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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 208, de 14/09/2017
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 208, de 14/09/2017
En dicha resolución se puede comprobar como la solución adoptada por el
Gobierno para el trazado de la autovía A-57 en el Ayuntamiento de Barro
(Pontevedra) es la denominada 'Alternativa CO-3 con mejoras', que
presenta dos cambios respecto a la Alternativa CO-3 original.
Sin embargo, el municipio de Barro, por unanimidad de todas las fuerzas
políticas en votación plenaria, siempre ha considerado la 'Alternativa
C5' como la que mejor se adapta a la realidad del territorio y así
se lo ha hecho saber al Gobierno en numerosas ocasiones, realizando las
correspondientes alegaciones y contando además con el pleno apoyo de la
Diputación Provincial de Pontevedra. Incluso la Xunta de Galicia se ha
manifestado en varias ocasiones a favor de la 'Alternativa C5'.
Múltiples y poderosas son las razones que se han manifestado por parte del
Ayuntamiento de Barro para señalar la mayor idoneidad de la Alternativa
C-5 respecto del resto de alternativas, por lo que no se entiende que se
haya descartado la misma en beneficio de la CO-3 que causa un
considerable impacto negativo en el municipio, como bien se desprende de
las alegaciones presentadas desde el municipio.
Y mucho menos se puede entender que, en un asunto de esta magnitud e
importancia, no se haya dialogado y se despache con la publicación en el
BOE de la Declaración de Impacto Ambiental, decantándose por la
Alternativa CO-3 y sin dar ningún tipo de explicación ni razones a la
ciudadanía, que observan como sus razonadas alegaciones quedan sin
contestación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta
la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Suspender la decisión de declarar la Alternativa CO-3 como la solución
final escogida para el trazado de la autovía A-57 a su paso por el
municipio de Barro (Pontevedra).
2. Abrir una Mesa de Diálogo con el ayuntamiento de Barro que permita
escoger la alternativa que mejor responda a la configuración del
territorio y de las distintas parroquias de dicho municipio, así como al
conjunto del sistema viario de las zonas afectadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2017.-Guillermo
Antonio Meijón Couselo, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
161/002228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley para solicitar la reordenación del
tráfico en la N-631 a la altura de Tábara (Zamora), para su debate en
Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Recientemente por parte del Ministerio de Fomento se ha llevado a cabo la
reordenación del tráfico en la Nacional 631, en el tramo urbano de Tábara
(Zamora).
La Nacional 631 tiene su mayor tramo urbano en la travesía de Tábara,
donde con más de un kilómetro, desde el 'Cruce de Faramontanos' hasta
pasar la zona conocida como de 'San Lorenzo', no existe ningún punto
habilitado al cruce de peatones, algo inexplicable, teniendo en cuenta
que la carretera divide el casco urbano en dos. Ello supone que las
personas tienen que cruzar sin ninguna protección la calzada para acceder
a la plaza más céntrica del pueblo, la Plaza de la iglesia de Santa
María, punto de encuentro de los vecinos, y donde se ubica el antiguo
Scriptorium que contiene los códices de los Beatos de Tábara, muy
visitado por turistas.
Pese a la necesidad de proteger a los peatones que quieren acceder al
centro del pueblo el Ministerio de Fomento, en esta reordenación del
tráfico en la Carretera Nacional 631 a su paso por Tábara, se limita a la
señalización de dos isletas para regular la entrada y salida del tráfico,
una a la derecha (iglesia) y otra a la izquierda (hacia la Plaza Mayor).
De esta manera en cada caso queda fijado un punto de entrada y otro de
salida con el correspondiente Stop, y con todo ello se dificulta el
acceso a la zona más histórica y turística del pueblo, sin que, además se
dé solución a la seguridad de los peatones que para llegar hasta esta
zona deben atravesar la nacional 631 sin ningún tipo, insistimos, de
protección.
Se hace por tanto necesaria la elaboración por parte del Ministerio de
Fomento de un estudio de cara a la reordenación del tráfico de esta
nacional a su paso por Tábara, donde realmente se dé respuesta a las
necesidades de la villa, dado que la nueva ordenación del tráfico ideada
de manera unilateral por el Ministerio de Fomento en esta zona dificulta
el acceso a la zona más turística del pueblo.
Además sigue estando en peligro la seguridad de los peatones, no solo por
el riesgo que corren al atravesar la carretera nacional, sino porque a lo
largo de los 2 km y medio de travesía de esta carretera por el pueblo no
existen andenes que faciliten la circulación de los peatones,
considerándose esto imprescindible para la seguridad de los mismos,
quienes no tienen más remedio que caminar pegados a la carretera por la
cercanía de la misma con el pueblo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que proceda a, realizar
un estudio que permita una reordenación del tráfico de la zona acorde con
las necesidades del municipio, y en garantía de la seguridad de los
peatones de manera urgente se proceda la instalación de dos pasos de
peatones con semáforo para cruzar la travesía desde la nacional 631 hacia
el casco urbano de Tábara, procediéndose así mismo a construir un arcén
que facilite el paseo seguro de peatones por los 2,5 kms de carretera
nacional que pasan con el pueblo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de agosto de 2017.-María del Mar
Rominguera Salazar, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
161/002229
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley relativa a la declaración de Bien de
Interés Cultural a favor del Faro de Cabo de Palos y su puesta en valor,
para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Faro de Cabo de Palos, cuya fecha de encendido fue en enero de 1865, y
con interés patrimonial, está situado en el municipio español de
Cartagena, en la Región de Murcia, sobre un promontorio rocoso, últimas
estribaciones de la sierra litoral de Cartagena, que en este punto se
hunde bajo el mar para volver a surgir en las islas Hormigas.
Según recoge la publicación 'Catálogo de Faros con Valor Patrimonial de
España', del Instituto del Patrimonio Cultural de España del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte:
'El Faro es uno de los de mayor porte y carácter monumental de las costas
españolas. Se erige sobre anteriores torres de señalización de las que se
usó parte del material. El proyecto del Plan de 1847 consta de un
edificio principal (viviendas y almacén), en dos alturas y planta
cuadrada de 19,25 m de lado, previsto para el servicio de tres torreros,
y un alzado de torre de 50,34 m sobre la cota del solar. La lámpara se
alza 80,34 m sobre el nivel medio de la mar. Posee un valor destacado por
su interés histórico (Plan de 1847), arquitectónico (tipología
compositiva representativa), por su tecnología inicial y por su
viabilidad futura. Puede ser visitable con facilidad e integrarse en una
red temática sobre los Faros de España.'
Asimismo, en dicha publicación, se recoge que su valor patrimonial, tanto
intrínseco (valor testimonial, singularidad/representatividad,
autenticidad e integridad), como histórico, social, artístico,
tecnológico, arquitectónico y territorial, así como su estado de
conservación y su rentabilidad social son excelentes. Sin embargo, su
situación jurídica es catalogada como 'deficiente'. En este sentido, pese
a que se acordó incoar expediente para la declaración del faro como Bien
de interés Cultural (BIC), con categoría de monumento, el 1 de julio de
2002, conforme se publicó en el BOE de 2 de agosto de dicho año, se tiene
constancia de que, 15 años después, dicho expediente no ha llegado a
resolverse.
Por otra parte, el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena aprobó el pasado
mes de abril una moción en la que manifestaba el 'rechazo a la propuesta
que pretende convertir el uso actual del Faro de Cabo de Palos (...) en
un hotel de lujo con carácter privado'. Además, la propia Autoridad
Portuaria de Cartagena rechazó hace unos días la solicitud de una empresa
privada para explotar con fines hoteleros, y en régimen de concesión, la
parte del edificio no empleada como centro de control de señales
marítimas y como viviendas de los fareros.
En 2013 el Consejo de Ministros autorizó a Puertos del Estado a sacar a
subasta faros en desuso para su reconversión en alojamientos, no obstante
ese no es el caso del Faro de Cabo de Palos, en uso y habitado por 4
familias de fareros en activo.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos positivo, con el
interés público como objetivo, que se busquen formas de abrir el Faro al
disfrute del mayor número de ciudadanos y visitantes, permitiendo más
usos, pero siempre de forma transparente y dialogada, que apueste por una
solución sostenible económica, social y ambientalmente. Igualmente,
consideramos primordial compatibilizar cualquier nuevo uso con los
derechos de los trabajadores que actualmente residen en el Faro.
Por todo ello, consideramos que el Faro debería ser declarado Bien de
Interés Cultural y permanecer dentro del patrimonio público protegido por
las mayores garantías para su mejor conservación y uso.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta
la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Insta al Gobierno a completar los trámites necesarios para declarar el
Faro de Cabo de Palos y su entorno natural Bien de Interés Cultural
(BIC), con categoría de monumento, garantizando con ello de forma
permanente las medidas de protección provisionales y cualesquiera otras
que resulten de aplicación.
2. Rechaza explícitamente destinar el Faro de Cabo de Palos a la creación
de un hotel con carácter privado.
3. Insta al Gobierno a impulsar la puesta en valor del Faro de Cabo de
Palos, en base a usos turísticos o científicos, tales como la creación de
un centro de interpretación turística del edificio y de la historia de
Cabo de Palos o un Centro Nacional de Interpretación de las Reservas
Marinas de España.
4. Insta al Gobierno a adoptar todas estas medidas de manera que se
garanticen los derechos de los trabajadores del Faro de Cabo de Palos de
forma transparente y dialogada y en particular se respete la permanencia
de los trabajadores del Faro de Cabo de Palos en las mismas condiciones
en las que trabajan actualmente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2017.-José Luis
Martínez González, Diputado.-José Manuel Villegas Pérez, Portavoz del
Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la exigencia al
Gobierno para el desdoblamiento de la A-31 Madrid-Alicante entre La Roda
y Chinchilla de Montearagón (Albacete), para su debate en la Comisión de
Fomento.
Exposición de motivos
La autovía A-31 Madrid-Alicante es una de las vías de comunicación que más
tráfico sufren al ser una de las vías principales de comunicación entre
el centro peninsular y la costa mediterránea. Esta infraestructura, que
tiene más de 25 años, es insuficiente hoy en día para albergar a la
cantidad de vehículos que pasan diariamente, y mucho menos en fechas
específicas coincidiendo con operaciones especiales de tráfico en periodo
vacacionales como ha quedado demostrado en los últimos festivos. Es
especialmente sensible el tramo de la autovía que transcurre en la
provincia de Albacete, entre los municipios de La Roda
y Chinchilla de Montearagón. Consciente de esta problemática, que no solo
ocasiona retrasos y graves atascos en la provincia de Albacete, sino que
pone en serio peligro a miles de personas.
Como ejemplo reciente de dicha problemática, el pasado 16 de abril de
2017, coincidiendo con la operación retorno de Semana Santa, el tramo
referido sufrió unas retenciones de más de 30 km.
Este escenario de retenciones y atascos es un escenario común, como se
reconoce en la propia Delegación Provincial de Tráfico de la provincia de
Albacete; según los propios datos oficiales, los días vacacionales, esta
vía tiene una ocupación que supera los 50.000 vehículos diarios, doblando
así su tráfico habitual.
El desdoblamiento de la A-31 entre las localidades de La Roda y Chinchilla
reduciría considerablemente las retenciones en dicho tramo de la
provincia de Albacete, agilizando no solo la circulación sino también
mejorando significativamente la seguridad vial. Se estima que el tercer
carril de la A-31 mejoraría la calidad de vida de más de 210.000 personas
y daría cobertura a 11 áreas industriales que se verían beneficiadas.
El Gobierno del PP anunció en 2015 que estaba ya estudiando el
desdoblamiento de la A-31 en los aproximadamente 71 km que hay entre
ambas localidades. Sin embargo, casi 3 años después, el Ministerio de
Fomento y el Gobierno del PP dan de lado una vez más a Albacete y en la
provincia, vemos atónitos cómo dicho proyecto desaparece en los
presupuestos de 2017.
Sobre este desdoblamiento, desde el Grupo Parlamentario Socialista
registró una pregunta al respecto el pasado 19 de abril de 2017. Pregunta
que tiene respuesta por parte del Gobierno el 6 de junio de 2017 y donde,
literalmente se dice que: 'En relación con la información solicitada se
indica que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, está
redactando un estudio informativo para resolver los problemas de
capacidad en el corredor de la A-31 entre La Roda y Chinchilla, Albacete,
mediante la construcción de un tercer carril. Actualmente, se está
trabajando con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente en su tramitación ambiental, para obtener Declaración de Impacto
Ambiental'. Una respuesta a todas luces insuficiente porque supuestamente
es lo que se estaba haciendo en 2015.
Por todo lo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Agilizar los trámites para el desdoblamiento de la A-31 entre los
municipios de La Roda y Chinchilla de Montearagón.
2. La inclusión de esta mejora en la infraestructura en los Presupuestos
Generales del Estado de 2018 con carácter de urgencia:
3. El comienzo de las obras para el desdoblamiento de este tramo a la
mayor brevedad posible, una vez superados todos los informes técnicos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de agosto de 2017.-Manuel Gabriel
González Ramos, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/002234
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios firmantes se dirigen a esta Mesa, para al amparo
de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de
Ley relativa a la creación de un Centro Nacional de Interpretación de las
Reservas Marinas en el Faro de Cabo de Palos, para su debate y aprobación
en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El pasado 28 de junio el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición
no de Ley, presentada por el Grupo Popular, para la privatización y
explotación turística del Faro de Cabos de Palos (Cartagena).
La aprobación de esta Proposición, que no había sido consultada
previamente con asociaciones de vecinos ni representantes públicos del
Ayuntamiento de Cartagena, ha provocado malestar e incertidumbre
entre los residentes de Cabo de Palos. Un malestar que se ha acrecentado a
raíz de la publicación de informaciones sobre la constitución de una
empresa, Faros del Levante, S.L., registrada en fechas similares a la
presentación de esta iniciativa, y relacionadas con ex Diputados del PP.
Recientemente, además, se ha constituido la plataforma Salvemos el Faro de
Cabo de Palos para evitar la privatización de esta torre de señalización
y salvaguardar el patrimonio histórico-cultural de esta población.
No es una petición sin fundamento. El Faro de Cabo de Palos es, desde hace
mucho tiempo, un emblema de Cartagena y de la Región de Murcia.
Construido en 1865 -sobre una torre vigía de la época de Felipe II- el
Faro de Cabo de Palos es un bien integrante del Patrimonio Histórico
Español, como se recoge en la Resolución de 1 de julio de 2002 de la
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales -BOE 184- de
iniciación del expediente para su declaración de BIC, con categoría de
monumento. Y, según dicha adscripción, tal monumento debe permanecer no
solo como bien público sino también para uso y disfrute de todos y todas.
El Faro de Cabo de Palos se sitúa, además, en el último macizo montañoso
de la sierra costera de Cartagena que inicia el promontorio en el que, a
continuación, se ubica la Reserva Marina de Cabo de Palos e Islas
Hormigas. La gran diversidad biológica y el buen estado y riqueza de los
fondos marinos de dicha Reserva Marina, con grandes praderas de
posidonia, de corales o gorgonias, la hacen de gran atractivo para el
deporte submarino como el buceo (de hecho ha sido considerada, desde la
Fundación Cousteau, como el mejor lugar del Mediterráneo para la práctica
del submarinismo).
Por sus características y su ubicación privilegiada se justifica
sobradamente la utilidad pública de este Faro, para disfrute de toda la
ciudadanía. Por ello, los grupos abajo firmantes proponernos que el Faro
de Cabo de Palos pueda ser utilizado como Centro de Interpretación
Nacional de Reservas Marinas de España, más propio y adecuado dado su
entorno. Además, si tenemos en cuenta que el municipio Cartagena dispone
igualmente de la Reserva Marina de Cabo Tiñoso, convierte esta opción en
la más adecuada para el desarrollo de un Centro Nacional, al concurrir en
este entorno todas las características necesarias, siendo éste otro
motivo más para la preservación de su uso y gestión pública.
Esta propuesta, por supuesto, no va en menoscabo de que el Faro de Cabo de
Palos siga cumpliendo su función como señal marítima y centro de control.
En este sentido, los grupos proponentes queremos manifestar nuestro apoyo
al mantenimiento de las condiciones laborales y habitacionales de los
fareros y sus familias, pues del desempeño de su labor depende el
perfecto funcionamiento y mantenimiento de todas las señales marítimas y
balizamientos de la Región de Murcia.
Con esta Proposición No de Ley planteamos, en definitiva, defender la
continuidad del Faro de Cabo de Palos y de los técnicos que allí
trabajan, asegurar su carácter público, ampliar su uso sostenible y
responsable para garantizar su disfrute a toda la ciudadanía.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. Rechazar cualquier tipo de privatización o concesión privada, ahora o
en el futuro, del Faro de Cabo de Palos. Esta torre de señalización,
emblema y patrimonio cultural de Cartagena y de la Región de Murcia, debe
seguir siendo un bien público.
2. Garantizar la continuidad de los trabajadores en el Faro de cabo de
Palos, evitando tanto la deslocalización de su trabajo como el
desmantelamiento de sus viviendas, situadas en la propia instalación.
3. Impulsar la creación de un Centro Nacional de Interpretación de las
Reservas Marinas de España en el Faro de Cabo de Palos, que sea
compatible con el uso que actualmente tiene como vivienda tanto de los
trabajadores como de sus familias y los servicios que realizan en el
ámbito de las señalizaciones marítimas, asegurando su utilidad y
utilización pública.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de agosto de 2017.-Javier
Sánchez Serna e lone Belarra Urteaga, Diputados.-Txema Guijarro García,
Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.-María González Veracruz y Pedro Saura García,
Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comisión de Educación y Deporte
161/002052
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
impulsar el Expediente Digital del Alumno (EDA), para su debate en la
Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
La hoja de ruta en materia de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) y de Administración Electrónica viene marcada por la
Agenda Digital para España y contempla, entre sus objetivos, la necesidad
de trasladar los beneficios de las nuevas tecnologías a los ciudadanos.
En el ámbito educativo, se está desarrollando por el Instituto Nacional de
Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), el
proyecto del Expediente Digital del Alumno (EDA), que hará posible el
traslado de expedientes de los alumnos de etapas no universitarias, entre
las diferentes administraciones.
El objetivo principal de este proyecto es facilitar el intercambio de
datos entre las administraciones educativas. Se trata de un trámite
necesario en los procedimientos de traslado y movilidad de alumnos en
todo el territorio nacional.
La Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos, establece que se podrán realizar todas sus gestiones
administrativas por medios electrónicos a través de internet, quedando
obligadas las Administraciones Públicas a desarrollar los procedimientos
necesarios para que el ciudadano pueda acceder a todos los servicios que
prestan mediante tecnologías de la información; asegurándose la
disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la
confidencialidad y la conservación de los datos, informaciones y
servicios que gestionen en el ejercicio de sus competencias.
A su vez, la Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo, de Educación, indica que
será el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte quien establezca,
previa consulta a las Comunidades Autónomas, los estándares que
garanticen la interoperabilidad entre los distintos sistemas de
información utilizados en el Sistema Educativo Español.
Por otro lado, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, establece que cada Administración deberá facilitar el
acceso de las restantes Administraciones Públicas a los datos relativos a
los interesados que obren en su poder, especificando las condiciones,
protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder con
las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad. En todo
caso, sólo se podrá acceder a aquellos datos requeridos a los interesados
por las restantes Administraciones para la tramitación y resolución de
los procedimientos y actuaciones de su competencia.
Para que esto sea posible, se hace necesario que sea un proyecto
consensuado por las administraciones educativas y orientado a mejorar los
actuales sistemas de gestión de la información.
La puesta en marcha del expediente digital del alumno y la posibilidad de
que pueda ampliarse en un futuro próximo al ámbito de la educación
superior, dotará al sistema educativo de una mayor eficiencia promoviendo
y facilitando la movilidad del alumnado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno y a las Comunidades
Autónomas a impulsar el proyecto del Expediente Digital del Alumno (EDA),
que recogerá toda la información de los alumnos de etapas no
universitarias, facilitando el intercambio de datos entre las
administraciones educativas. Asimismo se promoverá su ampliación al
ámbito de la educación superior en aras a potenciar una mayor movilidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2017.-Rafael Antonio
Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002057
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos,
y Marta Martín Llaguno, Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
Proposición no de Ley sobre la sustitución, remodelación y habilitación
de barracones, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
Actualmente el Estado afronta la tarea de abrir nuevos centros educativos
para atender la demanda necesaria de plazas educativas. Debido al
crecimiento de población educativa localizado en áreas concretas, muchos
municipios no pueden atender la demanda a tiempo y se ven obligados a
establecer centros en barracones como medida provisional.
Esta medida, si bien no supone un problema per se, está actualmente
generando mucha preocupación a cientos de miles de padres y a otros
organismos de la sociedad por la falta de infraestructuras y condiciones
mínimas de salubridad y acondicionamiento que está generando casos de
lipotimias, desfallecimientos y en general falta de atención en muchos
centros. El problema en sí no se reduce al uso de barracones, los cuales
pueden diseñarse para cumplir con todos los requisitos marcados por el
Código Técnico de Edificación y tener una vida útil muy superior a los
diez años. El problema principal surge de la utilización de estructuras
provisionales cuyas condiciones de construcción y montaje están pensados
para un período de tres años corno si fueran estructuras fijas y no
temporales.
De acuerdo con numerosas denuncias a lo largo de todo el país, son ya
muchas las familias preocupadas porque los centros no cumplen los
requisitos mínimos de seguridad, salubridad y acondicionamiento como
podrían ser la dotación de aire acondicionado con bomba de calor, paneles
aislantes, doble cubierta o suelos hormigonados, entre otros.
Por entender la dimensión del problema, en la Comunidad Valenciana 20.629
niños estudian en barracones y otros 30.298 niños estudian en centros
antiguos, en condiciones poco adecuadas, con instalaciones con un
mantenimiento precario y que necesitarían renovarse. Según la respuesta
de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana en su respuesta
a la pregunta realizada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos,
actualmente existe un cumplimiento del 22 % sobre su propia previsión y
es que de esos 58 centros educativos con unas actuaciones previstas tan
sólo se encuentran en ejecución sólo 13 y ninguno finalizado.
En Cataluña, para el curso 2017/2018, se estimó necesario abrir 15 nuevos
centros -ocho institutos y siete colegios-, de los cuales, de acuerdo a
la consejera de Enseñanza, Meritxell Ruiz, sólo cuatro estarán ubicados
en edificios. Los 11 restantes se pondrán en marcha en módulos
prefabricados sin especificar hasta cuándo tendrá que durar esta
situación provisional.
Este problema no es nuevo ya que muchas de estas instalaciones tienen ya
años de obsolescencia en su previsión de temporalidad. 'El proceso de
sustitución de las aulas previsto se ha visto ralentizado por los
recortes experimentados por las inversiones en el ámbito educativo',
señalaba ya en 2013 la Defensora del Pueblo Soledad Becerril en un
escrito en relación a este tema.
Es más que evidente que para que el proceso educativo transcurra
positivamente es importante que nuestros alumnos cuenten con entornos e
instalaciones en buenas condiciones que permitan a docentes, alumnos y al
resto de miembros de la comunidad educativa de los centros trabajar
adecuadamente.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Convocar de manera urgente una reunión de la mesa sectorial de educación
que a tal efecto discuta las siguientes cuestiones:
- Cómo garantizar que tanto municipios como autonomías cumplan con los
Mapas de Infraestructuras Escolares previstos y a ejecutar el 100 % de lo
presupuestado para dicho fin.
- La presentación de un plan de sustitución progresiva o
acondicionamiento, en los próximos cuatro meses, de las infraestructuras
educativas cuya sustitución ya se planificó y ha quedado paralizada y de
aquellas instalaciones que ya hayan superado el plazo de provisionalidad.
- El establecimiento de un conjunto de requisitos de edificación,
acondicionamiento y salubridad y un proceso de calidad para la
comprobación y auditoría de las instalaciones educativas, tanto nuevas
como existentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2017.-Marta Martín
Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
161/002060
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la erradicación de los
modelos heterocisnormativos del sistema educativo y garantizar la
diversidad afectivo-sexual y de identidad de género, para su debate en la
Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
La igualdad real se construye a partir de la prevención y la educación
aplicando los métodos teóricos y prácticos que defiende la coeducación
como principio rector que debería ser de los sistemas educativos de
cualquier democracia. Dicha coeducación se debe sustentar en los
preceptos de la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación
por razón de sexo e incluir una educación afectivo-sexual en todos los
niveles educativos que facilite desarrollar una sexualidad basada en el
respeto y la igualdad real entre mujeres y hombres, y el de la identidad
de género, en el aprendizaje de la resolución de conflictos sin
violencia, en la enseñanza en valores de igualdad y equidad, en la
producción cultural basada en patrones igualitarios y no
discriminatorios, en la producción de juegos no sexistas, en el control
de la publicidad que atente contra la imagen y los derechos de las
mujeres y de las personas LGTBI y en la reivindicación activa de las
aportaciones de mujeres y referentes no heterocisnormativos a la cultura,
la ciencia o el deporte, entre otras disciplinas.
Las personas LGTBI han vivido en el estado español una situación de
conquistas legales que nos sitúan en una posición pionera en cuestión de
legislación en relación a otros países. En el 2005 se conquistó el
matrimonio igualitario, siendo el nuestro el tercer estado en
legalizarlo, gracias a la lucha incansable de las activistas y de los
colectivos.
Sin embargo, la igualdad real aún está por conquistar. Si bien es cierto
que ha habido numerables avances en cuanto a la visualización y no
discriminación de la diversidad afectivo-sexual y las distintas
identidades de género, todavía, desde las administraciones educativas,
faltan muchos pasos para avanzar hacia una sociedad totalmente equitativa
e igualitaria. En este papel de conquistar la igualdad real, más allá de
la legal, el Sistema Educativo es una pieza fundamental. Bajo ese
objetivo de dar visibilidad a las diferentes realidades
afectivos-sexuales y a las diferentes identidades de género, los Poderes
Públicos, y no solamente las personas y los colectivos LGTBI, son los que
deben llevar a cabo políticas públicas aplicadas por los diferentes
gobiernos.
Cabe destacar algunos informes que evalúan y aportan propuestas de cara al
tratamiento de la realidad LGTBI de los centros educativos, como el
informe de 2016, 'Lesbofobia, homofobia y transfobia en el Sistema
Educativo. Un acercamiento cualitativo' del Gobierno Vasco (Eusko
Jaurlaritza) donde se afirma que 'las y los adolescentes se ven a sí
mismos como personas abiertas que aceptan la diversidad afectivo-sexual y
familiar y las distintas identidades de género. Sin embargo, su discurso
de aceptación a veces presenta contradicciones y se detectan ciertas
creencias, sentimientos y conductas que son reflejo de fobias aún hoy
existentes entre la juventud (y en la sociedad en general)'.
Todavía se sigue proyectando un modelo de relaciones afectivo-sexuales
basado en la división sexual de roles jerarquizados, aceptando, en muchos
casos la heterosexualidad como modelo único de sexualidad. Así pues, la
educación no está jugando el necesario papel de formación y
sensibilización para cuestionar la heteronormatividad como único modelo
de relaciones afectivo-sexuales. Una sociedad
democrática debe alejarse de los planteamientos rígidos de la orientación
sexual y las libertades afectivo-sexuales.
Sería fundamental, también en el ámbito educativo, que los y las
adolescentes cuenten con referentes cercanos e históricos que les
permitan una visión integral de los colectivos y los derechos LGTBI.
Lejos de los estereotipos impuestos por determinados medios de
comunicación que acompañan a este tipo de referentes para los y las más
jóvenes, los Poderes Públicos tienen la obligación de formar tanto al
profesorado como al alumnado para dar respuesta así a la realidad de las
personas LGTBI.
Además de fomentar la formación del profesorado y el alumnado, así como de
potenciar mecanismos que incluyan en el currículum educativo referentes
para las personas LGTBI, también se debe abordar la situación del
alumnado desde el punto de vista del acoso escolar motivado por
orientación sexual, identidad de género y expresión de género. En este
sentido, según un informe elaborado por la Federación Estatal de
Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales para el Defensor del Pueblo,
afirma que 'La discriminación, la exclusión y la violencia por motivos de
orientación sexual e identidad de género suceden con frecuencia ante el
silencio y/o el desconocimiento de los educadores, las directivas de los
centros y las propias familias'. Entre otras conclusiones, dicho informe
indica que 'Ni el profesorado ni los departamentos de orientación están
preparados para reconocer esta problemática ni para saber cómo tratarla.
Carecen de recursos y materiales pedagógicos. En las bibliotecas de los
centros y de los departamentos no suele haber ningún libro, folleto o
material audiovisual que pueda ayudar o servir de referencia'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Trabajar de forma consensuada y coordinada con todas las
administraciones educativas para que el Sistema Educativo del estado
español garantice de manera efectiva la seguridad y la igualdad de
oportunidades para todo el alumnado, independiente de su orientación
sexual, su identidad de género y su expresión de género, introduciendo
los perfiles profesionales educativos que sean necesarios.
2. Establecer las modificaciones legales y normativas necesarias para
recoger expresamente en el currículum de todos los niveles educativos
contenidos y referentes históricos sobre la diversidad afectivo-sexual y
sobre la identidad de género.
3. Garantizar, a través de la formación continuada y de una línea de
subvención para las diferentes administraciones educativas, la necesaria
formación sobre los diversos modelos de familia, la realidad
afectivo-sexual y la identidad de género, tanto para el alumnado como,
especialmente, para el profesorado.
4. Establecer mecanismos que garanticen la aplicación de protocolos de
actuación y de mediación en los casos de LGTBJFobia en todos los centros
educativos, tanto públicos como privados o privados concertados.
5. Suprimir de los libros de texto y del material educativo en general
aquellos contenidos y elementos que perpetúen un modelo
heterocisnormativo y que vayan en contra y vulneren las diferentes
realidades afectivo-sexuales, los diferentes modelos de familia y el
respeto a la identidad de género.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2017.-Joan Mena
Arca, Diputado.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002072
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
a iniciativa del Diputado Javier Sánchez Serna, presenta, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la
Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Educación y Deporte, relativa a la
mejora de la educación de los niños y niñas migrantes.
Exposición de motivos
El artículo 3 de la Constitución española establece la obligación de todos
los españoles de conocer la lengua española, además de señalar a los
poderes públicos como garantes de la educación de los ciudadanos y
ciudadanas españoles.
La Ley 40/2006 de 14 de diciembre, del estatuto de la ciudadanía española
en el exterior, señala la responsabilidad del Estado para que los
residentes españoles en el exterior cuenten con una adecuada atención
educativa y prevé que para facilitar su integración en el sistema
educativo español se fomente la creación de centros públicos. Igualmente,
en su artículo 25, fija la obligación del Estado en el establecimiento de
programas que faciliten a los españoles residentes en el exterior el
conocimiento del castellano.
El pasado 15 de marzo conocimos los datos Estadísticos del Padrón de
Españoles Residentes en el Extranjero correspondientes al 1 de enero de
2017 en el cual el INE cuantificaba en 371.033 los españoles menores de
16 años que residen actualmente en el extranjero.
En esta misma publicación del INE se dice que solo en el año 2016 se han
inscrito 60.041 menores de 16 años en los consulados españoles de los
cuales, 20.135 son nacidos en España que han emigrado a lo largo del 2016
y 39.906 niños han nacido este mismo año fuera de España de padres
españoles, sin duda fruto del asentamiento de los jóvenes que están
saliendo de nuestro país desde el comienzo de la crisis en 2008.
Si bien España cuenta ya con una red de centros educativos en el exterior,
únicamente las Aulas de Lengua y Cultura Española están destinadas
realmente a los niños españoles emigrados. En efecto, la red de centros
en el exterior fue diseñada en los años 80 con el fin de promocionar la
lengua y la cultura española fuera de nuestras fronteras, pero no se
pensó en las necesidades de los niños españoles migrantes.
Dada la situación migratoria actual vemos completamente necesaria la
modificación de los principios que rigen la acción educativa española en
el exterior y la aplicación de la normativa legal que establecen tanto la
constitución española como el estatuto de la ciudadanía española en el
exterior citados anteriormente.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha las
siguientes actuaciones:
1. Realización de un estudio de la emigración infantil con el objetivo de
conocer su realidad social y demográfica así como sus necesidades
curriculares.
2. Realizar un estudio de los centros dependientes del Ministerio de
Educación Español ya existentes dedicados específicamente a la formación
de niños españoles, que ponga en relieve las necesidades de los mismos,
ya sean de falta de infraestructuras y/o de personal suficiente.
3. Modificar el punto 3 del artículo 17 de la Orden ministerial
EDU/3122/2010 para que se garantice una enseñanza presencial de 3 horas
semanales para los alumnos de las ALCE y que se facilite la apertura de
nuevas aulas en aquellas zonas donde exista un número suficiente de
solicitudes que debería situarse en 12.
4. Modificar el artículo 4 del Real Decreto 1027/1993 para que especifique
como prioritario el objetivo de dar una formación suficiente que facilite
el retorno de los niños emigrados y su reincorporación al sistema
educativo español en condiciones óptimas.
5. Modificar los siguientes puntos de las Instrucciones que regulan la
organización y funcionamiento de las secciones españolas en centros de
otros estados o de organismos internacionales.
- Punto 1. Modificar este punto para que incluya la reincorporación de los
niños españoles ai sistema educativo español como una prioridad
fundamental de las secciones en lugar de la promoción de la lengua y la
cultura españolas.
- Punto 5. Priorizar la admisión de niños cuya lengua materna sea el
español.
- Punto 10, apartado c). Establecer como objetivo la adquisición del nivel
C del Marco común europeo de referencia para las lenguas en lugar del
nivel B2 que refleja actualmente. Apartado d) Garantizar la
reincorporación de los niños emigrantes españoles al sistema educativo
español.
- Punto 29. Establecer como objetivo la adquisición del nivel C del Marco
común europeo de referencia para las lenguas en lugar del nivel B2 que
refleja actualmente.
- Punto 34. Después de 'las autoridades educativas del país', añadir:
'dichos criterios deben de respetar siempre las notas definitorias del
programa de secciones españolas'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2017.-Javier Sánchez
Serna, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Roldán, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y
Marta Martín, Diputada del mismo Grupo, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre el Decreto
9/2017, de 27 de enero, del Consell, por el que se establece el modelo
lingüístico educativo valenciano y se regula su aplicación en las
enseñanzas no universitarias de la Comunitat Valenciana, así como la
suspensión de su eficacia.
Exposición de motivos
En febrero de 2017, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a
través de la Secretaría de Estado de Formación Profesional y
Universidades y de su Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial, recibió de la Alta Inspección Educativa un Informe fechado
el día 6 de febrero de 2017 sobre el Decreto 9/2017, de 27 de enero, del
Consell, por el que se establece el modelo lingüístico educativo
valenciano y se regula su aplicación en las enseñanzas no universitarias
de la Comunitat Valenciana.
En sus conclusiones el informe afirma que 'dada la reserva competencial
que el legislador establece en lo relativo al deber de todos los
españoles de 'conocer el castellano' (artículo 3 de la Constitución
española) y a la necesidad de que el conocimiento de otras lenguas,
dentro del territorio nacional, 'no sea fuente de discriminación en el
ejercicio del derecho a la educación', el Decreto 'podría no ajustarse al
orden constitucional de distribución de competencias entre el Estado y la
Comunidad Valenciana y constituir fuente de discriminación en el
ejercicio del derecho a la educación para el alumnado y las familias.'
El informe consigna elementos de juicio suficientemente sólidos para poner
en duda la constitucionalidad del Decreto. En virtud de esos mismos
indicios, el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) ha
suspendido cautelarmente la aplicación del decreto de Plurilingüismo
impulsado por la Generalitat. El auto del TSJCV plantea, entre sus
argumentos, que su intención es evitar la posibilidad de que los alumnos
vean 'disminuidos' sus derechos en idiomas. Para evitar perjuicios de
imposible o difícil reparación, el Tribunal adopta la medida cautelar
indicada. Los daños a los que se refiere son, como resulta evidente, los
que podrían sufrir los alumnos. Una adecuada y eficaz protección exige, a
juicio del Tribunal, adoptar la medida que se comenta.
En este contexto legal y a pesar de la paralización de la aplicación de la
norma, el Conseller anunció que ya trabaja en el recurso de casación ante
el Tribunal Supremo para que elimine las medidas cautelares impuestas por
el TSJCV y reiteró la defensa de la plena legalidad del Decreto. Tal es
su convencimiento sobre la solidez de la norma que el Departamento de
educación ha mantenido el proceso de matriculación y ha organizado los
cursos y el profesorado del próximo ejercicio en virtud de esta
normativa.
Por lo tanto, se está produciendo una doble ilegalidad. La primera, la que
afecta al propio contenido del Decreto, como ha puesto de manifiesto el
informe de la Inspección. Y la segunda, el incumplimiento del auto
judicial de suspensión, poniendo en grave riesgo los derechos de los
alumnos ante la eventualidad de que el Decreto finalmente sea anulado.
A pesar de las ilegalidades apreciadas, el papel de la Administración
General del Estado está siendo residual por no decir, inexistente. Siendo
así que se trata de la garantía de la igualdad básica de los ciudadanos
españoles en el ámbito de la educación, así como la legalidad ordinaria
reguladora, el Gobierno no puede ser un mero espectador cuando los mismos
servicios de la Administración han puesto de manifiesto que se está
conculcando la legalidad.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Restablezca la legalidad constitucional y ordinaria conculcada por el
Decreto 9/2017, de 27 de enero, del Consell, por el que se establece el
modelo lingüístico educativo valenciano y se regula su aplicación en las
enseñanzas no universitarias de la Comunitat Valenciana y solicite su
anulación definitiva.
2. Haga efectiva la suspensión de la eficacia del Decreto 9/2017 para
evitar la producción de unos perjuicios de imposible o difícil reparación
en los derechos de los alumnos.
3. Impida que, en el futuro, se conculque la legalidad constitucional y
ordinaria por disposiciones normativas de una Comunidad Autónoma una vez
han sido puesta de manifiesto la ilegalidad por la Inspección educativa.
4. Establezca un procedimiento que permita a la Abogacía del Estado, una
vez la Inspección educativa ha apreciado la inconstitucionalidad y la
ilegalidad de una medida adoptada por una Comunidad, proceder a la
interposición del recurso correspondiente, con la petición de la medida
cautelar adecuada para evitar que se produzcan daños a los derechos de
los alumnos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2017.-Marta Martín
Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
161/002120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
garantizar una oferta educativa plural, para su debate en la Comisión de
Educación y Deporte.
Exposición de motivos
El derecho a la libertad de enseñanza que garantiza la Constitución se
está distorsionando por algunas administraciones educativas, al reducir
de forma injustificada unidades concertadas y/o dificultar la viabilidad
de los centros concertados, enfrentando ambas redes y generando una
situación de incertidumbre en las familias, docentes, personal de
servicio y administración, y centros educativos de la red concertada.
En la Comunidad Valencia, el Gobierno autonómico de PSPV-PSOE y Compromís,
no se han autorizado unidades concertadas si existen plazas vacantes en
los colegios públicos y se ha restringido la renovación automática de los
conciertos en Bachillerato y FP, priorizando a los centros públicos a
pesar de existir una demanda real, a un mes de empezar el proceso de
escolarización y en un año de renovación de los conciertos.
En Aragón, el PSOE ha pactado con Podemos un plan de cierre de aulas en
esos centros, como moneda de cambio para la aprobación de sus
presupuestos, y se baraja la posibilidad de un cierre de aulas en torno a
la treintena o docena de aulas concertadas. Esta medida llevó a
manifestarse a más de 20.000 personas, junto con organizaciones
sindicales y patronales, el pasado 4 de abril en apoyo a la libertad de
enseñanza y de la educación concertada.
En Andalucía, se ha justificado el cierre de una treintena de unidades
concertadas antes de iniciarse el proceso de escolarización bajo el
argumento del descenso de la natalidad, estableciendo que ningún nuevo
colegio sea objeto de convenio, y que en las localidades donde convivan
las dos enseñanzas no se autoricen unidades concertadas que no sean
necesarias para asegurar la escolarización, con el correspondiente cierre
de aulas, algunas de ellas de centros ubicados en zonas desfavorecidas.
En Castilla-La Mancha, el Grupo Socialista y Podemos firmaron un acuerdo
en febrero de 2016 para reducir progresivamente la financiación de los
conciertos educativos con la consiguiente supresión de líneas. A ello se
une que, se haya implantado la zonificación escolar, limitando así la
libertad de los padres en la elección del centro que quieren para sus
hijos.
En Extremadura se ha aprobado, en mayo de 2017, un Decreto por el que se
establecen las normas para la aplicación del régimen de conciertos
educativos a partir del curso académico 2017/2018, que recoge que los
conciertos educativos van a estar supeditados a una programación general
de las enseñanzas, que no garantiza ni una estabilidad en la duración de
los conciertos, ni la atención a la diversidad en las mismas condiciones
para todos los centros sostenidos con fondos públicos, o la concertación
de nuevas unidades si existe demanda social, entre otras medidas.
Y también en Asturias, la caída demográfica sufrida en los últimos años,
ha constituido el indicador para fijar la relación media de alumnos por
unidad que se toma como referencia esencial para la renovación de los
conciertos. Se ha reducido para el próximo curso unidades: Trece en
Educación Infantil, siete en Primaria, siete en Secundaria, dos en ciclos
formativos de grado medio y un ciclo formativo de grado superior y se
adaptan por transformación cinco aulas en educación especial.
Recientemente, la sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Tercera, de 25
de mayo, ha vuelto a desautorizar el principio de subsidiariedad de la
enseñanza concertada con respecto a la enseñanza pública, utilizado por
una administración educativa para justificar el cierre de un aula
concertada con suficiente número de alumnos, lo que considera contrario a
la Constitución y a la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación, que establecen un régimen dual para la prestación
del servicio educativo, en lo relativo a la enseñanza obligatoria y
gratuita.
La administraciones educativas que tienen la plena potestad en la
organización de cada curso deberían perseguir el objetivo de prestar un
servicio educativo que, garantizando la libertad de elegir centro
docente, incremente las posibilidades académicas, personales y
profesionales de los estudiantes, no contradiciendo y vulnerando el
establecido en nuestra Constitución, que establece un marco normativo
integrador de dos derechos: el derecho a la libertad de enseñanza y el
derecho a la educación, como derechos públicos subjetivos (artículo
27.1).
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el ejercicio de
sus competencias, continúe velando para que las diferentes
administraciones educativas garanticen una oferta educativa plural y el
derecho a la libertad de los padres en la elección de la educación que
quieren para sus hijos, de acuerdo con los principios constitucionales,
atendiendo a la demanda real y efectiva de padres, madres y tutores
legales, como primeros responsables que son de la educación de sus
hijos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2017.-Rafael Antonio
Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002146
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de
Educación y Deporte, relativa al actual sistema de evaluación y
acreditación del profesorado universitario por la ANECA.
Exposición de motivos
Las condiciones laborales en las que el profesorado universitario en
España viene desarrollando su trabajo no han dejado de deteriorarse
progresivamente desde hace años. Según el informe bianual 2014-2015 de la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), sobre la
situación del sistema universitario español, titulado 'La Universidad
Española en cifras', la financiación pública de las universidades ha
supuesto una caída en el período de 2010 a 2014 por importe de 1.213
millones ele euros, lo cual ha tenido una incidencia sustantiva en el
normal desarrollo de la actividad universitaria. El recorte en los gastos
de personal ha supuesto, como asegura el Informe, una disminución de
7.500 empleos públicos (3.486 de personal docente e investigador y 4.068
de personal de administración y
servicios), volviendo a plantillas universitarias de profesorado similares
a las que había en el año 2006. Asimismo los recortes en la financiación
para fa investigación han sido significativos desde el año 2008, con una
media del 24,6 %, a pesar de lo cual la producción científica de las
universidades presenta unos resultados bastante relevantes, ampliando la
producción científica en un 54 %, en relación con el peso económico de
nuestro país y el gasto en I+D+i que realiza.
Sumidos en este panorama de recortes en la Educación Superior y en la
Investigación universitaria, la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA) -organismo público encargado de acreditar
al profesorado universitario en nuestro país- publicaba en el BOE de 17
de junio de 2015 el Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo, por el que se
modificaba el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, y por el que se
establecía el sistema de acreditación nacional para el acceso a los
cuerpos docentes de funcionarios universitarios, es decir, para acceder a
los puestos de Profesor Titular (TU) y Catedrático de Universidad (CU). A
partir del 31 de diciembre de 2015, debido al cambio de sistema y
criterios que introdujo el citado Real Decreto 415/2015, se dejaron de
admitir las solicitudes de acreditación bajo el programa ACADEMIA. Dado
que el 31 de diciembre de 2015 finalizó el antiguo proceso de
acreditación, se pretendía la entrada operativa del nuevo sistema a
principios de 2016.
El proceso ha sufrido numerosos retrasos, ya que aunque la nueva
aplicación Academia 3.0 se abrió en fecha 30 de junio de 2016, no fue
hasta el 14 de noviembre de 2016 cuando, tras diversas reivindicaciones
por parte de los sindicatos denunciando la paralización de los procesos
de acreditación y la falta de publicación de los correspondientes
criterios, se publicaron algunos documentos con los criterios de
evaluación por cada una ele las 21 comisiones especializadas. Estas
desagregan las cinco ramas de conocimiento en que se puede obtener la
acreditación.
Estos nuevos criterios han generado una ola de rechazo en la comunidad
académica y han creado una enorme indignación entre fa mayor parte del
profesorado universitario. Ello se debe a fa falta ele claridad en la
exposición y redacción de los mismos, a la increíble dureza -e incluso
irracionalidad en algunos casos- del nivel de exigencia en la mayor parte
de campos científicos, y finalmente a la publicación incompleta de los
criterios. Tengamos en cuenta además que con estos criterios se da un
salto cuantitativo desproporcionado e injustificado en la carrera
investigadora, que se supone que debe guardar lógica y ser incremental
con lo solicitado previamente para otras figuras.
Estos nuevos estándares suponen no sólo truncar la carrera académica de
buena parte del actual profesorado laboral y de los jóvenes
investigadores, en cuanto a sus posibilidades de promoción o de acceder o
progresar en la Universidad, sino que lanza un mensaje al profesorado
universitario meridianamente claro: abandonen su labor docente para
centrarse en conseguir los durísimos méritos investigadores que les
exigimos para optar a la acreditación. Todo ello en un contexto donde
cada vez se hace más complicado investigar, debido a la falta de fondos
por los recortes.
Tal fue el escándalo que el propio Ministerio tuvo que intervenir para
paralizar la aplicación de estos nuevos criterios, ante la oposición de
la comunidad universitaria y de sus representantes sindicales. Los
sindicatos exigieron literalmente la 'derogación del Real Decreto
415/2015 y la modificación de tales criterios; debido a que constituyen
una exigencia desmedida, irrealista e injusta, tanto para el acceso a
plazas estables de funcionario docente como para la promoción profesional
de los actuales profesores universitarios'.
El Ministro de Educación, Cultura y Deporte anunció en el Congreso el 14
de diciembre de 2016 que propondría a la ANECA la puesta en marcha de un
grupo de trabajo para revisar los criterios de acreditación del
profesorado y del sistema de acceso a plazas universitarias. El cometido
de dicho grupo de trabajo sería, según lo expresado por el Ministro,
estudiar, en relación con los criterios de evaluación, 'qué propone la
Conferencia de Rectores (CRUE), qué proponen los Sindicatos y llegar
entre todos a un acuerdo'. Se crearon así comisiones mixtas a tres
bandas: ANECA-Sinclicatos-CRUE para la revisión de los criterios, dado
que incluso el propio MECD no había cumplido con su obligación de
negociarlos y tampoco cumplía con su propia normativa RD 415/2015 en
cuanto a transparencia.
Ha pasado ya más de año y medio desde que el 31 de diciembre de 2015 dejó
de funcionar el anterior sistema de acreditación a profesorado titular y
catedrático de universidad. Las comisiones específicas de evaluación de
la ANECA parece que siguen trabajando en los nuevos criterios, cuyos
resultados trasladarán después a las comisiones mixtas
ANECA-Sindicatos-CRUE. La intención era que el resultado de todo este
proceso negociador se hiciera público antes de verano para posibilitar a
continuación que las comisiones de áreas pudieran comenzar a evaluar.
La realidad es que tras más de año y medio de la supuesta entrada en vigor
del nuevo sistema de acreditación seguimos sin acreditaciones. Se estima
que a día de hoy tendrán una demora de 3 o 4 meses, es decir, que la
respuesta tardará en llegar entre 9 y 10 meses. El nuevo director de la
ANECA, tras la dimisión del anterior, informó en mayo de 2017 que siguen
detenidas las evaluaciones de 900 solicitudes pendientes de revisión.
Esta situación tiene el agravante de que, de acuerdo a la normativa
vigente, la ausencia de respuesta al cabo de 6 meses tiene carácter
desestimatorio. No se tiene noticia de que esté en trámite fa aprobación
de algún tipo de norma o garantía que anule lo dispuesto en el artículo
15.6 del Real Decreto 415/2017, según han comunicado los sindicatos.
El problema añadido, que pervierte radicalmente el modelo universitario,
es que este sistema vigente de acreditación de la carrera profesional
universitaria -sea con unos criterios más o menos sensatos para
acreditarle- sigue privilegiando fundamentalmente como sistema de
evaluación la valoración de los 'méritos' de investigación, en especial
aquellos que puedan ser cuantificables y 'comercializables' en índices de
impacto. Esto no solo privilegia a las empresas multinacionales que
gestionan estos índices, sino que devalúa la docencia y convierte la
investigación en una carrera competitiva donde es fácil perder el sentido
último de por qué se investiga. Todo ello en pos de la citación en unas
revistas que, en su mayor parte, tampoco cumplen con la función básica de
difusión social a la ciudadanía que habría de tener toda investigación
pública.
Este sistema de evaluación de la carrera profesional universitaria por la
ANECA encauza la producción de conocimiento en función de criterios
globales de productividad/calidad que tengan valor para el mercado, que
se puedan además cuantificar y medir. En lugar de un modelo lector que
juzgue a partir del estudio del trabajo realizado, estamos ante un modelo
burocrático 'al peso'. Viene a ser otro producto más de la cultura
neoliberal, aplicado en este caso a la actividad científica y académica.
Se considera como prueba objetivable de la calidad del trabajo de
investigación el llamado factor de impacto, que mide la 'visibilidad' una
vez publicado el artículo en función del (número de citas recibidas en
otros artículos. Se obvia la naturaleza positiva o negativa de las citas,
las características del objeto de estudio, y se asume la correspondencia
Investigación = publicación'. De esta manera el factor de impacto, que
supuestamente mide la visibilidad, define a su vez el valor científico y
su calidad. En realidad se importa de manera acrítica y literal un modelo
de productividad del mundo empresarial.
Por decisión política del Gobierno se ha supeditado la evaluación de ese
factor de impacto a los datos ofrecidos por dos multinacionales
extranjeras, a las que se pagan cuantiosas cantidades de dinero público
-Clarivate, a través de su producto Web of Knowledge, y Elsevier, a
través de su producto Scopus-. Todo ello en detrimento de otros modelos
públicos que fueron sufriendo la política de recortes del gobierno, así
como de otros formatos y modos de canalizar la carrera profesional. En
definitiva, estamos ante revistas de acceso privado donde se publican
resultados de investigaciones pagadas con dinero público, que apenas lee
nadie en buena parte de las ramas de conocimiento y cuya importancia
social, e incluso académica, tiende a ser entre escasa y nula,
exceptuando un número ínfimo que sí puede ser relevante en alguno de los
campos científicos.
Hay que destacar asimismo que las Agencias de Calificación Autonómicas
pueden desarrollar papeles relevantes en el proceso de acreditación y que
debe coordinarse la actuación con ellas. Es necesario señalar que uno de
los grandes problemas del sistema de acreditación actual es que
minusvalora el impacto que puede tener publicar en los idiomas oficiales
de las nacionalidades históricas, precisamente porque el número de
hablantes de ese idioma, al ser reducido, implica unas opciones más
limitadas de destacar en el plano 'métrico' y 'cuantitativo' que no tiene
nada que ver con la calidad intrínseca de la publicación. Ésta debe ser
una cuestión a corregir, valorar y potenciar en el propio sistema de
evaluación para no penalizar precisamente a aquellos/as investigadoras
que están utilizando su idioma propio.
Por otra parte, a partir del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de
medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito
educativo, donde se establece que la actividad docente ha de graduarse en
atención a la 'intensidad y excelencia' de la actividad investigadora
reconocida, se premia con reducción de carga docente la posesión de
determinados tramos de investigación (sexenios), a la vez que se penaliza
sensu contrario con un aumento significativo de la docencia. Esto ha
consolidado un imaginario en el que la docencia parece tener un valor muy
inferior, cuyas evaluaciones además cuentan de manera residual cuando se
tienen en cuenta, y que pasa a considerarse directamente casi como carga
o 'castigo', con más horas para quien no consigue el sexenio. Sabiendo,
además, que no está probado -más bien al contrario- que haya una
correlación importante entre productividad de la investigación y eficacia
de la docencia.
Este sistema de acreditación está provocando, en definitiva, que la misma
función de la universidad pública se distorsione. La producción de
conocimiento va perdiendo su dimensión social y de búsqueda del bien
común para convertirse en un valor de cambio ligado a las exigencias del
mercado. Se olvida por tanto su valor de uso ligado a problemas y
necesidades sociales que no siempre tienen interés para el mercado.
La comunidad científica se ve así forzada a optar entre la obligación de
investigar con el mayor rigor y seriedad posible, sin olvidar la
finalidad fundamental de la Educación Superior que es la docencia, o
rendir cuantitativamente en la 'cultura del impacto y de fa citación'
para tener reconocimiento y poder promocionar entre las precarias figuras
del profesorado universitario español.
Asimismo, el modelo de 'excelencia' que distingue entre universidades de
primera y de segunda provoca que los recursos económicos y oportunidades
de promoción se concentren en ciertas universidades, en zonas económicas
desarrolladas y ubicadas en ciudades globales. Esta concentración de
oportunidades afecta incluso a los méritos que puede reunir un/a
investigador/a o docente. Tengamos en cuenta que no todas las
universidades tienen becas para desarrollar o reconocer proyectos de
innovación docente en convocatorias competitivas o premios a la
excelencia docente. Esto provoca cierto agravio comparativo porque no
equipara las posibilidades.
Este 'sistema ANECA' obliga pues a un proceso que fragmenta y enfrenta al
profesorado, naturalizando la competencia en vez de la cooperación. Se
instala una relación con el conocimiento instrumental, acelerada, regida
por el corto plazo. Lo que tiene valor de publicación en el mercado es lo
que cuenta, es decir, lo inmediatamente comercializable en el mercado de
la patente, no la investigación base ni la dimensión crítica de la
investigación. En este contexto, donde además las figuras laborales
dominantes son las precarias y temporales, la posibilidad de disenso es
difícil. Los docentes e investigadores se ven obligados a cumplir las
regias del juego y respetar las jerarquías si quieren aspirar, en un
horizonte incierto y competitivo, a mantener su puesto de trabajo.
La producción de otros espacios de pensamiento y resistencia pasa
necesariamente por generar otras formas de reconocimiento colectivo al
trabajo, por no someter la investigación a los circuitos rentables, por
intentar construir espacios comunes a pesar de la fragmentación y
jerarquización, por no desertar de la docencia y proteger esa finalidad
esencial de la Universidad.
Necesitamos una universidad realmente pública y democrática que sea capaz
de incorporar otros elementos de valor al trabajo investigador y docente:
trabajo compartido, investigación de base y a largo plazo, docencia como
valor, honestidad científica, compromiso y conexión con la sociedad, con
las necesidades y sectores más desfavorecidos.
Los países que tienen un enfoque ele modelo social y productivo de alto
valor son aquellos que cuentan con más apoyos a la investigación básica y
a todas las ramas del saber, y de manera crucial a las humanísticas,
sociales y artísticas. No en vano estas son las que generan los cimientos
para construir un modelo social más justo en lo económico, más sabio en
lo social y más ecológico en lo natural. Son aquellas que valoran también
el impacto social y político de la investigación no sólo por el número de
citas de las publicaciones realizadas, sino por la implicación en la
resolución de problemas locales o en el avance del bienestar social, por
la participación de la comunidad en el desarrollo de las investigaciones
o porque incluyen orientaciones prácticas para la solución de problemas
reales en contextos reales, sean locales o globales.
Por todo ello, consideramos que es necesario generar otro sistema posible
y necesario de acreditación del profesorado universitario, que suponga
una evaluación más justa y que responda a un modelo de ciencia y docencia
para el bien común. Por eso apostamos, en el campo de la investigación,
por el modelo de ciencia abierta -Open Science en su denominación
inglesa- sumándonos a la Declaración de San Francisco sobre Evaluación de
la Investigación (DORA), y apoyamos la Declaración de Berlín, de manera
que se priorice la evaluación de las publicaciones electrónicas de acceso
abierto a efectos de carrera académica, a la vez que se mantienen
estándares de rigor y práctica científica solvente. Tal y como propone
también la Beall's List of Predatory Publishers, defendemos que se cuente
en el terreno de la investigación con mecanismos de control del contenido
publicado (revisión por pares); que haya diversidad geográfica entre
quienes componen el comité editorial de las revistas, así como entre sus
autores y autoras; que se permita explorar el contenido de los textos a
los robots de los buscadores de Internet; que no se impida comprobar
actos graves como el plagio; y en definitiva, que el sistema de revisión
de los artículos sea transparente y riguroso. Y por supuesto, que no
impliquen ningún cargo ni tasa para poder publicar.
Esto se puede hacer a través de repositorios de acceso abierto que,
administrados por universidades u organizaciones de investigación, son
una valiosa infraestructura que podrían apoyar la transición a un sistema
de evaluación y comunicación académica más colaborativa y eficiente. Hay
numerosos ejemplos como Open Scholar, que ha coordinado un consorcio para
desarrollar un módulo de Revisión Abierta (OPRM) para repositorios
institucionales, o iniciativas como Redalyc, SciELO, Latindex o Dialnet
que han intentado en los últimos tiempos corregir los sesgas de cobertura
regional, de idioma y de disciplina que los índices de las grandes
multinacionales imponían. Habría así que fomentar el acceso abierto al
contenido íntegro de las publicaciones, manejar un conjunto extenso y
transparente de criterios científicos de inclusión de publicaciones en la
base de datos y acompañar el acceso a la base de datos con algunas
utilidades de análisis o generación de informes.
El acceso abierto, mandato expreso del programa de la Unión Europea en su
iniciativa de Horizonte 2020, no sólo es económicamente factible sino que
proporciona a quienes leen un poder extraordinario para encontrar y
utilizar bibliografía relevante. Asimismo brinda a los autores y autoras
y a sus trabajos una dimensión nueva, con visibilidad, lectores y
lectoras así como un impacto vasto y medible. Por 'acceso abierto'
entendemos su disponibilidad gratuita en la Internet pública, para que
cualquiera la pueda leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, con la
posibilidad de buscar o enlazar todos los textos de estos artículos,
recorrerlos para su indexación exhaustiva, usarlos como datos para
software, o utilizarlos para cualquier otro propósito legal, sin barreras
financieras, legales o técnicas, distintas de la fundamental de tener
acceso a la propia Internet. La única limitación a la reproducción y
distribución de los textos publicados no puede ser otra que dar a los
autores y autoras control sobre la integridad de su trabajo y el derecho
a ser apropiadamente acreditados y citados.
Finalmente, aclarar que el objetivo prioritario de esta 'Proposición no de
Ley' es pedir a la ANECA, al Ministerio de Educación y a la Secretaría
General de Universidades, que retiren no solo los nuevos criterios de
acreditación, sino este modelo de evaluación de la carrera profesional
universitaria. Ha de establecerse un proceso de diálogo y negociación con
los colectivos afectados para superar el actual sistema de acreditación
del profesorado universitario, basado en las métricas en función del
factor de impacto de las citas en JCR y similares, que miden el
continente más que el contenido. Y ello para ahorrar al Estado una
ingente cantidad de dinero que pagamos a estas multinacionales privadas y
para sentar las bases de cara a que la academia dé luz a un nuevo sistema
de evaluación y acreditación comprensivo, razonable, global, equitativo,
coherente y justo.
Esta Proposición no es ese nuevo sistema, sino un primer paso, una medida
de urgencia, que debe ser absorbida posteriormente por otras iniciativas
de abanico más amplio en el futuro, y que pueden marchar en paralelo a
que se instaure este Sistema de Evaluación Público de la Producción
Científica Española en Abierto (SEPECA).
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Paralizar de forma inmediata los nuevos criterios de evaluación del
profesorado funcionario presentados por la ANECA, que no están realmente
negociados y que mantienen unos niveles de exigencia desproporcionados.
2. Poner en marcha de forma urgente un Nuevo Sistema Nacional Público de
Evaluación de la Producción Científica en Abierto, dando los primeros
pasos a través de las siguientes acciones concretas:
2.1. El Gobierno creará un Sistema de Evaluación Público de la Producción
Científica Española en Abierto (SEPECA) de acuerdo a los siguientes
criterios:
a) Este sistema será implementado por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte en coordinación con las Comunidades Autónomas, a través de la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
b) La FECYT, como organismo público e independiente, arbitrará un sistema
de valoración de la producción científica que permita prescindir
progresivamente del índice JCR corno criterio para la estimación de la
calidad y evite la intervención de empresas externas:
i. Los criterios de evaluación de este sistema serán acordados con la
comunidad científica en función de campos, áreas y ciencias.
ii. Para ello se arbitrarán mecanismos de carácter democrático tales como
el que ya aplicó en 1999 la UCUA (Unidad para la calidad de las
Universidades Andaluzas), mediante la elaboración de un ranking de
publicaciones de cada campo a partir de los resultados de una encuesta de
valoración al conjunto de la comunidad investigadora y docente,
independientemente de su categoría profesional.
iii. Dentro de estos criterios de evaluación se asignará una valoración
preferente a las publicaciones realizadas en repositorios abiertos (Open
Access) revisados por pares.
iv. Se podrá impulsar, para contrastar con dichos criterios, indicadores
bibliométricos gratuitos y de acceso libre creados desde la Unión Europea
que combinen aspectos cuantitativos (productividad) con cualitativos o de
visibilidad (impacto o éxito que aprecian los pares en las propuestas
realizadas), sustituyendo los índices h y g de Google Scholar Metrics,
producto también al fin y al cabo de otra empresa privada.
c) Se valorarán en igual medida los trabajos y producciones científicas en
todos los formatos y expresiones (libros, monografías, capítulos de
monografías, revistas, informes, documentación, infografía, soportes
artísticos, imagen, sonido, software).
d) Se potenciará el desarrollo de repositorios institucionales públicos
abiertos cuyos contenidos sean admitidos por revisión de pares, así como
que respondan a los criterios señalados en el apartado c.
e) Se habilitará un sistema de apoyo a la comunidad investigadora y
universitaria, con herramientas y ayuda para depositar sus trabajos y
producciones para revisión en archivos electrónicos abiertos, de acuerdo
con los estándares establecidos por la Iniciativa de Archivos Abiertos.
f) Se promoverá y apoyará económicamente una nueva generación de
Publicaciones y Revistas de Acceso Abierto, así como se ayudará a las
existentes para que opten por acometer la transición al acceso abierto.
2.2. La calidad de las publicaciones de acceso abierto se establecerá en
función de la revisión ciega por pares (que será un mínimo de dos
expertos/as). Dicha labor de revisión será valorada como mérito por la
ANECA para todo/a investigador/a que participe en ella.
2.3. Se potenciará que sean revisiones orientadas al apoyo y mejora del
texto realizado, para que se pueda corregir la propuesta y volver a
presentarla adecuadamente.
2.4. Se valorará también como méritos de productividad científica: (a)
poner en marcha nuevas publicaciones, revistas y fuentes de información
que cumplan los criterios; (b) dirigirlas; (c) revisar documentos y
materiales de las publicaciones, revistas y fuentes de información
consideradas; (d) realizar trabajos de organización en bases de datos
abiertas con las revistas consideradas; (e) traducir textos.
2.5. Se favorecerá la diversidad de formatos de publicación posibles
atendiendo a la diversidad de campos, disciplinas y enfoques, así como la
complementariedad metodológica, equilibrando la investigación empírica y
reflexiva, entendiendo que la metodología científica es variada. La
condición común será el rigor constructivo y la generación de
conocimiento y con-ciencia para la mejora personal y social.
2.6. La ANECA y la CNEAI evaluarán la capacidad investigadora del
profesorado de todo el Estado en función de este nuevo sistema.
2.7. Todas las investigaciones que reciban financiación pública estarán
obligadas a publicar sus resultados en repositorios de acceso abierto, en
cumplimiento de la Ley de la Ciencia.
2.8. El Gobierno comunicará a todas las Comunidades Autónomas la creación
de este nuevo Sistema de Evaluación Público de la Producción Científica
en Abierto (SEPECA) para que tengan la posibilidad de adherirse en el más
breve tiempo posible.
3. Establecer en el nuevo sistema de acreditación para el acceso y
desarrollo de la carrera docente e investigadora de los cuerpos docentes
funcionarios universitarios la valoración de la docencia al mismo o mayor
nivel que la investigación, dado que la docencia es la finalidad
fundamental de nuestro sistema universitario de Educación Superior. En
este sentido la experiencia docente y su
evaluación, de forma continua y participada por los propios implicados,
habrían de tomar el peso del que en la actualidad carecen.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2017.-Miguel Ángel
Bustamante Martín y Joan Mena Arca, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa,
Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.
161/002181
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre las profesiones tituladas de
ingeniero e ingeniero técnico en informática, para su debate en la
Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
Nadie pone en duda hoy día que el crecimiento económico de los países más
avanzados se basa en buena parte en el progreso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación. En España, las dos disciplinas que dan
sustento técnico y científico al sector TIC español son la ingeniería en
informática y la más antigua ingeniería de telecomunicaciones. Sirva como
nota ilustrativa que la profesión de ingeniero de telecomunicaciones está
regulada por el Real Decreto 2479/1971, de 13 de agosto por el que se
regulan las facultades y competencias de los ingenieros técnicos de
telecomunicación en sus distintas especialidades.
Por el contrario, la disciplina académica de Informática, configurada hoy
en día como enseñanza universitaria, nació en 1969 con la creación del
Instituto de Informática, bajo la dependencia del Ministerio de
Educación, que consideraba el estudio de dicha disciplina necesario para
la obtención de formación y técnica profesional, culminando con una
titulación que permitiera el ejercicio profesional.
El Decreto 593/1976, de 4 de marzo estableció la creación de las primeras
Facultades de Informática. Las características de estos estudios
aconsejaban la creación no sólo de Facultades sino también de Escuelas
Universitarias que impartieran las enseñanzas orientadas a la educación
científica y técnica y a la preparación de profesionales en un solo ciclo
de estudio de tres años de duración.
Los Reales Decreto 1460/1990 y 1461/1990, de 26 de octubre, establecieron
los títulos oficiales de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, que vinieron a sustituir
al título de Diplomado en Informática, con las dos especialidades
entonces vigentes.
En 2008 se aprobó el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que
se incorporaron al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la
Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas
al reconocimiento de cualificaciones profesionales. El anexo VIII de
dicho Real Decreto establecía el listado de profesiones reguladas en
España a efectos de reconocimiento de cualificaciones profesionales, en
el cual se incluyen todas las ramas de informática con la sola excepción
de la ingeniería e ingeniería técnica en informática, las cuales debían
haberse incluido en dicho listado tras abordarse la reforma general en la
regulación de la profesiones, pendiente desde 2008.
Esta anómala situación ha provocado que desde 2008 la ingeniería e
ingeniería técnica en informática sean las dos únicas profesiones de
ingeniería cuyo ejercicio profesional no está regulado en España, así
como el hecho de que los estudios de Grado y Master en Ingeniería
Informática son los únicos del ámbito de las ingenierías que no se
encuentran regulados por Ley, con lo que ello supone.
Desde 2009 los profesionales de la ingeniería e ingeniería técnica en
informática vienen manifestándose para que se repare este agravio, el
cual les está impidiendo ejercer su profesión en igualdad de condiciones
al de otros profesionales del sector. También les está impidiendo
competir a nivel Europeo ya que sus cualificaciones profesionales no se
encuentran reconocidas.
Fruto de todo ello, los profesionales, a través de los colegios
profesionales de ingeniería e ingeniería técnica en informática en los
que se agrupan, han emprendido numerosas acciones reclamando que se
repare la situación con carácter de urgencia, entre las que destacan
sendas quejas al Defensor del Pueblo
por no estar aplicándoseles el artículo 36 de la Constitución, el cual
especifica claramente que se debe regular por Ley el ejercicio de las
profesiones reguladas. Por último estos profesionales han procedido a
denunciar estos hechos ante instancias europeas, practicando una denuncia
ante la Comisión Europea por vulneración del derecho comunitario, con
procedimiento de información actualmente abierto a España EU PILOT
7415/15, así como queja ante el Parlamento Europeo, el cual acordó el 3
de mayo de 2017 remitir una carta formal de preocupación ante la
situación y ampliar diligencias informativas sobre el caso.
Los ingenieros e ingenieros técnicos en informática españoles no deben
seguir sufriendo esta situación de total discriminación en la que, al
contrario que el resto de titulados oficiales de ingeniería no se les
reconoce como profesionales cualificados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, con carácter
urgente, proceda a impulsar la regulación por Ley de las titulaciones de
Grado en Ingeniería Informática y Master en Ingeniería Informática.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2017.-María Luz
Martínez Seijo, Manuel Cruz Rodríguez y María del Rocío de Frutos
Madrazo, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/002207
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Roldán, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y
Marta Martín, Diputada del mismo grupo, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre detección y
atención a alumnos afectados por dislexia.
Exposición de motivos
La dislexia aunque es de amplia y compleja definición, podemos definirla
como una Dificultad Específica de Aprendizaje (DEA) de origen
neurobiológico, caracterizada por la presencia de dificultades en la
precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras (escritas) y por un
déficit en las habilidades de decodificación (lectora) y deletreo.
La dislexia, de acuerdo con FEDIS (Federación Española de Dislexia y otras
DEA -Dificultades Específicas de Aprendizaje-), se estima tiene una
incidencia del 15 % entre los españoles y tiene consecuencia dificultades
en áreas relacionadas con el lenguaje, tales como ortografía, escritura,
pronunciación de palabras y expresión oral.
Los estudiantes con la dislexia presentan un alto grado de dificultad de
aprendizaje que, en muchas ocasiones, afecta directamente a sus
resultados escolares sin que ello se corresponda con su capacidad
intelectual, aptitudinal o actitudinal. Tienen dificultades para ajustar
el nivel de actividad a las exigencias de la tarea y su rendimiento es
irregular.
La implementación de una serie de actuaciones en los centros educativos,
es fundamental para que este colectivo desarrolle sus capacidades
educativas, emocionales y sociales con todos sus derechos y garantías.
Dichas actuaciones deben estar dirigidas a la detección identificación
temprana, a la intervención educativa, a la formación de los
profesionales, al asesoramiento y orientación de las familias, es decir
implicar a todos los agentes de la comunidad educativa.
El artículo 57, apartado 2, de la Lomce se establece que 'Corresponde a
las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que
los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la
ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por
dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades
intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por
condiciones personales o de historia escolar, pueden alcanzar el máximo
desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los
objetivos establecidos con carácter
general para todo el alumnado', también recogido en el artículo 71.2 de la
Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A poner en marcha, en coordinación con las Comunidades Autónomas, un
plan nacional contra la dislexia, de carácter multidisciplinar, que
involucre esencialmente al ámbito sanitario y educativo.
2. A implementar herramientas de diagnóstico eficaces y eficientes. Entre
ellos instamos a desarrollar un sistema de predicción e identificación
temprana de la dislexia evolutiva que alcance un alto grado de
sensibilidad y especificidad mediante plataformas web, accesibles a
través de Internet y que permita no solo la detección sino también la
creación de una Base de Datos que permita obtener información a mayor
escala y mejorar el protocolo de detección.
3. A desarrollar un protocolo de detección e identificación de los
indicadores de riesgo a lo largo de las diferentes etapas escolares.
4. A desarrollar e implementar planes de trabajo individualizados para los
alumnos con dislexia y otras DEA que incluya entre otras las siguientes
estrategias y/o actividades pedagógicas:
a) Fijar procedimientos que a partir del aprendizaje oral deriven y
faciliten el aprendizaje escrito.
b) Prestar una atención individualizada al alumno diagnosticado de
dislexia u otras DEA.
c) Llevar a cabo una adecuada coordinación entre los diferentes
profesionales que atienden al alumno, tanto desde el punto de vista
educativo, como sanitario y social, así como trabajo colaborativo con las
familias.
d) Compensar la información escrita con otro tipo de información
complementaria de carácter audiovisual, no a la sobrecarga de tareas, y
establecer estrategias para mejorar la reflexividad, motivación y
autoestima.
e) Adaptación de los sistemas y criterios de evaluación de los alumnos con
dislexia y otras DEA.
f) Elaborar una guía que sirva de apoyo a los educadores, con la
información imprescindible sobre todo lo que se debe conocer sobre la
dislexia y otras DEA.
5. A incluir las posibles adaptaciones metodológicas, evaluativas o de
exclusión de materias que favorezcan y garanticen la continuidad de los
niños con dislexia y otras DEA en el sistema educativo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2017.-Marta Martín
Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
161/002209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
conciliación de los estudios universitarios con otras actividades, para
su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
A pesar de que no se contempla en la normativa estatal, el sistema de
asistencia obligatoria se ha generalizado en los planes de estudios
universitarios al implantarse la estructura del Espacio Europeo de
Educación Superior como un elemento diferenciador de la dinámica de las
clases magistrales.
En las guías docentes de las asignaturas se establecen, en el baremo de
ponderación de la calificación de la asignatura, qué criterios se tienen
en cuenta para la superación de la misma y en qué porcentaje.
Lo que la normativa estatal regula, tanto en la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, de modificación de la Ley Orgánica de Universidades, como en el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, es la
modalidad presencial o no presencial de las enseñanzas.
Por su parte el Estatuto del Estudiante Universitario, aprobado por Real
Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, establece, entre las obligaciones
de los estudiantes universitarios, la de asumir el compromiso de una
presencia activa y corresponsable en la universidad, lo que no alcanza a
la obligatoriedad de asistir a clase.
Este texto recoge además la posibilidad de que les sea reconocida por las
universidades la condición de estudiante a tiempo parcial, solución que
permite superar las consecuencias de una falta de asistencia presencial
para alumnos que, por sus circunstancias sociales, personales o
laborales, no puedan asistir a clase.
Sin embargo, la aplicación práctica de esta facultad, es heterogénea en
función de cada universidad. Algunas universidades contemplan en su
normativa interna medidas para supuestos de embarazo, parto, adopción y
acogimiento; estudiantes con hijos menores de tres años o que acrediten
su condición de cuidador o trabajador. En otras universidades no exigen
ciertamente la presencia en las aulas y, en general, la mayoría de las
universidades han adoptado medidas para compatibilizar el deporte con los
estudios universitarios.
A pesar de las mejoras en la oferta presencial, semipresencial, a
distancia o incluso on line de los títulos de Grado y Máster y en la
flexibilidad y adaptabilidad de los currículum de los estudiantes con
relación a la situación anterior a Bolonia, las oficinas de los
Defensores Universitarios de las diferentes Universidades han destacado
la dificultad que sigue habiendo para estudiar y trabajar al tiempo, o
para conciliar los estudios con determinados momentos de la vida personal
o familiar, lo que puede suponer una desventaja para estos estudiantes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en
colaboración con las universidades, el desarrollo de un marco común que
favorezca la compatibilización entre los estudios de grado o master, en
todas sus modalidades, con el desarrollo de cualquier otro tipo de
actividad profesional, laboral y/o deportiva, de acuerdo con la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de modificación de la Ley Orgánica de
Universidades y el Estatuto del Estudiante Universitario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2017.-Rafael Antonio
Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002059
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta la siguiente Proposición no de Ley para la igualdad efectiva en
el ámbito laboral de las personas trans, para su debate en la Comisión de
Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
El término 'personas trans' hace referencia a aquellas personas cuyo
género real o con el que se identifican no coincide con su sexo asignado
al nacer.
La población trans abarca a hombres y mujeres de todas las edades, credos,
razas, status social y cultural, ideologías, etcétera. Sin embargo, las
tasas de paro que se registran en esta población son mucho más altas que
la media nacional: el 85 % de las personas trans están en paro.
En 2018, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cambiará de epígrafe
la transexualidad. Pasará de formar parte del capítulo dedicado a
'trastornos de la personalidad y el comportamiento', el llamado
CIE-10, a ser considerada como una incongruencia de género en las
'condiciones relativas a la salud sexual'. CIE-11. Un avance que pese a
ser positivo y significativo, no es en absoluto suficiente.
La Ley 3/2007 de 15 de marzo, regula la forma de realizar el cambio de
nombre y sexo legal de las personas trans una vez iniciado el proceso de
transición, pero es insuficiente y además el tratamiento es patologizante
hacia las personas trans.
Catalunya, Galicia, Navarra, Euskadi, Andalucía, Extremadura o las Islas
Canarias han avanzado su legislación en lo que a la protección de las
personas trans se refiere, pero esto no se ha traducido de momento en una
ley estatal que reconozca y proteja de manera específica a este
colectivo.
La consideración de la transexualidad como una patología es la lógica que
conlleva que actualmente las personas trans deban someterse a una
evaluación psiquiátrica para acceder a un tratamiento hormonal y/o
quirúrgico.
La mayor encuesta sobre la discriminación que sufre la comunidad LGTBI
europea, elaborada por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea en 2014, situó a las personas trans como las más perjudicadas de
los ataques contra la libertad sexual. El análisis detallado de las
respuestas de las 6.597 trans que participaron en ese estudio desgrana un
panorama de exclusión en el que el 5 4 % de los entrevistados admite
haberse sentido discriminado en el último año. El 60 % de los
transexuales españoles que participó en la encuesta afirmó haberse
sentido discriminado en los doce meses anteriores Un 62 % señala haber
sido objeto de acoso y un 8 % ha sufrido algún ataque físico o sexual por
ser percibido como 'trans'.
Las datos del citado macroestudio sobre el trato a la comunidad LGTBI en
Europa alertaron hace ya años a la Agencia de Derechos Fundamentales
sobre la 'frecuente discriminación y victimización' de las personas
trans, más aún que las sufridas por lesbianas, gays y bisexuales, y
señalaban que el entorno más hostil para las personas trans se ubica en
el mundo laboral, especialmente para acceder a él.
La ILGA, the European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual,
Trans and Intersex Association, denuncia que España ha caído al noveno
puesto en la última edición del informe anual sobre la situación de los
derechos de las personas LGTBI en Europa, la posición más baja desde 2010
cuando la ILGA Europa elaboró el ranquin por primera vez. En 2012, España
dejó el segundo puesto y bajó a la tercera posición y en 2016 ocupaba ya
la quinta posición.
En los últimos años ha habido una mayor visibilidad de las personas trans,
pero estamos lejos de poder hablar de igualdad. Persisten normas y
prejuicios que se traducen en discriminación y exclusión.
La capacidad laboral de una persona es independiente de su identidad y/o
expresión de género, pero es precisamente el entorno laboral uno de los
espacios donde se generan más situaciones de discriminación y
vulnerabilidad sobre las personas trans por el hecho de ser trans sin
guardar ninguna relación con su rendimiento laboral o su capacidad
profesional.
El mercado laboral actúa de forma agresiva repeliendo y expulsando a las
personas trans, reservándoles discriminación y altos grados de
precariedad, llevándolas a la pobreza, a la exclusión y en muchos casos,
a retrasar la transición por miedo a perder el trabajo.
La invisibilización, la burla, el acoso laboral, la extorsión, la
exclusión, el cambio de categoría profesional o el despido son
situaciones habituales que sufren las personas trans una vez deciden
visibilizar su género y empezar la transición.
La Constitución Española reconoce en su artículo 14 la igualdad de todas
las ciudadanas y ciudadanos españolas ante la ley sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social, y por lo tanto independientemente de que sean bisexuales o trans.
El Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público
protegen, en sus artículos 4.2 y 14, respectivamente, el derecho a no ser
discriminadas por ninguna razón.
El marco normativo español en materia de igualdad es bastante avanzado.
Sin embargo, es preciso implementar mecanismos para garantizar que la
igualdad y el respeto a la diversidad sean reales y efectivos en todos
los ámbitos de la vida de las personas. Queda mucho camino por recorrer
para lograr la igualdad real.
El trabajo es la llave de acceso a los derechos de ciudadanía, y tiene un
gran impacto en el ámbito social. Un ambiente de trabajo respetuoso es
esencial para el desarrollo personal, la salud y para prevenir los
riesgos psicosociales.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Ampliar los supuestos del artículo 52.d) del Estatuto de los
Trabajadores, de forma que se excluyan del cómputo de absentismo para el
despido objetivo las faltas de asistencia ocasionadas por consultas,
trámites o incapacidad temporal relacionadas con el proceso de
transición.
- Incluir la LGTBIfobia como riesgo psicosocial para establecer unas
medidas de prevención del acoso laboral por esta causa.
- Tipificar cualquier acoso por identidad o expresión de género en el
procedimiento sancionador como falta muy grave.
- Negociar un protocolo de actuación para los casos de discriminación por
orientación sexual, identidad o expresión de género (puede incluirse en
el protocolo de actuación por acoso laboral o en el protocolo de
actuación por acoso sexual o por razón de sexo).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2017.-Aina Vidal
Sáez, Diputada.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición
no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Empleo y
Seguridad Social, relativa a la toma de medidas extraordinarias por
efecto de la sequía para los trabajadores y trabajadoras asalariados del
campo, incluyendo la eliminación del requisitos de las peonadas para
percibir el subsidio y la renta agraria como consecuencia de la sequía.
Exposición de motivos
En España existen cerca de 1.000.000 de trabajadores y trabajadoras del
campo, de los cuales, cerca de 550.000 viven en Andalucía y Extremadura.
La concentración de tierra en pocas manos es la realidad histórica que
está en la base de esta situación social. En Extremadura, 3 % de los
propietarios, posee el 44 % de la tierra, y en Andalucía, 766
propietarios, son dueños de más de 1.000.000 de hectáreas de tierra. El
escaso interés y promoción de una agricultura alternativa y
diversificada, la práctica ausencia de industria de transformación local
y una PAC que refuerza todo lo anterior, y que llega a los grandes
empresarios agrícolas como gastos corrientes sin casi ninguna exigencia,
han convertido en estructural una realidad que debería haber cambiado
hace muchos años. Resulta escandaloso saber que 16 grandes terratenientes
andaluces cobran lo mismo que 17.000 jornaleros y jornaleras, y no tienen
que justificar ninguna peonada de trabajo. En este contexto, los
trabajadores y trabajadoras eventuales del campo en Andalucía y
Extremadura son uno de los colectivos sociales claramente situados en la
precariedad social y bajo el umbral de la pobreza, tal como muestran los
datos del último informe de Condiciones de Vida de la Población,
publicado por el Instituto Nacional de Estadística, y el último Informe
FOESSA sobre condiciones de vida de la población pobre en España 3, hecho
público hace apenas dos semanas. Según este informe, el 38 % de las
familias andaluzas y extremeñas que se sitúan por debajo del umbral de la
pobreza tienen como principal fuente de trabajo las campañas agrícolas y
el 23 % de ellas, tiene como principal fuente de ingreso el subsidio y la
renta agraria.
Todo este contexto y los datos disponibles, que muestran la precariedad
social en la que vive el colectivo de los trabajadores y trabajadoras del
campo, muestran la enorme situación de vulnerabilidad en la que
transcurren sus vidas. Cualquier elemento que afecte a la producción en
los principales cultivos
3 Informe FOESSA de Condiciones de Vida de la Población Pobre en España.
Fundación FOESSA-Cáritas. 2017.
sociales que son fuente de mano de obra, como el viñedo, el olivar, los
frutales, o la fresa, tiene unas repercusiones enormes sobre la vida de
las familias jornaleras.
Desde el 1 de octubre pasado, la precipitación media en Andalucía y
Extremadura se ha situado un 12 % por debajo de la media de los últimos
30 años. Las provincias más castigadas han sido Jaén, Granada, Córdoba,
el norte de Sevilla, Huelva, Badajoz y Cáceres. Las reserva en nuestros
embalses está en el 56 %, frente al 70 % de media en los últimos 10 años,
y referido a la situación de Andalucía y Extremadura, si en mayo de 2016,
la situación en todas las cuencas y embalses se calificaba como de
normalidad, en mayo de 2017, los datos facilitados por el propio MAPAMA
muestran cómo en las cuencas del sur, todas las provincias menos Huelva y
Cádiz se sitúan ya en fase de prealerta cuando apenas ha comenzado el
verano. Además, las provincias limítrofes como Murcia, Ciudad Real o
Albacete que absorben mucha mano de obra en las campañas de la vendimia y
hortalizas se encuentran en fase de alerta o emergencia. No es necesario
recordar que en este periodo es fundamental el aporte hídrico con lo
cual, la persistencia de la sequía afectara seguro a la producción de
verano de hortalizas, y comprometerá de manera importante las campañas de
la vendimia en otoño, y la aceituna.
La reducción de la producción ya se empieza a calcular en un porcentaje
que ronda el 30 %, pero la situación empeora cada semana y la evolución
de los informes tanto del MAPAMA, las AEMET, como del propio Agroseguro,
indica que podemos terminar la campaña en condiciones dramáticas. En las
provincias de Jaén, Granada, Córdoba y Sevilla la superficie siniestrada
ya es del 15 % según datos de agroseguro, y en provincias como Cáceres,
Badajoz y la propia Sevilla hay comarcas donde el porcentaje de
superficie siniestrada es ya del 30 % según la misma fuente.
En este contexto, se prevé la pérdida de en torno a 1 millón de jornales
de los 4 millones de media que se declaran en Andalucía y en torno a los
500.000 jornales del 1,5 millones que existen en Extremadura. En este
sentido, es oportuno recordar que el Ministerio de Trabajo no ha hecho
nada por hacer aflorar los casi 2 millones de jornales de la economía
sumergida que calculan CC.OO. y UGT que existen en el campo andaluz y
extremeño. La falta de preocupación por parte del MAPAMA, por un lado, y
del Ministerio de Trabajo, por otro, a la hora de hacer un cálculo y
análisis exhaustivo de la realidad del trabajo asalariado en el campo,
nos deja sin datos más precisos que permitieran a las organizaciones
sociales y a las propias instituciones locales hacer previsiones cada
campaña.
Esta misma situación ha llevado en otros momentos a una reducción de los
jornales reales que son necesarios justificar de forma real para poder
acceder al subsidio y la renta agraria, Sin embargo, el Gobierno actual,
y la Ministra de Trabajo Fátima Báñez, han desoído las demandas de los
agentes sociales, y el acuerdo de esta cámara pidiendo la aplicación de
esta reducción por causas excepcionales de la sequía en 2017. En un
contexto de escasez y de falta de trabajo, el requisito de las peonadas,
genera caciquismo en los pueblos sobre la base de la compra y venta de
peonadas. Conviene igualmente recordar que en esta espiral de dependencia
y desesperación en la que se encuentran miles de familias andaluzas y
extremeñas, cada jornalero o jornalera, para poder acceder al subsidio
agrario, tiene que pagar todos los meses 94,44 euros, trabaje o no
trabaje. En el año 2016 4, en un año con pluviometría media, las personas
que cobraron el subsidio agrario para eventuales del campo fueron 117.021
personas, de las cuales 42.100 mujeres, y otras 78.970 personas,
recibieron la renta agraria. Esto significa que tan solo pudieron
percibir esta prestación un 23 % aproximadamente. Consideramos que en el
año 2017, en vez de recuperarse los niveles de cobertura, estas cifras
pueden caer en torno a un 50 %.
Por último, el Real Decreto-ley de 9 de junio, de medidas urgentes para
paliar los daños de la sequía, y que está pendiente de su tramitación
como Proyecto de Ley, recoge como medida extraordinaria en el artículo 3,
la posibilidad de solicitar y obtener, previa justificación de los daños
sufridos, una moratoria de un año sin interés en el pago de las
cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los meses de julio
de 2017 a febrero de 2018, ambos inclusive, así como en el pago de las
cuotas por las jornadas reales correspondientes al mismo periodo.
Considerando que los propios agricultores podrán obtener esta moratoria
en el pago de las jornadas reales de los empleados agrícolas a su cargo,
parece lógico considerar que los propios trabajadores y trabajadoras
eventuales del campo pudieran obtener el mismo beneficio, siendo que la
sequía afecta al conjunto del sector, y que las posibilidades de trabajar
en esta campaña se van a ver ciertamente reducidas.
4 Informe. Prestación por desempleo asistencial para trabajadores
eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura. 2016. Resumen de Datos.
Ministerio de Trabajo.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A que se eliminen de forma inmediata y mientras persistan las actuales
condiciones climáticas, la justificación de las peonadas necesarias para
obtener el subsidio agrario y la renta agraria por parte de los
trabajadores y trabajadoras eventuales del campo.
2. Se aplique la moratoria de un año, previa solicitud y justificación, y
sin interés, del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social por parte
de los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo, inicialmente
entre el 1 de julio de 2017 y el mes de febrero de 2018.
3. El inmediato incremento de los fondos destinados al PROFEA en al menos
un 2,5 % con cargo al Fondo de Contingencia, sobre la base de los efectos
adversos de la sequía y su impacto en la estructura económica y la
realidad social del campo andaluz y extremeño, que compense el IPC desde
el año 2012.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2017.-Diego Cañamero
Valle, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002096
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre la adopción de medidas para la aplicación de
los coeficientes reductores de edad de jubilación para el colectivo de
bomberos que prestan servicios en empresas privadas, en los parques
comarcales de bomberos de Galicia, para su debate en la Comisión de
Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
Tal como establece el artículo 206.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, la edad mínima de acceso a la pensión de
jubilación a que se refiere el artículo 205.1.a) podrá ser rebajada por
Real Decreto a propuesta del Ministerio de Empleo, respecto a aquellos
grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean considerados de
naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre,
siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva
profesión o trabajo el mínimo de actividad que se establezca.
Entre los colectivos de trabajadores que ya se benefician de esta
modalidad de jubilación anticipada están, los bomberos incluidos en el
RGSS como trabajadores por cuenta ajena o empleados públicos al servicio
de las administraciones y organismos públicos, a los que se aplica el
coeficiente del 0,20 % por año completo efectivamente trabajado de
conformidad con la disposición adicional 22.ª de la Ley 40/2007 y el
artículo 1 del Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo, que establece
literalmente que 'se aplicará a los trabajadores por cuenta ajena y
empleados públicos, incluidos en el Régimen General de la Seguridad
Social, que presten servicios como bomberos en sus diferentes escalas,
categorías o especialidades, en Corporaciones Locales, en Comunidades
Autónomas, en el Ministerio de Defensa, en el Organismo Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, así como en los Consorcios o Agrupaciones
que pudieran tener constituidos las expresadas administraciones.
Actualmente en la CC.AA. de Galicia, el servicio de prevención y extinción
de incendios y salvamento, además de por los parques municipales de
bomberos de gestión directa por los ayuntamientos, se lleva a cabo a
través de empresas privadas a las que ha sido adjudicada la gestión de
parques comarcales de bomberos, por parte de Consorcios contra Incendios
y salvamento, creados específicamente para atender un servicio público,
al amparo de lo previsto en la Ley de la Administración Local de Galicia,
que permite la creación de consorcios locales para la gestión de
competencias que le son propias, entre ellas la prevención y extinción de
incendios.
Los consorcios constituidos por corporaciones locales, vienen prestando el
servicio público de prevención y extinción de incendios de dos formas, a
través de personal contratado para prestar servicios como bomberos, o a
través de empresas a las que se adjudica la gestión del servicio, que
contratan personal, pero siempre con una dependencia directa del
consorcio correspondiente. Y es en este segundo supuesto, en el que se
ven afectadas las condiciones laborales y de seguridad social de los
trabajadores, al depender directamente de una empresa y no de una
administración o un consorcio.
Es decir la actividad de prevención y extinción de incendios se realiza o
bien por bomberos que realizan su actividad en los parques municipales de
bomberos, de gestión directa por los ayuntamientos, pero también por
otros que prestan servicios en empresas privadas a las que le han sido
adjudicadas la gestión de parques comarcales de bomberos por parte de
Consorcios.
Los trabajadores que prestan servicios en estas empresas privadas, en los
parques comarcales gestionados por los consorcios públicos a través de la
gestión indirecta, son trabajadores por cuenta ajena incluidos en el
RGSS, pero el carácter privado de la gestión afecta a sus derechos y
condiciones laborales y da lugar a situaciones de discriminación, una de
las misma referidas a la aplicación de !os coeficientes reductores en la
edad de jubilación.
A este colectivo a día de hoy no se le aplica el coeficiente reductor en
la edad de jubilación, ni tampoco se le aplica el descuento
correspondiente a la cotización adicional a fin de hacer acceder en su
día a la jubilación anticipada.
Se estima que no existe ningún motivo para que los trabajadores que
prestan servicios de prevención y extinción de incendios queden excluidos
de la aplicación de los coeficientes reductores para la edad de
jubilación, por tres motivos fundamentales:
- Porque los coeficientes reductores tienen su base en el desempeño de una
actividad penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y es el mismo trabajo el
que desempeñan los bomberos que realizan su actividad en los parques
municipales de bomberos de gestión directa por los ayuntamientos, que los
que prestan servicios en empresas privadas a las que le han sido
adjudicadas la gestión de parques comarcales de bomberos por parte de
Consorcios. Es decir realizan exactamente el mismo trabajo.
- Porque los consorcios constituidos por corporaciones locales, vienen
prestando el servicio público de prevención y extinción de incendios de
dos formas, y aunque lo realicen a través de empresas a las que se
adjudica la gestión del servicio, que contratan personal, siempre existe
una dependencia directa del consorcio correspondiente. Es más el artículo
21 de los Estatutos del Consorcio Provincial Contra Incendios e
salvamento de A Coruña (Real Decreto 258/2002, publicado en el DOG del
12/8/2002 dispone lo siguiente: Art. 21. Personal. 1. El personal al
servicio del consorcio estará integrado por: b) El personal del Servicio
de Extinción de Incendios y salvamento, sin perjuicio de que se opte por
la prestación del servicio bajo el régimen de gestión indirecta.
- Porque la aplicación de coeficientes a la edad de jubilación prevista en
el artículo 1 del Real Decreto 383/2008, se establece precisamente en
atención a grupos o actividades profesionales cuyos trabajos tengan esas
características de penosidad, por lo que parece que no tiene que ver con
el tipo o modalidad de contratación y mucho Trenas con la gestión pública
o privada de la actividad, sino con la naturaleza del trabajo.
Además el Real Decreto 1698/2011 establece la posibilidad de establecer
coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el Sistema
de la Seguridad Social, a otros sectores 'cuyos trabajos sean de
naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre', por
lo que los colectivos previstos no son un número taxado.
La situación descrita hace que los trabajadores que no acceden a los
coeficientes reductores estén en clara situación de desigualdad que no se
justifica de forma alguna y por lo tanto es discriminatoria, pues solo
está basada en una cuestión administrativa, como es el tipo de gestión
directa o indirecta en base a la cual se desarrolla la prestación,
diferencia que resulta inadmisible por cuanto la reducción de la edad de
jubilación, tiene su fundamento en el tipo de actividad, y las tareas de
naturaleza peligrosa que comporta la profesión de bombero, por lo que es
preciso la modificación normativa que incluya a todo el colectivo por
cuenta ajena y empleados públicos, incluidos en el Régimen General de la
Seguridad Social, que presten servicios como bomberos en sus diferentes
escalas, categorías o especialidades, en Corporaciones Locales, en
Comunidades Autónomas, en el Ministerio de Defensa, en el Organismo
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, así como en los Consorcios o
Agrupaciones que pudieran tener constituidos las expresadas
administraciones, independientemente de que la gestión sea directa o
indirecta.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Impulsar las medidas necesarias para que los trabajadores que prestan
servicios en las empresas privadas, en los parques comarcales gestionados
por los consorcios públicos a través de la gestión indirecta queden
incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 383/2008, de 14 de
marzo, que actualmente establece que 'se aplicará a los trabajadores por
cuenta ajena y empleados públicos, incluidos en el Régimen General de la
Seguridad Social, que presten servicios como bomberos en sus diferentes
escalas, categorías o especialidades, en Corporaciones Locales, en
Comunidades Autónomas, en el Ministerio de Defensa, en el Organismo
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, así como en los Consorcios o
Agrupaciones que pudieran tener constituidos las expresadas
administraciones'.
- Impulsar las medidas precisas para que se aplique a los referidos
trabajadores el descuento correspondiente a la cotización adicional a fin
de hacer acceder en su día a la jubilación anticipada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2017.-María del Rocío
de Frutos Madrazo, Guillermo Antonio Meijón Couselo, Pilar Cancela
Rodríguez, Margarita Pérez Herráiz, María Dolores Galovart Carrera y
Ricardo Antonio García Mira, Diputados.-Rafael Simancas Simancas,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Carles Campuzano i Canadés,
Diputado del Partit Demòcrata Europeu Català, y al amparo de lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta para su discusión ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social,
una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a reconocer las
enfermedades profesionales en el sector del taxi y a posibilitar la
jubilación anticipada para sus profesionales.
Antecedentes
El artículo 40.2 de la Constitución mandata a los poderes públicos a velar
por la seguridad e higiene en el trabajo, y en cumplimiento de este
mandato, la seguridad y la salud en el empleo han venido siendo objeto de
una actuación continua por parte del Estado y las Comunidades Autónomas,
así como, en sus respectivos ámbitos de responsabilidad, por parte de las
organizaciones empresariales y los sindicatos, y de las entidades
dedicadas profesionalmente a la prevención de riesgos laborales.
Los derechos fundamentales implicados en la prevención de los riesgos
laborales, que son: el derecho a la vida, el derecho a la integridad
física y el derecho a la salud, determinan que las actuaciones dirigidas
a mejorar la seguridad y la salud en el trabajo constituyan un objetivo
político de primer orden.
En este contexto, se han establecido de acuerdo con la normativa,
conceptos como el de 'enfermedad profesional', definida en el artículo
157 de la Ley General de la Seguridad Social, como la 'enfermedad
contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las
actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las
disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esté
provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro
se indiquen para cada enfermedad profesional. En tales disposiciones se
establecerá el procedimiento que haya de observarse para la inclusión en
dicho cuadro de nuevas enfermedades profesionales que se estime deban ser
incorporadas al mismo. Dicho procedimiento comprenderá, en todo caso,
como trámite preceptivo, el informe del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad'.
Cabe destacar que la definición señalada se refiere a la enfermedad
contraída como consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena y en
consecuencia, deberíamos preguntamos ¿en qué situación se hallan los que
contraen una enfermedad profesional como consecuencia del trabajo
autónomo o ejecutado por cuenta propia?
Evidentemente, el objetivo general de cobertura y protección social
debería ser el mismo, tanto para las personas que ejercen una actividad
económica o profesional por cuenta propia o autónoma, como para los que
la ejercen por cuenta ajena: un régimen público de Seguridad Social que
garantice la asistencia y las prestaciones en situaciones de necesidad.
Sin embargo, atendiendo al marco normativo, en la práctica, a pesar de que
en materia de protección de los trabajadores por cuenta propia se han
logrado avances como el materializado por la Ley 20/2007, de 11 de julio,
por la que se aprueba el Estatuto del Trabajo Autónomo, el trato no es
exactamente igual para ambos colectivos. Queda en este terreno todavía
camino por recorrer y cuestiones por resolver. Aún el grado de protección
y cobertura de los trabajadores autónomos dista del dispensado a los
trabajadores asalariados.
Cabe pues que sigamos avanzando y lo hagamos por ejemplo, reconociendo
enfermedades profesionales específicas de los trabajadores autónomos en
algunos sectores como el del Taxi, para poder atenderlas y prevenirlas, y
en la necesidad de posibilitar su jubilación anticipada.
En este sentido, cuando hablamos de enfermedades profesionales debemos
considerar asimismo, dos conceptos muy importantes intrínsecamente
relacionados; el de 'riesgos laborales' y el de 'prevención'.
Podemos definir 'riesgos laborales' del mismo modo que lo hace el artículo
4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, como 'la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado
daño derivado del trabajo'. Y se puede definir la 'prevención de riesgos
laborales', también tal y como establece la Ley 31/1995, como 'el
conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las
fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los
riesgos derivados del trabajo'.
Si nos centramos en los factores de riesgo que podemos encontrar en el
Sector del Taxi, podríamos citar riesgos físicos como: vibraciones del
vehículo, manipulación de cargas, derivados de la postura sedente
prolongada (cuello, hombros, columna vertebral y enfermedades de tipo
cardiovascular), derivados de la circulación en carretera (vista, oído),
trabajo nocturno, trastornos digestivos; o riesgos psicosociales como:
fatiga crónica, estrés o violencia (expuestos a agresiones físicas y
verbales). Y solo reconociendo las enfermedades profesionales se pueden
intentar prevenir los riesgos que las provocan.
El reconocimiento de las enfermedades profesionales tal y como hemos
apuntado al referirnos al artículo 157 de la Ley General de la Seguridad
Social, o tal como determina el Real Decreto 1299/2006, de 10 de
noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales
en el Sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su
notificación y registro, lo lleva a cabo el Gobierno a través de la
modificación del cuadro de enfermedades profesionales, requiriendo para
ello un informe previo del Ministerio de Sanidad y de la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. El informe científico que
apoya la propuesta de modificación debe ser realizado por una comisión
técnica conjunta de ambos ministerios.
De igual modo, a instancias del Gobierno, la edad mínima para acceder a la
jubilación puede ser rebajada por Real Decreto a propuesta del Ministerio
de Empleo, en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos
sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre
y, acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad, siempre que los
trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión o trabajo, el
mínimo de actividad que se establezca y se apliquen los correspondientes
coeficientes reductores. La actividad en el sector del taxi podría sin
duda, considerarse como penosa y peligrosa.
Por todo ello, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata reclaman al
Gobierno la adopción de medidas para continuar mejorando la protección y
cobertura de los trabajadores autónomos, en concreto, reconociendo las
enfermedades profesionales en el sector del taxi y posibilitando la
jubilación anticipada para sus profesionales, y presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un informe científico relativo a las enfermedades
profesionales en el sector del taxi con el objetivo de que avale la
propuesta de modificación del cuadro de enfermedades profesionales y
posibilite su reconocimiento.
2. Adoptar las actuaciones necesarias para el reconocimiento de
enfermedades profesionales en el caso de trabajadores autónomos y para
posibilitar la jubilación anticipada para los trabajadores autónomos del
sector del taxi cuando acrediten el mínimo de actividad requerida.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2017.-Carles
Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002121
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don Ignasi Candela
Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para
introducir en el ámbito del Sistema de Información de los Servicios
Públicos de Ocupación (SISPE) el Código Nacional de Ocupaciones (CNO)
correspondiendo al Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos
(595410051101), para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad
Social.
Exposición de motivos
En el Real Decreto 1463/1990, de 26 de octubre (BOE n.º 278 de 28 de
noviembre de 1990), se recogen las Directrices Generales propias del
título de Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el
mencionado decreto se establecen las competencias que deberán de ser
adquiridas con la finalización del grado y dice: 'deberá de proporcionar
la formación científica adecuada, en los aspectos básicos y aplicados de
los alimentos y sus propiedades, así como de la producción y elaboración
para el consumo'.
Este grado reúne un extenso número de disciplinas científicas que
contribuyen a formar profesionales con conocimientos en el desarrollo,
conservación, transformación, envasando y posterior distribución y os de
alimentos seguros, nutritivos y saludables tal y cómo sufrida en la
Universitat Politécnica de València.
Además, según la Universidad Miguel Hernández, donde también se cursa este
grado en su campus de Orihuela, se adquieren conocimientos especificas
tales como:
- Conocimientos de normativas y leyes aplicables en la elaboración de los
alimentos desde materias delgadas hasta productos elaborados.
- Capacidad de asesoramiento legal, científico y técnico a la industria
alimentaria y a los consumidores.
- Evaluar y tomar decisiones en el proceso global de fabricación de los
alimentos.
- Comprender los diferentes microorganismos y tomos presentes en las
materias delgadas y los alimentos elaborados...
A pesar de la extensa formación en materia de calidad y seguridad
alimentaria, actualmente no se realiza ninguna oferta pública en la que
estas personas tituladas en Ciencia y Tecnología del Alimentos puedan
competir con los y las de farmacia o veterinaria a pesar de estar
habilitadas para la realización de auditorías e inspección de calidad y
seguridad alimentaria o asesoría legal científica y técnica en el sector
alimentario.
Esto pues, el Real decreto 13/1995, de 4 de agosto, por el que se aprueban
medidas adicionales sobre el control oficial de productos alimentarios,
establece a su artículo 2 que 'las operaciones de control, a las que se
refiere el artículo 6 del Real decreto 50/1993, de 15 de enero
(inspección, tomada de muestras y análisis, control de la higiene del
personal, examen del material escrito y documental, examen de los
sistemas de los sistemas de verificación aplicados eventualmente por las
empresas y de los resultados que se desprenden de los mismos), se
llevarán a cabo por agentes debidamente cualificados y experimentados,
especialmente en áreas como la química, la química de los alimentos, la
veterinaria, la medicina, la microbiología de los alimentos la higiene de
los alimentos, la tecnología de los alimentos y el derecho'.
El País Valencià es un territorio donde la agricultura y la industria
alimentaria continua teniendo un peso especifico importante, y donde el
desarrollo de oferta para nuevos grados académicos de control e
innovación en materia alimentaria puede suponer una oportunidad de
desarrollo industrial y comercial. De ahí la importancia de contar con la
titulación en Grado en Ciencia y Tecnología de los alimentos a las
ofertas de ocupación tanto sea para ejercer en la función pública cómo
por ofertar puestos de trabajo a través del SERVEF, donde este grado no
se requiere para ninguna demanda de ocupación del sector agroalimentario
mientras sus variantes en Formación Profesional si se contemplan.
Además, el potente sector servicios de nuestro territorio puede suponer
también una oportunidad para los y las titulados que pueden desarrollar
tareas de inspección para garantizar la seguridad alimentaria de los
establecimientos valencianos tal y cómo desarrollan otros grados
profesionales.
Por todo lo expuesto, don Ignasi Candela, Diputado de Compromís, en nombre
del Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Introducir en el ámbito del Sistema de Información de los Servicios
Públicos de Ocupación (SISPE) el Código Nacional de Ocupaciones (CNO)
correspondiendo al Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos
(595410051101) para dotar a las empresas y entidades oferentes de
ocupación de la posibilidad de demandar graduados y graduadas en esta
titulación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2017.-Ignasi Candela
Serna, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto.
161/002156
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre la definición de las modificaciones normativas
necesarias para adecuar las relaciones económico-laborales entre
individuos y empresas en el marco de las plataformas digitales.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y
entendiendo que la presentación del informe a la que se hace referencia
se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Empleo y
Seguridad Social. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este
acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2017.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Carles Campuzano i Canadés,
Diputado del Partit Demòcrata, y al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su
discusión ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social, una Proposición
no de Ley para la definición de las modificaciones normativas necesarias
para adecuar las relaciones económico-laborales entre individuos y
empresas en el marco de las plataformas digitales.
Antecedentes
Entre un 20 y un 30 por ciento de la población en edad laboral en la
Europa de los 15 y Estados Unidos percibe algún tipo de ganancia por
actividades propias. De ellos, un 15 % -que va en aumento- utiliza
plataformas digitales para obtener ingresos. Es la conclusión de un
informe elaborado por la Asociación Española de la Economía Digital
(Adigital) con el apoyo de GoVup, policy lab de innovación pública,
publicado este mes de julio, en el que utiliza datos del informe 'Trabajo
independiente: elección, necesidad y economía bajo demanda', publicado
por McKinsey en octubre de 2016.
De acuerdo con los datos del citado estudio, en España hay un poco más de
3 millones de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA) pero solo representan una cuarta parte del total de 12 millones de
trabajadores independientes -o que al menos perciben ingresos por
actividades propias- que McKinsey considera que hay en España. La
consultora saca de la sombra otros 9 millones de individuos que, de
alguna manera, percibirían ingresos a partir de trabajos independientes,
sin ser considerados trabajadores autónomos.
De este gran colectivo, el 15 % de la fuerza de trabajo independiente ha
usado alguna plataforma digital P2P bajo demanda para generar ingresos.
Es decir, el 4 % de la población en edad laboral. Estas plataformas han
crecido rápidamente en los últimos años y, a medida que se expanden,
están teniendo un efecto transformador del mercado de trabajo.
Asimismo, un reciente informe sobre la economía colaborativa en España
realizado por la Fundación EY3 -en consorcio con Adigital, Fundación
Cotec, Fundación de Estudios Financieros y Círculo de Empresarios- estima
que el impacto económico de las actividades colaborativas subyacentes a
las plataformas ya supone entre un 1 y un 1,4 % del PIB y ascenderá hasta
un 2 y 2,9 % en 2025.
Si bien las plataformas digitales ofrecen oportunidades de empleo y de
autoempleo, de trazabilidad y de transparencia, de seguridad y de
competitividad, también es cierto que bajo la actual normativa generan
inseguridad jurídica, incertidumbre tanto para los trabajadores como para
las plataformas, precarización y desigualdad, dado que el trabajo a
través de plataformas es esporádico y a menudo ni siquiera computable
bajo el formato del Trabajador Autónomo Económicamente dependiente
(TRADE).
Un reciente estudio del Parlamento Europeo de octubre de 2016 sobre este
tema (The Situation of workers in the collaborative economy), recomienda
encuadrar a los actores de la economía colaborativa, plataformas y
usuarios proveedores, 'en el ámbito de la regulación en materia del
autónomo y del trabajador por cuenta propia, complementando esta
aproximación y permitiendo que las plataformas desarrollen sus propias
políticas de beneficios'.
Por su parte la Comisión Europea, en el Informe 'El futuro del trabajo en
la economía colaborativa. Eficiencia de mercado y equidad de
oportunidades o injusta precarización' realizado en 2016, recomienda
adoptar, con el objetivo de 'facilitar la convergencia y la transición
entre el trabajo bajo demanda mediado digitalmente y otras formas de
empleo', medidas para: delimitar el tipo de relaciones existentes;
definir un salario mínimo junto con límites al número máximo de horas
trabajadas por día; establecer algunas formas mínimas de protección
social y seguros de salud; considerar el seguro de responsabilidad por
daños a terceros y otras posibles medidas de seguridad sanitaria; regular
el tipo y la frecuencia de las formas tecnológicas de control y la
utilización de los datos de los trabajadores; y para garantizar que la
clasificación algorítmica automática de las plataformas y las
calificaciones de reputación no produzcan discriminación con respecto al
género, la etnia, la raza y/o la edad, entre otras.
Considerando este contexto y estando sobre la mesa la reforma del Régimen
Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos (RETA), para cuya
aprobación se constituyó el pasado mes de febrero, en el seno de la
Comisión de Empleo y Seguridad Social, una subcomisión específica en el
Congreso, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata presentan la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar ante la
Comisión de Empleo y Seguridad Social, antes de finalizar el año, un
informe sobre la identificación de las modificaciones normativas
necesarias para adecuar la legislación económico laboral vigente a la
realidad de funcionamiento de las plataformas digitales y sus usuarios.
Dicho informe deberá sentar las bases para garantizar la necesaria
protección social de las actividades de trabajo en plataformas digitales,
así como la seguridad jurídica de éstas y de sus usuarios proveedores de
bienes y servicios, incorporando la flexibilidad que requiere la economía
digital.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2017.-Carles
Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002168
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley para recuperar el diálogo social e impulsar
políticas públicas en materia de prevención de riesgos laborales, para
revertir la situación de creciente siniestralidad laboral, para su debate
en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
Distintas normas internacionales y nacionales reconocen el derecho a la
seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores. Este derecho implica
una obligación para los poderes públicas que deben responder, además, a
las demandas de una sociedad cada vez más sensibilizada y exigente con la
seguridad y salud en el trabajo, como parte esencial del bienestar
social. Esta implicación no se ha materializado durante el Gobierno del
Partido Popular, durante el cual la prevención de riesgos laborales ha
sido llevada a la irrelevancia.
Los sindicatos señalan la precarización de las condiciones de trabajo, la
falta de políticas públicas activas para promover la salud laboral y de
inversión en las empresas en medidas preventivas como causa del deterioro
de las condiciones de trabajo y de la salud y seguridad de los
trabajadores. El Gobierno, sin un 'diagnóstico claro', apunta simplemente
a la necesidad de mejorar los controles y la patronal señala como causa
de este aumento la mejora de la actividad económica.
Lo cierto es que la siniestralidad laboral va en aumento en España, lo
hace desde 2012, y esta tendencia se reafirma con los datos estadísticos
del tercer trimestre del 2016, publicados en la web del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.
En el primer semestre de 2016, último del que se tienen datos, la
tendencia de incremento generalizado de la siniestralidad se mantiene.
Comparando con el mismo periodo del año anterior, el número de accidentes
con baja aumenta en un 7,6 %. Y un 8,4 % los producidos in itínere,
mientras que el índice de incidencia de los accidentes en jornada (que
expresa la siniestralidad relativa) aumenta un 4,2 %.
Se incrementa en todos los sectores y, dentro de ellos, casi en buena
parte de las ramas de actividad. Los incrementos más importantes se están
dando en los sectores de hostelería (7,7 %), construcción (7,4 %) e
industria manufacturera (6,3 %), mientras que el sector agrario alcanzó
la tasa más elevada de toda la serie histórica, tras dos años de
incremento consecutivos. El número de accidentes solo logra reducirse de
manera significativa en las industrias extractivas.
La curva ascendente de la siniestralidad se repite en todas las
comunidades autónomas. Y se manifiesta en todos los niveles de gravedad,
afectando tanto a hombres como en mujeres.
La evolución de la siniestralidad mortal reproduce el patrón de los
últimos meses con un aumento del 1,5 % de los fallecimientos.
Esta estadística, fría y distante, sin embargo esconde historias de muerte
o incapacidades de las personas trabajadores y de sufrimiento de sus
familias. La siniestralidad laboral no solo es el peor de los indicadores
socioeconómicos en la actualidad, sino que unida a las enfermedades
profesionales, se está convirtiendo en un problema de salud pública de
primer orden con sus consiguientes efectos negativos para el sistema
nacional de salud y la economía española.
Es vergonzoso intentar justificar el aumento del número de accidentes en
una supuesta mejora del empleo. La reforma laboral del Partido Popular ha
supuesto una precarización sin precedentes del mercado de trabajo con
aumento del riesgo de sufrir accidentes: la alta temporalidad y una
rotación sin precedentes, acompañada de falta de formación, no son ajenas
a esta siniestralidad.
La reforma laboral de 2012 y la modificación de la regulación de la
contratación a tiempo parcial han propiciado unas relaciones laborales
'flexibles', sin el amparo de la negociación colectiva y al albur del
dictado empresarial: se trabajan muchas horas sin retribución ni
cotización, al amparo de una falsa parcialidad. Se apuesta por una
polivalencia funcional, sin estabilidad en el empleo, con abuso de los
contratos temporales. Los trabajadores tienen miedo a perder su trabajo:
se hacen escasa reclamaciones individuales, y aún menos por
incumplimientos de las obligaciones preventivas. El trabajador es más
vulnerable y acepta cualquier condición de trabajo para no quedarse en
desempleo, hecho que determina que esté más expuesto a sufrir un
accidente y que también está incidiendo en la aparición de nuevos
riesgos psicosociales asociados al estrés laboral. Además muchas personas
que son realmente trabajadores, como los 'falsos autónomos' carecen de
protección y los empresarios para los que trabajan no asumen ninguna
obligación en materia preventiva.
Los empresarios se han relajado al hilo de la crisis económica y han
dejado de invertir en prevención. Los déficits que tenían nuestras
empresas tradicionalmente se han agudizado con la crisis y, actualmente,
a la empresa le es muy fácil decir que es un coste que en situación de
crisis no puede asumir.
La ya difícil integración de la actividad preventiva de la empresa, y el
cumplimiento formal de determinadas obligaciones, como aquellas que
tienen que ver con la gestión de la prevención, se ha visto agudizada con
la entrada de las empresas privadas en la prevención; la mercantilización
de los servicios de prevención no favorece la integración de la misma en
la empresa.
La normativa en prevención no se adecua a la realidad de este nuevo marco
de relaciones laborales, marcado por una excesiva parcialidad, la
aparición incontrolada de los TRADES, la externalización y
subcontratación abusiva.
La dejadez del actual Gobierno en relación a la prevención de riesgos ha
sido absoluta: no ha impulsado ninguna reforma normativa, ni siquiera
propiciado el diálogo social, con un claro abandono de la concertación
social, pilar básico de la prevención al amparo de la directiva
comunitaria que exige consulta y participación.
Esta dejadez normativa ha venido acompañada por un recorte de las partidas
presupuestarías dedicadas a prevención. Un recorte llevado a cabo en los
sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado desde el que Partido
Popular llegó al Gobierno y que afecta al Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene, y a la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, muy
importante porque ayuda a la pequeña y mediana empresa en temas de
formación, de información y de asistencia técnica. Se ha presupuestado
menos para los programas de seguimiento y control anuales de las
enfermedades profesionales a través del Cepross. Y la Estrategia
2015-2020 en materia de prevención de riesgos laborales no se ha dotado
de contenido económico adecuado, quedando en una mera declaración de
intenciones.
La causa, pues, de este aumento de la siniestralidad no va vinculada a una
mejora del empleo sino al deterioro continuado de las relaciones
laborales, a la ruptura de la acción sindical a las que han llevado las
políticas de empleo del Partido Popular, y a la ausencia de interés tanto
en el ámbito normativo como presupuestario de este Gobierno por la
prevención.
Es necesario por tanto revertir el panorama actual impulsando de forma
enérgica políticas públicas en materia de prevención de riesgos
laborales. Es necesario acabar con el trabajo precario, invertir en
prevención y acometer un análisis profundo de la normativa vigente,
además de recuperar la negociación colectiva y la concertación social
para acometer todas estas reformas, sin olvidar la importancia de las
campañas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que tienen
encomendado la vigilancia del cumplimiento de la normativa, entre otras,
en materia preventiva, en colaboración con la CC.AA.
Es preciso además potenciar la vigilancia de la salud como uno de los
instrumentos que utiliza la medicina del trabajo para controlar y hacer
seguimiento de la repercusión de las condiciones de trabajo sobre la
salud de fa población trabajadora. Es una técnica complementaria de las
otras disciplinas preventivas, no un instrumento aislado de prevención.
Es preciso seguir avanzando en una vigilancia de la salud que englobe
actividades dirigidas no solo a identificar los problemas de salud, sino
a realizar actividades preventivas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- En el marco del diálogo social, promover la reforma de la normativa del
mercado de trabajo, con recuperación de la negociación colectiva y de un
sistema de relaciones laborales de calidad que permita revertir el
deterioro de las condiciones de trabajo y, en consecuencia, propicie la
mejora de la salud y seguridad de los trabajadores.
- Asimismo, dentro de este mismo marco de diálogo social, realizar un
diagnóstico del mercado de trabajo y las causas del incremento de la
siniestralidad laboral, con identificación dentro de las mismas de la
incidencia que pudiera tener una deficiente aplicación de la normativa en
prevención de riesgos
laborales, estableciendo unos objetivos consensuados que permitan a los
poderes públicos ordenar sus actuaciones y acometer una reforma legal en
la materia.
- Impulsar políticas públicas en materia de prevención de riesgos, de
conformidad con la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo
2015-2020.
- Presentar unos Proyectos de Ley de Presupuestos Generales del Estado que
contemplen incrementos sustanciales de las partidas que de forma directa
e indirecta inciden en la seguridad y salud en el trabajo, y en la
prevención y reducción de la siniestralidad laboral, con recuperación de
las dotaciones mermadas desde 2012.
- Coordinar con las CC.AA. campañas de la Inspección de Trabajo y de la
Seguridad Social para el control del cumplimiento de la normativa en
materia de prevención de riesgos laborales, incidiendo en los sectores de
mayor siniestralidad, riesgos emergentes y trabajadores más vulnerables,
entre ellos, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad.
- Potenciar la Medicina en el Trabajo respetando los principios de
consulta y participación de los trabajadores en la empresa y
desarrollando normativamente todos los aspectos necesarios para que la
misma sea eficaz, como son, su contenido, condiciones de obligatoriedad,
planificación y condiciones del personal sanitario con competencia
técnica, formación y capacidad acreditada.
- Potenciar la implicación de las administraciones con competencias en
Sanidad en la detección de dolencias que puedan tener su origen en el
trabajo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2017.-Esther Peña
Camarero, María del Rocío de Frutos Madrazo y Jesús María Fernández Díaz,
Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/002171
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta la siguiente Proposición no de Ley para el apoyo a los
trabajadores y trabajadoras de Agrícola Espino y Baena Franco, para su
debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
Los trabajadores y trabajadoras de la empresa Agrícola Espino afectados
por las sanciones del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) están
reclamando soluciones ante unas sanciones cautelares impuestas por SEPE
cuya cuantía variaba entre 2.500 y 3.000 euros.
Dichas sanciones tienen su origen en el incumplimiento de la empresa
Agrícola Espino del ingreso de las cotizaciones sociales de estos
trabajadores y trabajadoras. Además de las sanciones, también se les
reclama la devolución de las prestaciones del subsidio agrario cobradas,
y que en algunos casos llegaban a los 14.000 euros.
Hoy, la situación se ha complicado y empeorado. A las cerca de 1.000
personas afectadas en la empresa Agrícola Espino se suman ahora unas 200
de la empresa Baena Franco que también se encuentran afectadas por el no
ingreso de las cotizaciones sociales.
Se trata en su inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras
pertenecientes a municipios de la provincia de Sevilla y Córdoba, y a un
grupo de ellos se les abre además !a vía penal al amparo de la reforma
del artículo 307 del Código Penal, con peticiones de prisión de seis
meses a tres años. Cuesta creer que en vez de arremeter contra los
empresarios responsables del fraude se cargue contra las víctimas, en
este caso trabajadores y trabajadoras de ambas empresas.
Después de dos años y medio, y de interponer más de 250 demandas, el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se pronunció sobre las
sanciones impuestas a los jornaleros de Agrícola Espino, planteando que
'no es posible extraer de los hechos probados de la sentencia ni, por
prueba directa ni por presunciones, no solo el fraude; ni siquiera el
mínimo animus defraudatorio en la conducta de la actora que, no solo
formalmente ha sido contratada, sino que realmente llevó a cabo la
prestación de servicios, lo que se recoge expresamente en la
Fundamentación Jurídica de la sentencia que, a propósito razona
que las conclusiones de la Inspección de Trabajo, no tienen base en datos
ciertos y aluden a conjeturas y suposiciones, referidos a una pluralidad
de trabajadores sin mención concreta de la adora y sus circunstancias
específicas'. (Sentencia 1575/17).
Este pronunciamiento judicial, reiterado en otras resoluciones del mismo
Tribunal, incide en la falta de medios de prueba con que en su día se
impusieron a los trabajadores y trabajadoras las sanciones
administrativas por parte de SEPE, asentadas tan solo sobre la base de
indicios que en modo alguno pueden resultar concluyentes para determinar
su culpabilidad, como finalmente se ha reconocido.
Si lo anterior viene determinando la nulidad legal de los procedimientos
administrativos de carácter sancionador iniciados por esta causa, parece
sensato pensar que debería conllevar la retirada de fas acusaciones
ejercidas por el Estado en el ámbito de lo penal contra esos
trabajadores, por el doble motivo que se sustentan sobre dichos
procedimientos sancionadores y, en consecuencia, se apoyan exclusivamente
en la misma ausencia de pruebas, directas o indirectas, aludiendo en
definitiva, y como ya ha dicho el TSJA, a 'conjeturas y suposiciones'.
Las garantías propias del proceso penal, presidido por la presunción de
inocencia y en el que ha de operar con la mayor intensidad el principio
probatorio, obligan a que en las presentes circunstancias los órganos del
Estado que han formulado y sostienen las acusaciones penales, Fiscalía,
Abogacía del Estado y servicios jurídicos de la Seguridad Social,
desistan de proseguir con un calvario judicial contra cientos de
trabajadores y trabajadoras cuyos fundamentos formales, tras la anulación
de las sanciones administrativas, y materiales, al haberse declarado en
sede judicial la ausencia de pruebas suficientes para imponerlas, han
quedado completamente desvirtuados y anuncian el necesario fracaso de la
ofensiva penal.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados manifiesta su solidaridad y apoyo a los
trabajadores y trabajadoras de las empresas Agrícola Espino y Baena
Franco.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la retirada
de las acusaciones penales por parte de la Fiscalía, la Abogacía del
Estado y los servicios jurídicos de la Seguridad Social contra los
jornaleros de Agrícola Espino y Baena Franco, y el levantamiento de las
sanciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2017.-Miguel Ángel
Bustamante Martín y María Isabel Salud Areste, Diputados.-Alberto Garzón
Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002176
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión
de Empleo y Seguridad Social relativa a la reducción de la jornada
laboral y el control de la duración efectiva del tiempo de trabajo.
Exposición de motivos
El mercado laboral en España sigue sin recuperarse tras la crisis que
estalló en el año 2008 y que tuvo un segundo periodo de recesión en el
año 2012. El dato de paro registrado a fecha de 4 de julio de 2017
refleja la lenta disminución del paro (aún en 3.362.811 personas), que se
produce principalmente mediante la creación de trabajo precario (de los
nuevos contratos sólo un 8 % son indefinidos) y se concentra en sectores
como la hostelería, el alojamiento y el comercio (más de fa cuarta parte
de los afiliados), reproduciendo así el modelo de crecimiento anterior
junto con sus problemas. De entre los países de la zona Euro, España
continúa registrando una de las más elevadas tasas de paro (un 18,8 % en
el ITR2017), más del doble que la media de los países de la zona Euro y
sólo superada por Grecia (23 % en el ITR2017). Además, en términos de
subempleo la situación es aún más dramática, ya que alcanza más del 30 %
de
la población activa en el último trimestre. En suma, todavía falta
recuperar un 60 % del empleo destruido durante la 'década perdida'.
Las rentas salariales sobre el PIB también han sufrido una caída
considerable desde ITR1997 hasta ITR2017, concretamente en 4,8 puntos
porcentuales. Así, España se ha convertido en el país de la zona euro
donde la desigualdad en la distribución de la renta más ha aumentado
desde el inicio de la crisis, debido en gran medida a la política de
'devaluación salarial' impulsada por el gobierno del Partido Popular e
instrumentada a través del desmantelamiento de la negociación colectiva.
La pérdida de poder adquisitivo de los salarios entre 2008 y 2014 superó
el 10 %, según el índice de precios del trabajo elaborado por el INE, y
afectó principalmente a los salarios más bajos.
En relación a ello, uno de los principales problemas estructurales de la
economía española ha sido un modelo de crecimiento basado en la presencia
de sectores que muestran unas reducidas tasas de crecimiento de la
productividad por hora trabajada, lo que ha llevado a una situación
cercana al estancamiento de la misma, y ha producido una divergencia
respecto a los países de nuestro entorno (si nos comparamos con Alemania,
el nivel relativo de la productividad española se redujo del 80 % al 67 %
ente 1994 y 2007). Las estimaciones del Gobierno para los próximos años
(recogidas en el Cuadro Macroeconómico) sostienen que esta dinámica va a
continuar, ya que el crecimiento de la productividad laboral se calcula
cercano a cero.
Sin duda, este estancamiento de la productividad por hora trabajada se
encuentra vinculado a la extensión de la jornada laboral en España. Si
nos comparamos con los países de nuestro entorno en 2016 (datos de la
OCDE): en Alemania la media de horas trabajadas al año por trabajador es
un 24 % menor que en España, en los Países Bajos es prácticamente un 20 %
menor, y en Francia es un 15 % más reducida. El uso extensivo de la mano
de obra y la larga duración de la jornada laboral fomentan que se
compense mediante jornadas maratonianas la baja productividad de esos
sectores.
Más grave es la evolución del salario por hora, si comparamos las tasas de
crecimiento acumuladas de la productividad por hora y las rentas del
trabajo también por hora (de acuerdo a la Contabilidad Nacional
Trimestral), vemos que la productividad se ha incrementado en un 19 %
desde 1995, mientras que los salarios apenas lo han hecho en un 7 % en 22
años. Esto revela que los trabajadores siguen ganando por hora
aproximadamente lo mismo que en 1995. Lo que significa que los aumentos
de la masa salarial se producen porque se trabajan más horas no porque
hayan aumentado realmente las rentas de los trabajadores.
Para atender a estos tres graves problemas: i) el elevado desempleo, ii)
la elevada duración de la jornada laboral y del número de horas
trabajadas a lo largo del año, y iii) los bajos salarios por hora
trabajada, proponemos un plan de reducción del tiempo de trabajo.
Un claro ejemplo que ilustra los beneficios de la reducción del tiempo de
trabajo fa encontramos si nos fijamos en su implementación a través de
las leyes Aubry (1998-2000) en Francia. Aunque las citadas leyes sólo
fuesen de obligada aplicación en el sector mercantil para empresas con
más de 20 empleados, la reducción del tiempo de trabajo a treinta y cinco
horas semanales supuso la creación de alrededor de 350.000 empleos,
registrando así las mayores tasas de crecimiento del empleo de los
últimos 50 años (en torno al 2,5 % anual).
Asimismo, la reducción de la jornada laboral tendría un efecto positivo en
cuanto a la conciliación familiar, así como fomentaría un reparto más
equitativo de los cuidados al ser ambos progenitores quienes viesen
reducidas sus jornadas laborales (las mujeres dedican más del doble del
tiempo que los hombres en hogar y familia según la Encuesta de Empleo del
Tiempo). En el mercado laboral español existe un claro desequilibrio
entre las personas con unas jornadas de trabajo interminables (en su
mayoría hombres) incompatibles con el desarrollo de una vida personal y
familiar y otras en desempleo o con jornada a tiempo parcial. Las
jornadas laborales tan largas fomentan entre otros, un presencialismo
improductivo y la división sexual del trabajo. La EPA del ITR2017 revela
que un 72 % de las personas con un contrato a tiempo parcial son mujeres,
de entre las cuales un 56 % están en esta situación de forma
involuntaria.
En el caso de la economía española, se ha producido tradicionalmente una
reducción del tiempo medio de trabajo anual, pero en las últimas décadas
se ha ralentizado notablemente su reducción. Según los datos de la 'Total
Economy Database' el tiempo medio de trabajo se ha reducido un 20 % entre
1960 y 2017. Pero esta caída se ralentiza notablemente, ya que desde 1990
sólo se ha reducido un 3 %. Además, en gran medida, es consecuencia de
las condiciones del mercado de trabajo que se exponen más adelante. Por
ello, reducir la jornada por ley no supone otra cosa que recuperar una
senda que no tenía que haberse abandonado.
De cara a los efectos de la digitalización de la economía, la reducción de
la jornada laboral permitiría que los empleos que se destruyan en un
sector fuesen absorbidos en aquellos sectores cuyos puestos de trabajo no
se encuentren tan expuestos a la digitalización y sigan basándose en un
uso intensivo de la mano de obra. Facilitando así la transmisión de
empleo entre sectores y evitando el desempleo tecnológico.
Lógicamente, para que esta medida sea de utilidad es necesario atender a
una de las principales características de la elevadísima precariedad
laboral en nuestro país, como son las largas jornadas de trabajo y el
abuso de la contratación a tiempo parcial. De acuerdo a la Encuesta de
Población Activa, las jornadas a tiempo parcial suponen aproximadamente
más del 15 % del número de ocupados. El incremento de este colectivo ha
sido superior al del número de ocupados en su conjunto. Por ello, el
mayor nivel de empleo no ha venido acompañado de una menor tasa de
parcialidad. El número de asalariados indefinidos no se ha incrementado
en los últimos trimestres, de hecho, desde el primer trimestre de 2014 el
porcentaje cae de forma continuada hasta el 74 %. En consecuencia, las
otras figuras laborales han crecido notablemente, dentro de los contratos
temporales son los contratos de 'obra o servicio' que ya suponen el 10 %
del número de asalariados. El número de contratos indefinidos en los
jóvenes también ha caído de forma continuada, los asalariados entre 16 y
29 años son sólo el 16,4 % de los asalariados indefinidos, menos de un 5
% de la cuota existente en 2011.
Este predominio de figuras laborales precarizadas, y de cara a una
propuesta de reducción de jornada, hace más importante que nunca el
adecuado control del tiempo máximo de trabajo y la reducción de las horas
extraordinarias. De acuerdo a la versión actual del Estatuto de los
Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores), establece que:
Artículo 12.4.c). 'Los trabajadores a tiempo parcial no podrán realizar
horas extraordinarias, (...). En todo caso, la suma de las horas
ordinarias y complementarias, incluidas las previamente pactadas y las
voluntarias, no podrá exceder del límite legal del trabajo a tiempo
parcial definido en el apartado 1. (...) En caso de incumplimiento de las
referidas obligaciones de registro, el contrato se presumirá celebrado a
jornada completa, salvo prueba en contraria que acredite el carácter
parcial de los servicios.'
Asimismo, también en el ET se afirman en el artículo 35, dedicado a las
horas extraordinarias, los siguientes puntos:
Artículo 35.1 'Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas
horas de trabajo que se realicen sobre la duración máxima de la jornada
ordinaria de trabajo, fijada de acuerdo con el artículo anterior.
Mediante convenio colectivo o, en su defecto, contrato individual, se
optará entre abonar las horas extraordinarias en la cuantía que se fije,
que en ningún caso podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria, o
compensarlas por tiempos equivalentes de descanso retribuido. En ausencia
de pacto al respecto, se entenderá que las horas extraordinarias
realizadas deberán ser compensadas mediante descanso dentro de los cuatro
meses siguientes a su realización.'
Artículo 35.2 'El número de horas extraordinarias no podrá ser superior a
ochenta al año, salvo lo previsto en el apartado 3. Para los trabajadores
que por la modalidad o duración de su contrato realizasen una jornada en
cómputo anual inferior a la jornada general en la empresa, el número
máximo anual de horas extraordinarias se reducirá en la misma proporción
que exista entre tales jornadas.'
Corresponde a la Inspección de Trabajo garantizar el cumplimiento de la
jornada máxima y el correcto cómputo de horas extraordinarias. A este
respecto es relevante la 'Instrucción 3/2016 de la Dirección General de
la Inspección de Trabajo, sobre la intensificación del control en materia
de tiempo de trabajo', en el que establecían los criterios para
intensificar el control en el cumplimiento de la normativa sobre tiempo
de trabajo (de acuerdo a la Sentencia n.º 207/2015 de Audiencia Nacional,
Sala de lo Social, 4 de Diciembre de 2015). Esta instrucción apenas pudo
llevarse a cabo, ya que en la 'Instrucción núm. 1/2017, de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social complementaria a la Instrucción 3/2016, de
21 de marzo, sobre el control en materia de tiempo de trabajo y horas
extraordinarias'. Motivándolo por la jurisprudencia creada por el
Tribunal Supremo en respuesta al recurso de casación de la anterior
sentencia (Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sección Pleno,
Sentencia 246/2017 de 23 mar. 2017, rec. 81/2016). Está contradicción ha
hecho virtualmente imposible un control efectivo del cumplimiento de la
jornada máxima por parte de la Inspección de Trabajo, y de cara a una
efectiva reducción de la jornada laboral es necesario restablecerlo y
evitar el fraude en la contratación. Para que este mecanismo sea eficaz
debe atenderse también a la nueva realidad económica y social en la que
mediante la digitalización (el uso
generalizado de las tecnologías de la información y la comunicación) la
jornada efectiva se produce sin la presencia en el puesto de trabajo y
por ello debe reconocerse el derecho a la 'desconexión digital'.
Por último, es necesario atender a los tipos de cotización de la Seguridad
Social de las horas extraordinarias. Según el Real Decreto Legislativo
8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, en el artículo 149 relativo a la
cotización adicional por horas extraordinarias, se establece el siguiente
criterio:
'La remuneración que obtengan los trabajadores por el concepto de horas
extraordinarias, con independencia de su cotización a efectos de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, estará sujeta a una
cotización adicional por parte de empresarios y trabajadores, con arreglo
a los tipos que se establezcan en la correspondiente Ley de Presupuestos
Generales del Estado. La cotización adicional por horas extraordinarias
estructurales que superen el tope máximo de ochenta horas establecido en
el artículo 35.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores se efectuará mediante la aplicación del tipo general de
cotización establecido para las horas extraordinarias en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado.'
La actual Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017, en el artículo 106. Bases y tipos de cotización a la
Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de
Garantía Salarial y formación profesional durante el año 2017 (del título
VIII. Cotizaciones Sociales), se establecen dos categorías en los tipos
de cotización de las horas extraordinarias:
'a) Cuando se trate de las horas extraordinarias motivadas por fuerza
mayor, el 14 por ciento, del que el 12 por ciento será a cargo de la
empresa y el 2 por ciento a cargo del trabajador.
b) Cuando se trate de las horas extraordinarias no comprendidas en el
párrafo anterior, el 28,30 por ciento, del que el 23,60 por ciento será a
cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.'
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar ante esta Cámara todas las modificaciones legislativas
necesarias para establecer una reducción del tiempo de trabajo. Esta
reforma consistiría en reducir la duración de la jornada laboral a
treinta y cinco horas semanales con cómputo semanal con carácter general
y añadir más días festivos. Todo ello, sin prejuicio de la reglamentación
específica que atienda a las distintas particularidades de nuestro tejido
productivo. El objeto es conseguir un reparto equitativo de las ganancias
derivadas por el aumento de la productividad en nuestra economía.
2. Realizar una campaña de la Inspección de Trabajo de oficio con objeto
de combatir el fraude en la prestación de las horas extraordinarias y en
la vulneración del número máximo de horas establecidas en el contrato.
Para ello deberá formular una nueva Instrucción de la Dirección General
de la Inspección de Trabajo en la que se restablezcan y se mejoren las
directrices técnicas de actuación para combatir el fraude en el
cumplimiento de la Proposición no de Ley de modificación del Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, al objeto de
fortalecer la negociación colectiva en la regulación de las relaciones
laborales.
3. Reducir en el Estatuto de los Trabajadores el número de horas
extraordinarias máximas. En aquellos sectores que, debido a su especial
naturaleza, están habituados al uso de esta figura, el Gobierno deberá
regular de forma transitoria una ampliación en esos sectores en los que
tenga para facilitarse el ajuste al nuevo límite máximo.
4. Unificar los Tipos de Cotización del Régimen General de la Seguridad
Social las categorías de las 'Horas Extraordinarias por Fuerza Mayor' y
'Resto de Horas Extraordinarias'; de tal forma que sólo haya dos
modalidades: 'Comunes' y 'Horas Extraordinarias'. Ambas modalidades
mantendrían el tipo actual del 28,3 %.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2017.-Alberto
Montero Soler, Segundo González García y Alberto Rodríguez Rodríguez,
Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002226
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la consideración
como tiempo efectivo de trabajo del descanso de quince minutos durante la
jornada laboral, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad
Social.
Exposición de motivos
La duración de la jornada laboral es la que se pacta en los convenios
colectivos o en los contratos de trabajo, si bien la duración máxima será
de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo
anual, según dispone el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores.
Mediante convenio colectivo o por acuerdo entre la empresa y los
representantes de los trabajadores puede establecerse la distribución
irregular de la jornada a lo largo del año, pero deberán respetarse los
períodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la Ley. En
particular, siempre que la duración de la jornada diaria continuada
exceda de seis horas, deberá establecerse un periodo de descanso no
inferior a quince minutos, que será considerado tiempo efectivo de
trabajo si lo señala el convenio o el contrato de trabajo.
Todo ello significa que el descanso durante la jornada laboral, la
conocida como 'pausa para el bocadillo', es un derecho que tienen todos
los trabajadores cuya jornada exceda las seis horas de forma continuada.
La duración será como mínimo de quince minutos y se podrá negociar una
mayor por convenio colectivo. En el caso de trabajadores menores de
dieciocho años, el periodo de descanso tendrá una duración mínima de
treinta minutos y deberá establecerse siempre que la duración continuada
exceda de cuatro horas y media.
Se trata, por tanto, de un derecho reconocido en el Estatuto de los
Trabajadores que no queda sujeto, en ningún caso, a una decisión
discrecional de la empresa de concederlo o no. Sin embargo, dicho
descanso se considera recuperable en la jornada laboral salvo que el
convenio o contrato de trabajo establezcan que es tiempo de trabajo
efectivo. Es decir, si el convenio o contrato fijan los quince minutos
como de trabajo efectivo, se tratará de un descanso retribuido. Si no lo
hacen, se tiene por supuesto derecho igualmente al descanso, pero la
jornada se ampliará en los minutos que ha durado dicho descanso.
La Audiencia Nacional, en sentencia de 5 de mayo de 2014, señaló que si la
empresa, aunque no esté obligada por convenio o contrato con los
trabajadores, ha venido considerando como tiempo efectivo de trabajo la
'pausa para el bocadillo', no puede decidir unilateralmente que ese
descanso deba ser recuperado por los trabajadores. Al haberse convertido
en un derecho adquirido, se trataría de una modificación sustancial de
las condiciones de trabajo que sólo puede llevarse a cabo a través del
procedimiento establecido en el artículo 41 del Estatuto de los
Trabajadores. Es decir, que si el calendario laboral prevé que los quince
minutos de descanso son tiempo efectivo de trabajo y por tanto
retribuidos, sólo podrá suprimirse ese beneficio a través de una
modificación sustancial ampliando a efectos prácticos fa jornada de
trabajo.
Sin embargo, el Tribunal Supremo en una reciente sentencia establece que
si el convenio no obliga a la empresa, esta puede decidir unilateralmente
dejar de considerar el descanso como tiempo de trabajo efectivo aunque lo
hubiese considerado hasta entonces como tal.
Efectivamente, esta última sentencia valora el caso de una empresa que
dejó de considerar el descanso como trabajo efectivo entendiendo que no
supuso una modificación laboral sustancial por basarse en la 'tolerancia'
del empresario y no ser un derecho reconocido contractualmente. Sentencia
que revoca el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana que sí entendió motivada la existencia de un incremento
unilateral de la jornada en virtud del artículo 41 del Estatuto de los
Trabajadores.
En suma, el descanso que estamos tratando es un derecho del trabajador y
obligatorio para la empresa cuando la duración de la jornada diaria
continuada excede de seis horas. La cuestión es si ese descanso debe
considerarse o no tiempo de trabajo efectivo. Entendemos que,
efectivamente, dicho descanso debe considerarse siempre como tiempo de
trabajo efectivo y así establecerse en el Estatuto de los Trabajadores,
sin que dicha consideración esté condicionada a que el convenio colectivo
o el contrato de trabajo así lo establezcan.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar en la Cámara
una modificación del apartado 4 del artículo 34 del Estatuto de los
Trabajadores para asegurar que, cuando la duración de la jornada diaria
continuada exceda de seis horas, el periodo de descanso no inferior a
quince minutos sea considerado en cualquier caso tiempo de trabajo
efectivo eliminando el requisito de que así tenga que establecerse por
convenio o contrato de trabajo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2017.-María Isabel
Salud Areste, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/002067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su
Portavoz, Antón Gómez-Reino Varela, de conformidad con lo establecido en
el artículo 193 del Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de
Ley para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
relativa a la tramitación de la planificación para el Sistema Gasista
para el horizonte 2017-2020.
Exposición de motivos
De acuerdo con la información disponible por parte del Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital y el Gestor Técnico del Sistema
Gasista: Enagás GIS S.A.U., la última planificación disponible de Sistema
Gasista es la correspondiente al periodo 2008-2016 según acuerdo del
Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008.
En noviembre de 2010, mediante la Orden ITC/2906/2010, se modifica la
planificación, aplazando o cancelando por innecesaria, la construcción de
algunas instalaciones de las redes gasistas previstas en el horizonte
2016, y recalificando otras, como el almacenamiento subterráneo Castor, a
la categoría, de 'A Urgente'.
Las infraestructuras aplazadas se agrupan en una categoría de nueva
creación 'R' para señalar que su construcción será reconsiderada en el
proceso de planificación para el periodo 2012-2020, ya en marcha.
En julio de 2011, se hace pública la planificación (provisional) de la red
gasista para el período 2012-2020, cuyo proceso de elaboración y
aprobación debería haber finalizado en diciembre de 2011, según el
calendario que publica el Gestor Técnico del Sistema Gasista: Enagás GTS
S.A.U.
En marzo de 2012 el Real Decreto-ley 13/2012 suspende la tramitación de
los procedimientos relativos a nuevas plantas de regasificación en
territorio peninsular, así como la tramitación de la concesión de
autorización administrativa para aquellos gasoductos, incluidos en la
Planificación 20082016 modificada en 2010, pendientes de obtenerla.
En resumen, en marzo de 2012 se congela el proceso de desarrollo de las
redes gasistas previstas en la planificación 2008-2016, sin que, por otra
parte, se agilice el proceso de revisión o aprobación de la planificación
2012-2020. Su última actividad conocida es de agosto de 2011, con la
consulta pública del informe de sostenibilidad ambiental.
Es decir, en la actualidad, formalmente, nos encontramos sin planificación
de la red básica gasista, una responsabilidad exclusiva del Gobierno
Central según el artículo 4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
Sector de Hidrocarburos.
Una falta de planificación, que además de representar un incumplimiento de
las obligaciones de Gobierno, es imprudente e incomprensible si
consideramos los cambios que se han producido:
- Clausura del almacenamiento Castor, infraestructura considerada
'urgente'.
- Desde 2007, la puesta en servicio de la planta de regasificación de
Reganosa en la Ría de Ferrol ha sido objeto de sucesivas impugnaciones
por violación de la legislación ambiental y de seguridad, que han
concluido en marzo de 2016 y mayo de 2017 con sentencias del Tribunal
Supremo favorables a los demandantes.
- Planta de El Musel (Gijón), recurrida en 2009 y considerada ilegal por
sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2016.
El Gobierno ha optado por los parches y por soslayar el cumplimiento de
las sentencias del Tribunal Supremo en lugar de presentar una nueva
planificación, y la transparencia regulatoria.
En el caso de Reganosa, el Gobierno, entonces en funciones, eximió en
nombre de la seguridad de suministro, a Reganosa del trámite de
evaluación medioambiental, para soslayar el cumplimiento de la sentencia
del Tribunal Supremo. Una decisión muy grave que se ampara en un informe
técnico de Enagás, cuyo detalle se desconoce, realizado, además, sin
disponer de una planificación firme.
Lo que sí conocemos es que en el análisis de riesgos de la Planificación
(provisional) 2012-2020 se afirma:
'En 2020, en condiciones de demanda laborable invernal en vulnerabilidad
(N-1) de planta de Mugardos, la capacidad de transporte en la zona
noroeste es insuficiente para dar cobertura a la totalidad de la demanda
de la zona, dando lugar al corte de suministro a los 3 CTCC's de Galicia.
Con las hipótesis de funcionamiento de las centrales de generación en
2020, si se pretende garantizar el suministro a los CTCC's de Galicia es
necesario el desarrollo de los gasoductos entre Lugo y Zamora:
Lugo-Villafranca del Bierzo, Villafranca del Bierzo-Castropodame, y
Castropodame-Zamora, así como la ampliación de la estación de compresión
de Zamora.
Dado que el suministro de estos CTCC's se puede llevar a cabo a partir de
otro combustible alternativo al gas natural, no sería necesario el
desarrollo de ninguna infraestructura adicional, garantizando aún así el
100 % de la demanda convencional en situación de día laborable invernal
excepto, en su caso, la demanda interrumpible existente, así como el
suministro a un mínimo del 90 % de los ciclos combinados considerados
como necesarios para la cobertura de la demanda eléctrica.'
Es decir, la necesidad de Reganosa solo se justifica en un escenario de
punta invernal, no da lugar a cortes en la demanda convencional, y solo
afecta a los ciclos combinados, uno de los cuales ni siquiera se ha
llegado a construir. En cualquier caso recomienda como solución la
construcción del gasoducto Lugo-Zamora.
Sin embargo, entre las infraestructuras que en 2010 se calificaron como 'a
reconsiderar' y cuya construcción no gozó del tratamiento excepcional
previsto en el Real Decreto-ley 13/2012 están el gasoducto Lugo-Zamora y
la ampliación de la planta de bombeo de Zamora.
En El Musel la declaración de ilegalidad no ha tenido efectos prácticos ya
que la planta estaba ya paralizada en virtud del Real Decreto-ley
13/2012, pero no ha impedido que Enagás haya recibido, a cargo de los
consumidores, desde 2012, 23 millones de euros al año en concepto de
compensación, o que, mediante el procedimiento excepcional previsto en el
Real Decreto-ley 13/2012, se haya autorizado la extensión de la red de
gas para conectar El Musel a la red gasista.
Con toda certeza, estos no son los únicos casos de infraestructuras cuya
construcción se deber revisar, pero si son significativos debido a que
existen sentencias en firme del Tribunal Supremo que se ignoran, o a
catástrofes con el Castor.
Es, por tanto, imperativo que el Gobierno presente a la mayor brevedad
posible una planificación hasta el año 2020.
Sin embargo, el pasado mes de marzo 2017 el Gobierno sometió a consulta
pública un proyecto de Real Decreto por el que se regulan diversos
aspectos del sistema de gas natural, en el que, entre otros asuntos, sin
disponer de planificación, se levantan las restricciones para las plantas
de regasificación y gasoductos del Real Decreto-ley 13/2012. Se van a
autorizar unas infraestructuras que vamos a pagar todos los ciudadanos,
sin que el gobierno cumpla sus obligaciones de planificación de acuerdo
con la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Tramitar, con la mayor urgencia, la Planificación para el Sistema
Gasista para el horizonte 2017-2020.
2. Presentar en esta Comisión, el plazo de tres meses, las líneas maestras
de la Planificación, considerando alternativas que garantizando el
suministro cumplan las sentencias del Tribunal Supremo.
3. Solicitar al Gestor Técnico del Sistema Gasista Enagás GTS S.A.U. el
informe detallado con el escenario o escenarios evaluados y los cálculos
realizados para concluir que la parada de Reganosa ponía en riesgo la
seguridad de suministro, considerando la gravedad de la decisión del
Gobierno en el caso de Reganosa, al eximir, en nombre de la seguridad de
suministro, de la evaluación de impacto ambiental.
4. Considerando que el fallo total de la planta de Reganosa es un evento
posible, solicitar al Gestor Técnico del Sistema Gasista: Enagás GTS
S.A.U. un informe donde explique qué medidas tiene previstas para paliar
este evento y garantizar el suministro en Galicia y el sistema gasista
portugués. En particular analizar el impacto que podría tener, para
paliar las consecuencias del fallo total de la planta de Reganosa, la
existencia del gasoducto Lugo y Zamora y la ampliación de la estación de
compresión de Zamora que aparecen en la planificación provisional de
sistema gasista 2012-2020.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2017.-Yolanda Díaz
Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002073
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de la Diputada Rosa Martínez y el Diputado Josep
Vendrell Gardeñes, presentan, al amparo de lo dispuesto en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Energía,
Turismo y Agenda Digital, relativa a procedimientos, reglas y
convocatorias de las subastas para asignación del régimen retributivo
específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a
partir de fuentes de energía renovable.
Exposición de motivos
La Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia aprobada en el
Consejo de Ministros en el año 2007 definía como un área de actuación
prioritaria el fomento de las energías renovables de cara al horizonte
2020. Esta estrategia enunciaba como medidas principales a implementar
las actuaciones que favorecieran el desarrollo de la biomasa, la energía
solar termoeléctrica y fotovoltaica y, de forma específica, el
establecimiento de un marco de seguridad económico que incentivara las
inversiones en energías renovables y cogeneración.
La normativa comunitaria establece un objetivo común de implantación de
renovables en la Unión Europea; concretamente, el 20 % de la energía
final debe tener origen renovable en el año 2020. Asimismo, a través de
la Directiva 2009/28 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, se fijaron
objetivos específicos y vinculantes para todos los estados miembros de la
Unión Europea. En el caso de España, este objetivo fue coincidente con el
objetivo común; es decir, el 20 %. Al margen de ello, cada Estado miembro
presentó su propio Plan de Acción Nacional de Energías Renovables
(PANER). En el caso de España, el compromiso inicial fue alcanzar una
cuota del 22,7 % de generación renovable sobre el consumo total de
energía en 2020. Posteriormente, en el año 2011, el Gobierno español
enmendó a la baja su compromiso, de manera que en la nueva versión
remitida el compromiso quedó reducido a un 20,8 % de la energía final,
valor muy similar al objetivo de país fijado en la Directiva 2009/28.
Para el año 2030, el objetivo en materia de energía renovable en el
conjunto de la Unión Europea, propuesto por la Comisión Europea en el
paquete 'Clean Energy for all Europeans', es del 27 %. Dicho objetivo fue
acordado por los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE en el Consejo
Europeo de octubre de 2014. Así se explicita en el artículo 3.1 de la
propuesta de Directiva para la promoción de energías renovables:
'Artículo 3.1 Los Estados miembros velarán conjuntamente por que la cuota
de energía procedente de fuentes renovables sea de al menos el 27 % del
consumo final bruto de energía de la UE en 2030'. También resulta
interesante destacar que el Parlamento Europeo está trabajando
actualmente para aumentar el objetivo de generación de energía renovable
en 2030, así como para acordar objetivos nacionales vinculantes que
garanticen la consecución del objetivo a nivel europeo.
Los compromisos y acuerdos internacionales en materia de energía y lucha
contra el cambio climático van a condicionar fuertemente a España, tanto
en lo que se refiere al objetivo para 2020 como en años posteriores. La
entrada en vigor del Acuerdo de París en noviembre de 2016 supone un
refuerzo de estos compromisos internacionales, ya que la generación a
través de energías renovables se convierte en un elemento clave para
lograr cumplir las metas fijadas y para iniciar una transición hacia un
modelo energético sostenible. Una transición energética basada en las
energías renovables, la eficiencia y la participación de los ciudadanos
en el sistema energético puede actuar como dinamizadora del modelo
productivo mediante la creación de puestos de trabajo de calidad, que a
su vez incentiven la generación de empleo indirecto e inducido.
Sin embargo, desde el comienzo de la X Legislatura y la publicación de
Real Decreto-ley 1/2012, la instalación de nueva potencia eléctrica de
origen renovable ha sido casi inexistente. En el contexto actual, en el
que se prevé un ascenso de la demanda agregada de energía en España en
los próximos años, la ausencia de planificación y el freno a la
implantación de tecnologías renovables puede poner en riesgo el
cumplimiento del objetivo a 2020 y dificultar enormemente los compromisos
posteriores.
En enero de 2016 se convocó la primera subasta para la instalación de
tecnología renovable mediante la cual se otorgaron 500 MW eólicos y 200
MW de biomasa. La subasta se saldó con un resultado incomprensible y, a
día de hoy, no está claro si las plantas que resultaron vencedoras serán
instaladas o, en su lugar, las empresas elegirán minimizar pérdidas no
instalando los parques a costa de perder los avales. Posteriormente, el
17 de mayo de 2017, se realizó una nueva subasta por la que se adjudicó
una potencia total de 3.000 MW. Esta última subasta ha generado una
enorme controversia entre los representantes de las diferentes
tecnologías renovables, al considerar discriminatorias las condiciones de
la misma. En particular, el mecanismo de desempate en caso de que varias
tecnologías realizasen la misma oferta era favorable a la eólica. Como
consecuencia, el resultado final de la subasta adjudicó 2.979 MW a
centrales con tecnología eólica, 20 MW a centrales de biomasa y solo 1 MW
a centrales fotovoltaicas.
La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia lamentó
expresamente no conocer con antelación el redactado final de la Orden
Ministerial por la que se establecieron las reglas de la última subasta
realizada, lo cual le impidió emitir los correspondientes informes
preceptivos. El regulador, en sus informes previos, realizó
recomendaciones relativas a la transparencia, neutralidad tecnológica y
la mejora de la competencia de la subasta que no fueron tenidas en
cuenta. El peaje a pagar por realizar convocatorias ad hoc para el
cumplimiento de objetivos estratégicos es muy alto. Sin una planificación
coherente y sin criterios como los recomendados por el regulador, se
introducen riesgos y desincentivos evidentes para potenciales
participantes. De hecho, nuestro sistema eléctrico es conocido
internacionalmente por establecer procedimientos complejos que
frecuentemente desembocan en controversias judiciales.
Hay tres características fundamentales del diseño de las subastas que
proponemos modificar. En primer lugar, las reglas de las subastas
deberían estar dirigidas a maximizar y optimizar la generación de origen
renovable, para lo cual las tecnologías que se instalen deben tener una
retribución basada principalmente en la energía que generan y no (como
ahora) en la inversión realizada, promoviendo de este modo un
funcionamiento óptimo de las plantas.
En segundo lugar, las futuras subastas deberían superar el sistema
marginalista y los criterios de retribución basados en el esquema del
Real Decreto 413/2014, que constituyen el punto de referencia para el
Gobierno actual y favorecen comportamientos especulativos. Es preferible
utilizar un modelo en el que cada planta es retribuida según la oferta
que haya realizado, procedimiento que internacionalmente se denomina 'pay
as bid'.
En tercer lugar, el Gobierno, debería incorporar a las subastas nuevos
criterios hasta ahora no contemplados. No solo debería intentar
seleccionar la oferta económicamente más competitiva, sino también
incentivar objetivos adicionales ligados a la distribución espacial de
las tecnologías renovables de
una forma coherente con la red eléctrica existente e incluir cláusulas
sociales en las futuras subastas como un pilar que favorezca y ahonde en
la democratización del sistema eléctrico. Es decir, a la hora de acometer
reformas encaminadas a modificar la estructura actual del sistema de
subastas se debe considerar que el sistema eléctrico español tiene un
notable sesgo oligopólico que confiere una posición de ventaja a las
multinacionales eléctricas que operan en nuestro país. Por este motivo,
el nuevo diseño de las subastas debe tener como un objetivo basilar la
incorporación e incentivo a la participación de cooperativas, pequeñas y
medianas empresas, ayuntamientos y ciudadanos. Estas cuestiones han sido
tenidas en cuenta en el esquema de subastas utilizado en Alemania, por
ejemplo, lográndose una notable participación ciudadana en las mismas.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cumplir con los
siguientes requisitos en los procedimientos, reglas y convocatorias de
las subastas para asignación del régimen retributivo específico a nuevas
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de
energía renovable:
1. Con el fin de incentivar el buen funcionamiento futuro de las plantas
que resulten ganadoras de la subasta, la competición se establecerá sobre
la retribución a la energía generada.
2. Para limitar los comportamientos especulativos de los participantes, y
de acuerdo con los procedimientos más recomendables en base a la
experiencia previa en otros países, cada planta que resurte ganadora
cobrará de acuerdo a la oferta que hubiera realizado en la subasta.
3. El procedimiento establecido para la subasta será sencillo,
comprensible y transparente para los participantes.
4. Se establecerán liquidaciones específicas para proyectos de menor
potencia con condiciones favorables para que puedan ser implementados por
cooperativas, ayuntamientos o ciudadanos.
5. Se incluirán criterios ambientales y sociales para matizar la oferta
económica, específicamente aquellos que promuevan la disminución de
emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro modelo productivo.
6. Se establecerán liquidaciones específicas para proyectos de menor
potencia, que utilicen tecnologías renovables que se encuentren
actualmente en proceso de ¡maduración con el fin de apoyar su desarrollo
y un progreso en su curva de aprendizaje que posibilite una disminución
de costes.
7. Se establecerá un calendario de subastas que incluya las subastas
previstas y la potencia a instalar en el medio plazo. Para establecer
este calendario resulta imprescindible que el Gobierno planifique la
senda de instalación de potencia renovable que permita cumplir con los
compromisos internacionales de reducción de emisiones y avanzar hacia un
sistema eléctrico 100 % renovable. Si, como consecuencia de esa
planificación, se determina que es prioritario instalar determinadas
tecnologías renovables, dicho calendario podrá incluir subastas
tecnológicamente específicas.
8. Se ofertará un porcentaje específico para instalarse en zonas con
centrales térmicas y nucleares, con el fin de asegurar una transición
justa para estas zonas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2017.-María Rosa
Martínez Rodríguez, Diputada.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002093
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso de la
eficiencia energética y actuaciones en materia de rehabilitación de
vivienda para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda
Digital.
Exposición de motivos
La Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de
mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios,
señalaba que el 40 % del consumo total de energía en la Unión Europea,
corresponde a los edificios y que el sector se encuentra en fase de
expansión, lo que hará aumentar el consumo de energía.
Por ello, la reducción del consumo de energía y el uso de energía
procedente de fuentes renovables en el sector de la edificación,
constituyen una parte esencial de las medidas necesarias para reducir la
dependencia energética de la Unión y las emisiones de gases de efecto
invernadero.
En este sentido, las medidas adoptadas para reducir el consumo de energía,
junto con un mayor uso de la energía procedente de fuentes renovables,
permitirán cumplir el Acuerdo climático de París, así como su compromiso
de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2 ºC y de
reducir las emisiones totales de gases de efecto invernadero al menos un
20 % en 2020 respecto a los niveles de 1990 y un 40 % como mínimo en
2030. En lo relativo a eficiencia energética, España debe reducir su
consumo un 20 % en 2020 respecto al escenario tendencia' y un 30 % en
2030. Así como una obligación de ahorro energético del 1,5 % que podría
reducirse al 1 % en el periodo 2026- 2030.
La reducción del consumo de energía y un mayor uso de la procedente de
fuentes renovables, desempeñan asimismo un papel importante a fa hora de
asegurar el abastecimiento energético, fomentar el desarrollo tecnológico
y ofrecer oportunidades de empleo y desarrollo regional, tanto en zonas
rurales como urbanas.
Las previsiones de 2010 pusieron de manifiesto que el objetivo de
eficiencia energética de la UE para 2020 no iba a cumplirse y que, por lo
tanto, serían necesarias nuevas medidas a nivel europeo y nacional.
Para hacer frente a esta situación, la Comisión Europea presentó en 2011
una propuesta de Directiva en materia de eficiencia energética, centrada
especialmente en mejorar la eficiencia energética de los edificios, los
servicios energéticos y la cogeneración.
El objetivo general de la propuesta era hacer una aportación significativa
a la consecución del objetivo de eficiencia energética de la Unión
Europea para 2020, así como establecer un marco común para fomentar la
eficiencia energética posteriormente a dicha fecha. La propuesta fue
adoptada por los dos colegisladores el 25 de octubre de 2012 bajo la
forma de Directiva de eficiencia energética 2012/27/UE.
En España, estas Directivas fueron transpuestas parcialmente a través del
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de
los edificios, sin embargo, hay materias que no se incluyeron como los
requisitos mínimos de eficiencia energética para edificios nuevos o
existentes; la garantía de la certificación de la eficiencia energética
de los edificios nuevos o existentes o la inspección periódica de las
instalaciones de calefacción y aire acondicionado.
En junio de 2017, mediante la Orden FOM/588/2017, se transpuso otros de
los elementos más destacados de fa Directiva, que establece que a partir
de 2018 todos los edificios púbicos nuevos, deban ser edificios de
consumo casi nulo o muy bajo consumo y en 2020 este requisito sea también
de aplicación para los edificios privados. Lamentablemente, el nivel de
exigencia que en él se establece es muy inferior al esperado, dado que se
limita a obligar al cumplimiento del DB HE-0 del Código Técnico de la
Edificación en vigor.
Por otra parte, en junio de 2014 también finalizaba el plazo para
transponer la Directiva 2012 relativa a la eficiencia energética, en lo
referente a las auditorías energéticas, acreditación de proveedores de
servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia en el
suministro de energía. España no cumplió, por lo que la Comisión envió
dictamen motivado requiriendo su transposición. En ese contexto, en
febrero de 2016, el Gobierno, por aquel entonces en funciones, aprobó el
Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a
auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y
auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de
energía. A fas anteriores normas, se suma la reciente publicación del
Real Decreto 564/2017, por el que se modifica el Real Decreto 235/2013,
de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la
certificación de la eficiencia energética de los edificios con el objeto
de garantizar las obligaciones sustantivas de la Directiva 2010/31/UE,
del Parlamento Europeo y del Consejo.
El pasado 26 de junio de 2017, el Consejo de Transportes,
Telecomunicaciones y Energía de la Unión Europea, acordó fijar posición,
en relación a la propuesta revisada de Directiva de eficiencia energética
de
los edificios. El Consejo ha entendido, que su profundización es capital
para lograr alcanzar los objetivos globales de eficiencia en el horizonte
2020-2030. La revisión prevé que los edificios no residenciales con más
de diez plazas de aparcamiento, dispongan de puntos de recargas de
vehículos eléctricos. Introduce también un indicador de inteligencia para
edificios, y la simplificación de la inspección de instalaciones de
calefacción y aire acondicionado. Del mismo modo, se propone introducir
una obligación de ahorro energético del 1,5 % a partir de 2020, que se
podría reducir al 1 % para el periodo 2026-2030, según las previsiones de
cumplimiento de objetivos.
Más allá de la necesidad del cumplimiento de las Directivas, es importante
destacar que todas las medidas dirigidas a la eficiencia energética
mejorarán el bienestar y la calidad de la vida de las personas.
Por ejemplo, la rehabilitación de viviendas tiene un efecto positivo sobre
las familias, dado que verán mejorada la accesibilidad a sus viviendas y
el bienestar dentro de ellas, pero también sobre el resto de la
ciudadanía que gana en dignidad y cohesión social.
La rehabilitación es un sector estratégico que debe impulsarse, ya que no
sólo contribuye a la reducción de consumo de recursos limitados sino que
contribuye en la mejora de la salud de la ciudadanía.
En este sentido, deben promoverse actuaciones para fomentar la eficiencia
energética, como reducir la demanda energética mediante el aislamiento
exterior de los edificios o impulsar la generación de energías de origen
renovable.
El parque residencial debe actualizarse para lograr la accesibilidad a las
viviendas y mejorar la eficiencia energética de los edificios para lograr
viviendas confortables.
Porque frecuentemente, la falta de conservación, mantenimiento y
actualización de los edificios se traduce en un deterioro del espacio
público y el entorno urbano de los barrios en los que se implantan.
Por último, es importante tener en cuenta que la rehabilitación de
viviendas de barrios vulnerables o en riesgo de exclusión, es una
herramienta más para garantizar el derecho a la vivienda digna y que es
una forma de contribuir a reactivar, de manera sostenible, el empleo en
el sector de la construcción, además de atender necesidades sociales en
materia de habitabilidad. Esto debe llevarse a cabo, respetando en todo
caso las rentas de los contratos de alquiler, sin que la rehabilitación
sea utilizada para expulsar de sus viviendas a las personas inquilinas
debido al incremento de los precios. Además, aquellas rehabilitaciones
subvencionadas con presupuesto público se condicionarán a que las
viviendas se oferten en el mercado de alquiler con precios asequibles.
Todo ello para que la rehabilitación de viviendas -especialmente, en
barrios vulnerables- no comporte una elitización de los barrios
populares, y por ende, la imposibilidad de acceder a los mismos por parte
de sus vecinos/as.
En definitiva, se trata de impulsar la transición hacia un nuevo modelo
energético, basado en el ahorro, la eficiencia energética y el
autoconsumo de energía renovable que reduzca la dependencia de los
combustibles fósiles que ha acompañado la economía española hasta hoy, y
que representa un 75 % de la energía que se consume y que implica una
pérdida anual equivalente a un 5 % de nuestro Producto Interior Bruto.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Poner en marcha un plan estatal de rehabilitación de viviendas con
criterios de eficiencia energética y accesibilidad destinados a edificios
ubicados en las zonas vulnerables, definidas a nivel local en base a
indicadores urbanísticos en los que se considere tanto la edificación
como la población. Este plan debe disponer de una dotación presupuestaria
tal que permita la rehabilitación de 200.000 viviendas al año, teniendo
en cuenta el promedio de renta efectiva de los destinados. Priorizar, en
los programas del Plan Estatal de Viviendas destinados a la
rehabilitación y mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en
viviendas, las subvenciones destinadas a pequeños propietarios de las
zonas de especial vulnerabilidad residencial, condicionando la concesión
dichas ayudas a que las viviendas se oferten en el mercado de alquiler a
precios asequibles.
2. Poner en marcha un plan estatal de rehabilitación de edificios
protegidos oficialmente por su valor arquitectónico y/o histórico,
garantizando que la actuación de mejora de la eficiencia energética no
altere su carácter o aspecto.
3. Con el fin de garantizar de cara al 2019, el cumplimiento de lo
dispuesto en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, realizar una
planificación para la adquisición de nuevo inmuebles de titularidad
pública, que garantice la condición de estos como edificios de consumo de
energía casi nulo, en consonancia con el Código Técnico de la
Edificación.
4. Fomentar que los nuevos edificios apoyen la reducción general de
combustibles fósiles, impulsando el desarrollo de las infraestructuras
necesarias para la recarga inteligente de los vehículos eléctricos.
5. Incentivar que los pequeños tenedores rehabiliten sus viviendas,
mediante la concesión de ayudas de los programas previstos del Plan
Estatal de Viviendas, que deberán concederse según nivel de renta,
excluyendo en todo caso de las mismas a los grandes tenedores de
viviendas.
6. Desarrollar una definición del edificio de consumo casi nulo más
ambiciosa, con la exigencia mínima de una calificación energética A, y
más concreta, referida indicadores de reducción de la demanda y de aporte
renovable in situ.
7. Impulsar la formación de los trabajadores de baja, media y alta
cualificación del sector de la construcción para actualizar sus
competencias profesionales a las exigencias técnicas de la
rehabilitación, involucrando, en particular, a las organizaciones
sindicales y empresariales, y de forma territorial en las Comunidades
Autónomas.
8. Impulso de los sectores I+D+i vinculados a la rehabilitación en lo que
se refiere a soluciones y aplicaciones técnicas, procesos de mejora y
optimización, seguimiento y evaluación de los resultados.
9. Aplicar a todos los programas de subvención destinados a la
rehabilitación de viviendas el mismo tratamiento fiscal en el IRPF que a
las ayudas del Plan estatal de vivienda.
10. Reformar la regulación del autoconsumo para eliminar las barreras
administrativas y económicas que desincentivan su desarrollo y transitar
hacia un modelo energético en el que la ciudadanía adquiera un papel como
productor y no sólo consumidor.
11. Promover las reformas normativas que fueran necesarias, para impulsar
la eficiencia energética, a través del conocimiento del equilibrio entre
inversión a realizar y potencial ahorro a obtener en los edificios. Para
ello, se establecerán los requisitos de eficiencia energética, con sus
correspondientes actualizaciones periódicas.
12. Fomentar una planificación urbana en zonas industriales y/o
residenciales, que ponga en valor la utilización de las energías
renovables en los sistemas térmicos, y el uso de la calefacción y
refrigeración urbanas, garantizando el aprovechamiento que ofrece la
utilización de fuentes de energía alternativas.
13. Acometer las medidas de control y disciplina que fueran necesarias,
para asegurar que las instalaciones solares térmicas que se recogen en el
documento HE-4 a del Código Técnico de la Edificación, o en su defecto
las instalaciones por las que fueran sustituidas, se encuentren en
funcionamiento y actuando a pleno rendimiento. Todo ello, con el objetivo
de obtener los ahorros energéticos y de emisiones de CO2 a las que el
Código Técnico de la Edificación obliga.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2017.-María Rosa
Martínez Rodríguez, Diputada.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002105
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don Ignasi Candela
Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para
mediar en el conflicto sobre las retribuciones en las energías
renovables, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda
Digital.
Exposición de motivos
La Corte Internacional de Arreglo de Diferencias de Banco Mundial (CIADI)
sentenció en mayo que las sucesivas reformas en la retribución a las
energías renovables (más de 8 reformas) fueron 'excesivas, abruptas y
devastadoras' y fijó una multa de 128 millones de euros a España en
beneficio de las compañías Eiser Infraestructure y Energía Solar
Luxembourg.
Además, existen actualmente 26 denuncias pendientes de resolución
realizadas por empresas que emprendieron acciones legales por el mismo
motivo, lo que puede originar una cascada de sentencias contra el Estado
español. En el caso de que se produzca una cascada de sentencias
contrarias al Estado
español, esto supondría un alto coste para el contribuyente, ya que, el
gobierno aprobó en la ley de PGE que los costes de los arbitrajes
recaerían sobre la factura de la luz.
No obstante, existe una multitud de pequeños inversores que no tienen la
capacidad de apelar al CIADI y que se encuentran en una situación
económica grave derivada de los recortes en las renovables, que según la
CNMC ascienden a 1.700 millones de euros.
De hecho, el 80% de la inversión realizada en energías renovables
sometidas al conflicto actual fue realizada por capital de origen
español.
Por todo lo expuesto, don Ignasi Candela, Diputado de Compromís, en nombre
del Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar una real decreto para que el coste de los arbitrajes no aumente
la factura de la luz.
2. Que el Real Decreto que se hace referencia en el punto 1 de la presente
PNL establezca que el coste de los arbitrajes recaigan sobre las
retribuciones excesivas ('windfall profits') que actualmente se producen
en el pool energético.
3. Llegar a un acuerdo con los inversores nacionales, que no pueden acudir
al CIADI, para compensarlos por las reformas y que no se encuentren en
una situación de agravio comparativo respecto a las inversiones
extranjeros. En cualquier caso, esta solución no debe correr a cargo del
contribuyente ni de la factura de la luz, sino a cargo de compensaciones
futuras en la vida útil de las inversiones de los inversores de origen
español.
En cualquier caso, estas compensaciones habrán de cuantificarse y deberán
abonarse en su totalidad sea cual sea el método escogido.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2017.-Ignasi Candela
Serna, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto.
161/002119
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancia de los Diputados de Compromís
Joan Baldoví e Ignasi Candela, y de Podemos Àngela Ballester Muñoz y
Txema Guijarro García, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siempre siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la
siguiente Proposición no de Ley, para que el Gobierno cierre la central
nuclear de Cofrentes, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y
Agenda Digital.
Exposición de motivos
Las centrales nucleares españolas están agotando su vida útil. El caso de
la central de Garoña ha puesto de manifiesto la profunda inquietud que el
envejecimiento nuclear genera en la población española, así como la
escasa independencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). La central
nuclear de Cofrentes entró en funcionamiento en octubre de 1984 y llegó a
plena capacidad de producción en enero de 1985. Esta central, diseñada a
finales de la década de 1960 y con permiso de producción otorgado por el
Ministerio de Industria en 1972, obtuvo una autorización de
funcionamiento por un período de 25 años, que en marzo de 2011 se
prorrogó por 10 años más, hasta el año 2021. En esa fecha, la central
nuclear de Cofrentes habrá llegado a los 37 años de funcionamiento; un
período muy superior a la edad media de cierre de las centrales nucleares
europeas, que la Agencia Internacional de Energía sitúa en los 25 años.
Las centrales nucleares antiguas son las más peligrosas, tal y como se
demostró en el caso de Fukushima, la más antigua de Japón. En el caso de
la Central Nuclear de Cofrentes, su modelo de reactor BWR pone de
manifiesto su obsolescencia. Por este motivo es necesario que de manera
urgente se
apruebe un Plan Estatal de cierre de las centrales nucleares, y su
sustitución progresiva por fuentes de energías limpias y renovables. Dos
cuestiones intrínsecas al funcionamiento de las centrales nucleares
obligan a priorizar su cierre: en primer lugar, generan residuos muy
tóxicos y peligrosos que permanecen activos durante miles de años; en
segundo lugar, comportan un alto riesgo de contaminación radiactiva,
persistente durante siglos, en caso de accidentes, como los ocurridos en
las centrales de Harrisburg, Chernóbil o Fukushima.
La responsabilidad intergeneracional nos obliga a eliminar riesgos de esta
naturaleza y dejar de producir residuos radiactivos que permanecerán
activos durante miles de años y que contienen el 95% de la radioactividad
del combustible original. Eso supone que las futuras generaciones tendrán
que soportar los riesgos de contaminación radioactiva y gestionar los
residuos radioactivos generados por nosotros.
El Consejo de Seguridad Nuclear ha demostrado con sus últimas decisiones
que prevalece el interés del generador, frente a la requerida
independencia del regulador cada vez más cuestionada.
Adicionalmente, la energía nuclear es un freno al desarrollo y crecimiento
de la capacidad instalada de las energías renovables, cuando las energías
renovables generan más lugares de trabajo por unidad de energía
producida, tal y como lo demuestra el caso de Alemania, Estado europeo
líder en el crecimiento de energía producida por fuentes renovables que
ha programado el cierre progresivo de las centrales nucleares para 2022.
El almacén temporal individualizado (ATI) propuesto para acoger los
residuos nucleares de la central nuclear de Cofrentes es una demostración
del fracaso en la gestión de los residuos nucleares tal y como se ha
visto con los cambios en la ubicación del almacén temporal centralizado
(ATC) inicialmente previsto en Zarra y que actualmente pretende
construirse en Villar de Cañas (Cuenca), ubicación también cuestionada.
Esto es una muestra de la falta de planificación en una actividad de las
más peligrosas y con grandes riesgos para la ciudadanía y el medio
ambiente, y pone de manifiesto que la central nuclear de Cofrentes no
tiene que alargar su vida operativa, y que la energía nuclear es una
opción tecnológica que tiene que dar paso al suministro energético con
fuentes seguras, limpias y renovables; y con más razón en nuestro caso,
ya que somos uno de los territorios con gran capacidad de aprovechamiento
de fuentes de energías renovables limpias y seguras a nivel europeo.
Asimismo, la energía nuclear es uno de los mayores frenos a las energías
renovables, ya que supone uno de los principales obstáculos para la
entrada en el mix energético de las energías renovables. Aquellos estados
que más apuestan por las energías renovables limpias, como el caso de
Alemania, lo han hecho combinándolo con un calendario progresivo y
definitivo de cierre de sus centrales nucleares. Las energías renovables
limpias son la verdadera esperanza para combatir el cambio climático,
pues la energía nuclear, dado el freno que supone para la implantación de
las energías renovables, acaba inevitablemente generando más emisiones de
gases de efecto invernadero.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Proceder al cierre y posterior desmantelamiento de la central nuclear de
Cofrentes cuando finalice el período de prórroga de funcionamiento, en
marzo de 2021.
- No autorizar la construcción del almacén temporal individualizado de
residuos radioactivos dentro de los terrenos de la central nuclear de
Cofrentes por ser innecesario, ya que la central dispone de capacidad de
almacenaje suficiente hasta su fecha de cierre en 2021.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2017.-lgnasi Candela
Serna, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto.-Ángela Ballester Muñoz, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz
del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.
161/002145
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de
una regulación básica sobre arrendamiento vacacional, para su debate en
la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
Las plataformas de viviendas de uso turístico representan ya una imponente
industria en España. Sin embargo a día de hoy, existen dudas sobre las
normas que deben cumplir.
Los últimos casos, en los que varios propietarios encontraron su vivienda
alquilada ilegalmente en internet, ha puesto de manifiesto la necesidad
de acotar los límites de esta actividad, que hoy en día ofrece más plazas
de alojamiento en España que el propio sector hotelero.
Cabe recordar, que el Estado renunció a la regulación de estas viviendas
al sacarlas de la Ley de Arrendamientos Urbanos en 2014 provocando una
diversidad de normativas sectorial autonómica sin armonización estatal y
que al restringirla al ámbito de normativa turística les abre a los
portales de comercialización la opción de acogerse a la normativa de
comercio electrónico, evitando así gran parte del control que se pudiese
hacer desde las Comunidades Autónomas.
La realidad es que no existe actualmente una legislación específica, por
lo que estas plataformas han operado en España en un absoluto limbo
legal. Un limbo legal, que se sitúa entre la ley de Servicios de la
Sociedad de la Información y la legislación turística, en manos de las
comunidades.
Desde su creación, las plataformas sostienen que solo son intermediarios
que ponen a disposición de los particulares un soporte para que realicen
sus transacciones y, por tanto, deben ser reguladas por la primera norma.
El sector hotelero ha rechazado este supuesto y reclama que se les aplique
la norma del sector.
A falta de un nuevo modelo intermedio, las regiones y los ayuntamientos
aplican a las plataformas la regulación de las empresas turísticas.
En comunidades como Andalucía se les exige a las Plataformas que cumplan
con el Decreto autonómico 28/2016, de 2 de febrero, es decir que solo
aparezcan publicitados aquellas viviendas y apartamentos que cuenten con
número de registro en el RTA (Registro de Turismo de Andalucía), que
además de ser un instrumento imprescindible frente a la clandestinidad es
público y gratuito para quien se registra.
Aquí es donde se debe incidir en la exigencia al Estado y en su voluntad
normativa, ya que es éste quien tiene competencias para elaborar la norma
básica y quien ostenta la interlocución a nivel europeo para elevar estas
demandas a la Comisión, ante la inhibición permanente de las Plataformas
frente a las normas de las Comunidades Autónomas.
De la misma forma, en el Decreto de Andalucía se exige la aparición de la
referencia catastral en la documentación que aportan los interesados a la
hora de registrar las VFT. Este dato es indispensable para Hacienda pueda
cruzarlo a efectos de inspección fiscal y afloramiento de la
clandestinidad.
Así que debería exigirse a las Plataformas que trasladaran a Hacienda esta
información de todos los publicitados en sus portales o bien no darles la
cobertura que hasta ahora están consintiendo.
En el caso de ayuntamientos, en el de Barcelona, ha anunciado que
proporcionará a Airbnb un listado de pisos turísticos ilegales que deberá
retirar de su página. Barcelona, al igual que otras administraciones como
la Comunidad Valenciana, ya sancionó a esta empresa por ofrecer este tipo
de viviendas.
En distintas ciudades europeas, ya se han desarrollado regulaciones
específicas.
En Ámsterdam, la legislación no impone casi restricciones; en otras como
París o Lisboa, las plataformas asumen la tasa turística y en otras, como
Londres, se impone un límite de días por los que un particular puede
alquilar su vivienda al año.
La gente viaja más de lo que nunca lo ha hecho. Pero la manera en que se
viaja está cambiando.
Esta actividad económica en España generó en 2016 más de 4.000 millones de
euros.
El pasado año supuso un punto de inflexión para este mercado. Por primera
vez en la historia, las plazas en pisos turísticos (362.493) superaron a
las de los hoteles (330.258) en las principales ciudades españolas.
Pero el crecimiento indiscriminado de este tipo de turismo es responsable
en parte de la turismofobia que se ha creado en ciudades como Barcelona.
Necesitamos una regulación que unifique los criterios de clandestinidad y
reclamar a la Inspección de Empleo, que depende del Estado, que
incremente los controles para evitar bolsas de empleo sumergido en torno
a estas viviendas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar en el plazo de seis meses una regulación básica sobre
arrendamiento vacacional.
2. Dentro de esa regulación deben unificarse los criterios de
clandestinidad y reclamar a la Inspección de Empleo que incremente los
controles para evitar bolsas de empleo sumergido en torno a estas
viviendas.
3. Incrementar los controles fiscales a los propietarios que utilicen las
plataformas para alquiler turístico, así como a todos aquellos que lo
hacen por otras vías tanto físicas como en red.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2017.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/002148
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el
fomento del ecoturismo, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo
y Agenda Digital.
Exposición de motivos
En 2017 se celebra el Año Internacional del Turismo Sostenible, donde
nuestro país juega un papel muy importante dado las potencialidades que
posee en todo el territorio nacional. En la pasada Feria Internacional
del Turismo (FITUR), el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital,
presentó la 'Declaración de Ecoturismo de Daimiel', que plasma las
conclusiones y las recomendaciones extraídas del I Congreso Nacional de
Ecoturismo celebrado en Daimiel (Ciudad Real) en el pasado mes noviembre.
Datos que nos encaminan a la necesidad de dar a conocer a España por su
riqueza ecológica, cuestión esencial para el desarrollo del país, ya que
una potencia turística mundial como la nuestra debe aprovechar sus
recursos naturales.
España debe ser conocida y apreciada también por su riqueza cultural,
histórica y ecológica, no en vano es el país con un mayor número de
espacios naturales protegidos y se debe poner en valor ese hecho.
Contamos con 15 parques nacionales, 48 reservas de la Biosfera, 10
geoparques declarados por la Unesco o los espacios de la red europea
Natura 2000, a la que España suma casi el 30% de su territorio, podemos
decir que nuestro país es el más rico, el más biodiverso y el más variado
de Europa.
Además, en España, existen más de 2.500 kilómetros de infraestructuras
ferroviarias en desuso que han sido reconvertidas en itinerarios
cicloturistas y senderistas en el marco del Programa Vías Verdes.
Por otra parte, las actividades económicas entorno al ecoturismo son
respetuosas con el paisaje, con las tradiciones, con la cultura, y uno de
los mejores vehículos para fijar la población al territorio y para
asegurar el respeto al medioambiente. El turismo, cuando se practica de
una forma sostenible, es una de las mejores formas para generar riqueza y
empleo en las zonas rurales y evita el deterioro del medioambiente.
También debemos tener en cuenta que la ONU se marca como objetivo la
ampliación del sector turístico y su contribución a los tres pilares
fundamentales de la sostenibilidad: el económico, el social y el
ambiental, pero el ecoturismo además de esos tres pilares, incorpora un
elemento que lo diferencia de
otras formas de hacer turismo, aunque sean también sostenibles, y es la
motivación del turista, su deseo de disfrutar de la naturaleza y de estar
en contacto con los recursos naturales.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, dentro de su ámbito de
competencias, adoptar las medidas necesarias para promover y promocionar
España como destino ecoturístico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2017.-Rafael Antonio
Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002167
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la mejora de la eficiencia energética
mediante el suministro de información a los consumidores sobre su consumo
energético.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la corrección de errores contenida en el escrito
registrado con el número 45658, y considerando que solicita el debate de
la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de
Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento
por la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor
de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2017.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora
de la eficiencia energética mediante el suministro de información a los
consumidores sobre su consumo energético, para su debate en la Comisión
de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
Las compañías de distribución eléctrica y comercializadoras están
realizando el cambio de los contadores analógicos por contadores
telegestionados o digitales de todos sus clientes. Este tipo de
contadores son mucho más avanzados y proporcionan información de manera
instantánea a las compañías eléctricas sobre distintos aspectos y sobre
el consumo energético de sus clientes.
Algunas de las prestaciones de estos contadores son:
- La incorporación de un interruptor limitador de potencia.
- Comunicación remota con el contador para realizar la lectura.
- El envío de nuevas tablas tarifarias.
- La modificación de los parámetros asociados a los contratos.
- La actuación del interruptor interno.
- La visualización del consumo horario.
- La potencia máxima.
La implantación de estos nuevos contadores respondió al cumplimiento de la
obligación legal impuesta a todas las distribuidoras eléctricas y de
acuerdo a los planes presentados y aprobados por el anterior Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio (MITYC) así como a los planes aprobados
por algunas Comunidades Autónomas.
El coste de estos nuevos contadores es habitualmente soportado por los
consumidores en régimen de alquiler mensual que se paga a las empresas
eléctricas a través de la factura eléctrica, aunque existe la posibilidad
de adquisición de los mismos por los consumidores.
De acuerdo con datos proporcionados por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia en España se están instalando un total de 27
millones de contadores inteligentes.
El contador transmite información de nuestro consumo eléctrico. Sin duda
el conocimiento de esta información de forma ágil y precisa por parte del
consumidor le aportaría multitud de ventajas como una mejor planificación
de su consumo diario, control de sus consumos residuales, definición
precisa de la posible potencia contratada, etc., lo que contribuiría de
manera notable a una mejor eficiencia energética y ahorro en la factura
de los consumidores.
En la actualidad si bien las empresas eléctricas disponen de multitud de
información acerca del consumo eléctrico de los consumidores, y aunque
alguna de las compañías distribuidoras sí facilitan el acceso de estos
datos al consumidor, otras distribuidoras o comercializadoras, sobre todo
las más pequeñas, no lo facilitan.
Además la propia Comisión Nacional de la Competencia considera que los
sistemas de medición inteligente (contadores) deberían disponer de
dispositivos adicionales para proporcionar información directamente al
cliente más allá del propio visor, que está incluido por defecto en el
aparato.
En cualquier caso, se hace necesaria una comunicación para que los
consumidores sean conscientes de las posibilidades que tienen. No
olvidemos que esta información accesible de una forma ágil y clara
contribuiría claramente a una mejora de la eficiencia energética.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas
necesarias para que todas las empresas de distribución eléctricas
implanten sistemas de información que permitan compartir la información
de consumo eléctrico con los consumidores, así como la realización de
cuantas acciones sean necesarias para que esto llegue a los consumidores
finales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2017.-Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/002180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el uso del embalse de
La Colada, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda
Digital.
Exposición de motivos
El embalse de La Colada se extiende por los términos municipales de El
Viso, Hinojosa del Duque y Belalcázar. Tiene una superficie total de 608
ha y una capacidad de embalse de 57,7 Hm3. Se sitúa en la cuenca
hidrográfica del Guadiana y apresa las aguas del río Guadamatilla,
aprovechando de forma óptima las posibilidades que ofrece un
encajonamiento natural en el que se levanta la presa de hormigón, tipo
arco-gravedad cuya construcción finalizó en 2009. Sus aguas estaban
destinadas al abastecimiento de la comarca de Los Pedroches y a la
comarca de Almadén, en la provincia de Ciudad Real. La autoridad
hidrológica de la que depende es la Confederación Hidrográfica del
Guadiana. Construido para hacer frente a posibles necesidades en épocas
de sequía prolongada, el embalse de La Colada tiene, en teoría, una doble
funcionalidad según el Plan de Usos y Actividades: abastecimiento de agua
a la población y usos recreativos, contemplando solo algunos, como pesca,
picnic y restaurantes; no se contemplan sin embargo otros como el baño o
la navegación. De momento, solo los habitantes de la comarca de Almadén
(Ciudad Real) se abastecen del agua de este pantano.
El proyecto inicial de construcción preveía sin embargo otros usos para el
embalse: 'se propone el establecimiento de zonas recreativas, una en cada
margen. La de la margen derecha se sitúa a unos 500 m agua arriba de la
desembocadura del río Guadamatilla, con una extensión de 4,7 ha,
aproximadamente. La de la margen izquierda se ubica a unos 1.100 m agua
arriba de la presa y ocupa 6 ha, aproximadamente. Estas contarán con zona
de baño, rampa de acceso para embarcaciones, merendero, mesas para
comidas, contenedores para desperdicios y aparcamientos.' (Proyecto Presa
de La Colada, Confederación Hidrográfica del Guadiana, Dirección General
de Obras Hidráulicas, Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, 1995).
Hasta el momento la Confederación Hidrográfica del Guadiana solo ha
autorizado al Ayuntamiento de El Viso la instalación de un bar, aseos,
sendas peatonales, barbacoas, una talanquera de madera en la margen
derecha y, paradójicamente, vestuarios, pero no una zona de baño.
Por otro lado la comarca de Los Pedroches está inmersa en un proceso de
despoblación que amenaza la continuidad y supervivencia de numerosos
pueblos, del ecosistema natural y de la conservación del territorio. Así
lo pone de manifiesto el último informe de la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias que sitúa a nuestra comarca un claro ejemplo de
riesgo de despoblación.
Ante esta amenaza, todas las administraciones públicas, locales,
provinciales, autonómicas y estatales, están en la obligación de proponer
e impulsar medidas para garantizar la vida y el futuro en las zonas
rurales.
La comarca de Los Pedroches es consciente de este riesgo desde hace muchos
años por lo que no ha dejado de solicitar ayudas oportunas a las
Administraciones para que adopten medidas que conlleven la renovación
generacional y la dinamización social y económica de un territorio que
por otra parte presenta un gran potencial de recursos naturales y
turísticos que pueden dar un impulso económico y ayudar a fijar la
población en el territorio.
En este sentido se viene trabajando desde la administración local,
Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches, Ayuntamientos y los
empresarios del sector, aunados en torno al Centro de Iniciativas
Empresariales y Turísticas, en actuaciones que conlleven el aumento de
visitantes y la dinamización económica a través del turismo rural,
aprovechando todos los recursos de que disponemos. Sin duda el embalse de
La Colada es un gran recurso económico para nuestra comarca. No solo
porque garantiza el abastecimiento de agua a la población sino porque las
posibilidades de aprovechamiento turístico y de ocio así lo ponen de
manifiesto. El ecosistema acuático de La Colada permite observar
numerosas especies de aves, siendo la grulla la más emblemática, por lo
que es un lugar idóneo para el fomento del turismo ornitológico. Y el
entorno paisajístico caracterizado por la dehesa abre multitud de
posibilidades a la realización de actividades medioambientales.
El embalse de La Colada se erige en pieza clave en el desarrollo
territorial de la comarca dado que viene a dotar de estabilidad al
sistema hidrológico y cubre el déficit hídrico histórico de
abastecimiento, garantizando el abastecimiento y abriendo potencialidades
que ofrece en sí mismo como atractivo para el turismo de interior (rural,
deportivo, ornitológico, etc.).
Desde la construcción del embalse, la zona ha tenido tradicionalmente un
uso recreativo muy limitado para los habitantes de nuestros municipios
pues el Plan de Usos diseñado por la Confederación Hidrográfica del
Guadiana de la cual depende solo contempla la pesca y la posibilidad de
recreo en tierra (picnic, instalación de restaurantes,...) no estando
contemplado el baño ni la navegación.
El cambio de tendencia en el comportamiento de determinados sectores de
población, demandantes de nuevas zonas de esparcimiento en el interior,
alejadas de las habitualmente masificadas zonas costeras, está
posibilitando un incremento de la utilización de entornos de interior
para actividades, siendo este el caso del entorno del Embalse de La
Colada muy utilizado como zona recreativa por los vecinos de El Viso y de
municipios de toda la comarca quienes llegada la época estival demandan
la posibilidad de la práctica del baño y la navegación en el embalse.
La indudable calidad paisajística y el desarrollo de ecosistemas en sí
mismo son la base de una demanda turística que exige diversificar el tipo
de las actividades que se pueden desarrollar ampliando el potencial del
agua y de los márgenes como espacio de disfrute colectivo siendo que el
embalse reúne las características óptimas para desarrollar actividades de
baño y navegación.
La Junta de Andalucía, ayuntamientos de la comarca, la Diputación de
Córdoba y la confederación Hidrográfica del Guadiana deben impulsar el
aprovechamiento turístico, económico y social del embalse de La Colada lo
que conllevaría la modificación del Plan le Usos y Actividades que
permita su aprovechamiento para la creación de actividad económica y
empleo con la ordenación de las actividades recreativas que pueden
desarrollarse dentro de las competencias de la Administración hidráulica,
encuadrándolas en un ámbito más amplio de las existentes o posibles
dentro del área geográfica que comprende el embalse y que ello pueda
contribuir al desarrollo turístico de una zona de enorme potencial,
armonizando los usos recreativos del agua con los que la Ley establece
como prioritarios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la modificación del Plan
de Usos y Actividades del embalse de La Colada al objeto de incorporar
nuevos usos recreativos y deportivos, como el baño y la navegación, tal
como se contemplaba en el proyecto inicial de construcción del embalse,
lo que posibilitaría un mejor aprovechamiento del potencial turístico del
embalse propiciando así un mayor desarrollo de la zona y de la comarca de
Los Pedroches.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2017.-Antonio
Hurtado Zurera y María Jesús Serrano Jiménez, Diputados.-Rafael Simancas
Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002184
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupos Parlamentarios Mixto y Vasco (EAJ-PNV).
Proposición no de Ley sobre el Real Decreto MI-IP 04.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y
entendiendo que la tramitación del informe a que se refiere el punto 1 se
haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Energía,
Turismo y Agenda Digital. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando
este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2017.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromis Joan
Baldoví Roda, y el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), a instancia de
Aitor Esteban Bravo, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan
la siguiente Proposición no de Ley, sobre el RD MI-IP 04, para su debate
en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
El sector de almacenamiento soterrado de productos petrolíferos líquidos
con una rotación anual de producto en 2007 de 60.901.192 toneladas,
supera el millón de tanques en el conjunto del Estado, siendo
reglamentado en función de la actividad económica mediante los
reglamentos: APQ, MI IP 02 Centros de almacenamiento; MI-IP 03 Consumos
propios y MI-IP 04 Suministro a vehículos, este sector genera una
ocupación media superior a 20.000 empleados.
La versión vigente de la ITC-MI-IP 04 RD 1523/1999, objeto de revisión por
el borrador de Real Decreto aprobado en el Consejo de Ministros celebrado
el 7/07/2007, estableció un criterio unificador del riesgo en las
instalaciones de almacenamiento de productos petrolíferos líquidos y
químicos (APQ) en tanques atmosféricos (no sometidos a presión), al
introducir en su artículo primero la modificación del RD 2085/1994 de
instalaciones petrolíferas por el que se da una nueva redacción al
artículo 2 con el texto siguiente:
2. Las instalaciones destinadas a almacenar indistintamente carburantes o
combustibles líquidos y otros productos químicos se podrán regir:
a) Por este Reglamento (RD 1523/1999) de instalaciones petrolíferas,
complementado por el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y
sus Instrucciones técnicas complementarias específicas, aplicables a los
productos distintos de los carburantes o combustibles líquidos.
b) Por el Reglamento de almacenamiento de productos químicos.
En la actualidad las pruebas periódicas de estanquidad reglamentarias en
este sector se realizan con sistemas de detección de fugas certificados
de conformidad con el artículo 39.2 del RD 1523/1999 con la referencia
del umbral de detección de fugas de 100 ml/h.
El RD 1523/1999 justifica, el criterio seguido de unificación para las
instalaciones con tanques soterrados a presión atmosférica mediante la
redacción siguiente:
'Teniendo en cuenta que las características técnico-mecánicas que
garantizan la estanqueidad y resistencia mecánica de tales instalaciones
pueden verse alteradas y deterioradas como consecuencia del contacto con
agentes corrosivos, oxidantes, etc., propios de la naturaleza de los
terrenos circundantes, elementos constructivos y otras instalaciones
anexas, dando lugar a fugas incontroladas que originan la contaminación
del medio ambiente y creando peligro de concentraciones explosivas o
incendios, se considera necesario reducir estos plazos y unificarlos con
los que establece la disposición transitoria segunda del Real Decreto
1427/1997 para instalaciones petrolíferas para uso propio, existentes.'
Es preciso indicar que el parque de tanques instalado en España es
mayoritariamente de simple pared y el 75% supera los 36 años de
antigüedad, siendo el tiempo de vida útil establecido en 18 años por la
agencia EPA de EEUU y 15 años por la Compañía PEMEX.
La agencia EPA de EEUU, estima que el 60% de las fugas alcanzan las aguas
subterráneas. Y que un litro de gasolina puede contaminar un millón de
litros de agua potable. El peligro potencial de las fugas es importante
porque más de la mitad del agua potable de la nación (USA) proviene de
aguas subterráneas'. Por los motivos expuestos, en 1984, el Congreso de
EEUU abordó la amenaza de vertidos por depósitos defectuosos, prohibiendo
la instalación de tanques de simple pared a partir de 1985, siendo
exigible la doble pared desde 2016 en EEUU, 2020 en Francia y 2022 en el
País Vasco conforme al Decreto 159/2014 de medidas complementarias.
El riesgo de contaminación de acuíferos causados por pérdida de
estanquidad en España no es menor si consideramos: la toxicidad de los
combustibles derivados del petróleo en función de su composición química;
el riesgo de vertidos contaminantes por proximidad a aguas subterráneas;
el riesgo de soportar, en caso de vertidos, onerosos costes de
descontaminación y depreciación contable del suelo industrial ocupado; la
longevidad del parque instalado (el 75% supera los 36 años)
mayoritariamente de simple pared; el impacto del Etanol en las mezclas de
gasolina superiores al 15% y en particular el E-85, incrementa el riesgo
de vertidos por corrosión y degradación de los componentes utilizados en
tanques, surtidores, tuberías y componentes; en estaciones desatendidas,
la inexigibilidad de certificar el sistema de detección y extinción
automática de incendios para distintas condiciones atmosféricas, así
como, la ausencia de garantías de que
remotamente se garantice la presencia de personal competente capaz de
prestar con carácter inmediato las medidas mínimas de seguridad en
condiciones de riesgo y necesidad de ayuda asistencial fuese preciso
prestar a discapacitados con un nivel de seguridad equivalente al
prestado por personal empleado 'in situ'.
Por los motivos expuestos, se justifica la exigibilidad de una nueva
redacción del texto reglamentario que aporte soluciones eficaces
fundamentadas en el desarrollo técnico y el conocimiento científico,
estableciendo los requisitos mínimos necesarios para alcanzar el objetivo
legítimo de compatibilizar la actividad económica con la seguridad de las
personas y el medioambiente, para el conjunto del sector de
almacenamiento soterrado en tanques atmosféricos como resultado de la
elaboración de un MIRAT (Modelo de Informe de Riesgo Ambiental Tipo), tal
y como establece la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, que
sirva de base, para el diseño de una política de prevención efectiva de
vertidos contaminantes al suelo por pérdida de estanquidad de tanques y
conductos.
La redacción del texto MI-IP 04 aprobado el 7 de julio de 2017 por el
Consejo de Ministros al reducir los requisitos de seguridad en las
instalaciones afectas, y dictar requisitos ambiguos y significativamente
más laxos que los establecidos en la reglamentación vigente, legaliza de
facto la emisión de vertidos evitables durante la realización de las
pruebas periódicas de estanquidad, con sistemas certificados de
conformidad con la reglamentación vigente.
Transcurridos dieciséis años desde la publicación del RD 1523/1999,
observamos serias carencias en su aplicación, así como injustificadas
actuaciones administrativas con mención especial las circulares emitidas
por el Ministerio en 2002 y 2010, que otorgaron la exención de realizar
pruebas de estanquidad en los tanques de simple pared, a los sistemas de
detección de fugas 'fijos' instalados permanentemente, actuantes en el
conjunto del estado sin certificar su correcto funcionamiento,
autorizados para realizar pruebas de estanquidad reglamentarias sin
verificar la integridad del tanque, al estar limitados estos sistemas a
detección de fugas únicamente por debajo del nivel de producto, cuando al
resto de tanques de simple pared que no disponen de sistemas de detección
de fugas 'fijos' se les exige la verificación integral del tanque, en
algunos casos con dos sistemas de detección, uno para la fugas por debajo
del nivel de producto y otro para las fugas por encima del nivel de
producto.
El servicio reglamentario de verificación de la estanquidad ofertado en la
actualidad con sistemas certificados por laboratorio de ensayos
acreditado de conformidad con el RD 1523/1999 se realizan a un coste del
40% inferior al facturado en 2007 por las empresas reparadoras.
Una auditoría realizada por el Gobierno vasco aporta los datos siguientes:
1. Instalaciones que presentan libro de registro de las actuaciones de
mantenimiento: cumplen el 6,6%, no disponen el 57,7% y sin datos el
35,8%.
2. Pruebas de estanquidad en tuberías: cumplen el 46,7%, no realizan
pruebas el 16,8% y sin datos el 36,5%.
3. Pruebas en tanques: cumplen el 19,7%, incumplen el 42,3% y sin datos el
36,5%.
4. Sistemas fijos de detección de fugas instalados el 1,5% instaladas.
Estos datos cuestionan la efectividad de las revisiones realizadas cada
diez años por las entidades de inspección OCAs.
Información solicitada al laboratorio de ensayos acreditado sobre sus
actuaciones en la verificación del correcto funcionamiento de las
comprobaciones periódicas anuales para los sistemas de detección de fugas
'móviles' y trienal para los sistemas 'fijos' evidencia las incidencias
siguientes:
Sistemas móviles:
1. El 44,1% supera de media el intervalo anual de verificación en noventa
días.
2. Servicios sin incidencias: 42%.
3. Servicio con incidencias: 58%.
El 78% del 58% de los sistemas con incidencias graves han exigido
reparación previa al ensayo de verificación del correcto funcionamiento
del equipo.
Sistemas fijos:
1. Utilización de sondas inapropiadas de inferior calidad que las
certificadas.
2. Utilización de flotadores de menor diámetro que el certificado por el
fabricante.
3. Configuración inadecuada del coeficiente de expansión térmica
correspondiente al producto confinado en el tanque.
4. Pruebas de estanquidad realizadas incumpliendo el nivel de producto y
reposo mínimo previo y durante la prueba de estanquidad.
La experiencia adquirida en la aplicación de la legislación vigente induce
a exigir un mayor control administrativo sobre los organismos de
inspección, y la aplicación de procedimientos de verificación eficaces de
los tanques transformados a doble pared, así como de los sistemas de
detección de fugas instalados permanentemente tanto en tanques de simple
pared, según la ITC MI-IP 04 vigente y para los de doble pared conforme a
los procedimientos que desarrollan el Decreto 159/2014 del País Vasco, en
ningún caso se justifican requisitos más laxos para los tanques
existentes de simple pared como los dictados en el texto reglamentario de
la ITC-MI-IP 04.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Remitir copia del informe emitido por el Consejo de Coordinación de la
Seguridad Industrial por el que reconoce haber analizado la experiencia
adquirida en el cumplimiento de la reglamentación vigente desde la
aprobación del RD 1523/1999 y que ha motivado la necesidad de redactar el
texto aprobado por el Consejo de Ministros del 7 de julio de 2017 y del
Grupo de Unidad de Mercado en el supuesto de que hubiese evaluado el
texto reglamentario, para su análisis en la Comisión de Energía, Turismo
y Agenda Digital.
2. Aplicar el principio de cautela, retrasando tanto la publicación y/o
aplicación del nuevo RD MI-IP 04 hasta que el nuevo texto reglamentario
sea debatido en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del
Congreso de los Diputados y, si procede, sea finalmente refrendado en
sede parlamentaria.
3. Aportar a los portavoces de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda
Digital justificación técnica motivada del criterio seguido en las
modificaciones sustanciales más significativas respecto al texto vigente,
que por su presunta incoherencia con los objetivos que afirma perseguir,
pudieran afectar gravemente el interés general en materia de seguridad y
prevención de riesgos medioambientales, así como el principio de
confianza legítima de las empresas del sector al provocar competencia
desleal mediante el establecimiento de requisitos más laxos que los
exigidos en la reglamentación vigente en tanques más viejos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2017.-Joan Baldoví
Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.-Aitor Esteban Bravo,
Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
161/002190
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora
de la eficiencia energética mediante el suministro de información en
tiempo real a los consumidores sobre su consumo energético, para su
debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
Las compañías de distribución eléctrica y comercializadoras están
realizando el cambio de los contadores analógicos por contadores
telegestionados o digitales de todos sus clientes. Este tipo de
contadores son mucho más avanzados y proporcionan información de manera
instantánea a las compañías eléctricas sobre distintos aspectos y sobre
el consumo energético de sus clientes.
Algunas de las prestaciones de estos contadores son:
- La incorporación de un interruptor limitador de potencia.
- Comunicación remota con el contador para realizar la lectura.
- El envío de nuevas tablas tarifadas.
- La modificación de los parámetros asociados a los contratos.
- La actuación del interruptor interno.
- La visualización del consumo horario.
- La potencia máxima.
La implantación de estos nuevos contadores respondió al cumplimiento de la
obligación legal impuesta a todas las distribuidoras eléctricas y de
acuerdo a los planes presentados y aprobados por el anterior Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio (MITYC) así como a los planes aprobados
por algunas Comunidades Autónomas.
El coste de estos nuevos contadores es habitualmente soportado por los
consumidores en régimen de alquiler mensual que se paga a las empresas
eléctricas a través de la factura eléctrica, aunque existe la posibilidad
de adquisición de los mismos por los consumidores.
De acuerdo con datos proporcionados por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia en España se están instalando un total de 27
millones de contadores inteligentes.
El contador transmite información de nuestro consumo eléctrico. Sin duda
el conocimiento de esta información de forma ágil y precisa por parte del
consumidor le aportaría multitud de ventajas como una mejor planificación
de su consumo diario, control de sus consumos residuales, definición
precisa de la posible potencia contratada, etc., lo que contribuiría de
manera notable a una mejor eficiencia energética y ahorro en la factura
de los consumidores.
En la actualidad si bien las empresas eléctricas disponen de multitud de
información acerca del consumo eléctrico de los consumidores, y aunque
alguna de las compañías distribuidoras sí facilitan el acceso de estos
datos al consumidor, otras distribuidoras o comercializadoras, sobre todo
las más pequeñas, no lo facilitan.
Además la propia Comisión Nacional de la Competencia considera que los
sistemas de medición inteligente (contadores) deberían disponer de
dispositivos adicionales para proporcionar información directamente al
cliente más allá del propio visor, que está incluido por defecto en el
aparato.
En cualquier caso, se hace necesaria una comunicación para que los
consumidores sean conscientes de las posibilidades que tienen. No
olvidemos que esta información accesible de una forma ágil y clara
contribuiría claramente a una mejora de la eficiencia energética.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas
necesarias para que todas las empresas de distribución eléctricas
implanten sistemas de información que permitan compartir en tiempo real
la información de consumo eléctrico con los consumidores, así como la
realización de cuantas acciones sean necesarias para que esto llegue a
los consumidores finales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2017.-Rafael Antonio
Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez y el Diputado
don Jorge Luis Bail, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Energía,
Turismo y Agenda Digital, relativa a
garantizar a través de la empresa pública el acceso universal de servicios
de comunicaciones de banda ancha.
Exposición de motivos
El acceso en desigual condición a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el Estado, ha ocasionado una ruptura entre los diferentes
territorios, también denominada brecha digital. La ausencia de una
estrategia sobre la cobertura de banda ancha ultrarrápida que conozca la
situación de provisión de los servicios de comunicaciones electrónicas de
banda ancha y que permita identificar aquellas zonas donde existan
brechas de mercado, es sin duda, el principal problema para que aun en
2017 siga sin garantizarse en el Estado, el acceso en igualdad de
condiciones para todas las personas.
Destacar que el acceso a las nuevas tecnologías no es una cuestión baladí,
porque en el entorno social actual, este afecta en todos sus órdenes a la
ciudadanía. La búsqueda de trabajo, el emprendimiento a través de
actividades económicas vinculadas al 'e-commerce' que pongan en valor a
los territorios más despoblados, el acceso a contenidos, a la educación,
y un largo etcétera, pueden llegar a producir la cronificación y la
acentuación de las desigualdades sociales que padece nuestra sociedad. En
concreto, aquellas que distancian el mundo rural de las grandes ciudades.
Y debería también incorporar la perspectiva de género, dada la especial
significación del papel de las mujeres en la fijación de la población en
el territorio, especialmente en las zonas rurales.
Las políticas comunitarias de desarrollo del mundo rural, establecen unos
criterios de cohesión para afrontar el cambio demográfico. Una dirección
que ya marcara el propio Tratado de funcionamiento de la Unión Europea,
en concreto, al respecto de la implementación de oportunidades de vida
para fijar población joven en todo el territorio e incentivar el
equilibrio territorial entre zonas urbanas y aquellas con baja
demografía. En este sentido, tanto la Red Europea de Regiones afectadas
por el Cambio Demográfico, corno el Foro de Comunidades afectadas por el
cambio demográfico: Galicia, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y
León, Castilla-La Mancha, La Rioja y Extremadura, coinciden en que la
Unión Europea carece de instrumentos de aplicación directa para una
intervención apropiada, por ello, en el desarrollo de la universalización
de la banda ancha, es el Estado quien debe comprometerse, y debiera
atenerse, en todo caso, a la normativa y orientaciones de la Unión
Europea a este respecto.
El Gobierno ha renunciado hasta la fecha a utilizar con vigor los
Presupuestos Generales del Estado, para poder ayudar a garantizar el
acceso universal a la banda ancha en las zonas rurales. El papel de las
administraciones públicas en la lucha contra la desigualdad, es
ineludible para lograr combatir un problema de máxima urgencia. La
necesidad de propuestas legislativas específicas para el medio rural, son
ya indiscutibles ante la creciente despoblación que padecen muchas de
nuestras provincias. En concreto, son necesarias a través de programas
que faciliten el desarrollo de una red de comunicaciones que proporcionen
servicios de comunicaciones de banda ancha, conforme a lo establecido en
la disposición adicional decimoctava de la Ley General de
Telecomunicaciones en localidades con menor población, debido a la
ausencia o insuficiencia de inversión privada, ajustándose la inversión
pública al principio de necesidad, con la finalidad de garantizar la
necesaria cohesión territorial y social. Por todo ello, el insuficiente
funcionamiento de los programas del Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital, nos muestran que este ha sido hasta la fecha un objetivo
de segundo nivel. Esta estrategia, conduce inexorablemente hacia una
categorización entre ciudadanas de primera y ciudadanas de segunda.
En la actualidad, la Ley de Telecomunicaciones no está siendo cumplida en
todos sus términos. Entre otras cuestiones, el mandato por el cual, al
menos una vez al año, el Ministerio del ramo, informará al Parlamento
sobre la adopción y cumplimiento de la Estrategia Nacional de Redes
Ultrarrápidas y, en especial, sobre la evolución del despliegue de las
redes ultrarrápidas y el cumplimiento de los objetivos de
universalización de este servicio. Así como, la obligación referida a que
el Gobierno establecerá una Estrategia Nacional de Redes Ultrarrápidas
que tenga como objetivo impulsar el despliegue de redes de acceso
ultrarrápido a la banda ancha, tanto fijo como móvil, de cara a lograr su
universalización, fomentando su adopción por ciudadanos, empresas y
administraciones, para garantizar la cohesión social y territorial. Una
estrategia actualmente insuficiente, que debería enunciar certeramente
los objetivos para con toda la ciudadanía y territorios, con especial
incidencia en las comarcas, a las cuales hace expresa referencia la
mencionada Ley en numerosas ocasiones.
Mientras tanto, en el último lustro e inclusive con vocación de futuro, se
viene limitando toda la estrategia al marco del sector privado. Desde
inicios del presente año y hasta el año 2019, se ha concedido a una
multinacional el Servicio Universal de Comunicaciones con un ancho de
banda de 1Mbps. Empero, la citada multinacional ha cerrado hace escasas
fechas la filial con la que proveía de internet inalámbrico en zonas
rurales en las que ningún operador disponía de cable que permitiera el
acceso a internet. Cabe señalar, que dicha empresa fue adjudicataria en
concurso de dicho servicio en Castilla y León, con la correspondiente
subvención, concurso de la que fue única participante. No obstante, la
apuesta gubernamental, continúa a través de la competente en la materia,
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, tratando de impulsar acuerdos con los operadores para
superar las restricciones impuestas por el interés de las empresas
prestadoras de servicios.
Por todo ello, es una realidad insoslayable que el actual mercado de
telecomunicaciones ni cubre, ni pretende salvaguardar el acceso universal
de servicios de comunicaciones de banda ancha. Ante el desinterés de los
operadores, y como quiera que no se estipulan obligaciones de prestación
de servicios en todos los territorios para poder desarrollar su actividad
mercantil, el Estado debe garantizar el acceso a la tecnología en
igualdad de condiciones, y en particular a la banda ancha de alta
velocidad. Objetivo que debe acometerse desde la iniciativa pública, a
través de una empresa pública como Red.es que se encargue específicamente
y de forma efectiva, de cubrir la brecha digital que genera desigualdad
entre la ciudadanía según fuere el origen de la misma.
Red.es es una entidad pública empresarial con los recursos y la capacidad
técnica y organizativa necesaria, que desarrolla e impulsa la economía
digital, la innovación, el emprendimiento, la formación para jóvenes y
profesionales y el apoyo a la PYME mediante el fomento de un uso
eficiente e intensivo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, y realiza programas de implantación tecnológica en los
servicios públicos de la Administración, por tanto, no cabe duda que su
actuación como operador de comunicaciones, sería apropiada e idónea. La
utilización del dinero público está encaminada actualmente a financiar
infraestructuras privadas, cuando debiera y podría dedicarse a atacar el
problema de raíz y solucionarlo mediante una gestión pública que
garantice el acceso universal de servicios de comunicaciones de banda
ancha.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar las reformas necesarias para que Red.es actúe como operador de
comunicaciones de titularidad pública al amparo de lo establecido en el
artículo 9 de la Ley General de Telecomunicaciones y encargarse de
ejecutar y operar en las condiciones que se determinen, conforme a la
legislación vigente.
2. Aplicar a través de Red.es una planificación vinculante, con una red de
comunicaciones que proporcione servicios de comunicaciones de banda
ancha, conforme a lo establecido en la Disposición adicional decimoctava
de la Ley General de Telecomunicaciones, a poblaciones de menos de 50.000
debido a la ausencia o insuficiencia de inversión privada, ajustándose la
inversión pública al principio de necesidad, con la finalidad de
garantizar la necesaria cohesión territorial y social.
3. Cumplir con el mandato de la disposición adicional decimoctava de la
Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, e informar al
menos anualmente al Parlamento sobre la adopción y cumplimiento de la
Estrategia Nacional de Redes Ultrarrápidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2017.-Jorge Luis
Bail, Diputado.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley para poner en marcha planes efectivos
para que las administraciones públicas puedan ofrecer conexión wifi
gratuita en sus espacios públicos, para su debate en Comisión de Energía,
Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
Uno de los principales motivos de la baja penetración del uso de internet
en España es el elevado precio de los costes básicos de acceso (solo el
49% de los hogares con conexión está suscrito a la red fija de banda
ancha rápida). Según la Comisión Europea, nuestro país es el segundo
Estado miembro con los precios más elevados (Informe DESI 2017). Así, la
conexión más barata a Internet en España cuesta más del doble del coste
medio europeo.
Aunque en estos últimos años los operadores de telecomunicaciones han
realizado un importante despliegue de redes que ha favorecido que nuestro
país casi haya alcanzado el promedio de la Unión Europea en cuanto a
conectividad, siguen existiendo una serie de trabas y brechas
(geográficas, económicas, generacionales, de género, etc.) que impiden
que el conjunto de los beneficios de la economía y sociedad digital
lleguen a toda la ciudadanía.
En septiembre de 2016, la Comisión Europea presentó una Comunicación al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social, y al Comité
de las Regiones sobre 'la conectividad para un mercado único digital
competitivo hacia una Sociedad Europea del Gigabit', que establece una
visión de lo que ha de ser la conectividad a internet de la ciudadanía y
empresas europeas.
En este sentido, el propio Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker,
en su discurso sobre el estado de la Unión, afirmaba 'que todo el mundo
pueda beneficiarse de la conectividad implica que no debe importar ni
dónde vives ni cuánto ganas. Así pues, hoy proponemos dotar a cada pueblo
y cada ciudad de Europa de acceso inalámbrico gratuito a internet en tomo
a los principales centros de la vida pública de aquí a 2020'.
La Directiva para el establecimiento de un nuevo Código Europeo de
Comunicaciones Electrónicas revisa todo el marco reglamentario de este
tipo de comunicaciones e incluye una propuesta sobre el servicio
universal que supone un gran avance para reducir brechas y desigualdades
digitales en toda Europa. Así, se establece la obligación de los Estados
miembros de garantizar el acceso asequible de todos los usuarios finales
a los servicios de acceso funcional a Internet de banda ancha y a los
servicios de comunicaciones vocales, como mínimo desde una ubicación
fija.
Además, la propuesta de Código establece que 'si una empresa,
administración pública o usuario final pone a disposición de terceros su
red inalámbrica para acceder a los servicios de comunicaciones
electrónicas que sobre ella se prestan sin finalidad comercial y como
complemento auxiliar de una actividad económica principal o la prestación
de un servicio público no vinculados al transporte de la señal, tal
empresa, administración pública o usuario final no están sujetos al
régimen de autorización general, no tienen que garantizar el cumplimiento
de los derechos de los usuarios finales previstos en la normativa
sectorial y no se le puede imponer la obligación de interconexión
prevista en la misma propuesta legislativa'.
Como complemento a esta Directiva, la Comisión ha lanzado una propuesta de
Reglamento para promover la conectividad wifi en espacios públicos como
parques, plazas, edificios oficiales, bibliotecas, centros de salud y
museos de toda Europa a través de WiFi4EU [Propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos
(UE) n.° 1316/2013 y (UE) n.° 283/2014 en lo que atañe al fomento de la
conectividad a Internet de las comunidades locales].
La Comisión propone dedicar fondos europeos al despliegue de redes wifi
por administraciones y entidades prestadoras de servicios públicos de
modo que proporcionen en determinados espacios públicos locales y a
través de operadores comerciales, accesos de muy alta velocidad con
carácter gratuito como servicios auxiliares de su actividad. Entre tales
entidades figurarían los ayuntamientos y otros establecimientos públicos
locales, así como bibliotecas y hospitales.
El 29 de mayo de 2017, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión
alcanzaron un acuerdo político sobre dicha iniciativa WiFi4EU y su
financiación. En virtud de dicho acuerdo, las tres instituciones
colaborarán a fin de garantizar una financiación de 120 millones de euros
para la creación de los puntos de acceso inalámbrico en 6.000 a 8.000
municipios de la UE hasta 2020. La primera convocatoria de proyectos está
prevista para finales de 2017 o principios de 2018.
Consideramos desde el Grupo Socialista que este tipo de actuación servirá
para promover el interés de los ciudadanos en los servicios de Internet
de alta capacidad, favoreciendo, por ejemplo, un mayor acceso a la
administración electrónica, impulsando el uso de la banda ancha (y su
contratación privada) y fomentando, en definitiva, la alfabetización
digital. Además, el alcance limitado que representa cada uno de los
puntos de acceso público garantizará que esta oferta pública no compita
con las ofertas comerciales de los operadores.
Por todo ello es necesario que en nuestro país el Gobierno 'coja el
testigo' e impulse decididamente planes y acciones y todos los cambios e
innovaciones normativas necesarias para que la ciudadanía española pueda
también ser partícipe de los beneficios de la alta conectividad a
internet con la mayor celeridad posible, ayudando así a reducir las
brechas existentes en cuanto a conectividad, precios de la banda ancha, o
al avance en el aprendizaje y formación de competencias digitales
básicas.
En este sentido, la falta del debido desarrollo reglamentario de Ley
9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, provoca que esté muy
limitada la posibilidad de que las administraciones públicas puedan
ofrecer servicios de acceso a internet de forma gratuita. Así, aún no se
ha aprobado el Real Decreto que faculta el artículo 9.2 y en el que se
'(...) establecerán los supuestos en los que, como excepción a la
exigencia de actuación con sujeción al principio de inversor privado, los
operadores controlados directa o indirectamente por administraciones
públicas podrán instalar y explotar redes públicas y prestar servicios de
comunicaciones electrónicas en régimen de prestación a terceros que no
distorsionen la competencia o cuando se confirme fallo del mercado y no
exista interés de concurrencia en el despliegue del sector privado por
ausencia o insuficiencia de inversión privada, ajustándose la inversión
pública al principio de necesidad, con la finalidad de garantizar la
necesaria cohesión territorial y social (...)'
Hay que indicar también que diferentes comunicaciones de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia resuelven las dudas planteadas
por algunas administraciones públicas locales y regionales para ofertar
acceso gratuito a internet. Su Circular 1/2010 (Resolución de 18 de junio
de 2010, de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, por la que se publica la Circular 1/2010, de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se regulan las
condiciones de explotación de redes y la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas por las Administraciones Públicas), limita !a
autorización a solo cuatro supuestos concretos, muy restringidos, y
totalmente desactualizados en los que las Administraciones Públicas
pueden ofrecer el servicio de acceso a internet de forma gratuita, con
cargo a fondos públicos, y por tiempo indefinido a los ciudadanos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, de acuerdo con
las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) y los agentes implicados, acciones efectivas para
avanzar en la conectividad a internet de toda la ciudadanía, con medidas
específicas para que:
1. En el plazo de tres meses, realizar las reformas normativas necesarias
para eliminar las trabas legales que limitan la oferta a la ciudadanía
por parte de las administraciones públicas de conexión gratuita a
Internet de alta velocidad en espacios públicos.
2. Impulsar un plan que instale progresivamente puntos de acceso
inalámbrico y gratuito a Internet de alta velocidad en los edificios y
espacios de acceso público de la Administración General del Estado hasta
el año 2020.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2017.-Óscar Galeano
Gracia, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/002240
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre el establecimiento de un calendario
de subastas para la asignación de producción eléctrica a través del
régimen retributivo específico, para su debate en la Comisión de Energía,
Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
El marco normativo aprobado en los años 2013 y 2014 que se concreta en el
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio (por el que se regula la actividad
de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos, que establece el régimen jurídico y
económico para dichas instalaciones) y la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, autoriza, en su artículo 14.7, a que
excepcionalmente el Gobierno pueda establecer un régimen retributivo
específico para fomentar la producción a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos, mediante
procedimientos de concurrencia competitiva, cuando exista una obligación
de cumplimiento de objetivos energéticos derivados de Directivas u otras
normas de Derecho de la Unión Europea o cuando su introducción suponga
una reducción del coste energético y de la dependencia energética
exterior, fijando los términos en los que ha de realizarse.
El artículo 12 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, dispone que para
el otorgamiento del régimen retributivo específico se establecerán
mediante Real Decreto las condiciones, tecnologías o colectivo de
instalaciones concretas que podrán participar en el mecanismo de
concurrencia competitiva, así como los supuestos en los que se fundamente
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.7 de la Ley 24/2013, de 26
de diciembre.
Desde entonces, hasta tres procedimientos de concurrencia competitiva
(conocidos coloquialmente como 'subastas de energía') han tenido lugar,
adjudicándose en los mismos distintos volúmenes de potencia renovable.
España debe cumplir con el paquete de medidas de legislación vinculante
para el cumplimiento de los objetivos climáticos y de energía asumidos
por la UE para 2020. En particular esto supone alcanzar en 2020 que el
20% del consumo total de energía debe proceder de energías renovables. En
estos momentos el porcentaje está en torno al 16%.
A pesar de la conveniencia de seguir introduciendo mayor capacidad de
producción eléctrica renovable, la forma escogida para alcanzar tal
objetivo ha recibido algunas críticas por parte del sector energético y
especialistas destacados.
Así, se ha cuestionado especialmente la escasa certidumbre de este modelo;
dado que las sucesivas convocatorias se han venido sucediendo a raíz de
acontecimientos concretos en lugar de responder a una planificación
previa e indicativa con el objeto de propiciar un marco de estabilidad
que favorezca la toma de decisiones por parte de los distintos agentes.
En consecuencia, buena parte de las observaciones realizadas han instado a
establecer un calendario concreto de subastas, con una periodicidad e
indicación suficientes, que posibilite la previsión del conjunto del
sector.
Dado que actualmente existen una serie de objetivos e indicaciones
relativos a la introducción de energías renovables, por parte de los
sucesivos acuerdos que el Reino de España ha suscrito tanto a nivel
comunitario como internacional; se ha conformado un contexto idóneo para
consolidar esa estrategia indicativa que se materialice en un calendario
definido de convocatorias de concurrencia competitiva para la asignación
de producción eléctrica a través del régimen retributivo específico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer un calendario predefinido sobre la celebración de
convocatorias de concurrencia competitiva para la asignación de
producción eléctrica a través del régimen retributivo específico.
2. Establecer en dicho calendario, una frecuencia periódica regular para
la celebración de estas convocatorias.
3. Integrar, de manera anual un mecanismo de evaluación sobre los
resultados que arrojen dichas convocatorias en materia de producción
eléctrica y tecnologías asignadas.
4. Integrar dicho calendario entre las herramientas a emplear para la
consecución de los objetivos de la próxima Ley de Cambio Climático y
Transición Energética.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de agosto de 2017.-Melisa
Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002069
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa al apoyo a la pesca
voracera del Estrecho de Gibraltar, para su debate en la Comisión de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El pasado 9 de mayo, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó el
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/787, de la Comisión, de 8 de mayo de
2017, por el que se establece una talla mínima de referencia para el
besugo en el océano Atlántico Nororiental (Pagellus bogaraveo), que sitúa
dicha talla mínima en 33 cm (cuando anteriormente, estaba en 25 cm).
Por otro lado, se espera próximamente la publicación de un Reglamento
Delegado de la Comisión Europea, que establezca la obligación de
desembarque para la flota autorizada al uso del arte de voracera del
Estrecho de Gibraltar de todo ejemplar por debajo de 33 cm.
Esta decisión no ha tenido en cuenta la excepción de alta supervivencia de
la especie, a pesar de estar recogida en la recomendación que España ha
presentado a esta instancia comunitaria. Excepción que además ya había
sido considerada por la propia Comisión en su proyecto de Reglamento de
Ejecución para el establecimiento de la talla mínima, donde se indica que
permitir la captura y el desembarque del besugo menor de 33 cm, influye
negativamente en la capacidad reproductora de la especie, amenazando
gravemente la conservación de las poblaciones del Atlántico Nororiental.
En relación con este asunto, el Instituto Español de Oceanografía está
realizando, por encargo de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, el seguimiento de esta
pesquería en el Estrecho de Gibraltar, y dispone de numerosa información
científica que respalda la conveniencia de exceptuar a la flota voracera
de la obligación de desembarque, permitiendo la devolución al mar de las
capturas por la alta supervivencia de la especie.
Se trata de una cuestión de primer orden no solo para mejorar el stock y
la conservación de esta especie, sino para el mantenimiento de la
actividad de la flota voracera del Estrecho, altamente dependiente de
estas capturas, que ha visto cómo su cuota se ha reducido y que debe
competir con otras flotas que faenan en el mismo caladero sin estar
sujetas a estas restricciones.
Los buques afectados son un total de 72, dando trabajo a 220 tripulantes,
casi 300 familias que viven de la actividad directa de esta flota, que
van a sufrir el fuerte impacto socioeconómico de ambas medidas, asumiendo
en solitario el peso de la recuperación de la especie frente a otras
flotas extracomunitarias que comparten caladero y recursos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a defender ante las
instituciones comunitarias competentes, el establecimiento de una
moratoria en la entrada en vigor del Reglamento Delegado relativo
a la obligación de desembarque del besugo menor de 33 cm, aplicable a la
flota voracera del Estrecho de Gibraltar, al menos hasta el 1 de enero de
2018, con la finalidad de que se puedan incorporar los estudios de alta
supervivencia del voraz que se están realizando, en consideración al
fuerte impacto socioeconómico de las últimas decisiones adoptadas sobre
dicha flota.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2017.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/002078
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre las inundaciones producidas en San
Asensio (La Rioja), para su debate en la Comisión de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La localidad riojana de San Asensio ha sufrido en los últimos dos años
sendas inundaciones que han causado daños y perjuicios muy severos. Tanto
en lo que se refiere a las viviendas, campos de cultivo y vías urbanas
del municipio.
Las mismas han tenido su origen inmediato en las tormentas sufridas los
días 31 de agosto de 2015 y 25 de junio de 2017. Pero hay una causa
también directa en las dos inundaciones: la situación del 'Arroyo del
Chorrillo', cuya titularidad es de la Confederación Hidrográfica del
Ebro, y cuyo estado de suciedad repercute en el origen de las
inundaciones cuando se producen grandes tormentas, como ocurrió en los
casos concretos antes citados.
El Ayuntamiento de la localidad se ha dirigido a la Confederación hasta en
tres ocasiones, como demuestran los expedientes abiertos a tales efectos,
sin conseguir hasta el momento que dicho organismo cobre conciencia de la
magnitud del problema y de la urgente necesidad de actuar para solventar
el mal estado de dicho arroyo.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, a través de la
Confederación Hidrográfica del Ebro, ejecute de forma inmediata una
intervención con el fin de que se acometan a la mayor brevedad las obras
necesarias en el conocido como 'Arroyo del Chorrillo' para evitar la
reiteración de futuras inundaciones en la localidad de San Asensio (La
Rioja).
En el caso de que esta intervención no pueda ser inmediata, se insta
igualmente al Gobierno a que señale cuáles son las actuaciones necesarias
a acometer y autorice su ejecución por parte del Ayuntamiento de dicha
localidad con cargo presupuestario a la Confederación Hidrográfica del
Ebro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2017.-César Luena
López, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/002083
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de los establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley para paliar los daños producidos por el reciente
incendio ocurrido en Moguer, Huelva, para su debate en la Comisión de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Tras el incendio declarado el sábado 24 de junio en el paraje de La
Peñuela en Moguer, en Huelva, y que según el Plan Infoca ha afectado a
una superficie total de 8.486 hectáreas. Salvándose solo unas 2.500
hectáreas, dentro de un perímetro afectado de 10.900 hectáreas.
Asimismo, tal y como informó la Junta de Andalucía 'la rápida actuación y
el trabajo desarrollado por el equipo del dispositivo de emergencias
evitó un siniestro de mayores consecuencias, ya que el combustible
potencial del incendio era de 43.225 hectáreas'.
Por términos municipales, 4.450 hectáreas corresponden a Moguer, 3.054
hectáreas a la localidad de Almonte y 982 hectáreas a Lucena del Puerto.
El fuego ha afectado a dos espacios protegidos: el Parque Natural de
Doñana (6.761 hectáreas) y el Paraje Natural Laguna de Palos y Las Madres
(17 hectáreas).
En el momento en el que se originó este incendio forestal, en el paraje de
La Peñuela, la velocidad sostenida del viento era de 30 y 40 kilómetros
por hora y a partir de las 22,00 horas se registraron rachas de hasta 90
kilómetros por hora, según los datos de la Estación Meteorológica de El
Arenosillo. Respecto a la temperatura, el día del incendio, la máxima era
de 40 grados centígrados y la mínima de 22 grados centígrados.
Actualmente, en la zona del incendio se encuentran realizando tareas de
vigilancia, remate y liquidación 45 bomberos forestales, tres técnicos de
operaciones, un técnico de extinción, cuatro agentes de Medio Ambiente,
cinco vehículos autobomba, un camión nodriza, una maquinaria pesada y una
Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMNIT).
El director del Espacio Natural de Doñana, Juan Pedro Castellano, ha
anunciado que en las próximas semanas realizarán una propuesta de
intervención para la recuperación ambiental de la zona afectada por el
incendio, el cual no ha llegado al Parque Nacional de Doñana, pero sí ha
afectado a zona del Espacio Natural, quedando el fuego a unos diez
kilómetros del Parque Nacional de Doñana. Y ha destacado los trabajos que
el dispositivo Infoca realiza en materia de prevención, pero como ha
reiterado este incendio ha tenido 'condiciones extremas' ya que 'el fuego
ha volado en franjas de 90 metros sin vegetación', por ejemplo.
En cuanto a la fauna, la mayor parte ha huido del fuego, así como se ha
comprobado que no ha habido afección en especies emblemáticas como el
águila imperial ibérica y como ha determinado el personal de seguimiento
del lince también se sabe que en la zona afectada 'no había ninguna
hembra con cachorros en esos lugares'.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Evaluar y cuantificar de forma inmediata los daños producidos por el
incendio ocurrido en la provincia de Huelva el pasado 24 de junio, en
colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía y los municipios y
colectivos afectados, realizando un análisis detallado de las
consecuencias para la vegetación y la fauna.
2. Aplicar los artículos 20 y siguientes de Ley 17/2015, de 9 de julio,
del Sistema Nacional de Protección, y, en consecuencia, a arbitrar !as
ayudas necesarias para paliar los daños personales y materiales
producidos por dicho incendio en la provincia de Huelva. Estas ayudas,
subvenciones, beneficios y demás medidas previstas serán, al menos, las
contempladas en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se
aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los
incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias
Comunidades Autónomas.
3. Dar cuenta, en el plazo máximo de tres meses, de todo lo actuado en
relación con este incendio forestal ante la Comisión de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2017.-José Juan Díaz
Trillo y Josefa Inmaculada González Bayo, Diputados.-Rafael Simancas
Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002084
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para,
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre la ubicación del Laboratorio Comunitario de
Control Bacteriológico de los Bivalvos, para su debate en la Comisión de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Motivación
Galicia es una potencia marisquera reconocida en el mundo, tanto por
cantidad como por calidad de sus productos, y las administraciones
públicas deben tener en cuenta que el sector tiene una relevancia
fundamental en el tejido social y económico.
La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea provoca, entre otros
problemas, la necesaria reubicación de organismos de carácter europeo que
mantenían su sede en territorio británico y que ahora es preciso
trasladar a otro lugar. Entre estos organismos se encuentra el
Laboratorio Comunitario de Control Bacteriológico de los Bivalvos,
actualmente en Weymouth y que tiene una importante función de
investigación y conocimiento del medio marino en lo referente a moluscos.
La presencia en Vigo de la Agencia Europea de Pesca evidencia el peso
gallego en el sector marítimo pesquero en Europa y en el mundo, por lo
que tendría sentido que se viera reforzada con la reubicación del citado
laboratorio. Existen relevantes centros de investigación en Galicia
trabajando en red, como el Instituto Gallego de Formación en Acuicultura
en a lila de Arousa, el Centro de Investigaciones Marinas en Vilanova de
Arousa y el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de
Galicia en Vilaxoán que trabaja temas similares al laboratorio
comunitario y contribuiría a reforzar el trabajo conjunto y la calidad de
la producción científica así como su aplicación a la productividad y el
desarrollo del sector.
Dadas las circunstancias cambiantes por el Brexit, la trascendencia de
Galicia en el sector marisquero y la presencia de entidades que podrían
aumentar exponencialmente la producción científica y aplicada del sector
de la investigación marina, así como el impacto económico directo de la
presencia de una Agencia Europea en Galicia, sería relevante hacer una
apuesta seria para que se ubicara en Galicia el referido ente.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en colaboración con
la Xunta de Galicia, haga todas las gestiones necesarias para conseguir
que el Laboratorio Comunitario de Control Bacteriológico de los Bivalvos
se ubique en Galicia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2017.-Margarita Pérez
Herráiz y Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.-Rafael Simancas
Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002097
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa
para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley relativa a buscar el mejor equilibrio entre pesca y
sostenibilidad, para su debate en la Comisión de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La investigación es fundamental en muchos ámbitos, también en materia
pesquera; de hecho constituye una parte esencial para conseguir buscar el
mejor equilibrio entre pesca y sostenibilidad.
En este sentido, la Confederación Española de Pesca (CEPESCA) y el
Instituto Español de Oceanografía (IEO) han acordado llevar a cabo la
mejora de la cobertura de observadores en los buques pesqueros españoles.
La patronal ha pedido al Gobierno que dote al lEO de más recursos y un
mayor reconocimiento a los profesionales al considerar que la
investigación aplicada es clave en la gestión de la pesca y para los
ecosistemas marinos.
Actualmente el Instituto Español de Oceanografía cuenta con unos 600
profesionales, una cifra que según CEPESCA es un tercio de los efectivos
que suma el L'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la
Mer (IFREMER), su homólogo francés, que cubre menos pesquerías y áreas
geográficas.
Nuestro grupo parlamentario exige al Gobierno, del que depende el IEO, que
reduzca la burocracia interna y la contratación de personal para
responder a las exigencias de la política pesquera común (PPC) y
estrategia marina. Además, apostamos por estrechar la colaboración entre
la comunidad investigadora y las distintas flotas del sector.
Para ello, sería fundamental crear una red que permita a científicos,
gestores políticos y sector reunirse con más frecuencia, intercambiar
conocimientos y desarrollar proyectos conjuntos de investigación.
En este contexto, se hace necesario conocer los motivos por los que el
boquerón y la sardina están en declive en determinadas zonas clave del
Mediterráneo, hay que llevar a cabo una evaluación del impacto que
provocan otras actividades humanas contaminantes, el cambio climático, el
incremento de la temperatura del agua o la acidificación.
También planteamos que hay que fortalecer la colaboración entre comunidad
científica y sector pesquero a zonas y especies de interés para las
flotas españolas, incluido el Atlántico Centro-oriental, el Atlántico
Sudoccidental y especies como los túnidos, el pez espada y los tiburones.
Así como explorar la posibilidad de mejorar la cobertura de observadores
y trabajar en proyectos de mejora de selectividad de los artes de pesca.
En cuanto a los túnidos y especies afines, y teniendo en cuenta la
importancia de esta pesquería para las flotas atuneras de cerco y las de
pez espada y tiburones para el palangre de superficie, CEPESCA ha
solicitado la reapertura de las oficinas del IEO en Abiyán (Costa de
Marfil) y Seychelles para mejorar los muestreos de las descargas en
puerto y disponer de evaluaciones permanentemente actualizadas.
Por último, consideramos que el Gobierno debe dotar de recursos al 'Plan
Estratégico de Ciencia y Tecnología para una gestión sostenible de la
pesca de atunes tropicales por los cerqueros congeladores' y apoyar al
IEO en su demanda de un sistema informático avanzado para procesar los
datos de FAD, que actualmente se realiza con herramientas informáticas
básicas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mejorar la cobertura de observadores en buques españoles.
2. Incrementar el número de efectivos del Instituto Español de
Oceanografía, para fortalecer la investigación en materia pesquera.
3. Reabrir las oficinas del IEO, como las de Abiyán (Costa de Marfil) y
Seychelles para mejorar los muestreos de las descargas en puerto y
disponer de evaluaciones permanentemente actualizadas.
4. Dotar de recursos al 'Plan Estratégico de ciencia y tecnología para una
gestión sostenible de la pesca de atunes tropicales por los cerqueros
congeladores'.
5. Apoyar al IEO en su demanda de un sistema informático avanzado para
procesar los datos de FAD, que actualmente se realiza con herramientas
informáticas básica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2017.-Miguel Ángel
Heredia Díaz y Margarita Pérez Herráiz, Diputados.-Rafael Simancas
Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002099
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa
para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley relativa al control del furtivismo en la pesca,
para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
Exposición de motivos
En primer lugar hay que partir de la base de que la Política Pesquera
Común establece que la actividad pesquera se encuentra sometida a
licencia y autorización.
El Reglamento (CE) n.º 1005/2008, del Consejo, de 29 de septiembre de
2008, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir,
desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada,
considera que este tipo de pesca es una de las mayores amenazas para la
explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y socava los
cimientos mismos de la política pesquera común.
La pesca ilegal amenaza cada día más a la biodiversidad marina y a la
seguridad alimentaria.
Se comprueba cada día cómo contribuye a la sobreexplotación de los
recursos pesqueros y daña al entorno marino.
Actualmente estamos viendo que mientras se está estabilizando la pesca
legal, la pesca ilegal se está incrementado, lo que hace que haya una
competencia desleal por parte de la persona que lo hace y que repercute
muy negativamente en aquellas personas que realizan una actividad de
forma sostenible y de forma legal.
Por todo ello consideramos que se deben intensificar las medidas de
control y vigilancia contra el furtivismo.
Dentro de este marco, sería importante incrementar la cooperación con las
Comunidades Autónomas para luchar contra la pesca ilegal y el furtivismo
en el marisqueo.
En los últimos años ha habido una reducción de efectivos y de recursos
materiales para la Guardia Civil, lo que dificulta sin duda ese control y
vigilancia.
Para ello se hace fundamental dotar de mayores medios materiales a la
Guardia Civil que trabaja en este ámbito, fundamentalmente el Servicio
Marítimo de la Guardia Civil y el Seprona.
También es necesario incrementar el número de efectivos de la Guardia
Civil en este ámbito, para paliar los recortes de los últimos años, como
mínimo de un 5% para los próximos 3 años.
Hay que poner todas las medidas y aunar esfuerzo para erradicar un mal que
nos hace mucho daño.
Creemos que España puede hacer mucho más por evitar la pesca ilegal.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Intensificar las medidas de control y vigilancia contra la pesca
ilegal.
2. Incrementar la cooperación con las Comunidades Autónomas para luchar
contra la pesca ilegal y el furtivismo en el marisqueo.
3. Reforzar tanto los recursos materia de la Guardia Civil,
fundamentalmente el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y el Seprona.
4. Aumentar significativamente el número de efectivos de la Guardia Civil
que operan en este ámbito.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2017.-Miguel Ángel
Heredia Díaz y Margarita Pérez Herráiz, Diputados.-Rafael Simancas
Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002108
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley sobre la protección del mar
Mediterráneo, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El mar Mediterráneo alberga un gran valor ecológico y, en consecuencia, un
importante interés económico debido al desarrollo de actividades que
dependen del buen estado de la naturaleza, como son el turismo de calidad
y la pesca. Tal y como apunta la Alianza Mar Blava, su grado de
protección es del todo insuficiente: con solo el 0,8% de la superficie
marina mundial, el Mediterráneo alberga entre el 4 y el 18% de todas las
especies marinas conocidas, muchas de ellas endémicas, y las áreas
marinas actualmente protegidas en este mar cubren menos de un 1% de su
superficie total.
La protección ambiental ha evolucionado desde la protección de
determinadas especies y lugares a la protección de los ecosistemas, la
biodiversidad y la geodiversidad. Así, el alcance actual de la protección
ambiental se extiende tanto al complejo dinámico de comunidades
vegetales, animales y de microorganismos, como al llamado medio no
viviente con el que actúan como una unidad funcional, integrando así
todos los elementos de la definición establecida por el Convenio sobre
Diversidad Biológica de Río de Janeiro de 1992 y asumida por la Ley de
Patrimonio Natural y de Biodiversidad.
La cooperación de los Estados ribereños para la protección del mar
Mediterráneo nació de forma simultánea al reconocimiento internacional de
la necesidad de preservar el medio ambiente a escala mundial. El enfoque
inicial de conservación se centró en la lucha contra la contaminación,
para ampliarse más tarde a la protección y, en su caso, mejorar el estado
de los recursos naturales y de los lugares naturales del mar
Mediterráneo. Con esta finalidad se hizo el Protocolo sobre las zonas
especialmente protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo
adoptado en Barcelona el 10 de junio de 1995.
Un informe científico encargado por el Acuerdo sobre la Conservación de
los Cetáceos en el Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona Atlántica
Contigua (ACCOBAMS, en sus siglas inglesas) presentó en 2016 el primer
mapa de fuentes de ruido submarino en toda la cuenca del Mediterráneo.
Entre sus conclusiones destaca la preocupación por el aumento que se ha
producido en la última década de las áreas afectadas por sondeos sísmicos
para la búsqueda de yacimientos de hidrocarburos que emplean cañones de
aire comprimido de alta presión ('airguns')'. La superficie del
Mediterráneo afectada por el uso de estos 'airguns' ha pasado de 3,8% a
27% entre 2005 y 2013. Un gran porcentaje del área de prospección de
estas prospecciones en el golfo de León se solapa con el citado Corredor
de Migración de Cetáceos, lo que añade un elemento de urgencia para
solucionar su impacto ambiental.
A raíz de este informe, el Gobierno puso en marcha el proceso para la
declaración del Corredor de Migración de Cetáceos de la demarcación
marina levantino-balear como Zona Especialmente Protegida por el Convenio
de Barcelona. Esta declaración fue apoyada por el Pleno del Parlament
balear, el cual aprobó, de forma unánime, en su sesión plenaria del 16 de
febrero de 2016, una Declaración Institucional instando al Gobierno
español a proteger el Corredor de Migración de Cetáceos de la demarcación
marina levantino-balear como ZEPIM, así como a aplicar de forma inmediata
un régimen preventivo de protección en esta área y medidas de reducción
del ruido submarino.
Tras el Parlament balear, se han sumado a esta petición el Govern balear,
la Generalitat de Cataluña, los Consells insulares de Mallorca, Menorca,
Ibiza y Formentera, más de 10 ayuntamientos de las Islas Baleares y el
Ayuntamiento de Barcelona.
Por último, el presupuesto de gastos de los Programas de la Administración
General del Estado relacionados con el Medio Marino (415A, 415B, 456A,
456D, 456M, 467E y 454M) se situaba entre 2009 y 2011 en un promedio
cercano a los 1.300 millones de euros. En 2017 es de 468,7 millones de
euros.
Por tanto, es preciso avanzar en los objetivos medioambientales
establecidos para el Mediterráneo, para lo que es necesario contar con
los recursos suficientes. Además es urgente, a la luz de los más
recientes estudios científicos, declarar como Zona Especialmente
Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) el Corredor de
Migración de Cetáceos del área marina localizada entre las costas de las
islas Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana.
En este sentido deben adaptarse medidas decididas para reducir el ruido
submarino que afecta a las especies de cetáceos vulnerables y establecer
una moratoria sobre nuevas solicitudes de permisos para la exploración de
hidrocarburos en el mediterráneo para no agravar el problema y permitir
la protección del medioambiente y una adecuada ordenación de los derechos
y obligaciones vinculados a la los recursos naturales.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta
la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar una dotación presupuestaria adecuada para alcanzar los
objetivos ambientales detallados en la Estrategia Marina Demarcación
Marina Levantino-Balear. En particular para:
a) Recuperar los ecosistemas marinos en las zonas que se hayan visto
afectados negativamente, y
b) Prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con miras a eliminar
progresivamente la contaminación del medio marino.
2. Acelerar la declaración de la Zona Especialmente Protegida de
Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), el ya citado Corredor de
Migración de Cetáceos del área marina localizada entre las costas de las
islas Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana.
3. Garantizar que las actividades y usos en el medio marino sean
compatibles con la preservación de su biodiversidad:
a) Reduciendo el nivel de contaminación acústica en las áreas de presencia
de especies de cetáceos vulnerables al impacto acústico, y especialmente
el corredor migratorio de cetáceos en el Mediterráneo.
b) Prohibiendo realizar operaciones de prospección sísmica marina con
cañones de aire comprimido de alta presión, o por cualquier otro medio,
salvo cuando se acredite la utilización de tecnologías cuya inocuidad
para el medio marino esté científicamente demostrada.
4. Aplicar una moratoria a nuevas solicitudes de permisos de
investigación, exploración y explotación de hidrocarburos así como de
proyectos de exploración de hidrocarburos en las aguas bajo jurisdicción
española en el Mediterráneo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2017.-Antonio Cantó
García del Moral y Fernando Navarro Fernández-Rodríguez,
Diputados.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
161/002114
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa
para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley relativa a incrementar los recursos humanos y
materiales que investigan las microalgas tóxicas causantes de ciguatera,
para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
Exposición de motivos
Hace pocos años, algunos de los pescados sin cocinar que se ingerían,
contenían un parásito del que pocos habían oído hablar: el anisakis.
Fueron muchos los que, en un intento de cortar de raíz y evitar
intoxicaciones, decidieron dejar de consumir elaboraciones como el sushi.
Pese a todo, esta preparación japonesa se puso de moda en Europa, ya que
pronto aprendimos que si el pescado se congelaba previamente se podían
evitar las intoxicaciones.
Ahora una toxina casi invisible ha entrado en acción en las costas
europeas y está preocupando a la Unión Europea. Se trata de la ciguatera.
Pese a la contaminación, la intoxicación no es letal.
Actualmente, se han registrado casos de intoxicación de pescados en
Portugal y en Alemania, aunque en este caso era de importación y no
procedía de las costas bálticas.
Esta enfermedad afecta principalmente a las zonas tropicales del Pacífico,
el Caribe y el indico, pero también se han registrado algunos casos en
Canarias, donde el equipo del IEO (Instituto Español de Oceanografía)
está llevando a cabo el proyecto CICAN (http://proyectocican.es/), cuyo
objetivo es estudiar la ciguatera en Canarias.
El proyecto CICAN investiga para conocer el origen y contribuir con su
trabajo al aumento de la seguridad alimentaria, ya que no existen
estudios científicos que demuestren su procedencia.
Se tiene constancia de especies que pudieran ser posibles propagadoras
potenciales, como el jurel. Según sus hábitos alimenticios, podría ser
que fuesen los responsables de incorporar las toxinas y transmitirlas a
sus depredadores, los peces de gran tamaño que después consumimos, como
el mero o el medregal.
El aumento de la temperatura del agua por el cambio climático también
podría ser causante de la presencia de la toxina fuera de la zona en la
que se forma.
La ciguatera es imperceptible para el ojo humano, sin olor ni color. El
estado del pescado puede ser perfecto, pero eso no impide que pueda estar
contaminado. Tan solo con un análisis de laboratorio puede hallarse la
ciguatera, una intoxicación no letal, que no cuenta con ningún
tratamiento específico. Además, la técnica usada para evitar el anisakis
no sirve.
No existen tratamientos para combatir las intoxicaciones, tan solo
fármacos para reducir los posibles síntomas.
Es cierto, que no supone un problema desde el punto de vista de la salud
pública, pues desde ese primer ingreso se habrán constatado alrededor de
un centenar de casos, pero sí un trastorno y una preocupación para los
pescadores profesionales, que se ven ahora sometidos a limitaciones de
tamaño de los ejemplares que capturan -pues se ha constatado que cuanto
mayor es el ejemplar, más probabilidad hay de que presente ciguatoxinas-
y a tomar otras precauciones.
Ante los efectos que puede tener para la pesca y para la imagen de nuestro
sector turístico en caso de intoxicación alimentaria y sin olvidar que el
cambio climático puede aumentar la extensión de los dinoflagelados
tóxicos, sería importante dotar de más medios materiales y humanos al IEO
para contribuir con su trabajo al aumento de la seguridad alimentaria.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incrementar los recursos
humanos y materiales del Instituto Español de Oceanografía que investigan
las microalgas tóxicas causantes de ciguatera, para conocer su origen y
contribuir con su trabajo al aumento de la seguridad alimentaria, ya que
no existen estudios científicos que demuestren su procedencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2017.-Miguel Ángel
Heredia Díaz y Margarita Pérez Herráiz, Diputados.-Rafael Simancas
Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002115
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa
para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la adjudicación un buque oceanográfico
con base en Vigo, para su debate en la Comisión de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Por diversas circunstancias se ha producido un retraso considerable en la
adjudicación del gran oceanográfico con base en Vigo que necesita el
Instituto Español de Oceanografía (IEO) para sustituir al que durante
décadas fue su buque insignia, el Comide de Saavedra.
Pero dicho retraso no puede prolongarse por mucho tiempo más, debido a los
problemas para poder realizar campañas en aguas profundas y zonas
remotas.
Los poco más de 46 metros de eslora que tienen tanto el Ángeles Alvariño,
como el Ramón Margalef son insuficientes para determinadas campañas.
Para paliar este déficit de medios propios se está recurriendo a los de la
Secretaría General de Pesca o el CSIC, para que presten bien el Miguel
Oliver, bien el Sarmiento de Gamboa, pero no pueden disponer de ellos
siempre, dado que tienen sus propias programaciones.
Una construcción de este tipo requiere mucho tiempo, por lo que en el
mejor de los casos el buque no estaría operativo antes del 2022.
El barco tendría base en Vigo, como la práctica totalidad de los
oceanográficos del IEO. En la ciudad tienen su base el Ángeles Alvariño,
el Ramón Margalef, el José María Navaz, el Sarminto de Gamboa, el Miguel
Oliver, el Vizconde de Eza y el Emma Bardan.
Ninguno llega a los 90 metros de eslora, que son los que está reclamando
el IEO para el nuevo, con capacidad para al menos 35 investigadores, en
los que hay actualmente pueden ir 12, una cifra muy pequeña, si se tiene
en cuenta que los estudios multidisciplinares que se realizan requieren
mucho personal.
La inversión inicialmente prevista asciende a 70 millones de euros, cifra
que seguro que se ha quedado corta teniendo en cuenta el tiempo que el
proyecto lleva en el cajón, y sobre todo los avances tecnológicos que
prácticamente día a día se producen en el sector.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adjudicar de forma
inmediata un buque oceanográfico con capacidad para al menos 35
investigadores con base en Vigo para que el Instituto Oceanográfico
Español pueda realizar campañas en aguas profundas, dado que actualmente
carece de buque propio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2017.-Miguel Ángel
Heredia Díaz y Margarita Pérez Herráiz, Diputados.-Rafael Simancas
Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002124
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para,
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley para eliminar 'la venta a resultas', para su debate
en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La 'venta a resultas', es aquella que se realiza sin que el agricultor y
el comprador pacten un precio de antemano. Es decir, los vendedores
entregan la mercancía a los compradores sin conocer el precio; hasta que
el comprador no vende el producto a un tercero, no se liquida la deuda ni
se fija el importe. Esta forma de proceder tan profundamente arraigada en
el campo español, aunque hoy es ilegal, sigue teniendo consecuencias
desastrosas para los agricultores españoles: por la falta de estabilidad
para el sector, inseguridad jurídica y al final suelen obtener
liquidaciones por sus productos infinitamente más bajas de lo esperado y
deseado.
La Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para la mejorar el
funcionamiento de la Cadena Alimentaria, se puso en marcha con la
finalidad mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena
alimentaria, y así aumentar la eficacia y competitividad del sector
agroalimentario español y reducir el desequilibrio en las relaciones
comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el
marco de una competencia justa que redunde en beneficio no solo del
sector sino también do los consumidores. En la Ley se establece esta
obligación de llevar a cabo contratos comerciales para las operaciones de
compra-venta a futuro o con precio diferido, excepto si el precio es
inferior a 2.500 euros.
La Ley está, pero en la práctica, el grado de contractualización en el
sector agroalimentario sigue siendo bajo. Podemos ver como las
organizaciones agrarias Asaja, Coag y Upa se han unido para promover en
el sector la compraventa de fruta a través del uso del contrato, también
las Comunidades Autónomas ha incidido en ello, ya que se observa que aún
queda mucho recorrido hasta ser utilizado en todas las operaciones de
compra-venta agrarias.
Está comprobado que la venta 'a resultas' de fruta ha supuesto una
importante merma de rentabilidad de los fruticultores en los últimos
años. Este sistema impuesto por determinados intermediarios del sector de
la fruta, hace que los agricultores se sientan indefensos ante estos
agentes.
Por ello entendemos que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente a través de la Agencia de Información y Control
Alimentarios tiene que actuar de forma contundente para proteger los
derechos de agricultores y consumidores, que se están viendo maltratados.
Muchos productores de frutas están a merced de los intermediarios y se ven
obligados a seguir practicando esta práctica de 'venta a resultas'. Esto
también supone en muchas ocasiones que los consumidores encuentren en los
lineales de algunas cadenas de distribución una fruta de más baja
calidad.
La publicación el 18 de diciembre de 2015 del Código de Buenas Prácticas
mercantiles en la contratación alimentaria ha avanzado en la cooperación,
se adhirieron más de 78 entidades, pero hay que seguir avanzando para que
la trasparencia y sostenibilidad de la cadena alimentaria sea fundamental
para que el sector agroalimentario sea rentable.
El Ministerio de Agricultura tiene que controlar tanto la fruta que se
comercializa en España como la que se exporta, para aportar transparencia
a un mercado en el que hay especulación, que es lo que está detrás de los
precios bajos en origen, a pesar que el producto sea muy demandado tanto
fuera como dentro del país.
Los últimos ataques que se ha llevado a cabo en Francia a productos
españoles ha sido utilizado para bajar los precios a los fruticultores,
así lo denunciaban los agricultores franceses y españoles. Los
agricultores franceses protestaron la pasada madrugada del miércoles 21
junio, cuando una veintena de agricultores franceses lanzaron decenas de
toneladas de melocotones, nectarinas y albaricoques delante de la tienda
Leader Precios que se encuentra en las proximidades del mercado mayorista
de Saint Charles, a las fueras de Perpiñán. Ellos manifestaban que la
mercancía española llegaba sin precio y sin contratos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aumentar el control tanto la fruta que se comercializa en España como
la que se exporta, para aportar transparencia y acabar con la
especulación, que es lo que está detrás de la práctica 'venta a resultas'
en las transacciones comerciales.
2. Seguir trabajando junto con las Comunidades Autónomas para crear en
España un mercado agroalimentario trasparente y sostenible.
3. Poner en marcha un Plan de difusión del 'contrató de compra-venta' para
promover el uso de contrato que regule los aspectos tan importantes como
el precio, las condiciones de pagos y entrega; o las consecuencias de
incumplimiento del contrato por algunas de las partes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2017.-Josefa
Inmaculada González Bayo, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002125
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley para la facilitar el
almacenamiento colectivo del aceite de oliva, para su debate en la
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El sector del aceite de oliva en España está presente en 34 provincias de
las 13 Comunidades Autónomas, ocupando una superficie 1.584.564 Ha, donde
el 96% corresponde a variedades de aceituna para almazaras y el 4% a
variedades para mesa.
Nuestro país cuenta con 282.696.000 olivos, la Comunidad Autónoma con
mayor volumen de olivar es Andalucía que cuenta con 1,56 millones de
hectáreas y 170.000 explotaciones. Su importancia en esta comunidad
radica, entre otras, por su distribución territorial, estando presente en
más de 300 municipios y dando sustento a más de 250.000 familias. Con más
de 23 millones de jornales al año, el empleo generado por este sector,
supone el 40% del empleo agrario. Cabe destacar que Andalucía es líder
mundial en producción de aceite de oliva, y en el año 2016 el valor de su
producción alcanzó 2.458 M.
Le sigue la Comunidad de Castilla-La Mancha con 397.173 Ha, y 36.263.000
olivos, seguida de Comunidad Extremadura con 255.310 ha, y 29.602.000
olivos; Cataluña es la cuarta en importancia con 116.112 Ha, y más de
14.000.000 olivos, seguida de la comunidad Valenciana con 91.701 Ha, y
más de 10.900.000 olivos; Aragón con 57.346 Ha, con más 5.800.000 olivos
y el resto suman 76.715 Ha.
España es el país que más producción tiene de aceite de oliva en el mundo,
con un porcentaje del 45% del total de la producción mundial.
El sector agrario europeo ha sufrido históricamente la volatilidad en los
precios de las producciones. Las causas de esta inestabilidad en los
precios se deben, en primer lugar, a los efectos propios de la economía
de mercado que existe en la UE, pero también a las características
propias de las producciones agrarias y que afectan especialmente al
sector del olivar por la variabilidad de sus producciones.
Las consecuencias sobre los agricultores son nefastas, provocando en
ocasiones márgenes escasos y disminución de sus rentas. La implementación
de algunas medidas desde las Administraciones podría contribuir a
estabilizar el mercado y los precios de los productos agrarios. Para este
sector, el almacenamiento colectivo de aceite, contribuiría a atenuar la
volatilidad de los precios, constituyendo una herramienta fundamental
para la ordenación de la oferta. Esta medida podría articularse a través
de las Organizaciones de Productores (OP) del sector del aceite de oliva.
Las Organizaciones de Productores están contempladas en el Reglamento
1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, pero su constitución y posterior reconocimiento debe ser regulado
por los Estados miembros, norma que el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente aún no ha impulsado.
Recientemente, la eurodiputada socialista Clara Aguilera ha planteado en
una comparecencia conjunta de los comisarios de Agricultura, Phil Hagan,
y de la Competencia, Margrethe Vestager, que se permita, con plenas
garantías jurídicas y en situaciones de sobreproducción, la retirada del
mercado de parte del aceite mediante almacenamiento colectivo. Como
manifestó la eurodiputada: 'La PAC ha ido perdiendo instrumentos de
regulación de mercado, convirtiendo a los agricultores en el eslabón más
débil de la cadena de suministro alimentario'.
Por su parte, la Comisaria de competencia, Margrethe Vestager, se ha
mostrado favorable a poner en marcha este instrumento siempre y cuando el
Gobierno de España presente una iniciativa en este sentido.
Es por ello que, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Regular, a la mayor brevedad posible, el reconocimiento de las
Organizaciones de Productores (OP) contempladas en la normativa
comunitaria desde el año 2013.
2. Presentar una propuesta formal ante la Comisión Europea para que esta
permita el almacenamiento colectivo de aceite de oliva, aprovechando la
buena disposición de las instituciones comunitarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2017.-Josefa
Inmaculada González Bayo, María Jesús Serrano Jiménez y Felipe Jesús
Sicilia Alférez, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/002126
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre apoyo al sector
agroganadero andaluz afectado por la falta de agua, para su debate en la
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
En este año 2017, el sector productor andaluz está sufriendo seriamente
los efectos de las condiciones climáticas. De manera específica, podemos
afirmar que llevamos un año hidrológico (de septiembre-16), la
precipitación acumulada está por debajo de los valores normales en la
mayor parte de Andalucía, llegando a estar un 25% por debajo en muchos
municipios de Sevilla, Huelva, Granada y Almería, o incluso un 50%
menores en Córdoba y Jaén.
Esta escasez de precipitaciones, unida a unas temperaturas anormalmente
elevadas para estas fechas, están afectando a los cultivos,
principalmente aquellos de secano y más tempranos como son los cereales y
el girasol en zonas de campiña.
Desde el Gobierno de Andalucía, a través la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural, se está realizando un seguimiento de la
situación y se está elaborando un protocolo de actuación, para activar
diferentes medidas según vayan siendo necesarias.
Entre estas medidas se contempla la exención de tener que utilizar pienso
ecológico en la ganadería ecológica, ante la escasez de cereales y otros
pastos por la sequía, el aprovechamiento a diente por el ganado de los
cultivos que no se han podido desarrollar completamente, o solicitar la
rebaja de los módulos del IRPF en cultivos y municipios afectados. Pero
el déficit hídrico no es algo meramente coyuntural para determinados
territorios de nuestra comunidad autónoma, como por ejemplo Almería.
Actualmente, la sequía en la Cuenca del Guadalquivir podría agravar la
situación si la Cuenca bajara sus reservas por debajo de 30%, lo que
impediría contar con los 50 Hm3 del trasvase del Negratín pese a tener en
estos momentos suficiente agua. Este escenario hace necesario buscar la
excepción a esta limitación hasta final de año.
Almería tiene graves problemas con el agua, debido a la escasez de fuentes
naturales convencionales, lo que ha llevado a una situación generalizada
de déficit, hasta el punto de contar con varias desoladoras desde Levante
a Poniente para garantizar el agua al sector o con la aportación del
trasvase del Negratín y Tajo-Segura.
Andalucía necesita arbitra mecanismos para revertir esta situación que
afecta especialmente a Almería o Andalucía Oriental pero que, en un
contexto donde el cambio climático se hace más evidente en un futuro
cercano, puede convertirse en un problema generalizado.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista manifestamos la necesidad de
impulsar políticas que permitan fomentar la utilización de recursos no
convencionales como aguas desaladas, que actualmente con las
infraestructuras ya construidas se encuentran infrautilizadas, rebajando
el precio actual del agua al igual que se hizo con Murcia y Alicante,
como ya solicito el Gobierno de Andalucía ante el Ministerio de
Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
También es preciso fomentar el uso de aguas regeneradas, para lo sería
necesario realizar inversiones para la construcción de las instalaciones
de reutilización necesarias que permitieran el uso de este tipo de aguas.
Es urgente definir acciones que aborden este problema de manera integral.
Por ello se pide al Gobierno de España, que ostenta las competencias
necesarias para establecer y poner en marchas medidas que vengan a paliar
los problemas de los agricultores y ganaderos de Andalucía.
Proposición no de Ley
Por todo lo anteriormente expuesto
'El Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno de España a:
1. Buscar una solución integral a los problemas derivados por la falta de
lluvias que afecta al sector agroganadero andaluz.
2. Que desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente se adopten las siguientes medidas:
2.1. Fomentar la utilización de recursos no convencionales por aguas
desaladas, mediante la ejecución de las obras pendientes en la desatadora
de Cuevas de Almazora, en la desalobradora de la Balsa de Sapo o la
ampliación de la destiladora de Carbonera.
2.2. Rebajar el precio del agua desalada para Almería, al igual que se
hizo con Murcia y Alicante, creando un agravio comparativo y situando a
los andaluces en clara desventaja.
2.3. Modificar las tarifas eléctricas que afecta a los regadíos para
abaratar los costes que repercuten en los agricultores andaluces.
2.4. Apoyar las medidas de ahorro de agua, eficacia y modernización de los
regadíos previstas en el Plan de Desarrollo Rural (PDR).
2.5. Agilizar las condiciones de la presa de Rules en Granada.
2.6. Ejecutar las conducciones de la presa de Siles en Jaén.
2.7. Impulsar, ante la situación de déficit de recursos hídricos que sufre
Almería, una norma que garantice a los usuarios que se beneficien del
trasvase Negratín-Almazora, para disponer de la dotación de 50 Hm3 que
tiene concedida los usuarios, en caso de que el embalse tenga suficiente
agua disponible y que si las reservas de la cuenca pudieran ser
inferiores al 30%, esto no sea obstáculo hasta final del año para
disponer de estos recursos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2017.-Josefa
Inmaculada González Bayo, Antonio Pradas Torres, Carmen Rocío Cuello
Pérez, Elvira Ramón Utrabo, Felipe Jesús Sicilia Alférez, José Juan Díaz
Trillo, María Jesús Serrano Jiménez, Miguel Ángel Heredia Díaz, Salvador
Antonio de la Encina Ortega y Sonia Ferrer Tesoro, Diputados.-Rafael
Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002127
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa
para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la Ley de Trasvase 15 Hm3 y las obras
necesarias para que el trasvase desde la Cuenca Tinto-Odiel-Piedras hasta
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para su debate en la
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
En un reciente informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
se apunta que tres de las cinco masas de agua subterráneas del Parque
Nacional de Doñana no se encuentran en buena situación hídrica. Aunque
las dos restantes masas que forman el acuífero, según el último informe
están considerablemente mejor.
Hace dos años, la Junta de Andalucía comenzó a adoptar medidas, aprobó el
Plan de Ordenación de los Regadíos de la Corona Norte Forestal de Doñana,
este Plan se redactó con la colaboración de todo las administraciones y
los agentes sociales de la Comarca de Doñana, y a la vez ratificado por
el Consejo de Participación de Doñana, en estos momentos se están
llevando a cabo las medidas aprobadas en el mismo.
El Parque Nacional de Doñana y Parque Natural componen uno de los enclaves
más especiales y singulares de la humanidad, está catalogado como
patrimonio de la humanidad, zona de especial protección para las Aves
(ZEPA), reserva de la biosfera, lugar de importancia comunitaria (LIC),
humedal de importancia internacional, zona de especial conservación (ZEC)
y otras galardones europeos. Doñana es la residencia de más 4.000
especies y la ruta de más de 6 millones de aves migratorias entre el
continente africano y europeo y sirve de refugio de especies amenazada
como el lince ibérico o el águila imperial.
Doñana tiene muchas bondades pero también debilidades y una de las más
importantes es la deficiencia de recursos hídricos y los últimos años que
han sido más secos han acentuado estas deficiencias de esas masas de
agua.
Existe una actuación que es fundamental para mejorar sustancialmente la
situación del acuífero de Doñana, se trata de llevar a cabo un trasvase
de 15 Hm3 desde Demarcación Hidrográfica del Tinto-Odiel-Piedras, con
excedente de agua, a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. Una
actuación para la que no existen problemas ambientales de ningún tipo
para llevarlo a cabo. Solo falta, el compromiso firme del Gobierno de
España, y elevar al Consejo de Ministros la ley de trasvase y aprobar las
infraestructuras necesarias para que los recursos hídricos superficiales
lleguen a la Comarca de Doñana.
Este trasvase en superficie aliviaría la presión sobre el acuífero. Hemos
escuchado en múltiples ocasiones a la Ministra de Empleo, Fátima Bañez,
en sus visitas al Condado (Huelva) prometer su comienzo inmediato, en
diciembre de 2015 la Ministra Báñez ya prometió que si el PP continuaba
en el Gobierno, llevaría a cabo este trasvase de 15 hectómetros cúbicos
desde la Cuenca Tinto-Odiel-Piedras hasta la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, pero al día de hoy no se ha hecho nada. En la última
visita, en junio de 2016 se comprometió a que se aprobaría la Ley una vez
tuviéramos un Gobierno, pues según alegó, un Gobierno en funciones no
podía aprobar el trasvase. Bien han pasado ya 9 meses y aún no se ha
aprobado la Ley.
Más recientemente la subdelegada del Gobierno en Huelva en febrero de 2017
insistía en el compromiso del Ejecutivo para hacer realidad la
transferencia de 15 Hm3 tan rápido como fuese posible a través de una ley
de trasvase.
La realidad es que es una actuación necesaria y fundamental para preservar
un Parque Nacional y Natural como es Doñana y donde el Gobierno de Rajoy
no ha hecho nada, ni parece que tenga intención de hacerlo a corto plazo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar en el plazo
máximo de 3 meses la Ley de Trasvase 15 Hm3 y las obras necesarias para
que el trasvase desde la Cuenca Tinto-Odiel-Piedras hasta la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sea una realidad y con ello
incrementar las capacidades hídricas del acuífero de Doñana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2017.-Carmen Rocío
Cuello Pérez, Salvador Antonio de la Encina Ortega, José Juan Díaz
Trillo, Sonia Ferrer Tesoro, Miguel Ángel Heredia Díaz, Josefa Inmaculada
González Bayo, Antonio Pradas Torres, Elvira Ramón Utrabo, María Jesús
Serrano Jiménez y Felipe Jesús Sicilia Alférez, Diputados.-Rafael
Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002129
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa,
para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
siguiente Proposición no de Ley por la que se insta a la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir a que proceda de forma urgente a acometer
las actuaciones necesarias para el arreglo y mejora del acceso a la N-IV
a través de las carreteras SE-428 y SE-9020, en la provincia de Sevilla,
para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
Exposición de motivos
En numerosas ocasiones el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Utrera, en
la provincia de Sevilla, ha llevado a Pleno, siendo aprobadas por el
resto de fuerzas políticas con representación, mociones solicitando de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por ser de su
responsabilidad, el arreglo y
mejora del acceso a la N-IV a través de las carreteras SE-428 y SE-9020,
que dan acceso a las pedanías de Guadalema, Trajano y Pinzón.
La aprobación de dichas mociones solo han servido para conseguir pequeñas
actuaciones con el objetivo de eliminar los baches, pero con el paso del
tiempo los problemas han vuelto a aparecer.
A lo largo de los años, el tráfico en estas vías ha ido aumentando
considerablemente debido principalmente al establecimiento de diversas
empresas, en estas pedanías. No podemos olvidar que estos núcleos de
población están situados en una de las zonas agrícolas más importantes de
la provincia de Sevilla. La gran cantidad de tráfico pesado está
provocando numerosos accidentes, en algunos casos con víctimas mortales.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, a través de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, proceda de forma urgente a
acometer las actuaciones necesarias para el arreglo y mejora del acceso a
la N-IV a través de las carreteras SE-428 y SE-9020, que dan acceso a las
pedanías de Guadalema, Trajano y Pinzón, en la provincia de Sevilla.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2017.-Juana Amalia
Rodríguez Hernández y Carmen Rocío Cuello Pérez, Diputadas.-Rafael
Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002138
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa
para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la pesquería de la sardina en el Golfo
de Cádiz, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El Reglamento (UE) N.° 1380/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre la Política Pesquera Común (PPC), establece entre sus objetivos
garantizar la sostenibilidad de la pesca, para lo cual los Estados
miembros aplicarán medidas de ajuste para limitar las capturas o el
esfuerzo pesquero, basándose en los mejores dictámenes científicos, con
el objetivo de lograr un equilibrio estable.
En el año 2014, y vista la situación del stock de la sardina ibérica
('Sardina Pilchardus'), que había experimentado un declive de biomasa de
reproductores según todas las informaciones científicas, resultaba
necesario implementar medidas técnicas para favorecer la explotación
sostenible del recurso, como limitaciones espacio-temporales, topes de
capturas, etc. Por ello, el Ministerio de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente aprobó un plan de gestión de la sardina de
las aguas ibéricas.
Este Plan, con una vigencia de 3 años, y cuyo ámbito de aplicación incluye
las zonas VIlIc y IXa del Consejo Internacional de exploración del Mar
(CIEM) afecta, entre otras a la flota andaluza de cerco del Golfo de
Cádiz. Asimismo, el plan establece la regla de explotación para el
cálculo del límite de capturas totales, la asignación de cuotas y los
períodos de actividad.
El reparto de la cuota, 3.750 t en 2017, se realiza conforme a lo
establecido en el Plan de Gestión de la sardina y de forma consensuada
con el sector, estableciéndose un límite de captura para el Golfo de
Cádiz de 1.500 t en 2017, que se reparte entre los puertos de Isla
Cristina, Barbate, Punta Umbría y Sanlúcar de Barrameda. Este sistema de
asignación dificulta la gestión adecuada de las cuotas asignadas,
impidiendo a los profesionales del sector prever su actividad a lo largo
del año.
En este sentido, resulta aconsejable consensuar con el sector un sistema
de asignación de cuotas, que permita a los armadores conocer las cuotas
que dispondrán de manera individual, permitiendo su gestión conjunta con
otros barcos, y facilitando la planificación y desarrollo de su
actividad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se realicen las
modificaciones legislativas necesarias para que el porcentaje de
posibilidades de pesca de sardina (Sardina Pilchardus) de la zona CIEM
IXa asignadas a la modalidad de cerco del Golfo de Cádiz se distribuyan
de manera individual por buque.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2017.-Miguel Ángel
Heredia Díaz y Salvador Antonio de la Encina Ortega, Diputados.-Rafael
Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002144
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa
para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley relativa a que la Unión Europea busque alternativas
negociadoras para evitar la pérdida de posibilidades de pesca y puestos
de trabajo en nuestro país como consecuencia del Brexit, para su debate
en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El Brexit ha abierto muchos interrogantes sobre el futuro de la pesca en
aguas británicas. El sector pesquero español se ha unido a sus homólogos
de otros países europeos para crear la EULa (Alianza de Pesca de la Unión
Europea) y así poder definir conjuntamente la estrategia a seguir para
hacer frente a esta situación.
La Alianza Europea de Pesca (EUFA) estima que se podrían perder 6.100
empleos en el sector en toda Europa a consecuencia del Brexit. Aunque no
hay datos concretos sobre los pescadores españoles, sí se verían muy
perjudicados por la proximidad con Gibraltar y por el conflicto que viene
arrastrando con el Peñón por la soberanía de sus aguas que,
probablemente, ahora se acrecentará.
Aunque el Brexit donde va a tener su efecto más significativo en materia
pesquera, va a ser en Galicia. Con 50 empresas pesqueras gallegas
manteniendo una actividad comercial regular con el Reino Unido, que en la
actualidad es el quinto destino de estas exportaciones de Galicia. El
impacto se puede cifrar en más de 105 barcos que operan en Gran Sol y las
islas Malvinas, alrededor de 1.700 tripulantes gallegos y pone en riesgo
un volumen de negocio de unos 250 millones de euros.
Por otro lado, destacar que los datos de 2016 ponen en evidencia el
desequilibrio en la relación comercial, ya que mientras las exportaciones
españolas al Reino Unido alcanzaron los 90 millones de euros, las
importaciones del ascendieron a 205 millones, con lo que la tasa de
cobertura es inferior al 45 por ciento.
Así, las ventas de productos de la pesca y de la acuicultura de España al
Reino Unido suponen sobre el total del comercio de estos productos
españoles en todo el mundo el 1,9 por ciento del volumen y el 2,6 por
ciento del valor. Frente a esto, las ventas del Reino Unido a España
representan el 2,2 por ciento del volumen y el 3,3 por ciento del valor.
El Brexit puede tener un impacto bastante negativo en la pesca de nuestro
país en general, y particularmente en Galicia. Dudas como ¿Qué pasará con
los buques que pescan en sus aguas? ¿Qué futuro le espera a la flota
gallega de pabellón británico? ¿Cómo afectará al comercio o al reparto de
cuotas?
Existe inquietud por todas las incertidumbres abiertas en torno a las
futuras relaciones comerciales y expectantes por los nuevos aranceles y
certificaciones, así como y por la posibilidad de un nuevo reparto de
cuotas de pesca entre los socios comunitarios. Son los sentimientos
encontrados de los empresarios y armadores gallegos que mantienen
relaciones con el Reino Unido ante el despegue de la desconexión de las
islas de sus socios comunitarios.
A pesar de las llamadas del sector a proteger su actividad, la UE va
cerrando las vías de escape. La pesca está atrapada y parece condenada a
ser moneda de cambio.
Bruselas quiere seguir gestionando los 130 stocks compartidos con el Reino
Unido en el Atlántico Nororiental bajo el actual marco de la política
común de pesca (PCP), el único que puede garantizar la sostenibilidad de
los recursos.
Fuentes comunitarias reconocen con resignación, que desgraciadamente la
pesca es uno de los pocos sectores donde la ventaja la tienen los
británicos.
Pero la pesca tiene que ser un elemento fundamental en las negociaciones
de la salida y los intereses de la pesca de nuestro país en general, y
particularmente la gallega, deben ser prioritarios dentro de las nuevas
relaciones con el Reino Unido.
A pesar de que los principales afectados serán países como Holanda,
Alemania o Francia, -de hecho, Londres anunció hace un par de semanas su
intención de romper el acuerdo que tenía con ellos y otros dos países
comunitarios para permitirles pescar hasta las seis millas- las
Comunidades Autónomas españolas se han unido para exigir a la UE que
busque alternativas negociadoras con urgencia para evitar la pérdida de
posibilidades de pesca y puestos de trabajo como consecuencia del
divorcio.
Las Comunidades Autónomas españolas también han pedido que se respeten los
fondos estructurales pesqueros, que no debería usarse como variable de
ajuste en las futuras negociaciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Exigir a la UE que busque alternativas negociadoras de forma urgente
para evitar la pérdida de posibilidades de pesca y puestos de trabajo en
nuestro país como consecuencia del Brexit.
2. Respetar los fondos estructurales pesqueros, que no deberían usarse
como variable de ajuste en las futuras negociaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2017.-Miguel Ángel
Heredia Díaz y Margarita Pérez Herráiz, Diputados.-Rafael Simancas
Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el apoyo
al reconocimiento del interés estratégico del proyecto 'Murcia Río', para
su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El proyecto Murcia Río, que fundamenta su lógica en el mantenimiento y
cuidado del rio Segura a su paso por la ciudad de Murcia, se plantea como
una sistematización de actuaciones de diferente tipo y contenido que en
su globalidad van a potenciar la relación del ciudadano con su origen. En
concreto las principales iniciativas que promueve este programa son la
recuperación del espacio natural y urbano, así como el fortalecimiento de
la biodiversidad que genera el rio para uso y disfrute de los ciudadanos.
La estructuración de las actuaciones conlleva la posibilidad de
integrarlas e interrelacionarlas completando así una diversidad de campos
de acción, a la vez que permite cuantificar, priorizar y programar.
Para abordar y viabilizar la operación territorial se ha dividido el
proyecto marco en siete grandes actuaciones; de recuperación paisajística
y natural del cauce del río en su paso por el municipio; recuperación de
meandros, parques y jardines; adecuación naturalizada del cauce,
Iluminación y accesos del cauce, así como la puesta en marcha del carril
bici y espacios culturales.
El paraje natural con abundante vegetación de ribera y reforestada se
convertirá en un gran parque metropolitano del municipio. Es un gran
espacio libre a ambos lados del Río, parcialmente ejecutado, y con un
criterio de espacio naturalizado, poco antropizado, para servir de zona
de estancia, reposo, contemplación, cultural y conexión con los orígenes
de la Ciudad y su paisaje,
Es un ambicioso proyecto de carácter múltiple que incluirá puentes
peatonales sobre el río, regeneraciones de ribera, actuaciones urbanas y
dotaciones, y una intervención global paisajística y funcional de gran
repercusión en el inicio de los paseos y recorridos por el cauce,
La totalidad de la actuación en el recorrido del río por el municipio se
realizará bajo un claro criterio de naturalización. Realizando el estudio
botánico y de la biodiversidad natural del río y sus acequias, recuperado
la vegetación de ribera y generando un gran eje verde, ecológico y
sostenible, que estructura el territorio próximo y accesible a la mayor
parte de las pedanías y población de la Ciudad. Esto lo convierte en la
principal actuación de recuperación medioambiental del espacio natural y
genera oportunidades únicas de disfrute y respeto al río.
Se trata de una ambiciosa operación de regeneración del entorno fluvial
cuya ejecución requerirá un tiempo de conceptualización con diferentes
colectivos y profesionales, y su subsiguiente ejecución, todo ello con la
confluencia entre distintas administraciones e instituciones públicas y
privadas, donde hay que destacar a la Confederación Hidrográfica, Junta
de Hacendados, Universidades, Colegios Profesionales, colectivos sociales
y ecologistas y profesionales y expertos.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar en el
reconocimiento del interés estratégico del proyecto Murcia Río,colaborar
en la creación de un órgano de coordinación y seguimiento de quien forme
parte la Administración del Estado y el Ayuntamiento de Murcia y
colaborar en la recuperación e integración social y ambiental del río
Segura.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2017.-Rafael Antonio
Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002172
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre actuaciones para la
regeneración ambiental del acuífero del río Aguas (Almería), para su
debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Según los datos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y los
recogidos en el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas,
la situación de sobreexplotación de la masa subterránea del Acuífero
Aguas (060.008) en la provincia de Almería es dramática. De manera breve,
la situación se puede resumir de la siguiente manera:
- Recursos disponibles: 5,6 hm3 anuales.
- Extracciones: 16,8 hm3 anuales, si bien estos datos son antiguos y es
probable que en la actualidad sean más. Sobreexplotación del 400 %.
- Concesiones, difíciles de cuantificar, pero con un mínimo de 18 hm3,
hasta más de 40.
- Reservas, según el Atlas Hidrogeológico de Andalucía, realizado por el
Instituto Tecnológico Geominero de España y la Junta de Andalucía: menos
de 100 hm3.
De lo anterior se deduce que se está extrayendo agua de las reservas y que
con este ritmo de explotación el acuífero se agotará en un plazo máximo
de cinco o seis años. El descenso en los niveles,
que ya ha obligado a profundizar en los sondeos, y la disminución de los
manantiales de los Molinos del Río Aguas son claros exponentes de todo
ello.
La situación ha llegado hasta tal punto que el pasado 31 de marzo en 'La
Voz de Almería' aparecía la noticia de que 'cinco municipios hacen frente
común por el agua', Lucainena de las Torres, Sorbas, Tabernas, Turrillas
y Uleila del Campo, ya que como consecuencia de la sobreexplotación del
acuífero tienen problemas de abastecimiento.
La solución a las carencias hídricas de la comarca se centra en la llegada
de agua desalada de Carboneras. Una solución cuestionable, ya que de
acuerdo con la Directiva Marco de Aguas, si se repercuten los costes
sobre los usuarios el precio del agua puede ser prohibitivo o, en
cualquier caso, supondrá un incremento considerable en los costes del
recurso. Es difícilmente explicable cómo se ha permitido que la
sobreexplotación del acuífero para la implantación de nuevos cultivos
haya llegado a una situación tal que perjudica a todos los habitantes de
la zona.
Aunque muchas de las medidas para solucionar esta problemática
corresponden a la Junta de Andalucía, las obras, que en teoría serían
necesarias y se recogen en el Plan Hidrológico de las Cuencas
Mediterráneas Andaluzas, corresponderían a ACUAMED, empresa que depende
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Además, el cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan Hidrológico
de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas (en el caso de este acuífero, buen
estado en 2027), son en última instancia responsabilidad del Gobierno de
la Nación, que es a quien la Unión Europea va a exigir responsabilidades
en caso de incumplimiento.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Actuar de manera urgente, en colaboración y coordinación con la
Diputación Provincial de Almería y la Junta de Andalucía, para adoptar
soluciones que permitan, al menos, que la situación del acuífero del Río
Aguas no continúe deteriorándose al ritmo actual.
2. Realizar un estudio sobre el nivel freático de dicho acuífero con los
datos actualizados de los que dispone el IGME.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2017.-Eva García
Sempere, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002174
A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Don Isidro Martínez Oblanca, Diputado de FORO integrado en el Grupo
Parlamentario Mixto del Congreso, de acuerdo con lo establecido en el
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley, relativa al nuevo acuerdo pesquero entre España y la República de
Portugal.
Exposición de motivos
El vigente acuerdo pesquero firmado entre el Gobierno de España y el de la
República de Portugal por lo que respecta a la explotación del caladero
del Cantábrico Noroeste tiene su caducidad en el transcurso de este año
2017.
Como resultas de lo que fue una mejorable negociación para los intereses
pesqueros españoles y singularmente para los asturianos, el desarrollo
del acuerdo y las órdenes e instrucciones derivadas de su aplicación han
resultado injusto e insuficiente como se constata en el reparto de cuotas
que este sector viene padeciendo en los últimos años de las especies
denominadas xarda, caballa o verdel (Scomber scombrus), jurel o chicharro
(Trachurus trachurus), y de la merluza (Merluccius meriuccius), entre
otras que son objeto de pesca.
De las rebajas en materia de asignación de cuotas pesqueras se benefician
otros países -en este caso Portugal- y tienen severas consecuencias sobre
los pescadores asturianos que han visto sus
ingresos económicos caer en picado de lo que antaño era un medio económico
que sufragaba lo no percibido en los meses de invierno. Paradójicamente
España, a través de Asturias, aporta la plataforma pesquera, que es rica
en estas especies de pescado lo que exige que tanto por parte de todas
las administraciones implicadas (Gobierno de España, Unión Europea y
Comunidad Autónoma) un acuerdo que sea más beneficioso para los intereses
de nuestros pescadores.
Hay datos que explican por si solos la situación: para unos 120 pesqueros
de diferentes modalidades de Asturias se conceden unas cuotas de merluza
de unas 2.900 toneladas. También las cuotas de Scomber Scombrus son muy
significativas: a unos 30 arrastreros de bandera de Portugal se les
asigna más de 5.000 toneladas, mientras que para 180 pesqueros de
Asturias se les asigna en su propia plataforma pesquera una cuota de
menos de 3.000 toneladas.
La imposibilidad de acceder a unas cuotas de pesca acordes con la
importancia de nuestra flota pesquera y de sus caladeros tiene como
secuela el progresivo empobrecimiento del sector pesquero y de sus
familias por lo que un nuevo acuerdo pesquero entre España y Portugal
debería hacer valer la gran importancia de nuestros recursos y su gestión
ordenada a los efectos de una explotación pesquera sostenible.
Lo tenemos todo: estupendos caladeros que nos aportan pescados de gran
valor y una flota pesquera que -pese a las grandes dificultades- está
realizando un esfuerzo modernizador e incorporando personal cada vez más
preparado.
Por lo expuesto, el Diputado de FORO, Isidro Martínez Oblanca, integrado
en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, formula
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer en el marco del nuevo acuerdo pesquero entre España y la
República de Portugal los mecanismos que permitan a los pescadores
españoles acceder a un reparto de cuotas acorde con la importancia de
nuestros caladeros y de nuestra flota.
2. Dar conocimiento y, en su caso, participación, de los pormenores del
proceso negociador del próximo acuerdo con la República de Portugal tanto
a las Comunidades Autónomas afectadas como a sus respectivos
representantes sectoriales y de asociaciones pesqueras.
3. Ampliar, en el caso del caladero Cantábrico Noroeste, las cuotas de
captura para la flota pesquera asturiana, actualmente muy restringidas en
beneficio de la flota de arrastre de terceros países como es el caso de
la portuguesa.
4. Velar por el cumplimiento de las condiciones y régimen de descanso de
todos los barcos que faenan en nuestros caladeros, así como los límites,
topes y horarios de desembarque al objeto de evitar la competencia
desleal que perjudica gravemente las ventas de las capturas de nuestra
flota en las propias lonjas españolas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2017.-Isidro Manuel
Martínez Oblanca, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto.
161/002178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para compensar y reparar
los daños producidos como consecuencias de las heladas en la Comarca
Comunidad de Calatayud, para su debate en la Comisión de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La fuerte helada que cayó los días 27 y 28 de abril en la Comarca
Comunidad de Calatayud afectó de lleno al sector agrícola y los daños se
estimaron entre un 50 % y un 90 %, dependiendo de los distintos
cultivos. Hacemos una valoración aproximada de los daños según cultivos y
riberas dentro de nuestra comarca.
Zona del Manubles: importantísimos daños en los frutales de pepita
(manzana y pera), con daños a nivel general por encima del 90 %. En el
resto de cultivos, los daños son algo inferiores, pero aun así podemos
hablar de afecciones de más del 50 %.
Zona del Ribota: el cultivo más afectado ha sido el viñedo, con daños que
rondan el 70 %, en el resto de cultivos, (almendra y cereza un 60 %), el
cultivo del melocotón (menor extensión que de viñedo), ha sufrido daños
del 100 % prácticamente.
Zona del Jiloca: muy afectada, con pérdidas en torno al 100 % en cultivos
de pepita, resto de cultivos en torno al 60 %.
Zona del Perejiles: daños generalizados en torno al 50 % en frutales y al
70 % en viñedo.
Zona del Jalón: gran variedad de cultivos, en la zona más alta daños en
cereales y en la zona media y baja hay gran afección en todo tipo de
frutales, igual hueso que pepita, estando los daños al 60 %.
Zona de los tres ríos: donde están situados pueblos como lbdes, Jaraba,
Valtorres, La Vilueña, Munébrega, Nuévalo, etc., las heladas afectan en
general a todos los cultivos en un porcentaje superior al 50 %.
A los daños producidos por las heladas de finales de abril, tenemos que
añadirle, la gran sequía que hemos padecido en las zonas de secano y que
ha afectado sobre todo al cereal, dejando la cosecha mermada en un 90 %,
por lo tanto, una gran parte de las parcelas sembradas de cereal no se
van a poder cosechar.
Esta sequía también ha afectado de manera muy intensa en otros cultivos
como el olivar, que prácticamente, la cosecha esperada es nula.
A todo esto le tenemos que añadir los daños sufridos en varias ocasiones,
pero sobre todo, los primeros días de junio, a consecuencia de las
fuertes tormentas con granizo que nos ha barrido toda nuestra comarca, de
un extremo a otro y que la poca cosecha que había quedado en las parcelas
ha sufrido grandes daños quedando destrozada y haciendo muy difícil su
venta y comercialización.
Por todos estos motivos que hemos expuesto, solicitamos; ante las
distintas administraciones que se tomen las medidas necesarias para
paliar los graves efectos que esto conlleva a todas las familias y
empresas que se dedican a la actividad agraria en la Comarca de
Calatayud.
Esta situación se ve todavía más agravada en nuestra comarca a
consecuencia de la baja contratación de seguros agrarios. Y el motivo de
esta causa no es que los agricultores ignoren la existencia de dichos
seguros, sino que el problema es el coste tan elevado de las primas, las
franquicias aplicadas, los bajos índices de producción en los que se basa
Agroseguro para ofrecer las coberturas y las fechas límite de
contratación que hacen muy difícil las valoraciones de cosecha que se
espera, y por lo tanto el riesgo que ello conlleva a la hora de contratar
una póliza.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo una
profunda revisión de las condiciones de los seguros en la Comarca de
Calatayud, y a que tome las medidas necesarias para ayudar a los
agricultores de esta comarca, mediante la concesión de créditos blandos,
ayudas directas, bonificaciones y exenciones en la seguridad social e
IRPF, anticipo de subvenciones (PAC) y todo cuanto sea posible para
paliar la grave situación que atraviesa el sector agrícola en la comarca
Comunidad de Calatayud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2017.-Susana Sumelzo
Jordán, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/002179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley sobre los daños producidos por la
sequía y las fuertes tormentas de pedrisco caídas en la provincia de
Teruel, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Las tormentas de granizo que llevan produciéndose este verano en los meses
de junio y julio en la provincia de Teruel han provocado daños, por
ejemplo, en la comarca del Jiloca, en el 100 % de la cosecha de cereal y
en el 50 % en almendros y olivares, donde la cosecha ya es escasa por los
efectos de la sequía en la margen derecha del río Ebro. El pasado 4 de
junio se produjeron importantes tormentas que cayeron sobre la práctica
totalidad de la provincia de Teruel, con especial virulencia en la
confluencia de las comarcas del Maestrazgo y el Bajo Aragón. En las
poblaciones de La Mata, Berge, Castellote y Molinos, el pedrisco, de gran
(tamaño, cayó con fuerza durante una media hora arrasando las huertas y
afectando, según se estima, al 50 % de los frutales y del olivar que se
encontraba en floración.
Las fuertes lluvias tormentas con granizo caídas el pasado 23 de julio,
afectó a la parte oriental de la provincia de Teruel, espectacular y
dramática ha sido la pedregada en el entorno de la localidad de Rubielos
de Mora, donde cayeron bolas de pedrisco de hasta 7 centímetros de
diámetro, rompiendo lunas y abollando las carrocerías de un centenar de
coches, todos los que estaban aparcados en las calles. Además, las bolas
de hielo rompieron cientos de tejas y llenaron las cubiertas de goteras,
arrancaron ramas y hojas del arbolado y arrasaron las cosechas.
Las tormentas también afectaron a varios puntos del Bajo Aragón histórico.
Una línea de turbonada -chubasco acompañado de truenos- atravesó el
territorio después del medio y día y dejó hasta 30 litros por metro
cuadrado en varios puntos del Bajo Aragón, Matarraña y Maestrazgo.
Castellote fue otra de las localidades donde el agua cayó con más fuerza.
La tormenta, como ya ocurriera también hace una semana, estuvo acompañada
de granizo. La granizada afectó en mayor o menor medida a algunas tierras
de cultivo. Los campos de almendros y olivos acabaron con mucho fruto en
el suelo, mientras que en algunas de las huertas la piedra dañó las
cosechas.
También se registraron daños por granizo en municipios de la zona de
Calatayud, como Paracuellos o Maluenda, donde afectó a melocotón y
nectarina, en plena campaña de recolección.
El otro factor que está causando grandes pérdidas al campo es la sequía
que se está produciendo este año, sin embargo no se ha incluido a Aragón
dentro de la mesa de la sequía, cuando una de las provincias más
afectadas por la falta de lluvias está siendo la provincia de Teruel,
donde los agricultores han perdido, siempre según las fuentes, gran parte
de las cosechas, lo que en cifras se traduce en cerca de 65 millones de
euros.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta
la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar un Real
Decreto-ley que arbitre las ayudas necesarias para paliar los daños
personales y materiales producidos por la sequía y las fuertes las
tormentas de pedrisco caídas en la provincia de Teruel que contemple al
menos las ayudas, subvenciones, beneficios y demás medidas previstas en
la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas
urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y
otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2017.-Rodrigo Gómez
García, Diputado.-José Manuel Villegas Pérez, Portavoz del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
161/002182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
recuperación del entorno del Parque Natural de la Albufera de Valencia en
el que se ubica el hotel Sidi Saler, para su debate en la Comisión de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El pasado día 13 de mayo, un grupo de activistas de Acció Ecologista-Agró
(AE-Agró) ocupó el hotel Sidi Saler desplegando una pancarta en la que se
podía leer: 'Demolició Sidi Saler. Algarrobico valencià'. Seguramente,
este hotel es un símbolo de la desafortunada urbanización en el Parque
Natural de la Albufera, un enorme bloque de hormigón que condiciona la
recuperación de una extensa área dunar del Parque. Y sin duda que tiene
muchas similitudes con el famoso caso del hotel del Algarrobico,
construido en una zona protegida del Parque Natural del Cabo de
Gata-Níjar.
El hotel Sidi Saler está cerrado y sin uso desde hace casi seis años, pero
ahora la Demarcación de Costas de Valencia ha redactado un informe
favorable a la renovación por 30 años de la concesión administrativa del
hotel, tal y como pedían sus actuales propietarios, BBVA y Caixabank.
Así, parece ser que se considera que dichos propietarios podrían volver a
reabrir y explotar el hotel. Sería, sin embargo, normalizar una actividad
insostenible e incompatible con los valores naturales de la Albufera en
terrenos del dominio público marítimo-terrestre.
El expediente favorable de la Demarcación de Costas necesita el visto
bueno del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, y también debería contar con un informe medioambiental
preceptivo de la Generalitat Valenciana, del cual carece. Dicho
expediente tampoco informa sobre potenciales alternativas a la concesión
administrativa, lo cual es preciso para la valoración del impacto de
cualquier medida que influya en el medio ambiente.
El Ayuntamiento de Valencia ha emitido dos informes al respecto, desde el
área de Urbanismo y desde la Delegación de Devesa-Albufera. En el informe
de Urbanismo se explicita que el hotel supera las alturas máximas
permitidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que limita la
edificación en la zona a dos plantas, frente a las seis con las que
cuenta el hotel. Así, el edificio quedaría fuera de ordenación sustantiva
y no cabría otorgar una nueva concesión.
En el informe municipal del área de Devesa-Albufera se afirma que el hotel
supone un impacto negativo medioambiental, cuestión esta que ha venido
señalando reiteradamente el gobierno municipal. Se descarta la reapertura
del hotel ya que generaría daños medioambientales en la Devesa y la
Albufera e iría en contra de la normativa de protección del Parque
Natural.
En este sentido, la Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Valencia ha aprobado instar al Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente a iniciar el procedimiento para restaurar
el cordón dunar en el lugar que ocupa actualmente el hotel.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Denegar la solicitud de renovación de la concesión administrativa del
hotel Sidi Saler, situado en dominio público marítimo-terrestre.
2. Proceder a la expropiación y derribo de ese espacio para recuperar el
entorno del Parque Natural de la Albufera de Valencia en el que dicho
hotel se encuentra ubicado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2017.-Ricardo Sixto
Iglesias y Eva García Sempere, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa,
Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.
161/002186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley sobre medidas en el sector agro-ganadero para combatir la
despoblación rural en España, para su debate en la Comisión de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Los cambios demográficos en España han producido una alteración de la
estructuras de edades, relacionada con la baja natalidad y la
prolongación de la esperanza de vida, y en la evolución de la población,
de forma que España ha registrado un saldo vegetativo negativo, con
especial incidencia en determinadas regiones.
Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística señalan que, de
mantenerse las tendencias demográficas actuales, puede producirse una
pérdida de más de medio millón de habitantes en 2031 y de más de cinco
millones de habitantes en 2066, por el mantenimiento de los saldos
vegetativos negativos.
Esta situación es especialmente evidente en determinadas zonas de España,
donde se vienen registrando dinámicas de despoblación, asociadas además
al éxodo rural que tuvo especial incidencia en los años de la
industrialización del país. Estas dinámicas de despoblación, que afectan
especialmente a zonas de interior, también se relacionan, en parte, su
origen en unas limitaciones naturales ligadas al medio, que se hacen más
apreciables en el entorno montañoso del Sistema Ibérico o en provincias
como Teruel, Soria y Cuenca, que destacaban por su baja densidad de
población.
Por estos motivos, la Conferencia de Presidentes de las Comunidades
Autónomas, celebrada en el mes de enero de 2017, acordó impulsar medidas
específicas para hacer frente a los desafíos demográficos. Para ello
encargó al Gobierno la elaboración de una Estrategia Nacional frente al
Reto Demográfico.
La Estrategia debe diseñar una respuesta conjunta y de futuro para paliar
la problemática del progresivo envejecimiento poblacional, del
despoblamiento territorial y de los efectos de la población flotante.
Pocos días después, el Consejo de Ministros tomaba las primeras medidas y
se creaba y regulaba la figura del Comisionado del Gobierno frente al
Reto Demográfico. A esta decisión se añade la reciente creación de un
grupo interinstitucional sobre la crisis demográfica, que tiene el
objetivo de avanzar en la visión de conjunto sobre el reto demográfico.
La despoblación tiene unas consecuencias directas sobre la estructura
social y económica del medio rural, centrada especialmente en la
actividad agro-ganadera.
Evidentemente, para propiciar el asentamiento de población en estos
territorios debe partirse de los recursos endógenos que disponen estas
áreas, y por ello, resulta conveniente generar nuevas oportunidades
agrícolas, ganaderas y agroindustriales, que incidan en la modernización,
la diversificación y el relevo generacional.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir, como medidas de
la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, en coordinación con
las diferentes planificaciones estratégicas sectoriales, las siguientes
medidas para consolidar el sector agro-ganadero en territorios que sufren
despoblación, como las provincias de Soria, Teruel y Cuenca:
1. Defender que, en el marco de las futuras negociaciones de las políticas
agrarias y de cohesión post 2020 de la Unión Europea, existan diferentes
líneas de financiación que contribuyan al desarrollo económico y social
del medio rural español, considerando, entre otros aspectos, el
envejecimiento de las zonas rurales y la necesidad de fomentar el relevo
generacional, el tipo de actividad agraria y las zonas con limitaciones
naturales.
2. Desarrollar, en el próximo Plan Nacional de Regadíos, planes especiales
de regadíos para las áreas susceptibles de ser zonas regables en las
provincias afectadas, que incluyan la mejora y modernización de regadíos
existentes.
3. Crear, en la futura Estrategia Nacional de Modernización y
Diversificación Rural anunciada por el Gobierno, un plan especial y
específico para la incorporación de los jóvenes a la actividad
agroganadera y forestal para las zonas altamente despobladas de estas
provincias.
4. Apoyar la actividad cinegética y la piscícola, como recurso natural
propio que contribuye a la creación de riqueza y empleo, buscando
soluciones para conciliar la conservación de la biodiversidad y el
desarrollo económico del medio rural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2017.-Rafael Antonio
Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre ayudas ante los daños causados por las
tormentas de lluvia y granizo en la provincia de Teruel, para su debate
en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El pasado día 23 de julio, sobre las 17:30, se desataron varias tormentas
de lluvia y granizo que descargaron entre 20 y 30 litros de agua por
metro cuadrado en solo 15 minutos en varias zonas de la provincia de
Teruel. Estas tormentas afectaron de forma especial a las comarcas de
Gúdar Javalambre, Bajo Aragón, Matarraña y Maestrazgo. Mención especial
merece el municipio de Rubielos de Mora, en el cual el granizo llegó
alcanzar un tamaño de 7 centímetros de diámetro. En estas zonas,
importantes por su producción agrícola, según las primeras estimaciones
llevadas a cabo y a falta de una evaluación definitiva, se han visto
afectadas numerosas hectáreas y han quedado dañadas buena parte de las
poblaciones. Así, por ejemplo, según las autoridades de Castellote
(Teruel) abundantes hectáreas de olivo y almendros se habrían visto
afectadas.
Asimismo, han sufrido daños graves todos los vehículos que se encontraban
estacionados en la calle, así como los tejados de numerosas viviendas y
considerables infraestructuras municipales. Dentro de los daños, cabe
destacar los desperfectos que sufrió un hotel y una empresa de forja en
el municipio de Rubielos de Mora.
Todavía es pronto para conocer las consecuencias económicas de estas
tormentas de lluvia y granizo. En estos momentos, se han abierto oficinas
de afectados con el fin de poder recabar todos los daños sufridos por los
vecinos de la zona y poder cuantificar la magnitud del desastre.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados, ante los daños personales y materiales
derivados de las tormentas de lluvia y granizo que afectaron el pasado 23
de julio a la provincia de Teruel, insta al Gobierno a proceder, conforme
a lo previsto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de
Protección Civil, a la declaración de zona afectada gravemente por una
emergencia de protección civil, con aplicación de las medidas previstas
en el artículo 24 de la citada ley, que comprenderán, entre otras, y en
todo caso:
a) Ayudas directas por los daños materiales producidos, tanto en los
bienes de las personas y empresas como en los de las administraciones
afectadas, así como por los gastos ocasionados para hacer frente a esta
catástrofe.
b) Indemnizaciones por daños producidos en explotaciones agrícolas o
ganaderas en su caso.
c) Beneficios fiscales aplicables a los bienes, empresas, establecimientos
industriales, turísticos y mercantiles, explotaciones y otras actividades
afectadas.
d) Bonificaciones, exenciones y moratorias en los pagos de las
cotizaciones a la Seguridad Social.
e) Establecimiento de líneas de crédito preferenciales para financiar la
reparación o reposición de instalaciones, bienes y equipos industriales y
mercantiles, agrícolas, y automóviles y otros vehículos dañados como
consecuencia de los siniestros.
f) Concesión de anticipes directamente por la Administración General del
Estado sobre las ayudas y subvenciones a las que se tuviera derecho por
causa de esta catástrofe.
g) Habilitación de los créditos extraordinarios necesarios para dar
cobertura presupuestaria inmediata a estas ayudas.
Las medidas que se acuerden deberán, al menos, contemplar el nivel de
ayudas, subvenciones, beneficios y demás previstas en otras normas
aprobadas para compensar daños producidos por catástrofes naturales, como
en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas
urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y
otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas.
2. Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar un
Plan de Recuperación de la zona afectada en la provincia de Teruel.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2017.-Ignacio
Urquizu Sancho y Gonzalo Palacín Guarné, Diputados.-Rafael Simancas
Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002211
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Antoni Postius i Terrado y
de Carles Campuzano i Canadés, Diputados del Partit Demòcrata, al amparo
de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presentan, para su debate ante la Comisión de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, una Proposición no de Ley para impulsar el
coche eléctrico con el fin de mejorar la calidad del aire y favorecer la
transición energética.
Exposición de motivos
El transporte por carretera es responsable de las dos terceras partes del
consumo total de petróleo que consume España, petróleo que en su práctica
totalidad es importado de países terceros. Tenemos un porcentaje de
dependencia exterior de petróleo un 10 % superior a la media de los
países de la UE aspecto que nos sitúa en un escenario de extrema
debilidad económica, política y social en el caso de producirse una nueva
escalada en el precio de este combustible fósil, tal como ocurrió entre
los años 2008 y 2014
No menos importante es el hecho de afrontar las externalidades de la
combustión de derivados del petróleo en el transporte por carretera,
puesto que sin duda constituyen la principal amenaza evitable para la
salud. La contaminación atmosférica por partículas finas y ultrafinas,
así como par óxidos de nitrógeno, generada por el parque de vehículos
diesel y gasolina es la principal causa de la mala calidad del aire que
respiramos, tanto en los entornas urbanos, como también en las zonas
próximas a ejes viarios
El fomento de la movilidad eléctrica por carretera nos ofrece una gran
oportunidad para minorar nuestra dependencia energética del exterior y en
especial del petróleo y demás combustibles fósiles: De acuerdo con las
previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, la penetración del
vehículo eléctrico supone una de las tres principales palancas,
conjuntamente con las energías renovables y la eficiencia energética,
para la transición a un nuevo modelo energético más limpio, distribuido,
democrático y social.
Desde la perspectiva europea, la Directiva 2014/94/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, relativa a la
implementación de una infraestructura para los combustibles alternativos,
considera la electrificación del transporte por carretera como una de las
herramientas clave para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero del sector del transporte y cumplir los objetivos europeos de
energía y cambio climático para el año 2020, a la vez que garantizar la
seguridad energética de los estadas miembros reduciendo las importaciones
de combustibles fósiles.
La experiencia de países como Noruega, Holanda y ya más cercano a nuestro
entorno directo, Francia, demuestra que para que los vehículos eléctricos
hagan su presencia en los entornos urbanos es completamente indispensable
que estos, al igual que sus homólogos térmicos, puedan desplazarse no
solo por las calles (con autonomía limitada) sino también por las
carreteras (con idéntica autonomía a la de los actuales vehículos de
gasolina o diesel) con lo que se hace indispensable garantizar su
suministro en los entornos interurbanos.
La transformación del consumo energético en el transporte será profunda y
requiere de decisiones relevantes que condicionaran el modelo y su
calendario de implementación. Corresponde al sector público garantizar
que el desarrollo de la infraestructura adopta un modelo de suministro
energético piramidal, en
el que se prioriza en su base la carga eléctrica en el domicilio o
aparcamiento habitual del vehículo con cargas de baja potencia y que por
lo general no requerirán incrementar la potencia contratada por parte de
los ciudadanos; en el centro de la pirámide se situaría la carga de
potencia media, de gestión pública o privada, ubicada en espacios
públicos con acceso a todos los propietarios de vehículo eléctrico sin
necesidad de intervención de terceras personas; en el extremo de la
pirámide se situaría la carga rápida estratégica que debería suministrar
a elevadas potencias y garantizando la carga simultánea de un mínimo de 3
vehículos; la infraestructura rápida estratégica debería ser cubierta en
su mayor parte por el sector privado con modelos de negocio adecuados y
que garantizasen el uso a todos los ciudadanos sin necesidad de terceras
personas.
La realidad sobre la implementación del coche eléctrico avanza rápida. En
España, en junio de 2015, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
presentó la Estrategia de Impulso del vehículo con energías alternativas
en España (2014-2020), que tiene el objetivo de alcanzar los 150.000
coches eléctricos en el año 2020, partiendo de 10.000 vehículos en el
momento de presentación de la Estrategia. Son objetivos poco ambiciosos
que ya urge redimensionar. De cumplirse los objetivos, el porcentaje de
penetración eléctrica española para 2020 sería del 1 %, muy inferior a
las que ya se han fijado nuestros países vecinos para este año, 5 %
Portugal y 6 % Francia. Es más, el Gobierno francés ya ha presentado el
compromiso de abandonar la venta de coches diesel y de gasolina en el
horizonte de 20 años, un horizonte para el consumidor y para la
transición energética, pero también un horizonte a tener en cuenta para
la reorientación de la potente industria del automóvil.
En España, bajo el paraguas de la citada estrategia, el Consejo de
Ministros aprobó el pasado mes de junio un Real Decreto que recoge las
ayudas a la adquisición de vehículos de energías alternativas y puntos de
recarga, el Plan MOVEA 2017, dotado con 14,26 millones de euros, de los
cuales 10,1 millones de euros se destinan a estimular la adquisición de
vehículos eléctricos; 2,23 millones de euros a gas natural; 1,38 millones
de euros a GLP y 0,56 millones de euros a puntos de recarga para
vehículos eléctricos.
Según las estimaciones del Gobierno, las ayudas incentivarán la
adquisición de 1.800 turismos y furgonetas eléctricos, y 230 motos
eléctricas. Para el gas natural (GNV), la estimación es de 240 turismos o
furgonetas y 100 camiones. En cuanto al GLP, serían unos 1.300 turismos o
furgonetas, cifras muy modestas en relación a los más de 1.347.000
vehículos vendidos en el estado español el pasado año 2016.
Una consideración adicional que invita a revisar objetivos y acelerar la
electrificación del parque de vehículos es la que corresponde a reconocer
los avances de la tecnología. Hasta hace poco los vehículos no eran lo
suficientemente autónomos para abandonar radios urbanos de escasos
kilómetros, ni suficientemente asequibles: Esta realidad ya ha cambiado.
En Noruega el 28 % de los nuevos vehículos matriculados son eléctricos y
en los Países Bajos ya supera el 10 %. Para alcanzar estos objetivos urge
abordar modificaciones legales, invertir en infraestructuras, a la vez
que estimular activamente el cambio de hábito consumidor para la
adquisición de vehículos eléctricos.
Urge modificar y reforzar las políticas destinadas a dar apoyo a la
penetración del vehículo eléctrico en España. A grandes rasgos:
necesitamos un programa de ayudas ambicioso que tenga por objetivo que el
vehículo eléctrico sea competitivo (el programa PIVE en 2016 gozó de un
presupuesto de 225 M siempre ha gozado de unas dotaciones muy superiores
a las que tiene MOVEA); la normativa estatal es excesivamente restrictiva
en relación a la gestión de la carga de vehículos eléctricos, urge
modificarla; y es preciso revisar los elevados costes del término de
potencia para los titulares de puntos de recarga eléctrica, los cuales
duplican el coste que se debe soportar en el estado francés y
cuadriplican los costes correspondientes de Portugal.
Estas medidas inciden directamente en el proceso de transición energética
que estamos comprometidos a impulsar, pero a su vez inciden directamente
en las políticas medioambientales destinadas a reducir la contaminación
atmosférica y a mejorar la calidad del aire. Así, el día 6 de marzo de
2017, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Àrea
metropolitana de Barcelona, el Ajuntament de Barcelona y 40 municipios de
la conurbación de Barcelona manifestaron su apoyo a un acuerdo político
que tiene por objeto mejorar la calidad del aire de la conurbación de
Barcelona.
Es un acuerdo que, entre otros objetivos, pretende dar respuesta al
ultimátum de la Comisión Europea remitido al Gobierno el pasado mes de
febrero en el que exigía tomar las medidas, en el plazo de dos meses,
para cumplir con los límites de dióxido de nitrógeno NO2 en Barcelona, en
las comarcas del Vallés Oriental, Vallés Occidental y el Baix Llobregat,
así como en Madrid.
A la vez, el Estado tiene otro expediente abierto por la Comisión por el
exceso de la partícula contaminante PM10.
La Generalitat de Catalunya tiene la competencia exclusiva en materia de
la regulación del ambiente atmosférico, sin embargo un número muy
importante de medidas a tomar para mejorar la calidad del aire son de
competencia estatal, tal como ha puesto de manifiesto la Generalitat en
sendas comunicaciones dirigidas a los ministros de Fomento, Íñigo de la
Serna; de Interior, Juan Ignacio Zoido y de Hacienda y Función Pública,
Cristóbal Montoro, solicitándoles la colaboración del Gobierno en
distintos aspectos que competen a sus respectivas carteras ministeriales
para poder desarrollar una potente agenda modernizadora.
En este contexto, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata (PDeCAT)
presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, entre otras,
las siguientes medidas para promover la electrificación de la movilidad
en vehículo a través del impulso del coche eléctrico con los objetivos de
favorecer la llamada 'transición energética' y de mejorar la calidad del
aire, principalmente de las grandes conurbaciones. Entre estas medidas,
insta al Gobierno a:
1. En relación a las infraestructuras para el suministro de energía
eléctrica:
a) Modificar la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico con el fin de
simplificar la figura del gestor de recarga, para que sea más accesible a
todas las empresas y administraciones públicas, siempre que esta recarga
sea gratuita.
b) Reducir transitoriamente los costes fijos del sistema eléctrico
correspondientes a la infraestructura estratégica de recarga rápida,
hasta que la movilidad eléctrica alcance el volumen necesario para
permitir su viabilidad como modelo de negocio.
c) Establecer la obligación de incorporar, en la construcción de todos los
nuevos edificios, las infraestructuras necesarias para que el 100 % de
las plazas de parking puedan implantar un sistema de carga lenta.
2. En relación a la fiscalidad:
a) Ampliar, hasta el 100 %, las bonificaciones del impuesto de vehículos
de tracción mecánica que pueden aplicar los municipios a los vehículos
eléctricos.
b) Permitir a los ayuntamientos la posibilidad de establecer
bonificaciones, al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras,
para las obras de adecuación de los parkings de edificios residenciales
que permitan la implantación de sistemas de carga lenta.
c) Impulsar en el ámbito estatal y comunitario, la aplicación un de un IVA
superreducido del 4 %, durante un período de cinco años, a la adquisición
de vehículos eléctricos, con el fin de hacerlo más competitivo.
3. En relación a las ayudas económicas:
d) Poner en marcha un plan estable de ayudas económicas para la
adquisición de vehículos eléctricos, de duración ininterrumpida hasta el
año 2020, dotado con un mínimo de 20 millones de euros anuales.
e) Establecer una evaluación en 2020 respecto a los resultados de estas
medidas para su revisión o consolidación.
f) Crear y dotar un fondo económico para financiar la ejecución de los
planes autonómicos, municipales y urbanos destinados a la mejora de la
calidad del aire mediante el impulso del vehículo eléctrico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2017.-Antoni Postius
i Terrado, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del
Grupo Parlamentario Mixto.
161/002215
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Antoni Postius i Terrado y
de Carles Campuzano i Canadés, Diputados del Partit Demòcrata, al amparo
de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, una Proposición no de Ley para la mejora
de la calidad del aire de la conurbación de Barcelona.
Exposición de motivos
Resulta urgente reducir la contaminación atmosférica de las conurbaciones
urbanas con el fin de mejorar la calidad del aire.
En febrero de este año, la Comisión Europea envió un ultimátum al Gobierno
para la adopción de medidas, en el plazo de dos meses, con el objetivo de
cumplir con los límites de dióxido de nitrógeno NO2 en Barcelona, en las
comarcas del Valles Oriental, Valles Occidental y el Baix Llobregat, así
como en Madrid.
A su vez, el Estado tiene otro expediente abierto por la Comisión por el
exceso de la partícula contaminante PM10.
A estos efectos, el pasado 6 de marzo de 2017, la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Àrea Metropolitana de Barcelona,
el Ajuntament de Barcelona y los ayuntamientos de 40 municipios de la
conurbación de Barcelona manifestaron su apoyo a un acuerdo político que
tiene por objeto mejorar la calidad del aire de la conurbación de
Barcelona.
Tal y como ha publicado la Agencia de Salut Pública de Catalunya en un
informe reciente:
'Los principales contaminantes son las partículas en suspensión (PM), el
ozono troposférico, los óxidos de nitrógeno (NOx) y el dióxido de azufre
(SO2).
Estos contaminantes, dependiendo de su concentración en el aire y los
factores de riesgo de exposición de las personas, pueden tener efectos
perjudiciales para la salud a corto y/o a largo plazo. Así, se ha
comprobado que la contaminación del aíre incrementa los riesgos de
enfermedades respiratorias y cardiovasculares y de cáncer de pulmón en la
población. Además, el año 2013 la Agencia internacional de Investigación
sobre el cáncer concluyó que la contaminación del aire exterior es
carcinógena para los humanos.
Los grupos de personas más vulnerables a estos efectos son las personas
con enfermedades cardíacas o del aparato respiratorio, los bebés, los
niños en edad preescolar y las mujeres embarazadas.'
En Catalunya es la Generalitat quien tiene la competencia exclusiva en
materia de la regulación del ambiente atmosférico y de las diversas
clases de contaminación, sin embargo un número muy importante de medidas
a tomar para mejorar la calidad del aire son de competencia estatal.
Entre estas, las referidas a la modificación de la Ley sobre tráfico y del
código de circulación a los efectos de estimular una circulación con
bajas emisiones.
A tal efecto, el conseller de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat, Josep Rull, responsable de la Generalitat en regulación del
ambiente atmosférico envió el pasado 9 de mayo sendas cartas a los
ministros de Fomento, Íñigo de la Serna; de Interior, Juan Ignacio Zoido
y de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, solicitándoles la
colaboración del Gobierno en distintos aspectos que competen a sus
respectivas carteras ministeriales para poder desarrollar una potente
agenda modernizadora.
Entre las distintas iniciativas propuestas destacan las que permiten
aplicar medidas especiales de ordenación de la circulación por razones
medioambientales o bien completar la clasificación de los vehículos en
función de su nivel de emisión de gases contaminantes.
Transcurridos dos meses desde el envío de esas propuestas sin que, hasta
el momento, hayan recibido respuesta, los Diputados y Diputadas del
Partit Demòcrata presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar, en el marco
de sus competencias, una estrategia medioambiental para contribuir a la
mejora de la calidad del aire de las conurbaciones urbanas
y, en particular, de colaboración con la Generalitat de Catalunya para la
mejora de la calidad del aire de la conurbación de Barcelona. A tal
efecto, la misma contemplará, entre otras, las siguientes:
1. Medidas relativas a infraestructuras de transporte y comunicación de la
conurbación de Barcelona, dependientes de la Administración General del
Estado y que tendrán una incidencia directa en la mejora de la calidad
del aire. Entre otras:
a) Aquellas destinadas a primar la movilidad con transporte público, como
es la revisión y mejora de la subvención del Estado a la Autoridad del
Transporte Metropolitano de Barcelona (ATM) para adecuarlo al
redimensionamiento que ha tenido la red y el servicio, tal como ha
ocurrido con las demás administraciones participantes en dicho ente.
b) Las medidas destinadas a favorecer la circulación de vehículos con
bajas emisiones por las infraestructuras de titularidad estatal, como por
ejemplo aplicar peajes que primen la circulación de vehículos con bajas
emisiones.
c) La ejecución de inversiones básicas y fundamentales para la mejora del
transporte público, como por ejemplo las inversiones previstas y no
ejecutadas en Rodalies de Barcelona.
d) La inmediata ejecución de aquellas inversiones necesarias para reducir
las emisiones del transporte de personas y mercancías, por carretera,
como por ejemplo las inversiones previstas y no ejecutadas del Corredor
Mediterráneo o bien la construcción de un carril Bus en la B-23 (Molins
de Rei-Barcelona).
2. Medidas fiscales, que introduzcan criterios medioambientales y de
sostenibilidad en la fiscalidad para:
a) El transporte de personas y mercancías, en particular procediendo a
reducir progresivamente las ventajas fiscales que hoy se aplican a
aquellos combustibles que inciden más negativamente sobre la calidad del
aire.
b) Posibilitar la bonificación del 40 % de las tasas portuarias por
eficiencia ambiental, en vez de sólo el 5 % que permite la vigente Ley de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
3. Medidas de impulso al coche eléctrico con el fin de mejorar la calidad
del aire y favorecer la transición energética. Deberán contemplar:
a) Un conjunto amplio de reformas legislativas en la ley del sector
eléctrico y otras, para estimular la puesta en marcha de la red de
infraestructuras necesaria para garantizar la implantación del coche
eléctrico, tanto en las zonas urbanas como en carretera.
b) La articulación de un plan de medidas fiscales y presupuestarias
transitorias orientadas a estimular la adquisición de vehículos
eléctricos.
4. Medidas para la modificación de las normas de tráfico con el fin de
sancionar las infracciones derivadas del incumplimiento de las medidas
especiales de la ordenación de la circulación por razones
medioambientales, especialmente en las conurbaciones urbanas, así como
aquellas destinadas a reforzar los distintivos informativos sobre el
nivel de emisión de los gases contaminantes de los vehículos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2017.-Antoni Postius
i Terrado, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del
Grupo Parlamentario Mixto.
161/002218
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para,
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley relativa al estudio y adopción de medidas de
conservación del gorrión común, para su debate en la Comisión de Comisión
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), organización pionera
de la conservación de la naturaleza y la biodiversidad en España, en el
Manifiesto por las Aves y la Calidad de Vida del 2014 dice que:
'Las aves son nuestra guía y el termómetro de nuestra salud ambiental.
Comprometerse con ellas es aliarse con nuestra propia existencia como
individuos y como sociedad. El mayor compromiso de futuro que tenemos hoy
los seres humanos es la conservación del patrimonio natural. Y lo hacemos
con las aves como bandera, conscientes de que con ello estamos velando
por la salud de la Tierra y la calidad de vida de las personas'.
Esta organización ha distinguido como 'Ave del Año 2016' al gorrión común
para ayudar a concienciar sobre su conservación y para llamar la atención
sobre la calidad ambiental de las ciudades, la cual 'afecta tanto a los
gorriones como a las personas', según Asunción Ruiz, directora ejecutiva
de la organización. Este pajarillo pardo (así lo describió Joan Manuel
Serrat) es 'un indicador del estado de la biodiversidad en nuestro
entorno y garantizar su supervivencia es sinónimo de calidad de vida'.
El 20 de marzo del pasado año se celebró el 'Día Mundial del Gorrión' y
SE-7/Birdlife aprovechó para lanzar la campaña del 'Ave del año 2016',
bajo el lema 'Bueno para el gorrión, bueno para ti'.
Para los biólogos a los gorriones se los conoce por el nombre de especies
'bioindicadoras', es decir, aquellas cuya presencia o ausencia nos
señalan las condiciones, buenas o malas, de un determinado espacio
natural o biotopo. Si el lugar se degrada, declinan unas, las
especialistas, y aparecen otras, las oportunistas.
De origen europeo, es la única ave que nos acompaña desde el Neolítico, el
gorrión se extendió rápidamente a bordo de barcos por los cinco
continentes, hasta el punto de que en Norteamérica, no se conocía su
existencia hasta hace 200 años.
Según la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), en España, en
los últimos 20 años, se ha perdido un 15 % de la población de gorriones,
o lo que es lo mismo, 25 millones de aves. La caída es más acusada en la
meseta norte y Aragón que en la mitad sur del país. En la última década
han desaparecido cerca del 10 por ciento de los gorriones en España, sin
embargo, también ocurre lo mismo fuera de nuestras fronteras. En los
naranjales de Valencia los descensos son superiores al 90 %. El gorrión,
el pájaro más abundante de Madrid, se extingue poco a poco. Y lo que es
peor, nadie sabe a ciencia cierta por qué.
En 1996 había 150 millones de ejemplares censados en el mundo. Según la
ONG ecologista SEO/Bird Life entre 2015 y 2016, la población de esta
pequeña ave se ha reducido un 7 %, y se espera que para este año siga la
misma tendencia descendente.
La población de gorrión en Europa ha descendido cerca de un 60 % en solo
30 años, y en grandes ciudades como Londres o Praga prácticamente han
desaparecido.
En España hay cinco especies de esta ave: el gorrión común, el molinero
son los más populares, el chillón -más abundante en ambientes
forestales-, el moruno y el alpino. De todas ellas, las más comprometidas
son el común, el molinero y el alpino. El común es el más golpeado: su
población ha tenido un declive global del 15 % desde 1998.
Los individuos que viven en el interior de localidades de carácter más
urbano presentan anemia, malnutrición y un funcionamiento deficitario de
sus sistemas de defensa antioxidante. Sin embargo, aves de las periferias
de los núcleos urbanos y que, por tanto, viven en entornos más rurales no
presentaban ese deterioro. En las áreas rurales, donde su presencia ha
disminuido hasta en un 14 %.
Las causas por las que desaparece el gorrión constituyen un debate
abierto, y no están aún claras, aunque ciertas evidencias apuntan al
cambio climático. Seguramente se trata de una acción conjunta de factores
muy nocivos, un cóctel mortífero compuesto de plaguicidas y pesticidas,
electromagnetismo, emisiones de CO2 y una tendencia por parte de nuestra
especie a generar entornos cada vez menos saludables.
Así como el despoblamiento rural, la intensificación agraria, la escasez
de zonas verdes y de lugares para nidificar: los gorriones suelen
instalarse en huecos de edificaciones humanas o de viejas ramas de árbol
y, en la actualidad, los edificios de nueva construcción, de cristal y
hormigón, sin oquedades son cada vez menos amigables y todas las ramas
viejas de árbol de los parques son retiradas para evitar daños.
Influyen también la competencia con nuevas especies invasoras (palomas,
urracas, gaviotas). Dificultad para encontrar alimento, especialmente en
época de cría, cuando los pollos precisan larvas e insectos. La creciente
población de gatos callejeros.
Lo que sea que esté afectando tan negativamente al gorrión, sin duda
repercute en nuestra calidad de vida. Para el Presidente del Comité
Científico de SEO/BirdLife e investigador del Museo Nacional de Ciencias
Naturales, Mario Díaz, la presencia de gorriones es un indicador de la
calidad de la vida en el entorno y el modo en que estos organismos están
respondiendo a estos retos puede servirnos para mejorar nuestra propia
capacidad de supervivencia y bienestar, que aún estamos a tiempo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un estudio exhaustivo de la población existente de gorrión
común en nuestro país, tanto en zonas rurales como urbanas.
2. Ante los datos obtenidos, impulsar, en coordinación con las comunidades
autónomas y con respeto a sus competencias, medidas efectivas de
protección y conservación de esta especie, entre ellas, en su caso, la
aprobación de un plan estratégico de protección del gorrión común en
nuestro país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de julio de 2017.-Victoria
Begoña Tundidor Moreno, Míriam Alconchel Gonzaga y Josefa Inmaculada
González Bayo, Diputadas.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/002227
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley para elaborar un Plan
Nacional en materia de salvamento y socorrismo acuático, para su debate
en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Los Ayuntamientos tienen la competencia para decidir en qué puntos de su
término municipal tiene que haber socorristas y dónde no. Ellos corren
con este gasto y exigen la formación que consideran oportuna.
Pero muchos Consistorios, no tienen capacidad suficiente para contratar un
socorrista en cada playa y reclaman una mayor colaboración entre las
Administraciones públicas, especialmente en un verano como el actual,
donde se ha disparado el número de personas ahogadas como consecuencia de
la mayor afluencia de bañistas.
Según los últimos datos, en lo que va de año han fallecido 305 personas en
medios acuáticos, un 15 % más que en el mismo periodo de 2016. De hecho
el número de personas ahogadas es ya la mitad que el de los fallecidos en
carretera.
Los Ayuntamientos pequeños, con pocos recursos, difícilmente pueden asumir
el coste de mantener a los socorristas. Y al no contar con socorristas,
es difícil controlar a los bañistas que acceden a zonas peligrosas, a
quienes tienen actitudes temerarias o incluso a los que se sumergen
habiendo consumido mucho alcohol.
Actualmente, no existe una regulación estatal que establezca unos mínimos
de formación para los socorristas, ni tampoco qué sanciones aplicar
cuando los bañistas cometen imprudencias, una de las principales causas
de los ahogamientos.
Además en muchos casos el sueldo de los socorristas es miserable, cobran
apenas 800 euros por trabajar un elevado número de horas.
Es llamativo, que sean los Ayuntamientos los que deciden si poner o no
socorristas en sus playas, cuando España es un país que recibe a millones
de turistas.
Por todo ello se hace necesario que el Gobierno elabore un Plan Nacional
contra Ahogamientos que defina una estrategia común contra estos
accidentes y permita financiar equipos, materiales, formación y planes de
empleo en materia de salvamento y socorrismo. Además de dotar a los
municipios partidas extraordinarias en verano para sufragar estos costes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con el
resto de Administraciones con competencias, a:
1. Elaborar, en el plazo máximo de 6 meses, un Plan Nacional contra
Ahogamientos que defina una estrategia común contra estos accidentes y
permita financiar equipos, materiales, formación y planes de empleo en
materia de salvamento y socorrismo.
2. Dentro de este plan establecer los mínimos de formación para
socorristas, así como las sanciones a aplicar cuando los bañistas cometan
imprudencias, una de las principales causas de los ahogamientos.
3. Estudiar cómo dotar a los Ayuntamientos de partidas extraordinarias en
verano que permitan contribuir a sufragar todos estos costes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de agosto de 2017.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/002230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a la Mesa para,
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no Ley relativa al tipo de IVA aplicable al pescado ante la
caída del consumo en España, para su debate en la Comisión de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
se ha valorado positivamente las rebajas de IVA, justificando que la
bajada del Impuesto de Valor Añadido ayuda a incrementar el consumo de un
bien y a eliminar las desventajas en términos competitivos frente a otros
países de la Unión Europea, donde tributan a tipos más reducidos, estos
productos como la flor cortada.
Actualmente los productos de la pesca cuentan con un IVA del 10 %, desde
todos los eslabones de la cadena de comercialización, se lleva muchos
años solicitando su reducción al 4 %, como soportan otros alimentos
básicos, tales como la fruta, el pan o la leche, los llamados productos
de primera necesidad.
El informe de Consumo de Alimentación en España de 2016 del MAPAMA, señala
que el consumo medio en los hogares de productos de la pesca realizado
por persona y año al cierre del año 2016 fue de 25,35 kilos, un consumo
total de 1.132 millones de kilos. Estos suponen una bajada del 2 % menos
con respecto al año anterior, un 4,4 % menos que en 2014, lo que viene a
constatar la bajada progresiva del consumo de pescado fresco. En cuanto
al pescado congelado, su consumo ha experimentado un descenso del 5,2 %
mientras que el consumo de marisco, moluscos y crustáceos, y de pescado
en conserva ha descendido un 2,9 % y 0,5 % respectivamente.
Otro dato a destacar es que el 80 % del consumo de pescado fresco y
congelado, según los datos del informe citado del MAPAMA corresponde
únicamente al pescado fresco, incluido en zonas de interior.
El consumo de pescado en España se clasifica en los siguientes tres tipos:
pescado fresco y congelado, a cuyo consumo corresponde al 56 % del total;
marisco, moluscos y crustáceos, con un consumo del 26 %; y por último las
conservas, con un 18 %.
España siempre ha destacado por la buena climatología y por su excepcional
tradición culinaria y por el hecho de que -junto con Portugal- sea la
península que da acceso a la posibilidad de disponer de pescado fresco y
de gran calidad. Ello debería suponer un incremento anual de pescado por
parte de los
consumidores, pero la crisis económica y los elevados precios, están
llevado a un consumo cada vez menor de estos productos del mar.
Tenemos que apoyar una alimentación sana, por ello desde las
administraciones se tiene que potenciar el consumo de pescado, ya que
este aporta nutrientes de alta calidad necesarios en una dieta sana y
equilibrada. En todas las etapas de la vida es importantísimo consumir
pescado semanalmente, desde una madre y el feto durante su gestación, el
desarrollo cerebral de los niños y jóvenes, es imprescindible y adecuado
en la nutrición de los adultos y en los ancianos, así reconocido por los
organismos como la FAO/OMS y diversas instituciones académicas y
científicas.
Tenemos un problema de obesidad infantil en nuestro país, España está a la
cabeza de los países con este problema. Está comprobado que la obesidad
puede reducir hasta diez años la esperanza de vida y que su tratamiento
asociado a enfermedades crónicas supone un gasto para el erario público
de unos 2.500 millones de euros al año (aproximadamente el 7 % del gasto
sanitario total).
Está contrastado científicamente que el consumo habitual de pescado puede
ser un factor preventivo para enfermedades como las cardiovasculares, que
son la principal causa de mortalidad en nuestro país.
Un estudio realizado en Finlandia (estudio de Kuopio), relacionó la
cantidad de veces que se ingiere pescado por semana y la reducción de la
probabilidad de padecer una enfermedad cardiovascular. Este estudio
concluyó que la ingestión de pescado de 2 a 4 veces a la semana reduce
las probabilidades en un 31 %. Estarnos hablando de un solo factor (comer
pescado) que consigue reducir las probabilidades de forma muy
significativa.
Otros estudios afirman que la ingestión de 3 a 4 gramos de Omega 3 al día,
consigue reducir la trigliceridemia hasta 45 % (fuentes: El pescado en la
Dieta; Instituto de la Salud Publica, Consejería de Sanidad y Consumo de
la Comunidad de Madrid).
Gracias a la riqueza del pescado en proteínas, vitaminas, minerales y
ácidos grasos Omega-3, los productos del mar son fundamentales en nuestra
dieta a lo largo de todas las etapas de nuestra vida, con el valor
añadido de tener un bajo aporte calórico.
El artículo 98 de la Directiva 2006/112/CE prevé que estados miembros
pueden aplicar uno o más tipos reducidos a las entregas de bienes que
figuran en el Anexo III de la mencionada Directiva. Entre los productos
que se indican están los productos de la pesca, por lo tanto, es factible
desde el punto de vista jurídico poder aplicar un IVA reducido.
Además, en nuestro entorno europeo, la mayoría de los países aplican un
tipo impositivo del IVA del 5-6 %, con el objetivo de promocionar su
consumo, por lo que se hace necesario que España armonice su política
impositiva de los productos pesqueros con la de sus homólogos europeos,
recientemente Hungría ha aprobado la reducción del IVA aplicado al
pescado al 5 %.
En definitiva, el pescado es una pieza angular en la dieta de cualquier
persona y sus propiedades nutricionales juegan un papel indispensable en
todas y cada una de las etapas de nuestra vida, así que el Ministerio de
Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente tiene que apostar por
un lado, por potenciar una dieta saludable y a la vez fortalecer al
sector pesquero, que está viendo mermada sus ventas cada año y tiene que
dejar de ver este alimento como un refresco, en cuanto a su tributación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo un estudio
en profundidad de los tipos impositivos -IVA- aplicados al pescado en
otros países miembros, en su caso, que determine cómo afecta a la
competitividad del sector español en comparación con los del resto de
países. Asimismo, instar a que adopte las medidas adecuadas para
homogeneizar las políticas europeas y evitar distorsiones en nuestro
mercado, además de contribuir a mejorar la salud y la calidad de vida de
la ciudadanía, mediante la bajada, en su caso, del tipo impositivo del
pescado, incentivando, a su vez el consumo de pescado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de agosto de 2017.-Josefa
Inmaculada González Bayo, Miguel Ángel Heredia Díaz y Margarita Pérez
Herráiz, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/002233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley para destinar mayores medios
y recursos a la protección de la sacra, para su debate en la Comisión de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La nacra (Pinna nobilis), es un molusco, de 120 centímetros, que puede
vivir casi 30 años y que recuerda a un mejillón gigante.
Se trata del molusco endémico de mayor tamaño del Mediterráneo y el
segundo del mundo. Habita en fondos de hasta 60 metros de profundidad,
asociado a las praderas de posidonia.
La nacra apareció al final del Mioceno, hace unos cinco millones de años.
Los egipcios ya la explotaban comercialmente: con los largos y sedosos
filamentos del biso, que las nacras utilizan para adherirse a las rocas
del fondo marino, confeccionaban un tejido muy fino, liviano y cálido,
conocido como seda del mar, que se menciona en la Piedra de Rosetta.
Tanto los egipcios como los romanos manufacturaron tejidos de este
delicado material. La seda o lana de mar fue muy apreciada también en las
culturas árabe y china. Además del biso, también se comercializaban otras
partes de su cuerpo. Por ejemplo, la concha se usaba para hacer floreros,
pantallas de lámparas, etc.; el nácar para hacer botones, joyas o mangos
de cuchillo; las perlas se utilizaban como objeto de decoración.
Las nacras pueden vivir en aguas someras, aunque en lugares protegidos ya
que no resisten las turbulencias de una costa con fuerte oleaje, llegando
hasta los 60 metros de profundidad. Son comunes en las praderas de
fanerógamas marinas, como Posidonia oceánica, donde viven semienterradas.
Su ecología es muy interesante ya que filtra grandes cantidades de
detritos, por lo que resulta un excelente indicador del estado del
ecosistema litoral y de la calidad de sus aguas.
Pero en septiembre del año pasado empezó a detectarse la muerte
generalizada de las nacras.
En la actualidad se puede decir que la mortalidad es prácticamente del
cien por cien en Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares.
Aunque las poblaciones de Cataluña de momento no se están viendo
afectadas.
Durante meses, los expertos asistieron impotentes al misterioso
exterminio. Ahora, creen saber quién es el culpable: un protozoo
haplosporidio, un parásito de una sola célula que libera sus esporas en
la glándula digestiva de las nacras hasta que estas no pueden alimentarse
y mueren de hambre. El fondo marino está lleno de gigantescos cadáveres
del molusco.
El origen del parásito, por el momento, se desconoce. Puede que por
cambios ambientales se haya activado y ahora produzca esporas.
El parásito pudo llegar en aguas de lastre, con las que se recargan barcos
vacíos para estabilizarlos. La propagación de especies invasoras en aguas
de lastre procedentes de otro punto del planeta es un problema desde hace
120 años, cuando se desarrollaron los buques con casco de acero. La
globalización del comercio ha agravado el problema.
La nacra se consideraba 'vulnerable' en el Catálogo Español de Especies
Amenazadas, pero en marzo se acordó declararla 'en peligro de extinción'
y ahora se encuentra en 'situación crítica'.
Científicos del Instituto Español de Oceanografía (lEO) buscan ejemplares
vivos de nacra, el molusco bivalvo afectado desde el otoño por un
episodio de mortalidad masiva causada por un parásito, para abordar la
posible supervivencia futura de la especie en las islas.
Hay que poner las medidas y recursos necesarios que permitan evitar la
desaparición de esta especie marina en nuestro litoral.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Por todo ello el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Destinar más recursos económicos para que científicos del Instituto
Español de Oceanografía (IEO) puedan localizar ejemplares vivos de nacra
y abordar la posible supervivencia futura de esta especie.
2. Impulsar de forma inmediata programas de cría en cautividad de esta
especie, si es posible.
3. Dotar los medios y recursos necesarios para avanzar en la investigación
del patógeno y en cómo combatirlo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2017.-Miguel Ángel
Heredia Díaz y Gonzalo Palacín Guarné, Diputados.-Rafael Simancas
Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenernos el honor de
dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas urgentes
contra la sequía en la cuenca hidrográfica del Ebro para su debate en la
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Ante la situación de sequía en que se encontraban algunos territorios, el
Consejo de Ministros, en una reacción tardía e insuficiente, aprobó el
Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas
urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas
cuencas hidrográficas.
Sin embargo, este Decreto-ley, tramitado actualmente como Proyecto de Ley,
ha dejado fuera de su ámbito de aplicación a la cuenca del Ebro y ha
dejado desprotegidas a las poblaciones y explotaciones agrícolas que, por
encontrarse en una situación de sequía similar, deberían tener, al menos,
el mismo acceso que otras cuencas a las ayudas previstas.
La deseable inclusión de estas zonas en el proyecto de ley que finalmente
se apruebe como consecuencia de la tramitación parlamentaria retrasaría
la efectividad de estas ayudas y dejaría a los afectados en una situación
de inseguridad económica y jurídica.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar medidas
inmediatas, extraordinarias y específicas para paliar los efectos
producidos por la sequía en la cuenca del Ebro incluyendo, entre los
afectados, al menos:
1. A los territorios de Aragón, Cataluña, La Rioja y Navarra en dicha
cuenca, en situación de alerta prolongada durante los últimos seis meses,
entre los ámbitos territoriales afectados por sequía hidrológica.
2. A los titulares de las explotaciones agrarias afectadas por sequía
meteorológica de la cuenca del Ebro, que están atravesando dificultades
muy significativas, tanto en cultivos de secano como de regadío, así como
a los beneficiarios por las moratorias de la Seguridad Social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2017.-Gonzalo
Palacín Guarné, Óscar Galeano Gracia, Susana Sumelzo Jordán, Ignacio
Urquizu Sancho, César Luena López, Jesús María Fernández Díaz y Meritxell
Batet Lamaña, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre apoyo a las familias
con personas con electrodependencia por razón de salud, para su debate en
la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
En España hay miles de personas con electrodependencia por razón de salud.
Se emplea este término para designar a quienes dependen de una máquina
conectada a la red eléctrica que los mantiene con vida. Si la conexión se
apaga o falla, las consecuencias pueden ser fatales, pues los aparatos
eléctricos permiten a estas personas llevar a cabo acciones vitales,
tales corno respirar, alimentarse o extraer secreciones.
Esta especial vulnerabilidad ha llevado a algunos países a reconocer
determinados derechos a los pacientes electrodependientes. Por ejemplo,
en Argentina se ha ampliado la tarifa eléctrica social para aquellas
personas 'con una enfermedad cuyo tratamiento implique
electrodependencia'. Y en Nueva Zelanda las empresas tienen prohibido
desconectar la corriente de estos pacientes, incluso en caso de impago,
si previamente se han registrado.
En España no existen ayudas para estas personas, a pesar del elevado
precio de la electricidad y de los fuertes incrementos producidos en los
últimos años. Las familias afectadas tienen que hacer frente a unas
facturas eléctricas que llegan a triplicar el importe de las que
recibirían si no tuvieran que afrontar la electrodependencia de uno de
sus miembros.
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el apartado 4
de su artículo 52, señala que se podrán considerar suministros esenciales
aquellos que cumplan alguno de los criterios que enuncia. Además, el
mismo apartado, atribuye para aquellas instalaciones cuyos servicios
hayan sido declarados como esenciales el beneficio de que en ningún caso
podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica. Uno de los
colectivos enumerados en dicho apartado, concretamente en su letra i), es
el de aquellos suministros de ámbito doméstico en los que exista
constancia documental formalizada por personal médico de que el
suministro de energía eléctrica es imprescindible para la alimentación de
un equipo médico que resulte indispensable para mantener con vida a una
persona. En todo caso estos suministros se circunscribirán a personas
físicas en su vivienda habitual.
A pesar de esta previsión, no está totalmente garantizado que no se pueda
suspender el suministro de energía eléctrica en todos los casos de
personas electrodependientes. Es necesario desarrollar este precepto a
fin de poder ofrecer esta garantía a todas las familias que lo necesiten.
Por otra parte, la elaboración del Real Decreto por el que se regula el
consumidor vulnerable de energía eléctrica, el bono social y las
condiciones de suspensión del suministro para consumidores con potencia
contratada igual o inferior a 10 kw, es una buena ocasión para incluir a
las personas con electrodependencia entre las beneficiarias del bono
social.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las
Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a
adoptar las medidas necesarias para apoyar a las familias que cuenten
entre sus miembros con personas con electrodependencia con, al menos, las
siguientes actuaciones:
- Incluirlas como beneficiarias del bono social eléctrico.
- Garantizar que tengan la consideración de suministros esenciales para
que, en ningún caso, se les pueda suspender el suministro de energía
eléctrica; así como que en caso de cortes imprevistos, tengan la máxima
prioridad en su restablecimiento.
- Instalar en estos domicilios, de manera gratuita, un sistema de
alimentación ininterrumpida para que, en caso de corte imprevisto, puedan
contar con unas horas de electricidad.
- Que las ambulancias de transporte no urgente que se utilizan para
trasladar a los pacientes con electrodependencia (a rehabilitación,
consultas hospitalarias, etc.) tengan habilitados los enchufes.
- Que los traslados de estos pacientes por parte de ambulancias de
transporte no urgente tengan la máxima prioridad, evitando que los
tiempos de espera, durante los cuales no pueden acceder a energía
eléctrica, puedan poner en peligro sus vidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2017.-María Soledad
Pérez Domínguez y María Pilar Lucio Carrasco, Diputadas.-Rafael Simancas
Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
creación de la especialidad de Psiquiatría del Niño y del Adolescente,
para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La Psiquiatría del Niño y del Adolescente es una rama de la psiquiatría
integrada tanto en pediatría como en psiquiatría general, que está
adquiriendo en los últimos años una creciente demanda de atención médica
por parte de niños y jóvenes.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que aproximadamente la
mitad de los trastornos mentales aparecen por primera vez antes de los 14
años, y que más del 70 % comienzan antes de los 18 años. Con ello, puede
afirmarse que muchos trastornos mentales de la edad adulta encuentran su
origen en la infancia y adolescencia, según pone de manifiesto la
Sociedad Europea de Psiquiatría Infanto Juvenil.
Asimismo, tal y como concluye el Libro Blanco de la Psiquiatría del Niño y
del Adolescente publicado por la Cátedra de Psiquiatría Infantil de la
Fundación Alicia Koplowitz-UCM (2014), 'una quinta parte de los
adolescentes menores de 18 años padece algún problema de desarrollo
emocional o de conducta, y uno de cada ocho tiene en la actualidad un
trastorno mental'.
Estos datos ponen de manifiesto que los trastornos psiquiátricos en niños
y adolescentes requieren una especialización, una intervención temprana y
un enfoque diferente al que se da a las terapias y tratamientos con
adultos, ya que estamos hablando de personas que se encuentran en pleno
desarrollo.
En este contexto, y atendiendo a la recomendación del Comité de la
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN) sobre la
conveniencia de que los Estados formulen una política nacional de salud
mental infantil y establezcan equipos de profesionales especializados en
la materia, la Psiquiatría del Niño y del Adolescente se encuentra
actualmente en proceso de reconocimiento como especialidad acreditada por
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Para ello, cuenta con dos marcos estratégicos: la Estrategia en Salud
Mental del Sistema Nacional de Salud 2009-2013 -en la que se han recogido
objetivos y recomendaciones específicas del colectivo infantil y
juvenil-, y el Plan Estratégico de la Infancia y la Adolescencia
2013-2016.
Para cumplir con la recomendación de Naciones Unidas, el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e igualdad aprobó en 2014 el Real Decreto
639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la troncalidad, la
reespecialización troncal y las áreas de capacitación específica,
creándose, entre otras, la especialidad médica de 'Psiquiatría del Niño y
del Adolescente'. No obstante, en diciembre de 2016, la Sala Tercera del
Tribunal Supremo determinó la nulidad de la norma, alegando la
insuficiencia de la Memoria de Análisis e Impacto Normativo, en lo que se
refería al análisis de su impacto económico, no habiendo sido cuestionado
lo esencial de la regulación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus
competencias y en colaboración con las Comunidades Autónomas, a adoptar,
para su aprobación en el seno del Consejo lnterterritorial de Salud, las
medidas necesarias encaminadas a crear la especialidad de Psiquiatría del
Niño y del Adolescente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2017.-Rafael Antonio
Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
creación del Área de Capacitación Específica de Neonatología, para su
debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La neonatología es una parte de la medicina dedicada al cuidado y
protección de los recién nacidos. En el caso de España, esta rama de la
pediatría está plenamente desarrollada desde los puntos de vista
asistencial, docente y de investigación, existiendo alrededor de 215
secciones de neonatología, ubicadas en todas las Comunidades Autónomas.
El reconocimiento de la neonatología como Área de Capacitación Específica
(ACE) es una reivindicación que llevó a trabajar de manera conjunta a la
antigua Sección de Medicina Perinatal de la AEP, la actual SENeo
(Sociedad Española de Neonatología), la Asociación Española de Pediatría
(AEP) y la Comisión Nacional de Especialidades, dando lugar a la
elaboración de una Memoria sobre los fundamentos científicos, requisitos
de acreditación y programa de formación de facultativos subespecializados
en neonatología en España. Este documento se presentó al Consejo Nacional
de Especialidades Médicas en 1995.
A nivel internacional, los requisitos teóricos y exigencias de habilidades
prácticas para la acreditación en neonatología están bien definidos en
países como Australia, Estados Unidos o Canadá. En Europa, la European
Society for Neonatology (ESN), ha elaborado un programa de formación para
los neonatólogos con el fin de armonizar los programas formativos entre
los distintos países europeos.
La neonatología española se encuentra entre las redes internacionales más
relevantes, contando con un gran prestigio internacional. Este hecho
viene avalado por los datos, ya que nuestro país tiene unas cifras de
mortalidad en el período neonatal y de morbilidad comparables a los 15
países industrializados más avanzados del mundo.
Sin embargo, ante la ausencia de un plan de formación, el sistema permite
que en España un pediatra pueda acceder a ejercer la neonatología sin
ninguna formación específica, lo que ha llevado a los neonatólogos a
autoformarse. En este sentido, el Real Decreto 639/2014, de 25 de julio,
por el que se creaba el Área de Capacitación Específica de Neonatología
con acceso único desde la especialidad de Pediatría, podría haber
cambiado esta situación, pero en diciembre de 2016, el Tribunal Supremo
determinó la nulidad de la norma, alegando insuficiencia de la Memoria de
Análisis e Impacto Normativo, en cuanto al análisis de su impacto
económico, no cuestionándose lo esencial de la regulación.
La implantación de la neonatología como Área de Capacitación Especializada
(ACE) supondría una mejora de la calidad de la Neonatología española, y
el reconocimiento del trabajo que los neonatólogos vienen desarrollando
para mejorar la calidad de vida y reducir la mortalidad de los neonatos.
La seguridad de los pacientes neonatales es un tema prioritario en la
asistencia sanitaria, tal y como se recoge en las conclusiones del
informe 'Estado de la Seguridad del Paciente Neonatal' elaborado en 2015
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus
competencias y en colaboración con las Comunidades Autónomas, a adoptar,
para su aprobación en el seno del Consejo interterritorial de Salud, las
medidas necesarias encaminadas a la creación del Área de Capacitación
Específica de Neonatología con acceso único desde la especialidad de
Pediatría.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2017.-Rafael Antonio
Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002147
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para
establecer la lucha contra los malos tratos a las personas mayores como
objetivo prioritario, para su debate en la Comisión de Sanidad y
Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El aumento de la esperanza de vida es uno de los logros sociales más
importantes del siglo XXI. Hoy, en España, la esperanza de vida alcanza
los 83 años, la segunda más alta del mundo tras Japón, y las personas
mayores de 65 años son ya 9 millones, un 19 % sobre el total de la
población, una cifra que se prevé aumente hasta los 17 millones en 2050.
La importancia de este reto demográfico junto a la deuda de la sociedad
española con sus mayores, hacen necesaria una política pública,
específica y ambiciosa en este ámbito.
Este compromiso viene ejerciéndose desde hace años en nuestro país, y así
lo demuestran actuaciones como el sistema público de pensiones; los
programas de turismo social y termalismo saludable del Imserso; el Plan
de Acción para Personas Mayores (2003-2007) o el Marco de Actuación para
Personas Mayores, elaborado durante la X Legislatura. Una serie de
acciones que van a verse completadas con la puesta en marcha de la
primera Estrategia Nacional de Personas Mayores, que se elaborará de
forma participativa con las organizaciones de personas mayores,
permitiendo mejorar las políticas y actuaciones específicas destinadas a
este colectivo.
Sin embargo, a pesar de las medidas desarrolladas hasta el momento y las
nuevas propuestas planteadas, existen determinadas situaciones a las que
se enfrentan las personas mayores que, por su alcance y consecuencias,
requieren una respuesta urgente y decidida por parte de los poderes
públicos, como es el caso de los malos tratos.
A pesar de que las cifras de las que disponemos distan mucho de la
realidad, debido al silencio de las personas mayores, que en muchas
ocasiones sienten vergüenza, son dependientes de sus agresores o
desconocen los trámites para denunciar la situación que viven, sólo en
2016, 200.000 personas mayores de 65 años habrían sufrido malos tratos en
España. La asociación, equivocada, de vejez con enfermedad y dependencia,
y la vulnerabilidad real de algunas personas mayores son un excelente
caldo de cultivo para la proliferación de los malos tratos hacia estas
personas en los propios hogares, residencias u hospitales, entre otros
lugares.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno , en el marco de la futura
Estrategia Nacional de Personas Mayores, a establecer como objetivo
prioritario la lucha contra los malos tratos a las personas mayores,
concretando para ello medidas especificas que permitan la prevención,
detección, evaluación y erradicación de los mismos en los ámbitos
familiar, institucional y social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2017.-Rafael Antonio
Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002154
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
actualización de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de
Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Las enfermedades mentales son consideradas un problema de salud pública de
primera magnitud, con una gran repercusión sobre la calidad de vida de
los pacientes y sus familiares, sobre la morbimortalidad de los
ciudadanos y en el funcionamiento del propio Sistema Nacional de Salud
(SNS).
El Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (Cibersam),
adscrito al Instituto de Salud Carlos III, en el Ministerio de Economía y
Competitividad, ha puesto de manifiesto que los trastornos mentales
suponen la causa más frecuente de enfermedad en la Unión Europea, por
delante incluso de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer. Su
impacto en la calidad de vida de los ciudadanos es superior al generado
por enfermedades crónicas como la diabetes, la artritis o las patologías
respiratorias
A nivel mundial, según los datos de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), cerca de un 2 5 % de la población está afectada por trastornos
mentales, y en España se repite el mismo porcentaje, según Cibersam.
Estas cifras indican asimismo que la depresión y fa ansiedad están
aumentando, incrementándose cerca de un 50 % desde 1990, y convirtiéndose
en una de las principales causas de incapacidad en todo el mundo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus
competencias, a evaluar y actualizar la Estrategia en Salud Mental del
Sistema Nacional de Salud, teniendo en cuenta las propuestas de las
Comunidades Autónomas, los colegios profesionales, las sociedades
científicas y asociaciones de afectados, para su análisis y, en su caso,
aprobación en el seno del Consejo Interterritorial de Salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2017.-Rafael Antonio
Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002159
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
promoción de la 'vivienda colaborativa' (co-housing) entre las personas
mayores, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El envejecimiento de la población es una realidad que constituye un
verdadero reto demográfico para los poderes públicos y requiere una
respuesta firme y decidida.
En nuestro país, según los últimos datos publicados por el Instituto
Nacional de Estadística, el 18,9 % de la población tiene 65 o más años,
lo que se traduce en que, en España, casi 9 millones de personas son
consideradas mayores, una cifra que se prevé supere los 14 millones en
2066.
Durante los últimos años, la promoción del envejecimiento activo, la
solidaridad intergeneracional y, como no, el apoyo para que las personas
mayores permanezcan en su entorno social y familiar más cercano, han
formado parte de la agenda política. En la actualidad se apuesta también
por el desarrollo
de acciones que reconozcan el papel de las personas mayores en la sociedad
y que faciliten su autonomía personal durante el máximo tiempo posible.
Paralelamente a la actuación política, cabe destacar la acción social que
ha originado la aparición de nuevos modelos de convivencia entre las
personas mayores, como el 'cohousing', que nace como consecuencia del
crecimiento de la esperanza de vida y ante el elevado índice de personas
mayores que viven solas: consiste en el diseño y la ejecución de un
sistema colaborativo de viviendas.
Esta modalidad de convivencia está planeada y gestionada por sus usuarios,
y combina la posesión de viviendas individuales con servicios comunes y
actividades recreativas y sociales. De esta forma, el 'cohousing',
permite que sus beneficiarios se mantengan activos, consoliden sus
relaciones sociales y tomen consciencia del nivel de autonomía que pueden
alcanzar.
Por tanto, atendiendo al desafío demográfico actual y la necesidad de
apuesta por la autonomía personal, por la permanencia de las personas
mayores en su domicilio y entorno familiar, permitiendo que reciban una
adecuada atención social sin renunciar a la atención del círculo más
cercano, parece oportuno promocionar medidas como el 'cohousing', con el
fin de primar la calidad de vida y salud, así como el espíritu de
solidaridad, igualdad y respeto mutuo entre las personas mayores.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las
Comunidades Autónomas y Entes Locales, a promover la autonomía personal
de las personas mayores, impulsando aquellos servicios, como las ayudas
para el acondicionamiento y adaptación del hogar, que faciliten su
permanencia en el domicilio y su entorno social y familiar, así como a
difundir los beneficios de las viviendas para personas mayores con
servicios comunes como atención médica básica 24 horas disponible y
cercana, limpieza y mantenimiento, dispositivos y sistemas de seguridad,
restauración, actividades deportivas, de ocio y culturales así como
terapias preventivas y de rehabilitación e impulsar su adopción entre las
personas mayores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2017.-Rafael Antonio
Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002163
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a un nuevo baremo
para la determinación de indemnizaciones por daños sanitarios, para su
debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La disposición adicional tercera de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre,
de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios
causados a las personas en accidentes de circulación, establece un baremo
de indemnizatorio de los daños y perjuicios sobrevenidos con ocasión de
la actividad sanitaria. En concreto, esta disposición establece: 'el
sistema de valoración regulado en esta Ley servirá como referencia para
una futura regulación del baremo indemnizatorio de los daños y perjuicios
sobrevenidos con ocasión de la actividad sanitaria'.
En la actualidad, las indemnizaciones de los daños ocasionados por la
actividad sanitaria se calculan basándose en el baremo de accidentes de
tráfico. Sin embargo, este baremo no recoge un gran número de secuelas
por malas praxis realizadas en la actividad sanitaria.
Las reclamaciones por daños ocasionados en la actividad sanitaria han ido
creciendo a un ritmo constante en los últimos años. Según la Asociación
Defensor del Paciente, en 2015 recibieron 14.430 quejas por presuntas
negligencias médico sanitarias. Los casos más habituales se han producido
por intervenciones mal realizadas, altas precipitadas, atención
deficiente, infecciones hospitalarias o retrasos
en ambulancias. Las más frecuentes son por errores en casos de
ginecología, seguidas por las operaciones estéticas y de casos de
traumatología.
Con la puesta en marcha de un nuevo baremo para daños sobrevenidos de la
actividad sanitaria se ofrecería más seguridad jurídica a los pacientes,
mayor transparencia, agilidad, y además, se evitarán conflictos
judiciales ya que se fomentarán las reclamaciones extrajudiciales para no
llegar a juicio.
Por todo ello, El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar en esta
legislatura un nuevo baremo para la determinación de indemnizaciones por
daños derivados de actividades en el ámbito sanitario, con la finalidad
de contribuir a una mayor seguridad jurídica, transparencia y agilidad en
las indemnizaciones y reducción de la litigiosidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2017.-Rafael Antonio
Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002169
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley para recuperar el diálogo social e impulsar
políticas públicas en materia de prevención de riesgos laborales, para
revertir la situación de creciente siniestralidad laboral para su debate
en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Distintas normas internacionales y nacionales reconocen el derecho a la
seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores. Este derecho implica
una obligación para los poderes públicas que deben responder, además, a
las demandas de una sociedad cada vez más sensibilizada y exigente con la
seguridad y salud en el trabajo, como parte esencial del bienestar
social. Esta implicación no se ha materializado durante el Gobierno del
Partido Popular, durante el cual la prevención de riesgos laborales ha
sido llevada a la irrelevancia.
Los sindicatos señalan la precarización de las condiciones de trabajo, la
falta de políticas públicas activas para promover la salud laboral y de
inversión en las empresas en medidas preventivas como causa del deterioro
de las condiciones de trabajo y de la salud y seguridad de los
trabajadores. El Gobierno, sin un 'diagnóstico claro', apunta simplemente
a la necesidad de mejorar los controles y la patronal señala como causa
de este aumento la mejora de la actividad económica.
Lo cierto es que la siniestralidad laboral va en aumento en España, lo
hace desde 2012, y esta tendencia se reafirma con los datos estadísticos
del tercer trimestre del 2016, publicados en la web del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.
En el primer semestre de 2016, último del que se tienen datos, la
tendencia de incremento generalizado de la siniestralidad se mantiene.
Comparando con el mismo periodo del año anterior, el número de accidentes
con baja aumenta en un 7,6 %. Y un 8,4 % los producidos in itínere,
mientras que el índice de incidencia de los accidentes en jornada (que
expresa la siniestralidad relativa) aumenta un 4,2 %.
Se incrementa en todos los sectores y, dentro de ellos, casi en buena
parte de las ramas de actividad. Los incrementos más importantes se están
dando en los sectores de hostelería (7,7 %), construcción (7,4 %) e
industria manufacturera (6,3 %), mientras que el sector agrario alcanzó
la tasa más elevada de toda la serie histórica, tras dos años de
incremento consecutivos. El número de accidentes solo logra reducirse de
manera significativa en las industrias extractivas.
La curva ascendente de la siniestralidad se repite en todas las
comunidades autónomas. Y se manifiesta en todos los niveles de gravedad,
afectando tanto a hombres como en mujeres.
La evolución de la siniestralidad mortal reproduce el patrón de los
últimos meses con un aumento del 1,5 % de los fallecimientos.
Esta estadística, fría y distante, sin embargo esconde historias de muerte
o incapacidades de las personas trabajadores y de sufrimiento de sus
familias. La siniestralidad laboral no solo es el peor de los indicadores
socioeconómicos en la actualidad, sino que unida a las enfermedades
profesionales, se está convirtiendo en un problema de salud pública de
primer orden con sus consiguientes efectos negativos para el sistema
nacional de salud y la economía española.
Es vergonzoso intentar justificar el aumento del número de accidentes en
una supuesta mejora del empleo. La reforma laboral del Partido Popular ha
supuesto una precarización sin precedentes del mercado de trabajo con
aumento del riesgo de sufrir accidentes: la alta temporalidad y una
rotación sin precedentes, acompañada de falta de formación, no son ajenas
a esta siniestralidad.
La reforma laboral de 2012 y la modificación de la regulación de la
contratación a tiempo parcial han propiciado unas relaciones laborales
'flexibles', sin el amparo de la negociación colectiva y al albur del
dictado empresarial: se trabajan muchas horas sin retribución ni
cotización, al amparo de una falsa parcialidad. Se apuesta por una
polivalencia funcional, sin estabilidad en el empleo, con abuso de los
contratos temporales. Los trabajadores tienen miedo a perder su trabajo:
se hacen escasa reclamaciones individuales, y aún menos por
incumplimientos de las obligaciones preventivas. El trabajador es más
vulnerable y acepta cualquier condición de trabajo para no quedarse en
desempleo, hecho que determina que esté más expuesto a sufrir un
accidente y que también está incidiendo en la aparición de nuevos riesgos
psicosociales asociados al estrés laboral. Además muchas personas que son
realmente trabajadores, como los 'falsos autónomos' carecen de protección
y los empresarios para los que trabajan no asumen ninguna obligación en
materia preventiva.
Los empresarios se han relajado al hilo de la crisis económica y han
dejado de invertir en prevención. Los déficits que tenían nuestras
empresas tradicionalmente se han agudizado con la crisis y, actualmente,
a la empresa le es muy fácil decir que es un coste que en situación de
crisis no puede asumir.
La ya difícil integración de la actividad preventiva de la empresa, y el
cumplimiento formal de determinadas obligaciones, como aquellas que
tienen que ver con la gestión de la prevención, se ha visto agudizada con
la entrada de las empresas privadas en la prevención; la mercantilización
de los servicios de prevención no favorece la integración de la misma en
la empresa.
La normativa en prevención no se adecua a la realidad de este nuevo marco
de relaciones laborales, marcado por una excesiva parcialidad, la
aparición incontrolada de los TRADES, la externalización y
subcontratación abusiva.
La dejadez del actual Gobierno en relación a la prevención de riesgos ha
sido absoluta: no ha impulsado ninguna reforma normativa, ni siquiera
propiciado el diálogo social, con un claro abandono de la concertación
social, pilar básico de la prevención al amparo de la directiva
comunitaria que exige consulta y participación.
Esta dejadez normativa ha venido acompañada por un recorte de las partidas
presupuestarias dedicadas a prevención. Un recorte llevado a cabo en los
sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado desde el que Partido
Popular llegó al Gobierno y que afecta al Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene, y a la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, muy
importante porque ayuda a fa pequeña y mediana empresa en temas de
formación, de información y de asistencia técnica. Se ha presupuestado
menos para los programas de seguimiento y control anuales de las
enfermedades profesionales a través del Cepross. Y la Estrategia
2015-2020 en materia de prevención de riesgos laborales no se ha dotado
de contenido económico adecuado, quedando en una mera declaración de
intenciones.
La causa, pues, de este aumento de la siniestralidad no va vinculada a una
mejora del empleo sino al deterioro continuado de las relaciones
laborales, a la ruptura de la acción sindical a las que han llevado las
políticas de empleo del Partido Popular, y a la ausencia de interés tanto
en el ámbito normativo como presupuestario de este Gobierno por la
prevención.
Es necesario por tanto revertir el panorama actual impulsando de forma
enérgica políticas públicas en materia de prevención de riesgos
laborales. Es necesario acabar con el trabajo precario, invertir en
prevención y acometer un análisis profundo de la normativa vigente,
además de recuperar la negociación colectiva y la concertación social
para acometer todas estas reformas, sin olvidar la importancia de las
campañas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que tienen
encomendado
la vigilancia del cumplimiento de fa normativa, entre otras, en materia
preventiva, en colaboración con la CCAA.
Es preciso además potenciar la vigilancia de la salud como uno de los
instrumentos que utiliza la medicina del trabajo para controlar y hacer
seguimiento de la repercusión de las condiciones de trabajo sobre la
salud de la población trabajadora. Es una técnica complementaria de las
otras disciplinas preventivas, no un instrumento aislado de prevención.
Es preciso seguir avanzando en una vigilancia de la salud que englobe
actividades dirigidas no solo a identificar los problemas de salud, sino
a realizar actividades preventivas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- En el marco del diálogo social, promover la reforma de la normativa del
mercado de trabajo, con recuperación de la negociación colectiva y de un
sistema de relaciones laborales de calidad que permita revertir el
deterioro de las condiciones de trabajo y, en consecuencia, propicie la
mejora de la salud y seguridad de los trabajadores.
- Asimismo, dentro de este mismo marco de diálogo social, realizar un
diagnóstico del mercado de trabajo y las causas del incremento de la
siniestralidad laboral, con identificación dentro de las mismas de la
incidencia que pudiera tener una deficiente aplicación de la normativa en
prevención de riesgos laborales, estableciendo unos objetivos
consensuados que permitan a los poderes públicos ordenar sus actuaciones
y acometer una reforma legal en la materia.
- Impulsar políticas públicas en materia de prevención de riesgos, de
conformidad con la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo
2015-2020.
- Presentar unos Proyectos de Ley de Presupuestos Generales del Estado que
contemplen incrementos sustanciales de las partidas que de forma directa
e indirecta inciden en la seguridad y salud en el trabajo, y en la
prevención y reducción de la siniestralidad laboral, con recuperación de
las dotaciones mermadas desde 2012.
- Coordinar con las CCAA campañas de la Inspección de Trabajo y de la
Seguridad Social para el control del cumplimiento de la normativa en
materia de prevención de riesgos laborales, incidiendo en los sectores de
mayor siniestralidad, riesgos emergentes y trabajadores más vulnerables,
entre ellos, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad.
- Potenciar la Medicina en el Trabajo respetando los principios de
consulta y participación de los trabajadores en la empresa y
desarrollando normativamente todos los aspectos necesarios para que la
misma sea eficaz, como son, su contenido, condiciones de obligatoriedad,
planificación y condiciones del personal sanitario con competencia
técnica, formación y capacidad acreditada.
- Potenciar la implicación de las administraciones con competencias en
Sanidad en la detección de dolencias que puedan tener su origen en el
trabajo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2017.-María del
Rocío de Frutos Madrazo, Esther Peña Camarero y Jesús María Fernández
Díaz, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/002206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre Medicina Personalizada de Precisión en el
Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y
Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La Medicina Personalizada, referida también como Medicina de Precisión
(MPP), comienza a ser una realidad en España y en los países de nuestro
entorno por sus potenciales beneficios en relación con los pacientes pero
también con el propio sistema sanitario y, en definitiva, con la sociedad
en su conjunto.
Entendida como la adaptación de los tratamientos médicos -preventivos,
diagnósticos y terapéuticos- a las características individuales de cada
paciente, la medicina de precisión supone un cambio de paradigma en la
prestación de la asistencia sanitaria.
Se trata, en definitiva, de tener en cuenta al diseñar la atención
sanitaria, incluida la farmacológica, la composición genética de los
pacientes o cualquier otro tipo de evaluación médica, permitiendo una
atención, como su propio nombre indica, mucho más personalizada en esos
tres ámbitos.
Así entendida, la MPP va a tener una trascendencia evidente tanto desde el
punto de vista asistencial como de la investigación y la sostenibilidad
del propio sistema sanitario en un futuro próximo.
En primer lugar, permite atender al paciente de forma más individualizada,
teniendo en cuenta sus características específicas y propias y, en
consecuencia, le colocará en el centro de la acción del sistema
sanitario. La MPP permitirá mejorar y precisar los resultados clínicos,
mejorando los tratamientos, y, en consecuencia, la calidad y duración de
la vida de los pacientes.
En segundo lugar, la MPP implica una apuesta decidida por la I+D+i en el
ámbito de la salud pues es impensable su desarrollo sin impulsar y
apoyar, con los recursos necesarios, la investigación científica y la
innovación en temas tales como la Genómica, la computación avanzada y la
generación y gestión de datos masivos en otras ciencias.
Finalmente, la MPP permite racionalizar el gasto sanitario y, en
consecuencia, afecta de forma decidida también a fa futura sostenibilidad
del sistema nacional de salud, porque tendrá efectos notables en la
eficacia y eficiencia del mismo.
Precisamente por esta importancia, se han puesto en marcha experiencias
muy interesantes en materia de MPP tanto en el ámbito internacional, como
nacional y autonómico.
Sin ánimo exhaustivo, en el ámbito internacional el Presidente Obama lanzó
en 2015 la iniciativa de Medicina de Precisión, financiada con 215
millones de dólares solo en el año fiscal de 2016, con el objetivo de
desarrollar la atención individualizada. En Europa existen iniciativas
como la European Alliance for Personalised Medicine (EAPM), el proyecto
PERMED, encargado de desarrollar la Agenda Estratégica de Investigación e
Innovación (SRIA, en sus siglas en inglés), o el proyecto IASIS de
investigación para el aprovechamiento del big data en el ámbito de la
salud y experiencias similares o más particulares en países como Reino
Unido, Alemania o Francia.
En el ámbito nacional, España participa en estas experiencias europeas y,
además, se han puesto en marcha iniciativas como la Red Española de
Excelencia en Investigación e Innovación en Exosomas (REDiEX). Según
datos de la propia Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se
han incluido los análisis genéticos en la cartera de servicios comunes
del SNS y se han financiado, a través del Instituto Carlos III, entre
2013 y 2016, 190 proyectos de investigación en el ámbito de la medicina
de precisión, con 44,62 millones de euros.
También existen algunas incipientes experiencias en este campo en algunas
Comunidades Autónomas como la extremeña (Proyecto MEDEA), valenciana
(Futur Clinic) o la andaluza (Proyecto Genoma Médico).
Recientemente, se ha aprobado en el Senado la creación de una ponencia
para recabar las opiniones de expertos y definir las propuestas
regulatorias, organizativas y de cualquier otra naturaleza que permitan
una respuesta eficaz, ética y equitativa ante los desafíos sanitarios y
sociales de la genómica.
Es evidente, por tanto, la trascendencia de la MPP pero también los
riesgos que presenta este camino que se está iniciando, tanto desde un
punto de vista ético como de la equidad en el acceso a la misma, por
citar solo algún ejemplo. Por ello, se echa en falta todavía un enfoque
nacional, global y sistemático de la senda hacia la MPP.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, en el seno del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y de manera
consensuada con el resto de fuerzas políticas y con los agentes afectados
-pacientes, profesionales sanitarios e investigadores- una Estrategia
Nacional de Medicina Personalizada, que cuente con un presupuesto
específico y suficiente, y un marco regulatorio propio, y
que identifique las acciones que permitan trasladar a la práctica clínica
de manera ordenada la medicina personalizada y de precisión,
garantizando, en todo caso, la calidad, la equidad y la sostenibilidad de
nuestro sistema sanitario; así como la seguridad de los datos, y el
derecho a la privacidad e información de los ciudadanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2017.-María González
Veracruz y Jesús María Fernández Díaz, Diputados.-Rafael Simancas
Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002222
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
apariencia de las cajas de medicamentos, para su debate en la Comisión de
Sanidad, Servicios Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
Los cambios normativos introducidos en los últimos años en el ámbito de la
selección y dispensación de medicamentos se han realizado con el único
objetivo de asegurar una bajada de los precios unitarios y, de ese modo,
tratar de controlar el gasto farmacéutico derivado de la dispensación
ambulatoria de medicamentos sujetos a financiación pública.
Sin embargo, estos cambios, con la prescripción por principio activo y el
sistema de precios de referencia como principales protagonistas de los
mismos, han tenido algunas externalidades negativas. La falta de
isoapariencia en los envases de los medicamentos comercializados para un
mismo principio activo, ha provocado que los pacientes puedan verse
expuestos a errores en la toma de la medicación, relacionados con el
hecho de que para un mismo medicamento cada vez que van a la farmacia
adquieren una caja con diferente apariencia.
La bibliografía disponible indica que los efectos adversos relacionados
con la toma de medicación son uno de los problemas principales
relacionados con la seguridad del paciente en el ámbito de la atención
primaria; esto, además, no afecta de forma homogénea a toda la población,
sino que existen diferentes estudios que muestran que las personas
mayores y las personas con dificultades sensoriales son las que tienen
una mayor necesidad de homogeneizar los envases y las presentaciones de
los medicamentos que toman, de modo que cambios repetidos en las mismas
podrían poner en riesgo la adherencia a los tratamientos y, sobre todo,
podrían suponer errores en la toma de la medicación que incurrieran en
graves problemas de seguridad del paciente.
En el año 2011 la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, la
Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria
y la Sociedad Española de Calidad Asistencial, publicaron una propuesta
de normativa que partía de la base del lema de 'Si son iguales, que
parezcan iguales'; en ella aparecía el siguiente redactado: 'en una de
las caras principales del envase primario, entendiendo por caras
principales las de mayor superficie, solo aparezca la DOE del fármaco, su
dosis y el número de dosis sobre fondo blanco. El resto del envase puede
quedar a elección del fabricante siempre y cuando cumpla lo legislado en
el capítulo tres del Real Decreto 1345/2007'.
Por otro lado, la National Patient Safety Agency del National Health
Service del Reino Unido publicó un documento titulado 'A guide to the
graphic design of medication packaging', donde llevaban a cabo una
propuesta consistente en reservar tres de las seis caras de los envases
de medicamentos (una de las caras principales y dos de las caras
secundarias -siendo estas las de caras de menor superficie) para su
homogeneización de modo que en ellas solamente aparecieran la DOE, su
dosis y el número de dosis, sobre fondo blanco, así como el nombre
comercial o de la empresa fabricante.
Tanto la propuesta de las sociedades científicas españolas como la de la
National Patient Safety Agency muestran soluciones a una necesidad clara
y patente: homogeneizar los envases de medicamentos para disminuir los
errores relacionados con su toma.
Próximamente, a partir del 9 de febrero de 2019, las empresas
farmacéuticas tendrán que llevar a cambio modificaciones en su envasado
para adecuarse al Reglamento Delegado 2016/161 de la Comisión, de 2 de
octubre de 2015, que completa la Directiva 2001/83/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo estableciendo disposiciones detalladas relativas a
los dispositivos de seguridad que figuran en el envase de los
medicamentos de uso humano. La entrada en vigor de esta normativa europea
puede suponer una oportunidad para que, mediante la elaboración de la
normativa correspondiente por parte del Gobierno de España, se pueda
introducir la iniciativa previamente descrita para tratar de reducir los
problemas de seguridad en la toma de medicamentos asociados a la falta de
isoapariencia en las diferentes presentaciones comerciales de los mismos
principios activos.
Por todo lo aquí expuesto, el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar en el plazo de 6 meses la normativa necesaria para que los
envases de medicamentos, tanto para su dispensación ambulatoria como para
su uso hospitalario o en otros centros, presenten en una de las caras
principales del envase primario, así como en dos de las caras secundarias
de dicho envase, solamente la DOE del fármaco, su dosis y el número de
dosis sobre un fondo blanco.
2. Llevar a cabo un proceso de evaluación de esta medida que permita
desarrollar futuros cambios legislativos que caminen hacia una mejora de
la seguridad del paciente y la conciliación de la medicación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de agosto de 2017.-Marta Sibina
Camps, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, relativa a la promoción
de obligaciones de diligencia debida vinculantes para las cadenas de
suministro del sector de la confección que garanticen los DDHH y la
sostenibilidad.
Exposición de motivos
El comercio mundial en el sector de la confección representa más de 2,86
billones de EUR y emplea a más de 75 millones de personas. La cadena de
suministro del sector de la confección se encuentra entre las que más
riesgo tienen de que se produzcan violaciones de los derechos humanos y
de la dignidad de las personas.
Desde que a finales de la década de 1990 se puso de relieve que la
industria textil y similares se beneficiaban del trabajo de niños y niñas
de países empobrecidos, existe una mayor conciencia en la ciudadanía
global y particularmente en la de nuestro país sobre la explotación
infantil en los países empobrecidos como un problema laboral y de
derechos sobre el que las empresas y consumidores de los países
desarrollados tenemos responsabilidad. De todas las violaciones a los
derechos laborales, el trabajo infantil es la que atrae mayor atención
pública y la que ha estado en el centro de muchos acuerdos relativos a
los estándares laborales en la industria textil y más aún en la de
artículos deportivos; pero estos sectores son terreno para muchas otras
violaciones de derechos y, más que generar desarrollo sostenible como
sería deseable, demasiadas veces debilitan los procesos locales de
desarrollo social y económico.
La descentralización e internacionalización de las grandes empresas del
sector les permite ubicar su producción en países empobrecidos con bajos
costes laborales y sociales y múltiples ventajas fiscales. Esta compleja
estructura transnacional dificulta el control de la adecuación de sus
actividades al respeto de los derechos humanos e impide en muchas
ocasiones la imposición de sanciones, así como la reparación de los
derechos de las víctimas. En muchas ocasiones estas víctimas pertenecen a
colectivos en situación de discriminación por razón de sexo (el 80 % de
la mano de obra del sector textil son mujeres), edad, condición social y
económica u origen. La falta de estructuras jurídicas para el control de
las actividades de las empresas en terceros Estados, así como para la
imposición de sanciones y reparación de las víctimas es un problema
patente que ha sido confirmado por el Parlamento Europeo (en su
Resolución (2016/2271(INI)) y por el Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas (Resolución A/RES/70/26/9).
Además, estas violaciones de los derechos humanos, incluido el
incumplimiento de normas laborales, deriva en dumping social que acarrea
nefastas consecuencias para el sector europeo de la confección y sus
trabajadores y trabajadoras.
El 24 de abril de 2013 se derrumbó en Bangladesh el edificio Rana Plaza,
que albergaba talleres que producían para grandes marcas comercializadas
en distintos países, algunos de ellos europeos. La tragedia, que costó la
vida a 2500 personas y dejó heridas a más de 1100, supuso un aumento en
la toma de conciencia sobre las condiciones en las que se fabrica la ropa
que utilizamos; y puso en evidencia la urgente necesidad de evitar que el
textil que compramos sea fabricado en condiciones que suponen la continua
vulneración de los derechos humanos, incluyendo laborales y ambientales.
La necesidad de adoptar normas para evitar tragedias como esta llevó a la
movilización de actores privados y públicos. En este sentido, cabe
destacar la puesta en marcha de iniciativas como el Pacto de
Sostenibilidad de Bangladesh, encabezado por la OIT, que incluye
disposiciones sobre derechos sindicales y seguridad e inspecciones en
lugares de trabajo; o las directrices para empresas multinacionales y las
directrices sobre diligencia debida en el sector de la confección y el
calzado de la OCDE.
Asimismo, diversos países de nuestro entorno han adoptado normas
orientadas a tratar de evitar las vulneraciones de derechos humanos por
parte de las empresas con actividad transnacional, corno por ejemplo la
ley francesa relativa al deber de vigilancia de las empresas matrices; la
ley contra la esclavitud del Reino Unido; el Acuerdo neerlandés para un
sector textil y de la confección sostenible; y la Alianza alemana en
favor de unos productos textiles sostenibles. Sin embargo, la mayoría de
estas iniciativas no son de obligado cumplimiento, y las que lo son
tienen un ámbito de aplicación limitado. La carencia de una normativa
vinculante a nivel europeo implica que no existe un marco legal que
establezca, en el sector textil y de la confección, un mismo estándar de
obligaciones de debida diligencia y respeto de los derechos humanos para
todas las empresas.
Consecuentemente, el propio Parlamento Europeo se ha pronunciado a favor
de dar el paso de la voluntariedad a la obligatoriedad y conseguir normas
vinculantes para evitar vulneraciones de derechos humanos a lo largo de
las cadenas de suministro del sector. En abril de 2017 el Parlamento
Europeo aprobó con una amplia mayoría y consenso entre los principales
grupos políticos la Resolución [2016/2271(INI)] sobre la Iniciativa
emblemática de la Unión en el sector de la confección en la que 'pide a
la Comisión que vaya más allá de la presentación de un documento de
trabajo de los servicios de lo Comisión y proponga legislación vinculante
sobre obligaciones de diligencia debida para las cadenas de suministro
del sector de la confección; subraya que esta propuesta legislativa debe
estar en consonancia con las nuevas directrices de la OCDE sobre
diligencia debida para la gestión responsable de las cadenas de
suministro en el sector de la confección y el calzado, las directrices de
la OCDE para empresas multinacionales que importan a la Unión Europea, la
resolución de la OIT sobre el trabajo decente en las cadenas de
suministro y las normas acordadas a escala internacional en materia de
derechos humanos, sociales y medioambientales'.
En el caso de España, una de las principales prioridades afirmadas en la
Estrategia de Acción Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores,
aprobada por Consejo de Ministros del día 26 de diciembre de 2014, es la
promoción y defensa de los Derechos Humanos. Así lo demuestran los
esfuerzos que está llevando a cabo el MAEC en la promoción de la
Candidatura Española al Consejo de Derechos Humanos 2018-2020.
Para cumplir con este objetivo, el Estado español debe situarse en línea
con estas actuaciones y comprometerse de forma activa y eficaz para
solventar el vacío legal que existe actualmente. A nivel nacional es
urgente abordar la adopción de una norma que establezca criterios de
transparencia, trazabilidad y producción sostenible y respetuosa con los
derechos humanos, así como el establecimiento de deberes de vigilancia y
de obligaciones de reparación de las víctimas. En el plano europeo, el
Estado
español debe comprometerse a defender en el seno de la Unión Europea el
urgente establecimiento de un marco regulatorio vinculante en materia de
diligencia debida en el sector de la confección, en línea con la
Resolución del Parlamento Europeo (2016/227(INI)).
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1.º Promover activamente el establecimiento de una legislación europea en
materia de obligaciones vinculantes de diligencia debida para el comercio
del sector textil en línea con las directrices de la OCDE sobre
diligencia debida en el sector de la confección y el calzado y que
garantice que las empresas que importan a la Unión Europea cumplan las
condiciones de competencia equitativa fijadas por dicha Resolución.
2.º Presentar una propuesta legislativa sobre obligaciones de diligencia
debida vinculantes para las cadenas de suministro del sector de la
confección en consonancia con las nuevas directrices de la OCDE sobre
diligencia debida en el sector de la confección y el calzado, las
directrices de la OCDE para empresas multinacionales, la resolución de la
OIT sobre el trabajo decente en las cadenas de suministro, el conjunto de
la normativa de la OIT y las normas internacionales en materia de
derechos humanos, incluyendo los sociales y ambientales.
3.º Extender las iniciativas sobre la diligencia debida obligatoria en el
sector de la confección con el fin de garantizar que España y sus socios
y operadores comerciales cumplan su obligación de respetar los derechos
humanos.
4.º Promover activamente el uso de materias primas gestionadas de forma
ecológica y sostenible, que fomente la reutilización y el reciclado de
las prendas de vestir y los productos textiles en España mediante
disposiciones específicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2017.-Àngela
Ballester Muñoz, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002153
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a
promover medidas para luchar contra la violencia de género en el V Plan
Director de la Cooperación Española, para su debate en la Comisión de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones a
los derechos humanos más sistemática, extendida y tolerada a nivel
mundial, Una asignatura pendiente marcada por la discriminación de género
que impera en todos los países del mundo.
La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, define
la violencia contra la mujer como 'todo acto de violencia basado en el
género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o
psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación
arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la
vida privada'.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que una de cada tres
mujeres será víctima de violencia a lo largo de su vida y UNICEF afirma
que hasta el 60 % de las agresiones sexuales registradas en una familia
se cometen contra niñas menores de 15 años. La mutilación genital
femenina, el matrimonio forzado, la violencia por razón de género, el
sexo forzado, la trata de personas con fines de explotación sexual y el
maltrato psicológico son algunas de las muchas formas de violencia
ejercidas contra las mujeres, cuyas víctimas en muchos casos son niñas.
Estos abusos de los derechos humanos no solo infligen graves daños y
sufrimiento a las personas; también desgarran sociedades enteras.
Los matrimonios infantiles son unas de las tragedias que miles de niñas
viven diariamente en muchos países del mundo. La Organización Mundial de
la Salud, ha revelado que, 'cada día tienen lugar en el mundo 39.000
matrimonios infantiles', calculándose que entre 2011 y 2020 habrán sido
obligadas a casarse contra su voluntad 140 millones de niñas. El
matrimonio forzado hace a las niñas mucho más vulnerables a la violencia
de pareja y al abuso sexual. Este tipo de enlaces son una práctica
habitual en alrededor de 100 países del mundo y la cifra va en aumento en
estados como Bangladesh, Chad, Nigeria, Mali, Níger y la República
Centroafricana, donde más del 60 % de las mujeres contrajeron matrimonio
antes de cumplir los 18 años.
Por su parte, la mutilación genital femenina refleja una desigualdad entre
los sexos muy arraigada, y constituye una forma extrema de discriminación
contra mujeres y niñas. Comprende todos los procedimientos consistentes
en alterar o dañar los órganos genitales femeninos por razones que nada
tienen que ver con decisiones médicas, y es reconocida internacionalmente
como una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Una
práctica que viola sus derechos a la salud, la seguridad y la integridad
física y el derecho a la vida en los casos en que el procedimiento acaba
produciendo la muerte.
Por otro lado, según datos de UNICEF se calcula que de los 200 millones de
niñas y mujeres mutiladas que existen en el mundo, 44 millones son
menores de 14 años. Este procedimiento se practica principalmente en
Gambia (un 56 %), Mauritania (54 %) e Indonesia, donde alrededor de la
imitad de las niñas de 11 años han padecido esta práctica. Los países con
la prevalencia más alta entre mujeres y niñas entre 15 y 49 años son
Somalia (58 %), Guinea (97 %) y Djibouti (93 %). Si la tendencia actual
continúa, para 2030 aproximadamente 86 millones de niñas en todo el mundo
sufrirán algún tipo de mutilación genital.
La nueva agenda internacional que desgrana los objetivos de la comunidad
internacional en el periodo 2016-2030 para erradicar la pobreza y
favorecer un desarrollo sostenible e igualitario, la Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible, recoge entre sus objetivos, en concreto el quinto,
el relativo a la Igualdad de Género, 'eliminar todas las formas de
violencia contra las mujeres y las niñas en la esfera pública y privada,
incluida la trata y la explotación sexual', incluyendo también la
eliminación de 'todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil,
precoz y forzado, así como la mutilación genital femenina', metas que
resultan vitales para erradicar la pobreza y alcanzar un desarrollo
sostenible, la paz, la seguridad y el respeto a los derechos humanos.
En esa línea, el pasado 6 de enero de 2017 el Secretario General de
Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, creó un equipo de trabajo de
alto nivel con la misión de desarrollar, con carácter urgente, una nueva
estrategia que mejore la prevención y respuesta al abuso y la explotación
sexual en todo el sistema de Naciones Unidas.
Pese a los avances alcanzados -Comité para la Eliminación de la
Discriminación de la Mujer, la Plataforma de Acción de Beijing, o la
Resolución 1325 de Naciones Unidas 'Mujeres, seguridad y paz'- la
discriminación contra las mujeres sigue siendo indiscutible y universal.
Por ello, la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de
género son unos de los objetivos de desarrollo fundamentales de la
Cooperación Española, habiéndose contemplado como tal, tanto en las
líneas de acción del IV Plan Director 2013-2016 que ahora concluye, como
en los trabajos de elaboración de la Agenda 2030 por parte del Gobierno
de España, con la finalidad de garantizar la consolidación de una de las
señas de identidad de nuestra Cooperación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar la posibilidad
de implementar, en la elaboración del V Plan Director de la Cooperación
Española que sustituirá al actual IV Plan Director 2013-2016, nuevas
medidas específicas dirigidas a paliar todas las formas de violencia
contra las mujeres y niñas, con especial atención a la trata y
explotación sexual, la mutilación genital femenina y los matrimonios
forzosos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2017.-Rafael Antonio
Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cultura
161/002063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la conmemoración y
difusión de la figura de Enrique Labarta Pose (1863-1925), en el 92
aniversario de su fallecimiento, para su debate en la Comisión de
Cultura.
Exposición de motivos
Enrique Labarta Pose (Baio, 1863-Barcelona, 1925), escritor y periodista
gallego, referente de la literatura gallega de finales del siglo XIX y
primer cuarto del siglo XX; es uno de los principales periodistas
satíricos del período de la Restauración Española y pionero de los
géneros narrativo y teatral en lengua gallega, así como en el uso de la
fotografía en prensa. Su fuerte implantación popular se hace patente, por
ejemplo, en el homenaje a su figura realizado en el barrio de Gracia
(Barcelona) en el 25 aniversario de su fallecimiento.
Participante en las tertulias de la Academia de la Juventud Católica
(donde tiene ocasión de conocer a escritores como Valle-Inclán, Augusto
González Besada, Juan Barcia Caballero, Vázquez de Mella, Cabeza de León
o Alfredo Brañas), Labarta Pose es un poeta encuadrado en la línea
costumbrista de finales del siglo XIX, aunque incorporó elementos
modernistas. Algunas de sus obras: Galicia Humorística (1888), El País
Gallego (1888), La Pequeña Patria (1890), Extracto de Literatura (1893) e
Pasatiempos (1893-1894); dirigió Galicia Moderna (1897) y colaboró en la
prensa gallega, española y en la de la emigración americana. Uno de los
volúmenes de la Biblioteca Galega comprende la obra 'Tío Miseria e outros
contos', de Labarta Pose.
Su memoria sigue aún viva en su villa natal. Así, el colegio de la
localidad lleva su nombre, mientras que las asociaciones locales de
carácter cultural más relevantes (Adro y Badius) homenajean año tras año
al escritor con la finalidad de proponer su homenaje con la dedicación
del Día das Letras Galegas, hasta el punto de constituirse una comisión
para canalizar esta petición, encabezada por el catedrático de la
Universidad de Santiago de Compostela Jorge Mira.
En los últimos años se ha intentado preservar la memoria de este escritor
a través de varias actividades, entre las que destacan un pequeño
congreso sobre su figura o la publicación de la obra Contos (Galaxia,
editada por Xosé Manuel Varela Varela y Xosé María Lema), un libro que
recoge ocho de los relatos que Labarta Pose publicara en 1897 y 1908 en
revistas diversas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se implique
institucional y presupuestariamente en la difusión y conmemoración de la
figura y la obra del intelectual, periodista y escritor gallego Enrique
Labarta Pose, a través de convenios de colaboración con el Ayuntamiento
Zas (en el que se ubica la localidad donde nació), y con las entidades
culturales Adro y Badius, que vienen todos ellos emprendiendo actualmente
actividades de homenaje y conmemoración de la vida y obra de Enrique
Labarta Pose.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2017.-Ricardo
Antonio García Mira y Pilar Cancela Rodríguez, Diputados.-Rafael Simancas
Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la conmemoración y
difusión de la figura de Eduardo María González-Pondal y Abente
(1835-1917), literariamente Eduardo Pondal, en el 100 aniversario de su
fallecimiento, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
En el presente año se cumple el 100 aniversario del fallecimiento de don
Eduardo Pondal (1835-1917), uno de los referentes de la poesía y
literatura del siglo XIX y principios del siglo XX. A lo largo de todo el
año vienen realizándose por parte de la Fundación que lleva su nombre, la
Fundación Eduardo Pondal, diversas iniciativas, como el reciente
encuentro celebrado el pasado día 20 entre organizaciones profesionales
del mar y organizaciones conservacionistas, que tenía por objeto
concienciar sobre el estado del medio marino. Una actividad que
constituía la número 79 del programa del centenario de la muerte del
poeta. El pasado día 24 de junio se celebró igualmente la actividad 80,
consistente en el I Encuentro Gallego de fundaciones de Autor, al que
acudieron a Ponteceso doce entidades relacionadas con creadores
literarios y en las que además de la Fundación Eduardo Pondal, otras
fundaciones como la Emilia Pardo Bazán, Luis Seoane, Fernández Flórez,
Camilo José Cela, Rosalía de Castro, Valle Inclán, Castelao, entre otras,
se dieron cita en el lugar.
Otras actividades vienen desarrollándose a lo largo del año, como la
presentación del proyecto audiovisual 'O himno, de Andrea Pousa',
documental con entrevistas de interés, que constituye un homenaje al
himno gallego con motivo del centenario de la muerte del autor de su
letra, Eduardo Pandal.
El área de Cultura de la Diputación de A Coruña publica una antología
geográfica de Eduardo Pondal elaborada por Manuel Ferreiro, el principal
especialista en la obra del escritor, con motivo del centenario de su
muerte. Además, la Diputación colaborará con la Fundación Pondal en los
actos de conmemoración.
La ONCE homenajeará también a Eduardo Pondal con un cupón en el centenario
de su muerte. La Xunta de Galicia, así como las fundaciones de Eduardo
Pondal, Rosalía de Castro y Curros Enríquez activan iniciativas en
colaboración con los ayuntamientos de Ponteceso, Padrón y Celanova.
Pondal publicó su primer poema en gallego en 1862. En 1877 publicó
'Rumores de los pinos', colección que servirá posteriormente de base a
sus 'Queixumes dos pinos' (1886). Además de estas obras, Pondal dejó una
amplia producción inédita, entre la que se cuenta el poemario 'Os Eoas',
un canto épico al descubrimiento de América claramente inspirado en 'Os
Lusiadas' de Luís de Camões, y en el que trabajó a lo largo de toda su
vida literaria, llevando adelante una perfecta simbiosis entre el mundo
mítico celta y la voluntad regeneracionista de España.
En 1890 el músico Pascual Veiga le pedirá una letra para una obra que
pretendía presentar a un certamen en A Coruña. Eduardo Pondal compone
para la ocasión el poema 'Os Pinos', cuyas dos primeras estrofas formarán
parte de la letra de la melodía, y aparecerá publicado ese mismo año en
un folleto del certamen, así como en varios periódicos gallegos de la
emigración cubana. En 1907 la composición de Pascual Veiga será estrenada
en La Habana y considerada desde entonces Himno de Galicia. En 1981 será
legalizada como himno oficial por el Estatuto de Galicia.
Pondal es el máximo exponente de la literatura del regionalismo gallego.
Idealiza el pasado céltico de Galicia, que él imagina libre e
independiente y como apenas quedan vestigios de esta época, se inspira en
las fuentes clásicas de la invasión romana, en los poemas ossiánicos de
James McPherson, en algunas citas del Leabhar Gabela y en las
investigaciones de Manuel Murguía y Benito Vicetto. El simbolismo del
celtismo dentro de la poesía de Pondal es claro: así como los celtas
combatieron heroicamente la invasión romana, los gallegos deben tomar su
ejemplo y combatir igualmente la opresión castellana. Al mismo tiempo su
poesía incorpora una tendencia helenista, que entronca con su afán de
crear una lírica culta.
El significado político de la obra de Pondal ha sido objeto de muchas
teorías y discusiones. Aunque manifestó una profunda preocupación por la
recuperación del orgullo del pueblo gallego, con un ideario político
personal próximo a un socialismo emergente, como demuestra su
participación en el banquete de Conxo y su compromiso estético con la
idea de la libertad del hombre, en la cuestión territorial pareció más
próximo a un iberismo federal que a un nacionalismo gallego aún por
surgir. Pondal expresa repetidamente su sentimiento de hermandad con el
pueblo portugués, y su simpatía por el catalanismo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, al cumplirse cien
años del fallecimiento del escritor Eduardo Pondal, se implique
institucional y presupuestariamente en la difusión y conmemoración de la
figura y de la obra del intelectual, escritor y poeta pontecesán, a
través de convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Ponteceso (A
Coruña) en el que se ubica su casa natal, así como con la Fundación
Eduardo Pondal, ambos activos emprendedores de actividades de
conmemoración y homenaje al centenario del escritor.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2017.-Ricardo
Antonio García Mira y Pilar Cancela Rodríguez, Diputados.-Rafael Simancas
Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para,
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la declaración del 'Año Emilio Herrera
Linares', para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Diversas instituciones españolas e internacionales están trabajando para
que el año 2017 sea declarado 'Año Emilio Herrera', con motivo del
cincuenta aniversario de su muerte. Se llevarán a cabo una serie de
actividades para dar a conocer su vida y obra, así como sus aportaciones
científico técnicas, y se erigirá una estatua en un lugar público.
El objeto de este homenaje es reivindicar la figura del general don Emilio
Herrera Linares (Granada, 13 de febrero de 1879-Ginebra, 13 de septiembre
de 1967), que fue ingeniero militar, destacado aviador y científico,
académico de Ciencias de España, Laureado de la Academia de Ciencias de
Francia, miembro de las Sociedades de Matemáticas, Geografía y de Física
y Química, fundador del Ateneo Iberoamericano de París, Caballero de la
Legión de Honor de Francia, Comendador de la Orden de Cristo de Portugal
y Miembro del Instituto de Ingeniería Aeronáutica de Argentina entre
otros.
Monárquico liberal, Herrera se mantuvo en la lealtad republicana por su
moderno sentido de la soberanía nacional y la convicción moral de que
debía lealtad al gobierno democráticamente elegido por el pueblo. Sin que
pesaran sobre él acusaciones por delitos de ningún tipo durante la
dictadura franquista, se exilió a Francia, donde su carácter ecuánime,
conciliador y lejano a todo sectarismo le convirtió en una figura de
referencia. Fue Ministro de Asuntos Militares y llegó a ser nombrado
Presidente del Gobierno de la Segunda República en el exilio durante dos
años.
Con este proyecto se pretende homenajear a uno de los ingenieros y
científicos más importantes del siglo XX en Granada y en España, de
proyección universal, así como, por su rectitud ética, que han sido
objeto de atención destacada en los últimos años, con artículos en
revistas especializadas, en los principales medios de comunicación
españoles, en tesis doctorales y numerosas publicaciones.
Para ello se van a realizar una serie de actividades dirigidas a dar a
conocer esta figura histórica. Esta labor servirá, además, para proyectar
internacionalmente a la ciudad de Granada, como cuna de un genio en el
campo de la ciencia y la tecnología, que contribuyó a la creación de la
aeronáutica moderna.
Sus aportaciones y estudios más relevantes, son los siguientes:
1905. Ascensión en globo patrocinada por la Asociación para el Progreso de
las Ciencias, a fin de estudiar la resolución matemática del problema del
péndulo continuo; y el 'Estudio de las sombras volantes en las capas
superiores de la atmósfera', durante el eclipse total de sol del 30 de
agosto.
1914. 'Aplicación de la geometría de 'n' a dimensiones a la mecánica
celeste'; y 'Estudio sobre navegación astronáutica'.
1915. 'Hipótesis tetradimensional sobre la constitución del Universo', de
la que dedujo la curvatura general del mismo y de los campos
gravitatorios, y la desviación del rayo luminoso al atravesarlos; la
limitación del volumen total del Universo; la inexactitud de la ley de
gravitación de Newton y la inexistencia de las fuerzas que quedaban
reducidas a un efecto de la inercia dentro del espacio curvo.
1919. 'Estudio para la aplicación de propulsores a reacción en
aeronáutica'.
1920. 'Estudios sobre la naturaleza corpuscular y ondulatoria de la luz',
'Hipótesis sobre la cuarta dimensión y el hiperespacio' e inauguración
del Laboratorio Aerodinámico de Cuatro Vientos (Madrid), fundado y
diseñado por Herrara.
1921. 'Comentarios a la teoría de la relatividad de Einstein', 'Estudios y
comprobaciones en el Laboratorio Aerodinámico de Cuatro Vientos
(Madrid)', de la aplicación a la aeronáutica de las teorías matemáticas y
físicas: 'Teorema de Kutta-Yukovski', 'número de Prandtl', 'Ecuación de
Bernoulli', 'Ecuación de Helmholtz', 'Ecuación de Chaplygin', 'Línea de
Kármán y el efecto Lamb', que facilitaron el conocimiento de importantes
fenómenos aerodinámicos, sobre todo los relacionados con la sustentación
y resistencia al avance en fluidos.
1923. 'Aceptación internacional de su propuesta de unificación de la
notación matemática en Aeronáutica', 'Ventajas de la aplicación en
aviación de aleaciones de duraluminio y magnesio', 'Activa participación
en los actos académicos organizados con motivo de la visita de Einstein a
España', como Vicepresidente de la Real Sociedad Matemática de España.
1932. Presentación de un proyecto para un viaje tripulado a la Luna.
1934. 'Hipótesis sobre la exploración de la estratosfera y sus
aplicaciones militares', 'Hipótesis cosmológicas'; y 'Diseño de un traje
estratosférico'.
1940. 'Anticipación sobre la aplicación militar de la desintegración del
átomo: la bomba atómica'.
1941. 'Resolución de los problemas matemáticos de las trayectorias
balísticas estrato esféricas'.
1950. Formula una exacta hipótesis sobre la posible construcción de armas
termonucleares: la bomba de hidrógeno, 'Medidas de protección civil ante
una guerra nuclear'; e 'Hipótesis sobre fotones'.
1951. 'Estudios sobre satélites artificiales y adelanta las aplicaciones
de los ordenadores y su futuro'.
1955. 'Estudios para la UNESCO para la aplicación pacífica de la energía
nuclear'.
1956. 'Cálculos anticipados para el lanzamiento y puesta en órbita de un
satélite artificial, 'Estudios sobre partículas elementales y sus
consecuencias: antimateria', 'Posibles consecuencias del antiprotón: la
bomba fotónica'; y 'Aplicaciones pacíficas de los satélites
artificiales'.
1957. 'Proyecto de satélite artificial movido por la luz solar'.
1959. 'Proyecto de estación espacial para telecomunicaciones'.
1960. 'Proyecto para enviar una sonda a un cometa y situar un satélite
solidario a él para explorar las grandes profundidades del Universo'.
1961. 'Posibilidad de utilizar los satélites artificiales como plataformas
de lanzamiento de cohetes con carga nuclear', 'Estudio para situar un
satélite en la órbita de Venus y estudiar su atmósfera', 'Relatividad y
astronáutica', y 'El hombre en el espacio'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Con motivo de la conmemoración del cincuentenario del fallecimiento del
General don Emilio Herrera Linares, se adopten las medidas necesarias
para la celebración de un solemne acto de homenaje, personal y colectivo,
en reconocimiento de su figura y su legado.
2. Se dote de los medios correspondientes para la celebración de los actos
acordados entre todas las instituciones, para homenajear a este ilustre
español y andaluz.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2017.-Elvira Ramón
Utrabo y Gregorio Cámara Villar, Diputados.-Rafael Simancas Simancas,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002091
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a instancias de diputado Miguel Anxo Fernández Bello, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la
Comisión de Cultura, para el cumplimiento de los derechos lingüísticos de
los ciudadanos y ciudadanas en los territorios con lengua propia.
Exposición de motivos
Dadas las constantes vulneraciones que observamos por parte de la
Administración General del Estado en materia lingüística, así como la
falta de iniciativas para asumir el plurilingüismo existente en el estado
español, hemos considerado necesario plantear estas proposición no de ley
con el objetivo de que mantengamos un debate sobre los pocos avances que
el Gobierno realiza en cuanto a la asunción de la riqueza lingüística,
así reflejada en el propio marco constitucional con el reconocimiento de
las lenguas cooficiales: gallego, catalán y euskera.
Amén de las numerosas incorrecciones que se cometen desde distintos
órganos del estado (sean Ministerios, organismos autónomos, DGT, Guardia
Civil, Policía,..) en lo relativo a la toponimia oficial de Galicia, así
como en otros territorios del estado, son continuas las muestras de
rechazo a la lengua gallega que se producen a la hora de poder tramitar
un DNI o pasaporte, realizar una denuncia en la lengua propia, a la hora
de llevar a cabo trámites en la Agencia Tributaria, pedir ayudas o
subvenciones, participar en la convocatorias de concursos del Ministerio
de Educación, y así podríamos seguir. La cuestión es que no existe
normalidad y la Administración del estado continúa poniendo piedras en el
camino a la necesaria normalización lingüística.
Por otro lado, están los ámbitos recogidos en la Carta Europea de Lenguas
Minoritarias sobre los que apenas o nada se ha avanzado. Con ello nos
referimos al ámbito de la Justicia, de la Educación (aunque ésta en manos
de las CC.AA.) o en el ámbito de los medios de comunicación.
En noviembre de 1992 nacía en Estrasburgo la Carta Europea de las Lenguas
Regionales o Minoritarias. Auspiciada por el Consejo de Europa, los
Estados que la firmaban se mostraban 'conscientes del hecho de que la
protección y el fomento' de estos idiomas 'representan una contribución
importante a la construcción de una Europa basada en los principios de la
democracia y de la diversidad cultural'. Las Cortes Generales dieron su
visto bueno a la participación en el acuerdo y en 2002 el entonces
ministro de Exteriores firmaba el correspondiente instrumento de
ratificación, esto es, el documento en el que el Gobierno de España
especificaba el grado de cumplimiento de la Carta al que se comprometía.
Cuando se rubricó el Tratado, se optó, en la mayor parte de los
artículos, por la mayor protección posible para el gallego, el catalán y
el euskera. Lo que conllevaba el cumplimiento de cuestiones como
garantizar la posibilidad de recibir la enseñanza en preescolar, primaria
y secundaria en lengua propia, o que los procedimientos judiciales se
pudiesen desarrollar con normalidad en las lenguas cooficiales.
En atención al texto del Tratado, el Estado español 'prometió cumplirla,
observarla y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus
partes'. Sin embargo, más de una década después desde su ratificación, el
cumplimiento del Tratado Europeo es una quimera en ámbitos como la
enseñanza o la justicia donde, lejos de avanzar hacia los preceptos
comprometidos, se experimentaron notables retrocesos. Tampoco se ha
avanzado en lo que se refiere a los medios de comunicación. Por tanto, a
pesar del tiempo transcurrido, nada de esto se está cumpliendo ni por
parte de la Xunta ni por parte del Gobierno del estado.
Aunque sea materia de la Xunta, no nos cansaremos de recalcar que el
denominado decreto del plurilingüismo de Feijoó, supuso un varapalo en la
normalización de la lengua gallega. Una norma que recibió una fuerte
contestación social, académica, cultural y lingüística.
En el caso de los compromisos asumidos por el Estado español para aplicar
la Carta en el ámbito administrativo, el grado de cumplimiento varía en
función de la administración, pero en términos generales resulta
deficiente. Sobre el papel, podría decirse que la lengua gallega es la
lengua de funcionamiento normal de la administración autonómica, y muy
extendida en el ámbito municipal, aunque existan resistencias.
Sin embargo, no sucede lo mismo cuando se trata de la Administración
General del Estado, ni sobre papel ni sobre la práctica. Y por
experiencia diremos que el respeto a los derechos lingüísticos por parte
del estado, es una labor ardua y a veces prácticamente imposible. Los
problemas van desde la falta de
respeto a la toponimia oficial de Galicia, pasando por el derecho a ser
atendido en lengua propia o a poder realizar trámites en gallego, hasta
la inadecuada disposición de documentos administrativos en lengua gallega
o en formato bilingüe, por no hablar de los desprecios a hablantes en
lengua gallega.
Esta anomalía ocurre aunque el Estado haya firmado un Tratado para que se
utilicen las lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, aunque
se haya insistido en que se facilitarían formularios y textos
administrativos de uso habitual en gallego o bilingües y aunque se haya
garantizado que se usarían las lenguas cooficiales al prestar un servicio
público. Se supone que el Gobierno tendría que formar al personal a su
servicio o dar las pautas correspondientes en la línea de respeto a las
lenguas cooficiales.
Igualmente, en la vida económica poco se ha progresado o nada. En la
propia Carta Europea se habla de la 'vida económica y social', donde el
estado debería adoptar medidas ante las prácticas encaminadas a
desalentar el empleo de las lenguas cooficiales en las actividades
económicas o sociales. Siguen sumándose casos de discriminación laboral
por usar el gallego en el ámbito laboral, económico o social. Lo mismo
sucede en el ámbito sanitario, bajo competencia de la Xunta.
Poco se ha avanzado en el mundo financiero o bancario, donde se supone que
el Gobierno central y el gallego deberían impulsar la existencia de
documentos bancarios y financieros en gallego.
La Justicia es otro flanco débil. Ni siquiera se ha modificado el marco
normativo para dar cumplimiento al uso del gallego en la justicia. El
Consejo de Europa ha demandado en diversos Informes sobre el cumplimiento
de la Carta Europea la modificación de la legislación para garantizar que
fas autoridades judiciales puedan dirigirse en lengua gallega a las
personas que así lo pidan. Es necesaria la adopción de medidas para que
el personal al servicio de la justicia reciba la formación necesaria en
aras a utilizar el gallego.
Cuando en una sociedad existe temor a realizar una entrevista de trabajo
en lengua gallega, a enviar y entregar el currículum en gallego, a evitar
la utilización de fa lengua propia en el puesto de trabajo o a escribir
incluso correos electrónicos en dicha lengua, temor a dirigirse a una
ventanilla de la Administración General del estado por los reproches que
se deben escuchar al usar el gallego, o a expresarse en un procedimiento
judicial en gallego, algo está funcionando mal. Se vive una situación de
anormalidad porque poseer una lengua propia no es algo que esconder o de
lo que avergonzarse, todo lo contrario, debería ser un motivo de orgullo.
El plurilingüismo es un valor del que enorgullecerse y al que habría que
dedicar todos los esfuerzos para incentivarlo.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Efectivizar y desarrollar los artículos de la Carta Europea de Lenguas
Minoritarias que el Estado español rubricó en 2002 optando por la mayor
protección posible para el gallego, catalán y euskera, comprometiéndose a
'cumplirla, observarla y hacer que se cumpla y observe puntualmente en
todas sus partes'.
- Adoptar las medidas necesarias y modificar el marco normativo
correspondiente para que los procedimientos judiciales puedan realizarse
en lengua propia, dando cumplimiento así al uso del gallego y de las
otras lenguas cooficiales en la justicia.
- Llevar a cabo las actuaciones precisas y dar las instrucciones adecuadas
para garantizar que toda la Administración General del estado respete los
derechos de los hablantes en lengua gallega, catalana o vasca a poder ser
atendidos en la lengua propia, realizar trámites diversos, disponer de
formularios o textos administrativos de uso habitual en formato bilingüe
o en lengua propia y censurar las actitudes del personal a cargo del
estado que incurre en formas irrespetuosas para con los derechos
lingüísticos de los ciudadanos.
- Respetar desde la Administración General del Estado la toponimia oficial
de Galicia, evitando las deformaciones toponímicas o su castellanización
forzada e incorrecta.
- Realizar una campaña en colaboración con la Xunta de Galicia para
normalizar el uso de la lengua gallega en las relaciones laborales,
económico-sociales, financieras o empresariales y en los medios de
comunicación poniendo en valor la riqueza plurilingüística existente en
el Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2017.-Miguel Anxo
Elías Fernández Bello, Diputado.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002139
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de !os Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre el horario del Archivo Histórico
Nacional, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
A partir del 16 de junio de 2017, el Archivo Histórico Nacional reducirá
su horario de atención a los investigadores y público en general. De una
disponibilidad de 8:30 a 18:00 horas, de lunes a jueves, se pasará a una
disponibilidad de 8:30 a 14:30 horas, también de lunes a jueves.
De antemano no se conocen las causas para hacer esa reducción tan
perjudicial para la prestación en la atención al público de tan
importante institución. No ha habido ninguna explicación sobre tan
drástica medida, ni sus causas ni si va a ser definitiva o temporal.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Restablecer de inmediato el horario anterior y normal del Archivo
Histórico Nacional.
2. Si entre los motivos de la reducción horaria estuviera la falta de
personal, realizar las acciones necesarias para que esa importante
institución cuente con el personal necesario y suficiente destinado a
realizar satisfactoria y dignamente todos sus trabajos y competencias,
entre las cuales está tener una atención al público y a los
investigadores sin merma de ninguna clase.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2017.-César Luena
López, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/002150
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
conmemoración del Bicentenario del nacimiento de José Zorrilla, para su
debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
José Zorrilla y Moral nació en Valladolid el 21 de febrero de 1817. Poeta
y dramaturgo insigne del Romanticismo español. De sobra conocido es el
episodio que protagonizó en el encargo de unos versos dedicados a Mariano
José de Larra en su entierro, el 15 de febrero de 1837, que le
encumbraron al granjearse la amistad de Espronceda, Hartzenbusch y García
Gutiérrez y a escribir en periódicos como El Español o El Porvenir.
De su obra literaria destaca su primer libro, Poesías. Entre 1839 y 1850
Zorrilla escribió la mayoría de sus mejores obras: El zapatero y el rey;
Sancho García en 1842; El puñal del godo y El caballo del rey don Sancho
en 1843; Don Juan Tenorio en 1844, cuyo manuscrito se conserva en la
biblioteca de la Real Academia Española; La calentura, en 1846; Traidor,
inconfeso y mártir en 1849 y en 1850 Obras Completas, María y Un cuento
de amores.
Entre los reconocimientos obtenidos, destaca su designación en la Junta
del Teatro Español, en la Real Academia Española o en la dirección del
Teatro Nacional de Méjico. Fue además comisionado en Roma para asuntos
relacionados con los Archivos Estatales en 1871 y el Ayuntamiento de
Valladolid lo nombró Cronista Oficial en 1882. El 22 de junio de 1889,
tuvo lugar en la Alhambra de Granada, la coronación de Zorrilla como
poeta laureado.
José Zorrilla falleció el 23 de enero 1893 en su casa madrileña de la
calle de Santa Teresa. Sus restos fueron trasladados, conforme a su
voluntad, al Panteón de Vallisoletanos Ilustres del cementerio del Carmen
de Valladolid, en 1902.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a colaborar en los actos
conmemorativos del Bicentenario del nacimiento de José Zorrilla, llevados
a cabo por el Ayuntamiento de Valladolid, la Real Academia Española y las
instituciones públicas y privadas participantes, para el reconocimiento y
homenaje al autor de Don Juan Tenorio y a la obra de uno de nuestro
poetas más universales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2017.-Rafael Antonio
Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
candidatura de la Fiesta de la Tomatina en la lista representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, para su debate en la
Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La Fiesta de la Tomatina coincide con la fiesta del Santo Patrón de San
Luis Bertran de Buñol (Valencia), que se celebra cada año el último
miércoles de agosto.
Dicha fiesta consiste en una contienda en la que los participantes se
arrojan tomates en la Plaza del Pueblo, que termina teñida de rojo.
Se estima que los orígenes de la fiesta se remontan al año 1945, a raíz de
una disputa entre jóvenes que se lanzaban tomates mientras presenciaban
el desfile de gigantes y cabezudos y otros actos de la fiesta. La
Tomatina fue prohibida entre los años 1950 a 1957, hasta que, a demanda
de los vecinos, se reinstauró de forma oficial.
Año tras año crece el número de participantes y el entusiasmo por la
Tomatina. En 2002 fue declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional
por la Secretaría General de Turismo, y hoy es una de las fiestas
españolas con mayor repercusión internacional.
A la vista de los elementos y valores que integran la Fiesta de la
Tomatina de Buñol, se considera que merece la protección que se otorga a
aquellos elementos del llamado patrimonio inmaterial o intangible, por
constituir una tradición festiva, cultural y social de gran complejidad y
coherencia, que los buñoleros y valencianos desean mantener y preservar,
desde los ámbitos público y privado, con la finalidad de transmitir un
legado cultural vivo y auténtico, y promover el respeto por la diversidad
cultural y la creatividad humana.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, previa aprobación
por el Consejo de Patrimonio Histórico y su Grupo de trabajo de
Patrimonio Mundial e Inmaterial, apoye y defienda en las instancias
internacionales oportunas, la inscripción de la candidatura de la Fiesta
de la Tomatina de Buñol (Valencia) en la lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, sin que
implique ningún coste presupuestario adicional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2017.-Rafael Antonio
Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002200
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley relativa al Fomento, Promoción y Consolidación de
la Prolongación Jacobea-Camino de Santiago de Fisterra y Muxía, a lo
largo de las comarcas por las que se extiende en la Costa da Morte, para
su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La Prolongación Jacobea constituye esa parte del Camino de Santiago que
discurre como epílogo del Camino desde Compostela hasta las localidades
de Fisterra y Muxía (119 kilómetros visitando ambas desde Santiago de
Compostela). Son lugares mágicos y rituales de gran simbolismo, descritos
en las crónicas del siglo XII. Este recorrido histórico permite a los
peregrinos alcanzar el Cabo de Fisterra, y visitar su emblemático faro,
donde lo divino y lo pagano se funde en el Fin de la Tierra, o a Muxía,
en donde numerosas leyendas atribuyen propiedades mágicas a las piedras
que rodean el Santuario da Virxe da Barca (Pedra de Abalar, Pedra dos
Cadrís, Pedra do Temón).
El recorrido del Camino de Santiago hasta el Cabo de Fisterra simbolizaba
hasta el final del Medievo, el último reducto de la tierra conocida, el
punto más occidental de la Europa continental. Desde la época romana, el
cabo de Fisterra fue un lugar en el que confluía todo tipo de creencias
vinculadas al Sol, y a la ubicación, según la tradición, del legendario
Ara Solis, un altar de adoración al Sol ligado a ritos ancestrales de
fecundidad, al que llegaban a diario las legiones romanas para ver
apagarse al astro rey en el mar.
Muxia, por su parte, guardaba igualmente significaciones jacobeas de gran
interés. El monumento del Santuario da Virxe da Barca constituyó desde
siempre un auténtico hito de final de recorrido en la ruta jacobea, que
junto con el Faro de Fisterra, Santo Cristo de Fisterra y la Ermita de
San Guillerme constituyen lugares clave como focos de espiritualidad y de
peregrinación permanentes desde el siglo XIII, que se mantienen en pleno
apogeo hasta bien entrado el siglo XVI, en que el número de caminantes
comienza lentamente a descender.
En el siglo XXI el Camino de Santiago a Fisterra y Muxía recupera la
tendencia creciente y progresiva de caminantes que se incorporan al
Camino, convirtiéndose en uno de los destinos de peregrinaje más
solicitados, hasta el punto de presentar un ritmo de crecimiento difícil
de predecir. Por otra parte, la Prolongación Jacobea goza de un
privilegio único respecto al Sol, al haberse constatado (véase Mira,
2016, 'The last sunset in mainland Europe. Cartography and Geographic
Information Science'), que Fisterra y Muxía cuentan durante dos meses del
año con las últimas puestas de sol de la Europa continental.
En el recorrido del camino, a lo largo de los Ayuntamientos de Negreira,
Ames, Zas, Mazaricos, Dumbría, Cee, Corcubión, Fisterra y Muxía,
progresivamente se han ido incorporando una red numerosa de albergues,
puntos de información, establecimientos de restauración, infraestructuras
culturales de distinta índole, institucionales, privadas, etc. que tratan
de contribuir a la consolidación de esta ruta milenaria en el Camino de
Santiago. En todo su recorrido, los lugares de Pontemaceira, Negreira,
Olveiroa, Cee, Corcubión, Fisterra, Moraime, Muxía y Liras, han llegado a
constituir referentes de interés artístico, cultural, arquitectónico y
paisajístico que merece la pena potenciar. Espacios como el Pazo de Cotón
(Negreira), Olveiroa (Dumbría), San Marcos da Cadeira (Corcubión), La
Iglesia de Santa Baia de Dumbría (Dumbría), Pontemaceira Vella
(Ames-Negreira), la Iglesia de San Cristovo de Corzón (Mazaricos), la
Iglesia de Santa María da Xunqueira (Gee), la Iglesia de Santa María das
Areas (Fisterra), la Iglesia de San Xián de Moraime (Muxía), o el
Santuario de Nosa Señora da Barca (Muxía) constituyen lugares de parada
obligada, con recorridos que necesitan de mayor impulso y apoyo
institucional. Todos ellos cuentan con emocionantes pasajes históricos
entre el que destacamos el enclave de San Xián de Moraime, en el que pasó
parte de su infancia el rey Alfonso VII de León y luego de Castilla y V
de Galicia, para evitar perecer víctima de las luchas entre su madre
Urraca y su padrastro.
El Camino de Santiago a Fisterra y Muxía aparece así como un conjunto de
lugares clave para el desarrollo económico y social de los ayuntamientos
y comarcas en las que se asienta a lo largo del territorio conocido como
Costa da Morte. La opción de visitar esta parte del camino es de gran
interés para las comarcas afectadas, por cuanto la visita al camino es un
motor importante de la economía, al ser uno de los principales atractivos
de visitantes a la comunidad gallega en general y a Santiago y la Costa
da Morte en particular. En el año 2016, la Oficina del Peregrino registró
un total de 277.915 caminantes que
recogieron su acreditación, que constituye el potencial de visitantes que
podrían llegar a culminar la ruta jacobea en Fisterra y Muxía. A lo largo
de este año se han licitado distintos servicios de mantenimiento y
conservación que deben alcanzar a todo el conjunto de la ruta jacobea.
La importancia del camino en toda su amplitud es también destacada por la
reciente firma del convenio entre la Universidad de Santiago de
Compostela y el deán de la catedral de Santiago para la creación de la
Cátedra Institucional del Camino de Santiago y las Peregrinaciones que,
sin duda, redundará en la formación de expertos e investigadores del
Camino de Santiago y permitirá avanzar en el conocimiento y estudio de la
ruta jacobea y que será esencial para conseguir una oferta turística de
mayor calidad para Galicia, y todos los caminos que conducen a Santiago y
de Santiago extienden su recorrido a Fisterra y Muxía.
Las actividades, en general, de apoyo al Camino de Santiago a Fisterra y
Muxía suponen no sólo un impulso social y económico de las comarcas por
las que transcurre la ruta, sino que promueven también los valores
asociados con la peregrinación y el fenómeno jacobeo con la realización
de conferencias, actividades académicas y de investigación, seminarios,
etc. que facilitan, por un lado, la reflexión y el debate cultural, y por
otro, el enriquecimiento intelectual y el avance de la cultura.
El Camino de Santiago de Fisterra y Muxía supone también un modelo para
potenciar desarrollo sostenible en la economía circular del turismo, y el
apoyo a las actividades vinculadas a esta ruta supone una apuesta firme
por la revitalización y conservación del patrimonio y por la dinamización
de un espacio que constituye la esencia de la identidad y los valores
compartidos en Galicia, reforzada por las distinciones y galardones que
el Camino ha recibido a lo largo de su historia. Los recursos turísticos
con los que cuenta el Camino de Santiago en su ruta hacia Fisterra y
Muxía constituyen grandes atractivos, si tenemos en cuenta la dimensión
de naturaleza sostenible de Galicia y que la apuesta por el desarrollo
sostenible está en línea con la decisión de Naciones Unidas de dedicar
2017 al turismo sostenible para el desarrollo.
En este contexto los Ayuntamientos de Fisterra y Muxía, principalmente,
han desarrollado actividades de conservación y promoción de servicios de
atención al viajero, conservando los accesos y acondicionando los
distintos itinerarios e infraestructuras de servicio. En el mismo
sentido, en Junio de 2014 nace la Asociación Profesional de Empresarios
do Camiño de Santiago de Fisterra e Muxía 'SOLPOR' con la finalidad de
promover la ruta y las empresas del camino, pero también de promover y
apoyar las políticas de consolidación del itinerario. SOLPOR crea una
Credencial para los peregrinos que alcancen Fisterra / Muxía desde
Santiago, con la colaboración de la Diputación Provincial de A Coruña,
diseñada por el historiador y presidente de la Asociación, Antón Pombo,
como objeto de referencia que refuerza la experiencia del viajero en la
Prolongación Jacobea, a través de la que llega a obtener la denominada
'Fisterrana', o la 'Muxiana' en los correspondientes municipios. Otras
entidades promovieron el espíritu tradicional de la peregrinación. Por
ejemplo, Amigos do Camiño de Santiago, fundada en 1992, fue el germen del
reconocimiento y la consolidación de las viejas rutas jacobeas, más allá
de la llegada a Compostela, promoviendo la investigación, recuperación,
señalización y defensa de todos los Caminos de Santiago, con especial
énfasis en el territorio de Galicia. Otras entidades como CEMAT o APTCM
(u otras que se puedan constituir en el futuro), son igualmente ejemplos
de asociaciones que nacieron para promoción de turismo y desarrollo
socioeconómico directa o indirectamente relacionado con el Camino de
Santiago y desarrollan actividades de gran interés.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, de manera
colaborativa entre Administraciones, y a través de la Comisión
Interdepartamental del Camino de Santiago de la Comunidad Autónoma de
Galicia, se desarrollen las siguientes acciones en relación con el Camino
de Santiago, en su ruta a Fisterra y Muxía:
1. Desarrollar una implicación institucional y presupuestaria de cara al
diseño de una política que contribuya a la dinamización de la
Prolongación Jacobea en esta ruta del Camino de Santiago hacia Fisterra y
Muxía.
2. Planificar una estrategia de economía circular que combine actividades
de desarrollo sostenible en materia de albergues, educación y cultura,
infraestructura de restauración, residuos, y otros servicios.
3. Realizar convenios de colaboración con los ayuntamientos de Fisterra,
Muxía y Dumbría (uno de los ayuntamientos más activos en la dinamización
del Camino), así como con entidades sociales y
culturales que, como SOLPOR, Amigos do Camiño de Santiago, CEMAT o APTCM,
contribuyen de manera estable a la dinamización del sector y al impulso
de actividades de consolidación de la ruta jacobea.
4. Establecer cauces de cooperación para la competitividad, la innovación,
el desarrollo sostenible y la economía circular del sector cultural y
turístico en el Camino de Santiago en su ruta hacia Fisterra y Muxía.
5. Promover una convocatoria anual de ayudas para el fomento y la
promoción del Camino de Santiago en su ruta a Fisterra y Muxía, con
incidencia en los aspectos que tienen que ver con la literatura,
investigación, artes, o la potenciación de conciencia social y
responsable de los impactos positivos sobre la sostenibilidad, así como
de otros aspectos que garanticen la seguridad de los peregrinos y
caminantes de la ruta jacobea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2017.-Ricardo
Antonio García Mira y Pilar Cancela Rodríguez, Diputados.-Rafael Simancas
Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002225
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para,
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley relativa al complejo Monteagudo-Cabezo de Torres
(Murcia), para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El conjunto histórico y cultural de Monteagudo-Cabezo de Torres (Murcia),
fue declarado bien de interés cultural con categoría de sitio histórico
el 16 de abril de 2004, lo que conllevó la protección de una amplia zona
que abarcaba al castillo de Monteagudo, Larache y Castillejo, multitud de
infraestructuras hidráulicas, así como el Cabezo de Torres; y es que
desde la prehistoria, pero especialmente en época andalusí, se aborda en
este entorno un plan de explotaciones agrícolas que ha perdurado hasta
nuestros días.
El castillo de Monteagudo es una espectacular fortificación que se
encuentra enclavado en un impresionante puntal rocoso, dominando toda la
vega circundante al rio Segura. El conjunto de Almunias de Murcia es un
eje central de la ocupación y explotación económica de una parte muy
representativa, por su condición de lugares reales y de las élites
andalusíes, de la huerta de Murcia. Sus orígenes se remontan a la época
islámica, las primeras referencias documentales indican su existencia
hacia 1078-1079, cuando fue encarcelado en ella el rey musulmán de Murcia
Abderramán Ibn Tahir tras su destronamiento.
La zona en la que se levanta el castillo de Monteagudo, se ha convertido
en un punto de referencia visual imprescindible para el municipio de
Murcia y para toda la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Sin embargo, estamos hablando de un paisaje cultural muy degradado por el
paso del tiempo y por los sucesivos abandonos de las administraciones en
cuanto a su conservación y mantenimiento. Es urgente la actuación para su
restauración, así como para recuperar el acceso al mismo y permitir su
visita pública.
En diciembre de 2014 el Ayuntamiento anunció que solicitaba acogerse al
programa 1,5 % Cultural, solicitud que no sucedió, según la respuesta del
gobierno al grupo parlamentario socialista. En julio de 2016 el Gobierno
de España responde al Grupo Parlamentario Socialista, a través de
pregunta escrita, sobre los planes de rehabilitación del castillo de
Monteagudo. Habiendo pasado un año de aquella respuesta se certifica que
al no cumplirse los plazos, se ha perdido la partida presupuestaria
'Rehabilitación del castillo de Monteagudo' de los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2016, dotada con 800.000 euros. La preocupación es
creciente cuando en los Presupuestos Generales del Estado para 2017 esa
partida se ve reducida a 52.000 euros. Inversión prevista que dado el
ritmo que conocemos del proyecto tiene alta probabilidad de volverse a
perder.
Con estos antecedentes consideramos que es el momento de tomar acciones de
forma urgente y coordinada, entre todas las administraciones, para
garantizar las mociones aprobadas por la asamblea regional y el
ayuntamiento de Murcia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incluir el Complejo Monteagudo-Cabezo de Torres en el 1,5 % cultural
del Gobierno de España, resolviendo aquellas cuestiones que pudieran ser
un obstáculo al respecto.
2. Puesta en marcha de forma inmediata del proyecto de protección y
consolidación del castillo de Monteagudo, propiedad del Ministerio de
Hacienda.
3. Que el Gobierno de España promueva la suscripción de un convenio de
coordinación entre las tres administraciones, local, autonómica y
nacional, con el objetivo de controlar el cumplimiento de los planes
directores pertinentes, así como asegurar la financiación necesaria, y su
ejecución, para dar cumplimiento a una programación y planificación
plurianual que culmine en la rehabilitación integral del conjunto y su
puesta en valor.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2017.-María González
Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Rafael Simancas Simancas,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002236
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al
fomento de la enseñanza del español para extranjeros, para su debate en
la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El español es el segundo idioma del mundo en número de hablantes nativos,
sólo superado por el chino mandarín, y el idioma oficial y vehicular de
21 países. Su versatilidad y capacidad de adaptación hacen que nuestra
lengua esté en expansión permanente. Por ello, es necesario trabajar para
poner en valor, en el ámbito internacional, la cultura sólida y variada
de nuestro país y de forma especial, la importancia del español.
Países con un peso significativo en el concierto internacional y que igual
que España han contribuido a la riqueza de la cultura occidental durante
muchos siglos, han hecho de su idioma y del aprendizaje del mismo un
claro vehículo de intercambio entre países. Además, para satisfacer una
demanda existente en torno a sus respectivos idiomas, han creado todo un
sector del ámbito educativo que genera un volumen considerable de renta y
empleo.
Según datos publicados por el Instituto Cervantes y el Ministerio de
Educación Cultura y Deporte, el número de estudiantes de español continúa
creciendo, como también el número de personas que lo hablan como lengua
materna. En Estados Unidos su peso entre la población es muy importante
como también su uso en la Red.
Es conocido que la importancia del español en el mundo genera una demanda
de aprendizaje importante en países como Estados Unidos, Brasil, Francia,
Gran Bretaña, Alemania, China o Rusia, donde es valorado como un
instrumento de comunicación importante para las relaciones con
Hispanoamérica. Otro país con gran vinculación con el español por razones
históricas es Filipinas.
En la estructura política y administrativa del Gobierno de España existen
dos instituciones, el Instituto Cervantes y el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, a las que corresponde trabajar por la proyección
internacional de la lengua y la cultura españolas tanto en los sistemas
educativos extranjeros como en otros ámbitos. Ejemplo son las
instituciones educativas de la red exterior del Ministerio de Educación
Cultura y Deporte en sus diversas formas jurídicas y los diplomas de
español como lengua extranjera DELE, títulos oficiales acreditativos del
grado de competencia y dominio del idioma español, que otorga el
Instituto Cervantes, en nombre del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
Ante este importante activo que tiene una gran demanda, se hace evidente
la oportunidad de trabajar por su divulgación en el ámbito internacional,
y por ello, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reconocer la importante
contribución de España a la cultura occidental y fomentar la enseñanza
del español para extranjeros en nuestro pais, continuando así la labor de
fortalecer la enseñanza de la lengua y la cultura española en el exterior
a través de las actividades, programas y centros de la red exterior del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y del instituto Cervantes,
llevando a cabo las siguientes actuaciones:
- Impulsar actividades públicas y privadas en tomo al aprendizaje del
español.
- Realizar acciones coordinadas con las Comunidades Autónomas y
Corporaciones Locales, para facilitar la estancia en nuestro país de
estudiantes extranjeros para aprender español.
- Aumentar el número de profesores de español cualificados para poder
satisfacer las necesidades futuras de personas con esta cualificación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de agosto de 2017.-Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Igualdad
161/002061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Derecho de asilo de las
personas perseguidas por razón de orientación sexual, identidad de género
o expresión de género, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece
que 'todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos' y el artículo 2, que dichos derechos y libertades se aplicarán
sin distinción de 'raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición'.
Diversos textos y tratados internacionales posteriores explicitan que la
orientación sexual y la identidad de género no serán nunca motivo de
discriminación. Entre ellos destacan los Principios de Yogyakarta de
2007, una serie de principios sobre la aplicación a la legislación
internacional de derechos humanos de las cuestiones de orientación sexual
e identidad de género.
Naciones Unidas también ha regulado la prohibición de discriminación por
razones de orientación sexual, identidad o expresión de género. En el año
1994, el Comité de Derechos Humanos dictaminó que la prohibición y
penalización de la homosexualidad vulnera los derechos a la privacidad y
a la no discriminación. En 2008 dictó una Declaración sobre Derechos
Humanos que ratificaba su universalidad y condenaba la violación de los
derechos de las personas LGTBI, a la vez que urgía a los estados a
investigarlas. La resolución 17/19 (2011) del Consejo de Derechos Humanos
reconoce los derechos de las personas LGTBI y condena todo acto de
violencia o discriminación por razón de orientación sexual e identidad de
género. En 2012, el Consejo de Derechos Humanos instó a los Estados
Miembro a eliminar las barreras que impiden a las personas LGTBI la
participación política y a otros ámbitos de la vida.
Sin embargo, diversos estudios internacionales demuestran que existen
todavía altos niveles de discriminación y violencia por razón de
orientación sexual e identidad o expresión de género. De los seis
motivos de discriminación recogidos en la normativa europea, sexo, origen
racial o étnico, discapacidad, edad, religión o creencias y orientación
sexual, esta última está penalizada en más de 70 países con sanción de
tratamiento psiquiátrico forzado, penas de prisión, trabajos forzados de
por vida e incluso pena de muerte.
En el mes de marzo de 2017, por ejemplo, conocíamos como el gobierno de
Chechenia estaba llevando a cabo redadas masivas en las que se detenían a
personas homosexuales, lesbianas y transexuales, que eran posteriormente
retenidas en prisiones ilegales. Pese a la enorme alarma social levantada
en el ámbito internacional, informaciones recientes indican que la
situación, lejos de mejorar, se ha recrudecido en los últimos meses.
La Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la
protección subsidiaria, reconoce la persecución por orientación sexual o
identidad de género como razón para el reconocimiento de la condición de
refugiado y !a concesión de asilo.
El Ministerio del Interior del Gobierno de España no ofrece datos sobre
las solicitudes de asilo de personas que sufren persecución por razón de
orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Sin
embargo, ACNUR y diversas asociaciones que trabajan con personas que
solicitan asilo afirman que las solicitudes por razón de orientación
sexual, identidad de género o expresión de género han aumentado de forma
significativa en los últimos años.
Los únicos datos de que disponemos corresponden a 2012 y 2013, cuando se
concedieron respectivamente 15 y 14 solicitudes de asilo por razón de
orientación sexual o identidad de género.
La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales
(FELGTB) y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) consideran
estas tiras demasiado bajas, y alegan que una de las causas sería la
dificultad de probar las razones de persecución.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia del 2 de
diciembre de 2014, prohibió las entrevistas que violen la intimidad de
los y las solicitantes de asilo: no están permitidos, por tanto, ni los
cuestionarios basados en estereotipos o que vulneren derechos, ni la
exigencia o entrega de pruebas documentales sobre actos íntimos. Sin
embargo, nuestro país sigue sin disponer de un protocolo para los casos
de solicitud de asilo basados en la orientación sexual, identidad de
género o expresión de género. Además los migrantes LGTBI se encuentran en
una situación de alta vulnerabilidad ya que sufren múltiples violencias
en centros como los CETIs por parte de los funcionarios y los internos.
Carecemos pues tanto de datos acerca de la dimensión real del problema
como de protocolos específicos para tratar las solicitudes de asilo por
razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de género.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar un informe anual con datos desglosados acerca de las
solicitudes de asilo recibidas por persecución por razón de orientación
sexual, identidad de género o expresión de género y del número de asilos
concedidos.
2. Establecer un protocolo para tratar los casos de solicitudes de asilo
recibidas por razón de orientación sexual, identidad de género o
expresión de género. Dicho protocolo deberá garantizar un ambiente de
seguridad y apoyo durante todo el procedimiento de asilo y que la
valoración de la credibilidad se lleve a cabo de forma individualizada y
sensible. De acuerdo con este protocolo, la autoidentificación como LGTBI
de un/una solicitante deberá tomarse como indicación de la orientación
sexual o identidad de género del mismo y el hecho de que un solicitante
transgénero no se haya sometido a un tratamiento médico o quirúrgico o a
otras medidas dirigidas a que su aspecto exterior coincida con su
identidad no será considerado como prueba de que esta persona no sea
transgénero.
3. Revisar los criterios aplicados por la OAR para la admisión a trámite
de las solicitudes para que no se apliquen criterios basados en
estereotipos entorno a la diversidad sexual y de género y que en ningún
caso se aplique el llamado 'criterio de la discreción', según el cual
pueden evitar la persecución tras su retorno al país de origen si viven
su orientación sexual o identidad de género con discreción.
4. Formar y sensibilizar en temas de diversidad sexual a todas las
personas que trabajen en el proceso de solicitud y concesión de asilo por
razón de orientación, identidad o expresión de género, prestando especial
atención a las necesidades emocionales de los solicitantes.
5. Respetar el principio de unidad de la familia para solicitantes de
asilo por razones de diversidad sexual tanto en el ámbito del
procedimiento como en el marco de la acogida.
6. Impulsar proyectos de cooperación que defiendan y reconozcan los
derechos humanos de las personas LGBTI.
7. Trabajar, tanto en el ámbito procedimental como dentro del sistema de
acogida con /organizaciones especializadas en la defensa y asistencia del
colectivo LGTBI.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2017.-María del Mar
García Puig, Lucía Martín González y Sònia Farré Fidalgo,
Diputadas.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002189
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al
impulso de la labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en
materia de igualdad y no discriminación, para su debate en la Comisión de
igualdad.
Exposición de motivos
La igualdad de trato y no discriminación se contempla, como derecho
fundamental e inalienable, en todas las declaraciones internacionales de
Derechos Humanos. Siguiendo esta prerrogativa, el artículo 14 de la
Constitución Española prohíbe expresamente la discriminación por
cualquier circunstancia personal o social. A ello hay que añadir el
artículo 13 del actual Tratado de la Comunidad Europea, desarrollado por
numerosas Directivas, entre ellas, la Directiva 2000/43/CE y la Directiva
2000/78/CE, ambas del Consejo.
Por discriminación en el empleo podemos entender conferir un trato
diferente a las distintas personas ante situaciones sustancialmente
iguales. Este derecho a no ser discriminado directa o indirectamente en
el ámbito laboral, se recoge tanto en el artículo 4.2, como en el
artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
La Circular número 564 expone la política de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) respecto a la igualdad de género, obligando a llevar a
cabo medidas que se refuerces entre sí para promover la igualdad entre
los sexos. Destacan, en este ámbito, cuatro importantes convenios: el
Convenio número 100 sobre igualdad de remuneración; el Convenio número
111 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación; el Convenio
número 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares y el
Convenio número 183 sobre la protección de la maternidad. Es necesario
señalar que los Convenios 100 y 111 se cuentan entre los ocho Convenios
de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo.
Pese a encontrarse plasmado en múltiples y muy diferentes textos legales,
estudios económicos y sociológicos señalan que, aun habiéndose realizado
muy importantes avances en la materia, a día de hoy, la división sexual
en el trabajo y las desigualdades salariales y de oportunidades siguen
siendo tremendamente significativas.
La discriminación por razón de sexo aparece en las ofertas de empleo, en
la temporalidad y en las condiciones laborales; se evidencia el
mantenimiento de impedimentos y limitaciones en el caso de las mujeres
embarazadas y en aquellas que solicitan el permiso de lactancia o la
reducción de jornada. Aparecen importantes restricciones respecto al
cambio de funciones en el puesto de trabajo que, en muchas ocasiones,
derivan en 'mobbing'.
Sin embargo, las empresas socialmente responsables que elaboran y ponen en
marcha planes de igualdad disponen de una ventaja competitiva en el
mercado. Se produce una reducción de los costes operativos gracias a la
optimización de los recursos humanos, una disminución del absentismo
laboral relacionado con el mejor clima laboral, un incremento de la
diversidad y una mejor adaptación al mercado.
El sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, según el
artículo 1 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del Sistema de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, está constituido por el
conjunto de principios legales, normas, órganos, personal y medios
materiales, incluidos los informáticos, que contribuyen al adecuado
cumplimiento de las normas relativas a materias laborales, de prevención
de riesgos laborales, de seguridad social y protección social,
colocación, empleo, formación profesional para el empleo y protección por
desempleo, economía social, emigración, movimientos migratorios y trabajo
de extranjeros, igualdad de trato y oportunidades y no discriminación en
el empleo. Constituye así, el servicio público al que corresponde ejercer
la vigilancia del cumplimiento de dichas normas, el asesoramiento en la
materia, así como la exigencia de las responsabilidades pertinentes.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus
competencias y en colaboración con las Comunidades Autónomas y agentes
sociales, a:
- Reforzar la formación del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y
Seguridad Social en materia de igualdad y no discriminación.
- Fortalecer sus actuaciones con el fin de vigilar el cumplimiento de la
normativa reguladora de los planes de igualdad, en materia de acoso
sexual, normas sobre conciliación de la vida personal, familiar y laboral
y cláusulas discriminatorias que pudiesen estar presentes en los
convenios colectivos.
- Impulsar la labor inspectora para garantizar el respeto pleno de los
derechos de las mujeres durante la maternidad, el embarazo y la
lactancia.
Todo ello dentro del marco del nuevo Plan Estratégico de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2017.-Rafael Antonio
Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
161/002238
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al
impulso de medidas de trabajo flexible, para su debate en la Comisión de
Igualdad.
Exposición de motivos
La conciliación de la vida familiar, laboral y personal se refiere al
desarrollo pleno de las personas en los distintos ámbitos de su vida.
Para que este desarrollo pueda ser completo, es necesario buscar y
encontrar un equilibrio entre las diversas esferas vitales. Este
equilibro puede ser mantenido gracias, por ejemplo, a la introducción de
medidas de flexibilidad laboral en los puestos de trabajo.
A la hora de abordar la conciliación, es preciso referirse al concepto de
corresponsabilidad, es decir, al equilibrio en el reparto entre mujeres y
hombres de las responsabilidades domésticas y de cuidado. La falta de
corresponsabilidad es uno de los factores que más influye en el
mantenimiento de importantes desigualdades entre mujeres y hombres en los
ámbitos laboral, político y social.
El trabajo flexible tiene altos beneficios económicos para la empresa y
personales y saludables para la plantilla. Según un estudio del centro de
negocios IESE, las empresas que introducen medidas de conciliación logran
un 19 % mas de productividad del empleado, y un 30 % menos de absentismo
laboral.
Además, según los expertos, la introducción de medidas de trabajo
flexible, y fomento de la corresponsabilidad comporta otros beneficios
como la retención del talento; el incremento de la natalidad; el mejor
aprovechamiento de los espacios de oficina o la reducción de los costes
de desplazamiento que, según el último Informe Anual de Accidentes de
Trabajo en España, en 2015 se produjeron 71.225 accidentes de trabajo in
itínere que dieron lugar a una baja laboral.
Desde el gobierno ya se han dado algunos pasos, como se refleja en la
exposición de motivos de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas
urgentes para la reforma del mercado laboral, en la que se reformula la
ordenación del tradicional trabajo a domicilio para dar acogida, mediante
una regulación equilibrada de derechos y obligaciones, al trabajo a
distancia basado en el uso intensivo de las nuevas tecnologías. El
artículo 13.1 de la citada Ley establece que tendrá la consideración de
trabajo a distancia aquel en que la prestación de la actividad laboral se
realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el
lugar libremente elegido por este, de modo alternativo a su desarrollo
presencial en el centro de trabajo de la empresa.
El objetivo de esta regulación es incrementar las oportunidades de empleo
y optimizar la relación entre tiempo de trabajo y vida personal y
familiar de mujeres y hombres. La expansión de fórmulas flexibles en el
ámbito laboral, fundamentalmente el teletrabajo, va a ser especialmente
beneficiosa para las familias, mujeres y hombres con responsabilidades de
cuidado de menores o !mayores dependientes, ya que encuentran mayores
dificultades a la hora de compatibilizar su vida personal, familiar y
laboral.
Sin embargo, para llevar a la práctica el teletrabajo como fórmula de
utilización frecuente, es preciso llevar a cabo también un proceso de
formación a las empresas, a los empresarios y trabajadores y a la
sociedad en su conjunto en el uso de las herramientas que habiliten esa
movilidad, y generar estructuras que permitan gestionar esos cambios de
forma efectiva en los centros de trabajo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar y defender
medidas de trabajo flexible, especialmente el teletrabajo, tanto en el
sector público como en el privado, así como poner en marcha acciones de
concienciación y sensibilización sobre la importancia de promover la
corresponsabilidad en la asunción de las responsabilidades domésticas y
de cuidado, y en el disfrute de las medidas de flexibilización y de así
facilitar la conciliación entre la vida personal, laboral y familiar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de agosto de 2017.-Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/002239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
efectividad del principio de igualdad en las condiciones de acceso a las
oposiciones, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El Tribunal Supremo en la sentencia de 14 de marzo de 2014 que resolvió el
recurso de casación número 4371/2012, determinó que los Tribunales de
oposición tienen que establecer las condiciones necesarias para hacer
efectiva la igualdad en las condiciones de acceso a las pruebas para
lograr una plaza pública a las mujeres que estén próximas a dar a luz.
El fallo del Tribunal Supremo se fundamenta en los artículos 14 y 23.2 de
la Constitución Española que recogen la prohibición de discriminación por
razón de sexo y el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de
igualdad a las funciones y cargos públicos, respectivamente. Del mismo
modo, el Estatuto Básico del Empleado Público establece en su artículo
55.1, sobre los Principios rectores de acceso al empleo público y
adquisición de la relación de servicio que: Todos los ciudadanos tienen
derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo
previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.
La citada sentencia también se apoya en la doctrina del Tribunal
Constitucional contraria a los tratamientos desigualitarios que se
fundamentan en el sexo o en circunstancias relacionadas directamente con
él y, en particular, con el embarazo (entre otras, sentencias 173/1994,
240/1999 y 20/2001). Finalmente,
nombra, como no podía ser de otra manera, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y especialmente,
los artículos 3, 4, 5, 8 y 10, pertenecientes al título I, El principio
de igualdad y la tutela contra la discriminación.
En palabras del Tribunal Supremo, 'la singularidad del caso viene dada,
pues, porque pone de manifiesto, como se ha dicho, la forma de hacer
efectiva la igualdad en las condiciones de realización de la fase de
oposición de este proceso selectivo para la mujer que va a dar a luz en
vísperas o coincidiendo con la fecha señalada para la prueba. O sea,
expresa una diferencia que solamente puede darse respecto de la mujer a
punto de ser madre y por este solo motivo'.
Los Magistrados del Supremo han considerado que, en este caso concreto, la
negativa a poder hacer el test es una discriminación por razón de sexo,
estableciendo que la pretensión de la demandante está directamente
relacionada con su maternidad y que su solicitud pretendía restablecer
las condiciones de igualdad que la inminencia del parto habían alterado.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incorporar el contenido
de la sentencia de 14 de marzo de 2014 del Tribunal Supremo que resuelve
el recurso de casación número 4371/2012, para que los Tribunales de
oposición establezcan las condiciones necesarias para hacer efectiva la
igualdad en las condiciones de acceso a las pruebas para lograr una plaza
pública a las mujeres que estén próximas a dar a luz.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de agosto de 2017.-Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/002106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición
no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión para el Estudio del
Cambio Climático relativa al apoyo del Gobierno a cubrir las lagunas de
la propuesta de reglamento de reparto de esfuerzos y del reglamento sobre
el uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura.
Exposición de motivos
Actualmente se está negociando el reglamento europeo de reparto de
esfuerzos (o bien ESR, por sus siglas en inglés) y el reglamento europeo
de uso del suelo, el cambio de uso del suelo y la silvicultura (UTCUTS, o
bien LULUCF por sus siglas en inglés). Conseguir una herramienta robusta
en estos dolieres legislativos es un imperativo impuesto para la
protección de nuestro planeta, la salud y el bienestar de los ciudadanos
europeos. Dentro de las normas de la Unión Europea (UE) para mitigar el
cambio climático el reglamento de reparto de esfuerzos es uno de los
pilares normativos fundamentales. Dicho ESR cubre la mayoría de los gases
de efecto invernadero de la UE y si está diseñado de forma adecuada
ayudará a mitigar el cambio climático.
La decisión de reparto de esfuerzos (ESO), predecesor del ESR, establece
objetivos de emisiones anuales de gases de efecto invernadero (dióxido de
carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), HFC, PFC, NF3 y SF6)
hasta 2020 para cada Estado miembro de la Unión Europea para sectores no
incluidos en el régimen de comercio de derechos de emisiones europeo (EU
ETS). Estos llamados 'sectores difusos' son la edificación, la
agricultura, la gestión de residuos, la pequeña industria y el transporte
en superficie. Según la Comisión Europea, estos sectores representaron en
conjunto cerca del 60 % de las emisiones totales de la UE en 2014.
El marco climático y energético de la UE de 2030 adoptado en el Consejo
Europeo de octubre de 2014 está diseñado para permitir a la UE reducir
sus emisiones un 40 % hasta 2030 en comparación con los niveles de 1990.
Esto se conseguirá reduciendo las emisiones del sector no cubierto por el
EU ETS un 30 % y las del sector ETS un 43 % en comparación con el nivel
de referencia de 2005. Para alcanzar este objetivo, en el programa de
trabajo para 2015 y 2016, la Comisión anunció el ESR como 'texto sucesor'
a la Decisión relativa a la distribución del esfuerzo para el período
posterior a 2020.
En su propuesta ESR, la Comisión Europea propone no sólo un objetivo de
reducción de emisiones para 2030, sino también objetivos anuales de
reducción vinculantes para los Estados miembros durante el periodo
2021-2030. Los Estados miembros estarán obligados a respetar cuotas
anuales de emisiones y a reducir las emisiones de una forma lineal. Según
la propuesta, el punto de partida para la reducción de las emisiones de
2021-2030 es el año 2020, y se determinará, en principio, sobre la base
de la media de los datos de emisiones correspondientes al periodo
2016-2018.
La Comisión ha incluido en su propuesta 'mecanismos de flexibilidad' que
permiten a los Estados miembros a) realizar transferencias entre
sectores, entre el comercio de derechos de emisión y el reparto del
esfuerzo, y b) utilizar la forestación como herramienta, para que los
sectores de agricultura y de uso de la tierra, contribuyan a reducir y
capturar los gases de efecto invernadero. Hay que tener en cuenta que
estos sectores no sólo absorben sino también emiten carbono. Esto se debe
a que cuando un árbol crece se secuestra temporalmente el CO2, y cuando
muere o se retira, termina quemándose libera el CO2 de vuelta a la
atmósfera.
La propuesta de la Comisión contempla un uso limitado de las absorciones
netas de determinadas categorías de contabilización de los sectores
LULUCF. Esto haría posible que los Estados miembros utilizasen también el
límite máximo fijado en la propuesta para las unidades de absorción de
estos sectores para cumplir la obligación de reducción de emisiones en el
sector de reparto del esfuerzo. De manera simplificada eso significa que
se podrían hacer menos esfuerzos en otros sectores como por ejemplo, el
transporte, a cambio de plantar árboles. Esto ignora el hecho importante
de que cualquier CO2 absorbido por un árbol es temporal, mientras que las
emisiones de combustibles fósiles permanecen en la atmósfera durante
miles de años.
En toda la UE, los sectores LULUCF son un sumidero de carbono, esto es
eliminan más carbono de la atmósfera de lo que liberan. También tiene el
potencial de eliminar más, ya que actualmente están muy por debajo de su
capacidad de carga total de carbono. Pero este potencial también puede
ser un peligro porque algunos Estados miembros, dentro de ellos España,
asumen de forma equivocada que las absorciones de CO2 pueden anular o
compensar sus emisiones de otros sectores.
Por esa razón, estos mecanismos de flexibilidad que figuran en la
propuesta de la Comisión y la base para su cálculo conllevan
incertidumbres que hacen peligrar la aplicación de la política climática
de la Unión y su resultado final.
Si tomamos el acuerdo de París como eje esclarecedor del futuro
comportamiento de gobiernos y ciudadanos europeos deberíamos elaborar un
reglamento más restrictivo que el presentado en la propuesta de la
Comisión Europea y garantizar unas normas contables sólidas para LULUCF
será vital para que la UE siga Merando la acción climática.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a defender las siguientes
posturas durante las negociaciones del reglamento de reparto de esfuerzos
(ESR):
1. Una meta climática más exigente para 2030 y un objetivo del 95 % de
reducción para 2050. El ESR debe orientar a Europa hacia los objetivos
del Acuerdo de París.
2. Un punto de partida que refleje las emisiones reales y no recompense a
los países por el incumplimiento. Tal como está diseñado ahora, el
reglamento permite a los Estados miembros adoptar una línea de base poca
ambiciosa y, cuando al final del periodo de previsión resulta que las
emisiones reales en este Estado han sido por debajo de lo previsto, podrá
beneficiar de 'créditos' que resultan de la diferencia entre las
emisiones previstas y las reales. En otras palabras, en vez de incentivar
una postura ambiciosa en cuanto al punto de partida, el diseño actual del
reglamento permite a los Estados miembros ser poco ambiciosos y además
sacar provecho de este hecho en el caso de que emiten menos que lo
previsto. Para garantizar que el ESR sirve para reducir emisiones, el
nivel desde el cual se cuentan las
reducciones debe representar las emisiones reales, y el año de comienzo
debe ser 2018 tal como está reflejado en el voto del Parlamento Europeo
el 14 de junio.
3. Eliminar la posibilidad de utilizar créditos forestales no permanentes
para permitir más emisiones de gases de efecto invernadero en otros
sectores difusos y eliminar los créditos ETS que permiten a los países
explotar el excedente del ETS para socavar la acción climática en los
sectores no incluidos en el comercio de derechos de emisiones.
4. Limitar el tamaño de la reserva ('ESR Safety Reserve' o 'Early Action
Reserve') que permite a ciertos Estados miembros compensar unas emisiones
excesivas acumuladas durante el periodo anterior a la entrada en vigor
del ESR con derechos de emisiones gratuitos. Esa reserva es problemática
porque desincentiva que los países tomen medidas ambiciosas para reducir
sus emisiones. Mientras la presidencia maltesa sugería 70 Mt de CO2 como
tamaño de la reserva España pidió que tuviese un tamaño de 140 Mt de CO2.
El Parlamento Europeo ha votado 90 Mt. La cantidad que pide España parece
realmente excesiva, ya que es equivalente a las emisiones de 100 millones
de coches durante un año. Sobre todo, esa cantidad parece fuera de
contexto para un país que quiere estar a la vanguardia del compromiso en
la lucha contra el cambio climático.
5. Un mejor sistema de gobernanza con vigilancia de su implementación y
sanciones financieras en caso de incumplimiento. Esto ayudará a asegurar
que los países no pospongan la acción requerida para cumplir con los
objetivos climáticos anuales.
6. Una cláusula de revisión que permita que los objetivos se aumentan con
el tiempo, ya que después del periodo de aplicación de este reglamento
(después de 2030) la UE presenta un nuevo objetivo climático a la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que
será vinculante para los Estados firmantes.
7. Respecto a LULUCF deberemos garantizar unas normas contables sólidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2017.-María Rosa
Martínez Rodríguez, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley sobre la proliferación de la mosca
negra, para su debate en la Comisión para el Estudio del Cambio
Climático.
Exposición de motivos
Los simúlidos (familia Simuliidae), o moscas negras, comprenden más de
2.170 especies, se trata de un insecto que se distribuye por todo el
mundo, siempre asociado a las corrientes de agua. En general su aspecto
es el de pequeñas moscas oscuras de unos cinco milímetros de longitud,
con un perfil jorobado. Las moscas negras (Diptera: Simuliidae) son
importantes para la salud médica y veterinaria. Como vectores de agentes
patógenos (leucocitoconosis, oncocercosis humana, mansonelosis,
oncocercosis bovina y virus que causa estomatitis vesicular), también
causan molestias intolerables debido a su abundancia y hábito de enjambre
y mordedura provocando reacciones alérgicas graves.
Los primeros problemas de salud pública en España surgieron en Cataluña,
en la zona del Bajo Ebro y del río Ter en el año 2005 con casi 2000 casos
de picaduras, para dar una respuesta se creó una comisión de seguimiento
formada por Delegación de Gobierno, IDECE, Departament d'Agricultura,
Departarnent de Salut, Departament de Medi Ambient, UEA y CODE. Sin
embargo, en el año 2006 el número de personas que tuvieron que ser
atendidas en por picaduras de la mosca negra no se redujo si no que se
incrementó en 113 más que el año anterior. La Generalitat catalana
destinó en 2015 más de 2 millones de euros para combatir sus efectos con
fumigaciones por aire y río, sin embargo, el problema no parece haberse
reducido, sino que simplemente se ha trasladado a otras zonas de la
geografía peninsular.
En la ciudad de Zaragoza, el número de consultas médicas por mordeduras de
artrópodos aumentó más de 200 % durante los años 2011 y 2012 (14.146 y
18.000, respectivamente), en comparación con los
años anteriores, 2009 y 2010 (4210 y 4512, respectivamente) (datos Del
Departamento de Salud Pública, Gobierno de Aragón). Todos los estudios
entomológicos realizados durante esos brotes en 2011 y 2012 demostraron
que el mencionado incremento fue debido a la abundancia de Moscas negras
en las riberas del Ebro de la ciudad de Zaragoza. Otras zonas de Aragón
también se han visto especialmente afectadas por la mosca negra, como es
el caso de las localidades del Bajo Cinca, como Fraga y Monzón, donde las
consultas médicas aumentaron un ritmo del 150 % en los años 2011 y 2012.
La Comunidad de Madrid también sufre este problema, en Rivas se
diagnosticó en el año 2011, pero nadie asumió las competencias para
actuar, en consecuencia, desde el año pasado los vecinos de los
municipios del sureste de Madrid también tienen que lidiar con ella y han
entrado en alerta por la mosca negra, que crece cada año. Los centros de
salud de Torrejón de Ardoz atendieron a 1.800 personas el verano el año
2016.
Esto es consecuencia directa de diversos factores naturales y humanos. El
aumento de la temperatura, la escasez de precipitaciones, inviernos más
cortos y con temperaturas más suaves, resultado del cambio climático,
reduce la mortalidad invernal y amplía su periodo de actividad. Por otro
lado, más luz y una mayor concentración de nutrientes (contaminación
orgánica) es decir, el alimento para las plantas acuáticas permite la
aparición de gran cantidad de micrófitos, que es donde la mosca negra
deposita sus huevos y crecen sus larvas. Otro factor humano han sido los
planes de mejora y modernización de los regadíos, el aumento de las zonas
agrícolas de regadío ha generado la creación de nuevos hábitats donde
reproducirse la mosca negra. La combinación de todo ello ha provocado un
incremento poblacional en los ríos españoles durante las dos últimas
décadas que los ha llevado a colonizar nuevos ecosistemas fluviales y
agrícolas.
Las medidas de control poblacional como la aplicación de bioinsecticidas
para eliminar las larvas o de tratamientos adulticidas son de una
efectividad alta, sin embargo, la falta de coordinación entre
administraciones locales, autonómicas, confederaciones hidrográficas y
comunidades de regantes hace que algunos ayuntamientos tengan que actuar
por iniciativa propia parcheando la situación, ya que en realidad, el
problema no se resuelve de una manera definitiva, si no que se repite al
año siguiente con mayor intensidad, se incrementarán las zonas
geográficas afectadas, provocando daños a la sociedad además del
consiguiente coste de dinero público que ello significa.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta
la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un plan nacional de control de la mosca negra que:
a) Establezca puntos de muestreo poblacional repartidos en los cauces de
los ríos afectados, que luego sirvan para adecuar la periodicidad de los
tratamientos a aplicar.
b) Coordine al MAPAMA, a los departamentos correspondientes a medio
ambiente y salud de las comunidades autónomas, las principales ciudades
afectadas, las confederaciones hidrográficas de los ríos y las
comunidades de regantes implicadas a la hora de realizar los tratamientos
en conjunto para aumentar la efectividad de los mismos.
c) Implemente las medidas adecuadas para la protección de las personas y
las ganaderías en todas aquellas zonas en las que la presencia de fa
mosca negra por su profusión y efectos dañinos se considere plaga.
2. Fomentar la investigación científica de los simúlidos y su ciclo vital
con el fin de desarrollar nuevos métodos de control poblacional de éstos,
de forma respetuosa con el medio natural.
3. Apoyar el estudio de la influencia del cambio climático en la
proliferación de los simúlidos o moscas negras.
4. La modelización del hábitat potencial de la mosca negra en los ríos
españoles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2017.-Rodrigo Gómez
García y José Luis Martínez González, Diputados.-José Manuel Villegas
Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002160
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
promoción de la lengua de signos en el sistema educativo, para su debate
en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
establece que los Estados Partes deben reconocer el derecho a la
educación de las personas con discapacidad sobre la base de la igualdad
de oportunidades y no discriminación, asegurando, para ello, un sistema
educativo inclusivo a todos los niveles.
En base a estas premisas fundamentales, el eje fundamental en política
educativa de un país como España debe sustentarse en una escuela
inclusiva, superando el enfoque asistencial de las personas con
discapacidad y primando el modelo social, basado en el derecho a la
igualdad de oportunidades.
En consecuencia, las escuelas deben configurarse como verdaderos centros
al servicio de la socialización y como agentes compensadores de
desigualdades. En este sentido, cabe señalar que, durante los últimos
años, las escuelas se han ordenado de tal manera que la diversidad es uno
de sus principales valores, y teniendo cabida todo el alumnado, con o sin
discapacidad, puesto que el derecho a la educación es indiscutible para
el conjunto de la sociedad. En el caso de muchos niños y niñas sordas,
este acceso se garantiza incluyendo la lengua de signos en el marco de un
enfoque bilingüe-bicultural.
Por ese motivo, y en consonancia con lo dispuesto en el artículo 24 de la
Convención de los derechos de las personas con discapacidad, que
establece que los Estados Parte deben facilitar el aprendizaje de la
lengua de signos, así como promover la identidad lingüística de las
personas sordas, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad
de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad, los
poderes públicos deben favorecer el uso de la lengua de signos debido al
importante papel que juega la educación en cualquier proceso de
normalización lingüística. Por tanto, es indispensable que el alumnado
sordo cuente con oportunidades reales de aprendizaje, conocimiento y uso
de la lengua de signos española como lengua vehicular y también
curricular de la enseñanza en los centros educativos que se determinen.
En conclusión, la voluntad de los individuos y de las familias no es
suficiente para garantizar el acceso a la educación en condiciones de
igualdad, sino que en el caso de las lenguas de signos el eje de las
obligaciones se sitúa en las políticas públicas. Por ello es
imprescindible que haya una planificación lingüística orientada a la
comunidad sorda que garantice el derecho de toda persona a crecer,
socializarse e identificarse con su lengua natural.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el marco del
futuro Pacto de Estado Social y Político por la Educación, se estudie la
incorporación de la lengua de signos española en el sistema educativo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2017.-Rafael Antonio
Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002183
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición
no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión para las Políticas
Integrales de la Discapacidad, relativa a implementar detección temprana
del Trastorno del Espectro Autista en revisión del niño sano a los 18-24
meses.
Exposición de motivos
Es habitual no prestar atención en el desarrollo normal de los niños y
niñas a su proceso de socialización ya que nacen biológicamente dotados
de recursos para desarrollar la interacción y la comunicación social
aunque se esté desarrollando y potenciando a través de cada una de
nuestras interacciones. Sin embargo los niños y niñas con Trastornos del
Espectro Autista presentan alteraciones en aspectos cualitativos del
desarrollo social y del desarrollo comunicativo así como patrones de
conducta e intereses repetitivos y estereotipados que no podemos pasar
por alto en cuanto comienzan a surgir ya que una intervención temprana
determina de forma significativa el desarrollo posterior de estas
criaturas y la actitud de sus familias.
El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que aparece antes de los
tres años de edad y que afecta a las áreas de comunicación social y a la
flexibilidad de la conducta y el pensamiento, presentando patrones de
conducta restringidos y repetitivos. Aunque sí existen indicadores
tempranos en los primeros meses del desarrollo, éstos pueden pasar
desapercibidos por lo que resulta difícil identificarlos en esas etapas
en el entorno familiar, incluso en las escuelas de Educación Infantil. En
cualquier caso habitualmente la escolarización se lleva a cabo
precisamente a partir de los tres años.
Los datos de estudios realizados en nuestro país señalan que tan solo
aproximadamente un 5 % de niños con autismo son detectados por los
pediatras. Esto tiene graves consecuencias, ya que retrasa la atención
temprana con tratamiento educativo tan necesario para obtener el mejor
pronóstico posible. A esto se añade la angustia y desesperación de padres
y madres a quienes en muchos casos no les dice nadie que le pasa a su
hijo. Esto tiene una incidencia muy negativa en su salud física y
emocional ya que el autismo es la alteración del desarrollo que mayor
estrés causa en las familias. La dificultad en entender y abordar el
trastorno del desarrollo de su hijo o hija incrementa su angustia
notablemente. A ello se suma, la escasez de servicios especializados en
ofrecer atención a sus hijos y a las familias.
La detección precoz no requiere invertir grandes cantidades de dinero en
caros aparatos, ni de tiempo de los especialistas. Tan solo diseñar un
sistema organizativo eficaz a través de un cuestionario realizado a las
familias en la revisión 18-24 meses del pediatra que permita detectar lo
antes posible este trastorno en los niños que presenten sospecha. Para
ello, habría que capacitar a los profesionales de enfermería y de
pediatría con formación específica impartida por profesionales expertos
en detección. La revisión de los dos años sería el momento ideal ya que
todos los niños y niñas la realizan.
Ya existen experiencias de éxito en nuestro país, concretamente en
Salamanca y Zamora impulsadas por el Dr. Ricardo Canal. Tan solo habría
que extrapolar la experiencia de estas provincias al resto del Estado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a implementar detección
temprana del Trastorno del Espectro Autista en revisión del niño sano a
los 18-24 meses a través de un cuestionario a las familias para poder
llevar a cabo cuanto antes, si es necesario, el tratamiento educativo
correspondiente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2017.-Rosa Ana
Alonso Clusa, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/002080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre la carretera nacional N-640 en el tramo entre
los municipios de A Estrada y Cuntis en materia de Seguridad Vial, para
su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
En la carretera nacional N-640, concretamente en el tramo entre los
municipios de Cuntis y A Estrada en la provincia de Pontevedra, se está
produciendo un elevado número de accidentes que debiera ser tenido en
cuenta por los responsables del adecuado estado del viario público.
La ciudadanía y las autoridades municipales, además de manifestar su
profunda preocupación por los continuos siniestros que se producen, han
manifestado a los responsables del Ministerio de Fomento la necesidad de
actuar de forma urgente en el vial, así como acometer un estudio riguroso
de las causas que están generando este número elevado de accidentes.
Estamos hablando de un vial que cuenta con una intensidad de tráfico
superior a los 5.000 vehículos diarios y que, concretamente, entre los
kilómetros 209 y 210 se han producido seis siniestros en el último año.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta
la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar un estudio integral y riguroso de la carretera nacional N-640
en el tramo entre los municipios de A Estrada y Cuntis en materia de
Seguridad Viaria, prevención de accidentes y mejora de trazado, accesos y
pavimentación.
2. Proceder de forma inmediata en el presente año 2017 a acometer las
siguientes actuaciones:
a) Reposición integral del firme de la carretera que ponga fin al mal
estado del mismo, después de un reciente parcheo parcial que en ningún
caso sirvió de solución el problema.
b) Mejorar la señalización de la travesía en el municipio de Cuntis.
c) Actuaciones de Seguridad Vial en las parroquias de Troáns y Portela.
d) Actuaciones de Seguridad Vial y mejora de las intersecciones en el eje
de las parroquias Anllada-Couselo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2017.-Guillermo
Antonio Meijón Couselo, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
161/002214
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Antoni Postius i Terrado y
de Carles Campuzano i Canadés, diputados del Partit Demócrata, al amparo
de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presentan, para su debate ante la Comisión sobre Seguridad Vial y
Movilidad Sostenible, una Proposición no de Ley sobre la mejora del
código de circulación para la mejora de la calidad del aire, de las
conurbaciones urbanas.
Exposición de motivos
Resulta urgente reducir la contaminación atmosférica de las conurbaciones
urbanas con el fin de mejorar la caridad del aire.
En febrero de este año, la Comisión Europea envió un ultimátum al Gobierno
para la adopción de medidas, en el plazo de dos meses, con el objetivo de
cumplir con los límites de dióxido de nitrógeno NO2 en Barcelona, en las
comarcas del Vallés Oriental, Vallés Occidental y el Baix Llobregat, así
como en Madrid.
A su vez, el Estado tiene otro expediente abierto por la Comisión por el
exceso de la partícula contaminante PM10.
A estos efectos, el pasado 6 de marzo de 2017, la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona,
el Ajuntament de Barcelona y los ayuntamientos de 40 municipios de la
conurbación de Barcelona manifestaron su apoyo a un acuerdo político que
tiene por objeto mejorar la calidad del aire de la conurbación de
Barcelona.
Tal y como ha publicado la Agéncia de Salut Pública de Catalunya en un
informe reciente:
'Los principales contaminantes son las partículas en suspensión (PM), el
ozono troposférico, los óxidos de nitrógeno (NOx) y el dióxido de azufre
(SO2).
Estos contaminantes, dependiendo de su concentración en el aire y los
factores de riesgo de exposición de las personas, pueden tener efectos
perjudiciales para la salud a corto y/o a largo plazo. Así, se ha
comprobado que la contaminación del aíre incrementa los riesgos de
enfermedades respiratorias y cardiovasculares y de cáncer de pulmón en la
población. Además, el año 2013 la Agencia internacional de Investigación
sobre el Cáncer concluyó que la contaminación del aire exterior es
carcinógena para los humanos.
Los grupos de personas más vulnerables a estos efectos son las personas
con enfermedades cardíacas o del aparato respiratorio, Los bebés, los
niños en edad preescolar y las mujeres embarazadas.'
En Catalunya es la Generalitat quien tiene la competencia exclusiva en
materia de la regulación del ambiente atmosférico y de las diversas
clases de contaminación, sin embargo un número muy importante de medidas
a tomar para mejorar la calidad del aire son de competencia estatal.
Entre estas, las referidas a la modificación de la Ley sobre tráfico y del
código de circulación a los efectos de estimular una circulación con
bajas emisiones.
A tal efecto, el conseller de Territori Sostenibilitat de la Generalitat,
Josep Rull, responsable de la Generalitat en regulación del ambiente
atmosférico envió el pasado 9 de mayo sendas cartas a los ministros de
Fomento, Iñigo de la Serna; de Interior, Juan Ignacio Zoido y de Hacienda
y Función Pública, Cristóbal Montoro, solicitándoles la colaboración del
Gobierno en distintos aspectos que competen a sus respectivas carteras
ministeriales para poder desarrollar una potente agenda modernizadora.
Entre las distintas iniciativas propuestas destacan las que permiten
aplicar medidas especiales de ordenación de la circulación por razones
medioambientales o bien completar la clasificación de los vehículos en
función de su nivel de emisión de gases contaminantes.
Transcurridos dos meses desde el envío de esas propuestas sin que, hasta
el momento, hayan recibido respuesta, los diputados y diputadas del
Partit Demòcrata presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abordar modificaciones
de la normativa sobre circulación de vehículos con el fin de minorar las
emisiones de gases y partículas contaminantes, con el fin de contribuir a
mejorar la calidad del aire. Entre estas medidas:
a) Impulsar la modificación del texto refundido de la Ley sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, tipificando una
infracción específica para el incumplimiento de las medidas especiales de
ordenación de la circulación por razones medioambientales, que podrá
tener la consideración de grave o muy grave.
b) Modificar el artículo 37 del Reglamento general de circulación, en el
sentido de prever la posibilidad de establecer medidas de ordenación de
la circulación por razones medioambientales.
c) Finalizar el etiquetado de vehículos iniciado por la DGT con las
etiquetas para motocicletas y ciclomotores no eléctricos (los únicos que
lo tienen ahora).
d) Regular, mediante Real Decreto, los distintivos medioambientales que
informan sobre el nivel de emisión de gases contaminantes de los
vehículos a fin de dar la máxima difusión y seguridad jurídica a esa
información.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2017.-Antoni Postius
i Terrado, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del
Grupo Parlamentario Mixto.
161/002237
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al
impulso de la política de cooperación en materia de seguridad vial, para
su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
España, tras años de compromiso político y apoyo social, ha logrado ser
uno de los cuatro países más representativos en seguridad vial de Europa,
aun cuando existe un alto tráfico turístico, alto volumen de alquiler de
vehículos y un parque importante de motos con su especial vulnerabilidad
en la circulación.
Todo este capital de conocimiento y los modelos de gestión empleados, que
permiten obtener buenos resultados en la materia, pudieran ser
perfectamente comparados con otros países cuyas sociedades en desarrollo
hoy tienen altas cifras de siniestralidad con el consiguiente efecto
social.
Es seguro que impulsar una acción de cooperación internacional para el
desarrollo podría reportar amplio beneficio a muchos países que hoy
tienen un serio problema en torno a los accidentes de tráfico y, además,
debería servir para fortalecer unas positivas relaciones de España con
ellos.
Ante esta inequívoca realidad el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso entiende conveniente formular la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar en el ámbito de
la política de cooperación para el desarrollo actuaciones que permitan
exportar nuestro modelo de gestión de la seguridad vial que logra situar
a España como uno de los países más seguros en Europa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2017.-Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/002128
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre regulación e
inspección de los equipos de juego hinchables, parques de bolas y otros
centros de ocio infantil, para su debate en la Comisión de Derechos de la
Infancia y Adolescencia.
Exposición de motivos
Varios accidentes, han puesto de relieve la falta de seguridad de los
denominados 'castillos hinchables', una de las atracciones infantiles que
más ha proliferado en los últimos años. La utilización de este tipo de
instalaciones se incrementa durante la época estival y en las fiestas
populares, destinándose al ocio y recreo de miles de niños.
A pesar de proliferación de este tipo de centros de ocio infantil, no se
ha desarrollado una regulación que garantice una instalación y
mantenimiento que permita minimizar el riesgo de accidente en este tipo
de instalaciones. En la actualidad, es cada municipio quien establece !os
permisos y normas que se deben seguir para la instalación de estos
juegos. Lo más habitual es que no haya una regulación específica; y en
algunas ciudades se exige un certificado técnico anual visual, o un
certificado de instalación pero sin base normativa.
La ausencia de una regulación específica ha hecho que se instalen
hinchables infantiles sin las adecuadas medidas de seguridad. El viento,
que a determinada velocidad o rachas fuertes puede levantar el elemento y
lanzar a sus ocupantes; la posibilidad de que se genere fuego en el motor
o fallos de rotura de costuras o de seguridad en las partes altas,
incluso el entorno donde se ubican, son los principales riesgos de este
juego infantil.
Pero no es el único aspecto vinculado a nuevas tendencias de ocio infantil
sobre el que existe un vacío legal. También se da con los parques de
juegos de interior de acceso público, los conocidos corno 'parques de
bolas', algunos de dimensiones y altura considerables y una opción al
alza para la celebración de cumpleaños y eventos, o vinculados a bares,
centros comerciales u hoteles.
Muchos padres dan por hecho, sin ser cierto en la mayoría de los casos,
que todas estas estructuras son montadas y visadas por personal
especializado, y que están sometidas a revisiones periódicas; o que
tienen que cumplir con otros aspectos, como un número mínimo de monitores
acorde con el tamaño o el número de niños y con una formación mínima; o
que el establecimiento debe contar con espacios acotados por edad y
control de los aforos; o que se siguen una normas de higiene acordes con
la vulnerabilidad del público al que están destinados.
Ante el vacío legal de los equipos de juego hinchables, parques de bolas y
otros centros de ocio infantil, se hace necesario elaborar una normativa
básica que los regule, así como incrementar las inspecciones para
garantizar la seguridad y la higiene de estos establecimientos destinados
al público infantil.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las
Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) a:
1. Elaborar, en el plazo de seis meses, una normativa básica que regule la
fabricación, mantenimiento e instalación de los equipos de juego
hinchables, parques de bolas y otros centros de ocio infantil y que
establezca la obligación de disponer de un monitor u operador que
controle el buen funcionamiento del equipo y la seguridad por parte de
los usuarios.
2. Incrementar las inspecciones con el objeto de garantizar los máximos
niveles de seguridad e higiene en este tipo de instalaciones infantiles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2017.-Miguel Ángel
Heredia Díaz y Sonia Ferrer Tesoro, Diputados.-Rafael Simancas Simancas,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002132
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley para realizar un estudio sobre el impacto en los
menores de la custodia compartida impuesta, para su debate en la Comisión
de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
Motivación
En la actualidad, en nuestro país, existe un debate sociológico y político
sobre la custodia compartida de los hijos/as. Y, en concreto, sobre si
legalmente ésta debe imponerse como preferente y la guarda individual
como excepcional; o bien si esta última custodia ha de considerarse como
general y preferente y la compartida como excepcional; o bien si se debe
atribuir al juez la facultad de establecer el sistema de custodia que
mejor proteja el interés superior del menor.
El estudio 'Análisis de los modelos de custodia derivados de situaciones
de separación y divorcio en España', impulsado por el Instituto de la
Mujer en mayo de 2012, establece que el debate no está en la dicotomía
entre la custodia compartida y la custodia exclusiva, en la elección
entre dos modelos de custodia, sino en diferentes posiciones combinadas,
atendiendo a las circunstancias familiares que pueden cambiar a lo largo
de la vida de las personas, atendiendo siempre al interés superior del
menor.
También es objeto de debate político y sociológico si es conveniente para
los intereses del menor que el juez pueda imponer judicialmente la
custodia compartida cuando solo lo solicite uno solo de los progenitores,
cuando no lo efectúe ninguno de ellos, o contra su expresa voluntad.
Sin perjuicio de lo anterior, ha de señalarse que en España existe una
evolución favorable hacia el régimen de custodia compartida.
Como antecedentes de esta evolución hacia el sistema compartido de
custodia, han de mencionarse los modelos de derecho comparado de los
países de la UE a favor de la instauración del mismo; las regulaciones al
respecto de las cinco Comunidades Autónomas con derecho civil propio,
estableciéndose con carácter preferente en Aragón y País Vasco; y la
jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha ido ampliando la posibilidad
de la custodia compartida en el régimen del derecho común, al establecer
que de la redacción del artículo 92 no se deduce que esta guarda y
custodia sea una medida excepcional, sino que, al contrario, habrá de
considerarse normal e incluso deseable porque permite que sea efectivo el
derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun
en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en
cuanto lo sea; es decir, siempre que no se lesionen los derechos
fundamentales a la integridad física y psicológica, libertad, educación e
intimidad del menor.
Como consecuencia de la progresiva implantación del régimen de custodia
compartida en las regulaciones autonómicas y estatales, se ha producido
un aumento en su aplicación. Y así, desde el año 2010, ha habido un
incremento de quince puntos porcentuales del modelo de la custodia
compartida. En 2011, alcanzaba la cifra de un 10,5%; un 12,3%, en 2012;
un 14,6%, en 2013; un 17,9%, en 2014; un 21,2%, en 2015 y, un 24,7%, en
2016.
Los anteriores cifras provienen de estudios sobre las sentencias recaídas
en los procesos de separación, divorcio o de modificación de medidas y no
especifican si se trata de custodia compartida consensuada y/o impuesta
judicialmente a petición de uno de los progenitores.
Sin perjuicio de lo anterior, ha de señalarse que, a pesar del mencionado
incremento de las custodias compartidas, lo cierto es que en los juzgados
de familia no se realiza un seguimiento sobre el impacto en los menores
de la custodia compartida impuesta por los jueces y tribunales. Tampoco
existe una investigación ni estudio objetivo alguno sobre si ese modelo
de custodia es conveniente para asegurar el adecuado desarrollo
evolutivo, la estabilidad emocional y la formación integral del menor; en
definitiva, si es conveniente para salvaguardar el interés superior del
menor.
Es por ello que, en función de ese beneficio del menor, se hace preciso un
objetivo estudio e investigación sobre el efecto real de la custodia
compartida en los hijos e hijas; máxime si se tiene en cuenta que el
sistema compartido impuesto es complicado, pues precisa de la existencia
de una relación de mutuo respeto entre progenitores, de una actitud
razonable y eficiente de los mismos y de unas habilidades para el
diálogo, que son difíciles de encontrar en unos padres en conflicto que,
además, han pasado por los filtros de la mediación para intentar
consensuar la custodia compartida.
Asimismo, ha de señalarse que la necesidad del mencionado estudio deviene
también de que en el derecho común no existe la obligación de que la
petición del régimen compartido impuesto vaya acompañado por un plan
contradictorio, no solo sobre la permanencia o no de los hijos en un
domicilio estable -ajustado a las necesidades y disponibilidad de las
partes implicadas-, sino también sobre aspectos referidos a la toma de
decisiones respecto a la educación, salud, cuidados, relación y
comunicación con el otro progenitor y relaciones con hermanos, abuelos u
otros parientes y personas allegadas.
El conocimiento objetivo que resulte del mencionado estudio va a permitir
extraer conclusiones para legislar de forma preventiva, evitando así
hacer experimentos con los niños y niñas.
El estudio que se pretende va a permitir también tener un conocimiento
objetivo sobre la conveniencia para el interés del niño y fa niña de la
regulación de la custodia compartida como opción preferente entre las
diferentes formas de guarda y custodia.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, en colaboración
con el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal y los
órganos competentes de las Comunidades Autónomas, realice un estudio
sobre el impacto en los menores de la aplicación de la custodia
compartida impuesta por los Jueces y Tribunales de conformidad con lo
dispuesto en el Código Civil y legislaciones de Comunidades Autónomas con
Derecho Civil propio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2017.-María Dolores
Galovart Carrera, Ángeles Álvarez Álvarez, Carlota Merchán Mesón y Sonia
Ferrer Tesoro, Diputadas.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/002152
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para promover
medidas de prevención de lesiones no intencionales en la población
infantil, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y
Adolescencia.
Exposición de motivos
Las lesiones no intencionales o accidentes representan una amenaza para la
población al ser una causa frecuente no solo de discapacidad, sino
también de muerte.
Los efectos adversos de los accidentes son más llamativos cuando se
producen entre los menores de edad debido a su especial situación de
vulnerabilidad. Además, las consecuencias de las lesiones no
intencionales pueden interferir gravemente, a corto, medio y largo plazo
en todas las facetas de la vida, así como en el entorno familiar y
social, más aún en la infancia.
Por ese motivo, la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de
noviembre de 1989, ratificada por España el 6 de diciembre de 1990,
establece que todos los niños tienen derecho a disfrutar de un ambiente
sin riesgos, al abrigo de las lesiones y de la violencia.
En este sentido, los poderes públicos españoles han llevado a cabo
acciones con el fin de prevenir las lesiones accidentales en los menores
de edad, como guías de prevención o campañas de sensibilización.
Sin embargo, algunas de las medidas puestas en marcha se han realizado de
forma aislada y han quedado desactualizadas, mientras que las lesiones no
intencionales se encuentran entre las principales causas de muerte
infantil en todo el mundo.
La Organización Mundial de la Salud afirma que en 2008 fallecían por esta
causa en el mundo 2.000 los niños al día. Mientras que en España, las
lesiones no intencionales mataron a 150 niños en 2014.
Según establece un informe realizado por la Asociación Española de
Pediatría y una fundación privada, las razones que provocaron la muerte
de estos menores en nuestro país son en un 23,7 % accidentes de tráfico,
en un 20 % ahogamientos, en un 13 % caídas y el resto los relacionados
con el fuego, como quemaduras e intoxicaciones. Pero a las defunciones
por accidentes, hay que añadir los numerosos menores que requieren un
ingreso hospitalario por lesiones no mortales y los que son atendidos en
urgencias.
En definitiva, la dimensión del problema y la gravedad del mismo, hace
necesario promover una actuación integral e igualitaria en todo el
territorio nacional. Una política centrada en el análisis, la prevención
y la solución del problema, ya que numerosos estudios han demostrado una
relación directa entre las políticas de prevención y la reducción de
víctimas mortales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a analizar en profundidad
los riesgos existentes y los nuevos riesgos que dan lugar a lesiones no
intencionales en la población infantil y, en colaboración con las
Comunidades Autónomas y Entes Locales, poner en marcha medidas orientadas
a la prevención de los accidentes domésticos y de ocio en los menores de
edad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2017.-Rafael Antonio
Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002162
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
necesaria armonización de la Atención Infantil Temprana, para su debate
en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
Exposición de motivos
La Constitución Española reconoce en su artículo 39 la obligación de los
poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica
de la familia, y en especial de la infancia, de conformidad con los
acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
Esta responsabilidad se debe intensificar cuando los menores de edad
presentan trastornos en el desarrollo o están en riesgo de padecerlos,
pues esta circunstancia los hace, si cabe, más vulnerables.
Nace así, la denominada Atención Infantil Temprana, definida como el
conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0 a 6
años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo
más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que
presentan los niños y las niñas con trastornos en su desarrollo o que
tienen el riesgo de padecerlos.
Gracias al trabajo de los poderes públicos, las entidades del Tercer
Sector Social, las asociaciones de pacientes, profesionales y expertos en
el cuidado de los menores de edad con problemas en su desarrollo, se ha
logrado que la Atención Infantil Temprana sea una realidad.
Sin embargo, la dispersión competencial en materia de salud, servicios
sociales y educación, provoca que existan diferencias territoriales y
distintos modelos de funcionamiento en el ámbito de la Atención Infantil
Temprana.
Por ese motivo, es necesario continuar impulsando acciones, como la
aprobación en 2013, de los criterios comunes, recomendaciones y
condiciones mínimas de los planes de atención integral a menores de tres
años en situación de dependencia o en riesgo de desarrollarla, en
aplicación a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia,
que persiguen establecer una actuación común, basada en los principios de
universalidad, normalización, coordinación (del sistema sanitario,
educativo y los servicios sociales) y sostenibilidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus
competencias y en el marco de actuación del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud, a armonizar la Atención Infantil Temprana
entre las Comunidades Autónomas, así como a impulsar todas aquellas
medidas que sean necesarias para proporcionar una atención integral a la
población infantil con trastornos en el desarrollo o en riesgo de
padecerlos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2017.-Rafael Antonio
Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002166
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre
detección temprana de los trastornos de alimentación en los menores de
edad, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y
Adolescencia.
Exposición de motivos
En la actualidad, las dietas y la preocupación por el peso y la imagen se
han convertido en un hábito social que puede desencadenar en algún
trastorno de la conducta alimentaria. La repercusión de un estilo de vida
sedentario, la alimentación poco saludable y la falta de actividad física
tienen mucho que ver en la generalización de los problemas de sobrepeso.
Se ha demostrado que, debido a su especial vulnerabilidad, los menores de
edad son el grupo poblacional con mayor riesgo de padecer este tipo de
desórdenes y las secuelas que llevan aparejadas. Por ello, se hace
imprescindible prevenir los trastornos de alimentación lo antes posible.
Numerosos expertos coinciden en que estos trastornos se producen
mayoritariamente entre los menores en edad escolar, con un perfil
perfeccionista, con necesidad de aprobación, baja autoestima y falta de
respuesta a exigencias internas.
También se ha probado que la desnutrición que aparece en las personas que
padecen trastornos de la conducta alimentaria, está relacionada con la
merma en los rendimientos académicos y con la aparición de dificultades
en la regulación emocional (ansiedad y depresión), que influyen
negativamente en determinados procesos cognitivos, así como en la
atención, la memoria y el trabajo.
Por ese motivo, y con el fin de detectar algún cambio en la conducta de
los menores de edad que indique que son víctimas de desórdenes
alimentarios, las personas adultas que mantienen contacto habitual con
niños, niñas y adolescentes, deben aguzar sus sentidos. Resulta esencial
que el personal docente y de servicios preste atención a los posibles
cambios en el comportamiento de los alumnos y alumnas, que permitan
detectar e identificar trastornos de la conducta alimentaria en los
menores.
En consecuencia, creemos necesario continuar el trabajo parlamentario
emprendido durante la X Legislatura en el Congreso de los Diputados, con
la aprobación del nuevo marco legislativo de protección de la infancia,
presentando iniciativas que apuesten por reforzar esa protección, también
en el ámbito de la salud.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las
Comunidades Autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de
Educación y del Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud, a
fomentar, a través del diseño y ejecución de protocolos de actuación, la
detección de los trastornos de alimentación en las aulas, así como a
promover campañas de prevención, sensibilización y concienciación social,
con el fin de minimizar el número de menores de edad con trastornos de la
conducta alimentaria, mejorando así su calidad de vida.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2017.-Rafael Antonio
Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición
no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Derechos de la
Infancia y la Adolescencia, relativa a la protección de los derechos de
los niños y niñas extranjeros no acompañados (menores extranjeros no
acompañados).
Exposición de motivos
Según la Resolución de 26 de julio de 1997, de la Unión Europea, y el
Comité sobre los Derechos del Niño (y la Niña) de Naciones Unidas
(Observación General n.º 6 2005) se denomina como menores extranjeros no
acompañados (en adelante MNA) a aquellos niños y niñas que, estando
separados de ambos progenitores u otros parientes que se hagan cargo de
su cuidado, viajan, por tanto solos.
En España es el Reglamento de la Ley de Extranjería que en su artículo
189, reconoce como menor extranjero no acompañado al menor de dieciocho
años que llegue a territorio español sin venir acompañado de un adulto
responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a la costumbre,
apreciándose riesgo de desprotección del menor, mientras tal adulto
responsable no se haya hecho cargo efectivamente del menor, así como a
cualquier menor extranjero que una vez en España se encuentre en aquella
situación.
Dada la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran estos
niños y niñas, el Estado está obligado a adoptar medidas de protección y
garantizar su educación y desarrollo dado que de no hacerlo vulneraría
múltiples disposiciones legales, a saber;
- La universalidad de los derechos de las niñas y niños como principio
rector del resto de regulaciones al respecto, independientemente de su
origen, nacionalidad o estatus migratorio.
- El Interés Superior del Niño (ISN) al poner por encima la condición de
extranjero o extranjera a la de niño, niña o adolescente.
- La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia, y la Ley Orgánica 8/2015,
de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y
la adolescencia.
Por otro lado, para profundizar en la conceptualización, el artículo 1 de
la Convención de Derechos del Niño (CDN en adelante) dice que por niño se
entiende todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en
virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de
edad. El también artículo primero de la LOPJM determina como
destinatarios de la protección del Estado a los menores de dieciocho años
que se encuentren en territorio español. Por tanto, con independencia de
la nacionalidad del menor de edad la administración tiene el deber de
asumir la tutela ex lege en los casos de desamparo. Pero es el artículo
35.3 de la LE el que establece que a los menores extranjeros no
acompañados se les dará, por los servicios competentes de protección de
menores, la atención inmediata que precise, de acuerdo con lo establecido
en la legislación de protección jurídica del menor, poniéndose el hecho
en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal hasta que se determine su
edad, debiéndose valorar su repatriación o la permanencia en función del
interés superior del menor. En consecuencia, y conforme a las previsiones
de la normativa del sistema de protección para los menores extranjeros
(acompañados o no), estos tienen derecho a la educación, asistencia
sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas, en las mismas
condiciones que los menores españoles. Y añade 'Las administraciones
públicas velarán por los grupos especialmente vulnerables como los
menores extranjeros no acompañados (...) garantizando el cumplimiento de
los derechos previstos en la ley'.
Un menor extranjero no puede ser expulsado, devuelto o retornado sin
asegurar la compañía de su representante o representantes legales y
garantizar el respeto del principio del interés superior del menor. La
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2013 (sobre la
situación de los menores no acompañados en la UE23) establece que no se
puede negar a ningún niño el acceso al territorio de la Unión Europea e
insiste en que los Estados miembros deben cumplir sus compromisos
internacionales y europeos aplicables a los niños en sus respectivas
jurisdicciones sin imponer restricciones arbitrarias y recuerda que no se
debería retornar a ningún niño mediante un procedimiento sumario en la
frontera de un Estado miembro.
Las problemáticas que afectan a los y las niñas que viajan solos son
múltiples según han denunciado organizaciones como Save the Children,
Fundación Raíces o UNICEF en diversos informes; falta de información a
los niños y niñas que no cuentan con tutor provisional ni abogada de
oficia que asista sobre sus derechos, procedimientos o mecanismos para
solicitar asilo u otras situaciones que requieran protección especial,
falta de un entorno favorable dónde el niño o la niña pueda expresarse
libremente y hacer un relato de su situación, se discrimina por su
condición de menor extranjero ya que según la normativa española de
protección de menores, cualquier menor en situación de desamparo es
tutelado por la Administración pública competente e ingresa en el sistema
de protección de menores, así como problemas sobre la identificación y
documentación que se da en muchos casos y se relacionan con las
prueba de determinación de la edad. Esta prueba se considera de escasa
fiabilidad y presenta márgenes de error de hasta 2 años. A pesar de esto
se tiene en cuenta el resultado de dichas pruebas y este determina de
forma muy relevante la vida de la/el menor de edad. Esta prueba ha sido
cuestionada desde el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, hasta la Oficina del Defensor del Pueblo desde 2012.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. Garantizar el cumplimiento del Protocolo Marco sobre determinadas
actuaciones en relación con los Menores Extranjeros no Acompañados
(PMMENA).
2. Cumplir estrictamente con la reseña y registro de todos los niños y
niñas que accedan al territorio nacional, independientemente de que haya
o no dudas sobre la edad, o esté documentado o no.
3. Garantizar que ninguna niña, niño o adolescente que tenga un documento
que acredite su identidad pase por una prueba de determinación de la
edad.
4. Establecer un protocolo que garantice los derechos de los y las niñas y
niños en los procedimientos de determinación de la edad, basado en las
recomendaciones y sentencias existentes en este sentido.
5. Garantizar que, con independencia de la nacionalidad, la Administración
asuma la tutela ex lege en los casos de desamparo.
6. Garantizar el derecho a la educación, la asistencia sanitaria y los
servicios y prestaciones sociales básicas en las mismas condiciones que
los menores españoles.
7. Abordar con urgencia la situación de niños y niñas que viven en las
calles a través de programas de intervención comunitaria, social y
psicológica.
8. Expedir la autorización de residencia y trabajo a las/os menores
extranjeras/os en tutela cuando cumplan los 16 años de manera automática,
en igualdad de condiciones que los menores de edad españolas/es.
9. Trasladar a los niños y niñas no acompañados a la Península (en el caso
de aquellos que se encuentran en las Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla) siempre que esta sea su voluntad, con la correspondiente
asignación económica a las Comunidades Autónomas para garantizar sus
condiciones materiales de vida.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2017.-Ione Belarra
Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a
trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes
preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por
las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2017.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Defensa
181/000450
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputado don Salvador Antonio de la Encina Ortega
Texto:
¿Cuáles son las causas del Incumplimiento del Convenio Bilateral por parte
de la Administración Norteamericana en lo establecido en el Anexo n.º 8 ,
relación entre las plantillas de civiles españoles y norteamericanos, en
las bases de Rota y Morón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2017.-Salvador
Antonio de la Encina Ortega, Diputado.
Comisión de Fomento
181/000448
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Tania Sánchez Melero
Texto:
¿Considera el Gobierno que la construcción de la Variante A-1, de la que
recientemente se ha iniciado la exposición pública del estudio
informativo y del estudio de impacto ambiental, resolverá los problemas
de movilidad de la zona norte de la Comunidad de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2017.-Tania Sánchez
Melero, Diputada.
181/000451
Grupo Parlamentario Mixto (PDeCAT)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Lourdes Ciuró i Buldó
Texto:
¿A qué compromisos ha llegado el Gobierno con el Ayuntamiento de Montcada
i Rexac y en consecuencia con sus vecinos y vecinas, a los efectos de
iniciar las obras de soterramiento de la línea de ferrocarril
Barcelona-Portbou a su paso por el municipio de Montcada i Rexac?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2017.-Lourdes Ciuró i
Buldó, Diputada.
181/000452
Grupo Parlamentario Mixto (PDeCAT)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Lourdes Ciuró i Buldó
Texto:
¿Tiene el Gobierno establecido un calendario cierto de la ejecución de las
obras de soterramiento de la línea de ferrocarril Barcelona-Portbou a su
paso por el municipio de Montcada i Rexac?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2017.-Lourdes Ciuró i
Buldó, Diputada.
181/000458
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
a iniciativa de su diputada Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con lo
establecido en el artículo 189 del Reglamento, presenta la siguiente
pregunta oral para su respuesta en la Comisión de Fomento.
¿Tiene previsto el Gobierno desarrollar actuaciones para mejorar y
modernizar el trazado de la línea ferroviaria Ferrol-A Coruña, con
actuaciones que contemplen: mejora en radio de curvas para permitir
aumento de la velocidad, desdoblamiento y electrificación de la vía,
construcción de una variante (by-pass) en Betanzos Infesta y de apeaderos
en núcleos de población importantes entre las dos ciudades y aumentar el
número de circulaciones y mejorar las cadencias, con intervalos de tiempo
fijos en función de si es hora punta o valle y las horas fijas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de agosto de 2017.-Yolanda Díaz
Pérez, Diputada.
181/000459
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
a iniciativa de su diputada Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con lo
establecido en el artículo 189 del Reglamento, presenta la siguiente
pregunta oral para su respuesta en la Comisión de Fomento.
¿Tiene previsto el Gobierno la adecuación de la línea ferroviaria Ferrol-A
Coruña a un tren de proximidad, digno, con una infraestructura que no
deje a la comarca de Ferrolterra fuera del Eje Atlántico, combinando los
servicios directos con servicios con paradas intermedias, un ferrocarril
que ya estaba contemplado en el Convenio entre la Xunta de Galicia y el
Ministerio de Fomento en el año 2000?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de agosto de 2017.-Yolanda Díaz
Pérez, Diputada.
181/000460
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo
Texto:
¿Está el Gobierno en disposición de considerar y suspender su decisión
tomada a favor de la Alternativa CO-3, en el trazado de la autovía A-57
que discurre por el municipio de Barro, y abrir una vía de comunicación y
mesa de diálogo con el Ayuntamiento y la ciudadanía de Barro antes de
iniciar unas obras
que supondrán un alto impacto negativo en este municipio, razón por la
cual el Ayuntamiento de Barro en sus alegaciones se decantó a favor de la
alternativa C-5, alternativa de las que se desconocen las razones y
argumentaciones técnicas que penalizan su elección con respecto a la
seleccionada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2017.-Guillermo
Antonio Meijón Couselo, Diputado.
181/000461
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña María del Carmen Pita Cárdenes
Texto:
¿Tiene el Gobierno de España concertado con el Gobierno de Canarias un
Plan de seguridad para actuar en caso de emergencia en la Zona Económica
Exclusiva española en el Atlántico que circunda al Archipiélago canario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2017.-María del
Carmen Pita Cárdenes, Diputada.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/000453
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
Diputados don Pablo Bellido Acevedo y don Luis Carlos Sahuquillo García
Texto:
Tras sucesivos retrasos: ¿Qué fecha estima el Gobierno para la
finalización de las obras de abastecimiento a la futura mancomunidad de
aguas de los núcleos colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía
(Cuenca y Guadalajara)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2017.-Pablo Bellido
Acevedo y Luis Carlos Sahuquillo García, Diputados.
181/000454
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
Diputados don Pablo Bellido Acevedo y don Luis Carlos Sahuquillo García
Texto:
Teniendo en cuenta que los embalses de cabecera del río Tajo (Entrepeñas y
Buendía) están agotados y ya no es posible trasvasar más agua al río
Segura, ¿qué alternativas va a poner en marcha el Gobierno para sustituir
al trasvase Tajo-Segura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2017.-Pablo Bellido
Acevedo y Luis Carlos Sahuquillo García, Diputados.
181/000455
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
Diputados don Pablo Bellido Acevedo y don Luis Carlos Sahuquillo García
Texto:
¿Qué fechas contempla el Gobierno para la tramitación y puesta en marcha
definitiva del Plan de Fomento de uso público y Adecuación Medioambiental
del entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y
Cuenca)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2017.-Pablo Bellido
Acevedo y Luis Carlos Sahuquillo García, Diputados.
181/000456
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
Diputados don Pablo Bellido Acevedo y don Luis Carlos Sahuquillo García
Texto:
¿Está cumpliendo el Gobierno con las recomendaciones del Parlamento
Europeo en relación con el Informe de la Comisión de Peticiones que hizo
visita de inspección a España para valorar el incumplimiento de la
Directiva marco sobre el agua, y especialmente con la recomendación sobre
el uso de las desalinizadoras para reducir la presión sobre el Tajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2017.-Pablo Bellido
Acevedo y Luis Carlos Sahuquillo García, Diputados.