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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 110, de 09/10/2018
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DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 110
PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA DEL CARMEN QUINTANILLA BARBA
Sesión núm. 13
celebrada el martes,
9 de octubre de 2018
en el Palacio del Senado
ORDEN DEL DÍA:
Debatir:
- Proposición no de Ley relativa a la regulación integral del cultivo, tenencia y consumo de cannabis en el Estado español. (Número de expediente del Senado 663/000011 y número de expediente del Congreso de los Diputados 161/001240).
Autor: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ... (Página2)
- Proposición no de Ley sobre la regulación de la publicidad del juego online. (Número de expediente del Senado 663/000027 y número de expediente del Congreso de los Diputados 161/001695).
Autor: Grupo Parlamentario Ciudadanos ... (Página9)
- Proposición no de Ley relativa a la inclusión de la perspectiva de género en el tratamiento de las adicciones. (Número de expediente del Senado 663/000030 y número de expediente del Congreso de los Diputados 161/001823).
Autor: Grupo Parlamentario Socialista ... (Página13)
- Moción por la que se insta al Gobierno a realizar las reformas legales oportunas para llevar a cabo las recomendaciones derivadas de los estudios de prevalencia del trastorno del juego y el observatorio sobre ludopatía, en coordinación con
los servicios de salud de las Comunidades Autónomas. (Número de expediente del Senado 661/000933 y número de expediente del Congreso de los Diputados 161/003151).
Autor: Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ... (Página19)
- PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE DROGAS. Votación. (Número de expediente del Senado 663/000078 y número de expediente del Congreso de los Diputados 161/003187).
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ... (Página29)
Corrección de error ... (Página29)
Se abre la sesión a las diez horas y diez minutos.
La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.
Damos comienzo a la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, con el orden del día que todos ustedes conocen, y que fue aprobado por la Mesa y la Junta de Portavoces. Como recordarán todas sus señorías, acordamos que el
grupo proponente contaría con siete minutos para la presentación, la defensa de las enmiendas con cinco minutos y la fijación de posiciones con tres minutos.
Algunas de sus señorías me han comentado que hoy hay comisiones en las dos Cámaras, tanto en el Congreso como en el Senado, y que, por tanto, algunos tienen que salir deprisa para intervenir en el Congreso y otros, tienen visitas aquí.
Aunque saben ustedes que esta Presidencia es benevolente con los tiempos, les agradecería muchísimo que se ajustaran lo más posible a los que hemos acordado y, si pudieran reducirlos, mejor, indiscutiblemente. Si no es posible, no pasa nada; pero
hoy, cuando transcurran los siete o los cinco o los tres minutos, les indicaré que su tiempo ha terminado. Muchísimas gracias por su benevolencia.
DEBATIR:
- PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A LA REGULACIÓN INTEGRAL DEL CULTIVO, TENENCIA Y CONSUMO DE CANNABIS EN EL ESTADO ESPAÑOL. (Número de expediente del Senado 663/000011 y número de expediente del Congreso de los Diputados 161/001240).
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo con el orden del día, empezamos con la primera iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, relativa a la regulación integral del cultivo, tenencia y consumo de cannabis en el
Estado español.
Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, doña Ana Azamar.
La señora AZAMAR CAPDEVILA: Gracias, presidenta.
Buenos días. Si alguien les dice que se ha tomado una copa de vino o una cerveza, les parecería normal, ¿verdad? Y si alguien les dice que se va a fumar un cigarrillo, también les parecería normal, ¿a que sí? Pero, si alguien les dice que
de vez en cuando se fuma un porro de marihuana ¿les parecería normal? A mí sí, pero a algunos de ustedes, seguramente, no, igual que a mucha gente; es más, seguro que esa persona que admite fumar marihuana esporádicamente sería objeto de
estigmatización por parte de muchos, es decir, hay una hipócrita doble moral para medir alcohol o el tabaco y la marihuana.
Como personas, tenemos el derecho y la libertad de decidir sobre nuestro propio cuerpo, y como políticos, debemos reconocer este derecho a la ciudadanía. Por eso, reclamamos el derecho de las personas a decidir sobre los riesgos que asumen
respecto al consumo de una droga que no es letal, de la misma manera, que decides asumir el riesgo de fumar tabaco, tomar alcohol o no.
Las personas tenemos que ser responsables de nuestros actos, y la disminución de nuestras capacidades cognitivas por el consumo de cannabis debe formar parte de nuestra propia responsabilidad, porque lo que está en juego aquí es nuestro
derecho como personas a asumir responsablemente nuestros propios riesgos. Las sedes parlamentarias no deberían contribuir a los perjuicios sociales sino a regular y a legislar sobre los aspectos más complejos.
Es cierto que, más allá de las propiedades medicinales del cannabis, también tiene efectos perjudiciales para la salud, igual que lo tienen otras drogas legales, como el alcohol, el tabaco o los productos farmacológicos. Aun así, no se ha
demostrado una dosis letal para el cannabis, como consecuencia de lo cual, los riesgos para la salud humana deben ser fruto de una decisión individual, igual que fumar tabaco o beber alcohol. El problema no es fumarse un porro, el problema es la
adicción, el abuso en su consumo, igual que el problema es el abuso o la adicción al alcohol o a los fármacos y no su consumo.
El consumo normalizado de cannabis en el Estado es una realidad indiscutible. Algunas encuestas señalan que la mayoría de la población lo considera tan normal como consumir tabaco o alcohol. Por tanto, regular el cannabis no crea una
realidad sino que lo que pretender regular la que ya existe, para permitir campañas de concienciación respecto al consumo responsable en detrimento de las campañas prohibicionistas que han demostrado su ineficacia.
La realidad, según las estadísticas, nos indica que el cannabis es accesible para la población, por lo que es cuestionable que su legalización supusiera un incremento sustancial de su consumo; en cambio, una oposición a esta regulación es
un rechazo a los posibles efectos beneficiosos que pudieran suponer, para empezar, pondría en jaque a las mafias que lo trafican.
Sobre la base del recorte de libertades que supone este prohibicionismo y represión en materia de consumo y tenencia de cannabis, las personas consumidoras se empezaron a organizar y a agrupar en grupos de autoconsumo y consumo compartido,
siendo el inicio de lo que hoy en día se denomina modelo cannábico español; un modelo sustentado por la sociedad civil, organizada en torno a los clubes cannábicos, y que ha sido considerado como un referente a nivel internacional, a la hora de
abordar el consumo regulado y responsable de esta sustancia. Sin embargo, ha sido un modelo que ha sido judicialmente puesto en duda después de sentencias como la de los casos Ebers, Three Monkeys o Pannagh, todas ellas entidades legalmente
constituidas e inscritas en los correspondientes registros de entidades jurídicas sin ánimo de lucro. Estas sentencias constituyen un grave precedente en lo que supone la judicialización y criminalización del modelo cannábico español, puesto que el
Ministerio Fiscal, no solo les acusó de delitos contra la salud pública sino también por asociación ilícita o pertenencia a grupo criminal, siguiendo la línea de la Fiscalía General del Estado que dio instrucciones para perseguir las asociaciones
cannábicas legalmente constituidas cuyos fines sociales son lícitos, una actuación que cuestiona el derecho de asociación, reconocido en el artículo 22 de la Constitución española.
Una vez más, son las administraciones más cercanas a la ciudadanía las que están demandando con urgencia mecanismos para ordenar una realidad impulsada por la sociedad civil, a base de activismo social vinculado a la lucha de los derechos y
libertades básicas.
El caso de Rasquera, en 2012, supuso el inicio de diferentes iniciativas a nivel municipal o de comunidades autónomas, como la ordenanza municipal de Donostia sobre asociaciones cannábicas, las iniciativas legislativas populares que han dado
lugar a leyes que regulan las asociaciones cannábicas en Navarra, Euskadi o Cataluña, por ejemplo, y que buscan dar respuesta al flagrante desequilibrio entre la realidad social y el marco normativo y que han sido sistemáticamente rechazadas y
denunciadas ante las instancias judiciales por el Gobierno.
Según un estudio de las asociaciones cannábicas de autoconsumo, la legalización de la producción de cannabis podría crear unos 40 000 puestos de trabajo, lo cual supondría unos ingresos para la Seguridad Social y el IRPF de unos 400 millones
de euros. Tanto es así, que la representación cannábica en Navarra estimaba en 2010 que los beneficios del nuevo nicho de mercado económico y de generación de empleo supondrían para el Estado unos 6000 millones de euros anuales de beneficio. Cabe
decir que estos datos están basados en informaciones de los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Además, según las asociaciones cannábicas, la legalización del consumo de cannabis con su consiguiente tributación del IVA reportaría
algo más de 200 millones de euros de recaudación.
El consumo de cannabis genera gastos. De hecho, genera más gastos si está ilegalizada que si está legalizada y además su ilegalización impide que genere ingresos al Estado para compensar los gastos. Es necesario señalar que el ahorro que
supondría en el dinero destinado a la persecución de pequeños consumidores y de narcotraficantes, incluyendo los gastos judiciales y carcelarios, podría ser destinado a la prevención y tratamiento de la drogadicción, que ha sufrido drásticos
recortes durante la crisis. En otras palabras, la regularización haría aflorar un sector importante de la economía sumergida y comportaría ingresos para la Administración pública y la cotización a la Seguridad Social y parte de ese dinero iría a
prevenir o tratar consecuencias negativas de los abusos y las adiciones de las drogas.
A nivel internacional, en Estados Unidos más de veinte Estados han regulado el acceso al cannabis medicinal y cinco también al cannabis recreativo. En noviembre de 2016 cinco Estados sometieron a referéndum la legalización integral del
cannabis, resultando aprobado en tres. Uruguay también reguló integralmente el mercado del cannabis en 2012 y dentro de ocho días será legal el consumo de cannabis en Canadá.
En definitiva, reclamamos encarar el debate desde el prisma de su uso responsable. Si bien el cannabis puede tener consecuencias negativas para la salud, en sí no mata. Nunca se ha demostrado un
carácter letal. Es más, el hecho de que no tenga efectos mortales sitúa el debate a un nivel distinto al de otras drogas, como la cocaína o la heroína, con las cuales se asume un riesgo mortal. Con estas drogas el debate se situaría,
evidentemente, en otros términos. Hoy debatimos sobre el cannabis, una planta que no causa la muerte y que, en todo caso, perjudica a la salud como lo pueden hacer drogas legales como el tabaco o el alcohol.
Saben perfectamente que defender la regularización no es defender las drogas. Conocen perfectamente que el modelo prohibicionista está fracasando desde el punto de vista de salud pública y también conocen la opinión de la Junta de
fiscalización, dependiente de la ONU, que demanda mayor proporcionalidad entre persecución y atención a los consumidores y que en el Estado no se da.
La señora PRESIDENTA: Señoría, no quiero interrumpirla, pero, por favor, tiene que ir terminando.
La señora AZAMAR CAPDEVILA: Voy terminando.
La regularización del cannabis es solo cuestión de tiempo porque la legislación va a tener que adaptarse una vez más a la realidad social. ¿Tiene sentido obviar la realidad? ¿Tiene sentido que la ciudadanía se vea sometida de manera
indiscriminada al acoso arbitrario de la policía o se sienta estigmatizada por actuar como consumidor legal del cannabis? ¿No sería preferible normalizar, regularizar, exigir comportamientos relacionados con el fomento de las buenas prácticas y el
desarrollo de programas de prevención del consumo dirigido a jóvenes, al margen de la implementación de todo aquello que tiene que conllevar la legalización en cuanto a tasas e impuestos a aplicar?
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, su portavoz, el señor Aguirre, para defender la enmienda que ha presentado dicho grupo.
El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Quiero hacer unas puntualizaciones previas antes de entrar en el debate. Lo primero, señora Azamar, quiero decirle que consumir drogas no es un derecho o una libertad básica, es un auténtico problema de salud pública. Cuando usted habla de
Canadá y de la legalización del cannabis, hable también de la JIFE, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, dependiente de Naciones Unidas, y verá la crítica tan importante que hace de esa deriva de Canadá con la liberalización
del cannabis. Cuando usted habla de los ingresos fiscales que supone la liberalización del cannabis, vea usted el estudio realizado por la universidad de Wisconsin y verá que no ha llegado ni al 1 % en esos cinco Estados en los que se ha
liberalizado su consumo y, sin embargo, los efectos adversos desde el punto de vista sanitarios y sociales son muy importantes.
Si hay condena de los clubes cannábicos, no le quepa duda de que es por tráfico de drogas y porque está tipificado como un delito de salud pública y lo que no es lógico es que usted inste al Gobierno para que inste a la Fiscalía.
Actualmente, por la separación de poderes, la Fiscalía actúa según su criterio y el Gobierno no tiene por qué instar a nada.
Voy a entrar un poquito en lo que usted ha dicho, que lo único que hace es banalizar el problema del cannabis, el uso medicinal. Voy a entrar ahí. Lógicamente todos estamos de acuerdo en que, como cualquier alcaloide, el
tetrahidrocannabinol tiene unos efectos positivos y debe estar en el mercado al igual que los derivados del opio, como son la morfina, la codeína, la digoxina, la quinina y un largo etcétera, pero todos con evidencias científicas, todos fármacos
legalmente autorizados tal y como manda la Ley del medicamento, con una prescripción por parte de un facultativo, con una dispensación por parte de un farmacéutico y por la vía de administración que corresponda. Sabemos perfectamente de
indicaciones específicas del alcaloide del cannabis, como son dolor crónico, neuropático, antiemético, esclerosis múltiple, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, pero lógicamente tiene que estar comercializado como lo está ahora. Actualmente lo
tenemos en el mercado con el nombre de Cesamet, de Marinol y de Sativex. Hay que prescribir el tratamiento y la indicación específica como con cualquier alcaloide a la hora de tratar a un paciente. Ahora, de ahí a decir 'me fumo un canuto' hay una
gran diferencia. Hay que tener las cautelas lógicas para la utilización de cualquier medicamento.
Lo que usted pretende, al fin y al cabo, es la aprobación de una normativa liberalizadora del consumo y del mercado de cannabis. Sin embargo a usted se le olvida una máxima que siempre hemos utilizado en esta Cámara, que es la de: ante
mayor accesibilidad y mayor disponibilidad, menor precisión del riesgo,
menor precio y aumento del consumo, y el consumo aumenta, sobre todo, entre los jóvenes, siendo el consumo de cannabis muy peligroso para estos. Pero a usted también se le han olvidado los problemas nocivos que tiene el cannabis para la
salud, y le voy a hablar de unos pocos; para empezar, de los brotes psicóticos, por ejemplo. Los brotes psicóticos son la principal causa de urgencias como consecuencia del consumo de drogas. Vaya usted a su comunidad autónoma, vaya al Valle de
Hebrón y hable con Marta Ribases, que ha hecho un estudio magnífico sobre cannabis y esquizofrenia. Vea usted los efectos que tiene sobre depresión, ansiedad o pensamientos suicidas. Pero ustedes quieren liberalizarlo. O hable con los neumólogos,
y verá cómo el 90 % del cannabis se consume como canuto mezclado con tabaco. Pregunte por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, compruebe cómo hay 4,8 veces más probabilidades de infarto para los que son consumidores de cannabis que para los
que no lo son. Pregunte lo que tiene que ver el fumar cannabis con el cáncer de pulmón, con el cáncer oral, de faringe, de estómago o de vejiga. Infórmese. Pero ustedes quieren liberalizarlo.
También se ha olvidado de las alteraciones de juicio y coordinación motora; lo que se llama borrachera cannábica. Hable con la Dirección General de Tráfico y verá cómo el 20 % de los muertos por accidente de tráfico en el 2006 -usted dice
que no hay muertos- se produjeron como consecuencia del consumo de cannabis. Pero ustedes quieren liberalizarlo. Y también se le ha olvidado hablar de la adicción. El 9 % de las personas que empiezan a consumir cannabis acaban siendo adictos, y
si son menores, son un 17 % de adictos lo que conseguimos con el consumo, unos adictos que luego sufren su síndrome de abstinencia y todo su cortejo sintomático. Pero usted quiere hablar de la liberalización del cannabis.
También se le ha olvidado hablar de los centros de tratamiento por adicción. El 47 % de todas las urgencias de los centros provinciales de drogodependencia lo son como consecuencia del consumo de cannabis. Pero ustedes quieren
liberalizarlo. Se le ha olvidado hablar del tema de las agresiones físicas, las agresiones sexuales, las agresiones de género fruto de la borrachera cannábica. Pero ustedes quieren liberalizarlo.
Señorías, nosotros hemos presentado una enmienda basándonos en el artículo 43.1 de la Constitución española, sobre protección de la salud, y sobre la seguridad de las personas, que se recoge en el artículo 171. Pensamos que no todo vale por
un puñado de votos, y que debe prevalecer la defensa de la sanidad pública, la defensa de la salud pública. De ahí que presentemos una enmienda que dice lo siguiente: Primero. Asegurar y acrecentar la presencia de España a nivel internacional en
las políticas para combatir todos los aspectos de la producción ilícita, posesión y tráfico de drogas que desarrollan los diferentes Estados miembros de Naciones Unidas como forma de garantizar la salud pública y el bienestar de todos los españoles.
Segundo. Asegurar la disponibilidad dentro de la farmacopea española de estupefacientes y sustancias psicoactivas como el tetrahidrocannabinol con fines médicos y científicos. Y tercero. Que la evidencia científica prevalezca en el uso
terapéutico de los alcaloides del cannabis con las garantías, tanto en la prescripción como en la dispensación, tal como marca la Ley de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios.
Termino ya, señorías. Estoy convencido de que esta enmienda tiene tanto sentido común, es tan lógica, es tan de sentido común -insisto- para el tema de salud pública que sin duda será aceptada por el grupo proponente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Aguirre, y también por su brevedad.
Para defender su enmienda tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el señor Igea.
El señor IGEA ARISQUETA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Aguirre, vamos a ver si conseguimos poner un poco de sentido común en el debate, lo cual, tal y como va la cosa, parece asunto difícil.
Ante el cannabis, como ante todas las drogas, hay dos posturas: el prohibicionismo o la liberalización, la regulación. El prohibicionismo trata de tener el menor número posible de efectos nocivos y el menor número posible de consumidores.
Y la gente que está a favor de la liberalización lo que procura es estimular la libertad y vivir en un régimen en el cual los individuos se hagan cargo de sí mismos. He de decirle que, para estos dos campos, España está en el peor de los mundos,
porque España, con una regulación prohibicionista, es el quinto consumidor de cannabis de los treinta países -Veintiocho de la UE, Turquía y Noruega-, con lo cual, ni tenemos prohibición ni tenemos bajo consumo ni tenemos libertad. Estamos
exactamente en el peor de los mundos. Y ocurre lo mismo con las incautaciones de
cannabis, lo que, por otra parte, es normal dada la posición geográfica de nuestro país, pero también con las plantas de cannabis, y resulta un poco sorprendente que en este país se incauten más plantas de cannabis habiendo el tráfico que
hay. Por tanto, la situación es bastante lamentable.
Ocurre lo mismo con la evolución del consumo de cannabis en España. De 1999 a 2015 ha pasado del 19,6 al 31,5 % alguna vez en la vida, y, en los últimos doce meses, del 7 al 9,5 %. Es decir, hay una curva irregular pero creciente de
consumo de cannabis en nuestro país, lo que quiere decir que nuestro sistema regulatorio no es bueno ni para los prohibicionistas ni para los que quieren liberalizarlo.
Siendo todo esto cierto y siendo cierto, efectivamente, que el cannabis es una droga que tiene unos efectos secundarios que producen unos problemas -como los producen el alcohol y el tabaco, como bien se ha dicho aquí-, que es menos mortal
que el tabaco pero en absoluta inocua ya que produce brotes psicóticos, aumento de los niveles de desempleo, incrementa las relaciones sexuales sin protección o las relaciones sexuales no deseadas o no consentidas -esto es un hecho estadístico-, es
verdad que el debate sobre el cannabis que se ha abierto es un debate que lleva ya años en nuestra sociedad y en el cual el grado de cinismo de los actores políticos va en aumento de manera preocupante. Propuestas sobre el uso de cannabis
terapéutico se han hecho en todos los parlamentos autonómicos, y el sentido de la votación de los grupos políticos que están hoy representados en esta Cámara ha sido variado según nos fuera en la feria. Hay parlamentarios, incluso de su grupo
político, que lo consumen activamente, que lo publicitan y que votan favorablemente el uso del cannabis terapéutico. Y no me refiero al cannabis terapéutico, como dice usted, en forma de comercialización farmacéutica del alcaloide, porque, con
todos mis respetos, eso sería como decir que, como existe la teofilina en pastillas, no se puede vender el té. No tendría mucho sentido. Es decir, no es necesario dar un beneficio del 400 o 500 % a una industria farmacéutica para poder utilizar,
razonablemente, el cannabis de forma terapéutica.
En el Congreso de los Diputados, en mayo del año pasado, se presentó una iniciativa de nuestro grupo parlamentario a favor de regularizar, como ha sucedido en la mayoría de los países, primero, el cannabis terapéutico y, después, la
regulación del resto de usos del cannabis. Nosotros no solo no nos oponemos, sino que somos favorables a una nueva regulación del cannabis, pero creemos que, por dignidad, por decencia y por elemental sentido de la humanidad, tenemos que dar
primero solución a los miles de pacientes que hoy en día están usando el cannabis de forma terapéutica -incluidos miembros de su grupo parlamentario- antes de pasar a regular el consumo recreativo. Creemos que esto es lo lógico y este es el sentido
de nuestra enmienda; así se lo hemos planteado al grupo proponente.
Espero que a lo largo del debate reflexionemos y seamos capaces de tener el mínimo sentido común de pensar, como en el resto de países civilizados, que lo primero es resolver el problema de estas personas que hoy en día están recurriendo al
cannabis de uso terapéutico a escondidas. Hablo de personas con dolores neuropáticos muy intensos, que tienen dependencia de opiáceos y que no consiguen controlar el dolor, a los cuales les estamos negando una alternativa sencilla y probada
científicamente como bien dice la academia americana de las ciencias. Hay evidencia más que suficiente para poder aprobar esto.
Por tanto, nuestro grupo espera del grupo proponente una reflexión para aceptar la enmienda. En caso contrario, nosotros no podríamos apoyar la redacción actual de la proposición, porque pensamos que deja en la estacada a los que más lo
necesitan, a los que más sufren y a los que en todos los parlamentos autonómicos hemos prometido ayudar. Y no se acaba de entender cómo uno propone unas cosas en el Parlamento autonómico, cómo uno con su grupo político vota unas cosas en un
Parlamento autonómico, pero cuando llega al Parlamento nacional...
La señora PRESIDENTA: Señor Igea, tiene que ir terminando, por favor.
El señor IGEA ARISQUETA: ... cambia de opinión.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Igea.
Para fijar posición, tiene la palabra la señora Ahedo por el Grupo Parlamentario Vasco.
La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señora presidenta. Voy a intentar ceñirme al tiempo.
No voy a hablar aquí de uso o abuso de drogas, porque estamos hablando de una cuestión muy concreta. Evidentemente, el uso de drogas y, sobre todo, su abuso, es un problema de salud pública, pero junto al problema de salud pública hablamos
de una cuestión que para mi grupo es fundamental: la
libertad personal, la libertad de elección, libertad que no sería tal si no estuviese ligada directamente a la información. Si tenemos información, si sabemos los riesgos, y los asumimos, la libertad personal es un bien a salvaguardar,
incluso más que la salud pública.
Con el tema del cannabis tenemos un problema, porque el consumo y el cultivo para el autoconsumo no son delito, pero la decisión sobre cuándo es para autoconsumo y cuándo no lo es, es arbitraria, y eso produce inseguridad jurídica. En
muchos casos existe una doble moral, porque el cultivo para autoconsumo no es ilegal, se supone que hay personas o grupos que han cultivado para el autoconsumo y sabemos los problemas que han tenido con la justicia, pero el anterior Gobierno dio
permiso a diferentes empresas para que en miles de hectáreas del Estado se pudiese cultivar cannabis. Como digo, creo que eso es una doble moral.
Tenemos, por ejemplo, los clubes de consumidores de cannabis. En Euskadi hemos salvado ese problema, porque, después del recurso del Gobierno del Partido Popular al artículo 83 de la Ley 1/2016, de adicciones, que habla de las entidades de
personas consumidoras de cannabis, finalmente, hace pocos meses, el Tribunal Constitucional ha fallado a favor de la ley. Pero hay otros territorios que no han tenido la misma suerte. Creo que, por fin, hay que ser valientes y afrontar un debate
que ya está en la calle y cuya solución está demandando la sociedad. Y solo estamos hablando de regularización, ni siquiera hemos entrado en la posible legalización. Creo que, vista la situación de inseguridad jurídica y el debate que hay en la
calle, los políticos tenemos la obligación de afrontar el debate ya.
En cuanto a las enmiendas, no me parecen ni bien ni mal ni todo lo contrario. En relación con el uso terapéutico del cannabis, en algunas comunidades autónomas, haciendo encaje de bolillos, quienes necesitan un cannabinoide lo están
recibiendo. Además, como ha dicho el señor Igea, hay una ponencia en el Congreso sobre este tema. De lo que aquí se trata es de tener una visión integral y una regularización, entendiendo por integral el uso del cannabis, también su uso lúdico.
Son dos debates radicalmente diferentes, que creo que deberían estar separados; y en este momento no estamos hablando del uso medicinal del cannabis, que debería llevar otro camino.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Ahedo.
Para defender la posición del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra su portavoz, el señor Vila.
El señor VILA GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Buenos días. En el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea compartimos el espíritu y el texto de esta PNL y la vamos a votar favorablemente, principalmente, porque, analizando las políticas públicas supuestamente contra
las drogas que se han hecho en el siglo XX, uno se da cuenta enseguida de que han sido un fracaso absoluto en la consecución de los objetivos que supuestamente persiguen: la lucha contra el narcotráfico, el descenso del consumo, el retraso en la
edad de inicio y garantizar la salud pública. Y los datos demuestran justamente que las políticas públicas prohibicionistas han conseguido todo lo contrario.
Voy a entrar a discutir algunas cuestiones que ha dicho sobre todo el portavoz del Grupo Popular que me han dejado verdaderamente sorprendido, porque son cosas que repite muchas veces y que no tienen la más mínima base científica, ni
siquiera en estadísticas. Ha dicho que, a mayor disponibilidad, mayor consumo. Eso no es cierto. Con los datos de los países y de los Estados de Estados Unidos en los que se ha regularizado de una manera integral el uso del cannabis se ve que no
es cierto. El uso en los adultos no aumenta y, lo que es más importante, en los menores se reduce drásticamente la edad de inicio -por cierto, el consumo de cannabis provoca tendencia a tener psicosis-. Voy a dar dos datos de dos Estados
diferentes. En California la caída en adolescentes entre quince y dieciséis años que declaran haber consumido cannabis es del 16 %, según los departamentos de salud y educación de ese Estado. Y en Colorado, según la última encuesta nacional de
Estados Unidos, el consumo entre adolescentes pasa del 12 % al 9 %, con un descenso del 3 % en tres años. Los motivos son fáciles de entender, y es que cuando el Estado se encarga de regular una realidad social dificulta el acceso, principalmente a
los menores, por dos cuestiones fundamentalmente: porque la Administración estatal sustituye a las redes de narcotráfico, que es donde los menores van a comprar generalmente el cannabis o la marihuana, y porque los locales que tienen licencia y
están dentro de un circuito legal no se arriesgan a perder esa licencia vendiéndole cannabis a menores. Según el Plan nacional sobre drogas, en España el 90 % de los jóvenes dice que tiene fácil o muy fácil acceso a la marihuana. Por tanto, algo
está fallando, y si queremos proteger
a los jóvenes y garantizar la salud pública deberíamos cambiar el paradigma o el enfoque con el cual afrontamos las políticas de drogas.
En el caso del uso terapéutico, nosotros estamos de acuerdo en que sea una cuestión integral; creemos que es importante solucionar el uso terapéutico, pero también es importante luchar contra el narcotráfico y mejorar la salud pública. Es
exactamente igual de importante, por eso consideramos que hay que hacer una regulación integral y no solamente una regulación sobre el uso terapéutico. A día de hoy, en España hay más de 100 000 pacientes que para mejorar su vida necesitan el
cannabis o sus derivados y no tienen acceso a ellos. Usted siempre repite que en España ya está permitida la venta del medicamento Sativex, y no es cierto del todo. Hay un medicamento que se llama Sativex que solo está prescrito para tratar la
espasticidad en enfermos de esclerosis que han fracasado en el primer tratamiento. Por cierto, el tratamiento tiene un precio prohibitivo, es decir, el conjunto de la sociedad no se lo puede permitir, sino solo una minoría a la que ustedes
seguramente defiendan.
Ha dicho usted que a la portavoz de ERC se le ha olvidado hablar de muchas cuestiones. A usted se le ha olvidado una muy importante, y es que mientras sostienen un discurso prohibicionista tanto en el ámbito terapéutico como en el ámbito
lúdico, en el 2016, mientras estaban en el Gobierno, ustedes dieron una licencia para producir y exportar marihuana medicinal a la empresa Alcaliber, que tiene el monopolio de los derivados del opio. Mientras ustedes impiden el acceso a un
medicamento a 100 000 pacientes en España, permiten a una empresa...
La señora PRESIDENTA: Tiene que ir terminando, señoría.
El señor VILA GÓMEZ: Termino ya, señoría.
... a una empresa de un amigo suyo, el señor Abelló, que produzca y exporte marihuana para posicionarla de una manera privilegiada en un incipiente mercado internacional que ustedes saben que ya está en marcha.
Insisto: votaremos a favor de esta PNL porque en mi grupo consideramos que ya es hora de implementar políticas públicas basadas en la ciencia que protejan mejor a nuestros jóvenes y la seguridad pública junto con la privacidad y los
derechos humanos.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vila.
Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz, el señor Martínez Olmos.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, creo que hay que agradecer a Esquerra Republicana que traiga esta iniciativa porque este es un tema que tiene una trascendencia importante para la sociedad; y es que, entre quienes son partidarios de una opción y los que son
partidarios de otra, la cuestión no deja indiferente a nadie.
Tengo que decirles que cuando reflexiono sobre este asunto ni me quedo conforme con el planteamiento de ampliar las libertades ni me quedo conforme con el planteamiento de evitarlas. ¿Por qué? Porque en esta comisión mixta todos tenemos la
doble condición -al menos, así lo creo- de ser partidarios de la libertad personal sin restricciones, pero también de que las iniciativas que adoptemos no perjudiquen la salud de las personas, y en mi opinión en esta comisión este segundo foco es
prioritario sobre el primero, siendo los dos importantes. ¿Y qué sucede? Que en este tipo de decisiones todos debemos tener responsabilidad sobre cómo va afectar a la salud de las personas lo que decidamos.
Quiero señalar que, siendo razonable cualquiera de los argumentos que se han puesto encima de la mesa para el debate, no podemos minimizar el efecto en la salud de ninguna de las sustancias que consumen las personas y que se denominan
drogas. El consumo del cannabis también genera problemas de salud, aparte de otros añadidos que se han comentado, como los accidentes de tráfico, etcétera. Y aunque es evidente que no se puede asegurar que una mayor disponibilidad de droga va a
generar automáticamente un mayor consumo, las experiencias de otros países pueden servir -creo que es muy importante utilizarlas, ya que se están dando-, pero poniéndolas en su contexto. Con lo cual, lo que decidamos en el futuro tendrá que ser
evaluado permanentemente, porque la responsabilidad que tenemos los que formamos parte de esta comisión y formen parte en el futuro es procurar que las decisiones coincidan con el mandato constitucional a los poderes públicos de protección de la
salud; y en el caso concreto del consumo de drogas, ser eficaces con las medidas preventivas.
En definitiva, somos partidarios de que en algún momento, cuando se hable de la regulación del consumo de cannabis, de lo que tiene que ver con la tolerancia penal, se haga con un criterio absolutamente riguroso, un criterio que evite
banalizar sobre la percepción que pueda tener la sociedad en relación con el cannabis y, por tanto, la banalización que pueda haber respecto del consumo. No olvidemos que muchas de las personas que consumen cannabis, no solamente en España, sino en
otros países, son jóvenes adolescentes. Por tanto, cuando hagamos ese debate -y, en mi opinión, no es este el sitio ni el momento- habrá que cuidar que se haga con esos criterios.
La segunda cuestión importante es el uso terapéutico del cannabis, claro que sí. Aunque sean dos temas diferentes, están relacionados, pero es necesario abordar la cuestión del uso terapéutico, porque con criterios de evidencia científica y
criterios de seguridad para los pacientes se puede hacer lo que se está haciendo en otros países y valorar cómo avanzar al respecto.
Nosotros pensamos que es importante generar un consenso previo a las propuestas, y tengo dudas de que el debate que hoy estamos teniendo sirva para la sociedad de cara a un futuro consenso, que es imprescindible, sea cual sea la posición que
adoptemos. Hoy creemos que no está clara la posición de ampliar las posibilidades desde el punto de vista legal, despenalizando más este tema, en relación con el incremento potencial del consumo del cannabis y sus consecuencias negativas. Desde
esa perspectiva, nos habría gustado un debate previo antes de presentar esta iniciativa -respetando, lógicamente, la capacidad y la autonomía que tiene el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana- para llegar a una propuesta con más consenso de
inicio, pero, dado que eso no ha sido posible, no vamos a apoyar esta iniciativa. Y tampoco creemos que vayamos a avanzar mucho en el día de hoy en este sentido.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Martínez Olmos.
Señora Azamar, como portavoz del grupo proponente de esta iniciativa, ¿acepta usted las enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos y del Grupo Parlamentario Popular? (Denegaciones).
No se aceptan.
Antes de pasar a la segunda iniciativa, tengo que comunicarles que no se votará antes de las once y media, para que lo tengan en cuenta.
- PROPOSICIÓN NO DE LEY SOBRE LA REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD DEL JUEGO ONLINE. (Número de expediente del Senado 663/000027 y número de expediente del Congreso de los Diputados 161/001695).
AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS.
La señora PRESIDENTA: La segunda iniciativa es sobre la regulación de la publicidad del juego online, y la presenta el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Tiene la palabra su portavoz, la señora Julià.
La señora JULIÀ JULIÀ: Gracias, señora presidenta.
El tema que traemos hoy aquí con esta PNL se había debatido previamente en esta comisión a raíz de dos iniciativas: una del Grupo Socialista y otra de nuestro Grupo, de Ciudadanos, en la que ya proponíamos poner coto a la publicidad de los
juegos online. En nuestro caso, en una proposición no de ley sobre la prevención de la adicción a los juegos y apuestas online se aprobó un texto en el que la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas instaba al Gobierno a lo
siguiente: Evaluar la aplicación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego y, previa consulta a organizaciones especializadas en la materia, así como a asociaciones expertas en la prevención de las adicciones al juego online, llevar
a cabo las modificaciones normativas precisas a fin de evitar el aumento del número de personas que padezcan adicción al juego, incluyendo una regulación en las comunicaciones comerciales de las actividades de juego y juego responsable que tenga en
cuenta restricción de horarios, con el objeto de proteger a nuestros menores en las difusiones comerciales del juego online. Limitar o prohibir este tipo de publicidad en espacios destinados específicamente a menores o con gran presencia de estos.
Realizar campañas de sensibilización y prevención de conductas adictivas y juego convulsivo. Prohibir la publicidad de este tipo de productos para que participen menores de edad. Evitar que se promocionen eventos deportivos o equipos de categorías
juveniles o inferiores. Prohibir promociones, regalos de crédito, bonos o cualquier incentivo para realizar apuestas como reclamo publicitario.
También proponíamos que se establecieran como obligatorios los mensajes del tipo 'se responsable', 'juega seguro', 'no pierdas más' o 'no recomendado para menores de 18 años' en los portales, de manera bien clara, visible y notoria.
Asimismo, obligar a que en los procesos de alta en esas páginas de juego online y apuestas deportivas se estableciera un proceso de verificación para tarjetas de crédito adecuado. Por ejemplo, podrían ser códigos enviados por SMS al titular u otro
tipo de chequeos que ayudaran a controlar el acceso de menores y, sobre todo, dificultaran la generación de deudas para todo el mundo. Y también, a supervisar la correcta aplicación de los bloqueos que permita el Registro General de Interdicciones
de Acceso al Juego y garantizar su correcta aplicación, junto con el resto de registros territoriales y, sobre todo, hacer campañas de concienciación para recomendar a los padres no jugadores que se inscriban en el Registro General de Interdicciones
de Acceso al Juego como manera preventiva para el control de sus menores.
Como he dicho, esta iniciativa se registró y fue debatida, y creo que todos los grupos estuvimos de acuerdo en que debe haber una regulación. Los menores usan cada vez más todo tipo de juegos, videojuegos, e incluso juegos y apuestas vía
online, y en los próximos años este tema puede ser una lacra social que puede traer muchísimos problemas a nuestros jóvenes, que en algún momento pasarán a ser adultos. Hay que tener controlado este tipo de ludopatías con sus tratamientos
respectivos, y por eso es bueno traer otra vez esta PNL, que insisto en que se registró y debatió; y ya se han debatido algunas. Esta es una propuesta que solicitan nuestra sociedad y muchísimos colectivos de ludopatía. Simplemente intentamos
limitar la publicidad para que no llegue a nuestros menores o para que no afecte al tratamiento de las personas que, por desgracia, estén en procesos contra la ludopatía. El PSOE fue más allá, e intento prohibirla directamente.
La señora PRESIDENTA: Señorías, les pido silencio, si tienen que tratar alguna cuestión sobre las enmiendas, porque a la señora Julià no se la escucha.
La señora JULIÀ JULIÀ: La cuestión es consensuar las iniciativas, y creemos que en esta todos nos tenemos que poner de acuerdo, porque este tema se va a convertir en un tema de salud pública. Por tanto, hemos enmendado nuestro texto -la
PNL que fue debatida era mucho más completa- para ajustarla a lo que se aprobó, tanto la iniciativa del PSOE como la nuestra; y la hemos ampliado para que recoja lo máximo posible.
Hemos visto las enmiendas del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, y estamos intentando llegar a una transaccional entre los tres grupos. Aunque no estén recogidos todos nuestros requisitos o líneas políticas, debemos tener muy en cuenta
este problema que nuestros menores y muchísimas familias están teniendo diariamente y darle visibilidad pública Es una ruina para las familias, el tratamiento para los adultos es muy largo y costoso y la rehabilitación es difícil. Con todo lo que
hay alrededor de nuestros menores hoy en día y la falta de seguridad en la red para muchísimas cosas, tenemos que poner el foco en concienciar a nuestros menores y, sobre todo, a nuestra sociedad de que este es un problema de todos -también de salud
pública-; y hay que establecer tratamientos y fomentar la concienciación de que un juego simplemente es un juego y que pasar ese límite puede traer muchísimas consecuencias. Creo que sería bueno que todos los grupos políticos insistiéramos en este
tema.
En el futuro las adicciones no solo serán a sustancias como las drogas, el alcohol, etcétera, y hay que hablar de este tema en todas las comisiones que podamos y darle la suficiente publicidad, tanto desde el Senado como desde el Congreso,
para intentar erradicar este problema.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Julià.
Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra la señora Sánchez, portavoz de Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Sabe usted, señor Sánchez, que tiene cinco minutos para la defensa de la enmienda.
La señora SÁNCHEZ MELERO: Gracias, señora presidenta, por estar prevenida ante mi habitual extensión de tiempo. Si me permite cinco segundos, yo también voy a cronometrarlo para así procurar cumplir con esos cinco minutos que tan
generosamente me concede.
La señora PRESIDENTA: Me parece muy bien, señora Sánchez. Es usted muy amable.
La señora SÁNCHEZ MELERO: Como bien ha dicho la portavoz de Ciudadanos, no es la primera vez que debatimos este tema en esta comisión. Y como también ha dicho y compartimos, esperamos que la
resolución final que traigamos sea fruto de un amplio acuerdo, así como que de esto salga un compromiso para llevar este tema a las diferentes comisiones afectadas para la regulación de esta materia. Porque, como se ha dicho, y comparte
nuestro grupo, esta es una grave preocupación para muchísimos padres, muchísimas madres y muchísimos sectores de nuestra sociedad, que ven cómo proliferan las casas de apuestas y los anuncios televisivos donde personas referentes para menores y
jóvenes invitan al juego y cómo están aumentando de manera gravísima los datos y la prevalencia del juego en nuestro país.
No hace mucho, en esta comisión tuvimos el honor de recibir a las entidades sociales que más están haciendo por erradicar o frenar este potencial aumento del juego patológico, y nos dieron datos escalofriantes. Y, lamentándolo mucho, nos
parece que frente a esos datos la propuesta del Grupo Ciudadanos se queda corta, tímida e insuficiente. Dicen referenciarse en las propuestas que han hecho entidades sociales y entidades científicas, como la Unidad de investigación del juego y la
patología de internet de la Universidad de Valencia; sin embargo, creemos que las magníficas alegaciones que dichas entidades presentaron ante el primer borrador de real decreto para la regulación de la publicidad del juego no quedan reflejadas en
esta proposición no de ley. Por eso hemos presentado una serie de enmiendas que esperamos sean tenidas en cuenta para que, cuando termine esta comisión y llegue el momento de votar, podamos sumarnos. De las seis propuestas de adición que hemos
presentado a la propuesta del Grupo de Ciudadanos se nos ha aceptado una; esperamos estar más cerca de cuatro, al menos, para poder votarla.
No nos parece mal la propuesta que hace Ciudadanos, pero creemos que sucede lo mismo que con la regulación en la ponencia sobre menores y alcohol. Cuando hablamos de sustancias adictivas o comportamientos adictivos y de la publicidad que
incita al consumo o a la práctica de determinadas actividades adictivas hay que recordar que está científicamente demostrado que el juego activa los mismos circuitos cerebrales que activan las sustancias adictivas. Y cuando hablamos de este tipo de
comportamientos adictivos y de la publicidad que se relaciona con ellos hay que saber que la publicidad es uno de los elementos fundamentales para la prevención. Lo dicen todas las evidencias científicas. Lo ha dicho mi compañero en la anterior
ponencia: este grupo parlamentario en estos temas se basa en evidencias científicas. Y con esas evidencias científicas no podemos seguir permitiendo que solo hablemos de horarios especiales para menores o de espacios reservados para menores.
Señoras y señores del resto de grupos parlamentarios, los medios de comunicación de masas no son controlables en un horario especial, Internet no es controlable en un horario especial. Y si el Legislativo se quiere poner serio y frenar la
barbaridad de datos que estamos sufriendo con los jóvenes y la prevalencia y el ritmo de crecimiento de esta en la adicción patológica al juego, solo hay un camino, que es la regulación estricta y la prohibición de la publicidad online de acceso
libre y la publicidad en los medios de comunicación de masas. No hay otro camino. Es tan claro y evidente, que las empresas de publicidad gastaron 216 millones de euros en 2017 en publicidad -216 millones de euros-. ¿Ustedes creen que se
gastarían esa cantidad de dinero si no se revirtiese en ingresos? ¿Y de dónde salen los ingresos de la casas de apuestas? De la salud de nuestros jóvenes, de la adicción de nuestros jóvenes, que ha pasado de un 2,5 de prevalencia a un 24,1 %.
Señores del resto de partidos, tomémonos en serio esta regulación. Estamos a tiempo de que el real decreto, que lleva demasiados años de retraso sin salir, utilice evidencias científicas, se ponga serio, elimine la publicidad masiva,
proteja a nuestros jóvenes ante este grave problema de salud pública.
Si seguimos con cosas menores: horarios infantiles, actividades juveniles..., dentro de diez años tendremos una población altísimamente dependiente de unos juegos online, unas empresas de juego online profundamente ricas y un Estado incapaz
de controlar este problema social. Es el momento, es ahora. No nos quedemos solo en los menores, seamos duros y contundentes. No sigamos permitiendo que nuestros jóvenes vean a los referentes sociales en la televisión y en internet animándoles a
gastar su dinero en casinos online, con el potencial adictivo que eso tiene.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Sánchez. Ha cumplido usted escrupulosamente el tiempo. Por lo tanto, muchísimas gracias.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, Mohamed Chaib.
El señor CHAIB AKHDIMDEL: Muchas gracias, presidenta.
Efectivamente, Ciudadanos hoy nos plantea una proposición no de ley, que, de hecho, se aprobó por unanimidad, una PNL presentada por nuestro grupo, en la que se instaba al Gobierno a desarrollar reglamentariamente los artículos 7 y 8 de la
Ley 13/2011, de 27 de mayo.
Vemos que Ciudadanos nos plantea a última hora una autoenmienda -no sé si tenía poca confianza en su propia PNL-, pero compartimos absolutamente la apreciación de la necesidad de regular la publicidad del juego online. Ustedes instan al
Gobierno a aprobar un nuevo real decreto, pero ese decreto ya está muy avanzado con el proyecto de real decreto de comunicaciones comerciales de las actividades de juego y de juego responsable, que en estos momentos ya se encuentra en fase de
tramitación administrativa.
A la versión de información pública se realizaron más de cuarenta contribuciones entre alegaciones, informes de órganos preceptivos y aportaciones de las comunidades autónomas. Todas ellas han sido analizadas, y en algunos casos
incorporadas como mejoras. Actualmente se encuentra en las últimas fases de tramitación de cara a obtener el borrador definitivo y adecuado a la sensibilidad social que despierta esta cuestión para que pueda ser presentado al Consejo de Ministros a
la mayor brevedad posible.
Este proyecto establece un marco regulatorio de carácter imperativo para la publicidad de juego de ámbito estatal basado en la proporcionalidad y la ponderación de los intereses públicos afectados, que busca el equilibrio entre la protección
al jugador y la sociedad y la consolidación del marco regulador de juego en línea de ámbito estatal. Por ello, presentamos esta enmienda, que en un inicio venía, lógicamente, con la primera iniciativa de Ciudadanos, a reforzar y ser coherente con
lo aprobado ya en esta comisión y, por tanto, con ánimo de llegar a un consenso sobre una cuestión de vital importancia. Como decía, es una enmienda que plantea desarrollar reglamentariamente los artículos 7 y 8 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo.
Restringir los horarios, con el objetivo de proteger a los menores, para la difusión de comunicaciones comerciales relacionadas con juegos de azar y apuestas. Establecer como obligatorios, con independencia del tipo de la práctica asociada y del
canal de difusión, para todas las comunicaciones comerciales y en todos los espacios relacionados con los juegos y apuestas en línea, los mensajes de 'juego responsable', 'juego seguro' y 'no recomendado para menores de 18 años' de forma clara,
concisa y legible. Limitar la presencia de personajes populares en las comunicaciones comerciales de juegos de azar y apuestas. Establecer, con objeto de proteger a los menores, la prohibición total de publicidad del juego online en espacios
específicamente destinados a ellos, tales como webs, redes sociales, juegos o aplicaciones.
Evitar la utilización de mensajes que banalicen el desembolso a realizar por los jugadores o que hagan referencia a la facilidad para ganar. Restringir la utilización de bonos de regalo o las bonificaciones por la inscripción o
participación de la persona jugadora. Evitar que las comunicaciones de juegos de azar y apuestas incluyan elementos de atracción para los menores como determinadas sintonías, mascotas de marca, narrativas cercanas al público infantil, etcétera.
También restringir, con objeto de proteger a los menores, cualquier actividad de patrocinio en eventos, bienes o servicios que se diseñen para menores de edad o que se destinen principalmente para ellos. Realizar campañas de sensibilización y
prevención dirigidas a la población juvenil. Y, finalmente, reforzar la implantación de políticas activas de juego responsable dirigidas a maximizar la protección de los sectores de la población más vulnerables, y especialmente los menores.
Como ven, señorías, es una enmienda bastante completa y que espero reciba el apoyo de Ciudadanos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Chaib.
Es el momento de fijar posiciones. La senadora Ahedo no está. ¿El resto de grupos parlamentarios va a fijar posiciones? (Denegaciones.-El señor Hernández Zapata pide la palabra).
Pues por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Hernández.
El señor HERNÁNDEZ ZAPATA: Muchísimas gracias, señora presidenta.
Señorías, buenos días a todos. Es más que evidente que este tema nos preocupa y nos ocupa. Nos ocupa porque ya en el año 2015 un Gobierno del Partido Popular redactó un proyecto de decreto ley que no llegó a aprobarse; a finales de 2017
se redactó un segundo que, como ha dicho el portavoz del Partido Socialista, se encuentra en tramitación y que no se llegó a aprobar por la consecución de la moción de censura. Por eso, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado y en el Congreso
ha presentado mociones en este sentido, con importantes similitudes a la que nos presenta hoy el Grupo Parlamentario Mixto; la última la presentamos en junio de este mismo año.
Todos coincidimos en que hay que desarrollar la ley del año 2011 que regula el juego online; una ley que quiero recordar se aprobó a toda velocidad buscando paliar el elevadísimo déficit público de aquel momento, con el Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero, y que se aprovechó para privatizar el 30 %
de Loterías y Apuestas del Estado. Y menciono Loterías y Apuestas del Estado porque el decreto que salga adelante chocará de frente con este organismo. ¿Cómo quedará entonces la ingente publicidad de este ente? ¿Seguirá siendo juego
responsable? Hasta el momento, lo que sabemos de este asunto por boca del director general de Ordenación del Juego es que se está trabajando en ello, pero no conocemos la fecha concreta para la regulación publicitaria del juego online ni mucho
menos para la del juego presencial, y esta es una más de las razones por las que apoyaremos esta moción si no sufre modificaciones importantes, porque entendemos que es un trabajo ya avanzado por el Partido Popular mientras estuvo en el Gobierno.
Aprovecho para recordar el Plan de acción sobre adicciones 2018-2020, recientemente publicado y que, por supuesto, debe ser la hoja de ruta en lo que respecta también al juego online, ya que por primera vez en este documento se incluyen las
adicciones sin sustancia y se hace un llamamiento a la revisión normativa actual sobre juegos y casas de apuestas locales y online en relación con la accesibilidad y promoción, especialmente la dirigida a proteger a los menores y a las poblaciones
más vulnerables, incluyendo la regulación de publicidad de juego de apuestas.
Para terminar, no queremos dejar de lado la responsabilidad de las familias en estos asuntos, porque, aunque celebremos la elaboración de nuevas medidas para controlar la publicidad de las apuestas en los menores, estudios de psiquiatras
especialistas llegan a subrayar que no se puede obviar que la gran responsabilidad recae del lado de las familias. Esto tiene que ver con que le menor disponga de una tarjeta de crédito, fundamentalmente, que es lo que necesita para apostar. A las
familias les suele costar más enterarse y lo hacen habitualmente por un desfalco en estar tarjetas. También coinciden los especialistas en que esta adicción es, además, más grave, porque supone una puerta de entrada a la ludopatía.
Por tanto, si no sufre importantes modificaciones, apoyaremos esta moción. Esperamos que el actual Gobierno socialista tenga tiempo para aprobar este decreto.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Hernández Zapata, por su intervención.
Señora Julià, le pregunto: ¿Admite usted las enmiendas que han presentado el Grupo Socialista y el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea?
La señora JULIÀ JULIÀ: Intentaremos firmar la transaccional a lo largo de la comisión.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.
- PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES. (Número de expediente del Senado 663/000030 y número de expediente del Congreso de los Diputados 161/001823).
AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
La señora PRESIDENTA: Pasamos al tercer punto del orden del día. Proposición no de ley relativa a la inclusión de la perspectiva de género en el tratamiento de las adicciones.
Para su defensa, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora Flórez.
La señora FLÓREZ RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.
Antes de comenzar la defensa de esta proposición no de ley, creo que estará usted de acuerdo conmigo en que hacer una mención a que hoy es el Día de la salud mental. Teníamos un acto en el Congreso, pero no podemos, desafortunadamente,
duplicarnos, lo que no quiere decir que no estemos con ellos, que no estemos con la salud mental. Siempre pensamos en la salud como la salud física, la salud del cuerpo, pero sin salud mental, evidentemente, no hay salud. Además, este año se
enfoca especialmente a los jóvenes. (El señor vicepresidente, Vila Gómez, ocupa la Presidencia).
Paso a defender esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la inclusión de la perspectiva de género en tratamiento de las adicciones. En el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que el desarrollo de
recursos y de programas específicos para la atención a las mujeres, así como la incorporación del enfoque de género en todos los recursos de atención y de prevención para las mujeres con problemas de consumo de drogas y otras adicciones son
fundamentales para abordar satisfactoriamente el tratamiento, la reinserción social y laboral y la rehabilitación, así como la prevención de estas mujeres.
Las diferencias en cuanto al consumo de sustancias entre sexos o adicciones comportamentales atribuibles a cuestiones de género con claras. También es diferencial y desigual el uso que hacemos de la red de recursos asistenciales ambos
sexos. Esto bien puede obedecer a una menor existencia de mujeres con dependencias en determinados consumos, pero también está ocasionado por la insuficiente adecuación de estos recursos a las necesidades y las especificidades de las mujeres. De
igual modo, las necesidades que presentamos las mujeres en relación con nuestra inserción social y laboral, a nuestro desarrollo personal y a nuestras necesidades de apoyo, reflejan diferencias importantes con respecto a las de los hombres. Por
otro lado, hemos de contar también con que existe la presencia de otras variables como responsabilidades familiares o el maltrato, que son frecuentes y que hacen necesarias actuaciones específicas para las mujeres enfocadas también en sus
descendientes, en los menores.
No podemos obviar que el imaginario social que existe respecto a una mujer con adicciones genera mayor rechazo y aislamiento social hacia ella, al tiempo que dificulta el reconocimiento de su adicción y su tratamiento. Ahora que,
recientemente, acabamos de hablar del juego o de otras sustancias que hemos tratado en esta comisión, todos recordaremos que cuando un hombre acude a buscar ayuda suele ir acompañado por su familia o por su pareja, pero, sin embargo, una mujer suele
acudir sola. Esto dificulta las recaídas, dificulta la recuperación.
La Estrategia nacional sobre drogas 2009-2016 ya incorporaba la responsabilidad de hacer efectiva la perspectiva de género en los objetivos a conseguir. Es cierto que se ha ido avanzando en este sentido a la luz de la evaluación de la
Estrategia que concluyó y de los planes autonómicos de drogas, evaluados también en ese momento, como, por ejemplo, la introducción en todos ellos de este objetivo, la desagregación de datos en la mayoría de los PAD o la progresiva formación de
profesionales, incluso en algunas comunidades ya tenemos protocolos específicos para mujeres. Por eso, esta misma evaluación de la Estrategia concluida nos demuestra que tenemos que seguir avanzando en materia de género y de adicciones.
Como ya explicó recientemente en esta comisión la señora Martí, delegada nacional del Plan sobre drogas, debemos fomentar la atención integral incorporando los condicionantes de género dentro de los análisis que explican el consumo de drogas
y otras adicciones, teniendo en cuenta las diferentes necesidades en todo el proceso, desde la atención a la reincorporación social. Es necesario fomentar la accesibilidad, la atención y la coordinación de recursos destinados a las mujeres con
adicciones, con especial atención a aquellas con responsabilidad familiares o que sufren violencia de género. Debemos impulsar la actividad investigadora en relación con las diferencias de género en el ámbito de las adicciones y promover la
evaluación de los programas, no solamente en datos desagregados por sexo, sino del análisis de datos desde una perspectiva de género. Es preciso mejorar y desarrollar de forma efectiva la formación en perspectiva de género a todos los estamentos de
la Administración pública, sociedad civil y académica, como uno de los pilares básicos de la formación de adicciones. De igual modo, hay que fomentar el estudio y las investigaciones sobre cómo interaccionan las drogodependencias con la violencia
de género, tanto en relación con el victimario como con la víctima, e implementar programas de intervención dirigidos a las mujeres que desarrollan problemas de drogodependencia como consecuencia de ser víctimas de maltrato.
En definitiva, la perspectiva de género en las adicciones no debe ser simplemente un principio de actuación, sino un objetivo estratégico introducido de manera estructural e incardinado en el desarrollo de la Estrategia y de los planes de
acción sobre drogas. Esa es la forma de que estos incorporen, definitivamente, la perspectiva de género en políticas, programas y actividades, siendo clave la formación de profesionales, la elaboración e implementación de protocolos o el
intercambio de experiencias de éxito. Hemos de hacer constar que se han producido avances en este sentido en la conferencia sectorial celebrada hace unos días, mediante la aprobación del Plan 2018-2020, con objetivos y actuaciones concretas y
consensuadas en materia de género. A este respecto, he de mencionar que existen unas enmiendas que se han propuesto como actualización, debido a los cambios que se han producido desde la presentación de esta proposición no de ley.
Quiero concluir, señorías, diciendo que para el Gobierno de Pedro Sánchez la igualdad es una política transversal. Ya lo dijimos y lo estamos haciendo así en materia sanitaria, hoy aquí con la perspectiva de género en las adicciones o
recientemente con la recuperación del Observatorio de Salud de las Mujeres, desaparecido en el año 2014 como consecuencia de las mal llamadas medidas de ajuste del Partido Popular. Queremos incorporar la perspectiva de género de forma rotunda en
las políticas sanitarias con el objetivo principal de abolir la inequidad y la desigualdad de la salud y de la
vida pública de las mujeres. El Gobierno socialista quiere visibilizar y mejorar la salud de las mujeres en todos los aspectos porque, aunque vivimos más, lo hacemos en peores condiciones; también en lo que aquí nos atañe, en las
adicciones, porque, por nuestra condición de mujeres, somos doblemente víctimas.
Es obligado y necesario, por tanto, acabar con esta desigualdad y es por ello que solicito el apoyo del resto de los grupos parlamentarios a esta proposición no de ley que desarrolla y fomenta las medidas ya mencionadas.
Gracias, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Gracias, señora Flórez.
Pasamos al turno de defensa de las enmiendas presentadas.
En primer lugar, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Arriba.
El señor ARRIBA SÁNCHEZ: Gracias, presidente.
Señorías, el Partido Popular está y estará siempre comprometido con la igualdad de género, especialmente, en la lucha contra la violencia machista. De antemano les informo que apoyaremos esta iniciativa; sin embargo, no en pocas ocasiones,
hemos sufrido las críticas a nuestro partido por traer a esta comisión iniciativas vacuas, faltas de contenido u ornamentales.
Señorías del Grupo Socialista, hoy traen una proposición no de ley relativa a la inclusión de la perspectiva de género en el tratamiento de las adicciones, fechada con carácter previo a la elaboración y aprobación de la Estrategia nacional
sobre adicciones 2017-2024; por tanto, señorías, es una proposición desfasada, extemporánea y anacrónica. Se trata de una iniciativa que si bien es plausible en su objetivo, no es menos cierto que contrasta con otras acciones del Partido
Socialista, de su presidente, el doctor Sánchez, como la inclusión de la enmienda en la reforma de la Ley del Poder Judicial para mejorar la formación de los jueces en la lucha contra la violencia de género, con el único interés de sortear al Senado
en la aprobación de los presupuestos, saltarse los trámites parlamentarios y no respetar las reglas del juego democrático. Sí, señorías. De igual forma, contrasta también con el escándalo de las conversaciones que hemos conocido recientemente,
realizadas por la todavía hoy ministra de Justicia, Dolores Delgado, utilizando un lenguaje intolerable con un tinte homófobo y misógino; un lenguaje inadmisible que no voy a reproducir, y donde, además y a todas luces, se desvela la pasividad de
una fiscal -hoy todavía ministra- ante el conocimiento de posibles delitos.
Señorías del Partido Socialista, en su proposición no de ley faltan a la verdad cuando aseveran que la perspectiva de género estaba presente en la Estrategia nacional 2009-2016, que fue eliminada en el segundo Plan de acción 2013-2016. Es
rotundamente falso. Desconozco la necesidad que tienen ustedes de mentir. Quiero recordar que en la anterior Estrategia nacional su partido incorporó la perspectiva de género como un principio rector, para el cual no definió objetivos operativos.
Sin embargo, en el Plan de acción 2013-2016 no solo mantuvo expresamente la perspectiva de género como un elemento transversal de la política frente al problema de la droga, sino que definió objetivos operativos específicos. Mi grupo parlamentario
entiende la perspectiva de género como una metodología transversal desde el análisis de las necesidades, desde el análisis de las demandas específicas que tienen las mujeres y los hombres.
Señorías, nosotros queremos también visibilizar y evitar el sufrimiento de las mujeres drogodependientes, condicionadas por la presión social, por su autoestigma y por las propias barreras de acceso a los centros de ayuda. Son muchas las
mujeres que viven en la vergüenza de poner de manifiesto su adicción, el miedo a perder la custodia de sus hijos o a ser catalogadas como malas madres, malas esposas, malas compañeras o malas hijas.
Calificamos esta iniciativa de desfasada porque la nueva Estrategia nacional de adicciones ya ha sido aprobada y en ella se mantiene la perspectiva de género como un principio rector. La nueva estrategia es un documento guía, una
herramienta de coordinación para todos aquellos involucrados en implementar una política frente al problema de las drogas, y que es fruto de la participación y del consenso de todos los agentes implicados que forman parte del Plan nacional sobre
drogas. Su finalidad es disminuir el consumo de drogas para reducir significativamente el impacto sanitario y social indeseado y evitable en relación con el uso de las drogas. Y dos son las metas de la estrategia: por una parte, alcanzar una
sociedad más saludable e informada mediante la reducción de la oferta de las drogas y de la prevalencia de las adicciones en general y, por otra, tener una sociedad más segura a través de la reducción de la oferta de drogas y del control de aquellas
actividades que pueden llevar a situaciones de adicción.
¿Saben cuál es una de las principales novedades de la Estrategia nacional 2017-2024? Enfatizar en la perspectiva de género. Esta estrategia se apoya y se fundamenta en las dos que la precedieron y en los tres planes de acción que
desarrollaron ambas estrategias. Pero por si esto fuera poco, no termina aquí nuestra sorpresa, pues el nuevo Plan de acción 2018-2020 ha sido aprobado por la Conferencia sectorial sobre drogas el pasado 2 de octubre. Se incluyen acciones
dirigidas a disminuir las barreras de acceso al tratamiento para las mujeres, especialmente las víctimas de violencia de género; se establece el objetivo de incorporar de una manera práctica la perspectiva de género en los programas preventivos;
se incluye en todos los niveles del proceso asistencial, mejorando el objetivo a través de la formación de los profesionales y la utilización de protocolos específicos que aborden esta cuestión; se incorpora la perspectiva de género en los
programas de inserción social, especialmente en cuanto a la accesibilidad y la formación. Como usted bien ha dicho, señoría, la perspectiva de género se incorpora a todos los estamentos de la Administración pública, sociedad civil y academia,
convirtiéndose en uno de los pilares básicos en la formación sobre adicciones. Se promueve la realización de la evaluación de programas con datos desarrollados por sexo y analizados desde una perspectiva de género.
Vamos a votar favorablemente a esa proposición y vamos a estar muy vigilantes en la aplicación de la Estrategia nacional sobre adicciones para adaptar las acciones a la realidad actual, tal como está reflejado en la propia estrategia; esta
realidad que nos trasmiten los magníficos profesionales que trabajan en la red asistencial, su preocupación por la detección de la violencia de género en drogodependencias, su demanda para conseguir la coordinación efectiva con otros recursos
sociales y sanitarios y conseguir una asistencia de calidad e integral dirigida a la persona.
Hemos presentado una enmienda de modificación...
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Señoría, tiene que ir acabando.
El señor ARRIBA SÁNCHEZ: Enmienda de modificación de los puntos 3, 7 y 8, que espero que se tengan en consideración. Con ello pretendemos que se introduzca en la estrategia la investigación del Instituto de Salud Carlos III -punto 3-; en
relación con el punto 7, hablamos de desarrollar las propuestas tanto de la estrategia como del plan, y respecto al 8, de fomentar en la delegación del Gobierno para el Plan nacional sobre drogas y en coordinación con la delegación de Gobierno para
la violencia de género el estudio e investigaciones sobre cómo interaccionan las drogodependencias con la violencia de género.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Gracias, señor Arriba.
Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ MARTÍNEZ: Gracias, presidente.
Respecto de esta iniciativa presentada por el Partido Socialista, vaya por delante que la vamos a apoyar porque compartimos la preocupación. Efectivamente, hay que aplicar perspectiva de género también en lo que tiene que ver con la
atención a las drogodependencias, pero -y sin que sirva de precedente- comparto una parte del análisis hecho por el portavoz del Partido Popular. Esta iniciativa está realmente desfasada, no solo en lo que tiene que ver con las políticas públicas
sobre drogodependencia, sino particularmente en lo que tiene que ver con el tratamiento de la perspectiva de género, y en el caso de la violencia de género, ni siquiera se utiliza ya ese término desde que se aprobó el Pacto de Estado contra la
violencia de género, porque ya no incluye todos los tipos de violencia.
Es decepcionante que sea el Grupo Socialista el que traiga una iniciativa como esta; se parece a eso que le sale tan mal al Grupo Popular, que es que, cuando no saben muy bien qué decir sobre un tema, repiten una y otra vez la misma palabra
hasta que parece que saben algo sobre el tema. Por ejemplo, utilizan la palabra género cien mil veces en una intervención, como si eso convirtiera la intervención en un discurso con perspectiva de género. Yo creo que hay muchísimas cosas que se
podrían estar haciendo muchísimo más en serio para ayudar a las mujeres que están en esta situación. Por ejemplo, leyendo la iniciativa, una primera cosa que se puede echar en falta es lo siguiente: ¿Tenemos los recursos suficientes para que los
centros donde se atienden a estas mujeres puedan tener efectivamente una perspectiva de género? ¿Tenemos recursos suficientes para que las víctimas que desarrollan una drogodependencia tras ser víctimas de violencia de género puedan ir, por
ejemplo, a casas de acogida en las que están siendo
atendidas con los recursos necesarios a diferencia de las víctimas que no tienen una situación de drogodependencia? Yo creo que sabemos perfectamente que esta realidad está muy lejos de ser accesible a las víctimas de nuestro país a día de
hoy, y por tanto, que ustedes se peleen por quién puso la palabra género en el plan estratégico que tocaba según el gobierno de turno es bastante decepcionante, sobre todo teniendo en cuenta que en este momento tenemos un Gobierno que una y otra vez
presume de ser feminista, una y otra vez presume de ser el único partido que ha peleado en España por las mujeres, el único que ha peleado por hacer algo contra la violencia de género. Que esto sea lo que ustedes tienen que decir sobre este tema es
realmente decepcionante.
En cuanto al contenido, hay otras dos cuestiones que nos preocupan, y una ya la he adelantado en la introducción. Señorías del Grupo Socialista, ya no hablamos de violencia de género, pero no por un capricho ideológico de mi grupo, sino que
tiene que ver con los tratados internacionales y con que hay muchas más víctimas que están fuera del ámbito de la pareja, y en el caso de la drogodependencia es especialmente relevante. Las víctimas de trata, las víctimas de explotación sexual, las
víctimas de violencia sexual, las víctimas que tienen que ver con el matrimonio forzado u otras formas de violencia machista quedarían fuera de esta redacción que ustedes han presentado. Por eso espero que acepten una parte de nuestra enmienda,
porque sería realmente decepcionante -si esto es una muestra de lo que tienen pensado hacer ahora que gobiernan, y sabemos que hay muchas mujeres en esta situación y si quieren les invito a que echen un vistazo a lo que sucede en las calles de
nuestro país- que no se diesen cuenta de que hay que atender específicamente a las víctimas de violencia de género, de todas las formas de violencia contra la mujer, prestando especial atención a cuando se desarrollan problemas de drogodependencia.
Pero hay una segunda cuestión que también nos preocupa. Ustedes dicen que quieren hacer investigación sobre las víctimas y el victimario, es decir, también sobre los maltratadores, y ver cómo interactúa el problema de la drogodependencia
con el hecho de que existan maltratadores, pero luego dejan esta perspectiva completamente fuera de su plan de acción. Lo que ahora mismo estaba comentado la portavoz del Partido Socialista es que no quieren aceptar nuestra enmienda porque les
parece que no hay nada que hacer para trabajar con los maltratadores que son drogodependientes o que han tenido que entrar en algún tipo de centro, bien de reinserción laboral y social, bien en un centro penitenciario, y que tienen estas dos
circunstancias. Yo creo que a nada que uno eche un vistazo a los datos que tenemos de víctimas y victimarios sabe que existe un gran problema. No estamos diciendo que aquellos hombres que son drogodependientes sean maltratadores; evidentemente,
esto es algo que tenemos muy claro quienes trabajamos en violencia machista. Cualquier hombre puede ser un maltratador y cualquier mujer puede ser maltratada, este es el gran problema que tenemos: el machismo es una cuestión estructural, pero es
cierto que algunos factores inciden de forma interseccional; es decir, cada vez que nos encontramos ante casos en los que hay pobreza, en los que hay una drogodependencia, en los que hay unas circunstancias que complican la vida de cualquier
persona, evidentemente la situación de maltrato va a generar más problemas.
Por tanto, es realmente sorprendente que si lo que les preocupa es cómo eliminar precisamente esta situación, también en los maltratadores, ustedes no quieran incorporar esta perspectiva en los programas. Les invito a reflexionar en cómo
puede ser la reinserción laboral y social de un maltratador que, además, es drogodependiente, si nadie le explica cuál es el problema que tiene que ver con que siga teniendo prácticas machistas. Yo creo que eso es algo que no podemos obviar, y por
eso resulta decepcionante que no lo quieran incluir. En realidad creo que tiene que ver con que esta iniciativa es simplemente un compromiso no demasiado serio y bastante desactualizado respecto de lo que incluso su propio partido está defendiendo
ahora mismo en otras comisiones.
Por tanto, espero que por lo menos acepten nuestra enmienda y que a la hora de la verdad sus políticas públicas sean un poco más serias y sirvan para transformar la vida de la gente, y no se queden simplemente en palabras que, por cierto, ya
decían en el 2004.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Gracias, señora Rodríguez.
Para fijar posición, tiene la palabra la señora Ahedo.
La señora AHEDO CEZA: Intervengo brevemente.
Nuestro grupo va a apoyar esta moción porque entendemos que la incorporación de la perspectiva de género debe darse en absolutamente todas las políticas, no solo en esta. En este tema de la
drogodependencia ya se han explicado las diferencias en patrones de consumo, en accesos reales a servicios y a tratamientos, así como la necesidad de adecuación de necesidades específicas y de conocer datos reales.
Las mujeres son un grupo vulnerable, dentro de la vulnerabilidad inherente al abuso de sustancias, por aislamiento, por el miedo al rechazo social y por la violencia que pueden llegar a sufrir. No me voy a extender. Podríamos dar una
visión crítica de la propuesta tal como han hecho otros grupos, pero en este momento vamos a valorar exclusivamente que la incorporación de la perspectiva de género es fundamental. De ahí nuestro apoyo.
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Gracias, señora Ahedo.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Azamar.
La señora AZAMAR CAPDEVILA: Gracias.
Intervengo solo para decir que nuestro grupo va a dar apoyo a la proposición.
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Gracias.
Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra la señora Julià.
La señora JULIÀ JULIÀ: Gracias, señor presidente.
Respecto a esta PNL que nos presenta el PSOE, en Ciudadanos estamos de acuerdo en que numerosos problemas afectan de forma diferente a las personas según sean hombres o mujeres, sobre todo en lo que se refiere a las adicciones o al consumo
de drogas. Esta comisión ha visitado numerosos sitios donde nos han explicado los tratamientos que siguen; los problemas de acceso a tratamiento que tienen tanto hombres como mujeres, y el rechazo social, bastante machista aún, hacia las mujeres
con problemas de adicción, que puede implicar perder a la familia. La realidad es que el rechazo social es bastante más delicado que si es un hombre.
Nosotros también vemos que esta PNL debería haber afinado un poco más, más ahora mismo estando el PSOE en el Gobierno. Parte de lo que nos presenta esta PNL ya está en marcha en el Plan de acción sobre adicciones 2018-2020. Por lo tanto,
se queda bastante corta, no nos trae nada más que podamos implementar; simplemente se deja llevar por lo que ahora mismo está en marcha en el Plan sobre adicciones.
Es verdad que la delegada del Gobierno del Plan nacional sobre drogas estuvo aquí, y celebramos una comparecencia con ella. Como ya le comenté a la delegada, hay que predicar con el ejemplo. Por supuesto, estamos de acuerdo -y la
apoyaremos, como todo lo que sea en beneficio de las mujeres o en beneficio de cualquier joven, sea hombre o mujer, y que tenga efectos en nuestra sociedad-, pero, como le comenté a la señora delegada, hay que predicar con el ejemplo. El PSOE
quiere fomentar ahora mismo la perspectiva de género, pero su delegada, anteriormente, no la ha apoyado debidamente, aunque se retractó de sus conversaciones. En Castellón, por ejemplo -lo vuelvo a repetir-, apoyó un folleto en el que se
discriminaba y se hacían comentarios machistas acerca de que, si se sufría una violación o abuso en la calle, era problema de la mujer y no del acosador. Se fomentaba también cómo usar las drogas en vez de cambiar la concepción social para que se
vea que las drogas son un problema de salud pública y que hay que evitarlas.
Por lo tanto, vamos a apoyar la PNL, pero creo que hay que predicar con el ejemplo y no quedarse simplemente en meras palabras. Así que reflexionen, intenten ampliar todos los datos y todo lo que nos están trayendo aquí y, ahora que están
en el Gobierno, hagan cosas efectivas de verdad que merezcan la pena.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Gracias, señora Julià.
A continuación, tiene la palabra la señora Flórez.
La señora FLÓREZ RODRÍGUEZ: Quiero agradecer todas las aportaciones constructivas y fuera de la rabia y el odio de esta mañana. Es cierto que esta PNL se presentó en 2017...
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): ¿Acepta o no acepta las enmiendas?
La señora FLÓREZ RODRÍGUEZ: Aceptamos las enmiendas que se refieren a la actualización, puesto que esta iniciativa se presentó con anterioridad a determinadas cuestiones, como la aprobación del plan la semana pasada. Aceptamos la
incorporación de todas las violencias, pero no podemos aceptar la que se refiere a los programas masculinos, pues creemos que aquí no tiene sentido, ya que no tiene nada que ver, no estamos hablando de lo mismo y son cuestiones completamente
distintas.
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Gracias, señora Flórez.
- MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REALIZAR LAS REFORMAS LEGALES OPORTUNAS PARA LLEVAR A CABO LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS ESTUDIOS DE PREVALENCIA DEL TRASTORNO DEL JUEGO Y EL OBSERVATORIO SOBRE LUDOPATÍA, EN COORDINACIÓN CON
LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número de expediente del Senado 661/000933 y número de expediente del Congreso de los Diputados 161/003151).
AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA.
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Pasamos al cuarto punto del orden del día: moción presentada por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Palencia.
La señora PALENCIA GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
Está claro que los problemas que causa el juego interesan a esta comisión, pues hoy es la segunda vez que debatimos sobre ello. Y a pesar de que los distintos grupos parlamentarios que componemos esta comisión, representando así los
intereses de la ciudadanía, discrepamos en muchos aspectos sobre cómo abordar las consecuencias del juego, en especial, la ludopatía, sí existe un consenso en que es un problema de salud pública y así lo han expresado infinidad de veces los
portavoces de los distintos grupos. Pues bien, el Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea pone hoy encima de la mesa una iniciativa sencilla, pero de calado, pues podría dar solución a algunos problemas que acarrea el juego patológico, la
adicción al juego o la ludopatía. Efectivamente, señorías, esto no lo pone nadie en cuestión. Hablamos de un trastorno mental, de un problema de salud y no solamente de una actividad de ocio, tal y como reconocen la Organización Mundial de la
Salud y las asociaciones de psiquiatría; un trastorno mental que provoca problemas graves, no solo porque las personas afectadas arriesgan cantidades extraordinarias de dinero, sino por la imposibilidad de dejar de jugar y perder el control, a
pesar de conocer las consecuencias que tiene. En este mismo sentido, la Asociación Norteamericana de Psiquiatría entiende que es un trastorno mental de naturaleza adictiva; es decir, no se trata de un trastorno mental cualquiera, sino de una
adicción. La evidencia científica ha demostrado que jugar apostando activa los mismos circuitos cerebrales de recompensa que otras drogas y que la sintomatología clínica de esta adicción es similar a la de otras drogodependencias en cuanto a
tolerancia, necesidad de jugar cantidades cada vez más altas de dinero, síndrome de abstinencia, pérdida de control y dificultad para recuperarlo, etcétera. Por todo esto, se considera un trastorno adictivo. En esta comisión, además, hemos
escuchado a representantes de las personas afectadas que trabajan en su rehabilitación y también a personas expertas en el tema, quienes nos han relatado muchas de las deficiencias que nuestro sistema padece en el campo del tratamiento de las
adicciones, concretamente, en el de la ludopatía, por nombrar alguna de ellas. No existen programas formativos en prevención de ludopatía, como sí se implementan programas en prevención de alcohol y drogas. No hay programas ni en televisión ni en
otros medios que hablen del riesgo que entraña el juego patológico y, en cambio, se publicita la actividad por todos los medios. Les voy a citar las palabras textuales de un joven en rehabilitación, que me decía el otro día: por mucho que lo
intento, es imposible escapar de la telaraña. Publicidad en radio, publicidad en televisión, publicidad online, vallas publicitarias; está en todas partes. Imaginar algo parecido con otros consumos que pueden ser problemáticos, como el tabaco o
el alcohol, es algo impensable.
Como he dicho antes, los profesionales de la educación y de la sanidad denuncian también la falta de protocolos de actuación, como sí existen en otras adicciones, máxime cuando se sabe que la irrupción del juego online provoca una
prevalencia sensiblemente superior a la del juego presencial en una población cada vez más joven o en población vulnerable. No existen estudios de prevalencia actuales y globales que permitan conocer con precisión el alcance de la enfermedad y, por
lo tanto, poder planificar formación de profesionales y actuaciones de prevención en todos sus niveles: primario,
secundario y terciario. Unidos Podemos cree que hay un hecho diferenciador que explica en parte estos extremos. Se trata de que existe un órgano que se tiene que ocupar de los estudios de prevalencia y de poner soluciones, es decir, el
Observatorio del Juego, entre cuyas funciones destaca la promoción y realización de estudios y trabajos de investigación en materia de juego, así como su incidencia o impacto en la sociedad. Este órgano depende directamente de la Dirección General
de la Ordenación del Juego, bajo la dependencia de la Secretaría de Estado de Hacienda. Esta organización de la gestión del juego podría reflejar mayor prioridad en la recaudación de impuestos que en la protección de la salud de la ciudadanía,
dedicando recursos a un organismo cuya actividad deja bastante que desear. Creemos que estos recursos deberían centrarse en el ámbito sociosanitario. Porque, señorías, estamos de acuerdo en que el juego patológico es un problema de salud pública
cuya atención se encuadra en la cartera de los servicios de salud, por eso su gestión tiene que ser una obligación con la salud de toda la ciudadanía y principalmente con la salud de la infancia y de la juventud. Esta protección tiene que
prevalecer sí o sí sobre los intereses recaudatorios de cualquier Estado. En este sentido, parece coherente que cada Administración ocupe su lugar con respecto al juego y con respecto a la salud colectiva de la sociedad, así como en la protección
de los sectores vulnerables. Por eso, mi grupo cree que deberían ser las administraciones sanitarias las responsables de tutelar cualquier estudio sobre la incidencia y/o prevalencia de ludopatía para, una vez obtenidos los resultados, aplicar las
medidas que resultaran pertinentes. Y, por eso, proponemos hoy que esta Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas debata y apruebe esta iniciativa que insta al Gobierno a realizar las reformas legales oportunas, como no debiera ser
de otra manera, con la participación de las organizaciones profesionales y científicas y también de las organizaciones de personas afectadas por ludopatía, para que estos estudios de prevalencia del trastorno del juego y el observatorio sobre
ludopatía se lleven a cabo desde donde corresponde, que es el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en el seno del Consejo Interterritorial de Salud y en coordinación con los servicios de salud de la comunidades autónomas.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Gracias, señora Palencia.
Pasamos a la defensa de las enmiendas presentadas.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Pérez, por el Grupo Popular.
El señor PÉREZ LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, como estamos apreciando esta mañana, la ludopatía es un problema que afecta cada día que pasa a un mayor número de jóvenes y de menores. Estamos ante un problema de salud pública, por tanto, nuestra preocupación debe centrarse en
mejorar la coordinación y la colaboración entre instituciones y asociaciones de afectados para que cada vez sean más eficaces a la hora de adoptar medidas que aborden este problema tan importante. Por eso, nosotros consideramos que lo importante no
es determinar si son galgos o podencos los que deben realizar los estudios de prevalencia del trastorno del juego, sino que se hagan, y que se hagan bien y que sean eficaces. Basta con escuchar a las personas afectadas y a sus familias que luchan
día a día para rehabilitarse como personas. Estas personas, a través de sus asociaciones, nos demandan medidas que afronten eficazmente un problema que afecta a una población cada vez más joven, hasta el punto de que en el año 2017 casi un 3 % de
los casos que llegaron a las asociaciones de lucha contra el juego eran menores, y esto, desgraciadamente -según nos manifiestan-, va en aumento.
Por eso es tan importante la incorporación de la ludopatía a la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 aprobada en Consejo de Ministros en febrero de este año y, además, en el mes de octubre la Conferencia Sectorial sobre Drogas ha
aprobado el Plan de acción de 2018 a 2020. Por eso, desde nuestro punto de vista, los cambios que se plantean son meramente cosméticos. La Estrategia Nacional sobre Adicciones vigente ya tiene en cuenta todas las cuestiones planteadas para
garantizar la consecución de sus metas. El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social es el competente en materia de adicciones y, por tanto, está legitimado para hacer estudios, como de hecho viene realizando desde hace años a través del
observatorio existente en la Delegación del Gobierno para el Plan nacional sobre drogas, sin la necesidad de crear otro observatorio sobre ludopatía. Existe el Consejo Asesor de Juego Responsable liderado por la Dirección General de Ordenación del
Juego, pero aquí también la Dirección General del Plan nacional sobre drogas está presente, junto con afectados y profesionales, coordinando los estudios que se realizan en ambos organismos. Es más,
estos estudios se coordinan en el seno del Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones, que lidera la Dirección General del Plan nacional sobre drogas, donde están además presentes todos los actores, incluida la Dirección General
de Ordenación del Juego, los afectados, los profesionales o las comunidades autónomas. Por último, cabe señalar que es la Conferencia Sectorial del Plan nacional sobre drogas la competente en materia de adicciones y no el consejo interterritorial.
Por todo ello, mi grupo plantea la siguiente enmienda: La Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas insta al Gobierno a seguir tutelando por parte del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social la elaboración de los
estudios de prevalencia del trastorno de juego desde la coordinación con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial del Plan nacional sobre drogas y en cooperación con el Instituto de Salud Carlos III y la Dirección General de Ordenación
del Juego. Se contará, además, con las aportaciones que realicen las organizaciones profesionales, las sociedades científicas y las organizaciones de personas afectadas por la ludopatía. Entendemos que con esta propuesta se centra mucho más el
problema y disipamos dudas acerca de algo que nos afecta y por lo que todo el mundo estamos preocupados.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Gracias, señor Pérez.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Zelaya.
El señor ZELAYA CASTRO: Gracias, presidente.
Nosotros también estamos de acuerdo y coincidimos en esta visión de darle prioridad al tema de la ludopatía, como ya se ha explicado, y catalogarla no como un trastorno de impulsos, como estaba antes en las clasificaciones médicas. La
ludopatía tiene toda la estructura de un trastorno adictivo y como tal nosotros creemos que tiene que ser tratado igual. De hecho, se están haciendo muchos esfuerzos y la literatura y la comunidad científica van hacia ello. Dicho esto, tengo que
señalar que en la enmienda que presentamos tratamos de afinar un poco más aquello de que sea el Ministerio de Sanidad y Consumo el que se encargue, porque ya existe un ente, ya existe un lugar donde se realiza precisamente esta visión integral,
donde se realizan los estudios, donde se realizan los informes. Ese lugar es el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, de la Delegación del Gobierno para el Plan nacional sobre drogas. La delegada del Plan nacional sobre drogas, la
señora Martí, destacó en su comparecencia en esta comisión que explícitamente en el nuevo Plan sobre drogas -que, dicho sea de paso, llevamos un año de retraso en su implementación; felizmente ya hemos dado los pasos pertinentes para que se
implemente de una vez- la ludopatía estaba incluida y, además, con los recursos necesarios. Según he leído en la comparecencia, creo que en el abordaje que hace en la Estrategia del Plan nacional sobre drogas es importante el consenso y la
colaboración de los diferentes grupos políticos porque, como mencionaba al comienzo de mi intervención, es un tema en el que hay consenso y concordancia. Ese es el motivo por el cual en nuestra enmienda pedimos que se continúen realizando estos
estudios de prevalencia desde el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, ya que las consideramos como una adicción más. Además, pedimos que se mejoren las encuestas que se realizan sobre alcohol y otras drogas en España (Edades) para
adaptarlas a estas nuevas necesidades. Debo decir también que precisamente una de las principales competencias que tiene esta Delegación del Gobierno para el Plan nacional sobre drogas es la recogida y el análisis de datos y la difusión de la
información, tanto por carácter estadístico como epidemiológico. No cabe duda de que este es el lugar para hacer y continuar haciendo los estudios de prevalencia.
Aparte de esto, hay otro elemento más que debemos tomar en cuenta, y es que parte de las funciones del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones es crear un sistema de información a través de un control de recogida y análisis de
datos permanente, con lo cual permite, por ejemplo, conectarse con el sistema de alerta temprana europeo o los sistemas de monitorización, que en algún momento tendrán que incorporar en el mismo nivel el tema de las ludopatías. Esa es la razón por
la que precisamos en nuestra enmienda el lugar en donde tiene que realizarse y esperamos que sea tomada en cuenta. Desde luego, hay que respetar las competencias de las comunidades autónomas y, por supuesto, en el consenso tienen que participar no
solo los grupos políticos, sino también las sociedades profesionales y científicas, las organizaciones de las personas afectadas y responsables.
En la proposición no de ley presentada se hace hincapié, por ejemplo, en que el observatorio sobre la ludopatía se lleve a cabo por el Ministerio de Sanidad. Nosotros entendemos que hay otros datos de la Dirección General de Ordenación del
Juego, como, por ejemplo, algunas características del mercado,
algún comportamiento del mercado, ya que esta dirección se encarga de la regulación del sector del juego, hay competencias que no son necesariamente sanitarias que perfectamente pueden coexistir con los datos del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social. A este respecto, la Dirección General de Ordenación del Juego tiene también su propia estrategia sobre juego responsable, así como los datos del mercado del juego, la regulación de los agentes del juego y, por supuesto,
la forma de prevenir el daño y toda la estrategia que está cristalizada en el portal www.jugarbien.es. Esta es la enmienda que hemos presentado y creo que el lugar es el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Gracias, señor Zelaya.
Pasamos al turno de fijación de posiciones.
En primer lugar, por el Grupo Nacionalista, tiene la palabra el señor Bagué.
El señor BAGUÉ ROURA: Gracias. Quiero pedir excusas porque he llegado tarde a la comisión.
Solo quiero anunciar el voto favorable a la proposición.
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Gracias, señor Bagué.
Por el Grupo Vasco, tiene la palabra la señora Ahedo.
La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias.
El juego es multifactorial y multisectorial y depende de Sanidad, Interior, Hacienda..., de muchos ministerios, pero también debemos tener en consideración que las competencias están repartidas, no todas dependen del Estado, muchas de ellas
son autonómicas.
Estamos de acuerdo en que el juego no solo genera dinero, sino también problemas y, en el caso de la ludopatía, genera problemas de salud mental, problemas sociales y problemas de salud pública. Ustedes nos plantean que los estudios sobre
ludopatía, precisamente porque la ludopatía es un problema claramente de salud pública -en esto todo el mundo podría estar de acuerdo-, dependan del Ministerio de Sanidad. En concepto, sería lo lógico. La única duda que tenemos es si mejoraría la
eficiencia o incluso el enfoque de ese tipo de estudios el hecho de que dependiese de Sanidad en vez de quien depende en este momento, porque por otro lado no parece que un traspaso tuviera mayor dificultad administrativa que, a priori, sería la
única que se plantease. Vamos a oír al resto de grupos para definir la postura del mío.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Gracias, señora Ahedo.
Por el Grupo de Esquerra, tiene la palabra la señora Azamar.
La señora AZAMAR CAPDEVILA: Gracias.
Solo intervengo para manifestar que vamos a votar a favor.
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Gracias, señora Azamar.
Señora Palencia, ¿acepta o no las enmiendas?
La señora PALENCIA GARCÍA: No vamos a aceptar las enmiendas ni del Grupo Popular ni del Grupo Socialista por las razones que hemos explicado ya a los grupos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Perdón.
Para fijar posición, tiene la palabra la señora Julià.
La señora JULIÀ JULIÀ: Gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Ciudadanos en esta PNL que nos presenta el Grupo Parlamentario Unidos Podemos sobre el trastorno del juego y el observatorio sobre la ludopatía.
Como anteriormente hemos comentado, volvemos otra vez al problema de la ludopatía y los trastornos provocados por el juego. Estamos de acuerdo con el fondo de esta PNL que nos traen, aunque creo que lo ven desde otro punto de vista. Dicen
que la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas insta al Gobierno a realizar las reformas legales oportunas para que los estudios de prevalencia del trastorno del juego y el observatorio sobre ludopatía se lleven a cabo por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Como he comentado antes, nosotros pensamos que la ludopatía es un
problema de sanidad pública. No hay duda y creo que todos coincidimos en esto. También comentan que todas las reformas y seguimientos se harán con participación de las organizaciones profesionales y científicas y organizaciones de personas
afectadas por ludopatía. Por supuesto, no tenemos ningún problema con este párrafo porque atendemos a todos los colectivos e intentamos que todo el mundo se implique socialmente -también la sociedad civil- en todo aquello que necesitamos legislar.
Solo quiero comentar que la Dirección General de Ordenación del Juego es el órgano del Ministerio de Hacienda y Función Pública que, bajo la dependencia de la Secretaría de Estado de Hacienda, ejerce las funciones de regulación, autorización,
supervisión, control y, en su caso, sanción de las actividades del juego en el ámbito estatal. Por lo tanto, estaría bien que el Ministerio de Sanidad se implicase, pero, ahora mismo, el órgano que ejerce las funciones de la regulación es el
Ministerio de Hacienda en la Dirección General de Ordenación del Juego.
Entre las funciones que se le atribuyen a la dirección general encontramos la de promocionar y realizar estudios y trabajos de investigación en materia de juego, así como sobre su incidencia e impacto en la sociedad. La propuesta de Unidos
Podemos es que se tengan en cuenta los servicios de información de las comunidades autónomas como fuentes primarias de información para estos estudios -por supuesto, vamos a estar de acuerdo-, así como la colaboración de profesionales, sociedades
científicas, organizaciones de afectados y pacientes. Creo que todo esto va a enriquecer las actividades que desempeña, no el Ministerio de Sanidad, sino la Dirección General del Juego.
Hemos de recordar que la normativa que afecta al juego está altamente fragmentada y tanto para ejecutar políticas como para evaluar su impacto es precisa la colaboración de ayuntamientos, de comunidades autónomas y del Estado. Esperamos que
el Grupo Socialista lo tenga en cuenta y nos traiga alguna PNL para que en este tipo de fragmentación de normativa podamos llegar a un acuerdo.
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Debe ir terminando.
La señora JULIÀ JULIÀ: Quiero recordar, por ejemplo, nuestra propuesta de colaborar con la federación de municipios para que los municipios no permitan abrir casas de juego cerca de los colegios e institutos. Creo que hay que incluir a
todo el mundo, a toda la sociedad, para que esto pueda tener su aplicación real y efectiva en la sociedad contra este problema de salud pública.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Gracias, señora Julià, y disculpe por habérmela saltado otra vez. (Risas).
- PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE DROGAS. (Número de expediente del Senado 663/000078 y número de expediente del Congreso de los Diputados 161/003187).
AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Pasamos al quinto y último punto del orden del día: proposición no de ley relativa a la lucha contra el tráfico de drogas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Landaluce.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Gracias, presidente.
Para ordenar el debate, quiero hacerle saber al presidente que hay dos enmiendas propuestas por el Grupo Socialista y por el Grupo Ciudadanos y que hemos llegado al acuerdo de una propuesta de modificación firmada prácticamente por todos los
grupos. Ahora mismo, cuando termine mi intervención, se la haré llegar al presidente para su control.
Señorías, estamos hablando de un problema importante, de que España es una de las plataformas donde la logística se mueve en beneficio de la actividad económica. Eso significa que estamos en una zona que constituye una de las puertas
principales de entrada de la droga en Europa. El primer puerto del Mediterráneo está en Algeciras, que es el primer puerto de España en actividad de tránsito de mercancías; ya hemos superado los 102 millones de toneladas y vamos a llegar a 107
este año. Es decir, esta tierra de oportunidades que es el Campo de Gibraltar también tiene un problema, y es que por ahí penetra el tráfico de drogas a gran escala.
Sabemos que Algeciras y el Campo de Gibraltar son las zonas más seguras de España y de Europa, pero tenemos un problema de narcotráfico, porque, lógicamente, por ahí es por donde transitan y donde están ubicadas las mafias de la droga.
Sabemos que, especialmente -y ayer se quejaban en la ciudad de La Línea-, el tráfico de hachís está aumentando, pero también sabemos que el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de vigilancia aduanera es encomiable. Fíjense, en
la Memoria anual de la Fiscalía General del Estado, de las 477 toneladas de sustancias estupefacientes incautadas en el 2017, el 80 % fue localizado en Andalucía; destacó la provincia de Cádiz con el 48,34 % del total, seguida por Almería y Málaga.
Sabemos del trabajo de los responsables de velar por nuestra seguridad. De hecho, este año ya se ha decomisado mucho más en los primeros meses de lo que se había decomisado en todo el año pasado. Es decir, que es un problema de droga, es un
problema de narcotráfico, es un problema de estar ubicados en una tierra muy especial, pero que también necesita de un compromiso de la lucha contra la droga.
La lucha contra el tráfico ilegal de drogas siempre ha sido y debe seguir siendo un compromiso de todas las administraciones y, especialmente, de la más responsable, que es la Administración del Estado. Por eso, debe marcarse un objetivo,
que es la reducción en muchos ámbitos: en el ámbito de la lucha, en el ámbito de la disminución de la oferta, etcétera.
La estrategia nacional ha sido eficaz, porque se han batido todos los récords. En los cuatro primeros meses de este año ya se había incautado más que en todo el año 2017. El ministro del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, Juan Ignacio
Zoido, ha sido el ministro que más veces ha estado en el Campo de Gibraltar y más veces ha luchado por conseguir objetivos de seguridad y de trabajo por perseguir los ilícitos.
Queda mucho por hacer, sobre todo, consolidar estos esfuerzos. Cuando llegó el nuevo Gobierno a la Moncloa, se anunció un plan integral para el Campo de Gibraltar en el que se venía trabajando, con un plan especial de seguridad que se
anunció por la Secretaría de Estado en los últimos días de julio de 2018. Este plan incorpora una lluvia de 7 millones de euros en lucha contra la droga, pero la sociedad civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los sindicatos, todos
los representantes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional quieren saber en qué se trasladan esos 7 millones, cuántos guardias civiles son, cuántos policías nacionales son, cuánta es la inversión en el servicio integral de vigilancia del
Estrecho, cuánta es la inversión en inteligencia, cuánta es la inversión en coches patrulla, cuánta es la inversión en embarcaciones para la Guardia Civil del Mar o cuánta es la inversión para la ayuda a vigilancia aduanera en su trabajo. Esto es,
necesitamos trasladar ese compromiso del Gobierno a una realidad y reforzar las líneas en las cuales se estaba trabajando. Sabemos que, además, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que distraer parte de su esfuerzo y material
para atender el problema de la inmigración; ayer, casi 1000 inmigrantes llegaron a nuestras costas del mar de Alborán y aguas de la bahía. Es decir, son cifras muy contundentes que requieren un esfuerzo especial para con nuestra tierra.
Necesitamos que el plan especial se concrete, se implemente, que sea una realidad en cuanto a dotación, pero también, señorías, necesitamos que se trabaje contra el paro, porque es uno de los principales problemas que tenemos, junto con el
de las mafias de la droga. Si no atajamos ese problema con un plan especial para el Campo de Gibraltar, difícilmente haremos eficaz la lucha contra las mafias de la droga. Necesitamos más y mejores inversiones en educación; más y mejores
compromisos en la fiscalidad; más y mejores oportunidades y desarrollo de nuestras infraestructuras. Haciendo fuerte el Campo de Gibraltar, haremos débiles a las mafias de la droga.
Yo quiero agradecer a todos los grupos políticos el que hayan apoyado esta propuesta de todos por ese compromiso para el Campo de Gibraltar; todo para y por el compromiso de desarrollo de nuestra tierra; todo para y por el compromiso de
trabajar contra las mafias de la droga y, por supuesto, para dar salud no solo a España, sino a Europa, porque la entrada por nuestra tierra no significa que se nos quede ese problema allí, sino que ese problema se expande al resto de la Unión
Europea.
Nada más, señoras y señores. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Gracias, señor Landaluce.
Señorías, les ruego un poco de silencio. Ya estamos en la última PNL.
Para la defensa de las enmiendas presentadas tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Ciudadanos, la señora Julià.
La señora JULIÀ JULIÀ: Gracias, señor presidente.
Señorías, no escapa a nadie que cuando esta PNL se formuló aún gobernaba el PP, que es el que la presenta. Sin duda, de haberla presentado estando ya en la oposición supongo que su propuesta habría sido más contundente y su planteamiento
bastante más incisivo. El momento temporal, por tanto, determina el postulado de su contenido, y sobre este particular hay que llamar la atención sobre las iniciativas parlamentarias presentadas por el partido que ahora mismo está en el Gobierno, a
modo de consigna, de continuar, dando ya por hecho que se hacen actividades contra el tráfico ilegal de drogas.
No dudamos de que se hicieran cosas por el Gobierno, entonces del señor Rajoy, y ahora por el del señor Sánchez, pero de lo que no tenemos duda es de que en ambos casos es manifiestamente insuficiente, habida cuenta de los datos que tenemos.
Señorías, la propia PNL que ahora comentamos lo dice: La provincia de Cádiz, y en particular el Campo de Gibraltar, asume más del 40 % del tráfico de drogas de todo el país. En principio, la autoridad ni está ni se la espera. Los miembros
de las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto del Estado como de las corporaciones locales, se ven sometidas a una presión social sin precedentes y difícil de soportar. Ante esta situación, ¿qué hace el Gobierno?, ¿enviar temporalmente pequeños
contingentes de medios personales que en un plazo breve de tiempo se terminan volviendo a sus bases? Imagínense a agentes que no conocen la zona actuando en un medio inhóspito y enrocado.
Se han enviado medios materiales con una antigüedad en torno a los diez o veinte años, como los vehículos que envió el señor Rajoy. Mientras los narcotraficantes utilizan medios de primera división, los policías y los agentes emplean medios
de tercera, cuarta o de quinta división. Se permite la navegación de narcolanchas, cuya prohibición ha sido instada por todas las asociaciones, por la coordinadora contra la droga; por el presidente Paco Mena, con el cual nuestro diputado de
Ciudadanos por la provincia de Cádiz, Javi Cano, se ha reunido en innumerables ocasiones, etcétera, y no se hace nada.
Es increíble no dotar los puestos de trabajo de los agentes y policías con estímulos de permanencia en esta zona; o no incrementar los medios de la Fiscalía Antidroga -recientemente, el fiscal jefe de Cádiz alertaba de la falta de medios,
tal y como se recoge en la memoria anual en Andalucía-; o no aumentar los medios de investigación y lucha contra el fraude económico derivado del tráfico de drogas; o no fijar las pautas para un plan de acción a largo plazo para la zona, tal y
como hemos propuesto en nuestra enmienda; o no adoptar acuerdos con otras instituciones en la lucha contra la droga, especialmente con la comunidad autónoma y las corporaciones locales de la zona; o no recoger y aplicar las propuestas de las
entidades privadas que dedican su actividad a luchar contra el tráfico de drogas; o no hacer partícipe a la Unión Europea de este grave problema que tenemos en el Campo de Gibraltar, que funciona como puerta de entrada de drogas en Europa. En fin,
realmente creo que no se ha hecho lo suficiente ni por parte del anterior Gobierno, del Partido Popular, ni, de momento, por el actual Gobierno del Partido Socialista.
Se calcula que alrededor de treinta bandas están operando en la zona, junto con tres mil colaboradores directos. Ante ello, hay una tremenda carencia de efectivos policiales, que lo único que hace es incrementar la peligrosidad y la
actividad de narcotraficantes en la zona.
La economía de una parte de las familias del Campo de Gibraltar está sustentada por los narcos, quienes aprovechan esta dependencia económica para protegerse de los agentes y dificultar así tanto la incautación de la mercancía como su propia
detención.
Los narcos y sus sicarios, además de controlar toda la comarca, tienen señalados a todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Son frecuentes las agresiones a agentes policiales, como hemos visto en algunos medios
de prensa. Por ejemplo, nueve agentes de la Guardia Civil que estaban fuera de servicio fueron agredidos por un grupo de 40 familiares que celebraban una comunión. Esto es un suma y sigue, señorías. Están obligados a emplear su arma
reglamentaria, a lanzar disparos al aire; en fin, la verdad es que dejamos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una difícil situación y bastante solos.
¿Cuál es el posicionamiento de nuestro grupo parlamentario, Ciudadanos? Pues más medios humanos y materiales para paliar la desprotección de los agentes. La desprotección de estos agentes está conduciendo a que los narcos estén perdiendo
el respeto a los agentes allí destinados, unos agentes que por falta de medios están literalmente jugándose la vida.
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Señora Julià, debe ir terminando.
La señora JULIÀ JULIÀ: Sí, un momento, por favor, y termino.
Es necesario que dejen de considerarse estas situaciones como casos aislados y, sobre todo, que se tomen seriamente las medidas necesarias. El Gobierno debe tomarse en serio este problema -hasta ahora creo que no se ha hecho- y luchar
contra esta lacra social que tenemos en Cádiz, concretamente en el Campo de Gibraltar. Si siguen así y siguen implementando medidas personales y materiales para luchar contra el narcotráfico, Ciudadanos estará allí, pero si, por el contrario, miran
para otro lado, no nos van a encontrar.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Gracias, señora Julià.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Alconchel.
La señora ALCONCHEL GONZAGA: Muchas gracias.
Señorías, tal y como se presentó, la iniciativa está fuera del contexto del marco temporal actual, porque la propuesta fue registrada el 10 de abril de 2018 por el Grupo Parlamentario Popular, bajo el mandato del Gobierno anterior, con una
sequía absoluta de medidas necesarias, con una inacción bastante llamativa y dolorosa, porque el Gobierno anterior apostó por el abandono absoluto del Campo de Gibraltar y del resto de mi provincia, Cádiz.
Me gustaría que en este debate se huyera de ese alarmismo frente a una situación que es realmente complicada en la zona, y que también se ponga en valor que la población del Campo de Gibraltar mayoritariamente trabaja y vive conforme al
Estado de derecho. Hablamos de una zona donde hay una importante implantación industrial, donde hay una gran riqueza turística y existen unas oportunidades únicas, muchas de las cuales han quedado lastradas por esa inacción y falta de iniciativa
del Gobierno anterior. Un ejemplo. Estamos hablando de una comarca -ya se ha dicho- llena de oportunidades, como es el puerto de Algeciras, primer puerto de España en tráfico de mercancías y cuarto de Europa. Pero parece que hay un interés por
ignorar lo que está haciendo este Gobierno, y es que, por primera vez, hay un Gobierno que apuesta por el Campo de Gibraltar, con un plan integral para actuar de manera transversal, con la aplicación de distintas medidas sobre la situación
socioeconómica de la zona, y con un plan especial en materia de seguridad.
Si nos centramos en el objeto de la proposición, no podemos ignorar, a pesar de estas oportunidades, de estas bonanzas de mi tierra, de mi provincia, de esta zona de mi provincia, la amenaza existente derivada del incremento del tráfico
ilegal de droga por parte de las mafias, donde los narcotraficantes disponen cada vez de mayores recursos, como lanchas, coches más rápidos y de tecnología avanzada y, en los últimos años, también de armas de fuego peligrosas. Por tanto, es
necesario mostrar un especial interés -como está mostrando este Gobierno-, coordinar a las administraciones competentes, mejorar los medios de control y de prevención existentes y disponer de los medios humanos y materiales necesarios para que cada
administración, en función de sus respectivas competencias, pueda combatir eficazmente esta lacra.
Señorías, este Gobierno está haciendo todo esto en el poco tiempo que lleva, está haciendo lo que no hizo el anterior Gobierno en siete años. Como primer paso al plan integral para el Campo de Gibraltar, que parece que Ciudadanos no conoce,
la Secretaría de Estado de Seguridad dictó la Instrucción 9/2018, por la que se pone en marcha el Plan especial de seguridad para el Campo de Gibraltar. Combatir el narcotráfico requiere de investigaciones firmes y complejas. Hay que incidir
especialmente en las fuentes de financiación y beneficio de esta actividad criminal, y para ello este Plan especial de seguridad dispone de algo más de siete millones de euros. Les puede parecer mal a algunos representantes políticos, pero voy a
recordar que su vigencia temporal es hasta la mitad de 2018 y 2019, solamente. No pensemos que estos siete millones de euros se quieren alargar eternamente en el tiempo, porque no es así.
El objetivo es reestablecer las condiciones de seguridad pública en los municipios del Campo de Gibraltar, reforzando las capacidades operativas y de inteligencia disponibles en las unidades y servicios de la Policía Nacional y Guardia
Civil, bajo el principio de unidad de acción y apoyo mutuo en las intervenciones operativas. Este plan incide en medidas de aplicación inmediatas en lo que se refiere, sobre todo, a refuerzo de personal y medios materiales.
En el breve tiempo en que está en vigor el plan, cada una de las plantillas afectadas está al cien por cien de cobertura de sus puestos catalogados, y ya se ha iniciado su actualización. Se ha puesto en marcha una mesa operativa con
participación de Policía Nacional y Guardia Civil, bajo la dirección del subdelegado del Gobierno en Cádiz, y a la que se ha incorporado la Agencia Estatal de Administración Tributaria y Vigilancia Aduanera, que se reúne con carácter semanal para la
puesta en común de las
estrategias, optimizando los recursos. Hace una semana echó a andar la Mesa técnica de carácter comarcal, sobre todo para profundizar en la colaboración esencial con la policía municipal de los municipios de la zona. Y se han iniciado
conversaciones con jueces y fiscales de instrucción para enmarcar las líneas de actuación conjunta encaminadas al refuerzo de cooperación y agilización de las actuaciones policiales y de investigación. Por tanto, falta de transparencia y falta de
comunicación en cuanto a dónde se destinan los recursos, no hay.
Además de que se han incrementado los grupos de la Udyco en Algeciras y en la Línea de la Concepción, se ha incrementado la presencia uniformada en las calles, lo que ha contribuido a una mayor percepción de seguridad de la ciudadanía. Se
están reforzando los medios para la investigación patrimonial, blanqueo de capitales o incautación de droga. Se han incrementado medios técnicos y materiales y se está contando con la participación ciudadana, que está colaborando muchísimo -y con
esto acabo en un minuto, presidente-, en la adopción de las distintas medidas que debe contemplar el plan integral.
En cuanto a las narcolanchas, les diré que, a pesar de los graves datos en cuanto a alijos, tráfico, detenciones, el papel que juegan en la rápida introducción de género de contrabando, las graves desgracias que han ocurrido, como el
atropello de un menor en la playa en 2018, o su utilización para el tráfico de personas, etcétera, es este Gobierno también el que, como sabéis, está tramitando el anteproyecto de ley a través de la cual se va a prohibir el uso privado de
narcolanchas.
Por tanto, es una prioridad de este Gobierno la actuación en el Campo de Gibraltar, y espero que haya coordinación y colaboración de todos los agentes implicados.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Gracias, señora Alconchel.
Pasamos al turno de fijación de posición. En primer lugar, por el Grupo Nacionalista, tiene la palabra el señor Bagué.
El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, presidente.
Intervengo para anunciar el voto favorable del Partit Demòcrata, integrado en el Grupo Nacionalista.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Gracias, señor Bagué.
¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones). No interviene.
¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Denegaciones). Tampoco interviene.
Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Comorera.
El señor COMORERA ESTARELLAS: Muchas gracias, presidente.
La exposición de motivos de la PNL pone en evidencia un problema tan grave como es el narcotráfico y la problemática y acentuación del tráfico de drogas en un punto tan caliente como es el Campo de Gibraltar, pero también las contradicciones
del grupo proponente, máxime cuando el Partido Popular ha gobernado este país desde el año 2011 hasta el actual 2018. En ese tiempo ha tenido en sus manos los medios y mecanismos necesarios para que ese aumento de delincuencia no se hubiese
producido o, en cualquier caso, aminorado, pero seguimos viendo narcotraficantes en videoclips o desaparecer helicópteros incautados.
El narcotráfico en la zona del Campo de Gibraltar ha trascendido el ámbito de la delincuencia común para convertirse en un problema de mucha más envergadura, adquiriendo un tono cada vez más próximo a los cárteles de la droga, con grandes
bandas dotadas de medios e infraestructuras cada vez más inabordables para los policías y guardias civiles.
Mi grupo parlamentario ha interpelado al Gobierno en múltiples ocasiones sobre este asunto, pero sobre todo poniendo el dedo en la llaga al identificar, en esencia, parte del problema, que no es otro que el Campo de Gibraltar es una zona
especialmente castigada por el paro, fundamentalmente el desempleo juvenil, que es un drama y que genera una reserva de personas sin ningún tipo de expectativas ni para crear proyectos de vida, lo que evidentemente aprovechan las mafias.
Es algo que echamos de menos en su PNL, que únicamente se dedica al aspecto policial del problema. Para afrontar la problemática hay que hablar de un plan integral, por lo que agradecemos cómo queda ahora el petitum de la proposición no de
ley, con la introducción de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista. Sin medidas sociales de carácter formativo, educativo y laboral no se acabará o disminuirá el problema. Se han hecho anuncios por parte del actual Gobierno sobre ese plan integral, pero hay que llevarlo a cabo, y veremos cómo
se hace.
Entrando en el contenido de la PNL, y desde el punto de vista exclusivamente policial, quiero decir que, si bien es cierto que se han reforzado con agentes las diferentes unidades territoriales de la comandancia de Algeciras, no es menos
cierto, y con desagradable sorpresa, que las unidades más castigadas por la lucha contra el narcotráfico son las que menos refuerzos van a recibir. Es incomprensible, según la información de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que unidades
como las de San Roque, Guadiaro, Tarifa y La Línea, o el servicio marítimo, solo reciban uno o dos agentes a lo sumo, siendo estas las que más agentes han tenido o tienen de baja médica por incidentes con los narcotraficantes; u otras, como
Castellar, Jimena de la Frontera o Torreplata, que no han recibido ninguno.
Para luchar contra el narcotráfico no solo se necesitan buenas intenciones, sino que es necesario cubrir las necesidades de la comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, que pasan por cubrir su catálogo en su totalidad y de una forma
definitiva. No vale con mandar agentes de forma temporal, porque una vez que se marchen los pocos efectivos que están tendrán que seguir enfrentándose a los narcotraficantes y deberán hacer frente al drama de la inmigración, teniendo que
multiplicar sus esfuerzos, como han estado haciendo hasta ahora.
Termino. Apoyaremos la proposición no de ley porque su petitum de continuar impulsando medidas a los efectos de lograr la máxima eficacia en la lucha contra el tráfico de drogas es razonable. Pero, repito, si no abordamos la problemática
desde un punto de vista integral, solo con soluciones policiales el problema del Campo de Gibraltar no se va a solucionar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Gracias, señor Comorera.
Terminado el debate de las proposiciones no de ley, vamos a pasar a la votación.
Antes pregunto por la PNL número 2, sobre la regulación de la publicidad del juego online. Se estaba trabajando en una transaccional que no sé si hay o se vota en sus términos.
La señora JULIÀ JULIÀ: Sí, un segundo y se la presento. (Pausa).
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Señorías, vamos a comenzar la votación. Votaremos en el orden en el que se han debatido las proposiciones no de ley.
- PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A LA REGULACIÓN INTEGRAL DEL CULTIVO, TENENCIA Y CONSUMO DE CANNABIS EN EL ESTADO ESPAÑOL. Votación. (Número de expediente del Senado 663/000011 y número de expediente del Congreso de los Diputados
161/001240).
AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA.
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Comenzamos con la primera proposición no de ley, con número de expediente del Congreso de los Diputados 161/001240, que se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 27; abstenciones, 1.
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Queda rechazada.
- PROPOSICIÓN NO DE LEY SOBRE LA REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD DEL JUEGO ONLINE. Votación. (Número de expediente del Senado 663/000027 y número de expediente del Congreso de los Diputados 161/001695).
AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS.
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Pasamos a la siguiente proposición no de ley, que se vota en los términos de la transaccional, con número de expediente del Congreso de los Diputados 161/001695.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Queda aprobada.
- PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES. Votación. (Número de expediente del Senado 663/000030 y número de expediente del Congreso de los Diputados 161/001823).
AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Pasamos a la tercera proposición no de ley, con número de expediente del Congreso de los Diputados 161/001823.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Queda aprobada.
- MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REALIZAR LAS REFORMAS LEGALES OPORTUNAS PARA LLEVAR A CABO LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS ESTUDIOS DE PREVALENCIA DEL TRASTORNO DEL JUEGO Y EL OBSERVATORIO SOBRE LUDOPATÍA, EN COORDINACIÓN CON
LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Votación. (Número de expediente del Senado 661/000933 y número de expediente del Congreso de los Diputados 161/003151).
AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA.
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Votamos la moción por la que se insta al Gobierno a realizar las reformas legales oportunas para llevar a cabo las recomendaciones derivadas de los estudios de prevalencia del trastorno del juego y el
Observatorio sobre ludopatía, en coordinación con los servicios de salud de las comunidades autónomas. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 18; abstenciones, 9.
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Queda rechazada.
- PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE DROGAS. Votación. (Número de expediente del Senado 663/000078 y número de expediente del Congreso de los Diputados 161/003187).
AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Pasamos a la última proposición no de ley, relativa a la lucha contra el tráfico de drogas, que se vota en los términos de la transaccional.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Vila Gómez): Queda aprobada.
Muchas gracias, señorías. Se levanta la sesión.
Eran las doce horas y veinticinco minutos.
CORRECCIÓN DE ERROR.
En el Diario de Sesiones número 109, correspondiente a la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, sesión número 12, celebrada en el Senado el martes 25 de septiembre de 2018, el número de expediente del Congreso de los
Diputados relativo a la comparecencia de la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, a petición del Gobierno, es el 212/001719.