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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 695, de 06/11/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 695
EDUCACIÓN Y CIENCIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁNGEL MARTÍNEZ SANJUÁN
Sesión núm. 49
celebrada el lunes, 6 de noviembre de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Celebración de las siguientes comparecencias, con motivo de la tramitación del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (Número de expediente 121/000101.) ...
-Del señor presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Vázquez García). (Número de expediente 219/000721.) ...
(Página 2)
-Del doctor Guy Haug, experto europeo en política de educación superior, administrador principal de la Dirección General de Educación de la Unión Europea. (Número de expediente 219/000722.) ... (Página 11)
-Del señor catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, ex conseller d'Universitat, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya y secretario general del Consejo Europeo de Investigación (Mas-Colell).
(Número de expediente 219/000723.) ...
(Página 19)
-Del señor ex rector de la Universidad Politécnica de Barcelona (Ferrer Llop). (Número de expediente 219/000724.) ... (Página 27)
-Del señor Solà i Ferrando, ex conseller del departament d'Universitat, Recerca i Societat de la Información de la Generalitat de Catalunya y ex presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). (Número de
expediente 219/000725.) ... (Página 35)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS, CON MOTIVO DE LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/2001, DE 21 DE DICIEMBRE, DE UNIVERSIDADES (121/000101):
-DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (VÁZQUEZ GARCÍA). (Número de expediente 219/000721).
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión de la Comisión de Educación y Ciencia para afrontar a lo largo de hoy, mañana y pasado las comparecencias de diferentes personalidades, expertos en su mayoría, en relación con un proyecto de
ley importante para esta Comisión y lógicamente para la educación de este país y la enseñanza universitaria, como es el proyecto de Ley que modifica la anterior Ley 6/2001, de 21 de diciembre, Orgánica de Universidades. Sus señorías conocen las
comparecencias que vamos a celebrar y me gustaría hacerlas -no por nosotros, sino pensando en los comparecientes que, no formando parte de esta Comisión ni del Congreso de los Diputados, van a colaborar con su intervención al esclarecimiento de
dudas y planteamientos que pueden ser interesantes para los grupos parlamentarios- cumpliendo el orden del día en la medida de lo posible. Sé que suele ser bastante difícil, sobre todo cuando abordamos en una sesión como la de esta tarde cinco
comparecencias. El procedimiento que vamos a utilizar es el común y que conocen SS.SS., una breve intervención de los diferentes comparecientes que quieran realizarla para fijar posición, solicitar aclaraciones o formular preguntas por parte de los
grupos parlamentarios a los diferentes comparecientes. Esta comparecencia es para hablar de un proyecto de ley con expertos, con unas personas que tanto los grupos parlamentarios como la Comisión hemos decidido que vengan y no para que dé lugar a
debates entre grupos parlamentarios ni sobre cuestiones que no tienen nada que ver con la Ley de Universidades. Así pues, dentro del tiempo asignado por el Reglamento y que SS.SS. conocen, que es un máximo de diez minutos, les rogaré que se ciñan
y atañan a esta norma de procedimiento, no por otra razón que la que les decía anteriormente, atender al buen orden de la Comisión y evitar demoras más allá de lo razonable en las comparecencias de los demás.
En primer lugar damos la bienvenida a don Juan Antonio Vázquez García, presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas -más conocida como CRUE- al que esta Comisión ha pedido que comparezca para informar. Aunque no
está en la Mesa, quiero agradecer la presencia del vicepresidente de la CRUE, don Ángel Gabilondo, que nos acompaña también en esta Comisión. Sin más preámbulos doy la palabra al señor Vázquez García. (El señor Nasarre Goicoechea pide la palabra.)
Señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Al ser esta la Comisión competente en asuntos deportivos y ante la triste noticia de esta mañana del fallecimiento de don Francisco Fernández Ochoa, quiero expresar la condolencia de mi grupo por tal pérdida.
Era un ejemplar deportista, señero y adornado con virtudes humanas. Me permito también, señor presidente, rogarle que si el resto de los grupos lo tienen a bien, como se ha hecho en otras ocasiones, que esta Comisión dé traslado de nuestra
condolencia y pesar a la familia y al conjunto de la familia deportiva, a la que nos unimos en su dolor.
El señor PRESIDENTE: Así se hará en representación no solo del Grupo Parlamentario Popular sino del conjunto de la Comisión. No conocía esta triste noticia, pero la Mesa se suma a la condolencia de esta Comisión por este deportista que nos
dio una medalla importante en Sapporo.
Tiene la palabra el señor presidente de la CRUE para hacer una intervención en relación con el proyecto de
ley y posteriormente daré la palabra a los grupos parlamentarios de menor a mayor.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (Vázquez García): Señor presidente, señorías, es para mí verdaderamente un honor comparecer ante esta Comisión de Educación y Ciencia del Congreso de los
Diputados y les agradezco enormemente que hayan incluido entre estas comparecencias a un rector que, en este caso, representa a las universidades españolas a través de la CRUE, de la Conferencia de Rectores. Estoy sobre todo a su disposición para
cuantas cuestiones deseen formularme, pero en todo caso y con el permiso del señor presidente y de todos ustedes me gustaría introducir brevemente y en el tiempo que me ha sido asignado cuál es nuestra actitud y nuestro posicionamiento ante este
importante proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica de Universidades.
No hay acción sin convicciones y déjenme, por eso, empezar expresando dos convicciones que seguro que ustedes compartirán conmigo. La primera es que la educación y el conocimiento son una formidable palanca de bienestar, de crecimiento, de
progreso, de movilidad y de cohesión social. No sé si todavía se ha reconocido suficientemente el papel que la educación ha tenido en la transformación económica y social de nuestro país, pero, como decía Joaquín Costa, con despensa y con escuela
nuestro país ha conseguido un extraordinario avance en muy pocas décadas y a ello hemos tratado de contribuir decisivamente las universidades. El país ha hecho un gran esfuerzo social en la universidad y la universidad ha querido contribuir y
responder a este esfuerzo social asumiendo, primero, el paso que ha supuesto saltar de 400.000 a 1.500.000 estudiantes y, después, emprendiendo una senda de transformación y de cambio que ha sido muy apreciable. Los rectores y la comunidad
universitaria hemos trabajado todo lo que hemos podido. Con pocos recursos hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance y eso es lo que deseamos seguir haciendo en el futuro, es lo que nos mueve, lo que motiva y lo que fundamenta nuestra
actividad. La segunda convicción es que por encima de muchos tópicos tenemos universidades que han cambiado mucho, que han cambiado muy positivamente estas décadas y que siguen en un permanente proceso de transformación y de modernización. De la
universidad se dicen muchas cosas y pueden decirse muchas cosas, pero la única que no puede decirse es que la universidad no se mueve, y ha tomado una dirección que está llevando de la universidad de la cantidad a la de la calidad, de la universidad
cerrada a la abierta y comprometida con la sociedad, de la de mercados protegidos a la de mercados competitivos y de la universidad de ámbitos nacionales a la de espacios supranacionales de integración educativa. Tenemos universidades que han
cambiado mucho y universidades en las que somos conscientes al mismo tiempo de lo mucho que todavía tenemos que cambiar. Tendremos que hacer todavía muy serios esfuerzos por mejorar nuestros métodos y rendimientos docentes, por revisar el qué y el
cómo de nuestras enseñanzas, por converger con Europa, por acercar a las necesidades sociales nuestras titulaciones; tendremos que seguir impulsando los avances en investigación y ganando en excelencia, y tendremos que mejorar desde luego la
eficiencia y la eficacia de nuestra actividad, de nuestros servicios y de nuestros resultados. Tengan la seguridad de que en eso es en lo que estamos trabajando y que para ello nos resulta de enorme ayuda oír las voces de la sociedad, que nos
alienten y, cuando sea el caso, que nos reprochen también en nuestro trabajo. La universidad -es la opinión de todos los rectores- es y quiere ser un factor determinante del país. Queremos ganar su confianza, queremos merecer su confianza y vamos
a necesitar para eso el apoyo de todos los poderes públicos y muy particularmente el de todos ustedes.
A todo eso esperamos y deseamos que contribuya un marco normativo adecuado y la ocasión se presenta con esta modificación de la Ley Orgánica de Universidades. Como el cartero que siempre llama dos veces, nos encontramos ante una segunda
cita con la LOU, ley que hemos aplicado lealmente y sobre la que hemos mantenido permanentemente que debía ser modificada para superar disfunciones, para recobrar capacidades autoorganizativas y dosis de autonomía que entendíamos recortadas. Como
no toda la historia está condenada a repetirse, estoy seguro de que esta segunda cita con la LOU se está haciendo ya con las universidades para ampliar su autonomía con confianza, sin recelo y con acuerdos en lugar de confrontaciones. Este es
nuestro deseo y nuestra posición como rectores.
Si para algo tiene que servir esta modificación de la LOU, es, por una parte, para superar disfunciones que hemos percibido y, por otra, para dotar de flexibilidad y de estabilidad el marco legislativo. De flexibilidad porque parece
necesario e imprescindible fomentar la diversidad, la diferenciación y la autonomía de las universidades frente a una excesiva regulación, y de estabilidad también porque necesitamos un marco normativo estable. Necesitamos concebir la política
educativa como un ámbito de amplio consenso, acabar incluso con un cierto empacho normativo y permitir a las universidades que centremos nuestros esfuerzos en los aspectos académicos y en los objetivos de mejora de gestión. A eso hemos querido
contribuir desde la CRUE, donde hemos desarrollado un seguimiento y un análisis detallado de las diversas fases de este proyecto de ley, estudiándolo con rigor, con reflexión, con sosiego y tratando sobre todo de ir a aquellos aspectos que
considerábamos fundamentales, porque los rectores hemos entendido y planteado este proceso como una reforma imprescindible pero limitada verdaderamente en su alcance para no someter a las universidades a todo un nuevo proceso constituyente que
todavía resulta muy reciente.
Con premisas como estas, hemos hecho una valoración general del proyecto que ahora se presenta, que es
positiva, aunque obviamente también mejorable en algunos aspectos. Hemos coincidido con el proyecto fundamentalmente en su carácter general más flexible, que permite mayor autonomía a las universidades; hemos coincidido en aspectos
centrales como la sustitución del sistema de habilitación por un sistema de acreditación; también hemos coincidido en algunos cambios respecto del gobierno universitario, en retoques que ha habido a las figuras del profesorado y en otras cuestiones
tan centrales como la transferencia del conocimiento o la participación de los estudiantes.
En asamblea de la Conferencia de Rectores, hemos hecho esta valoración positiva y a la vez hemos querido trasladar al Ministerio de Educación otra serie de cuestiones que quedaban planteadas por la CRUE que no han sido todavía tenidas en
cuenta. Muy rápida y brevemente para no extenderme haré una referencia a algunas de estas principales cuestiones y, si el señor presidente lo estima oportuno, luego puedo hacer entrega de un documento donde se detallan más exactamente todas las
cuestiones.
Yo agruparía en dos tipos de ámbitos estas cuestiones pendientes: por una parte, aquellas en las que mantenemos todavía algunas discrepancias y, por otra, aquellas que no han sido consideradas o incluidas como nosotros habíamos
previsto, pensado y planteado. Entre las cosas en las que mantenemos algunas discrepancias está la relativa a la necesidad de establecer claramente la figura de los concursos de méritos, en particular en el artículo 62 del proyecto de ley; la
necesidad de tener en cuenta también, según la transitoria quinta en materia del profesorado de la actual LOU, la prórroga establecida por real decreto para los profesores asociados a LRU hasta 2007-2008. Hemos planteado también que en el artículo
8 -perdón porque vaya desordenado, pero he tratado de elegir los temas más que el orden secuencial de los artículos-, pensando en el espacio europeo, carece de sentido mantener la figura de escuelas universitarias a la hora de definir la estructura
de los centros y que hay que madurar fórmulas que hagan posible el funcionamiento y la adscripción real de centros adscritos a las universidades públicas porque las condiciones que se establecen en estos momentos podrían resultar insuperables para
algunas escuelas, particularmente las de enfermería, donde es muy difícil encontrar un porcentaje de doctores como el que se pide en este proyecto. Los rectores tenemos una inquietud importante que quiero resaltar sobre el artículo 15 en el aspecto
relacionado con el porcentaje, el 30 por ciento de miembros de Consejo de Gobierno que son designados por el rector, por una razón fundamental sobre cualquier otra y es la necesidad de que formen parte del Consejo de Gobierno los equipos directivos
de la universidad, los vicerrectores, que parece que es una razón de eficacia en la gestión en la que fundamenta esta petición.
El artículo 34, donde se establece el registro de títulos, es una cuestión que se ha incorporado a última hora y sobre la que no ha habido ocasión de pronunciarse ni de hacer una análisis durante todo el proceso de tramitación. Creemos que
posibilita más flexibilidad y autonomía para las universidades, pero nos suscita también algunas reservas. En cuanto al artículo 35 sobre todo el proceso de aprobación e implantación de los títulos, se simplifican y mejoran procedimientos, pero
será necesario reflexionar con sosiego acerca de las capacidades que corresponden indudablemente a las comunidades autónomas, para preservar también las capacidades académicas que deben estar estrictamente en manos de las universidades.
En un segundo bloque, para ir rapidísimamente, como ven que trato de hacer, hay otra serie de cuestiones que no se han incorporado y sobre las que nuestros planteamientos serán más ambiciosos que los recogidos en el propio proyecto. Se
trata de cuestiones, que no voy a detallar ahora, relacionadas con el título VII, de la transferencia del conocimiento, con el apartado relacionado con los estudiantes y las becas del artículo 45 o con toda la parte económica del proyecto que se
mantiene sin cambios y donde realmente nosotros habíamos planteado la necesidad de incluir cuestiones relacionadas con, por una parte, las exenciones tributarias y los modelos de financiación y, por otra, debemos contemplar la propia memoria
económica que debe acompañar a este proyecto de modificación de la Ley Orgánica de Universidades. Por último, habíamos planteado también incluir una nueva disposición adicional que incentivase el rejuvenecimiento de las plantillas del profesorado,
una necesidad que sentimos en las universidades para avanzar y preparar profesores para el futuro.
Voy terminando ya, señor presidente, esta primera intervención. Esperamos, confiamos y deseamos que esta modificación de la LOU nos dé un marco más adecuado para la universidad del futuro que queremos. Somos conscientes, como ha escrito el
profesor Andreu Mas-Colell, que comparecerá esta misma tarde, de que no se trata tan solo de modificar leyes, sino que, además de los ajustes normativos que son necesarios, hay otra serie de iniciativas que hemos de desplegar para transformar las
universidades. En un país como este en el que parece que se piensa que todo debe estar en el boletín oficial, necesitamos, a mi modo de ver, además de legislación, gestión; además de acción, pensamiento; además de normas, vida; necesitamos
pensar en la universidad del futuro. No hemos de esperar que las leyes resuelvan todos nuestros problemas, sino que faciliten que lo hagamos por nuestra cuenta y esa es verdaderamente nuestra actitud. Para eso vamos a necesitar capacidad de
gestión por nuestra parte y confianza por la suya. Vamos a necesitar plantear el qué y el cómo de nuestras enseñanzas y tratar de superar el desajuste que existe en este momento entre la oferta y la demanda de titulaciones. Necesitamos avanzar en
la transferencia de conocimiento, donde todavía no hemos alcanzado todos los objetivos que deseamos, analizar rigurosamente la financiación o procurar mejoras organizativas. Tenemos que pensar a la vez en todo el sistema para que tengamos
ciertamente diversidad dentro del sistema universitario. Tenemos que
tener capacidad de generar ideas y de transformarlas en productos para hacer de nuestra universidad una universidad de primer nivel en el ámbito europeo como pretendemos. Es tiempo para este cambio normativo, pero también para repensar esta
universidad del futuro en un sistema que es complejo por su naturaleza porque el nuestro es un ámbito de la razón compleja y no de las cosas simples, porque la universidad necesita menos de lo consabido y más de lo que hay que saber y porque tenemos
que ser exigentes con nosotros mismos. Si la universidad fuese conformista, tendríamos que estar disconformes y, si fuese cómoda, incómodos. Esta es la posición de los rectores, que queremos ver las cosas en positivo porque los discursos negativos
son estériles y a lo que queremos comprometernos es a que las cosas vayan mejor en la universidad que entendemos como verdaderamente una fábrica de oportunidades para los individuos y para la sociedad.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que van a intervenir?
En primer lugar, por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra la señora Cañigueral a la que doy la bienvenida en esta Comisión, ya que se incorpora a la misma como sustituta del señor Canet, al que despedimos en la
última Comisión.
Tiene la palabra la señora Cañigueral.
La señora CAÑIGUERAL OLIVÉ: Antes que nada quiero darle la bienvenida.
Una pregunta. En cuanto al papel que tiene que desarrollar la universidad en investigación, ¿cree que el papel que se le da al Consejo Social en esta reforma es adecuado para darle un empuje a este ámbito?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Bienvenido, señor Vázquez, a esta Comisión.
Le agradezco en nombre de mi formación política su comparecencia y las líneas que usted ha trazado en la misma. Recibiremos con satisfacción este documento que nos ha anunciado que iba a dejar porque ciertamente sobre las cuestiones
técnicas es mejor disponer de un documento para poder leerlas.
Parto de una afirmación que usted ha hecho, que estamos ante el reto de optar por el marco más adecuado para la universidad del futuro. Entre los retos que se plantean para esta universidad del futuro, como usted ha dicho, está la LOU, pero
son más cosas que la LOU; estamos en pleno proceso de convergencia con el espacio europeo de Educación Superior, el proceso de Bolonia, lo cual replantea dentro y fuera de la universidad a su vez retos coaligados, la transferencia a la
investigación aplicada, etcétera, y algunos retos que se señalan acertadamente en la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo hecha el pasado mayo.
Desde este punto de vista me gustaría que usted analizara este proyecto en
alguna de las cuestiones. Una primera sería el papel del Consejo Social. Me sumo aquí a las palabras de la portavoz que me ha precedido, pero me gustaría también saber su opinión sobre el anuncio de la duración de las titulaciones de cuatro años
en general. ¿Usted cree que nos acerca o nos separa del modelo europeo? ¿Usted cree que si Alemania, Reino Unido, Irlanda, Austria y Holanda tienen carreras de tres o de cuatro años hemos de optar por un modelo tan rígido? Usted conoce
sobradamente la posición de los rectores catalanes, pero me gustaría saber su opinión.
Una segunda es que usted ha aludido también a la necesidad de una posibilidad de especialización, huir de un planteamiento uniforme de todas las universidades. Desde este punto de vista, ¿cree que el proyecto que se plantea es suficiente o
tendríamos que hacerlo más elástico? Otro reto es el de la movilidad de estudiantes y del profesorado, pero no solo profesorado europeo sino extracomunitario. ¿Usted cree que el proyecto da respuesta a esta necesaria movilidad? Otro tema es la
autonomía y la calidad para las universidades privadas. Me gustaría conocer su opinión con respecto a lo que plantea el modelo. En cuanto a la transferencia de conocimiento, es decir, más interrelación de la universidad con la actividad económica,
el proyecto anuncia una vía. ¿Usted cree que es suficientemente ágil y elástico? También me gustaría que nos hablara del tema de la financiación. ¿Cree usted, según las líneas que se señalaban en esta comunicación de la Comisión, que el proyecto
estimula la aportación de financiación privada? Por último me gustaría conocer su opinión sobre el tema de la autonomía universitaria. ¿Cree usted que este modelo respeta las competencias de los estatutos de autonomía? Naturalmente hablo de
manera especial del Estatuto de Autonomía de Cataluña, recientemente aprobado, en el que las competencias en el tema universitario son bastante amplias. En Convergència i Unió discrepamos de las líneas que plantea el proyecto, justamente por no
respetar la autonomía de nuestra comunidad y, por tanto, las competencias incluidas en nuestro Estatuto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pigem, por su concisión; es el esquema que debemos dar todos los grupos parlamentarios, que no significa que no se esté dando sino que creo que es el procedimiento que debemos buscar a lo largo de la
tarde de hoy: preguntas y respuestas concretas, sin entrar en otras valoraciones.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra, en primer lugar, el señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Señor presidente, le agradezco que nos permita compartir las preguntas entre mi compañero Fernández Rozada, diputado por Asturias, y yo mismo. En nombre de mi grupo también quiero agradecer la presencia del
señor Vázquez y darle la bienvenida. Hemos escuchado con muchísima
atención sus palabras y he tomado muy buena nota de todas las observaciones, que quiero decir que las estudiaremos con el máximo rigor; también esperamos el escrito que amablemente nos ha comunicado que nos entregará al final de su
comparecencia. Estamos de acuerdo con los objetivos generales, con los retos que usted ha señalado en su introducción. Creemos que en estos momentos la universidad española se enfrenta a nuevos desafíos, entre otros el espacio europeo de Educación
Superior, y en ese horizonte es en el que tenemos que encontrar las fórmulas legislativas más adecuadas, que son complejas.
Como mi colega la señora Pigem ha hecho una exhaustiva batería de preguntas no las voy a repetir y me voy a limitar a una sola cuestión, señor rector, que preocupa de forma creciente a nuestro grupo. Es el nuevo modelo de regulación de los
títulos oficiales y con validez en todo el territorio nacional. Usted sabe, señor rector, que el proyecto suprime el catálogo de títulos oficiales, que se va a una desregulación de este tema basada en que cada universidad elaborará su propio
título, no título propio, como es ahora, sino título oficial y con validez en todo el territorio nacional, con la excepción de que las profesiones reguladas tendrán unos títulos a su vez regulados o con directrices propias, con lo cual habrá un mini
catálogo de títulos oficiales. Nos preocupan las consecuencias de este modelo, tanto para la universidad como para el ámbito que está fuera de ella, en un doble sentido sobre el que me gustaría que usted se pronunciara por la trascendencia que va a
tener para el futuro de la sociedad española. En primer lugar, toda una serie de sectores profesionales van a ver que los títulos en realidad no tienen ninguna validez de cara a sus profesiones, que pueden ser de muy diversa naturaleza, según la
universidad que los imparta y los expida; por tanto, se produce una desregulación cuyas consecuencias no conocemos. En segundo lugar, será un registro y una elaboración de títulos de nueva planta -no sirven los anteriores, cada universidad tendrá
que hacer sus propios títulos ex novo, desde cero-, pero como a su vez se reconoce a las comunidades autónomas, como es natural dentro de las competencias que tienen en materia universitaria, la aprobación de las enseñanzas de dichos títulos, eso va
a producir a su vez a las universidades una incertidumbre, en cuanto a la elaboración de sus títulos, cuyas consecuencias queremos someter a reflexión. Todo lo anterior, refiriéndome sobre todo a la vida profesional, al mercado de trabajo español,
porque estamos en un momento en el que la transparencia de titulaciones es muy importante, a nosotros nos suscita una gravísima preocupación y nos gustaría que usted nos contestara sobre ello.
El señor PRESIDENTE: Para completar la intervención del Grupo Popular tiene la palabra el señor Fernández Rozada.
El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Señor presidente, también intervendré muy brevemente, pero, en primer lugar, quiero agradecer la presencia del amigo y rector de la Universidad de Oviedo, Juan Vázquez.
Tenía interés en intervenir, entre otras cuestiones, por algunos de los temas que aquí se han suscitado. Me alegra que las portavoces de Esquerra y Convergència hayan incidido en una materia tan importante como es el papel de los consejos
sociales; el señor Vázquez sabe que actualmente yo soy el miembro más antiguo del Consejo Social de la Universidad de Oviedo. Me gustaría recibir alguna contestación acerca de lo que supone, dentro de ese entramado que el señor Vázquez citaba, el
marco normativo necesario para superar disfunciones, saber si se pueden superar esas disfunciones en el actual marco normativo del proyecto, es decir, los problemas que aquí ya se han presentado, que son, en concreto, la financiación, la movilidad
del profesorado y los consejos sociales.
Quiero decir brevemente -porque ya se ha citado- que en el tema de la financiación los que formamos parte de los consejos sociales sabemos que reunión tras reunión y año tras año venimos clamando por una normativa que permita una superación
del actual sistema de financiación para llegar, como se había prometido, a una equidad en el sistema financiero de las universidades. El actual presidente del Gobierno, en los meses previos a las elecciones generales de 2004, en enero y febrero, en
todas sus conferencias relativas a temas universitarios, se comprometía, si él gobernaba, a resolver la financiación estructural de la universidad. Fue un compromiso del propio presidente del Gobierno. Yo veo por experiencia, en el día a día, en
el movimiento de lo que es mi universidad, la de Oviedo, que este tema sigue sin resolverse y veo también que no se aborda el problema de la financiación en el actual proyecto. Me gustaría preguntar al señor Vázquez si en la CRUE son sensibles a
este tema, si hay un planteamiento que dé lugar a abordar la financiación, si se deja para más adelante o a merced de la autonomía de las propias universidades en relación con la competencia transferida a las comunidades, que es la forma, para
quienes no conocen de cerca la financiación de las universidades, de alargar el problema pero no solucionarlo.
Con el tema de la movilidad nos ocurre lo mismo. La calidad y la movilidad son tan importantes en la universidad que no voy a repetir lo que aquí se ha dicho. A nuestro juicio, la reforma supone un grave retroceso en los conceptos de
calidad y movilidad. Con el nuevo sistema de selección del profesorado puede propiciarse un localismo, uno de los males que en general sigue aquejando a las universidades. Es contrario a la exigencia de la universidad abierta, a la que hacía
referencia en el planteamiento de objetivos ideales el propio Vázquez en su intervención de esta tarde.
Esa universidad abierta y plural choca con este aspecto de la movilidad y por eso me gustaría saber si le agrada cómo está quedando el
tema de la movilidad de los profesores dentro del actual proyecto.
Finalmente, los consejos sociales. Es la segunda o tercera vez que digo que llevo muchos años en el Consejo Social y, como cualquier ciudadano normal, quiero lo mejor para la universidad y en este caso para nuestra Universidad de Oviedo, de
la que es rector el propio Vázquez, pero son demasiados años viendo cómo se van enquistando problemas. Sinceramente, desde el anterior Gobierno con nuestras modificaciones habíamos logrado superar disfunciones que, curiosamente, años más tarde
vienen a plantearse corrigiendo aquellos aspectos dentro de los consejos sociales que venían funcionando y que ahora desaparecen. Me estoy refiriendo desde el nombramiento del gerente hasta la necesidad de que se incluya de forma tajante que tres
miembros de los consejos sociales formen parte del consejo de gobierno de la universidad para hacer ese seguimiento, porque no olvidemos que este proyecto debilita la vinculación recíproca de la universidad con la propia sociedad. Los consejos
sociales son órganos que representan a la sociedad y, a nuestro juicio, sufren una importante amputación de sus funciones. Por eso me gustaría conocer su preocupación, de la que se han hecho partícipes las portavoces de Esquerra, como decía al
principio, y de Convergència. Queremos saber si el señor rector piensa que estos consejos sociales deben ser órganos relevantes o si por el contrario deben ser exclusivamente lo que el proyecto contempla en la actualidad.
El señor PRESIDENTE: Para concluir la intervención de los grupos parlamentarios, en representación del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Palma.
La señora PALMA I MUÑOZ: En primer lugar, rector Vázquez, quiero darle la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Socialista a esta Comisión y celebrar especialmente que la suya sea la primera de esta serie de variadas comparecencias
que se van a celebrar durante estos tres días.
Compartimos el planteamiento general de su intervención en la medida en que, según nuestro punto de vista, la educación y el conocimiento, evidentemente, son el principal factor de desarrollo económico y social.
Me ha parecido muy acertada
la expresión que ha utilizado de palanca de bienestar. Asimismo, compartimos el hecho de que nuestras universidades hayan realizado un gran esfuerzo, especialmente en los últimos años, para contribuir a este noble objetivo de ser palanca de
bienestar y también estamos de acuerdo con que están en permanente transformación. Han sufrido muchos cambios, a veces no demasiado afortunados o bien acompañados, con muchas dificultades, pero todavía quedan muchos por hacer y es necesario revisar
el qué y el cómo. Al escuchar sus palabras, me ha venido a la cabeza la afirmación de un colega universitario, Juan Ignacio Pozo, un catedrático de psicología de la educación que, hablando de educación universitaria y de las reformas que hay que
acometer, dice que estamos muy pendientes de quiénes están en la universidad, pero no tanto de qué hacen en ella y para qué están en ella. Las reformas que todos pretendemos en estos momentos históricos que nos tocan vivir son, precisamente, para
determinar qué queremos que hagan los que están en la comunidad universitaria y sobre todo para qué están en ella. Es un momento de reformas, pero no solo de reformas legislativas, de reforma de la Ley Orgánica de Universidades. Aquí se ha dicho
que estamos en pleno proceso de construcción -me gusta más utilizar la palabra construcción que integración- del espacio europeo de Educación Superior. Es algo que día a día estamos elaborando todos los países que formamos parte de este gran
proyecto y donde confluyen tres procesos distintos que, aunque interrelacionados entre sí, debemos hacer un esfuerzo por separar y distinguir claramente qué conviene hacer en cada caso. El proceso de construcción del espacio europeo, que conlleva
una reforma de las titulaciones en nuestro país, es uno; otro es el que nos ocupa hoy aquí en esta Comisión, la reforma del marco legislativo, y el tercero es un tema históricamente pendiente en nuestro país, la financiación, que en un marco
administrativo, político y de competencias compartidas, que también ha cambiado en los últimos años, debe acometerse de la forma adecuada, con la participación de los agentes correspondientes. Son, pues, tres procesos simultáneos relacionados, pero
en cualquier caso independientes y en este sentido le planteo la primera pregunta, que no deja de ser genérica: ¿Cree usted que este marco legislativo nuevo, con las enmiendas que puedan introducirse en su tramitación -usted ha hecho mención de
algunas discrepancias o ausencias que se han detectado desde la CRUE en el proyecto de ley, de las que tomamos buena nota y estudiaremos con atención el documento que ha dicho que nos va a entregar-, mejora las condiciones de nuestras universidades
para una mayor participación e integración en el proceso de construcción del espacio europeo de Educación Superior?
En segundo lugar, compartimos que esta reforma legislativa -por eso la apoyamos- sea una restauración de la autonomía universitaria, que de alguna forma fue cercenada o vulnerada en la Ley Orgánica de Universidades de 2001, pero también
entendemos que es eje básico de esta reforma compaginar de forma razonable la autonomía con la responsabilidad y la rendición de cuentas. En este sentido, la principal novedad y aportación es el sistema de selección del profesorado funcionario, con
el nuevo modelo de acreditación, y la pregunta es si cree usted, como dicen algunos, que este sistema fomentará la endogamia, una endogamia siempre entendida en sentido negativo, aunque no tendría que ser necesariamente así. No sé si usted
compartirá con nosotros que la endogamia, si se produce entre los mejores candidatos, no tiene por qué ser mala. Otro concepto que contrasta con la endogamia es el de la movilidad. ¿La movilidad es por sí misma, sin ningún tipo de orientación,
algo que por definición aporta elementos positivos o debe tener otros condicionantes?
En tercer lugar, la relación de la universidad con la sociedad. Más allá de quiénes intervienen en los órganos de gobierno, según nuestro punto de vista, este permanente proceso de transformación al que usted ha aludido al principio tiene
muchísimo que ver con la capacidad de respuesta de las universidades a las demandas del sistema científico y tecnológico.
¿Cree usted, señor Vázquez, como presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas -que no olvidemos que representan el 70 por ciento de la investigación que se realiza en nuestro país- que este proyecto de ley aporta
elementos que mejoran la relación entre la universidad y su entorno productivo, como, por ejemplo, con la creación de institutos mixtos de investigación, que figura en el artículo 10, o con las llamadas excedencias tecnológicas, que figuran en el
artículo 83, que no son otra cosa que permitir la participación de los profesores e investigadores universitarios en aquellas empresas de base tecnológica que hayan sido impulsadas y financiadas con fondos públicos?
Me centraré básicamente en estas tres grandes cuestiones, entendiendo que en los aspectos más concretos a los que usted se ha referido tenemos suficiente recorrido e interés para que durante la tramitación parlamentaria se pueda mejorar el
texto de esta ley y procuraremos -compartimos con usted un deseo también y me gustaría que fuera compartido también por los otros grupos parlamentarios- que este proyecto de ley al final suscite el máximo acuerdo y el máximo consenso, porque la
universidad agradecería muchísimo tener un marco legislativo estable que le permitiera afrontar todos los retos que tiene por delante y que, evidentemente, no se resuelven solo con las leyes, pero que estas sean más o menos acordes con las
necesidades del propio sistema ayuda mucho.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las diferentes intervenciones tiene la palabra el señor Vázquez García.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (Vázquez García): Ante todo, muchísimas gracias, señorías, por sus palabras y por todas las expresiones de coincidencia en objetivos generales que he tenido la
satisfacción de escuchar. No sé si seré capaz de contestar a todos ustedes sobre todas las cosas que han planteado, que son casi todas las posibles dentro del sistema universitario, y mucho menos si lograré hacerlo con algún orden. Discúlpenme,
por tanto, si en lugar de hacer una contestación particularizada a cada uno de ustedes, puesto que ha habido coincidencia en el planteamiento de los temas, hago una respuesta de carácter más general.
Con carácter general diré que no yo personalmente, sino la Conferencia de Rectores ha entendido, primero, que la LOU debía ser modificada, que era imprescindible hacerlo; segundo, como he dicho en mi primera intervención, que esa
modificación debía tener un alcance limitado y, tercero, que esta modificación da más margen de flexibilidad y de autonomía a las universidades para plantear todos esos objetivos que las universidades tenemos en el presente y para el futuro.
Además, aunque no lo hayamos dicho tan explícitamente en nuestros documentos, creo que implícitamente está muy claro también que no pretendemos que esta modificación de la LOU resuelva de una vez todos los problemas que las universidades tenemos
planteados, sino que nos dé un marco que posibilite que esos problemas puedan empezar a resolverse; algunos dependen de esta pieza legal y otros dependen de otras actuaciones de las administraciones educativas. Quería decir esto como cuestión de
carácter general antes de entrar en cuestiones específicas que ustedes han planteado.
Ha habido coincidencia en plantear el papel de los consejos sociales. Sin entrar en un debate que, desde luego, no quisiéramos hacer, he de señalar que los rectores consideramos a los consejos sociales órganos muy relevantes de la vida
universitaria en la medida que son un instrumento fundamental de la relación entre la universidad y la sociedad; una relación que nos parece imprescindible en estos momentos y por los que tenemos no solo el mayor respeto, sino además una estrecha
colaboración en una amplísima mayoría de los casos y de las universidades españolas.
Si se plantea ahora una modificación en la posición, en las capacidades y en las competencias de los consejos sociales, por parte de los rectores no pretendemos de
ningún modo sortear ninguna rendición de cuentas, que hacemos por muchos canales, que queremos seguir haciendo y en la que creemos y que está estrechamente relacionada con nuestra autonomía universitaria. No queremos quitar capacidades ni sustraer
capacidades a los consejos sociales, lo que hemos pretendido es ni más ni menos que las iniciativas de carácter estrictamente académico tengan su ámbito, su origen y la capacidad de iniciativa en los órganos de carácter fundamental y exclusivamente
académico. Esto es lo único que hemos querido hacer y eso es lo que ha llevado y por lo que respaldamos un cambio en el orden de los procedimientos respecto de los consejos sociales, pero no para detraer ninguna de sus competencias, sino para poner
en lo que, a nuestro modo de ver, es el orden natural de las cosas por las que los aspectos académicos deben surgir del ámbito de los órganos de gobierno puramente académicos y contar, desde luego, con los informes preceptivos en todos los sentidos
que sea de los consejos sociales. Puesto que algunos señoras y señores diputados han planteado esta cuestión, el futuro de los consejos sociales no depende solo de esta norma, sino fundamentalmente de cómo se acierte en la designación de sus
componentes y con cuánta eficacia desarrollen sus tareas. En lo que a los rectores nos atañe, tengan la seguridad de que estamos ofreciendo permanentes vías de colaboración. Yo puedo esgrimir personalmente,
pero no es un caso individual, que he visto con enorme satisfacción cómo los miembros del consejo social participan en mi consejo de gobierno, que nunca hemos querido excluirlos en absoluto y que, al contrario, la relación ha sido estupenda
para ambas partes y desde que participan en el consejo de gobierno yo me siento personalmente mucho más comprendido por los miembros del Consejo Social y mucho más arropado y apoyado que antes cuando no ocurría esto.
Por otra parte, han planteado también el tema de la selección del profesorado, que es otra de las cuestiones centrales. La posición de la Conferencia de Rectores ha sido inequívoca desde el principio. Nosotros hemos planteado la necesidad
de sustituir el sistema de habilitación por un sistema de acreditación. Creemos que un sistema de acreditación puede y debe garantizar las condiciones de mérito, de capacidad académica, de controles académicos, como cualquier otro sistema y que, en
cambio, no presenta las deficiencias que ha mostrado un sistema de habilitación y que hemos podido comprobar durante este periodo. Por decirlo de algún modo, ahora que se juega tanto con las imágenes de la necesidad de incorporar a la universidad
instrumentos de gestión de las empresas, el sistema de habilitación había conducido a algo así como que es otra empresa la que te hace tu política de personal. Por eso hemos creído además que es muy necesario que cada uno tenga su capacidad, su
autonomía para hacer su propia selección del profesorado, acertando o equivocándose, que esa es la autonomía universitaria, esperemos que acertando y que lo haga además en un marco competitivo que nos obligue a que los costes de equivocarse sean muy
grandes -cuando el sistema universitario era cerrado uno podía equivocarse sin pagar ningún coste, pero ahora va a pagar muchos costes-, y en el que las universidades tengamos nuestra capacidad, nuestra autonomía y nuestra flexibilidad para hacer
políticas de profesorado, pero -repito- después de haber pasado por un control exigente de acreditación de ámbito nacional. No lo entendemos de otro modo.
Esto nos ha llevado siempre a debates sobre la endogamia en los que yo no quisiera entrar porque creo que hay pocas cosas más endogámicas que el propio debate sobre la endogamia y conduce a polémicas un poco estériles.
Desde luego, les
garantizo que no es la endogamia lo que más nos preocupa a las universidades, donde ahora estamos preocupados por la calidad, por la excelencia, por la apertura internacional o por los sistemas de acreditación o por el espacio europeo de Educación
Superior. En ese debate, en todo caso, se han lanzado muchos argumentos destinados muchas veces más a vencer que a convencer y se han lanzado algunos argumentos que no son estrictamente ciertos, que son simplificadores. Por ejemplo, yo en mi
universidad me siento muy feliz de que el cien por cien de mis buenos profesores que han obtenido la habilitación se hayan quedado en mi universidad; cómo voy a pretender que se me vayan a la Complutense o a otra. Pero no porque el cien por cien
de mis buenos profesores se haya quedado en mi universidad se puede decir que sea endogámica, al contrario, de ningún modo. Digo esto por algunos argumentos que se han esgrimido y que han hecho algún daño a la imagen de la universidad que, por otra
parte, tenemos que tratar de preservar, porque el único espectáculo que podemos permitirnos en la universidad es el espectáculo de la inteligencia y no otros espectáculos. En todo caso, si hay algo con lo que se combate la endogamia es justamente
con más autonomía, no con menos, es justamente con más apertura, no con menos, es justamente con más flexibilidad y más capacidades y no con menos, porque la endogamia es un reflejo de una situación cerrada que ya no se corresponde para nada con la
situación en que estamos las universidades y mucho menos en la que pretendemos estar. Por tanto, desde la Conferencia de Rectores hemos considerado que el sistema de acreditación es un sistema mejor, que da más capacidad a las universidades para
que en los concursos seleccionen los perfiles del profesorado que deseen y hagan su política de profesorado y no es menos garantista en términos de calidad y de mérito, que es en lo que se debe basar siempre la política de selección del profesorado
universitario.
También se ha planteado una cuestión sobre los títulos, que me parece una cuestión central e importante, y sobre la no existencia de un catálogo y la existencia de un registro a partir de este momento. Esta es una cuestión que se ha
incorporado muy al final de la larga vida que han tenido los diversos borradores y anteproyectos hasta llegar a este proyecto y que, como consecuencia de eso, no hemos valorado con toda la profundidad y amplitud que habría sido necesario dentro de
la Conferencia de Rectores y, por tanto, debo advertirlo, porque en esto no ha habido un pronunciamiento claro y más bien en este momento estamos analizándolo al hilo de otro documento que nos ha presentado el Ministerio de Educación y Ciencia, que
es el documento de organización de las enseñanzas para el espacio europeo de Educación Superior, donde efectivamente estamos viendo algunas derivaciones de este principio de la existencia de un registro.
Además de esto, en este momento puedo
contestar, muy particularmente al señor Nasarre, que por una parte la existencia de un registro posibilita y da más flexibilidad a las universidades, da más autonomía, permite una diferenciación mayor y una diversidad mayor, como señalaba la
diputada señora Pigem, porque la ley, por esta vía, entre otras vías, permite esa mayor diversidad, por lo que hacemos una lectura positiva de esta iniciativa y de esta nueva situación del registro, pero esto no deja de suscitarnos algunas cautelas
y algunas reservas que hemos de clarificar, porque tenemos muy poca información todavía acerca de cómo se va a constituir este registro. Porque sí podrían suscitarse dos ámbitos de titulaciones: un ámbito de titulaciones con catálogo y otro sin
catálogo; uno con directrices y otro sin directrices, que consideramos que podría segmentar mucho el sistema y que podría tener algunas derivaciones no
deseadas. En la CRUE hemos creído que es imprescindible concretar y tener más detalles acerca de cómo se va a configurar este registro, tener mucha prudencia, mucha cautela y mucha interlocución para hacerlo y no puede considerarse, de
ningún modo, que registro equivale a inscripción, a inscribir sin más, sino que tiene que ser equivalente a establecer criterios más claros que garanticen la calidad, el rigor académico, el reconocimiento de unos títulos con otros para que haya
movilidad y para que sepamos exactamente lo que estamos impartiendo en cada uno de los sitios. La solución, la idea y la línea que nosotros propugnamos está en tener más información y más detalle sobre este registro y en poner unas condiciones que
nos den a todos más garantías en el sentido que acabo de señalar.
Podría extenderme mucho más, pero el señor presidente me ha pedido -y comprendo perfectamente- que trate de sintetizar todo lo que pueda. Por otra parte se ha planteado si esta modificación de la ley favorece la diversidad o la uniformidad
de las universidades. Es evidente, ya he hecho alguna referencia a ello, que esta ley sí que propugna una diferenciación mayor de las universidades, porque da más márgenes y más flexibilidad para que los propios estatutos de las universidades y las
opciones que cada uno decida tomar hagan un sistema menos homogéneo y más diverso, que es absolutamente necesario en nuestro sistema universitario, aunque también es necesario que haya una coordinación entre todo y entre el conjunto del sistema
universitario. Tenemos que establecer un equilibrio entre universidades que no tienen que ser tan iguales como son y universidades que, justamente por ser distintas, compartan elementos comunes, porque lo común muchas veces está justamente en la
diferencia y en ser distintos y propugno simultáneamente que haya una coordinación del nuevo Consejo de Universidades, muy particularmente, que por otra parte se establece por otras vías.
Respecto de la movilidad de estudiantes y de profesores, a la ley cabe pedirle que no la impida y que la facilite, pero que se acompañe después por otro conjunto de medidas que la hagan real, porque probablemente en muchos aspectos lo que se
puede hacer en la ley no pasa de ser una invocación de carácter general, pero la movilidad, además de una normativa que la respalde, necesita sobre todo fondos, recursos y programas que la impulsen. Esto no cabe pedirlo directamente en la ley, pero
sí cabe pedir que, como consecuencia de la ley, haya otra serie de políticas que desarrollen y hagan posible verdaderamente esa movilidad.
Ya que hemos empezado a hablar de recursos económicos, había otro tema que era el de la financiación, que planteaba el diputado don Isidro Fernández Rozada. En mi intervención inicial he dicho que si hay una parte que no se toca en absoluto
en este proyecto es la relativa a los aspectos económicos y que por parte de la CRUE habíamos señalado la necesidad de introducir también modificaciones en ese apartado. La financiación es algo que nos preocupa muy seriamente a las universidades,
además del marco normativo y, aparte de lo que contenga la ley, además de la LOU, debe de haber políticas y compromisos claros para plantear, abordar y modificar seriamente todo el esquema de financiación del sistema universitario español. Hay una
oportunidad para hacerlo muy inmediata y es a través de los trabajos que ha desarrollado la comisión constituida en el seno del actual Consejo de Coordinación Universitaria; trabajos en los que la CRUE ha colaborado muy destacadamente y hemos
estado encantados de hacerlo; trabajos que desde el punto de vista técnico tienen ya suficiente maduración y respecto de los que cabría pedir un compromiso político de que, por una parte, se culminen y lleven después a establecer compromisos
políticos de financiación para las universidades.
Además de esto, me atrevería a señalar muy sucintamente tres cuestiones en las que la financiación universitaria debe cambiar o debe verse de otro modo o que deben incorporarse como elementos
sustantivos de un nuevo modelo de financiación universitaria. Primero, tenemos que hacer un esfuerzo todos, y las universidades también, por atraer más fondos privados. No vamos solo a refugiarnos en una petición de financiación pública, pero es
cierto que esa capacidad, hoy por hoy y en un país como el nuestro, es todavía limitada. Segundo, respecto de los fondos públicos habrá que volver a replantear cuál es la financiación básica y cuál es el abanico, la horquilla y cuáles son las
necesidades y los costes para tener una referencia respecto de la financiación básica universitaria.
Tercero, tenemos que incorporar en nuestros modelos dos elementos diferenciales más, que hasta ahora no han sido tenidos en cuenta. Por una parte,
los costes de la investigación. Hasta ahora los modelos han tenido como referencia la carga docente, pero nunca han contemplado la investigación; hay una investigación competitiva que va a los investigadores, pero hay otros costes de la carga de
investigación por profesor y de los equipamientos y las instalaciones que pagamos las universidades y que deben ser tenidos en cuenta. Por tanto, esa es una cuestión fundamental. Otra es que, si estamos empeñados en impulsar una gran reforma, una
reforma trascendental, como es la del espacio europeo, tiene que haber fondos disponibles específicamente para este cometido, porque, si no, estaremos haciendo retórica de una reforma que puede perderse por no disponer de los medios y de los
recursos adecuados. Es evidente que para esto se requiere un gran acuerdo, un pacto, en el que además de participar las universidades estén las administraciones educativas, la Administración central del Estado, con las competencias que tiene, y las
comunidades autónomas, con las competencias que les son propias.
Señor presidente, me quedan un par de cuestiones para contestar a todo lo que se me ha planteado, que tienen que ver con la transferencia de conocimiento en la investigación, con las competencias estatutarias y con la duración de los
estudios. Comienzo por ésta. En la Conferencia de Rectores no nos hemos planteado la duración de los estudios respecto de esta modificación de la LOU,
puesto que en ella no se contempla, sino que lo estamos analizando en este momento a raíz del documento de organización de las enseñanzas presentado por el Ministerio de Educación y Ciencia. La semana próxima vamos a tener una reunión donde
abordaremos esta cuestión. No consideren que soy evasivo no contestando, pero es no hay un posicionamiento todavía de la Conferencia de Rectores, aunque en principio parece que nuestra posición abunda en la necesidad de flexibilizar algo que sería
demasiado rígido porque es evidente que en el sistema europeo domina una estructura de tres más dos frente a una propuesta de cuatro más uno. No puedo en este momento ir más allá y digo esto con todas las cautelas, a expensas de que nuestra
Conferencia de Rectores culmine los análisis que está desarrollando en estos momentos y haga un pronunciamiento la próxima semana.
Ahora puedo ir a la investigación y a la transferencia de conocimiento. La Conferencia de Rectores ha puesto mucho énfasis al hacer propuestas a esta modificación de la LOU específicamente en este capítulo, porque es de las funciones más
relevantes que tiene la universidad en estos momentos, de las de mayor incidencia social y con la que los rectores y las universidades nos sentimos más comprometidos en este momento. A través de la transferencia del conocimiento, del papel de la
investigación y de eso que se ha dado en denominar tercera misión de la universidad se hace muy visible que la universidad debe estar comprometida con la sociedad. Es evidente también que el corazón de la investigación en nuestro país está en la
universidad y que sin ella no se puede contar ni desarrollar todo el sistema de ciencia y tecnología español. Entre nuestras peticiones se incluía una que se ha recogido en la ley, aunque nosotros la planteábamos más ambiciosamente -hemos de
decirlo- en este capítulo, que era lo que se ha denominado excedencias tecnológicas, un elemento de movilidad entendida en un sentido más amplio que la propia movilidad de estudiantes, aunque insisto en que nuestros planteamientos en este capítulo
eran más ambiciosos de los que realmente se han recogido. Estamos de acuerdo también con algo que se recoge en la ley, que es la creación de centros mixtos entre universidades y otros organismos. Por cierto, en la ley se señala la posibilidad de
crear institutos mixtos con OPIS, organismos públicos de investigación, pero sería bueno reflexionar sobre la oportunidad de abrirlo a otro tipo de instituciones que no sean solo organismos públicos de investigación sino fundaciones privadas pero
promovidas por entidades públicas y sin fines de lucro, que desempeñan actividades muy importantes en el país; pongamos por caso la Fundación Genoma o, en mi tierra, la Fundación del Soft Computing. Parece muy lógico que las universidades puedan
también hacer institutos o centros mixtos con ellas, lo que podría ser un elemento de reflexión y de posible enmienda, si ustedes lo consideran pertinente, en este proyecto.
Estamos preocupados además por la financiación de la investigación. Todos tenemos que hacer muchos más esfuerzos para que la transferencia funcione mejor en el país. Las universidades tenemos que hacer todavía un gran esfuerzo, porque no
ocupamos puntos centrales en la cadena de valor del conocimiento, no protegemos todo lo que debiéramos nuestros retornos y, en algunos casos, ese afán de colaboración abierta con otras instituciones, que tenemos que confirmar y consolidar, no puede
convertirnos en una especie de incubadora de investigadores, que luego salen fuera de la universidad para desarrollar otras tareas. Hay que hacer eso, pero con toda la cautela y con todas las garantías, para preservar muy particularmente en las
universidades públicas su inserción en la cadena de valor global del conocimiento y en estas nuevas estructuras de investigación.
Termino, señor presidente. Disculpe la extensión. Queda la cuestión que ha planteado la señora Pigem, de Convergència i Unió, acerca del respeto a las competencias de los estatutos de autonomía y, en particular, del Estatuto de Autonomía
de Cataluña. Yo no soy especialista en esto. Hoy van a venir unos comparecientes que creo que sí lo son por su procedencia y por su conocimiento. No me atrevo a responderle más que la Conferencia de Rectores ha sido, es y va a ser enormemente
respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas, que no entendemos de otro modo la colaboración en el sistema universitario que no sea entre las administraciones educativas con competencias y lo que deseamos es que haya mucho acuerdo
entre ellas porque, si no, quien padece es la universidad. Nosotros no tenemos vocación de ser una pinza entre disputas de administraciones, sino todo lo contrario. Queremos ser un elemento de engarce, en su caso, entre la Administración
autonómica y la Administración central, porque son nuestras dos administraciones.
El señor PRESIDENTE: Como nos ha anunciado, espero que nos entregue al final el documento, que haremos llegar a todos los grupos parlamentarios inmediatamente para su conocimiento en los diferentes trámites parlamentarios.
Le agradecemos su comparecencia. Suspendemos brevemente la Comisión para dar la bienvenida al siguiente compareciente. (Pausa.)
-DEL DOCTOR GUY HAUG, EXPERTO EUROPEO EN POLÍTICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ADMINISTRADOR PRINCIPAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 219/000722.)
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la Comisión dando la bienvenida al doctor Guy Haug, experto en política de educación superior y administrador principal de la Dirección General de Educación de la Unión Europea. Le damos la bienvenida con
especial hincapié,
pues, aunque es una persona que pasa largas temporadas en España y sé que está enamorado de nuestro país, el esfuerzo de venir a esta Comisión le hace especialmente merecedor de nuestro agradecimiento.
Como el señor Haug ya conoce el procedimiento, porque ha seguido una buena parte de esta Comisión, en primer lugar, le daré la palabra por si quiere hacer alguna valoración -que sé que va a hacer- en relación con el proyecto de ley y
cuestiones concordantes del espacio universitario europeo y, posteriormente, los grupos parlamentarios le podrán formular aquellas cuestiones de las que esperan una amplia y positiva interpretación del doctor Haug.
Sin más preámbulos, tiene la palabra el señor Haug.
El doctor GUY HAUG: Es un gran honor para mí que me hayan invitado a esta comparecencia ante esta Comisión en mi calidad de experto universitario europeo. Basaré mis comentarios en la perspectiva comparativa que desarrollé con la puesta en
marcha del proceso de Bolonia y del capítulo universitario de la estrategia de Lisboa de la Unión Europea. También me basaré en lo que aprendí sobre el sistema español en todas estas visitas y estancias en su país, que, es verdad, adoro. Como
última observación preliminar, tengo que pedirles disculpas por mi imperfecto dominio de la lengua castellana. Es un idioma que me gusta mucho, pero es mi quinto idioma. (Risas.)
Señoras y señores, en mi opinión los cambios propuestos en la LOU constituyen pasos decisivos en la dirección de una necesaria modernización del sistema de enseñanza superior de este país. Me gustaría destacar tres puntos que me parecen
claves. Uno, la mayor autonomía de las universidades prevista en la reforma me parece absolutamente imprescindible. Saludo la eliminación de la lista de cursos preestablecida y cerrada que existe ahora. El propuesto registro de universidades,
centros y títulos permitirá un grado razonable de diferenciación entre las carreras de distintas universidades y, sobre todo, su adecuación más flexible a un mundo que cambia rápidamente.
Además, las universidades españolas se cuentan en la
actualidad entre las más reguladas -me gustaría más decir sobrerreguladas- de Europa en cuanto a su organización interna, en cuanto a la posibilidad de abrir centros de todo tipo y en cuanto a la selección de sus profesores y estudiantes. La
fórmula propuesta en la reforma de una acreditación previa que asegura un nivel de calidad y se combina con la libertad para las universidades de seleccionar entre los acreditados, me parece un equilibrio más deseable que la fórmula actual, que veo
bastante complicada, costosa, lenta, casi incompatible internacionalmente y de poca eficacia para fomentar la calidad y reducir la endogamia. Quisiera recordar que en los sistema universitarios más exitosos del mundo la contratación de personal
docente, investigador y gestor es una decisión estratégica y libre de cada universidad. En muchos sistemas, el rector tiene que proceder de fuera o haber pasado mucho tiempo fuera. En la mayoría de los países no existe acreditación previa, sino un
principio fundamental: hay que atraer a candidatos desde todas partes y seleccionar cada vez a la persona más calificada para un puesto determinado. Esto es importante, porque para eso valen poco criterios estandarizados y ajenos a la universidad
contratante. No obstante, si hay universidades que favorecen la endogamia en vez de la mayor calidad, siempre lo hacen, en mi opinión, en detrimento de sus propios estudiantes y pierden su atractivo en comparación a otras. Esto es algo que me
parece aún más importante en países como España o Alemania, con una estructura de enseñanza superior de tipo un poco federalista.
El segundo punto es que la reforma propuesta abre la puerta a una renovación en profundidad de los cursos de grado y de posgrado concebidos para el aprendizaje de conocimientos, destrezas y habilidades que necesitan los estudiantes para su
vida laboral, social y ciudadana. Este es un punto que me parece muy importante. Cuando todas las universidades ofrecen por ley, regulación o tradición los mismos cursos, con los mismos métodos y buscan el mismo perfil en sus estudiantes y
profesores, el peligro de inadecuación con la demanda social y laboral aumenta. En sistemas como estos no hay sitio para todos los jóvenes y los adultos con capacidades no reveladas en exámenes totalmente académicos y lo que aprenden los
estudiantes se retrasa inevitablemente con respecto a la realidad social y económica, por lo menos hasta que las directrices oficiales a nivel nacional o regional que regulan los currícula cambien otra vez. He visto las nuevas directrices para la
elaboración de títulos de grado bajo la responsabilidad institucional -y destaco las palabras responsabilidad institucional- de cada universidad y ofrecen una oportunidad sin precedentes de diversificar, flexibilizar y repensar la oferta
universitaria de acuerdo con lo que necesitan realmente los estudiantes, y hablo tanto de los estudiantes en formación inicial como en formación continua a lo largo de la vida. No obstante hay también mecanismos de coordinación que son importantes
para evitar que el sistema se destruya, como un todo diversificado pero organizado. Añadiré que cursos de grado de 240 créditos ECTS caben, sin la menor duda, en el marco europeo. Lo acordado a nivel europeo es que un grado no sea menos de 180 y
no más de 240 puntos ECTS, es decir normalmente entre tres y cuatro años de duración efectiva, y este es el punto clave. En los 240 créditos hay que incluir todas las actividades de aprendizaje por el lado de los estudiantes: horas lectivas, que
podrían ser bastantes menos que actualmente, por programas menos enciclopedistas -no sé si existe esta palabra, pero creo que se puede entender-, pero también prácticas, periodos en el extranjero, trabajo en laboratorio, tesina, etcétera. El reto
mayor para las universidades será llevar efectivamente al éxito a la gran mayoría de estudiantes sin duración adicional. Con esto estoy convencido de que España se acercaría a la Europa universitaria efectiva y
reforzaría también su posición de puente entre Europa y América Latina.
Mi tercer punto se refiere a calidad y rendición de cuentas. Hay dos cosas que me parecen importantes en la propuesta de reforma. De un lado, el sistema previsto de verificación de la conformidad de las nuevas carreras antes de su
inscripción en el registro me parece muy adecuado para garantizar la calidad y la coherencia necesarias. Será importante aceptar varios tipos de calidad, varias orientaciones, varias estructuraciones de los títulos, varios métodos para diversificar
las oportunidades entre las cuales los jóvenes y los adultos podrán elegir. Y será importante también prever un proceso bastante ligero para agilizar la renovación curricular y metodológica. Esto es aún más importante para cursos de posgrado, ya
que es este nivel el que está más afectado por la competencia europea e internacional entre universidades y entre sistemas. El otro aspecto respecto a calidad que quisiera subrayar es la importancia que tienen y tendrán en el espacio europeo los
sellos de calidad otorgados por agencias externas a universidades. No dudo de la importancia para las universidades de tener su propio sistema interno de fomento y de aseguramiento de la calidad, pero no basta; creo que es importante que haya
también sellos de calidad externos otorgados por agencias. Y esto porque me parece claro que los estudiantes se dan cuenta cada vez más de que necesitan títulos que se reconozcan fácilmente, incluso fuera de su propio país, para que puedan
aprovecharse del mercado laboral y del espacio universitario europeos. Esto depende de la existencia de una agencia o de una red de agencias fuerte, independiente y creíble, es decir una agencia reconocida por sus pares. Por esas razones me parece
tan importante que la reforma propuesta consolide el papel y el estatuto de Aneca.
Estas son las tres razones clave por las cuales mi opinión es que, con la reforma propuesta, España se pondrá en buena posición para permitir a sus universidades cumplir plenamente su papel en el desarrollo económico y social del país y de
sus autonomías así como de inferirse exitosamente en la Europa universitaria que necesitamos todos. Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Haug. La verdad es que para ser su quinto idioma no lo hace nada mal. Nosotros no somos la Aneca lingüística pero su intervención ha sido perfectamente entendible, de modo que estoy convencido de
que usted va a comprender a los grupos parlamentarios cuando hablen fluidamente, como suelen hacerlo. Es obvio pedirles que hablen más despacio (El señor Guy Haug: ¡Sí, por favor!) como el chiste fácil de si hablamos todos... (Risas.)
¿Grupos parlamentarios que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra, en primer lugar, la señora Cañigueral.
La señora CAÑIGUERAL OLIVÉ: Deseo darle las gracias por su asistencia. Le formularé tres preguntas muy breves. En un momento de cambio de la denominada sociedad industrial a la sociedad del conocimiento, las universidades tienen un papel
muy importante, tienen que asumir el liderazgo en este camino de aumentar y mejorar el ámbito de la investigación en el Estado español y, como supongo que habrá estudiado perfectamente la reformulación que se plantea, le pregunto: ¿Cree usted que
el Consejo Social tal y como se plantea en la reformulación asegura un espacio de debate y de relación estable y resolutivo para llevar a cabo este cambio que tiene que producirse?
En segundo lugar, estoy interesada en saber su valoración sobre la adscripción del sistema universitario del Estado español en el espacio europeo de Educación Superior; más concretamente, usted ya ha apuntado un poco su valoración, quisiera
profundizar algo más en el tema del debate de las dos fórmulas que se plantean de 3+2 y 4+1 y si cree que favorecería esta integración del modelo universitario español al espacio europeo el hecho de acogernos a la fórmula 3+2, que es la mayoritaria
en la Unión Europea.
Tercera cuestión. Usted ha hablado de la adecuación de las universidades al contexto social y económico que las rodea, ¿cree usted que un modelo como el alemán, donde las competencias universitarias se han traspasado a los länder asegurando
una mayor adecuación y adaptación a su realidad económica y social concreta, sería un modelo más eficaz también en el contexto español?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor Haug, por sus explicaciones y por su comparecencia. Quisiera, en primer lugar, después de agradecer las mismas, expresar una sana envidia por este dominio de cinco lenguas, esto es algo que
creo que todos podemos compartir.
Usted ha hablado de distintos temas y me gustaría, primero, sumarme a las cuestiones que le ha planteado la portavoz que me ha precedido con respecto al tema del consejo social y también a su visión general con respecto al tema de la
descentralización, de las competencias para una mejor eficacia en orden a la consecución de los retos que se plantean actualmente con respecto a la universidad. No le voy a plantear estrictamente cuestiones de nuestro modelo de descentralización,
complejo competencialmente, porque más bien ha planteado cuestiones de carácter general. Desde este punto de vista, y volviendo al tema de Bolonia, usted ha afirmado que los cursos de 240 créditos caben perfectamente en el sistema europeo.
Coincido con usted. Lo que se pone es un mínimo de 180 grados. Con independencia de que el modelo se ajuste en los términos literales o legales, ¿por qué cree usted que una buena parte de los países europeos -Alemania, Reino Unido, Irlanda,
Austria,
Holanda- tienen un modelo más flexible? ¿Las razones por las que estos países han elegido un modelo más flexible no se podrían extrapolar para que nosotros eligiésemos también un modelo más flexible? No le hablo de pasar de una rigidez de
cuatro años a una de tres años, sino de que hay materias en las que se requerirán tres años y en otras cuatro años, es decir, un modelo más flexible. ¿No cree que sería mejor y nos acercaríamos más al modelo general europeo?
Otro tema es el de la movilidad. La reforma universitaria ha de servir para propiciar una mayor movilidad tanto de estudiantes como de profesorado. En el estudio que hace usted del proyecto, ¿considera que lo que se contempla en él es
suficiente o se precisaría en la propia LOU o en legislación complementaria dotar de requisitos para que esta movilidad fuera más fácil y no tuviera que cumplir con tanta burocracia o papeleo administrativo, por llamarlo de alguna manera?
Transferencia del conocimiento, interrelación de la universidad con la actividad económica. Este es un reto importante que se plantea a nivel español y europeo. Me gustaría también conocer su opinión sobre si lo que está propuesto en el
proyecto es suficiente o cree que incluso se debería ser más flexible o apuntar ideas más novedosas con respecto a esto.
Por último, quisiera saber su opinión acerca de la financiación, si se tendrían que abrir en la propia regulación o en regulación complementaria nuevas vías para participación del capital de la financiación privada en las universidades;
incluso le agradecería alguna sugerencia sobre cómo estimularla.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor González Rodríguez.
El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ: Mis primeras palabras también son de bienvenida para el señor Haug, al que le agradecemos su estancia en el día de hoy y, al igual que mi compañera del grupo parlamentario CIU, no solamente le admiro su dominio
del idioma sino que le envidio, con una envidia sana, que hable cuatro idiomas más.
Le voy a hacer unas observaciones en representación del Grupo Popular del Congreso de los Diputados y comenzaré por lo que mi compañera del Grupo Socialista anteriormente finalizó su intervención. Le puedo asegurar que mi intención a lo
largo de estas sesiones va a ser hacer unas intervenciones con el mayor espíritu constructivo, valorando lo positivo que pueda tener esta reforma, lo que no significa que no hagamos crítica de la misma, como se podrá comprobar. Aunque esto parece
obvio, debo decirlo para que conste en el 'Diario de Sesiones', porque estamos hablando de temas universitarios y evidentemente la universidad es uno de lo grandes motores económicos, sociales y culturales de la sociedad española y, por tanto, de
suma importancia. Además, mis apreciaciones, como no puede ser de otra forma, serán para mejorar la reforma de la reforma, como también dijo antes el presidente de la CRUE, de la gran reforma que fue la LOU en un momento determinado, en el año
2001. Voy a intentar ser lo más breve posible, señor presidente, para dar el mayor espacio a los comentarios del señor Haug, que es al que venimos a oír en el día de hoy.
Lo primero que tengo que decir, dado que usted representa dentro de las comparecencias el aspecto más europeo de lo que pueda tener esta reforma debido a sus trabajos, cargos y actividad, que le agradecemos enormemente, es que llama la
atención que sobre un tema tan importante como es la adaptación al espacio europeo de Educación Superior, que precisamente confirma su estancia en esta Comisión, no haya ni una sola línea en el proyecto de reforma. Le puedo asegurar que mi grupo lo
considera algo insólito, sobre todo después de lo que llovió cuando se aprobó la LOU, la Ley Orgánica de Universidades, en la que hubo una crítica previa a la no existencia del apartado sobre Bolonia, que sí se incluyó en la reforma de la LOU -por
supuesto, aceptada o no, que para eso los grupos tienen su propia libertad-. Repito que resulta insólito que en esta reforma no aparezca nada al respecto. Ya sé que el ministerio presentó un documento de reforma sobre algunos aspectos que
planteaba Bolonia con respecto a los grados, posgrados y títulos, pero desde luego esto no está en este documento, y la presentación del otro documento a los pocos días puede parecer algo que se hace con cierta improvisación, a trompicones, algo un
poco raro. No lo digo yo, sino que lo dice el Consejo de Estado en el informe que hace sobre la reforma de la LOU en las páginas 66 y 67. Dice textualmente que por su trascendencia debería quedar reflejado en una norma con rango de ley. Es algo
que, en principio, nos llama la atención.
Dicho esto, le voy a hacer algunos comentarios y algunas preguntas, que es el sentido de esta comparecencia. Evidentemente, la universidad española, como también se ha dicho en la anterior comparecencia, ha aumentado en cantidad, pero de lo
que no estoy tan seguro es de que haya aumentado al mismo nivel en calidad. Estamos aquí para solucionar y arreglar la problemática universitaria entre todos, pero queda mucho camino por recorrer. Desearía que esta reforma sirviera para aumentar
esta calidad.
Si esto es así, bienvenida sea, pero no sé si todo su articulado puede significar que vayamos hacia el final que todos deseamos, que es la gran universidad en el territorio español. Le voy a hacer unas preguntas que van a consistir
en lo siguiente. Como usted sabe perfectamente, el modelo de elección a rector en la reforma de la reforma de la reforma plantea dos posibilidades: bien a través del sufragio universal ponderado o bien a través del claustro. Mi pregunta es: Qué
ocurre en Europa, para que nos informemos bien, y qué opinión tiene con respecto a esta reforma.
En segundo lugar, también voy a hablar de los consejos sociales, que es un tema recurrente por lo que estoy viendo en esta hora y media que llevamos. También le puedo hacer la misma pregunta sobre los consejos
sociales, que es la base fundamental de su presencia en la tarde de hoy.
Órganos similares en las universidades europeas ¿cómo funcionan, qué relación tienen, qué participación tienen en lo que es la vida cotidiana, normal, de las
universidades europeas?.
En tercer lugar, los créditos y los grados. Ya sé que esta reforma no participa de esta nomenclatura porque hay otro documento, repito, posterior, pero el tema de la reforma de la LOU es absolutamente complejo. Habría que analizarlo a
nivel transversal, porque si hablamos -perdone que haga un inciso en la pregunta que le iba a hacer- de la selección de profesorado tenemos que hablar de las titulaciones y si hablamos de las titulaciones tenemos que hablar del acceso de los
estudiantes. Es decir, ahí todo es como es, la propia universidad, algo complejo y, por tanto, sacar o extraer un dato resulta bastante complicado porque inmediatamente se unen otros posteriores que hacen que la pregunta se haga cada vez más grande
y se le complique la respuesta al compareciente, que no es mi intención en estos momentos. Pero sí le voy a decir una cosa con respecto al grado. Se establecen 240 créditos, y lo digo porque tiene relación con todo lo que significa la reforma y
con todo lo que significan los títulos. Tenemos que saber cuántos grados van a tener o van a contraer. Mi pregunta es que si el nuevo documento que nos han presentado establece 240 créditos y usted, porque lo considera así, piensa que esta reforma
de la LOU es muy flexible en muchos aspectos, que no vamos a comentar ahora porque no quiero llevar la pregunta a ese terreno, cómo posteriormente aparece un documento que está íntimamente relacionado con la reforma, y por eso lo traigo aquí a
colación, en el que aparece esa rigidez de los 240 grados. En principio, lo considero algo complicado.
Por último, Bolonia. Usted ha hablado al principio de Bolonia. No está en el documento, pero vuelvo a insistir en que tenemos que hablar de ello, y usted viene aquí para hablar fundamentalmente de este tema como ha hecho en su estricta y
buena síntesis. ¿Preocupa Bolonia a las naciones europeas? ¿Preocupa Bolonia, y le hago esa pregunta, a la ciudad de Bolonia y a la universidad de Bolonia?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Palma.
La señora PALMA MUÑOZ: En primer lugar, quiero felicitar al señor Haug por su intervención tanto por su contenido como por la corrección en el uso del castellano. Quiero decirle que su intervención es muy clarificadora en un momento en el
que creo que lo peor que podríamos hacer para conducir la reforma a buen puerto es generar confusión. Estamos tratando una temática que tiene aspectos muy transversales, que tiene cierta complejidad y precisamente por ello deberíamos hacer un
esfuerzo importante por aclarar de qué estamos hablando. En esta Comisión estamos hablando de la reforma, la modificación de un ley ya existente que es la Ley Orgánica de Universidades del año 2001, que es el marco legislativo que debe permitir al
sistema universitario español afrontar los retos que tiene por delante tanto dentro del propio espacio del Estado español como de su situación en el ámbito internacional.
De la intervención del señor Haug me quedaría con tres cuestiones fundamentales: el registro de títulos, sobre el que le voy a pedir alguna aclaración, la selección del profesorado y la evaluación de la calidad.
Me quedo con estas tres
porque pienso que son las que generan aportaciones fundamentales y le pediría que me dijera si comparte esta valoración que voy a hacer sobre las tres cuestiones que son objeto principal de esta reforma de la ley, pero que además, desde nuestro
punto de vista, son las tres cuestiones que sitúan al sistema universitario español en las condiciones adecuadas para su colaboración en el espacio europeo de Educación Superior. La pregunta genérica que le formulo es la siguiente: ¿Comparte usted
con nosotros estos tres grandes cambios respecto al registro de títulos?. Usted ha afirmado al principio de su intervención que saluda con satisfacción el hecho de que se acabe la lista cerrada de titulaciones, por lo que entiendo que se pronuncia
claramente a favor de este registro abierto. ¿Entiende usted que la existencia de un registro y no de un catálogo cerrado favorecerá también la interdisciplinariedad, solicitada por las instituciones europeas en el último informe de mayo de 2006 de
la Comisión Europea, que supongo que usted conoce bien? Este informe insiste muchísimo en que es necesario trabajar para conseguir la interdisciplinariedad y también para mejorar la empleabilidad ¿Cree usted que este nuevo sistema de diseño y de
programación de las titulaciones va en esta dirección?
Respecto a la selección del profesorado se ha pronunciado usted claramente a favor del sistema de acreditación, pero ha dicho algo que me ha llamado la atención. Ha dicho, si no he entendido mal, cuando valoraba el sistema todavía vigente
de habilitación, esperemos que por poco tiempo, que es incompatible incluso a nivel internacional. Me gustaría que nos explicara por qué. Para usted, que es buen conocedor de la realidad universitaria internacional, ¿los sistemas de selección del
profesorado se parecen más al que se propone en el proyecto de ley o al existente actualmente?
Segunda pregunta sobre este tema. ¿Qué opina usted de las acusaciones de endogamia, de localismo y de deterioro incluso de la calidad que hemos podido leer en algunos medios de comunicación y que provienen de algunos sectores universitarios
y políticos acerca del nuevo sistema de acreditación? ¿Cree usted que este sistema de acreditación basado en mérito, capacidad y transparencia permitirá que luego las universidades seleccionen precisamente entre los mejores o cree que, como dicen
algunos, servirá para deteriorar el control de calidad en el acceso del profesorado?
Tercera cuestión, respecto a la evaluación de la calidad. Usted es buen conocedor de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación en España
y sabe que en este proyecto de ley hay un cambio importante respecto a la Aneca. ¿Qué mejoras augura usted en el cambio de la Aneca como un ente público en el marco de la Ley de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos?
¿Cree usted que el sello de calidad al que aspiramos podrá también ser mejor en este sentido?
Por último, respecto al tema del espacio europeo de Educación Superior, la Ley Orgánica de Universidades, de 21 de diciembre de 2001, contiene un título específico, el XIII, respecto al espacio europeo de educación de Enseñanza Superior. Es
un título que en esta modificación no cambia y permanece exactamente igual. Este título se introdujo, como ha dicho el portavoz del Partido Popular, en el trámite de la LOU a raíz de una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que el grupo
entonces del Gobierno aceptó, pero quiero recordar que en aquel entonces, tampoco hace tanto tiempo, estábamos en 2001, no aparecía en una primera instancia absolutamente nada sobre el espacio europeo de Enseñanza Superior. En cualquier caso, este
título se mantiene, ha sido el que ha permitido posteriormente el desarrollo a través de reales decretos del marco normativo para grados y posgrados y permitirá también nuevos desarrollos.
Al hilo de este comentario respecto a la desregulación, que
también se ha intentado a través de este proyecto de ley para suprimir el exceso de reglamentación que algunos achacaban a la ley existente, me ha parecido entender que ha dicho usted que el sistema universitario español es de los más
sobrerregulados en el entorno europeo. ¿Le parece que vamos en la orientación adecuada, cuando lo que se pretende en un marco legislativo, básico y fundamental, es tener los instrumentos necesarios para los desarrollos posteriores, o que sería
necesario regular, especificar y concretar todavía más?
Quiero agradecerle una vez más sus aportaciones. Entiendo que de su exposición se desprende que removemos el modelo en la dirección adecuada, es decir, que los cambios que se proponen orientan las reformas en nuestro sistema universitario
en la dirección adecuada. Simplemente quiero decirle que para el Grupo Parlamentario Socialista el marco europeo es importante y que el informe de la Comisión Europea, de mayo de 2006, en el que seguro que hay algunas aportaciones suyas, ha
inspirado una parte importante de la reforma legislativa que se plantea desde el Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Haug.
El doctor GUY HAUG: Voy a contestar algunas preguntas que se han repetido y que proceden de varios grupos. Consejo social. Todos los países tienen una forma u otra de organización para que la universidad funcione de manera abierta al
exterior. Hay un órgano que, aunque con nombres distintos, tiene una función esencial, que es evitar que la universidad funcione por sí misma; evitar algo que pasa frecuentemente, y es que la universidad funciona por los profesores en vez de
funcionar por la sociedad en la que está. Creo que depende de cómo se organiza esta función; la función es mucho más importante que la descripción precisa del órgano.
Hay dos comentarios que me gustaría hacer. El primero es que de todos los sistemas que conozco, seguramente la ley española es la que más regula las funciones internas de las universidades. Está previsto un número muy importante de
órganos, cada vez con más detalles en cuanto a su composición, a su papel, cuántas veces se reúne, etcétera. Entiendo la intención, pero creo que es algo que en la actualidad no permite a las universidades desarrollar el tipo de liderazgo que
necesitamos para inventar el cambio, ver el cambio, implementar el cambio en el futuro.
Por eso creo que se necesita un órgano, y el Consejo social me parece acorde con las universidades españolas, quizá sea el mejor sitio para esto, pero claro que
también tiene que evaluar. Si al Consejo social con su definición actual le piden nuevas funciones, claramente no dará los resultados esperados. Creo que esto es algo absolutamente fundamental con esta función, y otra vez la función me parece lo
más importante. Hay que ajustar la composición del órgano a la función que necesita.
Otro punto que se repite son los grados de 240 créditos y su compatibilidad o su ajuste al espacio universitario. En mi opinión, varios de los países y de las universidades que en numerosos casos se precipitaron un poco al hacer las
reformas de grados de tres años, tendrán que aceptar una segunda ola de cambios. La tradición europea es de cursos de grado fuertes, bien desarrollados, que abren realmente perspectivas inmediatamente después de cursar el grado. En mi opinión,
varios países adoptaron el modelo de tres años por razones más económicas que universitarias o culturales y se pudieron equivocar, porque, después de tres años, en la mayoría de los casos, los estudiantes no se sienten suficientemente bien
preparados y la mayoría va a continuar cursando dos años adicionales. Así que incluso este cálculo que hay en numerosos países no me parece tan cierto.
El segundo comentario, a propósito de esto, es que en todos los países donde han existido los bachelor, másteres, los tres niveles de manera tradicional, nunca han sido tres años en todas las universidades. En Inglaterra, en Escocia, en
Malta, en Irlanda también hay grados de cuatro años, y en Estados Unidos son todos de cuatro años. Hay razones muy raras por las que algunas universidades adoptaron los tres años, por ejemplo, para demostrar que hacen en tres años lo que en los
demás países hacen en cuatro, porque cren que son mejores. También existe esta motivación en varias de las reformas, aunque la motivación económica seguramente ha sido más importante.
Pero cuando hablamos de los dos modelos -usted mencionó los dos modelos-, creo que no es correcto decir que en Europa hay dos modelos: uno de tres más
dos y otro de cuatro más uno. No. Hay varios modelos por el grado, y de manera separada hay varios modelos por el máster. A nivel europeo la intención nunca ha sido poner dos modelos posibles sobre la mesa; desde el principio la idea ha
sido dar una cierta flexibilidad a nivel europeo en cuanto al diseño del grado -un grado es un grado- y que se puedan convalidar grados, incluso si son de duración distinta. Por otro lado, están los másteres y ahí también hay un cierto grado de
flexibilidad, porque se podrían convalidar grados de varias duraciones. Esto es exactamente lo que pasa en la actualidad y es un punto que forma parte de mi análisis del sistema español con respecto a otros países de Europa. En realidad, en España
la mayoría de los estudiantes pasan más de cuatro años para cursar una licenciatura de cuatro o de cinco años. Esa es una razón por la que me parecería bien adaptado al sistema español poner lo oficial y lo efectivo en armonía. A mí no me plantea
ningún problema aceptar un año de diferencia, si se trata realmente de un año, para convalidar un grado de otro país, porque en la actualidad lo que pasa es que los españoles estudian dos, tres o cuatro años más que un francés o un irlandés para
conseguir el mismo título. Esto es algo que nos plantea problemas a nivel europeo y me imagino que también a nivel español; la enorme diferencia que existe entre la duración oficial y la efectiva. Una cosa que me parece importante del proyecto de
reforma es que dice que serán cuatro años, pero todo será incluido en estos cuatro años, incluso los idiomas y las prácticas. Por ejemplo, en cuanto a la movilidad, es mucho más fácil organizar una movilidad significativa en una carrera de cuatro
años que en una de tres. Todo esto será incluido. Además, en el proyecto hay una frase que dice que las universidades se van a evaluar con una serie de criterios y uno de ellos será su actitud para llevar al éxito a los estudiantes y que baje la
tasa de deserción y abandono. Esto es algo fundamental por lo que se refiere a la eficiencia y a la eficacia social y económica del sistema.
Esta es mi postura en cuanto a lo de 240 ó 180 y, en mi opinión, no hay que reflexionar en términos de tres más dos o cuatro más uno, sino que hay que diseñar grados buenos y bien adaptados a la situación de España y de sus autonomías.
También la tradición universitaria de tener primeros grados muy fuertes es algo importante de cara al futuro. En varios países la ley no dice que todos los cursos serán de 240 ó de 180, sino que la ley dispone a nivel europeo que hay un mínimo y un
máximo y dentro de ese mínimo y de ese máximo las universidades o en algunos casos los Estados, como Alemania, pueden elegir o pueden empujar sus universidades en una dirección u otra. Idealmente, me parece mejor un sistema en el que no hay una
regla absoluta, pero esto es un ideal. En la realidad es muy importante evitar confusiones y que haya un marco de referencia claro, que no puede ser malo ya que el marco más común es el de cuatro años.
Todas las universidades en Estados Unidos,
las mejores y las no tan buenas, funcionan con grados de cuatro años. No digo que haya que imitar a Estados Unidos, sino que un grado importante de claridad ayudará y apoyará al proceso reformador. Lo peor que podría pasar es que en la enseñanza
superior española continúe el proceso de no voy a cambiar mis cursos porque no me resulta claro lo que quiere el país. Para mí, esto es lo peor que podría suceder. Yo apoyo el cambio. Cuando preparé el documento de Bolonia lo hice en respuesta a
críticas procedentes de numerosos países de Europa, que habían entendido la anterior declaración de la Sorbona como un intento de imponer a toda Europa un modelo de tres, cinco, ocho. Bolonia es una respuesta a esto para tranquilizar a los que
creían que se impondría un modelo único. Yo preparé este informe y esperaba que la mayoría de los países aprovecharían la ocasión para desarrollar carreras de grado de cuatro años, quizá con flexibilidad de tres, y fue una sorpresa que por razones
en numerosos casos ajenas a motivaciones que tienen que ver con la calidad y el desarrollo universitario, numerosos países o numerosas universidades eligieran la otra vía. Lo acepto, pero no era ni lo previsto ni lo que a mi juicio estaba adaptado
a Europa.
Selección del profesorado. El modelo actual es una curiosidad en el paisaje internacional. Confirmo que probablemente el punto clave de la calidad de la enseñanza, de la docencia y de la investigación en las universidades está directamente
relacionado con la selección del profesorado. Soy miembro de varias agencias de calidad y de acreditación y en todas partes este punto se considera clave. El nuevo modelo se acerca a lo que pasa en la mayoría de los países y de las buenas
universidades por una razón y es que da más posibilidades a las universidades para elegir la persona adecuada para un puesto específico.
Intenté explicarlo en mi presentación inicial. El problema es que con criterios generales que se aplican a
todos los puestos, en todas las disciplinas y en todas las universidades se impide la adecuación entre una contratación y lo necesario en un puesto.
La endogamia existe en todas partes y las universidades que lo practican, como dije, se hacen daño a sí mismas y a sus estudiantes. Ahí está el problema. Estoy firmemente convencido de que las universidades no existen por sí, sino por la
sociedad en la que funcionan y en las universidades en las que se practica la endogamia no se aprovechan todas las ocasiones que existen para mejorar su contribución al desarrollo económico, social, cultural, científico, etcétera. No creo que haya
ningún sistema que impida totalmente la endogamia. Se puede regular de todas las maneras posibles, pero no creo que haya un sistema que pueda impedir totalmente la endogamia. Por eso creo que un sistema competitivo, en el que las universidades
utilizan criterios distintos porque los puestos son diferentes, porque el entorno social y económico en el que funcionará tal o cual persona es distinto, permitirá dar una mejor respuesta por parte de las universidades a la demanda social. Hace
poco me encontré con un grupo de universitarios del norte de Inglaterra, donde las universidades tienen como misión principal la reconversión económica de regiones que se
encuentran en una situación económica y social no tan buena como la del resto del país. Pues bien, cuando allí buscan profesores, utilizan otros criterios que los exclusivamente académicos que en la mayoría de los casos se aplican. Lo que
buscan son profesores que tengan una experiencia de la vida cultural o laboral, profesores que estén más interesados en transmitir una motivación a los estudiantes para reintegrarlos en el sistema universitario. No es lo mismo buscar un profesor
para el primer o segundo año que buscar un profesor para estudiantes a nivel de posgrado.
Pongo estos ejemplos solamente para explicar que no hay tal cosa como un puesto de profesor; es un puesto de profesor en una disciplina, en una universidad,
en una región. La universidad necesita desarrollar tal y tal perfil y esto hay que tenerlo en cuenta.
El registro. Siempre me ha parecido raro que en algunos países el conocimiento o el saber mundial se pueda dividir en 148 carreras. Mi opinión es que es algo del pasado y que la realidad es mucho más fluida.
No hay 148 especializaciones,
hay que combinarlas. Esta es la pregunta en cuanto a interdisciplinariedad. En el futuro será cada vez más importante combinar varias disciplinas y varios modos. Esto no cabe en una lista cerrada de carreras, y mi gran preocupación es que donde
existen estos sistemas no se podrán desarrollar fácilmente cursos interdisciplinarios.
Hay países donde las universidades tuvieron que desarrollar estos cursos fuera de la universidad, en una fundación, porque no entraban dentro de las fronteras
muy rígidas de las facultades.
Adecuación de las universidades al contexto que les rodea, el modelo alemán. Las universidades alemanas atravesaron una crisis bastante seria, como otros países, porque tuvieron que aceptar que la satisfacción del profesorado por sí mismo
no bastaba para dar la imagen que querían de la universidad alemana. Esto ha provocado una crisis, pero creo que están saliendo de ella adaptándose a varios contextos. Lo que ha quebrado en Alemania es el mito de que todas las universidades son
exactamente las mismas, todas las universidades tienen las mismas misiones, todas las universidades son de la misma calidad. Esto ya no vale en Alemania y creo que les va a facilitar la adaptación al contexto que les rodea.
En cuanto al modelo descentralizado o de tipo federalista, no es mi papel decir cómo se deberían organizar los sistemas, pero mi observación es que los modelos universitarios descentralizados pueden funcionar muy bien cuando hay masa
crítica, en sistemas que fuesen regionales o nacionales con esa masa crítica, pero hay peligro en cuanto a calidad y a autonomía, cuando las universidades funcionan dentro de unidades muy pequeñas. Hay países en Europa donde hay una agencia de
calidad por una sola universidad. Este es el límite. Es importante que haya una masa crítica en el sistema para que pueda funcionar como un sistema, con universidades diferentes, con funciones diferentes, etcétera. Hay algo que me parece
importante destacar y es que, a mi parecer, nunca existió la universidad.
Tenemos universidades con funciones distintas, con papeles distintos y esto es un punto muy importante. Es la razón por la cual me parece que es necesario regular el sistema
universitario, pero es necesario regularlo a nivel del sistema para que haya coherencia en el sistema, pero también para que varias funciones necesarias a nivel nacional o regional se puedan desarrollar en universidades distintas, con énfasis. El
mito de que todas las universidades europeas son universidades de investigación es el ideal de Humboldt y de numerosas universidades. A mí también me gustaría, pero en realidad no funciona así. Es importante que las universidades que no pueden ser
de investigación a nivel de toda la institución puedan desarrollar uno o dos polos de excelencia o de alta calidad, incluso en investigación. Por eso digo que no existe la universidad, sino universidades.
En relación con la evaluación de la calidad, respecto al estatuto de la Aneca, lo importante no es tanto el estatuto de las agencias como la independencia en su actuación, la calidad de los criterios que utilizan y la calidad de las
relaciones que mantengan con las agencias de otros países. Algunos de mis colegas opinan que para demostrar independencia las agencias tienen que tener un estatuto privado o semiprivado. Yo no comparto esta idea. Creo que es perfectamente posible
tener un ente público que pueda funcionar con independencia. La calidad del sello que pone una agencia depende, en primer lugar, de su credibilidad fuera de su propio país. Este es el factor más clave. Es absolutamente imprescindible tener una
agencia o una red que sea respetada fuera del país, porque esta es la clave del acceso de los egresados de ese país al mercado laboral europeo y a los estudios en el ámbito del espacio europeo.
La desregulación en sí no es mejor que la regulación. Necesitamos un balance, un equilibrio, necesitamos una regulación suficiente para que el sistema pueda funcionar de manera armónica. El problema es cuando se excede este límite. Yo no
conozco el derecho español y la práctica en España suficientemente como para decir si en el proyecto de reforma se debería hablar del espacio europeo. Francamente, donde quiera que se establezca prominentemente -en la ley o en un conjunto de reales
decretos- poner de relieve la dimensión europea de esta reforma sería mejor para mí, pero no sé dónde cabe hacerlo mejor, si en la ley o en un conjunto de reales decretos. Si recuerdo bien, en la LOU de 2001 hay un capítulo sobre el espacio
europeo, pero básicamente dice que habrá reales decretos que establecerán cómo se va a cumplir el acercamiento a esto.
Esta es una pregunta sobre la que no tengo opinión.
En cuanto a los rectores no hay un modelo europeo. La gran mayoría de los rectores son elegidos, no todos. En Europa tenemos ejemplos de sistemas en los que los rectores están elegidos por un grupo un poco más amplio que cumple un papel
bastante semejante al consejo social, es como una junta que está encargada del liderazgo de la universidad, de la preparación de su futuro, de diseñar su perfil propio y de adoptar las medidas
estratégicas y financieras pertinentes para los cambios necesarios. En cuanto al resto, tenemos sistemas en los que los rectores se eligen durante un año, sin posibilidad de renovación, hasta dos, cuatro o cinco años, con posibilidad de
renovarse varias veces. Mi observación es que el cambio universitario necesario se hace en mejores condiciones y más rápidamente cuando en la universidad hay un liderazgo bastante fuerte. La mayoría de los países viven con leyes que se inspiraron
en la revuelta estudiantil de 1968 y se temía la autoridad en la universidad. Es una cuestión de equilibrio, que no se gestione un grupo de profesores como una fábrica. No obstante, hay una gran diferencia entre las universidades de numerosos
países en Europa y las universidades de Estados Unidos, Canadá, Asia y de algunos países de América Latina porque allí el liderazgo es más fuerte y los poderes del rector están más desarrollados.
Ahora tenemos en Europa un país que quizás ha ido
demasiado lejos -me refiero a Austria-, donde en la nueva ley los poderes no son del equipo directivo sino del rector individualmente. A mi parecer esto es ir demasiado lejos. En el proyecto hay un reparto de un 30 por ciento de los miembros que
los elige el rector, otros son elegidos por el claustro y otros por el consejo social. Está bien tener esta diversidad. No hay tantas leyes en los países con sistemas universitarios muy desarrollados en las que se fije un 30 por ciento, un 40 por
ciento, etcétera. Me parece perfectamente aceptable porque no es una derogación de lo que pasa en otros países, aunque no estoy absolutamente seguro de que fuese necesario.
La adaptación al espacio universitario europeo no es solamente una cuestión del proceso de Bolonia; esto me parece muy importante. El proceso de Bolonia empezó en 1998 y de manera más concreta en 1999, pero hubo algo más importante que
empezó bajo la Presidencia española de la Unión Europea en el año 2002, y es el proceso de acercamiento de los objetivos de los sistemas educativos de varios países de la Unión Europea. Este programa tiene consecuencias muy concretas sobre la
enseñanza superior. Desde el año 2004 hay una agenda europea promovida por el Consejo Europeo para la modernización de las universidades. Esto es paralelo pero también complementario al proceso de Bolonia, con unas diferencias importantes, porque
el capítulo universitario de la estrategia de Lisboa cuenta, por lo menos potencialmente, con el apoyo de las instituciones y de los presupuestos de la Unión Europea. Hay algunas líneas de actuación que me parecen muy importantes. Por ejemplo,
facilitar la emergencia de polos de excelencia y la emergencia de escuelas doctorales multidisciplinarias a nivel europeo. No se trata solamente del proceso de Bolonia sino también de la estrategia de Lisboa.
Respecto a la financiación, hay numerosos países en Europa que proporcionaron recursos financieros específicamente para facilitar el proceso de cambio. Me parece muy adecuado y muy eficaz. En todos los organismos hay personas más proclives
a aceptar y conducir el cambio; hay instituciones que están más preparadas para el cambio, que lo aceptan, lo aplican o lo implementan mejor. Como asesor de varias organizaciones, mi sueño ha sido que en todos los países haya una fuente específica
de financiamiento de los factores y los motores de cambio, para crear una diferencia en favor de los que preparan el futuro. Esto quiere decir que no se puede perjudicar de manera formal a los que opinan que lo mejor es continuar como antes, sino
que hay que crear una diferencia positiva a favor de los demás. No hay que quitarles ninguna cosa; hay que favorecer a los que hagan los cambios y los que implementen.
En cuanto a la contribución de otras fuentes de financiamiento, hay que diversificar las fuentes de financiación de las universidades en Europa, pero aquí también hay mitos y uno es que las empresas van a proporcionar más dinero a medida que
los gobiernos quiten dinero a las universidades.
Esto es falso. Esto no sucedió en ningún país, ni siquiera en Estados Unidos. Cuando el Estado financia menos pagan más las familias, no las empresas. El segundo mito es que las universidades
pueden ganar fácilmente dinero si venden los resultados de su investigación, cursos de formación, etcétera. A largo plazo sí, pero para financiar, por ejemplo, una unidad de formación continua hay que invertir durante varios años, hay que formar al
personal, hay que conocer el mercado, hay que competir con entidades privadas mejor preparadas. Esto quiere decir que sí hay fuentes de financiación alternativas, pero no mañana. Se necesita un gran desarrollo que no es posible si las
universidades no cambian. Lo peor que podría suceder en varios sistemas de Europa es que las universidades, que tienen la misión de servicio público, no tengan los recursos financieros públicos suficientes para ajustarse a esta misión y desarrollar
las actividades necesarias para la captura de recursos alternativos.
No sé si he olvidado algo.
El señor PRESIDENTE: No se ha dejado ningún tema por responder. Le agradezco sinceramente su participación. Voy a solicitar a los servicios del 'Diario de Sesiones' que antes de la publicación definitiva le envíen al señor Haug una copia
de la intervención para que, aunque habla perfectamente el castellano, figure lo que exactamente quería decir.
Concluimos esta intervención dándole de nuevo las gracias por su participación.
-DEL SEÑOR CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD POMPEU FABRA, EX CONSELLER D´UNIVERSITAT, RECERCA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN (MAS-COLELL).
(Número de expediente 219/000723.)
El señor PRESIDENTE: La tercera comparecencia de esta tarde en relación con el proyecto de Ley de
Universidades es la de don Andreu Mas-Colell, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, a quien agradecemos su presencia. Como nos consta que ha seguido el trámite parlamentario de esta tarde y sabe el funcionamiento de la
Comisión, obvio dar explicaciones. Le pido disculpas porque había sido citado a las 17:30 horas. Estas cosas se sabe cómo empiezan y nunca cómo acaban. Tiene la palabra.
El señor MAS-COLELL: Siempre acaban bien.
El señor PRESIDENTE: Pero no se sabe a qué hora.
El señor MAS-COLELL: Señoras y señores, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes sobre este asunto tan apasionante de la universidad española. Voy a hacer unas consideraciones generales y algún cometario sobre el fondo del
articulado del proyecto de ley. No voy a entrar en transitorias y adicionales, aunque todos sabemos que en ellas puede haber mucha sustancia. Sólo diré que cada ley orgánica de universidades ha servido para originar un proceso atípico y masivo de
promoción, también ahora, pero prefiero ahorrarme las lamentaciones. En todo caso, es una razón para que no reformemos una ley orgánica cada tres o cuatro años.
Voy a hacer seis comentarios. El primero es sobre la universidad española en el espacio europeo de Educación Superior. Como últimamente nos hemos enamorado del espacio norteamericano de Educación Superior, empezaré con una consideración
sobre este último. El espacio norteamericano se caracteriza por: primero, una movilidad intensa de los estudiantes desde el primer año de estudio; segundo, cuatro años de estudios, y tercero, un master poco desarrollado. Podría añadir, como
comentábamos con el profesor Solà, que tampoco hay mucha legislación sobre este particular.
El emergente espacio europeo se caracteriza por: primero, renunciar a una movilidad intensa desde el primer año -algo realista- y desplazar esta a los
erasmus y al posgrado; segundo, grados predominantemente de tres años que abren la puerta a un posgrado internacionalizado y basado en la movilidad; es decir, la movilidad queda muy desplazada al posgrado. Será difícil lograr una participación
protagonista y constituir un punto de atracción de la movilidad de posgrado si se afianza la opción rígida e inflexible por los grados de cuatro años; enfatizo lo de rígido e inflexible. Es cierto que el modelo europeo no está totalmente
consolidado, pero -digámoslo de la siguiente forma- si no sabemos bien a dónde vamos no hay razón para correr. Si se corre hay que saber muy bien a dónde se va. Por tanto, preferiría la flexibilidad, que pueda haber 3+1, 3+2, 4+0 y 4+1, y que al
final sea la elección de los estudiantes la que imponga las titulaciones que van a tener más peso.
La discusión sobre los 180 ó 240 créditos en España no ha dependido solamente de consideraciones abstractas y de comparación europea. Todos sabemos que han tenido un enorme peso las presiones corporativas y las diplomaturas. Los grados de
diplomatura que se quieren extender a cuatro años cubren algo más de un tercio de los estudiantes universitarios españoles y están perfectamente bien adaptados a Bolonia, pero en nombre de Bolonia los vamos a destruir. ¿Creemos realmente -no voy a
dar ningún ejemplo concreto- que la formación de muchas de nuestras diplomaturas no es buena y que hay que alargarla a cuatro años? Repito, no hagamos en nombre de Bolonia algo que no es de Bolonia, o no digamos que para acortar los estudios vamos
a alargarlos. Yo propondría resistir esta tentación. En todo caso, esto no está en la ley sino en los decretos posteriores y, por tanto, hay un margen de tiempo.
¿La ley favorece una buena inserción española en este espacio de movilidad de posgrado? En parte -ya lo he dicho- dependerá de los decretos posteriores, pero también dependerá de cómo se configure el registro de titulaciones. Esta
institución del registro es positiva en la medida que liberaliza lo que estaba hiperregulado, es decir, el grado; aumenta el ámbito de creatividad curricular y ello es muy bueno, pero la institución puede ser negativa en la medida en que regula lo
que no estaba regulado, que era el posgrado. Ello me causa inquietud y pienso que sería más conveniente dejar todas las titulaciones propias fuera del proyecto de ley, fuera de la regulación del registro, como han estado hasta ahora.
Segundo: profesorado. La eliminación de la habilitación es positiva. Esta posición la mantengo por principio. Una universidad o departamento no alcanzará la excelencia académica si no puede controlar su política de profesorado; hacerlo
es pues condición necesaria para alcanzar esta excelencia y, por tanto, estoy totalmente de acuerdo con su supresión.
Debemos confiar en que entre ocho y quince universidades sepan aprovechar las posibilidades que este aumento de autonomía
ofrecerá, y será un desastre si no hay de estas ocho a quince universidades. El desastre no es imposible porque para promocionar una línea dinámica de profesorado no basta con la eliminación de las habilitaciones, hay que generar incentivos para
que los departamentos y universidades rivalicen en la contratación de los mejores candidatos, provengan de donde provengan.
Esto solo se conseguirá si, primero, la financiación de la universidad recompensa generosamente a las instituciones que
hagan buenas contrataciones, directa o indirectamente; segundo, las escalas salariales se liberalizan y huyen del uniformismo -la universidad española compite con las mejores universidades del mundo-, y tercero, la negociación colectiva reconoce
esta realidad y no empuja al sistema, sobre todo en la contratación inicial, hacia políticas salariales que desanimen a los que han adquirido niveles más altos de preparación, con frecuencia los que se han doctorado o posdoctorado en el exterior.
En términos más concretos y por lo que concierne al proyecto de ley, no todo es positivo. Por ejemplo, la eliminación de los requerimientos de tramos para los miembros de las comisiones evaluadoras es un paso atrás. La eliminación del requisito
de desvinculación por parte de los candidatos es un paso atrás. La accesibilidad para los que iniciaron una carrera en el exterior del sistema, ya sea en OPI o en centros de investigación en el extranjero, no está suficientemente
garantizada. Si uno fuera malicioso podría pensar que en buena medida la eliminación de las habilitaciones no responde a las rectas intenciones que les he mencionado, sino desgraciadamente a deseos de propiciar aún más la endogamia, pero reconozco
que la pelota está en juego y que el veredicto está abierto.
Tercero: órganos de gobierno. Es un tema de gran importancia y al que el proyecto de reforma no aporta mucho, y lo que aporta en conjunto es un paso atrás. En primer lugar, recorta competencias a los consejos sociales. Estos órganos han
sido muy poco efectivos y con esto los acabamos de hacer menos. Para provocar un poco podríamos decir que se está practicando la eutanasia suave de los consejos sociales. En segundo lugar, secundo la petición de Juan Vázquez de no imponer más
restricciones a la composición del consejo de gobierno, pues está bien como está. En tercer lugar, dejar en manos de las universidades si se mantiene el sistema actual de elección del rector o se vuelve al sistema de elección por el claustro solo
es respeto aparente a la autonomía universitaria. Queda muy bien, pero ¿quién hace los estatutos? Los hace el claustro. Por tanto, si se le pregunta al claustro quién ha de elegir el rector, el claustro o la comunidad universitaria, creo que la
respuesta está cantada. Hay un claro conflicto de intereses, un conflicto flagrante. Entre los dos sistemas yo me pronuncio por el actual. Creo que la elección por el claustro fomenta el corporativismo sectorial, la política de tono bajo y la
elección de rectores débiles. Pienso, pues, que sería mejor dejarlo como está. Pero si se piensa que sería bueno dejar un margen de flexibilidad, entonces tendríamos aquí una oportunidad muy buena de dar un margen de actuación a las comunidades
autónomas, que además podrían romper este conflicto de intereses que he mencionado.
Cuarto punto: acreditación. Profundizando en la LOU, el proyecto de modificación enfatiza la filosofía de la acreditación de titulaciones del profesorado por parte de la Aneca y de las agencias autónomas, etcétera.
Esto está bien y no
estaría de más que se diese entrada a agencias internacionales y que no se desequilibrara el sistema a favor de un cierto elefantismo de la Aneca sobre las agencias autonómicas, es decir que realmente se trate de una red. Está bien, la acreditación
está bien; pero conviene ser consciente de que la filosofía de la acreditación no es la solución última al tema de la calidad. La acreditación asegura mínimos y bienvenidos sean, los mismos naturalmente para todas las universidades, pero en sí
misma no hace nada para fomentar máximos. Asegura que el profesor de la disciplina equis en la universidad que apuesta menos por la disciplina equis tiene el nivel adecuado, o sea garantiza mínimos; pero no hace nada para fomentar máximos, y mal
practicada -no digo que este haya sido el caso, no lo ha sido- puede incluso tener el efecto contraproducente de imponer el uniformismo, y España, si quiere ser algo en el mundo universitario, precisa de algunos máximos. No basta que el nivel medio
sea bueno; precisa de algunos máximos. Es bien sabido que en los ránkings internacionales, con algunas excepciones muy dignas, no salimos muy bien parados. ¿Cómo se fomenta la excelencia? De muchas formas, pero todas implican la voluntad de
seleccionar. Aquí el camino a seguir es el que ha marcado recientemente Alemania, y lo trato a continuación con el quinto tema, que es el de la investigación.
Lo mejor que la Administración central del Estado puede hacer por la universidad española es aumentar el volumen y la dimensión de los programas selectivos de fomento a la investigación universitaria. Estos programas existen, y permítanme
aprovechar esta oportunidad para rendir homenaje al profesor Pere Pascual, recientemente fallecido, que impulsó desde los años ochenta tales programas desde la Administración central y también desde Cataluña y demostró así que también en nuestro
país es posible seleccionar por la excelencia. Convendría insistir y multiplicar esta línea. Un ejemplo, repito, es Alemania, donde recientemente se ha resuelto por medio de comisiones internacionales de expertos la primera convocatoria del
programa de excelencia universitaria, no de excelencia investigadora, de excelencia investigadora universitaria: 17 grandes programas de investigación y 10 escuelas graduadas han sido distinguidas, todas asociadas a universidades. Las
universidades afectadas han sido 22, tres de ellas han recibido una mención especial de excelencia, las de Munich y Karlsrhue. Este último aspecto no precisaría ser imitado; pero los otros dos sí, el de los 17 programas y las 10 escuelas
graduadas, en temas tan concretos como fotónica, pongamos por caso. En total, en cinco años, el programa de excelencia universitaria alemán recibirá 1.900 millones de euros; por si no se han fijado bien, repito: 1.900 millones de euros en siete
años. Entre nosotros, un programa paralelo, el programa Consolider, va a recibir en cuatro años un total de 150 millones de euros, o sea menos del 10 por ciento, e incluye toda la investigación y de hecho con total justeza, dados los términos de la
convocatoria, muchos de los fondos han ido a las OPIS y a centros de investigación. El programa alemán, 1.900 millones de euros, ha sido enteramente para universidades; ha habido selección, pero aún así, con la selección, han sido 22 las
universidades agraciadas, y hay segunda convocatoria, o sea no han agotado los 1.900 millones de euros. Al final prácticamente todas las universidades alemanas van a recibir alguna cosa, en unas será fotónica y en otras será bio lo que sea.
Para terminar, el punto sexto es sobre comunidades autónomas. No puedo dejar de manifestar que el proyecto de ley es reticente -supongo que desconfiado- respecto al papel de las comunidades autónomas. Se amplían con cierta generosidad las
competencias de las universidades, se desarrollan nuevas competencias del Gobierno central, por ejemplo y de forma totalmente
innecesaria, sobre el deporte universitario, hasta ahora habíamos vivido sin regulación del deporte universitario, ahora vamos a regular el deporte universitario. Pero ni por error; lo he buscado a ver si por error podía encontrar algún
lugar donde se ampliara alguna competencia autonómica, y no, más bien aquí y allá se recortan. Podría ser peor, lo reconozco, pero aún así no entiendo muy bien esta cicatería. Las comunidades autónomas financian las universidades, ¿qué sentido
tiene, por tanto, limitar su capacidad de ejercer supervisión y corresponsabilidad, encerrarlas en un estrecho pasillo con paredes que se van cerrando por un lado con expansión de las competencias de las universidades y por otro lado de las
competencias de la Administración central? Y como he empezado con el modelo americano, quizá pueda acabar con una comparación con el modelo americano, ¿es que alguien puede suponer que los gobiernos autónomos no están interesados en la calidad de
sus universidades? Miren ustedes a Estados Unidos y verán que muchas de las mejores universidades públicas de Estados Unidos responden al empuje de sus Estados, del equivalente a nuestras comunidades autónomas, suplementado con una política federal
de apoyo selectivo y decidido a la investigación. Yo creo que ese debería ser el modelo para España también.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que van a intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Cañigueral Olivé.
La señora CAÑIGUERAL OLIVÉ: Antes que nada deseo agradecerle su asistencia y sus aportaciones. Es muy tarde y me limitaré a hacerle una pregunta muy concreta. Usted ha sido conseller de Universidad en la Generalitat de Cataluña y me
gustaría que considerara si sería más fácil adecuar y adaptar el modelo de las universidades catalanas a las demandas, a las peticiones de la realidad social y económica más próxima, que sería en este caso la realidad catalana, si el Gobierno
catalán tuviese en exclusiva las competencias sobre universidades.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Señor Mas-Colell, le quiero agradecer especialmente sus aportaciones, primero, como catedrático, como miembro de la universidad, pero también como conseller que ha sido de la Consellería d´Universitat de Recerca i
Societat de la Informació de la Generalitat de Cataluña y también porque ha sido elegido próximo secretario general del Consejo Europeo de Investigación y por tanto sus aportaciones respecto al tema de investigación adquieren así especial
relevancia.
En cuanto a los temas de los que usted ha hablado, como ha seguido la sesión habrá visto que desde Convergència i Unió nos hemos interesado especialmente por la duración de los grados, en lo que usted ha incidido y coincidimos completamente,
y también por algunos otros temas que ha tratado. Me gustaría centrar mi investigación en la investigación pidiéndole que amplíe su exposición en lo que respecta a la transferencia del conocimiento, a la interrelación de la universidad con la
actividad económica y si desde su punto de vista es suficiente tal como está previsto en el proyecto o si tendría que haber una mayor elasticidad o una mayor flexibilidad.
También me gustaría hacerle alguna pregunta con respecto al último de los puntos que ha tratado, que es el tema de las competencias de las comunidades autónomas, y me quisiera centrar en Cataluña y en las competencias que se recogen en el
nuevo Estatuto de Cataluña. La sensación que tenemos desde Convergència i Unió es que a nivel competencial lo que se propone en la reforma de la LOU no es un buen texto para Cataluña. Me gustaría hacerle una pregunta general, que es si este texto
posibilita en mayor o menor medida tener un sistema universitario, un modelo propio de Cataluña, como el que se diseñó en la vigente LUC. Más concretamente, usted se ha referido a los órganos de gobierno y ha apuntado el sistema que prefería o los
defectos que podía haber si se dejaba en manos del que hace el Estatuto decidir cómo se iba a elegir el rector. Desde un punto de vista competencial el Estado indudablemente puede elegir modelo, pero si no elije modelo, ¿le parece lógico que remita
su competencia a la universidad? ¿No tendrían que ser las comunidades autónomas, en defecto de que el Estado no elija, las que lo tendrían que elegir y solo en último término, tal y como se dice en el proyecto?
Me gustaría saber con respecto a los centros de investigación su opinión, que ya ha dado el presidente de la CRUE, acerca de abrir este sistema que el proyecto propone de centros públicos universitarios, que es un sistema restrictivo, que no
se limitara únicamente a los OPI, sino que se abriera a toda esta red de centros de investigación, que, por ejemplo, hay en Cataluña y que es una red reconocida en Europa y con un enorme potencial de desarrollo de cara al futuro.
Con respecto al registro, usted ha hecho ya algún apunte y enlaza con lo que ha dicho el presidente de la CRUE. Parece que el registro no se plantea como un centro donde se inscribe lo que quieras, sino que es un registro constitutivo de lo
que se puede inscribir o no. Esto realmente plantea unas limitaciones importantes con respecto a los títulos propios.
Me gustaría saber su opinión.
En cuanto al tema de la calidad, se ha hablado de la Aneca, pero se olvida de que hay otras agencias de calidad como, por ejemplo, la Agencia catalana de calidad universitaria. A nivel europeo se habla de agencias.
No tiene por qué haber
forzosamente una, lo único
que se dice es que han de ser independientes. Con respecto a esta cuestión, ¿usted cree que desde el punto de vista competencial, cuando se habla de la agencia de calidad refiriéndose a la Aneca, tendría que tener una preeminencia con
respecto a Cataluña la Agencia catalana de calidad universitaria?
Ha hablado ya del deporte y de que no tiene sentido que se regule en esta ley.
Me gustaría, por último, saber su opinión con respecto al tema del consejo social y el recorte de competencias que ha sufrido en este proyecto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Señor Mas-Colell, le agradezco mucho sobre todo la claridad de su exposición. Se ha mojado. Ha hecho un repaso de los temas importantes del proyecto de ley y nos ha dicho qué le ha gustado y qué no le ha
gustado y yo se lo agradezco porque es una opinión muy a tener en cuenta por su trayectoria. Yo voy a hacer un breve repaso de los temas que usted ha suscitado y que me han parecido interesantes y después haré unas brevísimas observaciones y
preguntas.
Antes de ello, hay un tema que usted no ha tocado y sobre el que me gustaría, por su experiencia, saber su opinión, y es la forma en la que el antiguo Consejo de Universidades de la LRU y el actual Consejo de Coordinación Universitaria en la
LOU se regula o se organiza en el actual proyecto de ley. Esto supone la desmembración de una institución de 1983, en la que consejeros de comunidades autónomas y rectores formaban un órgano común. ¿Esta desmembración en dos órganos que son
compartimentos estancos -por una parte, los consejeros, con el ministro de turno, y, por otra parte, los rectores- es buena o mala?
En relación con los temas que usted ha abordado, coincido en la argumentación que ha dado de que es absolutamente incoherente todo este modelo de reforma. Por una parte, se invoca la máxima flexibilidad y autonomía de las universidades y,
por otra parte, se establece un modelo rígido de grados de cuatro años, como usted ha dicho, invocando en vano el nombre de Bolonia, porque Bolonia no exige más que un mínimo de tres años y hay que tener en cuenta la naturaleza y configuración de
las distintas carreras universitarias, pues no todas son lo mismo. El segundo tema que se ha convertido en uno de los de mayor enjundia en el proyecto de reforma es el de catálogo, registros, a qué llamamos títulos oficiales o no, que ha sido tan
de última hora que el presidente de la CRUE, el señor Vázquez, ha dicho: No nos ha dado tiempo todavía a tener una posición sobre este tema que excede de la propia vida universitaria.
Efectivamente, lo que me gustaría que comentara con un poquito
más de extensión es la aparente desregulación de los títulos oficiales de grado.
Nuestro sistema era, como usted ha dicho y algunos han calificado, excesivamente reglamentista de los títulos de grado y en los títulos de posgrado daba máxima
libertad y flexibilidad, pero no desregula los títulos de grado absolutamente porque catálogo va a haber. Los títulos con profesiones reguladas van a tener su catálogo. Parece que se reduce la dimensión del catálogo, pero va a establecer dos tipos
de títulos oficiales con validez en el territorio nacional, como así se dice, unos aparentemente desregulados y otros tendrán por necesidades imperiosas los títulos de grado. La contradicción es llamar a los títulos desregulados títulos oficiales y
con validez en todo el territorio nacional, porque es falso que el actual sistema impidiera a las universidades hacer títulos propios; lo podían hacer perfectamente. Se arriesgaban porque decían: Yo quiero hacer un título de excelencia, un título
propio, y que el mercado, la sociedad o la comunidad científica me juzgue y se reconozca. Eso de que, como se ha dicho anteriormente, el catálogo era cerrado e inamovible no es verdad. Primero, el catálogo se podía modificar y, segundo, además
estaban los títulos propios, que podían ser tanto de grado como de posgrado. Por tanto, estamos en un lío inmenso en estos momentos con consecuencias muy graves y sin haber reflexionado profundamente.
Tercera pregunta. En el tema del profesorado usted ha insistido mucho.
Dice que la clave está en incentivos para contratar a los mejores profesores, etcétera, y en que hay que evitar los corsés. Le voy a hacer una pregunta provocativa:
¿Usted cree que ha llegado el momento de la supresión de los cuerpos docentes universitarios o siguen teniendo validez dentro de nuestras tradiciones académicas?
En cuanto al tema de gobierno de las universidades, le quiero insistir también -no me extiendo en ello- en los consejos sociales. ¿Usted considera que en el futuro modelo de universidad vinculado a la sociedad, con mayor autonomía,
etcétera, los consejos sociales tienen que tener un papel relevante? ¿Hay que incrementar incluso su papel o tienen que convertirse en órganos irrelevantes, como se hace en este proyecto de ley, en el que se amputan las funciones más sobresalientes
que tenían? En este sentido, ya que usted ha clarificado su posición y yo se lo agradezco muchísimo sobre la elección del rector, claustro, comunidad universitaria, etcétera, y, yendo más allá, le pregunto: ¿Usted cree que nos deberíamos plantear,
no a lo mejor en esta ley, modelos que superaran esta situación de elección de rector? El doctor Guy nos ha dicho antes que no hay modelo europeo de elección de rector.
Por último, en cuanto a la acreditación, usted se ha manifestado más bien favorable, aunque ha puesto cautelas que yo le agradezco, ¿no habría que establecer algunas garantías mayores si nos tomamos en serio un sistema de acreditación y nada
más un expediente sobre, por ejemplo, la formación de los miembros de las comisiones en el que el proyecto de ley no habla nada de áreas de conocimiento, sino que da la impresión de que una comisión cualquiera puede juzgar una cosa tan importante
como es la acreditación para la calidad de la universidad?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Bedera.
El señor BEDERA BRAVO: Bienvenido, señor Mas-Colell. Todos conocemos su trayectoria profesional. Es más, la enciclopedia wikipedia, que parece que tiene ese carácter democrático, dice de usted que es uno de los mejores economistas vivos
de España. Vivos, dice, evidentemente (Risas.-El señor Mas-Colell: Estoy vivo. Gracias.) Creemos que es cierto y por eso le convierte a usted en un estupendo compareciente, en el sentido de que estas comparecencias nos ayudan a tramitar la ley.
Ya se ha dicho que usted es profesor de la Pompeu Fabra, que tiene una experiencia importante en gestión al frente de la Consellería de Universidades y que también es secretario general electo efectivamente de ERC, que evidentemente no tiene
que ver nada con el partido político, sino con las siglas del Consejo Europeo de Investigación y lo será a partir del 2009. Le digo todo esto porque para nosotros es importante que usted comparezca hoy aquí.
También me voy a permitir, si el señor presidente me deja, hacer una pregunta provocativa.
El señor PRESIDENTE: En el tiempo oportuno, por supuesto, señor Bedera.
El señor BEDERA BRAVO: Una pregunta también provocativa al estilo de la que ha hecho el portavoz del Grupo Popular y es, de entrada, si usted prefiere el texto de la reforma con sus dudas, con sus críticas o prefiere el texto anterior, es
decir, tal como estaba la Ley de Universidades. A partir de ahí le voy a hacer algunas preguntas, aunque voy a pasar... (El señor Nasarre Goicoechea: No es provocativa, es saducea.) ¿Es provocativa, no? Voy a pasar por encima del asunto del
espacio europeo porque efectivamente tanto la financiación de las universidades como todo el proceso de Bolonia son asuntos importantes, pero lo que nos trae hoy aquí es la reforma de la Ley Orgánica de Universidades.
Paso a la cuestión de la investigación. Usted tiene importante experiencia y tiene detrás de sí acreditada una trayectoria. Usted sabe que en este país la Ley de la Ciencia del año 1986 supuso un salto importante y desde nuestro grupo
creemos que estamos en un momento también donde se puede dar un nuevo salto cualitativo en el campo de la investigación. Usted ha hecho algunas referencias desde el punto de vista económico a lo que se está haciendo, por ejemplo, en Alemania y yo
le preguntaría, de entrada, si no cree usted que nosotros partimos de una base un poco inferior a la alemana. Nuestro grupo cree que hay algunas apuestas económicas importantes. Por ejemplo, en apenas tres años en los Presupuestos Generales del
Estado se ha aumentado en I+D más de un cien por cien, pero también hay alguna cuestión en materia legislativa que se está tramitando ahora mismo y es la conversión del consejo en agencia estatal, la aparición de la Agencia Estatal de Evaluación,
Financiación y Prospectiva de la Investigación Científica y Técnica y también en este campo de las reformas legislativas yo introduciría la reforma de la LOU.
Paso a hacerle las preguntas concretas. Nos gustaría saber su opinión sobre la excedencia temporal del profesorado para poder incorporarse a una empresa de base tecnológica. Nos gustaría también conocer su opinión sobre la posibilidad que
la reforma permite para que el profesor universitario potencie su trayectoria investigadora a lo largo de su carrera profesional y, aunque ha sido dicho aquí por mi compañera de Convergència i Unió, nos gustaría también que nos hablara de los
institutos mixtos de investigación.
Otro tema sobre el que nos interesa mucho que, por su experiencia, nos hable de él es la autonomía y la evaluación. Usted cuando fue conseller hizo un esfuerzo especial por potenciar en el sistema universitario catalán la cultura de la
calidad. En cuanto a que esta ley tiene algunas cualidades, quizá una de las más importantes es ese binomio autonomía-evaluación, ese equilibrio entre lo que tiene que ser una mayor holgura para el funcionamiento de las universidades, pero con la
otra cara de la responsabilidad y, por tanto, de imbricar autonomía universitaria y responsabilidad social. Nos gustaría que nos diera su opinión sobre este binomio.
También nos gustaría que nos explicara un poco más a fondo, porque nos parece que el texto de la ley, tal como está todavía en vigor, tiene cierta desconfianza hacia la universidad. Me ha sorprendido esa expresión sobre la elección del
rector que elige rectores débiles. A mí particularmente, por hablar solamente de los que están esta tarde en esta sala, el profesor Ferrer, el profesor Vázquez y el profesor Gabilondo, no me parecen rectores débiles y han salido con el nuevo
sistema. ¿Por qué este sistema de elección no le parece el más indicado?
Respecto a la endogamia, usted ha hablado de que está la pelota en el tejado y me gustaría que profundizara un poco más en qué tejado está y de qué lado usted querría que se desplazara. Me gustaría que me dijera si realmente usted está a
favor de la acreditación como un sistema objetivo, como un sistema transparente en el que además, entre otras cosas, se dan a conocer los currículos de quienes van a formar parte de las comisiones, si a usted eso le parece bien o si tiene alguna
crítica que hacer. Nos gustaría que nos diferenciara el sistema de acreditación de lo que pueden ser después las comisiones de selección en las universidades.
Por último, nos gustaría también que nos hablara, dentro de lo que es la coordinación del sistema, de la diferencia importante que creemos en nuestro grupo que hay entre el sistema anterior todavía en vigor del Consejo de Coordinación
Universitario y lo que van a ser ahora dos focos distintos, un órgano en el que de forma académica van a sentarse la Administración con los rectores
y, sobre todo, por su experiencia, como he dicho antes, de conseller de Investigación y de Universidades, su opinión sobre la Conferencia general de política universitaria y si cree usted que puede ser el foro adecuado de debate donde las
comunidades autónomas puedan ser oídas y sea la base para coordinar.
Le agradezco muchísimo su exposición.
El señor PRESIDENTE: Señor Mas-Colell tiene la palabra. No le voy a fijar tiempo para su intervención.
El señor MAS-COLELL: Muy bien. Voy a tratar de ser breve.
El señor PRESIDENTE: Estoy viendo ahora al resto de sus compañeros que además me imagino que tendrán que volver a la misma zona y no quiero que nos demoremos mucho más de lo razonable. Les pido disculpas a los próximos comparecientes de
antemano, a los que estoy viendo ahora, y no quiero, señor Mas-Colell, coartarle.
El señor MAS-COLELL: Telegráficamente, pero las quisiera contestar todas.
La primera, en cuanto al modelo de las universidades catalanas y si exclusividad o no, yo diría que el Estatut está hecho, no vamos a reabrir el tema competencial en
bastantes años y cúmplase lo que han aprobado estas Cortes. El Estatut de Catalunya es una ley orgánica de estas Cortes y cúmplase lo que dice el texto y nada más. Ahora no me parece que sea el momento de empezar a especular sobre lo que no está
en ese texto.
Investigación y transferencia del conocimiento. Aquí voy a ser un poco radical. Creo que el que haya buena transferencia del conocimiento de las universidades es algo que va a tardar años y va a seguir un proceso natural. Está bien
lo que hay en la nueva ley, está bien lo que estaba en la LOU, insistamos en mecanismos que faciliten el trasvase de profesorados. Creo que todo esto ayuda un poco, pero básicamente tendrá que ser el desarrollo de espíritu empresarial por parte del
profesorado el que acabe marcando la diferencia. Tocaré un tema que no he tocado en toda mi intervención -los que me conocen saben que es un tema en el que estoy constantemente, aunque ahora lo menciono por primera vez-: creo que cuando haya una
masa de profesorado contratado laboral en las universidades, el espíritu empresarial aumentará, así como la transferencia de tecnología y el surgimiento de empresas desde los entornos universitarios. Hay una tensión entre el incardinamiento como
función pública de la enseñanza en la investigación universitaria y el desarrollo de potenciales empresariales.
Sobre las competencias de las comunidades autónomas, en la elección rectoral, no conozco los estatutos de todas las comunidades autónomas, pero en el caso del Estatuto catalán hay una frase que puedo interpretar como que la Generalitat de
Catalunya tiene competencias compartidas en este ámbito, y si las tiene creo que sería una magnífica ocasión -como he dicho antes- para ejercerlas, dada la complicación obvia de pasar al claustro mismo de las universidades la decisión de si el
claustro ha de elegir al rector o no.
Centros de investigación. Quiero creer que es un problema puramente semántico, pero es recurrente y de siempre que el común de los mortales cuando oye la expresión organismo público de investigación piensa que es cualquier centro de
investigación de origen público -eso es de sentido común-; no sabe que la Ley de la ciencia ha hecho una lista cerrada de lo que son organismos públicos de investigación. Quiero creer, por tanto, que el redactor de la modificación de la ley cuando
puso organismo público de investigación pensaba en centro público de investigación, que es la terminología que utiliza el último plan nacional, por ejemplo.
Quizá nos podríamos poner de acuerdo para tener bien clara esta terminología; las OPI son
una lista cerrada de la Ley de la ciencia, los CPI son una lista no cerrada y que significan esas instituciones, como la Foundation for Soft Computing, que obviamente son tan públicas como las otras, tan bienintencionadas, tan valiosas y perfectas
candidatas para tener institutos mixtos.
El registro no va a ser simplemente eso; allí va a haber especificaciones.
Me gusta el aspecto del registro que dice que no hay un catálogo universal del conocimiento; puede haber iniciativa de las universidades que lleven titulaciones
nuevas a este registro y que tenga un cierto carácter de oficialidad, aunque sé que hay titulaciones muy reguladas por especificaciones profesionales europeas y las hay que menos, pero a la vez me inquieta que el registro signifique restricciones,
regulación y encorsetamiento del ámbito de los títulos propios, de forma que a la hora de competir con Europa quedemos peor que antes, porque ahora, para competir en Europa, tenemos como mínimo un instrumento flexible, que son los títulos propios;
a los no españoles no les importa si el título es propio o es oficial; las universidades tienen ese instrumento, cuidado no lo vayamos a perder.
Sobre la Aneca y las distintas agencias, para no dar una respuesta totalmente vaga, yo diría que tienen dos tipos de funciones. Unas funciones son las de asesoramiento, de pasar opinión, y ahí cuantas más agencias tengamos mejor; como
hacen las empresas, que se acreditan por cincuenta agencias distintas y esto se añade a su importancia. Pero la agencia también pasa decisiones, abre puertas que estaban cerradas, etcétera, y me parece que se crea confusión cuando son varias
agencias las que pueden abrir la misma puerta. Esto pasa ahora con el profesorado, que creo que es un producto de esta desconfianza que he citado antes hacia las comunidades autónomas. Me parece que el criterio más simple, más nítido y más claro
es: la evaluación de los funcionarios la hace la Aneca; la evaluación del profesorado contratado la hace la agencia de la comunidad autónoma. Así evitamos duplicaciones y líos. Esta sería mi posición.
Sobre el deporte ya he dicho que no veo qué necesidad hay de regularlo. En cuanto al consejo social, no voy a caer en las provocaciones. El tema del gobierno de las
universidades merecería debates muy amplios. Si miro al espectro político español, observo que en los últimos cinco o seis años hay una preferencia clara por la determinación interna de los órganos de gobierno. Quizá esto debería
debatirse. Pero yo, que también hago política, he visto que si tomara la postura opuesta me quedaría solo. Por tanto, no quiero tomar la postura opuesta sin estudiarlo mucho. Parece que el consenso político, de un lado y de otro, de los autores
de una ley y de los autores de la otra, es que el rector manda, el rector es el poder ejecutivo y el rector se determina desde dentro de la universidad. Aceptada esta limitación, el papel del consejo social es limitado, pero yo no veo razón para
limitarlo más; antes se ha planteado, pero yo no veo razón, por ejemplo, para que el gerente de la universidad no deba ser el resultado de un proceso de codeterminación; por qué no, seguramente evitaría más de un lío y en la práctica siempre va a
ser el rectorado el que lo va a proponer y el consejo social el que lo va a aceptar. Adelantándome a una cuestión, quiero decir que prefiero el sistema de elección de la LOU, es decir, el sistema que produjo al señor Ferrer, al señor Gabilondo,
etcétera. De acuerdo, estos son rectores fuertes que han salido por el sistema que prefiero. El que produce, potencialmente, por supuesto, rectores débiles, rectores cogidos, es el sistema anterior, en el que se elige por el claustro.
Particularmente manifiesto que si el tema es dicotómico entre elección del rector por el claustro y elección del rector por sufragio universal de la comunidad autónoma, prefiero el segundo, aunque, como todos ustedes a lo mejor saben, pero muy
educadamente no mencionan, yo concurrí a una de estas elecciones y las perdí, pero no pasa nada, no se me hubiera ocurrido concurrir con el otro sistema.
Continúo con sus observaciones sobre el Consejo de Universidades.
Mantendría los dos mundos. Me parece bien que se abra un consejo de coordinación, en el que están las comunidades autónomas, pero cuando era consejero de comunidad autónoma
y se inició el proceso de la LOU recuerdo que me preparé muy cuidadosamente un discurso que di en el Consejo de Universidades, y quería que lo oyera la ministra de aquel momento, pero también quería que lo oyeran los rectores. Me parece que es una
pérdida el que los responsables de las comunidades autónomas desaparezcan del Consejo de Coordinación Universitaria. Yo dejaría a dicho consejo como está ahora y, si se quiere añadir una conferencia, como hace la ley, me parece bien, pero repito
que es una pena que los rectores no puedan oír lo que piensa el responsable político de universidades de Andalucía, por ejemplo, o rectores que no son de Andalucía.
Ya me he expresado sobre Bolonia y también sobre los catálogos y registros. En cuanto al profesorado, ha llegado el momento de la supresión de los cuerpos docentes. Soy un político y, si diseñara el sistema ideal, le diría que sí, que no
es la vía de futuro y, si tuviese un espíritu de radicalidad, diría que la universidad española no perdería nada si se estableciese una moratoria en la contratación de cuerpos docentes y a partir de ahora siguiésemos solo la vía contractual. Sería
un paso adelante, pero, como soy realista y sé que esto costaría, lo que tenemos que hacer es abrir la vía contractual y sacar las pequeñas, miserables restricciones del profesorado contratado permanente, siendo la más simbólica de ellas el que no
pueden ser rectores. Sacaría algunas de ellas y continuaría el despliegue doble de la vía funcionarial y de la vía contractual, pero esto lo pienso porque creo que la universidad española sería mejor si su personal docente fuese personal laboral
con especificaciones, como en cualquier otro sector.
A que el consejo social ha de tener un papel relevante ya he contestado. Y sobre la acreditación, me inquieta la falta de concreción sobre cómo van a ser estas comisiones evaluadoras en la acreditación. Como la acreditación, después de
todo, es de mínimos, quizá no es tan dramático, pero hay un problema. Me gustaría ver más garantías en la composición de los órganos de las comisiones de evaluación de la acreditación. En particular, ya he mencionado que los requerimientos de
tramos se hubieran debido mantener. Y en cuanto a lo de publicar los currículos, yo le dije a alguien que qué quería decir esto, que todos los currículos son públicos, que solo basta entrar en la página web de alguien y ver su currículo y me dijo
que no. Se ve que hay profesores que esconden el currículo. No pongamos esto en una ley, los currículos deben ser públicos. Lo que se está haciendo es dar un paso atrás, no le demos vueltas. No requerir tramos es dar un paso atrás, como lo es no
requerir desvinculación del contratado inicial de las universidades. Quizá no es un paso atrás dramático, pero es un paso atrás.
Continúo con la pregunta provocativa, si prefiero el texto de la reforma o el anterior. No me dé a elegir entre todo o nada. Ya he dicho que este texto tiene cosas valiosas, como la eliminación de la habilitación -mencionaré algunas más-,
pero también tiene cosas que no me gustan, empezando por las transitorias, que no he elaborado. Estamos hablando de miles de profesores que van a ser promocionados por procesos atípicos.
Espero que mejore. Afortunadamente, yo no tengo que votar,
solo les doy mi opinión y les digo que la eliminación de la habilitación está bien.
Con respecto a la Ley de la Ciencia del año 1986, lo que vino después estuvo muy bien y en absoluto quisiera dar la impresión de que minusvaloro los esfuerzos que se están haciendo en política científica, en particular los esfuerzos
económicos. No me pronuncio sobre si la mejor forma de conformación del CSIC es una agencia o no -eso dejémoslo a un lado-, pero los incrementos de financiación de la investigación están siendo notables y por tanto nuestra felicitación. Esto es
bueno, sin matiz alguno. Quizá he dado una impresión equivocada, pero quería decir que ya es hora de hacer algo que no hemos hecho nunca, pues se trata de un plan de financiación de investigación específicamente universitario.
Reconociendo, como
lo han hecho los alemanes, que España
necesita dar un empuje a sus universidades, se ha de tener la esperanza de que alguna universidad española aparezca entre las cien del ranquin del Jimtown. Ahora la primera son 140 ó 150. Pongámonos como objetivo alguna, no una precisa, la
que sea, pero hay que dar un impulso para que pueda aparecer entre las cien y luego entre las cincuenta. Para esto, repito, debemos hacer como los alemanes, un plan especial para la universidad y, cuando lo hagamos, deberemos evitar la repartición
horizontal y troceada.
Debemos hacerlo como han sido capaces de hacerlo los alemanes, que uno creía que eran incapaces de seleccionar, y de hecho hasta ahora eran más incapaces que los españoles, porque para los españoles, efectivamente, la Ley de
la Ciencia crea un sistema selectivo. Lo que han hecho en Alemania lo podemos hacer nosotros, constituir comisiones internacionales que decidan qué iguales son los grandes buenos proyectos y, si hay suficiente dinero -y con ritmos de incremento del
25 por ciento anual tiene que haberlos- y se hace con suficiente tamaño, al final, más de la mitad van a estar contentos. No lo va a estar cada departamento de cada universidad, pero si tenemos 70 universidades, 40 van a terminar con alguna
inyección importante de fondos para fomentar alguna actividad.
¿Cuál? No la que diga la universidad, sino la que a lo mejor haya dicho aquel comité internacional.
Con respecto a la excedencia temporal, está bien y no tengo más que decir.
Y en cuanto a los institutos mixtos de investigación, también, con la cualificación que he dicho antes. Hemos de ampliarlo a todos los centros públicos de
investigación, incluido el Soft Computing, y no restringirlo a las instituciones de la Ley de la Ciencia.
Autonomía versus responsabilidad social. Estoy a favor de los dos, pero como creo que el presidente está pensando cuándo terminaré...
El señor PRESIDENTE: No, en absoluto. No me lea el pensamiento.
El señor MAS-COLELL: Perdón, mis disculpas. Quiero decir que estoy de acuerdo.
Lo de los rectores débiles ya lo he clarificado. Es exactamente al revés.
Si hay que elegir, el sistema actual es mejor que el anterior.
En cuanto a la endogamia, está en el tejado. Las estadísticas dicen que si endogamia, por ejemplo, significa dónde se han cursado los estudios de doctorado, España es de los países más endogámicos de Europa. Esto lo acaba de establecer un
estudio de dos autores del CSIC. Algo así como que por encima del 90 por ciento del profesorado universitario español ha hecho la tesis en el mismo lugar donde está trabajando. En otros sistemas, como el francés, que en muchos aspectos es muy
rígido, esta cifra es del 50 por ciento. Esto tiene muchas explicaciones, incluida la miseria tradicional y que no es tan fácil moverse, cambiarse de una ciudad a otra, pero, afortunadamente, estamos empezando a salir de ahí, por lo que está en el
tejado y espero que caiga en la buena dirección.
Empezamos a ver movilidad, que los doctores de una institución trabajan en otra, etcétera, y no digo más que esto, que está en el tejado.
Y sobre la coordinación ya me he manifestado antes. Tengamos los dos.
El señor PRESIDENTE: Señor Mas-Colell, estoy encantado de escucharle, no piense otra cosa. Le quiero agradecer la comparecencia en representación de toda la Comisión, además, desde una perspectiva de la claridad y libertad provocadora, en
la que la libertad de cátedra y la libertad política parece que son dos elementos que conjugan muy bien. Me parece perfecto escuchar intervenciones con las que se podrá discrepar más o menos, pero hablar con libertad es una de las cosas más
maravillosas que tenemos en este país.
Muchas gracias.
-DEL SEÑOR EX RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BARCELONA (FERRER LLOP). (Número de expediente 219/000724.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos la Comisión con la cuarta comparecencia de esta tarde, ya noche, de don Josep Ferrer, ex rector de la Universidad Politécnica de Barcelona, ilustre conocedor de la universidad española y de la
catalana también.
Como conoce el procedimiento, porque lleva toda la tarde con nosotros, le doy la palabra por si quiere hacer alguna intervención previa para escuchar posteriormente las intervenciones de los demás grupos. Tiene la palabra el señor Ferrer.
El señor FERRER LLOP: Me siento muy honrado de tener la oportunidad de comentar con SS.SS. un tema que nos preocupa tanto como es el futuro de la universidad a través del debate de la LOU. Espero que me disculpen si el ramalazo
politécnico se me nota -seguramente se me va a notar- a lo largo de mi intervención, pero ustedes cuando me llamaron serían conscientes de que eso sería inevitable, por tanto, creo que está disculpado por anticipado.
Por otra parte, el debate es sumamente oportuno. Ya se ha dicho que de hecho hay un debate casi permanente sobre la universidad, pero en este caso me parece que estamos en un momento especialmente crucial. Todos tenemos en mente el proceso
de Bolonia, no solo a nivel español, sino a nivel internacional, los posicionamientos de distintos países, el Parlamento sueco no hace mucho renovó su ley de universidad, hubo un debate incluso en la Organización Mundial del Comercio; por tanto,
podemos decir que dentro de este debate permanente sobre el sistema universitario en estos momentos hay un debate internacional sobre ello.
Yo no soy sociólogo, pero seguramente podríamos decir que está asociado a eso que se llama el avance hacia
la sociedad del conocimiento y
el avance hacia la globalización, que ya es un hecho palpable, y, por tanto, estos hechos, y seguramente otros, han propiciado que la universidad también se plantee cuál es su futuro. Lo que pasa es que en nuestro país participamos en este
debate general, pero con una característica un poco propia, que es que nosotros acabamos de hacer un primer esfuerzo en el ámbito de la actualización. Nosotros hemos hecho en los últimos veinte o veinticinco años una primera transición, que ha sido
-podríamos decir simplificadamente- adaptar, homologar nuestro sistema universitario al sistema de nuestro entorno europeo. Entonces la LRU y su desarrollo durante los años ochenta y noventa significó un esfuerzo de homologación para la universidad
española en muy distintos ámbitos y creo que podemos coincidir en que, con todas las luces y sombras que se quiera, el balance es moderadamente optimista en cuanto a que la universidad española ha crecido cuantitativamente en número de estudiantes,
de profesores, en cuanto a implantación territorial en las distintas comunidades autónomas y territorios y en cuanto a nivel académico. Según distintos baremos, hemos conseguido una homologación tanto en calidad de nuestra producción científica
como en democratización interna, funcionamiento democrático de nuestras instituciones, condiciones de trabajo del personal, tanto del profesorado como del personal de administración y servicios de los propios estudiantes, así como de los sistemas de
financiación. Ya se ha dicho que tenemos déficits importantes, pero no se puede negar que ha habido mejoras sustanciales en este tiempo respecto a temas de financiación. Esta primera transición española muy propia de nuestro país la hemos resuelto
moderadamente bien y el número de Erasmus que nos visitan o el número de doctorandos que se apuntan a nuestros programas son indicadores de que podemos estar razonablemente satisfechos de nuestra inserción en este panorama.
Nosotros salimos de este esfuerzo y ahora nos incorporamos a esta que para nosotros es la segunda transición en que se debate cuál es el horizonte del sistema universitario en este contexto de la globalización, de la sociedad del
conocimiento. Lo primero que hay que decir es que, si bien en el caso anterior nuestra tarea era homologarnos a unos modelos más o menos preestablecidos, en este caso el modelo no está tan predeterminado, sino que estamos haciendo, todos a la vez,
camino al andar y no hay modelos cerrados a los que homologarnos, sino que estamos convergiendo hacia un horizonte que diseñamos al mismo tiempo que progresamos. Hay algunos elementos distintivos de lo que aspiramos obtener en esta segunda
transición del sistema universitario español, por lo menos en nuestro país están relativamente claros, y a alguno de ellos se ha hecho alusión a lo largo de la tarde. Si tuviera que sintetizar en una frase cuál es la característica de este proceso,
yo diría que a la universidad se le pide que, al compromiso académico ya consolidado y asumido, añadamos un compromiso social importante. Se nos pide que la universidad no sea solo una institución académica -algo que hemos conseguido de un modo
razonable-, sino que seamos también uno de los elementos básicos para el desarrollo del país, que seamos un agente dinamizador del desarrollo socioeconómico del país. Creo que esta es la demanda social que nuestro país pide a la universidad. Dicho
en muy pocas palabras, supongo que no hace falta que aclare que cuando me estoy refiriendo a que la universidad adopte este compromiso social de agente dinamizador socioeconómico, no estoy pensando solo en adaptarnos a las necesidades de las
empresas. Creo que mi currículo deja fuera de duda que no estoy hablando en modo alguno de la mercantilización de la universidad; estoy pensando en un compromiso social, en el sentido amplio, con las empresas también, pero por supuesto con las
administraciones públicas, con las instituciones y con la sociedad civil en general. ¿Cómo se concreta esta idea general del compromiso social o del agente dinamizador? Algunos temas ya han salido aquí. ¿Cuáles son los puntos claves de esta
segunda transición? Algunos se han mencionado, como el proceso de Bolonia, al cual hemos dedicado bastante tiempo esta tarde, o temas de financiación, a los cuales también ahorro hacer nuevas referencias. Voy a poner un par de ejemplos más que no
han salido hasta ahora, por lo memos en el tiempo en el que yo he estado. Formación permanente. Uno de los objetivos a medio plazo -estoy hablando de una década por lo menos- para la universidad española es la formación permanente como uno de
nuestros elementos básicos. En la primera transición conseguimos universalizar la universidad española para la juventud prelaboral. La inmensa mayoría de nuestros jóvenes, antes de incorporarse al mercado de trabajo, tienen opción -y una amplia
mayoría la aprovechan- en cuanto a las capacidades formativas de la universidad.
Nuestra siguiente asignatura pendiente es conseguir que los profesionales en activo vean también a la universidad como un elemento de reciclaje y de actualización de
sus conocimientos. Si en la Universidad Politécnica tenemos en estos momentos cerca de 30.000 estudiantes jóvenes y 7.000 profesionales, aunque en estos momentos deben ser ya 8.000, que acuden a nuestros cursos de formación, seguramente en los
próximos años no crecerá mucho más de estos 30.000 jóvenes en edad prelaboral, pero en cambio deberíamos proponernos duplicar o triplicar el número de los profesionales en activo que se acercan a la universidad pública, en especial, para asumir esa
función. Por tanto, el objetivo de compromiso social es ser el referente de la formación de los profesionales en activo con objetivos cuantitativos importantes hasta equilibrar el número de estudiantes jóvenes con el número de estudiantes maduros.
Segundo objetivo a década vista, incorporar el I+D en el sistema productivo español. En la primera transición hemos conseguido incorporar la universidad en el sistema académico. En los años setenta el nivel de investigación en la propia
universidad era muy deficitario. En estos momentos podemos estar razonablemente satisfechos, siempre con las sombras y las lagunas que haya, porque no todos los profesores investigan suficientemente. Quizá no tenemos suficientes grupos de
excelencia,
pero hemos dado un salto adelante muy notable que nos permite tener la sensación de que hemos hecho un poco los deberes en esta dirección. En cambio no están hechos los deberes en cuanto a que el sistema productivo incorpore la
investigación como uno de los elementos clave de la productividad. Este déficit no solo lo tenemos en España, seguramente es algo que afecta a toda Europa, y supongo que uno de los temas que tendrá en mente el profesor Mas-Colell para ejercer en su
futuro cargo irá en esta dirección. A nivel de nuestro país tenemos que tener esto presente y seguramente los números cantan, porque en cuanto a las cifras del porcentaje de PIB que se dedica a investigación, desde el sector público o desde el
sector privado, los déficits son muy evidentes. Desde la universidad deberíamos proponernos no solo acusar al sector productivo de que no investiga suficiente, sino ser corresponsables, junto con las administraciones, los Gobiernos y las propias
entidades empresariales, de colaborar para que realmente el I+D se incorpore al sector productivo.
Temas como estos pueden llevar a auténticas convulsiones internas en la universidad. Por tanto, se necesitarían leyes para regular esto.
Volviendo
al tema de la formación permanente, si estamos en una universidad en la que mitad de los estudiantes son profesionales en activo, esto cambia radicalmente la tipología de los estudiantes, porque estos estudiantes no necesitan la misma formación y la
misma metodología docente; cambia radicalmente la tipología del profesorado y seguramente los métodos de formación y selección del profesorado no son los mismos para dar formación de master o de grado que para formación permanente.
¿Cómo organizar la representación estudiantil cuando la mitad de los estudiantes son profesionales en activo en una universidad? ¿De qué modo pueden participar en los claustros o en las juntas de gobierno? Estas son preguntas muy abiertas
que nos llevarían a plantearnos a fondo una universidad, a una década vista, en que la formación permanente tuviera este peso. En el caso del sector productivo, antes se comentaba que debemos procurar que nuestros doctores tengan un grado de
movilidad importante en las instituciones académicas. Deberíamos aspirar a que buena parte de nuestros doctores acabaran en el sector productivo, en las empresas y en los laboratorios privados. Esto también nos obliga a rediseñar nuestros sistemas
de doctorado si pensamos que una parte importante de los doctorados no van a acabar en el mundo académico, sino en el mundo de la producción.
Dentro del panorama de cuáles son las demandas sociales que tendremos que afrontar en esta segunda transición, a una década vista o algo más, coincido en que es un tema a tener presente en estos debates, pero quizá no son los objetivos
centrales o únicos de la ley que ahora estamos comentando. El proyecto de ley que tenemos en estos momentos encima de la mesa trata, por un lado, de cerrar un poco esta primera transición y, a la vista de la experiencia, de dar una solución
pretendidamente definitiva a algunos de los temas que se han abierto a debate en este tiempo y empezar a abrir el camino hacia estos nuevos objetivos que no forman parte de sus motivaciones y que, a lo mejor, no deban acabar siendo una nueva ley,
sino que quizá deberían ser objeto de política universitaria, de pactos de Estado, de libros blanco y no necesariamente de una regulación legislativa.
Puestos en esta óptica, creo que falta en este proyecto de ley reafirmar algunas de las motivaciones esenciales de la LRU, porque considero que siguen estando absolutamente vigentes. Por ejemplo, el preámbulo de la LRU me sigue gustando
mucho. Esa definición de objetivo de la universidad que figuraba en el mismo, que más o menos venía a decir creación, desarrollo y crítica del conocimiento científico y tecnológico y la transferencia de los beneficios a la sociedad, sigue siendo
esencialmente válido para la primera y para la segunda transición. Por tanto, no tendría remilgos en recuperar ese preámbulo y, en particular, esta definición de objetivos. O algunos de los elementos de competencias del claustro general, porque en
el proyecto de ley se apunta la posibilidad de que el claustro general pueda no tener la competencia total en el tema de la elaboración de estatutos. Esto me parece un retroceso respecto a lo que figuraba en la LRU, porque los estatutos deberían
ser responsabilidad del claustro de la universidad al cien por cien. Junto a estos elementos y otros sobre el profesorado, etcétera, que suponen cerrar la primera transición, como suprimir la habilitación, poner en macha la acreditación, etcétera,
se han hecho ya muchos comentarios que me ahorro porque esencialmente coincido en buena parte con lo que hasta ahora se ha puesto sobre la mesa.
A pesar de que no sean los elementos centrales, me gustaría que este proyecto de ley apuntara algunas directrices o algunas puertas hacia esta segunda transición de la que estoy hablando. Pondré dos o tres ejemplos.
Se ha hablado ya del
tema de investigación, y cualquier énfasis que se haga en el tema de investigación nunca será excesivo, por lo que hay que seguir ahondando aquí, pero el proyecto de ley podría clarificar algunos aspectos. Por ejemplo, a pesar de que cada vez
tenemos que unir más la investigación a la transferencia, la investigación básica tiene que seguir siendo uno de los ejes centrales del sistema universitario. La investigación básica difícilmente va a ser realizada fuera de los ambientes
universitarios o de los centros públicos de investigación, por tanto, hay que enfatizar esto como una de las funciones casi en exclusiva de la universidad. En cuanto a las transferencias, hablamos en general de transferencia de conocimiento, pero a
la universidad lo que más nos corresponde es la transferencia de los resultados de la investigación. La transferencia del conocimiento ya consolidado, del conocimiento de uso común, está en manos no solo de la universidad sino de otros centros,
incluso del propio sistema productivo en general. La universidad debería sentirse especialmente responsable de transferir los resultados de nuestra investigación hacia
la sociedad en general, hacia el sentido productivo, diferenciando, por ejemplo, los servicios. A veces se minusvalora la transferencia, no tanto por el hecho en sí sino porque hay una cierta confusión entre transferencia de auténticos
resultados de investigación con asesorías o servicios que se puedan hacer desde oficinas de ingeniería, desde asesorías externas, que no digo que la universidad no deba hacer, pero no tiene por qué ser una de sus funciones esenciales y, desde luego,
no debería hacerlo en régimen de dumping económico, a bajo precio y aprovechando alguna de sus ventajas públicas.
Centros mixtos. Segundo tema en el cual creo que la ley podría ser un poco más aventurada, más atrevida. Los centros mixtos de investigación es una de las grandes herramientas de futuro para fomentar la investigación en las universidades y
en las instituciones o empresas externas a la universidad. Vamos hacia una situación en que la investigación ya no se desarrollará mayoritariamente en los departamentos universitarios, sino que queremos, como decía antes, corresponsabilizarnos con
las administraciones, las instituciones externas y las empresas en esta investigación, y esta figura de los institutos o centros mixtos puede ser un instrumento muy importante. Pero tengamos bien presente que este tema conlleva una cantidad de
connotaciones importantes. Debemos evitar que estos centros mixtos acaben descapitalizando a la propia universidad. Es algo que hemos vivido muy directamente, por ejemplo, en la creación del Centro de Supercomputación en Barcelona. Es un gran
beneficio para Barcelona y para la Politécnica en particular, pero desde el primer momento tuvimos muy claro que esta colaboración entre IBM, la Generalitat, el Gobierno central y la UPC no debía significar que la UPC cerrara su departamento de
supercomputación y se trasladara todo el tema a este centro, sino que se estableciera un sistema de convenio de tal manera que hubiese una realimentación mutua entre la actividad interna en el departamento universitario y el centro. Por tanto, hay
que tener cuidado para que estos centros no acaben descapitalizando la universidad, para que no se dé la imagen de que toda la investigación de calidad se hace en estos centros y de que quien no tiene calidad suficiente no tiene más remedio que
quedarse en la universidad. No hay que ver estos centros como la única alternativa de excelencia. Seamos conscientes de que en estos momentos no hay sistemas establecidos para asegurar la coordinación académica entre las estrategias universitarias
y las estrategias de estos centros. No hay un sistema económico de transparencia, de rendición de cuentas respecto a los importantes presupuestos que se generan en estos centros mixtos. La ley queda corta en la posibilidad de compartir por parte
del profesorado la actividad en los departamentos y en los propios centros. Por tanto, el tema de los centros mixtos de investigación merecería una mayor atención y un mayor desarrollo, por lo menos para abrir la puerta a experiencias en las
propias universidades o en las comunidades autónomas y no con una regulación apriorística que pudiera ser excesivamente cerrada.
Para terminar, quisiera llamar la atención sobre un tema que no ha salido hasta ahora y que se colige de todo lo anterior, y es que debemos apostar por una flexibilización del perfil del profesorado. Seguimos anclados en la concepción de
que el profesorado universitario tipo es aquel que hace sus horas de clase -ocho horas en el mejor de los casos-, que investiga, unos más y otros menos, y que con eso está satisfecho y no tiene que pensar en lo que pasa a su alrededor. Hay que dar
un paso decidido, y de hecho en el Consejo de coordinación universitaria ya se estudió el tema a fondo, en el sentido de que el perfil académico del profesorado puede ser flexible. Los profesores pueden ofrecer, por su naturaleza o quizá por
periodos temporales, más dedicación a la docencia, más dedicación a la investigación, más dedicación a otro tipo de temas, siendo siempre el departamento quien organice esta dedicación personalizada del profesorado para que el conjunto de tareas
colectivas sean cubiertas.
El señor PRESIDENTE: A estas horas del debate me gustaría, antes de dar la palabra a los grupos parlamentarios, proponerles un acuerdo razonable, y es que pudiéramos buscar un equilibrio entre concisión, claridad y solidaridad con el último
compareciente para que pudiera volver hoy a su lugar habitual de residencia. No digo más.
¿Grupos que desean intervenir? Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora García.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Bienvenido, señor Ferrer, rector de la Universidad Politécnica de Barcelona.
Voy a hacer caso de la sugerencia del presidente, sobre todo por la hora que es y porque queda todavía un compareciente, que quizá no podrá volver a casa dependiendo de la hora en la que acabemos.
Quisiera decirle que me ha parecido una comparecencia muy interesante. La virtud y el objetivo de las comparecencias es que cada una de ellas nos enmarca en unos aspectos que son complementarios unos con otros y todos ellos dibujan la
complejidad del sistema universitario, que es en definitiva lo que pretendemos abordar con esta ley. Recojo con mucho interés las reflexiones iniciales que ha realizado. Es muy acertado cómo enfoca lo que ha sido la primera transición y lo que
ahora valora como una segunda transición, que nos ha ubicado en una reflexión de medio y de largo plazo, en la que estaremos hablando de una tercera transición. Para esa tercera transición será fundamental cómo abordemos esta reforma que ahora
tenemos en puertas y, por tanto, algunos de los aspectos que usted ha tocado son esenciales. Usted ha resaltado dos aspectos, tanto el relacionado con los centros mixtos como el de la flexibilidad del perfil del profesorado, y le pediría que, dada
su experiencia como ex rector de la Politécnica, nos pusiera algunos ejemplos más. Me parece muy grave que en estos momentos en los centros mixtos no existan sistemas para asegurar esta coordinación, ni tan siquiera para garantizar esta
transparencia o rendición de cuentas. Esta ley debería resolver este aspecto. Por tanto, le pido que lo aborde con más concreción y que nos diga cómo cree que tendría que concretar esta ley este aspecto para resolverlo. En cuanto a la
flexibilidad del perfil del profesorado, lo comparto totalmente. La práctica nos demuestra que este es un gran problema, tanto para el desarrollo de las tareas del profesorado como para la mayor excelencia de su perfil y la universidad en su
conjunto. ¿Qué propuestas concretas cree que debería recoger la ley para abordar directamente este tema?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor Ferrer, por su comparecencia y sus explicaciones. Me sumo a la petición que le ha planteado la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra de que nos ampliase un poco el tema de la
flexibilización en el perfil de profesorado.
Puesto que ha hablado de la transferencia del conocimiento y de los resultados de la investigación a la empresa y a la sociedad y ha planteado que el proyecto de ley quizá tendría que tener un mayor desarrollo respecto a los centros mixtos
de investigación, me gustaría que nos avanzase un poco más qué es lo que echa usted de menos en el proyecto y qué es lo que usted añadiría.
Me gustaría saber su opinión con respecto a dos o tres temas. Primero, sobre los créditos, la duración de las titulaciones. ¿Cree que ha de ser un sistema rígido, sea el que sea, o que se ha de apostar por un modelo más flexible, sobre
todo si, como parece, tampoco sabemos hacia dónde acabaremos yendo, porque quizá no apostamos directamente por una de las partes en concreto? Segundo, me gustaría saber su opinión acerca de qué modelo de elección de rector prefiere, ¿sufragio
universal o claustro? Tercero, ¿qué opinión le merece el recorte de participación o de competencias que el proyecto propone para el consejo social? También me gustaría saber si mantendría el Consejo de Coordinación Universitaria, tal como se ha
dicho aquí hasta ahora, sin perjuicio de que se fuera hacia una conferencia general de universidades.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ: Doy la bienvenida al señor ex rector de la Universidad Politécnica, que espero que se lo pase aquí tan bien como me lo pasé yo en la Universidad Politécnica, en la que estuve con algunos compañeros de los grupos
políticos y fui tan bien acogido cuando usted era rector, precisamente en días previos a la última elección.
Coincido prácticamente con todos los planteamientos estructurales que ha hecho desde la perspectiva de la universidad actual en España. El planteamiento de los centros mixtos me parece muy equilibrado. El equilibrio en estos centros tiene
que ser la base fundamental de su desarrollo para que el sistema no provoque perversidades que vayan a favor de uno o de otro centro, porque eso sería perjudicial para el rendimiento futuro de la investigación en estos centros.
También estoy de acuerdo con la flexibilidad del perfil del profesor. El problema de estar toda una tarde hablando sobre un tema en el que todos participamos y sobre el que todos tenemos preocupaciones muy similares es que no repetimos.
Por tanto, pido disculpas por las repeticiones, pero es evidente que estos son temas que nos preocupan. La flexibilidad del profesorado me parece fundamental tanto para el desarrollo de los conceptos europeos como para el desarrollo interno de la
universidad en estos momentos, y no solo desde un punto de vista docente y de investigación, sino también a nivel de gestión. Es sumamente importante que la gestión en las propias universidades forme parte importante de esa flexibilidad y que sirva
también para todas la futuras evaluaciones, siendo además una gestión que, desde el punto de vista de política universitaria, realizan no exclusivamente, pero sí fundamentalmente, los profesores.
Haciendo caso a lo que nos ha dicho el presidente de la Comisión, voy a hacerle algunas preguntas. Voy a repetir algunos temas a los que se han referido los portavoces de otros grupos parlamentarios, pero creo que el proyecto lo requiere;
la preocupación la tenemos todos y en muchas cosas tenemos una preocupación no equilibrada, sino más fuerte de lo que pueda significar el equilibrio. Teniendo en cuenta que estamos hablando con un ex rector, quiero ubicar las preguntas en lo más
cercano a su gestión durante varios años: ¿Qué opinión tiene del Consejo de Coordinación Universitaria actual -como ha dicho la representante de Convergència i Unió- respecto al que aparece en el actual proyecto? ¿Cómo lo ve? ¿Ve positiva esa
separación tan radical -ahí no está equilibrada sino todo lo contrario- del mundo político de fuera de la universidad y del mundo académico? ¿Lo ve positivo, lo ve negativo o no lo da importancia?
Respecto al consejo de gobierno de la universidad, se está hablando de la flexibilidad del proyecto. Yo creo que el tema del consejo de gobierno es bastante rígido. A la hora de nombrar a los miembros que forman parte del consejo de
gobierno, el 30 por ciento lo designa el rector, el 40 es elegido por el claustro y el 30 por ciento es elegido entre decanos, directores de departamento, etcétera. ¿Le parece bien así o ve mejor que no haya esa clasificación porcentual para el
propio desarrollo y para el bien de la universidad, que es el fin último del que estamos hablando aquí esta tarde?
Siento sacar un tema que también es recurrente, que es el de la endogamia.
Por supuesto que no hay un sistema único, ya lo ha dicho antes un compareciente, y la propia ministra ha dicho que terminar con la endogamia era muy difícil, por eso
es importante que se desarrolle la autonomía universitaria. Me gustaría que la ministra compareciera en algún momento para que explicase esos términos. Hay estudios del año 1992 y del año 2006 en los que se habla de la endogamia en las
universidades españolas. Por supuesto que todos los sistemas pueden ser buenos y pueden ser malos, por supuesto que hay quienes defienden un sistema y quienes defienden otro. Leyendo la cláusula 2, del artículo 57, de esta reforma, que se refiere
a la acreditación nacional, y leyendo la cláusula 4, del artículo 62, que se refiere a los concursos para el acceso a plazas de los docentes universitarios, tengo que decir personalmente y en nombre de mi grupo -y lo tengo que decir aquí porque es
lo que sentimos en este aspecto- que veo un gran indefinición, no veo concreción. De acuerdo que me van a argumentar que hay una reglamentación posterior -por supuesto, el propio articulado lo establece-, pero creo que esta ley es una ley orgánica
y me parece que la universidad y los profesores merecen una mayor concreción en cuanto a los requisitos para la formación de las comisiones. En el borrador de la reforma de la anterior ministra aparecía alguna referencia a los sexenios, ahora no
aparece nada. No me parece que eso sea lo mejor para llegar a seleccionar a través de estas pruebas a los mejores.
Con respecto a la financiación de la universidad y si tenemos en cuenta la acreditación -comprendo que son temas recurrentes-, la acreditación no establece el número de plazas. Esto puede estar bien, no lo discuto, pero si no existe una
financiación adecuada, que no la establece esta reforma de la ley, ¿se imagina usted -se lo pregunto porque usted ha sido rector- todos los acreditados que va a haber pululando por el rectorado para conseguir una plaza? Los presupuestos de las
universidades son los que son y se supone que va a haber muchos, porque tenemos experiencia de otros casos similares a la hora de la selección del profesorado. Como el proyecto es una reforma parcial de una ley -así lo aceptamos-, no es una ley
completa, no hay grandes cambios estructurales. No se han propuesto y es aceptable, pero lo permite, porque ya hemos hablado aquí del deporte y bien explicitado está el tema del deporte. Usted ha hablado de la formación permanente, y yo le
pregunto: ¿qué opina usted de la renovación de las plantillas mediante jubilaciones anticipadas para la renovación del cuerpo de profesores en las universidades?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Bedera.
El señor BEDERA BRAVO: Bienvenido, señor Ferrer, en su condición de ex rector y también, no hay que olvidarlo, de vicepresidente que fue de la CRUE, lo que le ha dado la oportunidad de observar la universidad desde esa atalaya privilegiada.
Voy a entrar en cuestiones concretas, si le parece, para hacer caso al señor presidente, y así usted me responde concretamente, si lo cree conveniente.
Primera cuestión: Usted tuvo también experiencia en Aneca, porque fue propuesto patrono en el año 2003, junto con quien es ahora el presidente de la CRUE. No le vamos a pedir que establezca una comparación entre el funcionamiento con la
anterior administración y cómo funciona con ésta, porque todos sabemos que como las fincas era manifiestamente mejorable; pero nos gustaría que nos dijera si está de acuerdo, por ejemplo, con una proposición no de ley que se aprobó en esta misma
Comisión en el sentido de que la naturaleza jurídica de la Aneca se transformara y se convirtiera en una entidad de derecho público.
La segunda cuestión está referida a la docencia y a la investigación.
Usted ha manifestado la necesidad de que el diseño de la carrera investigadora fuera flexible, del profesor en general, y también considera (he leído algo suyo en este
sentido que me ha llamado poderosamente la atención porque estamos muy de acuerdo con ese planteamiento) que cada profesor podría concertar su perfil, incluso de dedicación, y señala cinco áreas: docencia, investigación, transferencia, gestión y
administración. Quisiera que pusiera esto en contacto con algunos de los artículos de la ley, el 40 y el 41, especialmente con el artículo 40.3 cuando habla de facilitar la compatibilidad en el ejercicio de la docencia y la investigación e
incentivar el desarrollo de la trayectoria profesional que permita, cuando corresponda, la intensificación docente o investigadora. Es posible que se pudiera pasar a algún otro campo, que es lo que creo que usted propone.
Telegráficamente también, en cuanto a la selección de candidatos, usted se ha quejado en alguna ocasión de la falta de participación de las universidades. Por eso, aunque usted lo ha dado por hecho, quisiera que nos dijera sí o no a la
acreditación. También fue usted crítico con la Ley Orgánica de Universidades en vigor, con algunos puntos que le parecían especialmente conflictivos. Le pido su opinión rápida sobre la necesidad de que se cambiara y se reforzara el funcionamiento
democrático interno. Usted hablaba también de la autonomía y de que una posible ley -esta que estamos ahora tramitando- debía ser menos reglamentista. ¿Qué le parece a usted cómo se presenta esta reforma en ese aspecto? Hablaba también de que una
ley que transformara la que está en vigor debería evitar injerencias externas innecesarias. Nos gustaría que nos diera su opinión sobre la necesidad de que el funcionamiento de la universidad no se viera limitado por los consejos sociales, que
usted en algún momento también ha comentado.
El último de los paquetes de preguntas se refiere a los estudiantes y a la comunidad universitaria. Nuestro grupo le pregunta si usted encuentra en la letra o en el espíritu de esta reforma que iniciamos algunas afirmaciones
con las que estamos absolutamente de acuerdo. Yo he escuchado con muchísima atención, y créame que con enorme placer, lo que ha dicho sobre la universidad del futuro. Somos muchos los que pensamos y vemos ese dibujo también, pero le
pregunto por dos frases concretas. Usted habló de fer atenció a les persones, un lema que dice que más allá o por debajo o por encima del funcionamiento de la institución hay que preocuparse de las personas, de no tratar a los estudiantes como
clientes. En nuestro grupo opinamos que los estudiantes son ante todo usuarios de un servicio público, el servicio público de la educación universitaria. Usted explicaba -y nosotros pensamos lo mismo- que en los tiempos que corren la universidad,
sobre todo la pública, aunque debe adaptarse y esa adaptación significa competitividad, no tiene que perder de vista la satisfacción de las necesidades sociales del conjunto, de la globalidad de la sociedad. Por eso le preguntamos si esa idea de
servicio público, por tanto de atención a las necesidades globales de la sociedad, la ve usted reflejada, al menos de espíritu, en esta reforma.
Voy terminando, señor presidente. No puedo obviar un tema que me es muy grato y que tiene que ver con esta doble transición. Usted ha hablado de la universidad del futuro. En la universidad española del futuro no puede ser que los
estudiantes estén en el rango de 18 a 24 años. Nuestra universidad tiene que ser el lugar al que se regrese las veces que haga falta para volver a insuflar conocimientos, para volver a insuflar competencias a profesionales. Yo añadiría algo más,
que incluso tendría que dar un servicio más allá de la competencia profesional. Debería ser un sitio al que el ciudadano se acercara para instruirse en el mejor y más amplio sentido de la expresión, sin obtener beneficio inmediato de tipo económico
como reflejo profesional sino por el simple hecho de formarse. Por eso le pregunto qué le parece el apartado 4 del artículo 42, en el que se regulan los procedimientos de acceso a la universidad, en el sentido de que pueda ser accesible a quienes
acrediten una determinada experiencia laboral o profesional.
Perdone que haya ido un poco deprisa para cumplir con las exigencias del señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Bedera, no es la mía personal, es una cuestión de solidaridad interna.
Señor Ferrer.
El señor FERRER LLOP: Voy a intentar ser breve, aunque no me lo han puesto del todo fácil porque al final son muchos los temas que se han tocado.
Intentaré concretar.
Ha habido algunas preguntas sobre centros mixtos. Mi experiencia reciente en la Universidad Politécnica es que en el último año estábamos creando un centro mixto cada mes. Creamos un centro sobre gestión integral de residuos orgánicos en
Mollet del Vallès en colaboración con la diputación y el ayuntamiento; creamos un centro en Sabadell sobre agricultura periurbana; creamos un centro sobre economía agraria con el IRTA; creamos el centro de supercomputación; creamos una UTE con
Siemens sobre conducción automática de los trenes de la línea 9 de Barcelona, otra sobre ferrocarril con los Ferrocarriles Generales de la Generalitat, etcétera; a este ritmo. También se hizo en la Autónoma, que tiene la experiencia de la Esfera
(creo que es la denominación que se popularizó en tiempos del rector Carles Solà, mientras que nosotros hablábamos del Parc UPC), con formas jurídicas varias: fundaciones, las UTE, consorcios, etcétera. El presupuesto sumado de todos estos centros
empieza a ser significativo respecto al de la Politécnica en general, el número de investigadores trabajando en esos centros empieza a ser también muy importante -no hablo de otros que nacieron en la época del conseller Mas-Colell, fotónica,
telecomunicaciones, etcétera-, muchos de ellos de excelencia, muchos de ellos con enorme capacidad de captación de fondos europeos, etcétera. Me parece una iniciativa inevitable porque seguramente las administraciones, las empresas, con buen
criterio, quieren impulsar la universidad e impulsar la investigación en entidades donde tengan voz y voto de manera significativa. Por tanto, me parece razonable que haya un reparto de funciones a la hora del gobierno, pero hay que procurar que
ese reparto de funciones no signifique que estos centros queden fuera de la órbita de control académico o de coordinación académica de la universidad, que no se conviertan en un competidor, en un contrapoder, o que simplemente sean opacos respecto a
los aspectos presupuestarios. Convendría lanzar por lo menos un par de cuestiones: algún sistema que dé transparencia contable a estos centros, instando a las universidades a algo que creo que ya pasa en los ayuntamientos y otras entidades, a
presentar presupuestos consolidados o integrados de su participación en este tipo de centros mixtos, fundaciones, etcétera, los cuales sean participados, y que cada universidad tenga -aunque quizá no haga falta hacerlo a nivel general- un sistema de
regulación de su personal para que el profesorado pueda trabajar alternativamente en centros mixtos y en el propio departamento, porque ahora es un auténtico problema compaginar ambas cosas. Quizá no convenga detallarlo en la ley pero sí apuntar
que las universidades deben regular cómo el profesorado puede compatibilizar su dedicación a un centro mixto y al propio departamento universitario.
En cuanto a la flexibilidad del perfil del profesorado, la experiencia en la Politécnica afecta, por decirlo en pocas palabras, a sustituir los umbrales acostumbrados de dedicación a la docencia, de que todo profesor dará 8 horas con
variaciones del 50 por ciento, por horquillas de dedicación, que es lo que estamos haciendo en la Politécnica y en vez de 8 horas decimos entre 4 y 12 y en vez del 50 por ciento de dedicación a la investigación decimos entre el 25 y el 75 por
ciento. Por tanto, primer tema, establecer horquillas en la dedicación en vez de horizontes fijos; segundo tema, un método colectivo de decisión, que a partir de las peticiones de cada profesor
los departamentos asuman la función de compatibilizar los deseos de cada uno con las necesidades del servicio colectivo. No creo que la ley deba entrar en este tipo de detalles, pero sí quizás apuntar que las comunidades autónomas o las
universidades generen este tipo de desarrollo normativo, en todo caso dando una señal clara de que la intención del legislador es que se profundice en esta dirección. A veces, el solo hecho de levantar la prohibición sobre las horquillas o la
flexibilidad en el perfil es suficiente para que las comunidades autónomas o las universidades puedan trabajar evitando problemas de ilegalidad o de impugnación por parte de los afectados. No niego que incluso los sindicatos puedan ser reticentes a
alguna flexibilidad de este tipo. Yo he sido sindicalista mucho tiempo y ya entonces defendía que el que no haga una cosa que haga otra, pero que haga más de lo otro, entendiendo por lo otro las cinco áreas de trabajo a las cuales me he referido.
Podría explayarme más en esto, pero por lo menos he lanzado las ideas esenciales para no alargarme más de lo necesario, y entro ya a dar respuesta a los temas más específicos que me han planteado.
En cuanto a la duración de las titulaciones, cada universidad debería tener flexibilidad para decidir entre grados de tres o cuatro años, tener una amplia capacidad para decidir que este tipo de titulación, enfocado de esta manera y
atendiendo a tal demanda lo vamos a hacer en tres años o este otro tipo de titulación lo vamos a hacer en cuatro años.
Respecto a la elección del rector, yo fui un exitoso de este sistema de elección de rector y ahora soy un damnificado del mismo, pero soy partidario de este sistema, y en esto coincido con el compareciente que me ha precedido y en cambio no
comparto su opinión de que en caso de dejarlo abierto volvemos al sistema antiguo. Este sistema está ampliamente consolidado y es muy difícil de dar marcha atrás. Mi sensación es que es mejor este sistema, pero no es necesario prefijarlo muy
estrictamente porque la evolución natural de la universidad es dar por buena la situación en la que estamos actualmente.
En cuanto a los consejos sociales, soy un ferviente partidario porque a la Politécnica le han sido muy útiles y porque, al margen de lo que diga la legislación, el consejo social de la Universidad Politécnica nunca ha querido ser un
contrapoder al poder del rector. Se puede dar relevancia al consejo social sin que esto signifique darle competencias que choquen con las académicas o las de gobierno, que deben depender mayoritariamente del rector o del consejo de gobierno. No
tiene por qué haber colisión entre la potenciación de los consejos sociales y salvaguardar su posible injerencia en temas que no les son propios porque hay campo de trabajo suficiente para que no invadan las competencias del rector.
Respecto al consejo de coordinación universitaria, mi experiencia durante estos cuatro años ha sido de una cierta frustración en cuanto a su eficacia porque su productividad en cuanto a debates es relativamente baja. Se puede intentar el
sistema de una mayor concentración en los rectores y en los consejeros, pero una separación absoluta -ha habido algunas intervenciones en este sentido-, una incomunicación total entre los consejeros y los rectores quizás sea un poco exagerado. Por
tanto, aun tendiendo a un sistema más ágil, dando mayor autonomía a estos dos grupos, se podría pensar en que hubiese alguna mayor intercomunicación puntual o en temas que sean de interés común.
La experiencia en la Politécnica del anterior consejo de gobierno ha sido positiva. No creo necesario introducir mayor rigidez en la formulación del consejo de gobierno, incluso cuando en algunos casos pueda producir problemas técnicos en
su composición. Por tanto, como no ha habido una experiencia negativa, no sé si hace falta abrir el tema de la composición del consejo de gobierno de la universidad.
Siempre he sido reticente a aceptar la tan manida endogamia. Es verdad que en las universidades la mayor parte de nuestro profesorado procede de nuestras propias formaciones, de nuestra propia cantera, pero no creo que esto sea malo ni que
deba necesariamente asociarse a que hemos escogido malos candidatos. En muchas ocasiones se da la circunstancia de que por el historial, por la situación de nuestra universidad, etcétera, los mejores investigadores en teoría de sistemas de control
son los formados en el grupo del País Vasco o de la Politécnica y no tenemos mucho donde escoger si queremos potenciar teorías de sistemas lineales. Decir que como todos los profesores que trabajan provienen de estas dos universidades esto es
endogamia, no es así, es que es la cantera natural de investigadores en esta dirección. Por tanto, yo atenuaría las críticas a la endogamia pasada. Esta ley apunta a un buen equilibrio entre la garantía de calidad y la necesaria autonomía de la
universidad para seleccionar su profesorado. Es posible afinar en algunos aspectos, que me atrevería a calificar de menores, en cuanto a composición de los tribunales o exigencia para los miembros, pero el diseño general de dos pasos en la
selección de profesorado, uno, absolutamente externo, dependiente de instancias centralizadas -la llamada acreditación basada en el currículum- y otro dependiente de la universidad -que de entre los previamente acreditados la universidad escoja- son
un buen punto de partida para establecer el sistema de selección de profesorado equilibrando la calidad, evitando la endogamia con respeto a la autonomía universitaria. En este sentido, no me preocupa excesivamente el ejército de acreditados
esperando su plaza; me preocupa más que haya unos pocos acreditados esperando su plaza. Cuando hay un solo acreditado es muy difícil evitarlo; cuando hay 10 es evidente que no vas a sacar las 10 -ahora ya hablo como rector-. Me resulta más
cómodo gestionar la abundancia que gestionar la escasez. Cuando tengo un habilitado en ingeniería química y otro en matemática aplicada, al final saco una plaza de ingeniería química y otra de matemática aplicada; si tengo 15 de cada cosa,
saco las que realmente me parecen convenientes. Por tanto, ya puestos, prefiero gestionar la abundancia que la escasez. No me preocupa que haya muchos acreditados esperando su plaza.
En cuanto a las jubilaciones anticipadas, como tema general, la universidad necesita una renovación del profesorado. Creo que esto queda muy lejos de cualquier regulación legislativa; es un tema de política de Gobierno, de pacto con los
sindicatos, etcétera.
Mi experiencia con la Aneca ha sido positiva durante su segunda fase. Mi relación como patrón de la Aneca ha sido de satisfacción por su evolución y, por tanto, ahondar en esta dirección y en particular hacia una entidad de derecho público
me parece que realmente es por donde hay que seguir caminando en cuanto a Aneca.
Ha habido algunas referencias a palabras mías que naturalmente no puedo desmentir y, por tanto, me reafirmo en las cinco áreas sobre las cuales hay que basar el perfil del profesorado. Ya he hecho la referencia a que creo que está bien
enfocado el sistema de selección de profesorado. En cuanto al reforzamiento democrático interno, cualquier iniciativa en esta dirección me parece del todo positiva. Ya he hecho mención también a un consejo social que no suponga injerencias, lo
cual no significa que no tenga un peso importante en la orientación de la universidad. Uno de los temas que más me ha preocupado es esa mercantilización que supone considerar a los estudiantes como clientes y no como usuarios de un sistema público.
Creo que la atención a las personas incluye no solo la atención a las condiciones de trabajo de los profesores y del PAS sino también de los estudiantes y no solo es una cuestión de índole sindical.
Una organización de profesionales siguiendo la
clasificación de Minsk debe basarse en la convicción, la corresponsabilización y la ilusión de los miembros que la conforman. Por tanto, la atención a las personas no es solo un deber humano o sindical, sino que es imprescindible para el eficaz
funcionamiento de la universidad. En este sentido la condición de servicio público debe ser reforzada. Se comentaba también la posibilidad de que los ciudadanos tuvieran acceso a una formación no necesariamente vinculada a la actividad
profesional. He hecho una mención al preámbulo y creo que este es un lugar adecuado a veces para sentar doctrina sin reglamentar. Se apunta en algunos artículos el tema del servicio público y de la flexibilización del perfil del profesorado. ¿Hay
que afinar o no ese artículo? Quizás es complicado. Un recurso -aunque no soy quien para decirlo creo que los legisladores lo pueden tener presente- es que a veces es más fácil sentar doctrina en el preámbulo que en el articulado.
Así, los
mensajes de atención a las personas, de voluntad de formación permanente, de servicio público, de los estudiantes como usuarios y no como clientes, etcétera, probablemente no tengan cabida en forma de un artículo o incluso el mensaje de la
flexibilización del perfil del profesorado quizá no tenga cabida o sea difícil precisarlo en forma de articulado y en cambio en el preámbulo se puedan lanzar esos mensajes para que -insisto- en gran parte sean las propias universidades y las
comunidades autónomas quienes a partir de ellos experimenten, ideen y pongan en marcha regulaciones que en el futuro puedan ser incorporadas a una normativa posterior.
El señor PRESIDENTE: Le agradecemos su comparecencia, señor Ferrer.
-DEL SEÑOR SOLÀ I FERRANDO, EX CONSELLER DEL DEPARTAMENT D'UNIVERSITAT, RECERCA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y EX PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, CRUE. (Número de
expediente 219/000725.)
El señor PRESIDENTE: Celebramos la última comparecencia de la sesión de esta tarde con la presencia de don Carles Solà i Ferrando, ex conseller del Departament d'Universitat, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de
Catalunya y ex presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, al que damos la bienvenida en estas últimas horas de hoy, Le voy a dar la palabra al señor Solà para que haga una primera intervención que veo que va a ser
acompañada, si funciona la tecnología, de medios visuales.
El señor SOLÀ I FERRANDO: Con esta presentación quería apoyar algunas de mis ideas con referencias esencialmente europeas, puesto que esta es mi preocupación, por no llamarla mi obsesión en estos momentos, y no lo haré porque no da tiempo,
pero sí quiero presentar algunas de ellas que son ilustrativas.
La universidad en estos momentos no responde o no queremos que responda exclusivamente al modelo humboldtiano de docencia e investigación, sino que se pide que tenga una triple misión, de formación, de generación del conocimiento y de
transmisión del conocimiento, y así se oye en las conferencias inaugurales de los cursos por parte de los rectores, y así se ve en las universidades como motores de progreso económico y social en todo el mundo. Esto ha hecho que en muchos países,
en el caso de que exista legislación -no en los Estados Unidos-, las legislaciones hayan ido adoptando fórmulas que permitan esa triple función de la universidad.
Hay reiteradas manifestaciones de ministros y de comisarios europeos sobre el papel
fundamental que tiene la universidad en la sociedad del conocimiento y en estos momentos hay tres agendas coincidentes. Tenemos la Agenda de Lisboa, que pretende que en Europa la economía esté basada en el conocimiento más avanzada del mundo. La
Agenda de Bolonia pretende que en el año 2010 Europa haya construido un espacio europeo de la Educación Superior; aquí hay que subrayar el hecho de que siempre se habla de educación superior y no sólo no se habla de un espacio europeo
universitario, sino de
un espacio europeo de Educación Superior. Finalmente está la agenda de la construcción del área europea de investigación. Estas tres agendas son claramente coincidentes. Pensemos, por ejemplo, que el objetivo de Europa de alcanzar el 3
por ciento del PIB dedicado a la investigación y desarrollo, el comisario Phillip Busquin calculó en su momento que iba a necesitar la creación de 750.000 nuevos investigadores en Europa y ahora mismo es la universidad la institución sobre la que
recae esencialmente la formación de investigadores, principalmente a través del doctorado, que es un punto de intersección entre la construcción del área europea de investigación y la construcción del espacio europeo de Educación Superior. Además,
esto tiene lugar en un contexto que no es exclusivamente europeo sino absolutamente globalizado, y ya tenemos presencia en España de universidades que vienen de fuera, algunas de ellas pura y simplemente a hacer negocio, porque puede ser una
actividad lucrativa; tenemos la amenaza de la aplicación de dos regulaciones importantes: la de la Organización Mundial del Comercio sobre la educación superior, y también la de la directiva Bolkestein -que ya no es Bolkestein comisario, pero
conserva el nombre- respecto a la liberalización -entre comillas- de los servicios de la educación superior. Por tanto, nos encontramos en un momento importante, crítico para el futuro de las universidades y de las sociedades en las cuales están
localizadas, como digo, en un ambiente cada vez más globalizado.
Esta percepción del papel central de la universidad en esta sociedad del conocimiento ha hecho que se hayan adoptado medidas legislativas, la mayoría de los países europeos tienen leyes posteriores al año 1990. Por ejemplo, antes se hablaba
de Austria, pero son muchos los países que han modificado sus legislaciones porque consideran que las universidades son un activo fundamental y consideran que para que esas universidades puedan desarrollar esa tarea hay que aprovechar el potencial
de creatividad, de generación de conocimiento, de generación de ideas, no solamente en el campo científico-técnico, sino también en el campo de las ciencias sociales y de las humanidades. El ejemplo más reciente es el de Alemania, donde la ley
federal ha dejado de existir para que sean las leyes de cada land las que regulen, muy superficialmente incluso, las universidades de su entorno; la justificación que se daba en la reunión de Hamburgo de la European University Association era
precisamente esta, que era necesaria esa deslocalización para poder permitir que las universidades desarrollaran su potencial.
En el caso que nos ocupa, el proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica de Universidades, en mi opinión -y refiriéndome un poco a las palabras del rector Ferrè Llop- es una cosa un poco rara, digamos, porque no enlaza con su ley natural
anterior, que es la LRU, dada la coincidencia del partido que impulsa la ley, sino que retoca una ley, la Ley Orgánica de Universidades de 2001, que responde a unos criterios, a una concepción de la universidad en muchos casos opuesta a la que
inspiró la LRU y que permitió la salida de una universidad franquista, muy anticuada y muy inadecuada para colocar a la universidad española en una situación mejor, con criterios bastante más homologables que los que tenía anteriormente.
A mi
juicio, la LOU supuso una quiebra de la progresión de la universidad española hacia esas fórmulas más homologables con su entorno natural, el europeo en primer lugar, y ahora nos encontramos con un proyecto de ley que retoca esa ley, pero que no
enlaza claramente con la LRU.
Naturalmente, esto origina, a mi juicio, una serie de aspectos positivos, como la desaparición de la habilitación -la realidad superó con mucho las previsiones, la ficción, una vez más-, sustituyéndolo por un sistema
más racional, como es el de la acreditación; elimina la utilización abusiva de las áreas de conocimiento, que era un corsé para el funcionamiento de las universidades, y hace una apuesta por estas excedencias para permitir que los profesores
universitarios puedan impulsar empresas basadas en el conocimiento. Haré un pequeño paréntesis. El problema esencial, sin embargo, no está aquí, creo que hay un problema económico muy significativo: para la primera ronda de financiación de los
spin-off hay dinero, pero no para la segunda ronda; hay dinero para el millón o los dos millones de euros, pero no para los 50 millones de euros. Este es un déficit estructural que tenemos en España y que también compartimos con otros países
europeos. Abrir el catálogo de titulaciones y dejar que sean las universidades las que determinen libremente, no libremente del todo, porque habrá controles, pero en fin, que haya esa capacidad de que las universidades generen planes de estudio, va
a permitir una respuesta mucho más rápida a una situación muy cambiante. Recuerdo el ejemplo de la titulación de biotecnología, que empezó mi universidad como título propio, y el trámite dentro del Consejo de Universidades duró más de dos años, más
de dos años los papeles yendo de un lado para otro, y con reticencias, porque decían: esto va a invadir el campo tal; y con un resultado negativo, en el sentido de que en un catálogo abierto, en un registro abierto una universidad da biotecnología
y la otra dará nanociencia, etcétera. ¿Qué pasa? Que los rectores cuando tienen que trabajar sobre un catálogo cerrado se acogen al menú que hay y seguramente es excesivo que en este momento haya veintitantas universidades con la titulación de
biotecnología. Si las universidades pudieran encontrar un camino de diferenciación que se abre de esta manera, creo que es muy positivo. Por cierto, que los títulos propios no daban satisfacción, puesto que ese título, por ejemplo, no capacitaba a
los titulados para seguir estudios de doctorado ni para tener becas, de manera que al ser una titulación no oficial quedaba cerrada la progresión académica. En este sentido, creo que este es un avance significativo.
La realidad a veces circula más rápidamente que los textos y podemos ver, por ejemplo, cómo en lo relativo a la acreditación, el papel que se le da a la Aneca podía ser sustituido fácilmente porque se ha creado hace poco
la Reacu, la red española de agencias de calidad universitaria, que responde al modelo europeo de Encua, en el que las agencias de acreditación se reconocen mutuamente, es una especie de casa de cambios en la que lo que ha evaluado la
agencia holandesa no hace falta que lo evalúe la agencia austriaca. Este tipo de actuación entre las agencias ya es una realidad en la práctica porque se reconocen entre ellas y también debería tener un reflejo en la legislación, aunque me parece
bien el hecho de que sea una institución de carácter público y no una privada la fórmula jurídica para la Aneca.
Pasados los aspectos más críticos, según mi criterio, hay uno más general y es que la ley no aplica suficientemente el principio de subsidiariedad.
En estos momentos tenemos un escalón de responsabilidades: Gobierno central, comunidades
autónomas y las mismas universidades y me resulta bastante chocante que una ley orgánica tenga que decir cómo es una junta de facultad o su régimen de reuniones. Esto molesta en una ley de la categoría de una ley orgánica. Francamente, no veo
ninguna necesidad de entrar en este reglamentismo por parte de la ley orgánica para cosas que pueden quedar o bien en la comunidad autónoma o bien en las mismas universidades, especialmente si tenemos en cuenta que la financiación de las
universidades en estos momentos es totalmente responsabilidad de las comunidades autónomas. En este sentido, me parece positivo que el actual Consejo de Coordinación Universitaria sea sustituido por estos dos consejos, donde se crea esa conferencia
sectorial y donde estarán el ministerio y los consejeros con responsabilidades para hablar en términos gubernamentales de los que son responsables políticamente de las universidades y, por otra parte, que el debate académico quede en manos de los
responsables académicos de las universidades, que son los rectores. Permítanme aquí una pequeña boutade, en el sentido de decir que seguramente esta segunda no haría falta y que probablemente la CRUE, la Conferencia de Rectores de Universidades
Españolas, es de manera natural el órgano de cooperación, debate y ayuda mutua entre las universidades, que en muchos casos se ha adelantado en muchas tareas a lo que el Consejo de Coordinación o el antiguo Consejo de Universidades ha realizado. Me
hubiera gustado más -ya lo he dicho- una ley que enlazara directamente con la LRU. Ya sé que los rectores han sido tímidos. No sé si el rector Ferrer o el rector Vázquez han hablado de una reforma moderada, pero, como yo ya no tengo
responsabilidades y puedo permitirme estas cosas, me hubiera gustado más una ley que enlazara con la gran ley que fue la LRU, y que en forma de una ley de bases hubiera apostado claramente por esta potenciación de la creatividad, aprovechar la
autonomía universitaria en su mejor sentido.
Hay otra serie de aspectos, como la cuestión del profesorado funcionario o contratado. Soy partidario de una fórmula de contratación laboral para el profesorado universitario igual que para el resto de empleados de los servicios públicos o
privados. Es cierto que cuando la LRU optó por el sistema funcionarial puso las cosas muy difíciles para esa transformación, a pesar de que los gestores de la LRU habían sido líderes de la contratación laboral. En todo caso, Cataluña es la
demostración de que los dos sistemas pueden convivir y las universidades pueden optar por hacer más énfasis en un aspecto o en otro. Evidentemente, la contratación es más libre, ofrece más posibilidades de contratar a personas que no están en
España o que no son españoles, puesto que el sistema de acreditación, el envío del currículo, lo hace una persona desde Frankfurt o desde Nueva York. Esa es mi ambición. Quiero que las universidades españolas o algunas de ellas puedan jugar la
liga mundial.
Ahora les voy a mostrar el ranquin publicado por el Times Higher Education Supplement, el ranquin de las 200 mejores universidades del mundo. Es un ranquin que, a diferencia del de Shangai, al que se ha referido antes el profesor
Mas-Colell, se admite más por la comunidad académica internacional. La tercera columna, que hace referencia al país, es para desmoralizarse. Están las 20 primeras y hay alguna europea -cuando digo europea, quiero decir no británica- que pertenece
al continente aislado, Ecole Normale Supérieure de París, y así sigue la cosa. Es un ranquin muy sólido que a mí no me entusiasma, pero es el ranquin que leen los directivos y los políticos y está muy claro que las universidades se han convertido
ahora en polos de atracción para las empresas avanzadas. Por eso el triángulo de North Carolina, California o Boston son áreas donde muchas empresas europeas han ubicado sus centros de investigación y desarrollo, porque están al lado de grandes
universidades que salen en los primeros puestos de esta clasificación. Me ahorro las que vienen a continuación, pero no las últimas. La única presencia española en esta lista está en el lugar 190, ex aequo con Reeding, la Universidad de Barcelona,
que por cierto ha progresado, pues el año pasado era la 240.
Viene a sustituir a la Universidad Autónoma de Madrid, que en 2005 estaba más o menos por aquí y que en el ranquin de 2006 ha caído por debajo de las 200, de manera que el hecho de que de
las 200 universidades más reputadas del mundo solamente aparezca una española, ya sea la Autónoma de Madrid o la de Barcelona, nos envía una señal muy potente de que debemos actuar decididamente. El artículo acaba con la frase de que lo peor está
en el sur de Europa. La única universidad italiana, que es la Sapienza, aparece en el lugar 197 y España tiene una que entra, sustituyendo a Madrid. En realidad es la Autónoma, pero no he querido manipular el texto del Times. Estos resultados
enfatizan los importantes y severos retos que tiene la educación superior en estos países. Por tanto, no estamos suficientemente bien. A nivel interior podemos estar más o menos contentos, a veces más y a veces menos, pero, cuando yo he sido
rector, conseller o presidente de la CRUE, he tenido la ambición de que nuestras universidades -evidentemente, no todas- puedan jugar en esta línea.
Aquí tenía una serie de referencias, pero les puedo dejar el power point para que lo miren. Por ejemplo, en cuanto a la movilización del capital intelectual de Europa, aparecen como puntos débiles: demasiada uniformidad, fragmentación y
aislamiento, reglamentación excesiva y financiación insuficiente. Es un estracto. El comisario Ján Figel en febrero de 2005, en el congreso sobre Education & Training 2010, también hizo referencia a estos problemas, al esfuerzo en educación y
formación 2010, al que se ha referido Guy Haug antes, y a las tres agendas convergentes. Que hay una relación entre el nivel universitario, la competitividad, la formación y el impulso de las universidades se ve bastante bien en este gráfico,
porque hay una correlación bastante buena entre los dos conceptos. España está dentro de la gráfica.
Aquí tenemos el tema de la financiación. La financiación en Estados Unidos total es el 2,7 por ciento del PIB, en la Europa a Veinticinco es del 1,1, que refleja una variación importante, porque oscila entre el 1,8 y el 0,9. Pero lo que se
ve en todos los casos es que en estos países, tanto Estados Unidos, como Canadá, Japón o Corea, es que la financiación privada es muy importante. De hecho la financiación pública en los Estados Unidos, el 0,9 por ciento del PIB, es igual que la
europea. La diferencia está en este 1,8 de financiación privada frente al 0,2 europeo. Yo tengo el convencimiento de que no se va a poder cambiar. Hay que mejorar la financiación de la universidad esencialmente a través de recursos públicos. Fue
una lástima que la propuesta aprobada en el año 1994 -siendo secretario del Consejo de Universidades quien ahora es secretario de Estado- de que cada año la financiación aumentara un 0,1 por ciento del PIB no fuera aprobada por quien ahora es
también vicepresidente de Asuntos Económicos del Gobierno, de manera que se perdió una excelente oportunidad para hacer las cosas suavemente. Esto es muy importante. Yo creo que grandes cambios bruscos son muy difíciles, son necesarias políticas
continuadas. Yo estoy muy orgulloso de haber cogido el testigo de Andreu Mas-Colell, una vez desaparecida la Consellería de Universidades e Investigación, porque han sido ocho años de política continuada de fomento de la investigación y eso en
Cataluña ahora se nota. El rector Ferrer Llop es reticente a alguna de estas estructuras que se han creado, pero en estos momentos en Cataluña hay algunos centros que son atractivos para investigadores como Luis Serrano, madrileño, que ha preferido
no dirigir un Max Planck en Munich y venir a dirigir el equipo de biología de sistemas en el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, ganando menos, pero trabajando igual de bien. Este es el criterio.
Esta es reiterativa. En Finlandia, que tiene 1,7, el financiamiento privado es cero. Por tanto, aquí también es posible que se pueda aumentar la financiación de las universidades con cifras modestas -yo no digo que sean cero, pero con
cifras modestas- de aportación de los estudiantes.
Esta se refiere a la agenda de modernización de las universidades y los cambios que piden que se haga en las universidades, como romper las barreras, asegurar la autonomía real, etcétera, e incentivos para acuerdos de cooperación con la
comunidad empresarial.
Paso a la siguiente, que se refiere al proceso Bolonia. Yo creo que no se puede disociar la tramitación de la ley del proceso Bolonia al que ha de dar apoyo necesariamente y ha de articular. En ese sentido, se aprecia también un cambio muy
positivo en el documento del 26 de septiembre sobre documentos anteriores. Es un documento que se podría haber hecho en Bélgica; hay referencias a Dublín, etcétera, pero es un documento claramente ambientado en Europa. El problema es que no llega
a todas las conclusiones correctas. En primer lugar, el modelo rígido de cuatro años para el bachelor, para el grado, nos aparta, nos dificulta Europa. Esto es una especie de ancho de vía no ibérico -español, porque Portugal es tres más dos, no es
ni ancho ibérico, es ancho español- y, evidentemente, los trenes circulan por el ancho de vía español tranquilamente, algunos fantásticamente bien -no el AVE a Barcelona, por cierto, pero algunos circulan muy bien-, pero tiene muchas dificultades
para entrar en Europa y no conozco ningún tren europeo que entre en España. España está llegando muy tarde al proceso de Bolonia. Fíjense que la convención próxima de Lisboa ya ha acabado, es Europa más allá de 2010, porque la inmensa mayoría de
los países europeos ya tienen su sistema de bachelor, máster y doctorado implementado de acuerdo con la normativa de Bolonia.
Es cierto que algunos países han optado por bachelor, por grados de cuatro años, por ejemplo, Grecia, Bulgaria y algunos
otros. Si nosotros queremos estar en la lista de arriba, una de las estrategias que podemos utilizar son precisamente las titulaciones conjuntas -no toda la universidad, pero podría ser en Barcelona la física, en la Autónoma de Madrid la
bioquímica- con esas buenas universidades europeas, con Imperial Collage, con LTH de Zurich, etcétera, de manera que, a través de estas dobles titulaciones, podamos dar a nuestros titulados unas acreditaciones de valor europeo mucho más importante.
El tener una estructura diferente lo dificulta.
Acabo haciendo referencia a una cuestión cercana a mi área de conocimiento, la ingeniería química. El Eurobachelor de química. Hay 160 universidades europeas, ninguna española, que poseen el sello de Eurobachelor in Chemistry y, como se
dice aquí, el modelo está basado en 180 ECTS. Es evidente que la química de Madrid o de Santiago será igual de buena, pero se trata de que si nuestros titulados en química de determinadas universidades pueden tener en su título que son un
Eurobachelor eso les va a ayudar para su futuro. En este sentido, el proceso no está yendo bien, además, ha sido extraordinariamente confuso y creo que se debería incrementar la flexibilidad, por lo menos la que han pedido los rectores catalanes
para que las comunidades autónomas puedan modular esa duración.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que van a intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Cañigueral.
La señora CAÑIGUERAL OLIVÉ: Antes que nada quiero agradecerle su asistencia y sus aportaciones, señor Solà.
En base a su experiencia, ya que ha sido conseller del Departament d'Universitat Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, ¿cree usted que las universidades catalanas podrían responder mejor a las demandas sociales
y económicas de Cataluña si el Gobierno catalán tuviese las competencias exclusivas sobre universidades y sobre investigación, similar al modelo alemán que usted comentaba anteriormente?
Una última pregunta más o menos en la misma línea: ¿Cree que se podría dar una solución más adecuada a los problemas económicos de los y las estudiantes catalanes si se traspasara la competencia sobre becas a las comunidades autónomas?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor Solà, por su comparecencia y sus explicaciones.
También voy a intentar ser breve. Parto de la base de que acabamos de aprobar un nuevo Estatuto y las competencias que tenemos son las que son, y parto de la base también de que la ley, en su preámbulo y en sus objetivos, dice que intenta
ser muy respetuosa con la autonomía universitaria. Desde el punto de vista de la autonomía, tanto universitaria como de la organización del Estado que tenemos, me ha parecido entender que usted justamente ponía sobre la mesa que esta le parecía una
ley muy reglamentista. Me gustaría que abundara sobre ello, porque me ha parecido entender de su intervención que esta ley quizá, con el intento de fomentar la autonomía universitaria, desciende a regular aspectos que no sería necesario regular.
¿Usted cree que esta ley es respetuosa o es recelosa o invasora de las competencias de la Generalitat de Catalunya de acuerdo con el nuevo Estatuto? Usted nos ha planteado aquí un panorama que nos ha enfrentado con la realidad en la que estamos.
¿Usted cree que las propuestas que figuran en el proyecto de ley, que es una reforma parcial y prudente de la LOU, tienen la flexibilidad suficiente como para que se pueda intentar mejorar la situación, lo que nos hará mejorar la posición de la foto
en la que salimos en estos ránquines? Por último, me gustaría saber su opinión con respecto al tema de los títulos oficiales y de los títulos propios y del registro, tal y como se plantea; y en cuanto al papel del consejo social, si usted cree que
es correcto limitar su relevancia o preferiría que siguiera tal como está regulado ahora.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Voy a intentar ser brevísimo.
Quiero decirle al señor Solà que me ha interesado muchísimo su exposición, sobre todo porque nos ha enmarcado en un contexto, que no podemos olvidar en la reforma o en la iniciativa que se nos ha planteado en estos momentos, que es el
contexto de la sociedad del conocimiento y de las distintas agendas en las que estamos en Europa y todo lo que sea alejarnos de ellos sería fatal. En este sentido voy a realizar cuatro preguntas. Me gustaría que ampliara usted un poco más con
respecto a las nuevas o renovadas misiones de la universidad, porque la universidad siempre ha tenido diversas misiones, en particular sobre el tema de la misión, que está clarísima en la estrategia de Lisboa y en el proceso de Bolonia también, de
formar a los profesionales que necesita Europa. Este tema es importante, porque articula diversos modelos de universidad y promueve una cierta flexibilidad. No todo puede ser Harvard o una universidad puntera en materia de investigación, pero
tiene que formar profesionales que estén, en el caso español, en condiciones de competitividad con respecto a Europa.
En segundo lugar, coincido en sus planteamientos y reflexiones sobre el tema de flexibilidad, sobre el proceso de Bolonia y sobre el famoso asunto de si la mejor manera de ser flexible -como prácticamente dijo la ministra de Educación en
esta Cámara hace pocos días- es poner todos a 240 créditos. En la lógica cartesiana o de Aristóteles que yo estudié no me cuadra, porque la flexibilidad en este punto me parece que sería un elemento fundamental.
En tercer lugar, en la lista de los 200 que usted nos ha mostrado aquí -que efectivamente nos sonroja-, significa que nuestra universidad tiene algunas debilidades. Ha habido incrementos y progresos, que todos conocemos, desde las
universidades de los años setenta, pero algo está débil. La selección del profesorado no es un tema que podamos dar por resuelto, sino que nos debe ocupar clarísimamente como uno de los objetivos centrales, porque todos sabemos que la bondad de una
universidad depende de la bondad de su profesorado. ¿En la lista de los 200 está estudiado el grado de endogamia de ese profesorado? Entiendo que la endogamia es el porcentaje de profesores que han surgido de la propia cantera y que han hecho el
grado y el doctorado en esa misma universidad.
¿La situación de que, en España, el 90 por ciento prácticamente sea de la propia cantera es una situación que podemos considerar que es inevitable, que equilibra los aspectos positivos y negativos y no
hay que hacer nada, o nos tendría que preocupar?
En cuarto lugar, señor Solà, en el tema de los títulos, que me ha parecido que usted está muy a favor de que no haya un catálogo oficial de títulos, es un problema de coherencia entre los términos, es decir, si no hay catálogos
oficiales, suprimamos los títulos oficiales. Si no podemos suprimir los títulos oficiales, porque parece ser que hay unas profesiones reguladas, hasta dónde va a llegar la supresión de los títulos oficiales. ¿No estamos dando un paso que
puede producir perturbaciones, que en estos momentos no nos interesan, al crear dobles títulos oficiales, unos regulados y otros desregulados? ¿Cuando los propios universitarios españoles se enteren de qué tipo de título dan, etcétera, no se va a
crear una especie de malentendido que va a generar unas situaciones perturbadoras? Eso me preocupa y me parece que se podría solucionar simplificando el catálogo o haciendo que haya un procedimiento más ágil o una actualización permanente. Porque
estamos en un catálogo de titulaciones profesionales que nadie ha puesto en cuestión, ya que las titulaciones profesionales de educación superior no universitarias van a tener un catálogo de títulos que se está actualizando periódicamente y
constantemente y nadie en estos momentos lo pone en cuestión. Las preocupaciones de este cambio tienen una cierta razón de ser, porque puede ser muy radical.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra por último el señor Bedera.
El señor BEDERA BRAVO: Bienvenido señor Solà a esta Comisión.
Voy a hacer una consideración general sobre los tres temas que ha tocado y luego le haré dos preguntas concretas, una sobre investigación y otra sobre la acreditación. Mucha gente coincide, y usted lo ha dicho aquí hoy, en que los retos
actuales de la universidad española hay que buscarlos en la financiación, en el proceso de Bolonia y en un marco legislativo más ágil, que es de lo que estamos hablando hoy aquí, en la reforma de la Ley de Universidades. Las tres cuestiones están
muy imbricadas, muy relacionadas entre sí, ya que se inspiran en los mismos principios generales, pero también es cierto que tienen soluciones diferenciadas, tanto en el tiempo como en la forma y en los ámbitos. La reforma de la Ley de
Universidades es una cuestión de este Parlamento y de estas comparecencias y la cuestión de la financiación tiene otro ámbito, porque lo que esta ley incorpora es una memoria económica reducida únicamente a los efectos de esta ley, con independencia
de la gran discusión sobre la financiación que tendría que llevarse a otro campo, y seguramente esa conferencia sectorial -usted ha hecho referencia a que le parece bien- debería ser el lugar en el que se discutiera. La importancia de la reforma de
la LOU reside en que pone los cimientos para que las universidades puedan afrontar con éxito ese espacio europeo de Educación Superior o, dicho de otra forma, la relación que nosotros vemos entre Bolonia y la LOU, aparte de esos principios
generales, puede ser la definición -en este caso concreto le pongo dos ejemplos- del registro de títulos o de la calidad del sistema. Eso sí que se define en una ley de universidades, desde nuestro punto de vista, y lo otro corresponde a otro
momento. De todas maneras, nuestro grupo le agradece esta exposición sobre la financiación y no vamos a entrar en debate sobre ello porque, igual que le dije al señor Mas-Colell, este país, mirando en positivo, ha hecho un avance impresionante
desde los años setenta, a los que se refería el portavoz del Partido Popular, hasta nuestros días. Eso no significa que no debamos de afrontar el futuro con más ganas, si cabe, y con datos, pero este país ha crecido en este campo lo que otros
llevan haciendo mucho más tiempo.
Una de las cuestiones que sí puede resolver la reforma legislativa es la necesidad de unas universidades más flexibles y dinámicas. La primera pregunta que le quería hacer sobre el caso concreto de la reforma de la LOU es su opinión sobre
la autonomía, sobre el juego -le ha hecho antes aquí otro compareciente la pregunta- entre las dos caras de una misma moneda: autonomía y responsabilidad. Nos gustaría que hiciera una mínima referencia a eso.
Respecto al tema de la investigación, usted conoce la comunicación de la Comisión sobre el papel de las universidades en la Europa del conocimiento, que es del año 2003. Ahí se decía que la economía y la sociedad del conocimiento nacen de
cuatro elementos interdependientes: la producción del conocimiento, por medio de la investigación -aquí se ha hablado de la ciencia básica y de la aportación de la universidad, que es importantísima puesto que la inversión privada en este campo es
mínima o bastante menor de lo que debería ser-, la transmisión de ese conocimiento mediante la educación y la formación, su difusión a través de las tecnologías de la información y la comunicación y su transferencia y explotación a través de la
innovación tecnológica. Si esto es así, lo damos por bueno todos.
La siguiente pregunta sería cómo valora usted el tratamiento que se da en esta reforma a la investigación -ya nos ha comentado que le hubiera gustado que esta modificación enlazara con la LRU, pero lo que tenemos encima de la mesa es un
proyecto de ley que ha llegado a esta Cámara-, especialmente en el artículo 83, cuando habla de la excedencia a los profesores para poder incorporarse a empresas de base tecnológica.
También nos gustaría que hiciera algún comentario, aunque fuera
muy rápido, sobre la disposición adicional sexta, sobre el estatuto del personal docente o investigador. ¿Cómo ve usted el futuro, le parece bien que se introduzca en la ley aunque sea por vía de adicional? El señor Mas-Colell tendría alguna cosa
que decir, pero yo se lo pregunto a usted.
Por último, me gustaría también que hiciera alguna rápida referencia a la acreditación. Muchos recordamos un magnífico artículo suyo aparecido en el diario El País en el año 2002: Inédito e inaudito el decreto de habilitación del
profesorado. En ese artículo, que corrió de mano en mano, usted hacía un repaso tanto a la forma como al fondo del decreto que desarrollaba la LOU en materia de acceso a los cuerpos estatales. Le querría preguntar en nombre de mi grupo qué opinión
le merece este nuevo
sistema de acreditación y, sobre todo, si cree realmente que es endogámico el que después de una selección objetiva y transparente las universidades, en virtud de su propia autonomía, elijan a su profesorado.
El señor PRESIDENTE: Para concluir este turno tiene la palabra el señor Solà.
El señor SOLÀ I FERRANDO: No quiero ser desconsiderado, pero iré muy rápido.
Ya he dicho que creo que la ley no aplica suficientemente el principio de subsidiariedad. En ese sentido, y refiriéndome en concreto a Cataluña, que es lo que conozco más, estamos hablando de un sistema universitario completo, de un sistema
universitario más grande que el belga. Por tanto, podría funcionar con competencias exclusivas dentro de ese marco general europeo, pero no tendría competencia exclusiva el decir que el grado es de tres años o que vamos a aplicar el ECTS o todas
esas cosas que hemos puesto en común los universitarios en Europa que nos conviene realizar.
La cuestión de las becas es una de las cosas que, dicho en términos coloquiales, canta en el proyecto de ley, puesto que mantiene la situación e incluso no
se acuerda de que hay una sentencia del Tribunal Constitucional de hace muchos años -creo que del 2001- que nunca se ha implementado. Como conseller tuve que estar una y otra vez pidiendo la aplicación, sin conseguir más que una cogestión en la
práctica de las becas, pero sin poder incidir en aspectos de diseño, sin poder aplicar umbrales de renta más acordes con la situación económica en Cataluña, que no es la misma que en el resto del Estado -estos días han salido los precios de las
casas y se ve que no en todas partes cuestan lo mismo-.
Este es un detalle concreto que espero que a lo largo del tramite parlamentario se pueda subsanar.
Es una ley que en algunos casos es excesivamente reglamentista. Hay un criterio empírico que yo aplico, que no tiene ninguna trascendencia filosófica, y es que cuando yo le explico una cosa que pasa aquí a un rector belga -no digo inglés- y
se me queda mirando diciendo que no entiende nada, quiere decir que esto es muy raro. No hace falta que una ley tenga que ir a los detalles de la composición de los órganos internos de una universidad. En ese sentido tiene aspectos reglamentistas
y en otros no, ya lo he dicho antes. Se han eliminado las áreas de conocimiento, que era un corsé reglamentista que existía anteriormente -por cierto, viene de la LRU-, y en ese sentido está mejor.
¿Respetuosa o invasora de competencias? Creo que en algunos casos estrictamente. No lo tengo aquí apuntado, aunque lo podría buscar, pero no hace falta. Por ejemplo, en el caso de la regulación del deporte universitario o de la regulación
de la representación de estudiantes choca directamente con la letra del Estatuto de Cataluña, pero en otros no. No puedo decir que en todos los casos, estoy hablando de caso concretos en los que sí pasa.
¿Las reformas permitirán una mejora? Pueden permitirla -creo que lo ha dicho el representante del Grupo Socialista- si van acompañadas de todo un paquete de acciones. Evidentemente -y eso va un poco por lo de la autonomía- esa autonomía
debe ir acompañada de consecuencias, es decir, que si una universidad se empeña en contratar a los peores profesores o al que pasa por delante de la puerta en un momento determinado, eso tenga consecuencias. Por tanto, tiene que haber unos recursos
que sean distribuidos de manera competitiva entre las universidades. En el caso de Cataluña, desde el año 1997 estamos funcionando con contratos-programa, que tienen una serie de medidas cuantitativas que miden la eficiencia del sistema. En el
periodo en el que yo he sido conseller se han distribuido 30 millones de euros a las universidades en función de sus resultados de investigación, de manera que no se ha distribuido para todos igual, ni mucho menos, ha habido diferencias muy
notables. Eso, de una manera continuada, no 30 millones sino bastantes más y más tiempo, puede conducir a unas mejoras importantes.
Una de las cosas que los rectores belgas no entienden es lo de los títulos oficiales. De hecho, nuestras universidades van a poder tener titulaciones conjuntas con las universidades europeas mediante títulos propios, porque a un rector
belga no se le va a ocurrir preguntar al rector de Barcelona o de Madrid si ese título de tres años de Química es oficial o no lo es, porque es una pregunta que no tiene sentido. Creo que el registro de títulos es un paso adelante muy positivo
-supongo que sería suficiente con que en la web de la universidad aparecieran los estudios que se dan-, pero el problema está en el reconocimiento de la institución. Cuando a una institución se le reconoce que es una universidad, se supone que lo
que va a hacer es correcto, y después vendrán las evaluaciones de funcionamiento. Claro, si se da el título de universidad a cualquier cosa, vamos mal. Ese es el problema.
Soy partidario del papel importante del consejo social, pero también debemos ser conscientes del papel ciertamente limitado que puede jugar.
Cuando buscamos personas para formar parte del consejo social, buscamos buenos empresarios, buenos
comunicadores, buenos sindicalistas. Son personas que tienen una ocupación importante y por tanto el tiempo que le pueden dedicar a la universidad, que es muy de agradecer, porque además lo hacen a título benéfico, es ciertamente limitado. Los
consejos sociales necesitan -y esto a los rectores no les entusiasmará que lo diga, pero lo digo, porque creo que es así- dotarse de una maquinaría independiente de la propia de la universidad para poder llevar a cabo el control presupuestario y
para poder trabajar. Necesitan una cierta infraestructura, que no tiene que duplicar la de la universidad pero sí permitirlos realizar su labor. Evidentemente, el consejo social no está para financiar la universidad, en absoluto, no tiene nada que
ver.
Por lo que respecta a la misión de la universidad, efectivamente se espera del sistema de educación superior que proporcione a Europa los profesionales que necesita. En España tenemos la anomalía de que la formación profesional superior no
acaba de arrancar, no acaba de tener el prestigio social necesario. Por ejemplo, en Alemania, más del 30 por ciento de la población que cursa estudios superiores está en los Fachhochschule, que son centros muy prácticos. Si un chico quiere hacer
cosas en electrónica, no tiene por qué estudiar espacios de Gilbert. Esta es una cuestión que tenemos pendiente de arreglar en este país. Yo intenté hacer un pequeño arreglo y Convergència i Unió poco más que me corta la cabeza, porque decían que
me metía donde no me importaba.
Efectivamente, en Europa hay 4.000 universidades, y 4.000 universidades no pueden ser 4.000 Harvard, porque no lo son las casi 3.000 universidades americanas; aquí siempre hablamos de 40 ó 50, pero creo que son más
de 2.500. Por tanto, es necesaria esa flexibilización, flexibilización que se tendría que aplicar también a la duración del grado. Decir que todos los grados son a 240 es un paso atrás incluso respecto a la situación actual. En estos momentos,
una licenciatura de Derecho se puede cursar en una universidad en cuatro años y en otra en cinco; una ingeniería industrial, en la Politécnica de Madrid son cinco años y en otras universidades son cuatro, y todos son ingenieros industriales. Creo
que es excesivamente rígido.
La selección del profesorado, evidentemente, es clave. La calidad de una universidad, aparte de las instalaciones, que tienen fácil arreglo, es la calidad de su profesorado y de su alumnado. Las buenas universidades no solamente eligen
libremente a su profesorado, sino también a su alumnado.
En la web de Cambridge pueden encontrar un aviso diciendo: Los estudiantes que en el último año hayan escogido dos o más asignaturas de este bloque -de las optativas de último año- ni
presenten la solicitud.
Esos no hace falta ni que la envíen, porque no las consideran.
Efectivamente, esa es una cuestión importante.
La cifra del 90 por ciento de profesores universitarios que han hecho el doctorado en la misma universidad ciertamente es escandalosa, es exagerada. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en muy pocos años, si vemos la gráfica de
incremento de estudiantes universitarios, ha habido un crecimiento exponencial. Seguramente en diez años la universidad española ha contratado del orden de 40.000 nuevos profesores. Yo tengo colegas de universidades relativamente pequeñas que,
gracias a la práctica de una cierta endogamia geográfica -porque la endogamia no es solo de origen geográfico, hay endogamia de escuela, religiosa y toda una serie de endogamias que están funcionando simultáneamente-, me han dicho: Hemos pasado de
tener un catedrático de mucho prestigio, pero que se pasaba el día mirando los horarios de la Renfe, a tener otros que no son seguramente tan brillantes, pero que están aquí todos los días, atienden a sus estudiantes, investigan aquí y publican con
el nombre de la universidad equis. Eso me lo han dicho colegas de mi especialidad. Esa explicación histórica no justifica que no demos un paso adelante decidido. Por ejemplo, se podía poner una norma en la financiación de las universidades, en
esos contratos-programa o en un programa estatal, para que aquella universidad que tenga por norma no contratar a un doctor de su propia universidad como primer contrato tenga un plus económico, o cosas de ese estilo. Se pueden poner en marcha
incentivos en ese sentido y captar no solo de Barcelona a Madrid o Bilbao, sino de Barcelona a Frankfurt o a Lovaina. Esa es mi aspiración.
El debate sobre el catálogo de títulos tiene una complicación, pero es una complicación no académica, que es el tema de las competencias profesionales. Estamos hablando de cómo organizar una carrera de ingeniero de telecomunicaciones, pero
tenemos al lado el problema de cuáles son sus competencias profesionales. Pero eso no es un debate académico. Yo creo que ahora no podrá ser, pero habrá que ponerlo en la agenda para solucionarlo, para tener una normativa cuando el Estado español
firme o ratifique la Convención de Lisboa de reconocimiento de cualificaciones, que es una de las vergüenzas nacionales porque somos de los pocos países que no la han firmado, ya que esas competencias profesionales no las tendrán solo los titulados
españoles, las tendrá todo el mundo. Por tanto, ese es un debate importante que distorsiona el debate académico de qué ha de estudiar un ingeniero de telecomunicación.
Autonomía y responsabilidad. Creo que ya he contestado en qué sentido debe ir la responsabilidad sobre sus resultados, que pueden ser muy diversos, tanto de abandono -tenemos unas cifras insoportables de abandono de estudios universitarios
con un coste económico astronómico-, o de inserción de sus egresados en el mundo laboral; todo esto, que es consecuencia de la práctica de la autonomía universitaria en un determinado sentido, debe tener también su responsabilidad a la hora
presupuestaria, por ejemplo.
Respecto de la investigación, lo siento pero no tengo en mente esa adicional, pero debemos tener una situación en la que sea normal que dentro de la universidad -eso enlaza un poco con lo que decía el rector Ferrer Llop- pueda haber
investigadores puros, personas que no tienen tarea docente y que tengan su vida normal dentro de la universidad, de hecho eso ya pasa; dentro del programa Ramón y Cajal o el programa Icrea, hay investigadores que están en esa situación, lo que pasa
es que hay que arreglarla.
Finalmente, la acreditación. Creo que es un paso adelante respecto del tema de la habilitación. Para mí, la autonomía universitaria completa en este sentido sería que la universidad pudiera contratar libremente su profesorado. Si Harvard
contrata con una entrevista o un currículum a un profesor y sale la primera del mundo, tal vez aquí también se podría...
¡La universidad no es el servicio de Correos. La educación superior es un bien
público -eso lo dice la declaración de Bolonia- y debe estar tutelado por los poderes públicos; el grado de tutela supongo que depende de los partidos políticos, de la ideología, etcétera. En cualquier caso, si la acreditación se realiza
adecuadamente, es decir los comités de acreditación están formados por personas que están capacitadas para acreditar, buenos currículos, etcétera, no se cierra el acceso a las comisiones dentro de España sino que se utiliza un ambiente
internacional, eso va en una línea correcta.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Solà. Concluido el orden del día, se levanta la sesión, agradeciéndole su comparecencia.
Eran las diez y cinco minutos de la noche.