autonómica en 2019 mientras en 2020 los
registrados como demandantes eran 14.923-. Pero, paradójicamente,
mientras se detecta la actual escasez de vivienda de protección pública y
de contracción del mercado de alquiler, existe una gran cantidad de suelo
y viviendas vacías que pertenecen, directa o indirectamente, a entidades
financieras que recibieron ingentes cantidades de fondos públicos para su
rescate, y muchas otras están en manos de la SAREB (Sociedad de Gestión
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria).
Así, para lograr ese objetivo de ofertar más vivienda social consideramos
fundamental dar salida a las viviendas que tras la nacionalización y la
reestructuración de entidades bancarias tras la crisis inmobiliaria
acabaron en poder de la SAREB. En este proceso, en los años 2012 y 2013
adquirió 200.000 activos problemáticos entre préstamos a promotores e
inmuebles, lo que supuso una inversión de 50.781 millones de euros
públicos. Actualmente, el 45.9 % de esta sociedad pertenece al FROB, el
cual depende, a su vez, del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.
En Galiza la SAREB mantiene en cartera 8.157 activos, ello incluso después
de haber vendido ya muchos de sus inmuebles, la mayoría por precios
irrisorios, hasta tres veces por debajo de su valor inicial. A día de
hoy, quedan todavía unas 2.735 viviendas en poder de la SAREB, la mayoría
en las provincias de A Coruña y Pontevedra.
Para lograr el objetivo de disponer en Galiza de más vivienda social, el
BNG reclama la transferencia de los activos de la SAREB situados en
territorio gallego para su incorporación en una bolsa de viviendas e
inmuebles para el fomento de la vivienda pública social.
La SAREB ha manifestado su disposición a firmar convenios para la cesión
temporal de algunos de estos inmuebles para alquiler social y desde
algunas administraciones locales y autonómicas han comprado directamente
algunos de los inmuebles rescatados para dedicarlos también a este fin.
Pero estas opciones no son suficientes. La cesión 'temporal' no impedirá
que en un futuro la SAREB quiera recuperarlos y, aprovechando un momento
más propicio del mercado, venderlos para recuperar su inversión inicial.
Además, entendemos que se trata ya de bienes 'rescatados' por el Estado,
que en su deber de fomentar las políticas de vivienda, debiera facilitar
su transferencia completa, no su venta a aquellas administraciones
interesadas y dar así un verdadero impulso a la movilización del parque
de viviendas vacías.
Sin embargo, aunque se ha anunciado desde la SAREB junto con el Ministerio
de Transportes la intención de poner más viviendas a disposición de las
administraciones interesadas en ofrecer vivienda social, siguen
desoyéndose las demandas de cesión y tramitándose la subasta pública de
las mismas. Así por ejemplo tenemos el reciente caso de los edificios
construidos en Palavea (A Coruña) con un total de 55 viviendas
titularidad de la SAREB, sobre las cuales el Concello ha aprobado ya un
acuerdo plenario, a instancia del BNG, para reclamar su cesión, pero aun
así, la intención de la SAREB sigue siendo sacarlas a subasta pública.
En definitiva, el BNG reclama, para garantizar el derecho a la vivienda
que se movilice el parque de viviendas vacías, sobre todo las que están
en manos de entes participados de capital público como es la SAREB, para
destinarlas a vivienda social o vivienda de protección oficial. Instamos
para ello a que se transfiera la titularidad de todas las viviendas e
inmuebles en su poder situados en Galiza para su gestión por la Xunta.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a realizar los
trámites necesarios para proceder a la transferencia a Galiza de los
activos inmobiliarios de la SAREB ('Sociedad de Activos procedentes de la
reestructuración bancaria'), asumiendo desde los órganos competentes en
materia de vivienda la gestión y administración de aquellos activos
consistentes en viviendas o suelo urbanizable para constituir una bolsa
de vivienda pública en Galiza que permita facilitar el acceso a la
vivienda de las personas y colectivos más desfavorecidos y de la
juventud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2021.-Néstor Rego
Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo
Parlamentario Plural.
161/002488
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre la exclusión financiera, para su debate en la Comisión de
Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
La reestructuración de las Entidades Bancarias en España desde la crisis
financiera de 2008 está teniendo como efectos una importante reducción de
las sucursales bancarias, reducción de los cajeros automáticos y del
empleo en el sector financiero. Con estas medidas los bancos pretenden
mejorar la rentabilidad del sistema y la implantación paulatina de la
banca online.
Mientras que en el año 2008 había 45.662 oficinas y sucursales bancarias,
en 2020 esta cantidad ha bajado a 22.909 oficinas en septiembre de dicho
año. El cierre de las oficinas bancarias ha ido acompañado de la
reducción de cajeros automáticos, que normalmente se instalan en las
mismas oficinas. En el 2008 había en España 61.714 cajeros mientras que
en el 2020 quedaron en 49.481 máquinas de efectivo.
Pero el problema añadido es que el cierre de las oficinas y de la
desaparición de los cajeros automáticos se ha producido en los municipios
con menor número de habitantes y que han perdido en muchos casos la única
oficina bancaria de que disponían. Los habitantes de estos municipios,
que suelen estar en áreas despobladas, están en riesgo de exclusión
financiera.
Ante la difícil situación de estas personas, muchas de ellas de edad
avanzada con problemas añadidos de movilidad, se hace necesario la
creación de canales alternativos como pueden ser las oficinas móviles o
los agentes financieros.
No obstante, la solución al problema de la exclusión financiera debe
abordarse también mediante el fomento de otros agentes no bancarios, como
pueden ser Correos y sus oficinas postales para ingresos o retiradas de
dinero, o las compras 'cash-back' en colaboración con las tiendas y
supermercados.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Fomentar los convenios de colaboración entre Correos con las entidades
financieras para que, en aquellos municipios sin sucursal bancaria y sin
cajeros automáticos, puedan las oficinas postales prestar el servicio de
ingresos o retiradas de dinero.
2. Fomentar las compras 'cash-back' en los pequeños municipios, en
colaboración con las Entidades Locales y los pequeños comercios en ellos
existentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2021.-Antonio
Hurtado Zurera, Pedro Casares Hontañon, Patricia Blanquer Alcaraz,
Valentín García Gómez, Manuel Gabriel González Ramos, Javier Alfonso
Cendón, María Ángeles Marra Domínguez, José Luis Ramos Rodríguez, Tamara
Raya Rodríguez, Germán Renau Martínez, José Antonio Rodríguez Salas y
Diego Taibo Monelos, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas
Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/002425
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta esta
Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de
Sanidad y Consumo, relativa a la suspensión temporal de la actividad de
cría de visón americano por motivos de salud pública.
Exposición de motivos
Un estudio realizado en Países Bajos analizando visones americanos
cautivos en 16 granjas evidencia la mutación del SARS-CoV-2 en estos
animales y su transmisión de humanos a mustélidos y viceversa,
incrementando el riesgo de contagio desde estas instalaciones hacia la
población. Estas informaciones suponen una alerta en cuestión de salud
pública, pero también tienen implicaciones económicas relacionadas con la
realización de pruebas en estas granjas y las tareas de desinfección de
las mismas.
El Gobierno de Dinamarca, tras detectar más de 200 contagios por una cepa
mutada de coronavirus en algunas de estas granjas, tomó una decisión
contundente: matar a 17 millones de estos animales que se criaban en las
granjas del país. Acompañando a esta medida se ha decretado una
suspensión temporal de la actividad mientras dure la pandemia. Medidas
similares a esta han sido tomadas en Irlanda, Suecia o Italia. Con ello
se trata de afrontar una situación de alto riesgo para la salud pública y
para las economías locales, dados los potenciales efectos negativos que
los brotes en estas granjas pueden tener sobre las poblaciones
circundantes.
En el caso de España, se han registrado ya cuatro brotes en granjas de
visones en menos de un año. Estas granjas se localizaban en Puebla de
Valverde (Teruel), Navatalgordo (Ávila), A Baña y Santiago de Compostela
(A Coruña). La actuación de parte de las administraciones públicas en
estos casos ha acarreado la asunción de gastos relacionados con la
realización de pruebas, el sacrificio de los animales, la desinfección de
las instalaciones o las propias indemnizaciones que reclaman las empresas
peleteras.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a suspender de manera
temporal la actividad de cría de visón americano en todo el territorio
estatal, por motivos de salud pública, mientras dure la situación de
crisis sanitaria por la COVID-19.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2021.-Juan Antonio
López de Uralde Garmendia, Diputado.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz
del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común.
161/002427
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión
de Sanidad relativa a la Atención Primaria.
Exposición de motivos
La reforma de la Atención Primaria comenzó con el Real Decreto 137/1984,
de 11 de enero, sobre estructuras básicas de Salud. En él se contempla la
unificación de las actividades preventivas y asistenciales en un mismo
equipo. Este Real Decreto, previo a la Ley General de Sanidad de 1986,
dio
por primera vez un enfoque de coordinación entre las Comunidades Autónomas
encuadrándose en el marco legislativo del artículo 149.1.16 de la
Constitución Española. El objetivo de este Real Decreto se centraba en
que los Equipos de Atención Primaria prestaran una atención integral, y
entre otras funciones se contemplaban actividades de promoción de la
Salud, prevención de enfermedades y educación sanitaria de la población.
La reforma de la Atención Primaria transformó el modelo sanitario,
produciendo una gran satisfacción para la población y para los
profesionales. Sin embargo esto no duró mucho ya que, siguiendo la estela
de Margaret Thatcher que introdujo en el Sistema Británico de Salud las
reglas del libre mercado y utilizando de guía el Informe abril de 1991,
este dejó de desarrollarse dando paso a un modelo de consumo sanitario
muy bien promocionado.
La descoordinación entre el Sistema Hospitalario y la Atención Primaria
fue la norma. Se relegaron las actividades antes mencionadas dirigidas a
proteger la Salud de la población, como indica en el artículo 43 de la
Constitución. Esto nos condujo a una atención medicalizada, masificada y
de difícil acceso para la población. Si a esto le añadimos la manifiesta
precariedad y temporalidad laboral de sus profesionales sanitarios, nos
encontramos con que la calidad de la Atención Primaria ha ido
disminuyendo hasta llegar a unos mínimos nunca antes registrados,
evidenciados con la pandemia.
Esta situación potenció varios nichos de mercado muy beneficiosos para
empresas privadas. Un ejemplo de esto han sido los tratamientos
farmacológicos: España dedica más de un 18 % de su gasto sanitario a
medicamentos, lo que nos sitúa por encima del gasto medio de la Unión
Europea. A su vez esto ha causado prolongadas listas de espera a las que
se expone la población, justificando la entrada de entidades privadas. La
consecuencia se refleja en que el 23 % de la población española ha tenido
que contratar seguros privados, anteponiendo lo privado sobre lo público,
y generando que 11 millones de personas pasen a manos de aseguradoras
privadas que facturan más de 9.000 millones al año.
En este contexto de injerencia del sector privado, nos encontramos con una
financiación desigual entre Comunidades Autónomas y muy inferior a lo que
sería deseable. Los numerosos colectivos de la sociedad civil y
sociedades científicas reivindican la necesidad urgente de una dotación
económica del 25 % del presupuesto sanitario, ya que actualmente estamos
muy alejados de esta cifra, que no alcanza el 15 %.
Extremadura, País Vasco y Castilla León tienen una financiación de 274,
265 y 263 por habitante al año respectivamente. La Atención Primaria
menos financiada es la de la Comunidad de Madrid con 149 por habitante
al año, muy alejada de la media, que ronda los 210 por habitante al
año.
Esta situación nos lleva a reivindicar un modelo de Atención Primaria de
calidad y para ello es preciso una financiación adecuada. La mayoría de
las fuerzas políticas y administraciones correspondientes a las
Comunidades Autónomas se ha manifestado a favor de recuperar la Atención
Primaria; sin embargo, a pesar del tan mencionado 'reforzamiento de la
Atención Primaria' en todos los foros y debates, durante el último y el
corriente año no se ha percibido en la práctica ningún movimiento en ese
sentido.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Comenzar a constituir, de forma inmediata y estable, la estructura
operativa en el Ministerio de Sanidad para coordinar las actividades
relacionadas en el ámbito de la Atención Primaria, tal y como se
contempla en la Estrategia de Abril de 2019 para la Atención Primaria y
Comunitaria.
2. Establecer, en colaboración con las Comunidades Autónomas, indicadores
de seguimiento para monitorizar a lo largo del tiempo el grado de
implantación de las acciones comprendidas en el Marco estratégico para la
Atención Primaria y Comunitaria.
3. Articular las medidas necesarias para que se cumpla el Marco
Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria de 2019, dotando a la
Atención Primaria y Comunitaria con un 25 % de la financiación per cápita
anual de cada Comunidad Autónoma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2021.-Txema Guijarro
García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En
Comú Podem-Galicia en Común.
161/002431
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la reducción de la
desigualdades en salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y
Consumo.
Exposición de motivos
En España, al igual que el resto de países del mundo, la salud está
directamente relacionada con las circunstancias sociales y económicas en
las que las personas nacen, viven, trabajan y envejecen.
Según el informe elaborado por la Comisión para Reducir las Desigualdades
Sociales en Salud en España, Introducción: Las desigualdades en salud,
marco conceptual, y principios para las políticas, 'las desigualdades en
salud, se pueden definir como aquellas diferencias en salud injustas y
evitables entre grupos poblacionales, resultado de diferentes recursos y
oportunidades en salud en función de la clase social, el sexo, el
territorio o la etnia a la que pertenezca cada persona'.
Estas desigualdades pueden ser responsables de un exceso de mortalidad y
de morbilidad superior a la mayoría de factores de riesgo de enfermar
conocidos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud de España 2017, los
colectivos de población más vulnerables socialmente presentan
generalmente un peor estado de salud. En el nivel socioeconómico más
alto, el 85 % de las personas perciben su salud como buena o muy buena,
frente al 67 % en el nivel más bajo, acentuándose esas diferencias en el
caso de las mujeres.
Los estilos de vida individuales son determinantes para nuestro estado de
salud, que a su vez, dependen de factores socioeconómicos.
Las personas en mayor situación de vulnerabilidad social según el tipo de
ocupación o con menor nivel de estudios, presentan mayores tasas de
obesidad, tanto en la infancia, como en la edad adulta, peor
alimentación, mayor consumo de bebidas azucaradas, mayores niveles de
sedentarismo, así como mayor consumo diario de tabaco y alcohol.
Y todos estos factores aumentan el riesgo de padecer algunas enfermedades
no trasmisibles, como son la diabetes o las enfermedades
cardiovasculares, donde los hábitos de vida y el autocuidado, son
determinantes para su prevención.
La equidad en salud es un objetivo prioritario del Sistema Nacional de
Salud, y así queda recogido en la Ley General de Sanidad y en la Ley
General de Salud Pública.
La importancia de las condiciones socioeconómicas en la salud recibió un
importante impulso entre los años 2008 y 2011, mediante la publicación
del informe del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
'Avanzando hacía la equidad, propuestas de políticas e intervenciones
para reducir las desigualdades Sociales en salud en España, el diseño de
la Estrategia Nacional de Equidad en Salud y la aprobación de la Ley
General de Salud Pública.
Pero la crisis económica experimentada en España a partir del año 2008,
tuvo un efecto negativo sobre la salud de la población española, la cual
se vio agravada por las políticas de debilitamiento del estado social y
por el fin de la universalidad de la atención sanitaria.
Por ello, revertir las políticas de recorte y reforzar el Estado del
Bienestar es y ha sido una prioridad para el Gobierno de Pedro Sánchez.
Ejemplos de ello, son la aprobación del Real Decreto ley 7/2018, mediante
el cual se llevó a cabo la recuperación del acceso universal al Sistema
Nacional de Salud y la aprobación de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2021, donde, entre otras cuestiones, se modificó la
Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios para ampliar a otros colectivos en situación de vulnerabilidad
social, la exención del copago a la prestación farmacéutica.
La situación actual de pandemia derivada de la COVID-19, ha hecho más
evidente el peso de los determinantes sociales en la salud de la
población.
Estos determinantes muestran la relación de retroalimentación entre la
pandemia y la vulnerabilidad social. De manera que estas personas se
encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad epidemiológica, por
causa de su vulnerabilidad social, económica, laboral y habitacional.
Aunque España cuenta con una importante tradición de estudios de
investigación de las desigualdades en salud, desde el Grupo Socialista
consideramos de gran importancia promover el conocimiento y evaluar
el impacto en salud pública de los condicionantes sociales y de las
desigualdades, con el objetivo de avanzar hacia la consecución de la
equidad en todas las políticas públicas de salud y de mejora del
bienestar que trascienden el medio sanitario, de manera que se vayan
reduciendo las desigualdades en salud.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a actualizar la Estrategia
Nacional de Equidad en Salud a lo largo del año 2022, basándose en la
experiencia previa de Salud Pública en el desarrollo de las líneas de
trabajo de la Estrategia Nacional de Equidad en Salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2021.-Ana Prieto
Nieto, Diputada.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas
Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002438
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
elección de plaza MIR desde la transparencia, en igualdad de condiciones
y con seguridad ante la pandemia de COVID-19, para su debate en la
Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Una de las principales razones por las que los profesionales sanitarios
del Sistema Nacional de Salud se encuentran entre las profesiones mejor
valoradas de España y son solicitados por los países de todo el mundo es,
sin duda alguna, el modelo de formación MIR.
Los elevados niveles de calidad en la capacitación y el desempeño que los
profesionales sanitarios ofrecen a partir de la formación especializada
-tanto si atendemos a la labor clínica, como si nos fijamos en el trabajo
que desarrollan en el ámbito docente y en el investigador-, son las
principales razones por las que el sistema sanitario español es
considerado como un referente internacional.
Más allá de prácticas aisladas y de lo establecido en normas como la Ley
de 25 de noviembre de 1944, sobre la Escuela Nacional de Sanidad (base
tercera); la Ley de 20 de julio de 1955 sobre 'Enseñanza, título y
ejercicio de las Especialidades Médicas', y la Ley 37/1962, de 21 de
julio, sobre los hospitales como centros de formación y especialización
(párrafo segundo del artículo primero), la formación sanitaria
especializada dio sus primeros pasos en firme en nuestro país a mediados
de la década de 1960.
Fue entonces cuando, a partir del modelo formativo sustentado en la
filosofía de 'aprender trabajando' aplicada en la sanidad estadounidense
desde finales del siglo XIX, comenzó a implementarse la formación
especializada en centros asistenciales como el extinto Hospital General
de Asturias y la -entonces- Clínica Puerta de Hierro de Madrid.
La expansión del sistema al conjunto del país se produjo en la década de
los 70 (con normas como el Real Decreto 2015/1978, de 15 de julio, por el
que se regula la obtención de títulos en especialidades médicas, y el
Real Decreto 3303/1978, de 29 de diciembre, de regulación de la medicina
de familia y comunitaria como especialidad de la profesión médica) y
terminó de consolidarse como única vía legal de especialización en los
80' (esencialmente con el Real Decreto 127/1984, de 11 de enero, por el
que se regula la formación médica especializada y la obtención del título
de médico especialista).
En los años 90 fueron impulsados distintos avances en la formación
especializada mediante iniciativas como la Orden de 22 de junio de 1995
por la que se regulan las Comisiones de Docencia y 105 sistemas de
evaluación de la formación de Médicos y de Farmacéuticos Especialistas,
aunque el avance realmente decisivo para actualizar el modelo tuvo lugar
en los 2000, concretamente con la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
ordenación de las profesiones sanitarias.
La referida Ley 44/2003 aborda la formación especializada en Ciencias de
la Salud en su capítulo tercero (artículos 15 a 32), definiéndola como
'una formación reglada y de carácter oficial' que 'tiene como objeto
dotar a los profesionales de los conocimientos, técnicas, habilidades y
actitudes propios de la correspondiente especialidad, de forma simultánea
a la progresiva asunción por el interesado de la responsabilidad
inherente al ejercicio autónomo de la misma'.
Tres años después, el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que
se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de
especialistas en Ciencias de la Salud; el Real Decreto 183/2008, de 8 de
febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en
Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema
de formación sanitaria especializada, y el Real Decreto 639/2014, de 25
de julio, por el que se regula la troncalidad, la reespecialización
troncal y las áreas de capacitación específica, se establecen las normas
aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación y otros
aspectos del sistema de formación sanitaria especializada en Ciencias de
la Salud y se crean y modifican determinados títulos de especialista,
desarrollaron la citada Ley 44/2003 y formalizaron las transformaciones y
las actualizaciones más recientes de la formación sanitaria especializada
en el Sistema Nacional de Salud, consolidándola como uno de los
principales argumentos -si no el mayor- para certificar que los
profesionales sanitarios son el principal activo de nuestro modelo
asistencial.
En consecuencia, referirse a la trayectoria descrita por el modelo de
formación sanitaria especializada en nuestro país en las últimas décadas,
es aludir a una historia de éxito, con cierto margen de mejora en ámbitos
como el desarrollo de ciertas especialidades y los sistemas de
evaluación, pero un modelo que muchos países han intentado reproducir a
nuestra imagen y semejanza.
No obstante, al igual que ha ocurrido en muchos otros ámbitos y como ya
sucedió el pasado año, la crisis generada por la pandemia de COVID-19 ha
alterado la gestión de la convocatoria de este año. En primer término,
con la celebración del examen el pasado 27 de marzo, por la negativa de
la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad
a dictar una instrucción con medidas alternativas que facilitasen la
participación segura de aspirantes con síntomas compatibles con el virus
SARS-CoV-2, como se ha solicitado desde diferentes ámbitos.
Y en segundo término, por la voluntad del referido Ministerio de Sanidad
de proponer, como ya hizo en 2020, que la adjudicación de plazas que
integran la formación sanitaria especializada sea exclusivamente on-line.
Sanidad genera esta situación a pesar de que el Tribunal Supremo se
pronunció el año pasado en favor de los MIR, obligando a rectificar al
ministerio -que tuvo que ceder y ofrecer la selección de plaza vía
presencial- y a pesar también de que desde la Asociación MIR España
critican que Sanidad 'se cierre en banda y vuelva otra vez a lo mismo' y
consideran que 'la vía telemática es bastante injusta' en tanto que 'los
aspirantes no pueden saber qué plaza quieren hasta el momento que les
llega su turno, porque el hecho de que la adjudicación sea electrónica te
restringe mucho esa flexibilidad que supone el sistema presencial,
pudiendo cambiar de opciones conforme se van eligiendo plazas por parte
de los opositores'.
A partir de todo lo anterior, y teniendo presente la conclusión del estado
de alarma vigente el próximo 9 de mayo,
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a habilitar la elección
presencial de las plazas de formación sanitaria especializada de la
convocatoria 2020/2021 para las titulaciones universitarias de grado,
licenciatura y diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y del ámbito
de la Psicología, la Química, la Biología y la Física, habilitando y
levando a la práctica para ello cuantas medidas sean pertinentes para
garantizar transparencia, igualdad de condiciones y seguridad frente a la
pandemia de COVID-19.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2021.-José Ignacio
Echániz Salgado, Elvira Velasco Morillo y Ana María Pastor Julián,
Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002452
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre la creación de un Registro Nacional de Donantes de
gametos y preembriones, para su debate en la Comisión de Sanidad y
Consumo.
Exposición de motivos
La aparición de las técnicas de reproducción asistida, ha supuesto la
apertura de nuevas posibilidades, entre otras cuestiones, tanto desde el
punto de vista terapéutico, porque ayuda a paliar los efectos de la
infertilidad que afecta a un amplio número de parejas y personas, como
desde el punto de vista preventivo, porque permite la prevención de
enfermedades genéticas, que en la actualidad carecen de tratamiento
curativo, gracias a la investigación y a la posibilidad de selección de
preembriones.
Además, la reproducción asistida permite a muchas mujeres,
independientemente de su situación, formar una familia.
La aparición de estas técnicas en la década de los años 70, hizo necesaria
su regulación en nuestro país, primero mediante la aprobación de la Ley
35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida, y
posteriormente, mediante la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de
reproducción humana asistida.
La Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana
asistida, tiene entre sus objetivos, reforzar los mecanismos de
información pública, como un elemento esencial en la práctica de estas
técnicas, de manera que se proporcionen a las personas que acuden a los
centros, elementos adecuados de información, que les permitan tomar sus
decisiones de acuerdo a criterios sólidos y objetivos.
Por ello, en su Exposición de motivos, se dice lo siguiente: 'La realidad
de la aplicación de las técnicas de reproducción asistida en nuestro país
no puede ser ajena a la consideración de que dichas técnicas se han
desarrollado de manera extensiva en especial en el ámbito privado. De esa
realidad, se deriva que la intervención de los poderes públicos en este
campo debe ir dirigida también a compensar la asimetría de información
que existe entre quienes acuden a demandar la aplicación de estas
técnicas y quienes las aplican, de manera que se garantice en lo posible
el equilibrio de intereses entre unos y otros [...] Uno de los mecanismos
prioritarios para contribuir a la equidad de esa relación es la
disponibilidad de una información accesible a las personas usuarias de
las técnicas que sea clara y precisa sobre la actividad y los resultados
de los centros y servicios que las practican'.
Esta ley regula en su Capítulo VII, la creación de un registro nacional de
donantes de gametos y preembriones con fines de reproducción humana y de
un registro nacional de actividad y resultados de los centros y servicios
de reproducción asistida, asociado al registro anterior, y la obligación
de que los centros en los que se practiquen estas técnicas, suministren
información precisa a las autoridades competentes. De esta manera, desde
el año 2015, todos los centros de reproducción asistida comunican su
actividad al Ministerio de Sanidad.
El Ministerio de Sanidad, consciente de la necesidad que suponía disponer
de los mencionados registros nacionales, ha desarrollado un sistema de
información específico de reproducción humana asistida (SIRHA), con el
objetivo de cumplir con las exigencias de la legislación española y con
los requerimientos a nivel europeo, que permita la libre circulación de
personas y de muestras biológicas entre países europeos y garantice la
calidad y seguridad de la asistencia prestada.
Además de estos trabajos, se hace necesario llevar a cabo la regulación de
la constitución, organización y funcionamiento de los registros
anteriormente citados.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, promover la creación y
regulación de un Registro Nacional de Donantes de gametos y preembriones,
tal como establece la Ley de Reproducción Asistida 14/2006, de 26 de
mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2021.-Elvira Ramón
Utrabo y Ana Prieto Nieto, Diputadas.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y
Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002461
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión
de Sanidad, relativa a la privatización del Sistema Sanitario Público.
Exposición de motivos
La Ley General de Sanidad del año 86 regula, en su artículo 90, cómo las
Administraciones Públicas Sanitarias pueden establecer conciertos para la
prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas. Esta
legislación abrió las puertas a la privatización como sistema
complementario. Sin embargo, se necesitaban nuevas opciones que dieran
más seguridad a la corriente neoliberal en sanidad, liderada
internacionalmente por Margaret Thatcher. En 1991, se encargó a Fernando
Abril Martorell, una comisión parlamentaria para analizar el sistema
sanitario público, con unas ideas ya prefijadas, para que concluyeran que
el camino de la privatización era el más adecuado. Estas ideas
privatizadoras respondían a las pretensiones de empresas que contemplaban
la sanidad pública como una fuente de negocio a explotar. Las
conclusiones de este informe, que avalaban las pretensiones
privatizadoras, generaron un gran rechazo en la población pero pese a eso
se fueron imponiendo sus recomendaciones poco a poco.
Así se publicó el Real Decreto-ley 10/1996, de 17 junio, sobre
habilitación de nuevas formas de gestión del INSALUD. Con él, se
introdujeron nuevas formas de gestión como consorcios y fundaciones.
Posteriormente este Real Decreto fue sustituido por la Ley 15/1997 de 25
abril que, en su artículo único, abre las puertas a toda forma de gestión
de los centros, servicios y establecimientos sanitarios o de atención
sociosanitaria. Todo este proceso privatizador fue acompañado de la
disminución de la financiación de los servicios sanitarios de gestión
pública directa.
El ejemplo más conocido de privatización fue el Hospital Ribera Salud, que
bautizó el llamado modelo Alzira. Este modelo supuso una desviación de
dinero público a la UTE Riberasalud, sin controles administrativos, que
tuvo que ser rescatada por la Generalitat Valenciana para luego volver a
ser adjudicada a la empresa a la que se había rescatado. Posiblemente
este ha sido uno de los mayores fraudes del gobierno valenciano del PP.
Afortunadamente el modelo Alzira ha servido también para definir una
forma de desprivatización e incorporación a la gestión pública directa de
la sanidad valenciana.
Para consolidar el proceso privatizador, en 2012 se publicó el Real
Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, el cual provocó la exclusión del
servicio sanitario público. Este Real decreto resultó en la desaparición
de la universalidad de la asistencia, convirtiendo lo público en un
servicio de asegurados, e introduciendo los copagos y la fragmentación de
los servicios.
Utilizando la crisis económica como pretexto se han recortado plantillas,
generando más carga de trabajo para los profesionales sanitarios, a la
vez que se propició una mayor temporalidad en los contratos. La crisis ha
servido de excusa para justificar la falta de mantenimiento de las
estructuras sanitarias, la insuficiencia de materiales y las prolongadas
listas de espera. En definitiva, la disminución de la calidad del sistema
sanitario público fue legitimada a través del relato de la crisis
económica.
La sanidad privada mueve más de 30.000 millones de euros al año en España
y actualmente su crecimiento se refuerza a través de los hospitales
privados. Los distintos grupos (Quirón Salud, Vithas, Ribera Salud, HM
Hospitales, Hospitales HLA, Grupo Canario Hospiten, Sanitas, Grupo HCM-H.
Católicos
de Madrid, Grupo Pascual, Clínica Universitaria de Navarra y Fundación
Altahia), de la mano de los lobbies sanitarios, han incrementado
exponencialmente sus ingresos en detrimento de los servicios públicos.
Entre diciembre de 2016 y enero de 2017, el operador privado más potente
de España, Quironsalud, fue comprado por el gigante alemán FRESENIUS.
Esta compra, realizada con un pago de 5.760 millones de euros, puso a
FRESENIUS a la cabeza de Europa como el mayor grupo sanitario, con más de
100.000 empleados y 155 centros sanitarios. Hace 10 años esta
multinacional alemana cambió su estatus legal y actualmente actúa bajo
jurisdicción europea. En España FRESENIUS cuenta con tres filiares:
Fresenius Medical Care (NEPROCARE), Fresenius Kabi y Fresenius Helios.
Siendo su primer accionista una fundación sin ánimo de lucro llamada Else
Króner Fresenius, sus ventas en 2016 ascendieron a 27.000 millones de
euros. Actualmente solo en España cuentan con 43 hospitales, 39 centros
de días y 300 centros de prevención de riesgos laborales. Esta
multinacional, que cotiza en el DAX 35, ha entrado en España sin ninguna
consideración extraordinaria de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC).
Según datos de la Fundación para el Desarrollo e Integración para la
Sanidad (IDIS), la sanidad privada cuenta con el 57 % del total de los
hospitales y con el 33 % de las camas existentes en España. El 43 % de
los hospitales privados (193), tienen concierto con la sanidad pública.
Estos conciertos con las aseguradoras aportan a los hospitales privados
el 55 % de sus ingresos, mientras otro 25 % proviene de la sanidad
pública. Se estima que el valor del mercado hospitalario privado ronda
los 10.000 millones: 6.000 millones de centros no benéficos y 4.000
millones de centros benéficos.
Por otro lado, cabe destacar que España presenta un gasto sanitario
privado muy elevado sobre el gasto sanitario total, alcanzando un 29 %
del mismo, lo que nos sitúa por encima de la media de la OCDE, que es de
un 27 %, y por encima de países de nuestro entorno como, Francia (21,1 %)
o Alemania (15,5 %).
Gracias a los recortes en la sanidad y a la apertura de las
privatizaciones, durante los últimos años las aseguradoras han captado
medio millón más de clientes. Estas personas, la mayoría por deficiencias
de la sanidad pública, han contratado un seguro privado en 2017. Según
IDIS la sanidad privada contribuye a descargar de forma importante el
sistema sanitario público en un rango de entre 4.369 y 9.860 millones.
Según este planteamiento, España se mueve hacia un modelo en el que una
parte de la población pueda financiar un doble aseguramiento, mientras
que la otra parte camina hacia una atención de beneficencia.
Un ejemplo de privatización ineficiente es la sanidad madrileña en sus
tres modelos:
El modelo PFI: H. de Majadahonda, Vallecas, Parla, Aranjuez, Coslada,
Arganda y San Sebastián de los Reyes ha supuesto un incremento del coste
sanitario entre 7 y 8 veces sobre la alternativa de construcción y
gestión públicas.
El modelo de concesiones administrativas: Hospital de Valdemoro, Torrejón,
Móstoles-Rey Juan Carlos y Collado Villalba, ha supuesto un sobrecoste
del gasto sanitario del 14,95 % anual.
El modelo de concesión de la asistencia de un área sanitaria a un hospital
privado, en este caso la Fundación Jiménez Díaz ha supuesto un incremento
presupuestario del 25,04 % anual. Este modelo es particularmente
llamativo, dado que la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha
instado al Gobierno a renegociar el convenio con la Fundación Jiménez
Díaz, ya que a la Comunidad le cuesta 6 veces más el mismo tratamiento en
la Fundación que en un hospital de gestión pública. La Cámara de Cuentas
de Madrid llegó a esta conclusión tras analizar el gasto sanitario entre
2011 y 2015.
Al mismo tiempo, se ha registrado una venta paulatina a multinacionales y
fondos de capital - riesgo de los hospitales madrileños modelo PFI: El 49
% de los hospitales de Coslada y Parla fueron vendidos por Sacyr a LBPI
B.V., fondo de infraestructura de Lloyd Bank; el hospital de Majadahonda
fue vendido por ACS al fondo holandés DIF especializado en
infraestructuras; el hospital de Arganda también ha sido vendido a LIBP
B.V. Esto ha provocado una situación en la que se han generado verdaderos
oligopolios con una gran capacidad para imponer sus condiciones a la
administración sanitaria. Lo mismo ha ocurrido con otros modelos: La
Fundación Jiménez Díaz que en el año 2003 empezó a ser gestionada por la
empresa privada IDC Salud, actualmente está en manos de Quirón, de la
multinacional alemana Fresenius.
Todo esto nos muestra que ha habido un proceso de deterioro intencionado
de la sanidad pública, encaminándola hacia un modelo hospitalario con
pocos recursos y hacia una empobrecida Atención Primaria. Esto se ha
planteado para potenciar servicios hospitalarios privados de alta
rentabilidad, lo que nos ha llevado a un aumento de las listas de espera,
entre muchas otras cosas. Como solución, desde varias administraciones se
ha propuesto un modelo de conciertos con la sanidad privada, como las
concesiones administrativas, donde la administración pública paga un canon
anual que se incrementa anualmente, independientemente del presupuesto
público.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar, en el plazo
máximo de tres meses, la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación
de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, y el conjunto
de mecanismos normativos que abren la puerta a las privatizaciones del
sistema sanitario con el objeto de revertirlas significativamente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2021.-Txema Guijarro
García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En
Comú Podem-Galicia en Común.
161/002485
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al
impulso en el sistema sanitario español de la transformación digital y la
Estrategia Europea Farmacéutica, para su debate en la Comisión de Sanidad
y Consumo.
Exposición de motivos
La crisis de la COVID-19 ha supuesto una 'prueba de estrés' para nuestro
Sistema Sanitario que ha evidenciado determinadas debilidades, destacando
entre ellas la falta de un modelo de información sanitaria global,
interoperable, fiable, ágil y de calidad contrastada.
En el marco de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del
Congreso de los Diputados (Julio 2020), los representantes y expertos del
sector así lo pusieron de relieve y, por ello, para hacer frente a este
tipo de carencias, se alcanzaron importantes conclusiones y aprobaron
recomendaciones que inequívocamente apuestan por la prioridad que tiene
la transformación digital del sistema sanitario.
Es un hecho que la tecnología y el big data están provocando un cambio en
la forma de prestar los servicios de salud, un cambio que debe estar
dotado de fiabilidad, claridad y seguridad y para el que se necesitan
recursos, planificación, gobernanza, liderazgo, coordinación y
colaboración solidaria entre todos los agentes del sector.
Asimismo, el acompañamiento, el apoyo y la colaboración entre los Estados
Miembros de la Unión Europea permitirán generar sinergias y aprendizajes,
sin duda necesarios para implementar con celeridad nuevos avances.
Programas globales, europeos e internacionales, como ICPerMed, ERAPerMed,
Eulac PerMed, EU4Health, 1+ Million Genome o Easi-Genomics así lo vienen
demostrando, como también algunos exitosos proyectos en diversos países
de nuestro entorno.
Mención especial debe hacerse al 'Posicionamiento conjunto sobre el
desarrollo de la Estrategia Farmacéutica', suscrito en septiembre de 2020
por 13 países de la Unión, entre ellos España, con el fin de reclamar la
implementación de marcos políticos comunes en los Estados Miembros para
garantizar el buen funcionamiento de la industria farmacéutica europea y
asegurar un acceso sostenible a los medicamentos por parte de los
pacientes.
La mera convocatoria de líneas de subvención dirigidas al cumplimiento de
tales objetivos no sería suficiente a la hora de configurar una
infraestructura tecnológica y científica solvente y de lograr la
recuperación efectiva de los sistemas sanitarios, tan seriamente
afectados como consecuencia de la actual pandemia (COVID-19).
Para propiciar el advenimiento de un nuevo paradigma sanitario, la
transformación digital es pieza clave. No obstante, dicha transformación
requiere de un marco regulatorio que, centrado en las personas, permita
desarrollar todas las potencialidades de la salud digital y, con ella, un
modelo sanitario cada vez más coste-efectivo, más sostenible y equitativo
y una asistencia sanitaria, en general, y farmacéutica, en particular,
más accesible para los ciudadanos.
En línea con el Posicionamiento antes mencionado, la industria
farmacéutica debería contar con apoyo adecuado para acometer los cambios
sin duda necesarios ante la doble 'transición' hacia 'la neutralidad
climática y el liderazgo digital'.
El objetivo central es, en definitiva, evolucionar desde un sistema
sanitario enfocado básicamente en la enfermedad a un nuevo esquema
asistencial centrado en el conocimiento profundo del paciente y en la
gestión de los datos.
El nuevo paradigma sanitario abre, además, otras perspectivas y
oportunidades. Oportunidades para que las empresas de perfil avancen por
el camino de la innovación, creando ecosistemas industriales
farmacéuticos de éxito y sostenibles, también desde el punto de vista
financiero, para invertir en nuevos desarrollos en Medicina Personalizada
y en plataformas de datos de utilidad clínica, en beneficio directo de
los pacientes.
Un Pacto político e institucional de calado por la innovación, la
investigación y el cambio digital sanitario es ya ineludible, sobre todo
desde la perspectiva regulatoria, pero también desde la óptica económica,
la tecnológica, medioambiental u organizacional. Y todo ello en sintonía
con los pasos ya emprendidos por los sistemas sanitarios de no pocos
Estados Miembros, que han optado por asumir un firme compromiso con la
transformación digital y la Medicina Personalizada de Precisión.
Los avances tecnológicos y científicos, especialmente en los terrenos de
las terapias personalizadas y génicas, la e-salud o la tecnología
sanitaria 'tensionan' el actual marco regulatorio, que se muestra rígido
y generador de desigualdades y de barreras para la imprescindible
innovación que requiere el Sistema Nacional de Salud.
En suma, la transformación digital afecta al descubrimiento, desarrollo,
fabricación, generación de evidencia, suministro y uso de medicamentos.
La inteligencia artificial tiene aplicación directa en prevención,
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de terapias.
Las aplicaciones digitales permiten al paciente una mejor gestión de sus
enfermedades crónicas (como la diabetes o las enfermedades
cardiovasculares).
Para que estas ideas-fuerza prosperen es preciso romper el 'gap' entre
determinados posicionamientos políticos, las decisiones sobre
financiación pública y la práctica clínica.
También lo es remarcar la seguridad, rapidez, coste-efectividad de las
técnicas diagnósticas innovadoras y de la Medicina Personalizada de
Precisión, así como su carácter imprescindible para clínicos y pacientes.
Como la hoja de ruta de la Estrategia Farmacéutica (finalmente aprobada el
25 de noviembre de 2020) señalara, su objetivo último no podía ser otro
que 'crear un sistema con perspectivas de futuro que aproveche las
ventajas de la digitalización y fomente la innovación, especialmente en
ámbitos en los que existan necesidades no satisfechas, tales como los
antimicrobianos, los medicamentos para niños y los medicamentos para
enfermedades raras'.
La Estrategia está en plena consonancia con el nuevo Modelo de la
Industria para Europa, así como con las prioridades expuestas en el
Programa de Salud de la UE, el Pacto Verde Europeo, el Plan Europeo de
Lucha contra el cáncer o la Estrategia Digital.
Y en función de estos ejes debería avanzar nuestro sistema sanitario, al
que aguardan grandes posibilidades de mejora y crecimiento. También
permite avanzar en la implementación de varios de la Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, como puedan ser el n.º 3
('Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas
las edades'), el n.º 5 ('Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar
a todas las mujeres y las niñas'), el n.º 8 ('Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible'), el n.º 9 ('Construir
infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación'), y el n.º 17 ('Revitalizar la
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible').
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar cuantas acciones sean precisas para lograr una profunda
transformación digital de nuestro sistema sanitario, dotándole así de
mayor eficacia, eficiencia, sostenibilidad y equidad.
2. En línea con esa transformación y en función de la Estrategia
Farmacéutica Europea, acordada en noviembre de 2020, abordar un Pacto
Político e Institucional que permita llevar a cabo aquellas reformas
legales que resulten oportunas, en particular, las orientadas a:
- Fomentar la innovación para cubrir las necesidades sanitarias y
asistenciales no satisfechas, de manera que se optimice el uso de los
avances en la Ciencia y Tecnología digital y emergente, reduciendo al
mismo tiempo la huella ambiental.
- Poner en marcha una robusta infraestructura de datos a la que puedan
acceder reguladores e industria farmacéutica mediante bases comparables e
interoperables con utilidad para investigar, generar evidencia y promover
fuentes de regulación que lleven hasta una nuevo 'Espacio Europeo de
Datos'.
- Asegurar la integración de los grandes volúmenes de datos que se recojan
gracias al diagnóstico molecular en plataformas e infraestructuras de
secuenciación masiva compartidas, estandarizadas e interoperables,
garantizando con ello el trabajo 'en red' de hospitales y centros
diagnósticos de referencia, y facilitando, al mismo tiempo, el
funcionamiento de las redes o alianzas investigadoras.
- Realizar nuevos estudios adaptativos y fomentar el uso de técnicas
in-silico y aproximaciones virtuales a través de la computación compleja
y la inteligencia artificial.
- Implementar nuevos métodos de generación de evidencia.
- Habilitar el uso del big data y RWE para apoyar el desarrollo y
autorización de nuevas terapias.
- Contar con la participación efectiva de todos los sectores y agentes
afectados para definir e impulsar cuantas actuaciones sean conducentes a
la transformación digital del Sistema Nacional de Salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2021.-Elvira Velasco
Morillo, José Ignacio Echániz Salgado, Ana María Pastor Julián y Juan
Antonio Callejas Cano, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002487
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
creación y puesta en marcha de una estrategia de atención integral post
COVID-19 en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión
de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 está teniendo un impacto negativo sin precedentes
en la salud y en la longevidad de los españoles.
De acuerdo con las cifras ofrecidas por el Ministerio de Sanidad mientras
se elaboraba la presente iniciativa, el número de personas contagiadas
supera ya los 3,38 millones y el de fallecidos, los 76.000 (que aumentan
por encima de los 100.000 atendiendo al exceso de mortalidad interanual
del Instituto Nacional de Estadística).
En el mismo sentido, de acuerdo con las cifras ofrecidas por 'Eurostat' el
pasado 7 de abril, la esperanza de vida al nacer en nuestro país, que era
la más elevada de la Unión Europea y la segunda de todo el mundo
-únicamente por detrás de Japón-hasta la irrupción del virus SARS-CoV-2,
se vio reducida en 2020 en 1,6 años, pasando de 84 años a poco más de 82.
Además, los síntomas propios de la enfermedad, tanto lo más comunes -caso
de la fiebre, la tos seca, el cansancio, la diarrea, el dolor de cabeza,
la pérdida del olfato y del gusto...-, como los graves -dificultad para
respirar, presión en el pecho, imposibilidad de movimiento...- conllevan
un deterioro destacable del bienestar y la calidad de vida.
Se trata de un deterioro que suele revertirse cuando la propia enfermedad
es superada con el transcurso de los días, pero hay ocasiones en las que
no es así y se mantiene durante meses, un fenómeno denominado como 'COVID
persistente'.
Por otra parte, la pandemia está provocando secuelas en la salud mental
tanto de las personas que la han sufrido directamente, como de los
familiares y los allegados de los propios pacientes. Tal y como se
planteaba desde el Colegio General de la Psicología de España en
diciembre del pasado año, la depresión grave, el estrés, la ansiedad o
una peor calidad del sueño representan algunos de los efectos más
frecuentes.
En este contexto, y mientras la vacunación termina de llegar en nuestro
país a la cantidad de población necesaria para considerar alcanzada la
'inmunidad de rebaño' en todo el país, algunas administraciones están
impulsando medidas con cuidados integrales para hacer posible la
recuperación de complicaciones respiratorias, motoras y psicológicas
derivadas de la pandemia.
Es el caso de la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso,
dio a conocer el pasado 5 de abril su estrategia de atención específica
para que los pacientes que han superado las fases críticas de la COVID-19
puedan recuperar su situación física y psíquica anterior a la enfermedad.
Se trata de una iniciativa que implica a los centros de atención primaria
y a las unidades clínicas de los hospitales, que cuenta también con la
Unidad de Rehabilitación Integral del Hospital de Emergencias Enfermera
Isabel Zendal, y que contempla un 'Plan de Respuesta Asistencial
Prioritaria en Salud Mental'en el que se da prioridad a tres colectivos
de vulnerabilidad especial: los profesionales sanitarios, los pacientes
con COVID-19 grave que han requerido de hospitalización y los familiares
en duelo.
Por todo ello, y teniendo en cuenta el precedente que representan
estrategias del Sistema Nacional de Salud como las relativas a la
cronicidad -del año 2012-, a las enfermedades reumáticas y
musculoesqueléticas -de 2013-, a la promoción de la salud y prevención de
la enfermedad -también de 2013- y, entre otros ejemplos destacados, a las
enfermedades neurodegenerativas -de 2016-.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear y a implementar en
el plazo de seis meses una estrategia de atención integral y
multidisciplinar a los afectados por la pandemia de COVID-19 en el
Sistema Nacional de Salud.
La estrategia -que se sustentará en la evidencia científica y tendrá en
cuenta buenas prácticas y experiencias de éxito nacionales e
internacionales-, contará con una dotación presupuestaria propia y
específica para su implementación, y será diseñada y puesta en práctica
desde el pleno consenso con las Comunidades Autónomas, la implicación
activa del Instituto de Salud Carlos III, la coordinación con los
servicios sociales y el trabajo continuado con los representantes de los
pacientes y de los profesionales sanitarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2021.-Elvira Velasco
Morillo, José Ignacio Echániz Salgado, Ana María Pastor Julián y Juan
Antonio Callejas Cano, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002489
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley para establecer un Foro de Alto Nivel
de Diálogo Farmacéutico, para su debate en la Comisión de Sanidad y
Consumo.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 ha demostrado el papel fundamental que juega la
industria farmacéutica en el avance del conocimiento y del desarrollo de
alternativas innovadoras para el tratamiento efectivo de patologías.
Gracias al esfuerzo realizado por la industria farmacéutica, en
colaboración con las instituciones públicas, se ha conseguido desarrollar
vacunas contra el COVID-19 en un tiempo récord y sin sacrificar ningún
tipo de garantía de seguridad para los pacientes.
Sin embargo, la industria farmacéutica española se enfrenta a importantes
retos que también han sido evidentes en este contexto de pandemia. Por
ejemplo, el sector tiene que lidiar con una gran dependencia del exterior
para la importación de principios activos, lo que se probó fatal en lo
más duro de las restricciones a las exportaciones de productos sanitarios
y principios activos que impusieron varios países con motivo de la
pandemia.
Asimismo, la capacidad de fabricación en Europa está muy por debajo de la
capacidad ideal, debido a la mayor relevancia que han adquirido países
como India en las cadenas de valor de la fabricación de medicamentos y
productos sanitarios. Los costes laborales y los estándares sociales y de
salud y seguridad en el trabajo permiten una fabricación a un precio más
ajustado, pero ha dejado a la Unión Europea sin capacidad para competir
con estos mercados, tampoco en situaciones de crisis.
Esta situación motivó a la Comisión Europea a presentar el pasado 25 de
noviembre una Estrategia Farmacéutica para Europa con cuatro líneas de
acción prioritarias: (1) apoyar la innovación en nuevos tratamientos y
ensayos clínicos para abordar las necesidades no atendidas; (2) cooperar
de forma más efectiva en mecanismos de fijación de precios y en fomento
de la competencia para mejorar el acceso a medicamentos asequibles; (3)
la inversión en nuevas tecnologías y en innovación para facilitar la
digitalización del sector; y (4) el fortalecimiento de las cadenas de
valor y la creación de una Autoridad Europea de Respuesta a Emergencias
Sanitarias para mejorar nuestra preparación y adaptación a posibles
futuras crisis de salud global.
Esta Estrategia se traducirá posteriormente en iniciativas legales que o
bien serán de aplicación directa para todos los Estados miembros o bien
deberán ser trasladadas a la legislación nacional por las autoridades
competentes en cada Estado miembro. Para ello, sin embargo, es necesario
mantener un diálogo fluido con el sector farmacéutico, puesto que nadie
mejor que las propias empresas conocen las limitaciones, las barreras y
los obstáculos a los que se enfrentan para poder llevar a cabo
innovaciones disruptivas que, finalmente, mejoran el bienestar de los
ciudadanos.
La Comisión Europea, por ejemplo, ha comenzado ya a establecer esos
espacios de intercambio de perspectivas con el sector a través de
Diálogos Estructurados, con un primero de ellos sobre seguridad de
suministro de medicamentos. Para ello, la Comisión Europea ha reunido a
los principales actores de la cadena de valor de las farmacéuticas,
instituciones, académicos, profesionales sanitarios y organizaciones de
patentes.
Este Diálogo Estructurado tuvo su primera reunión este mes de marzo, y
continuará a través de un proceso de dos fases en las que se analizarán
los problemas para el suministro de medicamentos en la Unión Europea y,
posteriormente y en base a esas evidencias, se propondrán medidas para
atajarlos. En definitiva, la Comisión Europea está marcando con este
ejemplo el camino a seguir para todos los Estados miembros, que deberán
tener en cuenta al sector farmacéutico a la hora de aplicar y trasponer
la legislación aplicable y derivada de la Estrategia Farmacéutica.
Teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer un Foro de Alto Nivel de Diálogo Farmacéutico a escala
nacional, con representantes de sociedades científicas, asociaciones de
pacientes, autoridades sanitarias y la industria farmacéutica española,
para asegurar la efectividad de la implementación de la legislación que
afecte al sector.
2. Liderar, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, la
creación de un foro similar a escala europea, que incluya también a todos
los actores implicados, para debatir de forma constructiva sobre las
medidas contempladas en la Estrategia Farmacéutica para Europa para
facilitar su aplicación en beneficio de la salud de los ciudadanos
europeos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2021.-Guillermo Díaz
Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
161/002509
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el
Sistema Vigía de control del COVID-19, para su debate en la Comisión de
Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Frenar la pandemia del COVID-19 exige un esfuerzo multidisciplinar que ha
demostrado la importancia de la investigación y la innovación; de la
flexibilidad y rapidez de respuesta ante nuevos desafíos, y de la
capacidad de cooperación entre distintos organismos públicos y privados.
Un ejemplo paradigmático de esta colaboración múltiple en la lucha contra
el virus lo ofrecen las investigaciones de la presencia del SARS-CoV-2 en
las aguas residuales como indicador adelantado de la evolución de la
pandemia.
Es bien conocido que el análisis de las aguas residuales puede abrir una
nueva vía de estudio para la salud pública pues, de manera habitual,
contienen restos biológicos de todo tipo de virus, como rotavirus,
adenovirus, hepatitis o enterovirus.
La presencia del virus que ha desarrollado la enfermedad COVID-19 en aguas
residuales fue expuesta a la comunidad científica, en la primavera de
2020, por científicos holandeses del Instituto de Investigación del Agua
KWR. El dato más relevante es que las personas infectadas comienzan a
excretar el virus solo horas después de resultar infectados y varios días
(o hasta semanas) antes de mostrar los primeros síntomas de la
enfermedad. Además, esos restos biológicos del virus en aguas residuales
no resultan contagiosos. Por todo ello, un estudio detallado de la
presencia del SARS-CoV-2 en las aguas residuales está llamado a
convertirse en un eficacísimo indicador adelantado de la evolución de la
pandemia.
Con esos elementos, la Comunidad de Madrid presentó en marzo de 2021 su
proyecto Vigía para detectar COVID-19 en aguas residuales ante la
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en el transcurso de una
reunión sobre la implementación de los objetivos y las metas relacionados
con el agua, dentro del marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Es un proyecto que la Comunidad de Madrid puso en marcha en
2020, inicialmente como prueba en los grandes hospitales, después como
estudio piloto en uno de los municipios de la región (Torrejón de Ardoz),
posteriormente como un proyecto de sondeo, y finalmente lo extendió a un
análisis semanal que rastrea a toda la población madrileña.
En la presentación de su proyecto ante la ONU, la Comunidad de Madrid
expuso cómo la pandemia ha evidenciado la importancia del agua, conectada
a otros ODS, en la mejora del cuidado de la salud y el bienestar de las
personas. Con ese propósito, el sistema Vigía analiza la presencia del
COVID en aguas residuales, a través de PCR, y realiza un rastreo semanal
del 100 % de la población de la Comunidad de Madrid. El Vigía es una
herramienta que anticipa la evolución de la pandemia, funciona como un
excepcional sistema de alerta temprana y sirve para la toma de decisiones
sanitarias, reduciendo el impacto en la vida y la economía.
También en marzo, la Comisión Europea aprobó una Recomendación sobre el
seguimiento de la COVID-19 y sus variantes en las aguas residuales en los
países de la Unión Europea: 'Commision Recommendation on a common
approach to establish a systematic surveillance or SARS-CoV-2 and its
variants in wastewaters in the UE'.
En esa Recomendación, la Comisión insta a los países miembros a hacer un
mayor uso de esta nueva fuente de información independiente sobre la
propagación del virus y sus variantes, porque ello contribuirá de forma
significativa y rentable a la toma de decisiones relacionadas con la
salud pública.
Por este motivo, la Recomendación de la Comisión Europea pide a los
Estados miembros que implanten sistemas nacionales de vigilancia de aguas
residuales 'a la mayor rapidez posible y, en todo caso, antes del 1 de
octubre de 2021'.
La Comisión reclama a los Estados miembros que garanticen que el análisis
de COVID-19 en aguas residuales cubra a una 'parte significativa' de la
población total del país y que, en todo caso, se implante un sistema de
rastreo en todas las ciudades de más de 150.000 habitantes. También pide
que los datos así recabados se hagan llegar sin demora a las autoridades
sanitarias para que puedan ser utilizados en la gestión del futuro más
inmediato de la evolución de los contagios. Les insta, además, a utilizar
métodos
comunes para el muestreo, medida y análisis de los datos, para asegurar
así que los datos recogidos son fiables y comparables.
Sería muy conveniente, para cumplir con la Recomendación de la Comisión
Europea, así como para la mejor implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que el sistema Vigía, que ha
puesto en marcha la Comunidad de Madrid para todo su territorio, a través
del Canal de Isabel II, extienda su voluntad de implementación a toda
España, con la dotación presupuestaria que sea necesaria y en
colaboración con los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y los
alcaldes de los grandes municipios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Impulsar un proyecto de ámbito nacional para el rastreo del virus
SARS-CoV-2 en las aguas residuales de todos los pueblos y ciudades de
España, siguiendo el ejemplo de la Comunidad de Madrid y en cumplimiento
del desarrollo de ODS-6 sobre el agua y de la Recomendación de la
Comisión Europea del 17 de marzo: 'Commision Recommendation on a common
approach to establish a systematic surveillance or SARS-CoV-2 and its
variants in wastewaters in the U E'.
- Promover un acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Ciencia e
Innovación, el Ministerio de Universidades, el Ministerio de Sanidad, el
Ministerio para la Transición Ecológica, y la Secretaría de Estado para
la Agenda 2030 -desde el Gobierno de la Nación- con sus contrapartes en
los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y de la Federación Española de
Municipios y Provincias, para poner en marcha, antes del 1 de octubre
mandatado por la Comisión Europea, un proyecto nacional que facilite
métodos comunes en toda España para el muestreo, medida y análisis de los
datos recabados en el rastreo del virus SARS-CoV-2 en las aguas
residuales, con el objetivo de asegurar que los resultados son
comparables en toda España siguiendo los parámetros europeos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2021.-Pilar Marcos
Domínguez, José Ignacio Echániz Salgado, Ana María Pastor Julián, Rosa
María Romero Sánchez, Elvira Velasco Morillo, Carmen Riolobos Regadera,
Juan Antonio Callejas Cano, Elena Castillo López y María Teresa Angulo
Romero, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002496
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª. Macarena Olona Choclán, D.ª. Mireia Borrás Pabón, D. Julio Utrilla
Cano, D. Víctor González Coello de Portugal y D. Juan Luis Steegmann
Olmedillas, en sus respectivas condiciones de Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
Proposición no de Ley relativa a promover las modificaciones legales
oportunas para incluir al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO) en la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud, para su
debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
Primero. El cáncer en España constituye una de las principales causas de
morbi-mortalidad del mundo, con aproximadamente 18,1 millones de casos
nuevos, según los últimos datos disponibles a nivel global 133.
133 https://seom.org/seomcms/images/stories/recursos/Cifras_del_
cancer_2020.pdf
Los cánceres más frecuentemente diagnosticados en España son los de colon
y recto (44.231 nuevos casos), seguidos de próstata (35.126), mama
(32.953), pulmón (29.638) y vejiga urinaria (22.350). A continuación, se
encuentran los siguientes: los linfomas no hodgkinianos (9.188), y los
cánceres de cavidad oral y faringe (8.604), páncreas (8.338), estómago
(7.577), riñón (7.300) y cuerpo uterino (6.804) 134.
El impacto de la crisis sanitaria de la COVID-19, concretamente durante la
primera ola de la pandemia, ha generado que en cuanto a la detección en
los nuevos diagnósticos (biopsias con diagnóstico de cáncer/primeras
consultas), 1 de cada 5 pacientes con cáncer no hayan podido ser
diagnosticados o se hayan diagnosticado tarde. A día de hoy, se estima
que hay hasta 50.000 personas que tienen cáncer actualmente y no lo saben
135. Asimismo, el reclutamiento de pacientes con cáncer en ensayos
clínicos disminuyó un 30 % y, por consiguiente, el acceso a la innovación
y a los potenciales beneficios de nuevos fármacos.
Los datos referenciados anteriormente se desprenden del estudio liderado
por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que cuenta con el
aval de destacadas sociedades científicas de España de las especialidades
implicadas en la atención del cáncer, entre las que se encuentran,
Anatomía patológica, Enfermería Oncológica, Hematología y Hemoterapia,
Oncología Médica y Oncología Radioterápica 136.
Segundo. La penúltima actualización de la Estrategia en Cáncer aprobada
por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) se
realizó en octubre de 2009. Tras diez arios sin actualizarse, el pasado
23 de febrero el Consejo Interterritorial del SNS aprobó la última
actualización de la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud
(en adelante, 'Estrategia en Cáncer') 137.
Esta actualización ha contado con la participación de comunidades y
sociedades científicas, así como asociaciones de pacientes y el Instituto
de Salud Carlos III (ISCIII). La AECC, como miembro de la Estrategia en
Cáncer del SNS, ha mostrado su satisfacción con la aprobación.
Sin embargo, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (en
adelante, CNIO) no ha participado directamente en la elaboración de esta
Estrategia, en la que sí han participado otros entes e instituciones
públicas y privadas 138.
Es importante destacar que los objetivos y acciones de la Estrategia en
Cáncer del SNS están alineados con los del Plan Europeo aprobado el 3 de
febrero. Dicho documento recoge 40 objetivos, 52 acciones para
alcanzarlos y 99 indicadores de evaluación de la consecución de estos
objetivos y acciones. En cuanto a los aspectos claves que contempla, cabe
mencionar los siguientes:
i. La prevención mediante un estilo de vida saludable.
ii. El diagnóstico y detección precoz del cáncer.
iii. La progresiva extensión del modelo de atención multidisciplinario
mediante la creación de canales de diagnóstico rápido entre atención
primaria y hospitalaria ante sospecha de patología oncológica.
iv. Avances en la medicina de precisión y los retos de atención
psicológica y evaluación de las necesidades de los pacientes que han
sobrevivido al cáncer.
En definitiva, esta estrategia tiene como objetivo mejorar la calidad de
la atención que reciben las personas enfermas de cáncer y sus familias.
Por último, en el ámbito europeo, la Estrategia desarrolla el Código
Europeo contra el Cáncer, que define 12 recomendaciones dirigidas a la
ciudadanía para prevenir el cáncer. Entre ellas, las ya conocidas como la
dieta, el ejercicio, el tabaquismo y alguna nueva como la exposición al
radón. Además, se incorporan nuevos aspectos en la prevención del cáncer
asociado al ámbito laboral y a la exposición al radón.
134 https:/ /seom.org/ seomcms/images/ stories/ recursos/Cifras
del_cancer_2020.pdf
135 https:/ / www.saludymedicina.org/
post/50-000-personas-sin-diagnostico-de-cancer-en¬espana-por-el-paron-asistencial-que-ha-originado-la-pandemia-covid-19
136 http:/ / observatorio.aecc.es/ sites/ default/ files/ informes/
Impacto-COVID19_Personas_Cancer_O.pdf
137
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/Estrategia_en_cancer_del_Sistema_Nacional_de_Salud_Actualizacion_2021.pdf
138 Pág. 7 de la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud, Vid:
https://www.mscbs.e-,ob.es/organizacionisns/olanCalidadSNS/pdf/Estrategia
en cancer del Sistema Nacional de Salud Actualizacion 2021.pdf
Tercero. La Fundación del Sector Público Estatal Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas Carlos III (F.S.P. CNIO) es una fundación de
ámbito y competencia estatal, que fue creada en el año 1998 por el
Instituto de Salud Carlos III. Es una entidad sin ánimo de lucro,
persigue fines de interés general y su objeto social y demás
circunstancias son los que constan en su escritura de constitución y en
sus Estatutos. Actualmente, está adscrita al Ministerio de Ciencia e
Innovación.
El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) cuenta con más de
400 personas con un alto grado de especialización que trabajan para
lograr que el cáncer deje de ser una de las principales causas de muerte
en nuestra sociedad.
Se trata de uno de los mejores centros de investigación en cáncer a escala
mundial, según los rankings que evalúan la productividad científica de
las instituciones de investigación. Además, cuenta con una posición de
privilegio entre los centros de investigación en biomedicina y también en
número y calidad de publicaciones científicas, así como en desarrollos
innovadores que pueden dar lugar a nuevos fármacos y terapias.
En este sentido, cabe mencionar como ejemplo el último ranking generado
por SClmago Institutions Ranking World Report 139, en el cual se
comparaba la productividad científica de más de 5.000 instituciones a
nivel mundial con datos generados en el periodo 2010-2014, y donde el
CNIO aparece como la única institución de España entre los diez mejores
centros de investigación en cáncer a escala global, y entre los cinco
primeros a nivel europeo.
Además, disponen de la mejor tecnología en investigación en cáncer, lo que
atrae el talento mundial con más del 20 % de los jóvenes contratados
postdoctorales procedentes de universidades no españolas.
Entre las investigaciones y estrategias llevadas a cabo por el CNIO en los
últimos años, cabe mencionar las siguientes:
(i) Por un lado, los proyectos Shelterins y Metalert-Stop, destinados a
bloquear la división infinita de los tumores y su diseminación a otros
órganos. Dichos proyectos se encuentran financiados con las ayudas de ERC
Advanced Grant por importe de 2,5 millones de euros cada uno de ellos.
Estas ayudas se conceden a grandes proyectos que tengan la capacidad de
contribuir a la resolución de retos científicos y son llevados a cabo por
investigadores europeos líderes en sus respectivos campos con una gran
trayectoria e importantes hallazgos durante los últimos 10 años.
(ii) Por otro lado, CNIO ha logrado una estrategia eficaz para inducir
regresión en tumores de pulmón causados por el oncogén KRAS en ratones.
Mediante esta investigación han conseguido la remisión completa en un 25
% de los tumores de pulmón causados por el oncogén KRAS en ratones. Esta
combinación terapéutica frena el crecimiento tumoral en el 100 % de los
casos.
No cabe duda de que el CNIO es el centro de investigaciones oncológicas
más importante de nuestro país, con una gran presencia a nivel
internacional. Por ello, consideramos necesario propulsar el liderazgo
internacional de CNIO a través de la participación e incorporación del
mismo en la Estrategia en Cáncer aprobada recientemente por el Gobierno
de España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, en el seno del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, las
modificaciones oportunas a la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional
de Salud, con el fin de incluir en la misma al Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2021.-Julio Utrilla
Cano, Mireia Borrás Pabón, Víctor González Coello de Portugal y Juan Luis
Steegmann Olmedillas, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX.
139 https://www.cnio.es/ wp-content/uploads/ 2018/ 06/
plan-estrategico-2018_2020.pdf
Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la
corrupción y las reformas institucionales y legales
161/002428
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión
para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la
corrupción y las reformas institucionales y legales, sobre medidas contra
la corrupción y el transfuguismo.
Exposición de motivos
La deslealtad política, que constituye el fenómeno del transfuguismo,
desfigura la expresión esencial de un régimen democrático constituido en
las urnas. El deber de lealtad política responde al propio principio
democrático de la representatividad de la voluntad popular. Los cambios
de rumbo desde una línea política a otra implican necesariamente un
cambio en el sentido de la representatividad, legitimada por medio del
voto. De este modo, el transfuguismo resulta ser una desviación de la
línea política por la que el cargo público fue elegido, lo que lo aleja
de la legitimidad por la que ha accedido al cargo ya que se pierde
conexión con las razones ideológicas primarias de la elección.
El transfuguismo es una práctica que más comúnmente se puede advertir en
las esferas de representación local. La escasa importancia mediática que
reciben estos casos contribuye a que este fenómeno siga ocurriendo con
cierta frecuencia. Por este motivo se han impulsado varias iniciativas
que comprometen la actuación de los representantes, quienes se deben a
sus grupos políticos pero sobre todo a sus votantes.
Entre ellas, el pacto anti-transfuguismo firmado en 1998, vino a sentar
las bases de un acuerdo ratificado por casi todo el abanico electoral,
estableciendo un código de conducta para las personas electas. En
septiembre de 2000 se renovó su compromiso de combatir este fenómeno en
las entidades locales. Más tarde, en 2006, tuvo lugar una segunda
actualización al texto donde se suscribió la II Adenda al texto del
pacto. Finalmente la comisión de seguimiento ha suscrito una III adenda
denominada 'Pacto por la Estabilidad Institucional y la lucha contra el
Transfuguismo Político' que amplía la base de apoyo que este tenía hasta
el momento. Según este pacto la definición de tránsfuga hace referencia a
quien traiciona a sus compañeros de lista y/o grupo manteniendo, sin
embargo, a que quienes traiciona es a sus propios votantes. Aunque los
grupos políticos tengan la capacidad de aclarar quiénes han traicionado
la disciplina parlamentaria, el cargo electo sigue manteniendo su escaño,
lo que puede desestabilizar de facto la gobernabilidad de la entidad.
Las exigencias legalmente impuestas al respecto se configuran a través del
texto Constitucional (art. 23.2 y 67.2 en el caso de las Cortes
Generales) y la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (por medio
de su art. 73.3, para el caso de las corporaciones locales). A este
respecto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) ha sentado doctrina
sobre la idea de que el transfuguismo implica una alteración o
falseamiento de la representación política, en cuanto supone una
actuación desleal hacia la voluntad que los ciudadanos manifestaron con
sus votos. Al mismo tiempo el TS ha trazado una clara línea legal que
impide que un tránsfuga asuma cargos o perciba retribuciones que antes no
ejercía o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o
económicas.
Sin embargo, como se ha observado durante las últimas semanas en Murcia,
este fenómeno continúa produciéndose deteriorando el conjunto del sistema
de representación.
Los casos que se han producido recientemente en la Región de Murcia vienen
a degradar y a aclarar que estos mecanismos no están cumpliendo con los
objetivos marcados. La laxitud de estos acuerdos y la jurisprudencia
vinculada exclusivamente a la disciplina de partido no han evitado que
diputados del grupo Ciudadanos hayan sido comprados por el Partido
Popular para unirse a sus filas a cambio del ofrecimiento de cargos de
responsabilidad política. El caso en la Región de Murcia ha evitado que
prospere una moción de censura contra un partido que lleva unos 40 años
al mando de ese gobierno regional, trastocando los equilibrios de fuerza
y el trabajo político en pos de los beneficios individuales de los
cargos. Los actos de transfuguismo podrían ser considerados como delito
de cohecho, al violar los
artículos 419, 420 y concordantes del código penal, basado en las
sentencias del TS de 27 de octubre de 2006 y 14 de marzo de 2012. Sin
embargo, es un asunto de la justicia decidir sobre este tipo de
actuaciones.
No obstante, resulta indispensable señalar que para que haya un tránsfuga
también debe haber un 'corruptor' que propicie la traición política. Los
corruptores en este campo no tienen un encuadre legal claro, sin embargo
forman parte del cuerpo esencial de personas que trastocan la normalidad
democrática.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar la independencia de los cargos públicos dentro de las
instituciones del Estado, también con respecto a la esfera privada.
2. Tomar las medidas necesarias para impedir que estas prácticas de
transfuguismo, que atacan los valores superiores de nuestro ordenamiento
democrático, continúen ocurriendo en todo el territorio del Estado.
3. Establecer las medidas pertinentes para depurar responsabilidades en
casos de transfuguismo que alteren o desfiguren la representatividad
legitimada a través del voto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2021.-Txema Guijarro
García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En
Comú Podem-Galicia en Común.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a
trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes
preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por
las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2021.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
181/001009
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Alberto Asarta Cuevas, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Texto:
Según informaciones publicadas, Marruecos y Estados Unidos participarán
entre el 7 y el 18 de junio en las maniobras 'African Lion', que se
desarrollarán este año por primera vez en el territorio del Sáhara
Occidental, concretamente en la localidad de Mahbes, en el extremo
noreste del territorio. Ante estas noticias, ¿qué valoración hace el
Gobierno del hecho de que estas maniobras se realicen en dicho
territorio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2021.-Alberto Asarta
Cuevas, Diputado.
181/001032
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Alberto Asarta Cuevas, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Texto:
Según informaciones publicadas, la Fundación España Salud (FES), creada
por la embajada de España en Caracas para ofrecer asistencia sanitaria a
los españoles que residen en Venezuela, 'perdió en 2019 más de 2,2
millones de dólares de las arcas públicas. El dinero fue depositado por
sus gestores en una entidad financiera, el Allbank Corp'. Atendiendo a
estas informaciones, ¿podría confirmar la Ministra si esta información es
cierta y, en caso afirmativo, explicar a qué se debió la pérdida de esos
2,2 millones de dólares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2021.-Alberto Asarta
Cuevas, Diputado.
Comisión de Defensa
181/001006
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Agustín Rosety Fernández de Castro, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Defensa.
Texto:
¿Ha sido utilizado un helicóptero AS332 Super Puma perteneciente al
Ejército del Aire por parte del Presidente del Gobierno el pasado 27 de
marzo para desplazarse al Palacio de las Marismillas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2021.-Agustín Rosety
Fernández de Castro, Diputado.
181/001010
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Agustín Rosety Fernández de Castro, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Defensa.
Texto:
Según informaciones publicadas, el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas de Malí ha informado de al menos once soldados muertos, catorce
heridos y otros once desaparecidos en una emboscada perpetrada por cien
terroristas armados en motos y camionetas el pasado lunes 15 de marzo en
la localidad de Tessit, cerca de la frontera de Malí con Burkina Faso y
Níger, al este del país. Ante estas informaciones, ¿podría indicar el
Gobierno si está garantizada la seguridad del contingente español de la
misión EUTM-Mali?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2021.-Agustín Rosety
Fernández de Castro, Diputado.
181/001011
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Agustín Rosety Fernández de Castro, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Defensa.
Texto:
Según informaciones publicadas, el pasado 12 de marzo, el Ministerio de
Defensa ruso comunicó que las fuerzas de la Flota del Mar Negro
comenzaron a monitorear al entrar en el mar Negro los desplazamientos de
la fragata Cristóbal Colón, que forma parte de la fuerza de respuesta
inmediata de la OTAN en el Mediterráneo que lidera España. Ante estas
informaciones, ¿podría confirmar el Gobierno esta noticia? En caso
afirmativo, ¿han sido adoptadas medidas adicionales en el marco de la
protección de los efectivos militares desplegados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2021.-Agustín Rosety
Fernández de Castro, Diputado.
181/001034
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Agustín Rosety Fernández de Castro, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Defensa.
Texto:
¿Podría confirmar si el cese del inspector general de la Sanidad Militar,
el general de división médico Antonio Ramón Conde Ortiz, se produjo tras
la negativa de este a destituir al director de Sanidad de la Armada, el
general de brigada Julio Francisco Pérez Mochales, tras una orden de la
Subsecretaria de Defensa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2021.-Agustín Rosety
Fernández de Castro, Diputado.
181/001035
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Agustín Rosety Fernández de Castro, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Defensa.
Texto:
¿Tiene conocimiento el Ministerio de Defensa de la vulneración de la zona
próxima de seguridad del Acuartelamiento 'El Picacho' por parte del
Ayuntamiento de Palos de la Frontera?
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Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2021.-Agustín Rosety
Fernández de Castro, Diputado.
Comisión de Interior
181/000999
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro del Interior.
Texto:
Entre el año 2017 y 2019, fueron expulsadas de España 564 personas con
nacionalidad argelina. De estos individuos, ¿cuántos tenían antecedentes
policiales y/o penales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2021.-Macarena Olona
Choclán, Diputada.
181/001000
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro del Interior.
Texto:
Entre el año 2017 y 2019, fueron expulsadas de España 5.178 personas con
nacionalidad marroquí. De estos individuos, ¿cuántos tenían antecedentes
policiales y/o penales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2021.-Macarena Olona
Choclán, Diputada.
181/001015
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro del Interior.
Texto:
¿Qué medidas se van a adoptar para acabar con la falta de motivación de
los ceses de los puestos de libre designación del Ministerio del
Interior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2021.-Macarena Olona
Choclán, Diputada.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/001026
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Cuándo, fechas y plazos, tiene previsto el Ministerio de Trasportes,
Movilidad y Agenda Urbana, ejecutar el proyecto ferroviario del AVE
Madrid-Extremadura en el tramo Madrid-Talavera-Oropesa en el Eje
Ferroviario Atlántico Paris-Madrid-Lisboa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2021.-Carmen
Riolobos Regadera, Diputada.
181/001027
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Cuándo, fechas y plazos, tiene previsto el Ministerio de Trasportes,
Movilidad y Agenda Urbana, desarrollar y elaborar el Proyecto de los
enlaces ferroviarios con la Plataforma Logística de Talavera de la Reina
en el Eje Ferroviario Atlántico París, Madrid, Lisboa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2021.-Carmen
Riolobos Regadera, Diputada.
181/001028
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Cuándo, fechas y plazos, tiene previsto el Ministerio de Trasportes,
Movilidad y Agenda Urbana elaborar el Proyecto constructivo, licitar e
iniciar las obras de la 'Acondicionamiento de la intersección en la N-502
en Velada y Gamonal (Toledo)'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2021.-Carmen
Riolobos Regadera, Diputada.
181/001029
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Cuándo, fechas y plazos, tiene previsto el Ministerio de Trasportes,
Movilidad y Agenda Urbana, elaborar el Proyecto constructivo, licitar e
iniciar las obras de la 'Acondicionamiento de la intersección en la N-502
en Parrillas y Navalcan (Toledo)'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2021.-Carmen
Riolobos Regadera, Diputada.
181/001030
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Ana María Zurita Expósito.
Texto:
¿Tiene el Gobierno previsión y provisión de suelo finalista para la
construcción de las 100.000 viviendas de alquiler asequible anunciadas
por el Sr. Ministro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2021.-Ana María
Zurita Expósito, Diputada.
181/001031
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Ana María Zurita Expósito.
Texto:
¿Las 20.000 viviendas de alquiler que ha anunciado el Gobierno que se
construirán con fondos europeos constituyen una nueva oferta, o se trata
de las ya anunciadas en 2018?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2021.-Ana María
Zurita Expósito, Diputada.
181/001036
Grupo Parlamentario Socialista
Diputada doña Ana Prieto Nieto.
Texto:
¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para la modernización
ferroviaria en la provincia de Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2021.-Ana Prieto
Nieto, Diputada.
Comisión de Educación y Formación Profesional
181/001014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Georgina Trías Gil, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de educación y Formación Profesional.
Texto:
¿En qué términos plantea promover el Gobierno la educación afectivo-
sexual con perspectiva de género en los centros educativos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2021.-Georgina Trías
Gil, Diputada.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/001001
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Agustín Almodóbar Barceló.
Texto:
¿Cómo valora el Gobierno que mientras cientos de miles de autónomos y
pymes españolas, -que llevan prácticamente un año sin poder registrar
actividad ni generar ingresos-, no estén recibiendo ayudas directas por
parte del Gobierno, y sin embargo se acuerda rescatar a una compañía que
representa menos del 1 % del tráfico aéreo español con una inyección
pública de 53 millones de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2021.-Agustín
Almodóbar Barceló, Diputado.
181/001002
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Agustín Almodóbar Barceló.
Texto:
¿Qué carácter estratégico para el modelo turístico español presenta la
compañía aérea Plus Ultra rescatada con 53 millones por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2021.-Agustín
Almodóbar Barceló, Diputado.
181/001003
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Agustín Almodóbar Barceló.
Texto:
¿Qué representa para el turismo español la compañía Plus Ultra rescatada
por el Gobierno con la cifra de 53 millones de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2021.-Agustín
Almodóbar Barceló, Diputado.
181/001004
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Agustín Almodóbar Barceló.
Texto:
¿Cuáles son los criterios estrictos que ha primado el Gobierno para
proceder a rescatar a la aerolínea Plus Ultra mediante la concesión de 53
millones de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2021.-Agustín
Almodóbar Barceló, Diputado.
181/001005
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Agustín Almodóbar Barceló.
Texto:
¿Cuál es la aportación de la compañía aérea Plus Ultra al funcionamiento
del turismo español para haberle otorgado la cantidad de 53 millones de
euros por parte del Gobierno de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2021.-Agustín
Almodóbar Barceló, Diputado.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001013
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Ricardo Chamorro Delmo, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Texto:
¿Están funcionando los controles en frontera de los productos
agroalimentarios procedentes de terceros países que entran en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2021.-Ricardo
Chamorro Delmo, Diputado.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/045449
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Mariscal Anaya, Guillermo (GP). Pérez Díaz, María Auxiliadora (GP).
Movellán Lombilla, Diego (GP). Echániz Salgado, José Ignacio (GP).
Retirada de su pregunta sobre número de trabajadores afectados por un ERTE
que se han quedado sin cobrar la prestación el mes de marzo y el mes de
abril de 2021 en la isla de Las Palmas, así como de los que lo han hecho
con retraso sobre la fecha de cobro habitual.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de
referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la
iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2021.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de
los Diputados', serie D, núm. 263, de 26 de abril de 2021.
184/045450
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Zurita Expósito, Ana María (GP). Ledesma Martín, Sebastián Jesús
(GP). Movellán Lombilla, Diego (GP). Echániz Salgado, José Ignacio (GP).
Retirada de su pregunta sobre número de trabajadores afectados por un ERTE
que se han quedado sin cobrar la prestación el mes de marzo y el mes de
abril de 2021 en la isla de Santa Cruz de Tenerife, así como de los que
lo han hecho con retraso sobre la fecha de cobro habitual.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de
referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la
iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2021.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de
los Diputados', serie D, núm. 263, de 26 de abril de 2021.
184/046104
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia:
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Miquel i Valentí, Sergi (GPlu).
Incumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo sobre los papeles de
Salamanca.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la
iniciativa de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al autor de la
iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2021.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sergi Miquel i Valentí en su calidad de Diputado, del PDeCAT, y al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la
respuesta por escrito.
El Arxiu Nacional de Catalunya recibió este mes de abril la séptima
entrega de los papeles de Salamanca, la documentación expoliada el 1939
por el régimen fascista del general Franco como botín de guerra. A pesar
de esta entrega, el Ministerio de Cultura sigue incumpliendo la sentencia
de 2019 del Tribunal Supremo.
1. ¿Por qué después de casi dos años el Gobierno todavía no ha cumplido
con la sentencia de 2019 del Tribunal Supremo?
2. ¿Cree el Gobierno que la sentencia de 2019 del Tribunal Supremo que
falla que se debe devolver una serie de documentos expoliados por el
régimen fascista del general Franco no se debe cumplir?
3. ¿Cuándo va a cumplir el Gobierno la sentencia de 2019 del Tribunal
Supremo?
4. ¿Cree el Gobierno que es propio de una democracia plena que parte de un
botín de guerra de un régimen fascista se mantenga en el lugar donde lo
custodió y no se devuelva su totalidad a Catalunya?
5. ¿El Gobierno español ha mantenido contactos con el Gobierno alemán para
conocer los motivos por los cuales, a diferencia del Estado español en
donde existe un archivo público con documentación expoliada por un
régimen fascista, en la actual República Federal de Alemania no existe
ningún archivo con documentos expoliados por el Tercer Reich?
En caso afirmativo a la anterior pregunta, ¿cuáles son los motivos que les
ha comunicado el Gobierno alemán por los cuales no hay ningún archivo con
documentos expoliada por el Tercer Reich en la República Federal de
Alemania?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2021.-Sergi Miquel i
Valentí, Diputado.
184/046767
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Salvador i Duch, Jordi (GR).
Sanciones a ACTIVA MUTUA 2008 por una serie de conductas graves detectadas
por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de que se facilite copia del expediente y las
alegaciones presentadas a la que se refiere el punto 5 de la presente
iniciativa y, teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma
contenida en el escrito número de registro 120333, admitir a trámite como
solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de
la Cámara y 109 de la Constitución y trasladar a la Administración
Pública correspondiente (nuevo número de expediente 186/002973).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2021.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado Jordi Salvador i Duch del Grupo Parlamentario Republicano, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas,
solicitando su respuesta por escrito.
Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 14/06/2019 ACTIVA MUTUA 2008 fue
sancionada por una serie de conductas graves detectadas por la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.
En fecha 21 de junio de 2019 la DGOSS definió un plan de actuaciones a
realizar por la mutua destinada a subsanar las irregularidades detectadas
(nueva estructura directiva, organizativa y funcional; la redefinición
del catálogo de prestaciones especiales; la erradicación de prácticas de
captación de empresas; autorización previa despidos y pagos por despidos
improcedentes; reducción de gastos corrientes y servicios; revisión de
medios asistenciales privados utilizados y la adecuación de la política
retributiva).
Tras diferentes comprobaciones realizadas por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social la DGOSS considera que las actuaciones realizadas por el
Director Gerente (Sr. Díaz Peña), habían sido revertidas. Y envió
diferentes Oficios requiriendo la reposición de las medidas adoptadas por
el Sr. Díaz.
En los últimos Oficios se indica a la Mutua que en caso de persistir en
los incumplimientos podría derivarse perjuicios para los empresarios
asociados y que de conformidad al artículo 100 del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, y determinarían la necesidad de
adoptar alguna de las medidas cautelares previstas en el mencionado
artículo.
El Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad
Social en el Informe de remisión del Informe Provisional de Auditoría de
Cumplimiento del ejercicio 2019 también señala que dada la gravedad de
los incumplimientos de la recomendación relativa a los conciertos de
asistencia sanitaria y el suministro de prótesis e implantes, proceda
Activa Mutua a informar de la situación de estos puntos, en el año 2020
porque si subsisten los hechos motivan la propuesta de medidas
cautelares.
El artículo 100 de la LGSS dispone:
Artículo 100. Medidas cautelares y responsabilidad mancomunada.
1. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá adoptar las medidas
cautelares establecidas en el apartado 2 cuando la mutua se halle en
alguna de las siguientes situaciones:
a) Cuando la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales no
alcance el 80 por ciento de su cuantía mínima.
b) Cuando concurran circunstancias de hecho, determinadas en virtud de
comprobaciones de la Administración General del Estado, que muestren la
existencia de desequilibrio económico-financiero en la entidad, que, a su
vez, ponga en peligro la solvencia o liquidez de la misma, los intereses
de los asociados, de los beneficiarios y de la Seguridad Social o el
cumplimiento de obligaciones contraídas. Asimismo, cuando aquellas
comprobaciones determinen la insuficiencia o irregularidad de la
contabilidad o de la administración, en términos que impidan conocer la
situación real de la mutua.
2. Las medidas cautelares que podrán adoptarse serán adecuadas y
proporcionales en función de las características de la situación, y
consistirán en:
a) Requerir a la entidad para que en el plazo de un mes presente un plan
de viabilidad, rehabilitación o saneamiento a corto o medio plazo,
aprobado por su Junta Directiva, en el que se propongan las medidas
adecuadas de carácter financiero, administrativo o de otro orden, y
formule previsión de los resultados y sus efectos, fijando asimismo los
plazos para su ejecución, con la finalidad de superar la situación que
dio origen a dicho requerimiento, garantizando en todo caso los derechos
de los trabajadores protegidos y de la Seguridad Social.
La duración del plan no será superior a tres años, según las
circunstancias, y concretará la forma y periodicidad de las actuaciones a
realizar.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprobará o denegará el plan
propuesto en el plazo de un mes desde su presentación y, en su caso,
fijará la periodicidad con la que la entidad deberá informar de su
desarrollo.
b) Convocar los órganos de gobierno de la entidad, designando la persona
que deba presidir la reunión y dar cuenta de la situación.
c) Suspender en sus funciones a todos o algunos de los directivos de la
entidad, debiendo esta designar las personas que, aceptadas previamente
por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, hayan de sustituirlos
interinamente. Si la entidad no lo hiciera, podrá dicho Ministerio
proceder a su designación.
d) Ordenar la ejecución de medidas correctoras de las tendencias
desfavorables registradas en su desarrollo económico y en el cumplimiento
de sus fines sociales durante los últimos ejercicios analizados.
e) Intervenir la entidad para comprobar y garantizar el correcto
cumplimiento de órdenes concretas emanadas del citado Ministerio cuando,
en otro caso, pudieran infringirse tales órdenes y de ello derivarse
perjuicio mediato o inmediato para los trabajadores protegidos o la
Seguridad Social.
f) Ordenar el cese en la colaboración en caso de infracción calificada
como muy grave conforme a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
3. Para adoptar las medidas cautelares previstas en el apartado anterior,
se instruirá el correspondiente procedimiento administrativo con
audiencia previa de la entidad interesada. Tales medidas cesarán por
acuerdo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social cuando hayan
desaparecido las causas que las motivaron.
Las medidas cautelares son independientes de las sanciones que legalmente
procedan por los mismos hechos, y de la responsabilidad mancomunada
regulada en el apartado siguiente.
4. La responsabilidad mancomunada de los empresarios asociados a las
mutuas tendrá por objeto las siguientes obligaciones:
a) La reposición de la Reserva de Estabilización de Contingencias
Profesionales hasta el nivel mínimo de cobertura, cuando la misma no
alcance el 80 por ciento de su cuantía mínima, después de aplicarse las
reservas en la forma establecida en el artículo 95 y el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social lo entienda necesario para garantizar la
adecuada dispensación por la entidad de las prestaciones de la Seguridad
Social o el cumplimento de sus obligaciones.
b) Los gastos indebidos por no corresponder a prestaciones, servicios u
otros conceptos comprendidos en la colaboración en la gestión de la
Seguridad Social.
c) Los excesos en los gastos de administración y por sanciones económicas
impuestas.
d) Las retribuciones o indemnizaciones del personal al servicio de la
mutua por cuantía superior a la establecida en las normas que regulen la
relación laboral de aplicación o por superar las limitaciones legalmente
establecidas.
e) La cancelación del déficit que resulte de la liquidación de la mutua,
por la inexistencia de recursos suficientes una vez agotados los
patrimonios en liquidación, incluido el patrimonio previsto en el
artículo 93.
f) Las obligaciones contraídas por la mutua cuando la misma no las cumpla
en la forma establecida legalmente.
g) Las obligaciones atribuidas a la mutua en virtud de la responsabilidad
directa o subsidiaria, establecidas en el artículo 91.4.
La responsabilidad mancomunada se extenderá hasta el pago de las
obligaciones contraídas durante el periodo de tiempo en el que haya
permanecido asociado el empresario o sean consecuencia de operaciones
realizadas durante el mismo. En caso de cese en la asociación, la
responsabilidad prescribirá a los cinco años del cierre del ejercicio en
que finalizó aquella.
El sistema que se aplique para determinar las derramas salvaguardará la
igualdad de los derechos y obligaciones de los empresarios asociados y
será proporcional al importe de las cuotas de la Seguridad Social que les
corresponda satisfacer por las contingencias protegidas por la mutua.
Las derramas tienen el carácter de recursos públicos de la Seguridad
Social. La declaración de los créditos que resulten de la derrama y, en
general, de la aplicación de la responsabilidad mancomunada se realizará
por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, quién establecerá el
importe líquido de los mismos, reclamará su pago y determinará la forma,
los medios, modalidades y condiciones aplicables hasta su extinción, en
los términos establecidos en el artículo 91.5.
5. Asimismo, la mutua podrá hacer frente a esta responsabilidad mediante
el patrimonio previsto en el artículo 93. En el caso de que este
patrimonio no fuera suficiente para atender la citada responsabilidad a
corto plazo, podrá autorizarse por el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, a propuesta de la Junta General de la mutua, un plan de
viabilidad y/o un aplazamiento en el que podrá no ser necesaria la
constitución de garantías, en las condiciones y plazos que
reglamentariamente se establezcan.
Al tenor de lo expuesto, se solicita al Gobierno que de respuesta por
escrito a las siguientes preguntas:
1. ¿De las cuentas formuladas por parte de 'ACTIVA MUTUA 2008' se cumple
el requisito de que no cubrir el 80 % de la reserva de estabilización por
contingencias profesionales para considerar que deban adoptarse estas
medidas cautelares?
2. ¿De los supuestos que contempla el artículo 100.1.b de la LGSS cuál es
supuesto puntual o el hecho exacto que provocaría estas medidas
cautelares? ¿El supuesto perjuicio a los mutualistas en qué se concreta?
3. ¿Se ha requerido a ACTIVA MUTUA que presente el preceptivo plan de
viabilidad? ¿La DGOSS dispone de este plan elaborado por Activa Mutua
2008 ¿Si dispone de este plan el plazo es de tres años o de menor plazo?
4. ¿Tal como dispone el artículo 100.2.c de la LGSS se procederá a
suspender de funciones al Sr. Díaz Peña y a su equipo directivo?
5. [...]
6. Para el caso de que no se cumplieran los requisitos del artículo 100.1
de la LGSS, ¿Qué planes de futuro albergan para la Entidad 'ACTIVA MUTUA
2008'?
7. Tiene la DGOSS planes para fusionar Activa Mutua 2008 con Ibermutuamur?
8. En caso afirmativo, ¿Ha valorado el gobierno si se podría producir un
conflicto de intereses al ser el actual Subdirector General de Ordenación
de la Seguridad Social hermano del Director Territorial de Ibermutuamur
en Castilla León y la Rioja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2021.-Jordi Salvador
i Duch, Diputado.