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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 232, de 04/03/2013
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 232, de 04/03/2013
En tercer lugar, y al margen del sistema de pensiones, es conveniente
proceder a una reforma del marco normativo que regula las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, de manera que las
otorgue mayor seguridad jurídica, elimine la insuficiente definición del
contenido y alcance de las funciones de la colaboración y, de este modo,
se acabe con la incertidumbre que generan sus constantes
interpretaciones. También es conveniente que la nueva regulación
incorpore una mayor participación de las mutuas en la reducción del
absentismo laboral en aquella parcela que les afecta directamente como es
la gestión de la Incapacidad Temporal tanto en contingencias comunes como
profesionales.
Es por ello, por lo que el Grupo Parlamentario Popular presenta la
siguiente propuesta de resolución:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Acercar la edad real a la edad legal de jubilación mediante medidas que
desincentiven la retirada anticipada del mercado laboral, y favorezcan
nuevos incentivos a la continuidad en la actividad más allá de la edad
legal de jubilación establecida para cada ciudadano mediante el
desarrollo de mecanismos de compatibilidad entre el salario y la pensión
de jubilación, en desarrollo de lo previsto en las recomendaciones del
Pacto de Toledo.
2) Proceder a la definición concreta, y la incorporación a nuestro
ordenamiento, del Factor de sostenibilidad del sistema de pensiones,
recogido en el artículo 8 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad
Social, que tendrá en cuenta la evolución de la esperanza de vida así
como de otras variables del sistema. Ello se hará mediante el oportuno
debate en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo, y el pertinente
diálogo con los agentes sociales.
3) Presentar el Proyecto de Ley de regulación de las Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales, que garantice un marco estable y
las oportunas reformas para garantizar el máximo nivel de colaboración de
estas entidades con el sistema público de Seguridad Social, adaptando y
modernizando sus estructuras, competencias, recursos y capacidades.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del
debate de política general en torno al Estado de la Nación, formula la
siguiente propuesta de resolución, relativa a avanzar en la protección
del Estado del Bienestar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2013.-Alfonso
Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Propuesta de resolución núm. 99
Exposición de motivos
Las reformas económicas del Gobierno garantizan la viabilidad de nuestro
estado del bienestar. Se han afrontado problemas que ponían en grave
riesgo el estado del bienestar tal como lo conocemos en España, entre
otros, por ejemplo, una deuda de más de 16.000 millones de euros en el
Sistema Nacional de Salud.
También se han adoptado medidas en esta crisis que protegen a los más
débiles de nuestra sociedad y a los que peor lo están pasando.
La política social se tiene que apoyar en una economía sana y pivotar en
torno al empleo. Y solo a partir del crecimiento y la creación de empleo
se podrán ampliar las prestaciones y servicios de nuestro estado del
bienestar. Mientras tanto, es fundamental garantizar las prestaciones
sociales básicas y esenciales.
Es por ello, por lo que el Grupo Parlamentario Popular presenta la
siguiente propuesta de resolución:
El Congreso de los Diputados considera necesario:
1) Avanzar en un Pacto Sociosanitario entre instituciones (Estado y
Comunidades Autónomas), partidos políticos y agentes sociales, en materia
de sanidad y servicios sociales, para mejorar la calidad de vida de las
personas, familias y su entorno, a través de la garantía de continuidad
en la atención y los cuidados que necesitan coordinando y optimizando los
recursos sociales y sanitarios existentes.
2) Seguir avanzando en la garantía de la Sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud, una vez que se han adoptado las medidas para acabar
con una deuda de 16.000 millones de euros y con la total inexistencia de
normas claras sobre el derecho a la asistencia sanitaria que excluía a
miles de españoles mientras se ignoraba el turismo sanitario. Para que la
sanidad, centrada en el paciente, se caracterice por una gestión
eficiente e integrada, con todas sus capacidades orientadas a prevenir y
resolver problemas de salud, mediante las siguientes medidas:
a) Implantar la receta electrónica en todo el territorio nacional con el
fin de dar acceso a través de una dispensación electrónica desde todas
las oficinas de farmacia.
b) Promover el uso seguro de los medicamentos con un sistema unificado de
registro y notificación de incidentes que cuente con la opinión de los
ciudadanos y la implantación de herramientas de evaluación que
contribuyan a prevenir posibles errores.
c) Promover y desarrollar una política común de colaboración con y entre
las CC.AA. en materia de compra de productos sanitarios, con propuestas
conjuntas que optimicen el precio y las condiciones asociadas y promuevan
la equidad.
d) Trabajar intensamente en la organización y optimización de servicios
para incrementar los niveles de eficacia y eficiencia del Sistema
Nacional de Salud bajo los criterios de calidad y seguridad del paciente.
e) Seguir avanzado en la política de reducción del gasto farmacéutico que
ha conseguido un ahorro en 2012 de 1.365 millones de euros, potenciando
las alternativas más eficientes de medicamentos innovadores a través de
la racionalización de los precios de los medicamentos financiados para
fomentar la innovación, su producción y la actividad exportadora, la
mejora de la progresividad en la aportación del usuario, el avance en la
normativa de precios de referencia y menores y la consolidación en los
trabajos de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos en el
proceso de evaluación de farmacoeconomía.
3) Apoyar la excelencia en la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de
Salud a través de medidas orientadas a los profesionales y a la capacidad
para incorporar la innovación tecnológica diagnóstica y terapéutica a la
práctica clínica. Por lo que se proponen las siguientes medidas:
a) Garantizar la incorporación de nuevas tecnologías con un programa
conjunto de renovación y mantenimiento en colaboración público-privada. A
través de un Plan Nacional de Inversión en Innovación y Renovación
Tecnológica con la participación de las Comunidades Autónomas, cuya
selección y compra se formalizará a través de acuerdos marco de adhesión
voluntaria, garantías de pago por el Estado y mecanismos de coordinación
de la Plataforma de compras centralizadas del SNS.
b) Definir un modelo retributivo y de gestión clínica para los
profesionales sanitarios que favorezca su implicación en la gestión de la
prestación de la asistencia sanitaria tanto en la gestión de los recursos
como en la organización de los procesos asistenciales. Avanzar en la
excelencia en la formación en ciencias de la salud mediante el desarrollo
de la troncalidad y las áreas de capacitación específica.
4) Continuar priorizando la protección de los consumidores, especialmente
de los más vulnerables como las personas con discapacidad o personas de
mayor edad y establecer criterios de valoración de los programas que
permitan la optimización de los recursos, eviten duplicidades y fomenten
la colaboración entre administraciones.
5) Sentar las bases de un modelo innovador de protección social de forma
transversal y multidisciplinar que incluya como reto prioritario la
reducción de la pobreza, con especial atención a la protección de la
infancia más vulnerable a través de un Plan de Acción para la Inclusión
Social (2013-2016) y como instrumento integrador de las políticas de
infancia, con especial atención a la lucha contra el maltrato infantil un
Plan estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016. Un modelo
que entiende la promoción y el apoyo a la familia como uno de los ejes
básicos de la acción social con un Plan Integral de Apoyo a la Familia y
avances en la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal,
familiar y laboral.
6) Seguir avanzando en la sostenibilidad del sistema de dependencia y
desarrollar la legislación de protección a las personas con discapacidad
con un nuevo marco legal para su promoción laboral que garantice su
integración. Y establecer la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres como política prioritaria trasversal y especialmente de la
erradicación de la violencia con una estrategia que incluya a los hijos
menores víctimas de dicha violencia.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del
debate de política general en torno al Estado de la Nación, formula la
siguiente propuesta de resolución relativa a la política de vivienda.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2013.-Alfonso
Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Propuesta de resolución núm. 100
Exposición de motivos
El mercado inmobiliario ha sido uno de los protagonistas de la crisis
económica que sufre España. Hemos vivido una etapa de elevadísima demanda
impulsada por las facilidades de acceso al crédito, y de preponderancia
de la propiedad como modalidad de acceso a la vivienda. Actualmente, la
restricción de crédito y los determinantes económicos y demográficos de
la demanda de vivienda indican que España vivirá un periodo donde la
construcción y la compraventa de vivienda perderán protagonismo; al
tiempo la rehabilitación y el alquiler jugarán un papel más destacado.
También será necesario afrontar las consecuencias de los excesos
anteriormente descritos, que se reflejan en un elevado stock de viviendas
no vendidas y en el sobre-endeudamiento hipotecario que afecta a muchos
españoles, que en algunos casos no pueden hacer frente al pago de sus
deudas.
Es por ello, por lo que el Grupo Parlamentario Popular presenta la
siguiente propuesta de resolución:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes
medidas en materia de vivienda:
1) Facilitar la reestructuración de la deuda hipotecaria en aquellos casos
en los que debido a la crisis económica el deudor no esté en condiciones
de afrontar sus pagos, así como ofrecer un proceso de ejecución más
beneficioso para el deudor. Se protegerá a los colectivos sociales más
vulnerables mediante la ampliación del Código de Buenas Prácticas.
2) Aprobar a lo largo de 2013 una Ley de Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbanas que establezca un nuevo marco normativo para acoger el
enorme potencial que este sector tiene en España, para reactivar la
economía y generar empleo; los objetivos de esta norma deben ser mejorar
el estado de conservación de las viviendas, mejorar la accesibilidad, la
eficiencia energética y facilitar la colaboración de la iniciativa
privada.
3) Poner en marcha un Plan Estatal de Viviendas 2013-2016 que realice una
orientación de la Política de Vivienda, apoyando el alquiler, la
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
4) Impulsar el Fondo Social de Viviendas creado el 17 de enero de 2013
para dar cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su
vivienda habitual con posterioridad al 1 de enero de 2008.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del
debate de política general en torno al Estado de la Nación, formula la
siguiente propuesta de resolución relativa a la educación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2013.-Alfonso
Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Propuesta de resolución núm. 101
Exposición de motivos
La educación, de acuerdo con nuestra Constitución, tiene por objeto el
pleno desarrollo de la personalidad en el respeto a los principios
democráticos de convivencia y a los derechos fundamentales. Así mismo, la
educación es la base que garantiza la igualdad de oportunidades de los
ciudadanos a través de su formación y genera un retorno económico y
social de enorme importancia.
Desafortunadamente, la tasa de abandono educativo temprano en España en
2011 fue del 26,5 %, casi el doble que la media de la Unión Europea, lo
que pone de manifiesto la inequidad del propio sistema. Mejorar la
empleabilidad de nuestros jóvenes, dotarles de un mayor nivel formativo,
incrementar la tasa de graduación en FP y facilitarles más oportunidades
de futuro, deben ser objetivos compartidos por todos.
Es, por ello, por lo que el Grupo Parlamentario Popular presenta la
siguiente propuesta de resolución:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas oportunas para reducir el abandono escolar temprano
y mejorar el nivel de calidad del sistema educativo español y el nivel de
formación de nuestros jóvenes.
2. Apostar, asimismo, por un sistema de formación profesional más moderno
y con un mayor contacto con las empresas, a través de la FP dual.
3. Establecer, a través del Estatuto del Docente No Universitario, las
reglas fundamentales de esta profesión, así como el reconocimiento de la
autoridad del profesor.
4. Seguir apostando por un sistema eficiente de becas generales, como
instrumento real para garantizar la igualdad de oportunidades en la
educación.
5. Continuar trabajando con las Comunidades Autónomas y las universidades
en el desarrollo del Sistema Integrado de Información Universitaria, en
aras de una mayor transparencia y rendición de cuentas.
6. Potenciar la internacionalización de nuestras universidades.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del
debate de política general en torno al Estado de la Nación, formula la
siguiente propuesta de resolución sobre el modelo energético.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2013.-Alfonso
Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Propuesta de resolución núm. 102
Exposición de motivos
En la determinación del Gobierno de España de acometer las reformas
estructurales imprescindibles para que la economía española alcance un
crecimiento sostenido y estable es prioritario disponer de un sistema
energético seguro, equilibrado, transparente, eficiente, competitivo y
sostenible.
Para ello, es preciso continuar corrigiendo problemas estructurales del
sistema y disponer de un mix adecuado de las distintas fuentes de energía
sin infrautilizar ningún recurso disponible y buscando nuevas fuentes de
energía que disminuyan nuestra dependencia.
La reforma del sector eléctrico permitirá una profunda reordenación del
mismo y avanzar en los objetivos antes señalados.
Es por ello, por lo que el Grupo Parlamentario Popular presenta la
siguiente propuesta de resolución:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Abordar una profunda reordenación del sistema eléctrico, que haga
efectiva la implantación de un modelo energético sostenible económica y
medioambientalmente y que contribuya a mejorar la competitividad de la
industria española.
2) Estudiar, en relación con la exploración de petróleo y otros
hidrocarburos, en territorio nacional, incluidas sus aguas territoriales,
las modificaciones tributarias necesarias para gravar la actividad de
extracción de crudo. La implantación del tributo estará condicionada a
que el volumen extraído represente un porcentaje relevante respecto de la
demanda nacional de crudo, y su recaudación, a través del sistema de
financiación autonómico, se podrá destinar a financiar a aquellas
Comunidades Autónomas y Entidades Locales de la región en donde se
produzca la extracción.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del
debate de política general en torno al Estado de la Nación, formula la
siguiente propuesta de resolución, relativa a un Pacto de Estado en
materia de Ciencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2013.-Alfonso
Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Propuesta de resolución núm. 103
Exposición de motivos
La I+D+i es de extraordinaria importancia como factor de impulso a la
competitividad para superar la crisis económica y sentar las bases de una
economía basada en el conocimiento.
El nuevo modelo productivo español, que estará orientado hacia actividades
de alto valor añadido, necesita un decidido impulso a la investigación
científica y su traslación a las actividades económicas. La
investigación, el desarrollo y la innovación son elementos estratégicos
del desarrollo económico y social de un país, y como tal deben concitar
el mayor consenso posible, tanto a nivel político como social, para
conseguir paliar las principales debilidades de que adolece el Sistema
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Dado que la política de Ciencia y de investigación y desarrollo tiene unos
elevados tiempos de maduración, se considera esencial que su aplicación
se enmarque dentro de un Pacto de Estado al que se hayan sumado los
principales partidos políticos, y por ello es conveniente abrir un
diálogo que permita lograr dicho Pacto.
Es por ello, por lo que el Grupo Parlamentario Popular presenta la
siguiente propuesta de resolución:
El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de facilitar el
diálogo entre los partidos para alcanzar un Pacto de Estado por la
Ciencia, imprescindible en un contexto social y económico de crisis que
exige austeridad y donde se debe buscar la mayor eficiencia en la
asignación de los recursos disponibles. Dicho Pacto incluirá las
siguientes medidas:
a) Dotar de estabilidad presupuestaria a la financiación pública de la
I+D+i, para asegurar el impulso a la investigación y a la generación de
conocimiento, mediante el apoyo estable a los equipos punteros y a los
proyectos de I+D+i de máxima calidad.
b) Fomentar la innovación empresarial, favoreciéndola fiscalmente a través
de una reforma del incentivo por inversiones en I+D+i, implantando un
sistema de devolución en el crédito fiscal cuando éste no haya podido
compensarse.
c) Garantizar la dotación de capital humano altamente cualificado al
Sistema de CTI, apoyando los programas de ayudas que favorezcan la
incorporación y estabilización del talento (investigadores, tecnólogos,
personal de investigación, técnicos de I+D+i, gestores de I+D+i...).
d) Mejorar la gestión de las ayudas destinadas a la investigación y a la
innovación. Definir nuevos procedimientos administrativos para una más
eficaz y eficiente gestión de las actuaciones de I+D+i, financiadas por
la AGE, como de los recursos presupuestarios, agilizando la resolución de
convocatorias y la transferencia de fondos a los beneficiarios,
disminuyendo las cargas administrativas.
e) Implementar un sistema de evaluación y seguimiento, amparado en
principios internacionalmente validados y transparentes, basados en
comités de evaluación entre pares, así como el seguimiento de resultados
e impactos de las actuaciones ejecutadas con fondos públicos.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del
debate de política general en torno al Estado de la Nación, formula la
siguiente propuesta de resolución, relativa a las negociaciones para la
reforma de la PAC y a Política Medioambiental.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2013.-Alfonso
Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Propuesta de resolución núm. 104
Exposición de motivos
Las negociaciones sobre la Reforma de la Política Agrícola Común entran
ahora en su fase final. Por otra parte, el pasado día 8, el Consejo
Europeo aprobó la propuesta para el nuevo Marco Financiero Plurianual
para el período 2014-2020 que era el elemento previo indispensable para
continuar adelante con la reforma de la PAC. El marco aprobado mantiene
la actual estructura presupuestaria de la PAC, con dos pilares claramente
diferenciados (la política de precios y mercados y la política de
desarrollo rural), y asigna unos fondos que deben permitir abordar los
objetivos marcados en el actual proceso de reforma.
Respecto al primer pilar, la actual propuesta de reforma supone cambios
muy importantes en el modelo de ayudas con el abandono del sistema de
pago único, basado en referencias históricas, y su sustitución por un
modelo con diferentes componentes uno de los cuales, el denominado pago
base, debería alcanzar al final del período de aplicación valores
uniformes dentro de un Estado miembro o región del mismo.
Este cambio de modelo puede tener especial transcendencia en aquellos
países que, como es el caso de España, disponen de una agricultura mucho
más variada y diversificada que otros modelos de agricultura, como la
denominada continental que, al tener características más homogéneas,
pueden pasar con mayor facilidad a un modelo de tipo regional.
La propuesta contempla, además, la posible incorporación al sistema de
superficies que hasta ahora no estaban dentro del mismo lo que podría
incrementar sensiblemente el número de hectáreas potencialmente
elegibles.
El anterior cambio de modelo, junto con este previsible incremento en la
superficie potencialmente elegible, puede provocar una dilución en los
montantes de las ayudas e importantes trasvases de fondos tanto entre
sectores como entre las distintas regiones que se establezcan.
Otro de los elementos esenciales de la propuesta de reforma es el
denominado pago para prácticas beneficiosas para el clima y el medio
ambiente, el conocido como componente verde que supone la exigencia de
unas prácticas adicionales de carácter ambiental para todos los
agricultores y ganaderos integrados en el sistema.
Los requisitos que se establezcan para el acceso a los pagos de este tramo
de las ayudas deben ser tales que, manteniendo el compromiso que la
agricultura española y europea siempre han tenido con el medio ambiente,
tengan la suficiente flexibilidad para que las distintas orientaciones
productivas puedan acceder a ellos sin restricciones que limiten su
competitividad, para lo que se hace necesario adecuar estos requisitos a
la realidad productiva española.
La propuesta contempla, también, la posibilidad de utilizar una parte de
los recursos del Estado miembro, en la concesión de ayudas asociadas en
determinados sectores o actividades que afronten dificultades específicas
y sean especialmente importantes por motivos económicos, sociales o
medioambientales. Los montantes de esta ayuda deben ser suficientes para
hacer frente a las necesidades de todos aquellos sectores que puedan
necesitarla.
Por otra parte, las condiciones de competencia en unos mercados cada vez
mas abiertos y con elevadas volatilidades, aconsejan establecer
mecanismos eficaces para la estabilidad de los mismos evitando, en primer
lugar alterar las condiciones de competencia y que sirvan como una
verdadera red de seguridad en los ingresos. Asimismo es necesario mejorar
el funcionamiento de la cadena agroalimentaria como elemento para lograr
una mayor transparencia en los mercados.
Los elementos finales resultantes de la negociación deben aportar al
sector agrario español los instrumentos necesarios para reforzar su
competitividad, garantizar la renta de los agricultores y superar los
nuevos retos a que el sector agrario en su conjunto se enfrenta.
Respecto al segundo pilar de la PAC, la Comisión Europea ha configurado un
marco integrador de todos los fondos comunitarios (FEDER, FEADER, FSE,
FEMP y Fondos de cohesión). La misión del FEADER es contribuir, en el
ámbito de sus competencias (agricultura y desarrollo rural) a conseguir
los objetivos plasmados en la Estrategia Europa 2020.
Para conseguir que estos objetivos se alcancen en España, es necesario que
en esta fase de las negociaciones se mantenga una posición clara, firme y
con el máximo consenso posible, para continuar defendiendo, con la máxima
eficacia, los intereses de nuestro sector agrario. Es necesario que la
propuesta de reglamento FEADER se adapte a la realidad socioeconómica,
territorial y competencial de España, dando la flexibilidad suficiente
para poder contribuir de forma eficaz a los objetivos europeos, y a la
vez, dar respuesta a los principales retos que se plantean en nuestro
país.
Por otra parte, se hace imprescindible poner en marcha una política
medioambiental integral, sostenible, transparente y participativa.
Integral, porque aporte una visión amplia del medio ambiente al incluir
todos los sectores: aguas, costas, cambio climático, biodiversidad y
calidad ambiental. Sostenible, en tanto que orientada a la economía
verde, es decir, aquella en la que el proceso productivo sea más
eficiente al consumir menos recursos, generar menos emisiones y provocar
menos impacto. Transparente, para afrontar de manera consensuada las
medidas que haya que tomar y las posturas a defender en los diferentes
ámbitos. Y participativa, por cuanto fomente la colaboración y
cooperación con las diferentes Administraciones, con la sociedad civil y
con los ciudadanos como sujetos de derechos y deberes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
propuesta de resolución en materia de política agraria y medioambiental:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en la negociación de
la Reforma de la Política Agrícola Común defienda los siguientes
principios:
1) Defender el mantenimiento de los pagos directos como el mejor mecanismo
de apoyo a las rentas del sector agrario y que el cálculo para la
percepción de estos pagos, se base en criterios objetivos que tengan en
cuenta la diferente potencialidad productiva de las regiones españolas y
su diversidad.
2) Defender la mejor orientación de las ayudas a los agricultores mediante
una mejor definición de la figura de agricultor activo que implique la
exclusión del sistema de aquellos perceptores que claramente no ejercen
una actividad agraria.
3) Defender que en el nuevo modelo de ayudas, la convergencia interna sea
limitada y más progresiva en el tiempo, a través de una aplicación de un
modelo similar al utilizado para la convergencia entre Estados Miembros
de la Unión Europea.
4) Defender la inclusión en los nuevos reglamentos de la Política Agrícola
Común de mecanismos que eviten la incorporación al sistema de
determinadas superficies, hasta ahora excluidas del mismo y sobre las que
no se realiza una actividad agrícola o ganadera, para impedir un efecto
de dilución de las mismas.
5) Trabajar activamente para que los requisitos exigidos para el pago para
prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente no supongan una
merma de competitividad de las explotaciones, buscando la flexibilidad
necesaria para dar cabida a las distintas orientaciones productivas
españolas y abogando por la aplicación individual del montante del mismo.
6) Defender para España, una dotación suficiente en los montantes de los
fondos asignados para las ayudas acopladas que permitan satisfacer los
requerimientos de los distintos sectores que puedan necesitar de este
tipo de apoyo.
7) Defender el mantenimiento de regímenes de limitación de la producción,
en determinados sectores que cuentan con estos sistemas en la actualidad,
como elemento necesario para garantizar la estabilidad de los mercados.
8) Promover el establecimiento de medidas que permitan mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria, ampliando las funciones de las
Organizaciones de Productores de manera que puedan tener un mayor
protagonismo en la gestión de mercados y, en particular, en el control de
la oferta.
9) Proseguir las negociaciones de modo que los requisitos que recoja el
reglamento FEADER en lo relativo a las inversiones en regadío respondan a
la realidad y a las necesidades de los regadíos españoles.
10) Garantizar el mantenimiento del sistema de seguros agrarios español,
mediante su aplicación nacional en el marco de la legislación comunitaria
de ayudas de Estado.
A su vez, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en materia
de política medioambiental ponga en marcha una estrategia de impulso
medioambiental que coadyuve a:
1. Fomentar la conservación y mejora de nuestro medio ambiente,
favoreciendo la diversidad de nuestros hábitats y la conservación de
nuestro patrimonio natural.
2. Preservar nuestros recursos hídricos encaminados a una gestión integral
del agua que contribuya a aunar abastecimiento, saneamiento, depuración y
reutilización de las aguas, en coordinación con las Administraciones
competentes.
3. Poner en marcha medidas y políticas que incentiven una economía baja en
carbono, de manera que se consigan reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero de España y se potencien estudios en los diferentes
ámbitos sobre la adaptación de los sectores de la sociedad al cambio
climático.
4. Conseguir un equilibrio entre un alto nivel de protección de nuestro
litoral y la actividad económica respetuosa con el medio, mediante una
legislación capaz de aunar la seguridad jurídica de los titulares de
derechos, la transparencia y simplificación de los procedimientos, las
actuaciones de protección y conservación del litoral y la defensa de la
costa frente a la contaminación marina accidental.
5. Incentivar conductas y medidas que fomenten la economía verde, y creen
empleo de calidad y riqueza en consonancia con la preservación del medio
ambiente.
6. Promueva una comunicación eficaz para concienciar a los ciudadanos,
como sujetos de derechos y deberes, e incentive conductas orientadas a
disfrutar de nuestras riquezas naturales así como a preservarlas.
7. Ponga las bases para una colaboración y cooperación entre las
diferentes Administraciones para afrontar de manera consensuada las
medidas que haya que tomar y las posturas a defender en los diferentes
ámbitos.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del
debate de política general en torno al Estado de la Nación, formula la
siguiente propuesta de resolución, relativa a las víctimas del
terrorismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2013.-Alfonso
Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Propuesta de resolución núm. 105
Exposición de motivos
La Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección
Integral a las Víctimas del Terrorismo, fue aprobada por unanimidad por
ambas Cámaras legislativas como expresión del reconocimiento y compromiso
permanente de la sociedad española hacia todas las víctimas del
terrorismo. Fruto de la iniciativa legislativa de esta Cámara, la Ley se
inspira en los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad, y
persigue asegurar la reparación integral de la víctima a través del
reconocimiento de un conjunto de resarcimientos, indemnizaciones, ayudas
y distinciones honoríficas.
Resulta necesario ahora completar esta tarea de reparación y
reconocimiento a las víctimas del terrorismo mediante el desarrollo
reglamentario de las previsiones de la Ley, así como mediante el impulso
de las políticas públicas destinadas a dar satisfacción a las necesidades
específicas del colectivo.
Es, por ello, por lo que el Grupo Parlamentario Popular presenta la
siguiente propuesta de resolución:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar una atención
integral al colectivo de víctimas del terrorismo, con el fin de que estas
obtengan la reparación y justicia que merecen, y a asegurar la defensa
institucional de su dignidad y memoria, mediante:
1) La aprobación del Real Decreto por el que se adopte el Reglamento de la
Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral
a las Víctimas del Terrorismo.
2) El desarrollo de las actuaciones necesarias para atender las
necesidades de quienes han sufrido los efectos del terrorismo en
cualquiera de sus formas, que permitan garantizar su plena integración en
todos los ámbitos.
200/000001
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con
motivo del debate de la comunicación del Gobierno para el debate de
política general en torno al estado de la Nación, ha acordado lo
siguiente:
Resolución núm. 1
Regeneración democrática y transparencia.
El Congreso de los Diputados considera necesario un acuerdo de las fuerzas
políticas, con el fin de adoptar cuantas medidas de regeneración
democrática, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción
sean precisas para que los ciudadanos aumenten su confianza en las
instituciones. Entre otras, este acuerdo debería incorporar las
siguientes iniciativas:
1. La elaboración de un pacto ético entre los partidos respecto al
tratamiento de los casos de corrupción y de los encausados.
2. La creación de una comisión independiente formada por personas de
amplio reconocimiento y prestigio social que elabore un informe para su
remisión al Parlamento sobre la regeneración de la democracia.
3. La aprobación por parte del Gobierno de los siguientes proyectos de ley
para su remisión al Parlamento:
a) Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los
Partidos Políticos con nuevas exigencias a los partidos, como los
procedimientos mínimos de aprobación de cuentas, que, en todo caso,
deberán ser aprobadas y remitidas al Tribunal de Cuentas en los primeros
tres meses del año siguiente al ejercicio al que se refieran, la
regulación del papel de los responsables económico-financieros de estas
organizaciones, así como el tratamiento de las donaciones a los partidos
políticos.
b) Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para articular más
instrumentos de control para poder optimizar la capacidad de respuesta,
en tiempo adecuado, del Tribunal de Cuentas, así como más medios para su
desarrollo y fórmulas de colaboración por parte de la AEAT, el INSS y la
Oficina de Conflictos de Intereses.
c) Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para fortalecer el
régimen de las prohibiciones de contratación con el sector público a
todas las personas físicas y jurídicas condenadas por corrupción.
d) Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas, que constituya
un verdadero Estatuto del Cargo Público al servicio de la Administración
General del Estado. Esta norma debería incluir, entre otras, las
siguientes medidas: la regulación de la publicación de las declaraciones
tributarias, de bienes y de actividades de los cargos públicos; la
realización de auditorías de la situación patrimonial de los altos cargos
al final del mandato; el establecimiento de escalas de retribución de los
cargos públicos de la Administración General del Estado; la determinación
y límites de los sistemas de protección social; la limitación de la
compensación tras el cese, y el refuerzo de la Oficina de Conflicto de
Intereses.
e) Reforma del Código Penal para endurecer la sanción de la corrupción. En
concreto, se analizará el tratamiento penal de los siguientes delitos
existentes en la legislación penal y de nuevos comportamientos que
pudieren ser incorporados: prevaricación, cohecho, apropiación indebida,
malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y
exacciones ilegales, delitos urbanísticos, omisión o falsedad deliberada
por parte de los partidos políticos de sus cuentas y patrimonio social,
financiación ilegal y enriquecimiento injustificado de los cargos
públicos electivos. Asimismo se determinará el aumento de los plazos de
prescripción para esos delitos.
f) Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, para clarificar la competencia de los
Tribunales y agilizar los procedimientos para la persecución de los
delitos de corrupción para que el tiempo de respuesta ante el delito no
sea, en ningún caso, ni una forma de impunidad para el delincuente, ni
una condena pública sin sentencia.
4. En el ámbito parlamentario, se adoptarán los siguientes acuerdos:
a) Incorporación a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen
Gobierno de los siguientes extremos:
I. La mejor fórmula para incorporar a la Ley de Transparencia a los
partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y
aquellas entidades e instituciones que se financian esencialmente a
través de dinero público.
II. Cláusula de inmediata entrada en vigor de las obligaciones de
transparencia de los partidos políticos.
b) Estudio, en las correspondientes comisiones parlamentarias, de los
siguientes aspectos:
I. Medidas oportunas a adoptar para regular las organizaciones de
intereses o 'lobbies', con medidas que clarifiquen cuáles pueden ser sus
actividades y cuáles deben ser sus límites.
II. Forma de aplicación a Diputados y Senadores de las normas de
transparencia incluidas en la futura Ley Reguladora del Ejercicio de las
Funciones Políticas, estableciendo un procedimiento concreto de
publicidad de las declaraciones tributarias, de actividades y bienes.
III. Reformas necesarias para modernizar las campañas electorales
(sondeos, tratamiento por los medios, debates e incluso duración).
IV. Nuevas medidas a adoptar contra el transfuguismo político.
V. Posibles reformas de la Ley Orgánica reguladora de la Iniciativa
Legislativa Popular para facilitar su impulso y tramitación.
VI. Posibles reformas de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General
para mejorar el procedimiento de votación de los ciudadanos españoles
residentes en el exterior.
VII. La puesta en marcha inmediata de la Oficina Presupuestaria de las
Cortes Generales.
Resolución núm. 2
Administración Local.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el texto del Proyecto
de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
refleje expresamente la singularidad foral del entramado institucional
vasco.
Resolución núm. 3
Impulso reformista del Gobierno.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar con las reformas como única vía para volver a la senda de
crecimiento y creación de empleo.
2. Seguir gobernando desde la solidaridad, el mantenimiento de la cohesión
social y el reparto equitativo de los esfuerzos, priorizando las
políticas sociales, desde la máxima sensibilidad del Estado con quienes
sufren de forma más directa las consecuencias de la crisis económica.
3. Dar continuidad a los esfuerzos de consolidación fiscal, estabilidad
presupuestaria, austeridad y eficiencia que afronten el desequilibrio de
las cuentas públicas, porque solo así se podrá garantizar el
funcionamiento de las Administraciones públicas y el sostenimiento de los
servicios públicos que prestan.
4. Continuar con la ambiciosa tarea de redimensionamiento del sector
público, de forma que se eliminen solapamientos y duplicidades entre las
distintas administraciones, que han de adaptarse a los principios de
eficacia, operatividad y eficiencia.
5. Seguir cooperando con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones
Locales en un objetivo común de estabilidad presupuestaria y de
mantenimiento de los servicios públicos, garantizando la solvencia
financiera de todas las Administraciones públicas.
6. Proseguir con el intenso trabajo de transparencia, saneamiento y
reestructuración del sector financiero, como condición previa a la
completa recuperación de la economía y el funcionamiento del crédito.
7. Continuar con el diseño, impulso y puesta en práctica de reformas
estructurales para dotar de mayor flexibilidad y competitividad a la
economía, así como para apoyar el empleo y a los sectores que lo crean,
especialmente a los empresarios.
8. Trabajar en la recuperación de la confianza y la credibilidad de
España, sus instituciones, su sociedad civil y su sistema económico,
porque solo desde esas bases será posible recuperar la senda perdida del
crecimiento económico.
9. Seguir dando impulso político al proceso de integración europea,
asegurando la irreversibilidad del euro y disipando las amenazas que se
han cernido en los últimos años sobre el proyecto europeo.
10. Proseguir con el programa de regeneración democrática impulsado desde
el comienzo de la Legislatura por el Gobierno, basado, por un lado, en el
refuerzo de la responsabilidad de los gestores públicos, así como en el
impulso de transparencia de las administraciones en un ejercicio inédito,
innovador e irreversible en nuestro ordenamiento jurídico.
Resolución núm. 4
Para fomentar el empleo juvenil en nuestro país.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven en
coordinación con el resto de Administraciones públicas.
2. Sumar para el desarrollo de la Estrategia a todos aquellos agentes de
la economía que quieran demostrar un compromiso con el empleo.
3. Fomentar el espíritu emprendedor y la innovación, así como promover las
iniciativas de emprendimiento.
4. Extender la Formación Profesional con Alternancia en el Empleo, o
Formación Profesional Dual.
5. Incrementar el número de procesos de formación certificable y el
reconocimiento de la experiencia laboral.
6. Extender el conocimiento de idiomas y la mejora de la cualificación en
herramientas tecnológicas, ya que aumentan las oportunidades para el
acceso y mantenimiento del puesto de trabajo.
7. Impulsar el uso de la teleformación, con objeto de favorecer el acceso
de los trabajadores de las empresas, especialmente pequeñas y medianas en
cualquier momento y lugar, ganando en eficacia, eficiencia y calidad.
8. Impulsar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, un nuevo
sistema de planificación, programación y evaluación de las Políticas
Activas de Empleo.
9. Modernizar y mejorar la eficacia y la eficiencia de los Servicios
Públicos de Empleo en la intermediación y en la recolocación de las
personas desempleadas.
10. Impulsar la colaboración público-privada con las agencias de
colocación y las empresas de recolocación.
11. Fomentar la economía social, como una fórmula de emprendimiento
colectivo generadora de empleo y oportunidades.
12. Ampliar y potenciar los programas que tienen por objeto facilitar la
inserción de personas que presentan mayores dificultades de acceso al
mercado laboral, como el Programa Operativo de Lucha contra la
Discriminación del Fondo Social Europeo.
13. Impulsar políticas de responsabilidad social empresarial en lo
relativo a la creación y el mantenimiento de los puestos de trabajo y el
acceso al mercado laboral de colectivos con mayores dificultades de
inserción, como las personas con algún tipo de discapacidad.
14. Facilitar que los jóvenes que hayan concluido su formación tengan,
cuanto antes, una primera experiencia profesional o continúen mejorando
su cualificación en línea con lo establecido en la Garantía Juvenil
europea.
15. Fomentar iniciativas que permitan adoptar horarios flexibles y
conciliación entre la vida familiar y profesional.
Resolución núm. 5
Apoyo a emprendedores.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar un Proyecto de
Ley de Emprendedores que contenga las siguientes medidas:
1. Apoyos fiscales al crecimiento empresarial:
a) Las empresas con un volumen de negocio inferior a 10 millones de euros
podrán deducirse hasta un 10% en la cuota íntegra del IS de los
beneficios obtenidos en el período impositivo que se reinviertan en la
actividad económica.
b) El inversor particular que participe temporalmente en empresas nuevas o
de reciente creación aportando, o capital financiero exclusivamente
(capital semilla), o capital financiero acompañado de sus conocimientos
empresariales o profesionales para el desarrollo de la actividad de la
sociedad en la que invierten (inversor de proximidad o 'business angel')
tendrá un doble incentivo fiscal:
- Una deducción del 15% en la cuota estatal en el IRPF con ocasión de la
inversión realizada al entrar en la sociedad, con un funcionamiento
similar a la deducción en vivienda habitual.
- Una exención parcial de la plusvalía (50%) al salir de la sociedad,
siempre y cuando se reinvierta en otra entidad de nueva o reciente
creación.
- La inversión deberá ser temporal, de manera que deban transmitirse las
acciones entre el tercer y el noveno año de tenencia de la participación.
c) Se permite que las deducciones por I+D+i que no hayan podido aplicarse
en un ejercicio puedan recuperarse mediante un sistema único en España de
devoluciones. Será el único incentivo fiscal del impuesto que no esté
condicionado a la existencia de cuota del Impuesto sobre Sociedades, pero
vinculado a la creación o el mantenimiento de empleo.
2. Apoyo a la financiación de las empresas:
a) Facilitar la utilización por parte de las empresas y autónomos de
22.000 millones de euros en 2013 de la financiación del ICO e impulso a
la estrategia de negocio para PYMEs de la banca saneada, con una dotación
de 10.000 millones de euros.
b) Constitución de un Fondo de Fondos encargado de licitar y adjudicar
inversiones entre gestoras de capital riesgo en áreas y sectores
vinculados a la internacionalización y la mejora de la competitividad.
c) Creación de la Red Nacional de Incubadoras de Empresas.
d) Impulso a los 'business angels' o inversiones informales.
e) Mejora del acceso a fondos para la implantación de PYMEs españolas en
el exterior.
f) Impulsar el sistema de avales y garantías, a través de la Compañía
Española de Reafinanciamiento S.A. (CERSA) y de la Compañía Española de
Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE).
3. Estímulos a la actividad emprendedora:
a) Fomento de la cultura y la iniciativa emprendedora en los diferentes
niveles educativos.
b) Establecer contenidos mínimos de los distintos niveles educativos que
fomenten el desarrollo de su creatividad, el trabajo en equipo y el
espíritu emprendedor y medidas para la formación permanente del
profesorado.
c) Creación de la figura del 'emprendedor de responsabilidad limitada',
mediante la cual las personas físicas podrán ver limitada su
responsabilidad por deudas derivadas de su actividad profesional o
empresarial, no viéndose afectados determinados bienes tales como la
vivienda o vehículos de uso familiar.
d) Establecimiento de un mecanismo ágil, sencillo y barato que abra, para
los ciudadanos, empresarios individuales y sociedades de menor dimensión,
una vía alternativa al concurso judicial, que sea más flexible, más
amplia y más adaptada a las necesidades de estos colectivos que los
acuerdos de refinanciación.
e) Agilización de los trámites municipales para el ejercicio de
actividades económicas a través de la reforma de la Administración Local.
f) Lanzamiento del portal 'Emprende en tres', que permitirá a los
emprendedores tramitar, de forma más sencilla y accesible, los trámites
municipales necesarios para el inicio de actividades económicas sometidas
a declaración responsable o comunicación.
4. Mejora de la empleabilidad de los jóvenes:
a) Desarrollo de estímulos para que los jóvenes desempleados puedan
obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria, mejorando su
capacitación y ampliando sus posibilidades de acceso al mercado de
trabajo.
b) Se extenderán los programas formativos dirigidos a la obtención de
certificados de profesionalidad y con compromiso de contratación.
Resolución núm. 6
Ingreso del IVA de las facturas no cobradas.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer una
modificación en la regulación del Impuesto sobre el Valor Añadido que
permita sustituir el tradicional criterio de devengo por el criterio de
caja para aquellos autónomos y PYMES cuyo volumen de negocio sea inferior
a 2 millones de euros al año.
Resolución núm. 7
Reforma de las Administraciones Públicas.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar y potenciar los
trabajos de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas
(CORA) para conseguir los siguientes objetivos:
1. Eliminación de las duplicidades administrativas, identificando y
eliminando duplicidades y reforzando los mecanismos de cooperación, de
modo que se abarate el coste de la actividad administrativa.
2. Simplificación administrativa, revisando las trabas burocráticas que
dificultan la tramitación de los procedimientos administrativos con el
fin de conseguir una mayor simplificación que redunde en beneficio de los
ciudadanos.
3. Gestión de servicios y medios comunes, con el objeto de centralizar
actividades de gestión que, por ser similares o de la misma naturaleza,
puedan desempeñarse de forma unificada o coordinada, aprovechando así en
mayor medida los medios públicos y aplicando modelos de éxito implantados
en otros sectores.
4. Administración institucional, analizando la distinta tipología de entes
que la componen, revisando su marco normativo y los modelos que en él se
identifican como óptimos, realizando las modificaciones que convengan en
la lista de entidades existentes.
5. Clarificación de las competencias de las entidades locales y
racionalización de sus estructuras administrativas, a fin de hacerlas más
eficientes y sostenibles económicamente, mediante las reformas normativas
que sean precisas.
Resolución núm. 8
Compromiso de España con la Unión Europea y con otros organismos
internacionales.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Contribuir desde el Consejo a que los objetivos y medidas que se
planteen tanto en el Parlamento Europeo como en la Comisión Europea para
mejorar el acuerdo sobre el Marco Financiero Europeo aprobado por el
Consejo Europeo puedan ser alcanzados, y reforzar el impulso destinado a
alcanzar cuanto antes una verdadera Unión Económica y Monetaria mediante
la puesta en marcha de un mecanismo de supervisión bancaria único europeo
bajo la autoridad del Banco Central Europeo, el establecimiento
definitivo de un pilar fiscal común compatible con el crecimiento y la
creación de empleo, y la articulación de un esquema de política económica
integrada, así como de rendición de cuentas y de legitimidad
democráticas.
2. Promover el compromiso de España con el multilateralismo y con las
Naciones Unidas y seguir impulsando activamente la candidatura de España
a un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas para el bienio 2015-2016.
3. Impulsar la aprobación del Tratado de Comercio Exterior de Armas
Convencionales en la Conferencia de Naciones prevista en el próximo mes
de marzo de 2013, y conseguir un texto final que, junto a los controles y
procedimientos necesarios, recoja la obligación de los Estados de no
autorizar, prevenir e impedir que las transferencias de armas puedan ser
utilizadas para cometer o facilitar graves violaciones de derechos
humanos y del derecho internacional humanitario.
Resolución núm. 9
Sostenibilidad del sistema de pensiones y regulación de las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acercar la edad real a la edad legal de jubilación mediante medidas que
desincentiven la retirada anticipada del mercado laboral, y favorezcan
nuevos incentivos a la continuidad en la actividad más allá de la edad
legal de jubilación establecida para cada ciudadano mediante el
desarrollo de mecanismos de compatibilidad entre el salario y la pensión
de jubilación, en desarrollo de lo previsto en las recomendaciones del
Pacto de Toledo.
2. Proceder a la definición concreta, y la incorporación a nuestro
ordenamiento, del Factor de sostenibilidad del sistema de pensiones,
recogido en el artículo 8 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad
Social, que tendrá en cuenta la evolución de la esperanza de vida así
como de otras variables del sistema. Ello se hará mediante el oportuno
debate en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo, y el pertinente
diálogo con los agentes sociales.
3. Presentar el Proyecto de Ley de regulación de las Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales, que garantice un marco estable y
las oportunas reformas para garantizar el máximo nivel de colaboración de
estas entidades con el sistema público de Seguridad Social, adaptando y
modernizando sus estructuras, competencias, recursos y capacidades.
Resolución núm. 10
Avanzar en la protección del Estado del Bienestar.
El Congreso de los Diputados considera necesario:
1. Avanzar en un Pacto Sociosanitario entre instituciones (Estado y
Comunidades Autónomas), partidos políticos y agentes sociales, en materia
de sanidad y servicios sociales, para mejorar la calidad de vida de las
personas, familias y su entorno, a través de la garantía de continuidad
en la atención y los cuidados que necesitan coordinando y optimizando los
recursos sociales y sanitarios existentes.
2. Seguir avanzando en la garantía de la Sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud -una vez que se han adoptado las medidas para acabar
con una deuda de 16.000 millones de euros y con la total inexistencia de
normas claras sobre el derecho a la asistencia sanitaria que excluía a
miles de españoles mientras se ignoraba el turismo sanitario- para que la
sanidad, centrada en el paciente, se caracterice por una gestión
eficiente e integrada, con todas sus capacidades orientadas a prevenir y
resolver problemas de salud, mediante las siguientes medidas:
a) Implantar la receta electrónica en todo el territorio nacional con el
fin de dar acceso a través de una dispensación electrónica desde todas
las oficinas de farmacia.
b) Promover el uso seguro de los medicamentos con un sistema unificado de
registro y notificación de incidentes que cuente con la opinión de los
ciudadanos y la implantación de herramientas de evaluación que
contribuyan a prevenir posibles errores.
c) Promover y desarrollar una política común de colaboración con y entre
las Comunidades Autónomas en materia de compra de productos sanitarios,
con propuestas conjuntas que optimicen el precio y las condiciones
asociadas y promuevan la equidad.
d) Trabajar intensamente en la organización y optimización de servicios
para incrementar los niveles de eficacia y eficiencia del Sistema
Nacional de Salud bajo los criterios de calidad y seguridad del paciente.
e) Seguir avanzando en la política de reducción del gasto farmacéutico que
ha conseguido un ahorro en 2012 de 1.365 millones de euros, potenciando
las alternativas más eficientes de medicamentos innovadores a través de
la racionalización de los precios de los medicamentos financiados para
fomentar la innovación, su producción y la actividad exportadora, la
mejora de la progresividad en la aportación del usuario, el avance en la
normativa de precios de referencia y menores y la consolidación en los
trabajos de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos en el
proceso de evaluación de farmacoeconomía.
3. Apoyar la excelencia en la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de
Salud a través de medidas orientadas a los profesionales y a la capacidad
para incorporar la innovación tecnológica diagnóstica y terapéutica a la
práctica clínica. Por lo que se proponen las siguientes medidas:
a) Garantizar la incorporación de nuevas tecnologías con un programa
conjunto de renovación y mantenimiento en colaboración público-privada, a
través de un Plan Nacional de Inversión en Innovación y Renovación
Tecnológica con la participación de las Comunidades Autónomas, cuya
selección y compra se formalizará a través de acuerdos marco de adhesión
voluntaria, garantías de pago por el Estado y mecanismos de coordinación
de la Plataforma de compras centralizadas del Sistema Nacional de Salud.
b) Definir un modelo retributivo y de gestión clínica para los
profesionales sanitarios que favorezca su implicación en la gestión de la
prestación de la asistencia sanitaria, tanto en la gestión de los
recursos como en la organización de los procesos asistenciales. Avanzar
en la excelencia en la formación en ciencias de la salud mediante el
desarrollo de la troncalidad y las áreas de capacitación específica
4. Continuar priorizando la protección de los consumidores, especialmente
de los más vulnerables como las personas con discapacidad o personas de
mayor edad y establecer criterios de valoración de los programas que
permitan la optimización de los recursos, eviten duplicidades y fomenten
la colaboración entre Administraciones.
5. Sentar las bases de un modelo innovador de protección social de forma
transversal y multidisciplinar que incluya como reto prioritario la
reducción de la pobreza, con especial atención a la protección de la
infancia más vulnerable a través de un Plan de Acción para la Inclusión
Social (2013-2016) y como instrumento integrador de las políticas de
infancia, con especial atención a la lucha contra el maltrato infantil a
través de un Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia
(2013-2016). Un modelo que entiende la promoción y el apoyo a la familia
como uno de los ejes básicos de la acción social con un Plan Integral de
Apoyo a la Familia y avances en la conciliación y corresponsabilidad de
la vida personal, familiar y laboral.
6. Seguir avanzando en la sostenibilidad del sistema de dependencia y
desarrollar la legislación de protección a las personas con discapacidad
con un nuevo marco legal para su promoción laboral que garantice su
integración, y establecer la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres como política prioritaria transversal, especialmente para la
erradicación de la violencia con una estrategia que incluya a los hijos
menores víctimas de dicha violencia.
Resolución núm. 11
Política de vivienda.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes
medidas en materia de vivienda:
1. Facilitar la reestructuración de la deuda hipotecaria en aquellos casos
en los que debido a la crisis económica el deudor no esté en condiciones
de afrontar sus pagos, así como ofrecer un proceso de ejecución más
beneficioso para el deudor. Se protegerá a los colectivos sociales más
vulnerables mediante la ampliación del Código de Buenas Prácticas.
2. Aprobar a lo largo de 2013 una Ley de Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbanas que establezca un nuevo marco normativo para acoger el
enorme potencial que este sector tiene en España, para reactivar la
economía y generar empleo; los objetivos de esta norma deben ser mejorar
el estado de conservación de las viviendas, mejorar la accesibilidad, la
eficiencia energética y facilitar la colaboración de la iniciativa
privada.
3. Poner en marcha un Plan Estatal de Viviendas 2013-2016 que realice una
orientación de la Política de Vivienda, apoyando el alquiler, la
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
4. Impulsar el Fondo Social de Viviendas creado el 17 de enero de 2013
para dar cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su
vivienda habitual con posterioridad al 1 de enero de 2008.
Resolución núm. 12
Educación.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas oportunas para reducir el abandono escolar temprano
y mejorar el nivel de calidad del sistema educativo español y el nivel de
formación de nuestros jóvenes.
2. Apostar, asimismo, por un sistema de formación profesional más moderno
y con un mayor contacto con las empresas, a través de la Formación
Profesional dual.
3. Establecer, a través del Estatuto del Docente No Universitario, las
reglas fundamentales de esta profesión, así como el reconocimiento de la
autoridad del profesor.
4. Seguir apostando por un sistema eficiente de becas generales, como
instrumento real para garantizar la igualdad de oportunidades en la
educación.
5. Continuar trabajando con las Comunidades Autónomas y las universidades
en el desarrollo del Sistema Integrado de Información Universitaria, en
aras de una mayor transparencia y rendición de cuentas.
6. Potenciar la internacionalización de nuestras universidades.
Resolución núm. 13
Modelo energético.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Abordar una profunda reordenación del sistema eléctrico, que haga
efectiva la implantación de un modelo energético sostenible económica y
medioambientalmente y que contribuya a mejorar la competitividad de la
industria española.
2. Estudiar, en relación con la exploración de petróleo y otros
hidrocarburos en territorio nacional, incluidas sus aguas territoriales,
las modificaciones tributarias necesarias para gravar la actividad de
extracción de crudo. La implantación del tributo estará condicionada a
que el volumen extraído represente
un porcentaje relevante respecto de la demanda nacional de crudo, y su
recaudación, a través del sistema de financiación autonómico, se podrá
destinar a financiar a aquellas Comunidades Autónomas y Entidades Locales
de la región en donde se produzca la extracción.
Resolución núm. 14
Pacto de Estado en materia de Ciencia.
El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de facilitar el
diálogo entre los partidos para alcanzar un Pacto de Estado por la
Ciencia, imprescindible en un contexto social y económico de crisis que
exige austeridad y donde se debe buscar la mayor eficiencia en la
asignación de los recursos disponibles. Dicho Pacto incluirá las
siguientes medidas:
a) Impulsar la investigación y la generación de conocimiento mediante el
apoyo a los equipos punteros y a los proyectos de I+D+i de máxima
calidad, con el fin de reducir las distancias con los demás líderes
europeos en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación.
b) Fomentar la innovación empresarial, favoreciéndola fiscalmente a través
de una reforma del incentivo por inversiones en I+D+i, implantando un
sistema de devolución en el crédito fiscal cuando este no haya podido
compensarse.
c) Garantizar la dotación de capital humano altamente cualificado al
Sistema de CTI, apoyando los programas de ayudas que favorezcan la
incorporación y estabilización del talento (investigadores, tecnólogos,
personal de investigación, técnicos de I+D+i, gestores de I+D+i...).
d) Mejorar la gestión de las ayudas destinadas a la investigación y a la
innovación. Definir nuevos procedimientos administrativos para una más
eficaz y eficiente gestión de las actuaciones de I+D+i, financiadas por
la AGE, como de los recursos presupuestarios, agilizando la resolución de
convocatorias y la transferencia de fondos a los beneficiarios,
disminuyendo las cargas administrativas.
e) Implementar un sistema de evaluación y seguimiento, amparado en
principios internacionalmente validados y transparentes, basados en
comités de evaluación entre pares, así como el seguimiento de resultados
e impactos de las actuaciones ejecutadas con fondos públicos.
Resolución núm. 15
Negociaciones para la reforma de la PAC y Política Medioambiental.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en la negociación de
la Reforma de la Política Agrícola Común defienda los siguientes
principios:
1. Defender el mantenimiento de los pagos directos como el mejor mecanismo
de apoyo a las rentas del sector agrario y que el cálculo para la
percepción de estos pagos, se base en criterios objetivos que tengan en
cuenta la diferente potencialidad productiva de las regiones españolas y
su diversidad.
2. Defender la mejor orientación de las ayudas a los agricultores mediante
una mejor definición de la figura de agricultor activo que implique la
exclusión del sistema de aquellos perceptores que claramente no ejercen
una actividad agraria.
3. Defender que en el nuevo modelo de ayudas, la convergencia interna sea
limitada y más progresiva en el tiempo, a través de una aplicación de un
modelo similar al utilizado para la convergencia entre Estados miembros
de la Unión Europea.
4. Defender la inclusión en los nuevos reglamentos de la Política Agrícola
Común de mecanismos que eviten la incorporación al sistema de
determinadas superficies, hasta ahora excluidas del mismo y sobre las que
no se realiza una actividad agrícola o ganadera, para impedir un efecto
de dilución de las mismas.
5. Trabajar activamente para que los requisitos exigidos para el pago de
prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente no supongan una
merma de competitividad de las explotaciones, buscando la flexibilidad
necesaria para dar cabida a las distintas orientaciones productivas
españolas y abogando por la aplicación individual del montante del mismo.
6. Defender para España una dotación suficiente en los montantes de los
fondos asignados para las ayudas acopladas que permitan satisfacer los
requerimientos de los distintos sectores que puedan necesitar de este
tipo de apoyo.
7. Defender el mantenimiento de regímenes de limitación de la producción,
en determinados sectores que cuentan con estos sistemas en la actualidad,
como elemento necesario para garantizar la estabilidad de los mercados.
8. Promover el establecimiento de medidas que permitan mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria, ampliando las funciones de las
Organizaciones de Productores de manera que puedan tener un mayor
protagonismo en la gestión de mercados y, en particular, en el control de
la oferta.
9. Proseguir las negociaciones de modo que los requisitos que recoja el
reglamento FEADER en lo relativo a las inversiones en regadío respondan a
la realidad y a las necesidades de los regadíos españoles.
10. Garantizar el mantenimiento del sistema español de seguros agrarios,
mediante su aplicación nacional en el marco de la legislación comunitaria
de ayudas de Estado.
A su vez, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en materia
de política medioambiental ponga en marcha una estrategia de impulso
medioambiental que coadyuve a:
1. Fomentar la conservación y mejora de nuestro medio ambiente,
favoreciendo la diversidad de nuestros hábitat y la conservación de
nuestro patrimonio natural.
2. Preservar nuestros recursos hídricos encaminados a una gestión integral
del agua que contribuya a aunar abastecimiento, saneamiento, depuración y
reutilización de las aguas, en coordinación con las Administraciones
competentes.
3. Poner en marcha medidas y políticas que incentiven una economía baja en
carbono, de manera que se consiga reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero de España y se potencien estudios en los diferentes
ámbitos sobre la adaptación de los sectores de la sociedad al cambio
climático.
4. Conseguir un equilibrio entre un alto nivel de protección de nuestro
litoral y la actividad económica respetuosa con el medio, mediante una
legislación capaz de aunar la seguridad jurídica de los titulares de
derechos, la transparencia y simplificación de los procedimientos, las
actuaciones de protección y conservación del litoral y la defensa de la
costa frente a la contaminación marina accidental.
5. Incentivar conductas y medidas que fomenten la economía verde y creen
empleo de calidad y riqueza en consonancia con la preservación del medio
ambiente.
6. Promover una comunicación eficaz para concienciar a los ciudadanos,
como sujetos de derechos y deberes, e incentivar conductas orientadas a
disfrutar de nuestras riquezas naturales, así como a preservarlas.
7. Sentar las bases para una colaboración y cooperación entre las
diferentes Administraciones para afrontar de manera consensuada las
medidas que haya que tomar y las posturas a defender en los diferentes
ámbitos.
Resolución núm. 16
Víctimas del terrorismo.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar una atención
integral al colectivo de víctimas del terrorismo, con el fin de que estas
obtengan la reparación y justicia que merecen, y a asegurar la defensa
institucional de su dignidad y memoria, mediante:
1. La aprobación del Real Decreto por el que se adopte el Reglamento de la
Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral
a las Víctimas del Terrorismo.
2. El desarrollo de las actuaciones necesarias para atender las
necesidades de quienes han sufrido los efectos del terrorismo en
cualquiera de sus formas, que permitan garantizar su plena integración en
todos los ámbitos.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97
del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2013.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.