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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 38, de 25/10/2016


BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 38, de 25/10/2016




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El proyecto 'Castor' se ha configurado como una pieza más de un modelo
energético insostenible basado en combustibles fósiles, que requieren de
mega infraestructuras faraónicas de gran coste, que solo benefician a los
oligopolios que castigan a la ciudadanía, y que además dificulta la
puesta en marcha de políticas alternativas de eficiencia energética, de
autoconsumo o de energías renovables.



El rescate con recursos de los ciudadanos de una inversión privada que ha
terminado en fiasco es una práctica que lamentablemente se ha convertido
en habitual en este país. Oficialmente, el despropósito del proyecto
'Castor' de momento le ha costado a la ciudadanía más de 1.350 millones
de euros, a los que hay que sumarles por lo menos otros 295 millones de
euros por los derechos retributivos devengados por la empresa
concesionaria y que no han sido publicados en boletín oficial alguno si
no que su pago se ha revelado a través de los medios de comunicación.
Según cifras procedentes de las organizaciones de consumidores más
representativas, el coste final para la ciudadanía podría llegar a
superar los 4.700 millones de euros incluyendo la cantidad, el plazo y
los intereses.



Un rescate más a añadir al del sector financiero, al del sector eléctrico,
al de las autopistas, que tiene siempre el mismo guion y los mismos
protagonistas: generar burbujas especulativas que producen grandes
beneficios privados y que cuando explotan o fracasan, los costes del
desaguisado van a costa de la ciudadanía. Los beneficiarios siempre son
los mismos, los concesionarios de turno que viven en concubinato
permanente con el poder, sea cual sea el color del gobierno que lo
ejerce, para conseguir pingües beneficios. Los que pagan también son
siempre los mismos, los ciudadanos, bien aportando recursos fiscales que
detraen de sus derechos sociales o bien - como en este caso - cargándolo
en el coste de las tarifas del gas.



Este proyecto se puso en marcha en plena bacanal especulativa que empujó a
la compra masiva de gas y que se justificó para garantizar el suministro
energético de un país que crecía y crecía y que iba a necesitar mucha
electricidad. Pero la adjudicación del proyecto 'Castor' se hizo en junio
de 2010, cuando ya era evidente la crisis y cuando se evidenciaba que ya
no era necesaria toda esa energía con la que se justificaron todas las
inversiones. En su momento fueron muchas las voces quienes advirtieron de
que este proyecto ni era necesario ni reunía las condiciones necesarias
de seguridad. Se hicieron oídos sordos, y una vez los problemas de
seguridad se han hecho evidentes y se han visto obligados a paralizar el
proyecto, han pretendido que los costes de paralización vayan a costa de
los usuarios del gas vía tarifas durante los próximos treinta años.



A pesar de ello, el proceso de especulación con el gas no ha terminado.
Desde 2011, pero más intensamente en los últimos años, las empresas
españolas siguen comprando gas a Azerbaiyán, a Rusia, a Estados Unidos,
que se añade a los contratos ya firmados con Argelia y que hacen de
España el primer importador de gas natural licuado de Europa. Y no solo
gas natural. En estos momentos España está comprando masivamente gas no
convencional que no va a necesitar para nada, salvo para una cosa: para
hacer de España un 'hub' gasístico que si funciona va a traer grandes
beneficios, pero que si entra en pérdidas éstas van a ser asumidas por la
ciudadanía a costa de las tarifas y a costa de los impuestos públicos.



Ante esta situación, es necesario acabar con esta estafa permanente según
la cual los lobbys han conseguido imponer un capitalismo de casino y el
socialismo perfecto: se privatizan los beneficios y, cuando llegan las
pérdidas, estas se socializan. Hay que acabar con regulaciones como el
Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo de 2008 (BOE núm. 136, de 5 de junio
de 2008), que dio paso a la adjudicación del proyecto 'Castor', y que
aseguró la recuperación de la inversión realizada por la empresa
concesionaria dificultando así la asunción de responsabilidades por parte
de aquella en caso de fracaso del proyecto. También hay que acabar con
regulaciones como el Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el
que se acepta la extinción de la concesión presentada por Escal UGS,
S.L., y se decide una rápida y millonaria indemnización pese a que el
proyecto ha costado tres veces más de lo inicialmente presupuestado. Y
por último hay que acabar con la opacidad y la falta de transparencia.
Tenemos la obligación ante la ciudadanía de poner luz y taquígrafos sobre
un proceso administrativo y político lleno de sombras que no ha gozado en
su adjudicación de la necesaria concurrencia competitiva y publicidad, y
donde la empresa no ha podido acreditar tener la suficiente capacidad
técnica y económica para desarrollar la actividad con las suficientes
garantías.



En definitiva, no es para nada aceptable que una empresa que ha construido
con riesgo sísmico y sin tener en cuenta los informes que alertaban de
ese riesgo, no asuma ningún tipo de responsabilidad y se le reconozca la
extinción de la concesión y de la indemnización sin la debida auditoría y
estudios de la diligencia profesional. Y todo ello agravado por el hecho
de mantener la amenaza sobre unas poblaciones que siguen viviendo con el
temor a sufrir actividad sísmica en una zona próxima a centrales
nucleares.




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Por último, en el marco del 'peak oil', la solución al agotamiento de los
recursos no va a venir por la explotación de nuevos espacios con reservas
inciertas de combustibles fósiles y arriesgando el patrimonio natural y
la biodiversidad sino que vendrá por un nuevo modelo energético basado en
las energías limpias y renovables. El castigo a las energías limpias y la
apuesta ciega por actividades extractivas hipoteca nuestra autonomía,
seguridad energética, y antepone los intereses mercantilistas de unas
multinacionales al interés colectivo y la preservación del territorio y
del medio natural.



Por todo ello se presenta la siguiente



Proposición no de Ley



'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Establecer una calendarización, con la participación mancomunada de la
Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya y los ayuntamientos
de las localidades afectadas, para desmantelamiento de las instalaciones
marinas y terrestres del almacén de gas natural 'Castor', mediante una
solución responsable, transparente y no onerosa para las arcas públicas.



2. Impulsar las acciones legales necesarias que permitan recuperar la
cantidad retribuida a la empresa Escal Ugs, S.L. en concepto de extinción
de la concesión, al entender que aquella incurrió en dolo o negligencia
imputable y que por tanto la compensación debería limitarse al valor
residual de las instalaciones.



3. Impulsar las acciones legales para establecer las responsabilidades
ambientales, administrativas y económicas de la empresa Escal Ugs, S.L.
por los más de 1.000 movimientos sísmicos consecuencia de la puesta en
servicio del almacén de gas natural 'Castor'.



4. Llevar a cabo los estudios técnicos sobre la afectación que la
hibernación del proyecto puede tener sobre el medio ambiente de la zona y
otras instalaciones de riesgo presentes en la zona.



5. Realizar un peritaje para cuantificar los daños materiales, y si cabe
morales, que ha sufrido la ciudadanía de Terres de I'Ebre (Tarragona) i
Baix Maestrat (Castelló) como consecuencia de los terremotos sufridos a
efecto de realizar las reclamaciones que correspondan.



6. Impulsar las modificaciones legislativas necesarias para impedir que en
el futuro sean las arcas públicas las que asuman las indemnizaciones
derivadas de la renuncia voluntaria de la concesión de explotación de una
infraestructura o servicio.



7. Que, tal como requirieron el Parlament de Catalunya en resolución de 1
de julio de 2015 y las Corts Valencianes en resolución del 19 de
noviembre de 2015, se hagan llegar al Juzgado de Primera Instancia de
Vinarós los informes elaborados por la Universidad de Standford y el
Massachussetts Institute of Technology (MIT) relativos a las
responsabilidades en las fases de tramitación y adjudicación del
proyecto.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2016.-Josep
Vendrell Gardeñes y Ángela Ballester Muñoz, Diputados.-Francesc Xavier
Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.



161/000578



A la Mesa del Congreso de los Diputados



Doña Marta Sorlí Fresquet Diputada de Compromís, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre cogeneración en el
sector cerámico, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y
Turismo.



Exposición de motivos



La participación de la industria en el valor añadido ha permanecido
prácticamente invariable en algunos países europeos como Alemania u
Holanda, en los últimos años. Por contra, el sur de Europa ha afrontado
un fenómeno de desindustrialización de sus economías. La participación
mediana de la industria en nuestro PIB ha caído al 15,8 % del PIB.



La cerámica es una de las principales industrias de las comarcas de
Castelló, especialmente en el área delimitada al norte por l'Alcora y
Borriol, al oeste por Onda, al sur por Nules y al este por Castelló de




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la Plana. En las comarcas de Castelló se concentra aproximadamente el 94 %
de la producción española y el 81 % de las empresas del sector, que da
trabajo a más de 15.000 personas directamente, y muchos miles más
indirectamente.



La industria es una fuente indispensable de trabajo y de riqueza y, por lo
tanto, tiene que ser una prioridad de nuestros gobiernos que tienen que
crear el marco legislativo idóneo y políticas que fomentan la
competitividad y sostenibilidad del tejido productivo.



La cogeneración es un sistema por el que la industria aprovecha el mismo
calor que se genera en el proceso de producción para reintroducirlo en el
sistema. Así, la cogeneración reduce el consumo de energía primaria y es,
por lo tanto, una herramienta de competitividad para las industrias
intensivas en consumo energético, como la cerámica. Teniendo en cuenta
que el 80 % de la producción del sector se dirige a mercados exteriores
muy competitivos, la cogeneración es clave para aminorar los altos costes
energéticos incrementando la competitividad y la capacidad exportadora
del sector.



La Comisión Europea ha reconocido recientemente la contribución de la
cogeneración en la eficiencia energética y en la productividad de la
industria y ha instado a los países miembros a tomar medidas para
impulsarla. La cogeneración va a jugar un papel clave para conseguir el
objetivo de ahorrar el 20 % de la energía para el año 2020, establecido
en la Directiva 2012/27/UE, de eficiencia energética.



No obstante, desde el 2012, la política llevada a cabo desde el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo va en la dirección contraria.



En el Estado español hay alrededor de 1.000 instalaciones de cogeneración
y las empresas industriales cogeneradores aportan el 20 % del PIB
industrial de España pero la reforma energética trajo la parada a 350 de
las 1.000 instalaciones de cogeneración existentes después de una
reducción de 1.200 millones de euros anuales en su retribución.



La industria del azulejo cuenta con unas 80 plantas, aunque muchas no
están funcionando de manera regular o, incluso, se han paralizado. Con la
reforma energética se eliminaron los complementos por eficiencia
energética, con un coste para el sector, según Ascer, de 28 millones de
euros, 56,4 millones de euros si se suman todos los efectos derivados de
la reforma.



Además, el julio pasado, el Ministerio ordenó la revisión de la
retribución a la cogeneración lo que comporta un drástico recorte
adicional de 287 millones de euros.



La propuesta de la Orden Ministerial de la reforma hace inviable la
cogeneración, puesto que directamente sitúa en pérdidas operativas a la
mayoría de las plantas; los costes e impuestos son superiores a la
retribución que fija el Ministerio.



Por todo lo anteriormente expuesto se realiza la siguiente



Proposición no de Ley



'El Congreso insta al Gobierno a:



- Establecer un marco jurídico específico de apoyo y fomento a la
cogeneración, herramienta clave para la eficiencia energética, la
sostenibilidad, la reindustrialización y la competitividad del sector del
azulejo, y garantizar la seguridad jurídica de las inversiones en
cogeneración.



- Modificar el Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el cual se regula la
actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de
energía renovables, cogeneración y residuos, así como la Orden
IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros
retributivos de las instalaciones tipos aplicables a determinadas
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de
energía renovables, cogeneración y residuos y la Orden IET/1209/2016, de
20 de julio, por la que se establecen los valores de la retribución a la
operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2016 y se
aprueba una instalación tipo y sus correspondientes parámetros
retributivos para revertir los recortes en la retribución y recuperar un
régimen retributivo razonable que prime la eficiencia.



- Poner en marcha un plan de renovación de las actuales plantas de
cogeneración, puesto que si no corren el riesgo que se paren y, por lo
tanto, dejan de aportar a la sociedad los beneficios de ahorro de energía
primaria asociados, en cumplimiento a la disposición adicional vigésima
de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y a la
Proposición no de Ley aprobada en la Comisión de Industria, Energía y
Turismo, en la sesión del día 28 de abril de 2016 (BOCG, serie D, núm.
57, de 20 de abril de 2016).'



Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2016.-Marta Sorlí
Fresquet, Diputada.- Enric Bataller i Ruiz, Portavoz Adjunto del Grupo
Parlamentario Mixto.




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161/000581



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente
Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de
Industria, Energía y Turismo para la reactivación económica de las
comarcas mineras.



Exposición de motivos



Nuestro país es el quinto de la Unión Europea con el mayor porcentaje de
producción de energía con carbón, pero más del 80 % es importado, de
países como Indonesia, Colombia o Sudáfrica. Según datos de Red
Eléctrica, el uso del carbón en España se incrementó un 23,4 % en 2015.



El consumo de carbón autóctono apenas ha supuesto un 18,3 % del total en
los últimos años, lo que supone que el carbón autóctono ocupa menos del 4
% en el mix energético nacional. Por lo tanto, existe un margen amplio
para incrementar el consumo de carbón autóctono mientras se reduce el
peso total del carbón en el mix energético en el marco de una necesaria
transición energética hacia un uso más intensivo de las renovables.



El transporte y almacenamiento del carbón de importación genera una huella
ecológica no despreciable y algunos de los países de origen el carbón se
extrae bajo una regulación medioambiental y laboral mucho menos exigente
que la que existe en la Unión Europea. Las externalidades sociales y
medioambientales generadas por la extracción y el transporte del carbón
de importación no están incorporadas en el precio y esto da lugar a una
situación de dumping social y medioambiental, repercutiendo en la
competitividad del carbón autóctono.



Por otro lado, la falta de soberanía energética constituye un problema
persistente en la economía de nuestro país. Así, la dependencia
energética exterior española es del 70 % frente al 52 % de media en la
UE28. En el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas
Mineras 2013-2018 firmado por el Gobierno, Carbunión y los principales
sindicatos, hacía referencia al hueco térmico del 7,5 % para el
sostenimiento del carbón autóctono para garantizar la seguridad de
suministro en casos excepcionales, sin embargo tras tres años de
incumplimientos por parte del Gobierno, el hueco térmico del carbón
autóctono no se ha aproximado ni a la mitad de dicho porcentaje.



El 13 de septiembre de 2012 el Parlamento Europeo, a raíz de un conflicto
minero en Sudáfrica, aprobó una resolución en la que instaba a la
Comisión Europea a establecer mecanismos de control que impidan la
importación a la Unión Europea de productos mineros extraídos sin
garantías sociales, laborales, ambientales y de seguridad, y el
establecimiento de una etiqueta de calidad para las materias primas
extraídas de acuerdo con las normas sociales, laborales, ambientales y de
seguridad mínimas.



El Impuesto Especial sobre el Carbón entró en vigor en España el 1 de
enero de 2013, configurándose como un tributo con finalidad ambiental
para gravar la situación contaminante que constituye el consumo de
carbón. Sin embargo; este impuesto grava con el mismo tipo impositivo al
consumo de cualquier tipo de carbón, independientemente de las
condiciones de su extracción y de la huella ecológica generada por el
transporte del mismo.



Por otro lado, los sucesivos planes del carbón han sido ineficaces para
construir una alternativa económica en las comarcas mineras que
permitiera una alternativa de futuro en la comarca. Tras treinta años de
declive del sector minero en España y más de 20.000 millones de euros
invertidos en la reconversión del sector en nuestro país ha perdido el 93
% de sus trabajadores, pasando de 50.853 empleados en 1985 a unos escasos
3.279 en 2013, y el desempleo en las cuencas mineras de Asturias, León y
Aragón se ha disparado, hasta alcanzar cifras sensiblemente superiores a
la media de cada región.



Además, los continuos casos de negligencias en la gestión de los fondos
asociados a los diferentes planes de la minería han generado un grave
descontento en las regiones mineras que hace necesaria una evaluación del
uso e impacto de dichos fondos públicos. Por otro lado, la administración
central adeuda a Asturias un total de 213 millones de euros asociados a
fondos mineros desde el año 2011. Los Tribunales de lo
Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y del Juzgado Central
han instado al Gobierno de España a saldar dicha deuda con la
administración asturiana.



Por todo ello se presenta la siguiente




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Proposición no de Ley



'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Integrar en el próximo Proyecto de Presupuestos Generales del Estado y
en los sucesivos una modificación en el Impuesto Especial sobre el Carbón
para gravar el consumo de carbón que se produzca en condiciones sociales
y medioambientales menos garantistas que las de la Unión Europea mediante
una modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre. La cuantía y el
diseño de dicho impuesto se adecuará al objetivo de que se aumente el
consumo de carbón autóctono sin menoscabo de una disminución global de la
participación del carbón en el mix energético.



2. Defender ante las Instituciones de la Unión Europea y, especialmente, a
través de su participación en el Consejo de la Unión Europea, la reforma
de la normativa vigente para controlar que el carbón que se consume en el
territorio de la Unión Europea respete la normativa vigente en términos
laborales y medioambientales desde el momento de su extracción.



3. La elaboración de un plan público y transparente de reactivación
económica para las comarcas mineras consistente en garantizar la
inversión por parte de las administraciones públicas para el desarrollo
económico, hasta reducir el diferencial en desempleo respeto a la media
de cada comunidad autónoma.



4. Realizar una auditoría independiente y pormenorizada, en el plazo
máximo de un año, del conjunto de las inversiones y ayudas ejecutadas en
los diferentes planes de la minería, cuyos resultados sean públicos y se
publiquen en un portal de transparencia específico.



5. Incluir en el Proyecto de Presupuesto General del Estado para el año
2017 la previsión del pago de las cantidades adeudadas por la
administración central con las comarcas mineras.



6. Tomar las medidas necesarias para garantizar la inversión en el
desarrollo de los usos alternativos del carbón como materia prima en el
desarrollo de materiales de alto valor añadido.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2016.-Segundo
González García, Sofía Fernández Castañón, Ana Marcello Santos y Rafael
Mayoral Perales, Diputados.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.



161/000593



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de Rosa Martínez, presenta, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de
los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y
aprobación en la Comisión de Industria, Energía y Turismo, relativa a la
prohibición del uso de la técnica conocida como Fracturación Hidráulica o
Fracking.



Exposición de motivos



La Fracturación Hidráulica o Fracking es la técnica por la que mediante la
inyección de agua y productos químicos a alta presión se fractura la roca
en el subsuelo para extraer hidrocarburos. Como extensión, se considerará
toda técnica que busque la fracturación de la roca en el subsuelo por
inyección de fluidos para la extracción de hidrocarburos.



Esta técnica ha tenido gran desarrollo sobre todo en EEUU, donde ha dado
lugar a grandes inconvenientes en las zonas cercanas a las áreas de
operación. Un informe publicado por el Parlamento Europeo, a instancias
de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad, y titulado
'Repercusiones de la extracción de gas y petróleo de esquisto en el
medioambiente y la salud humana', que se ha completado con el informe
'Contribución a la identificación de posibles riesgos ambientales y para
la salud humana derivados de las operaciones de extracción de
hidrocarburos mediante fractura hidráulica en Europa' de la Dirección
General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, publicado el 10 de
agosto de 2012, identificó posibles riesgos ambientales y para la salud
humana relacionados con el uso de esta técnica, derivados de la
contaminación del aire, aguas superficiales y aguas subterráneas. Dicho




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informe alerta también del importante aumento de las emisiones de gases de
efecto invernadero que puede conllevar el uso de esta técnica, que pueden
llegar a ser equivalentes a los de la quema de carbón.



La contaminación de aguas superficiales y subterráneas hace que la
actividad de la fracturación hidráulica sea incompatible con actividades
agro-ganaderas, tal y como se ha demostrado en EEUU, con la muerte de
ganado y la contaminación de cosechas y campos en varios emplazamientos.
El tratamiento de las aguas residuales del proceso de fracturación supone
también un grave problema medioambiental. De hecho, buena parte de los
casos de contaminación de aguas superficiales proviene de una mala
gestión del agua residual de fracturación, o de vertidos de la misma. La
agencia de medioambiente alemana ya ha advertido de que no hay manera de
gestionar de forma sostenible el agua de fracturación. La solución que se
ha dado en EEUU a esta problemática pasa por la reinyección de dicho agua
en pozos abandonados, actividad que según el servicio geológico
estadounidense USGS estaría detrás del notable aumento de la sismicidad
en las zonas de fracturación.



Los citados informes del Parlamento Europeo analizan también las lagunas
legislativas existentes a nivel europeo, destacando la necesidad de
aplicar el principio de precaución relacionado con los objetivos de la
Directiva 2000/60 CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva
Marco del Agua), encargada de velar por el buen estado de las aguas
superficiales y subterráneas, de evitar su deterioro y de promover su
recuperación en aquellos lugares en donde ya esté dañada. El principio de
precaución es uno de los principios fundamentales de la acción
comunitaria europea en materia de medio ambiente recogidos en el Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea. El principio de acción preventiva
implica la posibilidad de adoptar medidas de protección del medio
ambiente aun antes de que se haya producido la lesión del mismo, siempre
que se constate científicamente la existencia de un peligro real de
deterioro ambiental.



Por otra parte, los múltiples efectos nocivos del fracking antes descritos
no son sino el resultado de emplear técnicas cada vez más ineficientes y
peligrosas a medida que los combustibles fósiles convencionales se agotan
y se trata de mantener los niveles de producción recurriendo a reservas
de menor calidad y concentración que en el pasado se juzgaron
inservibles. Como consecuencia, la tasa de retorno energético obtenida
con estos recursos es tan baja que en ningún caso permitirán reemplazar
de manera estable los hidrocarburos convencionales, y sólo permitirán
prolongar durante algún tiempo el actual modelo energético, aumentando en
el proceso la intensidad de sus emisiones.



Actualmente, existe un consenso social cada vez mayor acerca de la
necesidad de transitar hacia un nuevo modelo energético en el que las
energías renovables y la eficiencia energética permitan crear altos
niveles de empleo y bienestar social, sin depender de una reserva de
energía fósil que comienza a mostrar síntomas de agotamiento global. Este
consenso se hizo evidente en las múltiples propuestas en ese sentido
plasmadas en los programas de la mayoría de las formaciones políticas que
concurrieron a las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015. El
fracking supone un obstáculo para esa transición, ya que destina
cuantiosos recursos financieros a la perpetuación de los actuales
patrones de consumo y producción.



Además, los riesgos que presenta esta técnica han provocado una fuerte
preocupación y rechazo social en las zonas afectadas por proyectos de
fracking. Esto ha llevado a que el 31 de mayo de 2014, 21 fuerzas
políticas de todo el Estado firmaran un compromiso de prohibir el
fracking en todo el territorio.



Disponiendo de la certidumbre científica (Nature 517,187-190, 8-1-2015) de
que la utilización de una mera fracción de las reservas de combustibles
fósiles conocidas en la actualidad nos conduciría a un Cambio Climático
de consecuencias desastrosas, el desarrollo de técnicas que permitan
aumentar dichas reservas resulta completamente opuesto al interés
general, máxime cuando además perpetúan un modelo productivo obsoleto y
causan un inmenso impacto medioambiental. Además, los últimos años la
movilización ciudadana ha conseguido que se propongan varias leyes
autonómicas de prohibición de uso de la técnica. Algunas de estas leyes
han sido declaradas inconstitucionales por invadir competencias
exclusivas del Estado, como es la regulación del sector energético. Es
por todo ello que corresponde a las instituciones del Estado pronunciarse
sobre el uso de esta técnica.



Por todo ello se presenta la siguiente



Proposición no de Ley



'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a esta Cámara,
en el plazo de tiempo más breve posible, una ley de prohibición del uso
de la técnica de Fracturación Hidráulica o Fracking para la




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obtención de hidrocarburos, basada en el principio fundamental de
precaución, a la vista de los daños que esta técnica está produciendo,
así como en la necesidad de desvincular la actividad económica de las
fuentes de energía fósil.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2016.-María Rosa
Martínez Rodríguez, Diputada.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.



161/000597



A la Mesa del Congreso de los Diputados



Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para erradicar
la pobreza energética para su debate en la Comisión de Industria, Energía
y Turismo.



Disponer de agua, luz y gas en el hogar es una cuestión básica para poder
vivir con dignidad. Es por ello que estos servicios debieran ser de
titularidad pública, es decir, compartida, y no siendo así actualmente,
el control de los precios debiera ser mucho más exhaustivo y supeditado
al interés general.



Sin embargo, a día de hoy, según el último informe de la Asociación de
Ciencias Ambientales (ACA), alrededor de un 17 % de la población de
España sufre pobreza energética, es decir, tiene dificultades severas
para poder pagar las facturas de estos suministros. Se calcula que el año
pasado dos millones de familias sufrió cortes de suministro al no poder
hacer frente a los recibos, y se estima que ello causó entre 2.300 y
9.000 muertes prematuras. La pobreza energética tiene un impacto profundo
en la vida de las personas y puede influenciar en su esperanza de vida.



Según la última Encuesta de condiciones de vida del INE, más de uno de
cada diez hogares no puede permitirse mantener la vivienda a una
temperatura adecuada (11,1 %) y el porcentaje prácticamente se ha doblado
durante la crisis (en 2008 eran el 6,2 %). Las consecuencias de la
pobreza energética son múltiples: la falta de calefacción afecta a la
higiene, la salud (dilema 'heat or eat', afecciones respiratorias, etc.)
y, a menudo, genera sobremortalidad y sobreendeudamiento, así como
aislamiento social y geográfico.



Y es que la pobreza energética se puede definir como aquella situación que
sufren las familias que no tienen garantizado el acceso a servicios
básicos de agua y energía en condiciones de dignidad.



Además, se trata de un fenómeno in crescendo, pues mientras el desempleo y
la crisis económica merman el poder adquisitivo de la ciudadanía, los
servicios básicos como la electricidad, el gas o el agua, cuyos precios
se han encarecido sin tregua, están acaparando cada vez mayor proporción
del presupuesto familiar.



El Estado español carece de una política específica dirigida a prevenir el
fenómeno de la pobreza energética que sufren cada vez más familias y
hogares; una política para garantizar unos consumos mínimos vitales a
todas las familias en función del número de miembros y según los periodos
estacionales.



Si bien es cierto que algunas de las compañías suministradoras aseguran
disponer de bonos sociales para las familias más desfavorecidas, estos
bonos no tan sólo son insuficientes sino que a menudo provocan que quien
más los necesite se quede fuera. El Estado debería mejorar el actual bono
social, para tener en cuenta también las condiciones de la vivienda y el
nivel de ingresos familiares y no sólo la potencia contratada o la
situación familiar/laboral. También habría que valorar la posibilidad de
establecer un bono social para el gas butano, como ya hacen otros países.



Lo cierto es que la electricidad y el gas cuestan en España más que en la
mayoría de países europeos. Según Eurostat, la electricidad que pagan los
ciudadanos de este país es la cuarta más cara de toda Europa, solo por
detrás de Irlanda, Dinamarca y Alemania, y no para de crecer.



La Encuesta de presupuestos familiares del INE, para el año 2013 (último
dato disponible), cifra el gasto medio por hogar en electricidad, gas y
otros combustibles en 1.172,9 euros, conociendo un aumento del 44 %
durante los años de la crisis.




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La UE también comparte el diagnóstico y ya en las Directivas 2009/72/CE y
2009/73/CE del mercado interior de electricidad y gas, respectivamente,
plantean exigencias que obligan a los Estados Miembros a adoptar medidas
para abordar el fenómeno de la pobreza energética.



El Dictamen del CESE -Comité Económico y Social Europeo- de 2011 sobre 'La
Pobreza Energética en el contexto de la liberalización de la crisis
económica' ya señalaba por entonces que la pobreza energética es una
nueva prioridad social que necesita apoyo a todos los niveles y propone
que la pobreza energética se tenga en cuenta a la hora de elaborar
cualquier política energética.



En el mismo sentido, el Dictamen del CESE de 2014 'Por una acción europea
coordinada para prevenir y combatir la pobreza energética' manifiesta que
la energía es un bien común esencial, debido a su papel indispensable en
todas las actividades cotidianas, que permite a cada ciudadano/a tener
una vida digna, mientras que carecer de él provoca dramas. Añade que la
pobreza energética mata física y socialmente. En Europa afecta a más de
50 millones de personas (Proyecto europeo 'European Fuel Poverty and
Energy Efficiency').



Esta situación intolerable tiene que cambiar. De ahí que Europa exhorte a
emprender acciones urgentes y el CESE abogue por un Compromiso Europeo de
Seguridad y Solidaridad Energéticas para fomentar una auténtica política
europea de lucha contra la pobreza energética.



A todo esto, es urgente limitar los precios de la energía para el conjunto
de la ciudadanía. Lo cierto es que vivimos en uno de los países donde los
y las consumidoras pagan la electricidad más cara. Según un informe de
octubre de 2015 de Eurostat, pagamos la cuarta electricidad más cara del
continente. El recibo de la luz ha subido en diez años un 76 % para el
usuario medio, que ha pagado en 2015 unos 400 euros más que en 2005. Así
lo pone de manifiesto un estudio realizado por FACUA-Consumidores en
Acción, que responsabiliza de la descomunal subida 'a las políticas
energéticas de los sucesivos gobiernos, plegadas a los intereses de las
grandes eléctricas'.



Así, mientras ayuntamientos y entidades sociales incrementan las ayudas
destinadas a urgencia social, y concretamente las referidas al pago de
facturas de gas, luz y agua; y mientras la ciudadanía se organiza para
garantizar el acceso a servicios básicos de energía, las grandes
compañías de suministro continúan obteniendo beneficios millonarios. Las
tres grandes compañías eléctricas que operan en España (Endesa, lberdrola
y Gas Natural Fenosa) acumulan unas ganancias de 56.624 millones de euros
desde que comenzó la crisis. Tomando el periodo comprendido entre el 1 de
enero de 2008 y el tercer trimestre de 2015 (último del que hay datos),
su beneficio neto asciende a más de veinte millones diarios. Así pues, al
mismo tiempo que ordenan el corte de suministros por deudas irrisorias,
al mismo tiempo que la factura de la luz no deja de subir, las empresas
suministradoras de servicios básicos reparten miles de millones en
dividendos a sus accionistas. Eso, con un servicio que por su naturaleza
debiera ser público y que jamás debería haberse privatizado.



Un apunte aparte merecen los propietarios de centrales amortizadas, sean
hidroeléctricas o nucleares, que venden la luz al precio de la energía
generada por la última tecnología que entra, normalmente más cara.



A todo esto, es hora de que se afronte una reforma en profundidad de la
legislación del sector eléctrico. Para ello es imprescindible la
realización de una auditoría del sector eléctrico, y que esta sea
realizada por actores independientes y con acceso a todos los datos. Debe
ser una reforma que cuente con aquellos sectores de la ciudadanía que han
venido organizándose y luchando para garantizar el acceso a suministros
básicos de agua y energía en condiciones de dignidad. Una reforma que
siga el ejemplo de lo se ha venido impulsando en varias comunidades
autónomas. En Catalunya, por ejemplo, gracias a la participación de
organizaciones ciudadanas como la Alianga contra la Pobresa Energética,
que luchan para presionar y denunciar el inmovilismo de las
administraciones públicas ante las prácticas de las empresas
suministradoras, se alcanzó la aprobación de una ley -la Ley 24/2015, de
29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional
en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética- que protege de los
cortes de suministros y obliga a las compañías suministradoras a asumir
la responsabilidad del problema de la pobreza energética.



Por todo ello se presenta la siguiente



Proposición no de Ley



'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



I. Considerar la energía como bien público, estableciendo garantías para
que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de
temperatura y demás servicios energéticos esenciales a un precio justo.




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130






II. Regular el sistema de suministros básicos del hogar para establecer
tarifas progresivas que incentiven el ahorro, penalicen el consumo
ineficiente con elementos de fiscalidad energética y consideren la renta
como criterio principal a la hora de establecer precios sociales
favorables para las familias en función de los ingresos económicos.



III. Legislar la prohibición de los cortes de suministros aplicando el
principio de precaución, de manera que no puedan llevarse a cabo
suspensiones de los mismos hasta que no existan informes previos emitidos
por los servicios sociales competentes que determinen el grado de
vulnerabilidad de las familias y su capacidad económica.



IV. Responsabilizar económicamente a las empresas a la hora de garantizar
un suministro mínimo y descuentos en las facturas. El precio social no
implicará un gasto presupuestario extraordinario para las
administraciones públicas competentes y tampoco se podrá repercutir sobre
las y los usuarios, corriendo a cargo de las compañías suministradoras de
energía.



V. Apoyar toda iniciativa de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos
desarrollen en esta dirección, y coordinar acciones contra la pobreza
energética con las distintas administraciones, así como con asociaciones
de consumidores, asociaciones ecologistas, entidades sociales, expertos y
expertas en la materia y empresas suministradoras de energía.



VI. Publicar trimestralmente, por parte de las empresas suministradoras,
información sobre el número de consumidores que no pueden abonar la
factura, así como el número de consumidores que se ven afectados por
cortes de suministro. Exigir a las empresas suministradoras una mayor y
mejor información acerca de los conceptos incluidos en la factura, los
servicios energéticos contratados, medidas de eficiencia energética y
disponibilidad de bonos sociales.



VII. Aplicar un tipo de IVA del 4 % (primera necesidad) para el agua, el
gas, la electricidad y el transporte público, para hacer frente a la
pobreza energética. Para ello, se modificará la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, añadiendo un nuevo
epígrafe al número 2 del apartado uno del artículo 91. Y para ello, se
informará a la Comisión Europea, en aplicación del artículo 102 de la
Directiva 2006/112/CE.



VIII. Realizar urgentemente una auditoría sobre el conjunto del sistema
del sector eléctrico y sobre los costes reales del sector. La auditoría
del sector eléctrico debe ser realizada por actores independientes y con
acceso a todos los datos. A su vez, realizar una auditoría específica
sobre el déficit de tarifa, su origen y su legitimidad.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2016.-Josep
Vendrell Gardeñes y Lucía Martín González, Diputados.-Francesc Xavier
Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.



161/000658



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre paralización del proyecto de línea
de Muy Alta Tensión de Castellón, para su debate en la Comisión de
Industria, Energía y Turismo.



Exposición de motivos



La empresa Red Eléctrica de España tiene el propósito de construir una
nueva Línea de Muy Alta Tensión de doble circuito de 400 kV para conectar
la subestación de Morella con la de La Plana (Almazora).



El trazado propuesto por Red Eléctrica atraviesa 17 términos municipales
de la provincia de Castellón y afecta a lugares emblemáticos como la
Sierra de Borriol, Vilafamés, Ares y espacios de la Xarxa Natura 2000 del
Alto Maestrazgo, Els Ports y la Sierra en Galcerán.



El trazado propuesto por Red Eléctrica atraviesa zonas pobladas sin
respetar la distancia mínima de Seguridad recomendada (1 m/kV),
exponiéndolas a los efectos negativos para la salud de los campos
electromagnéticos de las líneas eléctricas. Numerosos estudios
científicos relacionan estos efectos con enfermedades como la leucemia o
el cáncer, especialmente entre la infancia.




Página
131






Este trazado tendría un gran impacto negativo sobre el patrimonio cultural
y el entorno natural de gran valor paisajístico y ecológico. La riqueza
económica de las comarcas afectades se sostiene, en gran medida, en el
patrimonio mediambiental, clave para el desarrollo turístico y económico.
De hecho, el trazado afecta a los Parajes Naturales de la Mola d'Ares, el
Mollet (Sant Joan de Moró) y la ermita de Sant Miguel (Vilafamés).



Ni parece que hayan sido objeto del adecuado estudio los efectos del
proyecto en el medio rural y socioeconómico, en el turismo y en el
patrimonio natural ni existe justificación para un proyecto que no aporta
beneficios sociales, medioambientales o económicos a los municipios que
afecta.



Todo ello obliga, además, a evaluar la necesidad real de las Líneas de Muy
Alta Tensión en un contexto de priorización del uso energético eficiente
y de generación descentralizada de la energía.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente



Proposición no de Ley



'El Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias para:



1) Impedir la ejecución del proyecto de Línea de Muy Alta Tensión La
Plana-Morella en los términos actualmente previstos en defensa de la
salud, el medio ambiente y el futuro de las comarcas afectadas.



2) Cambiar el trazado previsto en el proyecto por uno de menor impacto
social y mediambiental y, en todo caso, proceder al enterramiento por las
zonas habitadas y de mayor impacto paisajístico y sobre la fauna.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2016.-Artemi Rallo
Lombarte, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.



161/000668



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley para diseñar un plan de actuación
integral en Canarias, para su debate en la Comisión de Industria, Energía
y Turismo.



Exposición de motivos



En un contexto internacional cada vez más competitivo, donde el turista
valora en origen más criterios que exclusivamente el de la oferta
alojativa o el de las bondades del clima, el destino turístico de
Canarias debe contar con las mejores infraestructuras y servicios.



Por este motivo, debemos establecer como objetivo prioritario sostener a
Canarias como destino líder, a la vanguardia en el ámbito del desarrollo,
la modernización, rehabilitación y competitividad, creando por lo tanto
un destino turístico fundamentado en la excelencia. Para ello debemos
poner en marcha una serie de acciones que posibiliten la potenciación del
destino desde unos criterios de eficiencia y eficacia de los recursos
públicos.



Es necesario el desarrollo de un Plan de actuación integral, que actúe en
las zonas de mayor densidad y flujo turístico en los espacios públicos.



Con esta iniciativa se persigue la mejora del destino, en la adecuación de
las infraestructuras y espacios públicos. El objetivo es mejorar el
espacio turístico, asegurando la competitividad, fomentando la
rehabilitación de acuerdo con los nuevos estándares del mercado. Estas
actuaciones estarán vinculadas a la adecuación, mejora y recualificación
de la oferta existente.



Este plan estará fundamentado en una política eficiente e innovadora,
mejorando las medidas de sostenibilidad medioambiental y energética,
además de fortalecer la colaboración público-privada en materia de
promoción y adecuación del espacio público, favoreciendo la creación de
nuevos productos y la renovación de los existentes que lo requieran.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente




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132






Proposición no de Ley



'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Diseñar un plan de actuación integral en Canarias.



2. Solicitar que el plan cuente con la financiación necesaria para
alcanzar los objetivos marcados en: infraestructuras turísticas,
carreteras, promoción y planes de modernización.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2016.-María
Tamara Raya Rodríguez, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.



161/000674



A la Mesa del Congreso de los Diputados



Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para el control de la
contaminación radioeléctrica y electromagnética y sus efectos sobre la
salud de las personas, para su debate en la Comisión de Industria,
Energía y Turismo.



Diversas asociaciones de vecinos, organizaciones ecologistas y colectivos
de afectados vienen mostrando su creciente preocupación por la
contaminación electromagnética y la incidencia que la instalación de
antenas de telefonía móvil tiene sobre la salud de las personas.



Su preocupación se fundamenta en múltiples estudios científicos, porque
cada día se dispone de más documentación sobre los efectos perniciosos a
medio y largo plazo de un tipo de contaminación electromagnética sin
control efectivo sobre su radiación.



Existe abundante literatura científica independiente que señala
inequívocamente que los niveles de contaminación electromagnética a los
que está expuesta hoy la población son inaceptables y suponen un riesgo
grave para su salud o la seguridad de las generaciones actuales y
futuras, así como para el medio ambiente. Véanse en este sentido la
Resolución de Viena (1998), la Declaración de Salzburgo (2000), la
Declaración de Alcalá (2002), el Llamamiento Médico de Friburgo (2002),
la Resolución de Catania (2002), el Llamamiento de Helsinki (2005), la
Resolución de Benevento (2006), la Resolución de Londres (2007), el
Informe Bioinitiative (2007/2012), el Consejo del Panel Internacional en
Campos Electromagnéticos (2008), el Llamamiento Holandés (2009), la
Resolución de Venecia (2008), la Resolución de Benevento (2008), la
Resolución de Porto Alegre (2009), la Declaración de París (2009), la
Convención Internacional de Würzburg (2010), la Resolución de Copenhague
(2010) y la Declaración de Seletun (2011), entre otras.



Los esfuerzos e intentos de la ciudadanía por hacer compatible el
desarrollo tecnológico con la protección de la salud no se han visto
reconocidos por los continuos atentados que se producen contra ésta bajo
la bandera de la legalidad normativa, que ha dado al traste con las
medidas de protección de la salud que se habían ido consiguiendo a lo
largo del tiempo. Da la sensación de que se ha legislado de forma
tendenciosa y sin tener en cuenta los derechos básicos y elementales de
la ciudadanía, en beneficio de las grandes empresas, poniendo a la
población al servicio de sus intereses económicos y exponiendo a
ciudadanos y ciudadanas, sin más contemplación y sin su consentimiento,
al experimento de las radiaciones electromagnéticas, pudiendo obedecer
esta actuación, en ocasiones, a inconfesables intereses económicos y/o
partidistas.



El problema de la protección de la salud no es de un barrio o municipio en
particular, es un problema de todas las personas, es un problema global
que requiere de una solución global que garantice la salud de los
ciudadanos y ciudadanas antes de la viabilidad de cualquier proyecto
tecnológico no contrastado.



Las Administraciones Públicas tienen la obligación de defender los
derechos de la ciudadanía frente a los intereses de las grandes
corporaciones y empresas y garantizar los derechos reconocidos en la
Constitución, que en su artículo 43.1 y 43.2 establece el derecho a la
protección de la salud y la competencia de los poderes públicos para
organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de
las prestaciones y servicios necesarios.



Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente




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133






Proposición no de Ley



'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas
oportunas y necesarias para:



1. Derogar la disposición adicional tercera de la Ley 12/2012, de 26 de
diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios, referente a las instalaciones de redes públicas
de comunicaciones electrónicas, por su relación con la salud de las
personas y por no tratarse en 'estricto sentido' de una actividad
relacionada con establecimientos comerciales, como los citados en su
anexo, para darle el tratamiento específico que ha de tener como una
actividad sobre la que se puedan hacer efectivas las restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a
emisiones radioeléctricas, según el Real Decreto 1066/2001, de 28 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones
de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a
emisiones radioeléctricas.



2. Modificar la Ley General de Telecomunicaciones por haberse usurpado a
través de ésta la competencia municipal para otorgar licencias y las
competencias municipales y autonómicas en el campo de las
telecomunicaciones (medio ambiente, ordenación urbana y territorial y
salud pública), con la consiguiente desprotección jurídica en materia de
salud y consumo, obstaculizando la aplicación del principio de precaución
reconocido en el artículo 3 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General
de Salud Pública.



3. Poner en marcha, en colaboración con la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), un Plan Integral de Inspección y Control
de las Antenas de telefonía móvil y de la emisión de sus radiaciones, del
que se derivarían las acciones siguientes:



- Confección de un Mapa Local de Radiaciones Electromagnéticas donde se
plasme el despliegue actual de antenas de cada compañía telefónica,
potencia y frecuencia de emisión de las mismas, situación legal en que se
encuentra cada una de ellas y todos los extremos necesarios para estudiar
y planificar el despliegue que dé cobertura a las necesidades
tecnológicas, garantizando, de forma prioritaria, la salud de las
personas, y procediendo a la paralización y desmantelamiento de las que
no cumplan los requisitos legales.



- Completar la instalación de aparatos de vigilancia, medida y control de
radiación, en tiempo real, las veinticuatro horas del día, para cada una
de las antenas instaladas, y facilitar a la población través de Internet
las distintas medidas como fórmula de transparencia en la gestión y
control sobre la emisión de las radiaciones.



- Inclusión en cualquier acuerdo o convenio con las compañías de telefonía
de una cláusula que obligue a la contratación de un seguro ilimitado de
responsabilidad civil que cubra los daños sanitarios, tanto físicos y
neurológicos como psíquicos o morales, ocasionados a las personas a corto
y largo plazo, así como los posibles daños a inmuebles o al medio
ambiente para que, si procede, los afectados puedan solicitar daños y
perjuicios a quien corresponda.



- Creación de un grupo de trabajo sobre seguimiento y control de la
contaminación, con el encargo de supervisar el plan de despliegue de
antenas y la realización de un informe anual con sus conclusiones, que se
presentará en el Congreso de los Diputados.



4. Incorporar en la legislación actual las recomendaciones de la
Resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (mayo
del 2011) sobre 'Peligros potenciales de los campos electromagnéticos y
sus efectos sobre el medio ambiente', promoviendo un despliegue de las
telecomunicaciones seguro y saludable escuchando a todos los actores
afectados por la ley: los gobiernos autonómicos y locales y especialmente
a la sociedad civil (asociaciones y colectivos implicados) y a los
científicos expertos independientes (sus investigaciones y sus puntos de
vista). Los Ayuntamientos, competentes en la protección de la salud de la
ciudadanía, como ejercicio de innovación política en su ámbito
territorial, deberán propiciar la negociación de los representantes de la
ciudadanía y las empresas de telefonía móvil con presencia en sus
respectivos términos municipales, sobre el despliegue de antenas de
telefonía móvil.



5. Reconocer como discapacidad funcional el síndrome de la
Electrohipersensibilidad (intolerancia a la exposición a los campos
electromagnéticos no ionizantes), que el Parlamento Europeo (en el punto
28 de la Resolución A6008912009) solicita a los Estados miembros que la
reconozcan al igual que ya se hizo en Suecia en año 2000, atendiendo las
voces de alerta que desde el ámbito profesional, científico y de




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distintas administraciones sanitarias (como la Health Protection Agency
del Reino Unido o el Comité Nacional de la Radiación No lonizante de la
Federación Rusa) ponen de manifiesto sobre la expansión de este síndrome,
que cada vez afecta a más personas en todo el mundo, con el fin de
garantizar una protección adecuada e igualdad de oportunidades a las
personas que la sufren.



6. Proceder a realizar un campaña informativa institucional sobre los
riesgos que comporta el abuso en el uso del teléfono móvil y las redes
wifi e inalámbricas, sobre todo en colectivos de riesgo susceptibles de
ser afectados por la contaminación electromagnética.



7. Posibilitar que los ciudadanos y ciudadanas no se vean obligados por
parte de las compañías eléctricas a instalar en sus casas los llamados
'contadores inteligentes', por no aceptar que sus cuerpos sufran las
radiaciones radioeléctricas emitidas por éstos, entre otras razones.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2016.-Ricardo
Sixto Iglesias, Diputado.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.



Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente



161/000580



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
aprobación de un Plan Nacional de Restauración de Ríos y Humedales, para
su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.



Exposición de motivos



En la actualidad, el papel de los ríos y humedales en el ecosistema
ibérico trasciende su interés meramente estético para ser también una
fuente de actividad económica, para la agricultura, la industria o
incluso el turismo. Nuestros ríos y humedales forman parte de un
ecosistema único, cuyo equilibrio y conservación debe constituirse en una
prioridad para las autoridades públicas competentes.



En consonancia con esta situación, el Gobierno de España planteó en el año
2008 la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, que tiene por
objetivo que nuestros ríos alcancen el buen estado ecológico de acuerdo
con lo establecido en la Directiva Marco de Agua, contribuir a la mejora
de la formación en los temas relativos a la gestión sostenible de los
ríos y su restauración, aportar información y experiencias para mejorar
las actuaciones que se están llevando a cabo en el ámbito de la
restauración de los ríos en España o fomentar la participación ciudadana
e implicar a los colectivos sociales en la gestión de los sistemas
fluviales de otros.



No obstante, pese a los esfuerzos realizados, la situación real de nuestro
ecosistema exigiría la aprobación de un nuevo Plan Nacional de
Restauración de Ríos y Humedales, que consolide los objetivos
anteriormente expuestos, y que además, evalúe y modernice algunas de las
infraestructuras obsoletas que dañan el panorama de los ríos y humedales.



Por todo ello el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente



Proposición no de Ley



'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar un nuevo Plan
Nacional de Restauración de Ríos y Humedales, que articule, de manera
integral y coordinada, y en su caso en colaboración con las Comunidades
Autonómicas, una batería de medidas dirigidas a promover la restauración
ecológica de los ríos y humedales y de nuestro país, y que aborde, entre
otros, al menos los siguientes aspectos:



1. La recuperación de ríos y humedales, mediante medidas que permitan
garantizar su equilibrio ecológico y la preservación de su biodiversidad,
así como el control y minimización de posibles fuentes de




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drenado que conlleven una alteración evitable y contraproducente de su
caudal desde el punto de vista medioambiental.



2. El control e inspección de las aguas fluviales con el fin de detectar y
actuar frente a posibles fuentes de contaminación, abordando, cuando así
se estimase conveniente, la depuración de las mismas para la restauración
del equilibrio ecológico.



3. La eliminación de pequeñas presas, embalses y demás instalaciones de
contención del caudal de los ríos que se encontrasen en desuso o cuya
disposición actual se estimase contraproducente para la correcta gestión
de los caudales; exceptuando únicamente aquellas infraestructuras que
poseyesen por su antigüedad o sus características técnicas un valor
intrínseco como patrimonio industrial, en cuyo caso se procederá a su
adaptación, para la correcta gestión del caudal hídrico, y su puesta en
valor desde el punto de vista cultural y turístico.



4. El dragado de embalses, con el fin de maximizar la capacidad instalada
y promover con ello una gestión eficiente de los caudales hídricos y del
agua embalsada, evitando con ello el surgimiento de crecidas y riadas y
los consiguientes perjuicios sociales y económicos que éstas provocan,
así como la sobreexplotación de acuíferos, manantiales y demás fuentes de
agua subterráneas.



5. La limpieza del lecho y el cauce de los ríos, con pleno respeto a los
principios de sostenibilidad ecológica, con la finalidad de prevenir
crecidas o riadas evitables y sus consiguientes perjuicios sociales y
económicos, sobre todo en zonas urbanas o con presencia de explotaciones
agrícolas y ganaderas.



6. La rehabilitación de las riberas y los entornos de los humedales y la
puesta en valor de las mismas desde una perspectiva de turismo activo y
sostenible, mediante la habilitación de rutas y sendas y mediante una
adecuada promoción de los valores medioambientales asociados a las
mismas.



7. El fomento del voluntariado, con el objetivo de implicar activamente a
la ciudadanía en las labores de restauración y mantenimiento de ríos y
humedales, así como en la realización de actividades de promoción,
concienciación y sensibilización respecto a su importancia desde el punto
de vista medioambiental y a la necesidad de preservar su equilibrio
ecológico y su biodiversidad.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2016.-Miguel Ángel
Garaulet Rodríguez, Diputado.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz de
Grupo Parlamentario Ciudadanos.



161/000603



A la Mesa del Congreso de los Diputados



A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria,
integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto
en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta,
para su debate en Comisión, la siguiente Proposición no de Ley sobre el
plátano de Canarias.



Exposición de motivos



España es el país más importante en lo que a producción europea de plátano
o banana se refiere, representando, a través de las producciones de
Canarias, más del 55 % de la producción comunitaria de dicha fruta.



El Real Decreto 362/2009, de 20 de marzo, sobre compensación al transporte
marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea, con origen y destino en las Islas
Canarias, abría la puerta a que el Gobierno de España abonara el coste
del transporte del plátano producido en Canarias hasta el territorio
peninsular en un porcentaje mínimo del 50 por ciento.



Sin embargo, el Gobierno de España, siete años después, sigue sin poner en
marcha esta medida, a pesar de la difícil situación que vive este cultivo
como consecuencia del acoso al que está sometido por los Acuerdos de
Asociación de la UE con países de Centro y Sudamérica y de la fuerte
competencia de las bananas de países ACP, que entran en la UE libres de
aranceles en cantidades no contingentadas, y que compromete el futuro de
un producto identitario de la alimentación en España y es pieza
fundamental de la economía, el empleo y la cultura de Canarias.



La entrada en vigor de la ayuda al transporte del plátano a la Península
ha sido objeto en este tiempo de numerosos pronunciamientos favorables en
instituciones europeas, nacionales y canarias. En Europa,




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mediante la autorización de las Autoridades Comunitarias a la
incorporación del plátano a estas ayudas de Estado. En las Cortes
Generales, con la aprobación de numerosas iniciativas parlamentarias
instando al Gobierno de la Nación a hacer efectiva la ayuda. Y en el
Parlamento de Canarias, a través del respaldo a proposiciones en el mismo
sentido. En definitiva, iniciativas, proposiciones y propuestas de
resolución, aprobadas en Bruselas, Madrid y Canarias, que no han surtido
efecto alguno.



Durante todo este tiempo, además, se ha dado pie a que aprovechando el
enorme reconocimiento que posee la producción canaria en nuestro país, se
haya extendido una práctica comercial de incitación a la compra por
confusión de banana de terceros países como plátano de Canarias. Este
fenómeno que se estima alcanza hasta los 20 millones de kilogramos
anuales, representa no sólo un perjuicio directo para los productores,
sino también un perjuicio grave para la población española al tratarse de
la fruta de mayor consumo y que alcanza a más de 16 millones de hogares a
lo largo del año.



Por último, tras la aplicación del Acuerdo de Asociación Unión
Europea-Marruecos en vigor desde marzo del año 2000, ha habido una rebaja
progresiva de los aranceles a la importación de productos europeos en
Marruecos que culminó el 1 de marzo de 2012 con el desmantelamiento
arancelario para muchos productos, pero no para todos. Aún hay algunos,
como es el caso de la mayoría de las frutas y hortalizas que están
sujetos a derechos de importación en Marruecos, mientras las producciones
agrícolas del Reino de Marruecos están favorecidas por acuerdos
preferenciales. Actualmente el arancel del plátano originario de
cualquier país de la Unión Europea es del 29,4 %, a lo que hemos de
añadir el 20 % de IVA, el 0,25 % de Tasa Parafiscal a la Importación y
0,005 dirhams /kg en concepto de inspección sanitaria de vegetales.



Es por lo que ante la coyuntura actual, que pone en peligro la
supervivencia de un sector de gran importancia social, económica,
cultural y paisajística, surgida como consecuencia de un record de
producción y comercialización que ha ocasionado una alarmante disminución
de los precios, los descrestes arancelarios para la banana americana y la
entrada de plátanos sin aranceles procedentes de los países ACP.



'El Congreso de los Diputados insta a:



1. Que el Gobierno de España ponga en marcha a la mayor brevedad la ayuda
al transporte para el plátano.



2. Que el Gobierno de España emprenda las actuaciones necesarias para la
persecución del fraude agroalimentario que supone la venta de Banana como
Plátano de Canarias.



3. Que el Gobierno de España, en el marco de la política de gran vecindad
de la Unión Europea, abra negociaciones con el Reino de Marruecos para
lograr una exención a la aplicación de aranceles de aduana para la
entrada de plátanos de Canarias en Marruecos.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2006.-Ana María
Oramas González-Moro, Diputada.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto.



161/000609



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a instancias del Diputado Miguel Anxo Fernández Vello, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en
la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, relativa a la
necesidad de proceder a la urgente regeneración de la playa de Covas (A
Mariña, Lugo).



Exposición de motivos



La regresión que sufre desde hace años el arenal de Covas en Viveiro (A
Mariña, Lugo) es objeto de una gran preocupación social en la comarca,
que ven como su playa urbana más conocida se está perdiendo debido al
impacto de las diferentes obras portuarias.




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Numerosas obras portuarias así como dragados han afectado negativamente a
las corrientes marinas, lo que ha alterado el ecosistema del arenal de
Covas situado en Viveiro, en la comarca de A Mariña.



La consiguiente alteración de las corrientes marinas ha causado
importantes pérdidas de arena en la zona de la playa conocida como Os
Castelos, para acumularse en el otro extremo, en O Cembedo.



La preocupación social por el estado de deterioro de esta conocida playa
ha llevado a cientos de habitantes de la comarca a realizar actos de
protesta e incluso una cadena humana para demandar que se adopten medidas
de protección del arenal a fin de evitar su total pérdida. La alarma
social por el grado de deterioro de la playa ha sido el motor de la
constitución de la Plataforma 'Salvemos la playa de Covas', un colectivo
que está llevando a cabo distintas propuestas y acciones con el objetivo
de visibilizar el estado del arenal y demandar soluciones ante un
problema que lleva años pendiente.



Como hemos señalado anteriormente, desde el ámbito social y ecológico se
apunta como causante de la situación a las obras de dragado y otras
actuaciones portuarias como los rellenos que han perjudicado enormemente
las corrientes marinas, alterándolas y provocando la pérdida de enormes
cantidades de arena. Los rellenos y unas políticas interesadas que sólo
han priorizando la construcción de rellenos y de obras portuarias, sin
ningún miramiento hacia el entorno medioambiental y marino, han sembrado
el caos en el ecosistema, modificando las corrientes marinas.



En el pasado mes de junio de este año 2016, el diputado en Cortes del PP,
Jaime de Olano, también concejal en Viveiro, anunciaba que en la segunda
quincena de septiembre darían comienzo las actuaciones de trasvase de
arena como medida para paliar la degradación de Covas. Llama la atención
que este tipo de anuncios provengan de un diputado en el Congreso en
lugar de proceder de algún responsable del Ministerio de Medio Ambiente o
de la Xunta, que sería lo normal. Sin embargo, si tenemos en cuenta que a
la altura de junio todavía estaban pendientes las elecciones gallegas, y
quizás era época de anuncios, viniesen de quien viniesen, se entiende el
esquema seguido para la realización de anuncios que no se han cumplido.



Según describen los medios de comunicación, el 24 de agosto el concello de
Viveiro habría recibido el proyecto. Pero desde entonces, continúa
esperando los informes técnicos necesarios para aprobar las obras y
proceder a la fase de licitación, adjudicación y ejecución.



La cuestión es que a día de hoy no existe un horizonte temporal para una
actuación urgente y necesaria, sobre todo porque estamos a poca distancia
temporal del inicio de la estación invernal que suele incidir
negativamente en el estado del arenal, empeorándolo.



La idea de trasvasar arena es una actuación temporal de urgencia ya que no
cambiará la situación, ni repondrá las corrientes, ni solucionará todo el
impacto provocado en el ecosistema marino. Es una simple medida paliativa
para remediar un deterioro salvaje de un arenal emblemático. Consiste en
trasladar la arena que se va acumulando en O Cembedo para depositarla de
nuevo en Os Castelos. Según diversas informaciones, contaría con un
presupuesto de 108.000 euros a pagar entre el Estado y la Xunta.



La playa de Covas debería servir para reflexionar sobre las políticas de
abuso del ladrillo y del cemento, favorecedoras de determinados intereses
pero siempre ajenas a la preservación del medio ambiente o a un
desarrollo sostenible. La Ría de Viveiro sufre las consecuencias del
impacto de rellenos y de otras actuaciones portuarias que han modificado
la dinámica de las olas, han variado las corrientes, razón que causa que
las mareas se lleven arena de la zona de Os Castelos a la zona situada en
el otro extremo, hacia O Cembedo, donde se va acumulando. Así
progresivamente es como la playa va desapareciendo.



'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Medio Ambiente a:



- Aprobar en colaboración con la Xunta de Galicia y con el ayuntamiento de
Viveiro (Lugo) un Plan de regeneración y rehabilitación de la playa de
Covas respetuoso con el medio ambiente y con el ecosistema marino, con el
objetivo de remediar el grave deterioro del arenal debido al impacto
negativo de los rellenos y las obras portuarias ejecutadas en los últimos
años.



- Como medida paliativa urgente, agilizar el proyecto de trasvase de arena
acumulada en la zona de O Cembedo para depositarla de nuevo en el área de
Os Castelos, concretando los plazos de ejecución así como la distribución
de la inversión a realizar por parte del Estado y de la Xunta de
Galicia.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2016.-Miguel Anxo
Elías Fernández Bello, Diputado.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.




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138






161/000667



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa para
presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente
Proposición no de Ley sobre la redacción de un nuevo convenio en materia
de agua entre la Administración General del Estado y el Gobierno de
Canarias, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.



Exposición de motivos



El agua es un recurso natural indispensable para el bienestar humano y el
desarrollo socioeconómico de Canarias. La distribución de este recurso en
las islas es muy diversa debido a factores geográficos, climáticos,
geológicos, económicos y políticos. No obstante, la característica común
en la mayoría de las islas es la escasez de recursos hídricos naturales,
particularmente acusada en las islas más orientales.



La escasez de carácter estructural de recursos hídricos que presentaban
las Islas Canarias obligaba a emprender acciones que mejoraran la
eficacia de las infraestructuras existentes y de la utilización de agua.



El incremento de la capacidad de producción, abastecimiento de agua de
calidad para la población y suministro de agua a las actividades
económicas requería inversiones en infraestructuras de desalación de agua
de mar para garantizar el abastecimiento tanto a la población residente y
turista, como a las actividades económicas.



Asimismo, era apremiante emprender diversas actuaciones en saneamiento y
depuración de aguas residuales que contribuyera a la sostenibilidad del
medio ambiente de Canarias, en coherencia con el mandato recogido por las
directivas comunitarias en la materia.



Como consecuencia de ello, el Consejo de Ministros autorizó en octubre de
2008 al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a aportar
306.590.000 euros para el desarrollo de actuaciones en materia de agua en
Canarias, al amparo de un nuevo convenio de Obras Hidráulicas con la
Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, con
vigencia entre los años 2008 y 2012.



Este nuevo convenio sustituyó al firmado en 1997 y que, aunque contemplaba
una inversión inicial de 456,77 millones de euros, permitió una inversión
en Canarias, por parte del Gobierno de España, de 597,76 millones de
euros.



Las actuaciones contempladas en dicho convenio fueron declaradas de
interés general, estando en su mayoría incluidas en el Plan Hidrológico
Nacional. Las no incluidas fueron declaradas de interés general, al
amparo de lo establecido en la disposición adicional novena del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, donde se establece que quedarán
comprendidas como actuaciones de interés general la desalación,
reutilización o cualquier otro tipo de obra hidráulica, que por su
dimensión o interés público o social, suponga una iniciativa esencial
para el mantenimiento de adecuados niveles de disponibilidad del agua de
las diferentes islas, habiendo sido propuestas por la Administración de
la Comunidad Autónoma de Canarias para su inclusión en este Convenio.



El 25 de noviembre de 2010 se firmó un nuevo acuerdo mediante el cual se
reajustaban las anualidades iniciales.



Posteriormente, el 27 de septiembre de 2012 y el 17 de diciembre de 2013,
las partes suscribieron el segundo y tercer acuerdo de modificación del
convenio, ampliándose las anualidades y estableciéndose la finalización
del mismo en el año 2017, en lugar de 2015.



El 7 de mayo de 2015, los miembros de la Comisión Mixta de Seguimiento,
una vez analizada la situación de las obras en ejecución y los créditos
disponibles hasta su finalización, acuerdan proponer una cuarta
modificación del convenio, en el sentido de que los incrementos por
incidencias contractuales, tales como modificados, complementarios e
indemnizaciones, así como los derivados de revisión de precios y de
excesos de medición, computen con cargo a las dotaciones del convenio,
siempre que no exceda del límite presupuestario establecido en el mismo
(Acuerdo suscrito el 20 de noviembre de 2015).



A pesar de las infraestructuras ya existentes, sigue siendo un reto
garantizar la cantidad y calidad del agua en Canarias. Hoy por hoy sigue
haciendo falta infraestructuras e inversión y sigue habiendo déficit en
el régimen de sostenibilidad.




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139






Además, si atendemos a las obras que demandan los principales municipios
para garantizar un adecuado cumplimento de sus responsabilidades en
materia de agua, podemos deducir que las obras que se han ejecutado no
cubren el importante déficit de infraestructuras hídricas en Canarias.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



Iniciar las negociaciones encaminadas a la redacción de un nuevo convenio
en materia de agua, donde se establezca el régimen de colaboración,
coordinación y financiación entre la Administración General del Estado y
el Gobierno de Canarias.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2016.-Sebastián
Franquis Vera, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.



161/000686



A la Mesa del Congreso de los Diputados



Doña Marta Sorlí Diputada de Compromís, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley, para la creación de un sello
homologado en el etiquetado de los alimentos elaborados para vegetarianos
y veganos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.



Exposición de motivos



Según la Encuesta Española de lngesta Dietética elaborada en 2011, el 1,5
% de la población del estado español es vegetariana, de las cuales casi
700.000 personas, que representan el 30 % de los vegetarianos son,
también, veganos.



Además, pese a la falta de estudios recientes sobre alimentación
vegetariana y vegana, las organizaciones de consumidores y asociaciones
vegetarianas coinciden en que el interés por la alimentación vegetariana
y vegana ha tenido un notable crecimiento en los países europeos. Esto
es, en parte, debido a los escándalos provocados por la ganadería
intensiva y por el aumento en la preocupación por la salud.



Pese a este incremento en la demanda de productos vegetarianos y veganos,
a los consumidores les resulta muy difícil saber si un producto está
exento de ingredientes de origen animal, especialmente en los alimentos
elaborados. En algunos envases se pueden encontrar referencias como 'apto
para vegetarianos' o 'solo vegetales' pero, aunque a veces en los
ingredientes no aparezca ningún alimento de origen animal, también
aparecen advertencias como 'pueden contener trazas de crustáceos'.



Se hace, por tanto, necesario el uso de un sello de certificación
unificado en el etiquetado de productos elaborados que indique que el
producto es apto para dietas vegetarianas y veganas que no pueda inducir
a error.



Para conseguir este objetivo la Asociación Vegetariana Europea (EVU) lleva
desde 1985 trabajando en la V-Label (V-etiqueta), un certificado conocido
a nivel europeo que ha unido a las organizaciones vegetarianas y veganas
y ya es el símbolo del vegetarianismo más utilizado en todo el mundo.



Además, países comunitarios como Alemania han alcanzado un acuerdo para
proporcionar un marco legislativo que defina legalmente los alimentos
vegetarianos y veganos, así como establezca su correcto etiquetado. En
dicho etiquetado, debe especificarse como alimentos vegatarianos y
veganos son aquellos que no son de origen animal y en ningún momento de
su producción se han añadido ingredientes como aditivos, catalizadores,
aromas o enzimas.



Respecto a la normativa europea, el marco de referencia es el Reglamento
(UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre
de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. En el
capítulo V, y como información alimentaria voluntaria, aparece la
información relativa a la adecuación de un alimento para los vegetarianos
o veganos.



La transposición del Reglamento en España se ha realizado mediante Real
Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma
general relativa a la información alimentaria de los alimentos




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140






que se presenten sin envasar para la venta al consumidor final y a las
colectividades, de los envasados en los lugares de venta a petición del
comprador, y de los envasados por los titulares del comercio al por
menor. Pero en el Real Decreto 126/2015 no aparece mención expresa a la
información relativa a la adecuación de un alimento para los vegetarianos
o veganos.



Proposición no de Ley



'El Congreso insta al Gobierno a:



- Proporcionar a través un marco legislativo una definición legal de los
alimentos vegetarianos y veganos para su correcto etiquetado.



- Crear un sello homologado para los alimentos elaborados vegetarianos y
veganos o adaptar y homologar la V-Label de la Asociación Vegatariana
Europea.



- Promover este certificado y prohibir el uso de expresiones en anuncios y
etiquetados que puedan inducir a error sobre si el producto esta exento o
no de origen animal.



- Reformar el Real Decreto 126/2015 para que contemple el sello homologado
en el etiquetado de alimentos elaborados vegetarianos y veganos.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2016.-Marta Sorlí
Fresquet, Diputada.-Enric Bataller i Ruiz, Portavoz Adjunto del Grupo
Parlamentario Mixto.



161/000687



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Mixto, a instancia del diputado don Enric Bataller i Ruiz
(Compromís) presenta, al amparo del artículo 193 y siguientes del
Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de
Ley para la promoción de la Stevia, para su debate en la Comisión de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.



Exposición de motivos



La stevia (o estevia) es un edulcorante natural que proviene de la planta,
originaria de Paraguay, Stevia Rebaudiana. De la stevia se pueden obtener
múltiples beneficios aplicables a la agricultura, a la ganadería y al
consumo humano.



Las ventajas que pueden obtenerse en cuanto al consumo humano pueden
aplicarse tanto para la alimentación como para uso medicinal. La Stevia
es un edulcorante 100 % natural que contiene 0 calorías y prácticamente
sin hidratos de carbono. Por lo tanto, no hay ningún efecto en el índice
glucémico al consumirse, esto significa que no produce alteraciones en el
nivel de azúcar en la sangre. Se trata del único edulcorante natural
totalmente seguro para un consumo habitual y para toda la vida, a
diferencia del azúcar que está contraindicado en algunas enfermedades
como la diabetes y para aquellas personas que tengan que realizar una
dieta de adelgazamiento prolongada. Según la Asociación Española de
Stevia rebaudiana, la stevia consumida en fresco o en infusión, actúa
como un regulador del nivel de azúcar de la sangre, por lo que genera una
acción hipoglucémica a las personas que sufren diabetes tipo II, es
decir, a aquellos diabéticos que no son dependientes de insulina. La
stevia no es una cura para la diabetes, pero sí abarata los costes del
tratamiento, frena el avance de la enfermedad, reduce los efectos
secundarios y, en definitiva, mejora la calidad de vida de las personas
que sufren esta enfermedad.



De la stevia se pueden extraer dos componentes: el esteviósido, que se
utiliza como edulcorante no calórico, y el rebaudiósido A, que contiene
propiedades terapéuticas.



En el año 2011, la Unión Europea aprobó el uso de este edulcorante
mediante el Reglamento (UE) n.º 1131/2011, de la Comisión, de 11 de
noviembre de 2011, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE)
n.º 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a
los glucósidos de esteviol. Lo que este Reglamento introduce es el uso
del edulcorante de stevia en pastillas o en formato que emula el azúcar,
pero sólo tras someterla a un proceso químico. Sin embargo sigue sin
permitir la utilización de la hoja sin procesar o su extracto alegando
potenciales problemas para la salud más allá de los intereses de las
empresas fabricantes de edulcorantes artificiales.




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De este modo, únicamente se permite la utilización de la stevia como
edulcorante. Los intereses contrapuestos con las empresas farmacéuticas,
tiene como consecuencia que el aprovechamiento de sus nutrientes y los
beneficios medicinales quedan invisibilizados y anulados.



Algunos Estados miembros de la Unión Europea, como Alemania o Francia, han
sido pioneros en la elaboración de una legislación propia en la que sí
destacan las aplicaciones terapéuticas de la stevia, ante los resultados
tan positivos que han sacado a la luz investigaciones recientes.



Además de los beneficios terapéuticos, la stevia también ofrece beneficios
al sector agrícola, puesto que esta planta mejora la fertilidad del
suelo. Aplicando el extracto de stevia en el suelo de la cosecha, se
aminoran los microorganismos patógenos. Con la aplicación de este
extracto de stevia se consigue acelerar el ciclo de los cultivos y
aumenta el periodo de conservación de los productos hortofrutícolas,
entre otros beneficios para el sector.



Por todo esto, se presenta la siguiente



Proposición no de Ley



'El Congreso insta al Gobierno a:



1. Desarrollar la legislación correspondiente para permitir la
comercialización de Stevia rebaudiana Bertoni en España, tal y como ya
permiten países como Francia o Alemania, así como a impulsar el
desarrollo de una legislación propia para permitir el uso de la Stevia de
manera terapéutica y su legalización.



2. Instar al Gobierno a desarrollar la normativa correspondiente para
permitir el uso de la stevia como método de cultivo que mejora las
cosechas y potencia el sistema ecológico, aportando beneficios a la
agricultura.



3. Aplicar medidas para promover el cultivo en fresco de la Stevia en la
Comunitat Valenciana.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2016.-Enric
Bataller i Ruiz, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.



Comisión de Sanidad y Servicios Sociales



161/000063



La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.



(161) Proposición no de Ley en Comisión.



Autor: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.



Solicitud de que su Proposición no de Ley sobre la adopción de medidas
urgentes contra la pobreza infantil, sea tramitada en la Comisión de
Derechos de la Infancia y Adolescencia.



Acuerdo:



Aceptar la declaración de voluntad y trasladar a la Comisión de Derechos
de la Infancia y Adolescencia, comunicando este acuerdo a la Comisión de
Sanidad y Servicios Sociales, al Gobierno y al Grupo Parlamentario autor
de la iniciativa y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.



En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.



Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.



Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de
los Diputados', serie D, núm. 14, de 15 de septiembre de 2016.




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142






161/000615



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado del Partit
Demòcrata Català don Carles Campuzano i Canadés, al amparo de lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta, para su discusión ante la Comisión de Sanidad y Servicios
Sociales, una Proposición no de Ley para territorializar los fondos
destinados a subvenciones del área de Servicios Sociales y otros fines de
interés social, incluidos los de carácter medioambiental, con cargo a la
asignación tributaria del 0,7 % del IRPF.



Antecedentes



De manera reiterada en los últimos años, diversas sentencias del Tribunal
Constitucional y el Tribunal Supremo han fallado en favor de la
Generalitat de Catalunya respecto al reparto y la gestión de los fondos
procedentes del 0,7 % del IRPF destinados a programas de interés social.
Ahora, rompiendo dicha tendencia, el Tribunal Supremo ha emitido
recientemente, una sentencia (610/2016) en sentido contrario, causando la
consiguiente alarma entre las organizaciones sociales de Catalunya.



En esta ocasión, tras años de conflictos judiciales y a pesar de numerosas
sentencias a favor de las demandas autonómicas, los magistrados
consideran ahora, que la distribución de estos fondos debe continuar
llevándola a cabo la Administración General del Estado y rechazan el
recurso del ejecutivo catalán que lo considera una irrupción en sus
competencias. Este es el resultado del esfuerzo continuado del Gobierno
para conseguir eludir la ley, transformando la ley.



El ejecutivo central no ha descansado hasta dar con el modo en que los
tribunales le dieran la razón. En lugar de cumplir con las sentencias
anteriores y ajustar su acción a su competencia, ha modificado las
normas, las reglas, los argumentos que las justifican, hasta conseguirlo.
Ha modificado el marco normativo hasta hacerlo a su medida, a su
conveniencia.



No hay ninguna duda razonable de que las actividades susceptibles de
obtener subvenciones estatales con arreglo al Real Decreto 536/2013,
objeto de esta última sentencia, o con arreglo a otros decretos que
establecen las bases para acceder a las subvenciones con cargo a esta
asignación tributaria, inciden sobre la materia denominada 'asistencia
social', una competencia constitucional y estatutariamente
correspondiente en exclusiva, a la Generalitat de Catalunya. Tampoco hay
ninguna duda, de que el Gobierno a través de sus acciones y disposiciones
comete un fraude de ley en este ámbito, al eludir el orden de
distribución de competencias establecido, utilizando referencias a
títulos competenciales horizontales, usando una artimaña jurídica.



De acuerdo con la citada sentencia, es como poco sorprendente o curioso
que atendiendo a la finalidad de los recursos: 'financiar los gastos de
funcionamiento de entidades del Tercer Sector colaboradoras de la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad', se considere que
competencialmente correspondía a la Generalitat de Catalunya (sentencia
respecto a RD 535/2013), puesto que se incidía en la materia 'asistencia
social', pero que en cambio, atendiendo a las actividades susceptibles de
financiación: 'actividades prestacionales sustantivas' de estas mismas
entidades del Tercer Sector, ya no sea así (sentencia respecto a R.D.
536/2013).



Es decir, la cuestión es que si consideramos que los recursos se destinan
a los gastos de funcionamiento de las entidades del Tercer Sector, la
competencia es autonómica, pero si consideramos que los recursos se
destinan a las actividades de estas entidades la competencia es estatal.
Debe ser materialmente imposible que entre los gastos de funcionamiento
de las entidades del Tercer Sector se incluyan actividades prestacionales
sustantivas. Y evidentemente, las entidades del Tercer sector deben tener
numerosísimos gastos de funcionamiento que no tengan nada que ver con las
actividades que prestan.



El grado de contorsionismo argumentativo es admirable. En el segundo caso
(R.D. 536/2013) a diferencia del primero (R.D. 535/2013), ya no importa
cuál es la naturaleza de las entidades potencialmente beneficiarias de
las subvenciones, es decir entidades del Tercer Sector, sino cuál es la
naturaleza de las actividades susceptibles de ser subvencionadas. Resulta
que la naturaleza de las entidades nada debe tener que ver con la
naturaleza de las actividades que éstas prestan. La atención a personas
con necesidades educativas o de inserción laboral, el fomento de la
seguridad ciudadana y la prevención de la delincuencia, no tienen nada
que ver con estados de carencia, asociados a la materia asistencia
social, y las deben desarrollar entidades que en ningún caso deben ser
del Tercer Sector.




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143






Para el Tribunal Supremo se trata, de materias bien distintas que nada
tienen que ver. Y evidentemente, por si alguien tenía alguna duda y no le
parecía que los argumentos fueran suficientes, cabe añadir un concepto:
el requisito de la supraterritorialidad para poder acceder a las
subvenciones. Esta circunstancia acaba de justificar sin que quepa ya
duda alguna, la intervención de la Administración General del Estado. En
opinión del Tribunal Supremo y del Gobierno puesto que es quien fija el
requisito, no es posible alcanzar la finalidad perseguida adecuadamente,
en el estricto ámbito autonómico. Solamente en el ámbito supraterritorial
estatal es posible atender y desarrollar adecuadamente, programas
relativos a necesidades educativas, integración laboral, seguridad
ciudadana o prevención de la delincuencia. Huelgan palabras. ¿Es
realmente acorde, en esencia, el último pronunciamiento del Tribunal
Supremo con la distribución competencial derivada de la Constitución y
del Estatut, o se basa en la utilización por parte del Gobierno, de un
amaño jurídico para eludirlo?



El Tribunal Supremo en su Sentencia 610/2016 ha roto con la jurisprudencia
consolidada (trece sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal
Supremo favorables a la gestión autonómica del 0,7 % del IRPF y otras
subvenciones destinadas al área de servicios sociales) y ha fallado a
favor del Estado, por primera vez. ¿Cuánto valor más tiene este
pronunciamiento que todos los anteriores en sentido contrario?



Los estamentos jurídicos habían venido indicando hasta el momento y
reiteradamente, que el Estado puede decidir asignar parte de sus fondos
presupuestarios a materias exclusivas de las CC.AA. como la asistencia
social, pero que puede hacerlo de manera limitada. Solamente puede
determinar el destino de las partidas presupuestarias correspondientes de
forma genérica o global, por sectores o subsectores enteros de actividad,
y los fondos deben integrarse como un recurso que nutra la hacienda
autonómica, es decir, de manera que la asignación de fondos quede
territorializada, a ser posible, en los mismos presupuestos generales.



Y si bien en estas materias, puede considerarse en el ámbito de la
competencia estatal la regulación de los aspectos centrales, sin duda se
sitúa dentro de la competencia autonómica, lo relativo a su gestión, esto
es, la tramitación, resolución y pago de las subvenciones, así como la
regulación del procedimiento correspondiente a todos estos aspectos.



También han venido señalando hasta el momento los estamentos jurídicos,
que no deben duplicarse estructuras administrativas para el ejercicio de
unas mismas competencias. Quien dispone de las competencias debe disponer
de los recursos para ejercerlas. Si no existe duda alguna respecto a las
competencias de las CC. AA. en materia de asistencia social, acción
social, servicios sociales, voluntariado, asociaciones y fundaciones, no
deberían existir dudas sobre quien las debe ejercer -y la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo así lo ha afirmado en
múltiples ocasiones. El Estado no podría y no debería condicionar o
limitar el ejercicio de estas competencias a través de su poder de gasto.
¿Ha ajustado el Gobierno su actuación a la Ley en estos años o ha ido
cambiando la Ley hasta dar con una versión a su conveniencia?



¿Por qué razones además el Gobierno continúa obcecado en discriminar a las
entidades del Tercer Sector de ámbito autonómico en Catalunya y en
desatender a sus ciudadanos? Catalunya es la comunidad que más aporta a
través de la casilla de fines sociales. En 2015, aportó el 25 % de los
fondos de todo el Estado y sólo recibió el 13,9 %. Las entidades sociales
catalanas pueden dejar de ingresar 20 millones de euros recaudados en
Catalunya y además el Gobierno impone como requisito la
supraterritorialidad para mantener su acción y burlar la ley.



La Comisión Europea ha publicado un índice de progreso social basado en la
media de los años 2011-2013. Según este índice, las necesidades básicas,
que son las que miden la cobertura básica en sanidad, vivienda, higiene y
seguridad pública, estaban cubiertas en Catalunya peor que en cualquier
otra comunidad autónoma del Estado, excepto Canarias. Catalunya se ha
empobrecido y el Estado ni lo reconoce ni hace nada para resolverlo. La
redistribución de recursos públicos sigue considerando a Catalunya una
comunidad rica cuando sufre problemas de bienestar y pobreza como el que
más. Esto ya lo detectan las estimaciones de redistribución de recursos
públicos. El 0,7 % lo radiografía simplificadamente: solo se destina a
Catalunya el 56,6 % de lo que aporta. Es un porcentaje que el Estado
aplica con toda naturalidad, pero que impide progresar a los ciudadanos
de Catalunya.



Por todo ello, los diputados y diputadas del Partit Demòcrata Català
presentan la siguiente




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Proposición no de Ley



'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar con la mayor
celeridad posible, las disposiciones normativas oportunas para:



a) Territorializar por Comunidades Autónomas, para la convocatoria en
curso de este año 2016, los recursos recaudados en la asignación
tributaria del IRPF destinada a fines de interés social correspondiente.



b) Ceder a cada comunidad la recaudación que se haya obtenido de las
declaraciones efectuadas en su territorio en concepto de la citada
asignación.



c) Garantizar que los recursos pertenecientes al referido tramo sean
gestionados íntegramente, por los respectivos gobiernos autonómicos y
destinados efectivamente, al Tercer Sector.



d) Distribuir de igual modo, territorialmente por comunidades autónomas,
otros recursos en materia de concesión de subvenciones destinadas al área
de servicios sociales, familias, discapacidad y otros fines de interés
social, incluidos los de carácter medioambiental.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2016.-Carles
Campuzano i Canadès, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto.



161/000663



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
regulación del Grado en Psicología, para su debate en la Comisión de
Sanidad.



Exposición de motivos



La situación actual del Grado en Psicología en nuestro país es irregular
debido a que a pesar de lo estipulado en la Ley 33/2011, de 4 de octubre,
General de Salud Pública ('LGSP'), el Grado de Psicología aún no ha sido
regulado por el Gobierno.



La mencionada Ley, en su disposición adicional séptima, crea la profesión
regulada de Psicólogo General Sanitario siendo preceptivo para acceder a
esta profesión regulada estar en posesión de dos Títulos: El Título de
Grado en Psicología y el Título de Máster en Psicología General
Sanitaria. Así lo dispone el apartado 1 de esta disposición adicional
séptima de la LGSP:



'1. Tendrá la consideración de profesión sanitaria titulada y regulada con
la denominación de Psicólogo General Sanitario de nivel
licenciado/graduado (...), los licenciados/graduados en Psicología cuando
desarrollen su actividad profesional por cuenta propia o ajena en el
sector sanitario, siempre que, además del mencionado título universitario
ostenten el título oficial de Master en Psicología General Sanitaria,
cuyos planes de estudio se ajustarán, cualquiera que sea la universidad
que los imparta, a las condiciones generales que establezca el Gobierno
al amparo de lo previsto en el artículo 15.4 del Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales'.



La misma norma establece en el apartado dos de esta disposición adicional
séptima dos plazos para regular los planes de estudio tanto del Máster,
como del Grado de Psicología:



'2. De conformidad con lo establecido en el artículo 15.4 del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, el Gobierno, en el plazo de seis meses,
establecerá las condiciones generales a las que se ajustarán los planes
de estudios para la obtención del título oficial de Máster en Psicología
General Sanitaria (...).'



'3. De conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, el Gobierno, en el plazo de un año, regulará
las condiciones generales a las que se ajustarán los planes de estudios
del título de Grado en Psicología.'




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El Título de Máster en Psicología General Sanitaria ha sido debidamente
regulado en la Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, por la que se
establecen los requisitos para la verificación de los títulos
universitarios oficiales de Máster en Psicología General Sanitaria que
habilite para el ejercicio de la profesión titulada y regulada de
Psicólogo General Sanitario. Sin embargo, el Título de Grado en
Psicología, el otro requisito para acceder a la profesión de Psicólogo
General Sanitario, no ha sido regulado pese a expirar el plazo que la Ley
indica.



La falta de regulación del grado por parte del Gobierno está generando
irregularidades en el Grado en Psicología, tanto que hasta el Consejo de
Estado ha señalado que 'existen profesiones que están pendientes de ser
reguladas' como es el caso de los Psicólogos.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente



Proposición no de Ley



'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las
medidas legales oportunas para dar cumplimiento a la disposición
adicional séptima de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud
Pública, regulando el Grado en Psicología a fin de eliminar las
irregularidades existentes.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2016.-Marta Martín
Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.



161/000670



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado
Xavier Eritja Ciuró, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre el etiquetado y comercialización de productos con un alto
componente de azúcares añadidos, para su debate en la Comisión de Sanidad
y Servicios Sociales.



Exposición de motivos



El fomento de hábitos de vida y pautas alimentarias saludables debe ser
una constante por parte de las administraciones públicas. Estudios
recientes ya han alertado del incremento de las tasas de sobrepeso y
especialmente de la obesidad infantil en el Estado español.



Factores como la escasa actividad física y el sedentarismo consecuencia
del denominado 'ocio pasivo' así como la mala alimentación suelen tener
una incidencia directa en el sobrepeso de muchos niños y niñas así como
de personas adultas. La obesidad y muy especialmente la obesidad infantil
suponen un alto riesgo, no solo para la salud de los afectados, sino
también para el mismo sistema sanitario y nuestra sociedad, ya que se
trata pues de un problema de difícil y larga solución que pasa por la
concienciación colectiva.



Uno de estos pasos en relación con la concienciación colectiva es la
adopción de hábitos de consumo saludables que conduzcan a una mejor
alimentación. Uno de los principales problemas en relación con la mala
alimentación son las cantidades de azúcar añadido que se están sumando
gratuitamente a las dietas de muchos niños y niñas. Las consecuencias en
términos de salud de estos azúcares van más allá de las caries o la ya de
por si preocupante obesidad infantil, ya que pueden provocar la primera
generación con una esperanza de vida menor que la de sus padres debido a
los malos hábitos alimentarios.



Los azúcares añadidos son los monosacáridos (tales como la glucosa o
fructosa) y los disacáridos (como la sacarosa o azúcar de mesa), los
cuales se añaden a los alimentos y bebidas por los fabricantes, cocineros
o consumidores. Los estudios publicados por la Sociedad Española de
Endocrinología y Nutrición (SEEN) han concluido que los azúcares añadidos
aumentan las posibilidades de sufrir síndrome metabólico y enfermedades
derivadas como cardiopatías, hipertensión, diabetes o incluso cáncer. Así
mismo, otras organizaciones internacionales como la Asociación Americana
de Corazón ya ha recomendado la reducción en niños el consumo de azúcares
añadidos a menos de 25 gramos al día, lo que equivaldría a 100 calorías,
o la reducción del consumo de bebidas azucaradas a menos de 23
centilitros semanales. Cabe destacar recordar que la cantidad estándar de
este tipo de productos es de 33 centilitros la lata.




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146






Además, es necesario destacar la inducción de los niños al consumo de este
tipo de productos que muchas empresas productoras y procesadoras realizan
mediante el uso de ganchos comerciales como juguetes, accesorios,
adhesivos o incentivos no relacionados estrictamente con la promoción
propia del producto.



A este evidente peligro de ingesta continuada de azúcares añadidos se
tiene que sumar la nula obligación de los productores para hacer constar
este tipo de componentes, así como sus consecuencias para la salud así
como la mala práctica habitual de los productores de no especificar las
cantidades de azúcares que están incluidas en los hidratos de carbono de
los productos. Esta actitud de brazos caídos por parte de las
Administraciones Públicas contrasta, paradójicamente, con que el Plan
Havisa (hábitos de vida saludables), publicitado por el gobierno está
financiado por empresas fabricantes y distribuidoras de productos
procesados con un alto contenido en azúcares añadidos.



Es necesario que la Administración Pública obligue a un etiquetado de este
tipo de productos más exhaustivo y que indique, en el caso que así sea,
el exceso de un determinado componente perjudicial para la salud. El
etiquetaje de los alimentos es una información que los consumidores deben
conocer utilizar y aprovechar al máximo. Por tener la información
adecuada acerca del producto y sea más libre y racional a la hora de
elegir y para preservar su salud.



La introducción de indicadores y de un nuevo etiquetado por parte de los
productores, envasadores y distribuidores ayudará a los consumidores a
poder disponer de una información completa de los productos que consumen.
Del mismo modo que un nuevo modelo de etiquetado incentivará a los
productores a optar por nuevas alternativas para sus productos menos
perjudiciales para la salud que los azúcares añadidos.



Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado
recientemente un informe titulado 'Las políticas fiscales para la dieta y
la Prevención de Enfermedades no Transmisibles (ENT)' en el que
recomienda aumentar un 20 % los impuestos sobre las bebidas azucaradas
para reducir su consumo y, por ende, disminuir el riesgo de obesidad,
diabetes tipo 2 y la caries dental. El informe apunta que la reducción
del consumo de este tipo de bebidas provocaría una disminución de la
ingesta de 'azúcares libres' y calorías que tendría un efecto favorable
en la nutrición de la población reduciendo los índices de sobrepeso,
obesidad, diabetes y caries.



Algunos estados como México, Chile, Francia o Italia ya han puesto en
marcha impuestos elevados sobre productos edulcorados con tal de reducir
su consumo. La Comisión Europea por su parte, ha elaborado un proyecto de
Reglamento que obligaría a detallar el contenido de azúcar, sal y grasas
de un producto en su parte frontal y en un tamaño de letra legible. En el
Estado español, por el contrario, este tipo de iniciativas ni están ni se
las esperan pese a que año tras año las tasas de sobrepeso u obesidad
infantil siguen aumentando.



Por todo ello se presente la siguiente



Proposición no de Ley



'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:



1. Iniciar las iniciativas legislativas pertinentes para que los
fabricantes, productores distribuidores e importadores de alimentos deban
informar los ingredientes que contiene en sus envases o etiquetas,
incluyendo de una manera legible y visual todos sus aditivos expresados
en orden decreciente de proporciones y su información nutricional,
expresada en composición porcentual o unidad de peso.



2. Iniciar las iniciativas legislativas pertinentes para que los alimentos
o productos que, por unidad de peso o volumen, o por porción de consumo,
presenten en su composición nutricional elevados contenidos de calorías,
grasas, azúcares y/o sal, estén rotulados de manera claramente visible a
primera vista en su envase o etiqueta como 'alto en calorías', 'alto en
grasas', 'alto en azúcares' o 'alto en sal', según sea el caso.



3. Actuar, de acuerdo con las diferentes Administraciones Públicas
respetando en todo caso el actual marco de distribución de competencias,
para la progresiva eliminación de productos con un alto contenido de
azúcares añadidos de las máquinas expendedoras de los centros educativos,
centros deportivos y centros de salud.



4. Iniciar las iniciativas legislativas pertinentes para evitar que se
fomente el consumo de productos con un alto contenido en azucares
añadidos entre la población infantil mediante publicidad y/o ganchos
comerciales como juguetes, accesorios, adhesivos o incentivos no
relacionados estrictamente con la promoción propia del producto.




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5. Llevar a cabo las actuaciones oportunas en colaboración con las
Comunidades Autónomas en el marco de sus competencias para limitar la
publicidad televisiva en horario infantil de alimentos y bebidas con un
alto contenido en azúcares añadidos.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2016.-Francesc
Xavier Eritja Ciuró, Diputado.-Joan Tardá i Coma, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana.



Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo



161/000633



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada
Ana Surra Spadea, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre el incremento en la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta
alcanzar el 0,7 % del PIB para su debate en la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.



Exposición de motivos



Fue en 1980, en el seno de la 34 sesión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, dónde se acordó que los países más desarrollados
deberían destinar el porcentaje del 0,7 % del PIB como ayuda al
desarrollo a los países menos desarrollados. Inmediatamente en el Comité
de Ayuda al Desarrollo de la OCDE se articuló la contabilización y
seguimiento de esta responsabilidad.



El incumplimiento por parte del estado español de este compromiso, se
tradujo en una movilización, la primera que despertó la conciencia social
con los países empobrecidos, el Movimiento 0,7 %. Surgió del dinamismo de
un grupo de personas que con sus acciones políticas y sus llamadas a la
responsabilidad ciudadana fueron capaces de articular un movimiento
social innovador en los años noventa, donde exigían al Gobierno un
compromiso firme para combatir la pobreza y abordar la desigualdad entre
países.



En 1991, en los albores del Movimiento 0,7 %, España es declarada donante
por el Comité de Ayuda al Desarrollo, momento en el que asume de manera
implícita el compromiso de destinar el 0,7 % de su PIB a la AOD. En la
Cumbre del Milenio, Conferencia de Adis Abeba y la Cumbre del Desarrollo
Sostenible llevada a cabo el pasado año, España ratificó nuevamente su
cometido de alcanzar este porcentaje.



Su actual política de intervención no solo está muy lejos de lo que
destina la media europea en ayuda al desarrollo, sino que además sitúa a
España en la cola de los 29 donantes del Comité de Ayuda al Desarrollo de
la OCDE, al mismo nivel que los donantes recién llegados como Eslovenia o
República Checa.



Conforme al último Examen entre pares de España del Comité de Ayuda al
Desarrollo, de la OCDE, entre 2010 y 2014, la ayuda oficial al desarrollo
española descendió un 68 %. Si bien en 2016 la AOD española se ha visto
incrementada a un 0,21 %, esta cifra aún es muy inferior al objetivo
prometido del 0,7 %. Este aumento no compensa el gran recorte
presupuestario que ha sufrido esta política en los últimos años, así, en
el período 2012-2016 la AECID ha perdido un total de 643 millones de
euros, lo que en términos porcentuales significa un 73 % menos de
recursos.



Como medio para canalizar esta ayuda al desarrollo, el Estado español
utiliza como uno de sus principales canales de ejecución, el FONPRODE. Se
trata de un instrumento financiero que funciona a través de tres tipos de
operaciones: créditos de Estado a Estado, créditos a instituciones
financieras y participación en fondos de inversión. Su eficaz
funcionamiento ha sido puesto en duda, tanto por ONG como por el Tribunal
de Cuentas en su informe de fiscalización de los ejercicios 2012-2013,
donde establece una serie de irregularidades en el seno de su ejercicio,
tales como la falta de capacidades técnicas y humanas para la ejecución
de su gestión; la falta de seguimiento individualizado de las entidades
prestatarias de segundo nivel, sin poder comprobarse por tanto que los
créditos concedidos hayan sido efectivamente destinados al propósito para
el que se concedieron, y la participación del FONPRODE en fondos con
domicilio en paraísos fiscales.



En tanto que la erradicación de la pobreza extrema sigue siendo uno de los
principales desafíos de nuestro tiempo y la sociedad española se muestra
cada vez más concienciada a favor de una Ayuda al




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Desarrollo plena y eficaz, existe la obligación por parte del estado
español de cumplir con los compromisos internacionales sobre la AOD.



Es por todo ello que se presenta la siguiente



Proposición no de Ley



'El Congreso de los Diputados expresa su compromiso con el objetivo de
situar la AOD del Estado en el 0,7 % del PIB e insta al Gobierno español
a:



1. Presentar, en el plazo máximo de tres meses ante la Comisión de
Cooperación Internacional, un plan gradual de actuación con la finalidad
de alcanzar en el año 2020 el compromiso político de destinar el 0,7 %
del Producto Interior Bruto Español a la ayuda oficial al desarrollo para
los países en desarrollo y entre un 0,15 % y un 0,2 % de su PIB a la AOD
para los países menos adelantados, de acuerdo con los compromisos
internacionales y con la reciente Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.



2. Crear, en detrimento del FONPRODE, un canal financiero adecuado a los
requisitos de eficacia, coherencia y transparencia en la gestión de la
ayuda al desarrollo, acorde con los principios y procesos recogidos en la
Declaración de París, en la Agenda de Acción de Accra y la Alianza de
Busan para una Cooperación al Desarrollo Eficaz.



3. Aplicar plenamente en sus políticas de actuación, las recomendaciones
formuladas en los exámenes de pares de la OCDE del año 2011 y del 2016.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2016.-Ana María
Surra Spadea, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana.



Comisión de Cultura



161/000584



A la Mesa del Congreso de los Diputados



Don Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley de reconocimiento a la labor realizada
por la Filmoteca Española, para su debate en la Comisión de Cultura.



Exposición de motivos



La Filmoteca Española es el archivo creado en el año 1953, que desde
entonces, custodia el patrimonio fílmico por excelencia en nuestro país.
Tiene como misión recuperar, investigar y conservar el patrimonio
cinematográfico y promover su conocimiento. Es una Subdirección General
del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y desde
1956 pertenece a la Federación Internacional de Archivos Fílmicos.



La Filmoteca Española es un archivo altamente especializado que se ocupa
de recoger y preservar los documentos cinematográficos que se están
produciendo actualmente, de garantizar su conservación y de facilitar su
difusión con fines tanto de investigación como divulgativos. Sin embargo,
también posee otras funciones, como por ejemplo la investigación,
recuperación y restauración del patrimonio cinematográfico español.
También complementa las cintas con materiales anejos a éstas. Por
ejemplo, los documentos cinematográficos son complementados con libros
sobre la película en cuestión, revistas, carteles de cine, fotografías de
sus escenas, actores y directores, etc. Gracias a los trabajos de
recuperación y restauración emprendidos por la Filmoteca Española, puede
ser visto actualmente el cine de las etapas anteriores a la implantación
de los soportes de seguridad. Todavía hoy se siguen recuperando películas
que se consideraban totalmente desaparecidas.



Además, la Filmoteca no solo archiva y custodia material cinematográfico,
sino que también acoge una extensa colección de registros sonoros, así
como instrumental relacionado con el mundo del cine: proyectores,
cámaras, sombras chinescas, linternas mágicas,...



La Filmoteca también difunde su contenido de diversas maneras. Organiza
desde ciclos y sesiones cinematográficas sin ánimo de lucro y colabora
con cadenas públicas y privadas a la hora de difundir su patrimonio de
diferentes maneras.




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Desde 1964 existe en España una norma que obliga a la entrega a la
Filmoteca Española de una copia de toda película que haya recibido 'algún
beneficio de los Organismos oficiales, en forma de crédito, protección
directa o cualquier otra establecida por las disposiciones que regulan la
protección a la cinematografía nacional'. Sin embargo, la falta de medios
materiales y humanos destinados a la Filmoteca está poniendo en peligro
su labor de custodia, conservación, difusión e investigación de la
cultura cinematográfica. Una cultura que posee una clara hegemonía a día
de hoy en la sociedad y mediante el cual se registran los principales
hitos de nuestra historia.



Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la
siguiente



Proposición no de Ley



'1. El Congreso de los Diputados manifiesta su reconocimiento hacia la
Filmoteca Española y la labor de guarda, conservación, investigación y
difusión que lleva a cabo en la cultura cinematográfica de nuestro país.



2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



a) Elaborar, junto con los responsables de la Filmoteca Española, un Plan
de Recursos Humanos destinado a cubrir las jubilaciones, vacantes y
necesidades de la Filmoteca, en el corto, medio y largo plazo.



b) Mejorar, de manera urgente, los recursos de los que dispone la
Filmoteca Española a fin de dotarla de los medios materiales y humanos
precisos necesarios para desempeñar sus responsabilidades con éxito.



c) Estipular, en los convenios de colaboración con cualquier cadena o
ente, la necesidad de que aparezca el logo de la filmoteca en los
productos en los que se incluya material proveniente de esta.



d) Crear convenios de colaboración entre la Filmoteca y la Corporación de
Radio Televisión Española a fin de aprovechar al máximo los recursos de
ambos entes, tanto personales como materiales en beneficio mutuo.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2016.-Marta María
Rivera de la Cruz, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.



161/000589



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado
Xavier Eritja Ciuró, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre el IVA cultural, para su debate en la Comisión de
Cultura.



Exposición de motivos



En los últimos años, los Presupuestos Generales del Estado han evidenciado
un progresivo descenso de las aportaciones económicas a las artes
escénicas y a la cultura audiovisual. Efectivamente, las partidas de los
últimos años alcanzan un recorte respecto al presupuesto del año 2011 de
hasta un 24 % (teatro) y 35 % (cinematografía), lo cual sin duda ha
repercutido en las capacidades del sector.



Paralelamente, el contexto económico depresivo afectaba negativamente al
sector de las industrias culturales, tal como se refleja en los datos
relativos al descenso del 12,2 % en el número de conciertos de música en
vivo desde el año 2008, acompañado de una reducción del 23,2 % en el
número de espectadores y del 11,3 % en facturación. Asimismo, datos
provenientes de las asociaciones empresariales y profesionales indican
que los conciertos promovidos por iniciativa privada la misma facturación
cayó en el año 2011 en un 12,6 %. No se libran de estos descensos las
Artes Escénicas, como se refleja en el número de espectadores y de
recaudación del 10 % en las ciudades de Madrid y Barcelona, y del 60 % en
cuanto a la contratación en el resto del territorio estatal. Por último,
en el periodo 2004-2011, la asistencia a salas de cine evolucionó hacia
la reducción en un 32 %.



Según los datos del informe sobre el impacto del incremento del IVA en las
artes escénicas entre septiembre de 2012 y agosto de 2013, de la
Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro




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y Danza, la recaudación en relación con el mismo período del año anterior
descendió un 26 % y la recaudación neta un 34 %, dejando de ingresar 84
millones de euros, mientras que el número de espectadores cayó un 29 %.



Además, según datos de la Federación de Empresarios de Cine de España,
FECE, de septiembre de 2012 a marzo de 2013, la taquilla neta en las
salas de cine se había reducido un 5 %. Debido al impacto del IVA, a lo
largo de 2012 cerraron 141 pantallas de cine y 17 complejos
cinematográficos, y se perdió el 12,7 % del empleo en el sector de salas
de cine.



Se estima que el sector de artes escénicas ha perdido 1.800 puestos de
trabajo directos y el informe concluye que la subida del IVA en artes
escénicas ha tenido un impacto muy negativo sobre la recaudación global
de impuestos, perdiéndose en la totalidad del empleo cultural más de
75.000 puestos en el conjunto del país y una disminución progresiva de
las empresas dedicadas al sector.



A pesar de todo ello, recientemente, el gobierno en las modificaciones del
Impuesto de Valor Añadido (IVA) incluyó el incremento del 8 % al 21 %
para los espectáculos escénicos y el cine, lo cual entendemos que está
afectando gravemente al sector cultural, cuya aportación al producto
interior bruto nacional alcanza el 3,2 %, empleando a cerca de 500.000
trabajadores.



Consecuencias nefastas, pues, para con la producción y creación
culturales, pero también potencialmente nefastas para la pluralidad
cultural y el acceso a la cultura por parte de la ciudadanía.



Sin duda, esta medida del gobierno sitúa el Estado español en un escenario
de excepcionalidad. En efecto, los porcentajes (IVA) de los Estados
europeos oscilan entre el 0 % de Noruega hasta al 13 % de Portugal,
pasando por Francia, en donde el gobierno, incluso, lo rebajó al 4,5 %.
De igual manera, Alemania (7 %) y Holanda (6 %) son prueba fehaciente de
hasta qué punto el porcentaje español se nos presenta difícilmente
comprensible y asumible. Valga el caso holandés como ejemplo de
corrección por parte de su gobierno, que ante las consecuencias negativas
de un incremento corrigió la medida situando el porcentaje en el 6 %
actual.



Esta situación ha generado una extraordinaria alarma en las asociaciones y
entidades representantes de las industrias de las artes escénicas, música
en vivo y cine atendiendo al hecho que se calcula que en los próximos
meses llegarán a destruirse hasta 4.226 empleos directos y un 20 % de las
empresas cerradas podrían cerrar sus puertas, lo cual será reflejo y
consecuencia de la pérdida de 43 millones de espectadores y un nuevo
descenso en las contribuciones a la Seguridad Social, en la recaudación
del impuesto de sociedades, en el IRPF y un mayor gasto en prestaciones
por desempleo.



Más allá de un sector económico tractor, la cultura debe ser considerara
como la cuarta pata del Estado del Bienestar juntamente con los servicios
sociales, la salud y la educación. Sin un acceso universal a la cultura y
el conocimiento en igualdad de condiciones no se podrá avanzar hacia una
sociedad libre y justa. Es por este motivo que es necesario facilitar el
acceso y el consumo de productos culturales así como rebajar sus tipos
impositivos para entrar en armonía impositiva con los países comunitarios
sino también para hacer de la cultura un auténtico bien público al
alcance de toda la ciudadanía.



En este mismo sentido, en un contexto en que los modelos de consumo
cultural están en transformación y en que el sector se ha de adaptar a
las nuevas realidades y tiene que encarar las dificultades propias de las
dinámicas culturales, corresponde a los poderes públicos hacer una tarea
de acompañamiento y aplicar políticas de soporte y de fomento para que la
cultura continúe llegando al máximo número de población posible.



Por todo ello se presente la siguiente



Proposición no de Ley



'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:



Aplicar a todas las actividades y productos culturales, y a todos los
servicios que se deriven, el tipo superreducido de IVA del 4 %, de manera
que se pueda facilitar el acceso universal a la cultura, dar salida a las
capacidades creativas del sector y fortalecer las industrias culturales.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2016.-Francesc
Xavier Eritja Ciuró, Diputado.-Joan Tardá i Coma, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana.




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161/000619



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de la Diputada Sofía Fernández Castañón, presenta al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados la presente Proposición no de
Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de Cultura, relativa a la
necesidad de que el Estado español cumpla con la Carta Europea de Lenguas
Minoritarias y Regionales a través de una serie de medidas.



Exposición de motivos



Son varios los informes y análisis que ha ido elaborando el Comité de
Expertos de la UE para la Carta Europea de Lenguas Minoritarias y
Regionales sobre el grado de cumplimiento de dicho Tratado por parte de
las Administraciones implicadas. Se han realizado distintos informes
desde que este Tratado fue ratificado por el Estado español en el año
2001, pero sucesivamente, informe tras informe, el Estado español no sale
bien parado debido a su grado de incumplimiento.



El Estado español poco o nada ha avanzado en cuanto a la difusión,
promoción e incentivación de las lenguas cooficiales del estado y lenguas
que gocen de especial protección dentro de las diferentes comunidades
(artículo 4 de la Constitución: 'Las demás lenguas españolas serán
también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con
sus Estatutos'), en lo que respecta a los aspectos recogidos en la Carta.
Es más, los informes son siempre un largo elenco de críticas, quejas y
reproches al Estado español por la falta de cumplimiento de lo ratificado
en el Tratado en lo concerniente a ámbitos como la Justicia, la
Educación, la Administración o la Sanidad.



Las críticas se repiten en el último de los documentos. A comienzos del
presente año 2016, el Consejo de Europa volvía a dar un tirón de orejas
al Estado español, y en concreto a la Xunta de Feijoó (PP) por su
negativa, retrógrada y perjudicial política lingüística que en nada
favorece el impulso de la lengua propia de Galicia: el gallego, y aludía
directamente al decreto lingüístico de Feijoó.



Una situación similar se notificaba a primeros de 2016 sobre la situación
del asturiano y el gallego-asturiano, en el que el Consejo de Europa
habla de la falta de información sobre el estatuto del asturiano y del
gallego-asturiano, el desconocimiento del número de hablantes en la
actualidad y la creciente reducción presupuestaria que se dedica a la
llingua. El informe subraya que, desde junio de 2012, el Gobierno del
Principado 'es responsable de la política lingüística. Citamos así dos
lenguas, una cooficial y otra con protección dentro de su Comunidad
Autónoma, como ejemplos de la situación grave por la que pasan las
lenguas minoritarias en el estado español.



De esta manera, son habituales las recomendaciones de un mejor trato a las
otras lenguas cooficiales del estado o lenguas que no poseen aún el
estatus de cooficial.



De hecho, el Comité de Ministros del Consejo de Europa publicó este ario
una serie de recomendaciones al Estado español sobre la aplicación de la
Carta Europea de las lenguas regionales o minoritarias, a fin de que
mejore la legislación y la política hacia dichas lenguas. Entre sus
recomendaciones, el Comité de Ministros aconseja que se modifique el
marco jurídico para que las autoridades judiciales penales, civiles y
administrativas de las CC.AA. puedan llevar a cabo los procedimientos en
las lenguas cooficiales a petición de una de las partes.



También demanda que se intensifiquen las medidas destinadas a garantizar
que el personal judicial tenga suficiente conocimiento de las lenguas
cooficiales del estado: catalán, gallego y euskera, con el objetivo de
que dichas lenguas estén presentes en la Administración del Estado, de
las CC.AA. correspondientes y los servicios públicos como el de salud.



Asimismo, el Consejo de Europa insta a que la oferta de educación
trilingüe no afecte negativamente a la protección y promoción de las
lenguas minoritarias (o minorizadas) y regionales. Y pone el ejemplo de
la enseñanza del catalán en Baleares y en Valencia. Y se muestra muy
crítico con el Gobierno de la Xunta de Galicia por la reducción gradual
de la presencia de la lengua gallega en la enseñanza media. De hecho
afirma que 'con la introducción del modelo trilingüe, la proporción del
gallego se vio reducida tanto en la enseñanza primaria como secundaria'.



Las recomendaciones del Comité de Ministros responden a la aplicación del
artículo 16 de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias,
ratificada por el Estado español en 2001.




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Las recomendaciones se presentan acompañadas de un informe sobre el
cumplimiento de la Carta en el conjunto del Estado. El documento, de 115
páginas, incluye un análisis de la situación de las lenguas regionales y
minoritarias en el conjunto del Estado y consideraciones específicas
sobre la situación lingüística en Catalunya, Galicia, Euskadi, Valencia,
Baleares, Navarra, Asturies y Aragón.



Además de esto, en el pasado mes de enero, el Consejo de Europa emitía
seis recomendaciones y un informe pormenorizado sobre la decadente
situación de los derechos lingüísticos dirigidas al Estado español,
partiendo del cuarto Informe del Comité de Expertos de la Carta Europea
de Lenguas Minoritarias o Regionales.



Las seis recomendaciones son las que referimos a continuación y que
emplazan al Ejecutivo del estado español a:



1. Modificar el marco legal con el fin de dejar claro que las autoridades
judiciales en el ámbito, penal, civil y administrativo de las Comunidades
Autónomas puedan llevar a cabo los procedimientos en las lenguas
cooficiales a petición de una de las partes.



2. Seguir implementando medidas legales y prácticas con el fin de asegurar
que una proporción adecuada del personal judicial de las Comunidades
Autónomas al que se refiere el artículo 9 de la Carta tenga un
conocimiento funcional de las lenguas correspondientes.



3. Avanzar en las medidas legales y prácticas con el fin de asegurar la
presencia adecuada de las lenguas cooficiales en la Administración
central al nivel de las CC.AA.



4. Adoptar medidas para incentivar la presencia de las lenguas cooficiales
en los servicios públicos, especialmente en el ámbito sanitario.



5. Asegurar que la oferta de educación trilingüe no afecte negativamente
la protección y promoción de las lenguas regionales o minoritarias.



6. Considerar la extensión del reconocimiento de esas lenguas regionales o
minoritarias cooficiales en seis CC.AA., a otros territorios autónomos,
siempre y cuando haya un número suficiente de hablantes de las lenguas en
cuestión.



En cuanto al ámbito educativo como se enuncia en la sexta recomendación,
la educación trilingüe en ningún caso debería socavar la protección y
promoción de las lenguas minorizadas.



El Informe también se fija en las lenguas que no tienen estatus de
cooficialidad. En relación con ellas, los expertos afirman que en los
últimos arios ha habido una regresión en la limitada protección de la que
gozan el aragonés y el asturiano (y el gallego-asturiano). De igual
manera, los expertos declaran que no se han dado pasos para proteger el
portugués en Extremadura, el tamazight en Ceuta o el leonés en Castilla y
León.



En general, el Consejo de Europa destaca que en la mayoría de las
Comunidades Autónomas se requiere un mayor esfuerzo en el ámbito de los
medios de comunicación, tanto en los medios impresos como en la
radio-televisión, para que haya una cobertura real de todo el territorio.
El informe también pide una mayor cooperación a nivel educativo y de
medios de comunicación entre las comunidades autónomas donde existen
lenguas similares.



La Carta Europea de Lenguas Minoritarias o Regionales tiene el valor de
apostar por la diversidad lingüística, por proteger y amparar las lenguas
en situación de discriminación o de diglosia y de incentivar su uso en
aras a su pervivencia y fortalecimiento de su salud.



Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente



Proposición no de Ley



'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cumplir las
recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la
aplicación de la Carta Europea de las lenguas Regionales o Minoritarias,
adoptando las siguientes medidas:



1. Modificar el marco legal con el fin de dejar claro que las autoridades
judiciales en el ámbito, penal, civil y administrativo de las Comunidades
Autónomas puedan llevar a cabo los procedimientos en las lenguas
cooficiales a petición de una de las partes.



2. Implementar medidas legales y prácticas con el fin de asegurar que una
proporción adecuada del personal judicial de las Comunidades Autónomas al
que se refiere el artículo 9 de la Carta tenga un conocimiento funcional
de las lenguas correspondientes.




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153






3. Avanzar en las medidas legales y prácticas con el fin de asegurar la
presencia adecuada de las lenguas cooficiales y de las lenguas protegidas
en la estructura de la Administración del estado al mismo nivel que las
CC.AA.



4. Adoptar medidas para incentivar la presencia de las lenguas cooficiales
y las lenguas protegidas en los servicios públicos, especialmente en el
ámbito sanitario.



5. Asegurar que la oferta de educación trilingüe no afecte negativamente
la protección y promoción de las lenguas regionales o minoritarias.
Incentivar su uso en el ámbito educativo en los territorios autónomos y
también en las zonas limítrofes que usan dicha lengua.



6. Considerar la extensión del reconocimiento de esas lenguas regionales o
minoritarias cooficiales en seis CC.AA, a otros territorios autónomos,
siempre y cuando haya un número suficiente de hablantes de las lenguas en
cuestión.



7. Asegurar la protección de las lenguas no cooficiales revisando los
estatutos, además de invirtiendo la regresión en la que se encuentran,
dedicando un mayor esfuerzo y recursos a su promoción a través de los
medios de comunicación públicos.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2016.-Sofía
Fernández Castañón y Miguel Anxo Elías Fernández Bello, Diputados.-Íñigo
Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.



161/000673



A la Mesa del Congreso de los Diputados



Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre restauración y recuperación
integral del monumento nacional de la iglesia de los Santos Juanes de
Valencia, para su debate en la Comisión de Cultura.



Entre los bienes inmuebles de titularidad estatal declarados de interés
cultural localizados en la ciudad de Valencia, se encuentra la iglesia
parroquial de los Santos Juanes, declarada además monumento nacional
desde el 21 de febrero de 1947.



La situación de la construcción es ciertamente lamentable ya que presenta
un deterioro notable y supone un peligro real para visitantes y
viandantes. Las quejas sobre su estado han sido muchas. Las grietas, bien
visibles en su fachada, han acompañado la construcción de la estación de
metro y aparcamiento subterráneo de diez plantas, cuya conclusión está
paralizada sin plazo previsible de terminación. Las asociaciones
interesadas en el patrimonio denunciaron incluso a la Fiscalía el
deterioro del inmueble por estas obras.



Es relevante señalar que tanto el mercado como la iglesia Santos Juanes
constituyen parte fundamental del entorno de la Lonja de Valencia, que es
Patrimonio de la Humanidad (declarado así por la UNESCO), pese a lo cual
no se ha puesto en marcha el plan director correspondiente a su categoría
de protección y el de su entorno.



Precisamente, en la monumental fachada posterior de este inmueble, la
recayente a la Lonja, se localiza una plataforma elevada a modo de
tribuna, bajo la cual se abrieron unas habitaciones pequeñas conocidas
como las 'covachuelas o casillas de San Juan', en las que hasta hace unos
años se instalaron pequeñas tiendas. Toda esta parte se encuentra también
en un muy lamentable estado de deterioro, con todas las antiguas tiendas
clausuradas y acumulando desechos.



La responsabilidad de la iglesia de los Santos Juanes o de Sant Joan del
Mercat corresponde al Estado como propietario del inmueble, que lo
mantiene en un lamentable deterioro incompatible con su triple carácter
de BIC, monumento nacional y entorno directo de otro edificio declarado
Patrimonio de la Humanidad como es la lonja.



Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente




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Proposición no de Ley



'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha y dotar
presupuestariamente el necesario proyecto de restauración y recuperación
integral del monumento nacional de la iglesia de los Santos Juanes de
Valencia, que tendrá en cuenta su especial ubicación en el inmediato
entorno del edificio de la Lonja de la Seda, Patrimonio de la Humanidad.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2016.-Ricardo
Sixto Iglesias y Eva García Sempere, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa,
Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.



Comisión de Igualdad



161/000425



La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.



(161) Proposición no de Ley en Comisión.



Autor: Grupo Parlamentario Mixto.



Reformulación de su Proposición no de Ley sobre la integración del
lenguaje inclusivo en los trabajos del Congreso.



Acuerdo:



Teniendo en cuenta la presente reformulación, y considerando que solicita
el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y
disponer su conocimiento por la Comisión de Igualdad. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor
de la iniciativa.



En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.



Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.



A la Mesa del Congreso de los Diputados



Doña Marta Sorlí Fresquet, Diputada de Compromís, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, de la integración
del lenguaje inclusivo en los trabajos del Congreso, para su debate en la
Comisión de Igualdad.



Exposición de motivos



El lenguaje inclusivo representa la lucha por usar una comunicación más
justa, y menos violenta, esto es, un lenguaje que no sea utilizado contra
nadie como arma de exclusión y opresión en la sociedad. Intentar ser
sensibles a usar un lenguaje menos machista y masculinizado neutralizando
los usos del masculino singular al sustituirlos por otras expresiones o
por la inclusión también del femenino singular es un gesto democrático y
civilizado, fundamental, como dejar de usar expresiones que podrían herir
a grupos que tradicionalmente han sido maltratados, por ejemplo, gente
con una sexualidad o con rasgos físicos distintos a los del grupo
dominante.




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155






Por lo tanto, consideramos absurdo que se ridiculice la búsqueda y el uso
espontáneo de un lenguaje que incluya a las mujeres como personas.
Remarcamos la importancia de habituar nuestro entorno, nuestro lenguaje y
nuestras acciones para poder construir una sociedad más igualitaria y
justa. Una sociedad en la que todas las personas puedan sentirse parte
sin tener la necesidad de esforzarse más o acabar asumiendo papeles
masculinos para poder tener las mismas oportunidades.



Para conseguir esto, las instituciones han de ser pioneras en la lucha
contra la discriminación y la desigualdad que genera el patriarcado. Es
necesario que todos los espacios de representación política sean un
ejemplo a seguir y la administración pública se erija como pionera en la
implantación de la igualdad y el respeto. El Congreso, aún hoy, tiene una
representación fuertemente masculina. Por otra parte, en toda la etapa
democrática del Estado las mujeres no han llegado a representar ni un 20
% de las personas que han sido la cabeza visible de un ministerio.



En un entorno fuertemente masculino, la política representa un espacio
tradicionalmente ocupado por hombres. Las mujeres que consiguen acceder a
los espacios de poder continúan viéndose frenadas por el techo de
cristal. Continúan teniendo la necesidad de aceptar papeles secundarios,
de trabajar desde los márgenes para poder conseguir objetivos, de
soportar comentarios y menosprecios por parte de compañeros y medios de
comunicación cuando reclamamos igualdad en los espacios de poder.



Por todo lo anteriormente expuesto se realiza la siguiente



Proposición no de Ley



'El Congreso insta al Gobierno a que:



1. El Congreso se compromete a utilizar un lenguaje no discriminatorio en
el trabajo que envuelve la vida parlamentaria.



2. En el momento que se lleve a cabo una reforma abierta de la
Constitución, se incluya un cambio de denominación del artículo 66.1
sobre el 'Congreso de los Diputados' por 'Congreso', igual que ocurre en
la cámara alta'.



Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2016.-Marta
Sorlí Fresquet, Diputada.-Ignasi Candela Serna, Portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto.



161/000432



La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.



(161) Proposición no de Ley en Comisión.



Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.



Modificación del título de su Proposición no de Ley relativa a diversas
medidas en materia de igualdad de género.



Acuerdo:



Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por corregido el título de la
iniciativa de referencia, así como comunicarlo a la Comisión de Igualdad,
al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.



En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.



Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.



Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de
los Diputados', serie D, núm. 27, de 4 de octubre de 2016.




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A la Mesa del Congreso de los Diputados



Por medio del presente escrito el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea solicita de esa Comisión que modifique el
título de la Proposición no de Ley relativa a diversas medidas en materia
de igualdad de género, con número de registro 5053, por el siguiente
título:



'Proposición no de Ley relativa a diversas materias en materia de
violencia de género'.



Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2016.- Sofía
Castañón Fernández, Diputada.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.



161/000572



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley relativa a promover un Pacto Social,
Político e Institucional que recupere el espíritu de consenso de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral
contra la violencia de género vinculando a todos los partidos políticos,
poderes del Estado y sociedad civil en un compromiso firme en pro de una
política sostenida para la erradicación de la violencia de género, para
su debate en la Comisión de Igualdad.



Exposición de motivos



La violencia que se ejerce contra las mujeres es una de las principales
causas de vulneración de los derechos fundamentales y libertades
públicas. Constituye un atentado contra el derecho a la vida, a la
seguridad, a la libertad, a la dignidad y a la integridad física y
psíquica de la víctima y es por tanto un obstáculo para el desarrollo de
una sociedad democrática.



En la IV Conferencia Mundial de las Mujeres celebrada en Beijing (Pekín,
1995), fue considerada como 'una manifestación de las relaciones de poder
históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que ha conducido a la
dominación masculina, a la discriminación y a impedir el pleno desarrollo
de las mujeres'. Este tipo de violencia es un obstáculo para la igualdad
y el desarrollo democrático ya que impide que las mujeres disfruten de
sus derechos y libertades fundamentales. Puesto que está vinculada al
desequilibrio en las relaciones de poder entre los sexos en el ámbito
social, económico y político, todas las administraciones públicas, los y
las responsables de entidades y la sociedad en general deben de
participar en la lucha por erradicar este grave problema social.



España ha establecido un conjunto de leyes y normas consolidando un marco
jurídico para la prevención, protección y atención e intervención en
materia de violencia de género. Pero ese marco jurídico necesita estar
dotado de medios suficientes para cumplir su objetivo: prevención,
protección de las mujeres víctimas sus hijos e hijas, recuperación
integral de quienes la han sufrido y reparación y lucha contra la
impunidad.



Cada persona desde su ámbito puede implicarse activamente en la lucha
contra la violencia a través de la eliminación de estereotipos y barreras
que dificulten la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.



La finalidad del Pacto Social, Político e Institucional que proponemos
pasa por recuperar el espíritu de consenso alcanzado en torno a la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral
contra la violencia de género, para volver a vincular a todos los
partidos políticos y poderes del estado en un compromiso firme en pro de
una política sostenida y efectiva para la erradicación de la violencia de
género con la responsabilidad de todos los organismos, entidades y
personas implicadas en su aplicación.



Para conseguir un rechazo a la violencia de género y dar suficiente
protección a las víctimas, es esencial que en el marco de un gran acuerdo
social y político, el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas
concierten la incorporación de medidas de sensibilización y prevención y
se estipule la garantía de recursos




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adecuados para todas las mujeres a través de una red de protección que
precisa de la participación de los Ayuntamiento, Fiscalía, CGPJ, centros
escolares, centros de salud, asociaciones, sindicatos, organizaciones
empresariales, partidos políticos, medios de comunicación, ciudadanía,
etcétera.



El impulso para la sensibilización de la población, su implicación real y
el compromiso directo contra la violencia de género debe estar liderado
por el Gobierno que a través de un mensaje nítido y persistente debe
promover un acuerdo para que las políticas públicas contra el machismo
criminal no estén sujetas a los vaivenes de cambios de gobierno y
garantice una respuesta sostenida y firme de vital importancia para las
futuras generaciones.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover un Pacto
Social, Político e institucional para construir una sociedad segura y
libre de violencia contra las mujeres. Un Pacto que recupere el espíritu
de consenso de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de
protección integral contra la violencia de género vinculando a todos los
partidos políticos, poderes del Estado y sociedad civil en un compromiso
firme en pro de una política sostenida para la erradicación de la
violencia de género. Este pacto tendrá como base las siguientes medidas
urgentes:



1. Reponer y dotar suficientemente las partidas presupuestarias, que se
han venido recortando en los últimos años, especialmente los recursos
destinados a la prevención y la asistencia social de las víctimas de
violencia de género, dependientes tanto de las Comunidades Autónomas,
como de los ayuntamientos.



2. Creación de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género en
cada Comunidad Autónoma.



3. Crear un fondo de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red
de servicios públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir
desempeñando los servicios sociales municipales y centros de la Mujer
para el desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.



4. Puesta en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de
Género, del Acompañamiento Judicial Personalizado para hacer accesible la
información a las mujeres víctimas de violencia de género sobre el
itinerario y procedimiento más seguro, en su recorrido judicial desde el
momento en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso.



5. Establecimiento de protocolos de intervención específicos para la
atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia por
violencia de género.



6. Activar de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y
Prevención de la Violencia de Género.



7. Incorporar al currículo la formación específica en Igualdad, educación
afectivo-sexual y de prevención de la violencia de género en todas las
etapas educativas.



8. Poner en marcha un Plan integral para prevenir, proteger y reparar el
daño a menores víctimas de violencia de género.



9. Obligatoriedad de que tanto los magistrados al frente de órgano
jurisdiccional especializado, como abogados, forenses y equipos
psicosociales que intervengan en los juzgados especializados de violencia
de género tengan certificada, previamente a ocupar su puesto, formación
específica en la materia impartida por una institución acreditada.



10. Ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y
protectoras de la ley de 2004 para abarcar, con las adaptaciones
necesarias, todas las formas de violencia contra la mujer, tal como exige
la Recomendación General n.º 19 de la CEDAW y el Convenio del Consejo de
Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la
Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que España ha ratificado.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2016.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.




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161/000613



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre ratificación del
Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el
trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos, para su
debate en la Comisión de Igualdad.



Exposición de motivos



Durante la crisis económica, la reducción de los ingresos de los hogares
ha provocado una reducción en paralelo del trabajo remunerado de
cuidados, que, movido por el 'traslado de las desigualdades de clase y de
género' de que habla la doctrina especializada, casi siempre realizan las
mujeres y en no pocas ocasiones las mujeres inmigrantes. Así, desde el
comienzo de la crisis, y según datos de la Encuesta de Población Activa,
se han perdido 110.200 puestos de trabajo en el sector del empleo del
hogar familiar.



No obstante, las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social de
trabajadores/as empleados/as del hogar familiar parecen desmentir esa
evolución, ya que, en el mismo periodo, se ha producido un incremento de
afiliación de 238.716 trabajadores/as. La causa de esta aparente
contradicción es la doble intervención legislativa habida en 2011, donde,
de una parte, se obligaba a los/as empleadores/as a dar de alta en la
Seguridad Social a los/as empleados/as de hogar, cualquiera que fuera la
duración de su jornada de trabajo, y, de otra, se regulaba de manera más
garantista en lo concerniente a los derechos laborales la llamada
relación laboral especial de empleados/as en el hogar familiar.



Ambas medidas tenían una doble finalidad: formalizar el trabajo informal
existente desde siempre en este sector de actividad productiva (de hecho
es muy significativo que, mientras la Encuesta de Población Activa alude
a 637.000 ocupados/as en este sector, el número de afiliados/as a la
Seguridad Social sea de 427.801) y asimilar los derechos laborales y de
protección social de los/as trabajadores/as de este sector con el del
resto de trabajadores/as. Objetivos que habían de beneficiar claramente a
las mujeres y, entre ellas, a las mujeres inmigrantes, en la medida que
son las mujeres inmigrantes las que mayoritariamente realizan el trabajo
remunerado dentro del hogar familiar.



Y así fue. Desde enero de 2012, fecha de entrada en vigor de ambas
medidas, hasta el 1 de abril de 2013, fecha en que terminó la vigencia de
la primera, el número de empleados/as de hogar afiliados/as a la
Seguridad Social creció en más de 146.000, más del 98 por 100 de los/as
cuales eran mujeres y casi el 54 por 100 de los/as mismos/as extranjeras.
Lo que significaba haber sacado a la luz el empleo de todas esas mujeres,
sin importar su nacionalidad, para reconocer sus derechos laborales y
garantizarles la correspondiente protección social (igual que la del
resto de trabajadores/as a excepción de la protección por desempleo).



No obstante, en diciembre de 2012, el Gobierno del Partido Popular volvió
al régimen anterior a 2011.



A partir de entonces es nuevamente el/la empleado/a del hogar familiar
el/la que tiene que responsabilizarse del pago de la cotización a la
Seguridad Social cuando trabaja menos de 60 horas al mes por cada
empleador/a (es decir, la gran mayoría de los/as empleados/as de hogar).
Una vuelta atrás en los derechos de miles de mujeres que propende el
crecimiento en este sector del empleo informal.



Con todo, lo peor es la causa que motivó semejante retroceso en la
legislación española en materia de empleo en el hogar familiar. No se
trató de razones económicas, ya que es obvio que la medida no supuso
ahorro alguno en el gasto público. Fueron razones de falta de
consideración social hacia el trabajo remunerado que desarrollan las
mujeres en el seno del hogar familiar, especialmente si son inmigrantes,
las que están detrás de este paso atrás. Algo que vendrá a confirmar la
reiterada e injustificada negativa del Gobierno del PP a ratificar el
Convenio 189 de la OIT, sobre el trabajo decente para las trabajadoras y
trabajadores domésticos.



En efecto, a pesar de que el 8 de mayo de 2013 la Comisión de Empleo y
Seguridad Social consensuó y aprobó por unanimidad una enmienda
transaccional a una Proposición de Ley que instaba al Gobierno a 'que en
un plazo razonable evalúe la posibilidad de someter a ratificación el
Convenio número 189 y la Recomendación número 201 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y, en consecuencia, adapte la legislación
española en el sentido que regulan los citados textos', casi 3 años
después dicha ratificación aún no se ha producido.




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Es verdad que, en respuesta a preguntas escritas de la entonces Diputada
del Grupo Parlamentario Socialista, doña María Virtudes Monteserín
Rodríguez, el Gobierno del PP señaló la existencia de 'peculiaridades en
nuestro ordenamiento de empleados de hogar que obligan a reflexionar
sobre la inmediata ratificación del Convenio' y que esas peculiaridades
estaban referenciadas en los artículos 7, 13 y 14 del propio Convenio.
Pero desde que ambas respuestas se produjeron (mayo y julio de 2014) ha
pasado más de un año y medio sin que el Gobierno haya hecho movimiento
alguno en relación con la normativa vigente en materia de empleo en el
hogar familiar que pudiera, según su versión, ajustar dicha normativa al
Convenio 189 de la OIT de manera que pudiera ser ratificado.



Más aún, es más que dudoso que deba ser necesaria la plena y completa
adaptación de la normativa nacional a los requerimientos del Convenio 189
de la OIT como condición imprescindible para la ratificación de este
Convenio, tal y como esgrime el Gobierno del PP. Y ello porque tanto el
artículo 13 como el artículo 14 de dicho Convenio establecen que las
medidas recogidas en los mismos (y que son las opuestas como impedimento
para su ratificación por el Gobierno del PP) podrán aplicarse
progresivamente previa consulta con los organizaciones de trabajadores y
empresarios más representativas. De lo que se deduce que es perfectamente
posible la ratificación del Convenio 189 después el inicio de un proceso
de consultas con las organizaciones de trabajadores y empresarios más
representativas para la adaptación de la normativa nacional sobre empleo
en el hogar familiar a los requerimientos de dicho Convenio.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ratificar, sin más
dilación, el Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201
sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores
domésticos.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre 2016.-Ángeles Álvarez
Álvarez, Diputada.- Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.



161/000676



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa
para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
Proposición no de Ley sobre la rebaja del IVA en productos de higiene
íntima femenina, pañales para la infancia y para adultos y preservativos,
para su debate en la Comisión de Igualdad.



Exposición de motivos



Las mujeres representan el 52 % de la población española. Todas ellas
deben afrontar, durante una media de 35 años a lo largo de su vida, un
gasto adicional por el mero y único hecho de ser mujeres, en productos de
higiene íntima: tampones, compresas, salva slips y otros productos
similares con la misma finalidad. No es algo a lo que se puedan sustraer,
no es opcional, responde a la biología y a la necesidad ineludible de
menstruar entre doce y trece veces al año y durante varios días, en
ocasiones una semana, cada vez. Se trata, por lo tanto, de productos de
primera necesidad. Lo mismo ocurre con los pañales, sean estos para bebés
o sean para personas adultas que sufren incontinencia en mayor o menor
grado.



Si partimos de esta consideración -productos de primera necesidad- a todos
los mencionados y similares debería aplicárseles el IVA superreducido del
4 % . Pero no ocurre así. Los productos de higiene íntima femenina no
están considerados como productos de primera necesidad, no se clasifican
dentro del apartado impositivo de material sanitario ni como medicinas, y
se les aplica un IVA del 10 %. En el caso de los pañales, se inscriben
actualmente en la categoría de cosméticos y productos de higiene
personal, con un IVA del 21 %, como si de productos de lujo se tratara.



Con una rebaja del IVA de los artículos relacionados con la menstruación,
se facilitará el acceso menos costoso a ellos de la mitad de la
población, sin que ello suponga un grave detrimento de la recaudación,
estimada en solamente un 0,05 % del total recaudado con este impuesto
indirecto.




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En otro orden de cosas, los preservativos y otros anticonceptivos no
medicinales están sometidos a un tipo del 10 % del IVA. Algunos estados
europeos están aplicando también en este caso un IVA más reducido para
así facilitar el acceso a los preservativos de un mayor número de gente y
contribuir a la prevención tanto del VIH como de enfermedades de
transmisión sexual, a la vez que se evitan embarazos no deseados.



En todo caso, una directiva europea impide aplicar a todos estos productos
un IVA inferior al 5,5 %, de manera que sería imprescindible la
modificación de la normativa armonizada europea para que los estados que
así lo decidan puedan aplicar tipos superreducidos de IVA a los productos
de higiene íntima femenina y a los pañales, así como a los preservativos.



Se trata de artículos de primerísima necesidad y así lo han aceptado
diversos países europeos, que han actuado en consecuencia, bajando el
IVA. Francia decidió en diciembre de 2015 fijar el IVA de estos productos
en el 5,5 % y en Reino Unido el tipo impositivo es también inferior al
español.



En España, diversas asociaciones -entre ellas la Asociación de
Consumidores FACUA- han solicitado una reducción del IVA que consiga una
rebaja del precio de estos productos de higiene femenina. De la misma
manera, la Confederación de Asociaciones de Lesbianas, Gays, Bisexuales y
Transexuales ha urgido a la rebaja del IVA de los preservativos hasta el
4 %, de manera que actúe como plan de choque para el control de las
infecciones de SIDA en España. Según una reciente encuesta de la Sociedad
Española de Contracepción, realizada a mujeres de entre 9 y 49 años, el
28 % usa el preservativo como método anticonceptivo, el más utilizado de
todos en este país. Aun así, el 19 % no usó ningún método en su primera
relación sexual. Además de una cuestión de educación sexual, el precio
continúa siendo un obstáculo para que su uso se incremente.



Por todo ello, el grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente



Proposición no de Ley



'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Promover la modificación de la normativa armonizada europea para que se
puedan aplicar tipos superreducidos de IVA al 4 % a los tampones,
compresas, salvaslips, pañales infantiles y para adultos, así como otros
productos similares, considerando su carácter de bienes de primera
necesidad.



2. Promover la modificación de la normativa armonizada europea para que se
puedan aplicar tipos superreducidos de IVA a los preservativos, con el
fin de facilitar el acceso a estos productos y contribuir así en mayor
medida a la prevención del VIH y de enfermedades de transmisión señal,
así como de embarazos no deseados.



3. Promover -mientras no se proceda a la modificación de la directiva
europea que impide a los Estados miembros rebajar el IVA de los productos
citados en los apartados 1 y 2 hasta el tipo superreducido del 470- una
rebaja del 10 % actual al mínimo del 5,5 %, contemplado por la normativa
europea vigente.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2016.-Lídia Guinart
Moreno, Diputada.- Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.



161/000677



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193
del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no
de ley sobre participación de los clubes femeninos de futbol en los
ingresos procedentes de las Apuestas Deportivas del Estado, para su
debate en la Comisión de Igualdad.



Exposición de motivos



Han pasado muchos años desde que las futbolistas españolas se viesen
obligadas a renunciar a participar en el Mundial Femenino de 1971 de
México, debido a la prohibición de una Real Federación Española de Futbol
que no reconocería el fútbol femenino hasta 1983. Hoy, la selección
femenina está encuadrada en el grupo 2 para lograr la clasificación para
el Mundial de 2015 en Canadá. El recorrido ha




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sido largo y los objetivos logrados importantes a pesar de que los
obstáculos siguen siendo hoy visibles, reales y persistentes.



La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de
Mujeres y Hombres, fomenta la inclusión de estrategias de fomento del
deporte femenino y en su artículo 29 encomienda al Gobierno la promoción
del deporte femenino mediante programas específicos, instándole a
favorecer su acceso a la práctica deportiva, además de exigir la
inclusión de la igualdad en los programas públicos de desarrollo
deportivo.



Organismos como el COI o el CSD han incorporado en sus estrategias la
promoción del deporte femenino, e incluyen en sus objetivos, facilitar el
acceso a la práctica deportiva de las mujeres y el fomento de una
educación para la integración de la mujer en todas las actividades
deportivas.



Si bien se ha iniciado el camino, es evidente que, en España, el fútbol
femenino no tiene muchos apoyos económicos ni oficiales. La falta de
incentivos económicos por jugar a pesar de militar en Primera División,
la falta de patrocinios que lo hiciesen posible o la escasez de horas de
retransmisión de futbol femenino que pudiese incentivar los apoyos
publicitarios, se presentan como obstáculos que dificultan el crecimiento
de la afición y de los propios equipos.



Sin un apoyo decidido y activo por parte de la administración resultará
imposible cambiar los parámetros que permitan un mayor desarrollo de la
actividad deportiva de las mujeres como futbolistas profesionales.



Acabar con la discriminación, conseguir visibilidad y beneficios
económicos que permita profesionalizarse a las mujeres es lo que la
presente Proposición No de Ley reclama para que los clubes femeninos de
fútbol sean partícipes en los ingresos procedentes de las Apuestas
Deportivas del Estado, que se regulan en la Ley 13/2011, de 27 de mayo,
de regulación del juego, así como en el Real Decreto 419/13/2011, de 27
de mayo, de regulación del juego y el Real Decreto 419/1991, de 27 de
marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios
de las Apuestas Deportivas del Estado.



En base a la legislación anteriormente citada, resulta necesario prever
reglamentariamente los términos en los que los equipos femeninos puedan
ser entidades beneficiarias de la recaudación por el Impuesto sobre
actividades del juego en relación con las apuestas mutuas deportivas de
fútbol, los porcentajes de asignación financiera y su destino.



Al respecto se precisa una reforma normativa que permita incorporar como
entidades beneficiarias de las apuestas deportivas a los clubes femeninos
de futbol y donde se determine en qué circunstancias pueden incorporarse
los partidos femeninos a las quinielas y qué cantidades procedentes de la
recaudación de apuestas serán objeto de retorno al deporte femenino.



La profesionalización de las jugadoras de futbol ha de ser un objetivo del
Consejo Superior de Deportes que debe tomar conciencia de que la igualdad
en el deporte profesional femenino significa poder contar con
'profesionales reales', es decir, con mujeres dadas de alta en la
Seguridad Social que no necesiten compaginar el deporte a nivel
profesional con otros trabajos para vivir.



Esta reclamación que plantean las jugadoras y sus organizaciones
representativas en el sentido de aparecer en las quinielas, supone una
apuesta concreta de efectos múltiples como los siguientes:



- Dar visibilidad a las mujeres futbolistas y los clubes femeninos;



- Ayudar a incentivar los patrocinios;



- Acabar con la discriminación que supone que no exista posibilidad de
participar en la distribución de los recursos materiales, humanos y
económicos;



- Dar reconocimiento social e institucional al avance del deporte femenino
de alta competición en los últimos años;



- Sustanciar una medida que permita ofrecer beneficios económicos
suficientes para que las jugadoras puedan profesionalizarse.



Mediante la presente Proposición no de Ley se trata de hacer realidad un
compromiso activo en el impulso por la igualdad en el deporte a través de
la modificación del Real Decreto 419/1991, para que los clubes femeninos
de futbol, a través de la recaudación de las apuestas deportivas, sean
entidades beneficiarias de un porcentaje que permita la promoción del
deporte femenino profesional.



La posibilidad de una modificación en la asignación de la recaudación que
se obtiene a través de la regulación de las apuestas deportivas del
Estado queda justificada por las dificultades con las que se encuentra el
fútbol femenino cuasi profesional y tiene un precedente en el Real
Decreto 403/2013, de 7 junio, por el que se modifica parcialmente el Real
Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula




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162






la distribución de la recaudación y premios en las apuestas deportivas del
Estado y otros juegos gestionados por el Organismo Nacional de Loterías y
Apuestas del Estado.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Visibilizar el fútbol femenino en las apuestas deportivas.



2. Modificar el Real Decreto 403/2013, de 7 junio para que se destine y
consigne un porcentaje de distribución de la recaudación obtenida, al
desarrollo del fútbol profesional femenino.



3. Constituir una comisión específica para la gestión de las aportaciones
que con dicha finalidad se deriven de la recaudación obtenida, en cuya
composición además del CSD, participen representantes de los equipos de
máxima categoría de la superliga femenina, así como de las asociaciones
que promueven programas y servicios para fomentar futbol femenino y
aumentar el número de mujeres y niñas que lo practican.



4. Hasta la necesaria aprobación y aplicación de la normativa que regule
la asignación de la recaudación obtenida, comenzar a situar a los
partidos de la superliga femenina al menos en la semana que no haya
fútbol de máxima categoría nacional de la liga de fútbol profesional
masculina.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2016.-Ángeles
Álvarez Álvarez, Diputada.- Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.



Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo



161/000153



La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.



(161) Proposición no de Ley en Comisión.



Autor: Grupo Parlamentario Mixto.



Solicitud de que su Proposición no de Ley sobre la rebaja de la edad de
jubilación de los trabajadores y trabajadoras cuidadores de personas
dependientes en el sector sociosanitario sea tramitada en la Comisión de
Empleo y Seguridad Social.



Acuerdo:



Aceptar la declaración de voluntad y trasladar a la Comisión de Empleo y
Seguridad Social, comunicando este acuerdo a la Comisión de Seguimiento y
Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, al Gobierno y al Grupo
Parlamentario autor de la iniciativa y publicar en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales.



En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.



Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.



Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de
los Diputados', serie D, núm. 14, de 15 de septiembre de 2016.




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163






Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible



161/000588



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado
Joan Olóriz Serra, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre el transporte de personas en bicicleta, para su debate en
la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.



Exposición de motivos



El transporte por carretera es uno de los factores que contribuye de forma
principal al aumento del efecto invernadero y a la emisión de otras
sustancias causantes de contaminación atmosférica.



Las estrategias para frenar estos impactos deben situarse en diferentes
frentes: eficiencia de los vehículos, limitación de su uso, potenciación
del transporte público, incentivos fiscales, etc.



Uno de los aspectos que sin duda debe promocionarse activamente es la
circulación en bicicleta. Esto no sólo revertiría en una mejora
ambiental, sino que también se traduciría en una reducción de otros
problemas que ocasiona el uso del automóvil, como las enfermedades
derivadas de la contaminación y de la sedentarismo, la congestión y la
accidentabilidad, entre otros.



Si bien gran parte de las competencias para la promoción del uso de la
bicicleta corresponden a las comunidades autónomas y a los entes locales,
a la Administración General del Estado le corresponde facilitar el uso
dicho medio de transporte en aquello referente a la legislación de los
ámbitos en la que es competente.



Concretamente, uno de los elementos que la actual normativa estatal
prohíbe es el uso de remolques y enganches para el transporte de niños.
Justamente, esta Proposición no de Ley tiene por objeto instar al
Gobierno a enmendar la normativa que impide su uso.



El uso de remolques y enganches para el transporte de niños es sumamente
común en otros países donde el uso de la bicicleta está más extendido. Su
uso, si estos dispositivos están debidamente homologados, es seguro y
contribuye a extender el uso de la bicicleta y a familiarizar con este
vehículo a sus potenciales futuros usuarios.



Aun siendo ilegales, en el Estado español el uso de estos dispositivos es
creciente y no cabe duda que va a seguir extendiéndose, de forma parecida
a como ha sucedido en otros países.



La actual normativa que los prohíbe está desfasada y, por consiguiente,
debe revisarse para adaptarse a la realidad social que demanda el uso de
estos dispositivos y para ponerla al servicio de la promoción de la
bicicleta.



Por todo ello se presenta la siguiente



Proposición no de Ley



'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el plazo máximo de
seis meses, a:



Modificar en un plazo de seis meses la normativa necesaria, y
singularmente el artículo 12 del Reglamento General de Circulación, para
posibilitar que las bicicletas puedan utilizar remolques y enganches para
el transporte de personas. Todo ello sin perjuicio de las necesarias
condiciones de seguridad y homologación que deban establecerse.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2016.-Joan Olóriz
Serra, Diputado.-Joan Tardá i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana.



161/000656



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar




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164






la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesaria redefinición por el
Gobierno de sus medidas en materia de seguridad vial, para su debate en
la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.



Exposición de motivos



La siniestralidad en las carreteras españolas ha vuelto a aumentar durante
este verano. Según los datos hechos públicos por la Dirección General de
Tráfico, los accidentes de tráfico durante los meses de julio y agosto
han dejado un balance de 253 fallecidos en 230 accidentes mortales en
vías interurbanas, víctimas mortales más que el año pasado cuando,
durante el mismo periodo, fallecieron en nuestras carreteras 226
personas.



Lo más preocupante de esta cifra no es solo que sea la más elevada de un
verano desde 2012 sino la tendencia que supone, al implicar dos periodos
estivales consecutivos en los que aumenta el número de fallecidos en la
carreteras españolas, algo que en nuestro país no sucedía desde hace dos
décadas.



Según los datos que ofrece la Dirección General de Tráfico, a lo largo de
este año, hasta el 26 de septiembre, el número de fallecidos en las
carreteras españolas en accidentes mortales en vías interurbanas ascendió
a 878 personas, frente a las 836 personas fallecidas durante el mismo
periodo de tiempo el año pasado, es decir, un incremento del 5 % en el
número de fallecidos.



Es obvio que las estadísticas hay que mirarlas a medio y largo plazo y
así, 2015 se cerró con una cifra de fallecidos en nuestras carreteras de
1.131 personas, representando un mínimo histórico desde 1960, pero lo
preocupante es que por tercer año consecutivo el descenso es más
simbólico que real y la gráfica comienza a ser prácticamente plana. Es
una evidencia que el descenso en la siniestralidad se ha detenido, lo que
podría cuestionar la política de tráfico, un éxito reconocido a partir de
2004.



Y no cabe achacar este cambio de tendencia, este descenso en la detención
de la siniestralidad en la circulación, al simple incremento de los
desplazamientos, al envejecimiento del parque automovilístico o al
aumento del flujo turístico, porque tampoco hay que olvidar, la drástica
reducción de las inversiones en la conservación y mejora de las
carreteras, tanto nacionales como autonómicas y provinciales. A modo de
ejemplo es muy significativo que solo entre 2013 y 2014 los Presupuestos
Generales del Estado muestran como la inversión en el mantenimiento y
conservación de las carreteras descendió en más de 115 millones de euros,
un 11 %.



La falta de mantenimiento de las vías supone un sobrecoste anual para los
conductores españoles, que se ha estimado en cerca de 2.000 millones de
euros.



Bien es cierto que el exceso de velocidad, las distracciones, el alcohol y
las drogas son los elementos fundamentales de la siniestralidad.



Pero junto a estas realidades, este cambio de tendencia, también puede
responder, al menos desde mediados de 2013, a una pérdida paulatina de
efectividad en las políticas de control del tráfico por carretera, así
como al menor impacto de las sanciones.



La política de tráfico de los últimos años se ha centrado excesivamente en
aumentar la presión sobre el conductor, haciéndosele saber que en caso de
incumplimiento de las normas de tráfico la sanción era segura, drástica e
insoslayable. La presión para que el conductor respete las normas de
velocidad y adelantamiento en carretera debe mantenerse, por supuesto,
pero la actividad de la Dirección General de Tráfico no puede centrarse,
exclusivamente, en la elaboración de campañas de publicidad y de miedo
respecto a sancionar, como ha ocurrido a lo largo de la pasada
legislatura, sino que es preciso avanzar hacia verdaderas innovaciones en
el campo de la educación vial y de la prevención real.



Unas carencias que evidencian como este Gobierno pudiera haber desterrado
de su agenda política el problema de la mortalidad en nuestras carreteras
como problema de Estado, como política de Estado, bajando la guardia y
abandonado la seguridad vial a su suerte.



Es preciso atender los problemas específicos de los 'colectivos de
riesgo': motoristas (219 muertos en 2015, un 22,4 % más), furgonetas y
profesionales itinere cuyas ocupaciones implican muchos kilómetros de
coche; es preciso reformar la red a fondo, tanto en su trazado como en
calidad de su firme, dedicando una atención muy especial a una muy
abandonada red secundaria; es preciso adoptar medidas que incentiven
mejor la renovación de nuestro parque automovilístico; es preciso dar el
impulso necesario al carnet por puntos y actuar sobre los sistemas de
calificación del conductor pero, sobre todo, hay que volver a traer a la
primera línea del debate político y social la 'inaceptable lacra' que
siguen suponiendo los siniestros de circulación, y la necesidad imperiosa
de acometer con ambición su reducción como tarea de todos.



Ello exige no bajar la guardia en la promoción de la educación, la
formación y la sensibilización de la sociedad en este ámbito. Exige
también, con la debida coordinación con las restantes administraciones




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165






implicadas y el respeto a las competencias de las mismas en esta materia,
la asunción por el Gobierno en su conjunto de la responsabilidad de
desarrollar una política transversal que implique coordinadamente a los
distintos departamentos afectados. Política, en cuya consecución, es
preciso volver a implicar y a buscar, siguiendo los mejores ejemplos
desarrollados desde 2004 que tan buenos resultados han dado, la
colaboración de todos los sectores afectados: clubes de automovilistas,
asociaciones de víctimas, asociaciones de motoristas, fabricantes de
vehículos, autoescuelas, compañías de seguros y empresas responsables del
mantenimiento de la carretera.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de manera urgente,
abordando el problema de la mortalidad en nuestras carreteras como
problema de Estado, en colaboración de todos los colectivos sociales
afectados, y con la debida coordinación con las restantes
administraciones implicadas y el respeto a las competencias de las mismas
en esta materia, proceda a la necesaria redefinición de su política en
materia de seguridad vial, como política transversal que implique
coordinadamente a los distintos departamentos ministeriales afectados,
adoptando las medidas precisas al respecto desde la potenciación de la
educación, la formación y la sensibilización de la sociedad en este
ámbito.



Así, entre otras medidas, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno
a:



1. Incrementar las partidas presupuestarias destinadas al mantenimiento y
la mejora de las infraestructuras viarias.



2. Impulsar medidas que incentiven la renovación y, en su caso, el
mantenimiento del parque automovilístico español.



3. Impulsar medidas para incentivar el uso de los dispositivos seguridad
vial, como es el caso de los cascos de protección y los sistemas de
retención infantil.



4. Garantizar la vigencia y constante actualización de los sistemas de
calificación del conductor a fin de asegurar satisfactoriamente su debida
capacidad.



5. Crear un sello de calidad para las autoescuelas que potencien de manera
concreta la formación en seguridad vial evitando con ello que las mismas
caigan en la rutina.



6. Plantear abiertamente la necesidad de que el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte impulse, con la participación de docentes
específicamente formados, la educación en seguridad vial de los alumnos
de los curso de primero y segundo de bachillerato. En este sentido, se
insta al Gobierno a constituir un Grupo de Trabajo, integrado por:
miembros del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, la Dirección
General de Tráfico, representantes de las administraciones educativas de
las Comunidades Autónomas y otros agentes implicados en la Educación Vial
y cuya colaboración se estime oportuna, en aras de avanzar hacia el
desarrollo e implementación de una certificación escolar de adquisición
de niveles de competencia vial en nuestro país.



7. Fomentar una política real de seguridad y concienciación vial, mediante
el desarrollo de campañas específicas de potenciación de la educación, la
formación y la sensibilización de la sociedad en este ámbito.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2016.-Pablo
Bellido Acevedo, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.



Comisión para las Políticas Integrales de Discapacidad



161/000592



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley proponiendo
medidas para la definitiva puesta en marcha y aplicación del Tratado de
Marrakech en el Estado Español, para su debate en la Comisión de
Políticas Integrales de Discapacidad.




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166






Exposición de motivos



El Tratado de Marrakech, o Tratado para facilitar el acceso a las obras
publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras
dificultades para acceder al texto impreso, es un tratado multilateral
firmado en junio de 2013 en Marrakech, Marruecos, y que entró en vigor el
pasado 30 de septiembre de 2016.



Es un tratado impulsado por la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), que aborda las excepciones al derecho de autor para
facilitar la creación de libros y otras obras protegidas que sean
accesibles para personas con discapacidad visual. En él se establecen una
serie de normas para que los países que lo ratifiquen articulen
excepciones de este tipo en sus legislaciones locales, tanto para la
creación como la importación y exportación de dichos materiales.



Para que el Tratado entrara en vigor era necesario que veinte países lo
ratificaran. Y tres años después, el pasado 30 de junio, Canadá se
convirtió en el vigésimo Estado en sumarse al acuerdo uniéndose a India.
El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Malí, Uruguay, Paraguay, Singapur,
Argentina, México Mongolia, República de Corea, Australia, Brasil, Perú,
República Popular Democrática de Corea, Israel, Chile, Ecuador y
Guatemala.



En España, el pasado 29 de mayo, el Consejo de Ministros acordó la
ratificación por España del tratado, previamente aprobado por las Cortes.
Sin embargo, todavía queda pendiente el reto de implementar su
materialización real y puesta en marcha.



Como nos recuerda la ONCE, en su página web, millones de personas ciegas,
con baja visión y otras dificultades para acceder al texto impreso,
siguen sin poder ejercer su derecho a la información, a la educación y a
la cultura. Más del 90 % del material publicado son inaccesibles para las
personas que no pueden acceder a la letra impresa.



Nos recuerda también la ONCE que el proceso afronta en estos momentos dos
grandes desafíos: primero, poner en marcha los mecanismos que garanticen
la materialización del Tratado; y segundo, seguir trabajando para que
aquellos Estados que han ratificado ya la Convención de la ONU sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, se incorporen a este Tratado.



En virtud de todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta
la siguiente



Proposición no de Ley



'El Grupo Parlamentario Ciudadanos insta al Gobierno:



1. A cumplir con el último trámite formal pendiente, el depósito oficial
del Tratado ratificado ante la OMPI, para que este entre en vigor en
España.



2. A poner en marcha los mecanismos que garanticen la materialización del
tratado, y que dependan del Gobierno, así como impulsar, facilitar o
auxiliar en los que dependan de las propias organizaciones de personas
con discapacidad, bibliotecas, editoriales y autores.



3. A promover que los Estados que han ratificado ya la Convención de la
ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se incorporen a
este Tratado, en pro de un mayor catálogo de publicaciones accesibles.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2016.-Marcial Gómez
Balsera, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.



Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia



161/000614



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada de Compromís,
doña Marta Sorlí Fresquet, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley, sobre empobrecimiento infantil, para su debate en
la Comisión de Derechos de la Infancia Adolescencia.




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167






Exposición de motivos



El artículo 39 de la Constitución Española establece que 'los poderes
públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la
familia' y que 'los niños gozarán de la protección prevista en los
acuerdos internacionales que velan por sus derechos'.



La Convención sobre los Derechos del Niño, el documento fundamental para
el reconocimiento de la plena ciudadanía de los y las menores, establece
en su artículo 4 que 'es obligación del estado adoptar las medidas
necesarias para dar efectividad a todos los derechos reconocidos en la
CDN'.



Pese a estos dos compromisos adquiridos, el índice de exclusión social en
nuestro estado se sitúa en el 34,4 %, cifra que todavía se vuelve más
alarmante en familias migrantes donde se alcanza el 60,3 %, según el
informe Estado Mundial de la Infancia elaborado por UNICEF.



La caída en la capacidad económica de las familias propiciada por la
crisis económica ha repercutido peligrosamente sobre los derechos
fundamentales de la infancia y ha conseguido someter la cohesión social a
la macroeconomía.



El estado español no puede ocultar su responsabilidad en este ámbito, ya
que está muy por debajo de la media de la Unión Europea en inversiones
públicas en políticas de protección social de las familias y la infancia.
Es necesario aumentar las inversiones pasando del 1,4 % del PIB al 2,2 %.



Esta misma semana, además, se ha conocido el último estudio de la Cruz
Roja sobre la vulnerabilidad de la infancia en el que se concluye que un
10 % de los niños atendidos por la organización no realiza alguna de las
tres comidas diarias y un 47 % de los encuestados afirma pasar frío en
casa.



Este demoledor estudio también revela que un 29 % de los encuestados no
puede ir al comedor de su colegio por la falta de recursos de su
familias, por lo que se hace imprescindible que las instituciones actúen
coordinadamente como garantes de la cohesión social.



Por todo lo anteriormente expuesto realizamos la siguiente



Proposición no de Ley



'El Congreso insta al Gobierno a:



- Aumentar la inversión pública en políticas de protección social de las
familias y la infancia mediante programas gestionados por las Comunidades
Autónomas hasta llegar a la media de la UE, pasando del 1,4 % del PIB al
2,2 %.



- Dar prioridad presupuestaria en la asignación de recursos a las
Comunidades Autónomas para afrontar el empobrecimiento infantil y
especialmente la malnutrición infantil, a través de la extensión de
plazas y becas de comedores escolares no restringidos al calendario
escolar.



- Crear un fondo de compensación interterritorial para eliminar las
desigualdades existentes en el ejercicio del derecho a la educación.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre del 2016.-Marta Sorlí
Fresquet, Diputada.-Enric Bataller i Ruiz, Portavoz Adjunto del Grupo
Parlamentario Mixto.



161/000650



A la Mesa del Congreso de los Diputados



Don Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre la prevención y detección del acoso
escolar, así como de atención a las víctimas, para su debate en la
Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia.



Exposición de motivos



El Grupo Parlamentario Ciudadanos considera que la finalidad básica de la
educación debe ser el formar buenas personas, buenos ciudadanos y buenos
profesionales.



Alcanzar tales fines solo es posible si en las aulas existe un adecuado
clima escolar. El acoso escolar es una forma de violencia que constituye
una grave amenaza para el logro de objetivos esenciales tales




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168






como el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los
alumnos, en suma, impide el logro de cualquiera de los fines de nuestro
sistema educativo, asentado en el respeto a los derechos y libertades
reconocidos en la Constitución.



La Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, establece en su artículo 1 los principios en los que se
inspira el sistema educativo español. En concreto, en su apartado k),
establece como principio 'la educación para la prevención de conflictos y
la resolución pacífica de los mismos así como para la no violencia en
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social y en especial en
el del acoso escolar'.



Asimismo en el artículo 124 se establece que cada centro elaborare un plan
de convivencia que incorpore a la programación general anual y que recoja
todas las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen
clima de convivencia dentro del centro escolar. En el mismo también se
insta a las administraciones educativas a facilitar que los centros en el
marco de su autonomía puedan elaborar sus propias normas de organización
y funcionamiento.



La disposición adicional vigesimoprimera establece que las
administraciones educativas asegurarán la escolarización inmediata de las
alumnas y alumnos que se vean afectados por cambios de centro derivados
de actos de violencia de género o acoso escolar y facilitarán que los
centros educativos presten especial atención a dichos alumnos.



De la lectura de la propia normativa básica en materia educativa se deduce
que las Administraciones educativas deben implicarse en el apoyo de una
serie de medidas que fomenten el buen clima en los centros docentes.



Se necesitan, por un lado recursos económicos y humanos y por otro lado,
medidas organizativas que permitan prevenir el acoso escolar,
identificarlo cuando se produzca y combatirlo.



El pasado mes de enero, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
anunció la puesta en marcha, de manera coordinada con las Comunidades
Autónomas, de un protocolo de actuación para poder prevenir los casos de
acoso escolar en las aulas y actuar de manera inmediata en el caso de que
se produjeran junto con una guía de padres, así como la activación del
Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, el Registro Estatal de la
Convivencia y la celebración anual del Congreso Estatal de Convivencia
Escolar.



Sin embargo, y pese a que los casos siguen en aumento, a fecha de hoy se
desconoce el estado de desarrollo de este Plan Estratégico de Convivencia
Escolar, así como qué administraciones y organizaciones están
participando en la elaboración de medidas concretas.



Valorando los pasos que se han dado para concienciar a la sociedad sobre
la gravedad, el Grupo Parlamentario Ciudadanos considera que deben con
urgencia adoptarse medidas más eficientes y concretas que las tomadas
hasta el momento.



Proposición no de Ley



'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar y a ejecutar con
urgencia un Plan Estratégico de Convivencia Escolar en coordinación con
los Ejecutivos autonómicos, las Administraciones locales y los centros
escolares antes de la finalización del curso escolar 2016/2017 y con
carácter prioritario que contenga las siguientes medidas encaminadas a la
prevención, detección del acoso escolar, así como de atención a las
víctimas, a saber:



a) Presentar un Proyecto de Ley Orgánica que proteja el derecho de los
niños y niñas a su integridad física y moral.



b) Poner en marcha el teléfono de atención a las víctimas del acoso
escolar.



c) Elaborar la guía de padres en materia de prevención, detección y
actuación en casos de acoso escolar.



d) Elaborar el manual de apoyo a las víctimas de violencia escolar a nivel
estatal.



e) Activar urgentemente el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar.



f) A elaborar el Registro Estatal de la Convivencia Escolar y darle
suficiente publicidad.



g) Poner en marcha el Programa de Cooperación Territorial que permita la
recogida de datos, los resultados y la información sobre su incidencia e
impacto en la mejora de la convivencia de manera conjunta por las
administraciones competentes.



h) A celebrar el Congreso Estatal de la Convivencia Escolar en los
próximos seis meses.



i) Reconocer a los centros educativos que demuestren haber mejorado su
convivencia mediante la implementación de planes y proyectos de
participación e inclusión educativa, que prevenga situaciones




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de violencia, que contemple medidas seguras de apoyo a las víctimas y que
reduzcan la discriminación hacia los colectivos en situación de
vulnerabilidad.



j) Implementar un curso de formación, de asistencia obligatoria para todos
los docentes, en el propio centro escolar, impartido por profesionales y
expertos en prevención y detección del acoso escolar. El curso deberá
tener contenidos teórico-prácticos que permitan al docente identificar y
saber actuar en tales situaciones.



k) Constituir una comisión de trabajo contra el acoso escolar en cada
centro escolar compuesta por el director, jefe de estudios y
representantes del profesorado, padres, ayuntamiento, personal de
administración y servicios y alumnos preferentemente de entre los que
integran el Consejo Escolar del centro así como de las Unidades de
Emergencias.



I) Establecer un protocolo de actuación para la prevención, la
identificación y la intervención contra el acoso escolar que será
impulsado y supervisado por la comisión de trabajo en el centro
educativo.



m) Simplificar los trámites burocráticos con el fin de agilizar los
procesos de intervención y de sanción en los casos de acoso escolar.



n) Suministrar a las víctimas de acoso escolar la atención psicológica
necesaria orientada a evitar los efectos no siempre visibles en un primer
estadio, del trauma vivido: depresión, trastornos de ansiedad, fobia
social, entre otros.



o) Organizar en los centros escolares de España una jornada dedicada a la
concienciación sobre el acoso escolar en la que participarán todos los
miembros de la comunidad educativa, con el objeto de que se reconozca la
gravedad del problema y se programen actividades orientadas a mejorar el
clima escolar.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2016.-María
Virginia Millán Salmerón, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del
Grupo Parlamentario Ciudadanos.




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