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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 21, de 27/10/1993
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1993 Núm. 21 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 19
celebrada el miércoles, 27 de octubre de 1993
Página
ORDEN DEL DIA:
--Preguntas (Página 714)
Interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre medidas que piensa adoptar el
Gobierno para asegurar que el descenso en los tipos de interés
del dinero tenga su adecuado traslado al mercado hipotecario
en las mejores condiciones económicas para los deudores
(número de expediente 172/000013) (Página 733)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los
principios de política general que aplicará el Gobierno en
relación al Ente Público RTVE, al objeto de conseguir el
adecuado funcionamiento del mismo como servicio público con la
estabilidad económico-financiera que es precisa (número de
expediente 172/000014) (Página 742)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
22, de 28 de octubre de 1993.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas (Página 714)
Del Diputado don José Juan González de Txábarri Miranda, del
Grupo Vasco (PNV), que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las
razones por las que el Ministerio de Cultura no actúa en
materias de su exclusiva competencia, y cuándo destina
recursos presupuestarios a programas de competencia exclusiva
de las Comunidades Autónomas? (Número de expediente
180/000097) (Página 714)
Del Diputado don Antonio Romero Ruiz, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que
formula al Gobierno: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno
para eliminar la práctica de contratos «blindados» en la
Administración Pública, así como organismos y empresas
públicas? (Número de expediente 180/000099) (Página 715)
Del Diputado don Tomás Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro
para las Administraciones Públicas: ¿Tiene previsto el
Gobierno proceder a la disolución de MUFACE, lo que
significaría integrar a todos los funcionarios civiles del
Estado en el Régimen General de la Seguridad Social? (Número
de expediente 180/000111) (Página 716)
Del Diputado don Alfredo Gimeno Ortiz, del Grupo Socialista,
que formula al Gobierno: ¿En qué plazos de tiempo tiene
previsto el Ministerio de Sanidad y Consumo extender a los
Hospitales del sector público sistemas de gestión analítica
que permita conocer los costes de los diferentes procesos
asistenciales y, en consecuencia, la facturación
individualizada por proceso? (Número de expediente 180/000100)
(Página 717)
Del Diputado don Enrique Martínez Martínez, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Piensa el Gobierno
realizar en fechas próximas algún tipo de acción específica
para disuadir a adolescentes y jóvenes del consumo de alcohol
y tabaco? (Número de expediente 180/000103) (Página 718)
Del Diputado don Angel García Ronda, del Grupo Socialista, que
formula al Gobierno: ¿Qué medidas proyecta poner en vigor el
Ministerio de Sanidad y Consumo para controlar la calidad e
inocuidad de los productos llamados adelgazantes, en orden a
la protección de la salud de los consumidores? (Número de
expediente 180/000105) (Página 719)
De la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, del
Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración
hace la Ministra de Asuntos Sociales de la II Cumbre de
Mujeres Europeas celebrada en Bruselas? (Número de expediente
180/000102) (Página 720)
Del Diputado don Miguel Ramírez González, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social: ¿Cuándo piensa el
Gobierno llevar a efecto la prometida reforma del sistema de
financiación de la Seguridad Social Agraria? (Número de
expediente 180/000113) (Página 721)
Del Diputado don Javier Rupérez Rubio, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Asuntos Exteriores: ¿Qué progreso ha hecho el Sr. Ministro en
la investigación sobre los responsables de las filtraciones y
posteriores manipulaciones de documentos ministeriales
secretos relativos a la política española con Guinea
Ecuatorial? (Número de expediente 180/000118) (Página 722)
Del Diputado don Josep Sánchez Llibre, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr.
Ministro del Interior: ¿Considera el Gobierno que fueron
respetadas las instrucciones dadas, en interpretación de la
normativa vigente a la Policía Nacional para el uso de las
armas de fuego, en la actuación del Grupo de estupefacientes
de la Policía Nacional el pasado día 29 de septiembre de 1993
en la localidad de Vilassar de Mar? (Número de expediente
180/000096) (Página 723)
Del Diputado don Lorenzo Olarte Cullen, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Economía y Hacienda: ¿Qué actuaciones prevé el
Ministerio para solucionar el problema surgido en la Comunidad
Autónoma de Canarias, por el Auto del Tribunal Supremo
suspendiendo cautelarmente la aplicación del Real Decreto de
Reglamento del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y del
APIM? (Número de expediente 180/000066) (Página 724)
Del Diputado don Alfonso Soriano Benítez de Lugo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Por qué no se cumplimentaron los requisitos esenciales de
carácter procedimental, preceptivos en la elaboración del Real
Decreto de desarrollo del Impuesto General Indirecto Canario y
del Arbitrio sobre Producción e Importación en las Islas
Canarias? (Número de expediente 180/000088) (Página 726)
Del Diputado don Miguel Cabrera Pérez-Camacho, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Qué medidas urgentes piensa tomar el Gobierno para solucionar
la situación de inseguridad jurídica surgida como consecuencia
de la suspensión del Real Decreto de desarrollo del Impuesto
General Indirecto Canario y del Arbitrio sobre Producción e
Importación en las Islas Canarias? (Número de expediente
180/000089) (Página 727)
De la Diputada doña Celia Villalobos Talero, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Economía y Hacienda: ¿Considera el Sr.
Ministro que es justificable la no corrección de las
insuficiencias presupuestarias del INEM en el ejercicio que se
producen? (Número de expediente 180/000106) (Página 728)
Del Diputado don Cristóbal Montoro Romero, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cuales son las partidas
de Gasto cuya desviación explican el preocupante aumento del
déficit público en 1993? (Número de expediente 180/000107)
(Página 729)
Del Diputado don Felipe Camisón Asensio, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuánto costó, de verdad, el buque J.J. Sister de
Trasmediterránea? (Número de expediente 180/000108) (Página 730)
Del Diputado don Luis Angel Fernández Rodríguez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Economía y Hacienda: ¿Por qué el Gobierno ha
consentido que la carpa que la empresa pública
Trasmediterránea debió instalar el pasado año en el Puerto de
Sevilla, se montara, sin embargo, en el jardín particular de
un directivo de la referida naviera? (Número de expediente
180/000109) (Página 731)
Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Gobierno: ¿Cuáles son los criterios por los que las empresas
públicas de transportes, incluida Trasmediterránea, facilitan
viajes gratuitos a cargos públicos? (Número de expediente
180/000110) (Página 732)
Interpelaciones urgentes (Página 733)
Del Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para
asegurar que el descenso en los tipos de interés del dinero
tenga su adecuado traslado al mercado hipotecario en las
mejores condiciones económicas para los deudores (Página 733)
En representación del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya defiende la interpelación el señor Espasa Oliver,
manifestando que no se trata de una interpelación típica en el
sentido de ir contra el Gobierno, ya que no va contra el mismo
sino a favor simplemente de abaratar los créditos hipotecarios
y a favor de hacer entender a todos los miembros de la Cámara
que, si están de acuerdo en lo que va a proponer y creen que
es justo y legal y están seguros de que lo es, hagan una
contribución importante y positiva en acercar el precio pagado
por las viviendas al precio real rebajando drásticamente el
margen financiero. Agrega que si contra alguien va dirigida
esta interpelación sería contra la ineficiencia de los bancos
y del sistema crediticio en España. Se trata de abaratar el
crédito hipotecario de forma importante y rápida para mejorar
el bolsillo de los particulares, de los tenedores o deudores
de hipotecas, y de facilitar el trabajo del Gobierno y de las
comunidades autónomas que en los planes de vivienda deben
poner viviendas a buen precio al alcance de todos los
españoles.
Señala que en la actualidad el saldo vivo hipotecario es de 13
billones de pesetas y que en este momento el precio del dinero
está en el 9,25 por ciento, mientras que por la mayoría de
esos 13 billones de pesetas que acaba de mencionar se está
cobrando del 14 al 17 por ciento, debido a que el descenso en
los tipos de interés sólo se aplica a las nuevas hipotecas que
se acaban de constituir. En la interpelación se propone que
esta rebaja de los tipos de interés pueda trasladarse
inmediatamente al crédito vivo hipotecario ya contratado,
porque de nada vale decir que los bancos ya han trasladado la
reducción del tipo de interés fijado por el Banco de España a
los nuevos créditos hipotecarios si esa reducción sólo tiene
vigencia para las hipotecas que se constituyen a partir de
estos momentos. Anuncia la presentación de una moción a través
de la cual intentarán que se pague el interés justo y legal,
es decir, el precio actual del dinero.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Economía
y Hacienda (Solbes Mira), que comienza felicitándose por la
iniciativa de Izquierda Unida al plantear un tema de la máxima
actualidad. Todos son conscientes de la importancia que tiene
en el momento actual el poder trasladar las reducciones de
tipos de interés que se están planteando por parte del Banco
de España. Lo que el interpelante plantea hoy en la Cámara es
un caso concreto de estas reducciones referidas al mercado
hipotecario. Añade que el Gobierno es plenamente consciente de
la necesidad de refinanciar los préstamos hipotecarios,
básicamente porque, tal como están concebidos en la
actualidad, implican una doble consecuencia para los titulares
de los mismos: en primer lugar, por la penalización por su
reembolso anticipado y, en segundo lugar, los gastos
notariales, registrales y tributarios que se plantean. Ello
hace que nuestro sistema de hipotecas sea extremadamente
rígido.
Expone el señor Ministro que el Gobierno contempla
favorablemente la posibilidad de refinanciar los préstamos
hipotecarios, en primer lugar porque permitiría a los
consumidores beneficiarse de esta caída de los tipos de
interés y mejorar posiblemente también la posibilidad de
acceso al mercado de la vivienda y, en segundo lugar, porque
tiene igualmente su incidencia fiscal dentro de nuestras
recaudaciones y nuestras deducciones de intereses por
adquisición de vivienda. Por consiguiente, están básicamente
de acuerdo en cuanto a la filosofía de la interpelación, pero
el problema radica en que, algo que parece muy simple, llevado
a la práctica resulta bastante complejo como consecuencia de
elementos de distinta naturaleza. Cree que el problema no se
le oculta al señor Diputado, ya que si fuera de fácil solución
seguramente estaría ya resuelto. En todo caso, la voluntad del
Gobierno va en esa dirección.
Expone algunas de las dificultades que se encuentran en el
camino, pero se ofrece para seguir estudiando el problema y,
si son capaces de encontrar la solución, su deseo sería
aplicarla cuanto antes. Queda a la espera de analizar en qué
medida una resolución de esta Cámara pueda ayudarles para
avanzar en este camino.
Replica el señor Espasa Oliver y duplica el señor Ministro de
Economía y Hacienda.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Albistur
Marín, del Grupo Parlamentario Mixto; Homs i Ferret, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió); Fernández de Trocóniz Marcos,
del Grupo Popular, y Hernández Moltó, del Grupo Socialista.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
principios de política
general que aplicará el Gobierno en relación al Ente Público
RTVE, al objeto de conseguir el adecuado funcionamiento del
mismo como servicio público, con la estabilidad económico-
financiera que es precisa (Página 742)
Defiende la interpelación el señor Arenas Bocanegra,
manifestando que, una vez más, trae al Pleno de la Cámara un
debate acerca de una empresa pública que se dedica a la
comunicación, a pesar de haber sido numerosos los debates ya
celebrados sobre las funciones del servicio público de
Radiotelevisión Española en los que se han hecho imputaciones
y réplicas sobre el carácter partidista de la misma. Sin
embargo, el interés del Grupo Popular en el día de hoy es
conocer estrictamente las responsabilidades que asume el
Gobierno en relación a la evolución económica de este Ente
Público, que en 1993 va a perder, como mínimo, según la última
estimación, 122.000 millones de pesetas, que se van a pagar de
los impuestos de los españoles o a costa de incrementar el
déficit público. Sucede, además, que para 1994, lejos de hacer
un esfuerzo de austeridad, el presupuesto de RTVE crece en un
once por ciento, con unas pérdidas previstas de 105.000
millones. Debe tenerse también en cuenta que en 1993 perderá
122.000 millones, cuando lo previsto era perder 50.000
millones. Sobre este particular pide al señor Ministro que les
tranquilice y asegure que en 1994 al menos no se van a perder
más de esos 105.000 millones, ya que si la desviación de las
pérdidas es como la de 1993 no va a haber dinero para pagar
las deudas. Agrega el señor Arenas que después de las
elecciones del 6 de junio el Gobierno aprobó una subvención de
31.000 millones de pesetas, autorizó operaciones de
endeudamiento por valor de 92.000 millones, poniendo una
cláusula o condición de que no se perdiesen más de 117.000
millones, a pesar de lo cual vamos ya por los 122.000 y quedan
todavía los meses de noviembre y diciembre. Se encuentran, por
tanto, ante una empresa en quiebra por la mala gestión
económico-financiera, que en este momento debe a proveedores y
entidades financieras más de 270.000 millones de pesetas y
tiene previsto deber, en 1994, 319.000 millones. Pregunta
quién responde ante los españoles de estas pérdidas y de la
quiebra de una empresa pública. Afirma que el Gobierno, que
unilateralmente ha designado a los directores generales de
RTVE, tiene que responder de dicha quiebra ante esta Cámara y,
además, de la infracción legal que están cometiendo a diario,
habida cuenta de que el Estatuto del Ente Público prevé como
fuentes de financiación la publicidad, un posible canon y la
subvención. Ante la situación a que se ha llegado, se les dice
que todo el problema consiste en que sobra personal, aunque no
así directivos.
Termina señalando que la situación económica de
Radiotelevisión Española sólo puede calificarse de escándalo
público donde, por no faltar, ni siquiera faltan los contratos
blindados y que en tiempos de crisis, de recortes del poder
adquisitivo de las pensiones y de congelación de los sueldos
de los funcionarios, hace falta exigir al Gobierno la
responsabilidad de estas pérdidas de RTVE.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Economía
y Hacienda (Solbes Mira), recordando que en el mes de julio
tuvo ya ocasión de exponer cuál había sido el origen y la
evolución de los problemas financieros de Radiotelevisión
Española con ocasión del debate sobre el Real Decreto-ley
12/1993. Desea aclarar que están hablando de todo el grupo y
no sólo de TVE, porque Radio Nacional no es ajena a parte de
los problemas financieros con los que se encuentra el grupo.
Volviendo al Real Decreto-ley 12/1993, señala que aprovechó su
promulgación para realizar una síntesis histórica sobre la
situación económico-financiera del Ente Público. Para hacer
frente a la misma habían llegado a un contrato programa, tras
un acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de mayo de 1993, con
el fin de elaborar y poner en marcha un plan estratégico. A
partir de ese momento, el comportamiento del Gobierno con
Televisión Española ha sido de ajustarse estrictamente a lo
que dicho contrato-programa establecía. No va a insistir,
porque ya lo hizo en su momento, sobre el contenido de dicho
contrato-programa y en el interés que tienen en que Radio
Nacional siga jugando su papel, o en la financiación
específica de actividades como las de la Orquesta y Coros de
Radiotelevisión Española y algunas otras de importancia
pública. Alude a continuación a las previsiones de cara al
futuro y al funcionamiento del contrato-programa y, sin
admitir al cien por cien las cifras expuestas por el
interpelante, reconoce que se encuentran con un problema de
envergadura al que hay que hacer frente. No obstannte, no es
una situación distinta a la que tenían a primeros de año,
cuando se negocia el mencionado contrato-programa.
Compartiendo, pues, que se trata de una situación de
endeudamiento importante, cree que está en marcha un
procedimiento en el que hay que tomar decisiones, las cuales
deberían adoptarse antes del 31 de diciembre y que sin duda
deberán afectar tanto a gastos de personal como al resto de
los gastos que el interpelante mencionaba.
Replica el señor Arenas Bocanegra, duplicando el señor
Ministro de Economía y Hacienda.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores González de Txábarri, del Grupo Vasco (PNV); Alcaraz
Masats, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
y Aguiriano Forniés, del Grupo Socialista.
Se suspende la sesión a las siete y treinta minutos de la
tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS:
--DEL DIPUTADO DON JOSE JUAN GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA, DEL
GRUPO VASCO (PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS
RAZONES POR LAS QUE EL MINISTERIO DE CULTURA NO ACTUA EN
MATERIAS DE SU EXCLUSIVA COMPETENCIA, Y CUANDO DESTINA
RECURSOS PRESUPUESTARIOS A PROGRAMAS DE COMPETENCIA EXCLUSIVA
DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS? (Número de expediente
180/000097)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día: Preguntas.
Pregunta número 13, del señor González de Txábarri.
El señor González de Txábarri tiene la palabra.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente. Señora Ministra, ¿cuáles son las razones por las
que el Ministerio de Cultura no actúa en materias de su
exclusiva competencia, y cuándo destina recursos
presupuestarios a programas de competencia exclusiva de las
comunidades autónomas?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txábarri.
Señora Ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Muchas
gracias. Empezaré por manifestarle, señor González de
Txábarri, que no comparto, como tampoco lo hace el Tribunal
Constitucional, esta distribución tan rígida de competencias
que se desprende del enunciado de su pregunta entre las que
son con carácter exclusivo de las comunidades autónomas o
aquellas otras que se atribuyen al Estado con igual carácter.
Evidentemente, sin renunciar, como no hemos renunciado ni
renunciaremos, al ejercicio de nuestras competencias, usted
sabe mejor que yo que estamos ante un título competencial, el
de cultura, en el que, sin perjuicio y desde luego a partir de
la distribución establecida por la Constitución y los
Estatutos, resulta imprescindible una concurrencia de las
mismas, las de la Comunidad Autónoma Vasca en este caso y las
del Estado, si queremos preservar y estimular los valores
culturales propios y, simultáneamente, facilitar la
participación activa de todos los ciudadanos en la vida
cultural. Dicho de otro modo, señoría, en este campo
competencial, más todavía que en otros, un buen entendimiento
entre la Administración General del Estado y la de la
Comunidad Autónoma Vasca constituye la mejor garantía para
asegurar, como dice el preámbulo de nuestra Constitución, a
todos los españoles y pueblos de España sus culturas,
tradiciones, lengua e instituciones. Estoy convencida,
señoría, que, entendiéndonos mejor quienes nos ocupamos de
proyectos culturales de ámbito territorial diferente,
terminaremos siendo mejor comprendidos por nuestros
conciudadanos.
El esfuerzo, por consiguiente, es mutuo, y no voy a ser yo
quien intente justificar como suficiente el realizado por la
Administración General del Estado, al amparo de que otras
administraciones todavía hayan hecho menos. No es mi estilo.
Además, estoy persuadida de que es una tarea que no se puede
enfocar sin el concurso de todas las administraciones.
Con este ánimo y desde esta perspectiva de concurrencia y de
complementarnos en la promoción del progreso hacia una cultura
plural en España, me he dirigido a todos los presidentes de
las comunidades autónomas al objeto de que afrontemos
conjuntamente, en este tramo avanzado del proceso autonómico,
una mayor optimización de nuestros recursos escasos en un
momento de crisis económica. La conjunción de ambos elementos,
el de escasez de recursos y el del ejercicio de las propias
competencias, nos exige a ambas partes un mayor esfuerzo para
afrontar, no sobre la marcha sino con cierta perspectiva de
futuro, el mandato constitucional que nos obliga a los poderes
públicos a facilitar la participación activa de todos los
ciudadanos en la vida pública.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el señor González de Txábarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente. Señora Ministra, no he hecho más que preguntar.
Respecto a interpretaciones rígidas, ninguna. Hablar del País
Vasco, que se sepa tampoco. He hablado de comunidades
autónomas. Se delatan ustedes mismos en las respuestas. Tienen
un equipo de funcionarios que les contestan unas cosas que no
tienen nada que ver. He leído hace una semana lo que usted
tenía escrito. De
todo eso yo no he hablado absolutamente para nada. Es lo mismo
que ha ocurrido la semana pasada en la comparecencia del
Subsecretario de Cultura. Se preguntan unas cosas --aquí tengo
a la señora Vicepresidenta a mi derecha-- y te contestan
otras. Te obligan a decirle: Yo le he preguntado por estas
otras cosas. Le he preguntado por qué ustedes, cuando no
actúan en materias de su exclusiva competencia, lo hacen en
otras creando disfunciones. A esto usted me dice que va a ser
muy buena. Eso es lo que dice la prensa. Pero le puedo decir
que se realizan ruedas de prensa exquisitas, donde dicen las
buenas intenciones que tienen, pero luego no se corresponde
con lo que dicen los documentos que se presentan en esta
Cámara.
Me enfadé mucho la semana pasada en la Comisión de Educación y
Cultura porque hay que ser serios. Le dije al Subsecretario de
Cultura: Sean ustedes serios. Usted no puede ir a San
Sebastián al Festival Internacional de Cine a contar las
excelencias del mejor festival, de cine del Estado y después
venir con estos presupuestos. No puede tener una biblioteca
pública en Vitoria desde el año 1981 y responderme por escrito
que no es titularidad estatal. Lo que no está claro son las
propias reglas de juego. No es que las materias sean más o
menos concurrentes y que el Tribunal Constitucional haya dicho
esto. Eso está dicho y está ahí. Con eso hay que jugar. Pero
hay que jugar también con otras cosas. El Ministerio de
Cultura, en unos momentos en que no hay presupuestos y en unos
momentos en que, como usted bien dice, hay que recurrir a la
imaginación, tendrá que recurrir también a tener las cosas
claras, y actuar con coherencia dentro de sus propios
programas. Si no, están ustedes dando la razón a todos
aquellos que defienden, con argumentos, la desaparición del
propio Ministerio. Eso es lo que me preocupa a mí. Por ahí van
los tiros.
Señora Ministra, creo que es al inicio de esta nueva
legislatura cuando hay que apretar los machos, como se dice
vulgarmente, para que podamos, en definitiva, saber a lo que
jugamos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txábarri.
--DEL DIPUTADO DON ANTONIO ROMERO RUIZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS PIENSA
ADOPTAR EL GOBIERNO PARA ELIMINAR LA PRACTICA DE CONTRATOS
BLINDADOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA, ASI COMO ORGANISMOS Y
EMPRESAS PUBLICAS? (Número de expediente 180/000099)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, del señor Romero
Ruiz, que tiene la palabra.
El señor ROMERO RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, su Gobierno ¿cuándo va a acabar con la
vergüenza de los contratos blindados en España? De los que
existen, según nuestra información, 127. Están en la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, en Televisión Española, Radio
Nacional de España y Retevisión, 57; Aeropuertos Nacionales,
Consorcio de Compensación de Seguros, Instituto Cervantes (que
por lo visto pesa más la cartera que la lengua), Fábrica de
Moneda y Timbre, Centro de Desarrollo Tecnológico e
Industrial, FEVE y Renfe, en los que hay 32. Señor Ministro,
el Presidente, señor González, no puede decir que ha habido
una época en España en la que algunan gente se ha aprovechado,
o que se ha enterado de esto por la prensa, cuando han sido
ustedes los que han consentido y protegido a los aprovechados.
¿Qué diferencia existe, desde el punto de vista ético, entre
el pasamontañas y la escopeta de cañones recortados con la
modalidad de contrato blindado? ¿Qué autoridad tiene un
Gobierno que pide sacrificio a los trabajadores y a la gente
laboriosa mientras se consigna, con dinero de todos,
indemnizaciones millonarias a talentos que luego nos llevan a
la ruina de la empresa pública, o que nombran nueve
vicepresidentes, como ha pasado con el dirigente actual de
Iberia? ¿Cómo se puede plantear la lucha contra el fraude,
abaratar la indemnización por el despido a los trabajadores y
no se soluciona este asunto, del que, por cierto, los
reaccionarios del Fondo Monetario Internacional no dicen nada
en sus recomendaciones, me refiero a los contratos blindados?
¿Este Gobierno estaría en condiciones de garantizar que no han
ocurrido casos de cobrar blindaje en una empresa pública, por
ejemplo FEVE, y luego este mismo individuo pasar a Renfe, otra
empresa pública, o de Televisión a Radio Nacional? ¿Se va a
abrir una investigación?
Este es un tema muy delicado, doloroso y éticamente
reprochable por la opinión pública y por sectores muy
sensibles del propio partido del Gobierno. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra
Acevedo): El texto de su pregunta, señor Romero, hace
referencia a qué piensa hacer el Gobierno, qué medidas piensa
adoptar en relación con estos contratos llamados blindados. El
Gobierno, el pasado viernes, debatió sobre la necesidad de
adoptar medidas legales en relación con estos contratos, con
el fin de impedir el abuso de los mismos.
Usted comprende perfectamente --y no entro en las valoraciones
que ha expuesto antes de formular la pregunta-- que no puede
ser igual el tratamiento de empresas públicas, que son
perfectamente rentables (al margen de que la titularidad sea
pública, bien sea del Gobierno, de una comunidad autónoma o de
un municipio, que es perfectamente rentable y que como tal
compite en la contratación del personal directivo con el resto
de las empresas de su sector), de las otras que sí plantean
necesaria regulación, que son los entes públicos. En cuanto a
estos entes públicos, nos encontramos con un primer grupo de
altos cargos directivos que son, además, funcionarios y que se
encuentran en una situación de excedencia especial y que,
lógicamene, al retornar a su puesto de origen en la función
pública --en el supuesto que retorne-- no se justifica que
obtenga ninguna indemnización por haber estado trabajando en
ese ente público. Ese sería uno de los primeros criterios a
establecer en la normativa a adoptar. Respecto a las
formalidades que es conveniente establecer, señalo, en primer
lugar, la necesidad de la formulación de este tipo de
contratos por escrito y que sea conocido y autorizado por
todos los miembros del Consejo de Administración, cosa que
hasta el momento no ocurre.
Hay un tercer aspecto, el de buscar la homogeneización de las
indemnizaciones, tratando de hallar un equilibrio o una
fórmula intermedia entre el Decreto de 1 de agosto de 1985,
que regula los contratos especiales del alto cargo directivo
en las empresas y que establece una indemnización, diríamos
ridícula, de siete días, como sabe, de salario por año y la
fórmula del artículo 156 del Estatuto de los Trabajadores, que
es de 45 días por año de trabajo. En este caso estamos
estudiando el establecimiento de un límite de 45 días sin
superar doce mensualidades; no llegar a las 42 mensualidades
que es el tope...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Romero tiene la palabra.
El señor ROMERO RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, existe un Decreto de contratación, que es el
Real Decreto de 1 de agosto de 1985, que regula la relación
laboral de carácter especial de alta dirección, donde se
contempla la indemnización de siete días. Estamos hablando de
alta dirección con sueldos por día mucho más altos que los 45
días del Estatuto de los Trabajadores para trabajadores que
tienen 100.000 pesetas de salario al mes, pero cuando se
refiere a que la indemnización de 45 días se va a contemplar,
es un criterio.
De todas maneras es muy escandaloso, señor Ministro, y usted
convendrá conmigo en reconocerlo...El señor PRESIDENTE:
Gracias, señor Romero.
El señor ROMERO RUIZ: ...que no conozcan los Consejos de
Administración estos contratos...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
El señor ROMERO RUIZ: ...y sean clandestinos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Pregunta número 27, del señor Burgos Gallego.
El señor ROMERO RUIZ: ¿Pero no me va a contestar el señor
Ministro?
El señor PRESIDENTE: Señor Romero, sabe S.S. cuáles son las
reglas de esta iniciativa.
--DEL DIPUTADO DON TOMAS BURGOS GALLEGO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS: ¿TIENE PREVISTO
EL GOBIERNO PROCEDER A LA DISOLUCION DE MUFACE, LO QUE
SIGNIFICARIA INTEGRAR A TODOS LOS FUNCIONARIOS CIVILES DEL
ESTADO EN EL REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL? (Número
de expediente 180/000111)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, del señor Burgos
Gallego, que tiene la palabra.
El señor BURGOS GALLEGO: Señor Ministro, los funcionarios
civiles del Estado no están integrados actualmente en ningún
régimen de la Seguridad Social, sino que forman parte de
MUFACE. Como mutualistas disfrutan de una modalidad de gran
aceptación más barata y más eficaz. Por ello, ha causado gran
conmoción en el sector conocer algunas ideas del Gobierno que
podrían suponer un grave perjuicio para este colectivo, de ser
ciertas, así como para todos los usuarios de la sanidad
pública que deberían soportar una mayor masificación con la
aplicación de este proyecto que yo quiero que usted confirme.
¿Tiene previsto el Gobierno proceder a la disolución de Muface
y a la integración de todos los funcionarios civiles del
Estado en el Régimen General de la Seguridad Social?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burgos.
Tiene la palabra el señor Ministro para las Administraciones
Públicas. El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
(Saavedra Acevedo): Señor Presidente, señorías, en absoluto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Señor Ministro, me satisface su
respuesta a mí y al millón seiscientas mil personas que son
titulares o beneficiarios de Muface. Sin embargo, sí me
gustaría pedirle que renunciaran a su política de globo sonda
creemos que irresponsable y dañina.
Hay documentos que obran en manos de las organizaciones del
sector y que han generado grave alarma y preocupación en los
funcionarios, justificados, a mi juicio también, por los
precedentes que sobre la disolución de algunas mutualidades ya
se ha llevado a cabo hasta este momento.
Si ustedes están de acuerdo en el mantenimiento de Muface es
porque reconocen su eficacia. Si queremos una asistencia mejor
nosotros le proponemos --lo hemos planteado como alternativa
en los Presupuestos Generales del Estado-- que si Muface
funciona la hagamos extensiva a todos los funcionarios de la
Administración del Estado actualmente acogidos al Régimen
General de la Seguridad Social y a los titulares del régimen
especial de trabajadores autónomos de esa Seguridad Social.
Abramos el sistema, señor Ministro, ampliemos las opciones y
demos al ciudadano la posibilidad de elegir, porque sólo de
esa manera podremos superar el colapso que de otra forma se
nos viene encima.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burgos.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra
Acevedo): Gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, efectivamente ha habido algún documento
repartido a las organizaciones sociales y económicas donde en
la política de futura regulación de las pensiones se hablaba
de una integración en el Régimen General de la Seguridad
Social de los funcionarios. Tal documento ha sido retirado,
como saben, en el desarrollo de esas conversaciones y no hay
ningún motivo de preocupación.
En cuanto al fenómeno al que supongo hace referencia de la
integración de los funcionarios pertenecientes a la Munpal en
el régimen general, tenga en cuenta que en ese caso la
política de pensiones era prestada por la mencionada
mutualidad, cosa que no ocurre en el caso de Muface porque las
pensiones de los funcionarios están atribuidas en el régimen
de clases pasivas al Ministerio de Economía y Hacienda. Por
eso no cabe establecer ninguna relación, antecedente o temor
con la posible desaparición de Muface. Insisto en que el
Gobierno no pretende, en absoluto, estudiar siquiera la
desaparición. El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL SEÑOR GIMENO ORTIZ, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿EN QUE PLAZOS DE TIEMPO TIENE PREVISTO EL
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO EXTENDER A LOS HOSPITALES DEL
SECTOR PUBLICO SISTEMAS DE GESTION ANALITICA QUE PERMITA
CONOCER LOS COSTES DE LOS DIFERENTES PROCESOS ASISTENCIALES Y,
EN CONSECUENCIA, LA FACTURACION INDIVIDUALIZADA POR PROCESO?
(Número de expediente 180/000100)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, del señor Gimeno
Ortiz, que tiene la palabra.
El señor GIMENO ORTIZ: Gracias, señor Presidente.
Creo recordar, señora Ministra, que en varios documentos
presentados por el Ministerio al Consejo Interterritorial se
contemplaba la introducción futura en los hospitales
administrados por el Insalud del sistema de gestión analítica,
que permitiría, al final del proceso, conocer el coste de
cualquier prueba diagnóstica o procedimiento terapéutico y, en
consecuencia, la facturación individualizada por proceso.
En cualquier caso, en su reciente comparecencia ante la
Comisión de Sanidad y Consumo para explicar las líneas
generales de su Departamento contemplaba usted esta prioridad.
Como entiendo que es una medida importante (como conoce S.S.
mucho mejor que nosotros al haber sido artífice e impulsora de
los documentos aludidos) como elemento de gestión en sí, y
también porque permitiría a los ciudadanos conocer una mejor
percepción de la bondad de nuestro sistema sanitario y el
destino de sus impuestos, así como también una mayor
comprensión en el control del gasto por parte del personal
sanitario, independientemente de otras medidas que podría
tomar el Ministerio de conciertos por proceso, etcétera, todo
ello unido a que creemos que es una medida compleja con una
carga administrativa importante como consecuencia de estas dos
premisas, importancia y complejidad, es por lo que deseamos
conocer, según los criterios de planificación hospitalaria de
su Ministerio, en qué plazo de tiempo sería factible
implantarlo al menos en los hospitales más importantes del
sector público.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gimeno.
La señora Ministra tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Muchas gracias, señor Presidente.
Su Señoría ha sintetizado, creo que muy acertadamente, los
objetivos que pretendemos conseguir con la implantación de
estos sistemas. Conocer los costes de todas y cada una de las
actividades que se realizan en nuestro sistema sanitario es un
objetivo que el Ministerio se ha planteado a medio plazo como
paso previo para determinar el coste de cada proceso. Para
ello desde 1990 estamos trabajando activamente en un programa
denominado «Proyecto Signo», cuyo objetivo principal es el
conocimiento del coste real de los distintos servicios
asistenciales, mediante una metodología rigurosa basada en la
imputación de gastos a grupos funcionales homologados en los
centros sanitarios, para conseguir una mejor evaluación de la
actividad y de los recursos utilizados. En definitiva,
permitirá medir la eficacia de la gestión.
Hasta este momento se han incorporado al «Proyecto Signo» 79
hospitales; 58 del Instituto Nacional de la Salud, 11 del
Servicio Gallego de Salud, cinco del Servicio Andaluz de
Salud, dos del Servicio Valenciano de Salud y tres hospitales
benéficos privados.
En enero de este año hemos comenzado a trabajar en el coste
por actividad asistencial, y desde el pasado mes de septiembre
se está aplicando un programa informático específico en los
hospitales universitarios de Getafe y Medina del Campo. La
primera versión debe estar disponible en enero de 1994. Para
avanzar en la valoración del coste real de los procesos el
Insalud contempla, dentro de sus objetivos para 1994, la
incorporación de todos los hospitales de la red al «Proyecto
Signo», de tal manera que cuenten con un sistema de
contabilidad analítica que permita medir los resultados en
términos de eficiencia.
En cuanto a la determinación del coste por proceso
asistencial, el Insalud tiene previsto instaurar este sistema
en quince hospitales durante el año 1994 como experiencia
piloto.
En conclusión, tengo que manifestar a S.S. que la
incorporación de este instrumento de gestión se está
realizando de forma gradual por varias razones. En primer
lugar, por la cantidad y complejidad de la información que se
maneja. En segundo lugar, por la lógica dificultad para
definir y medir el producto sanitario que S.S. conoce bien.
Además, el Ministerio tiene la intención de llevar al próximo
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud una
propuesta de trabajo para facilitar la extensión del plan de
gestión analítica a todo el Sistema Nacional de Salud.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO
REALIZAR EN FECHAS PROXIMAS ALGUN TIPO DE ACCION ESPECIFICA
PARA DISUADIR A ADOLESCENTES Y JOVENES DEL CONSUMO DE ALCOHOL
Y TABACO? (Número de expediente 180/000103)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, del señor Martínez
Martínez, que tiene la palabra.
El señor MARTINEZ MARTINEZ (Don Enrique): Gracias, señor
Presidente.
Señora Ministra de Sanidad, las estadísticas más recientes
sobre consumo de alcohol entre los adolescentes y los jóvenes
españoles y sobre los efectos nocivos que dicho consumo
produce son realmente aterradoras. Solamente algunos datos
para corroborar lo que acabo de decir. A los trece años más
del 90 por ciento de los jóvenes han tenido ya su primera
experiencia con el alcohol. A esa edad el 60 por ciento de
ellos reconoce haberse emborrachado alguna vez. Un 70 por
ciento de ellos, lamentablemente, se convertirá en bebedor
habitual y se calcula que cerca de 600.000 millones de
pesetas gastan los jóvenes españoles menores de veinticuatro
años en bebidas alcohólicas. De los 7.000 muertos que se
producen al año en las carreteras españolas, un 40 por ciento
de esas muertes están vinculadas al consumo del alcohol y uno
de cada tres muertos es menor de veinticinco años.
Con efectos igualmente dañinos, aun cuando no tan
espectaculares en lo que se refiere a corto plazo, podríamos
hablar de las consecuencias del consumo del tabaco. Entre las
causas, que son múltiples, que explican, naturalmente no
justifican, estas estadísticas figura un cierto grado de
permisividad social, muchas veces empezando por la propia
familia; el efecto lamentable de la publicidad más o menos
encubierta y el carácter iniciático que en sus primeras etapas
significa el consumo tanto del alcohol como del tabaco, así
como también una necesidad sicológica fundamental a esas
edades, que es el hecho de pertenecer a un grupo, y, por
tanto, evitar el rechazo al no compartir unas posibles
prácticas por parte de sus integrantes.
Señora Ministra, ante la gravedad del problema, y siendo
conscientes tanto de la complejidad de la denuncia que acabo
de hacer, como del papel irremplazable que, en primera
instancia, corresponde a la familia, es por lo que le formulo
la pregunta de si piensa el Gobierno realizar en fechas
próximas algún tipo de acción específica para disuadir a
adolescentes y jóvenes del consumo del alcohol y del tabaco.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, el problema que plantea es uno de los más graves que
tenemos desde el ámbito de la salud en España. Las actuaciones
del Ministerio de Sanidad y Consumo para la prevención del
consumo del alcohol y del tabaco en los jóvenes se van a
desarrollar en tres líneas de trabajo fundamentalmente, que
suponen continuar e intensificar las actuaciones que venimos
ya desarrollando desde hace tiempo. Nos proponemos modificar,
con carácter restrictivo, evidentemente, la normativa relativa
a la publicidad del alcohol y del tabaco a través de una
prohibición absoluta o de restricciones según medios y bandas
horarias. Esta medida no la hemos aplicado antes porque se
esperaba que la Comunidad Europea adoptara una posición común,
lo que en este momento ha dejado de ser probable a corto
plazo. En todo caso, consideramos que España está en peor
situación que el resto de los países europeos en este
problema.
En segundo lugar, queremos profundizar en la colaboración con
el Ministerio de Educación y Ciencia para continuar la línea
iniciada el curso pasado, haciendo presente en los centros
docentes un claro mensaje sobre los perjuicios derivados del
consumo del alcohol y del tabaco. Estas actividades, aunque
lógicamente irán dirigidas a una población específica como son
los jóvenes, incluyen también consejos y materiales
específicos destinados al personal docente y a los padres de
los alumnos. Creemos que una política preventiva del futuro
debe desarrollarse fundamentalmente en el medio escolar por
razones de eficacia. En tercer lugar, pretendemos la inmediata
incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la directiva
92.41, que permitirá mejorar las advertencias sanitarias de
obligada incorporación en labores diferentes a los cigarrillos
y que prohibirá la incorporación de nuevas formas de tabaco
oral, el tabaco de mascar, que han intentado atraer a los
jóvenes en otros países europeos. Se mejorará también el
régimen sancionador aplicable a las infracciones sobre
etiquetado de cigarrillos y sobre limitaciones de espacios
para fumadores. Además el Ministerio, en colaboración con el
Ministerio de Asuntos Sociales y la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas, quiere diseñar un conjunto
de medidas consensuadas con las comunidades autónomas en el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud; en
este sentido, se hará especial esfuerzo en todas aquellas
iniciativas y acciones a desarrollar por todas las
administraciones competentes que ayuden a garantizar el
cumplimiento de la prohibición de venta de alcohol y tabaco a
menores de dieciséis años, que hoy no se cumplen.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON ANGEL GARCIA RONDA, DEL GRUPO SOCIALISTA,
QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS PROYECTA PONER EN VIGOR
EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO PARA CONTROLAR LA CALIDAD E
INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS LLAMADOS ADELGAZANTES, EN ORDEN A
LA PROTECCION DE LA SALUD DE LOS CONSUMIDORES? (Número de
expediente 180/000105)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, del señor García
Ronda, que tiene la palabra.
El señor GARCIA RONDA: Gracias, señor Presidente.
Ante la preocupación que crecientemente existe entre algunas
personas, familias y asociaciones de consumidores, dirijo a la
señora Ministra esta pregunta. ¿Qué medidas proyecta poner en
vigor el Ministerio de Sanidad y Consumo para controlar la
calidad e inocuidad de los productos llamados adelgazantes en
orden a la protección de la salud de los consumidores?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Ronda.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.
Su señoría se refiere en su pregunta a un tipo de productos
sobre los que la Administración ya realiza una actividad de
control. Pero puesto que cada día alcanzan una mayor presencia
en el mercado, y con una publicidad muy agresiva que puede
tener repercusiones para la salud, vamos a intensificar la
actuación. El control al que me refiero comienza ya en el
momento de su inscripción registral preceptiva, tanto si son
medicamentos, en el Registro de la Dirección General de
Farmacia y Productos Sanitarios, como si son productos
alimenticios, en cuyo caso es en el Registro General Sanitario
de Alimentos de la Dirección de Salud Pública.
El control de calidad se sustenta en tres líneas de actuación
que la Administración aplica con carácter sistemático. En
primer lugar, la inspección y control de fabricantes y
procedimientos de elaboración.
En segundo lugar, se desarrollan sistemáticamente actuaciones
de análisis de mercado mediante campañas programadas de
muestreo en los productos y, por último, también se actúa
sobre productos concretos a denuncia de consumidores o
notificaciones en la red de fármaco-vigilancia.
En este marco general de actuación, los productos alimenticios
dietéticos son analizados dentro del programa de evaluación de
productos alimenticios que la Dirección General de Salud
Pública lleva a cabo con periodicidad anual. Para el ejercicio
de 1994 está prevista
la investigación de productos alimenticios destinados a dietas
de control de peso; con el objetivo de detectar principios
activos medicamentosos como hormonas, tiroideas, ansiolíticos
o anfetaminas, que no deben formar parte de su composición.
Por otra parte, la Dirección General de Farmacia está
desarrollando en estos momentos una campaña de control de
calidad de plantas medicinales registradas que tienen
indicación adelgazante.
Por último, respecto a fórmulas magistrales adelgazantes que
se están prescribiendo por médicos fuera del ámbito del
Sistema Nacional de Salud, la Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios ha elaborado unas recomendaciones,
presentadas y aceptadas por la Comisión Permanente de la
Comisión Nacional de Uso Racional de Medicamentos, que acordó
formar una comisión deontológica, con participación de
representantes de médicos, farmacéuticos y consumidores.
Esto es todo de cuanto puedo informar a S.S.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el señor García Ronda.
El señor GARCIA RONDA: Gracias, señor Presidente.
Es satisfactorio constatar que ya el Ministerio está sobre
este problema que, en efecto, ha adquirido una gran
importancia en los últimos tiempos y en el que, a mi juicio,
hay dos aspectos importantes que dificultan su control. Uno,
el que estos productos están siendo dispensados por muy
diversas gentes, no todos ellos controlados desde el punto de
vista médico sanitario, es decir, no son profesionales
estrictamente. En segundo lugar, porque mediante la publicidad
se incide cada vez en mayor número de gente. Son muchas las
personas que tienen ansiedad por lograr una facilidad de
adelgazamiento, lo que les lleva probablemente a entregarse
fácilmente y, por tanto, de manera peligrosa ante cualquier
incitación publicitaria.
Veo que por parte de la Ministra se está sobre ello. Tan sólo
quiero animar a que el Ministerio siga incidiendo y poniendo
todo su esfuerzo en este asunto que podría convertirse en un
problema sanitario de primera magnitud en un plazo breve. Nada
más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Ronda. (La señora
Ministra de Sanidad y Consumo, Amador Millán, pide la
palabra.)
Tiene la palabra por diez segundos, señora Ministra, si es
capaz de administrarlos.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): En el
convenio con Educación hemos incluido un programa específico
de hábitos de nutrición precisamente para hacer frente a este
problema en relación con los jóvenes. El señor PRESIDENTE:
Gracias, señora Ministra.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGUSTIAS MARIA RODRIGUEZ ORTEGA, DEL
GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION
HACE LA MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES DE LA II CUMBRE DE
MUJERES EUROPEAS CELEBRADA EN BRUSELAS? (Número de expediente
180/000102)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, de la señora
Rodríguez Ortega.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente. Señora
Ministra de Asuntos Sociales, las medidas de acción positiva
para las mujeres vienen siendo una prioridad política para el
Gobierno socialista en los últimos años. En este sentido, se
ha mejorado la legislación en esta materia y se han puesto en
marcha planes para la igualdad de oportunidades de las mujeres
que preteden incrementar la participación de éstas en el
mercado laboral, mejorar su formación educativa o profesional
y conseguir, en definitiva, un mayor protagonismo de la mujer
en la sociedad.
A pesar de que el avance conseguido es muy importante, nos
encontramos en estos momentos con que es necesario incrementar
los esfuerzos, precisamente debido a la crisis por la que
atraviesa no solamente nuestro país, sino también países de
nuestro entorno comunitario, para evitar que sean las mujeres
el colectivo más afectado por esta situación y para evitar
también que se produzca un cierto retroceso laboral. Además,
habría que constatar que la crisis ha llegado en un momento en
que aún no se ha alcanzado una igualdad plena para la mujer,
sobre todo en materia de empleo. Al mismo tiempo, no podemos
olvidar que estamos en una situación de desarrollo del mercado
único europeo y, por tanto, es necesario coordinar las
iniciativas propias de cada país, también del nuestro, y las
medidas adoptadas a nivel comunitario.
Fue precisamente la Comunidad Europea la que asumió desde hace
ya bastantes años el compromiso de mejorar la situación de las
mujeres, sobre todo en materia de empleo. Además, en estos
momentos se está desarrollando el tercer programa de acción
comunitario que abarcará hasta el año 1995. Incluye, entre
otras medidas, además de las de fomento de empleo, importantes
acciones de sensibilización en todo lo que es la política de
reparto de responsabilidades. En este contexto se ha celebrado
recientemente la II Cumbre de Mujeres Europeas y, por ese
motivo, por todas estas razones, es por lo que le pregunto a
la señora Ministra por la valoración que ella hace de esta II
Cumbre de Mujeres Europeas celebrada en Bruselas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez Ortega.
La señora Ministra de Asuntos Sociales tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso):
Muchas gracias, señor Presidente.
Precisamente en septiembre hemos tenido la II Cumbre Europea
de Mujeres en Bruselas, organizada por el Gobierno belga que
preside este semestre y la Comisión de la Comunidad Europea,
bajo el lema de «Mujeres, economía y política social». El
objetivo de este encuentro ha sido precisamente entablar un
diálogo entre las personas responsables de la toma de
decisiones y los grupos afectados, en este caso concreto las
mujeres, para analizar las posibles repercusiones de la crisis
económica en la inserción laboral de las mujeres y también
para promover tanto el impulso de las directivas ya aprobadas
en la Comunidad Europea sobre igualdad de salario, igualdad de
trato en el acceso de empleo y en la promoción e igualdad de
trato en materia de Seguridad Social, como las directivas
nuevas que están pendientes, como la directiva de la inversión
de la carga de la prueba y la de los permisos parentales.
En esta Cumbre se ha analizado, por un lado, la situación de
las mujeres en relación con su inserción en el mercado de
trabajo y, por otro lado, la valoración de esas iniciativas
comunitarias de igualdad de trato con especial referencia a
las directivas, como he dicho.
Las conclusiones de la Cumbre son verdaderamente importantes.
Por un lado, se ha tratado en esta Cumbre de la influencia o
repercusión del Tratado de Maastricht en la situación de las
mujeres en la Comunidad Europea y, por otro lado, las
diferentes modalidades de empleo y el desempleo de las
mujeres. Las conclusiones más importantes son: que el Tratado
de Maastricht crea nuevas oportunidades para impulsar la
Europa social; que, además, en estos momentos de recesión
económica es fundamental eliminar todo tipo de
discriminaciones por razón de sexo para que no se produzca un
retroceso de los logros conseguidos; y también se hace
necesario integrar el objetivo de igualdad de trato en el
diseño de las políticas y de los programas de la Comunidad de
cara al próximo siglo XXI, con la finalidad de compatibilizar
las responsabilidades familiares y profesionales, evitar la
segregación en el mercado de trabajo y aumentar la
participación de las mujeres en la toma de decisiones.
Se hizo especial hincapié en todo lo que es la diversificación
de las opciones educativas y profesionales y que no se
encuentren las mujeres, cuando aspiran al empleo y cuando
entran en el mercado de trabajo, en el limitado ámbito de los
trabajos considerados de mujeres; pulsar el papel activo de
las mujeres en el cambio estructural y en mejorar, en la línea
de la flexibilización, las condiciones de trabajo.El señor
PRESIDENTE: Muchas gracias.
--DEL DIPUTADO DON MIGUEL RAMIREZ GONZALEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL:
¿CUANDO PIENSA EL GOBIERNO LLEVAR A EFECTO LA PROMETIDA
REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
AGRARIA? (Número de expediente 180/000113)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 29, del
señor Ramírez González.
Tiene la palabra.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Ministro, ¿cuándo piensa el
Gobierno llevar a efecto la prometida reforma del sistema de
financiación de la Seguridad Social Agraria?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramírez.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.
El Pleno del Congreso de ayer por la tarde creo que aprobó una
moción, en uno de cuyos puntos, y como consecuencia de una
enmienda del Grupo Popular, aceptada con una redacción
transaccional por el Grupo proponente de la moción, insta al
Gobierno a sustituir en el año 1994 el sistema de cotización
de jornadas teóricas en la Seguridad Social Agraria, y es, en
estos términos, en los que el Gobierno va a dar cumplimiento a
esta moción aprobada, y con esto contesto a su pregunta.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Ramírez tiene la palabra.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señorías, esta moción no fue
aprobada en su totalidad como la presentó el Grupo Popular,
sino que el Partido Socialista se opuso a que fuera en
términos más conminatorios para el Gobierno.
Desde el día 5 de marzo en que se celebrara en Madrid una
marcha verde que traía a centenares de miles de agricultores
de toda España protestando contra la política del Gobierno, el
Gobierno comunicó que aprobaba un proyecto de ley donde
derogaba el sistema de financiación de jornadas teóricas de la
Seguridad Social Agraria. Desde el 5 de marzo no hemos sabido
nada más de ese proyecto de ley. Se ha perdido entre los
vericuetos de la administración socialista y es ayer,
cuando intentamos defender una moción, cuando el Partido
Socialista pide árnica y dice: durante 1994.
Señor Ministro, si teníamos el proyecto de ley, si se
comunicó, si se trasladó a la sociedad rural española el 5 de
marzo la idea de que había voluntad del Gobierno de derogar
este sistema que penaliza a los más pequeños, a los
agricultores autónomos, a los que se les hace cotizar por un
doble sentido, ¿por qué a finales de octubre estamos hablando
de que, a lo mejor, durante 1994 obtenemos ese proyecto de ley
o esa modificación del sistema? Señor Ministro, ¿no se dan
ustedes cuenta de que habían podido aprovechar la Ley de
Presupuestos o la Ley de Medidas Fiscales? Si la han
aprovechado, por ejemplo, para eximir del pago del Impuesto
sobre el Patrimonio a las mil familias más ricas de España y,
por el contrario, para eximir del pago de las jornadas de la
Seguridad Social, del cálcuclo que afecta a los más pequeños
de los agricultores, a los que les hacen pagar por un doble
sistema cuando cotizan como autónomos y luego por unas
jornadas teóricamente, en su día, afectadas a sus tierras,
para ese fin no han querido utilizar la Ley de Presupuestos.
La urgencia para beneficiar a las mil familias más ricas de
España y, en cambio, cuando se intenta recordarles que desde
el día 5 de marzo tienen una promesa pendiente, nos dicen que
durante el año 1994 harán frente a ese compromiso.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.
Señor Ramírez, le explicaré algunas cosas no sé si para su
comprensión, pero sí para su conocimiento. Desde el 5 de
marzo, no es que hayan pasado muchas cosas, ni haya transitado
por los vericuetos de la administración socialista. Entre
otras cosas lo del 5 de marzo pasó a dictamen del Consejo
Económico y Social, que es un órgano creado por una ley que
aprobó esta Cámara. (El señor Ramírez González pronuncia
palabras que no se perciben.) ¿Le pasa algo, señoría? ¿Puedo
seguir?
A partir de ese momento ha pasado otra cosa: ha habido unas
elecciones generales, en cuyo programa el Partido Socialista
presentaba precisamente esta modificación. Esta modificación
es la que se va a producir en 1994, que es lo que le he
contestado a S.S.
Dicho esto, añado: El Régimen Agrario necesita otra
consideración que la que S.S. hace. El Régimen Agrario es un
régimen que obtiene por cuotas 180.000 millones de pesetas,
mientras que gasta un billón y medio de pesetas. No consiste
todo en quitar presión contributiva y, al mismo tiempo, pedir
más protección, que es lo que hace S.S. Habrá que hacer
también una reflexión sobre cómo contribuir a la estabilidad
de un régimen como el Régimen Agrario que está expresando la
solidaridad de todos los españoles con los agricultores. Por
consiguiente, no solamente hablemos de esos ingresos que usted
dice, hablemos del billón y medio de pesetas que gasta año
tras año este régimen, con las cuotas del Régimen General y
las aportaciones del Estado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JAVIER RUPEREZ RUBIO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES: ¿QUE
PROGRESOS HA HECHO EL SEÑOR MINISTRO EN LA INVESTIGACION SOBRE
LOS RESPONSABLES DE LAS FILTRACIONES Y POSTERIORES
MANIPULACIONES DE DOCUMENTOS MINISTERIALES SECRETOS RELATIVOS
A LA POLITICA ESPAÑOLA CON GUINEA ECUATORIAL? (Número de
expediente 180/000118)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 34, del señor Rupérez
Rubio.
El señor RUPEREZ RUBIO: Gracias, señor presidente.
Señor Ministro, ¿qué progresos ha hecho usted, y el Gobierno
en general, en la investigación sobre los responsables de las
filtraciones y posteriores manipulaciones de documentos
ministeriales secretos relativos a la política española con
Guinea Ecuatorial?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rupérez.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Gracias, señor Presidente.
El Gobierno ha hecho progresos sustanciales a través de los
servicios de Seguridad del Estado. Lo que creo --y S.S. lo
compartirá conmigo-- es que éste no es el trámite procesal
oportuno para hacerle saber aquéllos que podemos ya constatar
como reales. Con sumo gusto compareceré en la Comisión para
poder dar una explicación más detallada que la que podría
hacer en los cinco minutos que tengo en este momento.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Rupérez.
El señor RUPEREZ RUBIO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, no es la primera vez que hablamos de este
tema; seguramente, por lo que veo, tampoco será la última.
Le planteamos esta cuestión por varias razones: primero, por
una preocupación genérica. Nos consta, y seguramente al señor
Ministro le consta mejor que a nosotros mismos, que
determinados servicios de inteligencia de organizaciones
multilaterales a las cuales pertenecemos, y concretamente la
OTAN, han llegado a expresar su preocupación por lo que creen
que es una falta adecuada de funcionamiento de lo que supone
un secreto o una confidencialidad funcionarial. Eso nos
preocupa y queríamos transmitírselo porque, seguramente, al
señor Ministro le preocupa exactamente igual que a nosotros, y
convendría que no nos encontráramos en una situación en donde
esos servicios pudieran tener la tentación de pensar que el
funcionariado español o el Gobierno español o la
Administración española no está en situación de responder a
las codificaciones de seguridad a las cuales tenemos acceso.
En segundo lugar --desgraciadamente no es la última vez que
volveremos a hablar del tema de Guinea--, quería situarle esta
pregunta en el contexto más amplio de los problemas que
seguimos teniendo: primero, problemas recientes con el
tránsito de jóvenes españoles que se han visto sometidos a
vejaciones varias por parte de las autoridades guineanas y,
segundo, la última propuesta política significativa, que nos
parece importante, de la oposición democrática guineana en el
sentido de pedir un gobierno de concentración que permitiera
llegar a unas elecciones en las condiciones que nosotros, y
posiblemente todo el mundo medianamente democrático,
consideramos elementales, condiciones que en este momento no
se están cumpliendo y que, consiguientemente, vuelven a
ponernos a todos nosotros y a todos aquellos que tenemos una
determinada visión general sobre lo que es la democracia en
Guinea Ecuatorial y, desde luego, también al Gobierno, en una
situación de nueva y exigente responsabilidad al respecto. Por
todo lo expuesto, señor Ministro, aprovechamos esta ocasión,
una vez más, para manifestarle nuestra múltiple y variada
preocupación al respecto. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rupérez.
El señor Ministro de Asuntos Exteriores tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Señor Presidente, con la máxima brevedad voy a contestar a las
tres cuestiones. Respecto a la primera, no se preocupe S.S.,
los secretos de Estado de España están bien guardados, bien
custodiados, y lo saben también las organizaciones
multilaterales a las que ha hecho referencia. La gravedad de
los documentos a los que S.S. hace referencia y yo mencioné en
la comparecencia no es el contenido de los mismos. La gravedad
es la falsificación de otros, como S.S. sabe bien.
Respecto a los jóvenes que atravesaron la frontera guineana
viniendo de Camerún, hemos hecho la protesta pertinente.
También hemos hablado con los jóvenes diciéndoles que quizá no
hicieron la cosa más prudente que hayan hecho en su vida.
Respecto al gobierno de concentración, conocemos la propuesta
de los grupos de oposición e incluso hemos realizado alguna
gestión para que pudieran entrevistarse con algunas
personalidades españolas y extranjeras.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSEP SANCHEZ I LLIBRE, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL
EXCMO. SR. MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE
FUERON RESPETADAS LAS INSTRUCCIONES DADAS, EN INTERPRETACION
DE LA NORMATIVA VIGENTE, A LA POLICIA NACIONAL PARA EL USO DE
LAS ARMAS DE FUEGO, EN LA ACTUACION DEL GRUPO DE
ESTUPEFACIENTES DE LA POLICIA NACIONAL EL PASADO DIA 29 DE
SEPTIEMBRE DE 1993 EN LA LOCALIDAD DE VILASSAR DE MAR? (Número
de expediente 180/000096)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 12, del
señor Sánchez i Llibre, que tiene la palabra para formularla.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, señor Ministro, el pasado día 29
de septiembre, el ciudadano de Vilassar de Mar don Juan
Fernández Martí, sin antecedentes policiales ni penales, fue
herido gravemente por un disparo de bala, disparo efectuado
por un funcionario de la Brigada de estupefacientes de
Barcelona. ¿Considera el señor Ministro que la actuación de
dicho miembro de la Brigada de estupefacientes, que efectuó el
disparo, se adecua a los principios legales establecidos por
la normativa vigente para el uso de armas de fuego? También me
gustaría que me confirmara si en este incidente hubo un grave
error policial al confundir a la citada víctima con un
traficante de drogas. Muchas gracias, señor Ministro, señoras
y señores Diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
El señor Ministro del Interior tiene la palabra.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): Gracias,
señor Presidente. Señoría, creo que los dos, usted y yo, somos
los primeros en lamentar este desgraciado suceso que ocurrió
en el lugar donde S.S. ha dicho. Y prueba de que lamentamos lo
ocurrido es que la Dirección General de la Policía incoó
expediente disciplinario con carácter inmediato a uno de los
funcionarios policiales que participaron en aquel servicio.
Asimismo, se suspendió provisionalmente de funciones a dicho
funcionario por presunta vulneración del principio básico de
actuación, recogido en el artículo 5.2 de la Ley de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, precisamente en lo que se
refiere, como S.S. decía, al uso de armas de fuego.
Dicho esto, hemos hecho lo que creo que debiéramos de hacer:
el Jefe de la Unidad de estupefacientes visitó al herido en el
hospital dando directamente a sus familiares todo tipo de
explicaciones y, de otra parte, el Gobernador Civil de
Barcelona mantuvo contacto con el Alcalde de la ciudad a los
mismos efectos. Hasta ahí lo que podemos hacer, no sólo
lamentarlo sino poner las medidas para que no vuelva a
ocurrir.
Con motivo de aquella situación policial --y, por tanto, todo
lo dicho queda a reservas de lo que a continuación le diré--
se produjo el atestado que se dio inmediatamente al Juez
Instructor de Guardia. Todos los funcionarios que
intervinieron en estos hechos ya han prestado declaración en
el Juzgado de Mataró, en el que se siguen las diligencias, y
hasta el momento la autoridad judicial no ha adoptado
resolución implicatoria alguna contra los funcionarios
policiales.
En cualquier caso, creo que era necesario --y así se hizo--
dar explicaciones a la persona afectada y también a la familia
por si acaso se podría deducir de esta actuación que había
alguna sospecha o alguien pudiera interpretar que este herido
tenía algo que ver con narcotráfico, cosa que, como S.S.
plantea, no parece en absoluto probable ni posible.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Sánchez i Llibre tiene la palabra.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
También es mi obligación decir aquí públicamente que después
de la conversación que sostuvimos el señor Ministro y yo
mismo, rápidamente, la Dirección General de la Policía de
Barcelona se puso en contacto con los familiares de la víctima
para darles las explicaciones concernientes a dicho asunto.
Sin embargo, también es verdad --y también quiero que esto lo
sepa el señor Ministro-- que hay testigos que públicamente se
han manifestado, a través de la televisión y de diferentes
periódicos de la localidad, sobre la manera en que se produjo
este incidente. No se produjo un forcejeo entre la víctima y
el policía, sino que, parece ser --esto es lo que dicen los
testigos--, el disparo se produjo a distancia, no hubo ningún
disparo de intimidación y lo único que hizo la víctima fue
huir porque acababa de salir de un cajero automático y se
pensaba que en aquellos momentos lo iban a atracar.
Tampoco, en ningún momento, la víctima agredió al funcionario
de policía causándole graves peligros en cuanto a su vida ni a
la de terceras personas, por lo cual yo estoy de acuerdo con
el señor Ministro en que vale la pena iniciar la investigación
de estos sucesos para que no se vuelvan a producir y para
incitar constantemente a los miembros de las Fuerzas de
Seguridad del Estado para que, en el uso de las armas de
fuego, se respeten los principios establecidos por el
Reglamento. Pienso que si su Departamento hace honor a estos
mencionados aspectos, contribuirá aún más a mantener la
seguridad jurídica de todos los ciudadanos del Estado español.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Corcuera Cuesta): Señor
Presidente, precisamente yo no he entrado en ninguna
valoración de cómo se produjeron los hechos porque hay una
instrucción, hay unas diligencias en un juzgado, que son las
que tienen que decirlo. Sin embargo, dicho esto, y en el mismo
tono empleado anteriormente, yo estoy muy preocupado, señoría,
por los mayores riesgos que tienen los funcionarios de policía
cada día, habida cuenta...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON LORENZO OLARTE CULLEN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA, QUE FORMULA AL EXCMO. SR.
MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿QUE ACTUACIONES PREVE EL
MINISTERIO PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA SURGIDO EN LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE CANARIAS, POR EL AUTO DEL TRIBUNAL SUPREMO
SUSPENDIENDO CAUTELARMENTE LA APLICACION DEL REAL DECRETO DE
REGLAMENTO DEL IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (IGIC) Y DEL
APIM? (Número de expediente 180/000066)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, del señor Olarte
Cullen, quien tiene la palabra.
El señor OLARTE CULLEN: Gracias, señor Presidente.
Para saber de boca del señor Ministro de Economía y Hacienda
las medidas o actuaciones que piensa realizar con motivo del
auto dictado por el Tribunal Supremo, en virtud del cual se
deja en suspenso la aplicación del Reglamento que en su día se
dictó por el Gobierno para aplicar la Ley 20/1991 de la
reforma de los aspectos fiscales del Régimen Económico y
Fiscal de Canarias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarte.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, a la vista de los informes recibidos por el Servicio
Jurídico del Estado después del Auto del Tribunal Supremo, el
Gobierno ha tomado la decisión de impugnar el acto de
suspensión por entender que no es preceptivo el trámite de
audiencia de las Cámaras de Comercio en relación con una norma
fiscal de ámbito general. Pensamos que en el caso de que el
Tribunal hubiese considerado oportuno entrar en la cuestión,
debería haberlo hecho al decidir el tema de fondo, pero no
como un tema previo por razones procedimentales. Sin embargo,
desde el punto de vista práctico, que es lo que le preocupa a
S.S., le puedo tranquilizar en el sentido de que no existe
impedimento legal para seguir aplicando los nuevos tributos en
las Islas Canarias de acuerdo con las previsiones del artículo
90 y la disposición adicional cuarta de la Ley 20/91. Puede
existir alguna dificultad técnica o práctica, pero podría
seguirse aplicando el cuadro tributario de la Ley 20/91 hasta
que, si fuera preciso, se elaborase una nueva disposición de
desarrollo de la citada Ley. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Olarte tiene la palabra.
El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, gracias.
Si no he escuchado mal debido a determinados ruidos que se han
producido en estas inmediaciones mientras intervenía el señor
Ministro, me parece que por el Gobierno se pretende sustituir
el pronunciamiento jurisdiccional del Tribunal Supremo,
diciendo incluso lo que debería haber dicho o debería haber
dejado de decir el Tribunal Supremo, quien a nuestro juicio ha
actuado escrupulosa y ortodoxamente dejando en suspenso una
norma en virtud del derecho ejercido por la Cámara de Comercio
de Las Palmas.
A nosotros nos preocupan extraordinariamente los perjuicios
que se pueden irrogar no ya a la Comunidad Autónoma Canaria,
que puede sufrirlos también en el caso de que se produzca una
especie de rebeldía fiscal por parte de los ciudadanos, sino
también al Estado mismo, del cual evidentemente formamos
parte. Al margen de una inseguridad jurídica bastante notable
que se detecta en los ciudadanos en su doble faceta de meros
contribuyentes y de colaboradores de la Administración
tributaria, en tanto en cuanto, al igual que ocurre con el
IVA, tienen esa doble característica. Para nosotros es
extraordinariamente preocupante que con esta medida haya
quedado en suspenso el desarrollo de los elementos esenciales
del tributo como son el tipo, el hecho imponible, las
exenciones, el sujeto pasivo, el devengo y la localización del
hecho imponible, habida cuenta de los negocios jurídicos que
se pueden producir y en los que es preciso determinar si se
aplica el IVA o se aplica el llamado IGIC canario. En
definitiva, es una situación que no creo que se pueda
solucionar con una simple nota de prensa que, de manera un
tanto oficiosa y sin firma, se ha publicado en los medios de
comunicación, sino que, por el contrario, requería el acto
administrativo y, desde luego, dar cumplimiento a la omisión
que se produjo y que determinó la suspensión por parte del
alto Tribunal, que era oír a la Cámara de Comercio de Las
Palmas y, en definitiva, dictar rápidamente las normas
reglamentarias correspondientes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarte.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, en nuestra opinión no es correcta la tesis del
Tribunal y por eso hemos recurrido el acto de suspensión. Es
verdad que el artículo 130 a), 4, de la Ley de Procedimiento
Administrativo, se refiere a actos administrativos, pero la
disposición es de naturaleza general. Ese es un problema
jurídico que sustanciaremos, pero creemos que no debe
resolverse aceptando una tesis con la que no estamos de
acuerdo.
Desde el punto de vista práctico, creemos que tampoco se
plantean grandes dificultades. Lo que se produce en el momento
actual es suspender el Reglamento 1473/92. Sin embargo, se
mantiene plenamente vigente la ley y los elementos
fundamentales de la misma que permiten la aplicación del
impuesto. También siguen en vigor las normas reglamentarias
relativas a gestión, liquidación o recaudación e inspección de
dichos tributos que han sido objeto de regulación particular
por la Comunidad Autónoma Canaria, como sigue en vigor también
la disposición adicional cuarta de la Ley del 91 que dispone
que para todo lo no previsto en esta Ley, y en especial en lo
relativo a materias aduaneras, se estará a lo que dispongan
las disposiciones vigentes en el resto del territorio
nacional.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ALFONSO SORIANO BENITEZ DE LUGO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿POR QUE NO SE CUMPLIMENTARON LOS REQUISITOS ESENCIALES DE
CARACTER PROCEDIMENTAL, PRECEPTIVOS EN LA ELABORACION DEL REAL
DECRETO DE DESARROLLO DEL IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO Y
DEL ARBITRIO SOBRE PRODUCCION E IMPORTACION EN LAS ISLAS
CANARIAS? (Número de expediente 180/000088)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, del señor Soriano
Benítez de Lugo.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Al igual que ha ocurrido con
el señor Olarte, a mí me sorprende profundamente la seguridad
con la que el Ministro da por supuesto que no era necesario el
trámite de audiencia, máxime cuando del propio auto de
suspensión se desprende --y se dice así especialmente-- que
sometió al trámite de audiencia previa a las organizaciones y
asociaciones interesadas --y leo textualmente--, precedido de
un ofrecimiento en tal sentido, posteriormente incumplido por
la Administración del Estado. Señor Ministro, es que su
antecesor en el cargo, por carta, de la que yo he visto
fotocopia, ofreció el informe previo de las Cámaras de
Comercio concretamente con anterioridad a la aprobación del
Reglamento.
Aquí la realidad, señor Ministro, ha sido que ha habido
precipitación en la aprobación de estos reglamentos, que se
aprobaron a principios de septiembre y se publicaron cuando
faltaban escasos días para la entrada en vigor el 1 de enero
de 1993, que hubo un acuerdo del Parlamento de Canarias
instando al Gobierno a que suspendiera la aplicación por los
perjuicios que se podrían ocasionar, acuerdo del Parlamento de
Canarias adoptado con el voto en contra del Grupo Socialista,
del que el Gobierno no hizo el menor caso. Y cuando se indicó
por el Presidente del Gobierno de Canarias, entonces el señor
Saavedra, que él había puesto en conocimiento del señor
Solchaga la conveniencia de suspender la aplicación de los
reglamentos, contestó el señor Solchaga que él no había
recibido una comunicación en tal sentido.
La realidad, señor Ministro, es que esto ha sido una chapuza
más, ha sido una precipitación que ha venido a dar la razón al
Grupo Popular que vino exigiendo la paralización de la
aplicación de los reglamentos hasta que estuviera más
trabajado el asunto y más entrenados en su aplicación los
funcionarios, y esto está produciendo unos perjuicios graves.
De todas formas, me reservo en la siguiente pregunta el
comentar las medidas que el señor Ministro ha manifestado que
se van a adoptar. En esta primera intervención lo que
quieropreguntar es: ¿por qué razón no se cumplimentaron los
requisitos exigidos en la legislación vigente?
No nos ha satisfecho su respuesta, e insisto en que esto no
está en relación con la carta del señor Solchaga a las
confederaciones interesadas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soriano.
Es difícil que la respuesta del señor Ministro le haya
satisfecho o no porque todavía no ha contestado a su pregunta
que, por otra parte, no ha sido formulada. (Risas.) Este
trámite es para que conteste el Gobierno. Su señoría se ha
reservado el derecho de contestar en la siguiente pregunta.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Señor Presidente, lo único
que ocurre es que como la pregunta anterior, del señor Olarte,
coincidía con la mía yo sé ya lo que me va a contestar el
señor Ministro y simplemente me he adelantado. La pregunta del
señor Olarte era prácticamente la misma que he formulado yo.
El seño PRESIDENTE: Espere que conteste el señor Ministro.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Pero es que ya sé lo que me
va a contestar, porque le ha contestado al señor Olarte.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soriano. Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor Soriano Benítez de Lugo, no le voy a contestar lo mismo.
Le voy a contestar a su pregunta, que es distinta de la del
señor Olarte. La pregunta del señor Olarte se refería a qué
medios vamos a poner en marcha para cumplir el Reglamento y
qué problemas creaba; la que usted plantea es por qué no
cumplimos el requisito del trámite previo. Se lo voy a
contestar. No lo cumplimos porque consideramos que no es
necesario. Eso ya lo he dicho anteriormente, es cierto; pero
le voy a explicar algo más de por qué creemos que no es
necesario.
La omisión del trámite alegado por el recurrente en nuestra
opinión debería haber sido un tema objeto del fondo de
discusión en el litigio y no un tema procedimental. De acuerdo
con la jurisprudencia mayoritaria existente en el Tribunal
Supremo el artículo 130.4 de la Ley de Procedimiento
Administrativo es de observancia discrecional para la
Administración, y le cito una sentencia de 19 de diciembre de
1964. En otra de 7 de noviembre de 1966, se dice: más que un
precepto imperativo de inexcusable observancia es un consejo
sano del legislador. En otra sentencia, de 6 de diciembre de
1966, se dice: las normas contenidas en el artículo
130.4 en la Ley de Procedimiento son de naturaleza facultativa
y no preceptiva. En otra de 12 de noviembre de 1983 se dice
que constante y reiterada jurisprudencia ha declarado que la
audiencia prevista en el artículo 130.4 de la Ley de
Procedimiento Administrativo constituye un trámite de
observancia discrecional de la Administración. Y hay
sentencias en el mismo sentido de 27 de abril de 1984 y de 19
de mayo de 1987. Por tanto, yo creo que hay un bagaje más que
suficiente de términos jurídicos para plantear la tesis que
nosotros defendemos.
Sí es cierto que es requisito esencial e ineludible el informe
del artículo 130.4 para todo procedimiento que tenga por
objeto dictar un acto administrativo, pero será excepcional en
los procedimientos de elaboración de disposiciones generales.
Ese es el punto en el que nosotros discrepamos con el Tribunal
y esa en la razón --ninguna otra--, por la que no se dio
audiencia. Evidentemente, dar audiencia a alguien que puede
tener interés en el tema y está bien conocer sus argumentos,
no exige ninguna modificación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON MIGUEL CABRERA PEREZ-CAMACHO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿QUE MEDIDAS URGENTES PIENSA TOMAR EL GOBIERNO PARA SOLUCIONAR
LA SITUACION DE INSEGURIDAD JURIDICA SURGIDA COMO CONSECUENCIA
DE LA SUSPENSION DEL REAL DECRETO DE DESARROLLO DEL IMPUESTO
GENERAL INDIRECTO CANARIO Y DEL ARBITRIO SOBRE PRODUCCION E
IMPORTACION EN LAS ISLAS CANARIAS? (Número de expediente
180/000089)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, que formulará el
señor Soriano Benítez de Lugo.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Lamento, señor Presidente,
tener que volver a contestarle al Ministro sin formular la
pregunta, para ganar tiempo.
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Soriano. Su señoría
está en un punto del orden del día que tiene un contenido muy
concreto, y sabe que según el Reglamento este trámite consiste
en formular escuetamente la pregunta. La pregunta la puede
desarrollar, pero debe ser la pregunta que hay en el orden del
día. No es un trámite para contestar al Gobierno.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: De acuerdo.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno a la vista del auto de
referencia?El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Soriano.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Esta
pregunta sí la había contestado anteriormente. (Rumores.)
Había dicho que parece exagerado hablar, como plantea su
pregunta por escrito, aunque usted no haya hecho referencia a
ello, de inseguridad jurídica. La Ley sigue plenamente en
vigor y siguen también plenamente en vigor las disposiciones
de desarrollo de la Comunidad Autónoma y también la
disposición cuarta, que dice que por razón de subsidariedad se
aplicará la legislación nacional. En consecuencia, no creemos
que se plantee ningún problema práctico sobre este punto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: En definitiva, lo que el
señor Ministro nos ha venido a decir es que la chapuza no es
el Reglamento sino el auto del Tribunal Supremo, puesto que
según la tesis del señor Ministro no es necesario el informe
previo contradiciendo a su antecesor en el cargo que, por
carta, ofreció ese informe previo a las confederaciones
empresariales y a las cámaras de Comercio. Decir que la Ley
sigue vigente es una obviedad, pero si ahora resulta que la
Ley sigue vigente y las normas de desarrollo para la
recaudación en el ámbito de la comunidad autónoma también, nos
hubiéramos ahorrado la molestia de dictar los reglamentos y
aquí no hubiera sucedido nada, porque la tesis del señor
Ministro es que con la Ley y con las normas de aplicación es
suficiente. Luego nos hubiéramos evitado la redacción de los
reglamentos y aquí no hubiera ocurrido nada.
La realidad, señor Ministro --y vuelvo a insistir--, es que
esta fue una actuación precipitada por parte del Gobierno, sin
atender el requerimiento del Parlamento de Canarias --ni desde
luego, el requerimiento del Grupo Popular--pidiendo el retraso
en la aplicación de las normas. Lo que se ha puesto de
manifiesto en todos los medios de comunicación en Canarias es
que los representantes de las Agrupaciones Independientes de
Canarias achacan al Ministerio de Hacienda toda la
responsabilidad y que el Ministerio de Hacienda achaca la
responsabilidad al Consejero de Canarias que, al parecer,
estuvo no sé cuántos meses sin informar los reglamentos, pero
entre unos y otros la realidad es que la casa sigue sin
barrer.
Los perjuicios que se van a causar en Canarias pueden ser muy
graves. Como usted sabe de sobra se calcula en unos 30.000
millones la recaudación por este
impuesto que va a financiar a las coporaciones locales, por lo
que hay que buscar de inmediato una fórmula. En lo que no
estoy de acuerdo es en que la fórmula inmediata sea decir que
los reglamentos no sirven para nada y que se puede seguir
aplicando la ley y la norma. Entiendo que lo que hay que hacer
es dictar unas normas para recaudar, con carácter urgente, el
impuesto y, desde luego, el problema es un problema a resolver
por el Gobierno central, de acuerdo con el Gobierno regional
de Canarias.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soriano.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, yo no he dicho que no sean necesarios los reglamentos
de desarrollo, porque S.S. se olvida, en su nexo causal, de un
tercer elemento, que es la disposición adicional cuarta de la
Ley 20/1991.
Por supuesto, sería mucho mejor que dispusiésemos de esos
reglamentos de desarrollo, pero si no disponemos de ellos
tendremos que recurrir a esta disposición adicional cuarta,
para aplicar la legislación nacional en aquellos casos en que
no esté prevista la aplicación de una reglamentación
específica para este impuesto.
No soy contrario a un desarrollo posterior de esta norma y en
eso se está trabajando, pero es cierto que seguimos
discutiendo, por razones jurídicas que nos parecen relevantes,
si debe existir informe previo o no de la Cámara de Comercio,
entre otras razones porque creemos que, si lo aceptamos,
aceptaríamos una filosofía de informe de interesados en
disposiciones de carácter general, que hasta ahora no se ha
aceptado. Repito que no se plantea ningún problema práctico
porque, como S.S. sabe, esos informes no son vinculantes, pero
sí nos parece un problema de principio que hay que resolver.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA CELIA VILLALOBOS TALERO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿CONSIDERA EL SEÑOR MINISTRO
QUE ES JUSTIFICABLE LA NO CORRECCION DE LAS INSUFICIENCIAS
PRESUPUESTARIAS DEL INEM EN EL EJERCICIO QUE SE PRODUCEN?
(Número de expediente 180/000106)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, de la señora
Villalobos Talero.La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, señor
Presidente.
Señor Ministro, ¿considera que es justificable la no
corrección de las insuficiencias presupuestarias del Inem en
el ejercicio que se producen? Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Villalobos.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, el presupuesto del Inem puede incluir deficiencias en
algunos años, como consecuencia de los desfases que se
producen entre ingresos y gastos. Esas deficiencias en el
presupuesto del Inem se acaban incluyendo en el saldo
presupuestario del mismo, y cuando existe déficit o no, se
incluye, evidentemente, en la contabilidad nacional de cada
año.
En los últimos años, como consecuencia del exceso de gastos
del Inem y de la caída de ingresos, en algunos casos, en el
presupuesto de la Seguridad Social, ha habido este tipo de
déficit. Desgraciadamente, esos déficit no se pueden
regularizar, no se pueden pasar del déficit de la Seguridad
Social a déficit del Estado en el mismo año, porque hay que
esperar al cierre de las cuentas de la Tesorería General de la
Seguridad Social para ver exactamente la cuantía de que
estamos hablando.
El procedimiento que se ha utilizado habitualmente es la
regularización de esos déficit en un momento posterior. Pero
entendamos bien que aquí no hay nada oculto. Hay, simplemente,
una cifra en una cuenta o en otra; o está en el presupuesto de
la Seguridad Social o está en el presupuesto del Estado, pero,
en todo caso en el presupuesto consolidado y en términos de
contabilidad nacional, aparecen siempre reflejadas esas
cuentas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora Villalobos.
La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, le voy a aceptar que en términos de
contabilidad nacional, efectivamente, están contabilizadas en
su año; no es el tema en este momento. Por tanto, el déficit
del Inem que se produce en el año 1993 no tiene absolutamente
nada que ver, salvo lo que corresponde a dicho año 1993. Pero
yo le pregunto a usted, señor Ministro: ¿Por qué no se cumple
el artículo 66 de la Ley General Presupuestaria, dado que las
prestaciones por desempleo son créditos ampliables? ¿Por qué
se utiliza el sistema de operaciones extrapresupuestarias, que
la Interventora General del Estado consideró que era un
sistema no excesivamente regular, aunque sí podría utilizarlo,
desde el punto de vista legal, el propio Instituto Nacional de
Empleo?
Al final, desde el punto de vista presupuestario, aquí hay un
juego de cifras. Yo no digo que haya nada oculto, pero
efectivamente sí hay una mala contabilidad interna del propio
Ministerio y al final siempre hay un tufillo de por qué se
hacen las cosas. Las cosas tienen un sentido, y no me diga
usted a mí que no se cerraba el ejercicio contable del Inem.
Es que en el año 1992 estamos pagando déficit del Inem de 1988
--¡ya han pasado unos cuantos años!--, y el déficit del Inem
es de dos billones de pesetas. En una intervención pública
suya, en unos medios de comunicación, usted es clarificador
sobre por qué han hecho ustedes esto, y dice claramente que se
pensaba que la situación iba a mejorar y, en consecuencia, se
decidió que la Seguridad Social hiciera frente a estos pagos.
Esa es la verdad. Si no se hubiera producido la destrucción
del empleo y la quiebra técnica de la Seguridad Social, no se
hubiera enterado nadie de que existía déficit ni de que
existían los problemas de fraude en el Inem. El problema es
que la Tesorería General ya no puede pagar las pensiones y
ustedes tienen que hacer frente a esa cuestión. Si no pasa
esto, esos dos billones de pesetas corren a cuenta de las
espaldas de los trabajadores ocupados y de los empresarios que
contabilizan y pagan sus cuotas en la Seguridad Social, y eso
si empieza a ser preocupante. Definitivamente usted se inventa
esa oficina de control del fraude, que ha presentado a bombo y
platillo, y en la nota que aparece hoy en los medios de
comunicación usted especifica claramente que se dedicará a
prestaciones sociales.
Señor Ministro, el fraude se podía haber controlado, y mi
pregunta es: ¿Por qué no lo han hecho ustedes antes? ¿Porque
les interesaba desde el punto de vista electoral? Ahora tienen
ustedes que apechugar con lo que han hecho durante diez años.
El fraude de hoy es la consecuencia de diez años de errores
cometidos por su Gobierno.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Villalobos.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
No sé si S.S. quiere que hablemos del fraude o del Inem; yo
creía que quería que hablásemos del Inem. (La señora
Villalobos Talero: Yo he hablado del Inem.) Por tanto, para
eso he venido dispuesto a hablar. ¿Qué sucede? Evidentemente,
que hay prestaciones contributivas y no contributivas. El
Estado, lógicamente, aporta financiación para las no
contributivas. Las contributivas, en principio, deben ser
autosuficientes.
Es cierto que esos créditos ampliables se pueden utilizar en
algunos casos o se puede compensar la situación de los fondos
del Inem en varios ejercicios, en términos de mayores o
menores ingresos, porque el ajuste al 100 por ciento no se
produce nunca.
En segundo lugar, no sé de dónde saca esa cifra de dos
billones de déficit del Inem. Hay dos billones de
prestaciones, no de déficit. Evidentemente, hay una aportación
por cuotas de un billón 100.000 millones y otra aportación del
Estado de, aproximadamente, otro billón de pesetas. Esa es la
situación real.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON CRISTOBAL MONTORO ROMERO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿CUALES SON LAS PARTIDAS DE
GASTO CUYA DESVIACION EXPLICA EL PREOCUPANTE AUMENTO DEL
DEFICIT PUBLICO EN 1993? (Número de expediente 180/000107)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, del señor Montoro
Romero.
El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿cuáles son las partidas de gasto cuya
desviación explica el preocupante aumento del déficit público
en 1993?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montoro.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
De forma muy resumida, voy a decirle que son cuatro conceptos
los que fundamentalmente producen el desvío básico. En primer
lugar, las inversiones reales, que teníamos un crédito inicial
de 917.000 millones, hubo modificaciones de crédito por
229.000 millones y hemos llegado a un crédito final de un
billón 146.000 millones de pesetas. El Fondo de Compensación
Interterritorial, con un crédito inicial de 128.000 millones,
unas modificaciones de crédito de 97.000 millones y un crédito
final de 226.000 millones. Las transferencias al Inem, con un
crédito inicial de 666.000 millones, modificaciones de crédito
hasta 870.000 millones y un crédito final, por los desfases
del año 1993, que traeremos en este propio año 1993, por un
total de un billón 536.000 millones de pesetas. Finalmente,
otras transferencias corrientes, con un crédito inicial de
siete billones 135.000 millones, unas modificaciones de
621.000 millones y un crédito final de siete billones 756.000
millones de pesetas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Señor Ministro, la verdad es que su
intento de explicar las causas del desbordado déficit público
es un ejercicio entre ilusorio y patético. Se lo digo porque
intenta explicar lo que es injustificable. El déficit público
y su corolario, la deuda pública, se han convertido, como
usted bien sabe, en un problema gravísimo, no sólo por las
consecuencias sino por lo que está revelando, y lo que está
diciendo este déficit público es que hay una mala
presupuestación como práctica común, y esa mala
presupuestación se puede extender perfectamente al Presupuesto
del año 1994; hay un descontrol de las autoridades y hay un
enmascaramiento, un camuflaje, por lo que, viendo esa cifra
que usted acaba de darnos de transferencias al Inem y
relacionándolo con la pregunta de la señora Villalobos, se
entiende cada vez menos de dónde viene ese déficit público.
Señor Ministro, en 1993 el déficit público es mayor de lo
previsto en lo que se desvía el gasto público, entendiendo por
gasto público el total consolidado que sale de las
administraciones públicas hacia el resto de los agentes de la
economía, y nunca internamente, nunca consolidándolo. Ese
gasto público se desvía en 2,5 billones, que equivalen a más
de cuatro puntos porcentuales del PIB, y esa es la causa del
crecimiento del gasto público, no la limpieza interna de
cuentas, que, como usted bien ha dicho, estaban ya en una
contabilidad o en otra del sector público. Por tanto, no
acredite como justificación del déficit público la limpieza de
cuentas del Inem.
Quero pedirle y recomendarle que matice sus declaraciones
públicas, igual que otros miembros del Gobierno, cuando
afirman que la sociedad española vive por encima de sus
posibilidades. Aquí quien vive por encima de sus posibilidades
es el Estado, señor Ministro, que es el que está gastando lo
que no tiene, el que está ofreciendo a los españoles aquello
de lo que carece y está engendrando este déficit, que no es
que ya sea un mal, es un auténtico enigma, un enigma que
tenemos que resolver porque, si no lo hacemos, va a resultar
una herencia insoportable para los presupuestos de los años
venideros. No se va a resolver el déficit público si no
desactivamos esas causas que siguen intangibles. El sentido de
esta pregunta, señor Ministro, es revelarle la contradicción
en la que están incurriendo continuamente en la explicación de
ese déficit público...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montoro.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Su señoría conoce perfectamente --lo hemos discutido más de
una vez ya-- cuáles son las grandes partidas. Evidentemente en
el reconocimiento del déficit del Estado hay una clarificación
de cuentas respecto al Inem, pero además de ello, del déficit
de todas las administraciones públicas como consecuencia
también de gastos adicionales del Inem, este año hay un
incremento de cuatrocientos y pico mil millones de pesetas. Su
señoría también sabe que hay una caída importante de ingresos;
su señoría sabe que en inversiones reales hay 200.000 millones
de pesetas más --192.000 para ser exactos--, como consecuencia
de la aplicación de remanentes del año 1992, más 37.000
millones adicionales como consecuencia del programa de
incentivo de la economía que se puso en marcha en el mes de
marzo; su señoría también sabe que en el Fondo de Compensación
Interterritorial están las nuevas aportaciones a comunidades
autónomas y las incorporaciones de crédito del presupuesto de
1993. Hay otras transferencias corrientes de gran relevancia,
entre ellas las del programa de Radiotelevisión, los
ferrocarriles de vía estrecha, las pensiones no contributivas
o las ampliaciones de crédito que afectan al Insalud o a las
comunidades autónomas. Todo ello, unido al incremento del
salario de los funcionarios, no presupuestado...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON FELIPE CAMISON ASENSIO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUANTO COSTO, DE VERDAD, EL BUQUE «J.J. SISTER», DE
TRASMEDITERRANEA? (Número de expediente 180/000108)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, del señor Camisón
Asensio.
El señor CAMISON ASENSIO: ¿Cuánto costó, de verdad, el buque
«J.J. Sister», de Trasmediterránea?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Camisón.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
El día 16 de diciembre del año 1992, S.S. planteó exactamente
la misma pregunta que en el momento actual, excepto que no
decía «de verdad». Supongo que «de verdad» quiere decir cuáles
son los ajustes que se producen desde aquella fecha hasta este
momento.
En aquel momento eran 8.400 millones de pesetas. Ese es el
precio del buque, al que se han añadido 540 millones de
pesetas extra derivados de los gastos de inscripción y
tripulación, repuestos adicionales, impuestos, gastos
financieros, notarías y obras de reforma.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Señor Ministro, insistimos en este
gran arcano porque queremos saber la verdad y nada más que la
verdad.
Efectivamente se nos dijo por su antecesor, en todo momento,
que el coste eran 8.400 millones --usted hoy lo reitera--, y,
además, que ese fue el pretexto para dejar sin empleo a los
trabajadores de los Astilleros de Cádiz. Pues bien, usted, y
antes su antecesor, están haciendo una gran economía de la
verdad, y dado que son ministros del ramo debían dedicarse a
hacer economía de otras cosas, no de la verdad.
Tengo a la vista, por fin, el contrato que ustedes firmaron
con los finlandeses. El artículo 2.º está clarísimo. El precio
fijado para este buque es de 9.150 millones netos. Asimismo,
queda claro en el contrato que los posibles reformados e
intereses, a mayores son además de esos 9.150 millones. Le
preguntamos, señor Ministro, ¿por qué ese empeño del Gobierno
de masacrar la verdad en este tema y en todo lo de
Trasmediterránea?
Efectivamente, siempre se nos dijo y tengo todas las
actuaciones, que eran 8.400 millones, pero vemos que el dato
fehaciente de ese contrato no coincide. Además, señor
Ministro, usted olvida --no sé si de forma deliberada o no--
otros gastos sustanciosos e impresentables, por ejemplo, el
asesoramiento de Delta Marín, de una necesidad dudosa. Las
modificaciones que ha citado son voluminosas, pero hay, señor
Ministro, la intermediación de un «broker» comisionista.
¿Cuánto cobró? ¿El 5 por ciento? ¿Cobró 450 millones? Queremos
saberlo. En todo caso, lo que haya sido es un gasto
absolutamente innecesario.
Está señor Ministro la excursión o más bien la juerga de
botadura en Turkú, en Finlandia. Cerca de 100 autoridades
españolas desplazadas allí, entre ellas dos ministros del
actual Gabinete. Cruceros y excursión a Laponia incluidas.
¿Cuánto costó? Ni se sabe. Lo que sí se sabe es que, en este
tema de Trasmediterránea, su actividad con el Gobierno
socialista ha llegado y está llegando a ser una gran patraña,
señor Ministro. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camisón.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor Camisón, a diferencia de usted, yo no dispongo aquí del
contrato de Trasmediterránea. (Rumores.); pero de las cifras
que dispongo resulta que el precio del buque es de 8.400
millones. No sé de dónde sacan esos nueve mil y pico millones.
Las diferencias en mil y pico millones de pesetas con la
oferta que se había hecho por Astilleros Españoles derivan,
fundamentalmente, no del precio de construcción, que es muy
parecido, sino de la fecha de entrega, que es cinco meses
antes, y de los costes financieros, que son sustancialmente
más baratos. Eso nos da una diferencia de 1.100 millones de
pesetas, que en un total de aproximadamente 8.500 es una
diferencia sustanciosa.
En cuanto a los gastos adicionales, se hubieran producido
seguramente con ambas ofertas. Estamos hablando de gastos de
inspección, de tripulación, de notarías, de reformas que, en
todo caso, posiblemente se hubieran producido. Por tanto, creo
que siguen siendo válidas las comparaciones adicionales. El
que mezcle S.S. una invitación que hacen los astilleros a
determinadas personas en España, no tiene, en mi opinión,
conexión directa con este punto. Podemos opinar lo que
queramos sobre eso. Posiblemente, yo opinaría con usted que no
son los elementos más positivos en este tipo de operaciones,
pero son absolutamente independientes y no recargan para nada
la construcción del buque. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Silencio,
señorías.
--DEL DIPUTADO DON LUIS ANGEL FERNANDEZ RODRIGUEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿POR QUE EL GOBIERNO HA
CONSENTIDO QUE LA CARPA QUE LA EMPRESA PUBLICA
TRASMEDITERRANEA DEBIO INSTALAR EL PASADO AÑO EN EL PUERTO DE
SEVILLA SE MONTARA, SIN EMBARGO, EN EL JARDIN PARTICULAR DE UN
DIRECTIVO DE LA REFERIDA NAVIERA? (Número de expediente
180/000109)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, del señor Fernández
Rodríguez.
El señor FERNANDEZ RODRIGUEZ: Señor Ministro, ¿por qué el
Gobierno ha consentido que la carpa que la empresa pública
Trasmediterránea debió instalar el pasado año en el puerto de
Sevilla se montara, sin embargo, en el jardín particular de un
directivo de la referida naviera?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, decir que el Gobierno ha consentido ni más ni menos
que autorizar que la empresa pública Trasmediterránea instale
una carpa... Le aseguro que el Gobierno nunca se ha preocupado
de este tema; estas son responsabilidades, evidentemente, de
la propia compañía Trasmediterránea.
Sin embargo, sí tenemos la misma información que tiene S.S., y
es que se produjo una instalación incorrecta de la carpa que
estaba inicialmente, prevista para el muelle en Algeciras, por
un directivo de la Compañía. Como S.S. posiblemente conozca,
dicho directivo responsable de la zona Sur-Estrecho ha sido
dimitido del cargo. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Fernández.
El señor FERNANDEZ RODRIGUEZ: Decirle, señor Ministro, que no
me pueden satisfacer sus explicaciones, y no me satisfacen
porque quizá lo más grave de todo esto no es que un mando
directivo de Trasmediterránea haya utilizado en beneficio
propio mobiliario adquirido con dinero de la empresa; ni tan
siquiera que la instalación de ese mobiliario se haya
efectuado utilizando trabajadores de la empresa a los que se
ha pagado una serie de horas extraordinarias que no les
correspondían; ni que todo ello se haya hecho falsificando
documentos tales como partes de trabajo u hojas de pedido; lo
más grave, repito, no es que esas cosas ocurran; lo grave es
que no pasa nada. A ese directivo, es verdad, se le ha cesado,
pero se le ha traslado a Madrid, sigue manteniendo su mismo
empleo y sueldo y no se ha abierto ningún tipo de
investigación. Ello es absolutamente imprescindible porque,
después de formular esta denuncia pública, el gobierno ni tan
siquiera ha detectado una cuestión tan simple como que ese
alto directivo, además, puestos a falsificar, falsificó hasta
su lugar de residencia, y en vez de en Algeciras, que es donde
vivía, estaba empadronado en Ceuta, con sus correspondientes
ventajas fiscales, y curiosamente en el domicilio del propio
delegado de Trasmediterránea en dicha localidad de Ceuta.
Señor Ministro, créame si le digo que me gustaría escuchar en
su turno de réplica que se va a tomar el
tema en serio, aunque sólo sea por si hubiese irregularidades
mayores. A veces para muestra basta con un botón y, créame,
todo lo que no sea llevar adelante una comisión de
investigación sobre la gestión de Trasmediterránea en la zona
del Estrecho, todo lo que no sea sancionar ejemplarmente este
tipo de conductas, sólo sirve para generar más corrupción ante
la complicidad directa o indirecta de todo el Gobierno.
(Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señoría. El Gobierno evidentemente vela por los
intereses generales (Risas y rumores.) e intenta también que
este tipo de actuaciones no se reproduzca. A mí no me consta
esa referencia a la que usted hace alusión cuando habla de que
ha sido trasladado en las mismas condiciones a Madrid. Tengo
la impresión de que no es exactamente esa la situación.
En todo caso, tomo nota de lo que S.S. ha dicho para que se
produzca el pertinente análisis y la correspondiente
investigación por la compañía. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿CUALES SON LOS CRITERIOS POR LOS QUE LAS EMPRESAS
PUBLICAS DE TRANSPORTES, INCLUIDA TRASMEDITERRANEA, FACILITAN
VIAJES GRATUITOS A CARGOS PUBLICOS? (Número de expediente
180/000110)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, del señor Fernández
de Mesa Díaz del Río.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor
Presidente. Señor Ministro, ¿cuales son los criterios por los
que las empresas públicas de transportes, incluida
Trasmediterránea, facilitan viajes gratuitos a cargos
públicos?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señoría. No existe ningún criterio del Gobierno sobre
la posibilidad de que las empresas públicas de transporte
faciliten viajes gratuitos a cargos públicos. Lo que sí pueden
existir son criterios de las propias compañías para aplicar a
terceros diferentes tipos de gratuidad y descuentos por
razones de política comercial. Las razones de las compañías de
transportes para aplicar esta gratuidad obedecen a causas
distintas y, desde luego, no afectan única y exclusivamente a
cargos públicos, sino que tienen en consideración los
intereses generales de la compañía.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor
Presidente.
Señor Ministro, no voy a entrar en el coste del precio de
200.000 pesetas arriba o abajo que han costado los billetes, o
lo que podrían haber costado, del ex Ministro de Hacienda, del
ex Ministro de Industria, del actual portavoz del Grupo
parlamentario Socialista y Presidente del mismo, porque
200.000 pesetas pueden ser calderilla para la «beautiful»,
pero no le quepa la menor duda de que son un gran capital para
los parados, para los pensionistas y para todos aquellos que
se les están recortando las prestaciones sociales. (Rumores en
los bancos del Grupo Socialista.) Quiero decir que para los
parados, y especialmente me acuerdo de los de AESA o de los de
Astano, astilleros que precisamente el Ministerio de Economía
y Hacienda les negó la construcción del «J.J. Sister» sacando
de España 10.000 millones de pesetas de inversión o 9.000 o
los 8.400 que usted quiere decir, a Finlandia, en lugar de
haberlo realizado aquí. Lamentablemente, situaciones como ésta
son una bofetada para todos los españoles a los que
constantemente se les pide que se aprieten el cinturón. Este
episodio viene a sumarse al de los altos cargos del Ministerio
de Obras Públicas que han estado veraneando en los faros de la
costa española gratuitamente, en las casas de las que se han
echado a los fareros, o al del alto cargo del Ministerio de
Defensa que ha estado viviendo en una residencia militar sin
derecho a ello, mientras que militares que pernoctan en Madrid
no tienen sitio donde hacerlo. Señor Ministro, lo que sí puedo
decirle es que el Grupo parlamentario Popular exigirá del
Presidente de Trasmediterránea, una vez que ha destapado el
tarro de las esencias con sus declaraciones, que facilite a
esta Cámara las 1.500 personas que han viajado gratis y que
explique de una vez los criterios por los que se prima esa
endogamia de «VIP» a «VIP» para erradicar de una manera
definitiva todo el favoritismo que se está viendo en esta
compañía. Muchas gracias, señor Ministro. (Aplausos en los
bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Creo que estamos sacando de quicio problemas de tipo
anecdótico (Grandes rumores y protestas en los bancos del
Grupo Popular.) e intentando elevar a categoría algo que no
corresponde a la realidad. Si se ha hecho un esfuerzo
importante en el control de la utilización de los servicios
públicos ha sido en los últimos años. Podríamos traer
anécdotas de otro tipo que sorprenderían a SS.SS. (Varios
señores del Grupo Popular: Tráigalas, tráigalas.--Rumores en
los bancos del Grupo Socialista.)El señor PRESIDENTE:
¡Silencio, señorías!
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Sin
embargo, no entraré en ese tipo de discusión de tono menor
(Grandes protestas en los bancos del Grupo Popular.) que me
parece que no aporta nada a un debate correcto y constructivo
de temas que considero bastante más serios. Muchas gracias.
(Grandes protestas en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL
GOBIERNO PARA ASEGURAR QUE EL DESCENSO EN LOS TIPOS DE INTERES
DEL DINERO TENGA SU ADECUADO TRASLADO AL MERCADO HIPOTECARIO
EN LAS MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS PARA LOS DEUDORES
(Número de expediente 172/000013)
El señor PRESIDENTE: Punto 5 del orden del día:
Interpelaciones urgentes. Interpelación del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya sobre medidas que piensa
adoptar el Gobierno para asegurar que el descenso en los tipos
de interés del dinero tenga su adecuado traslado al mercado
hipotecario en las mejores condiciones económicas para los
deudores.
Por el grupo interpelante, tiene la palabra el señor Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Señoras y señores Diputados, el tema
de esta interpelación creo no ser inmodesto al señalar, e
intentaré demostrarlo a lo largo del debate con el Ministro de
Economía, es de una enorme importancia y de una relevancia
realmente significativa. No en vano estaremos hablando,
señoras y señores Diputados, de un volumen de crédito que
podría haberse rebajado sustancialmente en su coste financiero
aproximadamente en trece billones de pesetas, crédito, además,
conectado con un derecho fundamental que nuestro grupo
parlamentario defiende, como el que más, que se haga realidad,
es decir, el derecho a la vivienda. Estoy hablando de créditos
hipotecarios y de un mecanismo jurídico, que debería
convertirse en un acuerdo político, si puede ser de toda la
Cámara, para que este mecanismo jurídico fuese de universal
aplicación al amparo de la normativa pertinente.
Por tanto --y quiero señalarlo al inicio de mi intervención--,
esta no es una interpelación típica en el sentido de ir contra
el Gobierno; no va contra el Gobierno, va a favor de abaratar
el crédito hipotecario, va
a favor de hacer entender a los miembros del Grupo Socialista,
a los miembros de otros Grupos Parlamentarios que si están de
acuerdo en lo que vamos a proponer y si creen que es justo y
que es legal... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Espasa, un momento. Señorías, ruego
guarden silencio (Pausa.) Cuando quiera.
El señor ESPASA OLIVER: Les puedo avanzar que es justo y legal
lo que les vamos a proponer desde esta tribuna; hagamos una
contribución importante y positiva en acercar el precio pagado
por las viviendas por los constructores al precio real y
rebajemos drásticamente el margen financiero.
Por tanto, si contra alguien fuese dirigida esta interpelación
sería contra la ineficiencia de los bancos y del sistema
crediticio en España, y no me duelen prendas al decir que yo
mismo, así como mi Grupo, creemos que la banca, las entidades
de crédito españolas tienen un excesivo margen financiero y
son muy ineficientes, y un ejemplo de esta ineficiencia y de
este excesivo margen financiero está en lo que vamos a
considerar.
Se trata, por tanto, de abaratar el crédito hipotecario de
forma importante, drástica y rápida para mejorar el bolsillo
de los particulares, de los tenedores o deudores de hipoteca,
sean personas físicas particulares que están pagando su piso
con la hipoteca, sean promotores o constructoras que tienen
hipotecada la obra que van construyendo para ofrecerla después
en vivienda para la venta, también para facilitar el trabajo
del Gobierno y de las Comunidades Autónomas que en los planes
de vivienda deben poner, por mandato constitucional y legal,
viviendas a buen precio al alcance de todos los españoles. Por
tanto, es una propuesta que beneficiaría a particulares, a
empresas y constructores, al propio Gobierno, a las
Comunidades Autónomas, en definitiva, acercaría, como he dicho
al principio, el precio pagado al precio real, disminuiría el
margen financiero y sería un gran revulsivo para la economía
española. No en vano se ha dicho, se dice y se reconoce que el
sector de la construcción es uno de los motores de la economía
española. Pues con esta propuesta dinamizaríamos un sector tan
importante en la economía como el de la construcción.
Pero, ¿de qué estoy hablando, señorías? Vamos a ver los
aspectos económicos. Antes lo he citado rápidamente. Tengan
ustedes presente que a fecha de hoy el saldo vivo hipotecario
es de 13 billones de pesetas, de ellos aproximadamente 4,8
billones de pesetas son créditos hipotecarios de constructoras
y promotres y 7 billones de pesetas es crédito hipotecario de
particulares. Por tanto, el volumen es realmente importante.
¿Qué sucede con este crédito hipotecario? Sucede simplemente
que ahora el precio del dinero está en 9,25 y la mayoría de
este crédito hipotecario, de estos 13 billones que acabo de
mencionar, señoras y señores Diputados, se está cobrando al
14, 15, 16 o al 17 por ciento. ¿Por qué? Porque el descenso en
los tipos de interés sólo se aplica a las nuevas hipotecas que
se acaban de constituir, no al crédito vivo del saldo
hipotecario. ¿Qué proponemos nosotros? Que esta rebaja en los
tipos de interés pueda trasladarse inmediatamente al crédito
vivo hipotecario ya contratado. Este es el núcleo de la
cuestión, que es muy importante, porque de nada vale decir que
los bancos ya han trasladado la reducción del tipo de interés
del Banco de España a los nuevos créditos hipotecarios --hoy
en la prensa viene lo que se podría llamar un inicio de guerra
de activos entre bancos ofreciendo hipotecas más bajas--
porque lo han hecho a las hipotecas nuevas o si son sobre
hipotecas viejas --y ahora voy a entrar en ello-- hay que
cancelar la vieja hipoteca, que tiene unos costes muy altos,
hay que abrir una nueva y entonces este coste puede comerse la
reducción en el diferencial de interés entre el que estaba la
antigua hipoteca y en el que puede estar la nueva. Por tanto,
se conseguiría un volumen de ahorro realmente importante.
¿Cómo se puede conseguir esto? ¿Por qué sostenemos que esto
que proponemos es no sólo justo, sino que es legal? ¿Por qué
esto no se ha producido hasta ahora? Por la ineficiencia de la
banca, porque las escrituras que acompañan a las hipotecas
producidas por las entidades de crédito en España, bancos,
cajas de ahorro, por decirlo gráficamente, señoras y señores
Diputados, son la ley del embudo, porque orillan la legalidad
y a veces la vulneran. Si no, vayamos al centro de la
cuestión.
¿Cuál es el centro de la cuestión? Considerar, cosa que no
hacen los bancos y las cajas, cosa que no hacen las escrituras
que estos bancos y cajas obligan a firmar a los particulares,
primero, que el titular del crédito, es decir, del préstamo,
es el deudor, no el banco. Segundo, que la hipoteca es un
derecho jurídico accesorio al crédito y que este derecho
jurídico accesorio sigue la vida y las vicisitudes del
crédito. Tercero, que el crédito, siendo el bien jurídico
fundamental, se puede ceder; no sólo el prestamista puede
ceder créditos, como de hecho hacen bancos y cajas, que se
ceden entre sí créditos sin avisar al deudor, porque en la
escritura ya le obligan a renunciar a este derecho que prevé
el Código Civil, no sólo pueden hacerlo, repito, los
prestamistas, sino que, en aplicación de los artículos 1.211,
1.212 y 1.528 del Código Civil --y este es el núcleo jurídico
de la cuestión--, el deudor puede también ceder el crédito.
El deudor puede subrogar la hipoteca; para eso sólo tiene que
hacer dos cosas, lo que dice el artículo 1.211 del Código
Civil: acudir ante un notario y solicitarle un registro
notarial de una carta de pago conforme ha tomado dinero
prestado para cancelar su antigua hipoteca y trasladar aquella
hipoteca al nuevo prestamista.
Esto está dicho literalmente así en los artículos 1.211, 1.212
y 1.528 del Código Civil.
¿Por qué no se hace hasta ahora? ¿Por qué hemos permitido
entre todos --y en este caso se podría acusar al Gobierno, a
éste y a otros de omisión-- que esto que pone en plano de
igualdad a deudores y a acreedores, que facilitaría el
traslado inmediato del coste del dinero a los deudores, no se
aplique? ¿Por qué las escrituras --tengo aquí las que quieran,
señores Diputados-- de cajas, de bancos, todas ignoran esto y
obligan a pagar un rescate si se cancela la hipoteca de forma
anticipada o prevén la no cancelación de la hipoteca? ¿Por qué
todas estas escrituras que son nulas de pleno derecho, pues
vulneran algo tan importante como son tres artículos del
Código Civil, son moneda de curso legal en nuestro país? ¿Por
qué? ¿Por qué permitimos que se continúen pagando millones y
millones de pesetas a un tipo de interés que no tiene que ver
en absoluto con la realidad de lo que es hoy el precio del
dinero? ¿Simplemente porque aquel ciudadano contrató su
hipoteca en el año 1989, 1990 o 1991, cuando el dinero estaba
al 17 por ciento? ¿No puede este ciudadano cambiar y bajar
este crédito al precio real de dinero, sea el particular, sea
el constructor, sea el promotor, sea la propia Administración
pública? ¿Por qué no vamos a permitir que se haga esto?
Creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que vamos a
permitir que esto se haga; vamos a producir una moción (y les
puedo asegurar que Izquierda unida renuncia ya a todo
protagonismo por mor de conseguir el máximo consenso posible)
que contenga los elementos esenciales de cuanto les acabo de
exponer, señoras y señores Diputados. Esto es, que apliquemos
la legalidad, lo que es justo y legal, lo que prevé el Código
Civil y que el deudor esté en las mismas condiciones que el
acreedor para renegociar su crédito, para sacar el máximo
beneficio de la libertad de comercio, del mercado, el famoso y
tan glorificado mercado, aprovechando la legalidad que le
asiste para, en aras de la libre competencia encontrar un
segundo acreedor que le ofrezca aceptar su hipoteca y en lugar
de cobrársela al 17 por ciento cobrársela al 10 por ciento,
que es el precio actual del dinero. Este sería, señoras y
señores Diputados, el aspecto jurídico de la cuestión.
Se me podrá contraargumentar, y espero que no sea así por
parte del señor Ministro, que las hipotecas son contratos
entre las partes, que son libres. Son contratos de adhesión y
usted sabe perfectamente que un contrato es ley entre las
partes mientras no vulnera leyes más importantes. Y me parece
que son leyes más importantes el Código Civil y el Código de
Comercio, que señalan que los contratos entre partes, y más si
son de adhesión, no pueden ser lesivos para una de las partes
y si hay que reinterpretarlos debe siempre hacerse a favor de
la parte más débil. Ampara perfectamente es-ta medida jurídica
que el Gobierno espero que sabrá proteger con la normativa
adecuada.
Si no lo hace el Gobierno, los particulares --la patronal y
los promotores de la construcción ya están sobre el tema, ya
saben de qué va-- lo pueden conseguir por vía jurisprudencial.
Pero yo estoy seguro de que el Gobierno no será tan poco
oportuno como para permitir que lo que puede ser un acuerdo
político de esta Cámara, lo que puede ser un acuerdo positivo
de Gobierno tenga que ser ganado por vía jurisprudencial uno a
uno por parte de los particulares, sean personas individuales
o sean empresas de la construcción. Por tanto, incluso con las
escrituras firmadas, esto puede ser declarado nulo de pleno
derecho y puede tener una interpretación más favorable a la
parte más débil, en este caso, claro está, la parte deudora.
El señor PRESIDENTE: Señor Espasa, le ruego que concluya.
El señor ESPASA OLIVER: Voy a concluir, señor Presidente,
señalando ya solamente algunos aspectos
políticos. Los he citado al principio y sólo quiero apuntarlos
en este final de la primera intervención.
En primer lugar, haríamos más eficaz y más real el derecho a
la vivienda. En segundo lugar, el papel normativo y arbitral
del Estado, ¿a favor de quién lo vamos a ejercer?
A favor de particulares --ya lo he dicho--, a favor de
promotores y constructores, a favor del propio Gobierno y de
las comunidades autónomas, que tienen la obligación de poner
en práctica planes de viviendas. ¿O es que lo vamos a poner en
favor de los actuales e ineficientes detentadores del crédito,
es decir, banca, cajas de ahorro?
¿Vamos a ser tan obtusos que, sabiendo que esto no es ni justo
ni legal, no permitamos que se abra paso de forma universal,
de forma normalizada, de forma positiva una solución que puede
abaratar el crédito, que puede mejorar el bolsillo de los
deudores y que puede dinamizar la economía? ¿Vamos a ser tan
obtusos que no vamos a permitir esto? Me parece que no, pero
espero escuchar la respuesta del Ministro de Economía.
¿Es que habría alguien que resultara perjudicado? ¿La banca,
el sistema crediticio? Señores Diputados, tampoco. El crédito
hipotecario, en el conjunto del crédito de los bancos, no
representa más allá del 10 o 20 por ciento de su activo. Por
tanto, no es una parte importante del conjunto del crédito que
tienen los bancos. Las cajas, que tienen más crédito
hipotecario, no pasan del 30 o 35 por ciento y sólo
resultarían más afectados el Banco Hipotecario o el Instituto
de Crédito Oficial. Pero el conjunto del sistema crediticio no
se vería afectado por una medida así, más aún si fuese una
norma de aplicación general que al final produciría
simplemente lo siguiente: los bancos, para evitar pérdidas
de activos, ofrecerían de forma directa y espontánea la
reducción en los tipos de interés de las hipotecas a sus
clientes.
Este sería el fin último que perseguiríamos, pero si los
bancos son tan obtusos que no quieren hacer eso, vamos a
producir una normativa que permita que los españoles de a pie
puedan renegociar sus créditos hipotecarios y puedan
aprovecharse de la política del Gobierno al bajar los tipos de
interés.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene
la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señor
Presidente, señorías, en primer lugar, quiero felicitarme por
la iniciativa de Izquierda Unida por plantear un tema de la
máxima actualidad.
Todos somos conscientes de la importancia que tiene en el
momento actual el poder trasladar al utilizador último las
reducciones de tipos de interés que se están planteando por
parte del Banco de España.
Lo que S.S. plantea hoy ante esta Cámara es un caso concreto
de estas reducciones referidas al mercado hipotecario. Cuando
el día 15 de este mes, tras el Consejo de Ministros,
informamos de las diferentes medidas que se habían adoptado de
tipo económico y de la ley del Banco de España, tuve la
ocasión también de introducir este tema como elemento de
discusión en el ámbito público. El Gobierno es plenamente
consciente de la necesidad de refinanciar los préstamos
hipotecarios, básicamente porque, tal como están concebidos en
la actualidad, implican un doble coste para los titulares de
los mismos: en primer lugar, la penalización por reembolso
anticipado de los mismos y, en segundo lugar, los gastos
notariales, registrales y tributarios que se plantean. Ello
hace que nuestro sistema de hipotecas sea extremadamente
rígido. Unicamente en las nuevas rehipotecas como su señoría
dice, se pueden reducir de forma automática los tipos de
interés y también en aquellas antiguas hipotecas que están
definidas a tipo de interés variable. Sin embargo, es cierto
que el grueso de nuestras hipotecas son anteriores, como es
lógico, en el momento actual y la mayoría son a tipos de
interés fijo.
¿Por qué el Gobierno contempla favorablemente la posibilidad
de refinanciar los préstamos hipotecarios? Por dos razones: en
primer lugar, porque permitirá a los consumidores beneficiarse
de esta caída de tipos de interés, estimulando la competencia
entre entidades crediticias y también seguramente mejorando la
posibilidad de acceso al mercado de la vivienda. En segundo
lugar, porque también tiene su incidencia fiscal esta
deducción de tipos de interés dentro de nuestra recau-dación y
de nuestras deducciones de intereses por adquisición de
vivienda.
Por lo tanto, en cuanto a la filosofía estamos absolutamente
de acuerdo. El problema radica en que algo que parece
extremadamente simple, llevado a la práctica, resulta bastante
complejo como consecuencia de elementos de distinta
naturaleza. Evidentemente, hay intereses contrapuestos. Esto
no es distinto de lo que sucede en muchas otras decisiones
políticas y no debería ser objeto de nuestra especial
preocupación. En segundo lugar, y éste es un tema un poquito
más complejo, sobre este problema se superponen dos normas de
igual rango de tipo jurídico, que son el Código Civil y la Ley
Hipotecaria, con tratamientos no exactamente iguales siempre.
Y en tercer lugar --y es tal vez el tema más complejo--,
estamos tratando sobre conceptos jurídicos controvertidos no
siempre suficientemente aclarados por la doctrina y la
jurisprudencia, como es, sobre todo, el concepto de novación
descriptiva o novación modificativa de un contrato. Por lo
tanto, no bastaría con un mero hábito de voluntad del Gobierno
para solucionar el tema del mercado hipotecario y permitir a
los deudores subrogarse o renegociar condiciones más
ventajosas para sus créditos hipotecarios.
Yo creo que no se le oculta a su señoría, que, el tema, si
fuera de fácil solución, seguramente ya estaría resuelto. Pero
es cierto que la voluntad del Gobierno va en esa dirección.
Creemos que es una condición necesaria, pero no suficiente, el
impulsar ese tema para intentar resolver el problema al que he
hecho referencia anteriormente. ¿Qué debemos conseguir? Sin
duda alguna, el objetivo final es reducir los tipos de interés
en el mercado hipotecario. Para ello el primer elemento --y
hoy contamos con esa posibilidad--, es la rebaja de los tipos
de interés en términos generales. El segundo punto importante
es el intentar que la banda que actualmente ya está trabajando
en el mercado hipotecario lleve a cabo una reducción de tipos,
y algo se ha hecho. Es verdad que la reducción que se realiza
hasta el momento actual --estamos hablando fundamentalmente de
tipos nuevos o de hipotecas nuevas-- es relativamente
reducida, con caídas, por ejemplo, del 0,4 por ciento de los
tipos en el mes de septiembre, que, sin duda alguna, no es
suficiente para lo que nos interesaría. Las cajas de ahorro
han realizado un esfuerzo adicional y han producido en los
últimos nueve meses una reducción de los tipos activos entre
un 1,2 y un 2,5 por ciento, comparados con la reducción media
de los bancos del 1,9, como máximo. Desde el punto de vista
del sector público se ha intentado que este esfuerzo se
ampliara y por eso Argentaria, a través del Banco Hipotecario
de España, ha hecho un especial esfuerzo. El Banco Hipotecario
de España, desde diciembre del pasado año hasta el momento
actual, ha disminuido sus tipos en un 2,44 por cien, hasta
situarse en un 12,31, por encima,
evidentemente, del resto de las restantes entidades.
Quiero centrarme en dos o tres problemas específicos que yo
creo que, de ser capaces de resolverlos, nos ayudaría a
transmitir a los utilizadores las reducciones de tipo de
interés de forma más rápida y concreta. En primer lugar --y es
un tema importante--, creemos que es imprescindible estudiar y
adoptar, en su caso, un índice o indicador único de tipos de
interés hipotecarios o con fijación de máximos para tratar de
evitar que los bancos trasladen la rebaja de los tipos de
interés de forma desigual y, en algunos casos, excesivamente
lenta. Este sistema debería ser ágil, y yo creo que tendría
una instrumentación jurídica relativamente fácil.
El segundo punto, en el que me parece imprescindible avanzar
para que el utilizador tenga conocimiento exacto de cuál es el
coste del crédito hipotecario sobre el que está trabajando, es
el de defender e impulsar una mayor transparencia informativa
y dar mayor publicidad a las actuaciones de las entidades
financieras con sus clientes. Ya se ha avanzado bastante, a
través de órdenes ministeriales del propio Ministerio de
Economía y Hacienda y de circulares del Banco de España, pero
posiblemente hay que avanzar todavía más con objeto de
definir, con mayor transparencia, las condiciones de los
contratos bancarios y la publicidad de las operaciones y
servicios de las entidades de crédito. Es cierto que esta
reglamentación española es considerada como puntera, en cierta
medida, en el ámbito europeo, pero no es menos cierto que
todavía hay un camino que se puede recorrer.
Por último, llego al tema que S.S. ha planteado con mayor
vehemencia, y es el de la aplicación de los artículos 1.211,
1.212 y 1.528 del Código Civil. Su señoría considera que su
mera aplicación bastaría para reducir el volumen de deuda
hipotecaria, con el consiguiente beneficio para los deudores
de este tipo de deuda. Me imagino que la fuente inspiradora de
esta idea se encuentra en un artículo periodístico, publicado
el día 3 de octubre en «La Vanguardia» por dos conocidos
profesionales, sobre el coste del cambio de hipoteca. Con toda
sinceridad yo le diría que ojalá tuvieran razón y que ojalá su
tesis fuese absolutamente aceptada y no controvertida. Creo
que esa tesis jurídica tiene elementos muy positivos. Sin
embargo, después de analizarla con gran cuidado, con rigor en
los diversos servicios de mi Departamento, hemos llegado a la
conclusión de que, tal vez, la interpretación puede resultar
excesiva, en la medida en que el artículo 1.211 del Código
Civil exoneraría al deudor del pago de la penalización por
reembolso anticipado cuando ésta exista, puesto que la
subrogación prevista en el citado artículo entraña
jurídicamente un previo pago anticipado del acreedor original.
Por tanto, creemos que esa interpretación de poder reembolsar
es correcta. Lo que no nos resuelve es el problema de pago, y
el problema del pago anticipado nos genera, a su vez, un
problema adicional, y es el de la doble escritura pública y el
del doble registro. Su señoría opina que no necesariamente
tiene que ser así y, como le digo, ojalá S.S. tenga razón. Por
nuestra parte, a lo que sí nos ofrecemos es a seguir
estudiando este problema. Si somos capaces de encontrar la
solución, nuestro deseo sería aplicarla cuanto antes. Estamos
a disposición de S.S. para analizar en qué medida una
resolución de esta Cámara puede ayudarnos para avanzar en este
camino.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Espasa tiene la palabra.
El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, señor Ministro, en
primer lugar quiero agradecerle, porque no es frecuente --
diría que es absolutamente extraordinario--, que el Gobierno
felicite a mi Grupo Parlamentario por una iniciativa
parlamentaria. En segundo lugar, también le agradezco el tono
en el que usted se ha producido y la actitud constructiva que
creo adivinar en su primera respuesta que voy a pasar a
comentar, puesto que en muchos aspectos estoy de acuerdo en la
medida en que usted me ha venido a dar la razón en lo que ha
sido mi primera exposición, y en lo que no estoy de acuerdo no
es que esté contra usted, sino que pretendo ir más allá de
donde va usted. Le voy a poner un ejemplo, el primer ejemplo,
y vayamos al núcleo duro de la cuestión: ¿Es legal o no que
los artículos 1.211, 1.212 y 1.528 puedan aplicarse? ¿Ahorran
gastos de cancelación y apertura de nueva hipoteca? Si algo
ahorran es esto, señor Ministro. Sus servicios sé han
equivocado, lo que ahorra la subrogación es que no hay que
cancelar la vieja y abrir la nueva; primer ahorro que tenemos.
Pero de alguna forma esto sería el chocolate del loro, porque
el ahorro fundamental es que el deudor pasa de aquella
hipoteca que tiene al 17 por ciento y de la que le quedan diez
años por pagar a un nuevo acreedor que le acepta las mismas
condiciones, la misma hipoteca y se la pone al 10 por ciento.
Se ahorra siete puntos en diez años, es decir, se ahorra dos,
tres millones de pesetas; no 500.000, dos o tres millones de
pesetas cada españolito que tiene una hipoteca. Me dirá usted
si no es importante. Y, ¿sabe por qué estoy tan seguro? Le
diré el pecado pero no el pecador. Una entidad crediticia de
las más importantes de España ha hecho un
estudio jurídico del famoso artículo de marras. Evidentemente
no sólo me he leído el artículo. Desde García Goyena a los
autores del artículo y muchas horas revisando jurisprudencia
me han llevado al convencimiento, pero lo que ya me ha dado la
prueba del nueve es lo que he sabido esta mañana. Una de las
más importantes --para que no se sepa cuál es-- entidades
crediticias de España ha hecho un estudio jurídico, ha
reconocido que tiene razón y ha circulado a todas sus oficinas
que no preste dinero a nadie para subrogaciones. ¡Mire si
hemos tocado en el centro de la cuestión! Circular que seguro
que no está escrita, claro está. Mi palabra contra la de estos
señores. Cada uno tiene su trayectoria política, tiene
acreditados sus valores. Haga usted el uso que quiera de esto
que le acabo de decir, pero para mí es la prueba del nueve.
Tenemos razón, pueden tenerla ustedes, puede tenerla esta
Cámara y podemos avanzar de verdad: 1.211, 1.212, 1.528. ¿Qué
ahorro se produce? Usted sólo ha dicho el primero. Yo digo el
primero y el segundo. Primero, no hay que cancelar la hipoteca
y abrir una nueva, ahorro de gastos notariales, sólo hay que
hacer una nueva inscripción registral. Cancelar y abrir de
nuevo una hipoteca de aproximadamente 15 millones cuesta unas
800.000 pesetas; con este sistema son sólo 300.000. Pero lo
más importante es que pasamos del 17 al 10 por ciento y nos
ahorramos 3 millones más, 3.300.000 pesetas en cada hipoteca
de particulares, de constructores, de promotores
inmobiliarios. Esto es una auténtica bomba. No me duelen
prendas al decirlo. Es una auténtica bomba jurídica que hemos
de hacer que se convierta en algo normal política y civilmente
en nuestro país. Yo no tengo ningunas ganas de provocar
ninguna guerra bancaria ni ningún estallido jurídico-político.
Tengo ganas de abaratar el crédito, y espero que usted tenga
las mismas que yo y las mismas que mi Grupo Parlamentario y,
por tanto, en la moción que vamos a producir se debería pedir
al Gobierno que mediante la normativa adecuada, sea a través
de orden ministerial propia, sea a través de circulares del
Banco de España, clarifique estos extremos y diga que sí se
puede aplicar el 1.211, el 1.212, el 1.528, que sí se pueden
subrogar las hipotecas. Incluso le podría decir más. No
tenemos por qué aplicar retroactivamente el derecho, ya que,
como usted sabe mejor que yo, no se debe hacer así. Incluso
podríamos plantearnos que el rescate, la penalización que
figura de forma abusiva en todas las escrituras hoy vigentes
en caso de pago anticipado se pague, porque el ahorro va a ser
tan fabuloso que estarán de acuerdo los particulares en pagar
el 2 por ciento que está en las escrituras de hipoteca, ya que
se van a ahorrar tres, cuatro o cinco millones. Por tanto,
incluso podemos ser generosos con los obtusos, con los
ineficientes. Podemos ser generosos con la banca y con las
cajas, a pesar de que son obtusos y son ineficientes y aplican
la ley del embudo. Podemos ser generosos, si ustedes quieren.
Pero hacia adelante la ley, el rigor de la ley, sobre todo de
una ley que va a favor de los particulares, de los deudores y
de la economía del país. Espero que en esto no me sean ustedes
«flojeras», como se dice vulgarmente, que estén a la altura de
las circunstancias, sepan coger el toro por los cuernos y
elaboremos una moción que podamos votar todos y que de verdad
abarate el crédito hipotecario.
Usted ha dicho, y yo lo he repetido quizá de forma insistente,
que esta no es una cuestión jurídica, por supuesto; es una
cuestión política el derecho a la vivienda, es una cuestión
que dinamizará la economía de nuestro país, es una cuestión en
la que el Gobierno está empeñado, y en esto tiene el apoyo de
nuestro Grupo: bajar los tipos de interés, hacer que el precio
pagado se acerque el máximo al precio real de las cosas,
disminuir el coste de intermediación financiera. Tenemos los
instrumentos, podemos hacerlo de forma consensuada, pacífica y
positiva. Hagámoslo.
Como ve, tanto en la primera como en la segunda intervención
no he querido --porque no era el tema, porque no hubiese sido
de justicia ni riguroso-- atacar gratuitamente al Gobierno.
Usted ha dicho: «¡Hombre, cómo es que siendo una cosa tan
bonita, tan nueva, no se había descubierto hasta ahora.» Yo no
soy profeta. No lo sé. En todo caso, esta es la interpretación
que se da en la jurisprudencia; lo hemos descubierto ahora.
Unos señores, a través de un escrito que es un avance de un
artículo doctrinal profundo, extenso y largo, que conozco, han
producido el artículo en cuestión que ha movilizado a todo el
país, y usted lo sabe mejor que yo. Usted sabe hasta qué punto
en el Banco de España no se han apagado las luces, en el Banco
Hipotecario tampoco, en la Dirección General del Tesoro
tampoco. Usted sabe cuánta gente está estudiando esto. Usted
sabe cuántos asesores financieros de bancos y cajas nos están
escuchando ahora mismo. Cuántos estudios ya hay circulados,
cuántas felicitaciones han recibido los autores de este
artículo por el acierto que han tenido en encontrar una salida
positiva legal, justa y jurídicamente válida. Todo esto lo
sabe usted, yo también y quizá en otro momento podamos
explicitarlo de forma más evidente. Lo que ahora me interesa
sobre todo, y pido la colaboración del Gobierno en primer
lugar, del Grupo Socialista en segundo lugar y de todos los
grupos parlamentarios, es que se documenten y estudien la
cuestión --creo que llegarán a las mismas conclusiones que ha
llegado nuestro Grupo Parlamentario-- para que entre todos
podamos votar una moción de forma unánime --martes de la
semana próxima-- que abarate de verdad el crédito y que haga
un poco más real el derecho a la vivienda que tienen todos los
españoles.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Unicamente querría hacer al señor Espasa una clarificación que
me parece importante. En la interpretación del 1.211 es
evidente que se puede hacer, se puede reproducir la
subrogación, pero jurídicamente --es lo que mis servicios me
han indicado-- esa subrogación entraña, jurídicamente también,
el previo pago anticipado
al acreedor original y, en consecuencia, al tipo inicial. Por
tanto, el tema es un poco más complejo, porque evidentemente
el ahorro no se produce de forma tan automática. En
consecuencia, estamos dispuestos a estudiar el problema, ver
exactamente cuál es su aplicación antes de ir a un compromiso
específico de actuar en uno o en otro sentido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Quiero intervenir solamente para felicitar a Izquierda Unida
por la creo que oportunísima interpelación que ha planteado,
sobre todo porque cualquiera que en los últimos 30 días se
haya aproximado a los bancos y cajas de ahorros para intentar
aplicar lo que el señor representante de Izquierda Unida ha
planteado se habrá encontrado con las conclusiones que él
mismo ha sacado aquí. Por tanto, ya que el señor Ministro ha
respondido que se compromete a apoyar esta cuestión, debo
decirle que contará también con nuestro apoyo para que podamos
incidir en algo que creo que tiene efectos prácticos y de
alguna forma incentivadores en la economía actual.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Quiero expresar también, en nombre de mi Grupo, la oportunidad
de la iniciativa que ha planteado el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida. Sin duda éste es hoy uno de los temas
importantes y claves para el proceso de recuperación de
nuestra economía. No obstante, quiero decir inicialmente, en
nombre de mi Grupo, que nos ha preocupado y nos preocupa en
estos momentos el proceso de reducción sistemática y
progresiva de los tipos de interés, no solamente los oficiales
sino los reales, en nuestra economía, y así lo hemos expresado
ya desde el comienzo de la campaña electoral. En nuestro
programa electoral están incluso precisados los márgenes de
reducción que nuestro Grupo cree que son necesarios para
reactivar la economía. Yo quiero expresar, en primer lugar,
nuestra satisfacción por lo alcanzado hasta ahora. Yo creo que
al portavoz de Izquierda Unida no se le escapará que el que en
nuestro país se haya reducido 4,5 puntos el tipo de interés
oficial es algo singular e importante. Y precisamente porque
ese esfuerzo se ha realizado, nuestro Grupo comparte la
preocupación con el Grupo de Izquierda Unida, incluso con el
Gobierno porque así también lo he expresado, de intentar
adoptar todas las actuaciones necesarias, que a veces no pasan
por actuaciones normativas, señor Espasa, sino por crear el
clima y la acción necesarios para que en el mercado libre las
instituciones financieras y los bancos transmitan ese proceso
de ajuste, de reducción de los tipos de interés a sus
productos financieros.
Yo tengo en mi mano en estos momentos una nota de prensa cuyo
titular decía: El acuerdo sobre los presupuestos facilita una
reducción de tipo oficial al 9,5 por ciento. El que esta
Cámara pueda haber alcanzado un consenso en torno a la ley de
presupuestos es un elemento clave de estabilización,
necesario, no suficiente para resolver todos los problemas
pero sí necesario para que se pueda avanzar en la
imprescindible reducción de los tipos de interés en nuestra
economía. Y es verdad que toda la responsabilidad no la tiene
el Gobierno ni tampoco el Banco de España. Seguro que podrán
hacer algunas cosas, y comparto con el Ministro las que de
alguna forma ha anunciado y tendrá el Gobierno el apoyo de
este Grupo Parlamentario para llevar a cabo todas aquellas
actuaciones necesarias para exigir de las instituciones
financieras que se transmita a sus productos financieros la
reducción de los tipos de interés. También es necesario que
con todas las fuerzas políticas --y en ese sentido me sumo al
consenso que podría tener la interpelación-- transmitan a la
sociedad y especialmente a las instituciones financieras la
conveniencia de que ellas se comprometan también con la actual
situación económica. Superar la situación económica no es
responsabilidad solamente del Gobierno. También tienen su
parte de responsabilidad las instituciones financieras. Y hoy
más que nunca se hace necesario que los bancos y las
instituciones financieras asuman su cuota-parte de
responsabilidad en ese proceso. Por eso hoy es absolutamente
necesario que las instituciones financieras reduzcan el precio
de sus productos financieros y no solamente lo hagan en el
mercado hipotecario, que es el deseo de la interpelación del
Grupo de Izquierda Unida, sino en muchísimos otros productos,
señor España. Es más, yo creo que para reactivar la economía e
incentivar la inversión se hace necesario que se traslade a
otros elementos de los productos financieros bancarios la
reducción de los tipos de interés. Es necesario que la
reducción de los tipos oficiales, que aplaudimos por la
progresiva minoración que han experimentado en los últimos
tres meses, se transmita y se traslade, por ejemplo, a la
concesión de créditos, créditos vinculados a la economía
productiva, hoy muy importante en la situación en que nos
encontramos, o que se transmita a todo lo relativo a las
comisiones bancarias, que también guardan cierta relación, o a
los tipos de interés de los descubiertos en las instituciones
financieras, o también a los tipos de interés que se exigen en
la problemática de la morosidad. Por tanto, no estamos
hablando solamente del mercado hipotecario
ni de los productos hipotecarios, que sin duda son importantes
y debería hacerse, sino también de todos los demás productos
financieros. Mi Grupo quiere aprovechar esta ocasión que nos
da la interpelación del Grupo de Izquierda Unida para, en
primer lugar, expresar formalmente en esta Cámara nuestra
satisfacción por el proceso transcurrido de reducción de los
tipos de interés oficiales en España, que creemos que debe
continuar. En esto compartimos alguna opinión, expresada por
el Gobierno, de que no hay mucho más margen para esperar unas
grandes y sustantivas reducciones, quizá sí un pequeño margen,
pero si no se transmiten a los tipos aplicables en nuestra
sociedad, la verdad es que esta exigencia necesaria para
superar nuestra situación de crisis económica no va a tener su
impacto positivo. La segunda cuestión es sumarnos a la
necesidad de genealizar esa problemática a todos los demás
productos. La tercera es expresarle al Gobierno nuestra total
posición favorable a darle el apoyo a todas aquellas medidas
necesarias para exigir hoy, a veces no podrá imponerse porque
el mercado tiene sus reglas, señor Espasa, repito, para exigir
en la medida de lo posible que las instituciones financieras
sigan este comportamiento iniciado por las autoridades
económicas.
Y nada más, señor Presidente. Esperaremos esa posible moción.
Le brindo al señor Espasa que, en todo caso, la hagan ustedes
con un cierto deseo de alcanzar un consenso para transmitir un
mensaje muy simple: que también las instituciones financieras
deben comprometerse en la superación de la crisis y tienen su
parte de responsabilidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Fernández de
Trocóniz.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente,
señoras y señores Diputados, he de anunciarles que nuestro
Grupo ha presentado una proposición no de ley sobre lo mismo
en paralelo posiblemente a la interpelación que ha realizado
Izquierda Unida.
Dicho esto, quiero manifestar al señor Espasa que
particularmente no creo, en absoluto, en los bombazos
jurídicos ni en el descubrimiento repentino de un
procedimiento del Código Civil aplicable a un caso determinado
y que va a abaratar de manera considerable los tipos de
interés dentro del mercado hipotecario. He de decirle que
convengo absolutamente con los servicios jurídicos del
Departamento que dirige el señor Ministro por cuanto,
ciertamente, una cosa es la legislación civil y otra es la
legislación hipotecaria. Pero es lógico --y lamento decírselo,
señor Espasa-- que viniendo usted de las filas de Izquierda
Unida se entienda o se comprenda mal lo que no deja de ser el
libro del derecho de los burgueses.
En materia hipotecaria, señor Espasa, es imprescindible el
consentimiento del titular hipotecario, del titular registral,
para que se pueda dar lugar a una cancelación de un derecho
establecido a su favor, en este caso el acreedor hipotecario,
bien su consentimiento, bien una sentencia firme que así lo
establezca. Sin embargo, nosotros no entendemos que sea el día
del gran bombazo del ignoto artículo 1.211 del Código Civil,
de aplicación por cierto muy parca, por cuanto, por un lado,
tenemos el gran problema, el gran escollo de la legislación
hipotecaria, el consentimiento del titular registral que
impediría, de entrada, la aplicación de este precepto. Pero es
que, por otra parte, tenemos que tener en cuenta que un cambio
de entidad financiera no es simplemente una modificación en el
tipo de interés; es posiblemente un mayor préstamo que se
otorga, es posiblemente un mayor plazo para el reembolso del
crédito, son posiblemente otras condiciones distintas, con lo
cual en ningún caso se puede dar lugar a la aplicación de este
precepto.
Nosotros entendemos que la problemática no es, en absoluto, la
aplicación o no del artículo 1.211 y concordantes del Código
Civil. La problemática es otra bien distinta. Estamos
acudiendo a una bajada generalizada de los tipos de interés,
que bajan lógicamente por la fuerza y la presión del mercado y
no por supuesto, por mucho que se empeñe el señor Homs, como
consecuencia del apoyo o no de su Grupo a los presupuestos.
Hecha esta pequeña salvedad, he de decirles que evidentemente
estamos en presencia de un descenso generalizado de los tipos
de interés dentro del mercado hipotecario. Esto conlleva el
cambio de entidad financiera a la hora de aportar los fondos
necesarios para sufragar estos préstamos hipotecarios, que
tiene actualmente en Derecho español la siguiente
problemática: cancelación de la hipoteca anterior,
constitución de una nueva hipoteca en garantía del nuevo
préstamo. Ello lleva aparejado un 0,5 por ciento por actos
jurídicos documentados, dentro del territorio de derecho
común, porque, señor Ministro --y éste es un problema muy
grave que también existe ya en España--, los territorios
aforados en cuanto a Derecho tributario están tributando por
actos jurídicos documentados no al 0,5 por ciento sino al 0,1
por ciento, situación que no remedia, en absoluto, la
limitación a la libre elección de notario que recientemente,
en el mes de junio, se realizó por parte del Ministerio de
Justicia, a través del Consejo de Ministros. El 0,5 por
ciento, como decía, a efectos jurídicos documentados como
consecuencia de la ampliación de hipoteca; aproximadamente el
1,5 por mil, dependiendo de la cuantía, por derechos de
otorgamiento de escritura pública; otro 1,5 por mil por
derechos de inscripción en el Registro de la Propiedad de la
cancelación de hipoteca; otro tanto en cuanto a la
constitución
de hipoteca. Y estas cantidades, a su vez, no se refieren
sobre el principal del préstamo, sino que es necesario
incrementarlas en una banda de un 60 o un 80 por ciento como
consecuencia de la cantidad garantizada por hipoteca que, como
sabemos, no solamente es el principal del préstamo sino una
cantidad máxima de cinco años de intereses en la cantidad que
se pueda fijar para costas y gastos, con lo cual venimos a
llegar a un tipo nominal inicial de 2,5 puntos añadido al tipo
normal del préstamo hipotecario. De acuerdo con los cálculos
que he realizado --y viene a ser aproximadamente lo mismo se
tome un préstamo con unas condiciones u otras-- tomando en
consideración un préstamo hipotecario a 10 años y 10 puntos de
interés viene a significar aproximadamente un 0,5 por ciento
puntos más estos gastos de constitución, de cancelación, en
definitiva, de cambio de entidad financiera por estos
conceptos, no, por supuesto, como consecuencia de la comisión
de estudio, comisión de apertura del préstamo hipotecario,
etcétera. Como les decía, un 0,5 por ciento más del tipo
nominal del préstamo hipotecario que, a su vez, tiene una
trascendencia importante en cuanto a las cuotas mensuales de
amortización, por cuanto no se trata simplemente de una rebaja
del 0,5 por ciento, o de cualquier tipo de rebaja que se puede
hacer en el nominal de un préstamo hipotecario que se amortiza
mensualmente. Es preciso multiplicar esta cifra por cuatro.
Así, un 0,5 por ciento de interés de descenso nominal viene a
equivaler a una reducción del cuatro por ciento de la cantidad
mensual de amortización de este préstamo hipotecario, que de
sí es importante.
Por consiguiente y desde un punto de vista político, sí hay un
problema; hay un problema porque no parece en absoluto lógico
que una finalidad tan elemental, cual es el cambio de entidad
financiera para la consiguiente reducción del tipo de interés
de un préstamo hipotecario, sea gravada de una manera tan
fuerte, de una manera tan importante. Si convenimos en la
Cámara en que esto es cierto, que es bueno que se vea alguna
medida legislativa --si es posible, por supuesto, sin destruir
todo el sistema jurídico español para que se lleve a efecto
esta medida--, si consideramos que es necesario, que es
preciso cambiar aspectos importantes del sistema jurídico
español --y le adelanto, señor Ministro, que entiendo que no
es necesario-- hágase. Encárguese lógicamente, y así lo
entiendo, a la Dirección General de los Registros y del
Notariado que encuentre la fórmula jurídica más adecuada para
que se pueda llevar a efecto, con la menor modificación
legislativa posible, que este cambio opere de la manera
jurídica menos traumática posible para que los gastos sean los
menos posibles en el cambio de entidad financiera dentro de
los préstamos hipotecarios. ¿Cómo se puede hacer? A nuestro
juicio de una manera simple. Bastaría con una pequeña
modificación, la adición de un párrafo nuevo a un artículo del
Reglamento hipotecario. Pero evidentemente entendemos --y no
es este el momento, en absoluto, de dar explicaciones
jurídicas ni de decir cómo creemos que se debe hacer-- que
éste es el papel, en su caso, de la Dirección General de los
Registros y del Notariado.
Entendemos, además,...
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Trocóniz, le ruego
concluya.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCO: Acabo enseguida, señor
Presidente. Entendemos que esto se puede hacer con una simple
acta de manifestación de consentimiento de la entidad
prestataria primitiva a la nueva hipoteca que se constituya y
que se entable y se configure como modificación de hipoteca. Y
desde luego se podría también pensar de una manera seria en
una exención, dentro del Impuesto sobre actos jurídicos
documentados, para la modificación de hipoteca, con lo cual
evidentemente estaríamos ante una reducción, que sí es
importante, de los gastos necesarios para el traslado de
préstamos hipotecarios, y es una medida que sí conduciría a
una mayor flexibilización del sistema y a una mayor
competitividad de las entidades financieras, que yo creo, sin
embargo, señor Espasa, que sí son eficaces y eficientes dentro
del sistema financiero español.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Troconiz. Por
el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Hernández Moltó.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor Presidente. El
turno de mi Grupo es, fundamentalmente, para manifestar
nuestra satisfacción por el tema que hoy ha traído a esta
Cámara una interpretación que, sin duda alguna, es de las que
tienen eco fuera de esta Cámara y, por tanto, tienen un claro
impacto social. En este sentido, la satisfacción de nuestro
Grupo tiene que ser compartida también por la respuesta y por
la sensibilidad que el Gobierno ha dado a las cuestiones que
han sido planteadas en esta tribuna. En cualquier caso, mi
Grupo también quisiera hacer una aportación a este debate, de
cara fundamentalmente a evitar que un tema tan sensible como
éste mañana pudiera tener una dimensión pública desmesurada o
quizá desdibujada de lo que pueda ser el acuerdo al que en
esta Cámara estamos llegando a lo largo de esta tarde, como
paso previo a la moción que pudiéramos tener la próxima
semana. Ya anticipo que la posición del Grupo Socialista es,
lógicamente, de apoyo a las medidas que el Gobierno pudiera
adoptar para hacer algo que, aunque es cierto
que en la realidad se está produciendo al margen del propio
«Boletín Oficial del Estado», sin duda alguna será una
contribución apreciada y bien venida, que es la de acercar lo
más posible esa tendencia en la bajada de los tipos de interés
al coste real del dinero, y no simplemente al coste oficial
del dinero. Obviamente, nuestro planteamiento coincide
también, en lo que de buena voluntad tiene, con el del
portavoz del Grupo de Convergència i Unió, en la medida en que
a cuantos más sectores se extienda esta disminución, tanto
mejor, si bien es cierto que no todos los sectores ni las
formas de crédito gozan de los instrumentos jurídicos que
permitan, a la acción del Gobierno o al propio Banco de
España, vincular esas decisiones y, por tanto, orientar esos
descensos. Quisiera discernir entre esta clara voluntad
política de esa tendencia y lo que pudiera ser una posible
moción que el Grupo de Izquierda Unida pudiera presentar la
próxima semana. Ya anticipo nuestra posición, yo diría que en
este caso una posición que previamente debería exponer una
petición; la petición de que esa moción incluyera tanto los
aspectos políticos como la prudencia constructiva de solicitar
del Gobierno todo aquello que esté a su alcance y no más. De
manera que entendemos que sería mucho más constructivo no
resolver jurídicamente un tema que, como hemos podido apreciar
en el debate de esta Cámara, está sometido a dudas, legítimas
dudas, y que, en caso de anticipar la resolución de estas
dudas, pudiera hacer que esta iniciativa pecara de
voluntarismo. En este sentido, pediríamos la prudencia en la
construcción de una moción que permitiera el tratamiento
reposado, el estudio suficiente, para que un tema como éste,
que sin duda alguna ha levantado expectativas en los
ciudadanos afectados por esta situación, pudiera tener una
feliz solución, sin que esto --el señor Espasa lo decía, yo
creo que muy sensatamente--, al final, tenga que convertirse
exclusivamente en el gran descubrimiento de un resquicio por
el que hacer una buena aportación a la sociedad española. Yo
creo que casi todas las cosas están descubiertas. Lo que pasa
es que, cuanto más se estudien, mucho mejor. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernández Moltó.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LOS
PRINCIPIOS DE POLITICA GENERAL QUE APLICARA EL GOBIERNO EN
RELACION AL ENTE PUBLICO RTVE, AL OBJETO DE CONSEGUIR EL
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO COMO SERVICIO PUBLICO, CON
LA ESTABILIDAD ECONOMICO-FINANCIERA QUE ES PRECISA (Número de
expediente 172/000014)
El señor PRESIDENTE: Interpelación del Grupo Popular, sobre
los principios de política general que aplicará el Gobierno en
relación al Ente Público Radiotelevisión Española, al objeto
de conseguir el adecuado funcionamiento del mismo como
servicio público, con la estabilidad económico-financiera que
es precisa.
En nombre del Grupo interpelante, tiene la palabra el señor
Arenas.
El señor ARENAS BOCANEGRA: Señor Presidente, señorías, el
Grupo Parlamentario Popular, una vez más, trae al Pleno de la
Cámara un debate acerca de una empresa pública, de una empresa
pública que se dedica a la comunicación. Numerosos han sido
los debates en la Cámara, en el hemiciclo, acerca de las
funciones de servicio público de Radiotelevisión Española,
numerosos han sido los debates en que se han hecho
imputaciones y réplicas sobre el carácter partidista de esta
Radiotelevisión pública del Estado, pero hoy el interés, señor
Presidente, señor Ministro, de nuestro Grupo Parlamentario es
conocer estrictamente las responsabilidades que asume el
Gobierno en relación a la evolución económica del Ente Público
Radiotelevisión Española, las responsabilidades que asume el
Gobierno en el futuro para una empresa pública que, como
decía, se dedica a la comunicación. Una empresa, señorías, que
en 1989 competía en el mercado audiovisual en España sin tener
competencia, trabajaba en el mercado audiovisual en régimen de
monopolio. Y en ese año 1989, Radiotelevisión Española, señor
Ministro, tenía beneficios... (El señor Ministro de Economía y
Hacienda dialoga con un señor Diputado.)
Después me contestará, pero no sabrá...
El señor PRESIDENTE: Señor Arenas, continúe, porque no hay
niguna interferencia que le impida proseguir.
El señor ARENAS BOCANEGRA: No, si era en favor del señor
Ministro. Señor Ministro, le decía que el año 1989,
Radiotelevisión Española tenía beneficios y que estaba en el
mercado audiovisual en régimen de monopolio. Pues bien,
señorías, en 1993, Radiotelevisión Española va a perder como
mínimo, según la última estimación, 122.000 millones de
pesetas, que, salvo que el señor Ministro nos diga lo
contrario, se van a pagar de los impuestos de los españoles o
a costa de incrementar el déficit público, ya en este momento
con gran alarma en cuanto a su estimación.
Señor Ministro, para 1994, lejos de hacer un esfuerzo de
austeridad en este presupuesto de Radiotelevisión Española, el
mismo crece en un 11 por ciento y tiene previstas unas
pérdidas de 105.000 millones de pesetas. Fíjense, señorías,
que en 1993 perderá Radiotelevisión
Española 122.000 millones, cuando tenía previsto perder
50.000. Señor Ministro, le pedimos desde el Grupo
Parlamentario Popular que nos tranquilice y nos certifique que
en 1994, por lo menos, no se van a perder más de 105.000
millones, porque si la desviación en el concepto de pérdidas
es como la de 1993, la verdad, señor Ministro, es que no van a
bastar las arcas del Estado para pagar las pérdidas de
Radiotelevisión Española.
Después de las elecciones del 6 de junio, el Gobierno aprobó
una subvención de 31.000 millones de pesetas; autorizó
operaciones de endeudamiento por valor de 92.000 millones,
pero, eso sí, le puso una condición a Radiotelevisión
Española: que no se pierdan más --según el contrato-programa,
cláusula tercera-- de 117.000 millones. Señor Ministro, ya
vamos por 122.000 millones y observamos con horror que
todavía, a efectos presupuestarios, nos quedan noviembre y
diciembre. Señorías, una empresa en quiebra, en quiebra por
mala gestión económico-financiera, en quiebra porque en este
momento, la empresa pública Radiotelevisión Española debe a
proveedores y a entidades financieras más de 270.000 millones
de pesetas y tiene previsto en 1994 deber 319.000 millones de
pesetas. Señorías, si tenemos en cuenta los 319.000 millones
de pesetas que debe a proveedores y a entidades financieras y
los 105.000 millones de pesetas que está previsto que pierda
en 1994, a los españoles, la pésima gestión del Gobierno en el
aspecto económico-financiero y del señor García Candau les va
a costar ya acumulado en el año 1994, más de 400.000 millones
de pesetas. Señor Ministro, ¿quién responde, si es que hay
responsabilidad en la gestión de los fondos públicos, ante los
españoles de más de 400.000 millones de pesetas en
Radiotelevisión Española acumulados en 1994?
Y es que, señorías, cualquier empresario, cuando ve que está
en régimen de monopolio, que es el único que está en el
mercado y que de pronto va a tener competencia, se plantea dos
ecuaciones muy claras: mis ingresos van a disminuir porque
tengo competencia; luego tengo que reducir los gastos para
competir mejor. Pues fíjense, señorías, que en 1989,
Radiotelevisión Española ingresó 130.000 millones por
publicidad; en el año 1993, ingresó por publicidad 88.000
millones: 43.000 millones menos. Y este buen empresario, que
no juega con el dinero privado sino con el dinero de los
españoles, en el capítulo de gastos, gastó en el año 1989, en
monopolio, 160.000 millones, y en el año 1993, compitiendo y
con menos ingresos, 215.000 millones: 54.000 millones de
pesetas más.
Señor Ministro, ¿quién responde de la quiebra de una empresa
pública? Cuando en una empresa tanto el presupuesto de
explotación como el endeudamiento a corto y a largo plazo
superan el activo, hay una situación de quiebra técnica de la
que su Gobierno, que unilateralmente ha designado a los
directores generales de Radiotelevisión Española, tiene que
responder ante esta Cámara, y tiene que responder además de la
infracción legal que están cometiendo a diario. El Estatuto de
Radiotelevisión Española prevé como fuentes de financiación
para el Ente Público la publicidad, un posible canon y la
subvención. Hoy toda la financiación del Ente Público
Radiotelevisión Española la constituye la financiación con
entidades ajenas a Radiotelevisión Española y la deuda a
proveedores.
Ante esta situación, se nos dice que todo el problema de
Radiotelevisión Española es el personal, que sobra personal, y
los primeros que pagan esta gestión son el personal de
Radiotelevisión Española, y por supuesto también, los primeros
y los segundos, los españoles con sus impuestos. Pero fíjese
cómo esto no es verdad. En el año 1993, Radiotelevisión
Española gastó en personal 72.000 millones, pero es que en el
año 1993, en compras para competir deslealmente con las
privadas y mantener el liderazgo en año electoral, según dicen
los documentos, y en servicios exteriores, Radiotelevisión
Española, según los presupuestos, gastó más de 112.000
millones de pesetas, y en personal 72.000 millones de pesetas.
Llegamos al disparate de la gestión económica cuando se
comprueba que en servicios a profesionales externos se gasta
año tras año 15.000 millones. ¿Saben SS.SS. que
Radiotelevisión Española gasta más en publicidad que en
inversiones? (Un señor Diputado del Grupo Popular: ¡Qué
barbaridad!) Una barbaridad. El presupuesto de publicidad de
Radiotelevisión Española supera con creces los 1.000 millones
de pesetas, y las inversiones previstas para 1994 son de 1.100
millones de pesetas. Pero es que además, señor Ministro, se
dice que hay que reducir el personal, y sin embargo, en la
mejor acepción de los socialistas, una cosa es el personal y
otra cosa son los altos cargos y otra cosa son los directivos.
(Un señor Diputado del Grupo Popular: Personajes.) Alguien
diría en la calle que en Radiotelevisión Española casi hay más
jefes que indios. (El señor García-Arreciado Batanero: Eso
está muy bien.) Sobre todo ustedes están bien de indios.
En Radiotelevisión Española hay 308 directivos --en la
Comunidad Autónoma andaluza, bien conocida por usted y por mí,
320 altos cargos--; 308 directivos, a una media, según los
presupuestos, de 7 millones al año, son 2.100 millones de
pesetas en directivos. Aparte de 308 directivos, hay 800
mandos orgánicos. Entre mandos orgánicos y directivos tenemos
1.100 personas, con un coste de 5.400 millones de pesetas, y
es que en Radiotelevisión Española el concepto retributivo más
importante, aparte del salario base, son los pluses. Pues en
Radiotelevisión Española hay 2.200 pluses.
Señor Ministro, si estuviéramos hablando de una empresa
privada, los gestores habrían sido destituidos por la junta
general de accionistas o por el consejo de administración.
¿Quién asume la responsabilidad? ¿La asume usted, señor
Ministro? ¿La asume el señor González?
¿La asume el señor Solchaga? ¿La asume el señor García Candau?
La asuma quien la asuma, es responsabilidad exclusiva del
Gobierno socialista. En el año 1991, señor Ministro,
Televisión Española pagaba de gastos financieros 300 millones
de pesetas; en el año 1994, 24.000 millones de pesetas
(Rumores.), pero como es pública, todo está justificado en lo
público. Por cierto, señoría, que lo único que tiene de
pública Radiotelevisión Española es el nombre y el recurrir a
los avales del Estado, porque está admitido que, cuando se
habla de cuestiones audiovisuales, una radiotelevisión pública
es la que tiene que caracterizarse por mayor presencia de
espacios culturales, de espacios educativos, de espacios
formativos. Pues fíjese, señor Ministro, la Primera Cadena de
Radiotelevisión Española, según el señor García Candau, ha
dedicado a artes, humanidades, espacios educativos, espacios
religiosos, y otros programas de este tipo, 265 horas al año.
¿Sabe usted que a publicidad ha dedicado 340 horas? ¿Sabe S.S.
que a variedades ha dedicado 1.315 horas? (Varios señores
Diputados del Grupo Popular: ¡Qué barbaridad!) Una barbaridad,
desde luego. Parece lógico que a una Radiotelevisión pública,
que nos cuesta 122.000 millones en el año 1993, que el año que
viene tiene acumulados 400.000 millones, se le exija, al
menos, tener una programación de interés público y de servicio
público. Pues no, al final, la mayor de las voracidades
comerciales, al final, la programación más competitiva. Y dirá
S.S.: con este dinero se ha mantenido la audiencia en
Radiotelevisión Española. Pues no, señoría. En el año 1990 la
Primera Cadena tenía una media de audiencia del 6,7; en el año
1992, del 4,4. La Segunda Cadena en el año 1990, del 2,6, y en
el año 1992, del 1,7. Señor Ministro...
El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya.
El señor ARENAS BOCANEGRA: Termino, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, no hay por dónde coger la gestión
económico-financiera en Radiotelevisión Española. La situación
económica sólo puede calificarse de escándalo público. Por no
faltarle, señor Ministro, no le faltan ni siquiera los
contratos blindados: 56 según García Candau; 57 según Pérez
Rubalcaba. Y allí donde entran, ¡échense a temblar!,
participación en la sociedad Tele-Expo, Expo''92 de Sevilla,
1.500 millones de pérdidas; coste de la operación de satélite
con Hispasat, 4.000 millones de pérdidas. Pero siempre hay un
argumento: Televisión Española, el Ente Público, tiene que
perder dinero porque presta servicios públicos. Según los
Presupuestos Generales del Estado, señor Ministro, los
servicios públicos de Radiotelevisión Española cuestan 30.000
millones de pesetas; Radio Nacional, sin publicidad, la
orquesta y los coros, que nunca han sido más famosos que en
esta época, y el Instituto de Formación, cuestan 30.000
millones. Responda ante la Cámara, por lo menos, de los 90.000
millones hasta llegar a 122.000 de pérdidas en 1993.
Señor Ministro, asuman su responsabilidad. Reconozca a este
Diputado que en el día de hoy no hemos hablado del juguete
partidista del Gobierno que agrede a sus adversarios
políticos, porque hoy, más que nunca, en tiempos de crisis, en
tiempos de ajustes, en tiempos de recorte del poder
adquisitivo de las pensiones, de recorte de los subsidios, de
congelación del sueldo de los funcionarios, hace falta
exigirles a ustedes responsabilidades por cerca de medio
billón de pesetas.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del
Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arenas.
Para contestar a la interpelación en nombre del Gobierno,
tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, el mes de julio tuve ya ocasión de presentar, con
motivo del Real Decreto-ley 12/1993, que incluía el crédito
extraordinario para reponer la estructura financiera del grupo
Radio y Televisión Española, cuál había sido el origen y la
evolución de los problemas financieros que se planteaban en
aquel grupo. Cuando S.S. se refiere a Televisión Española,
evidentemente estamos hablando de todo el grupo y es un punto
que me gustaría subrayar, porque Radio Nacional no es ajeno a
parte de los problemas financieros con los que se encuentra el
grupo.
En mi intervención explicaba las razones que habían obligado
al Gobierno a promulgar el citado Real Decreto-ley y hacía una
síntesis histórica sobre la situación económico-financiera de
Televisión. Habíamos llegado a un contrato-programa, tras un
acuerdo del Consejo de Ministros del 7 de mayo de 1993, con el
fin de poner en marcha y elaborar un plan estratégico con el
objetivo de mantener una oferta pública de Radiotelevisión
viable al final de dicho plan. A partir de ese momento el
comportamiento del Gobierno con Televisión Española ha sido el
de ajustarse estrictamente a lo que dicho contrato-programa
establecía. Es verdad que en dicho contrato-programa se
pretende dar un paso inicial para diferenciar aquellas
actividades que realiza el grupo con carácter de servicio
público de aquellas otras que realiza en régimen de
competencia.
Yo comprendo que desde el punto de vista de S.S. tal vez fuese
conveniente acelerar aún más ese proceso de separación de
actividades de una u otra naturaleza. Sin embargo, S.S. me
reconocerá que en temas de la importancia de Televisión
Española es difícil pasar del todo a la nada rápidamente. Yo
creo que S.S. sin duda alguna dirá que llevamos mucho tiempo
para este cambio,
pero no es menos cierto que el cambio real que se produce en
términos de liberalización de mercado es un cambio
relativamente reciente y que hasta prácticamente el año 1991
la posición de Televisión Española en términos de publicidad
es predominante en el mercado, como en término de cuota de
mercado, y es a partir de ese momento cuando empiezan a
plantearse de forma realmente importante los problemas de
financiación del Ente Público. Yo no voy a insistir, porque ya
lo hicimos en su momento, sobre el contenido del contrato-
programa, el papel que juega Radio Nacional de España, el
interés que tenemos precisamente en que Radio Nacional de
España siga jugando ese papel, o la financiación específica
para otro tipo de actividades como la orquesta y coros de
Radiotelevisión, así como otras actividades de importancia
pública. Sin embargo, a partir de ahí tenemos dos aspectos que
a mí me parece de interés subrayar de su intervención y que me
gustaría comentar. En primer lugar, cómo ha funcionado el
contrato-programa en el momento actual, o cómo está
funcionando, qué va a suceder de aquí a finales del año 1993
previsiblemente y qué va a producirse después.
En primer término, en el año 1993 el grupo Radiotelevisión
Española prevé que sus gastos excedan a sus ingresos por
publicidad y ventas de programas en 123.000 millones de
pesetas. Esa es la cifra que, deduciendo la subvención
derivada del actual contrato-programa, nos daría unas pérdidas
previstas de ejercicio de 91.000 millones de pesetas. Por
tanto, la cifra de la que S.S. hablaba de ciento veintitantos
mil millones yo creo que es si se compara con la cifra del
desfase entre ingresos y gastos y no de pérdidas reales.
Cuando comparamos estas pérdidas con las previsiones
inicialmente establecidas en el contrato-programa se observa
un cierto incremento, pero el desfase es menor del que S.S.
exponía. Estamos hablando de un incremento de 5.000 millones
de pesetas en las pérdidas, originado fundamentalmente por la
caída de ingresos en la medida en que las previsiones
iniciales eran mayores en función de una posible publicidad en
un mejor año económico que finalmente no se produce. En
consecuencia, el endeudamiento financiero de Radiotelevisión
Española al final del período es cierto que se elevará a una
cantidad realmente importante, yo diría que impresionante, de
193.000 millones de pesetas. Por lo tanto, sin admitir al cien
por cien sus cifras, acepto su análisis de que nos encontramos
con un problema de envergadura en Televisión Española al que
hay que hacer frente.
Sin embargo, esta situación no es distinta a la que nos
encontrábamos a primeros de año cuando se negocia el contrato-
programa. En aquel momento se dice que el contrato-programa
finalizará el 31 de diciembre de 1993 y que en aquel momento
tendrá que definirse un plan estratégico que defina un modelo
de radio y televisión pública para que las actividades
financiadas por el Estado fueran reestructuradas de tal forma
que en 1997 las aportaciones presupuestarias necesarias para
su mantenimiento no superen los 11.000 millones de pesetas. En
cuanto a la televisión que podemos denominar puramente
privada, se recoge también la idea de que al término de dicho
período este área debería estar en situación de competir en
igualdad de condiciones con las empresas del sector privado. A
partir de ahí se establece en el contrato-programa un sistema
de trabajo que se está utilizando en estos momentos con una
comisión de seguimiento que nos debería permitir analizar ese
plan estratégico para el futuro.
Es verdad, y debo reconocerlo aquí, que estamos esperando
todavía que Televisión nos presente específicamente esa
propuesta, aunque alguna idea ya ha avanzado, y a partir de
ese momento tendríamos que analizar con detalle cuál es el
contenido de ese programa y cómo deberemos hacer frente a los
actuales y futuros problemas de Televisión para conseguir los
objetivos que inicialmente están previstos en el contrato-
programa, especialmente esa idea de llegar en 1997 a una
situación de un equilibrio financiero en la parte privada y de
una subvención en la parte pública. Mientras tanto tendremos
que hacer frente a nuestras aportaciones y esas aportaciones
comprometidas son a las que se refieren los créditos
extraordinarios del año 1993 y también los incrementos
presupuestarios de 1994. Ese plan estratégico tendrá que tomar
en consideración todos los aspectos de Televisión Española, y
S.S. ha destacado algunos. Dice S.S. que hay desfases y en qué
se justifican. Evidentemente hay aspectos que pueden ser de
interés general y que no están incluidos entre los elementos
iniciales del contrato-programa. Le puedo citar algunos, pero
este es un problema de opción política posterior en que
tendremos que decidir si finalmente conviene tomar la medida
de cerrar algún tipo de actividades o conviene tomar la medida
de que siga financiándose públicamente. Me refiero, por
ejemplo, a los centros territoriales de Televisión Española
que tienen un coste importante en su financiación y que
ninguna televisión privada tiene. Comprendo que es una opción
política. Se puede tomar la decisión de cerrar, pero si se
mantienen tendrán que tener una financiación pública. Podemos
hablar en los mismos términos del Canal Internacional que es
también una opción de la misma naturaleza. Puedo entende que
la opción política sea cerrarlo, pero sin duda alguna tendrá
importantes efectos desde el punto de vista de la promoción
del castellano y de la promoción de este país en ámbitos de
habla hispana. Podríamos introducir otros elementos de esta
naturaleza que, ya digo, sin estar incluidos en el actual
contrato-programa, representan algunas decenas de miles de
millones de pesetas que pueden tener interés de cara al
futuro.
Cuando S.S. habla de personal y de cuadros, en Televisión
cuando hablamos de personal no estamos hablando única y
exclusivamente de personal de base. Si hay que ir a una
reestructuración de Televisión Española y de Radio Nacional de
España tendrá que afectar por igual o de forma coherente a
toda la gama de asalariados que en la misma existen tomando en
consideración el nivel adecuado de esta reestructuración de
cada uno de los responsables de las distintas áreas.
En consecuencia, ¿en qué situación nos encontramos?
Compartiría con S.S. que Televisión Española se encuentra en
una situación de endeudamiento importante. Segundo, no estoy
de acuerdo, sin embargo, en que esa situación nos lleve a las
cifras que S.S. plantea. Creo que está en marcha un
procedimiento en el que hay que tomar decisiones y que
deberíamos, si cumplimos el contrato-programa, hacer que esas
decisiones se adopten antes del 31 de diciembre. Tercero, esas
decisiones, en mi opinión, recogen y exigen necesariamente una
reestructuración fundamental tanto de la faceta de ingresos
como, sobre todo, de la de gastos de Radiotelevisión Española,
y en esa faceta de gastos, indudablemente el personal, como el
resto de los gastos a los que S.S. ha hecho referencia,
deberá, en mi opinión, quedar afectado para intentar
aproximarse al máximo a los objetivos que, de acuerdo con el
contrato-programa, habíamos previsto obtener en 1997. Esa es
la posición del Gobierno, en eso estamos insistiendo con
Televisión Española y esperamos que dichos objetivos se puedan
cumplir.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Arenas tiene la palabra.
El señor ARENAS BOCANEGRA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, primero le agradezco el tono de su respuesta y
después también, en cierto modo, le agradezco el gran tono de
coincidencia en algunas cuestiones. Sólo hay dos problemas
importantes. Me parece bien que cuando hablamos de dinero
público y de problemas de Estado --y soy de los que creen que
el panorama audiovisual en España requiere un acuerdo de
Estado para que claramente se vea cuál es el papel de los
medios públicos de comunicación en el ámbito autonómico y en
el del Estado-- existan coincidencias. Sin embargo, permítame
que simplemente señalemos dos diferencias muy claras. La
primera, la responsabilidad, porque ustedes han querido, es
exclusivamente de ustedes y del propio Gobierno, y en su
responsabilidad más de 400.000 millones de deuda, 122.000 de
pérdidas en 1993, responsabilidad exclusivamente de ustedes.
La segunda, no ha dicho en la Cámara cómo podemos mejorar y
fíjese que las cifras no tienen ideología. No he aportado
ninguna cifra, señor Ministro; todas las cifras son de los
Presupuestos Generales del Estado. Usted, sin darse cuenta, ha
modificado en su intervención los Presupuestos Generales del
Estado, en 1.000 millones pero los ha modificado, y es que,
señorías, cuando va el contrato-programa al Consejo de
Ministros se dice que la deuda es de 117.000 millones de
pesetas, las pérdidas de 1992. En los Presupuestos Generales
del Estado, señor Ministro, 122.000 millones, y sube usted a
la tribuna y me dice que 123.000 millones. Comprendo que son
1.000 millones, pero si vamos a 1.000 millones por día,
arreglados estamos, señor Ministro, en Radiotelevisión
Española.
En segundo lugar, este Grupo Parlamentario siempre que
potencie Radio Exterior de España, EFE Exterior o Canal
Internacional de Televisión Española, absolutamente de
acuerdo. Pero mire, señor Ministro, el problema es muy grave.
¿Sabe lo que cuesta Radio Exterior de España? 2.000 millones.
No se puede achacar a Radio Exterior de España el problema de
los 122.000 millones de pesetas de pérdidas. Este Grupo si
presentan ustedes una programación adecuada y hay que subir
Radio Exterior de España hasta 3.500 millones, le anticipo que
votará favorablemente.
Dice el señor Ministro en esta tribuna: Bueno, si tiene
pérdidas, cerramos los servicios. Es que hay otra vía
intermedia: gestionar bien, señor Ministro, aunque sean
intereses públicos, aunque sean fondos públicos, gestionen
bien. Dice usted algunas incorrecciones impropias del rango y
de su cargo, señor Ministro.
Dice usted que en el presupuesto de 1993 el problema es que
hay menos ingresos. Eso no es verdad. En el presupuesto de
1993 hay dos problemas: que hay menos ingresos y que hay
muchos más gastos, porque lo presupuestado en gastos en 1993
eran 176.000 millones y el resultado de gastos por ahora --
salvo que usted me diga lo contrario cuando suba, que espero
que en este cuarto de hora no suban otros 1.000 millones,
señor Ministro-- es de 213.000 millones de pesetas. Dice el
señor Ministro: Es que la reducción de plantillas de
Radiotelevisión Española también afecta a los directivos. Yo
le digo que sí. ¿Sabe cómo afecta? Cuatro mil trabajadores que
ya están fuera; 2.700 trabajadores que van a estar fuera y 40
directivos. Es decir, afecta a 6.700 trabajadores y a 40
directivos. Eso sí, señor Ministro, se compite con las cadenas
privadas que tienen un presupuesto al menos cuatro veces más
bajo que Radiotelevisión Española. Eso sí, se gasta en
encargos al exterior: 59.000 millones en compras, y en
servicios exteriores 51.000 millones. No hay que cerrar, hay
que detener el despilfarro de las productoras externas, que
todos sabemos, además, de qué va el cante de las productoras
externas; hay que cerrar el despilfarro del encargo a las
auditorías y a las sociedades, que también, señorías, sabemos
de qué va el cante. Al final, no es tolerable que en una
empresa pública se gasten 110.000 millones en producción ajena
y en encargos a consultoras, señor Ministro.
Dice usted, más o menos: La culpa la tiene Radio Nacional de
España. Señorías, para que lo sepan, Radio Nacional de España
en este momento procede de la fusión de Radiocadena Española y
de Radio Nacional de España. Todas las empresas --alguien en
Sevilla diría del mundo mundial-- que se fusionan tienden a
racionalizar los gastos; pues en el caso de Radiocadena
Española y de Radio Nacional tenían un presupuesto de 14.000
millones una y de 6.000 millones otras, total, 20.000
millones; pero hete aquí, señor Ministro, que al producirse la
fusión el presupuesto son 26.000 millones. Dijeron: Hombre, ya
que estamos juntos vamos a crecer en el gasto, que parece que
estamos animados. Esa es la conclusión que uno saca.
Dice el señor Ministro: Tiene que tener en cuenta Radio
Nacional de España. Señor Ministro, se lo he dicho en mi
intervención. El presupuesto de Radio Nacional de España,
señor Ministro, son 26.000 millones. ¿Cómo va a endosar usted
una pérdida de 122.000 millones a los 26.000 millones de Radio
Nacional de España? Vamos a los coros. Señorías, el
presupuesto de los coros son dos mil y pico millones. ¡Y dale
con los coros! La culpa la tienen los coros. ¡Que no tienen la
culpa los coros, señor Ministro!
La situación es preocupante, señor Ministro, pero permítanme
que avance un poco más. La situación es de quiebra absoluta.
Fíjese, Radiotelevisión Española para 1994 debe 319.000
millones de pesetas; pérdidas previstas, 105.000 millones de
pesetas; su activo, señorías, es de 167.000 millones. El señor
Montoro, que sabe mucho más que yo de eso, diría que una
empresa que tiene un activo de 167.000 millones, un
endeudamiento de 319.000 millones y una proyección de pérdidas
de 105.000 millones, está en quiebra. Es duro decirlo. Por
cierto, fondos propios negativos en balance, menos 163.000
millones de pesetas. (Un señor Diputado del Grupo Popular:
¡Qué barbaridad!)
El señor PRESIDENTE: Señor Arenas, le ruego que concluya.
El señor ARENAS BOCANEGRA: Sí, señor Presidente, concluyo.
Esta es la cuestión; que se dé la cara, señor Ministro, que se
le diga a los españoles: 400.000 millones de impuestos por una
pésima gestión. Creo que los españoles se tienen que
escandalizar ante esta situación. Sepan ustedes que en los
últimos tres años la peor gestión económica-financiera, la
peor evolución del «ratio» de endeudamiento de todas las
empresas públicas, incluido Renfe y el conjunto del INI, se da
en Radiotelevisión Española, y hasta ahora el Gobierno sólo
nos ha dicho: primero, que los datos del Partido Popular son
ciertos, porque no puede decir lo contrario (algún Ministro
que yo recuerdo si le hubiera tocado intervenir a lo mejor los
hubiera discutido, pero es bastante difícil porque son datos
de los Presupuestos Generales del Estado, luego es
indiscutible); segundo, un premio al equipo directivo de
Radiotelevisión Española, al que nos ha llevado a esta
situación, confirmados todos ellos en sus cargos, señorías.
Señor Ministro, pese a su buena voluntad, le agradezco las
coincidencias con nuestro Grupo, que tienen que estar
absolutamente justificadas, y espero que en la segunda
intervención nos diga usted si destituye a los directivos que
nos han llevado a esa situación, si está planteando su
dimisión, si aunque ya no esté podemos reñir políticamente al
señor Solchaga, por lo menos una salida, pero que alguien dé
la cara, que alguien asuma su responsabilidad, porque esa
responsabilidad es exclusiva del Gobierno y del Partido
Socialista. Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos
del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arenas.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Con la habilidad que le caracteriza, ha utilizado algunas de
las cifras que yo he dado, en algunos casos incluso con una
cierta caricatura, para intentar dar la vuelta a algunos
hechos que no son exactamente así. (El señor Cortés Martín:
¡Números, números!)
Podemos hablar de números: 123.000 millones. Son los datos que
yo tengo en este momento. Evidentemente, el ajuste 122-123 no
me parece que sea relevante (Rumores en los bancos del Grupo
Popular.) Estamos hablando de cifras redondas, evidentemente.
No tengo aquí cifras específicas, pero se pueden traer en
cualquier otro momento.
En consecuencia, no creo que ese sea el tema fundamental. Me
parece también que es un poco caricaturesco el intentar hacer
referencia al problema de los ingresos cuando yo digo que hay
una caída de los mismos. Yo no discuto el incremento de gastos
como consecuencia de la menor actividad económica y que esa
caída de ingresos coincide con las últimas previsiones que se
habían hecho. Usted hace una caricatura también cuando afirma
que yo afecto a Efe Exterior y al Canal Internacional todos
los gastos. No, no es cierto. Canal Internacional supone 6.000
millones de pesetas. Me he referido a los centros
territoriales de Televisión Española, que son bastantes más,
miles de millones de pesetas, del orden de 20.000 millones.
(El señor Arenas Bocanegra: ¡Los coros!) Sí, es cierto que los
coros suponen 1.700 millones, aproximadamente (Risas.) En
consecuencia, ustedes están llevando la caricatura a otro tipo
de problemas que no son los reales.
¿Qué el número de asalariados que desaparecen de Televisión es
mayor que el número de altos cargos? Es
cierto; pero ahí estamos planteando un problema también de
coherencia: ¿qué modelo queremos para Televisión? ¿Queremos
una televisión absolutamente pública sin ningún tipo de
presencia en el mercado? Es una opción, yo no digo que no. No
es la opción que en este momento existe. Hoy la opción es una
televisión en concurrencia con la televisión privada y, lo
mismo que la televisión privada, compite por el mercado y
abarata costes contratando fuera. Y lo mismo que la televisión
privada, tiene un menor número de trabajadores directos para
la realización de programas y un mayor número de directivos y
de responsables que pueden actuar con otro tipo de funciones.
En consecuencia, yo creo que esas actuaciones son
perfectamente correctas y pueden ser racionales. Digo que
pueden ser perfectamente racionales porque, evidentemente,
habría que ver con más detalle de quién estamos hablando y
quién está perdiendo su empleo en Televisión y por qué
razones. Su señoría habla también del gran despilfarro en
productos externos por esas compras de 110.000 millones. En
este momento prácticamente todas las televisiones están
trabajando con productos externos y posiblemente el «stock» de
productos externos es un activo importante de cara al futuro.
En el momento de realización de la inversión hay que gastar
más dinero que lo inicialmente previsto y, sin duda alguna,
podrá obtenerse una rentabilidad mayor en el futuro. Por
supuesto, en los problemas de Radio-cadena y Radio Nacional de
España también la anécdota nos lleva a que los 20.000 millones
suban a 27.000, pero, como S.S. conoce, en momentos de
reestructuración, precisamente por las indemnizaciones, los
presupuestos normalmente acaban subiendo. Su señoría plantea
un problema de fondo, que me parece bastante más razonable:
¿Qué va a hacer el Gobierno? Me parece lícita y correcta su
pregunta. Le vuelvo a contestar de la misma forma que he
intentado hacerlo en mi anterior intervención.
El Gobierno toma una decisión en el contrato-programa. En esa
decisión del contrato-programa se habla de una ayuda a lo
largo del año 1993 y se hace una definición del plan
estratégico antes de fin de año. De ese plan estratégico
estamos esperando la presentación del avance por parte de
Televisión Española; y en ese plan estratégico, evidentemente,
tendrá que definirse un concepto fundamental de qué modelo de
televisión queremos. A partir de ese momento habrá que tomar
las decisiones oportunas.
Yo sigo sin ver los 400.000 millones de endeudamiento a que se
ha referido S.S. De acuerdo con mis cifras, para 1993 tengo
192.000 millones de endeudamiento en el cierre final y,
evidentemente, los 400.000 millones no los tengo. Prejuzgar
las pérdidas del año futuro para llegar a esas cifras me
parece excesivo. Muchas gracias.El señor PRESIDENTE: Gracias,
señor Ministro. ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González
de Txábarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente. Brevemente intervengo, en primer lugar, para
felicitar tanto al interpelante como al Ministro de Economía y
Hacienda (Rumores.) por las intervenciones que hemos podido
escuchar en esta interpelación.
Creo que es la primera vez en el tiempo que llevo yo de
Diputado, desde hace dos años, que se produce un debate con el
suficiente rigor y serenidad en torno a este tema. Creo que es
de agradecer. Entiendo que hay una coincidencia básica en
muchos aspectos en relación a este tema de Radiotelevisión
Española y que sería oportuno aprovechar esta coyuntura para
que, a través de la propia moción que pueda presentar el Grupo
Popular o las posturas que ha expuesto hoy aquí el señor
Ministro, se pueda ir avanzando en la resolución de un asunto
que es indudablemente, un problema de Estado.
La intervención del señor Ministro nos ha parecido correcta,
rigurosa y, además, muy coincidente con la que el Grupo Vasco
(PNV) realizó en el momento en que se convalidó el Real
Decreto-ley para la formalización del contrato-programa, y nos
alegramos por ello. Lo que desde el Grupo Vasco (PNV) no
entendemos es por qué este tema sigue estando en el congelador
o en el invernadero por lo menos; por qué el Gobierno, el
Grupo Socialista que lo sustenta se empeña una y otra vez en
no seguir materializando este tema o abordar la reforma de
Radiotelevisión Española.
El señor Ministro ha dado hoy una serie de pistas a lo largo
de su intervención. Con algunas coincidimos. Son propuestas
que están recogidas en el programa electoral del Patido
Nacionalista Vasco, por ejemplo, en relación a los centros
territoriales. Entendemos que existen alternativas, desde el
mantenimiento de la televisión pública, para que estos temas
se aborden de otra manera, sin recurrir excesivamente a la
imaginación. Pero yo creo que es también de agradecer por
parte del Grupo Popular que haya abandonado un discurso que en
los últimos tiempos no tenía mucha coincidencia con la manera
de entender este tema como un problema de Estado. Desde los
distintos grupos se viene abordando el tema de Radiotelevisión
Española con una técnica que se llamaba en sus tiempos del
«agiprop» --produciendo la agitación y la propaganda--. Creo
que no hace ningún bien el que este tipo de estrategias se
utilicen para la resolución de problemas de Estado. Hay una
contradicción entre los propios términos. No vemos desde el
Grupo Vasco (PNV) especial problema para que haya un consenso
básico en esta Cámara en torno al tema de Radiotelevisión
Española, y
entendemos que es el propio Gobierno el que debe tomar la
iniciativa. No creo que la situación actual sea como para
poder decir: pues vamos a ir viendo qué pasa con el contrato-
programa, vamos a ir viendo si se puede cambiar el Estatuto de
Radiotelevisión Española. La ponencia encargada de la reforma
del Estatuto de Radiotelevisión lleva parada desde el año 1990
porque alguien decidió meterla en el congelador. Yo creo que
hay distintos grupos de esta Cámara que defienden la propia
televisión pública, así como una serie de funciones que tiene
que cumplir. Existe un consenso más que suficiente,
explicitado en hojas producidas por esa ponencia, y debe ser
el Gobierno el que decida. No vale decir: Se puede hacer esto,
aquello también y quizá aquello también.
El Gobierno está para decidir, sobre todo al principio de una
legislatura. No le quepa la menor duda, señor Ministro, que,
en ese empeño de defensa de la televisión pública, de defensa
de un modelo de radiotelevisión pública que esté al servicio
de todos los ciudadanos, va a encontrar el apoyo, entre otros
grupos, del Grupo Vasco.
En ese empeño esperamos que la moción que presente el Grupo
Popular esté motivada en ese tipo de razonamiento que se ha
hecho en el día de hoy, en el propio tono y en el propio
rigor, y procuraremos estudiarla suficientemente para poder
apoyarla. Creemos que es un tema de Estado que necesita el
apoyo de distintos grupos, y esperamos que el tono y el rigor
que hoy se han escuchado en esta Cámara, se vean reflejados
también en la moción que presente el Grupo Popular la semana
siguiente.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txábarri. Por
el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
Después del debate de hoy en que el tono, el temple, ha sido
exactamente el mismo, tanto en el Partido Popular, como en el
Partido Socialista Obrero Español y el Gobierno por él
sustentado, me temo que el impulso democrático va a consistir
en seguir deteriorando el medio público, a través de una
táctica muy a dúo. Esto no ha sido un debate, señores
Diputados, ha sido un dueto. Me temo que va a ir por ahí la
táctica.
Me temo, en ese sentido, que estamos ante una ofensiva
conservadora contra Radiotelevisión Española en cuanto a
servicio público esencial. Y el partido Socialista Obrero
Español, al final, no está defendiendo el servicio público. No
se atreve porque tiene una dialéctica de defensa de lo privado
y de la privatización. Por tanto, está conduciendo, a través
de una táctica muy específica, a Radiotelevisión Española al
deterioro, al desprestigio. La está conduciendo casi a
convertir a Televisión Española en un vídeo comunitario, por
las cantidades que nos ha dado con respecto a 1997; y la está
conduciendo, indudablemente, a una televisión de emisión
bonsai, quizá, parecida a la televisión pública norteamericana
porque, según el señor Solbes, no hay dinero y eso conduciría,
no lo han dicho ni ustedes (señalando los bancos del Grupo
Socialista) ni ustedes (señalando los bancos del Grupo
Popular) aunque sí en Galicia ustedes, a privatizar la
televisión pública; por lo menos el segundo canal ya lo han
pedido ustedes y en Galicia también lo están pidiendo.
Efectivamente, se está subvencionando todas las televisiones
públicas. Les voy a leer las de las comunidades autónomas
desde 1982 a esta parte. Cataluña ha subvencionado con 78.000
millones de pesetas; dinero presupuestario, no deuda; el País
Vasco, 65.000 millones; Andalucía, 60.000 millones; Galicia,
45.000 millones; Valencia, 32.000 millones; Madrid, 12.000
millones; Radiotelevisión Española, cero. Cero pesetas desde
1982 en que el señor Calviño, para apuntarse un tanto, le dijo
a don Felipe González que no quería dinero. Por cierto, tendrá
usted que explicarle a don Felipe González, cuando el otro día
dijo en «El País» que su modelo era la BBC, en qué consiste la
BBC, que recibe el 98 por ciento del presupuesto y cero por
publicidad. Y Televisión Española recibe el 83 por ciento de
publicidad y cero del presupuesto público. Que no se tire más
pegotes don Felipe González por ignorancia o por farol.
Explíquele en qué consiste la BBC y explíquele en qué consiste
la táctica que ustedes están llevando.
La táctica consiste en lo siguiente: El impulso democrático
que están ustedes pactando consiste --yo se lo aviso-- en
decir: mantengamos el actual Consejo de Administración de
mayoría absoluta, presidido esperpénticamente por un
representante del CDS que no ha reeditado su representación en
esta Cámara; mantengámoslo año y medio y, mientras tanto,
discutamos
--lo dijo el señor Solchaga en una reunión de periodistas--
otro estatuto, ya veremos en qué consiste. Y ese Consejo de
Administración en el que está el PP, aunque no asiste,
naturalmente se dedica a desmantelar, junto al señor Candau,
todo el servicio público. Y, ¿cómo se desmantela
financieramente? Muy sencillo. Este año los ingresos son de
92.000 millones por
publicidad y 80.000 millones de deuda pública,
aproximadamente. Un presupuesto de 204.000 millones.
Pues bien, de este presupuesto ya gastan, nada más que en
intereses, 24.500 millones de pesetas. Está claro que, a medio
plazo, tienen que endeudarse para pagar intereses; pero, si ya
está la prueba aquí, señor Solbes. Usted no ha hecho
referencia, que tan aficionado es a sacar papelitos, al tema
de cómo se está pagando a la Banca Morgan. Aquí están los
presupuestos
de este año, se le ha olvidado. A la Banca Morgan le pagan
ustedes 30.500 millones de pesetas en los presupuestos de este
año, con un interés del 15 por ciento de la deuda de 1992. Es
decir, que al final hay subvención del Gobierno --no se han
atrevido a hacerla en su tiempo-- pagando intereses del 15 por
ciento; eso sí, pidiendo que echen a trabajadores. Eso es lo
que dijo el señor Candau cuando pidió la deuda hace poco en la
Comisión correspondiente del Mercado de Valores, porque el
señor Solbes le ha dicho lo siguiente al señor Candau: desde
nuestra posición --yo la califico de neoliberal, ustedes,
«moderna», con comillas--, señor Candau, no hay dinero. Tiene
usted dos opciones: desmantelar, hacer de verdugo o dimitir. Y
el señor Candau ha optado por la opción de desmantelar, de
echar, primero, a 4.000 trabajadores --aunque no toda la
responsabilidad esté en principio en el señor Candau-- y ahora
se despide a 2.710. Por cierto, sólo a 40 directivos de un
total de 295, 57 de ellos con contrato blindado.
Señor Solbes, ustes tenía que haber defendido aquí el servicio
público y no lo ha hecho. Usted se ha plegado a la oleada
conservadora que hay, porque usted pertenece a esa oleada
conservadora que lleva a desmantelar Radiotelevisión Española.
(Rumores.) ¡Manténganse serenamente SS.SS. de la derecha
civilizada porque pueden perder el calificativo! (Risas.)
Usted se ha dedicado aquí a mantener esa propuesta, señor
Solbes. Yo le digo: efectivamente, hay que llevar dinero
público a la televisión pública, como en Inglaterra, como en
Suecia, como en Francia, como en Italia, como en Noruega, como
en Finlandia, como en todas las televisiones europeas. Las que
reciben menos son, primero, España, Portugal, Chipre y Malta.
El resto recibe un montón. Cataluña, el 38 por ciento;
Euskadi, el 40 por ciento; Andalucía, el 35 por ciento, y aquí
resulta que usted dice que no, y yo le digo que,
efectivamente, hay que cambiar la gestión, que es
catastrófica, pero que una empresa pública, ni RENFE, ni
IBERIA, ni educación, ni salud están en quiebra. No están en
quiebra, eso es mentira. Es un alarmismo contra una empresa
pública que no defiende el PSOE, que no tiene agallas el PSOE
para defenderla, que no tiene agallas. Eso es lo que está
pasando. (Fuertes rumores.)
El despilfarro es tremendo, señor Solbes, usted lo sabe. Si
hay que marginar a profesionales de la casa para que entren de
fuera en plena crisis, se margina a profesionales de la casa.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, le ruego concluya.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino inmediatamente, señor
Presidente. Si hay que contratar a empresas privadas
marginando la producción propia, se hace. Yo le puedo citar
aquí a 106 productoras privadas trabajando para el medio
público. Si hay que contratar a consultoras privadas para
hacer estudios, aunque luego no se apliquen, se hace. Se puede
citar 21 exactamente, por cierto, casi tantas como el
Ayuntamiento de Madrid. (Risas.)
En ese sentido, he de decirle, señor Solbes, que el Estatuto
hay que aplicarlo. El Estatuto dice que hay que financiar con
dinero público; el Estatuto dice que hay que respetar el
pluralismo, y en función de ese respeto, en función de un
servicio público esencial, que así lo define el Estatuto, y me
temo que ustedes lo van a cambiar en el impulso democrático...
(Varios señores Diputados del Grupo Popular: ¡Ellos! ¡Ellos!)
No, no, si ustedes están pactando el impulso democrático.
(Varios señores Diputados del Grupo Popular: ¡No! ¡No!) ¿Cómo
que no? (Rumores en los bancos del Grupo Popular.) ¡Ya lo
veremos! ¡Ya lo veremos! (El señor Ministro de Economía se
sonríe.) ¡Cómo se ríe el señor Solbes! (Risas.) ¡Ya lo
veremos!
Pues bien, en función de eso es posible explicar a los
ciudadanos españoles que en lugar de pagar la deuda con el 15
por ciento de interés a la Banca Morgan, a Banesto y compañía,
es mejor subvencionar la televisión, siempre que sea un
servicio público con el pluralismo, con el acceso de grupos
sociales y ciudadanos, con la defensa de la cultura y,
naturalmente, con una televisión de calidad mezclada con
televisión de entretenimiento, pero ustedes no quieren
hacerlo.
Nosotros hemos presentado una enmienda --termino, señor
Presidente-- pidiendo que Televisión Española sea
subvencionada este año con 50.000 millones de pesetas,
naturalmente, a costa de cambiar la orientación, de un
decálogo de rectificación. (Risas en los bancos del Grupo
Popular.) Vean ustedes. (Señalándose la chapa que lleva en la
solapa.)
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, le ruego concluya.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente.
Un decálogo de rectificación que, fundamentalmente, iría en el
sentido de la orientación de esa televisión española mal
gestionada, convertida en un elemento muy teñido de
gubernamentalismo, que incluso está desprestigiando al medio,
que está acabando con sus señas de identidad como servicio
público esencial y que ustedes no tienen las agallas de
defender.
Ustedes se están plegando a una ofensiva que no coincide con
ninguna televisión de Europa, ni con ninguna televisión
autonómica. Este es un caso especial por culpa del señor
Calviño y de don Felipe González, que no entienden lo que es
una televisión pública.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo socialista, tiene la palabra el señor Aguiriano.
El señor AGUIRIANO FORNIES: Gracias, señor Presidente, y muy
brevemente. El Grupo Socialista reconoce que es cierto que
existe un problema en cuanto a la situación económica de
Radiotelevisión Española, y lo que espera es que cuando se
aporte la solución a esta Cámara se consiga del resto de los
Grupos el mayor consenso posible.
Pensamos fundamentalmente que la defensa de la radio y la
televisión públicas no se hace únicamente diciendo que se
defiende, sino aportando soluciones concretas a los problemas.
En cualquier caso, quiero recordar al señor Alcaraz que el
Presidente del Consejo de Administración no es ningún miembro
del CDS. (El señor Alcaraz Masats: Del Olmo.) El señor Del
Olmo no es Presidente del Consejo de Administración. Le ruego
se entere, por favor. (El señor Alcaraz Masats: Ha sido.) Ha
sido. ¡Claro que ha sido! En cualquier caso quiero recordar
nuevamente que no existe subvención para Radiotelevisión
Española desde el año 1982, a pesar de que se sigue
insistiendo en lo que nos cuesta a los ciudadanos españoles
Televisión Española. Lo seguiremos repitiendo y se seguirá
diciendo lo que nos cuesta a cada uno de nuestro bolsillo, que
es exactamente cero pesetas. (Protestas en los bancos del
Grupo Popular.)
No sé si al final el señor Ministro se ha equivocado en mil
millones arriba o abajo. No lo sé porque no tengo los datos
delante. Lo que sí creo es que algún portavoz, cada vez que
sube a la tribuna, aumenta laspérdidas de Televisión Española
en cientos de miles de millones.
Esta mañana se ha dicho en la propia Comisión que contratos
blindados «strictu sensu» en Radiotelevisión Española no
existen. Lo que se reconoce como contratos blindados, que al
terminar el contrato corresponde una indemnización millonaria,
no existe en Radiotelevisión Española. Sin embargo, seguiremos
oyendo hablar de los contratos blindados de Televisión
Española.
Se compara la pérdida de audiencia en Televisión Española del
año 1990 con 1992, cuando en 1990 empiezan prácticamente las
televisiones privadas. Si lo hubiese usted comparado con el
año 1986, seguro que la pérdida de audiencia es mucho mayor.
Es lógico, porque entonces no había televisiones privadas.
Para terminar, no queda más que la guinda demagógica del
juguete partidista. A nosotros ni se nos ocurre, ni lo hemos
pensado nunca, ni lo vamos a hacer: censurar la intervención
del Presidente del Gobierno, como ustedes han hecho en
Galicia. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguiriano.
El Pleno se reanudará mañana, a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las siete y treinta minutos de la noche.