DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2004 VIII Legislatura Núm. 17

DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Sesión núm. 3

celebrada el martes, 2 de noviembre de 2004,

en el Palacio del Congreso de los Diputados

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de Ley:


- Relativa a la aprobación del Plan integral de lucha contra el tráfico de mujeres, niñas y niños. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente del Congreso 161/000077 y número de expediente del
Senado 663/000002.) ... (Página 2)


- Relativa a la implantación de redes de unidades de atención sanitaria integral para mujeres. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente del Congreso 161/000146 y número de expediente del Senado
663/000004.) ... (Página 6)

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- Para la sustitución del nombre del Congreso de los Diputados por Congreso. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente del Congreso 161/000184 y número de expediente del Senado 663/000006.)
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Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


- RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente Congreso 161/000077 y número de expediente Senado
663/000002.)


La señora PRESIDENTA: Senadoras y senadores, diputadas y diputados, comenzamos la sesión con la primera proposición no de Ley, relativa a la aprobación del Plan integral de lucha contra el tráfico de mujeres, niñas y niños, a propuesta del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Para cuya defensa, tiene la palabra la señora Sainz.



La señora SAINZ GARCÍA: Como muchas de sus señorías conocen, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular se acordó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, en su momento, la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión
Mixta de los Derechos de la Mujer, para abordar el tráfico de mujeres, niñas y niños, siguiendo las recomendaciones, de la Conferencia de Viena de junio de 1996 y de la Convención sobre los derechos de los niños de 1989. Los trabajos concluyeron la
pasada legislatura y como coordinadora que tuve el honor de ser de la ponencia, es para mí una satisfacción recordar ante todos ustedes que las conclusiones fueron fruto de un riguroso trabajo de todos los grupos parlamentarios, y precisamente fruto
del diálogo, llegamos por consenso a elaborar y a aprobar un plan integral de lucha contra el tráfico de mujeres, de niños y de niñas. Compartirán conmigo que el tráfico de personas es incompatible con una sociedad libre, justa y solidaria, que va
unido a la prostitución y que es la manifestación de la discriminación más cruel de la mujer. Es, como tantas veces, he recordado a lo largo de las muchas intervenciones que tuvimos, la esclavitud del siglo XXI y, ante ello, si toda la sociedad
tiene que condenar este grave atentado de los derechos humanos, quienes estamos comprometidos y trabajamos por la causa más justa de la democracia, la igualdad, debemos elevar nuestras voces, debemos unir nuestros esfuerzos para que se reaccione,
para que temas tan graves estén presentes, en primer lugar, en la agenda política y, en segundo lugar, para que las administraciones trabajen de forma coordinada hasta conseguir erradicar este delito. Nuestra indignación se fue avivando cada vez
más cuando los expertos, y las numerosas asociaciones que han trabajado y que ayudaban a estas pobres gentes, aportaban datos estremecedores. Estamos hablando de mujeres engañadas, de mujeres sometidas a los más crueles chantajes y vejaciones, del
terror de muchas mujeres que llegan a un país desconocido, sin entender en ocasiones ni siquiera el idioma, que se ven encerradas, en definitiva, convertidas, en víctimas de la más cruel violencia física, sexual y psicológica. Todo ello, como
saben, atenta contra la dignidad de las personas, contra la libertad, lo que es una grave vulneración de los derechos humanos.



En nuestro país la manifestación de este problema es también notoria y quedó recogido en un informe que tendrán todas sus señorías, y a la vista de toda la complejidad -porque la hay, no voy a entrar en detalles- que esta cuestión tiene,
quienes trabajamos en la ponencia consideramos importante elaborar un plan integral de lucha contra el tráfico internacional de mujeres, niños y niñas. Era el primero que teóricamente se elaboraba en España y, hasta donde se me alcanza, también el
primero de Europa.



El plan lo construimos sobre cinco grandes áreas. La primera incluye medidas de prevención, con el objetivo de sensibilizar y comprometer a la sociedad para que tome conciencia de la gravedad del problema; la segunda, medidas de educación
y de formación; la tercera abarca medidas de asistencia y protección a las víctimas; la cuarta contiene importantes medidas legislativas y procedimentales y la quinta reúne las medidas de coordinación y cooperación. No voy a entrar en el detalle
de todas ellas ni siquiera a resaltar aquellas que son de una importancia grande.



Resumiendo, recordamos que el plan es integral, que contiene numerosas medidas aprobadas por unanimidad -insisto-, de todos los grupos, y al texto se incorporaron unas disposiciones finales en las que para hacerlo operativo, para hacerlo
realidad, se establecía lo que hoy aquí precisamente solicitamos a través de esta proposición no de Ley. En primer lugar, que el plan sea aprobado por el Gobierno previa consulta a las


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comunidades autónomas; en segundo lugar, que el plan deberá ir acompañado de la correspondiente memoria económica, que recogerá el presupuesto que se invertirá por cada ministerio en la ejecución de la actuación de su área, y por último,
que se articularán las medidas de difusión, seguimiento y evaluación periódica del plan.



Señorías, nuestro grupo piensa que habiendo transcurrido más de un año desde que este plan se aprobó por esta Comisión, nos parece que el Gobierno debe proceder, a la mayor brevedad posible, en el plazo de tres meses a su aprobación, plazo
que nos parece absolutamente razonable dado que hace un año que se ha aprobado y dado que todos los grupos en el momento de su aprobación pedían al Gobierno diligencia. Quienes hemos trabajado en esta ponencia tenemos que decir sinceramente que nos
sentimos satisfechos de haber articulado un amplio plan integral y por eso queremos que este plan -que ha sido posible gracias, repito, a la colaboración de todos los grupos políticos y a un acuerdo de gran interés- se materialice y se convierta en
una realidad, articulando importantes medidas para erradicar este problema. La defensa de los derechos humanos tiene que ser necesariamente una prioridad y bien sabemos que el tráfico de seres humanos supone la más grave violación de los derechos
humanos, una violación que causa dolor pero también causa muerte. No olvidemos que el tráfico de seres humanos está muy relacionado con otras formas de crimen organizado. Por ello, señorías -y con ello termino-, compartiendo las palabras de la
portavoz socialista el 16 de septiembre de 2003, cuando se aprobó en esta Comisión el plan, que entendía que el mismo contiene actuaciones que van a incidir muy positivamente -textualmente se dice- en este colectivo, creemos que el Gobierno tiene
que asumir su responsabilidad y eso es lo que pedimos en esta proposición no de Ley que confío en que, coherentemente, apoyen también todos los grupos parlamentarios ya que la presentamos con el mejor ánimo de contribuir a abordar eficazmente este
problema.



La señora PRESIDENTA: Como saben, se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la palabra la señora Monteserín.



La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Señorías, efectivamente el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda en la que no hay ningún cambio de fondo sino un cambio en la forma. Pedimos al Gobierno que en el tiempo más breve posible
apruebe el plan integral pero no lo certificamos en tres meses. Esto tiene que ver con que efectivamente estamos hablando de un problema muy grave, estamos hablando de que el tráfico de seres humanos se ha convertido desgraciadamente en una de las
lacras más denigrantes de la humanidad en los últimos años y que su tendencia es creciente, lo cual no hace sino recordarnos que esta nueva forma de esclavitud que vulnera los más elementales derechos humanos debe ser erradicada de manera fulminante
y eficaz. En esto estamos de acuerdo y así mi grupo lo había expresado en la aprobación de las líneas generales del plan integral. También tenemos que decir que en los últimos 10 años en nuestro país el tráfico de mujeres se ha incrementado de
manera espectacular, que más de 500.000 mujeres al año son traficadas en el continente europeo y que un porcentaje muy amplio pasa por nuestro país, pero que al no controlar las mafias que mueven este terrible mercado lo ha facilitado y no ha
controlado este sistema. Hemos dicho en alguna comparecencia con motivo de la ley integral que esto forma parte también de una de las manifestaciones de violencia de género, y no podemos perder de vista que en estos años se ha incrementado hasta el
punto de que la prostitución es ejercida por un 82 por ciento de mujeres traficadas e inmigradas. Ante esta realidad el Gobierno anterior cerró los ojos, mientras que en 1997 en el seno de este Parlamento se creó una ponencia que ha hecho un buen
trabajo, un trabajo riguroso, y el Grupo Socialista está completamente de acuerdo con las líneas expresadas en esa Comisión. En fin, después de todos estos años de una cierta desidia hacia este problema desde los ámbitos del Estado, que tendría que
controlarlo, no podemos invitar al nuevo Gobierno a que en tres meses cuantifique, pacte con las comunidades autónomas y nos presente el plan realizado tal y como estaba en las líneas diseñadas por la Comisión. Por eso solicitamos en la enmienda
exigir al Gobierno que lo presente en el más breve plazo posible, pero no podemos esperar que en tres meses se corrija lo que no se ha hecho en ocho años. Este es el sentido de nuestra enmienda.



La señora PRESIDENTA: ¿Algún grupo quiere intervenir para fijar posición? Tiene la palabra la señora García Suárez.



La señora GARCÍA SUÁREZ: Brevemente quiero manifestar dos aspectos, uno en cuanto a la propuesta del Grupo Parlamentario Popular y el otro en relación con la enmienda presentada por el Grupo Socialista.



La primera reflexión que esta diputada quiere expresar es una enorme preocupación por los tiempos que parece ser que se requieren o que la práctica acaba requiriendo en cuanto al avance de las propuestas y de las iniciativas. Como ya se ha
mencionado por la portavoz del Grupo Popular y por los documentos que he podido contrastar, es cierto que al 28 de mayo de 1997 se aprobaba por unanimidad la creación de una subcomisión y de una ponencia para el estudio y la elaboración de un plan
integral de lucha contra el tráfico internacional de mujeres, niñas y niños. Lo primero que quiero constatar es que estamos en 2004 y que todavía no hay un plan en ese sentido. Parece ser que hay un plan aprobado en enero de 2002, un plan de
acción contra


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la explotación sexual de la infancia y adolescencia, cuya información y documentación he pedido como diputada porque quisiera saber en estos momentos su desarrollo real, cómo y de qué forma se está aplicando y que implicación está teniendo
en todos los sentidos, en el ámbito estatal, autonómico y local. Por tanto, la primera reflexión es una gran preocupación. Por la razón que sea, en esta cuestión se ha ido muy lentamente -los datos así lo demuestran- porque no sólo en nuestro país
sino en muchos otros países en los últimos 10 años ha habido un incremento importantísimo. Este es un problema que trasciende el ámbito estatal. Estamos hablando de un tráfico y de un negocio a nivel internacional en que, sin duda, las
intervenciones de cada Estado y de cada país van a favorecer más o menos este tráfico y este negocio, por lo que en todo caso requiere de actuaciones a nivel europeo e internacional.
Por tanto, quiero que conste esta enorme preocupación y la
necesidad urgentísima de poner hilo a la aguja para desarrollar el plan no sólo en el papel, sino concretar cuáles son las acciones a realizar a corto, medio y largo plazo y la relación y coordinación a nivel europeo e internacional, pero tengo que
compartir con el Grupo Socialista que lo que no se ha hecho en 10 años, en dos legislaturas, no es de recibo que ahora en tres meses se pueda desarrollar. Compartiendo, por tanto, la enmienda del Grupo Socialista, sin duda vamos a velar muy de
cerca para que no vuelva a suceder lo mismo y que finalicemos esta legislatura sin haber actuado en un tema tan urgente y dramático como éste.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Bonàs.



La señora BONÀS PAHISA: Como portavoz de un grupo republicano, nuestros principales vectores de acción política son la lucha por la libertad y la igualdad. Es evidente que la lucha contra el tráfico de seres humanos es una de sus
principales prioridades políticas, y más cuando este tráfico afecta a los grupos más vulnerables como son las mujeres, niños y niñas.
Por tanto, creemos que el nuevo Gobierno tiene que adoptar este plan de lucha integral contra el tráfico de seres
humanos, pero nos sorprende que después de ocho años de gobernar el grupo proponente ahora imponga tres meses; nos sorprende e incluso nos parece que hay un poco de mala intención, ahora que están en la oposición. Si realmente son serios en esta
proposición, cómo pueden pretender ahora que en tres meses se ponga en marcha este plan, más cuando el nuevo Estado es plurinacional y autonómico, la mayoría de las competencias son de las autonomías y, por tanto, si se quiere realmente poner en
marcha este plan, que tiene implicaciones internacionales, debe hacerse de acuerdo con las comunidades autónomas. Por consiguiente, estamos de acuerdo en poner en marcha este plan pero no en las condiciones que marca el grupo proponente, que
creemos que están hechas de mala fe y sólo para el desgaste político.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Loroño.



La señora LOROÑO ORMAECHEA: Pido disculpas por haber llegado un poco tarde a esta sesión de la Comisión, y voy a posicionarme sobre la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular y enmendada por el Grupo
Parlamentario Socialista.



Quiero hacer referencia en concreto a que el plan integral de lucha contra el tráfico internacional de mujeres, niños y niñas es una conclusión de una ponencia que ha llevado trabajando en ello durante dos legislaturas. Se inició en la
anterior legislatura, retomó el trabajo de la subcomisión creada al efecto en su día y, como conclusión, la pasada legislatura llevó a cabo una serie de planteamientos de actuaciones con respecto a la materia en distintos ámbitos, teniendo en cuenta
la necesidad de intervenir no sólo en los países de destino de las personas objeto de este tráfico, fundamentalmente mujeres y menores, sino también en los países de origen y de tránsito. No debemos olvidar que el tráfico internacional de seres
humanos tiene un complejo entramado que conlleva la necesidad de tener en cuenta no sólo el país de origen de la víctima, en este caso fundamentalmente mujeres y menores, niñas y niños, sino también los países de tránsito en los que se utilizan
estas mujeres y menores para cambiar el sistema de las distintas mafias que controlan todo este entramado de tráfico de seres humanos y también el país de destino. La ponencia concluyó diciendo que se trataba, por supuesto, de una clara vulneración
de derechos humanos y de una forma más de violencia de género en este colectivo especialmente vulnerable de mujeres que, en países con una economía poco desarrollada, incluso llegan a ser víctimas de sus propias familias que a veces contactan con
las mafias de seres humanos para poder mejorar su calidad de vida. Hablamos, por tanto, de un colectivo de mujeres especialmente vulnerables que actualmente son víctimas de una nueva forma de esclavitud en pleno siglo XXI. La ponencia, dado el
entramado de actuaciones que había que hacer en distintos ámbitos, concluyó en la necesidad de elaborar un plan integral de lucha contra el tráfico de mujeres y menores a nivel internacional; plan que debía ser consensuado con las comunidades
autónomas, incluso en algunos aspectos de las actuaciones marcadas en las conclusiones de la ponencia con entes locales, por tener competencia también en la materia.
Concluyó también en la necesidad de llevar a cabo un estudio de impacto económico
de lo que suponía llevar adelante las distintas actuaciones marcadas en las conclusiones de la ponencia. La verdad es que, como bien se decía anteriormente, aunque desconocemos la posición del grupo proponente con respecto a la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, después de dos legislaturas de


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arduo trabajo, después de que todos conocemos lo que se aprobó por unanimidad en el seno de la Comisión Mixta de Derechos de la Mujer el 16 de septiembre de 2003 y los problemas que hubo para llegar a unas conclusiones que lucharan contra
esta nueva forma de esclavitud, la verdad es que nos parece demasiado precipitado que ahora se plantee un período de tres meses, dado lo que entraña el propio plan y el actual entramado competencial existente que tiene que ver con el desarrollo del
plan para que sea viable, factible y eficaz, por lo que pedimos cierta prudencia aunque sí celeridad en la elaboración de dicho plan. Por eso vemos totalmente acertada la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y pedimos que se elabore un plan
viable, factible, con prudencia pero con celeridad, para que podamos luchar contra esta forma de esclavitud en pleno siglo XXI que afecta sobre todo a un gran número de mujeres, emigrantes sobre todo, y a un gran número de menores que están siendo
víctimas de unas mafias que en estos momentos se encuentran totalmente impunes mientras que ellas sufren una doble agresión, primero como violencia de género y, segundo, en cierto modo una cierta violencia institucional porque si denuncian su
situación pueden ser objeto de expulsión o repatriación a su país por estar en situación no legal, entre comillas, en el sentido de carecer de documentación que acredite su estancia en nuestro país.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Baig.



La señora BAIG I TORRAS: En nuestro grupo, Entesa dels Catalans, compartimos que el tráfico de mujeres, niñas y niños es la versión actual de la esclavitud de este siglo y una lacra que esta sociedad democrática no se puede permitir.
Desconocemos con exactitud -sobre todo esta senadora que no formaba parte de esta Comisión ni del Senado anteriormente- el plan integral de la lucha contra el tráfico de mujeres, niñas y niños que elaboró una ponencia, y seguro que debe estar
acertado en sus términos, pero creemos que en un Estado que ha descentralizado competencias, antes de marcar la temporalidad tan exacta de tres meses, debe negociar con las comunidades autónomas y también debe sumar un trabajo coordinado con Europa
e internacionalmente. Es difícil que un Gobierno que ha tomado posesión este mismo año pueda hacer esto, pero yo creo que quiere y debe hacerlo. Por eso nuestro grupo pediría con toda franqueza al Grupo Popular que aceptara la enmienda del Grupo
Socialista y diéramos sentido a que el Estado negociara con las comunidades autónomas si cree realmente que las competencias están descentralizadas, porque de haber continuado un Gobierno del Partido Popular, que este grupo no deseaba y cree
acertada la elección popular, sería difícil que en un plazo de tres meses se hubiera podido llevar a cabo esta negociación.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Pigem.



La señora PIGEM I PALMÉS: Desde Convergència i Unió compartimos el objetivo de la iniciativa que nos trae hoy el Grupo Popular a debate y que supone, por otra parte, la lógica continuación y materialización de las recomendaciones que se
hicieron en este informe sobre tráfico internacional de mujeres, niños y niñas, informe que se aprobó en esta Comisión el 16 de septiembre del año 2003; un informe que aquí ya se ha dicho que fue fruto de un gran trabajo, un trabajo no sólo intenso
sino extenso en el tiempo -lo ha señalado también la senadora Loroño-, ya que se elaboró en el seno de una ponencia que duró casi seis años con las lógicas interrupciones del cambio de legislatura; un informe cuyas conclusiones o recomendaciones
deben ser tenidas muy en cuenta, no sólo porque son el fruto de las explicaciones y sugerencias hechas por numerosos expertos de muy diversos ámbitos a lo largo de 31 comparecencias, sino también porque fue aprobado por unanimidad y, si me permiten,
con aplausos por todos los grupos parlamentarios aquí representados.



Hoy el Grupo Popular da un nuevo impulso a algo que desde Convergència i Unió compartimos, y es la necesidad de instalar la cuestión del tráfico de mujeres, niños y niñas, y en consecuencia de su necesaria erradicación, en el centro de la
agenda política. Esta es una cuestión -también se ha dicho aquí- que por desgracia no para de aumentar y cuyo volumen ocupa el tercer lugar de actividad criminal mundial después del tráfico de drogas y del tráfico de armas. Y teniendo en cuenta
que España es claramente un país receptor, creo que estamos obligados a abordar seriamente y sin demora un plan, una solución para erradicar este problema. Este fenómeno va indisolublemente unido a la prostitución, que como también se ha dicho es
la esclavitud del siglo XXI, esclavitud que ha sido abolida pero no erradicada, como se ha mencionado muchas veces, y el tráfico de mujeres y niñas para la explotación sexual es un claro exponente de ello. Este es un problema que no deja de
aumentar día a día y que constituye una flagrante violación de los derechos humanos de las personas traficadas.



He tenido la oportunidad de asistir este fin de semana al Congreso Estatal de Mujeres Abogadas, que ha contado con la presencia del secretario de Estado de Justicia y de la secretaria general de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, en el
que se ha abordado el tráfico de mujeres como una flagrante violación de derechos humanos de las mismas y se ha concluido la necesidad de destinar medios personales y materiales para erradicar el tráfico de las mujeres inmigrantes. Es evidente que
el Gobierno no puede hacer oídos sordos a este problema, y por ello felicitamos al grupo proponente por el impulso que sin duda supondrá esta iniciativa si, tal como esperamos, prospera.



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Se ha presentado una enmienda por el Grupo Socialista, enmienda que, a mi juicio, tiene dos partes. La primera, se refiere a que el plazo de tres meses es un poco precipitado, con lo que estamos de acuerdo, sobre todo porque si el Grupo
Popular consideraba que en tres meses tenía que estar aprobado el plan, desde septiembre de 2003, cuando se aprobó el plan, hasta el cambio de Gobierno tuvieron tiempo suficiente para articularlo si, tal como dicen ahora, la urgencia era de tres
meses. Por lo tanto, veríamos bien desde Convergència i Unió que se llegara a un plazo razonable, no tan constreñido. Pero hay otra parte de la enmienda que me preocupa, y es que se suprime lo relativo a considerar la financiación.
Este tema es
importante, y voy a remitirme a una consideración que hizo la portavoz del Grupo Socialista en la sesión en la que se aprobó el informe. La portavoz del Grupo Socialista decía: Tenemos que remarcar que si no hay un compromiso presupuestario claro
por parte del Ejecutivo central, el plan no será más que una declaración de intenciones, un brindis al sol. El Gobierno tiene que asumir su responsabilidad, aunque las actuaciones serán llevadas a cabo en gran medida por comunidades autónomas y
ayuntamientos. Estaremos pendientes de las partidas presupuestarias adicionales que debe habilitar el Gobierno central para que el resto de administraciones puedan llevar a efecto las nuevas actuaciones que hoy proponemos. Nos parece un tema
relevante, porque efectivamente las competencias para llevar a cabo gran parte de estas actuaciones son de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, y por tanto no nos gustaría que desapareciera el compromiso del Gobierno central de asumir
el costo que pueden tener todas estas actuaciones.



La señora PRESIDENTA: Para la aceptación o el rechazo de la enmienda, tiene la palabra la señora Sainz.



La señora SAINZ GARCÍA: Después de seis meses de Gobierno, cuando hay un texto aprobado por unanimidad, yo voy a rechazar que se diga que actuamos de mala fe al presentarlo. Al final se convertirían en diez meses. Lo único que pretende el
grupo es impulsar un plan que fue aprobado por unanimidad. Pero en aras del acuerdo que imperó en la elaboración del plan, yo ofrezco una enmienda transaccional -he hablado hace un minuto con la portavoz del Grupo Socialista y con la de otro grupo
más- que consistiría en eliminar el plazo de tres meses, sustituirlo por la expresión 'más breve posible', indicando también 'previa consulta de las comunidades autónomas', manteniendo el texto con los tres apartados, en aras de que fue un acuerdo
mantenido por todos los grupos. El texto quedaría como sigue: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que en el plazo más breve posible apruebe, previa consulta de las comunidades autónomas, el Plan integral de lucha contra el tráfico
de mujeres, etcétera, y seguiríamos manteniendo el texto completo en los otros apartados, la memoria económica y la tercera medida de disposición adicional respecto a articular las necesarias medidas de difusión, seguimiento y evaluación periódica
del plan integral, en definitiva, las disposiciones finales que todos los grupos parlamentarios acordamos que era básico y fundamental incorporar.



La señora PRESIDENTA: La señora Monteserín tiene la palabra.



La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Efectivamente, la enmienda de nuestro grupo se refería fundamentalmente al primer párrafo puesto que el Grupo Parlamentario Socialista no cree en los planes que no tienen memoria económica y un sistema de
evaluación, lógicamente. Estamos completamente de acuerdo en cómo puede quedar el texto con esta transaccional en la que se insta al Gobierno a que en el plazo más breve posible presente el plan, en que éste venga pactado e incorporadas las
intenciones de las comunidades autónomas, en que vaya acompañado por la correspondiente memoria y, por supuesto, del sistema de evaluación pertinente.



La señora PRESIDENTA: ¿Alguien desea hacer uso de la palabra ahora? (Pausa.)


Muchas gracias. Anuncio que la votación se hará al final, junto con las otras proposiciones no de Ley, y no creo que antes de las doce y media.



- RELATIVA A LA IMPLANTACIÓN DE REDES DE UNIDADES DE ATENCIÓN SANITARIA INTEGRAL PARA MUJERES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente Congreso 161/000146 y número de expediente Senado
663/000004.)


La señora PRESIDENTA: Punto segundo: Proposición no de Ley relativa a la implantación de redes de unidades de atención sanitaria integral para las mujeres, planteada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Tiene la palabra la
señora Quintanilla.



La señora QUINTANILLA BARBA: Señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular para presentar en el seno de esta Comisión una proposición no de Ley en la que solicitamos al Gobierno que promueva e impulse redes o servicios
de atención sanitaria integral para las mujeres, cercanas a todos los núcleos de población, dotadas convenientemente de profesionales y medios, que incluyan planes de información, prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud que
afectan a las mujeres, en particular, como ustedes saben, las enfermedades oncológicas, la osteoporosis, la menopausia y los problemas de fertilidad.



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Señora presidenta, en las últimas décadas el género ha sido reconocido como uno de los determinantes estructurales de la salud tanto por las instituciones sanitarias internacionales como por numerosísimos estudios que alcanzan un amplio
conjunto de condicionantes y problemas de salud, de enfermedades y sus tratamientos. Por ello, la comunidad científica ha demostrado que existen diferencias en los factores que determinan la salud de los hombres y de las mujeres y que las cargas
que la mala salud provoca en hombres y mujeres son también diferentes. Estas diferencias y desigualdades no son debidas únicamente al sexo biológico, sino también a los diferentes roles que la sociedad atribuye a hombres y mujeres y que se traduce
en diferentes necesidades y oportunidades y en diferentes resultados de la salud de las mujeres, en concreto enfermedades que afectan solamente a las mujeres. Por ello, señorías, hoy ser hombre o mujer no sólo significa tener unas características
sexuales o emocionales determinadas sino que además la mujer es un ser con una biología única y con unas necesidades sanitarias específicas que deben ser primero identificadas y después atendidas. Y no solamente es una cuestión física.
Está
demostrado que la situación socioeconómica de las mujeres no sólo genera problemas particulares a su salud, sino que además la condiciona en cuanto a su predisposición a recibir una atención sanitaria adecuada.
Así, cuanta más edad tienen las
mujeres, más reticencias presentan a someterse a tratamientos específicamente femeninos; a menor nivel de cultura, más desconocimiento de los problemas de salud que puedan presentarse y aceptación generalizada de que son cosas de la edad,
encontrándose abocadas así a una peor calidad de vida. Las cifras crecen.
Cada vez hay más mujeres aquejadas de cáncer de mama, de útero, cáncer de cérvix, osteoporosis en mujeres mayores o menopausia, sin olvidar el correcto seguimiento del
embarazo o los alarmantes datos acerca del número de mujeres que requieren tratamiento de fertilidad para poder concebir un hijo; en definitiva, problemas de salud que solamente afectan a las mujeres y que hay que tratar desde un enfoque integral
que proporcione a las mujeres garantías de una atención sanitaria completa y específica.



Si esta realidad es así para la salud de las mujeres en general, se agrava notablemente en la sociedad rural. Primero, por cuestiones culturales y educativas: la mujer rural no acude sistemáticamente al profesional de la ginecología con
ánimo de prevención, sino solamente cuando existe algún problema. Esto es resultado de una educación que durante años ha inculcado a la mujer que su principal valor era el silencio en todos los ámbitos de su vida. En segundo lugar, por razones
meramente geográficas: a veces la reticencia de la mujer rural a acudir a estos servicios sanitarios viene marcada por la lejanía respecto a sus poblaciones de origen de los servicios de salud femenina. Les voy a dar datos, que dependen también de
cada comunidad autónoma. En los pueblos de 500 a 2.000 habitantes existe únicamente un centro de salud con un servicio médico de nueve de la mañana a dos de la tarde, con un servicio médico que es el médico de familia, estando el centro comarcal de
salud aproximadamente a 30 kilómetros, y adonde en algunas ocasiones el ginecólogo, el traumatólogo o el especialista en determinadas enfermedades de las mujeres va una vez al mes. Además, ustedes saben que no se realiza una labor extensa de
concienciación en las poblaciones rurales sobre lo importante que es la prevención en cualquier patología.



Por lo anteriormente expuesto, señorías, en la anterior legislatura el Gobierno del Partido Popular creó el Observatorio de Salud de la Mujer, cuyos principios de trabajo se basan en un amplio conocimiento de la problemática de la salud de
la mujer y en la eliminación, desde el ámbito de la salud, de cualquier perspectiva que no contemple la diferencia de género. Pero es necesario seguir trabajando para ofrecer una atención sanitaria global e integrada a la mujer que, con la dotación
de medios y profesionales necesarios, pueda prestar un servicio competente, sencillo y rápido acerca de todas aquellas patologías específicamente femeninas.
Reconocemos que ofrecer soluciones integrales y personalizadas en tantas áreas requiere un
esfuerzo de coordinación de especialidades médicas y la implantación, en definitiva, del historial clínico de cada mujer y el acceso a una perspectiva global de toda la problemática de salud de las mujeres. Por todo ello es necesario que, dentro
del desarrollo de las políticas de igualdad, a favor de la salud de las mujeres desarrollemos protocolos médicos de actuación para cada una de las patologías que afecten en mayor o en única medida a las mujeres, desde una perspectiva que integre
todos los problemas de salud y coordine a los diferentes profesionales sanitarios en colaboración con las comunidades autónomas; protocolos administrativos de actuación desde una perspectiva integral que ha de incluir la implementación del
historial clínico de las mujeres para hacer posible un intercambio rápido y eficaz de la información; el diseño de puntos de salud femenina en los hospitales provinciales, comarcales y locales; comunidades de gestión administrativa y de
asesoramiento de las mujeres en materia de atención sanitaria específica, en colaboración con las comunidades autónomas. Con una atención integral -y por ello lo pide mi grupo parlamentario- que incluyese revisiones planificadas periódicas que
tuvieran en cuenta los aspectos a tratar según la edad, se podría obtener un diagnóstico precoz de estas patologías, evitando así complicaciones posteriores que puedan provocar un diagnóstico tardío o, en el peor de los casos, la falta del mismo.



En resumen, señorías, el Grupo Parlamentario Popular sencillamente quiere que las políticas de igualdad se basen también en abordar los problemas de salud que afectan solamente a las mujeres. Y como ha sido la tónica de esta Comisión Mixta
de los Derechos de la


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Mujer, en la que todos los grupos parlamentarios siempre hemos estado de acuerdo en seguir avanzando en la lucha por la igualdad de oportunidades de las mujeres, desde mi grupo parlamentario pido a todos los grupos parlamentarios que voten a
favor de esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular.



La señora PRESIDENTA: Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista, y para la defensa de la misma tiene la palabra el señor Bellón.



El señor BELLÓN MARTÍNEZ: Mi grupo presenta una enmienda de sustitución porque, aun estando en el fondo de acuerdo con la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, no puede aceptar la forma por plantear algo que ya existe.
Señora Quintanilla, yo estoy muy contento de ver que usted introduce la perspectiva de género en su proposición no de ley ahora, sobre la marcha, cuando en la justificación y en la literalidad de la enmienda no la contemplaba. He de decirle que
nadie puede estar en contra de promover la salud de la mujer, y sobre todo la salud integral, pero hay que saber cómo está la salud de la mujer en este país y cómo está históricamente.



Los programas de salud de la mujer, usted lo sabe, han sido siempre temas prioritarios en todos los ministerios, además de forma histórica, y han gozado de amplitud de normativas desde todos los puntos de vista. Sería muy prolijo, y además
tedioso, enumerarlas, pero en nuestro periodo democrático se pueden citar, por ejemplo, la Ley General de Sanidad; la reforma de la atención primaria, en la que se contemplaba en el decreto de 1984 la atención integral de la mujer desde el punto de
vista asistencial, de prevención, de promoción de la salud, de información y de educación para la salud; el acuerdo que se tomó el 4 de junio de 1990 por el pleno del Consejo Interterritorial respecto a los contenidos mínimos básicos y comunes a
todas las comunidades autónomas en salud materno-infantil, del que yo fui ponente y del que me siento muy orgulloso porque fue la primera vez que en este país se estableció un programa de salud materno-infantil acorde con nuestro entorno. No hay
que mencionar los planes de salud de las comunidades autónomas, en los cuales, en todos absolutamente, se recogen objetivos respecto a la salud de la mujer; planes integrales de salud de la mujer que algunas comunidades autónomas tienen redactados,
entre ellos uno excelente, que es el de la Comunidad Autónoma de Galicia, llegando últimamente a las comparecencias de la actual ministra de Sanidad en el Senado y en el Congreso, en las que estableció un compromiso formal de promover la atención
adecuada a la salud de las mujeres, incorporando, desde mi punto de vista novedosamente, la perspectiva de género en el lenguaje del departamento ministerial.



Ustedes expresan la atención sanitaria como una exigencia básica de la ciudadanía, lo que comparto, pero es peligroso desde el punto de vista formal explicitarlo así porque nos retrotrae al periodo de la Revolución Industrial, cuando la
salud era considerada como ausencia de enfermedad y la atención a la mujer se daba como reproductora de la mano de obra.
Nosotros consideramos la atención sanitaria como parte de un todo, que es el derecho fundamental a la salud, derecho
fundamental de toda la ciudadanía y sin ninguna discriminación, algo que usted va a compartir conmigo. Hago esta reflexión porque es preciso recordar que las mujeres -y en eso tenemos una deformación los profesionales de la medicina- a nivel
sociológico y de lenguaje general no deben ser consideradas como un grupo ni como un colectivo ni como un sector. Las mujeres son sencillamente la mitad de la población desde el punto de vista médico, epidemiológicamente, sanitariamente,
antropológicamente, sociológicamente, y todos los adverbios que usted quiera construir a partir de los adjetivos correspondientes con el sufijo mente.



Ustedes hacen mención en su exposición de motivos a que las mujeres constituyen una prioridad para el sistema sanitario desde el punto de vista de su especificidad de madres. Por supuesto que sí, así ha sido y así seguirá siendo siempre,
hay miles de páginas escritas al respecto, desde el siglo XVI con el libro Examen de Ingenios para las Ciencias, del filósofo renacentista Huarte de San Juan, en el que se recogen todas las recomendaciones aristotélicas respecto a la maternidad,
hasta nuestros días. No hay ningún servicio de salud regional que no contemple la salud maternal en toda su integridad: la atención al embarazo, el parto, el puerperio, el diagnóstico prenatal, etcétera. Y la eficacia de esos servicios la
reflejan los indicadores al respecto, es decir, la evaluación de esas actividades, y tenemos unos indicadores en salud maternal de los mejores de la Unión Europea. Por supuesto que hay que mejorar, claro que sí, en tasas de intervencionismo
obstétrico, que están disparadas en la atención sanitaria privada, en el déficit de prevalencia de la lactancia materna en nuestro medio por las dificultades de igualdad y de permisos laborales de las mujeres.



Otra de las especificidades a las que ustedes hacen referencia es la de la gestación de las transformaciones socioeconómicas y laborales que se han experimentado y que afectan a las mujeres, evidentemente, cómo no van a afectar a la mitad de
la población. Y el sistema sanitario a respondido a ello. ¿Es que un sistema sanitario a pesar de ser un sistema patriarcal, va a obviar y le va a negar el derecho a la salud al otro que constituye la mitad? El dominio de los hombres no se basa
en negar hechos tan evidentes que van a perjudicar la situación de privilegio que tenemos: eso es así. Se han producido procesos demográficos tremendos que han dado lugar a que la plasticidad del sistema sanitario se adapte a ellos, usted lo sabe
perfectamente: sistemas de inmigración, descenso de natalidad, primipariedad añosa, fertilidad inducida, abortos, embarazos no deseados, nuevos hábitos de vida, nuevas tecnologías, etcétera, que han


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obligado a implantar en toda la red asistencial de salud pública nuevos programas. Tenemos que estar todos de acuerdo en que nuestro Sistema Nacional de Salud es uno de los más eficaces de los países desarrollados, y así es reconocido por
todas las agencias nacionales e internacionales, por todas las agencias científicas y por todos los profesionales de la sanidad. La atención primaria concretamente es un paradigma de lo que es la eficiencia en la salud pública, y las redes de
atención primaria en todas las comunidades autónomas, además de la asistencia especializada, de los servicios específicos de salud de la mujer, están dotadas de cualificados profesionales -ginecólogos, obstetras, comadronas, enfermería, etcétera-
que contribuyen a esos indicadores tan buenos que tenemos. Por supuesto que su formación es mejorable, y en eso estamos todos.



Usted habla de la accesibilidad del mundo rural. Claro que es un handicap negativo para el acceso no solamente a la asistencia sino también a la información, a la prevención, a la promoción de la salud, a la educación para la salud. Está
científicamente demostrado y hay evidencia de que a mayor guetización urbana entre las mujeres -permítame el neologismo (entre comillas)- en las grandes ciudades y, por supuesto, como usted bien ha dicho, a menor nivel sociocultural, más dificultad
de accesibilidad. Claro que la ruralidad es un handicap, pero la variable que actualmente pesa mucho más en nuestro medio es el grado de urbanismo de las mujeres.



Datos indicadores y evaluación de nuestro sistema de salud respecto a la atención de la mujer los tenemos, y buenos. El biólogo británico Huxley decía que la tragedia de la ciencia es tener que descartar bellas hipótesis por culpa de feos
hechos. Respecto a la salud de la mujer, los hechos no son tan feos ni las hipótesis son tan bellas. Los hechos, los indicadores de salud, son realmente buenos, no son feos. Sin embargo, la percepción de su salud que las mujeres van teniendo cada
vez más no es tan buena, y eso lo dicen el Observatorio de la Mujer y el Observatorio de Salud de la Comunidad Económica Europea. La aparente paradoja que se produce ante estos hechos tiene su origen -y para nosotros ahí está el quid de la
cuestión- en el desconocimiento o la no aceptación, que es lo peor, de que existe una forma específica de enfermar y de sentir la salud por parte de la mujer, como usted ha dicho, no sólo por su diferencia de sexo sino también por el rol social que
se le asigna. Para conseguir los mejores niveles de salud es necesario que las políticas sanitarias reconozcan que mujeres y hombres, debido a sus diferencias biológicas y a sus roles de género, tienen necesidades, obstáculos y oportunidades
diferentes. Efectivamente, los factores determinantes de la salud y la enfermedad no son los mismos para las mujeres y los hombres, el género interactúa con las diferencias biológicas y los factores sociales, y un ejemplo clarísimo de ello es el de
las enfermedades cardiovasculares: en las mujeres son peor, más tarde y a veces mal diagnosticadas en estos padecimientos que no se identifican con su papel.



Claro que hay que mejorar -en esto todos estamos de acuerdo- la estructura de atención sanitaria de la salud pública en relación con la salud de las mujeres y colaborar con las redes de investigación existentes al respecto, pero sobre todo
es necesario introducir la perspectiva de género en la salud de la mujer para eliminar el concepto cuasi biologicista de la misma. Yo creo que los esfuerzos han de ir dirigidos a la implantación de una conciencia profesional y colectiva de que
existe lo que se ha dado en llamar salud y género. Por lo tanto, señoría, nosotros mantenemos nuestra enmienda de sustitución aun sin estar en el fondo en desacuerdo con ustedes.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora García Suárez.



La señora GARCÍA SUÁREZ: La propuesta que realiza el Grupo Popular no va a poder ser apoyada por nuestro grupo parlamentario, y no por no compartir algunas de las valoraciones que en la propuesta se relatan ya que son valoraciones, desde
nuestro punto de vista, genéricas, bastante inconcretas y además, lógicamente, fáciles de asumir, pero asumir teóricamente. Para entendernos, todos estamos dispuestos a asumir muchas cosas teóricamente o de una manera generalista, pero después es
muchísimo más difícil cuando esto se concreta de manera específica. El Grupo Popular está proponiendo actuaciones que corresponden claramente, por las competencias, a las comunidades autónomas. Aunque la portavoz del Grupo Popular ha mencionado a
las comunidades autónomas en su intervención en la propuesta escrita no he sido capaz de encontrar una sola referencia a ellas y por tanto ni han sido mencionadas ni están reconocidas en el marco de esta propuesta.



Nuestro grupo comparte de manera general la enmienda del Grupo Socialista, pero también con algunas objeciones y comentarios. Para empezar, aunque aquí sí que están reconocidas las comunidades autónomas, entendemos que se habrían de
mencionar ya desde el inicio, cuando se propone que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a promover. Nosotros entendemos que debería decirse: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas,
a promover.
También creemos que debe mencionarse el criterio de la valoración de la financiación existente en estos momentos. Nos parece que el Congreso no puede dedicarse sin más a instar a realizar nuevas acciones que comportan, evidentemente,
mayor presupuesto, mayor dedicación, mayores inversiones, acciones que en este caso corresponderían evidentemente a las comunidades autónomas, sin prever cómo se van a desarrollar y cómo se van a financiar esas acciones. Creemos que caeríamos en
una situación realmente problemática y peligrosa.



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Por otro lado, ya desde un punto de vista más médico, aunque evidentemente no es mi materia, nuestro grupo entiende que la mujer sufre una serie de sociopatologías específicas y concretas que tienen su origen muchas veces en una cuestión
puramente de diferencia fisiológica, pero en otras por la diferencia o la casuística de género, y tanto por causas físicas como sociales y psicológicas. Ahora bien, entendemos que no pueden reducirse -también en este sentido por la enmienda que
propone el Grupo Socialista- exclusivamente a las enfermedades que aquí se mencionan. Nosotros pensamos que hay una casuística mucho más amplia en estos momentos, a título de ejemplo, todas las enfermedades que se van conociendo como de dolor o de
dolor crónico, y que cada vez están más relacionadas claramente con una interpretación desde la perspectiva de género, y, que aquí no queda recogida, y todas las variables en este sentido, o algunas enfermedades mentales que también están claramente
asociadas con el planteamiento desde una perspectiva de género. Por tanto, estamos de acuerdo en que se inste al Gobierno y a las comunidades autónomas a promover el desarrollo y la potenciación de las actividades y programas de atención sanitaria
integral, incorporando algo que a nosotros nos parece que posiblemente todavía no está suficientemente incorporado, al menos en las comunidades autónomas que yo conozco, como es el caso de Cataluña -aunque se está haciendo un esfuerzo reciente, pero
hay mucho trabajo por hacer-, que es el análisis, la interpretación y el diagnóstico desde una perspectiva de género.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Bonás.



La señora BONÁS PAHISA: Es evidente que la mujer presenta a lo largo de su vida problemas específicos de salud, por cierto algunos no mencionados en la proposición no de ley, como son las enfermedades cardiovasculares que son la causa
número uno de muerte entre las mujeres. En Cataluña hubo a principios de los noventa redes de atención especializadas para la mujer.
Este servicio de atención a la mujer se vio truncado por falta de financiación y se hubo de optar por especializar
a los médicos de familia y a los ginecólogos que existen en cada área básica de salud. Si el problema final fue siempre la financiación, nos sorprende que el Partido Popular, que durante su Gobierno ha descuidado la financiación de la sanidad hasta
poner en peligro el sistema público de salud, proponga ahora al Gobierno nuevas acciones en un campo que si no se ha desarrollado ha sido por falta de financiación.



Les recuerdo, señores del Partido Popular -señoras, perdón-, que ustedes traspasaron la sanidad a las comunidades autónomas sin financiación. Hoy en día en todas las comunidades hay problemas de financiación del sistema de salud. Si
ustedes nos proponen ahora un brindis al sol, que se emprendan acciones que de hecho ya se están emprendiendo en muchas comunidades, como la de Cataluña, pero no se puede desarrollar por problemas de financiación, no hay ningún problema en brindar
con champán, pero aquí yo creo que hemos venido a trabajar y a realizar acciones serias. Yo no entiendo el sentido de esta proposición no de ley cuando lo que no se puede hacer es por falta de financiación, no por falta de proyectos. Existen los
proyectos. Como le digo, en Cataluña hemos optado por especializar a los médicos de familia y a los ginecólogos, y sin problemas de financiación se podría desarrollar una buena ley de atención integral a la mujer, y hay mucho por hacer, como ha
dicho la anterior proponente de Izquierda Unida, en el campo de la salud mental. Por tanto, mi intención es no votar a favor de esta proposición no de ley, aunque estoy de acuerdo en el interés general, porque creo que se trata solamente de una
acción política sin ningún fundamento. Si en el ámbito de la cuestión territorial se resuelve el problema de la financiación, entonces sí podríamos hablar, pero serán en último término las comunidades autónomas las que deberán decidir sobre sus
propios proyectos. En este momento está plenamente transferida la sanidad.
Señoras del Grupo Popular, les recuerdo que hay unas competencias transferidas, que las cosas han cambiado y que ahora las comunidades autónomas tienen proyectos, tienen
poder de decisión y esperamos que tengan poder de financiación.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Loroño.



La señora LOROÑO ORMAECHEA: La proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular en relación con la implantación de redes de unidades de atención sanitaria integral para mujeres, parte en cierto modo de la condición de que
el hecho de ser mujer conlleva una serie de necesidades específicas en materia sanitaria y en materia de salud. La mujer, de hecho, tiene unos problemas de salud propios y exclusivos de su género, y las diferencias biológicas e incluso los roles
asumidos por la mujer han conllevado la aparición de esos problemas de salud propios de las mujeres. En ese sentido estamos de acuerdo con la inquietud que plantea el Grupo Parlamentario Popular a través de su proposición no de ley. De hecho,
incluso existen estudios al respecto y planteamientos en torno a la necesidad de incluir la perspectiva de género en todos aquellos estudios de investigación así como en los programas de prevención de distintas enfermedades llevados a cabo y
desarrollados por las distintas comunidades autónomas dentro de sus propios programas de salud y de sus planes de salud.



El derecho a la salud no establece diferencias entre hombres y mujeres sino que atañe tanto a hombres como a mujeres por el hecho de ser personas que formamos parte de la sociedad. Cabe señalar en relación con la proposición no de ley que
plantea el Grupo Parlamentario


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Popular que de nuevo olvida una cuestión muy importante: la competencia en materia de salud y en materia de sanidad es de las comunidades autónomas y por tanto es responsabilidad de las comunidades autónomas. Además, como bien decía el
representante del Grupo Parlamentario Socialista en su intervención, que comparto prácticamente en su totalidad quitando alguna matización al respecto, las comunidades autónomas en estos momentos tienen planes de salud en los que, por suerte para
las mujeres, han incluido la perspectiva de género en aras de prestar la atención debida a los problemas de salud específicos que entraña el hecho de ser mujer, desde el aspecto informativo hasta el preventivo, hasta el aspecto de detección precoz,
diagnóstico y tratamiento de determinadas enfermedades que fundamentalmente afectan a las mujeres, por no decir que afectan en exclusiva a las mujeres. En ese sentido, dentro de los planes de acción que se desarrollan desde los institutos de la
mujer se está introduciendo salud y género, y por tanto se están abordando planes de acción en los cuales, en colaboración con los correspondientes departamentos o consejerías de Sanidad de los correspondientes gobiernos, se llevan a cabo planes en
el ámbito de educación y salud, en el ámbito de formación y salud, con el ánimo, desde luego, de introducir la perspectiva de género en todo lo que entraña el plano de la salud, que nos afecta tan directamente sobre todo a las mujeres en aspectos
muy concretos y muy particulares.



En definitiva, tengo que decir que comparto la inquietud que tiene en estos momentos el Grupo Parlamentario Popular, pero no estoy de acuerdo con el planteamiento que hace en su proposición no de ley porque, de hecho, insta al Gobierno a
promover una serie de unidades de atención sanitaria integral para mujeres, pero en estos momentos no es el Gobierno el competente en la materia. Son las comunidades autónomas las competentes y las responsables en la materia, y en todo caso lo que
el Gobierno tendrá que hacer será analizar junto con las comunidades autónomas la situación actual y promover estas redes de unidades de atención sanitaria integral en aquellos ámbitos en los que sea necesario promoverlas. Pero la que tiene en
estos momentos la responsabilidad máxima de que esto sea factible y viable es la comunidad autónoma, que es la competente en materia sanitaria. Y en ese sentido tengo que insistir en que en las distintas proposiciones que ha planteado el Grupo
Parlamentario Popular en esta Cámara se olvida a la responsable en la materia en este caso, que son las comunidades autónomas, independientemente de que el Gobierno tenga que impulsar y promover que se pongan en marcha en las comunidades autónomas
en las que no existan este procedimiento y este conjunto de redes de unidades de atención sanitaria integral o que analice los planes de salud que tienen las distintas comunidades autónomas. Pero creo que en estos momentos las comunidades
autónomas, en ejercicio de su responsabilidad y de su competencia, en los planes de salud que han elaborado con vistas al año 2010 inclusive -y yo conozco perfectamente el plan de salud de la Comunidad Autónoma del País Vasco- han introducido la
perspectiva de género y se da un tratamiento específico y concreto a los problemas de salud propios de la mujer, desde la atención primaria hasta la atención especializada.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Pigem.



La señora PIGEM I PALMÉS: Desde Convergència i Unió compartimos también el objetivo de la iniciativa que se nos propone, que es mejorar la atención de la salud de las mujeres. Es difícil, por otra parte, no compartir un planteamiento tan
general como el que se hace en la iniciativa.
Quisiéramos, no obstante, poner encima de la mesa algunas de las objeciones que nos resultan tanto de la lectura de la iniciativa como también de la lectura de la enmienda que ha hecho el Grupo
Parlamentario Socialista.



La primera pregunta que nos surge es por qué hay que limitar el elenco de enfermedades que tienen incidencia sobre las mujeres. En la iniciativa se articulaban algunas y en la enmienda del Grupo Socialista otras. Pero, como han dicho ya
aquí algunas de las portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, hay otras enfermedades que se aluden de manera genérica en la enmienda socialista y que podrían ser, además de las cardiovasculares que aquí se han dicho y de las del
dolor, todo lo relacionado con los trastornos alimentarios, que afectan también específicamente en un porcentaje muy elevado a las mujeres, el tabaquismo, las drogas, el alcohol, el sida, etcétera. Otra pregunta es por qué se considera la
menopausia como una enfermedad. Habrá enfermedades asociadas a la menopausia, pero no me parece correcto definir la menopausia como una enfermedad. Me parece importante que todo ello se implemente, de acuerdo con lo que dice la enmienda
socialista, desde una perspectiva de género, porque es indudable que las mujeres tienen formas específicas de enfermar que muchas veces no se pueden detectar porque no están contempladas en los protocolos o en la totalidad de los protocolos. Por lo
tanto, me parece importante la introducción de la perspectiva de género. Pero la objeción principal es competencial. Es evidente que toda la sanidad está transferida a las comunidades autónomas, que son las que tiene que adecuar todos estos
planes, etcétera, a la realidad de su territorio, pues tienen las competencias para ello. Como ha señalado muy bien la portavoz de Esquerra Republicana, en Cataluña desde el año 1990 se está intentando implementar estos programas, pero los
obstáculos que ha habido son de financiación, que yo creo que es el obstáculo principal.



Mal se puede mandatar desde aquí nada que no lleve aparejado los fondos suficientes para llevarlo a cabo. Por lo tanto, primero hay este obstáculo competencial,


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son las comunidades autónomas los que los deben diseñar; y, segundo, hay un obstáculo de financiación, que es realmente el importante.



Por último quisiera señalar lo que a mi juicio es un error que se da tanto en esta iniciativa como en la anterior, como en la que veremos después de mi propio grupo, y que aparece tanto en la iniciativa como en las enmiendas que se han
presentado, que es que todas comienzan diciendo que el Congreso de los Diputados insta. Yo entiendo que no es el Congreso de los Diputados, es la Comisión Mixta para los Derechos de la Mujer; por lo tanto, como me parece un error gramatical, me
gustaría que se entendiera por la Mesa, si SS.SS. así lo consideran, que deba ser sustituido el Congreso insta por la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer insta.



La señora PRESIDENTA: La señora Quintanilla tiene la palabra a efectos de aceptación o rechazo de la enmienda.



La señora QUINTANILLA BARBA: Señora Pigem, no es un problema gramatical, sencillamente es que la asistente, cuando lo ha pasado, ha hecho lo normal, que es poner el Congreso de los Diputados insta, pero desde luego estoy totalmente de
acuerdo con usted en que debe ser la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades la que debe de aparecer. Estoy de acuerdo en esa acepción que ha hecho usted.



Yo sí quisiera, decirle, señor Bellón, que me ha parecido fenomenal su intervención; me parece que es usted un experto en materia de salud, pero no me puede decir que el Grupo Parlamentario Popular establece el género ahora. No me diga
usted eso, porque entonces no conoce efectivamente la proposición no de ley. Nosotros estamos trabajando en la anterior legislatura, ocho años de Gobierno del Partido Popular, a nivel de la política de género en favor de la salud de las mujeres.
Si usted ve el 'Diario de Sesiones' del 22 de diciembre del año 2003 relativo a una pregunta de una parlamentaria socialista, la señora Gil López, hablando del presupuesto del Observatorio de la Salud de la Mujer, comprobará que en ese observatorio
se establecía claramente que promoveríamos la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres a lo largo de la vida, velando para que las intervenciones sanitarias y la política en favor de la salud de las mujeres se fomentara en relaciones de género
y a favor de la igualdad. Por tanto, yo le digo que el Grupo Parlamentario Popular no se incorpora a la política de género ni a la política de igualdad de oportunidades ahora. Las mujeres y los hombres del Partido Popular creemos en las políticas
de género y en las políticas a favor de la igualdad de oportunidades. Quiero decirle algo más; a todos los grupos parlamentarios yo quiero decirles que indiscutiblemente nosotros estamos a favor de las políticas de igualdad y que además nosotros
sabemos (esta proposición no de ley, en lo que se transcribe cuando se elabora el 'Diario de Sesiones', pero también lo he dicho en mi intervención) que las transferencias sanitarias están hoy en manos de las comunidades autónomas, pero también es
verdad que el Gobierno de España puede adelantar e impulsar acciones integrales a favor de las mujeres en colaboración con las comunidades autónomas y sin menoscabar en ningún caso las competencias de las comunidades autónomas, porque nosotros
estamos a favor de las comunidades autónomas y de lo que establece nuestra Constitución en el Estado de derecho. Por lo tanto, no hagamos debate; hagamos debate de si queremos avanzar en materia de salud de las mujeres. Esa es la cuestión y esa
es la buena fe de este Grupo Parlamentario Popular, señor Bellón. Estoy de acuerdo con usted, y este grupo parlamentario va a votar a favor la enmienda de modificación porque entendemos que enriquece nuestra proposición no de ley; ese es el
planteamiento, señora presidenta, de este grupo parlamentario: todo lo que sea en favor de las mujeres vamos a apoyarlo venga del grupo parlamentario que venga, porque eso es lo que debemos hacer en esta Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer.



La señora PRESIDENTA: ¿Alguien desea intervenir? (Pausa.) El señor Bellón tiene la palabra.



El señor BELLÓN MARTÍNEZ: Señora Quintanilla, muchas gracias por la aceptación de la enmienda. Yo quería decir que efectivamente hay que introducir lo que parece ser que preocupa, y que hay una realidad que es el ámbito competencial, lo de
las comunidades autónomas. Yo no he puesto en duda que el Grupo Popular haya trabajado y luchado por la salud de género y por la igualdad de oportunidades. Sí he dicho (y hay que estar atento a cuanto uno escucha) que en la proposición no de ley
no figuraba y que yo estaba muy contento de que usted dijese que en esta proposición no de ley ahora se veía la perspectiva de género. He de recordarle que en el año 2001 hubo una declaración de Madrid sobre un estudio de salud y género que se hizo
en el Ministerio de Sanidad y Consumo, y entonces poca financiación recibió por parte de dicho ministerio. Yo estoy contento de que acepten.



Respecto al catálogo de enfermedades, una proposición no de ley no se puede convertir en un catálogo de enfermedades. Si se leen bien la enmienda de modificación o de sustitución, verán que decimos claramente programas de salud existentes,
programas de salud integral, centros de salud, en los cuales se han adaptado y se recogen absolutamente todas las patologías y sociopatologías emergentes. En la enmienda no decimos que la menopausia sea una enfermedad, decimos: En particular, las
enfermedades oncológicas, los problemas de fertilidad, la menopausia, como podíamos añadir por ejemplo también la lactancia materna. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la menopausia no es una


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enfermedad, es un proceso evolutivo dentro del desarrollo de la mujer y quien niegue eso... Es evidente.



- PARA LA SUSTITUCIÓN DEL NOMBRE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS POR CONGRESO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (Número de expediente Congreso 161/000184 y número de expediente Senado 663/000006.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos al tercer punto, proposición no de ley para la sustitución del nombre del Congreso de los Diputados por Congreso.
Aquí tenemos también varias enmiendas, presentadas por el Grupo Socialista, Izquierda
Verde-Izquierda Unida. Para la defensa de la proposición no de ley, tiene la palabra la señora Pigem.



La señora PIGEM I PALMÉS: Desde la consideración de que el lenguaje y las denominaciones son un reflejo del pensamiento y de la realidad que queremos mostrar, el Grupo Catalán de Convergència i Unió trae hoy a debate una iniciativa que
tiene como objeto el que en la primera modificación que se haga de la Constitución se cambie el nombre de Congreso de los Diputados por el de Congreso y asimismo se añadan los términos de diputadas y senadoras al texto constitucional; todo ello,
señorías, con el claro objetivo no sólo de eliminar del texto constitucional cualquier discriminación, o más bien cualquier omisión lingüística de la existencia de mujeres en las Cámaras, sino también (especialmente porque queremos plantearlo en
positivo) porque creemos que el texto constitucional y la denominación de la Cámara, por su extraordinaria importancia en la arquitectura de nuestro sistema político, deben visualizar algo que a nuestro juicio es condición para una democracia plena,
y que es la presencia de mujeres en los lugares de toma de decisiones políticas. Evidentemente, la visualización de algo requiere su previa existencia: el que haya mujeres en los lugares de toma de decisiones. En este sentido, aunque hemos
mejorado enormemente (estamos un 36 por ciento de mujeres en el Congreso y un 25 por ciento en el Senado) no hemos conseguido todavía llegar a los porcentajes suficientes como para que nuestra democracia pueda considerarse paritaria, que como todos
ustedes conocen es un 60-40, es decir, que el sexo menos representado no sea menor de un 40 por ciento.



Hoy, esta tarde precisamente, vamos a ver una iniciativa que nos presenta en esta línea el Parlamento de Canarias, en sintonía con iniciativas que en el mismo sentido fueron ya presentadas la pasada legislatura por el Grupo Socialista, por
el de Izquierda Unida y por el Grupo Mixto. No obstante, como digo, es necesario a nuestro entender visualizar la presencia, afortunadamente cada vez mayor, de mujeres en las Cámaras, y siempre nos había parecido que tanto la denominación de la
Cámara como Congreso de los Diputados, como la mención a los y las miembros de ambas Cámara en el texto constitucional, siempre, siempre en masculino plural, si bien eran gramaticalmente correctas, hacían invisibles a las mujeres; tras no pocos
esfuerzos y gracias sobre todo a los movimientos de mujeres y (por qué no decirlo) al establecimiento directo o por emulación de cuotas en los partidos, a todas nosotras, a todas las que aquí estamos, se nos hacía visibles. Estas precisiones
requerían, como es obvio, una modificación constitucional, pero como pueden ustedes comprender (y más perteneciendo a un partido nacionalista) no nos pareció prudente proponer una modificación constitucional al menos únicamente por esto. Ahora
estamos al parecer a las puertas de una modificación constitucional, según manifestó el propio presidente del Gobierno durante el debate de investidura. Allí expresó su intención de promover la modificación constitucional en determinados temas que
quizás incluso se tendrán que ampliar a la luz del dictamen que pueda hacer el Tribunal Constitucional sobre la armonización de nuestra Constitución al texto del Tratado de la Unión Europea recientísimamente firmado. Por ello creemos que es el
momento de plantear la iniciativa que estamos viendo, para que en su momento, y en caso de prosperar, se tenga en cuenta, en el bien entendido que es una modificación lingüística y que en nada afecta al contenido constitucional en todo lo que
suponen los derechos o deberes allí consagrados.



Como es natural, algunas objeciones se han hecho a esta iniciativa, algunas de ellas en el sentido de que si la denominación de la Cámara Baja es Congreso pasaríamos a denominarnos congresistas, no diputados o diputadas. Aunque así fuera no
nos parece sinceramente una objeción de fundamento, pero es que consideramos que no es así. Ya ahora con la denominación de Congreso de los Diputados se nos alude en la Constitución también como parlamentarios y se denominaban también diputados
cuando la Cámara tenía la denominación de Cortes o de Asamblea Nacional. Señorías (con ello entro a rebatir otra de las posibles objeciones) es que no hay una gran tradición en el nombre de Congreso de los Diputados. La Cámara Baja se denomina
Congreso de los Diputados únicamente en un periodo de treinta y tres años de todos los que van de 1810 hasta nuestros días, la denominación más común ha sido la de Cortes, con las variables de Cortes Generales, Cortes Constituyentes, Cortes
Españolas en la dictadura franquista y Asamblea Nacional en la dictadura de Primo de Rivera.
Únicamente se llamó Congreso de los Diputados desde 1933 a 1939 y también a partir de la recuperación de la democracia en 1977, momento en el que realmente
la participación de las mujeres en los lugares de toma de decisiones políticas era prácticamente inexistente, con honrosísimas excepciones. Finalmente, creo que hay una razón de sentido común, y es respondernos a la pregunta: si hoy estuviéramos
articulando la Constitución,


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¿llevaría nuestra Cámara el nombre de Congreso de los Diputados y tendría la Constitución un texto que hiciera invisible a un porcentaje bastante elevado ya de sus miembros? Yo creo francamente que no, y por eso les pediría su voto a favor
de esta iniciativa.



Se han presentado dos enmiendas y quiero escuchar previamente cuál es la justificación de las mismas que harán las portavoces tanto del Grupo Socialista como del Grupo de Iniciativa per Catalunya-Izquierda Unida Verds. Por lo que respecta a
la iniciativa socialista, nos propone un mandato general. Francamente nunca hubiéramos pensado que un Gobierno paritario precisara de un mandato tan general para eliminar el lenguaje sexista de todas las iniciativas y de todas las actuaciones que
haga, pero si consideran que ello es así desde luego no hay objeción alguna por parte de la portavoz que les habla. De todas maneras, no tendríamos objeción en aceptar esta enmienda siempre que quedara claro que todas las iniciativas son también la
iniciativa del nombre de esta institución y de nuestra denominación lingüísticamente dentro del texto constitucional, porque está claro que el resultado que se vote es de esta iniciativa de la que trae causa, reiterando que a nuestro juicio no se
trata de ninguna modificación del contenido constitucional en lo que afecta a derechos, deberes, etcétera, sino únicamente una revisión lingüística.



Por último, he de señalar de nuevo el error que entiendo que hay, tanto en nuestra iniciativa como en las enmiendas, de que no es el Congreso de los Diputados, sino la Comisión Mixta la que insta.



La señora PRESIDENTA: Para la enmienda presentada por Izquierda Unida, tiene la palabra la señora García Juárez.



La señora GARCÍA JUÁREZ: En primer lugar he de manifestar que nuestro grupo parlamentario, Izquierda Verde-Iniciativa per Catalunya Verds, comparte de manera clara, rotunda y absoluta la necesidad de velar, revisar y modificar el lenguaje
formal institucional y fundamentalmente y con más responsabilidad en todo lo que corresponde a las actuaciones del Gobierno. Durante estos años han sido muchos los avances que se han realizado en este campo, aunque queda mucho por hacer, pues la
realidad política, cultural y social de nuestro país tenía en relación con este aspecto una dejadez absoluta, pues el único criterio que realmente existía era el de la costumbre lingüística, y esta lógicamente fue pensada y creada básicamente en
este caso por el género masculino. Es evidente que el lenguaje es importante y que a pesar de no ser decisivo para cambiar las mentalidades la evolución y la transformación en materia de igualdad, como en tantas otras materias, solamente será
posible y está siendo posible cuando de manera integral se abordan los problemas desde una dimensión política, económica, social y cultural. Por tanto, no creemos que sea un aspecto que cambie de manera rotunda este aspecto de la desigualdad, pero
en todo caso sí que tiene un impacto desde el momento en que, en definitiva, el lenguaje es un vehículo de comunicación y tiene una influencia tanto interna como externa en la mentalidad y en el comportamiento de las personas.



Por todo esto, nuestro grupo parlamentario no tendría por qué tener ninguna dificultad en principio con lo que es el fondo de la propuesta que nos trae hoy el Grupo de Convergència i Unió, ni en votarla favorablemente. La dificultad (este
ha sido el motivo de realizar la enmienda que hemos presentado) es muy sencilla; si en lugar de plantear la modificación de Congreso de los Diputados simplemente por Congreso o la de Congreso de los Diputados por Congreso de los Diputados y
Diputadas no tendríamos ninguna duda; esto es lo primero. Si hubiera sido Congreso de las Diputadas nada más..., es una manera de explicar. El tema no es este, el tema es fundamentalmente nuestra duda de que la terminología Congreso a secas, sin
más, realmente sea lo más conveniente, lo más acertado, lo que defina, porque en definitiva ha de definir lo que hay, el contenido que hay dentro de las Cortes; por tanto aquí radica nuestra gran duda en este sentido, en que la propuesta concreta
de que sea Congreso nada más sea la más acertada.
La propuesta que hacemos, nuestra enmienda va en la línea de que realmente creemos que hay muchas cosas a revisar; esta es una, es un aspecto en el que lógicamente estamos de acuerdo, porque no
podemos continuar ad eternum simplemente con el concepto de Congreso de los Diputados. Por tanto, entendemos que esto se va a revisar, pero estamos convencidos también de que hay que revisar muchos otros aspectos; esta revisión lingüística en la
Constitución realmente se ha de realizar.
También creemos que esto no se puede hacer simplemente desde el criterio en este caso incluso de la Comisión de Igualdad, sino que tendría que ser un dictamen muy específico tanto a nivel jurídico como a
nivel académico, en el que realmente después de este dictamen se puedan hacer todas aquellas reformas o se realizaran todos aquellos cambios lingüísticos que correspondan. Es por esto que nosotros hemos realizado esta enmienda, no desde la duda de
que no estamos de acuerdo en la terminología de Congreso de los Diputados, sino porque el concepto exclusivo de Congreso nos parece que realmente no define por sí solo el nombre de Congreso, no define el contenido.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para defender la enmienda del Grupo Socialista la señora Lizarraga.



La señora LIZARRAGA GISBERT: En esta legislatura hemos iniciado un nuevo camino, un camino que ha hecho que este Gobierno asuma un compromiso serio, firme y real ante la discriminación que aún existe en nuestra sociedad frente a las
mujeres, y que se materializó el pasado 19 de octubre con la aprobación por el Pleno del proyecto de la ley orgánica de medidas de


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protección integral contra la violencia de género. Fue un primer paso importante, pero el primero de una serie que aún queda por dar.
Agradecemos la sensibilidad de la diputada de Convergència i Unió, la señora Pigem, pero ella sabe
perfectamente, como también ha dicho anteriormente la señora García Juárez, que en política los tiempos son muy importantes. Tal como la portavoz del Grupo de Convergència i Unió ha dicho, el señor presidente del Gobierno manifestó durante el
debate de investidura, de fecha 15 de abril del 2004, su intención de promover una próxima iniciativa parlamentaria con la finalidad de modificar la Constitución para determinados temas, concretamente cuatro: la reforma del Senado, la inclusión en
el texto constitucional de las denominaciones de las diecisiete comunidades y de las dos ciudades autónomas, la de modificar la sucesión a la Corona sin discriminación de la mujer y la reforma de la Constitución para incluir una referencia a la
próxima Constitución Europea. Estos compromisos el señor presidente del Gobierno los presentó durante el programa electoral del Partido Socialista y también los ha formulado en sede parlamentaria; también los ha formulado la señora vicepresidenta
primera del Gobierno, la señora María Teresa Fernández de la Vega, y también los enumeró el señor ministro de Administraciones Públicas en Comisión en el Senado y en el Congreso.
Todos ellos también manifestaron la intención del Gobierno de no
abrir una reforma constitucional, sino hacerlo de una forma limitada, tasada y por supuesto con el mayor consenso posible. No obstante, señora Pigem, y viendo la voluntad demostrada por el Gobierno para acabar con todo tipo de discriminación por
razones de género, nuestro grupo cree que el Gobierno tiene que tener en cuenta en todas las iniciativas legislativas, así como en la reforma constitucional o en la revisión del título del Congreso de los Diputados, la eliminación del lenguaje
sexista, utilizando para ello los estudios necesarios por las controversias que el propio tema pueda contener. Por todo ello presentamos una enmienda, que pedimos que sea aceptada por el grupo proponente, porque apelamos a la voluntad demostrada
por el Gobierno de acabar con todo tipo de discriminación por razones de género.



La señora PRESIDENTA: Para la toma de posición, tiene la palabra en primer lugar la señora Bonás.



La señora BONÁS PAHISA: La mayoría de las diputadas aquí presentes estuvimos trabajando en el proyecto de ley contra la violencia de género.
Recordaremos que se habló de la importancia de visibilizar a la mujer en la sociedad , y en el
articulado se recoge eliminar el lenguaje sexista de los libros de texto, de los medios de comunicación, y deberíamos haber añadido y de la legislación; y deberíamos haber añadido y del Congreso de los Diputados y Diputadas. No es un tema banal el
que estamos aquí discutiendo, esta Cámara es el espejo de la sociedad y el nombre de la Cámara no es un tema banal. Les confieso que me sentí muy incómoda el primer día cuando dije estoy en el Congreso de los Diputados, me sentí un poco invisible
en este Congreso. Creo que la proposición del Grupo de Convergència i Unió era muy acertada y deberíamos verla aceptada tal como está. Ahora venimos a revisar el lenguaje. Nos parece muy bien, debe hacerse. Pero hablemos del plazo, infinito. No
sabemos si en esta legislatura se seguirá llamando Congreso de los Diputados o no. En aras consenso, vamos a votar la enmienda para que se revise todo el lenguaje sexista, porque debemos hacerlo legalmente; debemos hacerlo, pero el nombre del
Congreso, de la Cámara, creo que deberíamos abordarlo independientemente y solicitar que antes de que acabe esta legislatura se llamase Congreso, que se llamase Parlamento, pero que fuera una muestra para la sociedad de que las mujeres somos parte
activa, igual que los hombres, en todos los ámbitos. Por tanto, apoyaré la enmienda consensuada con recelo, porque creo que debería haberse aceptado la propuesta de Convergència i Unió.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Loroño.



La señora LOROÑO ORMAECHEA: Como bien han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra, el lenguaje no es neutro, el lenguaje discrimina; por tanto, en estos momentos estamos haciendo un planteamiento de tratar de eliminar de
todas las iniciativas legislativas y de todas las actuaciones, a través de las distintas enmiendas que plantea por un lado el Grupo Parlamentario Socialista y por otro lado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Ezker Batua-Berdeak e Iniciativa
per Catalunya, sino me equivoco por Verds, el que aparte de que se tenga en cuenta en todas las iniciativas legislativas la eliminación del lenguaje sexista, esa eliminación se lleve a cabo recabando previamente un informe adecuado que nos permita
eliminar todas las matizaciones que entrañan una discriminación lingüística en ese texto legislativo.



En ese sentido yo creo que es importante analizar el uso del lenguaje y su incidencia en los distintos textos legislativos, en las distintas iniciativas legislativas y en cuantas actuaciones se lleven a cabo para eliminar el lenguaje
sexista, dado que ese es un paso más en ese camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres y hacia la visibilización tanto de hombres como de mujeres en los distintos papeles que desempeñamos dentro de la sociedad. Sin embargo, de alguna forma
quiero también poner sobre la mesa la inquietud que manifestaba (yo creo que era así), la diputada del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, Mercè Pigem, cuando planteaba que con las dos enmiendas que se presentaban, y que son
acertadas (el grupo parlamentario que represento entiende que se complementan con la iniciativa planteada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió), no sabía si no iba a quedar diluido el interés que planteaba la propia iniciativa


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del Grupo Parlamentario Catalán, que era de alguna forma, y tal y como lo planteaba también la diputada Bonás de Esquerra Republicana de Catalunya, conseguir que en cierto modo toda esa discriminación que aparece en el lenguaje, en estos
momentos a nivel de Cortes Generales y más específicamente en el capítulo del Congreso, desapareciera llevando a cabo una revisión de las iniciativas legislativas, por entender que la posible reforma constitucional, o la anunciada reforma
constitucional, iba a ser también tenida en cuenta como una iniciativa legislativa más.



En ese sentido (tengo que decirlo sinceramente), creo que la iniciativa planteada por el Grupo Parlamentario Catalán y las enmiendas tanto por el Grupo Parlamentario Socialista como por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida son
complementarias, se complementan una con otra, pero de alguna forma no creo que la enmienda sustituya a la iniciativa como tal. También tengo cierta inquietud en ese sentido de que esa reforma constitucional se contemple como una iniciativa
legislativa más y, por tanto, se lleve a cabo un exhaustivo análisis del lenguaje sexista que en estos momentos se recoge en la propia Constitución.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Baig.



La señora BAIG I TORRAS: He encontrado oportuna y muy interesante la propuesta del Grupo de Convergència i Unió que ha planteado la diputada Mercè Pigem. El tema es interesante, aunque resolverlo en estos momentos...; no sé incluso si es
éste el ámbito más oportuno, porque el nombre únicamente de Congreso no da la dimensión de lo que ha de ser el trabajo de esta Cámara, y además buscar otro nombre por la aceptación en esta Comisión no me parece del todo oportuno. Creo que la
inquietud que presenta esta iniciativa deberíamos llevarla más allá, deberíamos llevarla a todo el Congreso, para encontrar un nombre apropiado y que responda también a un concepto histórico, porque con el rigor que ella lo ha planteado también es
oportuno que no sea sustituido por denominaciones que tengan otras connotaciones que no sean las propiamente democráticas.
Por eso, desde nuestro grupo pensamos que ésta es una inquietud que debe quedar en el trabajo de esta legislatura.
Apoyaríamos la transacción que se ha hecho para la eliminación del lenguaje sexista, dejando esta posibilidad de trabajo para encontrar un nombre que dé la dimensión del trabajo que aquí se realiza y que, sobre todo, no niegue la posibilidad y la
visibilidad del trabajo que hacemos también las mujeres.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Camarero.



La señora CAMARERO BENÍTEZ: El reconocimiento y la conquista del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres en los distintos ámbitos de nuestra sociedad es una realidad cada vez más consolidada. Sin embargo, son muchos los obstáculos
que todavía se encuentran en el camino y uno de ellos, como decía la proponente de esta iniciativa, es el uso del lenguaje. El Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó el 21 de febrero de 1990 una recomendación sobre la eliminación del
sexismo en el lenguaje, convencido de que el sexismo que se refleja en el lenguaje utilizado en la mayor parte de los Estados miembros del Consejo de Europa constituye un estorbo al proceso de instauración de la igualdad entre mujeres y hombres.
Dicho comité recomienda a los gobiernos de los Estados miembros que fomenten el empleo del lenguaje que refleje el principio de igualdad entre hombre y mujer y, con tal objeto, que adopten cualquier medida que consideren útil para ello, como
promover la utilización de un lenguaje no sexista, hacer que la terminología empleada en los textos jurídicos, la Administración pública y la educación estén en armonía con el principio de igualdad de sexos o fomentar la utilización de un lenguaje
libre de sexismo en los medios de comunicación.



En esta necesidad del uso de un lenguaje no sexista está totalmente de acuerdo el Grupo Parlamentario Popular y, de hecho, en su responsabilidad de Gobierno ha dado pruebas de ello en reiteradas ocasiones, como, por ejemplo, en la orden del
Ministerio de Educación y Ciencia para adecuar la denominación de los títulos académicos oficiales a la condición masculina o femenina de quien los obtenga, o en los distintos planes de igualdad de oportunidades desarrollados durante las pasadas
legislaturas.
Además, en numerosas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como la valenciana, que es la que yo más conozco, se aprobó ya en 1996 que cualquier iniciativa legislativa aplique el lenguaje no sexista, como bien indica
la enmienda, coincidiendo con la enmienda presentada hoy por el Grupo Parlamentario Socialista. Además muchos ayuntamientos han adoptado medidas y han realizado manuales de lenguaje no sexista, han hecho campañas de sensibilización para la
utilización del lenguaje no sexista, como el caso del Ayuntamiento de Telde, donde la concejala, nuestra compañera, Mari Carmen Castellano lleva más de un año con una campaña bajo el título Nómbralas. Es decir, nosotros coincidimos plenamente con
el fondo de lo que solicita la iniciativa, la eliminación de la discriminación lingüística por razón de sexo, y por supuesto abogamos por la defensa del lenguaje no sexista. Sin embargo, señorías, no estamos de acuerdo con lo que plantea la
proposición no de ley de Convergència i Unió por varios motivos. En primer lugar, porque en la exposición de motivos se describe el antecedente que lleva a la señora Pigem a presentar esta proposición no de ley, que es el debate de investidura, en
donde el presidente del Gobierno manifiesta su voluntad de reformar la Constitución. Es en este escenario donde se plantea la conveniencia de cambiar el nombre al Congreso de los Diputados. Pues bien, tengo que manifestar que el Partido Popular no
propuso la reforma de la Constitución en su


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programa electoral, por no considerar que existiera demanda social al respecto. Para nosotros los veinticinco años de Constitución son la historia de un éxito colectivo. En cualquier caso, el presidente Zapatero propone el debate.
Nosotros, el Partido Popular, manifestamos nuestra disponibilidad a hablar de la posible reforma. El presidente del Gobierno, como se ha dicho también, marca unos calendarios y unos temas de los que se quiere hablar, y desde luego no propone en
ningún momento modificar el nombre del Congreso ni ampliar a otros aspectos similares.
Desde el Grupo Popular entendemos que éste no es el foro adecuado para añadir más temas a la posible reforma constitucional, ni siquiera es partidario a priori
de añadir algún tema más.



Además, señorías, consideramos que el ámbito más adecuado para reformar esto debería ser la reforma del Reglamento. En este ámbito me gustaría explicar, aunque algunas de SS.SS. supongo que ya lo conocerán, que existe un principio de
acuerdo en este aspecto, en base a una propuesta de una diputada perteneciente a esta Comisión, en la reforma del Reglamento. Ustedes saben que existe un grupo de trabajo interno de la Comisión de Reglamento donde se está trabajando para su
reforma. Existe una propuesta, que nos parece muy razonable, de considerar mantener el término diputados cuando la denominación sea en plural, pero en las referencias en singular se utilice la denominación masculina y femenina respectivamente, es
decir, diputado o diputada, como usted, señora Pigem, solicitaba en su proposición no de ley, además de sustituir presidencia por presidente.



Por todo lo expuesto, por considerar que no es el foro adecuado para añadir más temas a la posible reforma de la Constitución; por creer que la Constitución no se debe reformar más allá de lo necesario y que se debe priorizar en aquellos
aspectos de esta reforma, porque no queremos abrir el melón de la reforma constitucional; por pensar que en la reforma del Reglamento podemos avanzar sustancialmente en la aplicación de un lenguaje no sexista en este Parlamento, y reiterando
nuestro convencimiento de la necesidad de utilizar un lenguaje no sexista, desde el Grupo Popular no podemos apoyar la iniciativa de Convergència i Unió.
Sin embargo, y haciendo referencia a las enmiendas presentadas, en aras del consenso, y
siguiendo con nuestra voluntad de no entorpecer ninguna iniciativa que mejore el avance de la igualdad de oportunidades, sino más bien al contrario, apoyando cualquier tipo de iniciativas que nosotros consideremos positivas y lógicas que aporten
mejoras a esta igualdad, vamos a apoyar la enmienda del Grupo Socialista, que enriquece la propuesta inicial, además de centrar la cuestión en el ámbito de las iniciativas legislativas, algo que recogen, como he dicho anteriormente, algunas de las
comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular y que además ya ha sido recogido en los planes de igualdad de oportunidades aprobados por el Gobierno del Partido Popular.



La señora PRESIDENTA: La señora Pigem tiene la palabra.



La señora PIGEM I PALMÉS: Yo quiero en primer lugar agradecer las intervenciones y las aportaciones de todos los grupos parlamentarios.
Sinceramente, desde Convergència i Unió estamos en principio de acuerdo con lo que han manifestado la
portavoz del Grupo Vasco y la portavoz de Esquerra Republicana, que la enmienda del Grupo Socialista, incluso la del Grupo de Iniciativa per Catalunya, no nos parecían enmiendas de sustitución, sino que podían ser perfectamente enmiendas de adición.
De todas maneras, en aras del consenso y quedando claro después de las intervenciones de la portavoz del Grupo Socialista y de la portavoz del Grupo de Iniciativa per Catalunya que en este genérico plural, de en el ámbito de las iniciativas
legislativas, queda incluido expresamente que también se alude a la reforma constitucional, así como a la denominación de esta Cámara, entendiendo que esto queda expresamente incluido, repito, y en aras del consenso, como digo, vamos a admitir la
enmienda de sustitución que nos propone el Grupo Socialista.



La señora PRESIDENTA: ¿Alguna intervención? (Pausa.) En consecuencia, vamos a proceder a las votaciones de las tres proposiciones no de ley. En primer lugar votamos la proposición no de ley enmendada relativa a la aprobación del Plan
Integral de lucha contra el tráfico de mujeres, niñas y niños.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.



Pasamos a la segunda votación, relativa a la proposición no de ley, igualmente enmendada, sobre la implantación de redes de unidades de atención sanitaria integral para mujeres.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.



Votamos la tercera proposición no de ley, que también ha sido enmendada, relativa a la sustitución del nombre del Congreso de los Diputados por Congreso.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.



Muchas gracias. Se levanta la sesión.



Era la una de la tarde.