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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 77, de 09/10/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2000 VII Legislatura Núm. 77
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA
Sesión núm. 7
celebrada el lunes, 9 de octubre de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración
del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto
de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001. (Número
de expediente 121/000016.) . . . (Página 2066)
Se abre la sesión a las once y treinta minutos de la mañana.
COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO
DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2001. (Número
de expediente 121/000016.)
- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (MORENÉS EULATE),
A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
212/000241.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la
sesión de la Comisión dando la bienvenida al señor secretario de
Estado de Seguridad.
Sin más trámites, damos la palabra al portavoz del Grupo Socialista,
que ha pedido la comparecencia del secretario de Estado.
El señor MAYORAL CORTÉS: Buenos días. Al comienzo de mi intervención,
quisiera dar la bienvenida al señor secretario de Estado, agradecerle
su presencia ante nosotros y, también, la colaboración que sin duda
va a prestar para el desarrollo de las actividades que tenemos
encomendadas en esta Cámara los diputados, especialmente los de la
oposición.
Señor secretario de Estado, yo quisiera hacerle algunas preguntas
relacionadas con temas que son de carácter fundamental en lo que se
refiere a la gestión de la seguridad del Estado, y las voy a hacer,
sobre todo, con la idea de conseguir un esclarecimiento de
determinados datos que consideramos indispensables a la hora de
juzgar los Presupuestos Generales del Estado en el área del
Ministerio del Interior. Voy a comenzar mi intervención (y quiero
ceñirme exclusivamente a lo que significa el presupuesto del Estado,
sin entrar en valoraciones de ningún tipo respecto a la bondad o no
bondad, eficacia o no eficacia de determinados servicios) solicitando
una serie de datos que nosotros consideramos de carácter fundamental
en orden a la función de control sobre la actuación del Gobierno que
tenemos encomendada.
En primer lugar, quisiera plantearle al señor secretario de Estado
determinadas cuestiones en relación con el llamado programa Policía
2000 que yo creo que requieren un cierto esclarecimiento, porque en
la descripción del presupuesto (desde las distintas perspectivas en
que éste puede ser examinado, por servicios, por programas o por
objetivos) no he encontrado la de este programa Policía 2000. He
encontrado los objetivos generales y globales, las tareas, las
actividades, los indicadores, pero no he encontrado (y mi pregunta en
este sentido tiene un carácter básico) una descripción de lo que
significa este programa tan importante, puesto que en él se centra
-pienso yo- una de las actuaciones políticas más fundamentales en
orden al incremento de la seguridad de los españoles. Respecto a este
programa Policía 2000 quiero preguntarle, en primer lugar, cuáles son
las ciudades que en este momento se encuentran incluidas y cuáles son
las que tienen previsto incorporar a lo largo del año 2001. Según
tengo entendido, este programa se describió inicialmente como el seis
por seis porque inicialmente se incluían seis ciudades, y quisiera
saber si se mantiene el seis por seis o se va a multiplicar por otra
cifra.
En segundo lugar, quisiera que se nos hiciera una exposición del
coste de este programa, puesto que los componentes que lo integran,
tanto en recursos humanos como en gastos de mantenimiento, de
equipamiento, etcétera, no aparecen explícitamente recogidos en el
presupuesto, al menos en el alcance que tiene este diputado. Por
tanto, quisiera saber cuál es el coste del programa en sus diferentes
elementos. También quisiera saber el número de efectivos que están
adscritos y que se despliegan en orden al cumplimiento del alcance
que tenga en este momento o, fundamentalmente, vaya a tener el
programa Policía 2000 en el año 2001. Hay una pregunta que
consideramos importante y quisiéramos que S.S. nos la explicitara.
Nos gustaría saber si el el programa Policía 2000 integra todo el
programa 222.A, Seguridad ciudadana, o es (esto nos remitiría al
comienzo de mi intervención) un programa dentro de éste, como a mí me
parece que es. Por tanto, quisiera una información lo más amplia
posible sobre este programa policial y su proyección tanto al año
2000 como al 2001.
Otra cuestión que también creo que es bastante relevante se
circunscribe a las funciones de la Dirección General de la
Administración de la Seguridad. Esta Dirección General tiene asignada
una serie de misiones como la gestión de recursos humanos, gestión
económica, gestión de medios y dotaciones materiales, sustitución de
agentes dedicados a funciones burocráticas por personal
administrativo. Según los datos que manejamos, la Guardia Civil tiene
un 25 por 100 de sus efectivos dedicados a tareas burocráticas y
parece que una de las misiones de esta Dirección General consistiría,
tanto en lo que se refiere al Cuerpo Nacional de Policía como a la
Guardia Civil, en ir traspasando personal que actualmente realiza
funciones burocráticas a realizar funciones administrativas. En este
sentido, querría saber cuáles son las cifras de sustitución
producidas. En primer lugar, cuál es el número de agentes que han
pasado a desarrollar funciones específicas de su profesión y han
abandonado las tareas burocráticas y, en particular, cuál es el
incremento que se ha producido en el personal administrativo que debe
sustituir al personal específico de la Seguridad del Estado.
Hay otra cuestión que también creo que es muy importante, puesto que
aparece en la parte normativa de los Presupuestos Generales del
Estado, y es el cambio de denominación de la Gerencia para la
Infraestructura de Seguridad, que según tengo entendido ya no sería
solamente para la infraestructura, sino también para el equipamiento.
En este sentido, quisiera saber cuál es la función que el Gobierno
quiere atribuir realmente a la Gerencia para la Infraestructura de
Seguridad, puesto que si en la descripción que aparece en la parte
normativa del proyecto de presupuesto figura, entre otras cosas,
proyectar y programar la dotación de infraestructuras, yo creo que
también aparece la gestión y la aplicación presupuestaria relativa a
esa infraestructura porque, si no, según los datos que aparecen en el
organismo autónomo, en realidad la Gerencia para la Infraestructura
de Seguridad gestionaría, en inversión nueva, 3.460 millones de
pesetas, exclusivamente. Pero es que las inversiones en materia de
seguridad del Estado, tanto en obra nueva como en reposición, según
la distribución que aparece en el programa de la Policía, al Cuerpo
Nacional de Policía le corresponderían 6.000 millones de pesetas y a
la Guardia Civil 13.000 millones, más otra cantidad que aparece en el
servicio 02, Secretaría de Estado de Seguridad, programa 221.A, por
importe de 11.000 millones de pesetas. Es decir, da la sensación de
una gran dispersión en la asignación de estas cantidades, no aparece
en ningún momento transferencia de crédito de ningún tipo entre
secciones, en particular la relativa a lo que pudiera ser finalmente
el presupuesto de inversión de la Gerencia para la Infraestructura de
Seguridad, con lo cual nos caben dudas importantes acerca de cuál es
la misión real que tiene este organismo autónomo. ¿Llevaría
exclusivamente lo relativo a la reasignación de recursos, de
desafectación, venta, etcétera, o también tiene una función
inversora? Inicialmente parece que esta sería la vocación de un
organismo de estas características. Asimismo, me gustaría saber si
esa función la va a cumplir respecto al equipamiento, puesto que en
el presupuesto de este organismo tampoco aparecen cantidades
importantes para este fin, sino que se remiten a los correspondientes
capítulos de las distintas direcciones generales.
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, le recuerdo que casi ha consumido
todo el tiempo. Piense en los demás grupos.
El señor MAYORAL CORTÉS: Espero, señor presidente, que, siendo una
comparecencia solicitada para preguntar datos no se nos aplique con
rigidez el tiempo, porque entonces no podríamos materialmente
hacerlo. Eso depende de los interrogantes que tenga la persona que
pregunta. Si tiene pocos interrogantes, podemos terminar pronto, pero
si tiene muchos obviamente
será difícil que terminemos en un período escaso de tiempo.
El señor PRESIDENTE: Haremos lo que podamos, pero tenemos que cumplir
también unos horarios y unos plazos.
El señor MAYORAL CORTÉS: Evidentemente, pero también tenemos que
cumplir básicamente la función de la Cámara.
Otra cuestión que quisiera preguntarle (es la última, aunque hay
otras que dejaré pendientes), en lo que se refiere al sistema
retributivo que se aplica al cuerpo nacional de Policía, es sobre el
sistema basado en dirección por objetivos. Quisiera saber, señor
secretario de Estado, sobre el sueldo total que recibe un agente de
la Policía, cuál es el importe porcentual y en cifras absolutas del
concepto de productividad sobre la totalidad de la retribución.
También quisiera -y esta pregunta es muy importante- que me dijera,
con relación a los presupuestos directivos del cuerpo nacional de
Policía, cuál es el porcentaje que representa la productividad
respecto a las retribuciones específicas de cada persona, de cada
puesto directivo en particular, porque tengo entendido que la
productividad no es un concepto que se utilice en los cuerpos
superiores. Finalmente, quiero saber la edad que se establece para
pasar a la segunda actividad. ¿Existe alguna previsión en este
sentido, señor secretario de Estado, en particular con el personal de
la Policía Nacional?
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez Garrido.
El señor SÁNCHEZ GARRIDO: Quisiera hacer unas preguntas al señor
secretario de Estado y las voy a dividir en tres bloques, las que
afectan a la Dirección General de Policía, las que afectan a la
Guardia Civil y las que afectan a la seguridad vial, y lo haré con la
máxima concreción, a fin de facilitar la respuesta y para que el
tiempo no se consuma en exceso y tengan los demás grupos la
posibilidad de intervenir.
La primera pregunta, señor secretario de Estado, es si existe un
seguro de responsabilidad civil para la Policía y, si es así, dónde
se refleja. También me gustaría que me dijera cuál es la consecuencia
en el capítulo 1 de la disminución de la plantilla de Policía en las
grandes ciudades de España como Madrid y Barcelona. No cabe duda de
que esa disminución, al observar los presupuestos en el capítulo 1 se
da, y quisiera saber si ese personal se ha desviado a otras
poblaciones de España. En lo tocante a la productividad, querría
saber qué cantidades y criterios se han destinado a este capítulo,
puesto que es un tema muy importante dentro del cuerpo de Policía.
Por último, también me gustaría saber qué cantidades en concreto se
han destinado para dietasdel crédito extraordinario.
Igualmente quisiera preguntarle, porque creo que es un tema muy
importante, que facilitaría la reducción de costos, si tiene previsto
en los presupuestos esa Secretaría de Estado la creación de un centro
único de detención, que ahorraría tremendamente los costos, en vez de
estar tan dispersos a lo largo, sobre todo, de las grandes ciudades.
Por último, quiero hacerle una pregunta sobre algo que es chocante y
que afecta tanto a la Dirección General de Policía como a la Guardia
Civil y a la seguridad vial, y es que hemos observado que en los
presupuestos se consigna en el capítulo 2, el artículo 2 y el
concepto 1, en todos los servicios, en el 01, en el 02, en el 03,
prácticamente la misma cantidad para combustible. Nos llama la
atención porque es un hecho y una realidad que el combustible está
subiendo de forma obstensible, y es lógico pensar que en el año 2001
la cantidad que se destina a combustible sea sensiblemente superior a
la que se destina en el 2000. Eso quiere decir que las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado no van a poder andar ni patrullar los
mismos kilómetros si se destina la misma cantidad para combustible
para el año 2001 que para el año 2000.
En lo que se refiere a la Guardia Civil, le quisiera preguntar si se
tiene previsto destinar alguna partida (lo mismo que a los sindicatos
se les subvenciona con una cantidad) para subvencionar a la
asociación de Guardias Civiles (Coproper). Me gustaría saber también
qué partidas se destinan específicamente para el vestuario de la
Guardia Civil. Digo esto porque es una de las crecientes
reivindicaciones de la Guardia Civil la escasez de dinero que existe
para vestuario.
Le vuelvo a repetir que la misma cantidad, las mismas cifras que se
destinan en el año 2000 para el combustible se destinan en el 2001,
lo que hace difícil que la Guardia Civil pueda cumplir sus objetivos
con las mismas partidas presupuestarias.
También tenemos un gran interés en que nos diga qué partida se dedica
en concreto para sacar adelante, de la indigencia, a las casas-
cuartel de la Guardia Civil, que si salen y medio viven en muchos
casos es gracias a las aportaciones económicas de las corporaciones
locales, cuando creo que toda la competencia es de esa Secretaría de
Estado, de la jefatura de la Guardia Civil. Deseamos saber qué
partida se dedica en concreto para subvenir las necesidades de estas
personas que trabajan y que viven en las casas-cuarteles, que tantos
honores se les da pero a la hora del trato familiar no tienen el
mismo equivalente.
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez Garrido, le ruego vaya
concluyendo.
El señor SÁNCHEZ GARRIDO: Sí, acabo, señor presidente.
Quisiera saber qué cantidad se dedica exactamente a los cursos de
formación de la Guardia Civil y qué cantidades
se dedican a la mejora y nueva construcción de los cuarteles
de la Guardia Civil.
Voy acabando. En seguridad vial, la primera pregunta que le quisiera
hacer, señor secretario de Estado, es si se prevé incremento de la
plantilla y que nos lo explique un poco, porque tanto el capítulo 2,
como el capítulo 3, como el capítulo 6, inversiones reales, llaman la
atención porque son exactamente iguales que en el año 2000. No le
puedo preguntar por qué hay un incremento, sino más bien un
decremento en relación con el año anterior. Quisiera que nos diera
una explicación. Asimismo queremos que nos diga qué cantidad se
dedica, en coordinación con el Ministerio de Fomento, para eliminar
los numerosos puntos negros que existen en las carreteras de nuestro
país. Con esto termino, señor presidente. (El señor Gil Lázaro pide
la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, una cuestión de orden.
Creo que las intervenciones que se deban producir en esta
comparecencia están relacionadas exclusivamente con los grupos que
hayan pedido la comparecencia del señor secretario de Estado. Si se
va a saltar esa norma o esa costumbre, pienso que no sería un
precedente bueno para el funcionamiento de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Para esa misma cuestión de orden.
Resulta en todo punto sorprendente que el señor portavoz del Grupo
Socialista plantee esa cuestión; digo sorprendente, por no utilizar
un calificativo algo más llamativo, en la medida en que el señor
portavoz del Grupo Socialista estaba presente en la sesión de Mesa
y portavoces de esta Comisión que se celebró el pasado jueves a fin de
poder ordenar este debate, en donde quedó muy claro que el Grupo
Parlamentario Popular retiraba, como fue aceptado por todos los
grupos, la solicitud de comparecencia del subsecretario del
Ministerio del Interior para, brevemente (incluso alguien lo calificó
como una intervención de cortesía), poder formular al señor
secretario de Estado alguna pregunta concreta.
Pero, insisto, todos los grupos, con la presencia del señor Mayoral,
dieron su aquiescencia en esa sesión de Mesa y portavoces a que el
Grupo Parlamentario Popular retiraba la solicitud de comparecencia
del señor subsecretario del Ministerio del Interior para poder
formular algunas cuestiones concretas al señor secretario de Estado.
Me parece francamente sorprendente que a estas alturas el Grupo
Parlamentario Socialista pretendadesdecirse a sí mismo.
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, creo que tenemos
interpretaciones diametralmente distintas sobre el particular, porque
creo que esto no es un cambio de cromos que se pueda establecer
respecto a las comparecencias. Si el Grupo Popular ha considerado
oportuno no preguntar al señor subsecretario del Interior es cuestión
que le compete decidir al grupo, pero en ningún momento consta que el
Grupo Popular haya pedido la comparecencia del señor secretario de
Estado ni creo que se pueda solventar semejante cuestión en una
conversación a lo largo de la celebración de Mesa y portavoces. Creo
que si el Grupo Popular hubiera tenido interés en pedir la
comparecencia del señor secretario de Estado podría haber formulado
su petición, porque tiene libertad para ello, obviamente. (El señor
Gil Lázaro pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, insisto en que el señor
Mayoral, de una manera absolutamente torticera, sorprendente y
lamentable, está tratando de desenfocar la cuestión. Me atengo a las
actas y no quisiera tener que solicitar el dictamen de los servicios
de la Cámara al respecto.
En esa sesión de Mesa y portavoces, con la conformidad de todos los
grupos y con la presencia y la aquiescencia del señor Mayoral, el
Grupo Parlamentario Popular dejó muy claro que retiraba la
comparecencia solicitada del señor subsecretario del Ministerio del
Interior siempre y cuando los demás grupos aceptaran el que este
grupo pudiera formular preguntas al señor secretario de Estado, y
todos los grupos dieron su conformidad.
El señor PRESIDENTE: Creo que podemos dar por cerrado ese debate. Me
parece que el problema de fondo se resuelve acudiendo a los
precedentes, según los cuales, por lo que me informan los servicios
de la Cámara, después de contestar el compareciente hay la
posibilidad de que vuelva a intervenir el grupo que ha pedido la
comparecencia y los demás grupos, con lo cual se da satisfacción a
las dos partes. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, respeto, como es natural, la
ordenación del debate, pero precisamente porque nuestra intención es
atenernos escrupulosamente a aquel acuerdo de Mesa y portavoces
íbamos a ser muy sintéticos, y creo que sería mejor para la propia
operatividad de esta sesión el que pudiéramos formular esas tres
cuestiones antes de la intervención del señor secretario de Estado.
En todo caso, como es natural, me atengo a las instrucciones del
señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Yo pediría, señor presidente, que el señor
Gil Lázaro retirara las expresiones de torticerismo que me ha
atribuido, porque creo que estamos todos en nuestra obligación, en
nuestro deber y en nuestra función cuando queremos hacer prevalecer
la normativa que regula este tipo de actuaciones y no manejar la
Comisión y la Mesa como si fuera una tertulia de amigos, y creo que
no es una tertulia, señor Gil Lázaro. En este sentido yo le rogaría
que aceptara la decisión del presidente, que yo desde este momento ya
acato.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Simplemente quiero señalar que, por mi parte,
siempre he considerado que la vida parlamentaria es diálogo y
acuerdo, pero los acuerdos son ley, y desde luego me sorprende
profundamente que en este acto (y creo que sienta muy mal precedente
para el funcionamiento de las relaciones entre este grupo y el Grupo
Parlamentario Socialista en esta Comisión) el señor portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista pretenda desdecirse de un acuerdo que
se tomó en Mesa y portavoces sobre una propuesta del Grupo
Parlamentario Popular y que contó con la aquiescencia de todos los
grupos, incluido el señor Mayoral. Ciertamente me resulta
sorprendente y creo que sienta un mal precedente. Quiero atribuirlo
simplemente al hecho de la novedad del señor Mayoral como portavoz en
esta Comisión, que no en esta Cámara, en la que tiene una larga y
acrisolada trayectoria.
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, yo al menos voy a terminar
mi intervención sobre este incidente parlamentario diciendo que en
ningún momento mi grupo se ha desdicho. Una cosa es que el señor Gil
Lázaro expresara su opinión en la Mesa y otra cosa es que eso fuera
un acuerdo, que a mí particularmente no me consta. En todo caso,
malamente se puede adoptar un acuerdo cuando el propio Grupo Popular
no había presentado ninguna petición de comparecencia del señor
secretario de Estado, que creo que es la cuestión fundamental que se
debe considerar en este momento.
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar por zanjado este debate, y le doy la
palabra al señor secretario de Estado para que conteste a las
preguntas que se le han formulado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Muchas
gracias, señorías, por sus preguntas. Para mí, como secretario de
Estado de Seguridad, es un honor comparecer ante ustedes
para explicarles el presupuesto del Ministerio del Interior, muy
específicamente en lo que se refiere a la Secretaría de Estado de
Seguridad. Intentaré ser muy concreto en lo que se refiere a las
preguntas, pero debo decir que del tenor de las preguntas y de su
propia cantidad estimo que la mejor manera de ir contestándolas es
precisamente explicando en qué consiste el presupuesto de la
Seguridad.
Por otro lado, quisiera decir que toda la acción política está
vinculada con los presupuestos, pero algunas de ellas están más
vinculadas con la acción diaria de la seguridad del Estado que con su
evaluación presupuestaria, aunque, teniendo en cuenta ese matiz,
también trataré de contestarlas en el ámbito de lo que es el
presupuesto general del Estado en lo que se refiere al Ministerio del
Interior y específicamente a la seguridad ciudadana, que es la
competencia del compareciente.
En cuanto a las preguntas que me hacen ustedes sobre el programa
Policía 2000, es evidente, y así se ha demostrado durante estos
últimos años, que se trata de una de las prioridades del Gobierno. En
esa línea dicho programa tiene dos aspectos fundamentales, y yo creo
que los dos están siendo tratados, en los dos se está invirtiendo con
la cadencia necesaria para que se pueda poner en marcha.
Me preguntan ustedes cuáles son las ciudades en las que está y en las
que va a estar; me preguntan sobre el coste del programa, sobre los
efectivos, sobre si se integra o no en el programa 202, y les quiero
decir que, el programa Policía 2000 figura de alguna manera en el
programa 202, que tiene un reflejo sustancial en el capítulo 1 del
propio presupuesto, y se extenderá este año 2000 a todo el territorio
nacional.
Creo entrever de las preguntas que me hacen los representantes del
Grupo Socialista que su preocupación básica y fundamental, por lo
menos la el primero de sus portavoces, es precisamente cómo se
reflejaría este programa Policía 2000, no tanto ya en los capítulos 2
y 6, sino en el capítulo 1. En el capítulo 1 el esfuerzo básico de
este programa es en productividad y este año 2000 -que también me
preguntan sobre el año 2000- estamos intentando cerrarlo con un
incremento, que se ha producido ya, de 1.000 millones de pesetas
sobre lo inicialmente presupuestado y, probablemente podamos
aumentarlo, pero no lo adelanto porque todavía estamos en esa
negociación. El año que viene se va a incrementar en conceptos de
productividad por un importe de 2.000 millones de pesetas, y esto nos
permitirá seguir adelante en su implantación nacional.
El coste desglosado del programa Policía 2000, tal y como me lo
pregunta S.S., en vez de ir buscando partida a partida, preferiría
enviárselo por escrito de una manera que fuese más comprensible y
consumiese menos tiempo que ahora, pero ya le digo que básicamente el
programa Policía 2000 influyen en tres capítulos: en el 1, con un
crecimiento de 2.000 millones; en el 2 con unos crecimientos que
vamos a tener para el
año que viene de aproximadamente el 54 por 100 sobre los presupuestos
del año pasado, muy básicamente en indemnizaciones por razón de
servicio -que es otra de las preguntas que me hacían-, que se
incrementa en 3.500 millones la partida presupuestaria, es decir, el
98,7 por 100. Con esto creo que las preguntas en cuanto a la
inversión, política del Gobierno y extensión en el territorio
nacional queda contestada.
Por lo que se refiere a la Dirección General de la Administración de
la Seguridad es un organismo que se creó en el Ministerio del
Interior con objeto precisamente de poder coordinar la acción de
gestión administrativa y de planificación económica del Ministerio
del Interior. Esta Secretaría de Estado va a darle la máxima potencia
a esa Dirección General, de la que dependen tres órganos, que son: la
Subdirección General de Planificación, la de Gestión Económica, y la
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento del Ministerio del
Interior.
Es verdad que durante un determinado tiempo no se ha empleado con su
máxima eficacia ese organismo, pero creo que es de absoluta
necesidad, por razones fundamentales. Primero, el Ministerio del
Interior necesita una planificación de sus actividades para el
futuro, lo que permitirá que prosperen los programas que estamos
iniciando ahora. Sobre este particular quiero decir que el
crecimiento que tiene este año el Ministerio sobre años anteriores
-especialmente desde 1990- y que nadie ha mencionado es el más alto
que ha tenido en esa pequeña pero significativa historia. En ese
sentido, hemos llevado a cabo tres acciones importantes: la primera,
potenciar el capítulo 1 en los aspectos en que el mismo potencia a su
vez la acción de la seguridad del Estado, es decir, con incrementos
en productividad que ya he explicado de 2.000 millones en Policía y
2.000 en Guardia Civil. La segunda, atender el déficit endémico que
tenía el capítulo 2 del Ministerio del Interior; creo que el capítulo
2, que significa la operatividad y el funcionamiento de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, está cubierto de manera suficiente
-ya he dicho que en el caso de la Policía con un 54 por 100- para
atenciones de todo tipo y muy fundamentalmente para aquellas que
afectan a la movilidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, entre ellas los combustibles. Estos incrementos del capítulo
2 no se habían conocido tampoco en la historia del Ministerio del
Interior y vienen a hacer algo importante: que el presupuesto inicial
del Ministerio del Interior, desde el punto de vista de la ejecución,
sea un presupuesto conocido y ejecutable y no tenga que ir siendo
suplido a lo largo del año a base de solicitudes de créditos
extraordinarios, lo que es desde tiempo inmemorial práctica común del
Ministerio del Interior, como S.S. conoce. Lo que estamos haciendo es
incrementar el presupuesto y mejorar su gestión.
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento. Vengo de un Ministerio,
el de Defensa -permítame que haga
referencia a él-, donde establecimos una Gerencia de Infraestructuras
y Equipamiento que fue capaz de pasar de 6.000 millones de pesetas de
ejecución, cuando recibimos el organismo en el año 1996, a 36.000.
¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, porque
trabajamos más y mejor; la segunda es que incorporamos a las
capacidades del Ministerio las posibilidades de comprar recursos para
el mismo y de gestionar ventas de recursos del propio Ministerio, no
simplemente inmuebles sino también equipamiento. Eso es lo que
queremos hacer con este organismo: incrementar su actividad
sustancialmente para que pueda subvenir a unos presupuestos que, si
bien crecen extraordinariamente sobre lo que ha sido históricamente
la tónica general del Ministerio del Interior, tienen también, como
todo gestor político, una ambición de crecimiento y de mejor gestión
que estoy seguro de que estamos poniendo ya en práctica en este año
2000 y en el 2001.
En cuanto a las cantidades para equipamiento, es evidente que la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento del Ministerio del
Interior no va a suplir los capítulos 6 del Ministerio en general, ni
se puede pretender. El capítulo 6 de la Policía, por ejemplo, crece
el 56 por 100 y el de la Guardia Civil algo muy parecido. Creo que no
debemos confundir lo extraordinario dentro de la gestión del
Ministerio del Interior por vía de este organismo con la inversión
ordinaria que se hará a través del capítulo 6, general, del
Ministerio del Interior y los particulares de Policía y Guardia
Civil, coordinados muy especialmente por la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamiento que acabo de mencionar.
Dirección por objetivos. Me ha hecho usted una pregunta que me hacen
también los sindicatos: ¿qué parte del salario de unos y de otros
comprende? La parte del salario de los policías de escala básica me
parece que está alrededor del 25 por 100; oscila, quiero decir que no
es igual en todos porque, entre otras cosas, no se ha implantado en
todo los sitios. No conozco en este momento el porcentaje del salario
de las escalas superiores de la Policía, pero se lo haré llegar. Como
idea general, entendemos que la gestión por objetivos, que por otra
parte está establecida en todas las organizaciones que tienen un
sentido de la productividad -por eso se llama productividad-, es una
magnífica manera de gestionar. Habrá que evaluar los porcentajes e
introducir las matizaciones necesarias, pero hoy en día el sistema de
retribución por objetivos es conocido y aceptado en cualquier empresa
conocida que funcione en el mundo, e incluso solicitado por quienes
lo tienen precisamente para ser capaces de obtener mejores resultados
económicos de la actividad diaria a través del esfuerzo personal de
cada uno; es importante que se sepa esto. En cuanto a la pregunta, si
es verdad que refleja una preocupación de las organizaciones
sindicales, también lo es que es la esencia de Policía 2000. Me ha
parecido que S.S. apoyaba el programa Policía 2000 y se interesaba
por él; yo creo que este elemento esencial del programa
debe ser respetado y que, matizado o negociado, en cualquier
caso debe seguir en vigor.
La previsión de la segunda actividad es algo que se está estudiando.
No tenemos una definición clara por ahora sobre cuál tiene que ser la
segunda actividad y, sobre todo, cuántos años puede durar. Estábamos
pensándolo para este presupuesto, pero lo hemos pospuesto para
revisarlo mejor.
Seguro de responsabilidad civil: es el concepto 16.03.22A y en
Policía tiene un importe de 223.476.000 pesetas; en la Guardia Civil
el importe es de 127.343.000 pesetas. El vestuario de la Guardia
Civil en el año 2001 tiene un importe de 982 millones de pesetas,
aproximadamente.
Dotación de puntos negros en tráfico: tenemos un plan de actuaciones
especiales por 1.570 millones de pesetas. Ya he comentado la
productividad. La información sobre el centro único de detención se
la puedo dar de otra manera, estoy a su entera disposición. En una
comparecencia parlamentaria de presupuestos carezco del dato.
En cuanto a los combustibles, quiero decirles dos cosas. Primero, las
cifras son las que son y los criterios sobre el coste del combustible
son coyunturales, como ustedes saben. Segundo, el capítulo 2 del
Ministerio del Interior, por primera vez en su historia -y reitero lo
de primera vez en su historia-, va a tener casi 20.000 millones más
que el año pasado, lo que significa precisamente atender a las
necesidades de combustible desde el primer momento del año y no a
través de gestión del presupuesto vía generación de crédito, práctica
que se ha venido utilizando habitualmente.
Coproper. No tengo constancia de que vayamos a financiar ninguna
necesidad económica de Coproper. En cuanto a la indigencia de las
casas-cuartel, muchos honores y poco..., le diré que el honor es la
divisa de la Guardia Civil; el honor a la Guardia Civil se lo da la
Guardia Civil. Si usted considera que la Guardia Civil debe retirar
de su divisa el concepto del honor, no me parece lo más prudente que
se diga.
El señor MAYORAL CORTÉS: Por parte del portavoz del Grupo Socialista,
en ningún momento se ha pedido que se retire del emblema de la
Guardia Civil el honor ni ningún juicio de estas características.
El señor PRESIDENTE: Ya tendrá usted oportunidad de exponer lo que
desee.
El señor GIL LÁZARO: Señor Presidente, por una cuestión de orden.
En todo caso, el señor Portavoz del Grupo Socialista podrá decir lo
que quiera cuando le corresponda, pero, si amén de saltarse acuerdos,
interrumpe a los comparecientes, el concepto parlamentario del nuevo
portavoz socialista deja bastante que desear.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD(Morenés Eulate): Cuando se
trabaja con la
Guardia Civil codo a codo con ellos duele un poco que se mencione el
tema de los honores como que el Gobierno da muchos honores y no se
preocupa de ellos. Reitero que el honor en la Guardia Civil lo tiene
y lo guarda ella misma, es su divisa. Esto lo he dicho de verdad. Su
referencia a los honores en ese sentido a mí, personalmente, como
secretario de Estado de Seguridad, me ha dolido y lo manifiesto así.
Nosotros estamos haciendo una inversión en el capítulo 6
importantísima, en el plan de inmuebles de la Guardia Civil, y los
incrementos se establecen claramente. Estamos hablando de incrementos
del 56 por 100 en los presupuestos del capítulo 6 de la Guardia
Civil; por tanto, me parece que el esfuerzo es extraordinario. Es
evidente que hay que hacerlo mucho más, así como que hay que dotar el
Plan de infraestructuras de la Guardia Civil. Nosotros hemos pasado
de dotarlo con 2.000 millones que estaban en el presupuesto inicial
del año 2001 a 5.000 millones, y así lo vamos a hacer durante los
tres próximos años para completar los 15.000 millones que es el
presupuesto de inmuebles de la Guardia Civil. También es evidente que
tenemos que esforzarnos en no cejar en esa adecuación.
Tiene usted razón en algunas cuestiones, como es mejorar las
condiciones de vida de la Guardia Civil. En esto estamos con un
crecimiento, reitero, el mayor que ha tenido el presupuesto del
Ministerio del Interior, que tenía las mismas necesidades, más antes
que ahora, porque hemos racionalizado la estructura inmobiliaria de
la Guardia Civil, con un crecimiento en esa inversión del 56,7 por
100 sobre lo que había el año pasado.
En cuanto a cursos de formación, también ha habido un incremento
importante, pero no tengo el dato preciso; a lo largo de mi
comparecencia se lo daré.
Creo que he respondido básicamente a las preguntas que me han hecho
ustedes.
El señor PRESIDENTE: Para una nueva intervención, tiene la palabra el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor MAYORAL CORTÉS: Le diría que por primera vez en la historia
un programa tan importante, como es el programa Policía 2000, de las
contestaciones que S.S. nos ha dado no aparece reflejado ni
especificado el presupuesto, puesto que no sabemos el coste ni los
efectivos. No ha contestado tampoco a la pregunta de cuáles son las
ciudades que están incorporadas y las que se pretende incorporar.
Como S.S. ha dicho que lo enviará por escrito, me acojo a esta oferta
y espero que se nos informe detalladamente sobre el alcance y
contenido del programa Policía 2000.
Sobre otras contestaciones con relación a la Dirección General de
Administración de la Seguridad, le pediría, señor secretario de
Estado, que sobre la pregunta concreta que le hice, relativa a la
sustitución de agentes dedicados a funciones burocráticas, que no me
ha sido contestada, me responda ahora o si no lo haga por escrito con
la mayor brevedad posible.
Con relación al tema de la gerencia, S.S. ha dicho que se trata de
seguir el modelo de lo que se hizo en el Ministerio de Defensa, pero
evidentemente con una suerte y con un resultado por ahora bastante
más pobre de lo que se haya hecho en Defensa, puesto que ahí ha
hablado S.S. de inversiones por 36.000 millones de pesetas y, sin
embargo, vemos que lo de la Gerencia de Infraestructuras queda como
un proyecto de futuro, es algo que se quiere hacer, pero que en este
momento no se encuentra ni mucho menos en un nivel de operatividad
adecuada para realizar las funciones que por ley tiene asignadas.
Con relación al salario del Cuerpo Nacional de Policía,
particularmente sobre el importe de la productividad, sobre el 25 por
100 o no, bien, pero mi pregunta iba referida a que la incentivación
de productividad, que, como ha dicho S.S. es el factor fundamental
que se incorpora desde el punto de vista del capítulo 1 para el
desarrollo del programa Policía 2000, parece que no tiene plasmación
en lo que se refiere a la escala superior del cuerpo de policía.
Por otra parte, quisiera decirle a S.S. que las preguntas aquí las
hacemos en función de los planteamientos y los interrogantes que nos
provocan -obviamente esa es nuestra función-, los distintos programas
que se contienen en el presupuesto del Estado, con independencia de
que haya organizaciones sindicales o no sindicales que opinen lo que
estimen oportuno, y allá ustedes y ellos en lo que se refiere a las
relaciones de negociación que deban tener. Si ha entendido usted que
había una cierta coincidencia, como en tantas cosas, puede que así
sea; aquí particularmente el interrogante subsiste, con independencia
de que lo tengan los sindicatos o no, que al parecer lo tienen.
En lo que se refiere a otras cuestiones, por ejemplo, al seguro de
responsabilidad civil que ha mencionado mi compañero, me gustaría
saber no lo que hay exactamente en el presupuesto, que parece que no
cubre las necesidades de responsabilidad civil precisas, sino
fundamentalmente qué proyecto tiene de dar cobertura a la policía con
relación a este seguro de responsabilidad civil.
Por lo demás, le pediría, señor Secretario de Estado, que nos haga
llegar todas las informaciones que le hemos solicitado por escrito y
prontamente, particularmente los temas que le he señalado
anteriormente.
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez Garrido, muy brevemente, por
favor.
El señor SÁNCHEZ GARRIDO: Quisiera decirle al señor secretario de
Estado que no comparto muchas de las cosas que ha dicho él aquí,
porque en los presupuestos que yo tengo para el año 2000 no coinciden
las cantidades que él dice ni se reflejan las afirmaciones
que él hace con la realidad presupuestaria. Así, veo que las
cantidades que se destinan por ejemplo para vestuario, que es algo
muy importante dentro del cuerpo de la Guardia Civil, son las mismas,
al igual que las cantidades que se destinan a combustible, y no me
vale -y permítame la expresión- que el señor secretario de Estado
diga que las cifras son las que son y que los criterios son
coyunturales. No, señoría, las cifras son las que son, no; las cifras
son las que debieran de ser para que estos cuerpos puedan ejercer su
función, y los criterios non son coyunturales, sino que son
previsiones que deben hacerse sabiendo cómo están los precios del
petróleo y teniendo la previsión lógica y normal de que, si el
Ministerio del Interior en todas sus facetas pretende dar un mejor
servicio a la ciudadanía, lógicamente no se puede hacer con el mismo
combustible que se hacía en el año 2000.
La asociación Coproper es cultural y, como cualquier otra, puede
tener derecho, cómo no, a tener una subvención para sus actividades.
Otra cosa distinta es que esa Secretaría de Estado lo crea o no
conveniente. Nosotros no compartimos el criterio de que no tenga una
subvención.
Por último, quisiera decirle que si me he expresado mal, lo lamento
profundamente, pero no creo que de mis palabras se pueda desprender
que yo haya dicho que se quite de la enseña de la Guardia Civil el
honor. Lo que he querido decir, y vuelvo a repetirlo, es que una de
las cosas con las que se puede premiar a la Guardia Civil es con el
honor de que tenga una casa digna la gente que sirve a ese cuerpo,
pero en modo alguno he querido decir que se le quite a la Guardia
Civil el honor, que puede ser uno de sus emblemas en el cuerpo. No he
dicho eso. Lo que quería señalar es que si se le reconocen muchísimos
honores a la Guardia Civil, que también se le reconozca el honor de
tener derecho a una vivienda digna, el guardia y su familia. Esto lo
he dicho porque las inversiones reales para la Guardia Civil son
absolutamente insuficientes. Vuelvo a repetir que si la expresión no
ha sido afortunada al principio, lo ratifico con la matización que
acabo de hacer ahora.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieren hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Gil
Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor Presidente, seré muy breve. En primer
lugar, queremos dar la bienvenida al secretario de Estado de
Seguridad en su primera comparecencia ante esta Comisión. En segundo
lugar, para adoptar la fórmula técnica de preguntas queremos que nos
confirme lo que para nosotros -y por lo visto no para otros- parece
una verdad difícil de controvertir a tenor de los números. Señor
Secretario
de Estado, ¿puede decirnos que, efectivamente, este es un
presupuesto que incorpora un muy importante esfuerzo inversor? ¿Puede
usted corroborar nuestro planteamiento en tanto en cuanto la
aplicación de este presupuesto va a permitir, primero, disponer de un
aumento considerable de plantillas en el ámbito de la Guardia Civil y
de la Policía Nacional a efectos precisamente de mejorar la lucha
contra la alta delincuencia, contra la delincuencia organizada,
contra el terrorismo y también los aspectos de lucha cotidiana contra
la inseguridad ciudadana, contra el pequeño delito? ¿Puede usted
confirmar nuestra impresión de que efectivamente, con este
presupuesto se produce un salto cualitativo importante en técnica, en
dotaciones materiales, y en avances tecnológicos, de manera que se va
a reforzar muy sensiblemente en este aspecto la lucha contra el
terrorismo? ¿Puede corroborar nuestra impresión de que el esfuerzo
que se hace en este presupuesto en materia de mejora de los
incentivos retributivos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, merece ser tratado con una especial atención? ¿Puede usted
corroborar lo que nosotros entendemos, es decir, que con la
aplicación de este presupuesto esos tres valores, el de proximidad,
el de especialización y el de coordinación y suma de esfuerzos, que
viene caracterizando la nueva cultura de seguridad, van a verse
impulsados de manera eficaz? Finalmente, ¿puede corroborar nuestra
impresión de que, efectivamente, este presupuesto aporta importantes
elementos para la mejora de la operatividad de la ejecución
presupuestaria, de manera que el control democrático del presupuesto
a través de las Cámaras y la propia aplicación de las inversiones
pueda ganar en términos de rentabilidad política y de rentabilidad
operativa?
Concluyo diciendo que, efectivamente, todos estamos volcados en el
esfuerzo y en el deseo, primero, como es natural, los responsables
políticos del Ministerio del Interior, para hacer verdad aquello que
ha dicho algún portavoz: Que los miembros de la Guardia Civil tengan
una casa digna para su familia. Desde nuestro punto de vista también
en el presupuesto hay una consignación importante que no se puede
agotar este año y que tendrá una orientación plurianual. La lástima
es que esa expresión de desear una casa digna para su familia no la
tuviera muy anotada algún otro responsable político anterior del
Ministerio del Interior perteneciente a un Gobierno socialista
(Rumores), que hoy rinde cuenta ante la justicia y cumple condena
precisamente porque antes de buscar una casa digna para los miembros
de la Guardia Civil, por lo visto, pensó que era mejor aplicarse
aquello de que la caridad bien entendida empieza por uno mismo (El
señor Sánchez Garrido: Es inadmisible. El señor Mayoral Cortés pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Quiero hacer constar mi protesta por las
expresiones que vierte el portavoz del Partido Popular, que trata de
convertir una mera comparecencia presupuestaria, donde nosotros nos
hemos ceñido, básicamente, señor presidente, a preguntar al señor
secretario de Estado, en un debate y en un ataque a los restantes
grupos parlamentarios, particularmente al Socialista...
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, consta su protesta en el «Diario
de Sesiones». (Rumores. El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Simplemente quiero decir, señor presidente, que
en la próxima ocasión le preguntaré al portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista qué es lo que puede preguntar este portavoz.
El señor PRESIDENTE: Damos por concluido este debate y le damos la
palabra al señor secretario de Estado de Seguridad para que conteste
a las preguntas que se le formulen.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Trataré
de contestar con toda brevedad. Nosotros hemos aportado datos
suficientes sobre algunos aspectos de Policía 2000. Es verdad que no
le he dicho a usted cuáles son las ciudades que en este momento están
incorporadas al proyecto, pero le enviaré la respuesta por escrito.
En la segunda parte, que para mí es la más importante -Dios me libre
de prejuzgar la importancia que le da usted a las preguntas-, le he
dicho que el año que viene terminamos el programa Policía 2000 en
todo el territorio nacional. Eso creo que es un dato. Repasaré de
hecho las preguntas que me ha formulado para, si hubiese algún dato
que no le he dado, facilitárselo.
En cuanto al vestuario de la Guardia Civil -y creo que deberíamos ver
los datos-, en el año 2000 el presupuesto para el vestuario de la
Guardia Civil era de 561.000 millones y para el año 2001 serán
982.000 millones, luego es evidente que hay un incremento enormemente
sustancial y que se refleja en el aumento precisamente del capítulo 6
de la Guardia Civil. También es verdad que en los cuatro millones de
metros cuadrados que tiene la Guardia Civil de inmuebles nosotros,
prácticamente, hemos duplicado el esfuerzo inversor, si bien, ya lo
he explicado antes, no hemos llegado a atender todas las necesidades
en un solo ejercicio presupuestario, lo cual está absolutamente fuera
del lugar, porque es tal la inversión que deberíamos hacer en un año
que no se debe intentar denunciar que no se haga; me parece que el
esfuerzo pasa por ser el máximo incremento histórico que ha tenido el
Ministerio
del Interior y, sin embargo, curiosamente, por un arte especial,
pasa a ser un presupuesto acusado de poco ambicioso. Ha sido y es el
presupuesto más ambicioso que ha tenido el Ministerio del Interior.
En cuanto al combustible de la Guardia Civil, le puedo decir que en
el año 2000 se destinaban 2.134 millones y para el año 2001 se
destinan 3.645 millones. Por lo tanto, conviene que veamos esas
cifras de acuerdo con lo que representan.
Es verdad, y no lo he dicho por ceñirme a las preguntas, que el
esfuerzo mayor que tiene que hacer el Ministerio del Interior -y
estoy seguro que SS.SS. lo compartirán- en estos años es en la
seguridad ciudadana, particularmente en lo que afecta a la lucha
antiterrorista. Como en este tema la cuestión es pacífica, por las
declaraciones que hay, digamos, hacen ustedes y los representantes
del Partido Socialista y, afortunadamente, hay, digamos, un acuerdo
en que esa es la gran tarea que tenemos encomendada, sin desprecio de
otras, el esfuerzo mayor que estamos haciendo en el presupuesto del
año 2001 es en la lucha antiterrorista. ¿Dónde se refleja? Se refleja
en los capítulos 1, con crecimientos de 2.000 millones en Policía y
Guardia Civil y se refleja en el capítulo 2, como ya he explicado, y
en el capítulo 6 con inversiones en elementos fundamentales de la
lucha antiterrorista, entre los cuales le recuerdo que se encuentran
determinadas mejoras de la infraestructura de la Guardia Civil en las
provincias vascongadas.
En cuanto a la intervención del portavoz del Partido Popular, al cual
agradezco su bienvenida, le puedo confirmar, porque es una
constatación de datos y es una satisfacción poder hacerlo, que hay un
crecimiento del presupuesto. Este año y para el año 2001 se ha hecho
la mayor oferta de empleo público en la Policía y en la Guardia
Civil, cosa que tampoco se ha dicho, pero que me permito recalcar.
Creo que hay un incremento sustancial en el capítulo 6. El portavoz
del Grupo Popular ha recordado a la Comisión la importancia de la
lucha antiterrorista, que era un aspecto que no se había comentado en
las intervenciones anteriores, donde nos hemos volcado. El
presupuesto es, en primer lugar, solidario con los Presupuestos
Generales del Estado en cuanto a la austeridad y a la posibilidad de
dar a todos los españoles una solidez desconocida en la historia
presupuestaria de España. No podemos hacer otra cosa que ser
solidarios y dentro de esa solidaridad la seguridad ciudadana está
entre las seis políticas prioritarias de Gobierno. Para nosotros eso
es satisfactorio.
Los responsables de los temas presupuestarios siempre queremos más,
es evidente, pero, para nosotros, estar entre esas seis políticas y
crecer el 8,4 por ciento, desde el punto de vista de la política de
seguridad ciudadana, es satisfactorio, evidentemente, incluyendo las
instituciones penitenciarias. Todo eso es muy satisfactorio. ¿Quedan
cosas por hacer? Claro que quedan cosas por hacer, pero no se
preocupen, que las haremos.
Hay una parte que no se dice, pero que creo que es muy importante, y
es que los objetivos que nosotros tenemos coinciden enormemente con
los que aquí se han señalado. La mejora de las condiciones de vida y
de operatividad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado está
dentro de los objetivos políticos que se marca el Gobierno. Para
ello, además de incrementar los presupuestos notablemente, vamos a
hacer otra cosa, que es gestionarlos mejor, es decir, tener la
capacidad, desde el 1 de enero del año 2001, de contar con el
escenario presupuestario real y de poder incorporar los dineros, que
antes, permítaseme la expresión, nos venían por generación de
crédito, al presupuesto del Ministerio del Interior, porque lo que
hemos conseguido es que el capítulo 1 de la Agrupación de Tráfico
pase a ser financiado por dicho organismo autónomo, con lo cual,
entre la cesión y la recepción del crédito hemos ganado seis meses
por lo menos, además de una importante diferencia económica.
Señor presidente, señorías, muchísimas gracias y, por supuesto, estoy
a la disposición de esta Comisión para cualquier aclaración que crean
oportuna.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por
haber acudido a la llamada de la Comisión.
Suspendemos la sesión durante cinco minutos. (Pausa.)
- DEL SEÑOR DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA
INMIGRACIÓN (FERNÁNDEZ-MIRANDAYLOZANA), A PETICIÓN DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA (número de expediente 212/000242).
El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar la sesión.
Por el Grupo Socialista, que ha solicitado la comparecencia, tiene la
palabra la señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Gracias, señor secretario de Estado para la
Extranjería y la Inmigración, señor Fernández-Miranda por comparecer
en esta Comisión para dar cuenta de los presupuestos de su
departamento. Me voy a referir en concreto al programa 222.G,
coordinación en materia de extranjería e inmigración.
En primer lugar, señor Secretario de Estado, querría decirle que me
ha sorprendido lo escueto del presupuesto de la Delegación del
Gobierno. Por otra parte, sobre el papel se sostiene casi todo,
incluso unos objetivos tan ambiciosos como ustedes plantean y con tan
poco presupuesto aparente. En estos presupuestos, señor Fernández-
Miranda, sobre todo en los objetivos, hay muchas reuniones, muchas
campañas, pero muy poco incremento en el capítulo 6 de inversiones
reales. En concreto, en el punto 1 de los objetivos, fijación de
criterios, impulso, coordinación, etcétera, en aspectos relativos a
la extranjería, inmigración y asilo, el indicador 6, negociación y
firma de readmisión con otros Estados, ustedes incluyen 20 reuniones
nuevas, supongo que con África subsahariana, frente a los cinco
convenios firmados ya, pero no aparecen presupuestados, no sabemos
con qué países. Esa es mi primera pregunta. ¿Qué países tienen
previstos y con qué presupuesto?
En el indicador número 13, celebración de campañas de información, me
gustaría que nos explicara una que me ha llamado especialmente la
atención: campaña sobre peligros y consecuencias de la inmigración
irregular. Así dicho, señor secretario de Estado, parece un poco
alarmante que se haga una campaña sobre los peligros de la
inmigración irregular. ¿A quién va dirigida? ¿Qué presupuesto tiene?
¿Va dirigida a los habitantes o poblaciones origen de la inmigración
o va dirigida a los españoles? O el indicador número 14,
asesoramiento en materia de extranjería y asilo a la Administración
periférica del Estado. Ustedes afirman como objetivo 2.200 informes.
¿Podría explicarnos dónde está presupuestado? ¿Es a comunidades
autónomas, pequeños o grandes ayuntamientos? Tampoco lo sabemos.
En el objetivo 2, apoyo a la formación, investigación y desarrollo de
programas técnicos de inmigración y asilo, el indicador número 3, uno
de los más importantes, Observatorio permanente de la inmigración, no
se reflejan presupuestos. ¿Lo van a crear? ¿Con qué presupuesto? ¿En
qué partida? Sin embargo, el punto 3 de los objetivos, mejora de la
gestión de los flujos de inmigración de carácter económico y
solicitantes de protección que se presentan en territorio español,
que es uno de los más importantes en opinión de nuestro grupo
parlamentario, es escueto y, si me permite, triste; triste porque
todos somos conscientes de las deficiencias existentes en la
Administración en este objetivo y, sin embargo, hay muy pocas
acciones; tampoco conocemos el presupuesto. En total, el punto 222.G
de los presupuestos son 2.480 millones, en capítulo 1, capítulo 2 y
capítulo 6, inversiones reales. Todo este plan tan ambicioso,
insisto, sólo queda presupuestado en 2.480 millones. Sin embargo,
ustedes han hablado de 7.000 y pico millones, que no encontramos.
Probablemente estén dispersos en el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, probablemente las transferencias no estén todavía hechas.
¿Las van a hacer a lo largo del año 2001? ¿Van a dejar vacío de
contenido el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en materias de
inmigración y va a pasar a ser competencia todo ello del Ministerio
del Interior y de su Secretaría y Delegación de Gobierno?
Nos preocupa otra cosa más. Ustedes han hablado -usted en concreto-
del plan Greco, que son las 77 medidas que ha planteado que debería
estudiar la subcomisión que se ha creado en esta misma Comisión para
el estudio de la integración de los inmigrantes. Tampoco está
presupuestado, no lo hemos visto en ningún
sitio. De hecho, ustedes se han adelantado a plantear las medidas que
esa subcomisión tendrá que estudiar, y teóricamente sería la propia
Comisión la que tendría que ponerlas en marcha y estudiarlas, pero
adelantándose a las medidas que ustedes plantean que se debería
estudiar, tampoco aparece presupuestariamente.
En fin, esperamos de sus respuestas -si no las tiene hoy, nos las
puede mandar, por supuesto- alguna tranquilidad ante tanta
incertidumbre y preocupación. Se empieza a debatir la Ley de
extranjería, usted lo sabe muy bien, y necesitamos saber -la opinión
pública necesita saber- qué presupuesto real va a tener para
inserción e integración de los inmigrantes, qué presupuesto real va a
tener su Secretaría de Estado, porque insisto que no hay quien
entienda la partida de los 2.480 millones, que va al capítulo 1,
capítulo 2 y una pequeña partida en inversiones reales, capítulo 6.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): Señorías, señora diputada, yo casi
empezaría por el final, porque además ése es el objeto exacto y
estricto de la comparecencia, a la cual yo acudo simplemente porque
es mi obligación. Usted expresa su agradecimiento, pero obviamente lo
hago porque en función de la mecánica parlamentaria aquí debo de
estar para contestarles. ¿Qué presupuestos va a tener su Secretaría
de Estado, ha preguntado la señora diputada? Efectivamente, para eso
estoy aquí y para decirle que va a tener 2.480.278.000 pesetas. Yo
creo que es importante que recordemos que la Delegación del Gobierno
para la Extranjería y la Inmigración se crea mediante el Real Decreto
683/2000, de fecha 11 de mayo, y que de esta Delegación depende la
Dirección General de Extranjería e Inmigración, también de nueva
creación, y que le corresponde a la Delegación del Gobierno formular
la política del Gobierno en relación con la extranjería, la
inmigración y el derecho de asilo y coordinar e impulsar todas las
actuaciones que se realicen en dicha materia. Las competencias
atribuidas por este real decreto, así como por el real decreto 1449/
2000, de 28 de julio, por el que se modifica y desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior nueva en el
actual Gobierno, se concretan en objetivos, actuaciones y medidas
relativas a la materia de la inmigración y el asilo. En definitiva,
creo que la creación de la Delegación del Gobierno para la
Extranjería, decisión tomada por el señor presidente del Gobierno,
supone en sí misma una muy importante decisión, que viene a reconocer
la conveniencia de la existencia de un órgano cuya función
fundamental es la coordinación y el impulso de todos los trabajos que
han de desarrollarse en todos los departamentos ministeriales a lo
largo de la presente legislatura.
Para esas funciones de coordinación, impulso y diseño, como rezan los
reales decretos de constitución, es para lo que, a través del
servicio 07, dentro del programa 222.G, se dota con esa cantidad que
antes mencionaba, 2.480.278.000 pesetas. Si bien el servicio
presupuestario es nuevo, parte del crédito, hasta un total de
1.293.083.000 pesetas procede, por reorganización administrativa, tal
como le contaba, del servicio 01, Ministerio, Subsecretaría y
Servicios Generales, y del programa 221.A, que es la Dirección y
Servicios Generales de Seguridad y Protección Civil. El incremento,
en términos homogéneos de comparación sobre un servicio que es nuevo,
que aparece por primera vez a lo largo de toda nuestra historia
presupuestaria reciente, es del 91,81 por 100; tiene 1.187.195.000
pesetas más para las funciones que la propia delegación tiene que
impulsar, coordinar y, en definitiva, contribuir a que se pongan en
marcha.
Viene desglosado y en buena medida voy a contestar a alguna de las
preguntas formuladas por S.S., en los capítulos correspondientes. El
capítulo 1, de gastosde personal, tiene proyectada, para que sea
aprobada por esta Cámara, la cantidad de 670.978.000 pesetas; de
nuevo arranca de parte de unos créditos que ya existían en el
servicio 01, tal cual le dije anteriormente, que eran 245.883.000
pesetas. El incremento es de 172,88 por 100 al sumarse la cantidad de
425.095.000 pesetas en el proyecto. Dentro de este apartado, si
desglosamos los créditos que más interés puedan tener, podemos
destacar el incremento de efectivos por ampliación del RPT del
Ministerio y catálogo laboral en las dos subdirecciones ya existentes
del servicio, la de Extranjería y la de Asilo y Refugio, tanto para
personal funcionario como para personal laboral, que supondrán
336.171.000 pesetas, el incremento de efectivos por transferencia
desde el servicio 01 de las subdirecciones generales de asilo y
extranjería actualmente existentes supone 245.883.000 pesetas; el
incremento del efectivo para la creación del gabinete del delegado
del Gobierno, por aparecer en el real decreto de constitución con el
rango de secretario de Estado, es de 30.553.000 pesetas; el
incremento de efectivos por creación de la secretaría y las unidades
de apoyo de los dos nuevos altos cargos -delegado del Gobierno y
director general- aparece con un planteamiento de 26.714.000 pesetas;
la creación en sí misma de los dos nuevos altos cargos; como S.S.
sabe, existía en el gobierno anterior una Subdelegación de
Extranjería e Inmigración pasa a ser Dirección general de Extranjería
e Inmigración; la subdirección general nueva es solamente de
Inmigración y, además, la secretaría de Estado como delegado del
Gobierno para la Extranjería e Inmigración. 18.501.000 pesetas.
En el capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, el
proyecto de presupuestos para el año 2001 -estamos hablando de algo
que ha nacido nuevo y que tiene que ser presupuestado por primera vez
en
este año 2001- presupuesta 1.129.300.000 pesetas. De nuevo, existían
créditos por un importe de 517.200.000 pesetas, que proceden, en esta
reorganización, tanto del servicio 01 como del programa 221.A, con un
incremento de 612.100.000 pesetas, lo que, a efectos porcentuales,
supone un incremento del 118,35 por 100. Dentro de este capítulo de
gastos corrientes en bienes y servicios, los créditos más importantes
son el de transporte, que se incrementa en 200 millones con respecto
al año 2000, con lo que se llega a la cantidad de 500 millones de
pesetas; reparaciones, mantenimiento y conservación de instalaciones
para el mantenimiento del perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla,
cuyo aumento respecto del año 2000 es de 250 millones de pesetas,
hasta un total de 450 millones de pesetas; estudios y trabajos
técnicos lo planteamos con una dotación de 35 millones de pesetas y,
en administración por razón de servicio, dietas y locomoción, con un
crecimiento de 20 millones, en 30 millones; los trabajos realizados
por otras empresas y profesionales en el exterior, 30 millones de
pesetas, y publicidad y campañas informativas, 23 millones de
pesetas.
En torno a una de sus preguntas, dentro de los indicadores y de los
objetivos, hablaba S.S. de peligros y consecuencias de la inmigración
irregular como una de las campañas que pretendemos realizar. Como
consecuencia de conversaciones que llevamos ya muy avanzadas con las
autoridades marroquíes, con el Gobierno del Reino de Marruecos,
intentamos que las personas marroquíes que quieran venir a España no
lo hagan, primero, enriqueciendo a las mafias; segundo, jugándose su
propia vida; tercero, sucumbiendo a la realidad del tráfico de seres
humanos como una realidad absolutamente dramática y, cuarto,
intentando impedir con ello que a continuación sean explotados en
unas condiciones absolutamente inasumibles por el Gobierno. No vamos
a emplear los 23 millones solamente en esta campaña, que era por la
que me preguntaba más específicamente, puesto que ya contamos con
dotaciones complementarias y con colaboración del propio Gobierno
marroquí, que nos servirán para llevarla a cabo y sobre todo para
poner de manifiesto no solamente estos peligros, no solamente esta
realidad que acabo de dibujar, sino también las posibilidades que
tienen de venir a España en condiciones de legalidad, normalidad,
garantía, seguridad jurídica, todas las posibilidades y todo el
futuro de los que están disfrutando ya muchos extranjeros en España.
En el capítulo 6, inversiones reales, la cantidad es de 680 millones
de pesetas. Se va a entrar con ellos fundamentalmente a terminar o
mejorar muchas de las obras iniciadas ya en la anterior legislatura;
en ocasiones, forma parte también de programas plurianuales y, entre
ellos, hay que destacar las obras de control de acceso a la aduana de
Beni-enzar, en Melilla, con una dotación de 400 millones de pesetas;
las obras de control
de acceso al perímetro de esa aduana, 30 millones de pesetas.
Con ello se dotará para la entrada física en nuestro territorio de
las tarjetas magnéticas que ya se están utilizando para los
trabajadores transfronterizos y para las personas que tienen
autorización para entrar en esta ciudad; a las obras de la aduana de
El Tarajal, en Ceuta, que se está modernizando -como usted sabe la de
Melilla es una obra nueva y la de Ceuta se está mejorando-, se les
dota de estas medidas de identificación y el montante será de 100
millones de pesetas.
Por otro lado, la creación del sistema Neurodac, que, como S.S. sabe,
responde a la puesta en práctica del convenio Eurodac, dentro de la
Unión Europea, de registro, almacenamiento e intercambio de
impresiones dactilares de inmigrantes y solicitantes de asilo dentro
de la Unión Europea, se dotará con 70 millones de pesetas. El
equipamiento informático del Observatorio Permanente de la
Inmigración, 25 millones de pesetas. Dicho observatorio, como sabe,
dependía, como una actividad, ni siquiera como un órgano ni como un
instrumento claramente definido, de la espléndida actividad
profesional de algunos funcionarios del Ministerio de Trabajo;
pensamos que debe ser uno de los instrumentos más importantes y por
ello se le concede la categoría de los más valiosos para tener
suficiente conocimiento de la realidad de los movimientos migratorios
y podrá alcanzar, con una autorización exhaustiva de toda la
documentación y datos que podamos suministrarle desde el resto de las
administraciones públicas y dentro de la Unión Europea, la toma de
decisiones con el mejor conocimiento posible de la realidad. Se
destinan inicialmente, y hablamos, por tanto, del arranque del OPI
con un nivel distinto al que hasta ahora tenía, 25 millones de
pesetas, que deben ser complementados -estas tres partidas están muy
interrelacionadas- con la dotación de mobiliario y enseres de la
propia Delegación, por 30 millones de pesetas. Y el equipamiento
informático de la misma, por 25 millones de pesetas.
Destacaría por su especial importancia las obras que se están
realizando y las que se van a ir concluyendo a lo largo del próximo
año en las ciudades de Ceuta y Melilla. Estas obras tienen origen en
un acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de enero de 1998 y,
posteriormente, de 5 de febrero de 1999, para mejorar e
impermeabilizar parte de las fronteras de España con Marruecos,
mejorar los puestos fronterizos ordinarios y estables y la
impermeabilización del resto de la frontera. La ejecución de la obra
se encomendó en un principio al Ministerio de Fomento y colaboró en
su financiación el Ministerio del Interior, para lo cual se
suscribieron una serie de protocolos de colaboraciónentre ambos
ministerios.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, le ruego vaya
concluyendo, por favor.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): Así lo haré, señor presidente.
Destacaría, dentro de una serie de conceptos, unas cantidades, con la
máxima brevedad. En el concepto 213, del capítulo 2, tenemos la
propuesta de 450 millones de pesetas, para financiar los contratos de
mantenimiento de las instalaciones realizadas en el perímetro de
ambas ciudades, de Ceuta y de Melilla, contando con que, por lo que
respecta a Ceuta, se prevé que la recepción se efectúe a finales del
año 2000 y están finalizadas las de Melilla. Respecto a las obras de
la Aduana de Beni-enzar se prevé que se recepcionen en el primer
trimestre del año 2001. En el concepto 227.06 está la propuesta de 35
millones de pesetas. Con esta dotación se pretenden financiar los
contratos de asistencia técnica para el control y vigilancia del
cumplimiento de los contratos de mantenimiento que se suscriban para
las obras que habrá que realizar en el perímetro de ambas ciudades.
Por último, en el capítulo 6, están las inversiones de reposición
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios.
Por no extenderme más en los detalles -disponen de ellos en los
documentos correspondientes-, quiero contestarle a alguna otra
pregunta formulada por su señoría. Ha afirmado que hemos hablado de
7.000 millones de pesetas. Yo no he hablado en ningún momento de esa
cantidad, ni ahora ni antes, porque entre otras cosas, y contestando
a su segunda pregunta, no vamos a dejar vacío ni el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales ni vamos a dejar vacía la parte
correspondiente a Seguridad, dentro del Ministerio del Interior, ni a
Educación, ni a Sanidad, ni a Asuntos Exteriores, ni a ninguno de los
ministerios que tienen que ver, y mucho, porque desde hace años
vienen haciéndolo con alta eficacia demostrada, la gestión de los
recursos que, dentro del montante global, se van a dedicar
específicamente a los programas concretos relacionados en algunos
casos con inmigrantes y en la mayoría de los casos con las personas
extranjeras que legalmente residirán entre nosotros, contribuirán a
la Seguridad Social, pagarán sus impuestos, serán ciudadanos de
primera y tendrán la parte alícuota correspondiente, no sólo a su
derecho a ser atendidos dentro del Sistema Nacional de Salud, o del
sistema educativo, o a percibir el subsidio de desempleo cuando les
vengan mal dadas y pierdan el empleo, sino también en cualquiera de
las actuaciones que me atrevería a plantear; incluso las carreteras
que se vayan a hacer en este país, por las que discurrirán libremente
como cualquier ciudadano.
Por tanto, no vacío nada porque no voy a gestionar directamente
ninguna de las cosas que tienen que gestionar los ministerios, y para
eso están. Además, tampoco
tendría sentido el programa Greco, el programa global de
regulación y de coordinación de la extranjería y de la inmigración en
España, que responde al compromiso que adquirió el ministro del
Interior, donJaime Mayor, en su primera comparecencia en esta Cámara
en junio de este año, cuando anticipó que el Gobierno presentaría en
esta Comisión ese programa global, ese programa de gobierno, para
saber lo que a lo largo de estos próximos cuatro años tendríamos que
hacer. Usted sabe que de ese primer ofrecimiento, y por acuerdos que
hemos alcanzado entre todos los grupos parlamentarios que
afortunadamente han firmado esa solicitud de creación de una
subcomisión, este asunto, el programa global, será debatido en sede
parlamentaria, para que todos podamos alcanzar el acuerdo suficiente
para que ése sea el ofrecimiento que se hace desde esta Cámara, que
asumirá el Gobierno como suyo para poder gestionarlo, cada cual en su
ámbito de responsabilidad, a lo largo de los próximos cuatro años.
Contando con que es un programa global en su fase de borrador,
primero, no sería razonable hacerlo en el servicio 07, porque ese
servicio es lo que es, ni, segundo, anticiparlo en cuanto a su
financiación en algo que es sólo un borrador de trabajo que
desarrollemos entre todos.
Más allá del programa escueto, de que el papel lo sostiene casi todo
y de la tristeza que le produce la sección 07, me parece que he
contestado a todas las preguntas que S.S. me ha formulado.
El señor PRESIDENTE: Señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Nos ha aclarado una cosa importante, que la
Delegación del Gobierno para la Inmigración y la Extranjería tiene
sólo 2.480 millones, que se reducen a capítulo 1, de personal;
capítulo 2, de bienes, etcétera, y capítulo 6, donde se han
concretado en Ceuta y Melilla, fundamentalmente en el control de las
fronteras y en el bloqueo de las mismas. Yo esperaba, quizá, porque
soy optimista por naturaleza, que usted nos explicara qué ámbito
competencial tiene y qué presupuestos controla en la realidad ese
objetivo que ustedes plantean, no nosotros. Dice que la Delegación
del Gobierno coordinará e impulsará todas las actuaciones en materia
de inmigración, extranjería y asilo. Qué significa de verdad. Pero
usted no nos lo ha aclarado. En inversiones reales se ha referido a
Ceuta y Melilla. En campañas, la que más ha sorprendido a mi grupo,
los peligros de la inmigración irregular, hemos creído entender que
se va a desarrollar en Marruecos. Si no he entendido mal es una
campaña que hace el Gobierno español en otro país, en Marruecos. No
va dirigida a los españoles sino a los potenciales inmigrantes en
origen. La Delegación del Gobierno para la Inmigración y Extranjería
tiene escuetamente2.480 millones y pico para los capítulos 1, 2 y 6,
en
inversiones reales, Ceuta y Melilla, entre otras, para una campaña
que se va a desarrollar en Marruecos.
Creo que ha contestado a nuestras preguntas. Seguimos teniendo la
misma preocupación e incertidumbre que expresaba en un primer
momento, si acaso agravada. Espero que a lo largo del desarrollo de
esa subcomisión, donde estudiaremos las medidas que se van a llevar a
cabo y que se llamarán Greco, si el Gobierno decide que se llamen así
o de otra manera. Serán esas u otras, si los grupos parlamentarios
deciden que no están de acuerdo con sus 77 medidas. Ahí podremos
quizás ver dónde está residenciado el presupuesto para todo esto. Es
verdad que se han bloqueado las fronteras de Ceuta y Melilla, pero
usted es muy consciente, como lo somos todos nosotros, de que la
inmigración irregular no entra ya por Ceuta y Melilla, sino por el
Campo de Gibraltar, Canarias y distintos aeropuertos y puertos
españoles. No le quiero preguntar por algo que a usted le va a hacer
sentirse incómodo, y a nosotros también, pero ¿de dónde salen los
presupuestos cuando se devuelve a las personas dentro de los furgones
policiales en las bodegas de los barcos? ¿Eso está presupuestado
dentro de la Delegación del Gobierno o no está presupuestado?
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo parlamentario quiere hacer uso
de la palabra?
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Ángeles
Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Quiero dar la bienvenida al señor Fernández-
Miranda y expresar nuestra máxima satisfacción por contar hoy aquí
con un secretario de Estado para que hable de un presupuesto en
extranjería e inmigración, porque es la primera vez que podemos
contar con un secretario de Estado que venga a tratar este tema en
concreto. A nosotros nos parece que esto es un fiel reflejo de la
importancia que el Gobierno de José María Aznar ha dado a este tema y
se está demostrando en cada una de las actuaciones.
Hoy decía la señora Blanco que había objetivos ambiciosos. Sí, hay
objetivos muy ambiciosos. Nosotros, cuando pensábamos que había que
hacer algo en cuanto a la coordinación y el impulso de las políticas
de inmigración, nos estábamos refiriendo exactamente a esto: a dar la
importancia posible a los objetivos que se plantea en esta
legislatura el Gobierno.
Usted ha dicho, señora Blanco, que para las funciones de coordinación
y cooperación institucional no es suficiente ese más del cien por
cien. A nosotros nos parece que sí, porque no hay que confundir lo
que son competencias y presupuestos en cada uno de los ministerios.
Ya ha dejado bien claro el secretario de Estado que no se va a vaciar
de contenido a ninguno de losministerios que han tenido actuaciones
en este campo. Quiero recordarle que esos más de 7.000 millones, a
los que hicieron referencia en una proposición no de
ley, son reflejo de las actuaciones que se realizaron en el año 1999,
dentro de ese plan de integración social de inmigrantes que le
recuerdo que fue presupuestado y puesto en marcha por el Gobierno del
Partido Popular. Creo que han quedado claras las prioridades y, a
nuestro entender, señor secretario de Estado, ha hecho una magnífica
exposición de cuáles van a ser esas actuaciones. Yo estoy convencida,
por la trayectoria que se ha marcado, que la coordinación entre los
distintos ministerios va a tener un fiel reflejo en ese plan Greco
que va a presentar usted en la subcomisión, lugar apropiado, a mi
entender, para el debate de las propuestas concretas y sus
aportaciones presupuestarias. Con saber hoy que, por parte del
Ministerio del Interior, en lo que a funcionamiento se refiere, va a
haber un incremento de más de un cien por cien y su compromiso
personal de que será en el seno de la subcomisión donde debatiremos
el plan Greco, nuestro grupo queda ampliamente satisfecho con su
comparecencia, deseándole los mayores éxitos. (El señor Mayoral
Cortés pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Para qué pide la palabra, señor Mayoral?
El señor MAYORAL CORTÉS: Con independencia de la intervención que
haga la portavoz socialista, yo quisiera, una vez más, trasladar a la
Mesa el ruego de que nos atengamos a las cuestiones a que nos tenemos
que atener.
Señor presidente, creo que se está produciendo aquí una situación
particular: el Partido Popular es muy libre de hacer las loas al
Gobierno, para eso está, pero lo que sí es importante es que no se
establezca un debate bilateral, porque tiene aspectos de
obstruccionismo a la labor que hace la oposición. En ese sentido, le
rogaría, señor presidente, que se tenga en consideración lo que acabo
de decir.
El señor PRESIDENTE: Descuide, señor Mayoral. El debate lo ordena la
presidencia y preservará los derechos de todos, pero creo que está
transcurriendo con normalidad.
Señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Tengo muy poco que contestar a la portavoz
del Grupo Popular, porque no me debe interpelar a mí, sino al
secretario de Estado. Yo he planteado algunas cuestiones que espero
que el secretario de Estado aclare.
El señor PRESIDENTE: Para cerrar el debate, tiene la palabra el señor
secretario de Estado.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): En primer lugar, quiero agradecer a
doña Ángeles Muñoz, portavoz del Grupo parlamentario Popular, su
fijación de posición en torno
al tema que hoy nos ocupa y que destaque no solamente la importancia
de la decisión que el señor presidente del Gobierno toma, mediante la
creación de la Delegación del Gobierno, en su momento, que, además,
en buena medida viene a responder a lo que era un mandato
parlamentario en la última subcomisión que se ocupó del estudio de
los extranjeros y de los españoles que estaban fuera de España;
recomendaba, entre otras muchas cosas, la creación de un órgano de
coordinación dentro del Gobierno. Por tanto, deseo destacar la
sensibilidad del presidente del Gobierno, no solamente la instancia
en sí misma, sino las recomendaciones que ha hecho esta Cámara en su
momento, ya que creo que son positivas.
Coincido en la importancia que concedemos, y me alegro mucho de que
el Grupo Parlamentario Popular se la conceda en la misma medida que
el Gobierno, a la existencia del programa Greco y su presentación en
la subcomisión creada por todos los grupos parlamentarios. Y, señora
Blanco, yo no sé cómo lo va a llamar usted, pero me permitiría que
nosotros, desde la Delegación del Gobierno, desde el Gobierno, lo
llamemos programa Greco, ya que creo que es una forma acertada, en
esa composición de siglas de programa global de regulación y
coordinación de la extranjería y de la inmigración en España, que nos
llevaría muchísimo tiempo cada vez que tuviésemos que referirnos a
ello, haber encontrado esta denominación de Greco, que a nadie le
descubro que fue un extranjero que supo venir a España buscando
trabajo, que supo encontrarlo, que supo llegar a ser un genio de la
pintura, nada más, ni nada menos, que aquí tuvo un hijo, y que aquí
murió. Por tanto, El Greco, y uno de mis colaboradores me lo decía,
hoy día sería un extranjero comunitario, también es cierto, pero era
un extranjero. El Parlamento es muy dueño de llamar a este programa
como quiera, una vez que sea una cosa de todos. Estoy seguro de que
encontrarán también las siglas adecuadas para haber acertado, como yo
creo que hemos acertado tan oportunamente en esta denominación.
Con respecto al resto de las preguntas que me ha hecho, es cierto, y
usted lo ha reiterado al final de su intervención, que todas ellas
están empapadas en esa incertidumbre, en esa preocupación que se ha
desprendido de todas y cada una de sus palabras, pareciéndole poca
cosa esto de la dotación presupuestaria de la Delegación del
Gobierno. De verdad, ni lo pensó en su momento el presidente del
Gobierno, ni se lo pidió en su momento la subcomisión en la
legislatura anterior, ni desde luego se nos pasaría por la cabeza
intentar crear algo así como una especie de microgobierno
independiente, dedicado exclusivamente a los extranjeros. Yo creo que
sería discriminatorio en sí mismo. Sería en sí mismo la creación de
un gueto. Debe tener el tamaño que tiene, porque además debe ser
responsable de lo que se le ha encomendado por real decreto y dejar
que, efectivamente,
el resto de los ministerios estén trabajando en tantas
ocasiones tan bien como lo está haciendo.
A usted le extrañaba que yo no controlase más presupuestos. Para
empezar y quizás si nos ceñimos un poco a lo que es el propio
lenguaje parlamentario, los presupuestos los controla la oposición;
los gestiona y los ejecuta el Gobierno y los controla el Parlamento,
que para eso está y con una función insustituible. Le ha parecido
también sorprendente que nosotros hagamos un convenio para una
campaña informativa en Marruecos, en nuestro país amigo y vecino, en
donde hablemos de peligros de la emigración. Hablaremos en Marruecos,
que son las personas que lamentablemente, antes lo decía, sucumben,
son objeto de tráfico de seres humanos, muchos de ellos pierden la
vida en el Estrecho, mucho de ellos continúan siendo explotados desde
el punto de vista laboral, de la prostitución, del tráfico de drogas.
Esos son peligros, vejaciones, explotaciones y miseria y desde el
Gobierno tenemos la obligación de poner todos los recursos al
servicio de que eso formalmente no se produzca.
Por último, me pedía la cantidad -yo creo que con poca delicadeza,
pero cada cual dice las cosas como cree que las debe decir en cada
caso- que nosotros proponemos gastar al año que viene en transporte,
y se lo dije, quizás en ese momento estaba distraída y no se dio
cuenta, pero le dije que en transporte, con más detalle destinado a
los gastos de devolución de personas extranjeras a sus países de
origen, 500 millones de pesetas. Hay un incremento de 200 millones de
pesetas respecto al año anterior, para traerlas, no le quepa la menor
duda, como se deben traer. Y para su tranquilidad, ya que me plantea
usted lo de las bodegas, he de decirles que, a mediados de la semana
pasada, como consecuencia de la avalancha de personas que llegaron en
zodiac y en pateras a la costa sur de la Península española, he
solicitado un informe para conocer en qué número, en qué
embarcaciones, en qué condiciones llegaron estas personas, cómo
fueron identificadas, detenidas o retenidas, cómo se llevó a cabo la
asistencia humanitaria. Yo creo que España una vez más demuestra su
inmensa capacidad de acogida, no solamente las autoridades, no
solamente las organizaciones no gubernamentales, sino también la
propia sociedad civil, en una actuación que yo califico de ejemplar y
de la cual me enorgullezco, simplemente como ciudadano de a pie.
Recordarán ustedes esas imágenes en las cuales las personas salían
del mar y de la playa en unas condiciones lamentables, imágenes que
recogían cómo se les daba ropa seca y comida, e imágenes, que también
habrán visto, de cómo a las pocas horas, afortunadamente, algunos de
ellos estaban en el polideportivo jugando al fútbol en una pista. Por
tanto, creo que debemos reconocer a todas esas personas implicadas
personalmente en todos esos acontecimientos lo bien que lo hicieron.
El informe también ha de recoger el númerode personas que llegaron en
función de su nacionalidad,
qué número de expedientes de expulsión se han incoado, cuántos deben
ser considerados como apátridas al no ser posible su documentación
del conocimiento estrictamente de su nombre y en qué condiciones se
han realizado las expulsiones cuando el país de destino lo acepta,
para tener constancia de que las cosas se están haciendo como se
deben hacer y hasta ahora creo que así se están haciendo. Tendrán
cumplida información de esa realidad cuando SS. SS. lo deseen.
Creo que he contestado a todas sus preguntas, y si no hay más
intervenciones, señor presidente, con su permiso, quiero dar las
gracias a todas SS. SS. por la información que me han solicitado,
esperando haber satisfecho todos y cada uno de los puntos que han
sido planteados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
Vamos a interrumpir la sesión unos minutos para despedirle y dar paso
al delegado del Gobierno para la Droga. (Pausa.)
- DEL SEÑOR DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
(ROBLES OROZCO). A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
(Número de expediente 212/000244).
El señor PRESIDENTE: Continuando con las comparecencias, damos la
bienvenida al delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas. Tiene la palabra el grupo parlamentario que ha pedido su
comparecencia para que haga las preguntas que estime pertinentes. Por
el grupo parlamentario socialista tiene la palabra la señora Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ; Agradezco al delegado del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas que esté aquí para responder a nuestras
preguntas. Quisiera empezar esta intervención diciendo que por estas
casualidades de la vida le toca al señor delegado responder a algunas
preguntas que seguro que no van a ser muy cómodas teniendo en cuenta
los antecedentes en el Congreso de los Diputados, usted como diputado
de la oposición y yo entonces como diputada del grupo en el Gobierno.
Es un marco distinto el que hoy se plantea pero no deja de ser una de
esas de casualidades de la historia la que nos enfrenta
dialécticamente hoy para analizar estos presupuestos.
Señor delegado del Gobierno, lo tiene crudo para responderme cómo es
posible que tengan estas partidas presupuestarias destinadas a la
lucha contra el narcotráfico, a los programas de asistencia y al reto
de la prevención de los consumos abusivos; cómo es posible que tengan
este presupuesto en el que ni siquiera está contemplado el incremento
de la infracción. En estos presupuestos la subida en su delegación no
llega siquiera al 1,8 por 100. Se puede considerar que ni siquiera
son presupuestos congelados, sino que en las previsiones del Gobierno
existe claramente una disminución de los presupuestos para la lucha
contra estos desafíos que la sociedad española hoy tiene planteados.
Ésta es la primera demostración de que para ustedes no es una
prioridad en unos momentos en los que el crecimiento económico es
importante y en unos momentos -no vamos a entrar en el marco general
en el que estamos viviendo- en los que el Estado ha ingresado en sus
arcas cantidades muy sustanciales, billones de pesetas, por conceptos
que todos conocemos y que analizaremos en los debates
presupuestarios, pero que no han ido a parar a la lucha contra el
narcotráfico ni a abordar, como digo, estos desafíos. Digo que ni
siquiera existe congelación; existe claramente una disminución de
presupuestos en lo que es específicamente el Plan Nacional sobre
Drogas, es decir, el programa 313.G, pero también en los programas
destinados a actuaciones policiales en materia de drogas. En los
programas específicos del servicio 6 existe un incremento de un 1,5,
es decir, que ni siquiera vamos a llegar a compensar la inflación que
se va a producir este año; los programas correspondientes a los
servicios 3 y 4, también del programa 222.C, actuaciones policiales
en materia de drogas, tienen un ligero incremento, como conocemos por
anteriores debates, probablemente debido (esa será una de las
explicaciones que me tendrá que dar) a los acuerdos para la
remuneración salarial y algunos incrementos de personal que me
gustaría conocer.
Voy a señalarle más detenidamente algunas de las contradicciones
palpables que tiene en la memoria de sus presupuestos, los objetivos
que van a abordar y las cantidades previstas, que creo que puede ser
el núcleo de esta intervención. Los objetivos del programa de
seguridad ciudadana son globales y no afectan específicamente a las
actuaciones en materia de lucha contra la droga, pero repercuten en
lo que es todo desafío de la lucha contra el narcotráfico y en los
demás objetivos de la delegación. Uno de los objetivos del programa
es investigar delitos. En el punto 2 tienen ustedes 1.000 efectivos
menos destinados a investigación que en el año 2000; en el año 2000
tenían previstos 10.000 efectivos y en el año 2001 tienen 9.000
efectivos. En el punto 5, para evitar el fraude fiscal, en los
objetivos de ese programa de seguridad ciudadana, en el año 2000
tenían ustedes dedicados a vigilancia en costas y fronteras 4.100
efectivos y en el año 2001 sólo 600 efectivos. Ya me explicará usted
cómo es posible que haya disminuido hasta siete veces la cantidad de
efectivos destinados a la vigilancia de costas y fronteras. En el año
2000 tenía 1.700 efectivos destinados a grupos operativos fiscales y
en el año 2001 los han reducido casi a la mitad, 750 efectivos. El
objetivo número 6 del programa de seguridad ciudadana es dotar de
medios técnicos. Sabe usted de la reclamación ya casi desesperanzada
de tantas zonas, desde luego de aquella por la que soy diputada pero
también de todas las costas
gallegas, para una mayor dotación de medios técnicos a todas las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pues para el programa
Renting, que tanto juego les ha dado tenían previstos en el año 2000
17.000 kilómetros recorridos y en el año 2001 tienen 15.000
kilómetros; probablemente van a recorrer menos kilómetros. En el año
2000 tenían 138.000 horas de navegación para 33 embarcaciones y en el
año 2001 no aumentan ni una sola embarcación; 33 embarcaciones, pero
sí las horas de navegación, 174.000. Se supone que para navegar más
horas necesitarán más combustible y debido a las coyunturas, como el
secretario de Estado ha dicho, con el mismo presupuesto para
combustible es imposible prever un mayor número de horas de
navegación, no solamente porque el mismo presupuesto no va a dar para
las mismas horas sino porque si tenemos en cuenta el incremento de
los costes probablemente no dé más que para la mitad de horas.
En lo que se refiere a la memoria del programa específico de
actuaciones policiales en materia de drogas, el programa 222.C
aparece por primera vez -porque no está en la memoria del Plan
nacional, aunque usted probablemente habrá colaborado en su
redacción- un fenómeno que no han reconocido en estos cuatro años
y que es bueno que lo reconozcan. Dice así: el permanente ascenso
registrado en los últimos años en el tráfico y consumo de
estupefacientes ha creado un grave problema social que ha
sensibilizado a todos los estamentos de la sociedad española. Lo
tiene dicho en la memoria. En las abundantes interpelaciones en la
Comisión Mixta ha hablado de que hay un aumento de los decomisos, un
aumento específico en determinados consumos, etcétera, pero aquí
figura el reconocimiento explícito del permanente ascenso en los
últimos años del tráfico de estupefacientes. No sólo lo reconoce la
memoria que su equipo ha redactado -usted era el último en enterarse
en las comisiones mixtas-, es que además no hace falta leer muchos
periódicos para comprender lo que suponen las derivaciones del
fenómeno internacional que estamos viviendo y de su impacto en
España. Pero ustedes siempre han dado solamente los datos relativos a
los decomisos, no los relativos al incremento presumible de esos
tráficos; es más, ni siquiera lo han reconocido. Por primera vez la
memoria lo reconoce y lo vamos a tener en cuenta. ¿Qué medidas se
ponen para impedir precisamente el permanente ascenso registrado en
los últimos años? En la memoria tienen reconocidas una serie de
medidas para evitar la entrada de droga y para la impermeabilización
de fronteras. Se supone que la memoria debería tener también unos
objetivos. Pues no hay objetivos concretos para esto, se supone que
son los efectivos a los que antes nos referíamos. ¿Para evitar la
entrada de la droga y la impermeabilización de fronteras disminuyen
los efectivos, que en el año 2000 eran 4.100 y ahora en el año 2001
son 600, siete veces menos? Quisiera obtener una respuesta. ¿Para eso
tienen el mismo número de
embarcaciones, 33, y no las han aumentado? ¿Para eso tienen el mismo
presupuesto en combustible, 29 millones de pesetas, y no lo han
aumentado, ni siquiera previendo el impacto de la inflación? Quisiera
obtener respuesta en relación con el objetivo concreto del programa.
Le voy a dar un dato muy anecdótico. La población de Barbate, que
últimamente ha salido en prensa por el desafortunado accidente de un
policía local muerto en acto de servicio en lucha contra estas nuevas
modalidades del narcotráfico, tenía en los ochenta 60 guardias
civiles (quisiera que me lo corroborara pero si no puede ahora que me
lo mandara por escrito) y en estos momentos tienen 24. Son las cifras
de las que tengo en estos momentos noticia, pero espero su
confirmación y desde luego le exijo su modificación porque de ninguna
manera responden a lo que son hoy los desafíos en nuestras costas.
Hay otra medida del programa de actuaciones policiales para descubrir
y desarticular redes internacionales de tráfico. ¿Qué previsión de
efectivos tienen destinados a investigar? Yo se lo voy decir. En el
año 2000 tenían 10.000 efectivos y en el año 2001 prevén 9.000, es
decir, 1.000 menos. En el año 2000 los efectivos destinados a grupos
operativos fiscales eran 1.700 y en el año 2001 prevén 750, es decir,
la mitad. ¿Es una medida que de verdad van a abordar desde el punto
de vista presupuestario? Por estas cifras parece que no.
Otra medida que tienen ustedes contemplada en la memoria es la
elaboración de planes especiales en comunidades autónomas,
destacándose el plan sur -no citan ustedes el plan Galicia, que por
lo visto se les cayó de estos presupuestos-, si bien, como digo,
solamente está contemplada en la memoria porque no aparece nada
después...
El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo, por favor.
La señora ROMERO LÓPEZ: Sí, señor presidente, pero le ruego que tenga
un poco de consideración por lo que significa el problema de la droga
en este país, por lo que significa un debate presupuestario de esta
naturaleza y por lo que significa poder abordar los problemas en
profundidad. Yo sé que al señor delegado le va a costar trabajo
responder a algunos datos, pero el señor presidente de la Comisión
debe ser neutral y dejar que la oposición pueda responder en estos
momentos a los desafíos que tiene la sociedad española. En
definitiva, estamos contemplando un problema que es muy serio y, por
tanto, necesitamos tiempo para poder explicar al señor delegado
nuestros temores y nuestras preocupaciones en estos momentos.
El señor PRESIDENTE: Lo tenemos muy en cuenta, pero le ruego que vaya
concluyendo.
La señora ROMERO LÓPEZ: Lo haré con la rapidez que pueda, señor
presidente, pero le ruego que me
deje un poco más de margen para poder entrar en el presupuesto
destinado a drogas.
Como decía, no aparece nada ni en este objetivo ni en el siguiente,
que corresponde a las prioridades en materia de coordinación, y
podría referirme a muchos. Sencillamente han disminuido las reuniones
del Consejo Asesor de Lucha contra la Droga y han disminuido los
trabajos de investigación. No vamos a entrar en este tema, pero no
tiene más que leer los objetivos de la memoria, que probablemente los
habrá trabajado muy bien, para corroborar lo que aquí estoy diciendo.
Como digo, tengo que pasar por encima de este tema. Si en el objetivo
2 y sus medidas preventivas posee lo mismo: las investigaciones baja
de 30 a cinco. En cuanto a descubrimiento y desarticulación de redes,
las investigaciones pasan de 60 a 40. Es decir, en todas se ha
producido un descenso más que considerable, entrando en franca
contradicción con los objetivos de su memoria.
Quisiera pasar muy por encima el tema de las instituciones
penitenciarias porque después se va a tratar más específicamente. No
es de recibo que ustedes tengan prevista la ampliación en sólo 1.100
internos después de las intervenciones que han tenido en la Comisión
Mixta hablando sobre la necesidad de generalizar el programa. Aquí
sólo hay 1.100 internos más, es lo que tienen ustedes en sus
objetivos, pero ni siquiera aparecen los módulos y las comunidades
terapéuticas previstos para el cumplimiento alternativo de las penas.
Como usted sabe, ése es un compromiso derivado del Código Penal,
votado por todos, pero no tiene el refrendo presupuestario, no
aparece ni en la memoria ni en los objetivos lo que supone poner en
marcha las medidas necesarias para que pueda ser efectivo el
cumplimiento alternativo de las penas.
Paso ahora al programa del Plan Nacional sobre Drogas. El ligero
incremento que ustedes tienen del 1,8 por 100 en su programa
específico del Plan Nacional sobre Drogas se refiere a gastos de
personal, capítulos 1 y 2. Incrementos, ya digo, que se supone que
serán para los gastos puramente burocráticos de su delegación, porque
las transferencias corrientes, que es el sentido de su delegación, no
solamente no se incrementa en nada sino que ni siquiera van a poder
ustedes llegar a la inflación prevista. Por ejemplo, para gastos
derivados de programas de rehabilitación o reinserción de toxicómanos
con problemas jurídico-penales tenían 400 millones y siguen siendo
400 millones. Y así todo. Es decir, ni siquiera ha previsto usted el
incremento de la inflación, señor Robles. Quién lo iba a decir
después de debatir la Ley de fondos, que ustedes decían que sería una
coartada para no incrementar los presupuestos de la Delegación para
el Plan Nacional sobre Drogas. Mire por donde encontramos hoy aquí
con que, gracias a la ley, usted puede poner en marcha algunos
programas con organizaciones no gubernamentales y la aportación del
Estado es exactamente igual que la del año pasado, lo cual significa
no congelación sino disminución
de presupuestos. Mire por donde tiene usted que defender
unos presupuestos en los que seguramente no cree. Quisiera que me
dijera, en lo que se refiere a policía global pero que repercute en
su unidad específica para la lucha contra la droga, de las unidades
de Udico, Policía Nacional, y de las unidades Edoas, de investigación
contra el narcotráfico, cuántas hay actualmente y cuántas tiene
previstas para el 2001, porque no está en los presupuestos ningún
incremento, a no ser que me diga usted en qué partida puede estar el
incremento en estas dos grandes pantallas que han tenido ustedes en
los últimos años.
El señor PRESIDENTE: Señora Romero, le ruego que concluya.
La señora ROMERO LÓPEZ: Voy terminando.
También quisiera saber qué incrementos tienen ustedes previstos en
expertos financieros para el año 2001. Respecto a la policía de
proximidad, quisiera saber qué ciudades -ya que el secretario de
Estado no nos lo ha sabido decir- son las que hay actualmente y qué
ciudades son las que están previstas. El secretario de Estado ha
dicho que es todo el territorio nacional, y yo le digo que con 2.000
millones de pesetas no pueden extender este servicio a todo el
territorio nacional. Luego dígame las prioridades en policía de
proximidad para las ciudades españolas.
En cuanto a los problemas derivados, entre otras cosas, del
alcoholismo, como puedan ser servicios de atención a mujeres o a
menores en comisarías y en cuarteles de la Guardia Civil, dígame cuál
es el incremento para este año en esos servicios, porque es muy
importante saber con qué se cuenta desde el punto de vista
asistencial. Señor delegado, su misión no es solamente -aunque a
veces parece que a usted le gustaría que lo fuera- coordinar la
represión contra el narcotráfico. Sabe, además, que ese es
precisamente el factor que menos querrían ver las organizaciones no
gubernamentales, porque han planteado sucesivas veces que no
quisieran verle en determinadas actuaciones. No vamos a entrar aquí
en ese tema -ya tendremos ocasión de hablar, pero sí quisiera
preguntarle, porque sin duda lo sabrá, qué presupuesto tiene la
Delegación sobre Drogas para los convenios que tiene que firmar con
sanidad, con educación y con servicios sociales. Dígame qué
presupuesto tiene para los programas de prevención en marcha para el
año 2000 en educación. Dígame qué presupuestos tiene en sanidad para
los convenios que tiene previsto firmar para el año 2001. En
servicios sociales, dígame el presupuesto que tiene para una red
asistencial que no es pública, porque están solamente la
organizaciones no gubernamentales en la mayoría de las comunidades
autónomas -hay muy pocas comunidades autónomas que tienen establecida
una red pública, entre otras, la Comunidad Autónoma de Andalucía,pero
hay muchas otras que no la tienen-; dígame, por
tanto, en servicios sociales, para asistencia a los toxicómanos, qué
cantidades tiene prevista su delegación para los convenios
respectivos.
Para terminar, permítame que le diga que con estos presupuestos para
el año 2001 ustedes no van a poder afrontar los desafíos que tiene la
sociedad española por delante. No son ni siquiera conscientes de
estos nuevos desafíos. Me atrevería a decir que es un presupuesto
insensato, porque probablemente en su mente no está abordar algunos
de la manera como hemos venido abordando estos temas en los años
pasados. Probablemente en su mente puede estar algún otro
planteamiento que justifique estos presupuestos que justifique esta
disminución de presupuestos. Sólo puedo decirle, señor Robles, que
estos presupuestos son propios de un gobierno que hoy no está mirando
a las necesidades de la sociedad española y de un ministro que hoy no
está atendiendo a las necesidades de su ministerio.
El señor PRESIDENTE: Para contestar tiene la palabra el delegado del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
(Robles Orozco): Señoría, voy a intentar dar forma a mi contestación,
en la que forzosamente se tendrán que mezclar contestaciones
concretas a las preguntas concretas que ha hecho S.S. sobre los
presupuestos, lo que yo pueda contestar y también algunas
valoraciones sobre cuestiones más cualitativas que S.S. ha expresado.
En todo caso, tengo la impresión de que no me lo ha puesto demasiado
difícil, ya que decía usted que me iba a resultar crudo contestarle,
yo esperaba que iba a utilizar argumentos de mayor dificultad, pero
veo que los argumentos que ha utilizado S.S. son bastante sencillos
de contestar porque la verdad siempre se abre camino y hay una verdad
incuestionable, que es que las acciones que planifica un Gobierno se
hacen siempre para una legislatura y con una perspectiva global, es
decir, no solamente un presupuesto es el que marca la tendencia de
una acción de un Gobierno.
Quiero empezar recordándole únicamente que en el año 1995, como usted
bien recordará porque alguna responsabilidad más cercana tenía, aquel
Gobierno tomó un acuerdo de no disponibilidad, es decir, de recorte
presupuestario, que supuso 1.500 millones de pesetas. Muchas de las
preguntas que usted me ha hecho en este momento sobre cómo pensamos
abordar no sé qué determinadas situaciones que se iban a quedar sin
disponibilidad y sin hacer no sé cuántas cosas, supongo que a los
responsables directos de aquel gobierno les podrá usted preguntar qué
hicieron entonces si recortaron 1.500 millones de pesetas. Más
cercano lo tiene usted. En este momento no solamente no existe ningún
recorte presupuestario, señoría, ni existe ninguna congelación, sino
que, en términos globales de
lo que ha supuesto la última legislatura, desde el año 1996 al año
2000, cuando hemos planificado las acciones de la Delegación del
Gobierno, las acciones del gobierno, se hizo un plan de medidas que
ha supuesto ya su realización al 100 por 100 y que, por lo tanto,
solamente en cifras, en datos concretos, ha supuesto un aumento de
2.615 millones de pesetas. Esto significa exactamente que, en la
legislatura de 1996 a 2000, los dos programas que maneja el Plan
Nacional sobre Drogas han aumentado un 45 por 100 en cuatro años, que
es un aumento muy significativo.
Si sabe usted algo sobre gestión, que supongo que sí, conocerá que
una de las primeras cosas que se aprenden, yo sé algo del tema,
puesto que es mi formación, es que los recursos no siempre llevan una
escalada en relación directa con los resultados, es decir, llega un
momento en que los recursos de una empresa sobre cualquier gestión no
producen inmediatamente unos resultados en esa misma dirección. Así
pues, lo que se pretende con los recursos desde un punto de vista
material y económico es que garanticen unos servicios y unos
objetivos, pero el crecimiento no es permanente ni lineal, ni
exponencial, por lo que consideramos en este momento que la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas dispone de
unos presupuestos con los que poder cumplir sus objetivos y no
solamente por el hecho de haber recuperado aquel famoso recorte no
presupuestario que se hizo en el año 1995, sino porque, como le digo,
hemos aumentado un 45 por 100. Por lo tanto, tendrá que verse en
función de los objetivos en la estrategia nacional sobre drogas. Por
eso le decía yo, señoría, que pensaba que iba a ser usted algo más
original, pero tenemos una estrategia nacional sobre drogas aprobada
por el consenso de las fuerzas políticas, de las organizaciones no
gubernamentales y de las comunidades autónomas y dicha estrategia
realmente se va a desarrollar a partir del año que viene. Acabamos de
celebrar una Comisión interautonómica, donde hemos planificado el
trabajo y van a empezar a desarrollarse una serie de cuestiones. Es
ahí donde se verán realmente las necesidades presupuestarias y, por
lo tanto, cuando estemos en marzo o en abril del año 2001, tendremos
la posibilidad de pensar si realmente hacen falta nuevos aumentos
presupuestarios en esa línea o no, porque simplemente plantear
objetivos presupuestarios si no se va a ver ningún contenido en
ninguna memoria no tendría mucho sentido. Tenga usted absoluta
tranquilidad que el Gobierno tiene una enorme sensibilidad por este
tema, habiéndolo demostrado en cifras, 2.600 millones de pesetas, un
45 por 100 de aumento en la última legislatura. Vamos a seguir en esa
dirección en la medida en que vayamos necesitando cumplir los
objetivos que marca la estrategia nacional sobre drogas.
Señoría, creo que ha cometido usted un error conceptual y por eso le
decía que creía que lo tenía relativamente fácil. Ha confundido usted
al delegado del
Gobierno con el presidente del Gobierno y yo no tengo esa pretensión,
soy mucho más humilde que todo eso. Usted me ha preguntado por el
Gobierno en su totalidad y en la misma línea el anterior delegado del
Gobierno, el secretario de Estado de Inmigración le ha explicado a
usted que una Delegación del Gobierno tiene como misión coordinar
políticas y orientar funciones, pero no suplantar a ninguno de los
Ministerios ni ninguno de los programas. Incluso usted ha hecho
referencia dentro de mi propio Ministerio a programas que competen a
otros centros directivos. Yo estaría encantado, si pudiera, de darle
esos datos, pero sólo soy responsable directo de lo que es la
planificación y el impulso de determinados programas. Por ejemplo,
creo que hubiera sido mucho más lógico que el tema Policía 2000 se lo
hubiera planteado usted al director general de la Policía o que las
cuestiones de resguardo fiscal de la vigilancia marítima, que es una
competencia directa de la Guardia Civil, se las hubiera planteado a
su director general. Ha mezclado usted lo que es la memoria
específica de la Delegación del Gobierno con la memoria general del
Ministerio en conceptos como seguridad ciudadana y otras cuestiones,
y no es de mucho rigor mezclar ambas cuestiones. No puede usted
esgrimir los objetivos que tiene el Ministerio en seguridad ciudadana
y hablar de disminución de efectivos en relación con todo el programa
de seguridad ciudadana y mezclarlo con los presupuestos y objetivos
de la Delegación del Gobierno, porque ni es competencia directa
nuestra ni corresponde a los presupuestos que usted está haciendo. Si
sigue usted con ese argumento, debería haber empezado por una
cuestión que es de sentido común, que es decir que el Ministerio del
Interior, precisamente en este ejercicio presupuestario, sube muy por
encima de lo que usted está argumentando. (La señora Romero López:
No) Señoría, no quiero discutir con usted sobre estos datos.
Simplemente los números demuestran que el Ministerio del Interior
crece en este momento muy por encima de lo que es la inflación y va a
haber un aumento importante en conceptos que eran tradicionalmente
deficitarios y que temas como el del combustible, las dietas u otros
conceptos este año quedan muy bien reconocidos, por lo que esa
preocupación que usted ha manifestado sobre el tema de las dietas y
los presupuestos no se corresponde con la verdad. Le puedo dar el
dato de que el presupuesto de combustible de la Guardia Civil, al que
usted ha hecho referencia, en el año 2000 era de 134 millones de
pesetas y en el 2001 será de 645. Es un dato concreto (La señora
Romero López: ¿En qué programa?).
El señor PRESIDENTE: Por favor, no interrumpa, señora Romero.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
(Robles Orozco): Si usted hace una referencia a la globalidad del
programa del Ministerio del Interior, debería hacerla
completa y, si hace una referencia sólo al programa de la
Delegación del Gobierno, ajústese a nuestros objetivos. La Delegación
del Gobierno no tiene ninguna unidad operativa, señoría, sino
solamente dos gabinetes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
que son gabinetes de evaluación, de análisis, de información
y básicamente de carácter coordinador. Las unidades operativas
pertenecen a los Cuerpos de Seguridad.
En esa misma línea cualitativa y menos cuantitativa, sabe usted que
se ha desarrollado a lo largo de los últimos cuatro años una
reorganización de las unidades. Y cuando usted mezcla cifras, de
nuevo no se corresponden con el rigor, porque cuando por ejemplo se
habla de los guardias civiles que pueden estar en el resguardo fiscal
o en la vigilancia marítima, sabe usted que antes se hacía un cómputo
general de las personas destinadas a un puesto y en este momento se
hace un cómputo de las personas destinadas a una unidad específica.
Por tanto, no se pueden mezclar ambos conceptos, porque en un caso
estábamos hablando de algo que es un destacamento general, sin hablar
de la especificidad o de la especialización que tienen, y en otro
caso concreto estamos hablando de una persona destinada a una función
concreta, que fue también la filosofía que inspiró, precisamente la
creación de las Udyco y de las Edoa. De alguna manera están en esa
fase de desarrollo.
Creo sinceramente que los objetivos que se planteó el Gobierno desde
el año 1996, se están cumpliendo, que los presupuestos han
garantizado el plan de medidas y que en este momento lo necesario es
mejorar nuestra operatividad. Sabe S. S. que la Delegación del
Gobierno ha crecido en algunas competencias concretas, como ha sido,
por ejemplo, la gestión de la Ley de fondo o una tarea nueva que se
nos ha adjudicado, que es el control de los precursores químicos.
Para eso, señoría, hacía falta incorporar y crear una serie de plazas
que nos han sido dotadas por los Ministerios de Economía y de
Administraciones Públicas, habiendo crecido nuestra RPT. Por lo
tanto, tenemos en este momento la necesidad de disponer de un
personal para gestionar la Ley del fondo y el registro de precursores
químicos. Por eso ve S. S. que en nuestras tareas, que son muy
administrativas en este caso, hay un aumento de personal que
justifica el aumento del capítulo I. También había un déficit en lo
que eran tareas de coordinación, habiendo habido un aumento en las
mismas y, por lo tanto, ha sido necesario aumentar todo lo
relacionado con las dietas o la locomoción para poder desarrollar
esas tareas. Cuando usted ve en la memoria que han disminuido algunos
números de reuniones es porque uno cumple y alcanza determinados
objetivos y lo que no tiene sentido, señoría, es que si uno ha
formado un plan como por ejemplo el que estaba previsto de
especialistas en blanqueo de capitales, ese plan se extienda
permanentemente. Si uno ha cumplido elobjetivo de cerrar un plan, lo
que tiene que hacer es
definir otro, pero no puede estar todos los años simplemente para que
la memoria quede bien repitiendo miméticamente lo que ya ha alcanzado
en ese objetivo. Yo he cumplido el trámite parlamentario, como sabe
S.S., de explicar en esta Cámara el cumplimiento del plan de medidas
que dio origen, precisamente, a esa memoria y a esos números que
usted esgrime. Por tanto, creo sinceramente que se han cumplido
adecuadamente todas las cuestiones.
Voy a referirme a algunas otras cuestiones a las que usted también ha
aludido. Ha hablado del dinero destinado a la red pública. Vuelvo a
decirle, señoría, que creo que comete un error conceptual. La
Delegación del Gobierno nunca jamás ha tenido en sus presupuestos
dinero destinado a financiar ninguna red pública o privada, sino que
ha sido a través de las transferencias de competencias que tienen las
comunidades autónomas como se han financiado esos temas. Por lo
tanto, en este momento lo único que hay es un apoyo a los programas
que gestionamos conjuntamente la Delegación del Gobierno con las
comunidades autónomas. También creo que comete otro error, porque
quizás no lo conoce usted en profundidad, en relación con que toda la
red en España es pública. Lo que pasa es que a lo mejor el concepto
de público que usted maneja es distinto. Público significa estar
financiado por los presupuestos del Estado o de las comunidades
autónomas. Toda la red de todas las comunidades autónomas, señoría,
es una red pública. En España hay en estos momentos 1.000 centros de
atención a drogodependientes y la inmensa mayoría, es decir el 98 por
100 de ellos, están financiados con dinero público. Es una verdadera
excepción en este momento que exista algún programa específicamente
privado. La inmensa mayoría son financiados por vía de concierto, de
contrato, es decir, por vía de gestión directa. Esa es la filosofía.
En este evento se puede garantizar a un español que acuda a la red de
cualquier comunidad autónoma, que encontrará una plaza y que dicha
plaza estará además financiada, aunque pueda ser gestionada, señoría,
por una organización no gubernamental o privada, pero se trata de una
financiación pública. Por eso, señoría, no hay dinero para financiar.
Además, debería usted recordar, porque pertenece a otra época, que
hay una sentencia del Tribunal Supremo a un recurso de la Generalitat
de Cataluña en la que se prohibieron las transferencias destinadas
a materia asistencial desde la Delegación del Gobierno. No podemos
financiar materia asistencial. Existen transferencias hechas a través
de las competencias transferidas, es decir, a las comunidades
autónomas, y existe en otros casos una gestión directa sanitaria
hecha o bien por el Insalud o por los presupuestos de cada comunidad
autónoma. Esa es la realidad. Sí hay, señoría, un programa
importantísimo en la Delegación del Gobierno de 3.500 millones de
pesetas que transferimos a las comunidades autónomas para gestionar
programas prioritarios para la Delegación del
Gobierno y para impulsar determinadas acciones que nos resultan
importantes, por ejemplo, los programas de juzgados o de las
comisarías financiados por la Delegación del Gobierno o los de
prevención laboral financiados, asimismo, por dicha Delegación,
siendo un concepto en el cual lo que se hace es que la comunidad
autónoma gestiona programas que son prioritarios para la Delegación
del Gobierno. Ese es el concepto desde el punto de vista de
principios por el cual se transfieren fondos a las comunidades
autónomas.
En cuanto a los convenios, señoría, y respecto al dinero que nosotros
tenemos para firmar esos convenios, creo que ha confundido usted mi
papel. Yo sólo soy un humilde delegado del Gobierno. La Delegación de
Gobierno no suplanta a los ministerios, y lo ha explicado también el
delegado para la Inmigración. La Delegación del Gobierno es una
unidad horizontal y, por tanto, como forma parte de la Comisión
Interministerial, los ministerios que forman parte de la misma
aportan sus proyectos, sus programas y muchas veces sus recursos.
Cuando nosotros firmamos un convenio con el Ministerio de Sanidad, el
Ministerio de Sanidad pone medios, recursos y financiación para esos
programas. Es decir, cuando nosotros firmamos un convenio con el
Ministerio de Trabajo para hacer un programa de reinserción social,
que sabe usted que los hemos tenido y hemos hablado de ello en las
anteriores legislaturas, por ejemplo, plazas destinadas por el INEM a
la reinserción social del drogodependiente, es el Ministerio de
Trabajo el que aporta los fondos, no es la Delegación. La Delegación
diseña el modelo, propone el programa, tutela ese programa, canaliza
los fondos, pero quien aporta los fondos no es la Delegación sino el
Ministerio de Trabajo, como aporta los fondos el Ministerio de
Educación, como aporta los fondos el Ministerio de Sanidad o como
aporta los fondos cualquier otro Ministerio, porque no suplantamos a
los centros directivos sino que coordinamos la labor de estos centros
directivos. Esa es nuestra filosofía y creo que es la correcta. Sería
un error, en este momento, hacer un macroministerio de la droga. Por
tanto, creo que es bueno que coordinemos desde ese punto de vista.
Por eso le digo: esté usted tranquila, porque nuestra labor es la que
es. Creo sinceramente que sí hemos desarrollado un modelo integral,
sectorial, que va desde oferta a demanda; yo salgo en los temas de
oferta cuando hay que salir y le garantizo que salgo bastante menos
que en los temas de demanda. Otra cuestión es que puedan tener más o
menos repercusión o más o menos interés desde el punto de vista de
los medios de comunicación. Para que se haga una idea, de 40 ó 50
ruedas de prensa o de intervenciones que ha podido haber en la última
legislatura, sólo seis se han referido a control de oferta. En cuanto
al peso que tienen la demanda y la oferta en los presupuestos de la
Delegación, de 6.300 millones de pesetas que tiene en este momento la
Delegación del Gobierno, el programa 222, del Servicio 06, son 1.200
millones. Es decir,
todo lo que no es oferta es claramente mayoritario frente a lo que es
oferta. Esa es la tradición y, por tanto, en términos
presupuestarios, que es de lo que hoy estamos aquí hablando, señoría,
claramente no sé qué porcentaje representa pero será aproximadamente
el 70 o el 60 por ciento, no sé en este momento los números, pero
desde luego es bastante más la demanda que la oferta.
El señor PRESIDENTE: Señora Romero, tiene un nuevo turno para
intervenir, le ruego que lo haga brevemente.
La señora ROMERO LÓPEZ: Lamento que el señor delegado no haya
contestado a ninguna de las preguntas que le he formulado sobre el
presupuesto para la droga y se haya tenido que referir a los
presupuestos anteriores. No ha sido capaz de responder a las
preguntas que le hecho sobre los presupuestos de este año, señor
delegado, no sobre los presupuestos anteriores, que pudieron
derivarse de una situación de crisis económica, sobre todo en los
presupuestos de 1993 y 1994. Es lógico que subieran después, pero le
estoy preguntando no por los anteriores, no por el plan de medidas,
sino por los presupuestos del año 2001. Usted puede hacer retórica y
hablar de todo lo que quiera, pero no me ha respondido a las
preguntas que le he formulado y que espero que me sean respondidas
por escrito.
Usted dice que con este presupuesto se van a cumplir en gran manera,
porque usted ha afirmado expresamente que estos objetivos se iban a
cumplir sin ningún tipo de problema. Si usted cree que se van a
cumplir los objetivos que figuran en la memoria con un presupuesto
que no sólo está congelado sino que está disminuido porque no prevé
el incremento de inflación, es que usted no le ha traspasado a su
ministro de Interior la importancia que tiene esta Delegación, la
importancia que tiene la lucha contra el narcotráfico y no se lo ha
presentado como un problema prioritario. Señor delegado, usted debe
coordinar poco porque ni siquiera conoce las cifras. Es difícil que
pueda usted coordinar una Delegación sin conocer ni siquiera las
cifras ni los objetivos ni la memoria de su departamento.
Tendrá que reconocer aquí que cuando le estoy hablando del programa
de seguridad ciudadana o del programa 222.C, actuaciones policiales
en materia de droga, le estoy hablando de la lucha contra el
narcotráfico. No le estoy hablando sólo de su Delegación, pero es que
usted es el delegado para coordinar todas esas políticas. Y si usted
me está hablando de los convenios con Sanidad y de los presupuestos
de Sanidad y de Educación, quién le dice que el presupuesto de la
Delegación no puede ser un presupuesto también para compensar lo que
los distintos ministerios no aportan en materia de sanidad, en
materia de educación, en materia de servicios sociales. ¿Quién le
dice que esa Delegación no puede tener presupuesto propio? Podría
perfectamente tener un fondo propio para esos convenios.
Otra cosa es que usted no ha convencido al resto de sus
colaboradores, y desde luego no ha convencido a su ministro, para que
ese fondo aparezca y para que se nutra de presupuestos propios y no
de comunidades autónomas. Por tanto, no me ha respondido.
No vamos a entrar en una discusión terminológica sobre centros
públicos o privados, no se trata aquí de entrar en una discusión, que
probablemente haya sido su refugio dialéctico, sobre lo que son
titularidades o gestión pública. No es ése un tema presupuestario y,
por tanto, no es el tema de debate hoy. El tema de debate hoy era que
usted me respondiera a las preguntas sobre estos presupuestos y que
me dijera si verdaderamente son los adecuados para la sociedad
española y los retos que tiene planteados. Y usted me ha respondido
con tan escasa cantidad de cifras y de medios que mucho me preocupa
que ni siquiera se haya usted estudiado el presupuesto. Esa es la
única explicación que me da la pobreza de sus respuestas, que ni
siquiera se ha estudiado los presupuestos. No conoce los programas
destinados a actuaciones policiales en materia de drogas ni el
contexto general en el que se ubica toda esta problemática. Si no me
ha respondido, mala coordinación puede usted llevar a cabo. Déjeme
que le diga, señor Robles, que para hacer ese trabajo probablemente
podría ser simplemente un departamento burocrático, no necesitaría un
rango como el que tiene.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo parlamentario quiere
intervenir?
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Seco.
El señor SECO GORDILLO: Quiero comenzar señalando que en el Grupo
Popular consideramos que la lucha contra el narcotráfico y contra la
drogadicción es una materia con la importancia suficiente para
justificar la existencia de una Delegación para el Plan Nacional
sobre Drogas y no de un departamento burocrático, algo en lo que
parece que alguien querría convertirlo.
Se ha dicho al principio de esta comparecencia del señor delegado que
lo tenía crudo y me da la impresión de que en cierto modo es verdad,
porque, dado que no hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor
sordo que el que no quiere oír, está claro que las explicaciones que
ha ofrecido el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas, que para el Grupo Parlamentario Popular son satisfactorias y
convincentes, no lo serán para quien no quiere oír.
Se ha hecho una estrambótica y extemporánea apelación a la
consideración que debe tener el problema de la droga. Esa
consideración debemos dársela todos abordando el problema con rigor y
con seriedad, y no desde la demagogia.
No haré yo, señor presidente -y por eso anuncio brevedad- una especie
de enmienda a la totalidad de los presupuestos del Ministerio del
Interior, como ha
hecho la anterior interviniente, porque yo sí me los he leído y me
los he estudiado. El presupuesto del Ministerio del Interior crece un
5,6 por ciento, y el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, un 8,4 por ciento, y ahí están incluidas materias tan
importantes como la lucha contra el narcotráfico.
Sí quiero hacer una pregunta genérica, aunque en cierto modo lo ha
anticipado el delegado, y una pregunta concreta. Ha dicho el señor
delegado que el presupuesto de la Delegación se ha incrementado desde
1996 hasta la fecha en casi 2.000 millones de pesetas, más de un 45
por ciento. Dado que una materia tan concreta como ésta se rige por
políticas a largo plazo, la pregunta es muy clara: ¿estamos mejor que
en 1995 o estamos peor que entonces? Me parece que la pregunta clave
es si en el año 2000 estamos en mejores condiciones que en el año
1995, desde el punto de vista presupuestario, para luchar contra el
problema de la droga.
En cuanto a la pregunta concreta, señor delegado, nos gustaría que
nos explicase, a la vista del incremento presupuestario que aparece
en el concepto de publicidad y propaganda -que aumenta en estos
presupuestos 16 millones de pesetas, hasta un total de 120 millones-
cómo con una cantidad tan pequeña, desde el punto de vista
cuantitativo, desde la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas se pueden realizar nada menos que dos campañas anuales,
una en verano y otra en Navidad, con la difusión y la repercusión que
éstas alcanzan.
El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor
delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
(Robles Orozco): Me va a permitir terminar la contestación a la
portavoz del Grupo Socialista.
Señoría, he procurado que el tono de mis contestaciones estuviera a
la altura del tono de las preguntas que usted me ha hecho. Yo no he
puesto el tono, el tono lo ha puesto S. S. No sé si han sido ricas o
pobres, pero usted ha concretado lo que ha concretado y yo también me
he limitado a hacer una valoración de las cuestiones que usted ha
expuesto. Sólo le pido que si usted introduce en la intervención del
delegado de Gobierno una serie de proyectos y programas que
pertenecen al Ministerio del Interior, tenga también la congruencia
de ver y analizar toda la filosofía del Ministerio del Interior. El
portavoz del Grupo Popular acaba de dar los datos: hay un aumento del
8 por ciento en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que
significa unos recursos añadidos muy importantes, que van a
repercutir en esos programas cuyos objetivos usted dice que no somos
capaces de cumplir. Es evidente que este año, ese aumento del 8 por
ciento en programas que eran tradicionalmente deficitarios va a
suponer unos medios
mejores para cumplir esos objetivos. Precisamente porque somos una
unidad de coordinación, señoría, es por lo que hay que ver nuestros
programas dentro de esa filosofía. Lo que no podemos hacer es
reproducir dentro de la Delegación del Gobierno todo el Ministerio
del Interior o todo el Ministerio de Sanidad u otro Ministerio. En
este momento tenemos unos recursos garantizados para cumplir los
objetivos, y por eso estoy satisfecho de estar en un Ministerio que
crece de una forma importante y con programas que van a repercutir
muy satisfactoriamente en la Delegación del Gobierno.
Ha citado usted, y no quería dejarlo pasar, la investigación. No sé
exactamente a qué investigación se refería, pero me parece que no
hace usted justicia cuando no reconoce, por ejemplo, que nunca había
existido un concepto presupuestario para investigación -si se refería
usted a investigación científica y no a investigación policial- en la
Delegación del Gobierno. En este momento existe un concepto
presupuestario para un Instituto de investigación que ha sido creado
precisamente por este Gobierno, que se ha dotado de unos medios
económicos que no han existido nunca y que ha propiciado que en este
momento en España haya cuatro equipos de investigadores que están
trabajando en investigación clínica, precisamente financiados por la
Delegación del Gobierno.
También ha citado antes, de pasada, el tema de Instituciones
Penitenciarias. Usted no puede ignorar, señoría -me consta-, que los
programas que se hacen en Instituciones Penitenciarias pueden ser
financiados por la Delegación del Gobierno, en cuanto sean proyectos
experimentales, pero de forma ordinaria son financiados por dos vías,
que son los presupuestos de Instituciones Penitenciarias y los
presupuestos de la Secretaria General de Asuntos Sociales. En datos
concretos y reales, le puedo decir que en 1996 había 2.500 personas
en tratamiento sanitario en Instituciones Penitenciarias: en este
momento, según la memoria que vamos a publicar, hay 17.000 personas;
es decir, las personas que hay en tratamiento han pasado de 2.500 a
17.000. Esos son los datos objetivos y reales. Usted dice que se va a
llegar sólo a 1.100 internos. ¿Sabe usted, señoría, lo que son 1.100
internos? No se precipite. A mí me parecen muchísimos. 1.100 internos
más significan muchísimos programas y muchísimos esfuerzos. Ojalá, en
un solo año, señoría, seamos capaces de poder llegar sólo a esos
1.100, como usted dice. En este momento en metadona hay 17.000
personas. En consecuencia, 1.100 internos en los módulos que está
previsto desarrollar, en comunidades terapéuticas, sin metadona,
significa un aumento muy, muy importante, en la misma línea que
indica la estrategia nacional, es decir, que al menos cada comunidad
autónoma pueda disponer de una comunidad terapéutica como la que hoy
tiene Soto del Real, que sí, señoría -le tengo que dar la razón-,
está financiada por el Plan Nacional sobre Drogas, y después, de
forma ordinaria, pasa a ser financiada por
Instituciones Penitenciarias o por el Ministerio de Asuntos Sociales,
en sus órdenes tradicionales de ayuda. Por tanto, estoy muy
satisfecho de los objetivos. Creo que estos programas van a
garantizar la coordinación. Insisto, debe usted asimilar lo que es la
Delegación del Gobierno. La Delegación del Gobierno es un centro
directivo de coordinación. Somos, por lógica, básicamente, un centro
de coordinación en el Ministerio y también en la propia
Administración.
Contestando al portavoz del Grupo Popular sobre el tema de la
publicidad, tengo que decirle que ese concepto presupuestario se
refiere a las campañas de prevención. En un concepto presupuestario
que en el año 1995 sufrió un recorte espectacular, lo que dejó a la
Delegación del Gobierno sin ejecutar en aquel momento las campañas de
prevención, y a nosotros nos parecía que tenían que hacerse campañas
de prevención. Por tanto, hemos diseñado un modelo en el que, con
pequeñas inversiones del Gobierno, se consiguen unos resultados, a mi
juicio, importantes. El presupuesto para las campañas de prevención
se refiere exclusivamente a la creatividad, al diseño de la
creatividad y al trabajo con los técnicos, pero todo el plan de
medios, que es, como todo el mundo sabe, la parte importante de una
campaña, se hace con la colaboración de la sociedad civil. Esto nos
parece positivo en dos sentidos: primero, nos garantiza en este
momento la participación de sectores sociales importantes, es decir
que la campaña no se viva solamente como una campaña gubernamental,
sino que se viva como una campaña de la sociedad; y segundo,
evidentemente, supone movilizar una serie de recursos muy
importantes. La evaluación que se ha hecho de la última campaña de
prevención significa que los que llamamos patrocinadores de esas
campañas han invertido más de 1.000 millones de pesetas por cada una
de ellas. Es decir, solamente los spot de televisión que se están
poniendo en este momento en todas las televisiones públicas o
privadas significan más de 1.000 millones de pesetas por cada una de
las campañas que hacemos anualmente. No quiero introducir este tema
como contestación a la señora Romero, pero si sumáramos simplemente
-no ya la Ley del fondo, que es otro tema- lo que significan las
campañas de prevención en recursos adicionales a la Delegación del
Gobierno obtendríamos una cifra muy importante. Pero, lógicamente,
hemos venido a hablar de los Presupuestos Generales del Estado. La
portavoz del Grupo Socialista tampoco ha hecho referencia a otros
muchos convenios que tiene la Delegación con entidades privadas, con
sociedades, con fundaciones, que no eran una tradición en el anterior
Gobierno y que ahora sí son una fórmula de trabajo que garantiza
muchas líneas adicionales de financiación. Las campañas significan
que en este momento, con inversiones muy escasas, en torno a los 50
millones de pesetas, en creatividad, en diseño de los spot, la
obtención de un recurso de más de 1.000 millones de pesetas por cada
una de las campañas, de las que no
pone un solo duro el Gobierno. Por tanto, ésta es una forma de
gestionar los recursos de todos y de añadir fondos a la lucha contra
la droga en España. Eso es muy importante.
Aprovecho para terminar de contestar a la señora Romero. No sólo no
podemos olvidar lo que somos, sino tampoco las competencias y el
modelo de Estado que hemos desarrollado. Desde que el Plan Nacional
surge en el año 1995, España ha tenido un proceso de transferencias
que no se puede obviar. Se han transferido competencias en materia
asistencial y educativa, y cuando S. S. habla de los programas
educativos, sabe que en este momento quienes tienen que aplicarlos
son las comunidades que tienen transferida la educación. Todas las
comunidades autónomas tienen transferida ya la gestión educativa.
¿Qué hace la Delegación del Gobierno? Diseña programas preventivos,
evalúa modelos de prevención y trabaja de alguna manera en apoyo
técnico a lo que nos piden en este momento las comunidades autónomas.
Pero quien aplica, quien gestiona y, por tanto, quien invierte el
dinero en la aplicación de esos programas, señoría, es quien en este
momento tiene las competencias, que son lógicamente las comunidades
autónomas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor delegado del Gobierno.
Damos por concluidas estas comparecencias y suspendemos la sesión
hasta esta tarde a las cuatro.
Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
- DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (YUSTE
CASTILLEJOS). A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número
de expediente 212/000245)
El señor VICEPRESIDENTE (Seco Gordillo): Al reanudar la sesión, creo
que interpreto el sentir unánime de la Comisión expresando la condena
por el atentado, el vil asesinato que ha acabado con la vida del
Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Andalucía, don Luis Portero.
Continuamos con las comparecencias en materia de presupuestos, y para
sustanciar la correspondiente a Instituciones Penitenciarias,
solicitada por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Gallizo.
La señora GALLIZO LLAMAS: En primer lugar, quiero manifestar que lo
primero que nos ha sorprendido del proyecto de presupuestos que
ustedes nos han presentado es su carácter continuista. La verdad es
que la literatura, que es donde se explican cuáles son los objetivos
del Departamento, es una copia casi textual,
con algunas pequeñas matizaciones, de la literatura que ya nos
explicaron en el ejercicio anterior. Y nos ha sorprendido, porque
pensábamos que este año, después de que se planteasen desde las más
altas instancias judiciales la necesidad de ofrecer alternativas a la
prisión para el tratamiento de las personas enfermas, en particular
de los toxicómanos, que constituyen la inmensa mayoría de nuestra
población penitenciaria, el Ministerio iba a proponernos un plan,
bien dotado económicamente, para abordar de una manera razonable el
tratamiento de estas personas, y sólo nos encontramos con el
incremento de la previsión de internos a los que se suministrará
metadona. No estamos en contra del programa de metadona, al
contrario, pero, obviamente, aunque el suministro de metadona sea una
forma útil para mantener un clima interno con menos tensiones, no es
la forma de abordar seriamente el problema de la toxicomanía en las
prisiones, y fuera de las prisiones, con programas y tratamientos
sociales y médicos. Queremos saber cuántas comunidades terapéuticas y
cuántos módulos van a mantener en este ejercicio presupuestario;
cuántas hay en funcionamiento en este momento y cuántas piensan
ustedes incrementar para abordar este problema en profundidad. (La
señora vicepresidenta, Del Campo Casasús, ocupa la Presidencia.)
En este terreno, que nos parece que es muy determinante del problema
principal que existe en nuestras prisiones, vemos continuismo y una
posición muy conservadora, y nuestro grupo está convencido de que
hace falta variar radicalmente de rumbo. Si se quiere afrontar con
seriedad la situación penitenciaria en España, no sólo hay que hacer
política de Interior sino que también política de Justicia.
De la misma manera, esperábamos que en la literatura se avanzase algo
acerca de cómo se piensa abordar desde Instituciones Penitenciarias
el tratamiento de los menores, que sabemos que hoy, incluso antes de
que se produzca ningún tipo de reforma, está muy deficientemente
tratado en la mayor parte de los centros penitenciarios.
También queremos referirnos a otro tema que tiene alguna relación con
el primero de los que hemos planteado y que no vemos que en estos
presupuestos haya una clara voluntad de abordarlo por parte del
Gobierno, que es la inclusión de la sanidad penitenciaria en el
sistema público. Tenemos que decir que la actual situación nos parece
lamentable, sobre todo si consideramos que una parte de la asistencia
médica está concertada con una empresa privada, Clínica Madrid,
concierto cuyo pliego de condiciones nos gustaría ver porque, al
parecer, existen numerosas irregularidades en las condiciones de
trabajo y de prestación de servicios del personal que depende de esta
empresa. Queremos saber a qué se destina concretamente el incremento
presupuestario que se incluye en este concepto.
Queremos también que nos explique usted cómo tenemos que entender que
se haga referencia a las nuevas fórmulas que plantea el Código Penal
de cumplimiento de penas de arresto de fin de semana y de servicios
a la comunidad, todavía muy escasamente aplicadas (aunque ya sé que hay
una previsión de incremento del número de personas a las que se prevé
aplicar estas medidas), partiendo de un porcentaje tan pequeño. ¿Cómo
tenemos que entender la voluntad de caminar en esta dirección cuando
se congela la partida presupuestaria destinada a abordar esta fórmula
en colaboración con los ayuntamientos? Queremos que nos dé usted una
explicación sobre esto: ¿cómo se va a avanzar en esta dirección
congelando radicalmente esta partida presupuestaria?
En cuanto al capítulo de Personal, nos gustaría que nos facilitasen
ustedes, junto a los presupuestos, una plantilla actualizada de
personal que especifique las personas que están en activo. Es decir,
que podamos saber cuántas personas, de entre las que forman parte
teóricamente de las plantillas, van diariamente a los centros, porque
sabemos que existe, entre el personal que trabaja en centros
penitenciarios, una fuerte incidencia de enfermedades profesionales
asociadas al trabajo que se hace, y sobre todo a las condiciones del
mismo, y que también hay constantes peticiones de traslado, de
comisiones de servicios, etc. En fin, que hay una situación
reveladora seguramente de un malestar entre los funcionarios, muchas
veces por escasez de medios materiales y humanos para realizar su
trabajo y también por falta de motivación por su propia situación
profesional.
Querríamos saber si con los nuevos centros que se van a abrir este
año se va a incrementar la plantilla y si se vienen realizando y si
está previsto seguir realizando cursos de adaptación al nuevo modelo
penitenciario que en parte representan los centros tipo, porque nos
da la impresión de que hasta ahora no se está haciendo mucho en este
sentido y también nos parece una cuestión fundamental.
Nos parece importantísimo el capítulo de Personal, porque la
motivación de los funcionarios es un elemento fundamental para
conseguir que las prisiones no sólo sirvan para retener a quienes han
sido condenados por cometer un delito sino también para incorporarlos
a la sociedad.
En cuanto al plan de construcción de nuevos centros, se prevé para
2001 la apertura de los de Zuera y Villena, y no podemos dejar de
comentar que en el caso del centro de Zuera, éste lleva casi cinco
años terminado y muerto de risa, o muerto de pena, por el
empecinamiento político del Partido Popular que, estando en contra de
su apertura, no fue capaz de dar una solución alternativa al
problema. Este centro, después de tanto tiempo cerrado, requiere
ahora una inversión añadida para ponerlo a punto. Y con todo, no me
parece eso lo más importante, lo más terrible del asunto, sino que
durante
estos años se ha consentido que los internos de Zaragoza y Huesca
tuviesen que vivir en condiciones indignas, poco compatibles con una
sociedad democrática y respetuosa de los derechos de las personas
como debería ser la nuestra. El proyecto de presupuestos prevé abrir
este año el centro de Zuera, sin precisar más. A una pregunta de esta
diputada han respondido ustedes que en el primer semestre, pero el
primer semestre es enero y es junio, y yo, que sé que hay algunos
problemas administrativos y burocráticos para terminar la obra,
quiero decir también que me parece increíble que estemos en esta
situación y que por esta mala gestión pueda suceder que las personas
que están en Torrero y Huesca tengan que pasar otro invierno viviendo
en las condiciones en que viven.
Por lo que se refiere a este tema de creación de centros nuevos y
amortización de antiguos, también querríamos saber qué previsiones de
actuación tienen, si es posible que se nos especifique de una manera
precisa, con los edificios de las viejas cárceles que se amortizan.
Queremos preguntarles si tienen ustedes intención de ceder para el
uso público los edificios o los terrenos en los que se ubican los
centros que se van a amortizar o si piensan ustedes ponerlos en el
mercado en manos del mejor postor. Se lo preguntamos porque no nos
gustaría que Instituciones Penitenciarias pasase a formar parte de
quienes especulan con el suelo para obtener beneficios económicos de
la venta de terrenos en el casco urbano de las ciudades, aunque sea a
costa de privar a esas ciudades de espacios públicos de los que en
general no andan muy sobradas, sobre todo si tenemos en cuenta que en
su origen muchos de esos terrenos fueron cedidos por los propios
ayuntamientos para que se construyesen en ellos los centros
penitenciarios y que además, en general, los barrios o las zonas
donde se han ubicado estos centros penitenciarios no han sido
precisamente los más favorecidos de las ciudades y no sería razonable
que perdiesen la posibilidad de disfrutar ahora de esos espacios
públicos para el bien de la comunidad.
Queremos saber también qué política de obras de adaptación se va a
desarrollar en los centros que no forman parte del plan de
amortizaciones, es decir, de los viejos centros que no se van a
cerrar y que van a permanecer abiertos. Si hay una previsión de
modernizar sus instalaciones o no y, si es que sí, que nos facilite
esa información de la forma más detallada.
Se hace también referencia en la literatura al plan de prevención de
riesgos laborales, y querríamos saber si hay una partida específica
destinada a este fin y cómo piensa esa dirección general abordar la
adecuación de los talleres que hay en las prisiones a la normativa de
seguridad e higiene en el trabajo vigente en nuestro país, que
también debe de proteger a las personas reclusas que están privadas
de libertad pero no deben estar nunca privadas de derechos.
Hay algunas otras cuestiones de carácter menor pero que tampoco
querríamos pasar por alto, como es el hecho de que, destinándose una
partida presupuestaria a la Conferencia Episcopal para la atención al
culto, en cumplimiento de los convenios internacionales que tiene el
Estado, no vemos que se recoja partida presupuestaria alguna para la
atención al culto de los reclusos que practican alguna religión
distinta a la católica, que por cierto son bastante numerosos en
algunos centros penitenciarios.
Finalmente, y para resumir, señor Yuste, creemos que estos
presupuestos no van a ayudar a resolver ninguna de las asignaturas
pendientes que tiene el sistema penitenciario en nuestro país, que
ustedes practican una política continuista, que no es la que necesita
un sistema que acoge un colectivo de 45.000 personas, la mayoría de
ellas enfermas, muchas muy enfermas, en el que se produce un 60 por
ciento de reincidencia; es decir, un sistema que es un fracaso en
cuanto al cumplimiento de su finalidad, que es la reinserción y la
incorporación en condiciones de normalidad a la sociedad de las
personas que han cometido delitos, sobre todo cuando, como es este
caso, los delitos que han cometido estas personas están asociados
mayoritariamente a la toxicomanía, a una dependencia brutal de las
drogas, cuya solución, una vez más, vemos que no se aborda con
valentía por parte de esa dirección general.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Para responder a las
preguntas planteadas tiene la palabra el señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste
Castillejos): Dice la diputada, señora Gallizo, que es un presupuesto
continuista. Yo creo que es continuista en cuanto a sus objetivos,
otra cosa es que yo, personalmente, discrepe de los objetivos que S.
S. le atribuye y un poco también de las posibilidades, de la
potencialidad que tiene un presupuesto que crece notablemente por
encima de la media, crece un 15,4, y que atiende a los aspectos más
sociales de la actividad penitenciaria. El capítulo 2 es un capítulo
que se incrementa notablemente, especialmente en el área sanitaria y
en el área de lo que podemos llamar las actividades de mejora de la
calidad de vida de los reclusos.
Me habla de las alternativas a la pena. Justamente las alternativas
que prevé el Código Penal son alternativas a la pena privativa de
libertad, que es la que se ejecuta en los centros penitenciarios, por
lo tanto, es lógico que en el presupuesto no se plasme la
financiación de estas alternativas, muchas veces en manos de las
comunidades o responsabilidad, en cualquier caso, de otros
estamentos, porque el legislador ha querido especialmente que no sean
penas privativas de libertad, sino alternativas. Lógicamente nosotros
recibimos al enfermo delincuente, al enfermo toxicómano, justamente
cuando esa circunstancia no ha servido para hacerle acreedor de una
alternativa. Cuando ésta se produce, lógicamente no entra en la
cárcel y en consecuencia, no podemos actuar con él.
No obstante, y respecto a estos internos, la actividad penitenciaria
no es nada continuista, se ha incrementado espectacularmente. Otra
cosa es que no se comparta la idea del tratamiento con metadona, que
no creo que sea para mantener la paz en las prisiones, sino
justamente para permitir que los internos, que no tienen fuerza para
abordar un proceso terapéutico, por falta de solidez y de rigor en la
convicción personal que precisa abordar la desintoxicación, tengan
una ayuda terapéutica avalada por la Organización Mundial de la
Salud. Creo que en ese sentido el incremento ha sido espectacular,
hemos pasado a tener casi 14.144 internos en estos programas en el
año 1999.
No quiero hablarle del intercambio de jeringuillas, iniciativas en
las que ha sido pionero este Gobierno, pese a estar formuladas ya con
anterioridad, en el centro penitenciario de Basauri y que
precisamente han sido evaluadas muy positivamente. Igualmente, los
servicios de día, el tratamiento ambulatorio o los módulos libres de
droga o las unidades terapéuticas. En este momento no puedo indicarle
cuántas son exactamente las unidades de este tipo que están
funcionando. He visitado recientemente la del centro penitenciario de
Soto del Real, y también en su momento la de Villabona, que tienen
unos márgenes de éxito terapéutico que no se alcanzan en la calle, y
muy gustosamente le haré llegar una relación pormenorizada de todas
las iniciativas que en este campo ha tomado la administración
penitenciaria.
Respecto al tema de menores al que me hacía referencia, justamente la
legislación transitoria del Código de 1996 preveía que los menores no
ingresaran en la cárcel, y en ese sentido la Ley del Menor justifica
su ingreso en centros dependientes de las comunidades autónomas que
como excelencia tienen el no contaminarse del elemento penitenciario.
Por lo tanto es lógico que, siendo ésa una responsabilidad que el
legislador ha atribuido a las comunidades autónomas, no figure
ninguna partida en nuestro presupuesto tendente a realizar una
actividad que no es competencia de la administración.
El incremento al que hacía referencia en el capítulo 2 no va
destinado a financiar un elemento alternativo a la sanidad pública.
Muy gustosamente también le haré llegar el pliego de condiciones de
Clínica Madrid. Decirle, no obstante, que ésa es una entidad que ya
no va a prestar más servicios en la administración penitenciaria.
Recientemente la CECIR ha aprobado un número de médicos y personal
sanitario interino que va a suplir un elemento siempre carencial como
era el de Clínica Madrid. La administración penitenciaria en su
momento no disponía de un personal alternativo sanitario que pudiera
cubrir las bajas de estos profesionales
en todo el territorio del Estado y Clínica Madrid fue prácticamente
la única entidad que podía prestar ese servicio. También tengo que
decirle que no es una entidad que la administración penitenciaria
valore positivamente sus servicios ni, desde luego, haya sido una
alternativa que haya buscado de motu proprio.
En cuanto a las alternativas a la pena, hace referencia a que no ve
ninguna partida presupuestaria que indique ninguna de ellas. Ha
citado los arrestos fin de semana. Hay una partida presupuestaria en
el capítulo 6 de 300 millones que va a permitir la implantación de
medios telemáticos con carácter permanente. Me estoy refiriendo a
controles electrónicos para permitir a los internos no pernoctar en
los centros penitenciarios, que hemos probado durante este año con
una valoración, a mi juicio y, desde luego, desde los estamentos
judiciales que yo he consultado, muy positiva. Incluso han valorado
la posibilidad de extrapolarla a otro tipo de alternativas como el
arresto fin de semana.
Respecto a la congelación de la partida para los ayuntamientos, le
diré que no hemos congelado ninguna partida. De hecho la hemos
incrementado en el capítulo de Transferencias, bien es verdad que no
para esta actividad. Y digo que no para esta actividad porque el
trabajo en beneficio de la comunidad, como bien sabe, se sustenta
básicamente en un convenio marco con la Federación de Municipios y
Provincias al que los ayuntamientos se van adhiriendo en función de
sus necesidades o de sus expectativas, y para eso hay financiación
suficiente. De hecho somos claramente excedentarios en la oferta de
plazas para este tipo de actividad. Por lo tanto, lo único que hemos
incrementado ha sido la cuantía que retribuye a los depósitos
municipales, que pasó de 1.300 pesetas el año pasado a casi 5.000, y
ese incremento ya se plasmó en el presupuesto del año pasado,
consolidándose este año únicamente el incremento previsible de esta
situación. Por tanto, entiendo también que este tipo de medidas
alternativas, que son también limitativas de libertad y que dependen
de la administración penitenciaria, tienen una satisfacción que cubre
la demanda y en muchos casos, como en el tema de trabajo en beneficio
para la comunidad, la oferta es netamente superior.
Me habla también del capítulo de Personal diciendo que desea una
plantilla de los funcionarios en activo. Muy gustosamente se la haré
llegar. En cuanto a los motivos del absentismo, no son las
enfermedades profesionales, y ello por una razón elemental: uno de
los elementos de motivación que puso en marcha la administración
penitenciaria en un acuerdo marco con los sindicatos de Instituciones
Penitenciarias, que se firmó en septiembre del año pasado, fue dotar
de una partida de productividad que pierde el funcionario absentista,
resultando muy interesante ver cómo ante esa motivación económica
disminuyen algunas de estas patologías.
En cuanto a los traslados y a las comisiones de servicio, que
efectivamente es cierto que se solicitan en
nuestro medio, creo que no son consecuencia de la falta de
motivación. Son consecuencia de la apertura de nuevos centros, que
hace que funcionarios que están en una determinada situación
prefieran acercarse geográficamente al lugar del que son naturales o
en el que está su mujer o en el que tienen intereses de otro tipo.
Por lo tanto, si nosotros inauguramos cada año tres nuevos centros
penitenciarios, eso genera un importante flujo de traslados que se
deben no a una falta de motivación, sino a una expectativa
profesional muy deseable, como es la posibilidad de que se creen
puestos de trabajo en sus zonas de interés.
Respecto al incremento de plantilla, hay que analizar la evolución de
la población penitenciaria respecto al año 1994-1995, refiriéndonos a
la que depende de la Administración General del Estado, porque los
45.000 reclusos a los que S.S. ha hecho referencia engloba a los de
la administración catalana que no dependen de nosotros. En ese
sentido, decirle que en el año 1994 prácticamente había unos 42.000
internos dependientes de la Administración General del Estado en este
momento no llegan a 40.000, y durante los últimos cuatro años se han
incrementado en casi 3.000 funcionarios las diferentes ofertas
públicas de empleo. Eso ha disminuido la ratio interno/trabajador
penitenciario, lo que creo, nos coloca en una situación desde luego
siempre mejorable, pero que evidencia un esfuerzo importante de la
administración penitenciaria por dotarse adecuadamente de recursos
humanos.
La formación continuada es una situación habitual donde tanto las
centrales sindicales como la propia administración realizan de forma
periódica cursos de reciclaje y de formación de sus funcionarios.
Específicamente, cada vez que se abre un centro tipo se adiestra
a los funcionarios no sólo en el manejo de los sistemas electrónicos,
sino también en la nueva cultura de la organización que un centro de
esa naturaleza tiene.
La motivación personal yo creo que es una circunstancia también
valorativa y lo único que se me ocurre decir es que hemos sido
capaces de llegar a acuerdos con las fuerzas mayoritarias que
representan a los funcionarios para mejorar el clima social y superar
algunos climas de conflicto que en su momento tuvieron una
repercusión importante y, a mi juicio, han sido reconducidos
satisfactoriamente. Referente Zuera y Villena, en el presupuesto que
en estos momentos estamos discutiendo se ofertan los funcionarios, es
decir, la oferta de empleo público para la apertura de estos dos
centros.
En cuanto al juicio de valor que ha hecho en su momento sobre por qué
Zuera no se ha inaugurado, decirle que en este momento Zuera no está
terminado por la hostilidad que ha generado también su implantación
en un área geográfica determinada, que ha llevado a que se haya
producido una energía jurídica importante a través de recursos y que
ha obligado a la administración a demorar determinadas actividades.
Me refiero
a la actividad puramente administrativa, porque, como S.S. bien sabe,
la construcción de los centros penitenciarios es competencia de una
empresa, de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, que fue creada en el año 1992, cuando se aprueba en
el Consejo de Ministros de aquel momento el Plan de amortización y
creación de nuevos centros penitenciarios. En ese sentido, también
decirle que es en ese acuerdo que se hace en el año 1992 cuando se
fijan los destinos de los centros que se desamortizan, los centros
obsoletos. Por lo tanto, el destino tanto del centro de Torrero como
del viejo centro de Huesca es el que prevé ese acuerdo, es decir, se
desafecta y la Dirección General de Patrimonio lo afecta a la
Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos, que es quien lo vende,
que es como se han puesto en el mercado la mayoría de los centros
obsoletos como mecanismo para financiar el plan y hacerlo menos
oneroso a los ciudadanos. Por tanto, permítame que me sorprenda
también que en este momento pretenda trasladar a la administración
actual decisiones de las que es plenamente solidaria. Yo estoy de
acuerdo en que esa actividad de recuperación para los ciudadanos de
esos edificios va a disminuir la presión fiscal para construir los
nuevos centros, pero eso es una iniciativa ya vieja y desde luego no
atribuible a la actual administración.
Por cierto también, que ese plan de amortización que se inicia en el
año 1991 debería haber quedado concluido en el año 1995, por lo
tanto, si se hubieran cumplido los plazos, probablemente la prisión
de Zuera habría estado inaugurada en el año 1996 y, probablemente
también, el centro de Torrero y el centro de Huesca hubieran tenido
el destino que preveía el citado acuerdo.
En cuanto a la última parte, me hacía referencia a las inversiones
detalladas. Hay un crecimiento también en el capítulo 6, de
Inversiones, y en este momento le puedo anticipar algunas obras de
infraestructura, básicamente en el centro Puerto II y Burgos que ya
están comprometidas y son plurianuales, pero también con mucho gusto
le haré llegar una relación más detallada de aquellas obras que ya
tenemos priorizadas y presupuestadas, teniendo en cuenta también que
hay una parte de ese montante que se dedica a hacer frente a
situaciones de urgencia que no puedan preverse.
En cuanto al incremento de la Conferencia Episcopal, es evidente que
lo que estamos haciendo es cumplir un convenio, un convenio que
tampoco hemos firmado nosotros. Eso no quita para que la atención a
cualquier otro culto esté plenamente garantizada en Instituciones
Penitenciarias, igual que lo está el católico. Insisto en que la
financiación a la Iglesia Católica no es consecuencia de una
prioridad para ese culto, sino el cumplimiento de una obligación de
Estado porque existe un convenio que atribuye esa financiación.
Respecto a los otros cultos, se les da todo tipo de facilidades pero
desde luego, como no hay un convenio con esos otros cultos que
obligue al Estado a dar una contraprestación
económica, lógicamente no dibujamos esa necesidad en el presupuesto.
En cuanto a la crítica del fracaso del sistema penitenciario es un
juicio de valor que yo no comparto tampoco. Es verdad que la
reincidencia española es similar a la de los países de nuestro
entorno. No comparto tampoco que sea el 65 por ciento; si le he
entendido bien, o el 60 por ciento, probablemente en cinco años
supere el 55 por ciento, pero tampoco es una cuestión de discutir la
cifra. Decirle que evidentemente es sensiblemente parecida a la de
los países de nuestro entorno y que juzgar sólo la eficiencia de un
sistema penitenciario por la reincidencia me parece que es trasladar
a la administración penitenciaria una responsabilidad más amplia,
porque quizá lo que los internos demandan, muchas veces, más que el
trato o la actividad que reciben dentro de la cárcel, sean las
posibilidades que la sociedad les otorga una vez que salen fuera.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Señora Gallizo.
La señora GALLIZO LLAMAS: Muchas gracias por las explicaciones. Se
las agradeceré mucho más cuando nos envíe los datos que le hemos
pedido y de los que no dispone en este momento, y entonces los
discutiremos con mayor precisión para debatir el presupuesto. Sí
quiero comentar algunas de las respuestas que usted amablemente me
da, y que yo le agradezco pero que desde luego no me convencen ni me
satisfacen en absoluto.
Sé que Instituciones Penitenciarias no puede abordar todos los
problemas que hacen que una persona llegue a la prisión en las
condiciones que llega y que pueda afrontar su vida de una manera
diferente para evitar el estar ahí. Yo lo sé, pero sé también que
Instituciones Penitenciarias es una parte de un ministerio que es una
parte de un Gobierno que tiene la obligación de afrontar este
problema y todos los demás que sucedan en el país con políticas
globales, de las cuales, desde luego, la política penitenciaria es
una parte que, seguramente, si estuviese enmarcada en la política de
Justicia y no en la de Interior tendría una sensibilidad diferente a
la hora de abordar algunos de los problemas. Yo simplemente quiero
comentar algunas de las respuestas que usted me ha dado.
Nosotros no cuestionamos el tratamiento con metadona. Pensamos que es
un tratamiento importante en este momento para las personas
toxicómanas en la prisión, lo que sí cuestionamos es que no haya una
apuesta decidida en favor del programa libre de drogas, que es el que
aborda de una forma más eficaz y con un planteamiento mucho más
profundo el tema de la drogadicción y una muestra de ello es que
usted puede precisar con toda claridad y con cifras muy exactas
cuáles son las personas que están en este programa de metadona, pero
no puede precisarnos cuáles son las unidades
libres de drogas que existen en este momento ni las que tiene
planteada abordar su dirección general.
El tema de menores yo ya sé que es una responsabilidad de las
comunidades autónomas, pero usted sabe mejor que yo que el tema de
menores en nuestros centros penitenciarios no está bien resuelto en
este momento y que no tienen un tratamiento, que es el que debería
ayudarles a afrontar su vida dentro del centro penitenciario de otra
manera.
Me alegra mucho la información que me da respecto del cese de la
prestación de servicios en el futuro de Clínica Madrid. A pesar de
eso, nosotros vamos a pedir una explicación sobre cómo ha sido la
relación de la administración con esta empresa, qué servicios ha
prestado y en qué condiciones, porque aunque cese su actividad
queremos saber en qué condiciones se ha desarrollado.
Ya hemos visto que hay una partida en el capítulo 6 que incluye
medios telemáticos para controlar a los internos y facilitar así el
que pernocten fuera de la prisión, pero cuando nosotros le hacíamos
el reproche de los tratamientos y de las medidas de cumplimiento
fuera de la prisión y en fin de semana, estábamos pensando más en un
tratamiento social, en un tratamiento médico, en un tratamiento de
seguimiento de la vida y de las relaciones sociales y de la
integración de estas personas, y no sólo en el seguimiento físico,
policial diríamos, o de control de dónde están, aunque pensemos que
eso también tiene que ser así.
En cuanto al tema de la plantilla, cuando veamos la plantilla haremos
los comentarios pertinentes. Nos parecerá interesante ver dentro del
conjunto de esa plantilla qué porcentaje de profesionales dedicados
al tratamiento de las personas internas hay.
Me parece un argumento terrible el que nos ha expuesto esta tarde
sobre que haya aumentado la motivación de los funcionarios y
disminuido el absentismo porque exista una compensación económica a
las personas que se ausentan menos del trabajo. No sé si con eso
quiere usted decirnos que los funcionarios estaban de baja de una
forma irregular, lo cual compromete a los funcionarios y a los
médicos que firmaban esas bajas; si quiere usted decirnos que el
dinero cura todas las enfermedades; o que, en todo caso, en la lista
de prioridades de las personas eso debe de funcionar así. Me parece
que no es un argumento de recibo en ningún caso.
El tema de Zuera yo creo que es tremendo. Supongo que usted conoce
las prisiones de Zaragoza y de Huesca. Yo me siento avergonzada de
que esas prisiones estén en funcionamiento y de que haya problemas
burocráticos todavía que impidan que Zuera se abra cuando está
acabada hace mucho tiempo y a falta de algunas pequeñas cosas, y sé
que la Administración del Estado tiene medios para acelerar los
trámites que faltan.
Usted me dice que el destino de los viejos centros de las ciudades es
venderse y que eso ya se aprobó con otro Gobierno y por parte de
otras administraciones. No le digo que no, que eso no lo aprobasen
otras administraciones en su momento, pero también le digo que tan
administración es la Administración del Estado que aprobó ese
criterio como las administraciones locales que muy mayoritariamente
están demandando otra cosa, y que existe un interés evidente de los
ayuntamientos en recuperar para espacios públicos esas zonas que
ocupaban los viejos centros penitenciarios, y que alguna política en
ese sentido se debería de avanzar, sobre todo en un momento en que la
Administración del Estado no está en número rojos y quizá se pueda
actuar con un poquito de generosidad en algunas cuestiones.
En el tema de las obras ya ha dicho usted que nos va a hacer llegar
una relación de las que están en marcha o pendientes de hacer, y en
ese momento ya haremos los comentarios que procedan.
Y para finalizar, la cifra del 60 por ciento de reincidentes es de
ustedes, son de los datos que ustedes proporcionan. Concretamente la
he sacado de la información que ustedes tienen en la página web, a
través de Internet, y en fin, en cualquier caso, sea el 55 o el 60
por ciento, y aunque sea cierto que sea una cifra similar a la que
tienen otros países de nuestro entorno, no deja de ser una realidad
de la que me parece que nadie puede sentirse satisfecho, y muchísimo
menos un director general de Instituciones Penitenciarias.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Por el Grupo Popular
tiene la palabra el señor Seco.
El señor SECO GORDILLO: Agradeciendo al director general de
Instituciones Penitenciarias los datos aportados sobre los
presupuestos a petición del Grupo Socialista, y una vez también
superada la sorpresa, soy el tercer sorprendido, al menos el tercero
que expresa su sorpresa porque se haya preguntado aquí por el destino
previsto para los centros penitenciarios amortizados, cuando es una
cosa que se supone debería saberse porque es antigua y data del año
1992, sí me gustaría señalar que el presupuesto de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, que crece en más de un 15
por ciento, como ha dicho el director general, nos parece, si no
satisfactorio (todos pensamos que debería haber más y que se podría
hacer más con más dinero) al menos aceptable.
Estudiando su contenido observamos que se produce un notable aumento
en los gastos correspondientes a sanidad y productos farmacéuticos, y
queríamos preguntar por este tema al director general a ver si nos
puede aclarar y precisar algo más.
Asimismo, crecen las inversiones en informática y nuevas tecnologías,
tema al que ya ha hecho referencia
ligeramente la señora Gallizo, y nos gustaría interesarnos por los
experimentos que con ello se ponen en marcha para cumplimiento de las
penas de tercer grado.
Me gustaría hacer también algunas preguntas concretas. Aunque se ha
hecho referencia ya al tema, me gustaría recordar que en el año 1999
se suscribió un pacto con los sindicatos y me gustaría que nos
aclarara, con el detalle que sea capaz en este momento, si está
recogido en el proyecto de presupuestos para el año 2001 y cuánto
supone, en montante global, en porcentaje, etcétera.
Me gustaría también que nos especificara en cuánto se incrementan las
inversiones que va a llevar a cabo el Organismo Autónomo de Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias y qué destino concreto tienen para el
próximo año 2001.
Y por último, y con ello concluyo, señora presidenta, una pregunta
que nos parece fundamental desde el punto de vista histórico, y es si
el director general puede confirmar que definitivamente se ha
corregido por parte del Gobierno del Partido Popular una política que
se llevaba a cabo por la anterior administración penitenciaria y en
virtud de la cual no se cotizaba a la Seguridad Social, cuando debía
hacerse, por las cuotas de los internos que trabajaban en los
talleres penitenciarios. Me parece que es importante, si tiene datos
al respecto, que nos lo aclare.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): El señor director
general tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste
Castillejos): Señorías, en principio, ya he comentado que no podía
anticiparles el número de módulos terapéuticos en los que se
iniciaron programas de deshabituación. Decirle que en 1999 han
recibido tratamiento de deshabituación en esta fórmula 6.456 internos
y que se han llevado a cabo módulos terapéuticos en los centros de
Albolote, Almería, Badajoz, Huelva, Jaén, Las Palmas, Lugo, Madrid
IV, Madrid V, Tenerife, Topas, Valenciacumplimiento, Valladolid y
Villabona; programas de deshabituación en centros de día en Cuenca,
Orense y Madrid III; y programas de deshabituación ambulatoria en el
resto de establecimientos.
También quiero decir que no es cierto que no haya un incremento
importante en este tipo de iniciativas que complementan adecuadamente
los programas de metadona porque nosotros no creemos sólo en el
programa de metadona. Hablamos de que la metadona, como he dicho
antes, es un elemento sustitutivo que permite abordar la
deshabituación a aquellas personas que no pueden en un momento dado
hacer frente a un proceso tan complejo. Para aquellas otras personas
que no están en esas circunstancias, como digo, hay un número
importante de iniciativas que permiten no sólo deshabituarse dentro
de la prisión, sino acceder a los
mecanismos extracomunitarios en número importante también. En centros
de deshabituación ha habido 3.040 internos que acudieron el año
pasado a este tipo de centros, tanto ambulatorios (1.843) como
centros de día (315), a comunidades terapéuticas de las previstas en
el artículo 182 (514), a pisos de reinserción (49) y a otros recursos
(319).
Es decir, estamos ante una actividad plural, amplia y que permite, a
mi juicio, cuestionar al menos esa idea de que el enfermo delincuente
que cumple una pena en un régimen cerrado no dispone de alternativas,
insisto, teniendo en cuenta que la administración penitenciaria
recoge a ese enfermo delincuente una vez que su circunstancia
personal no ha permitido que el Poder Judicial le haya aplicado otro
tipo de medidas.
En cuanto a la referencia a si el incremento de productividad incide
en la motivación y si eso se debe a que los funcionarios realizaban
una actividad fraudulenta, o los médicos tomaban unas decisiones o
firmaban unas bajas de complacencia, lo único que le puedo decir es
el dato, y es que cuando hemos puesto en marcha un incentivo
económico, se ha producido el efecto de la reducción del absentismo.
El resto de las conclusiones me va a permitir que no las saque yo.
En relación a las preguntas que ha hecho el diputado del Partido
Popular, efectivamente se ha producido un incremento en el capítulo
2, en gastos farmacéuticos, de más de 4.000 millones de pesetas y que
va destinado a adquirir básicamente los medicamentos antiretrovirales
para combatir el sida en los centros penitenciarios. Es verdad que
hay una mayor presencia tanto de internos seropositivos como de
enfermos que están contagiados del síndrome del VIH. Yo creo que
también eso evidencia un esfuerzo importante de la administración
para que el tratamiento que reciben los internos en los centros
penitenciarios no se diferencie en absoluto del que reciben en la
sociedad libre y que el interno no soporte además de la privación de
libertad ningún mal relacionado con su salud.
Respecto a las inversiones del organismo, efectivamente son 300
millones que básicamente se destinan a la tecnificación e
informatización del organismo y a implementar -en referencia a una
pregunta que me hizo y no contesté por olvido anteriormente- los
programas de salud e higiene en los centros penitenciarios, donde hay
una doble vía por la cual se modernizan los talleres de los centros
penitenciarios: la primera es porque el aumento de centros nuevos
incorporan lógicamente talleres que responden a las exigencias de
sanidad y de seguridad e higiene en el trabajo; y de otra porque,
como decimos, hay una partida específica para implementar cualquier
mejora que permita adecuar a la legislación vigente los talleres de
los centros penitenciarios.
Con esto creo que respondo a las preguntas que me han hecho, no sé si
me he dejado alguna.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Vamos a suspender la
sesión cinco minutos para despedir al compareciente y recibir al
señor director general de Protección Civil. (Pausa)
- DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL (SAN NICOLÁS
SANTAMARÍA), A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número
de expediente 212/000243)
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Para formular las
preguntas correspondientes al director general de Protección Civil,
tiene la palabra, por el Grupo Socialista, la señora Peris.
La señora PERIS CERVERA: Señor director general de Protección Civil,
en primer lugar queremos agradecerle su comparecencia en esta Cámara
a fin de explicar los presupuestos de la sección 16 que afectan
directamente a las competencias de la Dirección General de Protección
Civil; un presupuesto que entendemos que es bajo, 2.883 millones, que
suponen aproximadamente el 3,5 del presupuesto de Interior que
convierte a su sección, o a su departamento en el hermano pobre de
dicho Ministerio; sólo está superada por debajo por el programa de
coordinación en materia de extranjería e inmigración. Estoy
convencida de que ustedes deberán hacer verdadera ingeniería
financiera para poder desarrollar las diferentes actividades y
objetivos a los que se comprometen en el programa 223.A de estos
presupuestos, programa que, por cierto, resulta una copia literal del
que se nos presentó el año pasado, y por lo tanto aceptamos su falta
de iniciativa programática y política y también aceptamos el suspenso
que ustedes mismos se dan en la consecución de los objetivos, por lo
que los vuelven a traer y vuelven a examinarse este curso, pero
entendemos que el servicio público de Protección Civil necesita un
nuevo impulso con el objetivo central de prevenir y evitar
situaciones de grave riesgo para los ciudadanos, y ese nuevo impulso
resulta un poquito complicado de llevar adelante si no existe un
verdadero soporte económico, que es lo que nos está ocurriendo con el
presupuesto de 2001. El presupuesto de Protección Civil crece este
año aproximadamente en 244 millones de pesetas, frente a los 283 del
año anterior, y el capítulo 6 crece en 38,5 millones, frente a los 80
millones que creció el año anterior. Por ello me gustaría una primera
apreciación por su parte sobre este crecimiento de sólo 244 millones
y que me dijera si piensa que con este incremento se pueden llevar
adelante los objetivos marcados en el programa y superar las enormes
deficiencias reseñadas en el mismo por ustedes.
En segundo lugar, y centrados ya en el presupuesto y en sus
diferentes capítulos, nos gustaría contar con alguna aclaración sobre
determinadas cuestiones o
dudas que nos surgen. El análisis del capítulo de gastos de personal,
a primera vista, nos permite afirmar que las retribuciones del
personal experimentan un crecimiento aproximado del 2 por ciento, que
entendemos que es el crecimiento según el IPC que tiene previsto el
Gobierno para el año 2001, aunque también sabemos que los indicadores
económicos nos están diciendo que va a ser difícil esta previsión, y
por lo tanto nos preguntamos, en el caso de que no se cumpla la
previsión del 2 por ciento, si se va a producir una modificación o si
bien ustedes condenarán a los trabajadores a una pérdida de poder
adquisitivo. En relación también con este primer punto, observamos
que el personal laboral fijo crece un 12,5 por ciento y nos gustaría
conocer las razones de este incremento tan significativo en
comparación con el resto de personal. En el capítulo de gastos
corrientes y poniéndolo en relación también con el de inversiones
reales, querríamos decir alguna cosa. En gastos corrientes tenemos un
incremento de unos 125 millones, que supone el 34 por ciento en
relación al año anterior y más de un 50 por ciento de lo que supone
el incremento total del presupuesto de Protección Civil. En el
capítulo de inversiones reales se refleja un incremento de 38
millones de pesetas, frente a los 80 millones que creció el
presupuesto en el año 2000. En relación con este espectacular
crecimiento del capítulo 2 y el ralentizado crecimiento de las
inversiones reales, me gustaría poder reproducir unas palabras del ex
secretario de Estado de Seguridad, el señor Martí Fluxá, que decía:
Los presupuestos del Ministerio del Interior, siguiendo la política
del Gobierno en esta materia, se enmarcan en una línea de contención
del gasto y reducción del déficit público. La reducción de los gastos
corrientes y la potenciación de las inversiones son dos líneas
prioritarias. En este sentido, me permito afirmar que los
presupuestos de Protección Civil tiran por los suelos la teoría del
Gobierno y del secretario de Estado y esperamos de usted una
explicación razonable sobre este tema. En cuanto a las transferencias
de capital, reconocemos que hay una importante inversión que se
plantean realizar en el ayuntamiento asturiano de Castropol y nos
gustaría conocer en qué consiste dicho proyecto y si su presupuesto
de 150 millones es real o es quizás mucho más y por lo tanto se va a
distribuir en diferentes anualidades y, sobre todo, qué es lo que
vamos a hacer allí concretamente. Por otro lado, no entendemos, y nos
gustaría contar con su explicación, por qué las transferencias a las
corporaciones locales para la creación de infraestructuras derivadas
de la aplicación de los planes de emergencia nuclear experimentan una
reducción en comparación al presupuesto del año 2000, más cuando
ustedes constatan en sus objetivos que hay que realizar inversiones
para mejorar los caminos y rutas de acceso a las poblaciones, cuando
ustedes constatan que hay que ampliar la cobertura telefónica y de
radio y mejorar la formación y la información de las poblaciones.
Entonces, ¿cómo piensan
llevar a cabo todos estos objetivos si ustedes reducen el
presupuesto? He podido comprobar en el mismo que ustedes hablan de
aportación de fondos Feder de la Unión Europea. Me gustaría saber
también cuál es la cuantía de los mismos y a qué fin se van a
destinar.
En cuanto a los objetivos me gustaría plantearle una serie de
preguntas cortitas sobre las que espero su respuesta. ¿En qué va a
consistir el plan de formación en materia de protección civil y cuál
es la dotación presupuestaria destinada a tal fin? Ustedes hablan del
proyecto de la nueva escuela de protección civil. ¿De qué cantidad
estamos hablando para la construcción de infraestructuras para
dotarla de equipamiento y para poder suplir la carencia de personal
que ustedes denuncian en sus propios objetivos? Ustedes también
hablan de que es necesaria la cooperación con las comunidades
autónomas en materia de protección civil. ¿Qué convenios de
cooperación tienen previsto realizar y a qué comunidades van a
afectar? ¿Qué inversiones se van a destinar para equipar
adecuadamente las unidades de apoyo en desastres? ¿Qué inversiones se
plantean para modernizar las redes de telecomunicaciones de
emergencia? Ustedes establecen que se van a adquirir dos unidades
Varit. Me gustaría saber cuál es su coste y en qué partida
presupuestaria se contempla la adquisición de las mismas.
Me gustaría también saber de la Dirección General de Protección Civil
si ustedes tienen planteado revisar las condiciones de seguridad, en
especial en el desalojo de emergencia y protección contra el fuego,
en todos los edificios públicos centrados fundamentalmente en
educación, sanidad o justicia. En caso afirmativo, ¿con cargo a qué
partida presupuestaria?
En el tema de incendios y de inundaciones, que por desgracia nos
salpican con demasiada frecuencia en nuestro país y en la que tienen
un papel muy significativo todos los operativos de Protección Civil,
me gustaría conocer qué medidas tiene previstas adoptar el Gobierno
para prevenir este tipo de catástrofes y cuáles son las actuaciones
prioritarias que se marca su departamento.
En relación al teléfono 112, nos gustaría saber qué tarea de impulso
y coordinación se está realizando, cómo se colabora para su efectiva
implantación en las diferentes comunidades autónomas y qué parte del
presupuesto se destina a este servicio.
Todos sabemos que el voluntariado civil desempeña una función muy
importante en lo que es protección civil y nos gustaría conocer qué
partida económica se destina para sufragar de alguna manera los
gastos de este voluntariado.
Para finalizar me gustaría hacerle una última pregunta, que de alguna
manera sería general y que con el objetivo del Gobierno de mejorar y
modernizar la seguridad pública en España. Con las deficiencias
señaladas en el propio programa, con las dificultades y falta de
medios con las que cuenta Protección Civil, ¿cree
que con el incremento de 244 millones la Dirección General va a poder
llevar a cabo los objetivos marcados y dar cumplimiento al objetivo
del Gobierno?
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL (San Nicolás
Santamaría): Señorías, quiero disculparme ya que tengo un poco de
afonía y por lo tanto no voy a poder hablar muy alto, pero voy a
intentar mantener la conversación a un nivel de diálogo aceptable.
En principio, todo el abanico de preguntas se establecen desde el
punto de vista de dudar si la protección civil va a poder hacer
frente al desafío que la modernidad impone a todas las sociedades
modernas, como la que estamos. Por descontado, nosotros sentimos el
mismo impulso y querríamos resolver todo en un día, pero lógicamente
las cosas tienen una velocidad de implantación y esa velocidad nos
lleva a su consecución a lo largo de varios años; no en balde el
programa de inversiones que tenemos es un programa creciente, si bien
este año ha habido algunas inflexiones que podremos justificar poco a
poco y no creo que haya ningún problema.
Con relación al tema de los gastos de personal, entendemos que en
principio es una tarea que no controla la Dirección General de
Protección Civil sino la Subsecretaría del departamento y la política
del Gobierno. Yo supongo que ante las variaciones del poder
adquisitivo tendrá su adecuación oportunamente como un paquete global
general y no como una partida específica de la Dirección General de
Protección Civil. Es cierto que hay un incremento de personal laboral
fijo, incremento que nos viene por una demanda de aumento de la
plantilla que tenemos en lo que se refiere a las actividades de las
salas de emergencia de nuestra Dirección General. Unas veces porque
hay empleados que han sido dados de baja por enfermedad, otras porque
han cambiado de destino, el caso es que nos hemos visto en la
necesidad de incrementar la plantilla que tiene el H-24 los 365 días
del año, y ante la petición que se hizo al Ministerio, lógicamente se
nos dijo que sólo podía ser cubierto con personal laboral. Nosotros
actuamos en consecuencia y esa es la previsión que tenemos para hacer
frente a esta demanda. ¿El motivo? Habida cuenta de las dificultades
que se plantean para hallar este tipo de personal en la
Administración, dado el tipo de actividad de trabajo tan especial que
tienen, reponerlo por la vía de funcionarios públicos es un proceso
muy largo y muy dilatado, y nosotros hemos presionado para que esto
se resolviera lo antes posible. Lógicamente, detrás de esto está la
problemática de gestión de personal funcionario y fijo. Nosotros lo
que hemos dicho es que había que tomar esta solución inmediatamente
porque ya teníamos verdaderos problemas
de cobertura del horario fijo por estas personas, con la
fatiga consiguiente que se generaba en las mismas, al tener que estar
en el H-24. Esa ha sido poco más o menos la razón del crecimiento,
una pronta resolución del problema que teníamos planteado para la
cobertura de las vacantes, que no existían, por otro lado, en
personal fijo, dada la especialidad que tienen que tener y el tipo de
actividad que desarrollan. En los gastos corrientes, como se ha
visto, hay un incremento notable y es por una razón. La Escuela
Nacional de Protección Civil entró en funcionamiento muy en precario
a finales del año 1996. Durante 1997 se empezó con la dotación y
equipamiento y a destinar ya a dicha organización una serie de
personal fijo que teníamos nosotros y era un embrión de algo que
tenía que crecer necesariamente. La situación es la siguiente: Si
nosotros hablamos del edificio de la Dirección General, el
presupuesto estaba destinado a abrir el funcionamiento de 2.500
metros cuadrados. Nos encontramos con que esta escuela presentó en su
puesta en servicio un incremento de 24.000 metros cuadrados, más 20
hectáreas de terreno que había que custodiar, con la problemática de
mantenimiento, seguridad, servicios públicos que tenían que darse, de
limpieza, y entonces poco a poco ha habido un crecimiento progresivo,
de tal manera que ya este año la escuela está a pleno funcionamiento;
lógicamente nosotros no nos lo podíamos permitir y por ese motivo
presionamos, fundamentalmente para que el incremento presupuestario
se orientara mucho más en este sentido, para resolver esta
discontinuidad que planteaba estar funcionando con una escuela que
era un edificio cerrado y para poco a poco ponerlo en servicio, lo
que ha planteado, como he dicho, cubrir una serie de necesidades,
pues nosotros teníamos que decir dónde teníamos que aplicar las
partidas de reposición. Esto se conecta con lo que pasa con el
capítulo 6.
Lógicamente, comparto la inquietud que usted ha manifestado; como es
natural, me gustaría que todo se resolviese en un día, pero los
presupuestos y el dinero que tenemos son los que son, y nosotros
consideramos que con ellos podemos funcionar durante este año. La
situación es la siguiente: Los proyectos que nosotros tenemos
previstos son de largo alcance, que se iniciaron el año pasado, por
lo tanto este año se repiten, pero se van continuando y se va
manteniendo una prórroga, puesto que nosotros no disponemos de
capacidad presupuestaria para hacer todo en un año, lo tenemos que
hacer progresivamente, pero cierto es que esa progresividad no va en
contra de la idoneidad del servicio ni de su funcionamiento, puesto
que, por ejemplo, la red de comunicaciones que tenemos en Protección
Civil dentro de la red estatal es antigua, tiene más de 10 años, y
está siendo utilizada en unos casos sí y en otros casos no. Podemos
ir haciendo la renovación y modernización del sistema de tal manera
que la nueva inversión que se tiene que llevar a cabo, primero, no es
del tipo dela anterior, sino que es de comunicaciones vía satélite;
por tanto podemos ir escalonándola y perfeccionándola, y de hecho lo
estamos haciendo ya este año, porque uno de los proyectos que estaba
previsto era ése precisamente. Podemos ir avanzando con un
escalonamiento de la inversión; mientras tanto, se termina de
amortizar la inversión existente y nos encontramos con una
implantación que poco a poco va modernizándose. Me gustaría, si SS.
SS. lo tienen a bien, que visitaran un día la Dirección General para
que vieran el avance que hemos tenido en modernización de las
instalaciones. En ello vamos a seguir. Ahora mismo tenemos 38
millones en el capítulo 6. Efectivamente, nos hubiera gustado tener
más, pero teníamos que priorizar y nosotros le hemos dado prioridad a
una realidad que no podemos parar, que es la escuela. La Escuela
Nacional de Protección Civil está siendo sometida a una evolución
exponencial en lo que son sus actividades. De entrada, nosotros no
solamente formamos a personal del Ejército o de Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad, sino a bomberos, voluntarios y técnicos de Protección
Civil. Son los nuevos campos en que estamos trabajando y el número de
horas llevadas a cabo, por ejemplo, para el colectivo de Fuerzas
Armadas y Guardia Civil en lo que llevamos de año es de más de
10.000. Es decir, no nos preocupaba pero sí nos inquietaba que
teníamos primero que mantener la vigilancia de la escuela, porque es
un recinto que está alejado; segundo, había que garantizar la
operatividad, la limpieza, dados los metros cuadrados que hay, y el
funcionamiento interno aspectos todos ellos prioritarios para
nosotros; de ahí la importancia que les hemos dado.
En lo que se refiere a los proyectos previstos tenemos los equipos de
la red de alerta de radiactividad, sin actividad prevista para este
año. Los equipos de riesgo los tenemos instalados, para los que
contamos con las Uade. Esto es algo que se aprobó en julio del año
pasado. Estamos ya en la fase de formación y selección de las
personas por la vía de convenios. Las Uade serán unas unidades de
apoyo ante desastres, vocación internacional y nacional. Fuera de
España los gastos serían soportados por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y dentro de España por los presupuestos de la Dirección
General de Protección Civil, porque Protección Civil sólo es
competente en materia presupuestaria en todas las actividades
catastróficas que surjan dentro del territorio nacional. Por ello,
fuera de España, lógicamente, debe hacerse desde el Ministerio de
Asuntos Exteriores, así se acordó y se aprobó el proyecto. Se trata
de una implantación progresiva que empezaremos con el equipamiento
mínimo estableciendo unos grupos de intervención que no superarán las
cien personas, pero el inventario de personal podrá ser de miles;
entonces, tanto las personas como los equipamientos o el
adiestramiento se llevará a cabo con unas inversiones progresivas que
empezarán siendo para los materiales de intervención directa, los
vehículos especiales, los sistemas de comunicaciones, y todo eso se
va a poder ir
haciendo sin problemas, puesto que para las primeras unidades que se
planteen con cien personas, con 100 millones de pesetas entendemos
que para este año que viene es más que suficiente.
Dentro de estos proyectos, siguiendo la relación, están los equipos
para los planes de emergencia nuclear. Esto tiene relación
precisamente con el planteamiento que se ha hecho y la cuestión que
usted ha expuesto relacionada con los avisos telefónicos y a la
población. Los avisos a la población no se recogen dentro de las
ayudas que se dan a los ayuntamientos, sino que simplemente son
infraestructuras que llevará a cabo la Dirección General de
Protección Civil, puesto que serán equipamientos que no estarán
depositados en ellos. Por ejemplo, un sistema de llamada masiva
telefónica quedará depositado en las centrales telefónicas y será una
telefonía inteligente que intervendrá dando un mensaje cuando se
produzca una alarma a todos los teléfonos que están en inventario,
que son los que existen en la zona nuclear 1. Eso, lógicamente, no
estará en los ayuntamientos, estará en la central de comunicaciones
de Telefónica; por lo tanto es una competencia entre Telefónica y
nosotros. La segunda modalidad es la entrada vía radio. Hacemos lo
mismo, pactamos con Radio Nacional y establecemos que a partir del
momento que se dé una alarma se emitan periódicamente mensajes
diciendo: Esté usted atento, no se separe del teléfono y siga usted
los consejos de permanecer en casa; o controle usted la alimentación,
o siga usted los procedimientos que sean ... Son proyectos que
nosotros llevamos adelante.
Este programa está previsto con una colaboración. Si bien aquí se ha
presupuestado la totalidad, habrá una colaboración por parte de
Telefónica y otra por parte de Radio Nacional y se está negociando
esta fase, por la vía de convenio en el caso en el que se trate por
ejemplo de Radio Nacional de España, y con Telefónica se verá la
forma, porque tiene que ser exclusiva, ya que será una gestión
llevada a cabo desde sus centrales, no puede ser desde otro sitio.
Dentro de esta línea, es un proyecto pionero en Europa que nosotros
hemos puesto en marcha y que además creemos que es de suma utilidad,
puesto que esta llamada masiva podrá ser aplicable a todas las
situaciones de casos de crisis, con presas o con proyectos similares.
Pensamos que el lanzamiento de estas dos ideas (el aviso por radio y
el aviso telefónico) nos permitirá desde luego disponer de una mejor
información en tiempo real para la población, y por lo tanto le hemos
dado prioridad. Quiere decirse que este proyecto, que es de I+D,
durante este año que viene se irá implantando y en los años sucesivos
cargamos el resto de la inversión, que posiblemente, por el convenio
que firmemos, hasta incluso pudiera ser que ellos anticiparan la
parte correspondiente y nosotros en años sucesivos termináramos de
pagarles. Esto es un tema que ya he dicho que el convenio lo recogerá
en su momento, pero con eso respondo también a la pregunta
relativa al capítulo de transferencias. Realmente con estos proyectos
no hay nada contradictorio. Ahora seguiremos avanzando en ello.
Con relación a las unidades de transmisiones móviles, para este año
no tenemos nada en absoluto. Para equipos y sala nacional de
emergencia, tampoco tenemos nada. Los equipos de centros de
coordinación operativa de Protección Civil del Estado están
relacionados con esa comunicación vía satélite de la que le hablaba.
Tenemos una previsión total de unos 840 millones, para los cuales el
año que viene está previsto que aportemos 140, con los que
pretendemos dar prioridad a la modernización de las salas de
comunicaciones de emergencia de las delegaciones o subdelegaciones de
Gobierno implicadas en las áreas de actividad nuclear, y en segundo
lugar, en función de los riesgos a los que estén sometidos, a otro
tipo de delegaciones de Gobierno, hasta agotar esta primera
anualidad, pero esto representa, por un lado, que la empresa que la
tenga que hacer lleve a cabo unas inversiones básicas, con las que se
podría comenzar, y luego iría el complemento periférico, empezando
por las distintas delegaciones de Gobierno y subdelegaciones. Dado,
como he dicho, que son inversiones que se empiezan a desarrollar
y tienen un período de implantación, puesto que además hay que rodarlas
y hay que saber exactamente cuál es la optimización de ese
funcionamiento, durante el año próximo, con los 140 millones,
tendríamos el establecimiento de una situación de laboratorio que nos
permitiera ponerlo a punto, puesto que a lo que aspiramos es a algo
también innovador en Europa. Nosotros queremos que la información no
dependa de la comunicación en superficie; por lo tanto iríamos vía
satélite. Pretendemos que no solamente se transmita voz sino datos,
voces e imágenes, lo cual consideramos prioritario. Lo consideramos
como una primera etapa y la segunda serían también unidades móviles
para poder captar imágenes y remitirlas a los centros de emergencia
para ubicarlas en los sitios donde se esté produciendo el problema.
Ya sabemos, por ejemplo, que un helicóptero que esté haciendo la toma
de una catástrofe tiene unos repetidores y unas distancias máximas
alcanzables. Tenemos que hacer mucho trabajo de optimización, puesto
que estamos pegando un cambio radical en toda la tecnología que tiene
la protección civil por la vía de estos procedimientos. Estamos
introduciendo las nuevas tecnologías, y esto es algo más que pesetas,
algo más que un proyecto escrito; es algo que hay que experimentar y
llevar a cabo, y en eso estamos, no pensamos bajar la guardia en
ningún momento.
En los equipos de teledetección y de análisis de riesgo, para los que
hay previstos 32,5 millones de pesetas, es la partida prevista para
presentar lo que van a ser las unidades de medición móviles. Tenemos
una ya en servicio la Varit, que precisamente está siendo trasladada
concretamente al estrecho de Gibraltar para mediciones
móviles en distintas zonas, complementándola con otras
mediciones de nuestra red de alerta a la radiactividad. Iniciaríamos
este año que viene la contratación de este vehículo, que ya lo hemos
experimentado y está suficientemente comprobado. Estamos hablando de
vehículos cuyo precio está en ocho millones y medio aproximadamente.
Está claro que estos son los proyectos de inversión en lo que se
refiere a las actividades de modernización de la protección civil. No
olvidemos que ya hemos modernizado la sala de emergencias, hemos
modernizado la sala de control en caso de catástrofes, tenemos ya
videoconferencias con las distintas delegaciones de Gobierno que
tienen centrales nucleares y ya estamos en la fase siguiente. Por lo
tanto, dentro de esta línea, en toda la actividad que tenemos que
desarrollar, estamos modernizando profundamente todas las
instalaciones y entendemos que es suficiente el capítulo
presupuestario para este año que viene, por esa circunstancia
especial, de que nos estamos lanzando a innovar y a plantear nuevas
técnicas de gestión.
En cuanto tema de las transferencias de los planes de emergencia
nuclear, efectivamente hemos dado un cambio radical a la problemática
que se planteó. La demanda que en un principio se llevó a cabo por
parte de los municipios establecidos en los entornos nucleares era
del orden de 6.500 millones de pesetas. De esos 6.500 millones de
pesetas, unos 2.000 comprendían una variante que tenía que hacerse
desde Cofrentes partida que estaba en los presupuestos del Ministerio
de Fomento; por lo tanto son 4.500 millones a los que tendríamos que
hacer frente. El año pasado iniciamos un primer acto de resolución,
con una partida presupuestaria que teníamos en las transferencias
nuestras de capital, en donde conseguimos la firma de un convenio con
Burgos aportando 335 millones; con la diputación, la comunidad
autónoma y con acciones de los ayuntamientos implicados se llegó
hasta 580 millones de pesetas. Tenemos previsto que en el año 2000
podamos conseguir con la aplicación de los fondos Feder, que eso está
hecho, a través de los POL, las partidas necesarias. El Estado pondrá
el 30 por ciento y el 70 por ciento provendrá de los POL; es decir
que a lo largo de este año habremos cerrado compromisos por 2.075
millones, incluidos los millones del año pasado. Para los 4.500 nos
quedaban unos 2.500 millones de pesetas más, estamos hablando del año
2000. En el año 2001 tenemos previsto que, de todos los proyectos que
existen, habrá unos 140 millones para Cataluña, que como es Objetivo
2, con eso se podrán hacer unos 200 millones de pesetas, y unos 460
millones de pesetas para el resto de las zonas que no son Objetivo 2.
Entonces habremos llegado a 1.530 millones. Digamos que a finales del
año 2001 tendremos realizados 3.805 millones de pesetas de los 4.500.
Al año siguiente tendremos una cantidad similar a la de este año, con
lo cual estágarantizado que en el año 2002 se haya concluido este
tema. Aquí es importante decir que no hemos ido más deprisa porque no
nos lo permite la situación, debido a que nos ha costado un trabajo
enorme conseguir que los propios municipios tengan los proyectos
acabados. Este es uno de los desafíos que hemos tenido que resolver,
lo hemos coordinado debidamente y ahora estamos precisamente
pendientes de reunirnos con la Diputación de Cáceres para que se
pueda completar el tema relativo a Cáceres, pero en principio, aunque
hubiéramos querido correr más, era imposible. Se trata de una montaña
de proyectos pequeñitos para los que las propias diputaciones tienen
problemas para encontrar contratistas, porque son proyectos
desperdigados. Entonces, lo que se puede hacer en este sentido es
intentar que ellos los agrupen y saquen un paquete importante, pero
mientras tanto, como le he dicho, nosotros hoy, en este fin de año,
llegaremos a los 2.075 millones comprometidos, de los 4.500...
La señora VICEPRESIDENTE (Del Campo Casasús): Señor director general,
le ruego que vaya abreviando un poco la explicación porque estamos
muy pillados con el horario.
El señor DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL (San Nicolás
Santamaría): Entonces, en líneas generales, en lo que se refiere a
las transferencias de los planes de emergencia nuclear, no existe
hipoteca alguna para ellos, los podemos llevar a cabo y tenemos más
capacidad de velocidad de aportación presupuestaria que la propia
capacidad de generación de proyectos y este es un tema comprobable.
No crea usted que lo planteo porque esté defendiéndome de nada;
simplemente, es así.
Con relación a los objetivos, en principio, en lo que se refiere a la
escuela, lógicamente, con los presupuestos de la Dirección General
tenemos una capacidad también de generar crédito por convenios que
tenemos firmados con el Inem y por otros convenios, con los que es
suficiente para poder llevar a cabo las tareas que atenderemos el año
que viene. Sobre la colaboración con comunidades autónomas, la
primera comunidad con la que tenemos pendiente la firma de convenio
es concretamente la Comunidad de Madrid. Después hay otros previstos
con otras comunidades, pero dependerá del avance el año que viene en
tema de las Uade y de la formación que se llevará a cabo en la
escuela para este asunto. Por otro lado, como le he dicho, estamos
con las Fuerzas Armadas y con la Guardia Civil y en ese sentido no
creemos que haya ningún problema para el proyecto de formación, que
es muy importante para nosotros. Las Uade ya le he dicho que se van a
dotar con la partida presupuestaria de 100 millones del año que
viene. Sobre la Varit ya he respondido.
En cuanto a las evacuaciones con motivo de incendios e inundaciones,
lógicamente nos tenemos que combinar, porque la protección civil en
España es un
sistema que se combina entre las acciones que tienen que realizar los
ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Estado. El Estado no es
competente en áreas donde lo sean las comunidades autónomas o los
ayuntamientos. Por lo tanto, nuestra política es la de integrar,
organizar y redistribuir las actividades, si se puede, y en ese
sentido nosotros estamos ahora concluyendo la redacción de una norma
básica para la autoprotección corporativa e individual, que
posiblemente esté acabada antes de fin de año y llevada a Consejo de
Ministros para su aprobación. En este sentido es lo máximo que
podemos hacer. Normalmente las técnicas que se tienen que llevar a
cabo deben ser controladas y gestionadas por las unidades
competentes, que son las comunidades autónomas en cada sitio y los
ayuntamientos. Lo que se refiere a incendios forestales o a incendios
en general en la ciudad normalmente es algo que afecta a Medio
Ambiente y, en la parte correspondiente, a las comunidades autónomas,
pero el Estado tiene que intervenir en apoyo en el caso de que se
requiera su participación, y para eso están establecidos los
procedimientos de actuación debidamente sin que haya ningún problema.
Con esto termino. De todas formas, si hay alguna pregunta más, me
gustaría poder responderle, a pesar de la premura del tiempo.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Señora Peris, tiene la
palabra, también con el mismo ruego de brevedad.
La señora PERIS CERVERA: Intervendré con mucha brevedad, simplemente
para apuntar algunas cosas. Hay algunas preguntas a las que en
principio considero que no se ha dado la respuesta que yo esperaba
y espero que nos la remita por escrito para tener constancia de la
misma. En cuanto al incremento del 12,5 por ciento del personal
laboral fijo, entiendo que lo que se está haciendo desde su
departamento y desde otros es, no sé si la palabra es correcta,
laboralizando el personal en vez de hacer funcionarios. De todas
maneras ese es un tema que dejamos sobre la mesa.
En el tema de la escuela creemos, por las explicaciones que usted nos
ha dado que están ralentizando su funcionamiento por la falta de
inversión y la están condenando a que tarde muchos años en entrar en
pleno funcionamiento. Les he dicho, y ustedes así lo reconocen en sus
objetivos, que falta material pedagógico y personal humano y por lo
tanto ahí tienen una labor muy importante que desarrollar.
Ustedes hablan de programas innovadores y pioneros en Europa, lo cual
nos satisface enormemente, pero me queda una duda, y es, por traer a
colación las transferencias corrientes, que si nosotros no dotamos
presupuestariamente a las comunidades autónomas y a nuestros
municipios con cantidades suficientes para que puedan llevar adelante
todo lo que se refiere a los planes
de emergencia, como ocurre en estos presupuestos, pues ya me
explicará usted cómo lo van a poder realizar. Creo que este
presupuesto es insuficiente para cubrir las parcelas de seguridad que
tiene encomendadas por los riesgos de catástrofes o desastres
naturales, que son desastres que suelen producir una gran alarma
social; los ciudadanos esperan de los poderes públicos que puedan
evitarlos y en todo caso siempre prevenirlos. Por lo que usted nos ha
manifestado aquí, estamos ante unos presupuestos burocráticos y nada
ambiciosos y en ese sentido me gustaría, pedirle, señor director
general, que sea más ambicioso con la protección civil de nuestro
país.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Tiene la palabra el
señor Seco, por el Grupo Popular.
El señor SECO GORDILLO: Con toda brevedad, dado el estado lamentable
de la voz del señor director general, procuraré no contribuir a su
empeoramiento; además, después de la extensa e intensa intervención
del señor San Nicolás quedan, creo, pocas dudas, a pesar de lo
anteriormente manifestado.
Se ha acusado a la Dirección General de presentar un presupuesto que
es una copia milimétrica, aunque después se han puesto de manifiesto
las diferencias, todas ellas positivas, por cierto, del presupuesto
del año anterior y se califica eso como un fracaso y como un suspenso
que obliga a repetir la asignatura. Quizá podamos aplicar aquí lo de
ver la botella medio llena o medio vacía o lo de estar en la
oposición o apoyando al Gobierno, porque el hecho de que los
presupuestos sean parecidos a los del ejercicio anterior pero
mejorados entendemos que es garantía de que los del pasado ejercicio
fueron buenos y, por tanto, lo que necesitan son incrementos
presupuestarios y no un nuevo presupuesto.
Yo tenía apuntadas tres cosas concretas que preguntar, pero me han
quedado bastante aclaradas de su intervención anterior. Referido a la
Escuela Nacional de Protección Civil, no entiendo para nada esa
referencia que se acaba de hacer a la ralentización, cuando
precisamente, si se ha puesto a funcionar, ha sido en la pasada
legislatura durante el Gobierno del Partido Popular. Una segunda
cuestión es la relativa a la solución de las carencias de las
emergencias de tipo B y la tercera tiene que ver con la modernización
de la red de comunicaciones. Repito, creo que han sido
suficientemente aclaradas. Si el señor director general desea hacer
alguna puntualización más, por nuestra parte la recibiríamos con sumo
gusto. Nada más me queda agradecer la información aportada a
preguntas del Grupo Socialista y, si tiene a bien, la que haga a las
preguntas que le hemos formulado.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Señor San Nicolás.
El señor DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL (San Nicolás
Santamaría): Por el tema de la premura lamento no poder extenderme
todo lo que yo quisiera. Le puedo decir que del entusiasmo de este
director general sobre el tema de la protección civil no tenga S.S.
ninguna duda. Soy una verdadera pesadilla para mis jefes, en el
sentido de que les estoy dando, lógicamente, la paliza, porque es mi
trabajo. Entonces yo estoy muy inquieto y estoy haciendo lo que creo
que conviene al Gobierno y creo que las decisiones que se deben de
tomar son las correctas. Por lo tanto, yo entiendo que no estamos
ralentizando la escuela en absoluto. La escuela empezó siendo un
edificio vacío, lo amueblamos, lo equipamos, y los equipamientos que
tiene ya son muy altos; tiene una residencia que es
extraordinariamente válida, porque lo que nosotros pretendemos es que
la gente venga y que no les cueste trabajo venir porque está en Rivas
Vaciamadrid. Seguiremos trabajando y buscaremos todas las vías
posibles de cooperación y desarrollo. Como le decía, con la Comunidad
Autónoma de Madrid ya hemos firmado un convenio, por una razón,
porque ellos tienen los bomberos profesores que a nosotros nos hacen
falta y así no tengo que contratarlos. Con el Ayuntamiento de Madrid
tenemos otro convenio firmado y seguimos con las otras comunidades;
por ejemplo hasta con la vasca estamos trabajando en este tema.
Descuide, su señoría, que nosotros estamos muy volcados en el tema y
nos interesa muchísimo que todo siga adelante.
Sobre las transferencias de capital me gustaría matizarle una
cuestión sobre la que debatimos cuando hablamos con el Ministerio de
Economía y Hacienda. Cada paquete del sistema de Protección Civil
tiene unas responsabilidades: el ayuntamiento tiene que fraccionar de
sus presupuestos una parte para la seguridad civil, lo mismo la
comunidad autónoma -si no lo hacen, están haciendo algo que no deben-
y el Estado también. Nosotros en el Estado lo hacemos y de hecho lo
estamos gestionando, pero de lo que no hay duda es que hay que
presionar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos; sobre
todo a los ayuntamientos, nos interesa muchísimo más, porque el
sistema de protección civil está bien desarrollado en comunidades
autónomas, aunque todavía quedan cinco por completar su sistema de
autogestión. Los ayuntamientos son muchísimos más y hay que avanzar
en la cultura de la protección civil y nosotros vamos a hacer
hincapié precisamente en ese sentido a través de la Escuela Nacional
de Protección Civil.
Les vuelvo a reiterar mi invitación, tienen ustedes en la Dirección
General esa desconocida que existe por ahí, que no se sabe dónde está
pero que está, muy modernizada cambiando radicalmente. Les podríamos
enseñar la escuela, y nuestro centro y estamos a su
entera disposición. (El señor Mayoral Cortés pide la palabra).
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: No es en relación con la comparecencia del
señor director general de Protección Civil. Quería que constara en
acta y encargarle, por favor, señora presidenta, a la Mesa, que como
ha habido multitud de preguntas hechas a lo largo del día por el
Grupo Parlamentario Socialista que no han sido contestadas directa y
verbalmente, sino que las autoridades comparecientes se han remitido
al envío de la correspondiente información por escrito, que esa
información, teniendo en cuenta el trámite parlamentario en que se
encuentra el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, se
sustanciara en el plazo de cuarenta y ocho horas para que así se
facilitara la actuación del grupo en su obligación de controlar al
Gobierno. (El señor Seco Gordillo pide la palabra).
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Señor Seco.
El señor SECO GORDILLO: A los mismos efectos, para hacer constar que
es la práctica habitual en este tipo de comparecencias
presupuestarias y que tenga la completa seguridad el señor Mayoral de
que la información será aportada, como han dicho las autoridades
comparecientes, en el plazo de cuarenta y ocho horas o en el plazo
menor que sea posible.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): La Mesa toma nota de la
solicitud.
El señor MAYORAL CORTÉS: Y una copia para el Grupo Popular.
La señora VICEPRESIDENTA: Suspendemos un minuto la sesión. (Pausa.)
- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (MICHAVILA NÚÑEZ). A
PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA
(Número de expediente 212/00192) Y SOCIALISTA (Número de expediente
212/000222)
PRESIDENTE:
El señor Vamos a reanudar la sesión, no sin darle previamente la
bienvenida al secretario de Estado de Justicia para esta
comparecencia. Van a hacer uso de la palabra, en primer lugar, los
grupos parlamentarios que han solicitado esta comparecencia. (El
señor Ollero Tassara pide la palabra.) ¿Me pide la palabra, señor
Ollero?
El señor OLLERO TASSARA: Señor presidente, para una cuestión de
orden. Como ya sabe, porque esta mañana, en un contacto ocasional de
una ponencia, hemos tenido ocasión de comentarlo algunos portavoces
allí presentes, mi grupo en principio había renunciado a la
comparecencia solicitada del subsecretario a cambio de ser tratado
como un grupo solicitante más de comparecencia en este turno. En
principio hemos entendido que se aceptaba esa propuesta y en razón de
eso hemos planteado la retirada de una comparecencia que entendíamos
que era reduplicativa. Precisamente, si es reduplicativa por parte de
los que comparecen, debe entenderse que estamos en igual tratamiento
que los que han solicitado la otra comparecencia.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún obstáculo a esa interpretación?
El señor VILLARUBIA MEDIAVILLA: No hay en absoluto ningún obstáculo,
aunque reglamentariamente no parezca muy correcto, pero no tenemos
ningún inconveniente en que haya incluso, y de entrada lo
solicitamos, cierta flexibilidad también en el tiempo, al ser la
única comparecencia solicitada para discutir los presupuestos del
ámbito de la justicia.
El señor PRESIDENTE: Pues tendremos esa flexibilidad y entonces
intervendrá en primer lugar el Grupo Parlamentario Socialista y a
continuación el Grupo Parlamentario Popular.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: En primer lugar, quiero dar la
bienvenida cordial y sincera al secretario de Estado, señor
Michavila, que creo que es la primera comparecencia que tiene en esta
legislatura, al menos es esta Comisión de Justicia e Interior. Con
carácter previo deseo indicarle, y valga para el resto de la
intervención, porque además de realizar numerosas preguntas, vamos a
recabar importante información, que quisiéramos que esta fuera
remitida por el conducto de la Presidencia de la Mesa, en el plazo de
cuarenta y ocho horas, para que no dificulte los ulteriores trámites
en la tramitación del presupuesto del año 2001. Dentro de esta
información requerimos que se nos entregue la ejecución real de los
presupuestos del año 1999, es decir, la liquidación del ejercicio
1999, y el estado de ejecución de los presupuestos de 2000 a la fecha
más actualizada que fuera posible y en cualquier caso no anterior al
31 de agosto de 2000. Igualmente, quisiéramos que se nos comuniquen
por escrito las modificaciones realizadas sobre las consignaciones
iniciales del presupuesto de 2000, porque, como bien sabemos, no es
lo mismo la previsión presupuestaria que la ejecución real con las
modificaciones y suplementos de crédito que se hayan podido llevar a
cabo dentro del ejercicio. Nos interesa de manera especial la
totalidad de cantidades desglosadas transferidas a las comunidades
autónomas por años, desde el año 1997 hasta el año 2000, y las
previsiones (pregunta ya relativa al año 2001) sobre el año 2001.
Señor secretario de Estado, la sección 13 de los presupuestos de
Justicia en el año 2001 se eleva a un total de 171.787 millones de
pesetas. Esta cuantía es inferior a la del año 1996, es decir, cinco
ejercicios anteriores, en que eran 172.000 millones de pesetas; bien
entendido que, efectivamente, se han producido -lo adelanto-
transferencias a comunidades autónomas -por eso hemos pedido la
información-. No obstante, el peso específico de Justicia en los
Presupuestos Generales del Estado, según sus estimaciones (en el
libro amarillo vienen reflejadas) es el 0,8 por ciento, igual que el
año anterior, no más, cifra que discutimos, pero que, dándola por
válida, es igual que el año anterior y no mayor. En cualquier caso,
en términos de pesetas, el incremento es de 13.096 millones con
relación a los 158.691 del ejercicio anterior. Pues bien, ustedes ya
en manifestaciones públicas se han dado por satisfechos porque hablan
de un incremento del 9 por ciento. Miren, estamos hablando del mismo
peso específico sobre el presupuesto total, del 0,8 por ciento, y
estamos hablando de un presupuesto cuya cuantía de 158.000 millones
de pesetas, a pocas pesetas que se incremente indica un incremento
relativo hasta cierto punto importante, pero que es absolutamente
escaso, ridículo e insuficiente. Ni siquiera se cubren con estas
cantidades los crecimientos vegetativos y las obligaciones contraídas
con la aplicación de la aprobación de nuevas leyes generadas y
producidas en los últimos años. Por lo tanto, en contra de lo que
están diciendo, una vez más no se prioriza el servicio público de la
justicia ni se atienden siquiera mínimamente las nuevas necesidades.
Además de pedirle información quisiéramos advertir desde el Grupo
Parlamentario Socialista sobre algunos aspectos que nos preocupan de
manera especial. Entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil
en enero de 2001. Nos decían ya en el presupuesto anterior que tenían
las consignaciones necesarias para medios materiales y humanos en el
presupuesto de 2000. Ya denunciábamos la evidencia de que no era así.
Si no lo remedian, anticipamos que la entrada en vigor de la Ley de
Enjuiciamiento Civil va a ser un auténtico escándalo. ¿Qué medios
personales hay? ¿Han calculado ustedes el número de jueces, además de
otro personal, que es necesario para llevar a cabo adecuadamente
y con eficacia los principios de publicidad, inmediación y oralidad?
¿Cuántos jueces calculan que serían y necesarios para aplicar
adecuadamente la Ley de Enjuiciamiento Civil? ¿Han evaluado todos los
medios materiales, informáticos, etcétera, para que pueda llevarse
a cabo? Si no, hay pena de nulidad, además; por eso adelantamos el
tremendo escándalo que puede producirse a partir de enero. ¿Por qué
no lo han dotado ustedes en el año 2000? ¿Qué previsiones tienen para
2001? En cualquier caso, aunque las tengan, que no las vemos
recogidas en presupuesto, la ley entra en vigor a primeros de enero
del año 2001. Otro tanto ocurre, y nos preocupa especialmente, con la
entrada en vigor el
14 de enero de la Ley de responsabilidad penal del menor. Ustedes han
llevado a cabo o pretenden hacerlo con esta ley una transferencia
implícita hacia las comunidades autónomas en competencias (sobre todo
en ejecución de penas, entre otras) sin haber dotado ni haber
transferido recursos económicos para ello. Nuevamente el propio
fiscal general del Estado dice que la Fiscalía no está preparada para
aplicar la Ley de responsabilidad penal del menor. Le digo lo mismo
que con la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Dónde están los medios?
Juzgados de menores, ¿cuántos? ¿Cuántos faltan para poder aplicarla?
Secciones en las audiencias provinciales, ¿cuántas? Fiscales,
¿cuántos? Hablan ustedes en su memoria de 52 nuevos fiscales para la
aplicación de esta ley en 2001. Y yo les digo: ¿vamos a improvisar
los fiscales?, porque la ley entra en vigor el día 14 de enero de
2001. ¿Cuál es la evaluación de costes de la aplicación de esta ley
por comunidades autónomas incluso también indirectamente por
ayuntamientos, pero sobre todo por comunidades autónomas? Y concluyo
con una pregunta muy concreta en relación con estas dos
importantísimas leyes: ¿Piensan ustedes que entren en vigor en las
condiciones en que ahora mismo están, tanto la Ley de Enjuiciamiento
Civil como la Ley de responsabilidad penal del menor, en enero del
año 2001? ¿Les parece que esto es responsable? Les pediremos
explicaciones pocos meses después, si lamentablemente ocurre lo que
mucho nos tememos va a ocurrir. En dotaciones de personal, ¿creen
ustedes que con los presupuestos que presentan se cubren estas
dotaciones? Le adelanto ya que de estos 13.000 millones de pesetas,
más de 9.000 se los lleva sólo el aumento del capítulo 1 del programa
142.A, tribunales de justicia y ministerio fiscal (¡fíjense lo que
queda para el resto!), incluyendo dotación y creación de nuevos
órganos, así como un plan plurianual urgente y necesario de
edificios, tanto para reparación de los existentes -hay muchísimos
que están en condiciones auténticamente indignas-, como para la
construcción de nuevas edificaciones.
Señor secretario de Estado, ustedes hablan -y nosotros estamos de
acuerdo- de que es necesario y urgente un auténtico pacto de Estado
para la justicia. Un requisito previo para que un pacto de Estado
para la justicia pueda llevarse a cabo es la dotación y elaboración
de un plan financiero y económico que lo haga viable. Un pacto de
Estado es algo global, funcional, económico, orgánico, de la oficina
judicial, de medios materiales y personales, etcétera. Al menos
tendrían que multiplicar por cuatro o por cinco el incremento de este
año, y no sólo éste siguiendo esa línea progresiva en los años
sucesivos, para que pudiéramos llegar a no menos del 2 por ciento del
total de los Presupuestos Generales del Estado para la justicia. Si
queremos mejorar el servicio público de la justicia podríamos empezar
de verdad a hablar de pacto de Estado. Así, sincera y sencillamente,
no empezamos bien; no dotamos
ni para cubrir las nuevas exigencias de aplicación de las nuevas
leyes.
Hablan como siempre en la memoria de objetivos. Compartimos los
objetivos de una justicia independiente, rápida y eficaz, pero frente
a eso nos encontramos con una insatisfacción social y con que cada
vez está peor valorado el servicio público de la justicia por los
ciudadanos españoles: la justicia es más lenta y más cara. Y si no
modificamos la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, será más cara
todavía. Tenemos una lista de espera de 700.000 asuntos civiles, más
de 300.000 asuntos contencioso-administrativos, pese a la entrada en
vigor de la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa;
hay un incremento de la pendencia penal pese a la modificación en
contra de la voluntad del Grupo Parlamentario Socialista del artículo
14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que supuso -y supone hasta
que la volvamos a cambiar- una pérdida de garantías del justiciable,
porque los juzgados de lo Penal, jueces unipersonales, conocen de
penas privativas de libertad por delitos graves, pero no conocen las
audiencias provinciales. Pese a eso, insisto, ha habido un incremento
de pendencia en el ámbito penal.
Hay un problema grave, señor secretario de Estado, y por eso no
podemos compartir su satisfacción de la aplicación efectiva del
principio constitucional de la tutela judicial efectiva, pilar básico
del Estado de derecho; hay que conseguir que los ciudadanos de verdad
crean en la justicia y en la Administración de justicia. Y por ello
hace falta esa reforma global e integrada que comentaba con
anterioridad, pero que pasa como premisa por un aumento de verdad
progresivo y en años. Hablamos del 2 por ciento en cuatro años;
podemos hablar de un plan integral hasta ocho o diez años que vincule
a la Administración, al Gobierno, con independencia de quién sea
quien gobierne en cada momento. Así demostraríamos que queremos
mejorar el servicio público de la justicia.
Entrando en el tema concreto de la información y valoración breve de
los presupuestos que presentan, el programa 142.A, tribunales de
Justicia y ministerio fiscal, absorbe prácticamente el 90 por ciento
de la sección 13, y por ello me voy a detener en él un poquito más
que en el resto. Sin incluir transferencias internas al Centro de
Estudios Jurídicos y a la Agencia de Protección de Datos, este
programa se eleva a 154.280 millones de pesetas y absorbe la práctica
totalidad del incremento de la sección 13, con 13.031 millones de
pesetas; como le decía, escaso margen queda para el resto de los
capítulos, incluido el 2, y, sobre todo, el capítulo 6, inversiones
reales. Voy a formularle algunas preguntas, señor secretario de
Estado. En el capítulo 1 de este programa, retribuciones de personal,
¿prevén la revisión salarial por la nueva Ley de Retribuciones?
¿Piensa el Gobierno remitir a la Cámara un proyecto de ley de
retribuciones para el conjunto del personal de la Administración de
justicia en el año 2001? Observamos
que moderan el artículo 10, retribuciones de altos cargos, aunque
ya han consolidado el 55 por ciento de incremento producido en el año
1999.
Hay un asunto que nos preocupa y sobre el que quisiera que nos diera
alguna información. En cuanto a jueces sustitutos y magistrados
suplentes, en contra de la recomendación del Libro Blanco del Poder
Judicial, nos encontramos con que, en el año 1999, ha habido 740
jueces sustitutos y 329 magistrados suplentes. ¿Cuál ha sido la
realidad de los datos en el año 2000? Nos preocupa que en el año
2001, lejos de corregirse esta disfunción, aumenta la previsión de
consignaciónpara jueces sustitutos y magistrados suplentes hasta
1.816 millones de pesetas. Como dato, tengo que indicarle que el 42
por ciento de los asuntos que se resuelven en sentencia en los
juzgados de Primera Instancia de este país son revocados por las
audiencias, ¿no tendrá bastante que ver que nos encontramos con más
de mil jueces y magistrados sustitutos y suplentes?
Otro tema que también nos preocupa de manera especial y por el que le
pregunto, señor secretario de Estado, es que en el proyecto de
presupuestos del año 2001 para personal consigan 103 magistrados y
jueces, 129 fiscales, 86 secretarios, 10 médicos forenses, 115
oficiales, 191 auxiliares, 98 agentes y 114 laborales, así como otro
personal funcionario 212. ¿Cuál ha sido -y queremos esa documentación
por escrito- en los años 1998, 1999 y en lo que va de 2000, la
cobertura real, no la creación de plazas, en el conjunto de todos
estos puestos de trabajo, incluidos los de la Administración de
justicia, desde magistrados y jueces hasta laborales y otros
especialistas como psicólogos, educadores, asistentes sociales,
etcétera? También nos interesaría, como documentación complementaria,
la relación de bajas, por los distintos motivos, en todos los ámbitos
de la Administración de justicia. En el presupuesto de 2001 se
consigna la creación de 7 secciones de audiencias provinciales, 79
órganos unipersonales, 52 fiscalías de Menores y 20 agrupaciones de
juzgados de Paz. Le vuelvo a recordar lo de las 52 fiscalías de
Menores. Si las consideraban imprescindibles y no son suficientes
según el Consejo General del Poder Judicial, para la aplicación
adecuada de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, ¿cuándo vamos
a tener estos fiscales? ¿Consideran ustedes que en el 2001, aunque se
sacaran estas plazas, va a ser posible que se cubran efectivamente?
En todo caso, ¿cómo aplicamos la Ley en enero del 2001?
Lo mismo ocurre con la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
¿Van a fabricar los jueces? ¿Van a fabricar los fiscales? La
situación real es que tenemos 3.842 jueces y 577 vacantes. Aplicando
las vacantes, estamos en la ratio de un juez por 10.400 y pico
habitantes, lejos de la ratio de los países del entorno europeo. El
propio Consejo General del Poder Judicial, y el presidente a su
cabeza en su última comparecencia,hablaba de la necesidad urgente,
para la aplicación de
la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, de 24 nuevos jueces, 60
más si se crean las salas de Menores, y 290 necesarios con urgencia,
con lo que, unido a las 577 vacantes reales -no de creación sino de
no cobertura de plazas-, nos encontramos con una necesidad real de
954 jueces, según estimaciones del presidente del Consejo General del
Poder Judicial. Y en las recientes recomendaciones del propio Consejo
General del Poder Judicial, según un trabajo de campo realizado por
el conjunto de tribunales del territorio español, habla de la
necesidad de, al menos, cubrir 250 jueces por año en los próximos
diez años para acercarnos a la ratio europea, para restar de ahí,
efectivamente, las bajas que se produzcan por jubilación, etcétera.
¿Dónde vamos con la consignación de los 103 nuevos magistrados
y jueces? Se nos contestará que en el pasado se crearon menos. Me
imagino la respuesta del portavoz del Partido Popular. Lo cierto es
que la consolidación de la democracia, la aplicación del auténtico
sistema de derechos y libertades en esta época tiene una aplicación
necesaria muy concreta que exige, según dice el Consejo General del
Poder Judicial, estas dotaciones que ni por asomo figuran en el
presupuesto que estamos debatiendo.
Para ir abreviando, sin desarrollar la intervención, sólo deseo
preguntarle: ¿Qué ocurre con los institutos de medicina legal?
¿Cuáles se han creado en los últimos años? Desglóselos y concrételos.
¿Se ha creado alguno en el año 2000? ¿Cuáles son las previsiones para
el 2001? Reproduzco la pregunta en relación con los Juzgados de
Vigilancia Penitenciaria. Idéntica pregunta en relación con las
oficinas de asistencia a víctimas de la violencia, creadas en el
2000; previsión para 2001 y dotaciones efectivas (al margen de la
publicidad y propaganda) para la prestación de estos servicios.
En cuanto a las plazas de jueces y demás personal de la
Administración de justicia, ¿se han cubierto todas las plazas de
juzgados y tribunales de lo ContenciosoAdministrativo? ¿Cuántas
faltan por cubrir? ¿Con qué personal se está dando cobertura a estas
plazas? ¿Cuántas están cubiertas por personal sustituto, tanto de
jueces como de secretarios judiciales? La justicia, señor secretario
de Estado, sigue siendo lamentablemente lenta, cara e ineficaz. En el
capítulo 2, gastos corrientes, vemos que afortunadamente desde 1998
(no lo criticamos, como hacían ustedes), en estos tres últimos
ejercicios y pese a las transferencias, han incrementado ustedes con
carácter general la partida de gastos corrientes en un 50 por ciento,
corrigiendo las carencias -se lo repito cada año- y por aquella
demagogia de 1997, que hablaban ustedes del despilfarro en los medios
ordinarios de la Administración de justicia, cuando lo cierto es que
había más austeridad y casi precariedad en algunos casos. Como digo,
afortunadamente empieza a corregirse; de sabios es corregir los
errores. La segunda parte es que si fuera para el adecuado
funcionamiento de la Administración de justicia, lo aplaudiríamos.
Parcialmente
ocurre así, pero como buena parte va a partidas más opacas,
tales como gratificaciones, dietas, etc., partidas de más difícil
justificación, esta felicitación no puede ser tan íntegra ni tan
amplia, y tengo que reducirla a los términos que en estricta justicia
se merecen. Así, el artículo 20, arrendamientos y cánones, se
incrementa de manera ostensible. No lo critico, pero nos gustaría
saber por qué. En cuanto al suministro de energía eléctrica, gas y
combustible, pese a estas subidas meteóricas de las últimas fechas,
nos gustaría conocer por qué estos desfases en la consignación tan
meteóricos como pasar de 27 a 50, de 15 a 50, o de 635 a 800. Lo
mismo en comunicaciones. Telefónica puede estar aumentando
beneficios, pero estos incrementos de setecientos y pico millones, o
de 448 en comunicaciones, nos parecen excesivos. Una partida que se
repite continuamente en casi todos los programas, señor secretario de
Estado, son los trabajos (concepto 227, artículo 22) realizados por
otras empresas y profesionales que continuamente se incrementan de
forma alarmante; en este año, sólo el 34,6 por ciento. Somos
conocedores de sus afanes privatizadores a toda costa, pero aquí
estamos hablando de la limpieza, de aseo, de seguridad, de
valoraciones, de peritajes y de estudios. ¿Lo encargan todo fuera de
la Administración? ¿Por qué estos incrementos tan notorios, tan
notables por privatización de servicios año tras año?
En los gastos de funcionamiento del Tribunal del Jurado consignan la
misma cantidad que en ejercicios anteriores: 270 millones, ¿La
consideran suficiente? Me imagino que dirán que la praxis es que en
este año no se han agotado. La segunda pregunta es si piensan
modificar la Ley del Jurado. Parece que lo indican en su memoria de
objetivos; ¿en qué términos?
En indemnizaciones por razones del servicio en los tres últimos
ejercicios, en dietas y otras indemnizaciones, recogen un incremento
del 106 por ciento. Nos parece una cifra abusiva. Lo mismo sucede con
los trabajos realizados por otras empresas, estudios y proyectos;
y se reproduce casi linealmente, con variaciones, en casi todos los
programas. ¿A qué se deben estos incrementos tan notables? Cierto es
que del año 2000 al 2001 el incremento es más moderado, pero se
consolida el de 1998 a 2001 del 106 por ciento.
En transferencias corrientes aumentan la partida este año; corrigen
-no lo reconocían el año anterior- la insuficiencia de dotación que
habíamos puesto de manifiesto en el 2000. Y en corporaciones locales
porque este año sube la partida en 68 millones, se dotan 20 nuevas
plazas de agrupaciones de juzgados de Paz, a las que hay que añadir
las 120 de 2000, y las 40 de 1999. Le pregunto: ¿cuántas se han
creado realmente? ¿Consideran suficientes las dotaciones que a este
fin se recogen en el proyecto de presupuestos? ¿No estiman que hay
una precariedad excesiva en el funcionamiento y en los medios, con
carácter general, de los juzgados de Paz? La partida destinada a la
abogacía española seincrementa el 27,3 por ciento y a la de los
colegios de
procuradores, el 46,1 por ciento, corrigiendo las carencias
anteriores. Habida cuenta que el número de asuntos no aumenta en esta
proporción, nos gustaría saber, aunque nos parece correcto, por qué
hay este desfase presupuestario con relación al ejercicio anterior.
Nos gustaría también que nos suministraran por escrito, desde el año
1998 hasta ahora, las transferencias al conjunto de comunidades
autónomas en este capítulo expreso, con carácter general; si viniera
recogido, no sería necesario duplicar.
Aquí hay una partida importante -importante en el concepto, ridícula
la partida-, que es la relativa a las acciones relacionadas con el
plan contra la violencia doméstica. En el año 2000 consignaron 76,6
millones; este año, 110 millones. ¿No le parece de verdad a S.S. que
esta cantidad es absolutamente ridícula para el tratamiento de este
problema? ¿Qué acciones, qué programas concretos se van a realizar,
cuánto se gastan en publicidad y propaganda en este concepto?
¿Probablemente casi toda esta cantidad. ¿Quedan recursos económicos
para elaborar, un plan contra la violencia doméstica? Por la brevedad
del tiempo del que dispongo, no lo desarrollo más. Ahí quedan las
preguntas y la crítica política, para que lo corrijan y doten
adecuadamente y de verdad este plan. Igual sucede con las oficinas de
asistencia a las víctimas. No vale decir que las hemos creado en un
montón de provincias cuando no hay un solo funcionario que las pueda
atender eficazmente, y mucho menos en el tratamiento de mujeres
cuando en provincias pequeñas apenas hay guardias civiles o policías
nacionales femeninos y, en cualquier caso, no se atienden estos
servicios.
Vemos que la partida destinada a inversiones reales tan sólo
incrementa 230 millones para la inversión nueva. ¿Qué vamos a hacer
con 230 millones más, con una consignación total de 5.106 millones?
¿Con qué creamos los nuevos órganos, los juzgados de Menores, las
nuevas plantas, las audiencias necesarias, los juzgados de Primera
Instancia, los institutos de medicina legal, los juzgados de
Vigilancia Penitenciaria? ¿Dónde vamos con estas cantidades? Esta
carencia no se resuelve en un año, necesitamos un plan plurianual
dentro del pacto para la justicia, con dotaciones económicas para ir
atendiendo las reparaciones necesarias de los numerosos edificios así
como la creación de nuevos. Lo sugiere el propio Consejo General del
Poder Judicial, porque tenemos dotaciones ridículas. Para abreviar,
le solicito relación detallada de las obras llevadas a cabo de nueva
creación -no las de reparación- en los tres últimos años, en lo que
va de 2000, y la previsión individualizada para el año 2001. En
transferencias de capital se recoge sólo una partida destinada a la
Generalitat de Catalunya. No tenemos nada en contra, pero quisiéramos
una pequeña aclaración, porque hace dos años se recogían 350 millones
a la Xunta de Galicia y 150 a la Generalitat y al año siguiente se
consigna la misma cantidad, que no otra distinta, pero
sólo para la Generalitat. Paralelamente parece que ha habido -hemos
pedido la información- alguna modificación de créditos para ampliar
la de la propia Generalitat. Es la única partida que modestamente yo
he encontrado. No tenemos nada en contra, repito, pero quisiéramos
saber, por qué tan sólo a esta comunidad autónoma, si se debe, como
decía el año anterior, a la proximidad del aguinaldo de Navidad,
aunque creo que este año no va a ser tan necesario.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Voy terminando, dos pinceladas para
el resto de los programas en un minuto, una pincelada en cada
programa.
En Dirección de Servicios Generales, programa 141.B -cuestiones
concretas por atender a la indicación de la Presidencia-, ¿a qué se
debe la baja en el artículo 13, programa 141.B, dirección y servicios
generales de la Administración de justicia, de personal laboral?;
¿por qué el nuevo incremento de trabajos de otras empresas?; ¿por qué
indemnizaciones del 44 por ciento? Y dos conceptos puntuales. Para
actividades relacionadas con el estudio, promoción y defensa de los
derechos de libertad religiosa vemos un aumento de 8 a 14 millones;
¿por qué y para qué? Desglose y justificación.
Nuevamente, a la fundación Justicia en el Mundo, siete millones de
pesetas. No tenemos nada en contra, pero la pregunta es: ¿ha habido
peticiones de otras fundaciones o asociaciones? Si las ha habido,
¿por qué no se han atendido en ningún caso?
Programa 146.A, la misma crítica y una sola pregunta: ¿Se ha
concluido el proceso de informatización de los registros civiles? En
asesoramiento y defensa de los intereses del Estado, programa 126.D,
una sola cuestión: ¿cuáles son las plazas de abogado del Estado
realmente cubiertas en los años 1997, 1998, 1999 y 2000?;
previsiones, para el 2001 y bajas reales producidas también en este
servicio. Única pregunta en los dos programas que quedan. En el 313.F
prestación social sustitutoria, previsiones, razones, criterios y
objetivos de lo recogido para el año 2001 (algunos datos conocemos),
e información escrita sobre todas las transferencias a comunidades
autónomas. En la Agencia de Protección de Datos, ¿por qué esa
minoración de las transferencias corrientes del Estado de 61
millones?
Agradezco la benevolencia del señor presidente. Creo que el
secretario de Estado ya tiene batería suficiente para entrar en las
explicaciones.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Como andaluz y como diputado por Granada,
quisiera, en primer lugar,
hacer mención -hablábamos ahora mismo de él- a don Luis Portero,
fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, algo más
que un gran jurista, un hombre íntegro al que esta tarde los
teletipos dan por clínicamente muerto. Quiero evocarlo aquí, en un
sitio tan oportuno como la Comisión de Justicia del Congreso de los
Diputados, y unirme en nombre de mi grupo -estoy seguro que de toda
esta Comisión- a su familia, a su mujer, Charo, y a sus hijos en una
situación como ésta.
Paso, a continuación, a cumplir con este trámite parlamentario -como
él hubiera hecho igualmente en mi lugar- para expresar la
satisfacción del grupo al que me honro en representar hoy ante estos
presupuestos que parecen arrojar -he estado estudiando las cifras- un
incremento que no sé si cabría cifrar (me parece que me quedo corto,
el secretario de Estado me corregirá si así es) en por lo menos un
8,5 por ciento si lo comparamos en términos homogéneos, deducidas las
transferencias autonómicas, que este año son menores que en otros
casos, con los de años anteriores. Quizás sería interesante, y el
señor secretario de Estado tendrá más datos que yo, compararlo con el
incremento general que los Presupuestos Generales del Estado han
experimentado. Esto nos podrá dar una idea de en qué medida este
Gobierno está atendiendo o no, de un modo particular, como ha sido su
propósito proclamado, a las necesidades de la justicia. Creo que
todos estamos de acuerdo en tres cosas. Primero, en la necesidad de
una reforma de la justicia que solucione tantos problemas que
experimentan los ciudadanos en primer lugar, y los profesionales que
son protagonistas de este ámbito tan relevante en la vida social. En
segundo lugar, en la conveniencia, en la necesidad de un consenso
para llevar a cabo la reforma, un pacto de Estado como el que se
viene ofreciendo y esperamos ver consumado. Por último, estos dos
elementos no serían viables sin un incremento presupuestario
relevante.
En los datos que he podido manejar hay una primera comparación.
Lógicamente no es éste el momento de hacer debates entre grupos
parlamentarios, aunque ya alguno se haya puesto el parche antes de
que se pudiera ver afectado el grano. Es una realidad que si
comparamos los presupuestos de 1996 con los que ahora estamos
analizando, bastaría una operación aritmética en términos homogéneos,
para detectar un incremento del 71 por ciento. Y si nos referimos al
programa de tribunales y de fiscalía, esa comparación con 1996 haría
subir el incremento al 78,30 por ciento. Pero como no se trata de
hacer un debate entre grupos, quizás es más útil que le pregunte al
secretario de Estado, en comparación con 1997, primer presupuesto de
un Gobierno Popular traído a esta Cámara, ¿cuál sería el resultado de
esa comparación en ambos casos?; ¿cómo ha crecido globalmente el
presupuesto del Ministerio desde 1997 hasta el que se nos presenta
ahora, y en concreto el capítulo de tribunales y fiscalía? Esto nos
daría también
la idea de que este Gobierno y el anterior se han ocupado
presupuestariamente más de la justicia que sus antecesores, e
incluso, que dentro de los gobiernos populares existe una continua
atención reflejada en un incremento sostenido en los presupuestos.
Si me remito a las plazas creadas, según los datos de que hasta ahora
hemos dispuesto -sería cuestión ver cuáles se añaden con estos
presupuestos-, en 1994 se crearon 283 (no me refiero a jueces y
magistrados, sino a todos los funcionarios del ámbito de la justicia)
y 324 en el año 1995. Por las cifras que conozco de estos últimos
ejercicios, sé que prácticamente se triplicaron en ejercicios
posteriores, pero sería interesante verlo en comparación con la cifra
de 324 de 1995, por coger una de lo más elevada, de la serie
anterior. ¿Dónde estaríamos en cuanto al total de plazas creadas en
el año 2001 para -dado que el debate presupuestario tiene la ventaja
de que los números hablan solos- sacar alguna consecuencia?
Si nos remitimos a la carrera judicial, en 1994 se crearon 37 plazas
de jueces y magistrados y 51 en 1995. Sé que luego se duplicaron
prácticamente hasta el punto de crear este novedoso problema de
vacantes por centenares, precisamente porque se crean más plazas de
las que luego se consiguen, al margen del Gobierno, en el ámbito del
Consejo General del Poder Judicial. Sería interesante ver cuántas
plazas se crean en 2001, si realmente estamos a ese nivel de las 51
plazas, el más brillante de la serie a la que me refiero.
En cuanto a los fiscales, de los que ya se ha hablado con ocasión de
la Ley del Menor, en 1994 se crearon 10 plazas y 8 en 1995; sé que se
triplicaron en años posteriores con otro Gobierno y llegaron a 36 en
el ejercicio de 2000, si no recuerdo mal. Ahora bien, analizando las
cifras genéricas que ofrecen los presupuestos (no sé si me equivoco
al calibrar), creo que casi se han triplicado respecto al año
anterior, lo cual no deja mucho espacio para criticar la creación de
plazas de fiscales, aunque, evidentemente, echándole suficiente
voluntad todo es criticable.
Respecto a las plazas de secretarios judiciales, fueron de 37 en 1994
y de 51 en 1995; sé que se duplicaron luego, pero quizás en 2001
estén también bastante por encima de esas 51 del momento más estelar
de la serie anterior. Creación de órganos judiciales: órganos
colegiados, período 1992-1995, 52; período 1996- 2000, estaríamos en
96. Estamos bastante por encima. Sería interesante manejar esas
cifras, si el secretario de Estado las tiene a mano o nos las puede
enviar luego. Y lo mismo ocurre con los órganos unipersonales, que en
el período 1992-1995 se crearon 144 plazas, y así como en el caso
anterior creo que se han triplicado, en éste por lo menos se han
debido doblar. En agrupaciones de juzgados de Paz, que hubo 48 entre
1992 y 1995, debemos haberlas cuadruplicado, aunque quizás también
sería bueno contar con alguna cifra concreta.
Hay un asunto que le preocupa a nuestro grupo, que es la asistencia
jurídica gratuita. En la medida en que repercute en los malos tratos,
en la violencia contra la mujer, es un problema que nos inquieta.
Querríamos saber en qué medida estos presupuestos experimentan alguna
variación significativa en lo relativo a ese apartado, al igual que
nos gustaría oír alguna referencia -puesto que hasta ahora no se ha
recabado, quizás para evitar buenas noticias- sobre inversiones y
equipamientos para nuevos órganos judiciales. En el apartado de la
objeción de conciencia, que no deja de ser también interesante,
observamos que hay un decrecimiento presupuestario del 11 por ciento.
Repasando la comparecencia similar del año anterior, probablemente
tenga bastante que ver con la reducción del coste anual por objetor.
No voy a insistir en viejas intervenciones presupuestarias del famoso
vestuario de los objetores y cuál era su último destino, queda en los
anales de esta casa para dar paso a las consideraciones más variadas.
Sí recuerdo que en 1995 cada objetor venía a costar 85.000 pesetas;
ya que se ha hablado antes de sobriedad y de control del gasto,
mediante un ejercicio sensato de lo que debe ser esa partida, seguro
que ha debido bajar bastante. No sé si el señor secretario de Estado
podría comunicarnos ahora o enviarnos más tarde cuál es el costo por
objetor que encontramos en los presupuestos de 2001 y así podríamos
comparar ese dato con esas 85.000 pesetas de hace algunos años.
En lo relativo a las transferencias a las comunidades autónomas, ya
he dicho antes que soy andaluz y diputado por Granada, donde está la
sede del Tribunal Superior de Justicia, y es frecuente allí en el
ámbito autonómico se hacen quejas y lamentos sobre los costos que la
justicia lleva consigo, ya que Andalucía tiene transferencias en este
ámbito. Tengo entendido que en estos presupuestos se contemplan unos
200 millones que irán destinados a la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Querría saber, en el caso de Andalucía, si hay algún tratamiento
dispar y cuál podría ser la razón para cuando se producen esas
críticas, que son endémicas allí, recordar cuál es el diverso
tratamiento que las transferencias tuvieron con Andalucía, por
voluntad del Gobierno andaluz evidentemente, no por imposición alguna
del Ministerio. La propia consejera, con una ingenuidad y candidez
digna de ser resaltada, ha sido generosa al afirmar que las
transferencias se hicieron mal. Como las hizo ella, yo no le voy a
llevar la contraria pues debe tener bastante conocimiento del asunto,
lo que no se entiende muy bien es que no se apreste enseguida a dar
explicaciones de por qué lo hace tan mal. En todo caso, vendría bien
seguir esa pista.
Por último, respecto a la evolución de algunos programas, en el 141.
C, selección y formación de jueces, se observa un incremento del 29
por ciento y sería interesante explicar la finalidad y el destino.
Igualmente se observa, un incremento del 31 por ciento en
documentación y publicaciones judiciales, y un 5,5
por ciento en asesoramiento y defensa de intereses del Estado. Como
es típico de este trámite parlamentario cuando se hace ajustándose a
lo que es realmente su objeto, reconozco que es árido; tiene que ver
más con números que con lírica, y en ocasiones esos números, dentro
de la amplia documentación que el secretario de Estado lleva consigo,
no son fáciles de localizar sobre la marcha. Como ya ha ocurrido en
comparecencias anteriores, nuestro grupo se daría por satisfecho con
recibir esos datos en un plazo razonable para poder hacer uso de
ellos en el resto del debate parlamentario sobre esta sección.
Quiero reiterar la satisfacción de mi grupo por los incrementos a los
que ya he aludido y, sobre todo, por los que implícitamente adivino
en las cifras que, ahora o en un momento inmediatamente ulterior,
esperamos recibir del secretario de Estado. Nada más.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los grupos parlamentarios
intervinientes, tiene la palabra el señor secretario de Estado de
Justicia.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Buenas
tardes a todos los miembros de la Mesa y de esta Comisión de Justicia
e Interior. Quiero empezar mis palabras también con una repulsa clara
del atentado cometido en la tarde de hoy en Granada sobre una persona
que sirve a los españoles desde la responsabilidad de defender la
legalidad, el derecho y la libertad de todos, como es cualquier
persona que sirve en el ministerio fiscal, y singularmente el fiscal
jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero,
cuya trayectoria conocemos bien todos los que llevamos tiempo en el
mundo de la justicia, que ha trabajado con plena dedicación y con una
extraordinaria calidad en su trabajo en ese puesto de defensa de los
derechos y libertades de todos. Si me lo permite, señor presidente,
también quiero expresamente hacer un gesto de cariño hacia el
portavoz del Grupo Popular, porque me consta la íntima amistad que
tenía con la persona asesinada esta tarde.
Efectivamente, señor presidente, ésta es mi primera comparecencia
como secretario de Estado de Justicia en el Congreso de los
Diputados, en el Parlamento, en el que tengo varios años de trabajo y
tan buenos recuerdos del tiempo en el que estuve trabajando
precisamente en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo,
del tiempo en el que, como miembro del Poder Legislativo, como
diputado, realizaba mi función en la oposición. Quiero agradecer
asimismo las palabras de bienvenida que me han dedicado ambos
portavoces. Sin abusar de su flexibilidad demostrada esta tarde en
cuanto al uso de los tiempos, quiero hacer un esfuerzo por dar
cumplida respuesta a todas las preguntas. Ambos portavoces han
demostrado un extraordinario interés en los presupuestos de Justicia,
lo cual sin duda es de agradecer. Hay quien cree que estas comparecen
cias
son un trámite más, que se va al trantrán, hecho que he podido
contemplar en alguna ocasión pero que no ocurre esta tarde aquí.
Puedo comprobar que ambos portavoces han estudiado a fondo los
presupuestos, y conocen las partidas, los conceptos, los servicios,
los capítulos; han hecho preguntas extraordinariamente interesantes y
acertadas en el análisis de los Presupuestos Generales del Estado
para 2001 en lo que se refiere a las políticas de justicia. Voy a
tratar de contestarles conjuntamente porque será la mejor fórmula
(veo que aceptan los dos portavoces), lo haré por temas que es como
se puede hacer mejor una contestación más completa. Quiero acogerme a
la fórmula que ha propuesto el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista de que, finalizada mi exposición, si hubiera cualquier
asunto que no ha quedado aclarado, podamos contar con un segundo
turno de intervención y, finalmente, remitir la información escrita.
Simplemente querría cerciorarme, de que el señor Villarrubia
solicitaba la ejecución real de 1999 y la actualización de la
ejecución de 2000, a ser posible al mes de agosto. Tengo entendido,
señor Villarrubia, que los servicios de la Cámara tienen ya la
respuesta que remitió el Ministerio de Justicia a dos preguntas (no
sé si eran preguntas con contestación escrita o petición de
informes), al amparo del artículo 7 del Reglamento. No recuerdo la
figura, pero sí que el señor portavoz solicitó esos datos a través de
su grupo parlamentario al Ministerio de Justicia y éste los remitió a
la Cámara. Vamos a dárselos incluso a fecha 29 de septiembre, más
actualizados todavía en su ejecución sin perjuicio de lo cual puedo
responderle que esa información que obra ya en poder de la Cámara, y
posiblemente también de su propio grupo parlamentario, manifiesta un
dato extraordinariamente alentador en cuanto a la gestión de la
ejecución presupuestaria por parte de los servicios del Ministerio de
Justicia, impulsados bajo la dirección del subsecretario del
departamento, que impuso un ritmo acelerado, lo cual nos permite
hablar hoy de una ejecución de casi todas las partidas en torno al 60
ó 70 por ciento. Ese ritmo de elevada ejecución en todos los
servicios, y sobre todo en los capítulos, es también trasladable -no
se le escapa a usted la importancia- al capítulo 6 del programa 142.
A, extraordinariamente importante y que, respalda algunas de las
cuestiones que luego comentaré en cuanto a lo preparada que está la
justicia española para que entren en vigor, en el próximo mes de
enero, tanto la Ley de Enjuiciamiento Civil como la Ley de
Responsabilidad Penal del Menor.
Pide S.S. también el informe de transferencias a las comunidades
autónomas de 1997 a 2000, que sin duda se lo haremos llegar. Pero
aprovecho para contestarle a una pregunta que han reiterado ambos
portavoces que quizás me la han formulado en lo que se refiere al
capítulo relativo a las transferencias del programa 142.A, pero que
aquí, en el pórtico de mi intervención, tiene sentido hacerlo.
Saben ustedes que las comunidades autónomas que tienen las
competencias transferidas tienen sus propios capítulos
presupuestarios y, a su vez, la negociación de las transferencias
obedece al principio constitucional en el cual el principio de
voluntariedad en el diseño de la competencia se recibe negocialmente
pactado con el Gobierno central, con la Administración General del
Estado. Son las comunidades autónomas quienes pueden diseñar, de una
u otra forma, la manera en la que vienen a ejercer las competencias y
cómo se financian éstas una vez asumidas. Es cierto que hay una
partida de 202 millones en el presupuesto anterior y de 400 en éste;
es la única partida en transferencias a las comunidades autónomas y
es exclusivamente referida a Cataluña, y ello por una razón: porque
al recibir el traspaso de competencias, la dotación de las nuevas
plazas creadas le correspondía a la Administración general del
Estado, competencia que quiso asumir el resto de las comunidades
autónomas, razón por la cual ellas mismas son las que tienen que
dotar esa partida.
Entramos aquí en una reflexión extraordinariamente importante en
cuanto al marco presupuestario en el que nos movemos. Estamos
hablando de un marco presupuestario -es bueno recordarlo- en el que
España por primera vez en nuestra democracia va a presentar unos
presupuestos sin déficit público, unos presupuestos que culminan un
intenso proceso de consolidación, iniciado ya en 1996, en la búsqueda
del equilibrio presupuestario. España ha construido el más intenso
camino hacia el equilibrio presupuestario vivido en la Unión Europea
presidido por el rigor. Se han cumplido las previsiones incluso por
delante de lo previsto en los presupuestos. Fíjese usted que en unos
presupuestos para el año 2000 en los que se hablaba de un cierre de
ejercicio con un déficit del 0,8, lo vamos a cerrar con un déficit
del 0,4. El déficit para el próximo ejercicio es de cero, y ese
déficit cero se consigue precisamente mediante un esfuerzo de todas
las administraciones del Estado, que es la renuncia al recurso al
déficit público para financiar gasto. Estamos en un marco
presupuestario global que es importante destacar, en el que ya no
vamos a tirar de la maquinita del déficit público para generar gasto,
sino que vamos a gastar lo que se ingresa, y esto tiene mucha
importancia también en la justicia. Esto es una conquista social de
largo alcance. Si queremos hacer en esta legislatura que sea una
prioridad la justicia y queremos -y estoy absolutamente de acuerdo-
que ese pacto de Estado tenga también -y debe tenerlo- un plan
económico serio y riguroso, debemos hacer posible ese pacto de Estado
correctamente financiado porque hay unas cuentas públicas saneadas.
No sólo es posible el pacto de Estado porque hay un consenso de los
grupos parlamentarios; no sólo es posible el pacto de Estado porque
se han hecho muchas reflexiones y estudios de todos los responsables
del mundo de la justicia; no sólo es posible y necesario
porque nos lo pide hoy mayoritariamente la opinión pública, sino que
es posible ese pacto de Estado, correctamente financiado, puesto que
sin esa correcta financiación quedaría en mero papel mojado y no
serviría para lo que de verdad debe servir, que es para tener una
justicia más moderna, ágil y eficaz. Eso no sería posible si no
tuviéramos ahora la satisfacción del Gobierno y la alegría de todos
los españoles de contar con unas cuentas con déficit público cero,
hecho que permite crecer, crecer por encima de la media de los países
europeos, tener un margen presupuestario suficiente para acometer
políticas de gasto prioritarias y generar lo que es imprescindible
generar para realizar políticas prioritarias, políticas sociales,
políticas de justicia o políticas de inversión en infraestructuras,
que son los presupuestos que generan empleo. Si no tuviéramos la
garantía de que dentro de poco puede haber 15 millones de españoles
cotizando a la Seguridad Social, lo cual supone casi 3 millones más
que al empezar la pasada legislatura, esté seguro de que sería
imposible el pacto de Estado por la justicia que hoy podemos
enfrentar. Si no se pudo hacer antes, si España no pudo dedicar a la
justicia desde los años que vivimos de democracia todo el esfuerzo
que era preciso es precisamente porque los Presupuestos Generales del
Estado debían atender otras partidas, no sólo de intereses
financieros sino de gasto por ejemplo, el subsidio de desempleo.
Simplemente un solo año de subsidio de desempleo de otros años daría
para las dos legislaturas en las que es necesario impulsar con
recursos suficientes el pacto de Estado por la justicia.
Es bueno tener ese marco presupuestario en la cabeza porque resulta
un dato especialmente revelador de la estructura de los Presupuestos
Generales del Estado para el próximo ejercicio, y es que ese déficit
cero se consigue haciendo una reducción de gastos. Se ha reducido
para los próximos presupuestos el déficit primario, no sólo el
déficit financiero.
En ese entorno de reducción de gastos nos encontramos con lo que es
un motivo de satisfacción para el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, para el portavoz del Grupo Parlamentario Popular y para
cualquier persona que desee esa justicia más ágil, más moderna y más
eficaz, nos encontramos con la satisfacción de que en ese entorno de
drástica reducción de gastos, de equilibrio presupuestario cero, una
de las políticas prioritarias, una política que sufre una
discriminación positiva en el gasto, es precisamente la política de
justicia. La política de justicia para los próximos Presupuestos del
Estado es para el gasto uno de los tres ejes prioritarios: I+D e
infraestructura es uno de ellos; el gasto social es otro; el tercer
eje prioritario para los próximos Presupuestos Generales del Estado
es precisamente la política de justicia, de ahí que tengan un
incremento del 9,7 por ciento. Se podrá decir que el 9,7 es
insuficiente. Como secretario de Estado de Justicia yo siempre le
pediré más a Hacienda, pero también
estoy convencido de que con este 9,7 por ciento estamos en un proceso
de gasto que cualitativamente instrumentalizado, como hacen estos
presupuestos, van a ser extraordinariamente útiles para arrancar con
ese proceso de modernización de una mejor justicia, sobre todo porque
ya hay un buen barbecho porque, como se ha dicho esta tarde y se ha
preguntado, que ha habido cuatro años en los que se ha impulsado una
mejora de las infraestructuras y de la ampliación de plantillas en la
justicia.
Con el ejercicio que viene y el presente, con el 2000, se crean 2.400
nuevas plazas al servicio de la Administración de justicia. Sólo en
dos ejercicios se han sacado las que se crearon en 13 ejercicios
anteriores a 1996, es dato bastante revelador del número de plazas,
de puestos de trabajo en definitiva, de empleo al servicio de los
ciudadanos que trabajan para la Administración de justicia en sus dos
vertientes: Poder Judicial y servicio público de la Administración de
justicia. No hay que minimizar las cifras. Estoy de acuerdo -y lo he
dicho más de una vez- en que nuestra justicia ha sido la hermana
pobre de nuestro sistema constitucional y democrático. En veinte años
de democracia España ha prosperado, ha crecido mucho, se ha
modernizado extraordinariamente. Nos hemos modernizado en muchos
capítulos, sociales, económicos, políticos. Estoy de acuerdo en que
la justicia requiere una atención muy superior. Estoy absolutamente
de acuerdo en que la justicia tiene hoy su oportunidad para, mediante
ese pacto de Estado, alcanzar el objetivo de mejores dotaciones en
medios personales, en medios económicos y en medios instrumentales y
operativos, es decir, incorporar las nuevas tecnologías.
Cuando hacemos discursos en los que se dice que es ridículo un
presupuesto, entre todos debemos tratar de construir un proceso de
rigor. Sólo es posible modernizar y mejorar nuestra justicia siendo
muy rigurosos en las cifras y en los datos, y por eso ese discurso de
rigor. Cuando hablamos de medias y de comparaciones -como se puede
hacer aquí esta tarde- con los países de la Unión Europea, hay que
ver esos porcentajes en la globalidad de lo que es el gasto público
en España. En España, el gasto público en política de justicia no
sólo engloba los 172.663 millones que corresponden en los
Presupuestos Generales del Estado a políticas de justicia. En la
Unión Europea -y ustedes lo saben muy bien- en ese porcentaje se
engloban los gastos a instituciones penitenciarias, que no hace mucho
tiempo en nuestro propio ordenamiento eran gastos de justicia. Hoy,
en la Unión Europea, cuando se hace la contabilidad consolidada de
gastos destinados a políticas de justicia se introduce esa partida,
lo cual en España suponen 150.000 millones de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias, más 40.000 millones sólo en Cataluña,
que tiene transferida esta competencia. A esa partida hay que sumarle
también la que destinan las comunidades autónomas. Quiero recordar
-en este
momento no dispongo de los datos porque las comunidades autónomas no
han presentado todavía los presupuestos en materia de justicia para
el año que viene- que, en el ejercicio presente, los gastos de las
comunidades autónomas en materia de justicia ascienden a 143.089
millones de pesetas. Si sumamos los 190.000 millones de Instituciones
Penitenciarias, los 171.000 millones de políticas de justicia y los
143.000 de comunidades autónomas, estamos en un gasto, en lo que en
terminología Unión Europea se denomina políticas de justicia,
superior al medio billón de pesetas. ¿Quiere decir eso que no se debe
invertir más y mejor en justicia? No; quiere decir que se debe
invertir más y mejor en justicia. La justicia es una prioridad para
los próximos presupuestos, por eso, en vez de aplicarse un
crecimiento medio, a la justicia se le da un crecimiento por encima
del doble de la media de crecimiento de los Presupuestos Generales
del Estado para el próximo año. Ese crecimiento está dirigido
precisamente a muchos de los temas que han sido aquí objeto de
atención por parte de SS.SS. Si me lo permiten SS.SS., ese
crecimiento, que supone más de 13.000 millones de gasto en justicia,
se ha diseñado no sólo por razones cuantitativas, sino también con
arreglo a criterios cualitativos.
Siendo conscientes de que hay que repartir unos Presupuestos
Generales del Estado, se han elegido objetivos con carácter
prioritario, el primero es el de la plena profesionalización de
nuestra plantilla.
Me alegra ver que existe una gran preocupación, compartida por el
Gobierno y manifestada por ambos portavoces, por la necesidad de la
plena profesionalización de nuestra plantilla de jueces y
magistrados. En coherencia con esa preocupación, espero que, el Grupo
Parlamentario Socialista votará favorablemente el plan de choque,
incorporado ya a la Cámara y que precisamente esta mañana ha tenido
su trabajo de ponencia, en el cual lo que se busca es la plena
profesionalización de esa plantilla.
Usted ha mencionado bien el número de vacantes; quizás lo haya hecho
un poco al alza, son unos 492 sobre unos efectivos de 3.500. Lo que
se está buscando con el retraso en la edad de jubilación y para poder
ejercer como sustituto es incorporar en los próximos 36 meses -es
decir, el período de vigencia, hasta el 31 de diciembre de 2003, del
plan de choque- a 200 nuevos magistrados. No nuevos, sino aquellos
magistrados que dejarían de ejercer sus funciones cuyas plazas son
reemplazadas por personas que vienen de la oposición o por
sustitutos. De esas 490 vacantes, ya tenemos 200 que van a ser
cubiertas ampliando por arriba la edad de jubilación.
Tenemos otro elemento importante que tiene su partida presupuestaria
consignada en el programa 142.A, que es el efecto extraordinariamente
positivo para la incorporación de nuevos jueces o fiscales al
evitarse el efecto vaciamiento que provoca la duplicidad de convocatorias
entre fiscales y jueces. En este momento hay 45 personas
que han aprobado las oposiciones de fiscales y de jueces. Si ese
efecto se consigue eliminar, puesto que todos los aprobados obtendrán
plaza al servicio de la Administración de justicia -es decir, no se
producirá el hecho de que 45 personas, al aprobar fiscales y jueces
al mismo tiempo, dejen vacante una de las dos plazas convocadas-, y,
pensando tan sólo en dos convocatorias, tendremos 90 nuevos puestos
cubiertos que iban a quedar vacantes con el actual sistema de
dualidad de oposiciones.
Finalmente hay un dato extraordinariamente importante, y es que para
el próximo ejercicio y los siguientes en ese plan de choque se
anticipa la entrada al servicio activo como jueces titulares de las
personas que han aprobado la oposición. El plazo de incorporación es
de 6 meses, sin menoscabo de su formación, lo cual supone que, con
relación a los 224 que existen en este momento y las plazas
convocadas de 300 y 300 para las siguientes anualidades, estamos
hablando de un total de 131 nuevos jueces si hacemos el reparto de
los 36 meses en los que va a tener aplicación ese anticipo en la
incorporación como titulares al ejercicio de la judicatura. Sin duda,
esas medidas van a permitir ese primer objetivo, que es la plena
profesionalización. Para que eso no sea algo coyuntural mantendremos
el esfuerzo de las convocatorias anuales y de una escuela judicial
con garantías de una eficaz formación, como viene siendo hasta la
fecha. El segundo eje de estos presupuestos es una justicia más ágil,
incorporando decididamente las nuevas tecnologías y la modernización
del servicio de la oficina judicial. Y el tercero, una justicia más
eficaz, haciéndola eficaz allí donde es mayor la demanda de eficacia
para el próximo ejercicio, es decir, con la entrada en vigor con
plenas garantías de la Ley del Menor, de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, así como con la cooperación jurídica internacional y medidas
sectoriales de lucha contra la violencia doméstica y otras, avaladas
presupuestariamente como luego indicaré, en materia de formación. En
esas partidas presupuestarias, cuyo desglose les ahorro porque lo
conocen SS.SS., sí que hay una evidencia: un crecimiento del 9,7 por
ciento, pero una bajada en capítulos importantes. Es decir, el
incremento en la política de justicia del Ministerio de Justicia es
lo suficientemente notable para paliar que se reduzcan los
presupuestos en algunos otros ámbitos, también notables en cantidades
presupuestarias, como es el servicio de la objeción de conciencia o
el servicio de registros y notariado, que saben SS.SS. que descienden
más del 10 por ciento. Es decir, la política de justicia sube tanto
que incluso llega a paliar el que decrezcan dos capítulos
presupuestarios que tienen una cierta relevancia en nuestros
presupuestos.
He de empezar también dando respuesta a muchas de las preguntas que
se han planteado sobre cómo se está trabajando para la entrada en
vigor con plenasgarantías tanto de la Ley de Enjuiciamiento Civil
como
de la Ley del Menor, y eso tenemos necesariamente que enmarcarlo en
lo que se refiere, como han dicho SS.SS., al programa 142.A de los
Presupuestos Generales del Estado, que, en efecto, suponen el 90,2
por ciento, para ser exacto, de los presupuestos de la sección 13 del
Ministerio de Justicia. Aquí hay un dato extraordinariamente
relevante, cuyo análisis quiero sugerir a SS.SS. Ese programa tiene
un incremento él solo de 13.000 millones, lo que es posible porque se
minora otros capítulos. Ya hemos dicho antes que el crecimiento
global de las secciones es de 13.200 millones; repito, sólo este
programa tiene un incremento de 13.000 millones. Pues bien, es
importante dónde está cualitativamente el crecimiento, que se produce
en primer lugar en Gastos de Personal, en el capítulo 1, que pasa de
114.000 a 123.000 millones, un incremento de 9.000 millones. El
capítulo de Gastos corrientes en bienes y servicios se incrementa
2.100 millones; el capítulo 4, Transferencias corrientes, 1.100
millones, extraordinariamente significativos en términos sociales,
como luego veremos; y en el capítulo 6, en Inversiones reales, hay un
incremento de 800 millones. El análisis cualitativo del incremento
del capítulo 1 arroja mucha luz de por dónde van las políticas de
dotación de medios para que entren en vigor con plenas garantías
tanto la Ley de Enjuiciamiento Civil como la Ley de Responsabilidad
Penal del Menor.
En ese capítulo 1 (y S.S. lo ha señalado con justicia, como no puede
ser de otra manera en esta Comisión) no se incrementa el artículo 10,
el correspondiente a Altos cargos; tampoco se incrementa el artículo
13, el correspondiente a Laborales; ni el 14, correspondiente a Otro
personal; a pesar de que ha hecho usted una mención al hablar del
capítulo 2 (y supongo que se referiría al artículo 15 del capítulo 1,
Gratificaciones), no se incrementan esas partidas. Es precisamente en
el artículo 12, en Funcionarios, donde se produce el incremento de
8.600 millones de pesetas, llegando a los 111.811 millones de
pesetas. Pues bien, ese capítulo supone que lo que se están creando
no son nuevas plazas de personal eventual, no son nuevas plazas
laborales, sino personal funcionario al servicio de la Administración
de Justicia. Eso significa que para los próximos Presupuestos
Generales del Estado, en el próximo ejercicio, el área política de
justicia podrá crear 1.100 nuevos puestos de trabajo; esa es la
previsión presupuestaria para el próximo año. Sin duda este dato es
extraordinariamente relevante; el que se vayan a crear alrededor de
1.100 nuevos puestos de trabajo supone un 25 por ciento de la oferta
pública de empleo en un Ministerio, en un departamento, en un ámbito
de la justicia que sabe usted que en lo que es el empleo público no
llega a ocupar un 2 por ciento; es decir, estamos hablando de un
crecimiento exponencial extraordinariamente importante. ¿Y eso por
qué?, ¿Porque Justicia se aparte del criterio general del Gobierno de
que hay que restringir la oferta pública de empleo? No,
participamos de ese criterio general, participamos de ese criterio de
que hay que hacer unos Presupuestos Generales del Estado y un diseño
de política económica en el que quienes creen empleo sean los
empresarios, las pequeñas y medianas empresas, los ciudadanos y no el
Estado. Sin embargo, sí que es cierto que en Justicia hay que seguir
creando puestos de trabajo, puestos de funcionario al servicio de la
Administración de Justicia, ya que hay que seguir ampliando las
plantillas; pero esa ampliación de plantillas se mantiene a un ritmo
desconocido, salvo en la anterior legislatura, en las anteriores. El
señor Ollero preguntaba por el porcentaje. Le puedo decir que del año
1990 al año 1994 el incremento del presupuesto en todos esos años fue
del 24,2 por ciento; en estos años, desde el año 1996 a nuestros
días, es del 70 por ciento. Pues bien, ese incremento presupuestario
de un 70 por ciento fundamentalmente se ha destinado al aumento de
plantillas, a creación de plazas en órganos judiciales servidos en
los distintos órdenes, en los distintos niveles, en las distintas
categorías, al servicio de la Administración de Justicia. Esos 1.100
nuevos puestos de trabajo suponen la posibilidad de que existan 103
nuevas plazas de magistrados y jueces, 148 de fiscales, 86 de
secretarios, 10 de médicos forenses, 115 de oficiales, 191 de
auxiliares, 98 agentes y 114 de laborales. Conviene destacar que esa
creación de nuevos puestos de trabajo está precisamente priorizando
la correcta entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la
Ley de Responsabilidad Penal del Menor.
En este sentido, en lo que se refiere a la Ley de Enjuiciamiento
Civil, la Comisión Mixta Ministerio de Justicia-Consejo General del
Poder Judicial ha hecho una intensa evaluación de las necesidades de
planta. Sabe usted que durante el año 2000 se han creado 4 juzgados
de primera instancia, 40 juzgados de primera instancia e instrucción
y 30 plazas de magistrado en las secciones civiles de las audiencias
provinciales, precisamente para hacer frente a la entrada en vigor de
la Ley de Enjuiciamiento Civil; cada uno de los juzgados tiene el
módulo correspondiente de secretarios judicial, 3 oficiales, 4
auxiliares y 3 agentes y que en el año 2000 se han creado también 36
plazas de fiscales. La entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento
Civil en materia de personal no tiene dificultad alguna. La planta
judicial estará en plenas y absolutas condiciones el próximo mes de
enero para administrar la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. Es precisamente esa Comisión Mixta, a sugerencia de quienes
conocen mejor las necesidades y han hecho la evolución del impacto de
necesidades, el Consejo General del Poder Judicial, quien se ha
decidido que no se haga una dotación por una única vez, sino que haya
una evolución en función del proceso de aplicación de la propia ley.
Quiero con eso significar que se va a hacer algo parecido a lo que ya
está contrastado y ha tenido un extraordinario éxito en su
aplicación, que es la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa. Quiero recordar que las mismas palabras
que he escuchado esta tarde de algún portavoz en relación con las
agoreras previsiones para cuando entre en vigor la Ley de
Enjuiciamiento Civil, de que iba a ser un auténtico escándalo, las
escuché yo a algunos portavoces de algunos grupos parlamentarios
acerca de la entrada en vigor de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa. Sin embargo, la realidad ha desmentido
esas apologéticas agorerías tan catastróficas y tan pesimistas; la
realidad es que la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
entró en vigor, lo hizo con normalidad, lo hizo a satisfacción, y hoy
sus resultados son evidentes y obvios, y es bueno recordarlos porque
se acerca la fecha del segundo aniversario de la entrada en vigor de
esa ley que, repito, tan agoreros y tan fantasmagóricos temores
generaron en algunos portavoces parlamentarios; ese capítulo de
fantasmales miedos hay que dejarlo a un lado.
De verdad yo quiero tranquilizar a S.S., y además sé que cuando
analice los datos, cuando lo vea con detenimiento va a coincidir
conmigo. La Ley de Enjuiciamiento Civil supone un impulso notable
para la mejora en la agilidad de la justicia que reciben los
ciudadanos en temas muy sensibles cuando demandan justicia, en temas
muy cercanos a la realidad cotidiana del ciudadano que se acerca a la
justicia. Estoy convencido de que todos, el Ministerio de Justicia,
las comunidades autónomas que tienen competencias, los distintos
operadores judiciales, todos vamos a ejercer con responsabilidad
nuestras competencias para poner, como siempre se ha hecho en el
mundo de la justicia, lo mejor de nuestra parte para que el
beneficiado en definitiva sea el ciudadano.
En materia de la Ley de Enjuiciamiento Civil no sólo hay que hablar
de capítulo 1 y por eso, si me lo permiten, ...
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, le ruego que...
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Pues no
llevo ni el 10 por ciento que pensaba decir, señor presidente.
(Risas.)
El señor PRESIDENTE: Le ruego que no consuma ya demasiados minutos
para terminar su exposición.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Entonces
acudiremos a la vía del informe escrito, pero, si me lo permite (como
veo que los portavoces aceptan que sigamos un poco más), comentaré
algo. Es bueno, de verdad, señor presidente (le agradezco su
amabilidad) contar las cosas, porque a veces es cierto que sobre la
Ley de Enjuiciamiento Civil y sobre la Ley del Menor se generan
algunos temores; pero tengo la experiencia en estos cinco meses de
que cuando se conocen los datos se diluyen inmediatamente los
temores. Por ejemplo, uno de los portavoces
hacía referencia a que el fiscal general del Estado decía que
no estaban en condiciones de que entrara en vigor. Bueno, el fiscal
general del Estado no ha hecho esa declaración, la ha hecho alguien
de la Fiscalía General, y la hizo justo antes de tener una reunión en
la cual (hasta por escrito me consta que ya sabe y) ya está
absolutamente convencido de que se han adoptado los medios. Los
medios son, con relación a la Ley del Menor, la creación de 33 nuevos
juzgados de menores y las 52 nuevas adscripciones de fiscales, que
van unidas a las 36 de este ejercicio y a las 148 plazas de fiscales;
todo esto supone ampliación de plantilla para el próximo ejercicio.
Fíjese usted que estamos hablando de 36 que se acaban de crear y de
148, que superan las 180 plazas, en una plantilla que era de 1.480
miembros, 1.400 plazas de fiscales; es decir, estamos hablando de un
incremento superior al 12 por ciento en tan sólo una anualidad en las
plazas de fiscales. Esto es exactamente lo que la memoria de la
Inspección y de la Fiscalía General reclamó para la entrada en vigor
de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor en todos sus tramos sin
ninguna matización y sin ninguna modificación, porque con ese deseo y
con ese horizonte ha trabajado desde el principio el Ministerio de
Justicia con el equipo anterior y con el actual. No es deseo del
Ministerio de Justicia posponer la entrada en vigor de la Ley de
Responsabilidad Penal del Menor, y por eso se han hecho los esfuerzos
no sólo de personal, sino también los presupuestarios en todos los
ámbitos absolutamente imprescindibles, así como normativos. Tan es
así que es una prioridad del departamento el que pueda entrar en
vigor con plenas garantías la Ley del Menor. Ya en el propio plan de
choque (la primera ley que se aprobó antes de llevar un mes en el
Ministerio el nuevo titular), y para darle el trámite de urgencia que
le corresponde, se incorporó como capítulo 2 las modificaciones de la
Ley de Planta, precisamente para que pueda entrar en vigor con plenas
garantías el próximo mes de enero la Ley del Menor.
Quiero darles otro dato que seguramente para ustedes va a ser
extraordinariamente alentador sobre las perspectivas positivas con
las que se puede afrontar con garantías la entrada en vigor de la Ley
de Responsabilidad Penal del Menor. La memoria económica que fue
elaborada (que vivió todo el trámite parlamentario y fue el elemento
de información que permitió que SS.SS. manifestaran en la pasada
legislatura el voto favorable a la Ley de Responsabilidad Penal del
Menor) en materia de magistrados de sala del menor establecía una
necesidad de 51 plazas, y se van a dotar 70 en los próximos
presupuestos; de médicos forenses no hacía mención, pero se van a
dotar 10; de secretarios se decía en la memoria 17, y va a haber 86
plazas; de oficiales 51, va a ver 115, y de auxiliares 49, y va a
haber 191. Yo tengo la convicción de que eso, unido al esfuerzo de
creación, avalada presupuestariamente consuficientes medios para los
equipos técnicos (tanto de
psicólogos, trabajadores sociales y educadores, en lo que es el
ámbito de competencia del Ministerio de Justicia, es decir, los
equipos técnicos para asesorar al ministerio fiscal en el nuevo papel
que le corresponde en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor), va
a ser suficiente. Me decía S.S. que cuántos no se inventan ni los
jueces ni los fiscales. Esté absolutamente convencido de que no se
inventan, por eso es por lo que tanto en la Ley de Enjuiciamiento
Civil como en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, amparados en
los presupuestos de 2000 y los de 2001, se viene realizando un
ambicioso programa de formación que cumple con 39 cursos monográficos
realizados ya para la Ley de Enjuiciamiento Civil, con 8 cursos
monográficos para fiscales, diseñados con la Secretaría Técnica de la
Fiscalía General, por los que ha pasado un número muy superior al de
fiscales que pueden desempeñar sus plazas en la aplicación íntegra,
insisto, de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor el próximo 13
de enero, y hay diseñado un número exhaustivo de cursos, de acuerdo
con las peticiones de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía
General para el próximo mes.
Y en cuanto a las obras o infraestructuras, adaptaciones de medios,
de salas de vistas, de medios audiovisuales o de medios para la
entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor (si SS.
SS. lo desean les remitiríamos todo el programa de ejecución de
obras) en este momento hay 32 obras en marcha relacionadas con la
ampliación de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, lo cual va a
permitir que en todos los lugares en los que le corresponde al
Ministerio de Justicia la realización de esas obras vamos a poder
disponer de los medios adecuados. Tan es así que los pequeños
problemas que han existido se han solucionado y singularmente el más
grave, en Melilla, ha sido solventado precisamente la semana pasada
por una gestión que hizo el propio director general de Relaciones con
la Justicia, desplazándose a Melilla, con la colaboración, que quiero
agradecer, del propio Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla.
De todas formas el capítulo no se agota ahí, el capítulo también
supone para la Ley de Responsabilidad Penal del Menor un ambicioso
plan de mejora en medios informáticos. Por eso, esta misma semana, el
miércoles tenemos una reunión con los responsables de todas las
comunidades autónomas para hacer una gestión integral del programa
informático. Podremos tener ahí un campo importante de prueba de
nuestra capacidad para modernizar la justicia, coordinando el
esfuerzo que les corresponde, ante el nuevo papel del ministerio
fiscal, el de las comunidades autónomas en lo que son medidas de
ejecución, el del Ministerio de Justicia y el del Consejo General del
Poder Judicial. Le daré la información escrita de la que dispongo
porque el presidente me carraspea insistentemente.
Yo no quiero dejar de hablar de muchos de los temas que se han
abordado, señor presidente. Si me lo permite, voy a hacer una rápida
mención de ellos, aunque en una segunda vuelta podemos hablar de
muchos de los que haya dejado sin tratar. En el capítulo 142.A me
preguntan si está prevista la Ley de Retribuciones. En este momento
nosotros tenemos un firme y decidido propósito: la modernización de
la justicia supone también la modernización de las retribuciones. Eso
lo saben los representantes de la justicia, los representantes de los
jueces y los fiscales, con los que he tenido ocasión de reunirme
específicamente para hablar de ese tema, y además estamos
absolutamente de acuerdo. Si usted se lee con detenimiento el
capítulo 1 (y sé que sabrá hacerlo), verá que estamos en condiciones
de empezar a trabajar en esa dirección.
Le preocupa el número de cobertura real de la plantilla. Estoy de
acuerdo, ha sido una preocupación del Ministerio de Justicia. Tan es
así que el número de interinos en el año 1996 era de 1.050 y hoy es
de 441; y tan es así esa preocupación que se manifestaba en el
servicio 1, Servicios generales del Ministerio, por saber por qué
aumentan funcionarios y reducen laborales, que nos ha llevado a
funcionarizar determinados puestos de trabajo. Estoy absolutamente
convencido de que esta explicación no sólo se entiende sino que
también se aplaude, puesto que es muy bueno dar garantía de plena
profesionalización, de plena funcionarización al personal al servicio
del departamento central del Ministerio de Justicia.
Se habla de la necesidad de dotación efectiva de medios para la lucha
contra la violencia doméstica. Se me ha preguntado específicamente
alegando un aumento sólo del 27,3 por ciento; o casi del 40 por
ciento el incremento que se produce en el capítulo relativo a
transferencias a los colegios de abogados. Exactamente es un 43 por
ciento lo que se incrementa en el capítulo Transferencias corrientes,
por un importe de 1.100 millones de pesetas, que se destinan
fundamentalmente a justicia gratuita, colegios de abogados
y procuradores (artículo 8, conceptos 3 y 4), y los nuevos planes de
acción contra la violencia doméstica que se aumentan en un 43 por
ciento. Precisamente esa cantidad de alrededor de 1.000 millones de
incremento para los colegios de abogados es porque el Ministerio de
Justicia ha solicitado de los colegios de abogados que realicen el
papel que al Ministerio de Justicia le corresponde en el plan contra
la violencia doméstica. Al Ministerio de Justicia no le corresponde
ni sustituir, ni expulsar de sus responsabilidades y competencias al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ni a las consejerías de
Asuntos Sociales de las comunidades autónomas. Al Ministerio de
Justicia lo que le corresponde es implantar y mantener las oficinas
de asesoramiento en los colegios de abogados, mediante convenios que
se han hecho con todos los colegios y con el Consejo General de la
Abogacía; la
incentivación de asistencia jurídica de letrados permanentes, de
guardia durante las 24 horas; la celebración de cursos de formación
especializada para que los abogados que atienden a las víctimas lo
hagan tanto con la cualificación técnica necesaria como con la
cualificación psicológica y preparación adecuadas para acercarse a la
víctima, para permitir que ella supere determinados condicionantes
que a veces le impiden interponer una demanda judicial; ha de
reconocer que el Estado de derecho puede tutelarles y ampararles; y
además debe potenciar los convenios de colaboración con otras
administraciones.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado...
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Voy
finalizando, señor presidente. Hay una pregunta extraordinariamente
interesante acerca de trabajos de otras empresas o profesionales. Esa
partida crece por una razón, porque en estos últimos años hay un
parque informático extraordinariamente importante trabajando en los
distintos órganos de la Administración de Justicia, y sabe usted que
los servicios de mantenimiento (desde los tóner, el papel, el
software) todo eso tiene un coste importante. Sin duda, en la medida
en que hay mayor gasto de inversión en informática, irá creciendo en
los servicios a terceros porque son el mantenimiento de ese parque
informático. En todo caso, es el momento también de que la justicia
no se resigne sólo a estar informatizada sino que se incorpore
plenamente a las nuevas tecnologías. La justicia debe impartirse con
arreglo a criterios de modernización. Es necesario aplicar la
justicia en la red, y por eso en estos Presupuestos Generales del
Estado hay distintas partidas que suman 7.500 millones para empezar a
trabajar con total modernización. Deseamos supere la informatización
de nuestros órganos judiciales para trabajar con plena comunicación
entre todas las decisiones y hacer la justicia más cercana, más fácil
y más ágil para los ciudadanos.
Me preguntaban por la abogacía del Estado. La plantilla se ha
cubierto en su convocatoria en todas las anualidades a las que hacía
referencia el señor portavoz y para el año que viene hay una
previsión de convocatoria de 25 plazas.
Son algunos temas los que quizás hayan podido quedar sin
contestación, pero, señor presidente, abusando de su benevolencia y
de la de los señores miembros de esta Comisión, he dado cumplida
respuesta a las muchas preguntas que se han hecho y a las muchas
cuestiones que se han transmitido, sin perjuicio de lo cual, señor
presidente, he de añadir yo tengo no sólo tiempo, sino intención de
sobra para seguir contestando, si la Presidencia lo considera
oportuno, a las cuestiones que formulen SS.SS.
El señor PRESIDENTE: Les concederé la palabra para un nuevo turno, si
así lo desean los Grupos Parlamentarios.
El señor Villarrubia tiene la palabra.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Le agradezco, señor secretario de
Estado, la exhaustiva intervención y el esfuerzo por contestar a una
parte de los temas que hemos planteado. Quedan bastantes preguntas
sin contestar, sin duda porque el 90 por ciento de su intervención la
ha realizado según lo que tenía previsto y ha estado explicando el
marco presupuestario global, señor Michavila. (El señor
vicepresidente, Seco Gordillo, ocupa la Presidencia.), Hay una serie
de valoraciones que mencionaré con muchísima brevedad, porque no
puedo dejar en paso ya que discrepo profundamente en algunos de los
planteamientos. Como el tiempo probablemente no dé de sí para
responder al resto de los temas, pese al segundo turno, nos damos por
satisfechos con que esa contestación se produzca por el mecanismo de
la respuesta escrita y la facilitación de documentación.
Mencionábamos como temas fundamentales (al menos voy a intentar
exponer lo que para mí han sido los asuntos que más me interesa
aclarar y no dejar en paso, utilizando esa expresión) que, por un
lado, es un síntoma inequívoco del buen funcionamiento del desarrollo
presupuestario el hecho de que en materia de justicia el grado de
ejecución sea alto. Compartirá conmigo la reflexión de que eso, que
en sí es cierto y dicho para la galería queda mucho mejor, no
sostiene un análisis mínimamente profundo, porque usted sabe mejor
que yo que este grado de ejecución es imperativo. Cuando partimos de
un presupuesto que no es desahogado, que difícilmente da cobertura a
gastos obligatorios, cuando además la mayor parte del porcentaje son
gastos de personal, las nóminas se tienen que pagar. Por tanto, no me
aplique ese criterio como concepto presupuestario global, porque si
pasáramos a ese aspecto yo le diría que, por ejemplo, el Ministerio
de Fomento ha ejecutado poco más del 30 por ciento. Ahí sí se ve la
eficacia, no es un gasto obligatorio, sí necesario para el futuro de
este país, y en 1999 ejecutamos poco más del 30 por ciento. Justicia,
aunque quisiera, no podría ejecutar el 30 por ciento porque el
noventa y tantos por ciento son gastos obligatorios de personal y de
gasto corriente y el resto del margen de gasto voluntario son sólo
unos puntitos de los cien; luego, no me utilice ese dato como algo
positivo de que vamos con buen rumbo. Ese dato sería adecuado si este
presupuesto estuviera multiplicado por tres y lleváramos una
ejecución por ejemplo del 90 por ciento, porque estaríamos hablando
(por poner un ejemplo didáctico) de unos gastos obligatorios del 35
por ciento y de lo otro, que sí es desarrollo no obligatorio y
preceptivo, de otro tanto, o de un porcentaje determinado. Yo creo
que se entiende perfectamente. Es inevitable el alto grado de
ejecución
de este presupuesto, tan inevitable que probablemente en algunos
casos ha habido que suplementarlos, como bien conocemos, porque era
manifiestamente insuficiente para cubrir los gastos obligatorios.
El déficit cero no era, en parte, el objeto de esta Comisión, pero
hago una pequeña reflexión, porque usted se ha extendido mucho. No
les podemos felicitar porque las vertientes han sido dos
fundamentalmente: una, el incremento de recaudación por la bonanza
económica, que se ha producido además en mayor medida en los
impuestos indirectos que en los directos, lo cual es más insolidario
y regresivo porque lo paga todo el mundo con independencia de su
capacidad adquisitiva; y dos (efectivamente lo apuntaba el señor
secretario de Estado), por la minorización de gastos, pero
lamentablemente ésta no ha sido en gasto voluntario sino
fundamentalmente en gastos de inversión, lo que deteriora e hipoteca
el desarrollo futuro en infraestructuras, etcétera. Luego no podemos
coincidir con esa valoración con ese optimismo del déficit cero para
aplicarlo luego, segunda parte que más nos importa y nos interesa en
este acto, que son los presupuestos de justicia, porque dice: aquí sí
priorizamos. ¿En cuánto priorizamos? ¿En 13.000 millones de pesetas?,
ya sabemos cuál es el crecimiento vegetativo y cuáles son las nuevas
obligaciones que hay que cumplimentar en función de la aprobación de
nuevas leyes, y no da de sí para más, no ya para más sino escasamente
para eso.
Esa es la realidad. Y el problema es, señor secretario de Estado, que
si no partimos de un diagnóstico adecuado difícilmente puede haber
una curación o una solución a un problema. Me quiero quedar con la
última frase que ha dicho, y es que la justicia requiere una atención
muy superior a la que se da; me quiero quedar con eso porque si no
estaríamos hablando en idiomas distintos y yo creo que el pacto de
Estado para la justicia requiere que intentemos, dentro de las
diferencias, hablar el mismo idioma. Y si utilizamos para unas cosas
datos homogéneos, los hemos de utilizar para todo, porque si decimos:
que no está la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en
estos presupuestos como en otros países de Europa, que no está lo de
las comunidades autónomas porque si no el presupuesto real sería
superior, es cierto, pero entonces el incremento no sería del 9 por
ciento, hablaríamos de un 3, y estaríamos por debajo de la media del
crecimiento del PIB en justicia este año. Esa es la realidad. O sea
que si cogemos los datos homogéneos, los cogemos para todo, no para
decir que el gasto es superior y el incremento es superior porque va
sobre una base mínima que es de 158.000 millones, que son los que
teníamos aquí. No hay un incremento del 9 por ciento sobre 500.000,
hay un incremento del 9 por ciento sobre 158.000, en definitiva de
13.000 millones. Hablemos de habas concretas, hablemos de pesetas.
Esa es la realidad, y la realidad es que no se recoge mínimamente lo
que es un desarrollo real y potencial y
una modernización de la Administración de justicia, y eso en un
momento de bonanza económica, y eso en un momento en que se dice que
esto es prioritario. Esta prioridad son sólo unos pocos kilómetros de
autovía o autopista, como más les guste a ustedes, ni más ni menos,
luego no hay esta prioridad. Me alegro de que haya esa voluntad, pero
desde luego aún no está recogida en este presupuesto, como las
atenciones a la Ley de responsabilidad penal del menor y a la Ley de
Enjuiciamiento Civil. Me está reconociendo expresamente que en las
dotaciones del 2001 se pretende dar cobertura, no sólo se da
respuesta a esa necesidad de personal. Luego si la ley entra en vigor
en enero, no estamos en condiciones de que se aplique con eficacia.
Tampoco me ha contestado, entre otras muchas cosas, a la evaluación
de costes de entrada en vigor de esta ley por comunidades autónomas.
No pretendo que lo haga ahora, pero sabe que es un problema
importantísimo. En cuanto al número de puestos de trabajo pasa lo
mismo. No son superiores ni históricos (me alegro de que no haya
utilizado hoy la palabra histórico) porque son inferiores a los del
año pasado, inferiores a los de 1999 en las propias previsiones del
Partido Popular. Y no dice cuántas bajas hay, que también es
interesante conocer el número de bajas. Muy hábilmente ha eludido las
obligaciones materiales. Dice: personales..., con la cobertura de
todo..., si efectivamente... Pero vamos a ver un dato. No hay más que
pisar los juzgados, y yo los piso menos de lo que quisiera por las
obligaciones que aquí tengo, pero vamos a los juzgados de primera
instancia. Me puede decir, señor Michavila, de verdad -y esto no se
arregla en un día, también lo sabemos-, ¿tiene cada juzgado una sala
para la celebración de vistas?, que es imprescindible para la
aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Tienen dos cámaras de
grabación en cada sala, televisión, vídeo reproductor y la
correspondiente dotación de cintas de grabación? Tienen todos los
juzgados grabadora de sonido, una terminal de ordenador en cada sala,
el programa informático acondicionado para que los procedimientos de
la antigua ley y de la nueva que entre en vigor vayan siguiendo su
curso y su cauce? ¿Tienen cámara de video portátil para practicar los
reconocimientos judiciales preceptivos cada juzgado?, etcétera,
etcétera. Sabe que no, lamentablemente no. Supongo que no se
referiría - porque a mí me gusta entrar directamente en las cosas,
y en los errores, por qué no, si hay que reconocer alguno- a la Ley de
la Jurisdicción contencioso-administrativa, desde luego que no ha
sido este portavoz tan mal agorero, desde luego que no; sí que
pusimos en evidencia algunas cuestiones y el tiempo nos ha dado la
razón. La cuestión que pusimos en evidencia es que también íbamos con
retraso, que la cobertura fue tardía, que la puesta en funcionamiento
de una parte de los juzgados fue tardía. Todavía hoy -y no me ha
contestado- tenemos personal no profesionalizado, como pretendemos,
prestando servicios en muchos juzgados de lo contencioso
administrativo.
Y sí que es verdad que es una jurisdicción que empieza a dar
resultados positivos. Pero no se le oculta, señor secretario de
Estado, que en los dos primeros años el número de pendencia en lo
contenciosoadministrativo siguió aumentando. También es verdad que
con una nueva ley hay una nueva perspectiva y el número de asuntos
objetivamente se incrementan, pero lo cierto es eso, objetivamente, y
por fin este año en el primer semestre la inercia empieza a bajar y
tenemos poco más de 300.000 asuntos pendientes frente a los casi
330.000. Esta es la realidad. ¿Por qué? Porque no se previó con la
suficiente antelación y por eso los frutos se empiezan a recoger más
tarde. Y no es sólo que los frutos -suponiendo que los haya- se
empiecen a recoger más tarde, sino que nos tememos que si no
modificamos ciertas cuestiones -y no es momento procesal este para
entrar en ese debate en profundidad- los frutos probablemente no sean
los deseables.
Naturalmente que esta ley tendrá que mejorar el funcionamiento de los
juzgados y tribunales. ¡Estaría bueno! Pero no hemos aprovechado en
su totalidad, a nuestro juicio, la oportunidad que teníamos para que
esto fuera mucho más positivo y no haya un escándalo (ojalá me
equivoque, de verdad que deseo equivocarme) en la aplicación de la
Ley de Enjuiciamiento Civil por falta de medios humanos, que pueden
suplirse con mayor celo en un momento corto y puntual, sino por falta
de medios materiales. Y lo mismo pasa con la Ley de responsabilidad
penal del menor. Pero sabe perfectamente que estamos intentando
dentro de un año dar cobertura a la cuestión que tendría que estar
resuelta antes de primeros de enero de 2001. Eso es una realidad
objetiva. Si no queremos ni reconocer eso, difícilmente también -como
decía usted antes- podemos entendernos.
Voy a un tema puntual para que corrija el error matemático. No me he
equivocado en el incremento al Colegio de Abogados, que es de 3.298 a
4.200, el 27,3 por ciento y no el cuarenta y tantos. Me da igual, lo
importante es que se dé cobertura, pero no le reconozco ese pequeño
error, y se lo digo para que lo corrija y no lo tenga en la
documentación que le han facilitado.
Dejamos pendientes cantidad de temas porque no da tiempo para seguir
profundizando en ello. Simplemente hago estas valoraciones y le digo
que cuide el diagnóstico. Sabe perfectamente que no partimos de buen
barbecho porque la base es baja. Puedo llegar a reconocerle como
bueno que en todo el sistema democrático, desde la transición, no se
ha priorizado suficientemente a la Administración de justicia; se lo
doy por bueno. Pero no digamos, salvando sólo su gestión, que estamos
en buen barbecho para recoger buenos frutos, porque si el diagnóstico
no lo tenemos mínimamente adecuado, la curación de la enfermedad, que
hoy es el servicio público de la justicia, va a resultar bastante
complicada y bastante difícil. Y no juguemos, de cara a la opinión
pública sí, lo puedo entender políticamente, pero para resolver el
problema de verdad, y usted lo
sabe, hace falta un esfuerzo presupuestario mucho mayor y desde ya.
Lleguemos a ese compromiso, no para cuatro años, para diez, con
independencia de quién gobierne, para que este país y sus ciudadanos
tengan la justicia que, como decía la ministra el año anterior, se
merece, pero que desde luego no es la que tienen hoy.
El señor VICEPRESIDENTE (Seco Gordillo): Por el Grupo Popular tiene
la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: No vamos a entrar en debate con el Grupo
Socialista, tiempo habrá cuando se debata esta sección en el Pleno,
no es el momento oportuno, a pesar de la perplejidad que me han
causado muchas de las cosas que acabo de oír. En todo caso, creo que
es bueno dejar claro que mi grupo sí sabe lo que es una comparación
de presupuestos en términos homogéneos. Si se han producido unas
transferencias a las comunidades autónomas, quiere decir que hace
cinco años figuraban en presupuestos unas cantidades que ahora siguen
figurando pero en un capítulo que es el de transferencias a las
comunidades autónomas. Por tanto, se produciría un espejismo y se
daría la sensación de que se está dedicando menos dinero a la
justicia cuando no es así. Es obvio que eso significa una comparación
en términos homogéneos. Si a eso se añade la cuestión de la dirección
general de Instituciones Penitenciarias estamos en las mismas. Si
entendemos que el dinero que se dedica a Instituciones Penitenciarias
es dinero quitado a la justicia, estaríamos dando una sensación que
no se corresponde con la realidad. No entendemos en qué medida eso
pueda favorecer o no el incremento. Solamente en el caso de que
Instituciones Penitenciarias no haya crecido en un 8 y pico por
ciento, al no estar vinculado a este Ministerio, favorece al balance
de este Ministerio, lo que no deja de ser un piropo a este
Ministerio, al margen de que no sé cuál ha sido la evolución de
Instituciones Penitenciarias porque no es mi negociado y, por tanto,
no he estudiado esos datos. Hasta ahí, aun siendo de letras, llego
con cierta facilidad.
Quiero expresar la satisfacción de mi grupo al comprobar que no se
trata ya de que el presupuesto que ahora estamos analizando se
incremente en un 71 por ciento respecto del presupuesto de 1996, lo
cual era fácil dado el presupuesto de 1996, sino que nos parece muy
positivo que este presupuesto se incremente en un 48,72 por ciento -y
si me equivoco el señor secretario de Estado me enviará datos más
ajustados- respecto del de 1997, que era ya un presupuesto serio; o
que en lo relativo a tribunales y fiscalía, que se incrementa en un
78,30 por ciento respecto de 1996, lo cual no tiene mayor mérito, se
incremente en un 50,12 respecto de 1997. Esas cifras sí nos parecen
consistentes porque el punto de referencia es serio y no es alancear
al moro muerto, como se decía en otros tiempos.
En cuanto a las plazas creadas, tenemos que expresar satisfacción al
comprobar que son 846, porque he ido sumando todos esos datos que nos
ha dado el secretario de Estado sobre los diversos cuerpos al
servicio de la Administración de justicia y son 846; si comparamos
esas plazas con las 324 del último Gobierno socialista, resulta una
comparación elocuente, lo mismo que hablar de 103 en la cátedra
judicial y no de 51, lo que también parece bastante elocuente.
A nuestro grupo le parece especialmente significativo y satisfactorio
que las leyes, como se ha dicho -y lo tenemos aquí anotado en la Ley
de lo contencioso-, se estén haciendo con el acompañamiento
presupuestario adecuado. Otro gallo habría cantado si el Código Penal
se hubiera hecho así, pero todos sabemos que no y todos sabemos que
eso convierte en papel mojado bastantes bienintencionadas previsiones
de ese texto tan jaleado en su día. La Ley de lo contencioso se hizo
y los juzgados se pusieron en marcha. A don Pablo Castellano, ausente
hoy aquí, desgraciadamente, porque siempre era un punto de referencia
muy admirado, le costó una cena porque estaba convencido de que no
iba a haber juzgados de lo contencioso; lo dijo él públicamente en un
Pleno. Yo animo al señor Villarrubia a hacer lo mismo, apostarse una
cena respecto a los menores, y al final veremos quién es el pagano.
Lo que está claro es que se crean 129 plazas de fiscales y en 1995
sacaron 8, y no se va a arriesgar respecto a la apuesta. Las plazas
ahí están, hay un número de fiscales previsto para los menores y
parece lógico que la puesta en marcha se haga gradualmente, como es
razonable. No creo que eso pueda extrañar a nadie en sus cabales.
Respecto a la objeción de conciencia, el señor secretario de Estado
no nos ha dado el dato pero, dividiendo, calculo que el costo por
objetor puede estar por las 44.000 pesetas -ya me corregirá por
escrito si no es asi- cuando en 1995 estaba en 85.000. Esto ha sido
una ruina para algunos grandes almacenes porque ya no se compran
ollas a presión, pero es lo que hay, es una realidad.
En cuanto a las comunidades autónomas, igual. Ya nos ha explicado que
cada una ha convenido los términos. Por cierto, conviene no olvidar
que el capítulo de las transferencias a comunidades autónomas va a un
apartado distinto de justicia y que, por supuesto, no es una
inversión finalista. Por tanto, la Comunidad Autónoma de Andalucía
puede, y de hecho lo hace, gastarse ese dinero en cosas que nada
tienen que ver con la justicia y pretende luego que se le vuelva a
dar porque se han creado nuevos órganos judiciales cuando resulta que
en las transferencias se empeñaron en que se les diera el dinero de
las inversiones, no como Cataluña, que dijo que no se le diera el
dinero de inversiones, que ya se le daría cuando crease órganos
judiciales. En Andalucía, se gastan ese dinero en Canal Sur, o donde
sea, en alguna otra inversión rentable políticamente, y luego piden
dinero porque hay nuevos órganos judiciales.
¡Pero sí han recibido ya el dinero!. Es un asunto que también ha
quedado indirectamente explicitado.
Solamente me queda expresar la satisfacción de nuestro grupo al ver
no ya que se resista de una manera bastante positiva la comparación
con los presupuestos de los gobiernos socialistas anteriores, es que
resiste brillantemente una comparación con los presupuestos de
gobiernos populares anteriores, lo que tiene mayor mérito a beneficio
de los ciudadanos y a juicio de nuestro grupo.
El señor VICEPRESIDENTE (Seco Gordillo): Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Señor
presidente, quería empezar con un reconocimiento a cada uno de los
portavoces. Uno, al señor Ollero. Reconozco con usted que se echa de
menos al señor Castellano; he tenido la ocasión de compartir con él
muchos años de escaño y de debates parlamentarios y es cierto que
siempre aporta un tono extraordinariamente ágil en sus
intervenciones. Otro reconocimiento al portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista. Si así se me ha entendido, me he equivocado
en la partida del Colegio de Abogados, lo reconozco abiertamente;
quizá me haya expresado mal. Lo que quiero decir no es que la partida
del Colegio de Abogados suba un 40 por ciento, sube la partida
concreta de violencia doméstica en un 42 por ciento. La del Colegio
de Abogados sube 1.000 millones, básicamente destinados a la
violencia doméstica. Por esta razón ahora hago un reconocimiento de
error propio. El aumento de la partida de violencia doméstica más los
1.000 millones a los colegios de abogados suponen un incremento de
más del 1.400 por ciento en relación con lo dedicado, en el ejercicio
anterior, a violencia doméstica. Hay que tener en cuenta, además, que
lo que corresponde al Ministerio de Justicia en el ámbito de los
planes primero y segundo que se están elaborando es, por una parte,
las iniciativas legislativas, en las que se trabajó intensamente para
el primer plan, de lo que usted es consciente, y se está trabajando
intensamente para el segundo plan; de esto usted no es consciente por
que no hemos tenido ocasión de hablarlo, pero estaré encantado de
hacerlo yo personalmente o alguna de las personas del Ministerio de
Justicia que se está dedicando singularmente a esta cuestión. En este
sentido quiero destacar el trabajo de Montserrat Gil, que lleva
tiempo dedicada a los temas de violencia doméstica, en contacto con
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha supuesto un notable
incremento en la eficacia del trabajo que se hace por los colegios de
abogados. De ahí el incremento de 1.000 millones en esa partida que a
usted le sorprendía inicialmente. Cuando lo he explicado, decía que
si son para abogados está bien; es que no son para abogados, son para
que sean atendidas en las oficinas las personas que han
sufrido violencia doméstica. Esa es la explicación de la cuestión.
Querría hacer algunas menciones. No he usado la palabra histórico y
no sé por qué puesto que soy historiador. Le voy a decir una cosa. De
sus intervenciones se deduce que podemos vivir un momento histórico
puesto que estamos muy de acuerdo en muchas de las cosas, y aquí
estamos parte de los interlocutores que el día de mañana -y espero
que el mañana sea literal y no poético, es decir muy lejano-, pronto,
podamos sentarnos a hacer ese pacto de Estado que necesita nuestra
justicia; en realidad, están representados los dos grandes partidos
mayoritarios que deben ser los interlocutores fundamentales de ese
pacto de Estado. Debe ser un pacto global, es decir que dé coherencia
al conjunto de reformas parciales que se hagan en el ámbito de la
justicia, pero también debe ser un pacto estable. Ese es el deseo del
Gobierno cuando ofrece un pacto de Estado. Estable quiere decir que
lo que se defina en ese modelo de justicia sirva no para la mayoría
actual porque si no no lo haríamos mediante pacto, sino directamente,
porque existe una mayoría suficiente para tomar decisiones. Si se
hace mediante pacto es porque lo que deseamos y lo que creemos que es
bueno para los ciudadanos y para la justicia y lo que creemos que
demanda nuestra sociedad democrática para tener el cierre de plenitud
de garantía de los derechos y libertades es que el modelo que
definamos sea bueno para la mayoría actual y para la mayoría
distinta, que algún día cambiará; no creo que sea pronto, pero algún
día cambiará.
Por eso me satisface y creo que el momento es histórico, en la medida
en que si aprovechamos correctamente las circunstancias, el buen
momento económico y presupuestario que vive la justicia con estos
presupuestos y que vive el país, fruto de cuatro años de esfuerzo, de
consolidación presupuestaria hacia el déficit cero, podremos hacer
algo que con el tiempo acabará siendo histórico. Estos presupuestos
no son históricos, aunque sí puede ser histórico el correcto clima
para hacer ese necesario pacto de Estado.
Se insiste en la necesidad del diagnóstico correcto y estoy
absolutamente de acuerdo. Es evidente que un pacto de Estado
necesitará un programa económico serio y riguroso que lo respalde, y
es evidente que dicho programa es absolutamente inviable si las
políticas de gasto deben destinarse a otras prioridades. El
presidente del Gobierno, en su investidura, dijo que la justicia iba
a ser una prioridad de la legislatura, y por eso hay una traslación
no sólo cuantitativa sino cualitativa a las cifras, a los artículos,
a los conceptos, a los capítulos y a los servicios de toda esta
compleja jerga presupuestaria de la que se deduce que hay una apuesta
decidida y seria por agilizar la justicia, por dotarla de mayor
profesionalización, de mejores medios, de medios más eficaces y
ágiles.
En ese entorno macro se me ha dicho algo que no puedo dejar de
mencionar, aunque no sea objeto directo de la comparecencia, y es que
lo que aumentan son los impuestos directos. Sé que todos los que
estamos aquí pagamos nuestros impuestos. (El señor Villarrubia
Mediavilla: Indirectos.) Perdón, que lo que aumentan son los
impuestos indirectos. Los impuestos indirectos se mantienen porque
han bajado notablemente los directos. Me alegra saber que esa bajada
de los impuestos directos es hoy filosofía política comúnmente
compartida y que algo que me costaba explicar mucho en los años 1996,
1997 y 1998 es que para que la economía entrara en ese círculo
virtuoso en el que quien creara empleo fueran los pequeños y medianos
empresarios lo que hacía falta era bajar los impuestos. Antes no se
entendía, hoy afortunadamente -veo que en esto la doctrina ha
circulado rápidamente- también entiende el nuevo secretario general
del Partido Socialista y el portavoz del Grupo Socialista que es
bueno bajar los impuestos directos.
Me pide que le diga a las comunidades autónomas que crezca también su
presupuesto yo no lo puedo hacer. Si me dice que está creciendo el 10
por ciento, hago lo que me corresponde, tratar de que la sección 13,
en el capítulo de justicia de los Presupuestos Generales del Estado,
crezca. Me está diciendo que la política de justicia crece el 10 por
ciento, pero si lo aplicáramos al medio billón que supone la política
de justicia, es decir, instituciones penitenciarias y comunidades
autónomas, no crecería el 3 por ciento, con lo cual usted me está
dando por supuesto que sabe que las comunidades autónomas no van a
crecer nada. No sea tan injusto porque hay comunidades autónomas que
crecen. Por ejemplo, le puedo decir que la Comunidad Autónoma
Valenciana ha crecido en los últimos años incluso por encima del 10
por ciento, y estoy convencido de que alguna otra comunidad autónoma
-aquí hay algún representante también que trabaja y hace justicia en
alguna otra comunidad autónoma- también ha crecido incluso por encima
de esa media. Es decir, si sumamos el crecimiento de esas comunidades
autónomas seguramente tendríamos un diagnóstico más claro. No podemos
coger el crecimiento de la parte por el todo, puesto que hacemos un
análisis no riguroso. Sí es riguroso decir que el crecimiento de
justicia se acerca al 10 por ciento, el 9,7 por ciento, con un
déficit cero. Eso es un análisis extraordinariamente correcto porque
no es sólo cuantitativo sino también cualitativo.
Tenemos la garantía plena de que cuando entre en vigor la Ley de
Enjuiciamiento Civil los medios van a funcionar. Es cierto que
alguien quiere medios de cinco estrellas, y es lícito que uno busque
medios de cinco estrellas cada vez que se desplaza o se traslada,
pero estoy absolutamente convencido de que las salas de vista, los
elementos de producción, los de grabación y el personal están
funcionando en la fecha prevista. Estoy convencido porque el programa
de inversión del
Ministerio es extraordinariamente elevado. Usted me decía que Fomento
ha ejecutado el 30 por ciento. Para ustedes ejecutar el 60 por ciento
de media, toda vez que su presupuesto básicamente es capítulo 1, no
tiene mucho mérito. Podría ser cierto que no tendría mucho mérito
haber ejecutado todo si el 60 por ciento fuera del capítulo 6, pero
es que resulta que en el capítulo 6, el de infraestructuras, el grado
de ejecución supera a la media del Ministerio, lo que hace falta para
que las sedes y locales de la justicia estén en vigor en la Ley de
Enjuiciamiento Civil y en la Ley de responsabilidad penal del menor.
Es decir, está en un 70,49 por ciento de ejecución el capítulo 6. O
sea, de los 8.723 millones de pesetas hay un compromiso de gastos por
6.042 millones de pesetas a fecha 29 de septiembre, lo cual
manifiesta claramente que en ese capítulo que a usted le preocupa
tanto de que las salas de vista, de reproducción, de grabadora y de
medios materiales no estemos en funcionamiento, sí lo vamos a estar.
No me voy a meter con ningún Ministerio y menos con el de Fomento, a
cuyo ministro actual le tengo un extraordinario y especial cariño por
razones obvias, porque he trabajado con él cuatro años, pero me da
usted una alegría esta tarde. Tenemos un grado de ejecución superior
al doble del del Ministerio de Fomento, que usted cifró en el 30 por
ciento. Nosotros en partida de inversiones en infraestructura y
medios materiales estamos en el grado de ejecución del 70,49 por
ciento, y lo que voy a a hacer no es comparaciones con nadie sino
felicitar al subsecretario del Ministerio de Justicia porque creo que
es un gran éxito el conseguir un tan alto grado de ejecución en la
partida más sensible.
Personal no profesionalizado en el ámbito de la Ley de la
jurisdicción. Efectivamente, en el ámbito de la jurisdicción nos
encontramos con que la entrada en vigor inicialmente reclamó de
mayores sustitutos, pero en todo caso lo que yo le he dicho es la
respuesta. Por eso no me puede decir que no le he respondido. Yo le
he respondido. Nuestro deseo es que sobre la plantilla de 3.900
jueces y magistrados, en un horizonte de tres o cuatro años, todos
los que impartan justicia como jueces o magistrados, sea de lo
contencioso, sea de lo civil, sea de lo social, sea del menor o sea
de lo penal, sean profesionales. Ese es nuestro deseo y, como usted
lo comparte, lo que me gustaría oír es si van a apoyar el plan de
choque que persigue precisamente eso, y que persigue la plena
profesionalización de la plantilla. Si no la va a apoyar, lo que no
sé es cómo se consigue al mismo tiempo sorber y soplar; no sé cómo se
consigue pedir plena profesionalización lo antes posible y al mismo
tiempo decir que no se quiere la plena profesionalización. Me cuesta
entenderlo y estoy convencido de que por mucho que se me explique
nunca lo voy a entender, salvo por una cosa, y es que haya que decir
que no por motivos estratégicos o del corto plazo. Salvo por ese
motivo no puedo entender otra explicación,
porque comparto el análisis de que es necesario profesionalizar
plenamente la plantilla. No sólo lo comparto sino que después de
haber tenido experiencia en cinco administraciones distintas, cuando
llego al departamento de Justicia y veo que precisamente una de las
carencias es que hay una plantilla cubierta por sustitutos, advierto,
como advertimos todos, que ocurre exactamente lo contrario de lo que
ocurre en los demás servicios públicos, en donde lo que faltan son
plazas para profesionales. Aquí hay plazas para profesionales no
cubiertas por profesionales. Por eso es por lo que el ministro de
Justicia puso en marcha este plan de choque para hacer la plena
profesionalización de la justicia, que además no responde a un
criterio aislado. Ese criterio extraordinariamente sano se aplica
también en casa propia porque nadie da lo que no tiene. Desde luego
si el Ministerio de Justicia en su propia sección, servicio 01, es
decir, servicios generales, no se aplica esa medicina, tampoco es
fácil aplicarla al mundo de los jueces y magistrados. Por eso también
nosotros disminuimos la partida de laborales, para proceder a la
funcionarización. Por eso también cuando hablamos del capítulo 1
aumentamos el artículo 12, y no el artículo 11 ni el artículo 10 ni
el artículo 14, el capítulo 1 del programa 142.A, porque mantenemos
con coherencia la misma filosofía de la plena profesionalización.
Me dice: Créenlos ya. Esto lo decían también antes. Lo que le digo es
que esas plazas van a estar funcionando cuando entre en vigor la ley
y que además el personal va a estar formado. Eso es lo importante ¿De
verdad cree usted que nos tolerarían los ciudadanos y nos toleraría
la oposición que este Gobierno creara plazas para que unos señores
estuvieran cruzados de brazos tres, cinco, seis meses o un año? Creo
que sería intolerable ante la opinión pública y ante los ciudadanos
que creáramos y dotáramos las plazas de la Ley del menor en el mes de
junio del año 2000 cuando la ley va a entrar en vigor el 13 de enero
de 2001. Esas plazas de fiscales hay que crearlas y dotarlas para que
entren en vigor el 13 de enero de 2001 ¿Cree usted que podemos
derrochar tanta gente y poner de brazos cruzados a fiscales
y magistrados? No vale ese discurso de: créenlos. Esas plazas el 13 de
enero estarán plenamente funcionando, estarán en vigor y estarán
cubiertas y dotadas. Además, insisto en otro elemento que es
importante y que no es criterio del Ministerio de Justicia, que es
criterio de quien tiene la responsabilidad de dotar las plazas
creadas, porque sabe usted bien que la política de creación de
plazas, muy ambiciosa en los últimos cuatro años, tiene que ir
también acompañada de una política muy ambiciosa de dotación de las
plazas creadas. Y cuando se reclama que se amplíen las plazas y no
hay coherencia en la política de dotación, se producen evidentes
desfases. Pues bien, quienes tienen que hacer la dotación de las
plazas (porque el ritmo de creación creoque está suficiente y
satisfactoriamente avalado por la
experiencia del propio impulso del Ministerio de Justicia en estos
ejercicios presupuestarios y de las partidas presupuestarias para el
próximo año) para que no se produzca ese desfase, es decir los
representantes del Consejo General del Poder Judicial en la Comisión
Mixta, ya están cerrando con el Ministerio de Justicia el proceso de
dotación de esas plazas. Y ellos mismos han propuesto un criterio que
a mí me parece no sólo extraordinariamente inteligente sino riguroso
y racional en aras a utilizar de la mejor manera posible los recursos
económicos disponibles, que es el de la evaluación del proceso de
demanda real de entrada envigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En el próximo mes de enero -y no se les oculta a ustedes- se produce
un corrimiento de responsabilidades en el mapa de la jurisdicción;
jueces de instrucción dejarán de ejercer la instrucción en relación a
los delitos de los menores de 18 años, incluso, en los términos de la
propia ley, en el tramo de los 18 a los 21 años. Esto supone una
descarga notable para los juzgados de instrucción, carga que se
traslada al ministerio fiscal, razón por la cual se incrementa en 148
el número de plazas en la carrera fiscal. Evidentemente los jueces de
instrucción, según el Consejo General del Poder Judicial y según la
memoria para la entrada en vigor de la Ley del menor, que está
elaborando en este momento la sección de estudios -cuyo ponente
además es Ester Jiménez Salinas, que esto se lo sabe- precisamente lo
que piden es una entrada en vigor paulatina para ver qué juzgados de
instrucción quedan descargados y pueden ser juzgados mixtos de
instrucción y de primera instancia y qué juzgados de primera
instancia es necesario crear, sin perjuicio de lo cual, insisto, ya
el Ministerio de Justicia ha previsto una creación de plazas muy
superior a la prevista en la propia memoria de la Ley del menor y muy
superior a la inicialmente reclamada por el Consejo General del Poder
Judicial en lo que se refiere, específica y singularmente, a la plena
entrada en vigor con garantías de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Creo que es bueno no generar alarmas. No me refería antes a ningún
portavoz de los aquí presentes cuando he hablado de las alarmas con
relación a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, me
refiero a mi experiencia como anterior secretario de Estado de
Relaciones con las Cortes, que sí que veía a muchos portavoces de
grupos parlamentarios, alguno del Grupo Parlamentario Socialista, que
generaban una gran alarma en relación a la entrada en vigor de la Ley
de la Jurisdicción; al final entró en vigor y hoy reconocemos que es
satisfactoria. Estoy convencido de que va a ocurrir lo mismo con la
Ley de Enjuiciamiento Civil y lo mismo también con la Ley de
responsabilidad penal del menor.
Hay alguna cuestión que me plantea el señor Ollero en relación a la
objeción de conciencia. Disculpe que antes no le contestara porque no
me dio tiempo. Creo
que en el servicio 05, objeción de conciencia, programa 313.F, hay
algunos temas extraordinariamente importantes. En un programa que,
como he dicho antes, disminuye en un 11 por ciento. Es importante
porque de una parte hay una previsión de disminución del número de
objetores de conciencia que va a estar efectivamente realizando la
prestación -se presupuestaron 140.000 para el ejercicio actual, ahora
el presupuesto es de 125.000-, pero también, como les he apuntado,
por el coste-mes de cada uno de los objetores, que se ha reducido -y
tiene usted razón en esas cifras que recordaba- a casi la mitad, de
85.000 pesetas- mes en el año 1996, a 44.000 pesetas-mes en el año
actual.
Yo no sé si la benevolencia de la Presidencia me permitiría seguir
contestando algunas cuestiones referidas a la primera intervención.
El señor VICEPRESIDENTE (Seco Gordillo): Sí, pero hágalo con
brevedad, señor secretario.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Quiero
referirme a algunas de las cuestiones que se han planteado por
algunos de los intervinientes.
En concreto, en relación con la Abogacía del Estado, con el número de
plazas del servicio jurídico del Estado, quiero destacar un dato muy
importante. Es un capítulo que tiene un refuerzo económico por una
razón. El Ministerio de Justicia ha decidido impulsar un proceso de
unificación del servicio jurídico del Estado, del cuerpo de abogados
del Estado, de tal manera que estas personas tan cualificadas y tan
preparadas, que trabajan en defensa del Estado de derecho y de los
intereses que el Estado representa de todos los ciudadanos, tengan,
de una parte, una mayor unidad orgánica, y, de otra, mayores
posibilidades de desarrollo profesional. Se ha comentado antes por el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista su preocupación por la
cobertura. He señalado que se han cubierto todas las oposiciones. El
problema en la Abogacía del Estado está en la descapitalización
humana que supone el abandono del servicio activo. Precisamente, para
evitar ese abandono del servicio activo es por lo que se han tomado
un conjunto de medidas. Como saben ustedes, desde que se tomó
posesión por el nuevo equipo, se le dio un mayor rango a la Dirección
General del Servicio Jurídico del Estado, lo cual da una mayor
fortaleza de gestión, de promoción de actividad y también de decisión
en el ámbito curricular y retributivo del personal al servicio de la
Abogacía del Estado. De otra parte, el 4 de agosto, se consiguió la
unificación de la RPT, la relación de puestos de trabajo, toda ella
dependiendo del Ministerio de Justicia. Esto sin duda supone una
capacidad de generar un currículum de destinos en la medida en que en
lo sucesivo los destinos de la Abogacía del Estado vienen orientados
y marcados por la
Dirección General y no en función de una oferta o demanda unilateral
de los servicios, bien sean periféricos o bien de los distintos
departamentos ministeriales. Esto permite, a su vez, una gestión
integral mucho más racional y tiene un apoyo en un sistema
informático que viene impulsando la Dirección General y que tiene un
respaldo presupuestario muy notable en el programa al que he hecho
referencia.
En relación con el proceso de informatización de los registros
civiles, no quiero dejar de mencionar que en el programa 146.B, de
registros civiles, hay una reducción presupuestaria debida
fundamentalmente a que la parte del proceso informático de gasto
inicial se cubrió ya, y ahora de lo que se trata -y es cierto que es
un proceso que está en marcha- es de la implementación de la
informatización de los registros civiles, y quiero hacer buena
mención: es exclusivamente de los registros civiles.
Concluyo ya, señor presidente, dando las gracias a los portavoces por
su paciencia, porque sé que esta comparecencia ha sido muy larga,
pero creo que el hecho de que haya sido larga es positivo, porque las
intervenciones de los portavoces también lo han sido, lo que
demuestra que de verdad quienes están aquí presentes se toman en
serio el trabajo que entre todos podemos hacer, que es conseguir una
justicia más ágil, más moderna y más eficaz.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Seco Gordillo): Muchas gracias, señor
secretario de Estado de Justicia. Agradezco también la intervención
de los distintos portavoces.
Concluido el examen del orden del día, se levanta la sesión.
Eran las ocho y diez minutos de la noche.
Nota.-El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Justicia e
Interior, del lunes, 9 de octubre de 2000, no guarda la relación
cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los
«Diarios de Sesiones» ya elaborados.