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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 207, de 22/01/2021
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 207, de 22/01/2021
2. Mantener el funcionamiento de las medidas anteriores durante un tiempo
suficiente, en atención a la prolongación de la sobrecarga de trabajo de
los sanitarios, y para evitar y tratar posibles casos de estrés
postraumático causados por esta pandemia.
3. Implantar medidas preventivas dirigidas a mejorar la resiliencia de los
sanitarios, resultando prioritario en ese sentido que los profesionales
dispongan de atención psicológica de manera rápida en caso de que
aparezcan los primeros síntomas de problemas de salud mental.
4. Promover la implantación a nivel nacional de un Plan de Salud Mental
COVID-19 para profesionales sanitarios y sociosanitarios, con programas
de soporte emocional que contengan, al menos, un servicio de atención
temprana, y que promuevan mecanismos de protección. De manera indirecta,
dicho Plan podrá también aplicarse a la intervención con pacientes o
familiares.
5. Promover el incremento del personal de atención de programas de soporte
a estos sanitarios para atender toda la demanda que llega desde Atención
Primaria y evitar el incremento de la demora asistencial y el aumento de
la atención urgente.
6. Realizar un seguimiento físico y psíquico a los sanitarios que se han
visto afectados en su salud mental a causa de la crisis sanitaria de la
COVID-19.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2020.-Juan Luis
Steegmann Olmedillas, Antonio Salvá Verd, Ignacio Garriga Vaz de
Concicao, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Mercedes Jara Moreno,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
142 Ibid.
143 https://www.ecdc.euro pa.eu/ sites/ default/ files/ docmnents/
covid-forecasts-rnodelling-novernber-2020.pdf.
161/001835
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Juan Luis Steegmann Olmedillas y D.ª
Mercedes Jara Moreno, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta
y Diputado del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la financiación equitativa en todo el territorio nacional de
los nuevos anticoagulantes orales (NACO), para su discusión en la
Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Primero. En la actual pandemia que estamos viviendo han cobrado especial
interés los anticoagulantes orales por el estado de hipercoagulabilidad
que el SAR-2 desencadena.
Los anticoagulantes orales se dividen principalmente en dos grupos: los
«antivitamina k» («AVK») y los «nuevos anticoagulantes orales» («NACO»).
Segundo. La diferencia principal para el usuario está en que el primer
grupo, el de los AVK, precisa de controles frecuentes y ajustes
periódicos (cada 4-5 semanas) de la dosificación, lo que a su vez
provoca: (i) una mayor molestia para la persona que los está utilizando,
(ii) una eventual pérdida de jornadas laborales, (iii) en estos momentos,
una mayor exposición al coronavirus, y (iv) un gasto no baladí asociado
al personal sanitario interviniente (desde el enfermero que toma la
muestra de sangre hasta el hematólogo que debe ajustar la dosis de miles
de usuarios).
Así, aunque los fármacos del grupo AVK -acenocumarol y warfarina- son más
baratos, en conjunto no suponen un ahorro si se tienen en cuenta los
gastos asociados expuestos anteriormente.
Tercero. El segundo grupo -el de los NACO- no precisa ningún ajuste de
dosis en los pacientes, salvo en casos de insuficiencia renal y ello sólo
en algunos de los fármacos de este grupo. Esta diferencia respecto de los
AVK se traduce en que los pacientes personas necesitan menos dosis, por
lo que en consecuencia el coste de su tratamiento será menor.
Cuarto. Las actuales indicaciones de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) respecto de los NACO son cuatro: (i) la fibrilación auricular de
origen no valvular, (li) la trombosis venosa profunda, (iii) el
tromboembolismo pulmonar y (iv) el síndrome antifosfolipídico.
En España los NACO están financiados en casi todas las comunidades
autónomas, si bien dicha financiación está sujeta a la necesidad de
visado de especialidades médicas como cardiología y/o hematología.
Esta indicación no es absoluta y tiene salvedades, en situaciones que
expondremos a continuación, donde el Sistema Nacional de Salud continúa
recomendando de preferencia los anticoagulantes AVK:
a) Pacientes que ya han iniciado tratamiento con acenocumarol o warfarina
y que estén bien controlados con INR entre 2 y 3.
b) Nuevos pacientes con fibrilación auricular ex novo que, en la
clasificación CHADS2-VASc, tengan puntuación mayor o igual a 2.
c) Pacientes con fibrilación auricular con afectación valvular que estén
pendientes de tratamiento quirúrgico de reposición valvular o que ya lo
hayan recibido.
Los pacientes no incluidos en este listado sí pueden verse beneficiados de
la comodidad y los menores efectos secundarios graves de los NACO (la
hemorragia intracraneal es uno de los aparejados al uso de AVK).
Quinto. En la mayoría de los países europeos, por ejemplo en Alemania, el
82,7% de los pacientes anticoagulados utilizan los NACO, frente a un
17,3% que siguen utilizando los AVK. En España, la relación es de 40% de
NACO frente al 59% de AVK.
Sexto. Existen otras dos indicaciones que precisan anticoagulación y que
se pueden beneficiar de los NACO: las Trombosis venosas profundas y los
Tromboembolismos pulmonares. En los últimos tiempos, estas dos
indicaciones han cobrado especial importancia porque se han multiplicado
los casos con la pandemia, ya que la infección por Sars-Cov-2 desencadena
un estado de hipercoagulabilidad y han aparecido multitud de pacientes
afectos de trombosis venosas profundas y tromboembolismos pulmonares
secundarios, que se han cobrado muchas vidas.
Para estas dos indicaciones el sistema nacional de salud no financia estos
fármacos.
Séptimo. El Artículo 4 del Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto, por el
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Sanidad, y se modifica el Real Decreto 139/ 2020, de 28 de enero, por el
que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales, señala expresamente lo siguiente:
«La Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional
de Salud y Farmacia es el órgano al que le corresponde la elaboración y
evaluación de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de
Salud; el desarrollo del Fondo de Cohesión Sanitaria y del Fondo de
Garantía Asistencial, así como la elaboración de la normativa en estas
materias; la dirección, desarrollo y ejecución de la política
farmacéutica del Departamento, así como el ejercicio de las funciones que
competen al Estado en materia de financiación pública y de fijación del
precio de los medicamentos y productos sanitarios dispensados a través de
receta oficial, así como la determinación de las condiciones especiales
de su prescripción y dispensación en el Sistema Nacional de Salud, en
particular el establecimiento de visados previos a la dispensación. Le
corresponde, asimismo, ejercer la potestad sancionadora cuando realice
funciones inspectoras y velar por la aplicación de las normas nacionales
y europeas en materia de asistencia sanitaria transfronteriza,
reproducción humana asistida y células reproductoras».
Entre sus funciones, recogidas en el apartado segundo del artículo 4 del
Real Decreto citado, destacan las siguientes:
- Resolver sobre la financiación o no financiación pública de cada
medicamento y de sus indicaciones, y de cada producto sanitario
dispensado a través de receta oficial, y determinar, en su caso, la
incorporación del cupón precinto, con las características que en general
y para cada caso concreto correspondan, así como las condiciones de
prescripción y dispensación de los medicamentos en el ámbito del Sistema
Nacional de Salud, en particular, el establecimiento de visados previos a
la dispensación; asignar el código nacional de los productos sanitarios
incluidos en la prestación farmacéutica.
- Coordinar con las comunidades autónomas las medidas y actuaciones
relacionadas con la prestación farmacéutica y la ordenación farmacéutica
del Sistema Nacional de Salud a través de su Consejo Interterritorial;
proponer las exigencias y requisitos que han de ser de general aplicación
en las recetas y órdenes hospitalarias; establecer los criterios
generales y comunes para el desarrollo de la colaboración de las oficinas
de farmacia, por medio de conciertos que garanticen a los ciudadanos la
dispensación en condiciones de igualdad efectiva en todo el territorio
nacional, independientemente de su comunidad autónoma de residencia y
coordinar con las comunidades autónomas la información sobre utilización
de medicamentos y productos sanitarios dispensados a través de receta
oficial y adoptar medidas para asegurar su uso racional.
- Gestionar la información relativa a la financiación con fondos públicos
y el precio de medicamentos y productos sanitarios dispensados a través
de receta oficial, así como mantener actualizadas las bases de datos
correspondientes.
- Elaborar y actualizar la cartera común de servicios del Sistema Nacional
de Salud, definir la política de ordenación de prestaciones, coordinar
las actividades relacionadas, así como definir las garantías de las
prestaciones sanitarias.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX formula la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar, a través del Ministerio de Sanidad, la financiación en todo
el territorio español de los nuevos anticoagulantes orales («NACO») para
las indicaciones de fibrilación auricular, trombosis venosa profunda,
síndrome antifosfolipídico y tromboembolismo pulmonar, desde la atención
primaria y sin la necesidad de visados de especialistas, ya que su uso no
permite la demora de una consulta de especialidades previa al inicio del
tratamiento.
2. Asegurar la dispensación de los nuevos anticoagulantes orales («NACO»)
en condiciones de igualdad efectiva en todo el territorio nacional,
independientemente de su comunidad autónoma de residencia».
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2020.-Juan Luis
Steegmann Olmedillas y Mercedes Jara Moreno, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001862
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Juan Luis Steegmann Olmedillas, D. Antonio
Salvá Verd, don Ignacio Garriga Vaz de Concicao, D. Andrés Alberto
Rodríguez Almeida, y D.ª Mercedes Jara Moreno, en su respectivas
condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición No de Ley
relativa al estudio y detección de la nueva cepa de SARS-COv-2, para su
discusión en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Primero. Una nueva cepa de coronavirus se está extendiendo por el sur de
Inglaterra 1 lo que ha provocado mayores restricciones a la libertad de
movimientos en la región y prohibiciones de vuelos provenientes del Reino
Unido a muchos países de Europa.
El primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó que» la nueva variante
del virus, que se mueve rápidamente, es un 70% más transmisible que las
cepas existentes, y parece estar impulsando un rápido aumento de nuevas
infecciones en Londres y el sur de Inglaterra». Sin embargo -continuó-
«no hay evidencia que sugiera que sea más letal o cause una enfermedad
más grave o que las vacunas sean menos efectivas contra ella». 144
Segundo. Gran Bretaña ha advertido a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en el sentido expuesto anteriormente. Con casi total probabilidad,
la referida cepa es la causante del aumento en casi un 60% de las
infecciones en la ciudad de Londres. Se trata de una mutación que
aparentemente hace al SARS CoV-2 más contagioso.
Hasta el domingo,»se habían identificado poco más de 1.100 casos de
Covid-19 con la nueva variante» 145, según un comunicado de Public Health
England. La cepa también se detectó en Sudáfrica la semana pasada.
Tercero. En el resumen de evaluación de amenazas del Centro Europeo de
Control y Prevención de enfermedades (European Centre for Disease
Prevention and Control-ECDC), titulado «Aumento rápido de una variante de
SARS-CoV-2 con múltiples mutaciones de proteína de pico observadas en el
Reino Unido», de 20 de diciembre de 2020, se afirma lo siguiente:
«Esta variante se conoce en el Reino Unido como SARS-CoV-2 VUI 202012/01
(Variante en investigación, año 2020, mes 12, variante 01)» 146.
Se añade que: «el 13 de diciembre de 2020, se habían identificado 1.108
individuos con esta variante del virus en Inglaterra, y el primer caso se
identificó a partir del 20 de septiembre de 2020» 147.
Cuarto. Esta cepa comprende el 11,5% de los virus secuenciados, y se
define por múltiples mutaciones en la proteína espina o espiga («spike»),
incluyendo la del (69-70), que es no solo importante en la patogenia,
sino que es la diana de algunas de las vacunas. La variante pertenece a
la rama o dado «Nextstrain 20B» (en GISAID rama «GR línea, B.1.1.7»).
La localización de esta mutación podría comprometer no solo su detección
por PCR, produciendo así falsos negativos (en el caso de que la PCR
amplifique sólo secuencias de la «proteína S», lo que ha ocurrido en
algunos laboratorios del Reino Unido), sino también la eficacia de las
vacunas (i) basadas en ARNm de «proteína S», o (ii) de «proteína S» en
sí.
Dado que los tests antigénicos detectan otras proteínas de la envoltura
del virus, cabe la posibilidad de que sean más útiles que la PCR para
detectar la nueva cepa.
En atención a lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX formula la siguiente
144
https://www.dw.com/en/coronavirus-what-we-know-about-the-uks-new-covid-strain/a-56000831
145 https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england
https://www.gov.uk/government/news/phe-investigating-a-novel-strain-of-covid-19
146 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.31.20166082v2.fu11.pdf
147 Idem.
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Suspender los vuelos procedentes del Reino Unido, hasta que se sepa con
certeza si esta variante es detectada de forma adecuada mediante PCR.
2. Implementar la realización de tests antigénicos para detección de
SARS-Cov-2 en todos los puestos fronterizos.
3. Iniciar estudios para comprobar la existencia de esta variante en
España, así como su detección por las técnicas de PCR habituales en
nuestro país.
4. Comenzar o colaborar en todo tipo de estudios que intenten dilucidar el
grado de compromiso que este tipo de mutación u otras puedan tener en la
efectividad de las vacunas.
5. Cerrar todas las conexiones terrestres y aéreas con Gibraltar.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2020.-Juan Luis
Steegmann Olmedillas, Antonio Salvá Verd, Mercedes Jara Moreno, Ignacio
Garriga Vaz de Concicao y Andrés Alberto Rodríguez Almeida,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001864
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para,
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre mejora de la información y protección de las
personas consumidoras en el ámbito de las compras online, para su debate
en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La compra online ha ido aumentando año a año, alcanzando ya porcentajes de
más del 50% de consumidores/as que realizarán a lo largo del año alguna
adquisición online, en una evolución que se ha visto acelerada por las
circunstancias ocasionadas por la pandemia provocada por la COVID-19.
Sin embargo, el aumento de este tipo de compras no ha ido acompañado de
mejoras en la protección de las personas consumidoras al respecto, como
campañas informativas que facilitaran el conocimiento de sus derechos en
este ámbito, básicamente recogidos en el Real Decreto Legislativo 1/2007
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, así como en la normativa autonómica correspondiente.
Tampoco se han llevado a cabo campañas informativas sobre las cuestiones a
tener en cuenta en este tipo de contrataciones para evitar malas
experiencias, tales como la identificación de páginas seguras, o la
dificultad de reclamación a empresas con sede fuera del territorio
nacional, ante las cuales las administraciones también padecen
dificultades de control y sanción. Estas circunstancias también son
desconocidas por la mayor parte de la ciudadanía hasta el momento en que
sufren un problema en la contratación online, momento en el que es ya
difícil una solución en un gran número de ocasiones.
Además de la necesidad de campañas informativas, que acompasen el aumento
de este tipo de contrataciones con un mayor conocimiento por parte de las
personas consumidoras sobre sus derechos y sobre las precauciones que
deben observarse, resulta evidente que las administraciones deben también
ir trasladando su actividad inspectora desde las tiendas físicas hacía
las webs, en proporción semejante al aumento del comercio online ya que,
por los datos que conocemos, se observa un importante número de
incumplimientos. Así por ejemplo, la campaña de inspección de comercio
electrónico de 2019 en Andalucía arrojó un resultado de 173 actas de
infracción sobre 257 inspecciones en 232 páginas web, es decir que un 67
% de las inspecciones acreditaron infracciones en materia de consumo de
estas páginas web, tales como no informar del derecho de desistimiento, o
la inclusión de cláusulas abusivas en las condiciones de contratación.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. En la próxima convocatoria de subvenciones a las asociaciones de
consumidores, incorporar, con carácter prioritario, un programa de
campañas formativas e informativas, dirigidas a los consumidores de
compras online, que incluyan la información sobre: derechos de
compradores online, recomendaciones a tener en cuenta a la hora de
efectuar este tipo de contrataciones y formas de identificación de
páginas webs no seguras.
2. Trasladar a la Conferencia Sectorial de Consumo la necesidad de
elaborar en su seno un Documento estratégico sobre las inspecciones a las
páginas web, que incorpore las buenas prácticas existentes de cara a
lograr la máxima eficacia inspectora ante el considerable incremento de
la venta online.
3. Difundir el Sello de Confianza Online como elemento que acredita el
cumplimiento de las normas deontológicas recogidas en el Código Ético de
Confianza Online y el sometimiento al control de los órganos de
resolución extrajudicial de controversias de las empresas de comercio
electrónico.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de diciembre de 2020.-Andrea
Fernández Benítez, Ana Prieto Nieto, Marisol Sánchez Jodar, Carmen Andrés
Añón, José Ramón Ortega Domínguez, Josefa Andrés Barea, Laura Berja Vega,
María Luisa Carcedo Roces, Sandra Guaita Esteruelas, Elvira Ramón Utravo,
Daniel Vicente Viondi y Agustín Zamarrón Moreno, Diputados.-Guillermo
Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/001888
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley para reducir el enorme impacto de la
subida de los costes de electricidad en las familias y consumidores
particulares, en plena ola de frío y durante la crisis sanitaria de
COVID-19, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La llegada de una terrible ola de frío en los primeros días de 2021 debido
al temporal «Filomena» ha elevado, más si cabe, la exigencia económica
sobre las familias, autónomos y PYMES españolas, añadiendo una subida del
27 % al precio de la electricidad a la ya de por sí precaria y angustiosa
situación económica derivada de la pandemia.
El incremento de la demanda de electricidad en los hogares españoles,
potenciado, además de por este temporal extremo, por las cuarentenas
sanitarias, los confinamientos selectivos y un toque de queda que obliga
a las familias españolas a permanecer durante muchas horas en sus
domicilios, ha hecho subir los precios un 27 %, alcanzando los 16,81
céntimos por kilovatio hora (kWh) con la tarifa regulada (PVPC), frente a
los 13,24 céntimos del mismo periodo de 2020.
Esta subida desproporcionada y a destiempo del precio de la electricidad
supone un golpe más a las PYMES, autónomos y consumidores particulares
que deben hacer frente a estos costes fijos, aun cuando se encuentran en
una situación de reducción de sus ingresos.
Como es sabido, España ya tenía una de las facturas eléctricas más caras
de la Unión Europea, lo que supone no solo una importante carga para los
bolsillos de nuestros ciudadanos, sino que también erosiona la
competitividad de nuestras empresas. Actualmente, en la factura de la luz
se imputan los siguientes costes no relacionados directamente con el
suministro:
- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 21 % para los consumidores
peninsulares.
- Impuesto sobre la Electricidad: una imposición creada con el objeto de
evitar que los PGE asumiesen las subvenciones al carbón nacional y que,
como ya denunció el GP Ciudadanos, actualmente se usa para la
financiación autonómica.
- Tasa Municipal del 1,5 %.
- Impuesto a la generación eléctrica: todos los generadores sin
discriminación pagan un 7 % de sus ingresos para el sostenimiento de los
costes del sistema.
- Tasa hidroeléctrica: 25,5 %, similar al anterior que sólo aplica a las
centrales hidroeléctricas, que pagan esta cantidad además del 7 %
anterior.
- Tasas nucleares: incluyen impuesto por combustible nuclear gastado
(2.190 /kg) y por generación de residuos (6.000 /m3 para los de media y
baja actividad y 1.000 /m3 para los de muy baja actividad) a sumar al 7
% de generación eléctrica.
- Tasa ENRESA: tasa que pagan los propietarios de las centrales nucleares
para financiar ENRESA, responsable de la gestión de los residuos
nucleares y el desmantelamiento de las mismas.
- Costes extrapeninsulares: el recargo que pagan los consumidores para
poder ajustar el precio de la electricidad en todo el territorio nacional
(tanto Península como islas y Ciudades Autónomas). Este coste se imputa
en los peajes en una mitad de su cuantía total y en los PGE la mitad
restante, suponiendo un total de 1.000 millones de euros anuales.
- Fomento de las energías renovables: la financiación de las energías
renovables introducidas durante las dos últimas décadas y que en muchos
países se asume desde los PGE. Este coste se imputa en los peajes de la
factura y actualmente supone un gasto corriente de unos 7.000 millones de
euros anuales.
La pandemia sanitaria, asimismo, ha provocado una abrupta y peligrosa
crisis económica en nuestro país, que ha llevado al Banco de España a
prever que el 10 % de las empresas de nuestro país se verán obligadas a
echar el cierre en las próximas fechas. Ya en octubre, antes de que nos
azotara la tercera ola de la pandemia, más de la mitad de las PYMES
españolas veían amenazada su supervivencia por la crisis económica
derivada de las restricciones sanitarias. Por su parte, la Federación
Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) alertaba el
pasado noviembre de que unos 600.000 autónomos se encontraban en riesgo
de cierre. Además, esto se refleja también en las cifras de paro, que en
2020 aumentaron en 724.532 personas, la mayor subida del desempleo desde
2009.
Pese a la situación excepcional, las PYMES, autónomos y los ciudadanos de
a pie deben enfrentarse, además, a unos costes fijos que deben asumir
independientemente de sus ingresos, como es el coste de la electricidad.
Con el objetivo de aminorar el impacto negativo que estos costes fijos
podrían tener sobre estos consumidores finales, varias empresas
distribuidoras apostaron por permitirles disminuir su potencia contratada
o sus modos de aplicación de otros complementos, aunque no hubieran
transcurrido los 12 meses desde el último cambio técnico realizado. De
este modo se podría ajustar la carga de gasto corriente, especialmente de
PYMES y autónomos, con sus necesidades de consumo reales ante una caída
de la actividad.
Siguiendo esta iniciativa, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo,
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente al COVID-19, generalizó esta
posibilidad de forma temporal. Pero el temporal «Filomena» lo ha cambiado
todo, incrementando exponencialmente la demanda de electricidad y
elevando los precios el mencionado 27 %. Por todo lo anterior, y de forma
complementaria en situaciones críticas como la que se vive actualmente,
sería deseable valorar la reducción de otros costes del suministro
eléctrico, como la doble imposición que existe en relación con el
Impuesto sobre la Electricidad, que forma parte de la base imponible del
IVA aplicable en las facturas, una situación análoga en el caso del
Impuesto sobre Hidrocarburos y el IVA aplicable en la factura del gas.
Finalmente, pero no menos importante, la situación actual vuelve a invitar
a considerar, al menos de forma excepcional, la posibilidad de establecer
un tipo reducido de IVA para estos suministros básicos, con el ánimo de
limitar la pérdida de tejido productivo, pero también la reincidencia de
situaciones de vulnerabilidad social como las que ha conocido nuestro
país en el pasado, a causa de los impagos y cortes de suministro
experimentados.
Teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a adoptar todas
las medidas necesarias para reducir el enorme impacto de la subida del
precio de la electricidad en las familias y los consumidores vulnerables,
en plena ola de frío, con cuarentenas sanitarias, un toque de queda que
obliga a permanecer
muchas horas en los hogares y una grave crisis económica para los
autónomos y PYMES derivada de la pandemia de COVID-19, incluidas, entre
otras, las siguientes:
1. Acabar con la doble imposición establecida en las facturas de la luz y
el gas natural, sacando los impuestos de electricidad e hidrocarburos
respectivamente, de la base imponible del IVA, rebajando enormemente los
precios de la electricidad a las familias y empresas españolas y haciendo
más competitiva nuestra economía, al situar estos costes en línea con los
de nuestros socios europeos.
2. Establecer un tipo de IVA reducido para las facturas de la luz y del
gas natural, como mínimo, mientras dure la situación de excepcionalidad
derivada de la pandemia de COVID-19.
3. Impulsar, en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, una reforma de la tarifa eléctrica en relación con los
conceptos que determinan su coste actual (primas a las energías
renovables, compensación de costes extra-peninsulares, amortización de la
deuda por déficit tarifario, etc.) para que los consumidores no tengan
que soportar que no están asociados al coste de la generación y
distribución de la electricidad.
4. Impulsar las iniciativas legislativas precisas para regular una
garantía social de acceso a los suministros básicos para todos los
consumidores y familias en situación de vulnerabilidad, especialmente en
los meses de invierno.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2021.-Pablo
Cambronera Piqueras, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
161/001893
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley para la puesta en marcha de una
campaña de vacunación nacional contra el COVID-19 con suministros y
recursos suficientes para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El pasado 27 de diciembre de 2020 comenzaron a llegar las primeras vacunas
contra la COVID-19 a las diferentes comunidades autónomas de nuestro
país, un hito que fue reflejado en todos los medios de comunicación,
recogiendo imágenes gráficas de las primeras vacuna suministradas.
Desde entonces y hasta la fecha actual el ritmo de vacunación ha sido muy
diferente dependiendo de la comunidad autónoma, pasando de datos en torno
al 40-50 % de las dosis recibidas en comunidades autónomas como Asturias,
Galicia o Castilla y León a datos en torno al 5 % de las dosis recibidas
en otras CCAA, evidenciando una enorme disparidad de resultados.
Asimismo, resulta inconcebible que, a fecha de 7 de enero de 2021, tan
solo se hayan podido administrar un 18,7 % de las dosis entregadas, según
el informe de actividad de gestión integral de la vacunación contra el
COVID-19 proporcionada por el Ministerio de Sanidad.
Los objetivos iniciales, en relación a la vacunación de la población,
fijados por el propio Ministerio de Sanidad, hablaban de llegar al verano
con al menos el 60 % de la población vacunada, lo que supone un ritmo de
un millón de dosis administradas cada semana. En consecuencia, las
desigualdades regionales y una total falta de coordinación por parte del
Gobierno central, son las premisas que marcan un proceso que, de seguir
en esta línea y a este ritmo convierte en quimera las optimistas
previsiones del Gobierno de España cuando hablaba de un gran porcentaje
de población inmunizado de cara al verano.
Los profesionales sanitarios, colegios profesionales de médicos y
enfermería, han recordado a lo largo de estos días la importancia de la
vacunación, señalando que es importante acelerar el proceso de vacunación
ante el repunte de casos que estamos viviendo en los últimos días.
Asimismo, tanto personal de enfermería como farmacéuticos y otros
profesionales sanitarios han expresado su voluntad de participar de forma
más activa en la campaña de vacunación contra el COVID-19, haciendo un
esfuerzo más en esta pandemia que tan dura ha sido para todos los
profesionales de la salud. Para ello, es
necesario que las administraciones se coordinen y establezcan un marco
único de referencia que regule el papel que deben tener estos
profesionales, así como las condiciones en las que deben realizarlo.
Aunque la primera semana vacunación resultó ser una semana atípica marcada
por los festivos de las fecha navideñas, y que además las características
propias de la vacuna hacen que no se pueda ir tan rápido como en otras
campañas de vacunación, consideran que es imprescindible vacunar al mayor
porcentaje de la población en el menor tiempo posible ante la amenaza de
una inminente tercera ola que podría colapsar nuevamente los hospitales y
centros de salud.
No puede ser que ante un auge constante de contagios y fallecidos, exista
tan poca falta de información y rendición de cuentas por parte del
Ministerio, además de encontrarnos inmersos ante un ministro actual de
sanidad que, lejos de explicar la evolución de la tercera ola de la
pandemia, ha empleado estas navidades en anunciar su candidatura para las
futuras elecciones autonómicas en Cataluña, siendo este acto un claro
ejemplo de poca rigurosidad y compromiso en la gestión de la pandemia.
Esta inacción y concepción partidista del cargo es uno de los motivos por
los que desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos hemos solicitado la
comparecencia en el Congreso del Ministro de Sanidad para que explique
con la máxima claridad la situación del plan de vacunación actual, y
hemos solicitado además al Gobierno de España medidas para complementar
los esfuerzos realizados por las Comunidades Autónomas para garantizar
que hay suficiente personal formado administrando vacunas contra el
COVID-19.
Teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acelerar la campaña de vacunación incluyendo la posibilidad de
vacunación los festivos y fines de semana, de manera que, se garantice a
la mayor brevedad la vacunación de la totalidad de los grupos de riesgo,
incluyendo a todo el personal sanitario y socio-sanitario como colectivo
sensible que está en primera línea de atención a pacientes con COVID-19.
2. Activar todos los recursos sanitarios disponibles, públicos y privados,
para complementar los esfuerzos realizados por las Comunidades Autónomas
en materia de rastreos y realización de pruebas de diagnóstico del
COVID-19. Asimismo, a dotar de los recursos materiales y humanos
necesarios para garantizar la atención psicológica a los profesionales
sanitarios y socio-sanitarios que así lo soliciten.
3. Requerir la colaboración de todos los recursos sanitarios certificados
para llevar a cabo y agilizar la campaña de vacunación, tanto públicos
como privados, disponibles para ampliar la campaña de vacunación como son
las fuerzas armadas, además de otros profesionales sanitarios, incluidos
farmacéuticos, dentistas y veterinarios, con el objetivo de planificar,
coordinar y asegurar la efectividad del Plan de Vacunación nacional de la
COVID-19.
4. Solicitar en el ámbito del Consejo Interterritorial de Salud la
actualización de una estrategia nacional de vacunación que permita la
coordinación y el trabajo conjunto de la administración central con las
Comunidades Autónomas en lo relativo a formación y disponibilidad de
personal sanitario a fin de avanzar en la campaña de vacunación con la
celeridad adecuada.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de 2021.-Guillermo Díaz
Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/001843
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley para la creación de una hoja de ruta de la transferencia de
conocimiento, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y
Universidades.
Exposición de motivos
El Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) ha
alcanzado estándares de excelencia investigadora homologables a su
posición económica y geopolítica en el panorama internacional. Sin
embargo, esta excelencia en su producción científica, sobre todo en lo
que respecta a publicaciones científicas y a participación en programas
internacionales de l+D+I, no se ha trasladado aún de forma efectiva al
tejido productivo ni ha redundado de forma completa en la creación de una
economía robusta basada en el conocimiento.
Esta brecha, generada por un tejido productivo muy ligado al sector
servicios, no solo lastra la competitividad de nuestra economía, sino que
además nos convierte en un país dependiente de terceros, desprovisto de
un papel clave en tecnologías habilitadoras y conocimiento industrial
propios, lo que deja a la economía española sin margen de reacción cuando
tienen lugar crisis impredecibles como la acaecida como consecuencia de
la COVID-19.
Uno de los déficits del SECTI es la insuficiente conexión del ámbito
académicocientífico con el ámbito empresarial, como reflejan el Informe
sobre España del Semestre Europeo 2020, que indica «el bajo nivel de
utilización de los conocimientos disponibles por parte de las empresas
españolas les impide participar en proyectos de innovación de mayor
escala». La Encuesta de Indicadores de Transferencia de Conocimiento e
Innovación del año 2017 del Ministerio de Ciencia e Innovación pone de
manifiesto que del total de patentes solicitadas por el ámbito
académico-científico (Universidades, OPls y Centros Tecnológicos) solo el
48 % de las solicitudes de patente tenían alguna cotitularidad, y de
éstas sólo el 28 % era con empresas. A esto hay que añadir la pequeña
dimensión de gran parte de las empresas innovadoras en España, ya que las
de menos de 250 trabajadores ejecutan el 50 % del gasto interno en l+D
del sector empresarial. Esto supone que la mitad del esfuerzo innovador
empresarial de España descansa en empresas pequeñas, con menor músculo
financiero para abordar inversiones y menor masa de capacidades y
conocimientos tecnológicos, lo que dificulta que puedan abordar proyectos
de gran tamaño o alta intensidad de investigación. En este sentido, la
colaboración público-privada y la transferencia de conocimiento son
esenciales para dotar a las PyMEs españolas de una base más amplia de los
conocimientos multidisciplinares necesarios para innovar de manera
exitosa.
Por tanto, uno de los primeros retos que España debe afrontar en el corto
plazo, tal y como sugieren las recomendaciones del Semestre Europeo y
buena parte de los estudios existentes, es el reto de trasladar los
conocimientos científicos a la sociedad, a través empresas existentes o
la creación de nuevas empresas de base tecnológica.
La presente propuesta se presenta como una hoja de ruta para favorecer y
provocar la transferencia de conocimiento y que quiere actuar sobre los
diferentes elementos del sistema, tal y como se resumen a continuación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Favorecer la incorporación de personal de perfil investigador
(doctores) y de la realización de tesis doctorales en las empresas
mediante el reforzamiento de programas existentes y la dotación de
personal investigador asignado en proyectos de colaboración
público-privada.
2. Modificar la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación,
integrando y actualizando en un único cuerpo normativo elementos
recogidos en otras Leyes como la Ley de Economía Sostenible. En esta
modificación se deben recogen, entre otros, aspectos como la necesidad de
motivación de los investigadores para realizar transferencia de
conocimiento y la mejora de los sistemas de seguimiento y evaluación de
dicha trasferencia en línea con la experiencia internacional y
garantizando en todo momento la protección del interés público y la
transparencia del sistema.
3. Financiar proyectos que requieran un componente de colaboración
público-privada, con convocatorias como Misiones Ciencia e Innovación o
Cervera. Mejorar la formación de expertos en transferencia para reforzar
y profesionalizar las Oficinas de Transferencia de Conocimiento.
Habilitar un fondo de capital-riesgo de transferencia para ayudar a la
creación de empresas de base tecnológica (sociedad lnnvierte).
Puesta en marcha de financiación mezclada (subvenciones + capital) para
empresas de base tecnológica excelentes.
4. Explotar indicadores de transferencia de conocimiento a nivel nacional
(SICTI) que permitan hacer seguimiento y evaluar las políticas públicas
puestas en marcha en el ámbito de la transferencia.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2020.-Javier
Alfonso Cendón, Helena Caballero Gutiérrez, Roberto García Morís, Sandra
Guaita Esteruelas, Miguel Ángel González Caballero y Juan Francisco
Serrano Martínez, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas
Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001859
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre el desarrollo de las Infraestructuras y Técnicas
Científicas Singulares (ICTS), para su debate en la Comisión de Ciencia.
Exposición de motivos
El Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) engloba a
todas las instituciones y organismos de titularidad pública dedicados a
la generación de conocimiento mediante la realización de actividades de
investigación científica y desarrollo tecnológico y la utilización de
éste en el ámbito productivo (posibles innovaciones). La recién publicada
Estrategia Española de Ciencia Tecnología e Investigación 2021-2027
(EECTI) garantiza las fortalezas del SECTI, promoviendo la excelencia de
las infraestructuras de investigación repartidas por todo el territorio
nacional. En este sistema de l+D+I, las Infraestructuras Científicas y
técnicas que sean titularidad de agentes públicos de ejecución del SECTI
desempeñan un papel relevante.
Sin embargo y pese al reconocimiento de su valía estratégica como punta de
lanza en el ámbito científico y tecnológico en nuestro país, estas
grandes infraestructuras científico-técnicas, gestionadas por entidades
públicas tales como consorcios, organismos públicos de investigación,
universidades, institutos autonómicos y empresas de titularidad pública,
se encuentran lastrados por una regulación jurídico-administrativa
compleja, farragosa y poco eficaz, que les resta eficacia y
competitividad, además de dificultar su acceso a subvenciones y fondos
nacionales y europeos.
Pese a su potencial para la investigación, innovación y transferencia
tecnológica, la actual legislación obliga a las Infraestructuras
Científico-Técnicas que son titularidad de estos agentes públicos de
ejecución del SECTI, a solicitar autorizaciones y permisos de carácter
comercial o industrial, ajenos a los fines propios de la investigación y
de la innovación, por lo que la concesión de las autorizaciones
administrativas necesarias se prolongan durante años. De esta manera
estas instalaciones pierden oportunidades y competitividad a la hora de
desarrollar proyectos pilotos, atraer inversión privada y proyectos
europeos.
El caso de la Infraestructura Científico-Técnica Singular (ICTS)
Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) resulta muy ilustrativo para
entender las dificultades por las que atraviesan estas infraestructuras,
desde el punto de vista regulatorio PLOCAN está gestionada por un
consorcio público adscrito al Estado, y financiado a partes iguales por
la Administración General del Estado (a través del Ministerio de Ciencia
e Innovación) y el gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias. Según
establecen sus estatutos, tiene carácter de agente de ejecución del
SECTI, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3.4 de la Ley 14/2011,
de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. PLOCAN está
ubicada en mar abierto, en el municipio de Telde, con una concesión
demanial de 23 km2 reservada para la experimentación científico técnica.
Ha creado más de 100 empleos directos y más de 100 indirectos, han
ejecutado 101 proyectos, colabora con 625 entidades, tiene socios en 51
países y ha captado 23 millones de euros.
Pero, aunque disponen de la preceptiva concesión demanial y de un adecuado
campo de pruebas, el marco regulatorio que se le aplica está pensado para
actividades de tipo comercial o industrial y por consiguiente poco a
adecuado para las necesidades y características propias de la
investigación y la innovación. Muchas empresas desean acudir a PLOCAN
para estudiar o apuntalar sus tecnologías, pero
esta infraestructura no puede ofrecerles velocidad en la instalación de
sus dispositivos de investigación porque las autorizaciones necesarias
llevan mucho tiempo. En definitiva, no disponen del marco legal adecuado
que les permita desarrollar sus funciones en el contexto de la l+D+I de
forma efectiva y ágil.
En el ámbito financiero se está tramitando en el Congreso el proyecto de
ley para la transformación digital del sistema financiero, que incorpora
el mecanismo de los sandbox o bancos de pruebas para favorecer la
innovación financiera de base tecnológica.
En el ámbito de la energía, el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio ha
utilizado la técnica de los sandbox regulatorios con el fin de permitir
que se introduzcan novedades, excepciones o salvaguardias regulatorias
que contribuyan a facilitar la investigación e innovación en el ámbito
del sector eléctrico. La misma técnica del sandbox regulatorio podría ser
adecuada para el desarrollo de actividades científico-tecnológicas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acometer el estudio de
una nueva regulación particular para dotar a las Infraestructuras
Científicas y Técnicas que sean titularidad de agentes públicos de
ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología en Innovación
(SECTI), según lo establecido en el artículo 3.4 de la Ley 14/2011, de 1
de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, de las
habilitaciones legales adecuadas para establecer sandboxes
científico-tecnológicos donde ensayar y demostrar nuevas tecnologías y su
implantación, habilitando procedimientos de autorización simplificados
para los proyectos piloto que se desarrollen en ellas, con la
flexibilidad y capacidad de adaptación necesarias para hacer frente a
escenarios cambiantes en función de la evolución del conocimiento y del
contexto nacional e internacional.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2020.-Ariagona
González Pérez, Javier Alfonso Cendón, Roberto García Morís, María
Ángeles Marra Domínguez, Juan Luis Soto Burillo, Juan Francisco Serrano
Martínez y Sandra Guaita Esteruelas, Diputados.-José Zaragoza Alonso y
Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001866
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre la perspectiva de género en los
estudios universitarios, para su debate en la Comisión de Ciencia,
Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La agenda del Gobierno de España está totalmente comprometida con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
Entre estos Objetivos de Desarrollo Sostenible se encuentra la Igualdad de
Género, como así se pone de manifiesto en el Objetivo 5 enunciado como
«Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y
las niñas». Además, y de forma muy significativa, el Objetivo 4,
denominado «Educación de Calidad, pretende Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos». En este sentido, entre las
metas (retos en realidad para toda nuestra sociedad) de este Objetivo 4
destacan:
«4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la
igualdad de género, la
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la
valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al
desarrollo sostenible.»
La traducción de estas metas en el mundo universitario debe llevarnos a un
conjunto de acciones articuladas desde la colaboración y
corresponsabilidad de toda la comunidad universitaria, las direcciones de
las universidades y las administraciones públicas.
Entre las múltiples acciones e iniciativas que se pueden promover para
avanzar y alcanzar estas metas, podemos distinguir dos líneas de
actuación importantes y que tienen efectos prácticos evidentes:
Por un lado, están aquellas medidas encaminadas a conseguir una presencia
más igualitaria entre el estudiantado de las diferentes titulaciones,
especialmente en aquellas relacionadas con las STEM (Science, Technology,
Engineering y Mathematics). En las diversas carreras de grado y de máster
en España de los ámbitos de ciencias, tecnologías, ingenierías y
matemáticas la proporción de mujeres es muy limitada, y el reto es
incrementarla de forma significativa.
Por otro, destacan aquellas medidas encaminadas a que permeabilice en todo
el sistema educativo universitario el tener presente la perspectiva de
género.
En esta Proposición no de Ley nos centramos en estos dos temas, dado que
consideramos que pueden contribuir decisivamente a fortalecer la igualdad
de género en la educación universitario, lo que sin duda la refuerza en
el conjunto de la sociedad. Esta perspectiva y enfoque de género en la
formación universitaria es muy importante en el posterior desempeño
profesional de las egresadas y de los egresados universitarios
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
- Impulsar la coordinación entre el Ministerio de Universidades y el
Ministerio de Igualdad para que, con el trabajo conjunto y el
protagonismo de las universidades, en línea con su estrategia de
políticas de género españolas y de los principales organismos
internacionales, establezcan mecanismos para que la perspectiva de género
se incorpore como un enfoque competencia! y formativo transversal a todo
el sistema universitario.
- Promover la coordinación entre el Ministerio de Universidades,
Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de
Igualdad, en colaboración con las universidades, para establecer medidas
para aumentar la presencia de mujeres en las carreras de grado, de máster
y en los programas de doctorado en los ámbitos de ciencias, tecnologías,
ingenierías y matemáticas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2020.-Javier
Alfonso Cendón, María Luz Martínez Seijo, Roberto García Morís, Juan
Francisco Serrano Martínez, Sandra Guaita Esteruelas, Laura Berja Vega,
Helena Caballero Gutiérrez y Miguel Ángel González Caballero,
Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces
del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Mireia Borrás Pabón, D Julio Utrilla Cano,
D. Francisco José Contreras Peláez, D. Pedro Fernández Hernández y D.
Manuel Mestre Barea, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados
del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la
siguiente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento al personal
investigador predoctoral en formación el derecho a una indemnización por
finalización de contrato, para su debate en la Comisión de Ciencia,
Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
Primero. El régimen jurídico de la relación laboral entre el personal
investigador predoctoral en formación y las entidades públicas o privadas
establecida mediante el contrato predoctoral se encuentra regulado (i) en
el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación y (ii) en el Real Decreto 103/2019, de 1 de
marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador
predoctoral en formación 148 (en adelante «EPIF»).
De hecho, el artículo 1.1 del Real Decreto citado dispone que «Este real
decreto tiene por objeto desarrollar el régimen jurídico de la relación
laboral establecida mediante el contrato predoctoral previsto en el
artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación».
Por otro lado, esta disposición reglamentaria citada establece que tienen
la condición de personal investigador predoctoral en formación (art.
1.2), «todas aquellas personas que estén en posesión del Título de
licenciado, ingeniero, arquitecto, graduado universitario con grado de al
menos 300 créditos ECTS (European Credit Transfer System) o master
universitario, o equivalente, que hayan sido admitidas a un programa de
doctorado cuyo objeto es, como establece el Real Decreto 99/2011, de 28
de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, el
desarrollo de los distintos aspectos formativos del doctorando y el
establecimiento de los procedimientos y líneas de investigación para el
desarrollo de la tesis doctoral, y estén adscritas a las entidades
citadas en el apartado anterior mediante la modalidad de contratación
predoctoral descrita en el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio».
En determinadas cuestiones y con carácter supletorio, se aplica
subsidiariamente el EPIF deriva su regulación en el Estatuto de los
Trabajadores (ET) y los convenios colectivos que sean de aplicación.
Segundo. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Ciencia, pueden
concluirse las siguientes principales características del contrato del
personal investigador predoctoral:
i. Deberá celebrarse obligatoriamente por escrito, acompañándose del
certificado de admisión al programa de doctorado expedido por la unidad
responsable o por la escuela de doctorado o posgrado, en su caso.
ii. Tendrá que identificarse en el contrato un proyecto o línea de
investigación específica y novedosa, así como la duración pactada.
iii. La universidad u organismo público o privado debe avisar de las
condiciones laborales del trabajador y fijar el lugar de realización
efectiva de las actividades del personal investigador predoctoral en
formación.
iv. La duración no podrá ser inferior a un año ni exceder de cuatro años,
a excepción de aquellos contratos que se hubiesen concertado por una
duración inferior a cuatro años y que podrán prorrogarse sucesivamente
por menos de un año.
En los casos de trabajadores con discapacidad, el contrato se podrá
prorrogar hasta los seis años, previo informe favorable del Servicio
Público de Empleo.
v. En cuanto a las prórrogas, el contrato siempre se entiende prorrogado
hasta la duración máxima, salvo que exista un informe desfavorable
motivado de evaluación emitido por la comisión académica del programa de
doctorado, o en su caso, de la escuela de doctorado.
vi. La suspensión del contrato podrá tener lugar siempre que el trabajador
realice una reclamación por incumplimiento de las tareas propias de la
dirección de la tesis doctoral ante el órgano competente durante un
máximo de cuatro meses mientras no se resuelva la reclamación.
También es motivo de suspensión cualquier situación de incapacidad
temporal, riesgo durante el embarazo o lactancia, maternidad, adopción,
guarda con fines de adopción o acogimiento, paternidad y abandono del
puesto de trabajo motivado por ser víctima de violencia de género.
vii. El salario mínimo que debe percibir el trabajador se encuentra
desarrollado en el artículo 7 del EPIF:
«1. La retribución de este contrato no podrá ser inferior al 56 por 100
del salario fijado para las categorías equivalentes en los convenios
colectivos de su ámbito de aplicación durante los dos primeros años, al
60 por 100 durante el tercer año, y al 75 por 100 durante el cuarto año.
Tampoco podrá ser inferior
148 https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3700.pdf
al salario mínimo interprofesional que se establezca cada año, según el
artículo 27 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
2. Para el establecimiento de las retribuciones anteriores se tomará como
referencia mínima la categoría correspondiente al Grupo 1 de personal
laboral de la tabla salarial recogida en el convenio único de personal
laboral de la Administración General del Estado.
3. La aplicación de la cantidad anual resultante se podrá también computar
al periodo total del contrato predoctoral de cuatro años.»
viii. Por último, se establece una reducción del 30 % de la cuota
empresarial de la Seguridad Social por contingencias comunes en la
cotización relativa al personal investigador predoctoral en formación
contratado bajo la modalidad de contrato predoctoral establecida en el
artículo 21 de la Ley de Ciencia.
Tercero. Las causas de extinción del contrato predoctoral se encuentran
reguladas en el artículo 9 del EPIF, a saber, las siguientes:
1. El contrato predoctoral se extinguirá por la llegada a término o previa
denuncia de cualquiera de las partes, así como por las restantes causas
previstas en el artículo 49 del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores. Para los contratos de duración superior a un año, la
parte que formule la denuncia estará obligada a notificar a la otra la
terminación del contrato con una antelación mínima de quince días.
2. La consecución del título universitario oficial de Doctorado pondrá fin
a la etapa de formación del personal investigador predoctoral en
formación y a partir de ese momento dará comienzo la etapa postdoctoral.
La obtención del título de Doctorado extinguirá el contrato predoctoral,
aunque no se hubiera agotado la duración máxima del mismo. A estos
efectos se considera que se ha obtenido el título de Doctorado en la
fecha del acto de defensa y aprobación de la tesis doctoral.
En la actualidad, el EPIF, en consonancia con lo dispuesto en el artículo
49 del Estatuto de los Trabajadores, omite cualquier referencia al
derecho a la indemnización por finalización de contrato del personal
investigador predoctoral en formación (PIPF). Por este motivo, el sector
reclama el reconocimiento de este derecho que ha sido motivo de diversas
acciones jurisdiccionales planteadas ante varios tribunales.
En ese sentido, cabe destacar la Sentencia 2413/2019, de 11 de abril, del
Tribunal Superior de Galicia, que resolvió un recurso contra la
Universidad de Santiago de Compostela (USC) y reconoció el derecho a la
indemnización por cese o finalización del contrato del personal
investigador predoctoral al declarar lo siguiente:
i. Que el contrato predoctoral no puede considerarse un contrato formativo
al realizar las mismas funciones que el resto del personal investigador.
ii. Que el contrato predoctoral se puede equiparar a un contrato temporal
de obra o servicio determinado, de tal manera que se condene a la USC al
pago de la indemnización tal y como establece el artículo 49.1 c) del
Estatuto de los Trabajadores (ET).
Sin embargo, el Tribunal Supremo (TS), en Sentencia 3490/ 2020, de 13 de
octubre, ha considerado que no se tiene derecho a la indemnización «al no
haber sido fijada por el legislador y no ser aplicable la que el artículo
49.1 c) ET fija para el contrato de trabajo para obra y servicio
determinado».
Concretamente, el TS sostiene que el contrato predoctoral difícilmente
puede equiparse a las modalidades contractuales recogidas en el ET,
quedando el mismo excluido del esquema indemnizatorio del ET por su
objetivo formativo. En este mismo sentido, considera que, si se trata de
buscar analogías con las modalidades contractuales del ET, el que
presenta mayores similitudes es el contrato en prácticas que se encuentra
regulado en el artículo 11 del ET.
Por todo ello, siguiendo la doctrina del TS, es preciso proceder a
realizar las modificaciones legales oportunas a fin de que los contratos
predoctorales tengan la cobertura jurídica necesaria para que, en el
momento de su extinción, el trabajador tenga derecho a una indemnización.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las
modificaciones normativas oportunas al objeto de reconocer expresamente
al personal investigador predoctoral en formación el derecho a una
indemnización por finalización de contrato.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2020.-Mireia
Borrás Pabón, Julio Utrilla Cano, Francisco José Contreras Peláez, Pedro
Fernández Hernández y Manuel Mestre Barea, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Igualdad
161/001867
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre la perspectiva de género en los
estudios universitarios, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La agenda del Gobierno de España está totalmente comprometida con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
Entre estos Objetivos de Desarrollo Sostenible se encuentra la Igualdad de
Género, como así se pone de manifiesto en el Objetivo 5 enunciado como
«Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y
las niñas». Además, y de forma muy significativa, el Objetivo 4,
denominado «Educación de Calidad, pretende Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos». En este sentido, entre las
metas (retos en realidad para toda nuestra sociedad) de este Objetivo 4
destacan:
«4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la
igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la
contribución de la cultura al desarrollo sostenible.»
La traducción de estas metas en el mundo universitario debe llevarnos a un
conjunto de acciones articuladas desde la colaboración y
corresponsabilidad de toda la comunidad universitaria, las direcciones de
las universidades y las administraciones públicas.
Entre las múltiples acciones e iniciativas que se pueden promover para
avanzar y alcanzar estas metas, podemos distinguir dos líneas de
actuación importantes y que tienen efectos prácticos evidentes:
Por un lado, están aquellas medidas encaminadas a conseguir una presencia
más igualitaria entre el estudiantado de las diferentes titulaciones,
especialmente en aquellas relacionadas con las STEM (Science, Technology,
Engineering y Mathematics). En las diversas carreras de grado y de máster
en España de los ámbitos de ciencias, tecnologías, ingenierías y
matemáticas la proporción de mujeres es muy limitada, y el reto es
incrementarla de forma significativa.
Por otro, destacan aquellas medidas encaminadas a que permeabilice en todo
el sistema educativo universitario el tener presente la perspectiva de
género.
En esta Proposición no de Ley nos centramos en estos dos temas, dado que
consideramos que pueden contribuir decisivamente a fortalecer la igualdad
de género en la educación universitaria, lo que sin duda la refuerza en
el conjunto de la sociedad. Esta perspectiva y enfoque de género en la
formación universitaria es muy importante en el posterior desempeño
profesional de las egresadas y de los egresados universitarios
Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
- Impulsar la coordinación entre el Ministerio de Universidades y el
Ministerio de Igualdad para que, con el trabajo conjunto y el
protagonismo de las universidades, en línea con su estrategia de
políticas de género españolas y de los principales organismos
internacionales, establezcan mecanismos para que la perspectiva de género
se incorpore como un enfoque competencial y formativo transversal a todo
el sistema universitario.
- Promover la coordinación entre el Ministerio de Universidades,
Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de
Igualdad, en colaboración con las universidades, para establecer medidas
para aumentar la presencia de mujeres en las carreras de grado, de máster
y en los programas de doctorado en los ámbitos de ciencias, tecnologías,
ingenierías y matemáticas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2020.-Javier
Alfonso Cendón, María Luz Martínez Seijo, Roberto García Morís, Juan
Francisco Serrano Martínez, Sandra Guaita Esteruelas, Laura Berja Vega,
Helena Caballero Gutiérrez y Miguel Ángel González Caballero,
Diputados.-Susana Ros Martínez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del
Grupo Parlamentario Socialista.
161/001876
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
implementación de Programas de fomento y sensibilización de medidas de
apoyo a la conciliación y la corresponsabilidad de la vida personal y
familiar de mujeres y hombres, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
En las últimas décadas se ha avanzado hacia una igualdad real y total
entre hombres y mujeres; sin embargo, la violencia de género o la
discriminación laboral son ámbitos sobre los que se debe seguir
trabajando para que este objetivo se cumpla realmente. Se han roto muchos
«techos de cristal», pero según los últimos datos de Eurostat de 2018, en
España el 42 % de las mujeres inactivas de 20 a 64 años estaban dedicadas
a tareas de cuidados, frente a un 5,1 % de hombres, unos valores que se
sitúan por encima de la media de la UE, que es del 31 % para las mujeres
y del 4,2 % para los hombres. En 2017, la media de la UE de mujeres en
cargos directivos se reduce al 23,4 %, siendo paradójico que, según la
Organización Internacional del Trabajo, el nivel formativo sea superior
en las mujeres: hay más mujeres que hombres con licenciaturas y
maestrías.
Además, no debe olvidarse que las mujeres acceden al empleo en condiciones
de mayor temporalidad y precariedad que los hombres, existiendo mayores
tasas de desempleo femenino que masculino. En noviembre de 2020, de los
casi cuatro millones de parados, el 42,30 % eran hombres frente al 57,70
% que eran mujeres.
La crisis provocada por la pandemia COVID-19 ha dejado en evidencia, una
vez más, las desigualdades que existen en las tareas de cuidados y la
conciliación de la vida personal y laboral. Estudios recientes como
«COVID-19 y la desigualdad de género en España» publicado por el Centro
de Políticas Económicas de ESADE, muestran cómo el confinamiento y el
acusado aumento del paro en
España afecta de manera desigual a mujeres y hombres, siendo estas las más
afectadas, puesto que la destrucción de empleo afecta más a sectores
altamente feminizados.
Además, según el barómetro elaborado por GAD-3 pone en evidencia el escaso
protagonismo del teletrabajo en España antes de la pandemia, existiendo
en este campo también diferencia entre hombres y mujeres. En España hay
menos proporción de mujeres que de hombres que trabajen normalmente desde
casa, aun siendo las que más se encargan de las labores domésticas y del
cuidado de familiares, justo lo contrario de lo que pasa con el
teletrabajo en los países de la Eurozona. Este reparto de tareas se ha
mantenido o agravado durante el confinamiento con el cierre de los
centros escolares.
A mayor abundamiento, sin perjuicio de la igualdad retributiva, en lo que
tiene que ver con la presencia en Juntas Directivas de empresas, los
hombres copan el 78 % de los puestos, frente al 22 % de las mujeres,
según los datos del indicador del World Economic Forum.
Por todo ello, las empresas deben crear una cultura corporativa basada en
la igualdad de género. Sin esta base, cualquier acción que se tome no
tendría sentido ni resultados positivos. Los valores de la empresa deben
cambiar para favorecer la igualdad; aquí también resulta interesante la
implementación de medidas de responsabilidad social corporativa.
El reconocimiento de la mujer, no solo desde el punto de vista salarial
sino también en relación con los logros que se consigan. La promoción del
liderazgo femenino, hombres y mujeres deben tener las mismas
oportunidades de ocupar puestos directivos y de representación y liderar
equipos dentro de las empresas.
Estas son solo algunas iniciativas que pueden ayudar a incentivar el
regreso de las mujeres al mercado laboral. Ahora bien, para ello, las
empresas deben apoyarse en técnicas como coaching y mentoring si quieren
conseguir una verdadera consolidación e implicación de la plantilla de
hombres y mujeres, un valor añadido de empresa y, sobre todo,
posicionarse mejor de cara al futuro de la misma.
Por todo ello es necesario que el Gobierno, a través de las Comunidades
Autónomas, fomente la corresponsabilidad en el sector privado mediante la
incentivación de buenas prácticas que avancen hacia una mayor
conciliación entre mujeres y hombres y hacia una mayor igualdad.
Concienciar e incentivar medidas como el teletrabajo, la flexibilidad
laboral para el cuidado de menores y dependientes, avanzar hacia una
reforma horaria acorde con el resto de los países europeos, remuneración
por objetivos o establecimiento de horarios claros para evitar la
extra-dedicación.
El Grupo Parlamentario Popular presentó una enmienda por cuantía de 10
millones de euros para transferir a las Comunidades Autónomas presupuesto
para desarrollar programas de bonificación a empresas que fomenten la
conciliación y la corresponsabilidad; sin embargo, fue rechazada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las
Comunidades Autónomas, a:
- Implementar Programas de fomento y sensibilización de medidas de apoyo a
la conciliación y la corresponsabilidad de la vida personal y familiar de
mujeres y hombres.
- Programas que fomenten la corresponsabilidad en el sector privado
mediante la incentivación de buenas prácticas que avancen hacia una mayor
conciliación entre mujeres y hombres y hacia una mayor igualdad.
- Concienciar e incentivar medidas como el teletrabajo, la flexibilidad
laboral para el cuidado de menores y dependientes, avanzar hacia una
reforma horaria acorde con el resto de los países europeos, remuneración
por objetivos o establecimiento de horarios claros para evitar la
extra-dedicación.
- Incentivar medidas que impulsen el liderazgo femenino para ocupar
puestos directivos y de representación y liderar equipos dentro de las
empresas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2020.-María
Auxiliadora Pérez Díaz y Margarita Prohens Rigo, Diputadas.-Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/001878
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
impulsar Programas para facilitar la reinserción en el mercado laboral de
las mujeres tras el cuidado de menores o personas en situación de
dependencia en el hogar, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Las mujeres siguen dedicando más tiempo que los hombres al cuidado de
familiares y, por tanto, cogiendo más excedencias por cuidado de hijos
(92 % según datos del Ministerio de Trabajo correspondientes a 2017,
últimos disponibles) o familiares (83,66 % según la misma fuente) además
de una mayor tasa de empleo parcial (tres veces más alta) y una brecha
salarial ajustada por horas del 13,5 %, por estas mismas razones y
necesidades de conciliación. Esto, además, tiene un traslado directo en
las cotizaciones de las pensiones, siendo la media de las mujeres de
740,2 euros frente a los 1.162,3 euros de los hombres, motivo por el cual
el Gobierno del Partido Popular introdujo el complemento de maternidad en
las pensiones reduciendo su brecha en un 14 %.
El coste de oportunidad que asume la economía española cuando se produce
una salida total o parcial del mercado laboral por parte de estas mujeres
trabajadoras asciende a 40 millones de horas no trabajadas al año, sin
tener en cuenta además el coste laboral y económico de la no
profesionalización de estos trabajos no remunerados.
Además, las mujeres han asumido más peso en las tareas domésticas durante
el confinamiento provocado por la COVID-19, incluso en las familias en
las que el padre y la madre han seguido trabajando. Así, mientras que el
cierre de los centros educativos y las dificultades para externalizar los
servicios domésticos han representado un incremento -sin precedentes- de
las responsabilidades familiares, estas siguen repartiéndose de manera
desigual. Esto sugiere un posible deterioro de las oportunidades
laborales de las mujeres y ampliar la desigualdad de género, dado que las
mujeres están teniendo más dificultades para conciliar su vida
profesional y familiar en el nuevo escenario que ha traído consigo la
COVID-19. Además, la salida de las mujeres del trabajo por largos
períodos de tiempo provoca que cuando deciden volver deben hacer frente a
la obsolescencia en un mercado laboral cada vez más cambiante.
A mayor abundamiento, sin perjuicio de la igualdad retributiva, en lo que
tiene que ver con la presencia en Juntas Directivas de empresas, los
hombres copan el 78 % de los puestos, frente al 22 % de las mujeres,
según los datos del indicador del World Economic Forum.
Por todo ello, las empresas deben crear una cultura corporativa basada en
la igualdad de género. Sin esta base, cualquier acción que se tome no
tendría sentido ni resultados positivos. Los valores de la empresa deben
cambiar para favorecer la igualdad; aquí también resulta interesante la
implementación de medidas de responsabilidad social corporativa.
El reconocimiento de la mujer, no solo desde el punto de vista salarial
sino también en relación con los logros que se consigan. La promoción del
liderazgo femenino, hombres y mujeres deben tener las mismas
oportunidades de ocupar puestos directivos y de representación y liderar
equipos dentro de las empresas.
Estas son solo algunas iniciativas que pueden ayudar a incentivar el
regreso de las mujeres al mercado laboral. Ahora bien, para ello, las
empresas deben apoyarse en técnicas como coaching y mentoring si quieren
conseguir una verdadera consolidación e implicación de la plantilla de
hombres y mujeres, un valor añadido de empresa y, sobre todo,
posicionarse mejor de cara al futuro de la misma.
Por ello es necesario diseñar programas de retorno al mercado laboral para
las mujeres después de los períodos de abandono por el cuidado de menores
y dependientes, que tienen que ir acompañados de otras políticas de
conciliación y corresponsabilidad en los cuidados. Programas de
reciclaje, reinserción, fomento e incentivos a la contratación de estas
mujeres, flexibilización de horarios, fomento del teletrabajo, períodos
de adaptación y formación especializada, programas contra la brecha
digital y acceso a nuevas tecnologías de la información.
Resulta necesario que el Gobierno, a través de las Comunidades Autónomas,
desarrollen programas o acciones que faciliten la reorientación laboral
de las mujeres después de dejar de trabajar para dedicarse
a las necesidades familiares, debido a los amplios plazos que transcurren
desde el momento que deciden volver al ámbito laboral hasta que logran
conseguir la inserción.
El Grupo Parlamentario Popular presentó una enmienda por cuantía de diez
millones de euros para transferir a las Comunidades Autónomas presupuesto
para programas para facilitar la reinserción en el mercado laboral de las
mujeres tras el cuidado de menores o personas en situación de dependencia
en el hogar; sin embargo, fue rechazada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las
Comunidades Autónomas, a:
- Implementar Programas para facilitar la reinserción en el mercado
laboral de las mujeres tras el cuidado de menores o personas en situación
de dependencia en el hogar.
- Programas que fomenten la corresponsabilidad en los cuidados, mediante
la incentivación de buenas prácticas que avancen hacia una mayor
conciliación entre mujeres y hombres y hacia una mayor igualdad.
- Impulsar Programas de reorientación laboral de las mujeres después de
dejar de trabajar para dedicarse a las necesidades familiares, debido a
los amplios plazos que transcurren desde el momento que deciden volver al
ámbito laboral hasta que logran conseguir la inserción.
- Incentivar medidas que impulsen el liderazgo femenino para ocupar
puestos directivos y de representación y liderar equipos dentro de las
empresas.
- Promover Programas de reciclaje, reinserción, fomento e incentivos a la
contratación de estas mujeres, flexibilización de horarios, fomento del
teletrabajo, períodos de adaptación y formación especializada, programas
contra la brecha digital y acceso a nuevas tecnologías de la
información.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2020.-María
Auxiliadora Pérez Díaz y Margarita Prohens Rigo, Diputadas.-Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado
en materia de Violencia de Género
161/001856
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia de Joan Baldoví Roda, Diputado
de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley sobre los fondos estatales para combatir la violencia de género
para su debate en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos
del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
Exposición de motivos
En el año 2017 se aprobó el Pacto de Estado contra la violencia de género.
Este acuerdo, además de determinar una serie de medidas generales para
las administraciones públicas en materia de lucha contra la violencia de
género, implicaba un compromiso económico por parte del Gobierno de
España mediante los presupuestos Generales del Estado. Este compromiso se
basa en la obligación de transferir a los ayuntamientos veinte millones
de euros en los cinco años posteriores a su aprobación para aplicar todas
las medidas contempladas en el Pacto. Además de establecer las medidas
que se habían de llevar a cabo, establecía los fondos para garantizar que
todas las administraciones pudieran aplicarlas y, por tanto, que todas
las personas recibieran la misma atención y pudieran acceder a los mismos
recursos.
El Pacto establece que el Gobierno de España debe acordar con la
Federación Española de Municipios y Provincias, así como con otras
asociaciones locales, los programas que se tienen que aplicar desde los
ayuntamientos. Este acuerdo, junto con el compromiso de garantizar los
fondos necesarios para aplicar estas medidas, son garantía de efectividad
del conjunto de medidas.
Por su parte, el Gobierno de España aprobó el pasado mes de noviembre el
«Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, por el cual se actualizan
las cuantías, los criterios y los procedimientos de distribución de las
transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias
reservadas a las entidades locales al pacto de Estado en materia de
violencia de género», anteriormente regulado por el «Real decreto-ley
9/2018, de 3 de agosto». Esto supone establecer nuevos criterios para
determinar el reparto de los fondos destinados a las entidades locales
para la lucha contra la violencia de género, con el objetivo de que las
transferencias se acomoden a la evolución de la población española, al
número de municipios, así como ajustar los fondos al número de víctimas
empadronadas en cada uno de los municipios, manteniendo además el
criterio prioritario de la participación de los ayuntamientos al sistema
policial «VioGén».
Todo esto ha generado, desgraciadamente, un perjuicio económico a muchos
municipios. En el País Valenciano se tienen que repartir un total de 1,76
millones de euros entre los 542 municipios que conforman el territorio.
Lo que supone un 36 % menos que en el ejercicio del 2019, donde se
recibieron 2,7 millones de euros. El motivo principal de esta disminución
de los ingresos a las diferentes entidades locales deriva de un recorte
de 245.725 euros adicionales a 212 ayuntamientos por los remanentes de
fondos de la anterior convocatoria que no han sido ejecutados dentro de
los plazos establecidos por el Gobierno.
Hay que tener en cuenta las dificultades vividas este año derivadas de la
crisis provocada por la Covid-19, dificultades que pueden haber afectado
a las administraciones más pequeñas y con menos recursos a la hora de
ejecutar el presupuesto y cumplir con los objetivos y programas
establecidos. Las prioridades del confinamiento y de la Covid-19
cambiaron los planes de gestión, también en cuanto a la violencia de
género; durante los últimos meses ha habido que atender emergencias
diferentes relacionadas con la situación de las víctimas.
La Federación Española de Municipios y Provincias manifestó recientemente
que estos fondos son insuficientes para actuar ante la emergencia
feminista en la cual se encuentra el Estado actualmente. Por otro lado,
parece que los nuevos criterios no son del todo acertados, dado que las
modificaciones que se plantean deberían suponer mejoras y nunca
perjuicios, sobre todo cuando lo que hay que gestionar son recursos para
combatir la violencia de género y para proteger la vida de las víctimas.
Frente al machismo, se han de poner a disposición todos los recursos y
esfuerzos que estén a nuestro alcance. Por todo ello, presento la
siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno de España a revisar y mejorar el actual
sistema de reparto de fondos destinados para la lucha contra la violencia
de género y machista que se destinan en los ayuntamientos, así como
hacerlo desde una perspectiva que tenga en cuenta un enfoque local y
actualizado a la crisis de la Covid-19. Dicha revisión y mejora contará
con la colaboración y el apoyo de la Federación Española de Municipios y
Provincias, para garantizar que los municipios reciban los recursos
necesarios para hacer frente a la violencia machista y dar el apoyo
necesario a las víctimas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2020.-Joan
Baldoví Roda, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo
Parlamentario Plural.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/001829
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley para la recuperación y refuerzo
de la prestación económica por hijo o menor a cargo de la Seguridad
Social, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y
Adolescencia.
Exposición de motivos
La pobreza infantil en España es un problema muy preocupante. Uno de cada
cuatro niños, algo más de dos millones, vive en hogares que no tienen los
recursos suficientes para llegar a fin de mes. Un millón y medio ni tan
siquiera tienen recursos para cubrir sus necesidades más básicas, pues
los ingresos del hogar no superan los 370 euros al mes. Si hablamos de
hogares monoparentales, esta pobreza extrema supera el 70 %, y en el caso
de grupos de población especialmente vulnerables, la situación es todavía
peor: según un estudio de la Fundación Secretariado Gitano, el 89 % de
los menores gitanos viven en hogares en riesgo de pobreza.
Hablamos de hogares que no disponen de recursos suficientes para cubrir
adecuadamente las necesidades básicas de los niños y las niñas. Un
estudio de Save the Children estima que estos gastos de crianza ascienden
a los 479 euros mensuales en el caso de niños y niñas menores de 3 años,
y que van creciendo progresivamente hasta alcanzar los 588 euros en el
caso de adolescentes de 13 a 17 años. Unas cifras que, pese a ser
consideradas de mínimos, resultan directamente impensables para muchas
familias que viven en la pobreza.
Por otra parte, la pandemia de covid-19 no está detrás de estas elevadas
tasas de pobreza. España ya era el quinto país de la Unión Europea con
más pobreza infantil, el tercero si solo se considera a los menores de 16
años. Pero la pandemia ha empeorado todo: la crisis sanitaria puede
elevar el número de niños y niñas que viven en la pobreza hasta los tres
millones.
La realidad que desprenden estas estadísticas es muy preocupante, porque
para cualquier menor la pobreza tiene efectos devastadores, tanto en el
presente como en el futuro. Por ejemplo, en la educación: en España, los
alumnos de hogares en situación de pobreza tienen cuatro veces más
posibilidades de repetir curso, según indican los resultados del informe
PISA.
Frente a estos niveles de pobreza y carencias estructurales que afectan a
la población infantil, la respuesta que se ha ofrecido hasta la fecha
desde nuestro sistema de protección pública ha sido muy insuficiente: la
inversión española en Infancia supone tan solo el 1,2 % del PIB, la mitad
del 2,4 % en promedio de la Unión Europea. Unos niveles que no permiten
abordar adecuadamente las desventajas en las que se traducen nuestras
elevadas tasas de pobreza y desigualdad infantil, menos aún corregirlas
para garantizar la igualdad de oportunidades.
Una de las principales medidas en las que se materializaba esta inversión
en infancia era la asignación económica por hijo o menor a cargo, más
conocida como «prestación por hijo a cargo», configurada como una
prestación económica dentro de las prestaciones familiares en su
modalidad no contributiva del sistema de la Seguridad Social. Hasta la
entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que
se establece el ingreso mínimo vital, esta prestación, que recibían más
de 800.000 familias en toda España, se reconocía por cada hijo menor de
dieciocho años, o mayor de dicha edad con una discapacidad en un grado
igual o superior al 65 por ciento, a cargo del beneficiario, cualquiera
que sea la naturaleza legal de la filiación, así como por los menores a
su cargo en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines
de adopción, que formen parte de hogares que se encontrasen en situación
de vulnerabilidad económica por no alcanzar un determinado nivel de
ingresos anuales.
Las cuantías de la prestación y los umbrales de renta del hogar para tener
derecho a la misma serían las que para cada caso se determinasen
anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Para el año
2020, al producirse una nueva prórroga presupuestaria, estos importes se
fijaron por el Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero. Con carácter
general, la cuantía de la prestación se fijó en 341 euros anuales para
todos los hogares con ingresos inferiores a 12.424 euros anuales, y, si
se trata de familias numerosas, en 18.699,00 euros, incrementándose en
3.029 euros por cada hijo a cargo a partir del cuarto, este incluido.
Asimismo, se fijó una cuantía de 588 euros anuales para aquellos hogares
en situación de especial vulnerabilidad.
Desde hace tiempo, existían múltiples reivindicaciones, en su mayoría
procedentes de ONGs y entidades de la sociedad civil que operan en el
ámbito de la defensa y protección de los derechos de la infancia y la
adolescencia, que clamaban por la ampliación progresiva tanto de la
cuantía como el público destinatario de la asignación económica por hijo
o menor a cargo, al objeto de que esta prestación pudiese acabar llegando
a todos los hogares en situación de vulnerabilidad económica con la
finalidad de acabar con la pobreza infantil en España.
Sin embargo, las últimas decisiones del Gobierno, paradójicamente, van en
dirección contraria. Así se pone de manifiesto en el Real Decreto-ley
20/2020, de 29 de mayo, que en su disposición transitoria séptima
contempla la integración de la asignación económica por hijo o menor a
cargo en el nuevo ingreso mínimo vital, salvo en el supuesto en que el
menor tenga una discapacidad igual o superior al 33 %, estableciendo que
tras su entrada en vigor no podrán efectuarse nuevas solicitudes de
reconocimiento de la prestación por hijo o menor a cargo en los demás
supuestos, quedando a extinguir las que hubieran sido reconocidas hasta
entonces.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos no compartimos la decisión del
Gobierno de proceder a la supresión de la prestación por hijo a cargo por
la vía de su integración en el ingreso mínimo vital. El Gobierno alega
que ambas prestaciones fines análogos, pero como hemos señalado
reiteradamente desde este grupo y como ha sido puesto de manifiesto desde
las entidades sociales de defensa de los derechos de la infancia y la
adolescencia, esa afirmación no se ajusta a la realidad. Al contrario,
cada una de estas prestaciones responden a objetivos y cubren necesidades
básicas diferentes. Por un lado, el ingreso mínimo vital garantiza unos
ingresos mínimos a hogares que se encuentran en riesgo de exclusión
social, que carecen de ingresos o que no alcanzan para superar el umbral
de pobreza severa, al objeto de que puedan ser destinados a satisfacer
las necesidades vitales básicas de las personas que integran la misma
unidad de convivencia. De ahí que su cuantía sea más elevada y su público
destinatario más reducido. Por otro, la prestación por hijo a cargo tiene
por objeto prestar un apoyo económico a hogares con ingresos reducidos,
en situación de pobreza relativa pero no necesariamente en riesgo de
exclusión social, para asegurar una adecuada atención a las necesidades
básicas de los niños y niñas, contribuyendo con ello a la igualdad de
oportunidades.
La integración de la segunda en la primera provocará que todos los niños y
niñas que viven en hogares que, atendiendo a sus condiciones personales y
económicas, podrían ser beneficiarias de la prestación por hijo a cargo
pero no del ingreso mínimo vital, ahora, sin embargo, se vean privados de
toda protección social. Estas circunstancias son las que para el Grupo
Parlamentario Ciudadanos justifican que se garantice el mantenimiento de
la asignación económica por hijo o menor a cargo en el supuesto de hijo o
menor sin discapacidad, revirtiendo con ello su integración en el ingreso
mínimo vital.
Asimismo, atendiendo a las reivindicaciones de las entidades que trabajan
en la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, desde el
Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que se debe aprovechar el
restablecimiento de esta prestación para incrementar igualmente su
cuantía, de modo que pase a fijarse, con carácter general, en 1.200 euros
anuales, esto es, 100 euros al mes, por cada hijo o menor a cargo. Con
ello se pretende asegurar un apoyo económico mínimo que permita
garantizar la cobertura de una parte significativa de los gastos
asociados a la crianza de estos menores, con la finalidad de avanzar
hacia una mayor igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas.
Además, esta cuantía se fija en 1.800 euros anuales (150 euros al mes) en
el caso de aquellos hogares que por razón de sus bajos ingresos se
encuentren en situación de especial vulnerabilidad, pero que aun así no
reúnan todos y cada uno de los requisitos exigidos para el ingreso mínimo
vital.
Y por último, consideramos asimismo necesario que se amplíen los umbrales
que dan derecho a esta prestación, de manera progresiva, con el objetivo
de alcanzar a todos los hogares que se encuentren en situación de pobreza
relativa en nuestro país. Además, se contemplará entre estos umbrales uno
más elevado para el supuesto de familias monoparentales con dos o más
hijos, como el que ya se contempla para familias numerosas con tres o más
hijos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Adoptar de inmediato las medidas que permitan recuperar la asignación
económica por hijo o menor a cargo de la Seguridad Social en el supuesto
de menor sin discapacidad.
2. Establecer, coincidiendo con esta recuperación, una cuantía de la
prestación de 1.200 euros anuales (100 euros al mes) por hijo o menor a
cargo, con carácter general.
3. Establecer un umbral de ingresos más elevado para el supuesto de hijos
o menores a cargo en familias monoparentales, como ya se contempla para
las familias numerosas.
4. Promover, una vez recuperada, un incremento progresivo del umbral de
ingresos que permiten acceder a esta prestación, atendiendo a la
evolución socioeconómica y demográfica, a fin de mejorar su
eficacia para luchar contra la pobreza infantil y avanzar hacia una
efectiva igualdad de oportunidades de la infancia y la adolescencia.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2020.-Sara
Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
161/001853
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña María Teresa López Álvarez, don Pablo
Juan Calvo Liste, doña Rocío de Meer Méndez, doña María de la Cabeza Ruiz
Solás y doña Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de
Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al
amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a las
ayudas a los menores que padecen enfermedad celíaca, para su discusión en
la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
Exposición de motivos
Primero. La enfermedad celíaca y su prevalencia en España.
La enfermedad celíaca (EC) «es una enfermedad digestiva que daña el
intestino delgado y altera la absorción de las vitaminas, minerales y
demás nutrientes que contienen los alimentos» 149. Los pacientes que la
sufren (celíacos) no toleran el gluten, una proteína contenida en la
mayor parte de los cereales: trigo, cebada, avena, centeno, espelta, etc.
Al ingerir el gluten presente en estos alimentos, el sistema inmune del
celíaco produce daños en la mucosa intestinal y malabsorción.
A la celiaquía se asocia otra serie de enfermedades como la diabetes, el
hipotiroidismo, la anemia, la dermatitis y la osteoporosis, esta última
con mayor incidencia en jóvenes 150.
La prevalencia de la EC en nuestro país es mucho más elevada en menores de
edad que en adultos, ya que «oscila entre 1/71 en la población infantil
[de 1 a 14 años] y 1/357 en la población adulta» 151.
En enero de 2020, según estadísticas del INE, había un total de 6.875.414
menores de 14 años en España. Podemos concluir, si aplicamos a esa cifra
la mencionada ratio de prevalencia, que 96.837 menores padecen EC
actualmente. Con todo, puesto que existe consenso científico 152 acerca
del infradiagnóstico de esta patología, parece claro que la incidencia
real de la EC es mucho mayor.
Se trata, en suma, de una enfermedad que afecta a una cifra considerable
de menores de edad en nuestro país.
Segundo. Los problemas asociados al padecimiento de la EC.
La EC es una enfermedad crónica y que no tiene tratamiento. Para poder
gozar de una aceptable calidad de vida, los celíacos disponen de un solo
recurso: la supresión del gluten en su dieta.
Esto que, a priori, pudiera parecer trivial, no resulta tan sencillo en un
país de cultura mediterránea donde «el consumo de pan y productos
elaborados a base de harinas cereales, principalmente trigo, pero también
centeno, cebada y harina, está integrado en la base de la pirámide
alimentaria y se recomienda un consumo diario y relevante de estos
productos. A esto se añade el uso extendido del gluten en la elaboración
industrial de otros alimentos que originariamente no lo contienen» 153.
Partiendo de la premisa expuesta (la necesidad de incluir cereales en una
dieta equilibrada), seguir una alimentación exenta de gluten encarece
sobremanera la lista de la compra de las familias de quienes
149
https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/enfermedad-celiaca
150 https://celicidad.net/enfermedades-asociadas-celiaquia/
151
https://celicidad.net/las-cifras-la-celiaquia/#:~:text=%2DEntre%20un%201%20y%20un,los% 20celiacos%20no%20est%C3%A1n%20diagnosticados
152
https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-familia-semergen-40-articulo-prevalenciacaracteristicas-enfermedad-celiaca-fachada-S1138359315003317
153 DEFENSOR DEL PUEBLO, Estudio sobre la situación de las personas con
enfermedad celíaca en España, Madrid, abril 2017, pp. 9-10. Acceso en
línea: https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/
uploads/2017/04/Celiaquia_2017-1.pdf.
tienen hijos menores que padecen la EC. Así se ha acreditado en el Informe
de precios sobre productos sin gluten 2020, publicado por la Federación
de Asociaciones de Celíacos de España (FACE):
[**********página con cuadro**********]
De acuerdo con la revisión realizada, el coste de los productos sin gluten
es superior al coste de productos convencionales, encontrándose una mayor
diferencia en las magdalenas, harinas de panificación y el pan de molde.
A título de ejemplo, las familias con hijos menores celíacos pagan 7 veces
más por el pan de molde o 3,65 veces más por la pasta que las familias
que adquieren y consumen productos con gluten.
FACE ha calculado que el incremento anual en la compra de quienes tienen
en la familia un miembro que padece EC puede rondar los 911 euros
anuales:
[**********página con cuadro**********]
Teniendo como base los resultados obtenidos se puede concluir que una
familia con una persona celíaca entre sus miembros, que tenga un patrón
alimentario con aporte calórico de 2000 a 2200 kcal, tendrá un incremento
estimado en la adquisición de la cesta de la compra de 18,97 a la
semana, 75,89 al mes, y de 910,73 al año, en relación con otra
familia que adquiera productos con gluten.
La situación se agrava si, en vez de un solo miembro afectado, son varios
los que padecen EC, lo cual no es infrecuente porque se trata de una
enfermedad de componente genético 154. Sobre todo, son preocupantes los
casos -no pocos en España- de familias que carecen de recursos económicos
con los que hacer frente a la compra de productos específicos con que
alimentar a sus hijos celíacos.
Tercero. Normativa española en materia de ayudas a celíacos y sus
familias.
En España no existe una ayuda directa o subvención de carácter estatal
para las personas celíacas y sus familias. No obstante, a nivel
autonómico, regional y local sí se proporcionan ciertas ayudas, aunque
limitadas en todos los casos al agotamiento de la partida dotada al
efecto. Entre otras, las siguientes:
- Comunidad Foral de Navarra, hasta 90 euros mensuales 155.
- Diputación Foral de Vizcaya, hasta 80 euros mensuales 156.
- Junta de Extremadura, 150 euros mensuales 157.
- Ciudad Autónoma de Melilla, entre 33 y 83 euros mensuales, en función
del nivel de ingresos de la familia a la que pertenezca el enfermo de EC
158.
Dichas ayudas no se otorgan en todas las comunidades autónomas, ni existe
un criterio unificado respecto a sus cuantías y criterios de concesión.
Ello comporta que, en el caso que nos ocupa, los progenitores de un menor
enfermo de EC obtengan, en función de su lugar de residencia, entre 0 y
1.000 euros mensuales en concepto de ayuda económica para paliar el
incremento del gasto asociado a la enfermedad.
Por cuanto respecta a las ayudas indirectas, en los últimos años las
asociaciones de celíacos en España han conseguido que el tipo impositivo
superreducido del IVA (4 %), otrora exclusivo para alimentos que son
considerados de primera necesidad, se aplique también al «pan común» y a
las «harinas panificables sin gluten» 159.
Sin embargo, quedan fuera de dicho tipo superreducido y, en consecuencia,
continúan tributando al 10 % de IVA, todos los demás productos con
«mención sin gluten» 160, muchos de ellos de uso ordinario: la pasta, el
pan de molde, el pan rallado, los colines, las galletas, los cereales de
desayuno, etc.
Cuarto. Las ayudas a los celíacos en el derecho comparado.
Mientras que en España la mayor parte de las familias con hijos menores
celíacos tiene que hacer frente a los costes derivados de la enfermedad
sin ayuda alguna, en nuestros países vecinos no ocurre así. Así lo
asevera el Defensor del Pueblo, en el estudio citado supra:
«Todo ello explica que países cercanos y más próximos en cultura como
Italia y Francia, cuenten con medidas específicas de apoyo a las personas
que padecen esta enfermedad en sus sistema públicos de protección» 161.
«Varios países europeos ofrecen ayudas destinadas a las personas celíacas.
En Reino Unido, por ejemplo, los alimentos especiales se compran con
prescripción médica y son gratuitos hasta los 16 años y a partir de los
65; en las edades intermedias se abona un copago al año. En Francia, la
Seguridad Social abona a cada niño celíaco una determinada cantidad al
mes y otra a los adultos por los alimentos
154 «Un 35,27 por ciento de los participantes que respondieron a la
cuestión siete (10.284) refirieron tener al menos algún familiar más
afectado de enfermedad celíaca» (DEFENSOR DEL PUEBLO, Estudio sobre la
situación de las personas con enfermedad celíaca en España, Madrid, abril
2017, p. 16). Acceso en línea:
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2017/04/Celiaquia_2017-1.pdf.
155 Orden Foral 197/2006, de 6 de septiembre, de la Consejera de Bienestar
Social, Deporte y Juventud, por la que se aprueba la convocatoria de
ayudas destinadas a familias en cuyo ámbito existan uno o más enfermos
celíacos.
156 http://www.celiacoseuskadi.org/
convenios-y-ayudas/ayudas-de-la-diputacion-foral-de-bizkaia/
157
https//www.infoceliaco.com/index.php/instituciones/3642-colapso-en-la-convocatoria-de-ayudas-para-celiacos-de-Ia junta-de-extremadura
158
https://www.melilla.es/melillaPortal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16556_1.pdf
159 La Dirección General de Tributos, en consulta n.º V2236-12, de 20 de
noviembre de 2012, «modificó el criterio mantenido en anteriores
consultas para extender la aplicación del tipo del 4 % a los referidos
productos alimentarios aptos para personas con intolerancia al gluten».
160 Según el Reglamento (UE) n.º 828/2014.
161 DEFENSOR DEL PUEBLO, Estudio sobre la situación de las personas con
enfermedad celíaca en España, Madrid, abril 2017, pp. 9-10.
especiales adquiridos, justificados con las etiquetas. En otros países se
contemplan deducciones y beneficios fiscales» 162.
La FACE 163 detalla las ayudas que prácticamente todos los Estados
miembros de la Unión Europea destinan a quienes sufren la EC y a sus
familias: otorgándoles ayudas económicas directas, regulando para ellos
exenciones tributarias, abonando una parte de sus costes médicos,
subvencionando la compra de ciertos productos alimentarios, etc.
Así, con independencia de cuál sea la forma jurídica concreta para
llevarlo a cabo, lo que es común a la práctica totalidad de países
vecinos a España es arbitrar medidas de apoyo a las personas con la EC y
sus familias.
Quinto. Propuesta del GPVOX.
Ateniéndonos a los datos expuestos, podemos inferir las siguientes
conclusiones:
(i) la cronicidad de la EC.
(ii) la especial incidencia de esta enfermedad en los menores de edad.
(iii) la necesidad de una alimentación específica de quienes la padecen
como única forma de evitar un deterioro orgánico grave y la aparición de
enfermedades asociadas.
(iv) el incremento económico que supone la compra de alimentos sin gluten,
tanto por el coste productivo de los mismos como por la carga tributaria
que pesa sobre ellos.
Por todo ello, como concreción de la obligación de los poderes públicos de
«asegura[r] la protección social, económica y jurídica de la familia», y
«la protección integral de los hijos» (arts. 39.1 y 39.2 de la
Constitución Española, respectivamente), es de justicia que las familias
con hijos menores que padecen EC reciban ayudas por parte del Estado que
les permitan hacer frente a este gasto añadido, gasto que, para muchas
familias (y así se ha puesto de manifiesto en esta crisis sanitaria), es
mayor del que pueden asumir. Asimismo, ha de trabajarse en la
investigación científica en la EC y la divulgación social de la
existencia de esta enfermedad y las necesidades específicas de quienes la
padecen.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en desarrollo de las
competencias que la Constitución Española le reconoce en los artículos 39
y 149.1.1.ª, a:
1. Promover el estudio científico sobre la enfermedad celíaca: prevalencia
en España en la población general y en menores de edad, enfermedades
asociadas a ella, prevención y tratamiento.
2. Fomentar la concienciación social acerca de la enfermedad celíaca.
3. Promover una ayuda económica anual e igual en todo el territorio
español que mitigue el incremento del gasto en alimentos que experimentan
las familias con hijos celíacos menores de edad, de tal modo que el
Estado contribuya a financiar los gastos asociados a su correcta
alimentación.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2020.-María
Teresa López Álvarez, Pablo Juan Calvo Liste, Rocío de Meer Méndez, María
de la Cabeza Ruiz Solás y Georgina Trías Gil, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001873
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
162 https://www.defensordelpueblo.es/
grupo-social/celiacos/#:~:text=En%20Espa%C3%Bla%20no%20se%20ha,afectada%20por%20la%20coyuntura%20socioecon%C3%B3mica
163
https://celiacos.org/ayudas-economicas-y-alimentarias-para-personas-celiacas-en-la-union-europea/
de Ley de medidas destinadas a luchar contra la Violencia Filioparental,
para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y la
Adolescencia.
Exposición de motivos
La violencia intrafamiliar que ejercen hijos contra padres y madres se
denomina violencia filioparental, es decir menores convertidos en
agresores de sus padres, abuelos y hermanos. Resulta descorazonador
comprobar como esta modalidad delictiva asciende año tras año, según se
señala por la Fiscalía de menores en los datos que vuelca a la memoria
que anualmente elabora la Fiscalía General del Estado, que desde 2006, se
recogen datos a este respecto, esta inquietante cifra no ha dejado de
subir año a año. De hecho, desde los 2000 casos en año 2001, en 2019 se
ha cerrado con 5.055 casos y eso que solo son exclusivos de violencia
filioparental desde el año 2011 dado que, con anterioridad, en el año
2001 eran datos de delitos cometidos por menores sin diferenciar.
Los Fiscales de la Jurisdicción de Menores destacan y lamentan que estos
delitos no tengan la repercusión mediática de otros, ya que estos acaban
en muerte en un número cada vez mayor. También han aumentado
considerablemente los delitos contra la vida cometidos por jóvenes que no
han cumplido los 18 años, los cuales también se han disparado: 83 el año
pasado, la cifra más alta de toda la década que además rompe una
tendencia más o menos estable desde 2015 que no superaba el medio
centenar de casos por año.
Los Fiscales hacen hincapié en el dolor que provocan estos delitos y en el
estrés emocional que acarrea a quienes tienen que combatirlos. A veces se
recurre a una solución extrajudicial, otras no se denuncian y, por
último, los casos salen a la luz por reconocimiento forense cuando el
maltratador es obligado a un ingreso psiquiátrico. La opinión
generalizada es que solamente el 10 % de los casos se denuncia, y llegan
los casos extremos cuando la situación es más que insostenible y a los
padres solo les queda ese recurso.
Según el estudio realizado por la Sociedad española para el estudio de la
violencia filioparental (SEVIFIP) los datos de la Fiscalía estudiados
desde el año 2005 y de los que no llegan a denuncia, atendiendo a la
población adolescente en 2018 que, según el INE, entre 13 y 18 años en
España son 2.814.783 jóvenes, el 14 % de ellos ejerce violencia
psicológica y el 3,2 % violencia física en el ámbito familiar, lo que
supone que más de medio millón de jóvenes ejercen este tipo de violencia.
Quienes conocen de primera mano esta problemática no se quedan solos en
los datos y elaboran su diagnóstico, hablan de un problema delictivo
enquistado en el tejido social desde que comenzara a dispararse en el año
2005. Quince años dicen los expertos que esos maltratadores de ayer hoy
serán adultos y se preguntan ¿qué modelo educativo van a trasladar a sus
hijos? Pese a las soluciones interpuestas los resultados no se acaban de
ver quizás porque perviven en el tiempo los mismos patrones fracasados y
defectuosos. La situación no es nada esperanzadora según las entidades
implicadas como la sociedad española para el estudio de la violencia
filioparental (SEVIFIP).
AMALGAMA7 indica que el año 2020 augura datos peores, pues el
confinamiento que sufrimos para controlar y detener la COVID-19 también
ha hecho estragos en la convivencia familiar con jóvenes y adolescentes
que algunos llegan a calificar de ¿convivencia o supervivencia?, pues
según AMALGAMA7 y FUNDACIÓN PORTAL de una encuesta realizada a más de
1.500 padres durante el mes de agosto, detectan que más del 58,3
contestan que sus hijos aumentaron las malas contestaciones frente al
30,1 que se daba en el pre COVID-19, frente al 11,9 que confiesan que sus
hijos llegaron al insulto frente al 3,8 % que lo confesaban en el mes de
febrero.
SEVIFIP contrasta y lo estratifica de la siguiente manera:
- Leve, malas contestaciones o enfado;
- moderado, insulto que tiene intención de herir o hacer daño, y
- grave, cuando pasa de hacer daño e incluye la amenaza.
Uno de cada dos padres encuestados señalaba no estar preparados para el
confinamiento y que en caso de un nuevo confinamiento, solicitarían ayuda
psicológica más del 80 % de los encuestados y ayuda a la comunidad
educativa más del 50 %; y casi el 30 % de los encuestados señalaba que
requeriría la atención médica o psiquiátrica para sus hijos en situación
de nuevo confinamiento.
De todo lo expuesto se deriva que la magnitud del problema se ha visto
agravada con la crisis sanitaria de la COVID-19, lo que nos obliga a los
poderes públicos a impulsar medidas que reviertan tan crucial
problema, no solo por las víctimas que hoy lo sufren sino porque quien la
ejerce merece nuestra atención para abordar el futuro como personas
maduras y seguras.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en colaboración con
las Comunidades Autónomas, las entidades del tercer sector dedicadas a la
infancia y entidades e instituciones especializadas en la atención de
adolescentes:
1. Elaborar un estudio para obtener datos fiables de casos de violencia
filioparental.
2. Promover una Conferencia interdisciplinar que incluya a los
representantes de cada Comunidad Autónoma responsables de abordar la
violencia filioparental con el fin de que se cataloguen los recursos
existentes en cada Comunidad Autónoma.
3. Desarrollar un programa básico nacional con estándares uniformes de
abordaje de la violencia filioparental para todo el territorio.
4. Promover campañas de sensibilización que den visibilidad a la violencia
filioparental.
5. Promover las modificaciones normativas necesarias que impliquen a las
familias en el tratamiento de la violencia filioparental.
6. Desarrollar herramientas de detección temprana de estos casos, para
evitar su agravamiento y, por ende, el mayor sufrimiento de toda la
familia.
7. Implementar medidas y acciones que atiendan de una manera integral,
tanto a los que sufren este tipo de violencia como a los menores que la
causan.
8. Implantar programas específicos de recuperación de la convivencia
familiar, con medidas de atención social y psicológica.
9. Elaborar un Plan de prevención de la violencia filioparental en el
ámbito educativo implicando a la comunidad educativa en la solución del
problema.
10. Poner en funcionamiento un teléfono de atención permanente de
asesoramiento e información a padres, tutores y familiares que sufren
violencia por parte de sus hijos o menores y jóvenes con los que
conviven.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2020.-Carmen
Navarro Lacoba, María de la O Redondo Calvillo, Alicia García Rodríguez y
Margarita Prohens Rigo, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001875
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas de
lucha contra la pobreza infantil y de elaboración de un Plan Integral al
respecto, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y la
Adolescencia.
Exposición de motivos
La erradicación de la pobreza y la lucha contra la exclusión social
constituyen uno de los grandes retos de nuestro tiempo, más aún cuando
estas afectan a la infancia y la adolescencia.
Para el Partido Popular, la lucha contra la pobreza infantil siempre ha
constituido uno de sus principales objetivos políticos, de ahí que se
incluyera en el Plan de Acción para la Inclusión Social 2013-2016,
compuesto por 240 actuaciones y dotado con más de 136.000.000 de euros.
Actualmente, España está atravesando el peor momento de su historia
reciente. A la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 se ha unido
una gravísima crisis social y económica agravada por las ineficaces
medidas o la falta de estas del Gobierno de España.
Cada vez hay más voces en contra de las previsiones económicas del
Gobierno: el Banco de España, la AIREF y la UE. La Comisión Europea
rechaza las falsas previsiones del Gobierno y desvela que seremos el peor
país en déficit, paro y caída de PIB durante 3 años.
La tasa de desempleo no bajará del 17 % en 2021, según fuentes de
Eurostat, y actualmente ya tenemos 1.200.000 hogares en los que todos sus
miembros están en paro. Recientemente, la AIREF ha indicado que un 40 %
de los hogares no pueden hacer frente a dos meses consecutivos sin
ingresos.
Las familias lo están pasando mal, muy mal. El «escudo social» planteado
por el Gobierno a través del Ingreso Mínimo Vital ha resultado ser un
fiasco. Más de un millón de solicitudes presentadas en estos últimos
cuatro meses y únicamente se ha reconocido a 136.000 hogares.
Hay familias que han recibido 18,09 euros (una madre con tres hijos y sin
más ingresos que los pagos por alimentos que le realiza su expareja de
525 euros mensuales). Además, el ministro Escrivá ya ha indicado que un
35 % se va a dejar de cubrir este año, y las familias tienen que comer
todos los días. Es más, la nefasta gestión en su tramitación ha
conllevado el colapso de la Seguridad Social, lo que ha supuesto retraso
en meses del reconocimiento y cobro de las pensiones de jubilación,
viudedad, orfandad, etcétera.
Es intolerable que, con casi cuatro millones de parados, cerca de 600.000
personas en ERTE, unas previsiones económicas desastrosas, con la segunda
ola de la crisis de la COVID-19 y en espera de una tercera, el Ejecutivo,
en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, haya subido la
partida destinada a altos cargos y personal eventual dependientes del
presidente del Gobierno, el 75 y el 114 %, respectivamente. Sin perjuicio
del aumento de altos cargos y personal eventual en el resto de los
ministerios que ha supuesto 71.000.000 más respecto a los Presupuestos
del año 2018.
Es el momento de reducir el número de Ministerios, suprimir altos cargos y
personal eventual, las llamadas colas del hambre lo están reclamando.
Colas del hambre que se vieron en las primeras semanas del confinamiento
y que no son unas imágenes del pasado, sino que se siguen produciendo e
incluso se están acrecentando.
Esta crisis económica está golpeando con mayor crudeza a los más
vulnerables, especialmente a los niños y niñas. Save the Children ha
señalado que espera que la tasa de pobreza infantil se dispare al 33 %
este año. España tiene la tercera tasa de pobreza infantil más alta de
toda Europa, tras Rumanía y Bulgaria, con más de 2,1 millones de niños en
esta situación. Los hogares con menores a cargo son los que están
sufriendo en mayor medida los efectos de la crisis económica. Por
ejemplo, la organización ha calculado que el riesgo de pobreza de las
familias monoparentales, en su mayoría encabezadas por una mujer,
aumentará del 41,1 % hasta el 48 % por culpa de la COVID-19.
La realidad es que antes de la pandemia había un 27,4 % de menores en
riesgo de pobreza o exclusión social y, según las previsiones, España
cerrará 2020 con más de un 30 % de niños pobres.
En similares términos se expresa el Informe «¿Cómo reducir la pobreza
infantil en España? Análisis y recomendaciones», publicado este 27 de
octubre por UNICEF España, en el que se afirma que, entre el último
trimestre de 2019 y el segundo de 2020, el aumento del porcentaje de
hogares sin ingresos fue prácticamente el doble en los hogares con niños
y niñas que en el resto.
En el Libro Rojo de los Presupuestos destinados al Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se afirma que España se
encuentra entre los países de la Unión Europea con una distribución de la
renta entre hogares más desigual y se acentúan entre las rentas más bajas
de la distribución de ingresos y, además, las tasas de pobreza extrema
son particularmente altas.
El Partido Popular considera que solo podemos salir de esta crisis si
desde el Gobierno se hace un análisis y unas previsiones realistas que
impulsen las medidas adecuadas, y los Presupuestos Generales del Estado
para 2021 carecen de estas.
Por este motivo, nuestro Grupo Parlamentario presentó una enmienda en la
partida 05.231F.45.307 del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
destinada a las Comunidades Autónomas para el programa: Protección a la
familia y atención a la pobreza infantil. Prestaciones básicas de
servicios sociales, que incrementaba la cantidad actual (158.910.000
euros), en 71.000.000 más, eliminando para ello la subida de gasto
superfluo en Ministerios, altos cargos y personal eventual. Sin embargo,
esta enmienda ha sido rechazada.
No obstante lo anterior, y ante la grave situación económica ante la que
se enfrenta España, y que afecta a los más vulnerables, el Partido
Popular considera que se debe invertir el dinero público en los que más
lo necesitan.
En proyectos de apoyo a la familia e infancia y adolescencia en situación
de vulnerabilidad y/o pobreza como los ejecutados eficazmente por las
Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, dirigidos a
paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social de las familias,
cubriendo necesidades básicas, así como el acompañamiento y trabajo
social con las familias; proyectos de apoyo a la conciliación familiar y
laboral para familias en procesos de inserción socio-laboral con hijos a
cargo y servicios de apoyo complementarios de los servicios normalizados
educativos u otros que garanticen el derecho de los niños y niñas a una
atención y desarrollo adecuados; y servicios de intervención y apoyo
familiar, definidos en el Catálogo de Referencia de Servicios Sociales,
tales como educación familiar, orientación y mediación familiar o puntos
de encuentro familiar.
Por otro lado, pese a que la Estrategia Nacional de Prevención y lucha
contra la pobreza y la exclusión social 2019-2023, aprobada en Consejo de
Ministros el 22 de marzo de 2019, lleve un capítulo destinado a pobreza
infantil, esto no es suficiente, máxime cuando el Gobierno deberá revisar
la referida Estrategia para adaptarla a las consecuencias sanitarias,
sociales y económicas de la COVID-19.
En octubre de 2010, en las Recomendaciones del Comité de los Derechos del
Niño a España, se indicaba la necesidad de elaborar un Plan Integral de
lucha contra la Pobreza Infantil. Posteriormente se ha incidido en la
necesidad de que la lucha contra la pobreza infantil tenga «un peso
específico claro y relevante». Y en las Recomendaciones de la Comisión
Europea específicas a España de junio de 2019 para los próximos 12-18
meses, elaboradas antes de la pandemia, se constata que:
- Pese a la mejora, tanto la proporción de personas en riesgo de pobreza y
exclusión social como la desigualdad de ingresos siguen todavía por
encima de la media de la Unión Europea.
- La tasa de pobreza infantil, a pesar de haberse reducido, sigue siendo
muy alta.
- El índice de abandono escolar prematuro es todavía excesivamente alto en
España, con diferencias regionales considerables.
Habida cuenta de todo lo anterior, y ante el crucial momento que atraviesa
nuestro país, todos tenemos que estar a la altura de lo que los
ciudadanos nos están reclamando, que es llegar a todo el que lo necesita.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Atender prioritariamente las necesidades urgentes de las familias más
vulnerables y, especialmente, los menores, mayores y personas con
discapacidad.
2. Eliminar el aumento de gastos superfluos e innecesarios en estructura
política, asesores y eventuales cuantificados en 71.000.000 de euros para
2021 y destinarlos a políticas de lucha contra la pobreza infantil.
3. Aprobar, con la colaboración de las demás Administraciones Públicas
competentes y con la dotación presupuestaria necesaria, un Plan Integral
de lucha contra la pobreza en la Infancia que integre políticas
económicas y sociales eficaces y sostenibles e incluya actuaciones
específicas de lucha contra la pobreza y la exclusión social, con medidas
orientadas a romper el ciclo de las desventajas.
Las medidas que se incluyan en el Plan deberán tener en cuenta las
distintas Recomendaciones de la Comisión Europea sobre la pobreza
infantil, entre las que destacan las siguientes:
- El acceso de las familias y los niños y niñas a recursos adecuados:
apoyando el acceso al trabajo de los padres y madres, y garantizando un
nivel de vida adecuado a los niños y niñas mediante ayudas económicas,
desgravación de impuestos y ayudas a la vivienda.
- El acceso a servicios de calidad: promoviendo la atención desde la
primera infancia, garantizando la igualdad de oportunidades en el sistema
educativo, el acceso en condiciones a los sistemas de salud, a una
vivienda y un entorno adecuado, y mejorando los sistemas de protección de
la infancia.
- El derecho de los niños y niñas a participar: mediante el apoyo a la
participación de niños y niñas en la vida cultural, deportiva y el
derecho al juego, y estableciendo mecanismos de participación en las
decisiones que afectan a sus vidas.
4. Atender las situaciones de privación, en particular aquellas que tienen
un mayor impacto en el desarrollo de las capacidades y las oportunidades
vitales de niños y niñas, arbitrando medidas
encaminadas a romper el ciclo de reproducción de las desventajas,
combatiendo la cronificación de la pobreza, su transmisión
intergeneracional y el bloqueo del ascensor social.
5. Reforzar los servicios de sanidad, como instrumento eficaz para
combatir las desigualdades en salud; de educación, de forma que asegure
la igualdad de oportunidades educativas, especialmente incidiendo en el
aumento de la brecha digital como consecuencia de la COVID-19,
combatiendo el abandono escolar e impulsando la educación cero-tres, y
los servicios sociales, fundamentales para la detección y atención a las
situaciones de carencia que afectan a hogares con menores a cargo.
6. Apostar por la colaboración y dialogo con el Tercer Sector de Acción
Social, fomentando la responsabilidad social corporativa de las empresas
que permita aunar esfuerzos y combinar recursos destinados a combatir las
carencias y desventajas que sufren los niños y niñas que viven en hogares
en situación de pobreza, máxime cuando todo se ha agravado como
consecuencia de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la
COVID-19.
7. Velar por el cumplimiento efectivo en España de la Convención sobre
Derechos del Niño ratificada por nuestro país en 1990.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2020.-Ana Belén
Vázquez Blanco, María de la O Redondo Calvillo, Alicia García Rodríguez y
Margarita Prohens Rigo, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a
trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes
preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por
las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2021.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/000644
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Andrés Lorite Lorite.
Texto:
¿Tiene previsto el Gobierno repercutirle a las compañías aéreas los costes
de las medidas sanitarias en los que incurra AENA para evitar la
propagación del Covid-19 en los recintos aeroportuarios a través de un
aumento de las tasas aeroportuarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2020.-Andrés
Lorite Lorite, Diputado.
181/000645
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Andrés Lorite Lorite.
Texto:
¿Qué previsiones temporales maneja el Gobierno para la construcción de la
Autovía A-81 Badajoz-Córdoba-Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2020.-Andrés
Lorite Lorite, Diputado.
181/000646
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Andrés Lorite Lorite.
Texto:
¿Tiene el Gobierno previsto el establecimiento del «pago por uso» en las
autovías de su titularidad para el sector del transporte de mercancías y
viajeros, con la previsión de la cuantía, y con la intención de abordarlo
con el sector de referida propuesta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2020.-Andrés
Lorite Lorite, Diputado.
181/000647
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Andrés Lorite Lorite.
Texto:
¿Qué previsión temporal tiene el Gobierno para el establecimiento de la
Obligación de Servicio Público (OSP) para la línea ferroviaria de
Cercanías entre Palma del Río y Villa del Río (Córdoba)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2020.-Andrés
Lorite Lorite, Diputado.
181/000648
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Andrés Lorite Lorite.
Texto:
¿Qué cuantía destina el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado
de 2021 para sufragar los déficits de explotación en la línea ferroviaria
de Cercanías entre Palma del Río y Villa del Río (Córdoba) desde la
declaración de la correspondiente OSP?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2020.-Andrés
Lorite Lorite, Diputado.
181/000656
Grupo Parlamentario Socialista.
Diputado don César Joaquín Ramos Esteban.
Texto:
¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno en materia de conservación y
digitalización, para adaptar la Red de Carreteras del Estado a la
denominada «nueva movilidad»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2020.-César
Joaquín Ramos Esteban, Diputado.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/000649
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Ricardo Chamorro Delmo, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas
Puchades.
Texto:
¿Cuál es la contribución del Gobierno a la investigación científica
nuclear en España en ámbitos como el de las técnicas de insectos
esterilizados (TIE)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2020.-Ricardo
Chamorro Delmo, Diputado.
181/000650
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Ricardo Chamorro Delmo, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas
Puchades.
Texto:
¿Cuántas explotaciones agrarias prevé el Gobierno que se cierren por la
imposibilidad de cumplir con la nueva normativa de purines?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2020.-Ricardo
Chamorro Delmo, Diputado.
181/000651
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Ricardo Chamorro Delmo, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas
Puchades.
Texto:
¿Qué medidas implementará el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación para que la aplicación de la reforma de la Política Agraria
Común (PAC) en España no resulte en que los agricultores y ganaderos
profesionales tengan requisitos y condicionantes incompatibles con el
sistema productivo español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2020.-Ricardo
Chamorro Delmo, Diputado.
181/000652
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Ricardo Chamorro Delmo, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas
Puchades.
Texto:
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para fomentar e impulsar la
investigación nuclear en técnicas de insectos esterilizados (TIE) que
permitan combatir las plagas que asolan el campo español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2020.-Ricardo
Chamorro Delmo, Diputado.
181/000653
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Ricardo Chamorro Delmo, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas
Puchades.
Texto:
¿Qué medidas concretas en la reforma de la aplicación de la Política
Agraria Común (PAC) para España ha adoptado el Gobierno para ayudar al
sector español del ovino y caprino?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2020.-Ricardo
Chamorro Delmo, Diputado.
181/000654
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Ricardo Chamorro Delmo, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas
Puchades.
Texto:
Teniendo en cuenta el criterio de reparto actual, ¿cuál será la dotación
presupuestaria que recibirá cada Comunidad Autónoma del reparto de los
fondos de la próxima PAC?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2020.-Ricardo
Chamorro Delmo, Diputado.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000643
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Paloma Gázquez Collado.
Texto:
¿Qué sentido tiene que el 97,2% de los vehículos adquiridos por el Estado
en el año 2020 sean de gasoil cuando a su vez están en permanente «guerra
al diésel»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2020.-Paloma
Gázquez Collado, Diputada.
181/000655
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Francisco José Contreras Peláez, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico,
doña Teresa Ribera Rodríguez.
Texto:
¿Tiene decidido el Gobierno el criterio de demarcación territorial a
efectos de evaluación de la situación demográfica de cara a la recepción
de ayudas FEDER?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2020.-Francisco
José Contreras Peláez, Diputado.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/031877
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
AUTOR: Callejas Cano, Juan Antonio (GP).
Aragonés Mendiguchía, Carlos (GP).
Rojas García, Carlos (GP).
Gutiérrez Díaz de Otazu, Fernando Adolfo (GP).
Mateu Istúriz, Jaime Miguel (GP).
Postigo Quintana, Jesús (GP).
Suárez Illana, Adolfo (GP).
Echániz Salgado, José Ignacio (GP).
Moro Almaraz, María Jesús (GP).
Santamaría Ruiz, Luis (GP).
Modificación de la fecha de un informe en la web del Ministerio de
Sanidad.
Acuerdo:
Calificar la solicitud de datos contenida en el escrito registrado con el
número 79850 (número de expediente correspondiente al resto 186/002066)
como pregunta al Gobierno con respuesta escrita, trasladar al Gobierno a
los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2021.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Don Juan Antonio Callejas Cano, don Carlos Aragonés Mendiguchía, don
Carlos Rojas García, don Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu, don
Jaime Miguel Mateu Istúriz, don Jesús Postigo Quintana, don Adolfo Suárez
Illana, don José Ignacio Echániz Salgado, doña María Jesús Moro Almaraz y
don Luis Santamaría Ruiz, diputados por Ciudad Real, Madrid, Granada,
Melilla, Burgos, Segovia, Madrid, Guadalajara, Salamanca y Valencia,
respectivamente, del Grupo Parlamentario Popular, recaban para el mejor
cumplimiento de sus funciones parlamentarias, los siguientes:
Varios representantes del Grupo Parlamentario Popular tuvimos acceso en
2020 a fotocopias de unos supuestos Informes Diarios de Situación
redactados por el Departamento de Seguridad Nacional desde el 17 de
noviembre de 2019. En ninguno de ellos aparecían menciones al coronavirus
antes del 16 de enero de 2020.
El 5 de enero de 2021, el diario digital OK DIARIO ha publicado un
artículo titulado «Sanidad cambia la fecha a un informe para hacer creer
que se enteró antes de la alerta del COVID» cuyo enlace es
https://okdiario.com/espana/sanidad-cambia-fecha-informe-hacer-creer-que-entero-antes-alerta-del-covid-6654848. En él se dice: «Se registró también
en la web con el título Información inicial de la alerta en China,
seguido de la fecha 31 01 2020. Así puede verse en la caché de la
web, una versión de hace semanas que puede consultarse mediante
herramientas informáticas.
Actualmente, la web ha cambiado para mostrar el documento de la alerta en
China inicial con fecha del 31 de diciembre de 2019. Es decir, justo un
día antes de los primeros casos detectados oficialmente. Pero la realidad
es que ese documento no estaba ni siquiera subido a la red por aquel
entonces. Todos los informes que figuran en la web de Sanidad llevan la
fecha del día en que fueron incluidos en el repositorio...
De esta manera, el Ministerio de Sanidad ha atrasado un mes la fecha del
primer aviso sobre el coronavirus que recibió por parte de la
Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, no lo ha hecho de forma
muy hábil, ya que el documento incluye hitos históricos posteriores a esa
fecha del 31 de diciembre.
El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de
Wuhan (provincia de Hubei, China) informó sobre un agrupamiento de 27
casos de neumonía de etiología desconocida con inicio de síntomas el 8 de
diciembre, incluyendo siete casos graves, con una exposición común a un
mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos en la ciudad de
Wuhan, sin identificar la fuente del brote», asegura esa primera alerta.
Y a continuación aparecen las incoherencias, ya que pese a tener supuesta
fecha del 31 de diciembre, el informe habla de fechas posteriores: «El
mercado fue cerrado el día 1 de enero de 2020. El 7 de enero de 2020, las
autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo
tipo de virus de la familia Coronaviridae, que ha sido denominado
SARS-CoV-2. La secuencia genética fue compartida por las autoridades
chinas el 12 de enero. El Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario
Internacional (RSI, 2005) ha declarado el actual brote de nuevo
coronavirus como una Emergencia de Salud Pública de Importancia
Internacional (ESPII) en su reunión del 30 de enero de 2020». Es decir,
el informe tiene la misma redacción que tenía el día 31 de enero.
No es la primera vez que Sanidad manipula fechas o contenido de informes
para adecuarlos a una nueva situación. E incluso llegó a borrarlos, tal y
como desveló OK DIARIO, en el caso de documentos que advertían de los
grandes peligros que suponía el coronavirus para la salud humana en
fechas anteriores a las manifestaciones del polémico 8 de marzo.
Por todo ello solicitamos.
A) Datos.
- Cuándo se mandó modificar la fecha de dicho informe en la web de
Sanidad.
- Quién dio la orden de su modificación.
B) [...]
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de enero de 2021.-Juan Antonio
Callejas Cano, Carlos Aragonés Mendiguchía, Carlos Rojas García, Fernando
Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu, Jaime Miguel Mateu Istúriz, Jesús Postigo
Quintana, Adolfo Suárez Illana, José Ignacio Echániz Salgado, María Jesús
Moro Almaraz y Luis Santamaría Ruiz, Diputados.