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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 62, de 21/02/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2001 VII Legislatura Núm. 62
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 58
celebrada el miércoles, 21 de febrero de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas . . . (Página 2986)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política de regulación
del sector eléctrico. (Número de expediente 172/000064.) . . .
(Página 3011)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a actuación del Gobierno
ante las consecuencias de los fuertes temporales que sufrió Galicia
durante los pasados cuatro meses. (Número de expediente 172/000065.)
. . . (Página 3022)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para garantizar el
derecho de los ciudadanos a la intimidad genética en las relaciones
jurídico privadas, así como a no ser discriminado en éstas en
atención a su patrimonio genético. (Número de expediente 172/000066.)
. . . (Página 3030)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas . . . (Página 2986)
Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno: ¿Piensa el Gobierno realizar alguna actuación o gestión
para sacar a SINTEL de su actual situación? (Número de expediente
180/000471.) . . . (Página 2986)
Del Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr.
Presidente del Gobierno: ¿Cuáles son las razones del malestar de la
comunidad científica ante la política de investigación del Gobierno?
(Número de expediente 180/000473.) . . . (Página 2987)
Del Diputado don Juan Carlos Guerra Zunzunegui, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
objetivos persigue el Gobierno con sus políticas tendentes a
favorecer la movilidad en el ámbito universitario? (Número de
expediente 180/000483.) . . . (Página 2988)
Del Diputado don José Rivas Fontán, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son los criterios
que se han seguido para establecer la nueva estructura orgánica
básica del Ministerio de Defensa? (Número de expediente 180/000492.)
. . . (Página 2989)
De la Diputada doña Elena García-Alcañiz Calvo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede
explicar el Gobierno en qué consiste la denominada «Operación
Campamento»? (Número de expediente 180/000493.) . . . (Página 2990)
De la Diputada doña María Enriqueta Seller Roca de Togores, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
medidas está adoptando el Gobierno para fomentar la solidaridad,
evitando el racismo y la xenofobia en los centros de enseñanza?
(Número de expediente 180/000494.) . . . (Página 2991)
Del Diputado don Juan Fernando López Aguilar, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Justicia: ¿Es
consciente el Ministro de Justicia de que existe una huelga de celo
encubierta en la justicia española? (Número de expediente 180/
000474.) . . . (Página 2992)
Del Diputado don Jaime Javier Barrero López, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Justicia: ¿Qué
medidas piensa adoptar el Gobierno con carácter inmediato para
rebajar el atasco de asuntos pendientes ante los Tribunales de
Justicia? (Número de expediente 180/000475.) . . . (Página 2993)
Del Diputado don Juan Blancas Llamas, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué repercusión tendrá la
decisión de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE) de reforzar el control fiscal de Internet para evitar el
fraude fiscal? (Número de expediente 180/000486.) . . . (Página 2994)
Del Diputado don Isidro Fernández Rozada, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la
situación actual del parque empresarial Principado de Asturias?
(Número de expediente 180/000487.) . . . (Página 2995)
Del Diputado don Joxe Joan González de Txabarri Miranda, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Fomento: ¿Comparte el Ministerio de Fomento los objetivos del
Proyecto de Ampliación Exterior del Puerto de Pasaia, definidos por
la Autoridad Portuaria de Pasaia y la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Guipúzcoa? (Número de expediente 180/000472.) . . .
(Página 2996)
Del Diputado don Ismael Bardisa Jordá, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué grado de
desarrollo tiene el Plan de aislamiento acústico del aeropuerto
Madrid/Barajas, ejecutado de acuerdo con lo establecido en la
Resolución de 10 de abril de 1996 de la Dirección General de
Información y Evaluación de Impacto Ambiental, por la que se formula
la declaración de impacto ambiental del aeropuerto de Madrid/Barajas?
(Número de expediente 180/000488.) . . . (Página 2997)
De la Diputada doña Marisa Arrúe Bergareche, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el grado de
cumplimiento del Gobierno de los acuerdos firmados con los
transportistas el 4 de octubre de 2000? (Número de expediente 180/
000489.) . . . (Página 2998)
Del Diputado don Guillerme Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula al Gobierno: ¿En qué situación se encuentra el
proceso de negociación entre la Unión Europea y el Reino de
Marruecos, para alcanzar un nuevo acuerdo de pesca que permita el
mantenimiento de nuestra flota en esas aguas? (Número de expediente
180/000470.) . . . (Página 2999)
De la Diputada doña María Dolores Gorostiaga Saiz, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Qué posición va a
defender el
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para que la reforma de
la Organización Común de Mercado (OCM) del vacuno no perjudique más
al sector? (Número de expediente 180/000480.) . . . (Página 3000)
Del Diputado don Gabriel Mato Adrover, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué repercusión
tendrán los Acuerdos del Consejo de Ministros de Agricultura de la
Unión Europea, celebrado el pasado 19 de diciembre, en relación con
la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del plátano?
(Número de expediente 180/000491.) . . . (Página 3001)
Del Diputado don Miguel Antonio Campoy Suárez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál
va a ser la política del Gobierno en materia de restauración
hidrológico-forestal durante el presente año 2001? (Número de
expediente 180/000490.) . . . (Página 3002)
Del Diputado don Joan Ignasi Pla i Durá, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior: ¿Le
parece al Ministro del Interior que las colas para comprar droga en
Valencia demuestran que las cosas van bien? (Número de expediente
180/000476.) . . . (Página 3003)
Del Diputado don Jordi Pedret i Grenzner, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior: ¿Qué
negociaciones ha llevado a cabo el Ministro del Interior con los
inmigrantes encerrados en huelga de hambre? (Número de expediente
180/000478.) . . . (Página 3005)
Del Diputado don Ramón Jáuregui Atondo, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior: ¿Piensa
el Gobierno atender las peticiones de los Defensores del Pueblo y la
Confederación Episcopal en
materia de regulación de inmigrantes? (Número de expediente 180/
000477.) . . . (Página 3006)
Del Diputado don Jesús Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación: ¿Qué medidas piensa aplicar el Gobierno para los
animales de más de treinta meses sacrificados en espectáculos
taurinos, en relación con las normas obligatorias sobre la
encefalopatía espongiforme bovina (EEB)? (Número de expediente 180/
000482.) . . . (Página 3007)
Del Diputado don Ignasi Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula a la Excma. Sra. Ministra
de Ciencia y Tecnología: ¿Qué balance realiza el Gobierno del
cumplimiento, por parte de las televisiones, de la obligación de
destinar un 5% de la cifra total de sus ingresos, a la financiación
de obras audiovisuales europeas, según lo dispuesto en el artículo 5
de la Ley 25/1994? (Número de expediente 180/000497.) . . .
(Página 3008)
Del Diputado don Pablo Marcial Izquierdo Juárez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
medidas ha emprendido España ante la catástrofe sufrida en El
Salvador para responder a las necesidades del país y de la población
afectada? (Número de expediente 180/000484.) . . . (Página 3009)
Del Diputado don José Francisco Herrera Antonaya, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
implicación tiene en el contexto internacional para nuestro país la
contribución española a la iniciativa HIPC? (Número de expediente
180/000485.) . . . (Página 3010)
Interpelaciones urgentes . . . (Página 3011)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política de regulación del
sector eléctrico . . . (Página 3011)
Presenta la interpelación urgente, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, el señor Sevilla Segura. Lo que el Grupo Socialista
solicita en la interpelación de hoy es la necesaria revisión profunda
del marco regulador del sector eléctrico, especialmente después de
algunos acontecimientos recientes. No entiende el inmovilismo
aparente del señor ministro en la cuestión cuando con anterioridad
cambiaron continuamente de criterio. Critica la estrategia
liberalizadora del Gobierno que no sólo no ha sido efectiva desde el
punto de vista de la competencia, sino que tampoco ha repercutido en
beneficio de los consumidores, según datos recientes de la OCDE.
Asegura que se optó por un modelo privatizador como el británico,
pero con la ausencia de competencia de los modelos continentales, lo
que ha dado lugar a la transformación de monopolios públicos en
rentables monopolios privados, que no saben ahora a qué atenerse. La
errática política del Gobierno en el sector eléctrico, añade,
desincentiva nuevas inversiones en generación, minetras desata
furores especulativos sobre las empresas ya instaladas. Solicita del
señor Rato que se clarifique la cuestión mediante un amplio debate
parlamentario y una profunda modificación normativa que incluya un
reforzamiento de los poderes de la Comisión Nacional de la Energía.
Contesta en nombre del Gobierno el señor vicepresidente segundo del
Gobierno para Asuntos Económicos y ministro de Economía (De Rato y
Figaredo). Agradece en primer lugar al portavoz del Grupo Socialista
la interpelación y el tono de la misma, pasando a contestar a la
serie de preguntas sobre el modelo de liberalización del Gobierno.
Explica que el modelo eléctrico actual es totalmente distinto al que
se encontró el Partido Popular en 1996, pero éste se deriva
exactamente de las directivas europeas y da una serie de datos de la
Comisión Europea que demuestran que España ha ido sustancialmente más
deprisa en el proceso de liberalización que la media europea, con
consecuencias para consumidores y empresas, y que hay cada vez un
mayor número de empresas extranjeras que actúan regularmente como
agentes externos en el mercado español. Asegura que los resultados de
estos últimos cuatro años, desde el punto de vista de los
consumidores, han sido extraordinariamente positivos si se
comparan con el resto de los países europeos, para no entra en
comparaciones con el pasado que considera serían extraordinariamente
ventajosas para él. Independientemente de que el Gobierno acepte las
críticas, porque indudablemente cualquier gestion de gobierno tiene
sus defectos, asegura que el Gobierno no va a cambiar el marco
regulatorio ni va a renunciar a que España, en el año 2003, tenga un
mercado eléctrico totalmente liberalizado, a pesar de no contar con
el respaldo del Grupo Socialista.
Contesta el señor Sevilla Segura, duplicando el señor vicepresidente
segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y ministro de Economía.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares
Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Sánchez i
Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Gámir Casares, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a actuación del Gobierno ante
las consecuencias de los fuertes temporales que sufrió Galicia
durante los pasados cuatro meses . . . (Página 3022)
Presenta la interpelación urgente el señor Rodríguez Sánchez, del
Grupo Parlamentario Mixto. Explica la situación dramática que padeció
Galicia durante los cuatro meses de temporales de lluvia y viento y
muestra su extrañeza por la nula actuación del Gobierno del Estado
español después de cinco meses. Para paliar esa despreocupación o
falta de diligencia es por lo que presentan su interpelación.
Cuantifica las consecuencias económicas, según datos de la propia
Xunta de Galicia, y se queja de la continúa remisión a las
comunidades autónomas cuando se habla de ayudas, subsidios o
coberturas sociales, poniendo de relieve las limitaciones
presupuestarias y políticas de las administraciones locales. Insiste
en que son muchos cinco meses de silencio insensible de la
Administración sin tomar medidas y el Bloque Nacionalista Galego
quiere que, aunque sea tarde, el Gobierno del Estado actúe ahora con
celeridad y asuma una serie de medidas y actuaciones, con carácter de
urgencia, que sólo está en su mano tomar.
Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro del Interior (Mayor
Oreja). En primer lugar muestra su plena y total solidaridad con la
Comunidad Autónoma de Galicia y coincide con el interpelante en lo
que significa una gran preocupación por las
consecuencias del fuerte temporal. A continuación le recuerda al
señor Rodríguez que en toda gestión y posterior valoración ante una
situación de emergencia hay dos fases marcadamente diferentes: la
gestión y la dirección de la emergencia, que corresponden
indudablemente a la comunidad autónoma, y la valoración de los daños,
en donde sí tiene que actuar el Gobierno central a través de los
ministerios correspondientes. Después vendrá el real decreto en el
que se valorarán los daños, pero para eso habrá que tener una idea
global de lo que es necesario invertir o aportar para resolver el
problema en la comunidad autónoma. Finalmente discrepa del
interpelante en que haya habido una falta de preocupación del
Gobierno, porque lo que ha habido esencialmente ha sido respeto del
Gobierno a las competencias que tiene la comunidad autónoma y explica
que los principios rectores de la Administración central han sido el
de la coordinación y el seguimiento.
Contesta el señor Rodríguez Sánchez, dupliando el señor ministro del
Interior.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Marón
Beltrán, del Grupo Parlamentario Socialista, y Sainz García, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Por alusiones intervienen el señor Rodríguez Sánchez y la señora
Sainz García.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para garantizar el
derecho de los ciudadanos a la intimidad genética en las relaciones
jurídico privadas, así como a no ser discriminado en éstas en
atención a su patrimonio genético . . . (Página 3030)
El señor Silva Sánchez presenta la interpelación urgente en nombre
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Asegura que si
algo ponen de manifiesto los debates de esta Cámara esta semana es
que aquellas cuestiones vinculadas con los avances de la ciencia y la
tecnoogía y sus conexiones sociales, jurídicas y éticas se están
poniendo a la orden del día y reflejan la atención no sólo de esta
Cámara sino también de los ciudadanos. Se refiere a la enmienda que
su grupo presentó a una proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso pidiendo al Gobierno la regulación de los
tests del ADN en materia criminal y en la investigación de la
paternidad, porque entendían que esa regulación debía extenderse para
garantizar el derecho a la intimidad y la no discriminación en
relaciones jurídico privadas. Ahora en su interpelación preguntan por
las medidas que está adoptando o piensa adoptar el Gobierno para
garantizar el derecho a la intimidad y a la no discriminación ante
estos avances de la ciencia y la técnica, por un lado, y ante la
extensión y la ampliación día a día del uso de esta pruebas
predictivas. Explica el contenido de la interpelación y desea que se
abra un debate serio y responsable para proceder en el próximo Pleno
a discutir y, en su caso, a aprobar aquellas mociones que pretendan
garantizar esa intimidad y ese principio de no discriminación que,
por lo demás, resulta perfectamente compatible con lo que pueden ser
las expectativas o las circunstancias tanto de las compañías
aseguradoras como de los empresarios.
Contesta en nombre del Gobierno la señora ministra de Ciencia y
Tecnología (Birulés Bertrán). Interviene para responder en esta
interpelación sobre una cuestión muy importante, como son las
garantías existentes en nuestro ordenamiento para que la información
genética no pueda ser utilizada para menoscabar la intimidad de los
ciudadanos y disminuir su autónoma capacidad relacional y
contractual, así como las garantías existentes para no ser
discriminados en dichas relaciones en atención a su patrimonio
genético, cuestión que aún toma mayor relieve después de la decisión
del Gobierno, a través de su Comisión interministerial de Ciencia y
Tecnología, de adoptar el compromiso y establecer las medidas para
que España esté presente en la segunda fase del genoma con la
intensidad que le corresponde. Expone una serie de consideraciones en
torno al alcance que supone este proyecto del genoma humano y
concluye invocando la confianza que le ofrece nuestro ordenamiento
respecto a la protección de los derechos constitucionalmente
reconocidos.
Contesta el señor Silva Sánchez, duplicando la señora ministra de
Ciencia y Tecnología.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor López
Garrido, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Fernández de
Capel Baños, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se suspende la sesión a las nueve de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL
GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO REALIZAR ALGUNA ACTUACIÓN O GESTIÓN
PARA SACAR A SINTEL DE SU ACTUAL SITUACIÓN? (Número de expediente
180/000471)
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día, preguntas. En primer lugar, preguntas
dirigidas al señor presidente del Gobierno.
Pregunta número 13, que formula el diputado don Gaspar Llamazares
Trigo.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, más de mil trabajadores
de la empresa Sintel acampan en la Castellana desde hace 23 días,
reivindicando un futuro para sus empleos y para su empresa. ¿Qué
piensa hacer el Gobierno? ¿Ha hecho algo?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señoría, el Gobierno
dará todo el apoyo que permita la legislación vigente a trabajadores
y gestores de la empresa cuando, en un diálogo constructivo, lleguen
a un acuerdo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, ésta no es una de las
cositas, sino uno de los problemas. Es cierto que esta privatización
no se hizo bajo su mandato, pero también es verdad que usted tiene
responsabilidad y capacidad para influir en la solución del problema
de Sintel. Señor presidente, usted ha sido el abanderado de la
política de privatizaciones; nos imaginamos que de sus éxitos, pero
también de sus fracasos y éste es un fracaso de la política de
privatizaciones: una empresa en la que, finalmente, nos encontramos
con una maniobra especulativa que no solamente no garantiza su
futuro, sino que pone en cuestión miles de empleos de trabajadoras y
trabajadores. Pero, señor presidente, no es sólo que usted,
filosóficamente, sea el abanderado de la política de privatizaciones,
sino que
usted es directamente responsable de esta privatización. Aunque usted
no haya hecho esta privatización, tiene mucho que ver con ella, tiene
mucho que ver con el vendedor, porque Telefónica es en estos momentos
una empresa del Gobierno y del Partido Popular, una empresa en la que
usted ha puesto y quitado rey y, por tanto, una empresa en la que
usted puede influir favorablemente. Por otra parte, tiene que ver con
el comprador, porque usted ha tenido relaciones peligrosas con el ex
comprador de la empresa Sintel, usted ha tenido relaciones peligrosas
con el señor Más Canosa. (Rumores.) El señor Más Canosa ha
participado en congresos del Partido Popular, en campañas del Partido
Popular y ha ido de viaje con usted, señor presidente. Por tanto,
esta privatización le toca muy directamente. Tiene usted capacidad y
responsabilidad para solucionar el problema de Sintel. Tiene a los
trabajadores en la Castellana; por suerte, más cerca, quizá en los
palcos de esta Cámara. Haga algo, por favor, señor presidente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señoría, el Gobierno
es consciente de la situación de Sintel, que afecta en torno a 2.000
trabajadores de su empresa matriz. Como sabe S.S., Sintel no es una
empresa pública, sino privada; como sabe S.S., el Gobierno no tiene
ninguna responsabilidad en la gestión de Sintel y, como sabe S.S., el
Gobierno no tiene por qué hacerse responsable de las condiciones en
las cuales otro Gobierno privatizó Sintel, ni, mucho menos, de a
quién la privatizó ese Gobierno.
Estamos ante una empresa que está en suspensión de pagos y en la cual
hay un expediente de regulación de empleo, y hay que instar -es lo
que le corresponde al Gobierno- al diálogo entre las partes para que,
en un diálogo constructivo, gestores y trabajadores puedan alcanzar
un acuerdo de viabilidad, un plan de viabilidad, y si hay un plan de
futuro para la empresa, un plan de viabilidad alcanzado por ese
acuerdo, entonces el Gobierno puede poner encima de la mesa todos los
instrumentos legales, todas las herramientas legales y todos los
apoyos para intentar ayudar en lo que significa el plan de futuro de
esa empresa.
Le quiero decir, señor Llamazares, que no debe perder la visión
general de las cosas. En el año 1996 se produjeron 5.600 expedientes
de regulación de empleo; en el año 2000, 3.500. Los expedientes del
año 1996 afectaron a 150.000 trabajadores y los del año 2000 han
afectado a 52.000 trabajadores. Desde un punto de vista general, la
apelación al diálogo, y en este caso el diálogo entre las partes, es
fundamental a la hora de la viabilidad de algunas empresas y de la
solución de algunos conflictos. Y, hablando de diálogo, yo quiero
apelar una vez más aquí y ahora a la responsabilidad de los agentes
sociales, que saben que la sociedad española está esperando
resultados de un diálogo social que para el proceso de creación de
empleo y para muchas empresas es fundamental.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL
GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS RAZONES DEL MALESTAR DE LA COMUNIDAD
CIENTÍFICA ANTE LA POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN DEL GOBIERNO? (Número de
expediente 180/000473)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 15, que formula el diputado don
José Luis Rodríguez Zapatero.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Aznar, creo que esta Cámara comparte que la ciencia es, sin
duda alguna, el motor del progreso; que un país grande es aquel que
tiene un sistema robusto de investigación y desarrollo y un afán
permanente por la cohesión social. En los últimos meses, se han
multiplicado las quejas y las protestas de investigadores de
universidad y hay un malestar evidente en la comunidad científica.
¿Puede el señor Aznar explicar cuáles son las razones de este
malestar?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Lo que puedo
asegurarle a S.S. es que ahora invertimos en ciencia e investigación
mucho más que antes, aunque, naturalmente, todavía hay que seguir
haciendo un esfuerzo muy grande porque nos parece poco.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
Señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: No sé si su añoranza por el pasado es el
síndrome que tiene del futuro; pero yo le pregunto por el hoy, ahora
y aquí.
Aquí la realidad es que tenemos un gasto en investigación que está en
la cola del de los países europeos. La realidad es que hay un sistema
que ha sido denunciado en esta Cámara hace unos días por quinientos
investigadores, que han propuesto más apoyo a la ciencia y que han
dicho que estaban desmoralizados. Haceunos días vimos un manifiesto
de mil investigadores
que decían que la política científica era obsoleta e ineficiente.
Hay pocos recursos y, lo que es peor, hay una mala gestión. Las becas
se conceden tarde y los proyectos tardan años en aprobarse. Hace poco
ha habido una convocatoria de parques científicos y la mayoría de las
universidades y de las comunidades autónomas han quedado fuera. Hay
una gestión muy mala, señor Aznar. No sé si tiene algo que ver que
usted presida la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología;
imagino que no, pero eso le implica a usted mucho más directamente.
Le quiero hacer un par de propuestas para que asuma ante esta Cámara
dos compromisos que me parecen fundamentales: Primero, cumpla, señor
Aznar, el plan de su Gobierno, el Plan de investigación científica y
desarrollo e innovación tecnológica. Comprométase aquí a que, en el
año 2003, se dedicará el 2 por ciento del producto interior bruto a
este gasto vital para el futuro de España; si no, estaremos dando la
espalda al futuro.
Segundo, presente un plan de recursos humanos para diez años -no para
un año, no para solucionar un agujero- para que haya un número
suficiente de 1.500 doctores al año que puedan incorporarse a las
universidades y a las oficinas públicas de investigación. Gane o
contribuya a ganar el futuro del desarrollo de España en el siglo XXI
y no piense tanto desde esta Cámara en su pasado o en lo que puede
ser el futuro en otro lugar. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Después de oírle,
espero que no me critique cuando hable del futuro; por otra parte, no
sé por qué dice usted que pienso mucho en mi pasado, más bien me
dedico a hacer proyectos a diez años para la vida española que, por
cierto, usted critica antes de conocer. (Risas.-Rumores.)
Tengo que decirle, señoría, que hay algunos datos concluyentes que
desmienten sus afirmaciones. La evolución del presupuesto público de
investigación y desarrollo, la función 54, ha sido en los últimos
años la siguiente: en el año 1990 se dedicaban a ella 208.000
millones de pesetas, el 1,1 por ciento del producto interior bruto;
en el año 1996 esa cifra descendió a 191.000 millones, es decir, el
0,6. Hemos pasado de 191.000 millones a 585.000, es decir, al 1,6 por
ciento del producto interior bruto. Se ha creado el Ministerio de
Ciencia y Tecnología y se ha puesto en marcha algo nuevo en la vida
política y en la tecnología española: se ha añadido la innovación a
los planes de investigación y desarrollo haciendo un plan de
investigación, desarrollo e innovación.
Para el año 2001 están previstos 10.000 millones en becas de
investigación, cantidad que no tiene precedente en la historia de la
investigación de nuestro país, y se van a duplicar los contratos de
investigadores respecto al año 2000. Del año 2000 a 2002 vamos a
destinar 72.000 millones de pesetas a financiar infraestructuras
científico-técnicas y, por otra parte, los parques científicos a los
que se acogen las universidades son limitados; no puede haber parques
científicos para todas las universidades, como todo el mundo que sepa
algo de esto puede entender. Y va a haber una convocatoria de
proyectos de investigación y desarrollo con el 50 por ciento más de
proyectos que en el año 2000, donde hubo el 25 por ciento más que en
1999.
Señorías, sabemos que hace falta mucho más para transformar España en
un país tecnológicamente de vanguardia. Estamos haciendo ese esfuerzo
y esperamos contar con el esfuerzo de todos los investigadores de la
comunidad científica y, por supuesto, también del sector privado, que
es muy importante. Esperábamos también superar otras carencias y ayer
lo hemos hecho. España, en su momento, bien porque tenía otras
prioridades o porque no supo entenderlo de esa manera, decidió no
participar en el desarrollo del proyecto Genoma. Eso se ha corregido
ayer y España participará en el desarrollo de ese proyecto con todas
sus consecuencias.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON JUAN CARLOS GUERRA ZUNZUNEGUI, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
OBJETIVOS PERSIGUE EL GOBIERNO CON SUS POLÍTICAS TENDENTES A
FAVORECER LA MOVILIDAD EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO? (Número de
expediente 180/000483)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 23, que formula el diputado don
Juan Carlos Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, usted anunciaba en el discurso de investidura la
necesidad de mejores universidades, abiertas, que no tuvieran
barreras de ningún tipo. Por otra parte, al final de la legislatura
pasada, el Real Decreto 69/2000 proponía -y se iba haciendo- la
sustitución progresiva por un sistema llamado de distrito abierto. En
el próximo curso las universidades españolas tendrán que reservar el
20 por ciento para los alumnos de fuera del distrito y prácticamente
en 2005 se llegará al distrito abierto. En la declaración de Bolonia
se dice que el sistema de créditos facilitará la
movilidad de los estudiantes de unas universidades a otras y en 1987
-quiero subrayar la fecha de 1987, puesto que fue dos años después de
la Ley de Reforma Universitaria- el Consejo Internacional para la
Educación y el Desarrollo, cuando hizo una visita de inspección
a España, indicaba: Nos preocupa lo que consideramos una marcada
tendencia de las universidades españolas a buscar sus estudiantes en
el área o región local y a elegir y promocionar a sus profesores en
gran medida dentro de su propia institución. Por eso digo que la Ley
de Reforma Universitaria no se preocupaba excesivamente del tema de
la movilidad de los estudiantes y fue el Gobierno Popular en la
anterior legislatura quien sin duda lo ha llevado a cabo con el
anuncio de la nueva ley de universidades que hizo el presidente en el
discurso de investidura. Por tanto, estamos seguros de que se han
dado y se van a dar pasos importantes al respecto.
Por todo ello, señor presidente, desearíamos conocer qué objetivos
persigue el Gobierno con sus políticas tendentes a favorecer la
movilidad en el ámbito universitario.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guerra Zunzunegui.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Sí, con mucho gusto.
El Gobierno ha fijado como meta para el sistema educativo en general,
y por supuesto también para la enseñanza universitaria, el incremento
de la calidad en todos los ámbitos y en todos los sectores. En
nuestra opinión, forma parte de un segmento muy importante de la
política educativa y del objetivo de fomento de la calidad la
movilidad de profesores y de alumnos.
En primer lugar, y entre otras cosas, pretendemos conseguir una mejor
vertebración de nuestro sistema educativo, porque pensamos que para
una sociedad que se denomina sociedad del conocimiento y quiere ser
una sociedad del conocimiento, nada más empobrecedor que el localismo
para intentar ir justamente en contra de lo que significa la
extensión del conocimiento. En segundo lugar, porque la calidad, la
excelencia educativa va también asociada a la movilidad de profesores
y de alumnos, que estimula los esfuerzos de unos y otros en aras a
adquirir más conocimiento. En tercer lugar, el fomento de la
movilidad refuerza la igualdad en nuestro sistema educativo, en el
cual se puede progresar en razón del mérito de cada uno pero no en
razón del lugar de procedencia o de algún otro privilegio. Por
último, introducir elementos de competencia en el sistema
universitario es bueno para la actividad docente y también lo es para
la actividad investigadora.
Como ha dicho S.S., hemos puesto en marcha el distrito universitario
abierto. La ley faculta a los universitarios
para elegir la universidad donde desean estudiar y yo creo que
eso es muy positivo. Hace muy pocos días, el Ministerio de Educación
ha puesto a disposición de los estudiantes una convocatoria de becas
dirigida a facilitar la movilidad, que espero que sea debidamente
utilizada. Y en cuanto a la movilidad del profesorado, la ley de
universidades, que traeremos a la Cámara a lo largo de esta
legislatura, contendrá mecanismos dirigidos a fomentarla. Justamente
esta mañana he tenido la oportunidad de recibir a la Conferencia de
decanos de las facultades de Medicina de España. Tienen dos programas
para la movilidad de los estudiantes que están siendo un éxito y van
a contar con un tercer programa para la movilidad de los profesores
que espero sea también un éxito importante. Necesitamos universidades
más abiertas, de más calidad y también una política de movilidad que
sirva a un país más cohesionado y más integrado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ RIVAS FONTÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS
QUE SE HAN SEGUIDO PARA ESTABLECER LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA
BÁSICA DEL MINISTERIO DE DEFENSA? (Número de expediente 180/000492)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Defensa.
En primer lugar, pregunta número 32, que formula el diputado don José
Rivas Fontán.
El señor RIVAS FONTÁN: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, es evidente que estamos inmersos en un nuevo mundo en
cuanto a política de defensa se refiere, siendo conocidos por todos
los esfuerzos que desde el Ministerio se están realizando para
racionalizar las estructuras de la defensa. En el Ministerio que
usted dirige se han operado unos cambios importantes para ajustar las
estructuras a ese nuevo mundo que exige la política de defensa y por
eso le ruego que informe a la Cámara de los criterios que han seguido
para modificar la estructura básica del Ministerio de Defensa.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rivas.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde):
Gracias, señora presidenta.Gracias, señor Rivas Fontán.
En efecto, señorías, la última reforma de la Ley orgánica básica del
Ministerio de Defensa responde a la necesidad de atender a los nuevos
retos que está asumiendo la defensa de nuestro país: la participación
en la estructura militar integrada en la Alianza Atlántica y el
desarrollo del head line goal europeo. El despliegue de misiones
multinacionales, como las que llevamos a cabo, en misión de paz, en
los Balcanes o, humanitaria, en Centroamérica, ha hecho que se
sintiera desbordada la Dirección General de Política de Defensa, que
era el centro gestor que desarrollaba toda esta política de relación,
uniéndola además a la coordinación del Instituto de Estudios
Estratégicos y a lo que derivaba en parte de la antigua Drisde, que
había quedado desintegrada al mismo tiempo en cuanto a coordinación
de la comunicación y en cuanto a coordinación con las universidades
y centros de investigación. Por todo ello, emprendimos una reforma
orgánica que hemos meditado pausadamente durante los primeros nueve
meses de esta legislatura y que ha dado como fruto el que esa antigua
dirección general se mantenga como elemento sustancialmente de apoyo
a una nueva Secretaría General de Política de Defensa que, con rango
de subsecretaría, coordinará, por una parte, toda la proyección
exterior de la defensa -piénsese hasta qué punto es importante
mantener ese rango de cara a la Presidencia española de la Unión
Europea durante el primer semestre del próximo año- y por otra, la
necesaria generación de una mayor conciencia de defensa, que se
orientará a través de una nueva Dirección General de Relaciones
Institucionales de la Defensa, que recupera funciones en parte de la
antigua Drisde, de comunicación social, coordina la acción del
Instituto de Estudios Estratégicos y despliega la devolución a la
sociedad de todos esos recintos, acuartelamientos, fortalezas
antiguas, etcétera, que ha sido necesario ir abandonando por el
repliegue territorial y que pueden formar un elemento básico de una
integración simbólica en la cultura de defensa.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ELENA GARCÍA ALCAÑIZ CALVO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE
EXPLICAR ELGOBIERNO EN QUÉ CONSISTE LA DENOMINADA OPERACIÓN
CAMPAMENTO? (Número de expediente 180/000493)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 33, que formula la diputada
doña Elena García-Alcañiz Calvo.
La señora GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Defensa, no hace mucho tiempo el ministro de
Fomento, señor Álvarez-Cascos, el presidente de la Comunidad de
Madrid, señor Ruiz-Gallardón, el alcalde de la capital, señor Álvarez
del Manzano, y usted mismo firmaron, en la sede del Ministerio de
Defensa, un acuerdo de bases para el desarrollo de la denominada
operación Campamento. La superficie de este área en Campamento está
dividida en dos zonas, como usted bien sabe. La primera, con más de
dos millones de metros cuadrados, ya está incluida en el Plan de
ordenación urbana de Madrid y la segunda, con casi siete millones,
cuya calificación es la de suelo no urbanizable, pero no programado,
necesita, como usted también sabe, de un plan específico de
infraestructura, que se podrá desarrollar a través del
correspondiente proyecto de actuación urbanística, los denominados
PAU.
El objetivo de reconvertir, si es que es así, los cuarteles situados
junto a la carretera de Extremadura, que hace tiempo, por diversas
razones, están infrautilizados, en un nuevo barrio, nos parece que es
una extraordinaria oportunidad para Madrid, ya que quedan, como todos
conocemos, muy pocos espacios de estas dimensiones y de estas
características. En este nuevo barrio, en el que habrá zonas verdes,
equipamientos deportivos, equipamientos de ocio, viviendas y oficinas
hasta más de 18.000, nos parece que S.S. quiere concentrar los
cuarteles generales de los tres Ejércitos, el Estado Mayor de la
Defensa y el propio Ministerio.
Si esta decisión que se va a adoptar fuese así, nos parece que
respondería a la idea que ya consta en el libro blanco del Ministerio
de Defensa que se publicó al final de la pasada legislatura, y
podríamos construir el llamado pentágono español, próximo también al
cuartel general del mando regional de la OTAN, situado en Pozuelo.
Por todo ello, señor ministro, creemos que es un gran acuerdo, que es
un modelo de actuación conjunta tanto de la Administración central
-del Gobierno de España- como de la Administración regional y
municipal. Por ello, le quiero hacer una pregunta y un ruego, señor
ministro. La pregunta es: ¿En qué consiste, si es así, la operación
de Campamento? Y el ruego es innecesario, porque estoy segura de que
pondrán ustedes todo su interés en que la situación...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora García-Alcañiz.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde):
Gracias, señora presidenta.
Señora García-Alcañiz, como muy bien ha expuesto S.S., la llamada
operación Campamento responde a tres principios esenciales en la
gestión de las infraestructuras del Ministerio de Defensa. En primer
lugar, como sabe muy bien S.S., que le ha dedicado tiempo al asunto,
a la racionalización de las estructuras, que es un proceso
derivado a su vez de un segundo principio. La profesionalización de
nuestras Fuerzas Armadas ha exigido, como he dicho anteriormente, un
repliegue territorial y ello obliga a optimizar, en tercer lugar, los
recursos inmobiliarios que otrora ocupara la fuerza desplegada
territorialmente y de la que era titular el Ministerio de Defensa. En
consecuencia, para rentabilizar al máximo las instalaciones,
desarrollamos una política que, por una parte, atiende, como también
he tenido ocasión de expresar anteriormente, a las instalaciones de
carácter cultural para lograr una mayor integración simbólica de los
ciudadanos, concertándolo con ayuntamientos, autonomías, etcétera, y
de otra parte, ya que se trata de posibles inmuebles urbanos,
concertándolo con autonomías y ayuntamientos, como es el caso de la
operación Campamento, en donde nada menos que se liberan nueve
millones de metros cuadrados en el sudoeste de Madrid, la mayor parte
de los cuales van a ser destinados a viviendas de protección oficial.
Eso implica que las tres administraciones, la central -de acuerdo el
Ministerio de Fomento con el de Defensa-, la autonómica y la local,
por medio del Ayuntamiento de Madrid, hayan constituido, el pasado 23
de enero, un grupo de trabajo que habrá de finalizar los mismos antes
del 31 de diciembre próximo, para que haya un trazado
interdisciplinar que permita poner a disposición de los madrileños
esos nueve millones de metros cuadrados, bien sean en
infraestructuras, bien en viviendas de protección oficial, que será
sin duda su uso prevalente. Al tiempo, el Ministerio de Defensa ha
aprovechado para anunciar que, bien sea en esa sede o en alguna otra
alternativa, dentro del mismo marco de principios al que me he
referido al comienzo de mi intervención, es decir, de optimización de
los recursos, aprovecharemos para formar, en efecto, un centro que
agrupe a los tres cuarteles generales, más el Estado Mayor de la
Defensa, más el propio Ministerio, sea en un pentágono o en la forma
geométrica que resulte y prefiera S.S.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ENRIQUETASELLER ROCA DE TOGORES, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ ADOPTANDO EL GOBIERNO PARA FOMENTAR LA SOLIDARIDAD,
EVITANDO EL RACISMO Y LA XENOFOBIA EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA?
(Número de expediente 180/000494.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de
Educación, Cultura y Deporte,
número 34, que formula la diputada doña María Enriqueta Seller Roca
de Togores.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, la finalidad esencial de una sociedad solidaria que
se nos presenta pluricultural y multiétnica está en conseguir
erradicar toda fuente de discriminación. Para ello se requiere la
implicación y corresponsabilidad de toda la sociedad, atendiendo de
manera muy especial a la formación como medio más sólido de
transmitir valores a los más jóvenes, ya que éstos contribuirán en el
futuro a definir sus conductas. Así opinan destacados psicólogos,
pedagogos, educadores y asociaciones de padres y profesores,
coincidiendo en resaltar que, junto a la familia, el área educativa
es el medio idóneo para fomentar conductas solidarias. Por ello,
consciente esta diputada del notable interés que en su Ministerio
despierta esta cuestión, le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué
medidas está adoptando el Gobierno para fomentar la solidaridad,
evitando el racismo y la xenofobia en los centros de enseñanza?
Muchas gracias, señora ministra.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Seller.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Gracias, señora presidenta.
Señoría, lo primero que tengo que decir es que el Gobierno considera
que la educación es el arma principal para combatir la xenofobia,
para combatir el racismo y, desde luego, para fomentar la
convivencia, la solidaridad y también la tolerancia.
Con este objetivo, mi departamento, el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, apoya todos los programas que supongan una forma
de acercarse y de encontrar solución a estos problemas y a estas
diversidades culturales. En relación con este tipo de programas,
quisiera destacar, entre otros, los siguientes. En primer lugar, el
programa de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí, en
funcionamiento desde el curso 1994- 1995. En segundo lugar, el
programa de educación compensatoria, en el que se incluyen todas las
acciones destinadas a la compensación educativa del alumnado que se
encuentra en situación de desventaja con respecto a los niños que han
tenido una escolarización regular. En este programa reciben atención
especial los hijos de refugiados y los hijos de inmigrantes. En
tercer lugar, el programa de la comisión de educación del pueblo
gitano, desde el que se coordinan las actuaciones educativas
dirigidas a atender a los alumnos que sufren algún tipo de desventaja
por su pertenencia a esta etnia. En cuarto lugar, el programa de
atención
educativa a la denominada población itinerante, en el que se atiende
a los niños que viajan con sus padres de manera constante por
distintas comunidades autónomas y, por tanto, no pueden seguir su
escolarización en un mismo lugar de manera permanente. En la
actualidad funcionan 13 aulas en empresas que se dedican al circo.
Hay un programa interesante también, que es el resultante del
convenio con la Fundación Internacional Menuhin y trata de ofrecer
recursos singulares a niños desfavorecidos por problemas de
segregación racial, marginación social o disgregación familiar. Desde
luego, el Ministerio de Educación considera prioritaria la formación
del profesorado en temas relacionados con la prevención de la
violencia y la mejora de la convivencia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL MINISTRO DE JUSTICIA: ¿ES
CONSCIENTE EL MINISTRO DE JUSTICIA DE QUE EXISTE UNA HUELGA DE CELO
ENCUBIERTA EN LA JUSTICIA ESPAÑOLA? (Número de expediente 180/000474)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Justicia. En primer lugar, pregunta número 16, que formula el
diputado don Juan Fernando López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, en los últimos meses han proliferado las reuniones
reivindicativas de jueces por toda España: protestas, quejas,
concentraciones, convocatorias de actuación e incluso de cese de
actividades. ¿Es consciente el Gobierno de que nos encaminamos hacia
una huelga de celo encubierta en la Administración de justicia
española?
PRESIDENTA:
La señora Muchas gracias, señor López Aguilar.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, de lo que el ministro de Justicia y el Gobierno son
conscientes y, además, contemplan cada día es que hay una gran
mayoría de jueces y de magistrados que realizan su trabajo con
dificultades arrastradas desde hace muchos años, que hemos presentado
un proyecto muy serio para resolverlas y que ponen mucho sacrificio y
mucho de su parte para administrar
justicia y para ser garantes de los derechos y libertades de todos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Señor ministro, todos somos conscientes de
que la justicia española es una maquinaria averiada, fallan casi
todas sus piezas, es una maquinaria que necesita algo más que una
operación cosmética, algo más que una operación de imagen; necesita
cirugía, necesita dinero, necesita responsabilidad y, por supuesto,
un gran pacto que acometa conjuntamente todos sus problemas, por
ejemplo, el de los funcionarios, no sólo el de los jueces y sus
demandas retributivas, también el de los funcionarios de la
Administración de justicia, que tienen demandas retributivas que no
pueden ser atendidas por un Gobierno que les escatima la recuperación
de su poder adquisitivo. Eso ha provocado protestas en toda España,
en Cáceres, en Lérida, en Zaragoza, también en Canarias, donde se
llevan convocando desde el pasado 12 de febrero paros de actividad
semanales, concentraciones, incluso reivindicaciones por escrito, que
están perfectamente justificadas porque allí se soporta una mayor
rotación en el servicio, menor fijación en el órgano y, sobre todo,
una carga de trabajo que casi cuadruplica la media del Estado. Hay
una entrada de 1.200 casos anuales en los órganos jurisdiccionales,
aun cuando se ven en los órganos judiciales, en Canarias, 40 ó 50
casos semanales. Y lo peor, la irresponsabilidad del sistema.
Los jueces culpan al Gobierno, su partido en Canarias culpa a la
comunidad autónoma y los ciudadanos, perplejos, paganos, víctimas de
un deterioro constante del servicio, incapaces de comprender que los
jueces, que son los encargados precisamente de realizar el Estado de
derecho, tengan que acudir a la huelga para poder reivindicar, en su
caso, lo que consideran sus derechos retributivos. Esto no soporta,
como he dicho, repasos parciales, parches parciales. Pongámonos a
trabajar, vamos a sentarnos a negociar. Los socialistas estamos aquí
para ofrecer soluciones -es lo que les reivindicamos-, para evitar,
entre otras cosas, que ustedes, cuando se cansen de porfiar las
sentencias que les son desfavorables, tengan que convocar también
manifestaciones contra los jueces que les llevan la contraria, que
les estropean la foto, que les recuerdan lo que no va bien, que les
recuerdan lo que va muy mal. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Aguilar.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, yo comprendo que usted tuviese preparada esta pregunta desde
antes, pero viene prácticamente con una semana de retraso y la verdad
es que ha perdido bastante actualidad. Yo le he citado a usted
algunas veces, y esta vez lo ha hecho usted, cómo iniciaba mi
comparecencia en la Comisión diciendo que no eran posibles reformas
parciales ni cosméticas. Por eso presentaba un plan global, un nuevo
modelo de reforma de la justicia.
Por encima de la situación específica en Canarias, a la que usted ha
hecho referencia, sobre todo, donde tenemos que centrarnos es en esa
reforma que haga una justicia más ágil, más eficaz, pensando en los
ciudadanos. Es verdad que en el paquete de medidas que hemos
presentado está una nueva ley de retribuciones que vaya vinculada a
esa reforma de la justicia, es decir, un mejor servicio, una justicia
de más calidad, una justicia en la que se incentive el esfuerzo y la
especialización. Ha sido además durante estos meses cuando ya hemos
tomado decisiones en esa materia.
Cuando habla usted del resto del personal al servicio de la
Administración de justicia, usted debería saber que el único acuerdo
que se ha alcanzado ha sido, durante estos meses, con todos los
sindicatos para mejorar las retribuciones del personal al servicio de
la Administración de justicia, y ya ha sido efectivo desde este mismo
año. Y los jueces pertenecientes a los grupos 8 y 9, que eran los que
tenían menores retribuciones, ya han visto compensada su situación.
Es verdad que hay que hacer una ley de retribuciones, que esa ley de
retribuciones, como dije el otro día en Comisión, tiene que ir unida
a una reforma de la justicia, para que ésta sea mejor, al servicio de
los ciudadanos, con mayor agilidad y con una mayor eficacia y
cercanía. (Aplausos.)
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JAIME JAVIER BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA:
¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO CON CARÁCTER INMEDIATO PARA
REBAJAR EL ATASCO DE ASUNTOS PENDIENTES ANTE LOS TRIBUNALES DE
JUSTICIA? (Número de expediente 180/000475.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 17, que formula el diputado don
Jaime Javier Barrero López.
El señor BARRERO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, confío en que no me hable del pasado, ni siquiera del
pasado de hace una semana.
Tienen ustedes ya tras de sí cinco años de Gobierno, señor ministro,
y la situación de la justicia es la siguiente:Los ciudadanos
consideran que la lentitud es el problema más grave de la justicia.
Los abogados entienden que el defecto más perjudicial del sistema
judicial son los atrasos. Nueve de cada 10 empresarios les dicen que
la mejor inversión que puede hacer el Gobierno para aumentar su
competitividad en los mercados es que la Administración de justicia
sea ágil. De acuerdo con ello, señor ministro, ¿qué va a hacer para
rebajar de manera inmediata, ahora, el atasco de asuntos pendientes
en los tribunales?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barrero.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, ¿pero cómo no le voy a hablar de hace una semana si estamos
todos de acuerdo en que el inicio esencial de una reforma de la
justicia es a través de un gran acuerdo y hemos hecho un modelo sobre
el que ponernos a dialogar?
Esa reforma de la justicia ágil que usted demanda y que es verdad que
hay que conseguir, como decía su compañero en la pregunta anterior,
no se hace a través de unas propuestas o reformas parciales. Se
necesita una reforma global de la justicia que aborde todos y cada
uno de los elementos que la componen, desde los procedimientos a los
métodos de trabajo, a la organización, a la descongestión, de los
juzgados y tribunales. Sólo sustituyendo el actual modelo de justicia
por otro que acordemos seremos capaces de dar una solución
definitiva, que no suponga un parche, a los problemas de que usted me
ha hablado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, hay soluciones de carácter parcial que tiene usted
que adoptar, al margen del famoso pacto para la justicia, para el que
nosotros les tendemos la mano, pero que no puede ser envoltorio o
justificación de su actitud pasiva.
En este momento, en los juzgados hay dos millones de asuntos sin
resolver. 700.000 asuntos civiles, 900.000 asuntos penales, 150.000
asuntos sociales y 400.000 asuntos contencioso-administrativos. Usted
tiene que decir algo a las personas que van a los juzgados y que
saben que la media de retraso para solucionar su problema es de
cuatro años. Usted tiene que decir algo a miles de ciudadanos con
siete millones de asuntos en los tribunales este año, que comprueban
que, con ustedes, el servicio público de la justicia no existe.
Quiero decirle algo importante. Nosotros estamos dispuestos, por
supuesto, a pactar y a apoyarles, pero tiene que tomar decisiones ya,
tiene que traer a esta Cámara ya instancias de arbitraje, una
legislación dedicada al arbitraje o a la mediación que impida los
litigios. Tiene que empezar ya a plantear la modulación de
productividad de jueces y magistrados por años, que se incentive
económicamente en función de su cumplimiento. Tiene que incentivar
esa productividad hablando de traslados. Tiene que traer ya a esta
Cámara decisiones que permitan una agilización real, porque el pacto
de la justicia por la justicia no era sino una realidad virtual.
Estamos para apoyarles, señor ministro, pero será responsabilidad
suya si no es capaz de decir algo a los ciudadanos, miles de los
cuales piensan que la justicia no es un un servicio por culpa, entre
otros, de ustedes, señor ministro. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barrero.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, primero tienen que ponerse de acuerdo en las intervenciones.
No puede uno pedir medidas parciales e inmediatas y otro, a
continuación, pedir un pacto global y que agrupe todas las
decisiones, porque es contradictorio. Tienen ustedes que ponerse de
acuerdo. (Rumores.) Es más, si nosotros trajésemos las medidas ya,
sin hablarlas con ustedes, dirían, como dijeron en Comisión: no tomen
medidas sin contar con nosotros. Y lo que queremos es contar con
ustedes. Por tanto, por favor, en asuntos tan serios, hagan unas
propuestas que sean coherentes e iguales, sea quien fuere el portavoz
que interviene en esta Cámara, sea en Pleno o sea en Comisión.
Como hemos tomado muchas decisiones concretas, decisiones que usted
me pide, se las voy a decir: Durante el año 2000 se han creado 150
plazas judiciales; durante el año 2001 se van a crear 105 plazas
judiciales nuevas; los presupuestos del Ministerio de Justicia se han
incrementado en un 9,7 por ciento; en el año 2001 se crearán nada
menos que 1.067 nuevas plazas de personal, con un coste que supera
los 4.200 millones de pesetas, y se destinarán 8.452 millones a la
creación de nuevas sedes de órganos judiciales y a las reformas de
equipamiento. Esto es presentar un modelo conjunto y, mientras tanto,
ir tomando decisiones que afectan de verdad a la agilización de la
justicia y a los intereses generales, que es lo que nos importa y
defendemos.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JUAN BLANCAS LLAMAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGFRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ REPERCUSIÓN
TENDRÁ LA DECISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO
ECONÓMICO (OCDE) DE REFORZAR EL CONTROL FISCAL DE INTERNET PARA
EVITAR EL FRAUDE FISCAL? (Número de expediente 180/000486)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Hacienda.
En primer lugar, la número 26, que formula el diputado don Juan
Blancas Llamas.
El señor BLANCAS LLAMAS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Hacienda, la globalización económica del mundo en
que vivimos está generando multitud de transacciones, sobre todo en
el campo de la informática, donde se producen millones de
transacciones que escapan de las fronteras y que se
internacionalizan. Es necesaria una regulación, una armonización, de
estos comportamientos, vía telemática, vía informática.
La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, con
sede en París y que aglutina a multitud, yo diría que a la mayoría,
de los países industrializados, está intentando armonizar y regular
este comercio electrónico, para evitar lo que se llama el fraude
fiscal. Esta organización propugna que los países industrializados
cobren los impuestos a estas empresas que operan vía Internet a
través de la red informática, tengan o no su sede en el país donde se
produzca la transacción. Estamos conociendo hoy día la movilidad
geográfica que se produce entre estas empresas que se dedican a
Internet, llamadas empresas. com; se trasladan a países donde la
legislación fiscal es light o suave o a países llamados paraísos
fiscales. No cabe duda de que aquellos países industrializados donde
se producen las transacciones salen perjudicados en su recaudación
fiscal. Sería interesante conocer los criterios del Ministerio para
que se tributase en el lugar donde se produce el hecho imponible, la
transacción, y que no se evada capital.
El Ministerio de Hacienda -nos consta, porque en su intervención de
la pasada semana hizo alusión a ello- tiene en marcha una reforma de
la Ley General Tributaria, que data, como todos sabemos, de 1963, y
que está produciendo un desajuste con la movilidad actual de este
tipo de empresas. Por ello, mi pregunta va dirigida al señor ministro
de Hacienda en estos términos: ¿Qué medidas o qué repercusión puede
tener esta decisión de la OCDE para reforzar el control fiscal de
Internet y evitar el fraude fiscal?
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Blancas.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Señor Blancas, efectivamente, el desarrollo de la sociedad de la
información está poniendo de manifiesto nuevas posibilidades de
crecimiento de la actividad económica y de la calidad de vida de los
ciudadanos. En el caso de la administración tributaria, estamos
tratando de colocarnos a la cabeza en la prestación de los servicios
telemáticos a los contribuyentes, a cuyos efectos hemos adoptado
medidas de apoyo a la inversión en nuevas tecnologías para empresas y
contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas en
estimación objetiva y vamos a acometer una nueva ley general
tributaria, en la que se contemple ese nuevo marco de relaciones
entre la Administración y el contribuyente a través de Internet.
Con todo, quiero subrayar que estamos ante nuevas oportunidades. Sin
duda, aparecen también elementos de riesgo, como los que ha citado S.
S., para el cumplimiento efectivo de las obligaciones tributarias.
Como ha dicho también correctamente, la OCDE está trabajando desde
hace tiempo en las implicaciones fiscales del desarrollo del comercio
electrónico. España participa activamente en esos trabajos a la vez
que analiza estos riesgos y oportunidades a nivel interno. Así, a
comienzos del año 1999, se creó una comisión, en el seno de la
Secretaría de Estado de Hacienda, que ha elaborado un informe para el
estudio del impacto del comercio electrónico en la fiscalidad
española. Este informe llega a establecer 231 recomendaciones, en las
que se analizan los grandes retos para los próximos años y que nos
permiten fijar la posición española en los foros internacionales.
Los principios que deben regir en la tributación del comercio
electrónico se pueden sintetizar en tres. Se necesita el máximo
consenso internacional, debido a su naturaleza transnacional; en
segundo lugar, deben evitarse discriminaciones con la tributación del
comercio tradicional y, en tercer término, la normativa fiscal no
debe convertirse en un obstáculo para el desarrollo de este nuevo
comercio. Apartir de ahí, nuestros objetivos se concretan en la
necesidad de unificar la identificación del sujeto pasivo en todos
los países, el control de las transacciones, la determinación de la
jurisdicción fiscal. La distinción deriva entre la entrega de bienes
y la prestación de servicios, entre otras cuestiones. Queremos
aprovechar a favor de los contribuyentes las oportunidades de la
sociedad de la información y reducir los riesgos tributarios
mejorando el control, sobre la base de un acuerdo internacional.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ISIDRO FERNÁNDEZ ROZADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA
SITUACIÓN ACTUAL DEL PARQUE EMPRESARIAL PRINCIPADO DE ASTURIAS?
(Número de expediente 180/000487.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 27, que formula el diputado don
Isidro Fernández Rozada.
El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Hacienda, el parque empresarial Principado de
Asturias es en estos momentos la actuación de mayor envergadura por
su significación social y económica para la comarca de Avilés. Esta
apuesta del Estado por la reactivación económica de la zona, llevada
adelante por el Gobierno de Aznar a partir del año 1997, después de
más de cinco años de paralización por parte del anterior Gobierno
socialista de Felipe González -conviene recordarlo-, ha suscitado la
unanimidad en su apoyo de todas las fuerzas políticas y sociales de
la comarca de Avilés.
La puesta en marcha del mayor polígono industrial de Asturias, con
más de 1.800.000 metros cuadrados y más de 7.000 millones de
inversión, está haciendo que se pongan, por parte de la ciudadanía,
grandes esperanzas en su consolidación, porque, como antes decía, es
muy importante para el futuro económico no sólo de la comarca de
Avilés, sino -me atrevería a asegurar- de Asturias en general. Sin
embargo, en los últimos meses, tanto desde el Gobierno socialista
local, desde el propio ayuntamiento, como desde el Gobierno del
Principado, venimos observando que se deslizan veladas acusaciones
sobre hipotéticos retrasos en el desarrollo de este polígono
industrial y una falta de compromiso del Gobierno de España, tanto en
su ejecución como en el compromiso reindustrializador.
Como esto es muy importante para el futuro de la comarca de Avilés y
de Asturias, yo le pregunto, señor ministro: ¿Cuál es la situación
actual del parque empresarial Principado de Asturias?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández Rozada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Señor Fernández Rozada, como muy bien recordaba S.S., en el año 1999
la SEPI puso en marcha, a través de su sociedad Infoinvest, un amplio
programa de revitalización de los activos empresariales actualmente
en desuso, con el objetivo de impulsar nuevos focos de
inversión y expansión económica y productiva mediante la
transformación de áreas que se habían convertido en auténticos
cementerios industriales, como consecuencia de los duros procesos de
reconversión que se realizaron en los años setenta y ochenta. Las
actuaciones son abordadas en colaboración con instituciones locales,
aunando esfuerzos e intereses con el objetivo común de trabajar por
el futuro de las áreas geográficas afectadas.
Debemos despejar cualquier duda en relación con la puesta en marcha
de estos proyectos, y ése es el sentido auténtico de la pregunta que
realiza esta tarde su señoría. Actualmente, el programa abarca casi
cinco millones de metros cuadrados, situados en el astillero Sagunto,
margen izquierda del Nervión y Avilés, Asturias. En concreto, el
parque empresarial Principado de Asturias cuenta con 2,2 millones de
metros cuadrados en la margen derecha de la ría de Avilés, en un
lugar ideal por su excelente ubicación geográfica, al borde de la
autovía y cercano a la estación de ferrocarril, al puerto y al
aeropuerto, por su tamaño y orografía y por la posibilidad de
aprovechar las sinergias con las compañías ya instaladas en Avilés y
su entorno.
El proyecto de parque empresarial Principado de Asturias supone una
inversión total prevista de más de 9.000 millones de pesetas, a los
que deben añadirse los 2.343 millones en que están valorados los
terrenos. Están prácticamente comprometidos los primeros 300.000
metros cuadrados de una primera fase con 45 empresas que ya tienen
contrato firmado. En conjunto, la inversión prevista por parte de
estas empresas asciende a 7.000 millones de pesetas y ello supondrá
la creación de 600 nuevos puestos de trabajo directos. Está previsto
que las primeras empresas empiecen a instalarse en el otoño del año
2001, momento en el que el parque iniciará su actividad. Éste es un
paso más para la adaptación de la economía asturiana a las nuevas
exigencias de este momento, para asegurar su competitividad
y proseguir en la senda de la creación de empleo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Montoro.
- DEL DIPUTADO DON JOXE JOAN GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO VASCO (EAJPNV), QUE FORMULAALSEÑOR MINISTRO DE FOMENTO:
¿COMPARTE EL MINISTERIO DE FOMENTO LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE
AMPLIACIÓN EXTERIOR DEL PUERTO DE PASAIA, DEFINIDOS POR LAAUTORIDAD
PORTUARIA DE PASAIA Y LA CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN
DE GUIPÚZCOA? (Número de expediente 180/000472)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Fomento.
En primer lugar, la número 14, que formula el diputado don José Juan
González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señor ministro de Fomento.
El empuje empresarial propio y característico de la sociedad vasca ha
generado en los últimos meses un planteamiento sobre la viabilidad de
la ampliación exterior del puerto de Pasaia, promovido por la propia
Autoridad Portuaria y la Cámara de Comercio, Industria y Navegación
de Guipúzcoa, a la que se han adherido después los agentes
empresariales y la Diputación Foral. Como saben, fruto de estas
iniciativas, en enero de este año se ha concluido el estudio sobre la
situación, diseño básico, inversión e impacto medioambiental
y socioeconómico, un estudio que sostiene que esta ampliación es
técnicamente viable, que estas nuevas instalaciones generarán
importantes volúmenes de inversión y de actividad a medio plazo y que
la liberalización de espacios interiores hace posible la regeneración
integral de la bahía de Pasaia, siendo además razonable pensar que se
puede doblar el actual tráfico de mercancías.
Señor ministro, al tratarse de un puerto de interés general del
Estado, con la actual legislación, la iniciativa ha de ser pública y
corresponde en concreto al ente Puertos del Estado. Y de ahí nuestra
pregunta sobre si participa el Ministerio de Fomento de estos
objetivos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Muchas
gracias, señora presidenta.
Señoría, el Ministerio de Fomento, es decir, Puertos del Estado, no
puede en estos momentos ni compartir ni dejar de compartir los
objetivos de un plan que formalmente desconoce y del que sólo tiene
noticias a través de las ruedas de prensa que ha dado recientemente
el presidente de la Autoridad Portuaria.
Por tanto, yo, en estos momentos, sobre la pregunta en concreto de si
compartimos o no compartimos, simplemente le tengo que decir que,
formalmente, en este momento, el Ministerio de Fomento desconoce en
concreto ese plan de ampliación.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor ministro.
¡Pues manos a la obra! Porque estamos ante una de las obras civiles
más importantes para Guipúzcoa en los próximos años, uno de los
proyectos más ambiciosos que, como le he dicho, no es sólo de la
Autoridad Portuaria, sino de las instituciones guipuzcoanas donde
están implicados los propios agentes socioeconómicos del puerto. Y es
uno de los proyectos más ambiciosos, tanto desde el punto de vista
económico, industrial y laboral, de generación de riqueza, de
ordenación del territorio en la comarca de Pasaia aldea, como de
regeneración medioambiental en la bahía, con una mejora sustancial en
calidad de vida de los ciudadanos de una de las comarcas más pobladas
y más castigadas por el declive industrial. Por eso le decimos, señor
ministro, que usted tiene que estar a la altura de las
circunstancias.
Usted sabe que la reforma de la Ley de Puertos en la pasada
legislatura ha dado pie a que se puedan hacer proyectos pioneros como
éste. En nuestra opinión, hay que avanzar en esta línea. Pasaia
podría ser sede de una experiencia piloto de construcción y gestión
mixta de un nuevo puerto, implicando en la misma a los agentes
empresariales y a las autoridades vascas y guipuzcoanas. Lo que no
queremos, señor ministro, es que usted pierda este tren.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señor
diputado, yo no he hecho ningún juicio de valor sobre las
posibilidades de este proyecto. Simplemente, le he dicho que, salvo
la rueda de prensa del pasado 7 de febrero del presidente de la
Autoridad Portuaria, en Puertos del Estado no tenemos más noticias
sobre la cuestión.
En todo caso, con carácter general, hay que decir que las
ampliaciones pueden tener justificación sobre la evolución de la
demanda previsible. En estos momentos, los datos de demanda
previsible que baraja la Autoridad Portuaria y Puertos del Estado en
el escenario actual, por las mejoras que están desarrollándose en el
puerto de Pasajes, son mantener este nivel de tráficos de 4.600.000
toneladas en el horizonte de 2006. Repito, los datos de tráficos
previsibles que hay en estos momentos.
En segundo lugar, las posibilidades de financiación son el segundo
componente, que nacen del propio sistema de financiación de los
puertos, es decir, de su autofinanciación, con un pequeño margen,
para que puedan recibir del Fondo de compensación algunos recursos,
que, en el caso de Pasajes, han sido necesarios para nivelar las
cuentas del último ejercicio. Hoy, el puerto de Pasajes digamos que
no está en una situación de solvencia financiera, por lo menos
aparente,
para acometer una gran obra de ampliación. Y tercero, es verdad que
una ampliación supone aumentar el potencial estratégico de captación
de tráficos. Quizá ése sea el punto de apoyo, pero no se pueden
ignorar los dos anteriores.
Por tanto, una vez que se conozca ese potencial estratégico, sus
fuentes de financiación y los tráficos previsibles, será el momento
en que Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria podrán ponerse en
serio a trabajar para sacar adelante estos objetivos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ISMAEL BARDISA JORDÁ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ GRADO DE
DESARROLLO TIENE EL PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO DEL AEROPUERTO DE
MADRID/BARAJAS, EJECUTADO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA
RESOLUCIÓN DE 10 DE ABRIL DE 1996 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, POR LA QUE SE FORMULA
LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTALDELAEROPUERTO DE MADRID/BARAJAS?
(Número de expediente 180/000488)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 28, que formula el diputado don
Ismael Bardisa Jorda.
El señor BARDISA JORDA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Fomento, del Aeropuerto de Madrid-Barajas,
últimamente, la prensa nos ha dado unos datos de que fue, durante el
año 2000, el de mayor crecimiento entre los grandes aeródromos del
mundo, según los datos publicados por la Organización Internacional
de Aeropuertos. Es un dato positivo que confirma la potenciación de
dicho aeropuerto como nudo de comunicaciones del sur de Europa.
Además, es positiva también la ampliación que de dicho aeropuerto ha
emprendido el Gobierno. Pero ello tiene que ser compatible con un
adecuado plan de aislamiento acústico para reducir el ruido generado
por las operaciones de las aeronaves sobre las viviendas incluidas en
la huella acústica.
La declaración de impacto ambiental del proyecto de ampliación del
Aeropuerto de Madrid-Barajas establece la elaboración y la aprobación
de este plan de aislamiento acústico que fue aprobado por la
Dirección General de Información y Evaluación Ambiental. Sabemos
y nos consta que desde el Ministerio de Fomento se está haciendo un
esfuerzo en este sentido y que se ha constituido la Comisión de
gestión del plan, de la cual forman parte todos los ayuntamientos
afectados, pero
nos interesa que esta Cámara conozca el grado de desarrollo de este
plan.
Por eso, señor ministro, le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué grado
de desarrollo tiene el plan de aislamiento acústico del Aeropuerto de
Madrid-Barajas, ejecutado de acuerdo con lo establecido en la
resolución de 10 de abril de 1996, de la Dirección General de
Información y Evaluación de Impacto Ambiental, por la que se formula
la declaración de impacto ambiental del Aeropuerto de Madrid-Barajas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bardisa.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Muchas
gracias, señora presidenta.
Señoría, la declaración de impacto ambiental del año 1996 exigió un
plan de aislamiento acústico. Este plan de aislamiento acústico se
apoya en el funcionamiento de tres órganos, una Comisión de gestión
del plan, de la que forman parte todos los ayuntamientos afectados,
la Comisión técnica, que es la que se encarga de supervisar los
proyectos de aislamiento, y la Comisión de gestión, que es la que
tiene la responsabilidad de aprobar los expedientes de aislamiento de
todas las viviendas afectadas.
En ejecución de este plan se comenzó realizando un censo, un censo
que estableció que había 12.033 viviendas con derecho a solicitud de
aislamiento acústico. De estas 12.000 viviendas, se han recibido en
AENA 10.100 solicitudes de aislamiento acústico y, de las 10.100, la
Comisión técnica y la Comisión de gestión han aprobado la inclusión
en el plan de un total de 9.861 viviendas. Hasta la fecha ya están en
marcha los trámites necesarios para la insonorización de 4.050 de las
que están aprobadas en los municipios de Madrid, Mejorada del Campo y
San Fernando de Henares. De las 4.050, finalizadas ya completamente
son un total de 1.254 viviendas, por un importe de 1.037 millones de
pesetas. Del resto de los expedientes, hasta 4.050, están en
ejecución 2.796 viviendas más, por un importe de 2.477 millones de
pesetas. Las primeras las terminadas en Mejorada, San Fernando y
Madrid y, de estas últimas, 1.400 en ejecución en Mejorada, 866 en
San Fernando y 523 en Madrid.
A la luz de estos datos, es posible cifrar con objetividad en el 45
por ciento, en estos momentos, el nivel de cumplimiento del plan de
aislamiento acústico y espero en los próximos meses impulsar
decididamente la insonorización del resto.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Álvarez-Cascos.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARISA ARRÚE BERGARECHE, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL
ES EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO DE LOS ACUERDOS FIRMADOS CON
LOS TRANSPORTISTAS EL 4 DE OCTUBRE DE 2000? (Número de expediente
180/000489).
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 29, que formula la diputada
doña Marisa Arrúe Bergareche.
La señora ARRÚE BERGARECHE: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Fomento, el precio del gasóleo de automoción, al
igual que el del otro carburante para distintos usos, experimentó un
incremento significativo en el año 2000. El Gobierno del Partido
Popular ha venido mostrando su sensibilidad frente a la repercusión
que tal circunstancia tiene inevitablemente sobre nuestras empresas
transportistas desde el primer momento de la crisis, producida por
factores externos.
A tal efecto, el Gobierno y las asociaciones representativas de
transportes, empresas de actividades auxiliares y complementarias del
transporte por carretera acordaron la puesta en marcha de medidas de
contenido fiscal y transparencia del marco del transporte. Estas
medidas abarcaban desde modificaciones del IVA, deducciones por
inversiones en vehículos menos contaminantes, aplicaciones de
deducciones fiscales por inversiones destinadas a la adaptación de
vehículos para mejorar la accesibilidad de personas de movilidad
reducida, reducción del impuesto sobre primas de seguros o la
remisión de diversas tarifas. Estas son sólo un ejemplo de las 36
medidas adoptadas por el Ministerio de Fomento y los transportistas.
Por ello, al Grupo Parlamentario Popular le gustaría saber cuál es el
grado de cumplimiento del Gobierno en los acuerdos firmados con los
transportistas el 4 de octubre de 2000.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Arrúe.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora
presidenta, señoría, la respuesta que le voy a dar a su pregunta
coincide con la información y el análisis que realizamos el pasado
día 13 de este mes con el Comité Nacional de Transportes en relación
con el seguimiento de los acuerdos del pasado mes de octubre.
De los veintiséis acuerdos que cita S.S. hay dos que, de momento, no
están cumplidos, que son el Decreto de deducción por inversión en
vehículos menos contaminantes y el Decreto de regulación de la
obligatoriedad de información en autovías y autopistas acerca de
estaciones de servicio disponibles y sus precios. Ambas actuaciones
están en estos momentos en fase de proyecto de real decreto, que
debemos de aprobar el Ministerio de Fomento, en el primer caso el de
Hacienda y en el segundo el de Economía, y espero que puedan ser
aprobados próximamente por el Consejo de Ministros.
Hay otros cuatro acuerdos que se encuentran en fase de cumplimiento.
La tramitación de la reforma de la legislación vigente en materia de
inspección, donde hay ya un borrador de anteproyecto a consulta con
las comunidades autónomas, la ejecución de un plan de básculas, que
estamos rematando y que persigue como objetivo la instalación de
quince básculas en la red estatal de carreteras este año, la
licitación de las obras de quince básculas, la implantación del
documento de control, que es responsabilidad de las comunidades
autónomas y del propio Comité nacional que no haya sido aprobado, y,
finalmente, un estudio sobre aportaciones del Gobierno en la sociedad
de garantía recíproca, tras aval, que estamos estudiando en estos
momentos.
Por lo tanto, podemos decir que en el momento actual están plenamente
cumplidos 20 acuerdos; creo que dos de ellos, los dos que no están
cumplidos, serán objeto de decretos de próxima aprobación por el
Consejo de Ministros y trabajaremos también en las próximas semanas
para rematar el cumplimiento de los cuatro restantes.
Querría añadir, al hilo de esta pregunta, que como estos acuerdos son
la base para el impulso del Plan de modernización del transporte, en
los próximos dos meses el Ministerio y el Comité nacional prevén
aprobar el Plan estratégico de transporte, el plan Petra, que sería
el remate definitivo del paquete de acuerdos entre el Ministerio y el
sector para modernizar en un futuro próximo el sector del transporte
por carretera en España.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON GUILLERME VÁZQUEZ VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUÉ SITUACIÓN SE ENCUENTRA EL
PROCESO DE NEGOCIACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y EL REINO DE MARRUECOS
PARAALCANZAR UN NUEVO ACUERDO DE PESCA QUE PERMITA EL MANTENIMIENTO
DE NUESTRA FLOTA EN ESAS AGUAS? (Número de expediente 180/000470)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
En primer lugar, pregunta número 12, que formula el diputado don
Guillerme Vázquez Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señor presidenta.
Señor ministro, la flota lleva quince meses amarrada, las
negociaciones entre la Unión Europea y Marruecos no avanzan, los
peores temores van tomando cuerpo y es por lo que le pregunto en qué
situación se encuentran las negociaciones entre la Unión Europea y el
Reino de Marruecos para alcanzar un nuevo acuerdo de pesca.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vázquez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Gracias, señora presidenta.
Los pasados días 8 y 9 del mes de febrero se celebró en Bruselas la
decimoprimera ronda negociadora entre la Comisión Europea y el Reino
de Marruecos para la consecución de un nuevo acuerdo de pesca.La
situación no experimentó avances apreciables respecto de acuerdos
anteriores, existiendo considerables diferencias entre las partes en
lo que respectaba a posibilidad de zonas de pesca, condiciones
técnicas, desembarcos y compensación financiera.
En el día de ayer y el día de hoy el comisario Fischler ha mantenido
otra ronda negociadora, la decimosegunda, con los negociadores
marroquíes. Se han hecho progresos en lo que afecta al número de
barcos de la Unión Europea que pueden faenar en las aguas, en lo que
respecta a la reducción de los desembarcos obligatorios, a las zonas
de pesca o a los períodos de descanso biológicos; sin embargo, siguen
existiendo fuertes discrepancias respecto a las demandas marroquíes
de compensación financiera comparadas con las posibilidades pesqueras
que se ofrecen. Por eso las negociaciones hoy no han concluido
favorablemente. El comisario Fischler tiene que consultar con los
gobiernos de la Unión Europea, y está previsto que después de esta
consulta, que se celebrará probablemente la próxima semana, el
ministro de Pesca marroquí vuelva a Bruselas para reencontrarse con
el comisario Fischler.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, permítame que le diga que está dibujando un panorama
equivalente, en mi opinión, a una situación o de no acuerdo o de un
acuerdo prácticamente inservible. Desde luego, acaba de exponer una
situación que confirma nuestros peores temores, lo que hace tiempo
calificábamos de crónica de un fracaso anunciado
está escribiéndose ya definitivamente. Señor ministro, en ese
fracaso que se perfila en el horizonte tienen especial
responsabilidad la Unión Europea y su Gobierno. Es más que evidente
que desde el inicio de las negociaciones el desinterés mostrado por
ambos es claro. La Unión Europea sigue empeñada, señor ministro -y
eso no lo debería dar por bueno-, en utilizar la pesca como moneda de
cambio y, por tanto, en ceder a terceros países la pesca a cambio de
otros intereses económicos. Sepa, señor ministro, que una falta de
acuerdo satisfactorio va a afectar de una manera especial, una vez
más, a Galicia, pagana de ese desinterés y de esa falta de defensa de
nuestros legítimos intereses. Desde luego, sepa también que la falta
de acuerdo va a afectar al 6 por ciento del empleo creado en la pesca
en mi comunidad. Señor ministro, ¿hasta cuándo se va a someter a
nuestra comunidad autónoma a una reestructuración permanente e
inacabable? Yo le pregunto: ¿hasta cuándo? Creemos, señor ministro,
que la falta de acuerdo es inaceptable. Por tanto, llegados aquí,
díganos usted qué es lo que nos queda por hacer. ¿Qué va a hacer el
Gobierno? Porque aparte de negar el evidente fracaso político, que lo
negará, ¿qué esperanzas va a dar al sector pesquero? ¿Qué futuro
espera a los trabajadores del mar? ¿A qué pretenden que se dediquen
si no se les garantiza un futuro en la actividad que siempre han
desempeñado?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCAYALIMENTACIÓN (Arias Cañete):
Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, la pesca no está siendo moneda de cambio de nada. Se
está discutiendo en términos estrictamente pesqueros. El propio
comisario Fischler está desarrollando personalmente las
negociaciones. Se está discutiendo capítulo a capítulo, porque se
quiere un acuerdo equilibrado que afecte a todos los segmentos de
flota. Es muy fácil cerrar un acuerdo que afecte a un solo segmento
de flota, pero el Gobierno quiere un acuerdo equilibrado que afecte a
toda la flota, y no está utilizando la pesca en absoluto como moneda
de cambio.
El Gobierno está llevando a cabo dos actuaciones: en primer lugar,
impulsar la negociación pesquera. El hecho de que, por primera vez en
unas negociaciones, un comisario esté presente en la mesa de
negociación demuestra que la presión del Gobierno está rindiendo
resultados. De una situación de no acuerdo hemos pasado a hablar de
un acuerdo de tres años de duración. De una situación en la que no
había posibilidades pesqueras para algunos segmentos de flota hemos
pasado a hablar de un acuerdo en el que todos los segmentos tienen
posibilidades de actuación. Es cierto que queda
distancia por recorrer, pero se trata de aproximarla. Por otra parte,
el Gobierno, alternativamente, está abriendo negociaciones con el
Gobierno de Túnez, con el Gobierno de Argelia, para abrir nuevas...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DOLORES GOROSTIAGA SAIZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿QUÉ POSICIÓN VA A DEFENDER EL
MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN PARA QUE LA REFORMA DE
LA ORGANIZACIÓN COMÚN DE MERCADO (OCM) DEL VACUNO NO PERJUDIQUE MÁS
AL SECTOR. (Número de expediente 180/000480)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 22, que formula la diputada
doña María Dolores Gorostiaga Saiz.
La señora GOROSTIAGA SAIZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ante la propuesta inesperada, y decidida con carácter
de urgencia, de la Comisión Europea de reformar la organización común
de mercado del vacuno, ¿qué posición va a defender el ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación para que la citada reforma no
perjudique aún más al sector?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gorostiaga.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCAYALIMENTACIÓN (Arias Cañete):
La propuesta que va a presentar la Comisión al Consejo de Ministros
va a ser beneficiosa para el sector vacuno nacional, porque las
medidas que incluye van a permitir, a largo plazo, recuperar la
confianza del consumidor, y a medio plazo, reducir los excedentes de
producción con los que nos encontramos por la crisis de la
encefalopatía espongiforme bovina. Por eso España va a apoyar todas
las medidas propuestas que tiendan a asegurar que los productos que
se pongan en el mercado sean seguros, de calidad, respetuosos con el
medio ambiente y aquellas medidas que estén dirigidas a reducir los
excedentes de producción.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Gorostiaga Saiz.
La señora GOROSTIAGA SAIZ: Señor ministro, no sé si me ha entendido
bien, yo que usted estaría preocupado
porque voy a intentar resumir la situación por la que están
pasando los ganaderos de este país.
En este momento están siendo víctimas de una situación de la que
algunos además les quieren hacer responsables y están al borde de una
quiebra generalizada. Solicitan al Gobierno medidas para paliar la
crisis y les envían a las comunidades autónomas, acuden al Gobierno
en busca de ayudas y les remiten a la Unión Europea, y ahora en la
Unión Europea se encuentran con una imprevista propuesta de reforma
de la OCM del vacuno que va a significar menos ayudas, una reducción
de primas en un 15 por ciento en el caso de España y un cambio en el
reparto de las cuotas que se plantea individual, lo que va a suponer
una pérdida en el mantenimiento de la producción, sobre todo en el
norte de España.
Señor ministro, lo que es cierto es que en estos momentos los únicos
ingresos que ayudan a los ganaderos a soportar su crisis son los
pagos de las primas, y la reducción que propone la Comisión sería
tanto como decir que se quiere llevar a cabo una reestructuración
brutal del sector a base de eliminar explotaciones familiares. Señor
Arias, otros países tienen ya en marcha programas de ayuda a los
ganaderos, programas nacionales con financiación nacional, Francia,
el Reino Unido, Alemania. ¿El Gobierno español se va a seguir
escudando en la disculpa de la Unión Europea -que, por cierto, ya
vemos cómo está financieramente- para no poner en marcha en España
programas de ayuda a los ganaderos similares a los de otros países?
Señor ministro, los ganaderos necesitan que su Gobierno se comprometa
con presupuesto. No sigan enviando a los ganaderos a Europa, pongan
de una vez dinero sobre la mesa. Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gorostiaga.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Señora presidenta, lo malo de trabajar sobre informaciones
periodísticas y no sobre documentos de la Comisión es que se comenten
errores de bulto, porque lo cierto es que usted se está refiriendo a
un primer borrador en el cual no se tenían en cuenta las primas a que
España tenía derecho en el año 2000. En primer lugar, el Gobierno
español actuó y en la propuesta definitiva de la Comisión, que tengo
a su disposición, se tiene en cuenta el año 2000 y España tendrá
derecho a 713.999 primas, no hay un 15 por ciento de reducción. En
segundo lugar, el Gobierno va a apoyar las propuestas de la Comisión,
la reforma de la OCM, porque disminuyen la oferta, se reduce el
número de vacas madres, con lo cual se reduce el número de terneros,
y podemos recuperar los mercados y los precios que quieren los
agricultores. En tercer lugar, respecto a las ayudas comunitarias,
las ayudas nacionales directas están prohibidas por el
derecho comunitario, ningún país las está pagando y España lo que
está haciendo es reclamar ayudas directas del presupuesto de la Unión
Europea idénticas a las que se abonaron a los ganaderos británicos en
la crisis de 1996. Esa es la posición de Francia, de España, del
Gobierno de Bélgica y es la que vamos a mantener en el Consejo de
Ministros de la Unión Europea.
Por otra parte, dentro de las posibilidades nacionales, el Gobierno
va a apoyar un paquete de créditos privilegiados para apoyar la
financiación de los ganaderos afectados por casos detectados en
explotaciones y para apoyar a todos los ganaderos que en este momento
tienen problemas de tesorería por razón de la crisis de mercado que
existe. Pero lo haremos siempre con respeto a la reglamentación
comunitaria, pidiendo nuestros derechos y exigiendo a la Unión
Europea que la solidaridad que tuvo con los británicos sea igual con
los ganaderos españoles. No se equivoque, señoría, y tenga usted en
cuenta que no hay reducción de primas como la que están publicando
algunos medios de comunicación, que no están atentos a los cambios
legislativos que se operan en Bruselas. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON GABRIEL MATO ADROVER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ REPERCUSIÓN
TENDRÁN LOS ACUERDOS DEL CONSEJO DE MINISTROS DE AGRICULTURA DE LA
UNIÓN EUROPEA, CELEBRADO EL PASADO 19 DE DICIEMBRE, EN RELACIÓN CON
LA REFORMA DE LA ORGANIZACIÓN COMÚN DE MERCADO (OCM) DEL PLÁTANO?
(Número de expediente 180/000491)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 31, que formula el diputado don
Gabriel Mato Adrover.
El señor MATO ADROVER: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, varias han sido las ocasiones en que hemos tenido la
oportunidad de intervenir en esta Cámara en relación con la reforma
de la OCM del plátano y seguramente, dada la importancia que este
cultivo tiene para Canarias, como usted bien conoce, no será la
última. Es por ello por lo que hoy, tras el acuerdo adoptado el
pasado mes de diciembre por el Consejo de Ministros de Agricultura de
la Unión Europea, me gustaría, en primer lugar, felicitarle
públicamente, porque en Canarias todos somos conscientes del esfuerzo
del Gobierno de España para obtener un resultado satisfactorio.
Creemos que ha sido un acuerdoaceptable, pero queremos ir un poco más
allá. Sabemos
que la Comisión ha presentado al Consejo una propuesta de reglamento,
conocida como iniciativa EBA, en la que se propone eliminar todas las
trabas al comercio de los países menos avanzados, es decir, aquellos
con una renta media inferior a la mitad de la renta media mundial. La
propuesta establece que para productos como el plátano se produciría
a partir de 2006 una liberalización plena, esto es, sin contingentes
y sin aranceles para los plátanos que provienen de estos países, lo
que conlleva ciertos peligros, además de abrir las posibilidades
a empresas multinacionales para iniciar inversiones en estos países,
aprovechándose de las ventajas comerciales que disfruta la producción
de los mismos en su acceso al mercado comunitario.
Con ese horizonte, señor ministro, las propuestas efectuadas por el
sector platanero como medidas complementarias a las que determina la
propia OCM, como puedan ser la ayuda al transporte, incorporando el
plátano al conjunto de mercancías que se benefician de la ayuda al
transporte con origen y destino en Canarias, sin menoscabo, eso sí
hay que dejarlo muy claro, de los beneficios de los que hoy
disfrutan, por ejemplo, el tomate, o una intensificación de las
campañas de promoción de consumo del plátano de Canarias, prolongando
dicha campaña durante toda la temporada, o bien el establecimiento de
incentivos a la concentración vertical, es decir, facilitando los
grupos producción-maduración- comercialización, de forma que se
permita establecer una estructura de maduración propia en la
Península, son, entre otras, posibles fórmulas adecuadas para paliar,
en su caso, las posibles repercusiones que pudiera tener el
desarrollo del citado acuerdo sobre la reforma del reglamento de la
OCM del plátano, sobre las que hoy le pregunto.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mato.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCAYALIMENTACIÓN (Arias Cañete):
Muchas gracias, señora presidenta.
El acuerdo adoptado pone fin a un duro y largo proceso de reforma de
la OCM del sector del plátano. La primera repercusión sobre el sector
será dotarle de la estabilidad necesaria para su regulación futura,
al incorporarse en la OCM los elementos sugeridos por la propia
Organización Mundial de Comercio para solucionar el conflicto sobre
su incompatibilidad con las normas del GATT. El mantenimiento de la
ayuda compensatoria y la mejora en la gestión de esta ayuda
contribuirán a garantizar el nivel de renta de los productores
comunitarios y a solucionar los problemas de tesorería de los
productores por el desfase de pagos. Y durante un período de cinco
años se va a mantener un régimen de importación que limitará las
cantidades de
plátano a importar procedentes de terceros países en condiciones
preferenciales, en el que tanto los niveles de contingentes como las
referencias arancelarias son básicamente las mismas que en la
situación anterior a la reforma.
Donde se van a producir grandes cambios es en la gestión de estos
contingentes, gestionados a partir de ahora por un método abierto a
todos los países y operadores en igualdad de condiciones. Este
sistema dará opción a entrar a los operadores españoles que no eran
importadores tradicionales. Además, los países productores de la
Unión Europea consiguieron en el Consejo de Asuntos Generales del
pasado 9 de octubre asegurar en sus conclusiones que no se producirá
el paso automático al sistema de Tariff only, petición reiterada
continuadamente por el sector en España. La instalación de un régimen
de esas características sólo se producirá al término de las
negociaciones en el marco de la Organización Mundial de Comercio y
además, antes de que esto ocurra, la Comisión Europea tendrá que
presentar un informe que tenga en cuenta la situación de los
productores y consumidores comunitarios y los compromisos de la Unión
Europea con los países ACP.
En conclusión, la reforma adoptada no supone grandes cambios en un
futuro inmediato para los productores comunitarios, permitirá a
nuestros operadores participar en el régimen de importación en
igualdad de condiciones que los demás países, abre la puerta a
consolidar un nuevo sistema de contingentes que pueda hacer
innecesaria la futura aplicación de un régimen de importación basado
sólo en la aportación arancelaria y deja en manos de una mayoría
cualifica del Consejo de Ministros toda decisión sobre la aplicación
de este sistema.
Respecto de la segunda inquietud manifestada por S.S., el Gobierno es
consciente de este problema, que afecta no sólo al plátano, sino al
arroz y al azúcar y, por lo tanto, en el próximo Consejo de Asuntos
Generales buscaremos las mayorías de bloqueo y minorías de bloqueo
suficientes para que esta propuesta no pueda prosperar.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON MIGUEL ANTONIO CAMPOY SUÁREZ, DEL GRUPO
PARLAMETNARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿CUÁL
VA A SER LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE RESTAURACIÓN
HIDROLÓGICO- FORESTAL DURANTE EL PRESENTE AÑO 2001? (Número de
expediente 180/000490)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Medio
Ambiente, la número 30, que
formula el diputado don Miguel Antonio Campoy Suárez.
El señor CAMPOY SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.
Uno de los problemas medioambientales más preocupantes que se
producen en nuestro país es el avance de la erosión y la
desertización. Las tareas de repoblación forestal se deben
complementar con la restauración hidrológico-forestal como vía
importante de lucha contra este problema. La restauración
hidrológico-forestal contribuye eficazmente a evitar la pérdida de
suelo y al arrastre de tierras, manteniendo la necesaria humedad del
suelo y propiciando el crecimiento de la vegetación. Por otro lado,
es una exigencia constante en las declaraciones de impacto ambiental
de las obras públicas, cuya ejecución ayuda de forma importante a la
aceptación social de la nueva infraestructura, posibilitando la
consecución del desarrollo sostenible. Además de efectos
beneficiosos, como la reducción de riesgos de avenidas e
inundaciones, facilita que en el entorno de las obras hidráulicas se
desarrollen actividades de ecoturismo, senderismo y otras, muchas de
ellas apoyadas con fondos europeos, como es el caso del proyecto
Life. Estas actuaciones tienen también una faceta importante de
divulgación de valores ambientales. Si, además, la restauración se
realiza con especies autóctonas, se puede contribuir de forma eficaz
a la conservación de la biodiversidad y a mantener el ecosistema de
la manera más próxima a su estado original, tal como se consigue
también manteniendo los caudales ecológicos adecuados. Así, ya se
están llevando a cabo numerosas actuaciones en diversos ríos, entre
las que cabe destacar las concernientes al Segura. En los
Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio, en el
programa 512.A, de obras hidráulicas, se fija como actuación
prioritaria proteger el medio hídrico natural mediante la
restauración de márgenes, repoblaciones forestales y conservación en
general del medio ambiente. Habida cuenta de la importancia de estas
cuantías, es necesario controlar su destino final y la eficacia de
las inversiones abordadas, máxime cuando el borrador del proyecto de
ley del Plan hidrológico nacional destina una inversión
importantísima, 1.860 millones de euros, a la restauración
hidrológico-forestal. En el artículo 23 del Plan hidrológico se
establece una cuota ambiental, dentro del canon de trasvase, que se
destinará íntegramente a compensar a las cuencas cedentes por el agua
trasvasada mediante actividades entre las que se señala expresamente
la restauración hidrológicoforestal.
Por todo ello, señor ministro, le formulo la pregunta cuyo tenor es
el siguiente: ¿cuál va a ser la política del Gobierno en materia de
restauración hidrológico-forestal durante el presente año 2001?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campoy.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias,
señora presidenta.
Efectivamente, una de las prioridades del Ministerio de Medio
Ambiente durante esta legislatura es la de reforzar y desplegar
políticas eficaces de restauración hidrológico-forestal. La
estrategia se basa en los siguientes objetivos: la lucha contra la
erosión para frenar la degradación de suelos, reducir el aporte de
sedimentos y, al mismo tiempo, reducir el riesgo por avenidas e
inundaciones; la conservación de zonas de elevado valor ambiental y
la recuperación de la morfología, flora, fauna y espacios naturales,
respetando la dinámica y diversidad ecológica propia; la integración
y revalorización de los cursos fluviales en sus tramos urbanos,
corrigiendo impactos generados por la actividad humana y
acondicionando pasillos verdes para una interacción entre el hombre y
los ríos más respetuosa, y la protección de las personas y las
poblaciones que se encuentran sometidas a un riesgo potencial por
avenidas.
En el año 2001 se va a producir un importante impulso en este tipo de
actuaciones dentro de estos objetivos que he señalado en esta
materia. El presupuesto para este ejercicio recoge una dotación de
63.600 millones de pesetas, destinados todos ellos a actuaciones de
restauración hidrológico-forestal, que significa ni más ni menos que
un incremento del 112 por ciento con respecto al año 2000. También
tengo que recordarle, señoría, la importancia que tiene el compromiso
financiero establecido por el Ministerio y por el Gobierno en el
proyecto de Plan hidrológico nacional recientemente aprobado, con una
inversión de más de 310.000 millones de pesetas y un horizonte
temporal hasta el año 2008.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO JOAN IGNASI PLA I DURÁ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿LE PARECE AL
MINISTRO DEL INTERIOR QUE LAS COLAS PARA COMPRAR DROGA EN VALENCIA
DEMUESTRAN QUE LAS COSAS VAN BIEN? (Número de expediente 180/000476)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro del
Interior. En primer lugar, pregunta número 18, que formula el
diputado don Joan Ignasi Pla i Durá.
El señor PLA I DURÁ: ¿Le parece al ministro que las colas para
comprar droga en Valencia demuestran que las cosas van bien?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pla.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señora presidenta, un
hecho con las características que usted describe y que yo no pongo en
duda no puede empañar los avances indudables e importantes en la
lucha contra la droga que están protagonizando tanto el Plan Nacional
como la Delegación del Gobierno.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Pla.
El señor PLAI DURÁ: Señor ministro, en las declaraciones del delegado
del Plan Nacional sobre Drogas subyace la filosofía que su
departamento aplica a este complejo y dramático problema.
La frivolidad del tratamiento molesta; especialmente a miles de
ciudadanos valencianos que, día y día y desde hace algunos años,
soportan de manera estoica la incapacidad de las distintas
administraciones públicas gobernadas por su partido para hacer frente
a este problema.
Ustedes se empeñaron en llevar la cuestión al ámbito policial y ahora
esos planteamientos equivocados se les vuelven en contra. Rita
Barberá afirmaba hace años que en Valencia los únicos camellos serían
los de los Reyes Magos. Pues bien, ahora los camellos, además de en
la cabalgata, campan a sus anchas por distintos barrios de la ciudad,
por supuesto, los más humildes. La desconfianza ciudadana en el
ámbito en el que ustedes situaron el asunto, el de la seguridad, cada
día es mayor. Esa desconfianza creciente no es casual. Los vecinos
contemplan desesperados cómo, desde hace años, denuncian de manera
reiterada los lugares en los que se trafica a plena luz del día,
incluso cerca de colegios; y denuncian a las personas que facilitan
esa droga a los pequeños traficantes sin que la alcaldesa ni los
respectivos delegados del Gobierno se den por enterados. Cuando el
escándalo es mayúsculo, lo que hacen es atacar directamente a
aquellos que menos tienen que ver con la cuestión, que son los
drogodependientes, dejándolos incluso desamparados, pero son
incapaces de hacer frente a los medianos y pequeños traficantes; esos
que pasean impunemente con vehículos potentes amedrentando a los
vecinos porque han osado denunciarles.
Señor ministro, rectifiquen su errónea posición. A nuestro entender,
lo que tienen que hacer es situar la prevención en un lugar
preeminente. Equilibren la actuación policial permanente con los
debidos tratamientos
asistenciales y rehabilitadores. Coordinen e incrementen los
esfuerzos para atender a los drogodependientes y a sus familias. En
el ámbito policial, por favor, no se trata de amedrentar a los
drogodependientes cuando tienen ustedes presión social; se trata de
romper claramente con aquellos pequeños traficantes que generan
inseguridad. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pla.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, todo indica que esta cola de drogodependientes, esta
aglomeración, se produjo en un momento y en una circunstancia en la
que, evidentemente -tiene usted razón-, no había suficiente presencia
policial.
Sabemos que en España se producen, lamentablemente, puntos de venta
que en ocasiones son difícilmente evitables. Pero usted, que es de
Valencia, recuerde lo que sucedía en Malvarrosa hace una década,
valoremos la existencia de esos puntos de venta en términos relativos
y comparativos y valoremos las tendencias. Hace dos, tres, cuatro o
cinco años, ¿había en España más o menos puntos de venta? La
respuesta es obvia; pero le diré a S.S. que su pregunta no puede ser
más oportuna en el día de hoy. Valoro mucho su opinión, pero hoy a
las doce la mañana se ha presentado en Viena el informe anual
correspondiente al año 2000 de la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas. Le aconsejo que
lea los elogios a la política española tanto en el ámbito de la
prevención como en el de la represión. (Rumores.- Protestas.-
Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, por favor, señor ministro.
Señorías, ruego guarden silencio.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): En el ámbito de la
Unión Europea se han escogido nueve países para financiar la puesta
en marcha de los planes nacionales, y la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas ha conseguido gestionar en cinco países
la puesta en marcha de esos proyectos: Hungría, Eslovenia, Rumania,
Lituania y Letonia. No debe estar haciéndolo tan mal el Plan Nacional
sobre Drogas.
Además, hablando también de Valencia, señoría, en el ámbito de la
prevención, le recuerdo que en el año 2000 se puso en marcha el
proyecto de intervención integrado por especialistas sanitarios
coordinados por la Consellería de Bienestar Social de Valencia, que
ha atendido a 1.415 detenidos y ha desviado un 40 porciento a la
asistencia sanitaria.
Señoría, la valoración es esperanzadora en el ámbito de la Unión, en
el ámbito español y en el ámbito de Naciones Unidas. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JORDI PEDRET I GRENZNER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ
NEGOCIACIONES HALLEVADO ACABO EL MINISTRO DEL INTERIOR CON LOS
INMIGRANTES ENCERRADOS EN HUELGA DE HAMBRE? (Número de expediente
180/000478)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 20, que formula el diputado don
Jordi Pedret i Grenzner.
El señor PEDRET I GRENZNER: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ¿qué negociaciones ha llevado a cabo el Ministerio
del Interior con los inmigrantes encerrados y que estuvieron en
huelga de hambre, principalmente en la iglesia de Santa María del Pi
y otras iglesias de la ciudad de Barcelona?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pedret.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señora
presidenta.
La Delegación del Gobierno en Cataluña ha propiciado todas las
negociaciones y conversaciones posibles dentro del respeto y del
marco de la Ley de extranjería.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor PEDRET I GRENZNER: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, todos vimos en la televisión las imágenes de
destacados representantes de la Administración del Estado en
Barcelona aceptando la negociación con los inmigrantes encerrados;
vimos la aceptación de la mediación del Sindic de Greuges, y la
posterior dimisión de esta responsabilidad por parte del Sindic de
Greuges no elimina el hecho de que ustedes la aceptaran; vimos cómo
se hablaba con los inmigrantes. Ello demuestra, señor ministro -a mi
entender y creo que también al de mi grupo- que ustedes, como no
podía ser menos, están reconociendo en la práctica los derechos
fundamentales -aunque ayer un portavoz de su grupo parlamentario
negara este carácter de derecho fundamental- de manifestación, de
asociación, incluso
de sindicación por parte de los inmigrantes, y de reunión
evidentemente, puesto que estaban obviamente reunidos. Señor
ministro, a nuestro juicio, esto pone de manifiesto que hay
determinados aspectos de la Ley 8/2000, que se empeñaron ustedes en
aprobar, que son de aplicación absolutamente imposible incluso por
ustedes, que actúan en contra de lo que dice esta ley que no nos
gusta.
Señor ministro, en nuestro país existía una complicada cuestión de
inmigración que ustedes consiguieron convertir en un problema con la
aprobación de la ley, pero este problema, como venimos diciendo en
los últimos tiempos con más intensidad que antes, no es sólo un
problema del Gobierno; es una cuestión que afecta a toda la sociedad,
a todos los que vivimos en España, seamos ciudadanos españoles o
inmigrantes. Por ello, señor ministro, es necesario dar solución por
la vía de la negociación que iniciaron ustedes en Barcelona a los
problemas que ahora plantea la inmigración. Señor ministro, es
necesario que hablemos cuanto tengamos que hablar sobre el tema, que
lleguemos a acuerdos sobre la cuestión y que los apliquemos
conjuntamente, porque todos, absolutamente todos, somos necesarios
para resolverla. Hablemos, señor ministro, actuemos conjuntamente.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pedret.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señora
presidenta.
Me alegro, señoría, de que le resulten incuestionables la voluntad de
diálogo y el esfuerzo que ha hecho la Delegación del Gobierno en
Cataluña, primero en contacto directo con los inmigrantes, después
con la mediación del Sindic y a través de una comisión técnica entre
los abogados de ambas partes, pero, si me lo permite, esta no es la
cuestión de fondo. En primer lugar, hay que analizar por qué existe
esta situación en Cataluña y en segundo lugar definir el marco del
acuerdo de futuro posible. Su señoría no dice que el problema de
Cataluña, derivado del alto número de denegaciones de regularización,
se produce por el hecho de su proximidad geográfica con Francia. Como
hubo un volumen importante de inmigrantes de carácter irregular que
no habían regularizado su situación en Francia, fueron objeto de
mafias de paquistaníes e hindúes de Bangla Desh y por ello vino un
número tan importante a Cataluña. Eso explica la diferencia de
Cataluña respecto del resto de España.
El tema de fondo, señoría, es el marco del acuerdo. Nosotros sólo
tenemos un objetivo en la inmigración que nos parece indispensable y
es el fomento del hábito de la legalidad y la multiplicación de los
instrumentosde la misma. Señoría, el Gobierno no puede asumir que
los inmigrantes irregulares que no se encierran tengan menos derechos
que los inmigrantes irregulares que se encierran. Por tanto, seguimos
y seguiremos abiertos al diálogo, pero con el referente de la Ley de
extranjería. Y si usted me daba un consejo, yo le voy a dar otro con
el mismo respeto y con el mismo cariño: en un tema tan importante no
se puede jugar con dos barajas. El alcalde de Barcelona no puede
venir a hablar conmigo para tratar de resolver el tema y al mismo
tiempo hacer oposición en esta materia. No se puede pedir un pacto de
Estado y al mismo tiempo, como han hecho hoy ustedes a través del
PSC, anunciar la presentación o el apoyo a un recurso de
inconstitucionalidad de la ley. Escojan ustedes el papel, el que
ustedes quieran; los dos son respetables, los dos son democráticos,
pero escojan uno. El Gobierno ya saben donde está, señorías.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON RAMÓN JÁUREGUI ATONDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿PIENSA EL
GOBIERNO ATENDER LAS PETICIONES DE LOS DEFENSORES DEL PUEBLO Y DE LA
CONFERENCIA EPISCOPAL EN MATERIA DE REGULARIZACIÓN DE INMIGRANTES?
(Número de expediente 180/000477)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 19, que formula el diputado don
Ramón Jáuregui Atondo.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ¿piensa el Gobierno atender las peticiones que le han
hecho los defensores del Pueblo y la Conferencia Episcopal en materia
de regularización de inmigrantes?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jáuregui.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señoría, el Gobierno ya
ha anunciado oficialmente que atenderá las sugerencias del Defensor
del Pueblo. La Conferencia Episcopal -lo ha dicho su presidente- no
ha tomado posición respecto a la extranjería ni respecto a la ley y
su portavoz, como no podía ser de otra forma, lo único que ha
manifestado es que apliquemos con criterios humanitarios la referida
ley, señoría.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señora presidenta, señor ministro, pocas
veces un problema como este ha alcanzado tal grado de unanimidad.
Existe una opinión pública y publicada que coincide en la necesidad
de que hay que encontrar una solución para el problema de los
inmigrantes, no ya sólo para los que están encerrados, sino para los
que no tienen papeles y quieren trabajar y pueden hacerlo en nuestro
país. La Conferencia Episcopal se ha sumado a esta petición, que
previamente habían hecho antes el Defensor del Pueblo, los defensores
del Pueblo autonómicos, los parlamentos autonómicos e incluso esta
misma Cámara ayer por la tarde, en un debate en el que todos los
grupos manifestaron este deseo, así como los colegios de abogados
y las editoriales, todo el mundo; como le decía, hasta la Conferencia
Episcopal, que efectivamente ha dicho que se hagan todos los
esfuerzos posibles. La Conferencia Episcopal, señor ministro, ha
reflejado un elemento natural del mensaje evangélico, que es la
misericordia con quienes sufren. Desde este escaño yo le hablo en
nombre de una cultura humanista, que es la cultura de la solidaridad
y de la igualdad. Hágalo usted como quiera, porque se lo pide todo el
mundo en España o porque se lo pide la Conferencia Episcopal, y
aunque sus relaciones con ésta durante estos últimos días no son muy
buenas, yo sé que es usted un hombre de fe: hágalo por solidaridad o
por eficacia de Gobierno, pero hágalo antes de irse, señor ministro,
porque es una necesidad de este país. No olvidemos que no hablamos de
inmigrantes sino de personas, señorías, personas con derechos que
queremos defender, aquí y en Barcelona. Queremos pactar con usted
para hacer una política juntos, la política de la convivencia y de la
integración. Esa política, porque hablamos de personas, queremos
hacerla junto con ustedes. Ahí nos encontrarán hoy y mañana, señor
ministro. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Jáuregui.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señora
presidenta.
En primer lugar, señoría, quisiera hacer una pequeña matización. Si
hay alguna dificultad hoy en el tratamiento de la inmigración en la
Unión Europea y no sólo en España, es que precisamente es el problema
que más divorcia a la opinión pública de la opinión publicada,
señoría. Esta es la dificultad principal; no exactamente lo que usted
dice, sino todo lo contrario.
He tenido ocasión de hablar con el portavoz de la Conferencia
Episcopal una vez conocida esa declaración y únicamente me remito a
lo que él me dijo. Respecto a esta cuestión le vuelvo a reiterar que
insistió en lo que son recomendaciones de carácter humanitario. Pero
quiero recordarle también que hace dos semanas, también en una sesión
de control del Congreso de los Diputados, tuve ocasión de decir que
con
la nueva Ley de extranjería parece olvidarse que el inmigrante tiene
la posibilidad de obtener el permiso de residencia temporal en
función de condiciones humanitarias o de arraigo social, con lo cual,
señoría, no es una expresión voluntarista mía; esos mismos
sentimientos que usted manifiesta están en la ley. El Gobierno sigue
más abierto que nunca al diálogo. Fíjese, señoría, si hay terreno de
diálogo: en el ámbito nacional; todas las políticas activas de
inmigración que están anunciadas en las 72 medidas del programa
Greco; el reglamento de extranjería; la aplicación permanente
e individual del artículo 31, al que me acabo de referir; la
determinación, actualización y potenciación del contingente, que es
el instrumento principal de fomentar el hábito de la legalidad en
España. Y en el ámbito de la Unión, señoría, está todo por hacer, con
lo cual le quiero decir, señoría, que no solamente estamos ante una
política de Estado, sino que estamos ante una política de la Unión.
Evidentemente, en esa política de la Unión hace falta diálogo entre
países y diálogo entre las fuerzas políticas. El Gobierno lo que dice
es que diálogo sí, pero en el marco de la ley, y diálogo
evidentemente sí, pero sin nuevas expectativas de nuevos procesos de
regularización extraordinarios en España, que serían una catástrofe y
un disparate para el futuro en España. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JESÚS CUADRADO BAUSELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA APLICAR EL GOBIERNO PARA LOS
ANIMALES DE MÁS DE TREINTA MESES SACRIFICADOS EN ESPECTÁCULOS
TAURINOS, EN RELACIÓN CON LAS NORMAS OBLIGATORIAS SOBRE LA
ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA (EEB)? (Número de expediente 180/
000482)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 21, que formula el diputado don
Jesús Cuadrado Bausela.
El señor CUADRADO BAUSELA: Señor ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación...
La señora PRESIDENTA: Perdón. (Pausa.) Continúe, señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: ... o señor ministro del Interior en
funciones de ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en
relación con el problema de las vacas locas, ¿qué medidas tiene
previstas el Gobierno para aquellas reses de más de 30 meses
sacrificadas en espectáculos taurinos? Como ve, es un
asunto estrictamente de política ganadera, de toros y de vacas, señor
ministro.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuadrado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Muchas gracias,
presidenta.
Me alegro de que me haya llamado ministro de Agricultura, aunque
creía que me iba a decir candidato a lehendakari para criticarme esa
condición.
Quiero decirle que el Gobierno aplicará las medidas que se acuerden
con el sector del toro de lidia y con las comunidades autónomas, que
sean compatibles con las normas de erradicación y control de esta
enfermedad establecidas por la Unión Europea y que no sean
discriminatorias para el resto del sector ganadero español. En
cualquier caso, señoría, la normativa vigente sobre el control de
esta enfermedad no debe distorsionar, por el bien de todos, el normal
desarrollo taurino de la nueva temporada.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Señor ministro, ha recordado su condición
de candidato a lehendakari o de futuro candidato. No sé si esta
cuestión que hoy se trae aquí y que se le plantea a usted, que no es
lógicamente el ministro del ramo, es una despedida del Gobierno. En
cualquier caso, es un asunto de política ganadera y que tiene una
gran envergadura. Usted ha hecho una declaración de intenciones de lo
que sería bueno. La pregunta es qué piensa hacer exactamente el
Gobierno en el sacrificio de miles y miles de reses, en ciudades y en
pueblos. ¿Qué medida va a tomar el Gobierno? ¿Lo va a considerar un
material específico de riesgo, y por lo tanto se va a sacrificar como
tal, o lo va a considerar como al resto de las reses y si se le hace
el test y da negativo, entrará en la cadena alimentaria y si no será
destruido? Es una cuestión de estricta política ganadera.
Señor ministro, ¿qué Gobierno es este en el que el ministro del
Interior contesta a asuntos de ganadería, en el que el ministro de
Agricultura contesta a asuntos relacionados con el medio ambiente, en
el que el de Medio Ambiente no se sabe dónde está, en el que no
sabemos quién se ocupa de Sanidad en esta crisis? Más que un
Gobierno, señor ministro, parece el camarote de los hermanos Marx. Es
muy difícil en estas condiciones solucionar esta crisis. ¿Por qué el
ministro de Agricultura y de ganadería no puede contestar
estrictamente a un asunto de su competencia, de ganadería? ¿Por sus
negocios? Saquen las conclusiones, señores del Gobierno.
Señor ministro, es un asunto de credibilidad. Miles y miles de
familias de ganaderos no pueden creer en un Gobierno que se comporta
de esta manera ante un problema grave para su futuro. Señor ministro,
haga lo posible por evitar este ridículo... (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuadrado.Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señoría, no
distorsionemos las cosas. El ministro de Agricultura -y lo ha dicho
públicamente- ha considerado procedente inhibirse de esos asuntos por
decencia, fundamentalmente, porque es un hombre suficientemente
responsable para saber que en el caso de los toros de lidia podía
considerarse inoportuna su presencia, señoría. Eso no significa
inmoralidad, sino todo lo contrario, decencia, señoría.
El Gobierno ha mantenido diversas reuniones con los representantes
del sector, a los que ha mostrado su disposición para buscar una
solución, consensuada con las comunidades autónomas y que sea
homogénea para todo el territorio nacional. Es verdad que en la
conferencia sectorial conjunta de los ministerios de Sanidad
y Agricultura del pasado 31 de enero, el Gobierno manifestó a todas las
comunidades autónomas la postura del sector, que en principio ya sabe
usted que es partidario de que las reses bravas no entren en la
cadena alimentaria y que sean destruidas e incineradas en tanto no se
desarrolle el test en vivo. De todos modos -como usted sabe-, también
el Consejo de Ministros europeo acordó el pasado mes de diciembre que
los bovinos de más de 30 meses lidiados en las plazas de toros y cuya
carne se destina a consumo humano se deben someter a las pruebas de
investigación para la detección de la enfermedad mediante tests
rápidos post mortem. Además, se establecieron medidas para regular el
mercado, entre ellas las compras de animales de más de 30 meses para
su destrucción, si no han sido sometidos a este test. Una vez que se
ha iniciado el debate en la conferencia sectorial, el Gobierno ha
abierto una nueva vía de diálogo reanudando los contactos y los
encuentros con el sector del toro de lidia. Lo que quiere el Gobierno
-esa es su intención y eso es gobernar, señoría- es llegar a una
solución consensuada con el sector y las administraciones públicas
que sea compatible con las normativas europeas -y por eso intervengo
yo- para que permita la celebración... (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON IGNASI GUARDANS I CAMBÓ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA: ¿QUÉ BALANCE
REALIZA EL GOBIERNO DEL CUMPLIMIENTO, POR PARTE DE LAS
TELEVISIONES, DE LA OBLIGACIÓN DE DESTINAR UN 5 POR CIENTO DE LA
CIFRA TOTAL DE SUS INGRESOS A LA FINANCIACIÓN DE OBRAS AUDIOVISUALES
EUROPEAS, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 25/1994?
(Número de expediente 180/000497)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de
Ciencia y Tecnología, que formula el diputado don Ignasi Guardans i
Cambó.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora ministra, como sabe, ha entrado en
esta Cámara para su debate el proyecto de ley de fomento de la
cinematografía y las obras audiovisuales. Por una de esas
peculiaridades del organigrama de todo Gobierno, usted tiene bajo su
control uno de los instrumentos más importantes de apoyo a la
cinematografía como es el que se deriva de la implementación de la
llamada Directiva de Televisión sin Fronteras, a la que se añadió una
disposición de cara a la financiación. Por tanto, querría saber qué
balance realiza el Gobierno del cumplimiento por parte de las
televisiones de la obligación de destinar un 5 por ciento de la cifra
total de sus ingresos a la financiación de obras audiovisuales
europeas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán):
Gracias, presidenta.
Señoría, le informo que el Gobierno ha conocido los datos facilitados
por los operadores de televisión correspondientes al año 1999, según
los cuales el balance de inversión en obras audiovisuales europeas de
las televisiones de ámbito nacional es de 8.222 millones de pesetas,
superior en 500 millones de pesetas a la que resultaría de la
aplicación del porcentaje mínimo del 5 por ciento de la obligación de
inversión establecida en el artículo 5 de la Ley 25/1994, que fue
modificada -como usted recordaba- por la de 1999. Según estos datos
las televisiones españolas avanzan considerablemente en el objetivo
que se persigue de promocionar el sector audiovisual y
cinematográfico español y europeo en un mercado global dominado por
terceros países.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora ministra, yo no puedo en este turno
comprobar exactamente lostérminos de esa información, en la que es
posible que
se esté mezclando la aportación de Televisión Española, que tiene
otras obligaciones, con la del conjunto de las televisiones privadas,
para las que se introdujo esta mención en la modificación de 1999 de
la Ley de 1994.
Como usted sabe, el cine es un producto cultural de primer orden,
pero es también y sobre todo un producto industrial desde la
perspectiva que a usted le afecta, una industria que tiene la
peculiaridad, como han dicho algunos, de que sólo fabrica prototipos,
que sólo fabrica productos individuales y que en ese sentido merece
y requiere una determinada protección. La disposición por la cual un 5
por ciento de los ingresos de las televisiones tiene que dedicarse a
las obras audiovisuales está siendo neutralizada o eludida en la
práctica. Por tanto, le ruego, señora ministra, que más allá de las
cifras globales, en las cuales, efectivamente, entrará lo que
Televisión Española gasta en producción cinematográfica, se ocupe de
que esa disposición, que en su momento fue negociada y aprobada en
esta Cámara por unanimidad, si no recuerdo mal, o en todo caso por
una amplísima mayoría, no quede en papel mojado. Es responsabilidad
de su Ministerio que así sea, porque -insisto- más allá de las cifras
y de un 5 por ciento calculado sobre la globalidad, lo importante es
que cada una de las empresas españolas de televisión esté dedicando
ese 5 por ciento y no resistiéndose a hacerlo. El control de esa
disposición y de su aplicación depende de su Ministerio y espero que
así lo haga.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán):
Gracias, presidenta.
Señoría, como usted sabe, fue precisamente esta ley, de 7 de junio,
la que establecía y además lo superaba yendo incluso más allá de las
obligaciones de la propia directiva al establecer que los operadores
de televisión tendrían que destinar el 5 por ciento de la cifra total
de ingresos. Esto tenía un objetivo claro que era, efectivamente,
garantizar, sin imponer obligaciones desorbitadas, a los operadores
de televisión no sólo una cuota de pantalla mínima sino también una
fuente de financiación segura en la producción de las obras
audiovisuales europeas y, en particular, españolas. En la realidad,
en este balance global yo le aseguro que, evidentemente, están todas
las televisiones que la ley contempla, incluida Televisión Española y
también las televisiones privadas. La responsabilidad que tiene el
Ministerio no sólo la tiene que ejercer, sino que la ejerce. Le estoy
dando los datos que corresponden precisamente a este seguimiento. Más
del 90 por ciento de esta cantidad se refiere incluso a obras
españolas. En cualquier caso, le aseguro que hay modificaciones y
cuestiones en las que avanzar y mejorar, sin duda, pero el
cumplimiento de la
obligación será estricto, como lo es ahora y lo será en el futuro. De
todos modos, las modificaciones deben tener en cuenta que estos
prototipos a los que usted hacía referencia tienen también otros
ámbitos de difusión que hay que contemplar y que corresponden a algo
que en el argot los profesionales llaman películas y que está poco
caracterizado en la ley. Creo que tendremos oportunidades en la
próxima legislación de precisarlo en esta dirección.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON PABLO MARCIAL IZQUIERDO JUÁREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
MEDIDAS HA EMPRENDIDO ESPAÑAANTE LA CATÁSTROFE SUFRIDA EN EL SALVADOR
PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DEL PAÍS Y DE LA POBLACIÓN AFECTADA?
(Número de expediente 180/000484)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor vicepresidente
segundo. En primer lugar, pregunta número 24, que formula el diputado
don Pablo Marcial Izquierdo Juárez.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente, cuando en el mundo suceden catástrofes
naturales tan importantes como la ocurrida en El Salvador por dos
veces o en la India, que afectan a tantas personas y que, además,
conmocionan la opinión de la comunidad internacional siempre pensamos
que la ayuda ante la emergencia, el movimiento de la comunidad
internacional y la solidaridad tan espectacular es un poco el fracaso
de la cooperación. Esto es claro en el caso de los conflictos
bélicos. En el caso de las catástrofes naturales tenemos que pensar
que siempre, desgraciadamente, afectan, señorías, a los más pobres.
Yo cuando suceden estas cosas siempre pienso lo mismo: la ayuda
internacional no puede ser un objeto en sí mismo; el objeto de la
ayuda es el desarrollo, un desarrollo sostenible, un desarrollo
compartido y un desarrollo responsable y corresponsable entre
donantes y perceptores. El Gobierno y España están teniendo una
posición tan importante en la comunidad internacional y desarrollan
un papel de extraordinaria relevancia en Centroamérica. Por eso,
desde hace años, España realiza un programa de reconstrucción muy
importante con motivo de los huracanes Mitch y Georges, que
devastaron Centroamérica y la República Dominicana. La catástrofe de
El Salvador añade preocupación a ese planteamiento.
Señorías, señor vicepresidente, la respuesta de España ha sido
ejemplar: en pocas horas se movilizó nuestro Gobierno, y el
Ministerio de Economía, que usted
preside, el 19 de enero elevaba una propuesta al Consejo de
Ministros, que fue aprobada, de un plan de ayuda para la
reconstrucción y emergencia en Centroamérica. Señor vicepresidente,
¿qué medidas ha emprendido España ante la catástrofe sufrida en El
Salvador para responder a las necesidades del país y de la población
afectada?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Izquierdo.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta.
Señor diputado, efectivamente, coincidiendo con las manifestaciones
que ha hecho S.S., el Gobierno aprobó un paquete de ayuda financiera,
dividido en dos partes, lo que podríamos llamar la ayuda de
emergencia, por 6.000 euros -1.000 millones de pesetas-, que es una
ayuda financiera no reembolsable directamente al Gobierno
salvadoreño, en la que acortaremos los plazos de aceptación lo máximo
posible y que estaría dirigida al suministro de equipos y material
para las necesidades más urgentes que ha provocado el terremoto, y la
ayuda relacionada con la reconstrucción. Estaríamos hablando en este
caso de 6.000 millones de pesetas -36 millones de euros-, cien por
cien con cargo al Fondo de ayuda al desarrollo, con un elemento de
liberalidad del 80 por ciento -es decir, 35 años de periodo de
amortización-, con 14 años de gracia y sin intereses.
Creo que esas condiciones son suficientemente elocuentes del esfuerzo
que realiza el Gobierno en nombre de la sociedad española y que,
independientemente de las críticas que hayan podido surgir y que
siempre habrá que escuchar, manifiestan la posibilidad de financiar
una gran cantidad de bienes y servicios indispensables, como pueden
ser las cuestiones relacionadas con las telecomunicaciones, la
energía, el saneamiento, el agua, la educación y la salud, que
permitan ciertos grados en el ritmo de ejecución, gracias al propio
sistema FAD, que creo que pueden ser extraordinariamente positivos.
Además, estamos colaborando con las instituciones multilaterales,
como es el caso del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco
Centroamericano de Integración Económica, para llevar a cabo y
canalizar nuestras aportaciones financieras a través de estas
instituciones. En este sentido, se va a producir en España la
convocatoria de una licitación pública restringida para poder
satisfacer la necesidad de todos estos materiales que acabo de
enumerar.
Desde el punto de vista de la deuda de El Salvador, como ya tuve
ocasión de informar a la Cámara en otro momento, actualmente, la
deuda que podríamos condonar, y lo haremos, es extraordinariamente
pequeña, por
lo que lo importante va a ser este paquete de ayudas que acabo de
mencionar.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ FRANCISCO HERRERA ANTONAYA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
IMPLICACIÓN TIENE EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL PARA NUESTRO PAÍS LA
CONTRIBUCIÓN ESPAÑOLAALAINICIATIVA HIPC? (Número de expediente 180/
000485)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 25, que formula el diputado don
José Francisco Herrera Antonaya.
El señor HERRERAANTONAYA: Gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente, la lucha contra la pobreza y la cooperación
para el desarrollo son actividades en las que cree y participa un
número importante de ciudadanos de los países desarrollados y, como
ha quedado de manifiesto en la pregunta de mi compañero Pablo
Izquierdo, las instituciones y la sociedad española están cada vez
más comprometidas en la búsqueda de un mejor futuro para el Tercer
Mundo. En cualquier caso, junto a esa amplia solidaridad existente en
los momentos de mayor urgencia, es necesario persistir en una
política continuada de lucha contra la pobreza, mediante iniciativas
como la HIPC, a la que se refiere la pregunta que hoy le formulo.
Ayudar a los países pobres más endeudados es una obligación de la que
sólo pueden derivarse beneficios. Reducir la pobreza y el sufrimiento
de estos países implica avanzar en el desarrollo de los derechos
humanos, de las libertades, del medio ambiente o de la economía a
escala mundial, lo que sin duda repercute de forma muy directa en
nuestro propio nivel de vida. En esta materia es fundamental huir de
propuestas bienintencionadas pero poco justificadas, como una
condonación indiscriminada de la deuda externa, que, entre otros
efectos negativos, impediría la posterior inversión en sectores
estratégicos o simplemente ayudaría a aliviar la deuda de
determinados ciudadanos ricos de países pobres, en detrimento o a
costa de los más pobres de los países ricos.
Nuestro grupo cree más en propuestas realistas que condicionen la
condonación al cumplimiento de determinadas cláusulas democráticas o
de reinversión en sectores sociales básicos, como la educación o la
sanidad, y de ahí nuestro interés y nuestro apoyo hacia esta
iniciativa organizada por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario
Internacional, en la que participa España de manera muy importante
desde su creación. El Partido Popular plasmó esta preocupación por el
desarrollo en el programa electoral que más votaron los españoles en
las últimas elecciones y en el que, entre otros aspectos, se aludía a
la necesidad de impulsar proyectos de ayuda a los pueblos más
desfavorecidos y vulnerables, duplicando los recursos dedicados al
alivio de la deuda, así como a desarrollar una política de
cooperación transparente y abierta al control de la opinión pública.
A la vista de estos compromisos y de la importancia de la iniciativa
HIPC, le pregunto por la implicación que tiene en el contexto
internacional la contribución española a esa iniciativa.
Muchas gracias, señor vicepresidente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Herrera.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta, gracias, señor diputado.
España, como se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones, ha
comprometido ya más de 1.000 millones de dólares, de los cuales 179
millones corresponden al ámbito multilateral; a los 722 millones de
dólares de aportaciones bilaterales hay que añadir 55 millones de
dólares dedicados a deuda ya condonada, en los casos de Costa de
Marfil y de Mozambique. Estoy hablando, como es natural, en respuesta
al tema de la iniciativa HIPC. Frente a otros países que han elegido
primar las condonaciones de carácter bilateral, nosotros hemos
elegido primar nuestras relaciones dentro de las organizaciones
multilaterales, por entender que a través de ellas podemos
multiplicar los esfuerzos que estamos realizando. De hecho, no sólo
nuestra cifra absoluta de condonación es muy importante, dado el
tamaño de nuestro país y nuestra participación en las organizaciones
multilaterales, sino que España es uno de los países desarrollados
que más ha contribuido, por ejemplo, al fondo fiduciario del Banco
Mundial en términos relativos, y así hemos contribuido a cubrir el
flanco probablemente más débil de esta iniciativa: condonar deuda de
países que iban a tener grandes dificultades para pagarla, pero no
poner en marcha mecanismos adicionales que permitan la financiación
de esas economías y su expansión. Por tanto, estamos colaborando de
manera bilateral de forma importante, pero también a través de las
instituciones financieras multilaterales, para que la condonación de
la deuda vaya acompañada de una mayor implicación directa de los
países deudores en la reducción de la pobreza a través de programas a
los que ya ha hecho referencia S. S., con compromisos de los
gobiernos y con participación de la sociedad civil.
La condonación de la deuda no debe impedir que los países menos
desarrollados se vean privados de financiación internacional que
limite sus posibilidades de desarrollo y que se produzca el efecto de
que condonamos
deuda a unos determinados países a costa de otros países pobres
que se ven obligados a condonarla, como han sido varios casos de
Centroamérica en los que España está interviniendo. La iniciativa
HIPC, que sin duda fue novedosa y que implicó a todos los acreedores
bilaterales y multilaterales en alivio de la deuda, supone un primer
paso que debemos continuar en el futuro. Nosotros consideramos que su
continuación tiene que venir marcada por un compromiso adicional
bilateral de cancelación de la deuda, especialmente en zonas como el
África subsahariana, con aportaciones extraordinarias a las
instituciones financieras multilaterales por parte de los países
prestatarios, de manera que los bancos...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE POLÍTICA DE REGULACIÓN
DELSECTOR ELÉCTRICO. (Número de expediente 172/000064.)
La señora PRESIDENTA: Punto V del orden del día: Interpelaciones
urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista sobre
política de regulación del sector eléctrico.
Para presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Sevilla.
El señor SEVILLA SEGURA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Rato, publica hoy un periódico económico español que los
presidentes de las cuatro compañías eléctricas le han solicitado una
reunión para pedirle la revisión a fondo del llamado protocolo
eléctrico o marco legal.Pues bien, eso es lo que le venimos pidiendo
desde el Grupo Socialista y hoy a través de esta interpelación: la
necesaria revisión profunda del marco regulador del sector eléctrico.
Especialmente después de algunos acontecimientos recientes, que están
todavía en la mente de todos, usted haría mal en enrocarse en el no
o, lo que sería peor todavía, convertirla en una operación de
despachos y no de parlamentos y mercados.
Si le soy sincero, tampoco entiendo el porqué de su inmovilismo
aparente en la cuestión. Ustedes firmaron con las compañías un
protocolo en 1996, vino luego la Ley de 1997, que fue sustancialmente
alterada por la Ley de acompañamiento de 1999, aprobaron nuevas
modificaciones en junio de 2000, mostraron criterios distintos en un
acuerdo del Consejo de Ministros de hace escasas semanas y mañana se
verá en esta Cámara otro proyecto de ley que vuelve a alterar
aspectos esenciales del sector. Nadie podrá decir, por tanto, queno
han sido flexibles en sus cambios de opinión, en
algunos casos para decir ahora lo contrario de lo que decían hace dos
años, como, por ejemplo, respecto de los CTC.
Hoy, la realidad del sector, según han reconocido la Comisión del
Mercado de la Energía, el Tribunal de Defensa de la Competencia, la
OCDE, los mercados y las propias empresas, se puede articular en
torno a tres vectores. La falta de competencia en el sector es una
realidad constatable, más allá de lo que diga la legislación y sus
declaraciones; los consumidores no se han beneficiado de las
políticas del Gobierno en la materia, y la incertidumbre, la
discrecionalidad, el intervencionismo del Gobierno, son claramente
perceptibles y se han constituido en el principal elemento
distorsionador del sector bajo el aséptico nombre de riesgo
regulador. En palabras del Tribunal de Defensa de la Competencia
-cito-, la actual estructura del sector y la constatación de que
existen importantes barreras de entrada, tanto en generación como en
comercialización, hacen que el grado de contestabilidad -es decir,
competencia- de estos mercados sea muy reducido. Todavía más claro,
el Tribunal no puede ignorar que los esfuerzos de liberalización de
la generación y comercialización de la energía eléctrica no han
tenido efectos hasta el momento; entre otras cosas -añado yo-, porque
siguen presentes las barreras de entrada que impiden el acceso a
nuevos competidores. A esta conclusión llegan todos los estudios
sobre el sector: A pesar de sus reiterativos paquetes liberalizadores
a lo largo de estos cinco años, no ha mejorado el nivel real de
competencia. La razón de ello, entre otras, radica en que su modelo
para hacerlo ha sido equivocado e inconsistente. Ustedes han centrado
toda la estrategia de liberalización en la demanda, incrementando el
número de consumidores con teórica capacidad de elección, sin querer
ver que, con la estructura de oferta que tenemos, la competencia no
puede venir sólo de la demanda. Tal vez por ello aprobaron en junio
pasado unos límites máximos de generación -le dijimos entonces y se
lo repito ahora- de manera insuficiente. En primer lugar, porque eran
unos límites excesivos y, en segundo lugar, porque hacía falta
completarlos con medidas de separación efectiva entre negocios, que
es lo que permitiría romper la posición dominante de las empresas
actuales. En este punto también se han manifestado de acuerdo todos
los informes recientes sobre el sector, incluso el Gobierno que,
entre las condiciones para la fusión de Endesa e Iberdrola,
contemplaba límites (a nuestro parecer excesivos, pero compartiendo
la idea) en comercialización y distribución, sobre todo cuando es la
misma empresa quien realiza ambas funciones. ¿Ya no siguen pensando
lo mismo? ¿Legislan caso a caso, de manera diferente?
Su estrategia liberalizadora no sólo no ha sido efectiva desde el
punto de vista de la competencia, sino que tampoco ha repercutido en
beneficio de los consumidores. Dos datos en defensa de esta tesis,
que proceden de
un reciente estudio de la OCDE, que sin duda conoce. Primero, apenas
supera el 1 por ciento el número de clientes cualificados que,
teniendo capacidad de elección de compañía, la ejercen, bien porque
materialmente no pueden, bien porque su capacidad de negociación ante
el oligopolio es mínima. Segundo (y cito textualmente del informe de
la OCDE), las reducciones en los costes unitarios y en las tarifas
que se han producido no son consecuencia del buen funcionamiento de
la competencia en el mercado eléctrico sino del incremento de
demanda, de la caída en los tipos de interés y de las escasas
inversiones realizadas en los últimos años. Podría ser una cita de
cualquiera de nuestras intervenciones parlamentarias, pero, insisto,
es de la OCDE. Y, además, seguimos teniendo una de las electricidades
más caras de Europa.
Sobre el riesgo regulador, en el mismo informe de la OCDE se dice
-cito-: La regulación del sector eléctrico español no es
suficientemente independiente ni transparente. Y añado yo: Ustedes se
han empeñado a fondo para que ello sea así de forma creciente,
incrementando la capacidad de decisión del Gobierno sobre cada vez
más asuntos, reduciendo progresivamente las competencias de los
órganos reguladores independientes y no dando cuentas públicas de los
criterios por los que se establecen cosas como, por ejemplo, las
propias tarifas.
Señor Rato, ¿puede usted garantizar que no se van a producir en
España cortes de luz, como ha ocurrido en California? Porque, ¿cuánto
se ha incrementado la capacidad instalada en los últimos años? ¿Cómo
y quiénes van a satisfacer en los próximos años los incrementos
previsibles de la demanda? Hoy, la realidad del sector es que las
cuotas de mercado en los distintos segmentos apenas han variado en
estos años. No hay nuevos operadores en generación, la presencia de
comercializadores independientes no llega al 1,5 por ciento de toda
la energía vendida, no hay más potencia instalada ni más competencia.
Su modelo de liberalización ha fracasado. Ustedes optaron por un
modelo privatizador como el británico, pero con la ausencia de
competencia de los modelos continentales. Con ello, han transformado
monopolios públicos en rentables monopolios privados y, ahora, ni
éstos saben ya a qué atenerse con ustedes. Su errática política
eléctrica desincentiva nuevas inversiones en generación, mientras
desata furores especulativos sobre las empresas ya instaladas.
Señor Rato, clarifiquemos la situación mediante un amplio debate
parlamentario y una profunda modificación normativa, que incluya un
reforzamiento de los poderes de la Comisión Nacional de la Energía.
Han tardado dos años en rectificar y darnos la razón en los costes de
transición a la competencia, no vuelvan a tardar otros dos años para
dárnosla en la necesaria modificación del marco normativo eléctrico.
En primer lugar, porque, con nuestros argumentos coinciden cada vez
más (y hoy la mayoría del sector y de los expertos lo
hacen), pero sobre todo porque, de no hacerlo, todos, incluidos
ustedes, saldríamos perdiendo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sevilla.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta.
Señorías, el portavoz del Grupo Socialista, señor Sevilla -al cual
agradezco la interpelación y el tono de la misma-, formula una serie
de preguntas, la primera de las cuales se refiere al modelo de
liberalización del Gobierno. Tengo que decirle, desde el punto de
vista político, que es una pregunta que me sorprende viniendo del
Grupo Socialista, porque ustedes debían ser plenamente conscientes de
cuál fue el modelo eléctrico que había aquí en el año 1996. Cualquier
otro grupo de la Cámara seguramente estaría en condiciones de hacerme
esa pregunta, pero que un importante miembro del Grupo Socialista me
pregunte cuál es el modelo eléctrico del Gobierno... La respuesta la
tiene usted muy clara. La situación en la que nos encontrábamos en el
marco legal y estable del año 1996 es sustancialmente distinta a la
que nos encontramos hoy. Independientemente de que los grupos
políticos tengan cambios en sus líderes, lo que no podemos es ignorar
las responsabilidades políticas de cada uno. Y sin entrar ahora a
discutir cuál era el marco estable entonces y sus consecuencias desde
el punto de vista de las tarifas, de la liberalización o su
comparación con las normas europeas, de lo que no cabe duda es de que
el Grupo Socialista tiene que ser claramente consciente de la
distinta situación en la que se encuentra el sector eléctrico en
estos momentos con respecto a una cantidad muy importante de
cuestiones que S.S. ha planteado como preocupantes. Se puede afirmar
que en el año 1996 prácticamente partíamos de cero en el proceso
liberalizador. A partir de ahí, S.S. podrá no compartir el modelo que
ha llevado a cabo el Gobierno, como nos ha explicado, pero lo que es
indudable es que es un modelo radicalmente distinto del que su
partido tenía y con el que su partido se presentó a las elecciones.
En segundo lugar, la base de nuestra modificación está en la Ley del
Sector Eléctrico, del año 1977, y a partir de ahí, se produce una
serie de modificaciones importantes en el mercado, que S.S. considera
que no tienen relevancia. Que actualmente el 54 por ciento del
consumo en España es cualificado cuando la directiva europea sólo
exige el 28 y que, además, el 56 por ciento de los consumidores
cualificados ejercen ese derecho, S.S. parece considerarlo
irrelevante, y parte de la base de que un consumidor cualificado que
podría ejercer su derecho para comprar la energía más barata no lo
hace porque no
quiere, lo cual es un comportamiento que no se compadece con la
realidad. Tengo que recordarle a S.S. que el modelo eléctrico que
nosotros estamos aplicando es exactamente el que se deriva de las
directivas y si S.S. tiene una alternativa distinta desde el punto de
vista de la concepción de cómo debe evolucionar el mercado eléctrico
europeo, sería muy conveniente que la pudiéramos escuchar.
También me parece importante tener en cuenta que no sólo hemos ido
sustancialmente más deprisa que la media europea, con consecuencias
para consumidores y empresas que mencionaré después según los datos
oficiales de la Comisión Europea, sino que además hay cada vez un
mayor número de empresas extranjeras que actúan regularmente como
agentes externos en el mercado español, lo cual no ha podido
modificar dos hechos muy importantes: uno, que España sólo recibe
aproximadamente el 3 por ciento de su electricidad del extranjero
-hecho del que el Gobierno no está satisfecho y supongo que el Grupo
Socialista tampoco, pero con él tenemos que contar-; y dos, cuál es y
cuál era la estructura empresarial del sector. S.S. parece sentirse
extremadamente crítico de que en España hubiera cuatro compañías
eléctricas que dominaban el sector; pero S.S., que es una persona con
conocimiento, sabrá que de las decisiones para la creación de Endesa
y de Iberdrola no provienen de los años noventa, como no provienen
del año 1996, sino que provienen de decisiones anteriores. Apartir de
ahí -sería muy interesante comprobarlo-, puede solicitar S.S. que
tomemos decisiones legislativas que hagan cambiar el marco del
sector. Por cierto, las que hemos traído a esta Cámara, como es el
límite de la generación a partir de la ya existente del caso de
Iberdrola y de Endesa, no fueron respaldadas por su grupo
parlamentario. No sé si S.S. tiene un instrumento que nos pueda
explicar que la historia económica española, especialmente las
decisiones tomadas en los años ochenta y primeros de los noventa,
puede ser en estos momentos ignorada en cuanto a la existencia de
empresas y qué consecuencias tendrían, desde el punto de vista de la
credibilidad de nuestro marco regulatorio, propuestas como las de S.
S., que aunque no acaba de perfilar cuáles son, sí sería interesante
conocer, si es que las tiene, habida cuenta de que las nuestras, que
son plenamente coincidentes con las que se podrían plantear en
nuestra legislación, que son, por ejemplo, el límite de crecimiento
de la generación, nunca han sido respaldadas por su grupo.
Independientemente de los juicios políticos, que, como es natural,
son lógicos desde el punto de vista de S.S. y por eso los defiende,
los resultados son bastante satisfactorios. Estamos hablando de una
bajada de los precios medios de electricidad de casi el 19 por ciento
en los últimos cinco años. Si nos comparamos con los años anteriores,
la comparación es francamente favorable. Ya sé que S.S. no está
dispuesto a aceptar todo lo que sea compararnos con los años de
Gobierno socialista,
lo cual indica una gran confianza de S.S. en su partido. En
cualquier caso, es el único elemento que tenemos para comparar. Las
tarifas han bajado cada año más de lo que lo ha hecho el míbor.
Incluso en el año 2000 en que el míbor ha subido, las tarifas han
bajado un 4,85 por ciento. En cuanto a la relación entre bajadas de
tarifas y bajadas de tipos de interés, en los años 1988, 1991, 1993,
1994 y 1996, el míbor descendió y las tarifas no lo hicieron. Por
tanto, tendrá que reconocer S.S. que la experiencia empírica, aparte
de las argumentaciones teóricas, indica que nuestras tarifas de hoy
se están reduciendo más de lo que indican los tipos de interés y que
no siempre ha sido así. Estas rebajas de tarifas han representado
para el consumidor un ahorro, entre 1997 y 2001, de 400.000 millones
de pesetas.
Hay una cuestión que me gustaría subrayar. S.S. lo ha mencionado un
par de veces y yo creo que no tiene los datos correctos. Es la
relativa a la renovación de la capacidad instalada. En estos momentos
hay anuncios de inversión de nueva capacidad de generación de 30.000
megavatios en España. Es una cifra que a los que no sigan en el
mercado eléctrico les hará preguntarme qué quieren decir los 30.000
megavatios. En este momento tenemos instalados 45.000. Quiere decir
que se va a producir un aumento de más del 60 por ciento de nuestra
capacidad instalada que ya está anunciada. Esto querría decir en la
argumentación de S.S. que los inversores que van a financiar estos
30.000 megavatios están todos equivocados y que no han sido capaces
de percibir lo que S.S. percibe de grandes riesgos regulatorios, pero
resulta que esa capacidad ya está anunciada para invertirse. Si nos
comparásemos con los años noventa -ya se que S.S. no quiere que nos
comparemos, pero no nos vamos a comparar con el siglo XIX-, nos
podremos dar cuenta de que entre los años 1990 y 1995 se produjeron
anuncios de inversión por 1.700 megavatios. Estamos hablando ahora de
anuncios de inversión de 30.000 megavatios frente a anuncios de
inversión de 1.700 megavatios. Se podrá decir que por qué no son
anuncios de inversión de 50.000 megavatios. En cualquier caso,
estamos hablando de cifras muy considerables que se alejan de
cualquier escenario como el que S.S. describe, salvo que le hagamos
caso. El camino de California, en el tema eléctrico, sería seguir los
consejos de S.S. de bajar la tarifa un 9 por ciento en un año como el
actual o sería, por ejemplo, la insistencia constante de S.S. de ir a
un sistema de total separación, desde el punto de vista de todas las
actividades del negocio. Es un tema discutible y si S.S. tiene
argumentos más sólidos de los que ha utilizado hasta ahora, le
escucharemos. Como ya he dicho, desde el pasado mes de julio hay
62.000 consumidores cualificados que seguramente saben lo que les
conviene y por eso lo siguen.
En cuanto a cuál es la comparación con Europa: si vamos más deprisa o
más despacio o si bajan las tarifas
más deprisa o más despacio, es una pregunta relevante para que el
Gobierno pueda ser medido. En el último informe sobre reformas
económicas de la Unión Europea, que ha sido publicado por la Comisión
Europea el pasado mes de enero -por tanto, es relativamente
reciente-, se compara la evolución de las tarifas eléctricas entre
los diferentes Estados de la Unión Europea entre el año 1996 y el año
2000, años relevantes para las críticas de S.S. Utilizando dichos
datos, que están hechos por Eurostat, la comparación homogénea es la
siguiente: España no sólo se encuentra entre los países que más ha
reducido las tarifas eléctricas en los últimos cinco años, sino que,
además, está desde el año 1999 entre los países donde le precio de la
electricidad está por debajo de los niveles medios de la Unión
Europea. En concreto, para el consumo doméstico somos el país que ha
experimentado la mayor bajada de tarifas entre los años 2000 y 1996,
tanto para familias, con una caída del 14,3 por ciento, como para
pymes, con una caída del 14 por ciento. Esto nos sitúa en el año 2000
en unos niveles de precios claramente por debajo de la media europea,
un 6 por ciento con respecto a las familias y un 17,5 por ciento con
respecto a las pymes, según datos de Eurostat. Usted dice que nuestro
modelo no produce resultados, pero es más que discutible que no los
produzca, por lo menos produce mejores resultados que los de nuestros
socios europeos. En el caso del consumo industrial, nos encontramos
entre los países que más han bajado las tarifas entre el año 2000
y el año 1996, concretamente casi el 16 por ciento para las pequeñas
industrias, como ya he dicho, y el 12 por ciento para las medianas y
las grandes. De nuevo, esto nos sitúa en el año 2000 entre unos
niveles de precios por debajo o en el entorno de la media europea, en
concreto un 10 por ciento por debajo en el caso de las pequeñas
empresas, y exactamente ende la media europea en el caso de las
medianas. Para el caso de las grandes, estamos un 4 por ciento por
encima de la media, si bien ena. Si ven este dato hay que tener en
cuenta cuáles son los efectos de países como Holanda y el Reino
Unido, de los que sabemos positivamente que cuentan con tarifas
industriales superiores a las nuestras y que no han facilitado
información.
Se argumenta que las rebajas comentadas son insuficientes. Esa es una
discusión siempre posible. Yo creo sinceramente que la propuesta de
su grupo parlamentario de reducir sólo en el año 2001 las tarifas
domésticas un 8,5 por ciento sería un grave problema para la
industria eléctrica española. S.S.:S. me pregunta cuál va a ser la
evolución que plantea el Gobierno. Se lo tengo que decir: una total
liberalización de aquí al año 2003, que no cuenta con el respaldo de
su grupo pero que el Gobierno va a llevar a cabo, y, como se va a
producir en esta legislatura, cuente usted con ella. ¿Cree S.S. que
debemos hacer más cuestiones? Sin duda, el Gobierno está convencido
de ellas. Ha planteado muchas, como es, por ejemplo, el límite de
generación
en España, medida que nadie había pedido hasta que nosotros lo
hicimos y ha hablado también de una política de defensa de la
competencia en la que S.S. insiste en la necesidad de que el Gobierno
fije unas reglas generales, pero no sé si se refiere a los procesos
de concentración.Si se refiere a los procesos y acuerdos de
concentración, yo creo que S.S. debería meditar seriamente si es
posible a priori, sin tener en cuenta los sectores ni el tamaño de
las empresas que decidan concentrarse, establecer unas reglas que nos
den automáticamente cuál va a ser la resolución del Consejo de
Ministros o del Tribunal de Defensa de la Competencia en el ejercicio
de la competencia, para ver qué empresa de qué sector plantee un
proceso de concentración. Debe darse cuenta S.S. de que no sólo en
España sino en todos los países que tienen política de competencia,
los procesos de concentración se analizan caso por caso en función de
las circunstancias del mercado, en función de las barreras de
entrada, en función de los cambios tecnológicos y en función de los
tamaños de las empresas que plantean su posible concentración. S.S.
reconocerá que no es lo mismo que en el sector financiero, por
ejemplo, se plantee una concentración o una fusión entre dos bancos
de determinado tamaño o entre dos bancos de otro tamaño.
En cualquier caso, sí estamos aquí también ante una situación
absolutamente novedosa en nuestro país. No encontrará S.S. antes de
1996 ninguna política sobre concentraciones por parte del Gobierno.
Es más, no sólo no era obligatorio comunicar las concentraciones sino
que en casos muy conocidos de bancos, como el caso del Banco Vizcaya-
Bilbao, el del Banco CentralHispano, o de compañía eléctricas, como
la creación de Iberdrola o la compra de Endesa de tres compañías
eléctricas, no hubo ningún proceso de concentración. Es verdad que
estamos ante una medida extraordinariamente novedosa en nuestras
prácticas de competencia. Yo tengo que decir que me siento
modestamente satisfecho de que sea así, porque realmente era una
situación muy poco comparable que en España se estuvieran planteando
procesos de concentración en los que las autoridades de competencia
ni siquiera se molestaban en emitir un informe.
En estos momentos estamos ante una situación radicalmente distinta.
Llevamos un largo proceso de concentraciones en las que el Gobierno
ha intervenido y ha fijado condiciones, y así, gracias a eso, hoy
conocemos criterios importantes que también eran desconocidos en
nuestra legislación, como es la imposibilidad de que se puedan tener
participaciones cruzadas en sectores básicos como la energía o las
telecomunicaciones, y otras medidas que el Gobierno ha propuesto y
que indudablemente se pueden discutir. La verdad es que S.S. las
discute pero se producen cuando antes, pura y simplemente, las
desconocíamos.
Habla S.S. de la necesidad de modificar el actual marco regulatorio
eléctrico. Yo no soy partidario de esa
modificación. El Gobierno no va a abdicar del proceso de
liberalización para el año 2003. Si su grupo parlamentario plantea
que debemos extender ese plazo o que debemos de tratar de acomodarnos
a la media europea e ir más despacio, no coincide con las posiciones
ni de mi grupo parlamentario ni del Gobierno. En segundo lugar, en
cuanto a la necesidad de existir o no un protocolo eléctrico,
entiendo -no sé si me arrogo una interpretación excesiva- que S.S. es
partidario de que se produzca un nuevo protocolo eléctrico. Yo no soy
contrario, pero no sé si es estrictamente necesario. Las empresas
eléctricas españolas están llevando a cabo, como he dicho, un intenso
proceso de inversión y se está produciendo, en mi opinión, un grado
de adaptación a las condiciones de competencia mucho más rápido que
el de otras empresas eléctricas europeas.
Poco más puedo aportar a lo que ha manifestado S.S. Lo único en lo
que puedo insistir es en que los resultados de estos últimos cuatro
años, desde el punto de vista de los consumidores de todo tipo, han
sido extraordinariamente positivos si nos comparamos con el resto de
los países europeos. No voy a hacer una comparación con el pasado
porque eso ya sería extraordinariamente ventajoso para mí, y no creo
que sea necesario, prefiero compararme con el presente de los demás
países europeos. En términos de comparación respecto al proceso de
liberalización, también nos comparamos de manera ventajosa con la
media europea. Independientemente de que el Gobierno tiene que
aceptar críticas y de que cualquier gestión de gobierno tiene
defectos -y la nuestra tanto más que la de cualquier otro-, lo que sí
le puedo asegurar a S.S. es que el Gobierno no va a cambiar el marco
regulatorio y no va a renunciar a que nuestro país, en el año 2003,
tenga un mercado eléctrico totalmente liberalizado, lo cual sé que no
cuenta con el respaldo de su grupo y no ha contado nunca. En
cualquier caso, lo vamos a hacer sin contar con su grupo, salvo que
su grupo cambie de opinión.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rato.
Señor Sevilla.
El señor SEVILLA SEGURA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Rato, usted va a cambiar el marco regulador eléctrico. Se va a
ver obligado por las circunstancias, por la realidad, por las
empresas eléctricas o por la razón que usted quiera, pero va a acabar
teniendo que hacerlo.
Cuando un Gobierno, representado por usted en esta tribuna, se
parapeta en mirar hacia el pasado, con la actitud de que todo el
mundo está equivocado menos ese Gobierno, es que empieza a perder el
pulso y el contacto con la realidad. Una de las ventajas -y se la
atribuyo a usted, si quiere- que tienen las nuevas tecnologías
es que todos podemos acceder a los informes de la Comisión
del Mercado de la Energía, a los del Tribunal de Defensa de la
Competencia, a las alegaciones que se han presentado, a los informes
de la OCDE, y en la medida en que uno sepa leerlos, los lee. Todos
ellos le contradicen. Todos ellos reconocen que, más allá de lo que
pueda figurar en la letra de sus propuestas de liberalización, no ha
mejorado para nada el nivel de competencia en el sector eléctrico
español. Como sé que usted suele tender a no creer lo que le decimos
desde la oposición, hoy he intentado no ponerlo en boca mía, sino en
boca de otros informes, del Tribunal, de la Comisión, de la OCDE...
Incluso he empezado por una noticia: parece que los presidentes de
las cuatro compañías eléctricas, en este punto, piensan también como
yo.
Lo importante no son los anuncios de inversión que hay -conozco el
dato, es público-, sino cuántos van a ser efectivos, cuál ha sido el
incremento de capacidad instalada en estos últimos cinco años -y se
lo adelanto: prácticamente cero- y cómo se va a distribuir esa nueva
capacidad de inversión que usted anuncia. Porque, si al final de ese
maravilloso procedimiento de nuevos procesos de inversión en
generaciones, las cuotas de participación de las empresas actuales
siguen exactamente igual, no habremos avanzado nada en cuanto a
mejorar la competencia en el sector. Que usted diga que no
presentamos alternativas, pero que luego las reconozca para
criticarlas, forma parte del juego contradictorio parlamentario.
Nosotros hemos presentado y presentaremos como consecuencia de esta
interpelación una alternativa clara, en la que volveremos a decir lo
que le hemos venido diciendo hasta ahora: que no hemos respaldado sus
medidas liberalizadoras, porque nos parecen todo menos
liberalizadoras. Me parece, y lo discutimos con el llamado paquete
liberalizador de junio, que los topes que se establecían a generación
eran excesivos, que no aseguraban una competencia garantizando esas
cuotas de mercado en generación a una empresa, que no se introducían
limitaciones en comercialización y distribución -que, por cierto, sí
que han introducido en el acuerdo del Consejo de Ministros sobre la
fusión Endesa-Iberdrola, no veo por qué es bueno para un caso y no
para otro o para la generalidad del sector- y porque creíamos que
mientras siga existiendo la relación de integración dominante entre
empresas generadoras, empresas distribuidoras y empresas
comercializadoras, hasta el punto de que poco más de un 1 por ciento
de la comercialización eléctrica hoy se hace por fuera de las cuatro
principales empresas, mientras sigan existiendo esas condiciones, se
pongan ustedes como se pongan, no habrá competencia en el sector. Y,
por cierto, este último punto también lo reconocían ustedes cambiando
una vez más de opinión en el acuerdo del Consejo de Ministros sobre
la fusión. ¿Qué pasa, que entonces les parecía correcto y ahora no
porque no hay fusión? Yo
creo que esas ideas son buenas con fusión o sin fusión y, por tanto,
creo que usted se va a ver abocado a traer aquí de nuevo un paquete,
que le seguirán llamando de liberalización aunque no lo sea, y donde
espero que para bien del país empiecen a hacer caso a nuestras
propuestas.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sevilla.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta.
Señor Sevilla, el modelo de liberalización del Gobierno, vuelvo a
reiterarle, es el modelo de la directiva y, a partir de ahí -en ese
sentido S.S. refleja cuál es la estructura del mercado español-,
tiene que comprender que el Gobierno está en situación de poner
condiciones a empresas privadas voluntarias en un proceso de
concentración, pero no las puede imponer, salvo que S.S. nos pida que
las hagamos por ley, en cuyo caso me gustará ver no una moción, señor
Sevilla, porque yo he sido parlamentario de la oposición muchos años
y sé que las mociones aguantan muchas cosas, sino una redacción legal
de cómo me va a plantear esa modificación. Indudablemente es muy
interesante comprobar que su grupo nos va a plantear límites y ventas
de activos privados en el conjunto del territorio nacional sin saber
a quién, sin saber cómo, sin saber por qué, lo cual va a ser uno de
los pasos más definitivos en el riesgo regulatorio español y, si le
hiciéramos caso, seguramente no nos lo agradeceríamos ninguno dentro
de unos años.
Es verdad que en España hay cuatro empresas eléctricas que dominan el
mercado, pero son decisiones que todos hemos heredado, quizás unos
tienen más responsabilidad en esa herencia que otros, pero es igual,
es lo que tenemos en este momento. Es más, hay voces autorizadas que
nos indican que en un mercado del tamaño del español,
independientemente de que hoy todavía es un mercado aislado, el
tamaño de esas empresas es relativamente razonable, pero yo ni
siquiera voy a defender eso. Sólo voy a hacer una reflexión a la
Cámara. Nuestra primera ampliación de mercado eléctrico va a ser
probablemente el mercado ibérico, lo cual tiene bastante lógica.
Probablemente la segunda empresa eléctrica de la península ibérica ya
no va a ser una empresa española. Es algo que tenemos que empezar a
tener en cuenta, lo cual no es malo, pero es una realidad que quizás
el excesivo énfasis en el número de empresas, que yo sé que hay
personas que sostienen, es un énfasis que tiene límites. Nosotros
hemos insistido, siguiendo las doctrinas del Tribunal, que
compartimos, que en un mercado en el que hay barreras de entrada
reducir el número de empresas no es admisible pero, al mismo tiempo,
plantear que tenemos que reducir las cuotas de mercado de todas las
empresas existentes en el país sin tener sustitución para las mismas,
no estoy seguro de que sea un camino que S.S. pueda mantener. En
cualquier caso, como S.S. nos lo va a plantear en una proposición de
ley articulada legalmente, tendremos ocasión de comprobarlo.
En segundo lugar, S.S. insiste en que no existe suficiente
competencia en nuestro país. Dicha así la frase, no sé con quién nos
compara S.S., ¿nos compara con nosotros mismos hace cinco años? Pues
indudablemente sí, tenemos más liberalización, más competencia. ¿Nos
compara con nuestros vecinos? Vamos más deprisa. ¿S.S. con quién nos
compara? Yo ya sé que los organismos internacionales hacen informes,
para eso les pagan. Perdóneme, señoría, usted puede recurrir a todos
los organismos que quiera, pero con respecto al mercado de la Unión
Europea yo le aconsejaría que nos pusiéramos de acuerdo en que
Eurostat es una referencia relevante. No me estoy refiriendo a la
oficina estadística norteamericana, estoy refiriéndome a la oficina
de estadísticas de la Comisión Europea sobre el mercado eléctrico
europeo. Su señoría me dice: No me conviene lo que dice Eurostat, lo
que me conveniente es un informe de la OCDE. Yo lo entiendo porque,
como S.S. ha dicho, en el debate dialéctico parlamentario eso ya lo
hemos visto todos, incluso, si usted quiere, lo hemos usado todos,
pero reconózcame que para discutir la comparación europea de datos
eléctricos Eurostat es una fuente relevante, salvo que el Grupo
Socialista decida que la oficina de estadísticas europeas no es
relevante, caso que también me gustaría saber si lo van ustedes a
tomar en serio, porque me da la sensación de que no.
Apartir de ahí, si nos comparamos con nuestro pasado, estamos en una
situación de mayor competencia. Si nos comparamos con nuestros
vecinos, estamos en una situación de mayor velocidad en dos
cuestiones básicas, que es el grado de liberalización del mercado y
la reducción de tarifas. Su señoría dice que eso no es suficiente.
Está en su papel, y a mí me gustará ver qué es lo que nos propone.
Pero tengo que decirle que lo que no se puede decir es que lo que se
ha hecho hasta ahora no ha servido para nada o que no hemos recorrido
un camino extraordinariamente importante, porque eso es negar la
evidencia de dónde veníamos. Veníamos de un sistema absolutamente
intervenido y absolutamente regulado, con monopolios públicos y con
una situación en la que las empresas no eran responsables de sus
beneficios, sino que era la Administración la que garantizaba los
beneficios de las empresas. (El señor Sevilla Segura pronuncia
palabras que no se perciben.) No, perdón, hay 400.000 millones de
diferencia. Los consumidores españoles se han llevado 400.000
millones que con el marco estable se los hubieran llevado las
empresas. Si sus señorías, a estas alturas de la fiesta,
creen que 400.000 millones de pesetas no es dinero, es que SS.SS.
tienen una visión de lo que es dinero realmente excesiva. Son 400.000
millones de pesetas que están en el bolsillo de los consumidores, y
que siguiendo el marco estable estarían en el bolsillo de las
empresas. Fíjense ustedes si hay diferencia. Y aún así, señoría, hay
compromisos de las empresas, que han solicitado los correspondientes
permisos de la Administración para invertir 30.000 megavatios en
nuestro país. Su señoría dice: No me lo creo. Lo dicen pero no lo
harán. (El señor Sevilla Segura hace signos negativos.) Si no lo ha
dicho, yo no le he entendido bien, pero lo que ha dicho parecía eso.
Alo mejor ha dicho lo contrario. Si no lo ha dicho, mejor. Pero en
este momento empresas sólidas, conscientes, que tienen inversiones en
España muy importantes han comprometido y han pedido autorizaciones
al Gobierno para invertir 30.000 megavatios en nuestro país y en
nuestro país en este momento hay 45.000 megavatios. Probablemente S.
S. podrá decirme que no es suficiente. Bien, no es suficiente, pero
vuelvo a repetirle que si nos comparamos con el presente es de
45.000, 30.000 más, y si nos comparamos con el pasado, durante un
quinquenio se planteaba una inversión de 1.700 megavatios y ahora de
30.000.
Por lo tanto, independientemente de que todo es perceptible
y seguramente la gestión de este Gobierno en el sector eléctrico es más
que perceptible, los resultados no pueden calificarse de malos, en mi
opinión, sino todo lo contrario. Si España consigue en el año 2003, y
lo va a conseguir, tener un mercado totalmente liberalizado, S.S.
seguirá diciéndome que en España el tamaño de nuestras empresas es de
una determinada manera. Efectivamente, pero eso tiene que ver con
nuestra historia económica. Y lo mismo nos sucede en el sector de las
gasolinas y en el del gas. Y esa historia económica tiene sus raíces
en una historia reciente y en decisiones que se tomaron
recientemente. Podemos hablar del sector eléctrico, podemos hablar de
la desaparición del monopolio de Campsa o podemos hablar de la
privatización de Enagás. Cualquiera de esas tres decisiones han sido
tomadas en los últimos 10 ó 15 años y nos han llevado a donde nos
encontramos en este momento, con sus ventajas y sus inconvenientes,
porque no vale la pena haber entrado en las cuestiones en un solo
momento. Es verdad que no hay un mercado eléctrico europeo, es
cierto, y ese es uno de los grandes condicionamientos de nuestra
posibilidad en este momento de permitir cierto tipo de propuestas
empresariales. Pero también es cierto que si empezamos a hablar no
sólo del mercado español, sino del mercado ibérico, nos podemos
encontrar con que la segunda empresa eléctrica ya no sea una empresa
exclusivamente española. Esto nos indica que tenemos que pensar en
varias cosas a la vez y, por tanto, que incluso reconociendo que la
herencia del tamaño de las empresas que tenemos es discutible, y S.S.
la discute incluso más que yo,
también puede suponer la posibilidad de que tengamos empresas que en
mercados globalizados tengan capacidad de respuesta.
En cualquier caso, el Gobierno y el grupo parlamentario estaremos más
que interesados en comprobar cuáles son las propuestas que su grupo
nos hace sobre esta cuestión y cómo pretende llevarlas a cabo. Serán
realmente interesantes las propuestas que, desde el punto de vista de
una norma con rango de ley, plantea S.S. para producir decisiones
obligatorias por parte de accionistas privados en determinadas
compañías. Podrá poner límites al conjunto del crecimiento español de
todas las empresas eléctricas, pero entonces, señorías, sí que vamos
al apagón. (El señor Sevilla Segura pronuncia palabras que no se
perciben.) Yo a dos; he dejado las otras dos sin límites. (Risas.-El
señor Sevilla Segura: Un 80 por ciento del mercado.) Claro, para que
ese 80 por ciento baje, el otro 20 por ciento tiene que subir. Fíjese
que yo soy de letras, pero es así. (Risas.) No es difícil de
entender. Si tenemos un 80 por ciento y no queremos que suba, debemos
hacer que el otro 20 por ciento suba, pero si ustedes me limitan el
cien por cien, eso se llama apagón.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rato. ¿Grupos que desean
intervenir?
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Muchas gracias, señora presidenta.
Me da la impresión de que en una de las lenguas minoritarias del
Estado vamos a grallar en Castañeu, que es gritar en un lugar donde
no se nos va a escuchar, quizá porque nuestra opinión no va a
coincidir con lo que hemos oído hoy en esta Cámara.Por lo que he oído
en el día de hoy, da la impresión de que el único sujeto en el
mercado eléctrico son una serie de empresas que, por otra parte,
tienen si no un monopolio, un oligopolio de oferta, y los
consumidores entendidos como aquellos que obtienen un recurso y pagan
por él. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)
A nosotros nos parece que esa es una distorsión de la visión de un
ámbito muy especial, el ámbito energético y eléctrico. A nosotros nos
gustaría hablar de ciudadanos más que de consumidores y, en ese
sentido, abarcar todos los problemas que hoy tienen el sistema
eléctrico y el sistema energético no solamente en nuestro país, sino
en el ámbito internacional. Es verdad que existe una situación muy
fluida en el mercado eléctrico español, lo hemos visto en el último
intento de concentración -uno más- entre Endesa e Iberdrola, con el
peligro de convertir el mercado eléctrico no ya en un oligopolio de
oferta, sino en un monopolio, pero hay otras circunstancias que a mí
me gustaría resaltar. La
liberalización de que ha hecho gala el señor Rato en su intervención
hoy, y las prisas por la liberalización en estos momentos están
sujetas a interrogantes. ¿No es un interrogante el derrumbe del
sistema eléctrico en California? ¿No lo es? ¿No tiene nada que ver
con nuestra realidad? A nosotros nos parece que sí, que tiene que ver
con el modelo de liberalización.
Por otra parte, quiero poner encima de la mesa la situación del
cambio climático, porque parece que tampoco tiene que ver con
nosotros, pero resulta que se acrecienta y España aporta ya todo lo
comprometido para el año 2010 en los compromisos de Kioto; es decir,
nos hemos pasado de forma abrumadora con relación a los compromisos
que teníamos de crecimiento de nuestras emisiones de gas con efecto
invernadero. Esto, parece ser, son cuestiones menores; son cuestiones
menores que los consumidores sean ciudadanos, que necesiten vivir en
un territorio y que necesiten tener futuro en ese territorio. Esto es
una cuestión menor. Nuestra forma de ver a los ciudadanos es verlos
únicamente como consumidores. Y parece que es una cuestión menor
también la crisis de la liberalización eléctrica que se ha producido
en California y que de alguna manera nos afecta. Al menos plantea
interrogantes sobre los modelos de liberalización eléctrica, sobre
qué elementos es necesario garantizar en intervención pública, en
regulación pública, para que no se derrumbe un sistema eléctrico y no
empiece en manos privadas para terminar en una emergencia en el
hospital de las empresas públicas o de la intervención pública, como
siempre. Esa es la compleja situación en que se encuentra el sistema
eléctrico. En nuestra opinión no se soluciona únicamente con más
competencia. Creemos que la cuestión no está en el ritmo de una mayor
competencia. Coincidimos en que hoy no hay competencia en el sector,
es una falsedad. Se habla de liberalización cuando es concentración y
se habla de competencia cuando hay oligopolio; en estos momentos no
hay competencia.
Se nos plantean otros interrogantes. Por ejemplo, si esta regulación
permanente que hace el Gobierno -rememorando otros términos de
revolución permanente, esto es la regulación permanente y la
liberalización permanente-, a través de modificaciones continuas del
marco regulatorio y de decretos del Gobierno, es la solución a los
problemas del sistema eléctrico. Creemos que no es así. En este
momento tenemos un sistema eléctrico que es un monopolio o un
oligopolio de oferta, sometido a cambios regulatorios continuos por
parte del Gobierno, que no solucionan, en primer lugar, el problema
del recurso ni tampoco el problema ambiental que se produce como
consecuencia del efecto climático del consumo energético. Son
problemas que no se solucionan con más o menos liberalización o con
más o menos competencia. Es necesario abrir de nuevo el debate, que
seguramente se abrirá en California, de hecho ya se está abriendo,
sobre la planificación
energética. ¿Vamos a abrir ese debate o vamos a dejar definitivamente
que quien planifique, tanto el gasto energético como su impacto en el
medio ambiente, sean las propias empresas? Nos parece que ese no es
el camino. En todo caso, hay que abrir el debate. También hay que
abrir el debate sobre la intervención pública y la regulación en el
mercado energético. Esos debates son ineludibles, los quiera el
Gobierno o no. Veremos si en esta ocasión -en este debate y en el
próximo- apuntamos alguno de esos problemas de fondo del sistema
energético y del sistema eléctrico español, que no se solucionan con
las cambiantes posiciones del Gobierno en torno a si una empresa debe
o no concentrarse. No creemos que sea ese el camino y esperamos a la
moción subsiguiente para continuar con el debate.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Llamazares.
Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario de
Convergència i Unió ha escuchado atentamente la interpelación
planteada por el Grupo Parlamentario Socialista, así como también la
respuesta que ha dado a la misma el señor vicepresidente del Gobierno
y ministro de Economía.
Me gustaría exponer ante la Cámara la posición del Grupo de
Convergència i Unió respecto a la misma y cuál es nuestra posición
respecto al nuevo marco regulatorio aprobado en 1997 -por cierto, en
colaboración y con los votos de Convergència i Unió- y que, a nuestro
entender, ha significado un cambio importante de modelo para el
sector. Esta ley y su posterior desarrollo han comportado aspectos
fuertes y positivos pero también otros débiles y negativos que
explicaré rápidamente ante la Cámara.
Entre los aspectos positivos que ha tenido este nuevo marco
regulatorio en el sector eléctrico y energético, quisiera destacar la
importante reducción del precio de la energía eléctrica. Si hacemos
un repaso de cuáles han sido los comportamientos de los costes
energéticos en los últimos cinco años, desde 1997 hasta el año 2001,
podremos observar que efectivamente el precio de la energía eléctrica
ha disminuido y esto lógicamente ha comportado una mejora de
competitividad para nuestro tejido industrial y productivo, a
diferencia de lo que había pasado en los años anteriores, cuando a
nuestro entender teníamos un sobrecoste energético respecto a los
demás países de la Unión Europea. Estimamos que la evolución de la
tarifa eléctrica ha representado en estos últimos cinco años un 18,57
por ciento de reducción nominal en las tarifas eléctricas, siendo
éste un aspecto positivo que queremos resaltar ante la Cámara.
También consideramos positiva la aceleración en el
calendario de liberalización respecto a los consumidores para poder
considerarse como cualificados. En este aspecto ha habido un
importante proceso de aceleración, mucho más importante que el de
algunos países y algunas directivas europeas al respecto. La
posibilidad de comprar energía eléctrica en el mercado, directamente
o a través del comercializador, ha significado para los mejores
clientes importantes descuentos en la factura eléctrica que han
permitido mejorar la competitividad de nuestro tejido productivo. Por
último, también quisiéramos destacar como aspecto positivo que a
través de este nuevo marco regulatorio haya existido una limitación
de la actividad de generación de las grandes empresas de generación
que en definitiva tendría que representar en el futuro que pudiera
existir más competencia en este mercado.
No obstante, queremos resaltar en esta intervención también los
aspectos negativos o débiles que en un posterior desarrollo
reglamentario y en lo que queda de legislatura será posible suplir a
fin de que dichos aspectos que ahora consideramos negativos puedan
convertirse en positivos. Vemos como principal aspecto negativo -lo
ha dicho don Jordi Sevilla y también lo ha manifestado el
vicepresidente, aunque en otros términos- que no se ha incrementado
la competencia en el mercado de generación. Si analizamos cuál era la
situación del sector antes del año 1996 vemos que era difícil
incrementar la competencia en un mercado que estaba en una situación
oligopolística o monopolística, pero la realidad es que hoy, en el
año 2001, no ha existido incremento de competencia en el mercado de
generación. También cabe resaltar de las manifestaciones del señor
vicepresidente que ciertamente hay unas previsiones de incremento de
generación eléctrica que oscilan alrededor de los 30.000 megavatios,
por lo que esperamos que a lo largo de los próximos años exista
efectivamente competencia en el mercado de la generación. También
entendemos como aspecto negativo que no se haya incrementado la
competencia en la actividad de comercialización, básicamente porque
las empresas comercializadoras y distribuidoras son de la misma
propiedad que las empresas generadoras de energía eléctrica. Por lo
tanto, si próximamente hay un incremento de competencia en el mercado
de generación que posibilite que en el mercado de la comercialización
y distribución también pueda haber competencia, esto repercutirá,
lógicamente, en una reducción de costes de los precios energéticos
tanto industriales como de cara a las economías domésticas. Por
último, también consideramos como aspecto negativo o débil que no se
haya aprobado todavía la planificación de la red de transporte. Sé
que había unos plazos que oscilaban entre el 1 y el 31 de enero para
que el Gobierno pudiera especificar y explicar cuál es la
planificación de la red de transporte, pero hasta la fecha no se ha
producido. En todo caso, repito, tenemos confianza de que en los
próximos meses sea un hecho definitivo.
Al mismo tiempo, señorías, hay algunas preguntas que podríamos
plantear: cuándo piensa aprobar el Gobierno dicha planificación, y
cuáles son los proyectos de ciclos combinados que el Gobierno llevará
a cabo en los próximos meses. Y tenemos otra duda después de escuchar
la intervención del señor vicepresidente y en función de sus
manifestaciones en la última comparecencia en la Comisión de
Economía, en el sentido de cuáles van a ser las medidas o el marco
regulatorio, que es el que tenemos actualmente, y es si se van
a tomar decisiones importantes para que se pueda incrementar la
competencia en el ramo de la generación después del fracaso de la
fusión de Endesa e Iberdrola. Esta es una cuestión que expusimos en
la Comisión y que en algunos aspectos el señor vicepresidente ya ha
planteado en el sentido de que había grandes ofertas de producción de
energía eléctrica.
En definitiva, para Convergència i Unió lo importante es que en el
escenario presente y futuro del sector eléctrico y energético, por un
lado actuando el Gobierno a través del mismo marco regulador aprobado
en el año 1997 y por otro haciéndolo a través de las actuaciones de
la Comisión Nacional de la Energía y del Tribunal de Defensa de la
Competencia, los sectores implicados y los agentes económicos,
financieros y sociales dispongan de la claridad, la transparencia, la
objetividad y la solvencia necesarias para conseguir los objetivos
previstos en la legislación actual o en el marco regulatorio actual,
que no es otra cosa que el que exista más liberalización en el
mercado y mayor competencia para que finalmente pueda haber unas
reducciones en los costos energéticos que reviertan en las economías
industriales y domésticas. Esto, entiende el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), debe ir acompañado necesariamente de
una buena política industrial, con unos claros objetivos y unas
claras prioridades. Que no quepa la más mínima duda de que,
efectivamente, la política industrial volverá a ser una de las
protagonistas en esta Cámara, y en este caso nuestro grupo colaborará
conjuntamente con el Gobierno y con los demás grupos parlamentarios
de la Cámara para que esto sea una realidad a través de las
diferentes iniciativas legislativas que pueda presentar nuestro grupo
parlamentario.
Muchas gracias, señores diputados. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Sánchez i
Llibre.
Señor Gámir.
El señor GÁMIR CASARES: Señor presidente, señorías, este debate es el
primer acto de una discusión en tres partes, una de las cuales está
teniendo lugar hoy, otra tendrá lugar mañana con el decreto-ley y
otra el próximo martes en que haya sesión con las mociones que se
presentarán por parte de esta Cámara. Además,
tanto hoy como mañana intervendrá también el vicepresidente segundo
del Gobierno. Por ello, este parlamentario va a intentar caer lo
menos posible en reiteraciones, tanto en relación con lo que ha dicho
el señor vicepresidente como con respecto a lo que este portavoz
manifieste.
En todo caso, recalcar algún punto es necesario y por ello en este
primer acto me voy a centrar en dos temas, que voy a desarrollar sin
ninguna acritud y con el máximo respeto a la historia y al presente
del Partido Socialista. Por un lado, está el hecho de que el Partido
Socialista tiene una carencia de credibilidad en política energética
y por otro, que el Partido Socialista tiene asimismo una carencia de
credibilidad en su nuevo encuentro con la liberalización, ¿o quizás
era algo así como el socialismo libertario lo que se habían
encontrado? Dejémoslo en liberalización.
En relación con la carencia de credibilidad en política energética,
en esta legislatura, para no remontarnos más lejos, hemos hablado de
dos cuestiones: una, la subida de los precios del petróleo y dos, la
fusión entre Endesa e Iberdrola. ¿Y cómo ha actuado el Grupo
Parlamentario Socialista al respecto? En cuanto a la subida de los
precios del petróleo, yo les dije desde esta misma tribuna, así como
en la Comisión de Economía, que mantener hasta 13 posturas distintas
y muchos días contradictorias entre sí no era una buena forma de
conseguir credibilidad, siendo la postura básica que desarrolló el
secretario general en una pregunta precisamente al presidente del
Gobierno la de decir al final: Señor Aznar, baje usted inmediatamente
los impuestos de los hidrocarburos. Si lo hubiera hecho, ahora
probablemente desde el Grupo Parlamentario Socialista se estaría
diciendo que volviésemos a subir dichos impuestos. Contrariamente a
eso, el Partido Popular ofrece mucha más credibilidad, puesto que
mantuvo siempre la misma postura, aquella de que, ante un choque de
oferta de ese tipo, había que transmitir al mercado lo que ocurría y
lo hizo con éxito, dicho sea de paso. Algunos intervinientes han
hablado hoy de los problemas relacionados con el medio ambiente. Pues
bien, hay que decir que, si aquellos impuestos se hubieran rebajado,
hubiera sido una maravillosa medida contra el medio ambiente.
Y si ésa fue la credibilidad en política energética del Grupo
Parlamentario Socialista, el tema de EndesaIberdrola es realmente
curioso. Hay que reconocer, y es respetable, la capacidad que tienen
para decir cosas diversas. Yo había señalado las siguientes: en la
Comisión de Economía, según el «Diario de Sesiones», el 13 de
diciembre, por parte del representante del Grupo Parlamentario
Socialista, se decía: si se es capaz de hacerlo compatible con una
mayor competencia en el sector, mi grupo no tendrá oposición a la
operación de fusión. Luego estaba de acuerdo con la fusión si al
mismo tiempo se compatibilizaba con la competencia. Primera postura.
El 2 de febrero de este año, el Gobierno
hace casi prácticamente eso. Lo que el Gobierno hace es admitir la
fusión con un sistema muy duro, con un sí pero, aunque el pero era
tan duro que sin duda implicaba una competencia grande. Yo creí,
quizás con cierta ingenuidad, que como el PSOE había hablado tanto de
la oposición constructiva, lo que iba a decir era que la decisión que
toma el Gobierno es buena, aunque tal punto no nos parece bien, quizá
habría que apretar más en tal otro, pero nada de eso. El mismo día 2
de febrero encontramos las siguientes declaraciones. Por cierto, en
este caso, las declaraciones por parte de los máximos dirigentes del
PSOE han sido muy similares. No quisiera recordar aquí otros temas en
que no han sido tan similares, como en el plan hidrológico, etcétera.
En este caso no se puede hablar de falta de credibilidad por
dispersión en las declaraciones. La persona encargada de los temas
económicos decía que lo que había decidido el Consejo de Ministros el
2 de febrero constata una vez más que el Gobierno se pliega a los
intereses de las grandes empresas y consolida una situación de
monopolio absolutamente injustificable. En la misma línea, el
secretario de organización del partido dice que la decisión del
Consejo de Ministros del 2 de febrero es un nuevo regalo a las
grandes empresas y que sigue fomentando la concentración y el
monopolio. Y también en la misma línea, el secretario general del
partido, Rodríguez Zapatero, dice que lo que hace el Gobierno con la
decisión del viernes 2 de febrero es instar y promocionar esta
fusión.
Al lunes siguiente, las empresas hacen lo contrario; deciden que con
esas condiciones tan duras que ha puesto el Gobierno, no se fusionan.
Yo, si fuera representante del PSOE, diría que me encontraba ante un
falso paso, pero no, imperturbable el ademán, siguiendo el criterio
de mantenerla y no enmendarla, el día 6 de febrero, el representante
del Grupo Parlamentario Socialista dice lo siguiente: Dijeron
-ustedes, los del Gobierno- que no a Fenosa y a Hidrocantábrico por
el excesivo poder de concentración que significaba y ahora han dicho
que sí a Endesa e Iberdrola. ¿Existe alguna racionalidad entre este
sí y este no, más allá de la interpretación razonable amigo-enemigo?
Es una frase realmente preciosa. De forma que Fenosa es el enemigo
del Gobierno y por eso se le ha dicho que no. Y resulta que Endesa e
Iberdrola son los amigos del Gobierno y por eso se les ha puesto unos
condicionamientos tan duros que han decidido sus consejos que no.
Maravilloso. La teoría amigo-enemigo se ha llevado a la práctica de
una manera tal -aquí hay personas de la cátedra universitaria- que me
recuerda a esos catedráticos que cuando hacen una hipótesis y la
realidad les contrasta totalmente lo contrario dicen que la realidad
no sirve y que lo que importa es su hipótesis. Es difícil tener
credibilidad en política energética con estos antecedentes.
En el otro sentido, es difícil tener credibilidad, desde el punto de
vista de su conversión al liberalismo. También
aquí hay una bella frase -dado que desde la oposición gusta
citar el «Diario de Sesiones»- en el «Diario de Sesiones» sobre el
liberalismo y el Partido Socialista. Es del 13 de diciembre y dice:
En la historia de España -son ustedes los que aluden a la historia
esta vez, no el Partido Popular- la izquierda siempre ha sido más
liberal que la derecha, más liberal que el centro. No quiero
remontarme mucho, pero voy a referirme a un solo punto y luego
entraré casi en el presente. A finales de la década de los setenta,
en el Partido Socialista se pedía la nacionalización de la banca y
del sector eléctrico. Si eso es liberalización, maravilloso. Pero no
nos vayamos tan lejos; vayamos más cerca. Usted hablan de historia,
de historia reciente. Yo hablo de historia porque ustedes han
introducido el término, de los últimos cinco años de gobierno del
PSOE y de los cinco años de gobierno del PP. ¿Quién ha tomado medidas
liberales? En este caso, parte de las medidas liberales era
desregular en favor de la competencia. ¿Y quién lo ha hecho? Ha
habido alguna desregulación a favor de la competencia, de forma que
un grupo bancario no puede sentarse en más de un consejo del sector
eléctrico o de Telefónica; ha habido alguna desregulación en favor de
la competencia en el sentido de que el sector eléctrico y el sector
de las gasolineras, en los que hay dos empresas predominantes, para
entendernos en términos vulgares, no pueden aumentar su tamaño.
¿Quién ha tomado esas decisiones de desregulación pro competencia?
¿Los liberales reconvertidos o el Partido Popular? Me parece que ha
sido el Partido Popular. Si hablamos de otros sectores, por ejemplo
del gas, ¿qué ocurrió en los cinco años anteriores a 1996? Existió
algo muy curioso. Se privatizó al mismo tiempo que había una fusión
sin liberalizar, lo cual creó una situación curiosa en el sector del
gas. En la situación actual, en el año 2003 nos encontraremos con que
el cien por cien del sector del gas, desde la demanda, está
liberalizado cuando la Unión Europea sólo exige para entonces el 40
por ciento.
Acabo con un último ejemplo referido al sector eléctrico. En el
sector eléctrico estaba la regulación de 1987 y la famosa Losen. La
Losen tenía el punto de los independientes, pero que nunca fue
desarrollado manteniendo un sistema de planificación central. Esa fue
la herencia de 1996. Me hago la siguiente pregunta: ¿A que nos
hubiera parecido muy improbable en el año 1996, vista aquella
situación, que seis años y medio después, en el año 2003, hubiera la
liberalización total, al cien por cien, desde la demanda del sector
eléctrico? ¿A que nos hubiera parecido muy improbable? Eso me
recuerda una bella frase de Edgar Morán, que decía que la victoria
más atractiva es la victoria sobre lo improbable. Lo que ha
conseguido el Gobierno del Partido Popular es que aquello que era
altamente improbable en 1996, sea posible en el año 2001, cuando más
del 50 por ciento de la demanda estáliberalizada, y será real en el
año 2003. La victoria
sobre lo improbable es lo más atractivo de la política energética de
este Gobierno.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Gámir.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, RELATIVAAACTUACIÓN DEL GOBIERNO ANTE
LAS CONSECUENCIAS DE LOS FUERTES TEMPORALES QUE SUFRIÓ GALICIA
DURANTE LOS PASADOS CUATRO MESES. (Número de expediente 172/000065)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Concluido el debate, vamos a
dar paso a la interpelación urgente, presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, relativa a actuación del Gobierno ante las
consecuencias de los fuertes temporales que sufrió Galicia durante
los pasados cuatro meses.
Señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Galicia padeció durante más de cuatro meses temporales de lluvia y
viento sin respiro, vientos entre 100 y 150 kilómetros por hora,
lluvias que alcanzaron los valores medios normales para todo el año
hidrológico completo, inundaciones por avenidas que no se vieron en
los 50 últimos años. Al Bloque Nacionalista Galego le resulta
llamativa la nula actuación del Gobierno del Estado español después
de cinco meses, donde se pudieron comprobar las consecuencias de esta
catástrofe. Esta falta de preocupación o esta falta de diligencia por
parte del Gobierno es lo que intentamos paliar o cuando menos
impulsar en otra dirección con esta interpelación.
Empezaremos por las consecuencias económicas. Los datos manejados por
la propia Xunta de Galicia, que siempre cuantifica los daños a la
baja, sobre todo cuando se trata de una relación con el Gobierno
amigo, son los siguientes: 2.400 millones de pesetas en propiedades
particulares; 18.663 millones en infraestructuras y servicios
municipales de 139 ayuntamientos; 1.753 millones en bienes de las
diputaciones provinciales; 7.000 en propiedades de la Xunta de
Galicia; 19.300 millones en los sectores productivos, especialmente
el pesquero, y 1.100 millones en instalaciones de la Administración
central. Pero, además, hubo una docena de personas muertas, que
perdieron su vida a causa de los temporales con la caída de grúas,
con la caída de muchos árboles, arrasadas por las olas del mar o en
accidentes de tráfico directamente vinculados al temporal. El
patrimonio histórico artístico de Galicia también padeció. La muralla
de Lugo, en la parte restaurada en el siglo XIX, se vino abajo, los
castillos de Castro Caldelas y Maceda sufrieron importantes
desperfectos, seis puntos del Camino de Santiago deben ser arreglados
y el Parque de Allariz fue prácticamente inundado. Pero al Bloque
Nacionalista Galego le interesa hacer especial hincapié en los
sectores socioeconómicos más afectados que, en este caso, además
están vinculados a sectores cruciales, desde el punto de vista
productivo, en Galicia. Concretamente, les voy a dar algunos datos.
Omega, que es la organización de mejilloneros más importante del
país, con 1.221 productores, trabajadores autónomos, con más de 1.820
bateas, sufrió solamente en daños en sus instalaciones 2.176 millones
de pesetas. Pero especialmente el subsector pesquero del marisqueo,
de la pesca de bajura, es el que está padeciendo mayores
consecuencias desde el punto de vista social. No se debe de olvidar
que la mayor fábrica de Galicia está constituida por muchas personas
que se dedican sobre todo al marisqueo a pie, pero también a flote, y
que está entregada a la flota de bajura en nuestras costas. Pues
bien, en muchas partes la cosecha de berberechos quedó totalmente
perdida, la de almeja claramente reducida y, por supuesto, la flota
amarrada prácticamente la totalidad de los días, a excepción de una
oscilación de 20-30 días en cuatro meses, para salarios de
subsistencia. No entendemos cómo no se ha actuado con urgencia para
paliar las consecuencias desastrosas de este sector económico desde
el punto de vista laboral. Ustedes comprenderán que el estar sin
actividad durante cuatro meses y, todo lo más, poder trabajar en este
período entre 20 y 30 días, debería de obligar a actuar a un gobierno
preocupado por las cuestiones sociales.
Llama la atención la respuesta del Gobierno a mi compañero Guillerme
Vázquez, cuando le pregunta sobre el temporal en las costas y su
repercusión sobre las flotas de bajura y litoral, solicitando ayudas
para los trabajadores. La respuesta del Gobierno es la siguiente: La
evaluación y, en su caso, la adopción de ayudas a la flota pesquera
por cese temporal de la actividad corresponde a las comunidades
autónomas. Aeste respecto se señala lo que establece el artículo 16
del Reglamento del Consejo 279/1999 y siempre que se envíen a la
Comisión las justificaciones científicas apropiadas. Esto es como si
se tratara de la expulsión del banco canario sahariano. Pero es que
no estamos hablando de esto, estamos hablando de ayudas, de
subsidios, de coberturas sociales a los trabajadores y, en todo caso,
también a las empresas.
En segundo lugar, queremos hacer hincapié en el problema de las
limitaciones presupuestarias y políticas de las administraciones
locales. Ustedes saben que los afectados al primer sitio donde van es
a la Administración local, sea o no competencia de la misma, tenga
capacidad financiera para afrontar el problema o no. Ante las
urgencias, los vecinos no entienden de diferencias de carácter
competencial. Pues bien, señorías, 239 ayuntamientos de Galicia están
afectados por daños registrados por un valor de 19.000 millones de
pesetas solamente en infraestructuras o en servicios
vinculados a los ayuntamientos Estos ayuntamientos se dividen, desde
el punto de vista provincial, de esta forma cuantitativa: 83 en la
provincia de A Coruña, 57 en Ourense, 38 en Lugo, 61 en Pontevedra, y
de todos ellos, 31 están cuantificando pérdidas reconocidas por la
Xunta de Galicia superiores a 200 millones de pesetas. Municipios
rurales, por ejemplo, que están por encima de los 200 millones de
pesetas en la provincia de A Coruña: A Baña, Ames, Arzúa, Betanzos,
Brión, Padrón, Santiago, Val do Dubra y Cambre, al que después haré
una alusión específica; en la provincia de Ourense: la propia
capital, Verín, Xinzo de Limia y desde el punto de vista de la
especificidad característica, Allariz; en la provincia de Lugo, Antas
de Ulla, Guitiriz, la propia capital -Lugo-, Monforte, Palas de Rei,
Pastoriza, Samos, Sarria; en la de Pontevedra: A Estrada, Lalín, la
propia capital -Pontevedra-, Rodeiro y Caldas de Reis, a la que
después haré también una alusión específica. En todos estos casos es
prácticamente el alumbrado el que ha salido deteriorado y no sólo por
la tormenta, sino por una infraestructura que siempre, todos los
inviernos, deja sin luz a muchas zonas de Galicia, porque es una
infraestructura deteriorada, como ha sido reconocido incluso en las
respuestas del Gobierno. Antes estuvo hablando del sector eléctrico.
Sería muy interesante que todas esas empresas de carácter oligopólico
mejoraran su infraestructura de distribución y comercialización, por
lo menos en Galicia, que es tercermundista: el abastecimiento de
aguas, la red de saneamiento, la red viaria y servicios municipales
como instalaciones deportivas, áreas recreativas y edificios de los
centros de enseñanza primaria y secundaria. Voy solamente a hacer una
alusión concreta al caso de Cambre y Caldas.
En Cambre, señorías, para que se den cuenta de la importancia del
problema, solamente en propiedades privadas hay 385 millones de
pesetas y, además, personas que no pueden entrar en sus casas desde
hace más de dos meses. Y han hecho reivindicaciones de todo tipo seis
empresas del ayuntamiento y 67 familias. No es de recibo que un
ayuntamiento, en solitario, tenga que enfrentarse a esa problemática
e incluso ser él quien proponga determinado tipo de medidas, de
bonificación de pagos a la Seguridad Social o de bonificación al
impuesto de actividades económicas. Ni lo es ver cómo los habitantes
de Caldas -que se dedican al comercio y que vieron cómo en la época
de Navidad no pudieron vender nada porque estaban prácticamente
inundados todos sus comercios, lo que ocurre de forma repetitiva y
este año escandalosa- no querían ni siquiera que se declarase zona
catastrófica porque eso conllevaría un problema con los seguros
privados y, en ese caso, prefieren aguantar pagando ellos de su
propio bolsillo y haciendo frente a la situación, mientras el
ayuntamiento sigue por la línea colateral, diciendo que va a pedir
bonificaciones a cuestiones impositivas o de cobertura social que son
competencia exclusiva del
Estado. En estos dos casos, tendríamos que hablar de déficit de las
infraestructuras. El río Mero, que necesita obras hidráulicas que
están pendientes de actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente,
padece estas avenidas por causa de un mal hacer de Aguas de Galicia,
que abrió de forma desconsiderada, por aguantar hasta el máximo, las
compuertas de la presa, y también porque el río está muy desmejorado
en sus márgenes y, por tanto, necesita una limpieza.
Señorías, acabo diciéndoles algo fundamental. ¿No son muchos cinco
meses de silencio insensible de la Administración, ante la merma en
el lucro de muchos comerciantes, sin tomar medidas, al margen de lo
que la burocracia acelere con los trámites oportunos, referidos
específicamente a infraestructuras o servicios? La Administración
general del Estado y la Administración autonómica, ¿no deberían
actuar con urgencia y con una información de propaganda activa en los
medios de comunicación? Pues bien, aunque nosotros intentamos que el
ministro del Interior compareciese en el mes de enero, período no
hábil, fue vetada esta comparecencia por el Partido Popular, que
tiene la mayoría en esta Cámara. ¿No son competencia directa del
Estado las cotizaciones sociales, el IRPF, el impuesto de sociedades,
incluso la moratoria por el pago de créditos? ¿No puede introducir
ahí factores positivos? ¿No puede el ICO dar créditos blandos? ¿No se
pueden hacer subvenciones a los ayuntamientos? En definitiva, ¿no
debe tomar la iniciativa el Gobierno? No es de recibo que se trate
este tema como un problema puramente burocrático.
Incluso en un ayuntamiento de A Coruña, el de Cedeira en concreto, su
alcalde tenía que hacer frente, él solo, al desplazamiento de una
montaña. Y menos mal que el Instituto Geológico Nacional accedió a
hacerle un estudio de cuáles eran las causas del desplazamiento de la
ladera de la montaña. Pero para investigar mucho más profundamente e
incluso saber la causalidad profunda se necesita una intervención
para la cuál sólo tiene medios la Administración del Estado, ni
siquiera la Administración autonómica, por lo menos tal como está
constituida hoy en día. ¿Y qué decirles de agricultores, de
trabajadores del mar, de comerciantes autónomos, que todos ellos
tienen que ser protegidos, por lo menos en una situación de
emergencia como ésta, por la Administración pública? ¿No es, por
tanto, el caso de Galicia un caso cualitativo diferente, al que no se
está tratando ni siquiera como los casos ordinarios? Diferente por la
duración del temporal; diferente por su intensidad; diferente por el
espacio y el hábitat afectados, y diferente sobre todo -y queremos
remarcarlo aquí y es lo que más nos mueve, porque esto sí que no lo
puede arreglar en exclusiva la Administración autonómica ni puede
esperar- por los sectores socioeconómicos y laborales afectados.
Quiero además, en concreto, llamar la atención del Gobierno sobre
algo muy importante: la falta de una normativa general está
conllevando que, ante casos como éstos, se actúe en función de
intereses políticos o de presiones de carácter partidario legítimas,
en función del interés o de la potencia que tiene cada partido
político en sus sucursales territoriales. Si no, es imposible esta
actuación tan poco diligente, tan insensible por parte del Gobierno
español en relación con estas situaciones catastróficas en Galicia.
En todo caso, el Bloque Nacionalista Galego quiere que ustedes,
aunque sea tarde, actúen ahora con celeridad y asuman una serie de
medidas y actuaciones, con carácter de urgencia, que sólo está en su
mano tomar.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rodríguez
Sánchez.
Señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente,
señorías, en primer lugar, quiero mostrar mi plena y total
solidaridad con la Comunidad Autónoma de Galicia y coincidir con
usted, probablemente en lo único, en lo que significa una gran
preocupación por las consecuencias del fuerte temporal que, como
usted ha recordado, ha azotado a esta comunidad autónoma durante tres
meses consecutivos. Quiero destacar la importancia y la magnitud de
estos episodios meteorológicos, que se han producido, como antes
decía, de forma casi ininterrumpida desde el 28 de octubre de 2000
hasta el 6 de enero de este año, con situaciones y episodios más
agudos en la semana del 3 al 10 de diciembre de 2000 y en los días 3,
4 y 5 de enero de 2001.
Desde esa coincidencia y desde la expresión de máxima solidaridad,
señoría, quiero recordarle que, en toda gestión y posterior
valoración ante una situación de emergencia, hay dos fases
marcadamente diferentes. En primer término, la gestión y la dirección
de la emergencia, que, salvo que usted solicitara lo contrario en
estos momentos, corresponde indudablemente a la comunidad autónoma;
no es un capricho del Gobierno, simplemente es que la protección
civil es una competencia que, de acuerdo con el modelo
constitucional, en lo que es la acción preventiva corresponde
sustancialmente a la comunidad autónoma. Si usted quiere replantear
esa competencia y cree que, en determinados momentos y
circunstancias, esa gestión y dirección de la emergencia corresponden
al Gobierno central, será un momento oportuno para hacer un debate
sobre la protección civil en el conjunto de España.
La segunda fase es la valoración de los daños. Esa valoración de los
daños es de interés nacional, señoría. En esa fase de valoración,
claro que tiene que actuar el Gobierno central, lo tiene que hacer en
un primer momento a través de los ministerios correspondientes
en el momento en que se producen los hechos y también luego -para eso
está ese real decreto-, cuando valoraremos los daños, lo cual se
tiene que producir en el momento en que hayan finalizado para tener
una idea global de lo que necesitamos invertir, aportar, para
resolver unos problemas en la comunidad autónoma.
Por eso, discrepo absolutamente con usted en que haya habido una
falta de preocupación del Gobierno, lo que ha habido esencialmente es
un respeto del Gobierno a las competencias que tiene la comunidad
autónoma. Si hubiésemos invadido alguna de las competencias, esté
seguro de que su grupo sería el primero que nos hubiese llamado al
orden a efectos de no invadir las competencias que corresponden en
esta materia a una comunidad autónoma, como es Galicia en este caso.
Quiero decirle, señoría, que el Gobierno ha realizado, a lo largo de
estos episodios, las funciones de apoyo, coordinación y seguimiento
del proceso de emergencia que han sido requeridas por la Comunidad
Autónoma de Galicia y por los ayuntamientos. De acuerdo con el marco
jurídico vigente, la dirección y coordinación de las actuaciones,
como no podía ser de otra forma, han correspondido a la Comunidad
Autónoma de Galicia. En este terreno, en el terreno de la gestión y
la dirección de emergencias, es evidente que la función del Gobierno
se ha limitado a realizar acciones de apoyo a la comunidad y a los
ayuntamientos cuando expresamente ha sido requerido para ello. Éste
es un principio básico y esencial de nuestro sistema de protección
civil a la hora de regular los distintos operativos y la
planificación de las emergencias.
En cualquier caso, los principios rectores de la Administración
central han sido el de la coordinación y el seguimiento. La Comunidad
Autónoma de Galicia, los ayuntamientos, el Gobierno de España a
través de la delegación y las cuatro subdelegaciones han estado en
permanente comunicación para disponer de una información contrastada
y homogénea de daños producidos y, así, coordinar las estrategias
necesarias.
Quiero recordar que se creó un órgano específico para coordinar las
actuaciones y que el 26 de diciembre de 2000 se creó una comisión
integrada por miembros de la Xunta, de la Delegación del Gobierno, de
las cuatro diputaciones y de la Federación gallega de municipios
y provincias. Y esa comisión, señoría, ha funcionado desde el principio
de manera eficaz. Se reunió por primera vez el pasado mes de
diciembre y, a partir de ahí, se fueron adoptando diversas decisiones
sobre plazo máximo para presentación de expedientes, ampliación del
número de ayuntamientos afectados, tramitación de informes recibidos
y remisión a la Dirección General de Protección Civil.
El temporal al que nos referimos ha tenido una particularidad
excepcional y ha sido, sin duda, el de la acumulación de episodios
durante tres meses consecutivos. Esta circunstancia ha motivado un
retraso en la
realización de trabajos, en la presentación de solicitudes y,
consecuentemente, en la evaluación definitiva de los daños. Y esta
circunstancia también motivó las sucesivas reuniones de esta
comisión, que se vio obligada a modificar sucesivamente la valoración
de daños y la aportación de documentos para cerrar la emergencia.
Fíjese, señoría, si esto es así que esa comisión mixta volvió a
reunirse el 24 de enero de 2001, en este caso para poner en marcha,
desde las cuatro subdelegaciones del Gobierno, las respectivas
comisiones provinciales que tenían por objeto el análisis y la
depuración de expedientes de los ayuntamientos. En las cuatro
provincias gallegas se celebraron reuniones para la evaluación
definitiva de las reclamaciones presentadas, de las que se levantaron
las correspondientes actas el 7 de febrero, cerrándose en ese momento
la evaluación provincial de los expedientes.
La Dirección General de Protección Civil ha recibido la valoración
definitiva de daños producidos el pasado 15 de febrero, con la
advertencia de que pueden aún incorporarse nuevos daños en los
próximos días. Lo que sí puedo decirle, señoría, es que la Dirección
General de Protección Civil va a trabajar con la máxima celeridad
para que se elabore la correspondiente norma para hacer frente a esta
situación. Evidentemente, señoría (y así lo ha defendido el
Gobierno), hay que modificar la acumulación de reales decretos para
abordar estas cuestiones, y en el comienzo de la legislatura hemos
anunciado que estamos trabajando en un proyecto de ley de medidas
reparadoras para daños derivados de catástrofes naturales. Ya está
anunciado, y se trata de sustituir a los reales decretos para
acrecentar la inmediatez en esas ayudas a las que usted se refería.
Señoría, pero, en este caso, es en el ámbito de la reparación cuando
el Ministerio del Interior comienza a actuar valorando la
documentación recibida y adoptando las medidas oportunas de carácter
normativo, para prever un conjunto de medidas con que paliar o
reparar las consecuencias de estas lluvias. Y eso es lo que está
haciendo la Dirección General de Protección Civil, que, como antes he
dicho, concluirá esta misma semana la elaboración del real decreto-
ley, que será sometido a consulta por los distintos ministerios
afectados y que será sometido a su aprobación por el Consejo de
Ministros. Pero quiero decir (como antes también le he indicado,
señoría) que, como estas lluvias han afectado a infraestructuras o
servicios públicos de titularidad estatal, los distintos ministerios
ya han tomado diferentes medidas, y usted no ha recordado ninguna de
ellas. ¿Por qué no dice usted que el Ministerio de Fomento ha
aprobado hasta la fecha obras de emergencia por importe de 576
millones de pesetas, con lo que está permitiendo realizar las
actuaciones más urgentes? ¿Por qué no dice que el Ministerio de Medio
Ambiente, a través de la Demarcación de Costas, ha aprobado la
realización de obras de emergencia en ayuntamientos como el de
Cedeira o el de la Puebla del Caramiñal, por
un importe de 150 millones de pesetas? ¿Por qué no dice que ha
valorado otras obras a realizar, por importe de 150 millones de
pesetas, en la provincia de La Coruña, o de la provincia de
Pontevedra, donde hay una estimación de casi 100 millones para obras
de emergencia?
Señoría, usted, al hablar de la protección civil, probablemente no ha
recordado ni el ámbito legal de la protección civil ni la
distribución de competencias, y es muy fácil decir entonces que el
Gobierno central haga todo lo que tenga que hacer, olvidando separar
las dos fases, la fase de gestión de una emergencia de estas
características y lo que es la fase de la valoración. Y la
valoración, señoría, sólo se podrá hacer en la medida en que
concluyan todas las valoraciones, porque si no sería una cadena
interminable, desordenada, imposible de ordenar en un momento
determinado. Por eso, señoría, el Gobierno, en esa emergencia, ha
cumplido sus funciones de apoyo con sus Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, y lo ha hecho con diligencia y prontitud; en
segundo lugar, ha coordinado con la Delegación del Gobierno en
Galicia la recepción de informes conteniendo la valoración de datos
y, en tercer lugar, recibida la valoración definitiva (como antes he
dicho, el pasado 15 de febrero), está elaborando el correspondiente
real decreto para adoptar las medidas necesarias y llevar la
normalidad a las zonas afectadas.
Si en cada catástrofe de esas características, cada comunidad tuviese
la misma reacción que usted, que es olvidarse de la norma, olvidarse
de la distribución competencial, no habría ninguna posibilidad de
abordar una cuestión de estas características. Claro que todos
desearíamos poder dar una respuesta más inmediata, sobre todo para
valorar los hechos. También quiero decirle -usted no ha dicho una
palabra de este tema- que, en ese tipo de catástrofes, lo más
importante es la acción preventiva. En ese sentido, la comunidad de
Galicia es probablemente una de las comunidades que está a la cabeza
de lo más importante en esta cuestión, que es un proyecto de
inundaciones -aunque todavía no lo tiene finalizado-, que viene a
significar, en el ámbito preventivo, una actuación de primera
magnitud. Si algo está claro en la Ley de Protección Civil de 1985 es
que en el área preventiva hay que poner el acento incluso más que en
el área de la reparación. Hay que prevenir. En ese sentido, su
comunidad, con el Gobierno de Galicia al frente, está a la cabeza de
las comunidades autónomas que están terminando en estos momentos un
proyecto de estas características.
Señoría, yo me solidarizo, como usted ha hecho, con los problemas que
tiene Galicia en este terreno, pero hay unas normas. Hay que ordenar
necesariamente un proceso delicado y difícil, y todos tenemos que
saber asumir las responsabilidades y las competencias que los
españoles, en su momento, a través de la Constitución española,
determinamos.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, está muy bien que por primera vez el Gobierno
español, a través de sus palabras, reconozca que va a valorar los
daños y a prestar ayudas, pero eso contradice el silencio mantenido
por el Gobierno hasta ahora, o la postura de la Xunta de Galicia ante
fenómenos como la respuesta parlamentaria que yo le leí, diciendo que
precisamente el sector pesquero no va a recibir ningún tipo de ayuda,
cuando, desde el punto de vista socio-laboral -me importa mucho
decirlo-, es el sector más afectado. En concreto, el propio
conselleiro de Pesca les dijo que no había posibilidad de ayudas de
ningún tipo. No nos referimos a desmantelamientos o a ayudas a lo que
son los medios para poder pescar, sino a ayudas personalizadas a
trabajadores, que me imagino que deberían tener la misma
consideración que las peonadas en Andalucía; por lo menos en casos de
catástrofes, deberían ser contemplados exactamente igual. Ustedes
pudieron explicar todo esto mucho mejor en una comparecencia a su
debido tiempo y no esperar -vuelvo a repetir- cinco meses.
Hablemos de una cuestión importante a la que usted se ha referido, la
gestión y dirección de las emergencias, que corresponde a la
competencia autonómica, en concreto también a Protección Civil. Y, en
segundo lugar, la valoración de los daños, que correspondería al
Gobierno central. Yo, señor ministro, le puedo asegurar que la
Administración central en Galicia está ralentizando el procedimiento
de valoración. En concreto, el señor delegado del Gobierno pide ahora
que se revisen las evaluaciones realizadas por los ayuntamientos;
incluso está lanzando la idea -y la propia Xunta, exactamente igual-
de que no hay suficiente crédito presupuestario, olvidando algo
fundamental, como que los créditos presupuestarios son ampliables.
Comprendo que es muy importante tener en cuenta la división del marco
competencial, y nosotros somos los primeros en defenderla, pero
comprenderá que, cuando tenemos un Estado tan completamente híbrido y
ocurren estas situaciones catastróficas, lo que es absurdo es que las
fuerzas políticas que defendemos a nuestra sociedad vayamos a estar
calladas ante la incidencia que tiene la postura del Gobierno a la
hora de dar amparo, información, e incluso soluciones, que deben
partir de él, por lo menos en los campos claramente vinculados a su
competencia.
Ha citado usted obras de emergencia. Tengo que decirle que algunas de
ellas no se refieren a estos temporales. Por ejemplo, las de Cedeira
fueron para regenerar una playa que lleva más de cinco años
prácticamente barrida por las olas debido a los fenómenos naturales,
a las mareas, porque se hizo un espigón,
hace mucho tiempo, que atenta, desde el punto de vista del
ecosistema, contra la permanencia de los bordes litorales.
Nosotros no hacemos, en la cuestión competencial y con esta
iniciativa, más que seguir lo que es un criterio del Partido Popular
en otras zonas del país. Quiero recordarle que en el próximo Pleno de
este Congreso de los Diputados se va a debatir una proposición no de
ley, a iniciativa del Partido Popular, que reza así, mire si es
ejemplar: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en
colaboración -en colaboración, que es lo que pedimos; no suplantar-
con la Comunidad Autónoma de Castilla y León, aplique las medidas
necesarias para reparar los daños producidos por el fuerte temporal
de lluvia y viento de estos últimos días en Ciudad Rodrigo y en la
comarca de Benavente. No solamente nos parece legítimo, sino también
lógico. A lo único que aspiramos es a que nuestro país sea tratado
con esta misma diligencia. Esto no se pudo tratar antes porque tiene
fecha de finales de diciembre y no hubo actividad parlamentaria hasta
ahora. Llevamos esperando más de cinco meses a que se pueda hablar de
este tema y a que la diligencia del Gobierno sea otra. Lo único que
pedimos es más diligencia. Y, sobre todo, que no intente decir que es
competencia de la comunidad autónoma lo que es la cobertura social de
los trabajadores y la eficacia en hacer algún tipo de protección para
gente que estuvo privada de ingresos fundamentales en su renta
durante más de cuatro meses.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rodríguez
Sánchez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor
presidente.
Vuelvo a reiterárselo, señoría. Si el 15 de febrero, el 15 de
febrero, se ha recibido lo que es la primera evaluación final de
datos, además, con la idea de que todavía pueden incorporarse más,
eso tiene un ritmo que está marcado por la dificultad, y antes lo he
dicho, de acumulación sucesiva en el tiempo de acciones. Es evidente
que cuando se produce un conjunto sucesivo de catástrofes, hay una
mayor dificultad a la hora de abordar en su conjunto esta cuestión.
Lo único que en estos momentos está caracterizando frente a otras
situaciones el tema de Galicia es que hasta el 15 de febrero, por lo
que le acabo de decir, no por falta de esfuerzo por parte de la Xunta
ni de las subdelegaciones del Gobierno, se está produciendo esta
cuestión.
En algunas ocasiones introduce unos términos que no tienen nada que
ver con la realidad. No existe hoy en la legislación española una
declaración de zona catastrófica. (El señor Rodríguez Sánchez hace
signos negativos.) Usted ha dicho antes: declaración de zona
catastrófica. Lo ha dicho usted en su intervención.
Es un concepto jurídico desfasado absolutamente. Lo que puede haber
son daños de interés nacional y esos daños de interés nacional
corresponderá a los daños de Galicia. Se dice que hay desidia por
parte de la Administración. Quiero decirle que en estos momentos -y
no se va a poder dar respuesta a todo ello- la valoración de daños
desde el Gobierno asciende a 57.000 millones de pesetas. Imagínese lo
que tendríamos que ordenar y lo que tendremos que ordenar en esta
materia. Estamos hablando de que son unas cantidades altísimas y eso
exige una respuesta ordenada por nuestra parte. Ese real decreto-ley
sí que va a tener especificidad y va a ser singular respecto de
otros. Se van a incluir daños relativos a caminos agrícolas, porque
somos conscientes de que en este caso, en esos caminos, los
temporales han hecho un singular daño. Ya sabe que son de titularidad
de la comunidad autónoma o de los ayuntamientos o de propiedad
privada y este tipo de daños no se suele incluir en los expedientes
remitidos a la Dirección General de Protección Civil. Ese real
decreto-ley deberá tener en cuenta esa singularidad.
Hay otra cuestión que también está en debate en estos momentos, que
son los datos relativos a la pesca. Tendrá que ser objeto de
reflexión, porque también será una singularidad en el caso de que -y
es más difícil- pueda ser incorporado al real decreto. Debe ver que
le hablo con toda franqueza de un hecho singular y de otro. Y en esta
materia Protección Civil y su Dirección General están trabajando.
Quiero poner de manifiesto asimismo que el Gobierno de Galicia y el
presidente de la Xunta de Galicia están permanentemente en contacto
con el Ministerio del Interior para agilizar esta tarea.
Permanentemente. Si no ha llamado diez veces, lo habrá hecho quince;
y en el mismo día de hoy ha vuelto a llamar por teléfono. Insisto en
que el Gobierno de Galicia es el primer interesado en que el Gobierno
central pueda dar la respuesta lo antes posible en una materia que
afecta con tanta intensidad a una comunidad como Galicia.
Termino con una reflexión que quiero hacerle a usted. Al hablar de
Protección Civil, tenemos que saber decir la verdad a los españoles;
no podemos engañarles. La protección civil a nivel español -y eso se
decidió a la hora de abordar la Constitución española-, para el
Estado es una competencia, hoy por hoy, subsidiaria, complementaria e
instrumental, especialmente en el ámbito preventivo. Y, en el ámbito
de lo que significa reparación y valoración, sí tiene un papel más
protagonista. Pero lo que no podemos es hacer un diseño de
competencias y luego responsabilizar al Gobierno, que no tiene esas
competencias, de lo que ha sido una gestión de emergencia. Esas cosas
que usted dice, preocupación o inquietud social, claro que tendrán
que incorporarse a ese monto tan importante de cifra que le he dado
antes y tendrán que ser también objeto de reflexión, a ver si, en las
moratorias o en lo que puede significar
exenciones de impuestos, podemos introducir eso factores de
inquietud social. Pero está claro que dentro de un conjunto de
medidas que, como antes he dicho, suman un monto enormemente
importante y relevante.
Le vuelvo a decir que para el Gobierno de España la prioridad en esta
materia es indudable y que el Gobierno de España, para redactar ese
real-decreto, va a hacer todo lo posible en cantidad y en calendario
para que al menos se pueda paliar el daño que han padecido y que han
sufrido muchas familias de Galicia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: Gracias, señor presidente.
Señorías, es cierto que el debate que tenemos hoy en esta Cámara es
un debate de gran preocupación para los gallegos. La lluvia en
Galicia es frecuente y con ello convivimos con cierta naturalidad.
Presumimos con frecuencia de paisaje, de verde, y tenemos algunas
ventajas como consecuencia del clima. Pero lo que ha ocurrido en los
últimos meses va mucho más allá de lo que se considera normal en
Galicia. Esto fue una catástrofe natural de grandes dimensiones que,
señor ministro, no provocaron los gallegos. Esta vez las lluvias se
inician en el otoño pero alcanzan cotas de extrema gravedad en los
primeros días de diciembre, con inundaciones generalizadas en toda
Galicia, con cuantiosos daños en toda la comunidad, especialmente en
ayuntamientos como Caldas de Reis, Cambre, Betanzos, Sarria, Samos,
Xinzo de Limia, Monforte, Ames, Padrón, por citar alguno de los
ayuntamientos, que además aguantaron en solitario el gran chaparrón,
dicho en el mejor de los sentidos.
La cantidad de agua caída ha sido muy prolongada en el tiempo, no en
una madrugada, como leemos en el real decreto que mañana viene a
convalidarse para paliar las inundaciones de Cataluña -han tenido
suerte, sólo fue una madrugada cuando ha llovido, y me alegro de que
venga este real decreto-. Lo de Galicia han sido días y días de
lluvia, a los que hay que añadir fortísimos vientos, como aquí se
dijo, de hasta 140 kilómetros hora; carreteras cortadas, cortes de
fluido eléctrico, desprendimientos, aparición de torrenteras, de
nuevos cauces, etcétera. Dicen que no se recordaba nada similar desde
hace 125 años y debe ser cierto, puesto que en tres meses ha caído en
Galicia más lluvia que en todo un año. Tengo un dato meteorológico
que dice que, entre septiembre y noviembre, han caído 600 litros por
metro cuadrado, cuando la media anual es de 800 litros por metro
cuadrado. Y aún faltaba diciembre,que fue el peor mes.
Los daños como consecuencia del temporal son enormes. Los tiene ya
cuantificados el Gobierno y, según nos dice el señor ministro,
podemos tener alguna esperanza. Afectan a amplios sectores como el
agrícola, el pesquero, infraestructuras, equipamientos públicos,
empresas privadas, domicilios y un sinfín de desperfectos difíciles
de recuperar como cosechas, pérdida de renta por lucro cesante, y que
habrá que indemnizar, y otros como infraestructuras y demás, que
habrá que reponer. Para todo ello se necesita una importante ayuda
económica y el Gobierno tiene sus obligaciones, señor ministro. No
podemos derivar las responsabilidades a la comunidad autónoma o a
Protección Civil. Cada uno tenemos que aguantar las responsabilidades
que nos corresponden en cada momento. Además de la obligación que
tiene el Gobierno de indemnizar y de reparar, existe la obligación
del Gobierno a contribuir en una emergencia, una emergencia de gran
calibre, y debe hacerlo con criterios de solidaridad, que es lo que
esperamos los gallegos y las gallegas.
Hay un tema que me parece fundamental y es que tiene que haber un
compromiso del Gobierno central y de la Xunta de Galicia en
colaboración con los ayuntamientos para abordar de una vez por todas
determinadas infraestructuras que venimos reclamando de forma
reiterada y que se evidencian claramente como causa de gran parte de
los daños que se ocasionaron en algunos ayuntamientos. Y cito, por
ejemplo, Cambre, el río Mero, obras que fueron declaradas de interés
general en el año 1996, que hemos reiterado cantidad de veces ante
esta Cámara y que seguimos esperando, puesto que en los presupuestos
de este año hay una cantidad consignada insignificante. En Cambre se
vivió al filo de la tragedia. Y cito también Caldas de Reis, con el
Umia, y Sarria, donde puentes de insuficiente capacidad frenan el
agua a modo de presa. En fin, hay situaciones que hay que abordar con
urgencia en infraestructuras. En esa línea, señorías, hay que
arbitrar medidas presupuestarias urgentes y licitar sin demora las
obras necesarias para evitar en el futuro situaciones de riesgo.
El Grupo Parlamentario Socialista presentó ya el 12 de febrero una
proposición no de ley, firmada por los seis diputados gallegos del
Grupo Parlamentario Socialista, instando al Gobierno a que adopte
determinadas medidas para paliar la situación que vive Galicia por
razón de las inundaciones. Y aún no se ha debatido. En el primer
Pleno que se debata la moción consecuencia de esta interpelación
concretaremos la posición y, cuando se debata la proposición no de
ley del Grupo Socialista, valoraremos nuevamente los objetivos
solicitados.
Señor ministro, confío en la esperanza de su última intervención,
pero no olvide que Galicia atraviesa una grave crisis, de las peores
que podemos recordar, que además afecta a amplísimos sectores de la
población, como el agrario, el pesquero, la larga cadena de efectos
derivados de la crisis de las vacas locas, a la que añadimos los
derivados del temporal, que es el motivo que hoy nos ocupa. También
podemos hablar de un envejecimiento poblacional y de una falta de
expectativas de la juventud, que está generando en estos momentos una
creciente emigración en busca de oportunidades. Han pasado tres meses
desde los peores momentos de las inundaciones y, por tanto, señorías,
es el momento de que el Gobierno adopte sin demora medidas
excepcionales, medidas que tienen que afectar tanto a la Galicia
urbana, donde los ayuntamientos minoran con esfuerzo los primeros
efectos, como a la Galicia rural, donde aún siguen las pesadillas por
el desastre sin resolver; las necesidades más primarias del rural
están todavía sin resolver.
Para finalizar, nosotros haremos propuestas el día que se vea la
moción y en su debate presentaremos enmiendas o asumiremos las que
otros grupos hagan.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Marón.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo manifestó sin duda la gran preocupación por
las graves consecuencias de los temporales que azotaron Galicia de
forma inmediata, parlamentariamente hablando, con la presentación de
una proposición no de ley para que el Gobierno tuviese en cuenta esa
grave situación. También manifestaba mi grupo -y lo hice en su nombre
el día 12 de enero en la Diputación Permanente, ante la petición
hecha entonces por el señor Alcaraz, de Izquierda Unida, y no, por
cierto, por el representante del Bloque Nacionalista, que no estaba
presente, cuando pedían informar de las medidas adoptadas ante los
sucesivos temporales que habían azotado Galicia, y añadieron a
continuación otras zonas- en aquel momento que el problema se estaba
abordando con la eficacia debida. Y porque así lo pensábamos, y lo
reiteramos, me gustaría destacar brevemente pero en primer lugar la
perfecta, la impecable, podría decir, coordinación y al mismo tiempo
la actuación claramente rigurosa de todas las administraciones -no
nos ponemos ninguna medalla-, desde las corporaciones municipales,
pasando por las diputaciones, por la Xunta de Galicia, por la
Administración también central a través de la Delegación del
Gobierno.
Creo que es justo que quede constancia del deseo de mi grupo de que
se transmita, señor ministro, la felicitación a todas las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y a los miembros de Protección Civil
y a las policías locales, en su caso, por esa actuación que podemos
calificar de ejemplar, porque así además lo
calificó la sociedad gallega, llegando en ocasiones a ser arriesgada,
en esas tareas de salvamento y de emergencia y ayuda a la población
que realizaron. Yme gustaría asimismo destacar la unidad de criterio
acordada por todos los ayuntamientos en el momento de aprobar tanto
-y esto es importante- el procedimiento de evaluación de daños como
la forma de tramitación de las ayudas, que se enmarcarán a través del
real decreto al que ha hecho referencia el señor ministro y que
contendrá esas medidas paliativas, esas medidas reparadoras que se
necesitan, complementarias de las ya adoptadas y recordadas aquí por
el señor ministro, de muchos millones de pesetas, al considerar, por
otro lado, cuando lo hacían, que esa era la fórmula más rápida y por
lo tanto más operativa y eficaz, medidas, que ya han sido apuntadas,
de indemnización de daños en producciones agrarias, en esas
infraestructuras del medio rural, medioambientales y otro tipo de
infraestructuras públicas. Estamos seguros de que habrá también
bonificaciones fiscales, créditos extraordinarios y medidas laborales
complementarias.
Y permítanme que muestre mi extrañeza y tal vez diga que la única
coordinación que no ha existido ha sido la del interpelante. Cuando
presenta en esta Cámara una petición un día, la retira, porque se
olvidaba de otros ayuntamientos, para a continuación pedir zona
catastrófica, cuando nadie en Galicia, señorías -porque además ya es
un término que está desfasado, ni empezando por la FEGA, donde están
representados todos los ayuntamientos y también los ayuntamientos del
Bloque- hacía una petición como la que figura en las iniciativas del
Bloque Nacionalista Galego. Por consiguiente, me parece más bien que
el grupo interpelante ha actuado por libre sin ni siquiera preguntar
a sus alcaldes, que han manifestado su acuerdo y su conformidad con
todo el procedimiento. Yse ha traído aquí una manifestación relativa
a actuaciones de silencio de la Xunta y, puesto que se ha sacado, mi
obligación es también decir que eso es absolutamente falso. Sería
bueno que ustedes, aunque estén en Madrid, lean también los medios de
comunicación. Los 238 ayuntamientos que registraron esos daños en
infraestructuras van a recibir de forma inmediata un anticipo de la
Xunta de Galicia de 3.000 millones de pesetas. Y estaba estos días
pasados en todos los teletipos. Por lo tanto, silencio, pasividad, en
modo alguno.
Se ha puesto, por otro lado, el ayuntamiento de Caldas como ejemplo
de un problema serio de inundaciones. Yo querría recordar que el
Gobierno de la Xunta desde hace muchos años ofreció soluciones a
Caldas y a Padrón, donde cada día que llovía torrencialmente había
inundaciones. Los de Padrón dieron facilidades y hoy ya no hay
inundaciones, mientras que en Caldas, como hay una plataforma
antiembalse, que parece que es bastante alentada por el grupo que hoy
ha interpelado, se han puesto dificultades, no se ha podido hacer y
hay inundaciones. Creemos sinceramente que la medida
prevista de ese embalse permitirá en cambio regularizar el río y
evitará esas inundaciones que efectivamente se han producido y que se
evitaron en otros ayuntamientos en donde las había con actuaciones
diligentes de la Xunta.
Por último, permítanme que manifieste, desde el convencimiento que me
da saber que el Gobierno siempre ha cumplido de forma justa y
solidaria con quienes han sufrido daños y problemas, y siendo desde
luego cierto que los daños causados por las inundaciones en Galicia,
por ese largo, por ese intenso, por ese prolongado temporal, han sido
muchos y graves, que, como ha anunciado el señor ministro, esta
Cámara aprobará lo más rápidamente posible un real decreto, decreto
que hoy está en fase de elaboración, y de negociación, lo sabemos,
entre los ministerios y el Gobierno de la comunidad autónoma y el
central. Ambos Gobiernos darán respuesta, como siempre ha hecho el
Gobierno del Partido Popular, a las demandas justas de Galicia.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Rodríguez Sánchez pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): El debate está terminado,
señor Rodríguez, pero imagino que me pide la palabra no para entrar
en el fondo de la cuestión, sino para aclarar alguna cuestión
respecto a alguna reunión que se ha mencionado en la intervención de
la señora Sainz, pero no entre en el fondo de la cuestión.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Es por alusiones. Para aclarar un dato
que afecta a la honorabilidad de los diputados del BNG; es un dato
sobre la Comisión Permanente que yo quiero aclarar en esta Cámara.
Sólo eso.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Aclárelo.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: La señora Sainz sabe perfectamente bien,
lo cual indica que actúa de mala fe (Rumores.), que los diputados del
Bloque Nacionalista Galego...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Rodríguez Sánchez, señor
Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Perdone, estoy aclarando. Yo escuché
antes; ahora que me escuchen a mí. La señora Sainz sabe, como miembro
de la Mesa, que ningún diputado del Bloque Nacionalista...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Rodríguez Sánchez, un
segundo, déjeme un segundo, por favor.
Señor Rodríguez Sánchez, le voy a dar la palabra,pero le pido, por
favor... Señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Por favor, estoy aclarando algo para mi
tranquilidad. La señora Sainz sabe que el Bloque está como miembro de
pleno derecho de la Permanente, representación que le corresponde al
señor Saura Laporta. Nosotros no somos responsables de que abandonara
la Comisión Permanente y dejara una encomienda al señor de Izquierda
Unida. Eso que quede claro por lo que afecta a nuestro honor.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Rodríguez Sánchez, ¿le
parece a usted que ésta es una actitud correcta?
El señor RODRIGUEZ SÁNCHEZ: Hay que aclarar las cosas. Tengo derecho.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Rodríguez, por favor, ya
está bien. Ya está bien. Iba a darle la posibilidad de aclarar esa
cuestión formal, pero no me ha dejado ni darle la palabra.
Doy por concluido el debate y pasamos a la siguiente interpelación
urgente. (La señora Sainz García pide la palabra.)
Señora Sainz, le pido por favor que, en cualquier caso, centre su
intervención en la alusión directa a su persona. Y concluimos con
esta interpelación.
La señora SAINZ GARCÍA: Es simplemente por las acusaciones que he
recibido del portavoz del Bloque Nacionalista Galego.
Estoy muy lejos de haber actuado en esta ocasión ni nunca en mi vida
ni en mi actividad parlamentaria de mala fe. Eso que quede claro.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Le ruego que se ciña a la
alusión directa.
La señora SAINZ GARCÍA: Además, quiero manifestarle que lo que dije
en mi intervención fue que esa propuesta que había sido presentada
ante la Diputación Permanente por el Bloque Nacionalista Galego, que
primero era restringida a Galicia, que luego se extendió a otras
comunidades autónomas, había sido defendida por Izquierda Unida y que
no estaba presente -que sí hubiera podido estar, es lo único que he
dicho- ningún miembro del Bloque Nacionalista Galego. Porque presente
sí hubiera podido estar. (Aplausos.-La señora presidenta ocupa la
Presidencia.-El señor Rodríguez Sánchez pronuncia palabras que no se
perciben.)
La señora PRESIDENTA: Señor Rodríguez Sánchez, no está en el uso de
la palabra y ruego guarde silencio o me veré obligada a llamarle al
orden y pedirle que abandone el hemiciclo. No está en el uso de la
palabra, señor Rodríguez.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS
MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL
DERECHO DE LOS CIUDADANOS A LA INTIMIDAD GENÉTICA EN LAS RELACIONES
JURÍDICO PRIVADAS, ASÍ COMO A NO SER DISCRIMINADOS EN ÉSTAS EN
ATENCIÓN A SU PATRIMONIO GENÉTICO. (Número de expediente 172/000066)
La señora PRESIDENTA: Interpelación del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar
el Gobierno para garantizar el derecho de los ciudadanos a la
intimidad genética en las relaciones jurídico-privadas, así como a no
ser discriminados en éstas en atención a su patrimonio genético.
Para la defensa y presentación de la interpelación, tiene la palabra
el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: ¡Señorías, ruego guarden silencio!
El señor SILVA SÁNCHEZ: Esta semana, si algo ponen de manifiesto los
debates de esta Cámara, es que aquellas cuestiones vinculadas con los
avances de la ciencia y la tecnología y sus conexiones sociales,
jurídicas y éticas se están poniendo a la orden del día y, desde
luego, reflejan la atención no sólo de esta Cámara sino también de
los ciudadanos.
A esto último me quería referir. Un somero examen de lo que se ha
publicado en los medios de comunicación a lo largo de los dos o tres
últimos años pone de manifiesto circunstancias o elementos que
preocupan a los ciudadanos de algún modo; la mayoría de ellos se
producen en otros países de nuestro entorno. Los ciudadanos han
podido examinar estos días en los medios de comunicación demandas que
se producen en Estados Unidos a través de organismos públicos contra
empresas que someten a algunos de sus empleados, sin su conocimiento
e incluso sin su consentimiento, a la práctica de determinados tests
genéticos o a pruebas para determinar predisposiciones genéticas,
entendiendo, obviamente, que se trata de algo que afecta a la
intimidad y a la privacidad de aquéllos. En el cuerpo de la
interpelación hacemos referencia a dos supuestos de los producidos en
Estados Unidos: una empresa de laboratorios y otra de ferrocarriles.
En los últimos días, esta preocupación ha llegado también a los
editoriales de diarios prestigiosos de gran circulación y lo mismo
podríamos decir de revistas o diarios especializados. Rara es la
semana que el Diario Médico no hace referencia a estos temas o a
estas circunstancias, a la evolución de la privacidad y la no
discriminación
por motivos genéticos que se produce en Gran Bretaña, a
jornadas, etcétera. Si nos vamos a revistas más especializadas, a
Science o a revistas especializadas en materia de bioética,
comprobamos que es un tema que suscita la preocupación de los
técnicos, médicos y especialistas en materia de bioética o
biomedicina y también de los ciudadanos.
Mi grupo parlamentario manifestó ya su interés y su preocupación por
este asunto en la legislatura pasada. Concretamente, el 23 de junio
de 1998 presentó una enmienda a una proposición no de ley que había
presentado el Grupo Parlamentario Popular pidiendo al Gobierno la
regulación de los tests del ADN en materia criminal y en la
investigación de la paternidad. Entendíamos que esa regulación debía
extenderse para garantizar el derecho a la intimidad y la no
discriminación en relaciones jurídico-privadas. En aquel momento no
llegamos a concretar lo que hemos concretado en la interpelación, que
consiste en saber qué medidas está adoptando o piensa adoptar el
Gobierno para garantizar el derecho a la intimidad y a la no
discriminación ante estos avances de la ciencia y la tecnología y
ante la extensión y la ampliación día a día del uso de estas pruebas
predictivas.
Mi grupo parlamentario es perfectamente consciente de que la
situación española es diferente a la que se produce en otros países.
No es lo mismo poner encima de la mesa este principio de no
discriminación genética vinculado a los seguros en un país como
España, que goza afortunadamente de la universalización de la
sanidad, que la importancia que puede tener en otros países, como
Estados Unidos, donde esa universalización de la sanidad no existe.
De la misma manera, tenemos que reconocer que el acervo jurídico, las
disposiciones legislativas que en estos momentos existen en España,
empezando por el ratificado convenio de Oviedo de protección de los
derechos humanos relacionados con la biomedicina, nos permite gozar
de unos instrumentos de los que no gozan otros países. Sin embargo,
señora ministra, señorías, si hacemos un examen del nivel de esta
legislación, también nos encontramos que puede no ser suficiente para
garantizar estos derechos a la intimidad y a la no discriminación y
que en cualquier caso era preciso, absolutamente imprescindible,
suscitar un debate serio, un debate responsable, un debate huyendo de
la demagogia. Es decir, suscitar un debate en esta Cámara, porque
también existe en el seno de la sociedad, sobre la preocupación
acerca de las disposiciones que por parte del Gobierno y en su caso
por parte de esta Cámara debieran adoptarse.
Ciertamente, como decía antes, el convenio de Oviedo de 1997 ofrece
en sus artículos 10, 11 y 12 un marco muy interesante de cara a la
protección de estos derechos. El artículo 10 hace referencia a la
protección de la intimidad estableciendo la posibilidad de
excepciones que pudieran acordarse por ley; el artículo 11 prohibe
toda forma de discriminación de una persona a causa
de su patrimonio genético, y finalmente el artículo 12 establece una
limitación a la práctica de las pruebas predictivas de enfermedades
genéticas estableciendo que únicamente pueden hacerse con fines
médicos o de investigación médica. Sin embargo, hay que reconocer que
este convenio, que aplicando pura y simplemente el artículo 96 de la
Constitución tiene rango de ley y se incorpora a nuestro ordenamiento
jurídico, no ha sido desarrollado en lo que hace referencia a su
capítulo VIII y por tanto en lo referente a las consecuencias del
incumplimiento de lo dispuesto en el convenio. No hemos trasladado
como debiéramos aquellas disposiciones de carácter coactivo o
sancionador en cuanto al incumplimiento del convenio. La Ley orgánica
de protección de datos nos ofrece también en sus artículos 7 y 8
algunos elementos de interés, desde nuestro punto de vista
insuficientes. Eso sí, reconoce o introduce un nuevo concepto que ya
no es el de intimidad sino el de privacidad. Y el Código Penal
establece, por un lado, la tipificación del delito de descubrimiento
y revelación de secretos -sin embargo, tiene una limitación, que este
delito sólo puede ser perseguido a instancias de la persona
agraviada-; y por otro, dentro de los delitos contra los derechos de
los trabajadores, tipifica la discriminación que se pueda producir
por virtud de determinadas circunstancias. El problema es que
tipifica la discriminación por razones de enfermedad o minusvalía,
y ciertamente creo que podemos convenir, más si tenemos en cuenta el
carácter restrictivo del derecho penal, que la predisposición a
padecer una determinada enfermedad, es decir, una determinada
predisposición genética, no puede entenderse como una enfermedad o
como una minusvalía. El artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores,
que también prohibe discriminaciones, hace referencia a sexo, origen,
estado civil, raza y condición social; no establece como uno de los
criterios de discriminación, o respecto de los que pretende que no se
produzca, esas predisposiciones genéticas o ese patrimonio genético.
Por lo tanto, estoy convencido de que en este aspecto contamos con un
ordenamiento más desarrollado que en otros casos pero también con un
ordenamiento insuficiente. La preocupación que ha manifestado el
Parlamento Europeo en diversas resoluciones desde 1989 a 1996,
también hablando específicamente del análisis del genoma de los
trabajadores y del análisis del genoma para los seguros, no se
encuentra trasladada estrictamente a nuestro ordenamiento.
Nosotros hacemos hincapié en nuestra interpelación en dos ámbitos que
nos parecen de mucho interés. Primero, que hay que intentar
garantizar que los trabajadores no sean discriminados en razón de su
patrimonio genético ni de su predisposición genética. Es algo que
todos podemos asumir, sin embargo, precisa de especificación
legislativa. No existe norma que vincule esa discriminación o la
tipifique para acceder al mercado de trabajo. Por otra parte, nos
encontramos, como siempre en el ordenamiento jurídico, con el posible
conflicto, con la posible contraposición de ese principio de no
discriminación incluso con obligaciones que se establecen en la Ley
de prevención de riesgos laborales, que en su artículo 22 permite
precisamente la vigilancia de la salud de los trabajadores y en
algunos casos, en la medida en que puede afectar esa salud a los
intereses de terceros, permite que esos controles de salud se hagan
sin el consentimiento del propio trabajador. Es un tema objeto de
desarrollo establecer en qué circunstancias la realización del test
genético es algo que puede redundar incluso en beneficio de la salud
del trabajador y que en función de las circunstancias del puesto de
trabajo puede ser algo necesario o conveniente para salvaguardar
intereses de terceros, y cuáles son aquellos otros supuestos en los
que por ser algo absolutamente inapropiado, desproporcionado y
abusivo, dicho artículo 22 -o el desarrollo del mismo-, que habla del
control, de la vigilancia de la salud de los trabajadores, como digo,
incluso determinando la posibilidad de efectuar ese control sin su
consentimiento, constituye una discriminación absoluta.
Para acabar, señora presidenta, tenemos el aspecto de la
discriminación o no discriminación en relación con las compañías de
seguros. Como decía antes, la situación española es diferente de la
que puede existir en otros lugares. Nuestros seguros sanitarios no
tienen la relevancia que los mismos tienen en otros Estados, sino que
se trata de un Servicio Nacional de Salud que vela por la seguridad
de los ciudadanos con ese carácter universal. Sin embargo, hemos de
tener en cuenta que el otro tipo de seguro fundamental, el seguro de
vida, no es algo absolutamente extravagante y anecdótico. Para muchos
ciudadanos, el contacto que toman con el seguro de vida es como un
presupuesto de la concesión por parte de una entidad bancaria de una
hipoteca sobre una vivienda. Por lo tanto, todo lo que haga
referencia a patrimonio genético, predisposición genética y seguro de
vida es algo tremendamente sensible en la medida en que puede afectar
precisamente al acceso a esa vivienda. No se me oculta, señorías, que
el contrato de seguros es un contrato que tiene como elemento
fundamental la valoración de un riesgo, siendo una de las
obligaciones principales del tomador del seguro declarar todo aquello
que incide precisamente en ese riesgo. Así pues, nada más lejos de la
intención de mi grupo que favorecer conductas que pueden ser
abusivas, tanto por parte del que, conociendo una determinada
predisposición, pretende contratar un sobreseguro o un seguro enorme
con ánimo de lucrarse él y su familia, como por parte de aquellos
otros que, conociendo incluso la inexistencia de esas
predisposiciones, pretenden tomar no un seguro de capital, sino un
seguro de rentas y por lo tanto defraudar también en ese caso la
confianza. También hay que evitar el otro tipo de abuso, existiendo
preguntas -con esto ya acabo, señora presidenta- a las que sin lugar
a dudas hay que responder: ¿Puede exigirse antes de la contratación
de
un seguro la realización de estas pruebas predictivas? ¿Es obligación
del tomador del seguro suministrar la información de estas pruebas
predictivas que haya formulado él mismo con el ánimo de garantizar o
de cuidar su salud? ¿Qué información genética tiene o deja de tener
valor actuarial? ¿Debe recibir esta información con valor actuarial
la propia compañía de seguros o una comisión que garantice la
intimidad o la privacidad del asegurado y únicamente traslade a la
compañía de seguros aquellos elementos que realmente incidan en el
riesgo? ¿Qué incidencia debe tener esta información en las primas?
Señorías, son varias las preguntas que nos podemos formular y que
pueden asimismo formularse en estos momentos los ciudadanos. De lo
que se trata, como decía anteriormente, es de suscitar un debate
serio y responsable y proceder en el próximo Pleno a discutir y, en
su caso, aprobar aquellas mociones que pretendan precisamente
garantizar esa intimidad y ese principio de no discriminación que,
por lo demás, resulta perfectamente compatible con lo que pueden ser
las expectativas o las circunstancias tanto de las compañías
aseguradoras como de los empresarios.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán):
Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo precisamente para responder a una cuestión que
creo que es de enorme importancia: las garantías existentes en
nuestro ordenamiento para que la información genética no pueda ser
utilizada para menoscabar la intimidad de los ciudadanos y disminuir
su autónoma capacidad relacional y contractual, así como las
garantías existentes para no ser discriminados en dichas relaciones
en atención a su patrimonio genético, cuestión que aún toma mayor
relieve después de la decisión del Gobierno, a través de su Comisión
interministerial de Ciencia y Tecnología, de tomar el compromiso
y establecer las medidas para que España esté presente en la segunda
fase del proyecto del genoma con la intensidad que le corresponde.
Me van a permitir, pues, que exponga una serie de consideraciones
iniciales en torno al alcance que supone este proyecto, el del genoma
humano. A ninguna de SS.SS se le escapa la trascendencia que presenta
este proyecto, consistente en el abordaje masivo del conocimiento de
la secuencia del ADN propia de la especie humana, que permitirá
conocer con exactitud a nivel molecular la totalidad de la
información genética, la cual, mediante el patrón de desarrollo
adecuado, termina claramente por definir la estructura y funciones
propias de la especie humana. Por lo tanto, la trascendencia
y relevancia de dicho conocimiento se basa en que
constituye el primer paso para poder localizar e identificar la
totalidad de los genes y, sobre todo, conocer su función, así como
sus alteraciones, que determinan muy diversas patologías de origen
hereditario o adquirido. El proyecto del genoma humano ha sido el
proyecto más ambicioso de la biología en los últimos tiempos y sus
consecuencias pueden ser verdaderamente revolucionarias para la
biomedicina del país. Está claro que el interés hoy en día tanto
desde el punto de vista de identificar los genes como de conocer cómo
funcionan las células, el estudio genético de enfermedades, los genes
responsables de su aparición y la respuesta a tratamientos, así como
el desarrollo de nuevos fármacos, desborda la investigación
científica y presenta múltiples implicaciones sociales, económicas y
éticas. Por lo tanto, esta información desvela multitud de
importantes aplicaciones en el campo de la salud y de la industria,
pero como todos los grandes avances científicos también plantea
incertidumbres. Efectivamente, señorías, hemos de ser capaces de
afrontar dichas incertidumbres, dichos riesgos, al tiempo que debemos
seguir promoviendo el, por otra parte, imparable avance científico y
tecnológico por su incidencia en el bienestar social, cuyos ejemplos
más evidentes se encuentran precisamente en el ámbito de la
biotecnología y, en concreto, de la genómica y proteómica y sobre
todo en las citadas posibilidades de prevención y tratamiento de las
enfermedades derivadas del genoma humano, de las posibilidades de
elementos tan importantes para la alimentación de amplias poblaciones
malnutridas como, por ejemplo, el arroz transgénico.
Entre los riesgos que estos avances científicos plantean se encuentra
el presentado en la interpelación desde un plano jurídico, aunque
afectando también a otras dimensiones sociales, el mal uso que pueda
realizarse de dichos avances y la necesidad de reforzar las garantías
para evitar posibles lesiones derivadas de un uso torticero en los
derechos fundamentales de las personas. Analizando los medios
actualmente existentes en derecho en España, señorías, para evitar el
uso inadecuado de la información genética y la eventual conculcación
que de dicho uso pueda derivarse para los derechos fundamentales de
los ciudadanos y muy especialmente de los derechos
constitucionalmente protegidos, como son el derecho a la intimidad
personal y el derecho a no sufrir discriminación, tal como respondió
el ministro de Justicia en el Senado, la situación es en estos
momentos claramente tranquilizadora, tanto por el estado actual de
nuestro ordenamiento jurídico en relación con esta materia como por
las actuaciones que está promoviendo el Gobierno y que paso a exponer
a SS.SS. en esta Cámara. Creo, en cualquier caso, que la sensibilidad
para avanzar y hacerlo con una precisión que permita cumplir las dos
finalidades, que es asumir y superar los riesgos y, al mismo tiempo,
avanzar científicamente, está en el ánimo no sólo del Gobierno en
general, sino en particular del propio Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
Actualmente, y con carácter general, disponemos de un marco jurídico
adecuado para la protección del derecho a la intimidad respecto de
los datos genéticos y a no ser discriminados en estas relaciones
jurídico-privadas en atención a nuestro patrimonio genético. Como
saben SS.SS., el sistema de protección de los ciudadanos frente a la
utilización inadecuada de cualquier clase de información está
estructurado en la Unión Europea a través de la protección de datos,
como nos decía el interpelante, de carácter personal, para proteger
la denominada privacidad, entendida ésta -en un concepto más amplio
que el de propia intimidad- como aquella información que aisladamente
considerada no revela ningún aspecto especial del individuo pero que
permite, poniéndola en relación con otras, afectar a unas facetas de
la personalidad que el individuo tiene el derecho legítimo a mantener
reservadas. Así, en relación con la información genética, dos son las
cuestiones básicas para delimitar su naturaleza y, en relación con
ella, el régimen jurídico aplicable. En primer lugar, la información
genética de los seres humanos forma parte del concepto de dato
personal protegido por la Ley orgánica 15/1999, de protección de
datos de carácter personal, ya que se trata de una información
concerniente a personas físicas identificadas e identificables, tal
como el artículo 3 de dicha ley define el concepto de dato personal.
En este mismo sentido, la Directiva 95 de la Comunidad aclara que se
considera identificable toda persona cuya identidad pueda
determinarse directa o indirectamente, en particular mediante un
número de identificación o uno o varios elementos específicos
característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica,
económica, cultural o social. Por lo tanto, una vez sentada la
premisa de que los datos genéticos han de ser concebidos como datos
de carácter personal, quedan por tanto sometidos a la legislación de
protección de datos, la cual establece una importantísima protección
en cualquier esfera de la actividad personal y profesional del
individuo, pues sólo podrán utilizarse cuando éste haya prestado su
expreso consentimiento o aparezca expresamente establecido en una
ley.
Ahondando más en su naturaleza, la información genética es
efectivamente un dato de salud, con las consecuencias jurídicas que
ello plantea. Esta consideración viene avalada por el Consejo de
Europa, ya que la recomendación del año 1997 relativa a la protección
de los datos médicos define éstos como los datos de carácter personal
relativos a la salud de una persona, añadiendo que dicha expresión
afecta igualmente a los datos manifiesta y estrechamente relacionados
con la salud, así como de manera explícita con las informaciones
genéticas. Se refiere expresamente a los datos genéticos de carácter
general como datos estrechamente relacionados con la salud y que
estos datos genéticos
se refieren a todos los datos relacionados con los caracteres
hereditarios de un individuo vinculados y que compongan el patrimonio
de un grupo de individuos emparentados. Además, se señala que este
concepto también se refiere a todos los datos que afectan a
intercambios de información genética de un individuo o línea genética
con relación a cualquier aspecto de la salud o de una enfermedad,
constituya o no un carácter identificable. Por tanto, cualquier dato
personal de carácter genético deberá ser considerado como un dato que
afecta a la salud de las personas y, por consiguiente, y esto es
esencial, sujeto a las disposiciones específicas aprobadas para la
regulación de este tipo de datos de carácter personal. En este
sentido, tanto la Ley orgánica de protección de datos de carácter
personal, que regula los datos especialmente protegidos y establece
que los datos de carácter personal que hagan referencia a la salud
sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando por razones de
interés general así lo disponga una ley o el afectado consienta
expresamente, como el artículo de la propia directiva sientan un
principio general de prohibición del tratamiento automatizado de los
datos de salud. En consecuencia, comparto plenamente y ratifico tanto
lo que fue expuesto por el propio ministro de Justicia como aquello a
lo que hacía referencia S.S. con relación al ordenamiento español.
Es cierto que es conveniente relacionar la regulación de la
protección de datos, que tiene un carácter general, con una adecuada
regulación en la normativa de carácter sectorial, dadas las múltiples
implicaciones que presenta esta materia y que afecta tanto a las
investigaciones científicas como a las relaciones laborales y otras
relaciones jurídico-privadas, además de las implicaciones éticas que
con carácter general presentan los desarrollos científico-
tecnológicos. Debo decir además, y coincido con S.S., que la
velocidad de los avances científicos requiere que nos planteemos un
debate en profundidad acerca del uso que pueda hacerse de dichos
avances científicos en esta era postgenómica, debate que actualmente
se plantea a escala global. Esto es precisamente lo que estamos
haciendo en la sesión de hoy y esto es lo que además se decidió
realizar con la moción aprobada por el Pleno de la Cámara en la
sesión de 28 de noviembre y en la que se instó al Gobierno a
establecer una comisión de ética, cuestión que -como saben- aprobamos
precisamente ayer en la Comisión interministerial de Ciencia y
Tecnología.
Aunque hablemos de que el planteamiento desde el punto de vista del
ordenamiento es claramente garantista en estos momentos, a la hora de
plantear la adecuación de la legislación sectorial queremos tener
presente diversos aspectos. Por un lado, en el caso, por ejemplo, de
las relaciones laborales, hemos de tener en cuenta que no debemos
adelantarnos en una acción cuya viabilidad está siendo analizada en
estos momentos por los interlocutores sociales a nivel europeo,
debemos avanzar conjuntamente en una regulación
sectorial en ámbitos como los de las patentes, o como en el
anteproyecto de ley reguladora de las bases de datos de ADN para la
aplicación de los procedimientos de investigación criminal, en el que
está trabajando el Ministerio de Justicia, e incluso, a nivel
interministerial, en el marco de este comité de ética en los temas
relativos al Ministerio de Sanidad.
Concluyo invocando la confianza que nos ofrece nuestro ordenamiento
respecto a la protección de los derechos constitucionalmente
reconocidos, aun cuando el Gobierno es consciente de los riesgos que
estas innovaciones genéticas pueden llevar, de forma que debemos
compatibilizar el avance, el desarrollo científico, tecnológico y
empresarial, junto con la protección y un marco jurídico que asegure
en todo momento, en su evolución futura también, la debida protección
de los derechos individuales afrontando las regulaciones sectoriales,
pero en consonancia -como no puede ser de otra forma- con los
planteamientos que también se vayan adoptando a nivel comunitario.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Birulés.
Señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, yo he reconocido en mi primera intervención que la
situación del ordenamiento jurídico español no es de las más
desfavorables para abordar este tipo de problemas no sólo en materia
de privacidad e intimidad y del principio de no discriminación, sino
incluso desde una perspectiva más social, en función de la situación
de nuestro Sistema Nacional de Salud. Pero también permítame que le
diga una cosa. No tenemos ganas tampoco de que se legisle rápido y
mal, pero sí tenemos muy claro que este es un tema que conviene
pensar mucho y rápido porque, como yo creo que ha reconocido también
S.S., ciertamente los avances científicos se van produciendo. En
estos momentos se reconoce la existencia de unos 50 tests genéticos
aproximadamente. Es posible que dentro de un año, dentro de dos años,
esto se haya multiplicado. También es cierto que las prácticas
laborales y las prácticas de las compañías de seguros van a irse
desarrollando. Por lo tanto, el planteamiento de mi grupo al hacer
esta interpelación no era efectuar una crítica -ciertamente había que
hacer una auditoría del ordenamiento jurídico español en este tema-,
pero entendemos que no hay tiempo que perder. En estos momentos las
compañías reaseguradoras europeas están precisamente estudiando,
validando, intentando homologar tests genéticos, ver el valor
actuarial de los mismos. Yo creo que no costaría mucho. Incluso puedo
anticipar que una de las líneas de nuestra moción puede ser
solicitarle al Gobierno la constitución de un grupo de trabajo entre
el propio Gobierno y las compañías aseguradoras de cara a efectuar
realmente un examen de este tipo de información, una validación,
una homologación. Por lo tanto, yo le diría que apremio legislativo
no existe, pero, desde luego, tampoco sería prudente en estos
momentos limitarnos pura y simplemente a esperar el desarrollo
legislativo en otros países de la Unión o, de alguna manera, dejar
pasar el tiempo.
La valoración del ordenamiento es optimista. Sin lugar a dudas, lo
que también conviene en estos momentos es ponerse a trabajar porque
ciertamente hoy, mañana o pasado mañana un ciudadano va a ir a
solicitar un seguro de vida porque pretende constituir una hipoteca
y, posiblemente, se haya hecho y esté en su mano el resultado de un
test predictivo y le tendremos que poder decir si lo tiene que
entregar a la compañía de seguros o no. Hay algunas respuestas en esa
materia en las que, si no de forma inmediata, sí conviene que
entendamos que tenemos que ir avanzando.
Lo mismo le digo desde el punto de vista de la legislación laboral.
En estos momentos en Estados Unidos ya lleva tres años debatiéndose
entre el Congreso y el Senado un proyecto de ley para intentar evitar
las discriminaciones en el ámbito laboral y en el ámbito de los
seguros sanitarios. Por lo tanto, está a punto de aprobarse, como lo
está también en el propio estado de California. Quiero decir que la
autorización de la utilización del test de Huntington en Inglaterra,
la creación de una comisión ad hoc en Canadá, las noticias que nos
llegan de Estados Unidos, esto mismo que le decía anteriormente que
están efectuando las compañías reaseguradoras es algo que nos tiene
que inducir a pensar sobre el tema, obviamente a trabajar seria y
responsablemente con los sectores afectados, intentando salvaguardar
ese elemento fundamental del seguro que es una valoración del riesgo,
que es un contrato de buena fe, pero, al mismo tiempo, intentando
impedir no ya lo que podría ser un abuso consciente, sino incluso un
abuso inconsciente. Se está poniendo de manifiesto -y así lo refleja
la prensa especializada- que en muchos casos hay compañías que no
conocen el valor actuarial de determinados datos genéticos, que
pretenden extraer resultados que no son los que corresponde. Por lo
tanto, señorías, señora ministra, lo único que pide mi grupo es que
en este tema se trabaje en contacto con los sectores, que en materia
de discriminación laboral se trabaje con los sindicatos, con las
organizaciones empresariales en materia de seguros y, por la
vinculación del seguro de vida con las hipotecas, con las entidades
bancarias y con la Unespa y podamos dar -y lo decía ayer en otra
intervención- a los ciudadanos la garantía de que, al mismo tiempo
que avanzan los descubrimientos científicos y técnicos, también sus
representantes políticos, el Gobierno y las administraciones públicas
están avanzando para ofrecerles soluciones en un tiempo real.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán):
Gracias, señora presidenta.
Señoría, quisiera agradecer su intervención por el indudable interés
de las cuestiones planteadas y por el tono constructivo de las
mismas, en las que realmente aprecio una coincidencia en los asuntos
de fondo, que son los que verdaderamente requieren el acuerdo de
todos en temas tan trascendentales como éstos. No quiero dejar en
absoluto pasar el tiempo. Simplemente hay distintos ritmos según los
tipos de actividad. Por ejemplo, una de las cuestiones podría
desarrollarse en el marco laboral; otra sería la relativa al
seguimiento de los temas de los seguros; otro tema, sobre el que ya
hemos presentado las iniciativas correspondientes en un proyecto de
ley, será el de patentes, y otros asuntos están relacionados con el
ADN o con la criminalidad. En cualquier caso, creo que lo
verdaderamente importante es constatar que en el momento actual y a
estos efectos, con carácter general y de manera muy específica,
disponemos de un marco jurídico adecuado y que el Gobierno está
dispuesto a impulsar todas aquellas iniciativas que sean necesarias
respecto a la adecuación de la legislación sectorial en los ámbitos
en que en estos momentos es factible. Además, hay que reconocer que
este asunto no se limita al número de actuaciones impulsadas por el
Gobierno, sino que la cuestión central que aquí se plantea es la de
que abordemos el tema de la forma más conveniente, que es, por un
lado, impulsar el debate en un marco específico y en la comisión de
ética y, por otro, promover esta adecuación y hacer el seguimiento
necesario para que la promoción de la adecuación de la normativa
sectorial se haga en el momento oportuno, allí donde es necesario y
factible y sobre todo en aquellos momentos y en aquellos ámbitos en
que de una manera más crítica pueda entenderse que hay ciertas
incertidumbres sobre el tipo de utilización que se haga con relación
a los derechos constitucionalmente reconocidos. Ello ha de hacerse
insistiendo claramente en el firme compromiso del Gobierno de hacer
compatible en todo momento el desarrollo científico y tecnológico del
país impulsando en concreto, como decía antes, la participación
española en la segunda fase de esta investigación basada en el
análisis del genoma humano y el genoma de otros organismos, en un
marco de seguridad y con la debida protección de los derechos
fundamentales de nuestros ciudadanos.
En el ámbito de las relaciones laborales, como ya he señalado, en
estos momentos es conveniente hacer un seguimiento, con un papel
importante por parte del Gobierno, al que se ha comprometido en este
campo, en el marco de la propia Unión Europea, pero que está siendo
objeto lógicamente de estudio con los representantes sociales y del
mundo laboral, y creo que tampoco
hemos de precipitar ningún tipo de actuación en este sentido.
En un tema de especial preocupación, como es el de la eventual
utilización de los tests genéticos en materia aseguradora, debemos
tener claro, primero, que en España no se están utilizando dichos
tests ni en la vertiente del seguro de salud ni en la que compete al
seguro de vida. Además, el artículo 12 del Convenio de Europa, que
hemos citado antes, sobre protección de los derechos humanos y de la
dignidad de las personas en relación con las aplicaciones de la
biología y la medicina, restringe la realización de pruebas
predictivas de enfermedades genéticas con fines médicos o de
investigación médica con un asesoramiento genético apropiado. Es
cierto que algunos países han desarrollado acuerdos de mercado que
establecen una moratoria para la utilización de estos mecanismos;
otros, en este caso fuera de la Unión Europea, estudian la
posibilidad de que las aseguradoras no conozcan directamente los
resultados del test genético, que será gestionado por entidades
independientes. En Gran Bretaña los medios de comunicación se han
hecho eco, como conocen SS.SS., de la autorización del uso comercial
de la información genética. En cualquier caso, es cierto que la
utilización generalizada de tests genéticos en la actividad
aseguradora, que hoy no es posible hacer en España, está sujeta a la
evolución científica, y la validez y pertinencia de su utilización
dependerán de la regulación que se establezca con carácter general
cuando ello sea necesario, de acuerdo con dicha evolución científica,
que ciertamente puede ser rápida. Por tanto, creo que aunque nuestro
ordenamiento restringe su utilización a fines médicos o de
investigación médica, está claro que hay que hacer un seguimiento,
porque dicha evolución científica, como les decía, puede ser muy
rápida.
Finalmente, quiero recordarles que la regulación de los datos
relativos a la salud, como les decía en mi primera intervención, es
aplicable ya a las entidades aseguradoras y a los contratos de
seguros, es decir, que el riesgo de mala utilización en los momentos
presentes tiene un marco legal, el de la Ley orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, cuya disposición adicional sexta modifica la Ley de
ordenación y supervisión de los seguros privados al permitir a las
entidades aseguradoras establecer ficheros comunes que contengan
datos de carácter personal para la liquidación de siniestros y la
colaboración estadística actuarial sin el consentimiento previo del
afectado, bastando la comunicación de la posible cesión de sus datos
de carácter personal a ficheros comunes para los fines señalados, con
expresa indicación del responsable, para que se puedan ejercitar los
derechos de acceso, rectificación y cancelación previstos en la ley.
Este régimen general está exceptuado para los datos relativos a la
salud, que, como conocen, sólo podrán ser objeto de tratamiento con
el consentimiento expreso del afectado, y el titular de la
información genética puede cederlo a una compañía de seguros si media
su voluntad.
Creo que el marco jurídico está claro. La protección en estos
momentos es suficiente para tener tranquilidad, pero es cierto que
tenemos que seguir avanzando y creo que es oportuna la interpelación
planteada con el objetivo de garantizar por los poderes públicos no
sólo una eficaz protección al derecho de la intimidad genética, sino,
además, hacerlo en un marco que nos permita ver las implicaciones de
esta rápida evolución científica en el conjunto de nuestro sistema
jurídico, en el comportamiento social, en las relaciones
contractuales, para que, en definitiva, la voluntad de que el
desarrollo científico y tecnológico avance al mismo tiempo que la
protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos sea
realmente una realidad.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señora presidenta, señorías, nos parece que
esta es una interpelación muy oportuna y muy adecuada, que coincide,
como decía el señor Silva, con una semana en la que la gran noticia
histórica ha sido la presentación del genoma humano, es decir un
avance formidable en la investigación de lo que son los seres
humanos, que abre un campo fantástico de posibilidades a la lucha
contra las enfermedades. Sin embargo, ese avance, que hay que ver en
un sentido positivo, es a su vez una fuente de problemas que puede
actuar en contra de esas posibilidades que tiene el genoma humano,
algunas más de las que ha señalado la señora ministra en una cierta
posición que yo llamaría un poco atentista, algo pasiva, amparándose
en que existen normativas que nos permiten estar más o menos
tranquilos. Sin embargo, hace muy pocos días, en Valencia, expertos
de todo el mundo coincidían en que hacen falta garantías que protejan
los datos genéticos del individuo. En concreto, el magistrado de la
Corte Suprema de Australia, Michael Kirby, señalaba algunas normas
que deberían ponerse en práctica para evitar -y entrecomillo- ser
rechazado en un trabajo, impedir la formalización de un seguro
sanitario o de vida o negar la condición de inmigrante. Para esas
cosas y para muchas más es necesario una regulación mucho más
adecuada y precisa de muchos ámbitos a los que puede afectar la
utilización del genoma. Son datos que tienen que ver con la
intimidad, datos que tienen que ver con la personalidad y que deben
ser fuertemente protegidos, más aún después de esa importantísima
sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de protección de
datos, que habla de un derecho fundamental a esa protección de datos.
Desde el punto de vista laboral, es sabido que los trabajadores
sufren o disfrutan, según se vea -siempre es algo que también tiene
un carácter positivo-, reconocimientos médicos, que son habituales en
muchas empresas, de los cuales pueden perfectamente surgir análisis
del ADN que pueden llevar a una estigmatización de un trabajador
simplemente por el hecho de una prospectiva, de un pronóstico de la
contracción de una probable enfermedad dentro de 20 ó 30 años.
Simplemente por eso puede haber ya, automáticamente, una reacción del
empleador respecto de ese trabajador.
Por lo que se refiere a los seguros, las compañías pueden en alguna
medida utilizar esa, a nuestro juicio, muy lamentable regulación de
la Ley de protección de datos última que propuso aquí el Partido
Popular, compartiendo datos personales entre ellas sin consultárselo
a la gente. El tema del ADN tiene que ver con la salud, pero también
tiene que ver con la forma de ser de una persona, no siempre
necesariamente con la salud, y cuando hay un intercambio de
posibilidades, si no hay una normativa y una vigilancia muy precisas,
es muy difícil que esos datos no circulen entre empresas de seguros.
Eso está pasando claramente, por ejemplo, en los Estados Unidos, que
sin duda es el punto de referencia en este caso, porque es donde más
se ha avanzado en esas posibilidades y donde ha habido ya litigios
claros a ese respecto.
En el ámbito de la sanidad ocurre exactamente igual. Las pruebas de
ADN son ya moneda corriente y se calcula que el año que viene tendrán
un mercado de 1.000 millones de dólares. Estos sondeos, impulsados
por la industria farmacéutica o por la industria privada sanitaria,
pueden dar lugar a importantísimos grupos de presión que planteen
todo este asunto de las pruebas de ADN como un enorme negocio que se
utilice fuera de la vigilancia pública para objetivos torticeros y,
desde luego, contrarios a la igualdad sustancial de los seres
humanos. Todos estos sondeos prenatales o posnatales, que pueden ser
ya habituales, puedan dar lugar a un sinfín de posibilidades que,
incluso, nos plantearían si en un futuro puede haber una especie de
nueva eugenesia, una selección de los individuos más perfectos, en
una obsesión por la salud, como hay ahora, y por la medicalización de
todo, que podría dar lugar a una tendencia irrefrenable, a través de
esos sondeos prenatales, a perfeccionar las formas futuras o a
seleccionar a los individuos, incluso con tintes racistas. Se ha
hablado del paciente colectivo y también de que, científicamente,
determinadas razas tienen más propensión a contraer determinadas
enfermedades y que habría que hacer pruebas selectivas para
centenares o miles de personas pertenecientes a una determinada
etnia. Todo eso está ahí como posibilidad.
En el plano familiar, ¿cómo influirá eso, por ejemplo, en el mundo de
la adopción de personas? ¿Se podrá elegir en función de su ADN a la
persona a la que se va a adoptar? Desde el punto de vista puramente
personal,
se ha hablado también -y es una reflexión importante- sobre el
derecho a no conocer el ADN. Una persona tiene derecho a conocer su
ADN, pero ¿tiene derecho a no conocerlo? Y la familia, ¿tiene derecho
a no conocer un ADN que puede ser devastador psicológicamente para el
resto de su vida? Hay muchas posibilidades de mala utilización de
esos grandes avances tecnológicos y científicos. Yo creo que en
España no hay una reflexión ni, desde luego, una reacción legislativa
suficiente a este respecto, a diferencia de otros países, como el
caso que ha sido citado por el señor Silva de Estados Unidos, donde
la mitad de los Estados tienen leyes contra la discriminación laboral
por razones genéticas. El presidente Clinton aprobó una orden
ejecutiva prohibiendo esta discriminación en el Gobierno Federal. Es
verdad que no hay todavía una normativa federal, pero hay una
importante legislación a este respecto que nos tiene que servir de
referencia.
El Grupo Socialista se ha adelantado y ha presentado una proposición
de ley en el registro de la Cámara, el 6 de febrero, sobre incremento
de las garantías de trabajadores y funcionarios en materia de derecho
a la intimidad, igualdad y no discriminación. La no discriminación
laboral es un punto importante. En esta proposición de ley, que
tendremos ocasión de defender en su momento, se dice precisamente que
no cabe discriminación laboral tampoco por la herencia genética y que
este tipo de pruebas médicas que se realizan en las empresas tienen
que permanecer en el estricto ámbito respetuoso de la intimidad y,
desde luego, no producir en ningún caso la discriminación laboral. En
este sentido, proponemos también la reforma del Estatuto de los
funcionarios, de la Ley de prevención de riesgos laborales y de la
propia Ley de protección de datos, que no establece una protección
suficiente, porque dice que los datos personales obtenidos pueden ser
utilizados para finalidades no incompatibles, modificando la anterior
Ley de protección de datos. Por tanto, unos datos personales que
alguien tenga en su poder podrían ser utilizados para finalidades
distintas de las que motivaron su recepción, si no son incompatibles
con las mismas. Por eso creemos que hace falta moverse rápido para
que no pase una vez más como siempre, que la vida, la sociedad y los
hechos van por delante de la norma o del derecho. En este caso hay
que ir muy rápido, porque la tecnología avanza muy deprisa. Hay que
moverse y no esperar simplemente a que la Unión Europea diga algo o a
que otros Estados se muevan en algún sentido. Podemos empezar a
actuar porque hay cosas que dependen sólo de este país. La
discriminación laboral en el acceso al empleo depende sólo de este
país, de si se quiere o no protegerla, como muchas otras cosas. En
ese sentido va nuestra proposición de ley.
No se trata de ir contra los avances tecnológicos. Lo que queda claro
tras el conocimiento de este genomahumano es que los seres humanos
son mucho más iguales
de lo que la gente se piensa, que hay un parecido muy grande en
cuanto a nuestra íntima naturaleza y que no hay un modelo de ser
humano normal, de lo que se desprendería que hay otros seres humanos
anormales; que no hay jerarquías biológicas; que es un error
histórico ir a una tendencia meritocrática, políticamente hablando, a
la hora de ordenar una sociedad, y que los comportamientos de los
seres humanos no tienen en última instancia un origen genético sino
un origen cultural. De todos los seres de la naturaleza, los seres
humanos son aquellos en los que influye menos lo genético y orgánico
e influye más la cultura, el comportamiento, lo aprendido e incluso
la ideología y la sensibilidad. Por tanto, el tema del genoma humano
no es algo que sea malo o bueno por naturaleza, sino que depende de
su utilización; por eso el tema de la educación es fundamental.
La señora PRESIDENTA: Señor López Garrido, le ruego concluya.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Termino diciendo que aquí hay un problema de
fondo, que no es puramente tecnológico, aunque haya sido la ministra
de Ciencia y Tecnología la que ha venido a responder a esta
interpelación. Este es un asunto de valores, de creencias y de
prácticas, valores que están en el fondo de todo lo que tiene que ver
con el genoma humano.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Fernández de Capel.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, decía Rifkin que nunca una sociedad ha estado tan poco
preparada para los avances tecnológicos que se nos vienen encima.
Cuando uno lee y escucha ciertas cosas vemos que todo se mezcla en un
mundo profuso, confuso y difuso. Si atendemos solamente a los
términos de la interpelación y desde el punto de vista de lo que
propone, en España podemos estar tranquilos y así lo creemos nosotros
también.
La interpelación de hoy tiene un valor que yo diría terapéutico-
emocional, es decir, en qué situación estamos, conozcamos nuestra
realidad. En ese sentido, es una interpelación que considero muy
favorable, porque el derecho en España en estos momentos sabemos que
dispone de los medios adecuados para una protección de los datos
genéticos y para evitar toda esa vulneración de principios en que en
un momento se podría pensar, que son los derechos constitucionalmente
protegidos, a saber: el derecho a la intimidad, al honor y a no
sufrir discriminación. Es una obligación de los poderes públicos
protegerlos y, de hecho, en este momento sabemos que hay que
conseguir esos instrumentos
de manera permanente, de tal forma que puedan utilizarse
cualquiera que sean las nuevas situaciones que puedan generarse, y
estamos ante una nueva situación que se está generando y el sistema
de protección de datos ha de ser el adecuado.
Tenemos un sistema de protección de datos que emana de la Unión
Europea, a través de una protección de carácter general de todo ese
ámbito que constituye la privacidad de unos datos que en este momento
se imbrican en el plano médico, pero que podrían tener también otra
faceta. Este es un amplio concepto que permite ver que el ciudadano
está al abrigo, resguardado y que sus derechos inalienables están
protegidos, porque la información genética forma parte de ese
concepto de datos personales que protege la Ley 15/1999 de la que
todo el mundo ha hablado esta tarde y en la que yo no voy a entrar.
La Directiva 95/46 del tratamiento de datos de carácter personal,
emanada de la legislación de la Unión Europea, amplía también la
normativa sobre el ámbito de carácter personal y profesional. Además,
la información genética, como digo, es un dato de salud y como tal
tiene las connotaciones jurídicas pertinentes. Esos datos de salud
que están muy bien reflejados en la recomendación que emana del
Comité de Ministros del Consejo de Europa en España están sometidos
no solamente a todo ese tipo de secretos y a ese carácter
legislativo, sino también al secreto profesional de las personas que
los manejan. Para los que estamos sometidos a dicho secreto
profesional es algo prioritario moralmente, tan prioritario como
cualquier otro tipo de creencia que pudiéramos tener, porque los que
nos dedicamos a ese ámbito de la medicina lo hemos escogido
libremente. Si analizamos dichas recomendaciones, vemos que esa
protección de datos es suficiente. Asimismo, se está trabajando -se
ha dicho aquí- en el campo de la información de ADN. No creamos que
los datos genéticos son también la información de ADN, que sería el
dato genético global sin analizar paso a paso, pero que tiene una
connotación sobre todo de tipo forense, criminal o de investigación y
que es un instrumento necesario para la identificación. No vamos a
identificar ahora como en el primer documento a tal efecto de los
griegos, tres siglos antes de Jesucristo, donde se identificaba de
otra manera al esclavo Atenodoro. Estamos hablando de otra manera,
tenemos otros instrumentos.
El convenio de Oviedo, señorías, se firmó en España en abril de 1997
y se ratificó en esta Cámara en 1999 y ha entrado en vigor en 2000, y
en sus artículos 10, 11 y 12 debe tutelar y a él ha de remitirse por
ser norma de mayor rango cualquier legislación que se haga en este
sentido. Estamos tan al abrigo que de los veinte países que firmaron
el citado convenio solamente cuatro lo han ratificado y, entre ellos,
España, lo que nos hace estar muy en primera línea en protección de
datos. Las leyes son para utilizarlas y para reformarlas cuandohaga
falta, pero hay que hacerlo en su momento y de la
forma adecuada. Se habla muchas veces de lo que se hace en Estados
Unidos. En Estados Unidos no hay una legislación federal y las
legislaciones peculiares de cada Estado tienen connotaciones muy
singulares. La discriminación por enfermedad o minusvalía sería una
reducción mínima de lo que puede dar de sí el concepto genético. Hoy
día se sabe que aunque uno sea portador de un gen no va a contraer la
enfermedad. No hay un gen, una enfermedad, una patente, un
medicamento. Ojalá fuera así de fácil. Estamos ante una situación de
tales perspectivas que legislar hoy para lo que puede pasar dentro de
tres o cuatro años es absurdo. Habrá que adecuar nuestra legislación
paso a paso sobre una casuística y sobre una situación determinada.
Como he dicho muchas veces en esta tribuna, legislar sobre ciencia
a priori es una pasión inútil; no sabemos dónde nos va a llevar esa
ciencia, no tenemos ni siquiera, como tienen en los Estados
anglosajones, una casuística en la que basarnos, ni ellos tampoco la
tienen. Entonces, pensar que esas legislaciones van a ser las
adecuadas es un error. Tenemos que tener una actitud atentista, y yo
aplaudo esa actitud en que en este momento está España al decir que
tenemos una magnífica legislación, vamos a prestar atención a cómo se
van desarrollando las cosas y vamos a legislar a su tiempo. No es
mejor el que legisla más rápido y luego tiene que ir reformando las
leyes, que al final están todas abocadas a ser reformadas, sino
legislar a tiempo, sin prisa pero sin pausa. En este momento, por
ejemplo, se habla de hacer un test genético que pudiera determinar
que tenemos un gen. Nosotros sabemos, sin hacer tests genéticos, qué
personas pueden tener un gen determinado. Por ejemplo, para el gen de
la diabetes mellitus, se utiliza una forma mucho más sencilla que un
test genético, que es una curva de glucemia o un análisis de otro
tipo, en el que no vamos a entrar, que nos da que esa persona tiene
un tipo de gen y que además lo va a transmitir a su descendencia,
y no va a tener más limitación con la legislación española que la que
le produce su propia enfermedad, pero está totalmente adecuado, y en
esta Cámara se sientan muchos diputados que tienen ese gen, expresado
o no expresado -lo tendremos casi todos; probablemente a unos se le
exprese y a otros no-, perfectamente facultados para ser padres de la
patria y representantes de sus circunscripciones. Algunas veces,
señorías, esa carga genética nos está abriendo un camino en el que
tendremos que considerar si para determinadas situaciones, lo mismo
que se hace un análisis de salud para el que tiene que llevar una
locomotora, también habrá que hacerlo en otros casos. Los tests
genéticos no están aún disponibles, porque no existen todavía
laboratorios donde se puedan hacer; a
lo mejor, se pueden hacer solamente en relación con un tipo de gen y
los laboratorios se intercambian el material para poder hacerlo,
porque no es ni rentable ni existe en ningún país. Habrá que realizar
un adecuado examen sanitario para poder llevarlo a cabo.
No confundamos los análisis de ADN con los tests genéticos, porque
estamos hablando de otra serie de cosas. Tenemos garantías
suficientes. A priori, no se puede legislar sobre algo que no
conocemos a dónde nos va a llevar y que nos debe llevar a lo mejor,
porque la sociedad tiene que encargarse de defenderse a sí misma de
cualquier manipulación que pueda hacerse en un momento determinado y
que sea inconstitucional, que sea negativa para el ciudadano. De eso
se encargará esta Cámara cada vez que tenga que hacerlo, pero habrá
que estar atentos, sin prisa pero sin pausa. No mezclemos hoy lo que
no podemos saber que va a ser mañana. Cualquier legislación que
nosotros hagamos ahora mismo sobre este asunto aprisa va a ser un
error. Estamos en primera línea en Europa, donde solamente cuatro
países han ratificado el convenio de Oviedo, y uno de ellos es
España. Otra cosa son las violaciones individuales que se puedan
hacer, que estarán sometidas a la ley penal, pero institucional y
legislativamente, señorías, creo que nunca hemos tenido tantas
garantías como en este momento.
La señora PRESIDENTA: Señora Fernández de Capel, le ruego termine.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Concluyo, señora presidenta,
muchas gracias.
Por todo ello, comprendo que esta iniciativa tiene esa idea
magnífica, terapéutica y emocional, ese pulsar la situación, no
sentirnos nunca satisfechos de lo que tenemos, qué bien lo hemos
hecho o qué bien lo vamos a hacer. No, estemos atentos todos, pero no
nos metamos a predecir el desastre sin saber ni siquiera cómo va
a llegar ese desastre ni qué va a ser mañana. En eso todos los grupos
estamos de acuerdo en que tendremos que salvaguardar la dignidad, la
seguridad y la responsabilidad de enfermos, de ciudadanos, de
relaciones sociolaborales, y de ello naturalmente deben encargarse
los gobiernos a instancias de esta Cámara.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández de Capel.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las nueve de la
mañana.
Eran las nueve de la noche.