CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 255

CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PATXI LÓPEZ ÁLVAREZ

Sesión núm. 10

celebrada el martes,

22 de diciembre de 2020

ORDEN DEL DÍA:


Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:


- Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, para la eliminación del aforamiento de los diputados y diputadas del Parlamento y del presidente y consejeros del Gobierno.
Presentada por la Comunidad Autónoma de Cantabria-Parlamento (Número de expediente 127/000002) ... (Página2)


Emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:


- Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, para la eliminación del aforamiento de los diputados y diputadas del Parlamento y del presidente y consejeros del Gobierno.
Presentada por la Comunidad Autónoma de Cantabria-Parlamento (Número de expediente 127/000002) ... (Página2)


Proposiciones no de ley:


- Relativa al fortalecimiento de los derechos sociales como respuesta a la crisis sanitaria, económica y social. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. (Número de expediente
161/001550) ... (Página7)


- Sobre la conmemoración del 90.º aniversario de la Constitución de 1931. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001681) ... (Página13)

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- Sobre el IV Plan de Gobierno Abierto de España 2020-2024. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001696) ... (Página18)


- Sobre la defensa del derecho de los españoles a ser educados en castellano en todo el territorio nacional y en las lenguas oficiales de las respectivas comunidades autónomas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/001745) ... (Página23)


- Relativa a la defensa de la Constitución y del consenso constitucional. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001765) ... (Página29)


Votaciones ... (Página33)


Se abre la sesión a las once de la mañana.


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:


- PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 8/1981, DE 30 DE DICIEMBRE, DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA CANTABRIA, PARA LA ELIMINACIÓN DEL AFORAMIENTO DE LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS DEL PARLAMENTO Y DEL PRESIDENTE Y CONSEJEROS DEL GOBIERNO.
PRESENTADA POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA-PARLAMENTO (Número de expediente 127/000002).


El señor PRESIDENTE: Señorías, podemos dar comienzo a la reunión de la Comisión, así que se abre la sesión que, como saben, se puede decir que va a tener dos partes: por un lado, es la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para
Cantabria y, por otro, será el debate y la votación de las proposiciones no de ley.


Empezamos por el Estatuto de Autonomía para Cantabria, que también saben que son dos partes. Lo primero que tenemos que hacer es ratificar la ponencia que ha informado de la propuesta de la reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria,
es una formalidad que tenemos que votar para luego pasar al debate de la propuesta y de las enmiendas. Por lo tanto, someto esta ratificación a la Comisión, ¿se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento). Lo hacemos así.


EMITIR DICTAMEN A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:


- PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 8/1981, DE 30 DE DICIEMBRE, DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA CANTABRIA, PARA LA ELIMINACIÓN DEL AFORAMIENTO DE LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS DEL PARLAMENTO Y DEL PRESIDENTE Y CONSEJEROS DEL GOBIERNO.
PRESENTADA POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA-PARLAMENTO (Número de expediente 127/000002).


El señor PRESIDENTE: Entramos en el segundo punto del orden del día, que es el debate y votación de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria. Los grupos parlamentarios van a disponer de cinco minutos tanto para la
defensa de las enmiendas como para la fijación de posiciones. Se han presentado tres enmiendas. Les diré que el señor Mazón -que tiene una de estas enmiendas- no podía acudir a la sesión de hoy y me ha pedido que se mantenga viva su enmienda,
aunque evidentemente no la va a defender. Vamos en primer lugar con la enmienda del Grupo Parlamentario VOX, que va a defender el señor Del Valle Rodríguez. Tiene la palabra.


El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero ratificarme en lo que dije en la reunión de ponencia de que a nuestro juicio las enmiendas que se han presentado por el resto de grupos no pueden ser ni siquiera admitidas a trámite porque no cumplen con lo previsto
en el Estatuto de Autonomía para Cantabria, en concreto en su artículo 58, por cuanto que pretenden añadir una materia que no está directamente relacionada con lo que aprobó el Parlamento de Cantabria como propuesta de reforma del estatuto. El
artículo 58 del estatuto de

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autonomía, tras decir que la iniciativa de la reforma corresponderá al Gobierno o al Parlamento a propuesta de un tercio de sus miembros o a las Cortes Generales, establece que la propuesta de reforma requerirá en todo caso -en todo caso- la
aprobación del Parlamento de Cantabria por mayoría de dos tercios. Las enmiendas que se han presentado por las que se pretende que en el artículo 20 -que se suprime- se establezca la posibilidad de que el Gobierno de Cantabria dicte decretos-leyes,
que hasta ahora no tiene esa posibilidad, viene amparada por una proposición no de ley del Parlamento de Cantabria que fue aprobada por 17 votos a favor, 11 en contra y 7 abstenciones; con lo cual, no llega a esa mayoría de dos tercios que requiere
el estatuto de autonomía. Se puede decir que vía enmiendas se puede modificar. ¡Hombre!, se está añadiendo un tema totalmente nuevo y ajeno a la propuesta de reforma. Por tanto, a nuestro juicio no se debería ni siquiera haber admitido a trámite.


Por nuestra parte hemos presentado una enmienda que también se puede decir que igual no tiene relación directa con el título por así decirlo, por cuanto que el título es de modificación del estatuto para supresión de aforamientos; pero se
modifica el artículo 11 en la propuesta y nosotros lo que pedíamos era, por una mejora técnica, en la redacción del artículo 11 modificar donde dice 'diputados y diputadas' por 'diputados', que es el genérico y porque además el artículo 11.2 dice
que 'los diputados no estarán sujetos a mandato imperativo'. Si en el número 1 ponemos diputadas y diputados y en el número 2 -vigente- dice 'los diputados no estarán sujetos a mandato imperativo' parece que las diputadas sí están sujetas a mandato
imperativo. Por tanto, un poco de coherencia en el propio artículo, que se redacte como diputados exclusivamente para que las diputadas sí queden incluidas en la no sujeción al mandato imperativo que dice el número 2 del artículo 11 del estatuto de
autonomía.


Y la reforma técnica es que donde el actual estatuto dice 'aún después de haber cesado en su mandato los diputados gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios' cambiarlo por 'opiniones manifestadas en el
ejercicio de sus funciones'. Es decir, no solo por lo que manifiesten en sede parlamentaria sino que también por lo que manifiesten en el ejercicio de sus funciones fuera del Parlamento y de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional
dictada al efecto en la que queda claro que no por cualquier opinión no están sujetos a inviolabilidad, sino siempre y cuando esté directamente relacionado con el ejercicio del cargo de diputado. Sencillamente, esa era la propuesta. Si se estima
que no tiene relación directa, no tenemos ningún inconveniente en que no sea admitida a trámite; pero insisto en que las otras dos presentadas sería un escándalo -un escándalo sí, sí- que se aceptaran a trámite. Es más, en la ponencia quedamos en
que nos dábamos un plazo de quince días para conseguir un consenso en el Parlamento de Cantabria, consenso que no se ha logrado. Por tanto, yo pensaba que hoy ni siquiera se iba a hablar de esas dos enmiendas.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Del Valle.


La enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos la defenderá el señor Gutiérrez Vivas.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, presidente.


La enmienda del señor Mazón y la nuestra son sensiblemente similares o iguales puesto que vienen de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Cantabria, de ambos grupos que habían solicitado después de un debate que, como ha dicho el
señor de VOX, hubo dentro del Parlamento. Nosotros creemos que la nuestra resulta más estricta en los límites previstos y por tanto nos gustaría mantenerla. La crisis que estamos abordando todo el Estado español y las comunidades autónomas a veces
requiere que las propias comunidades tengan artefactos legales que les permitan de alguna manera -y yo creo que esto ha quedado patente- decretar dentro de su Gobierno autónomo, como por otra parte está exigiendo el Gobierno nacional a las
comunidades autónomas. Por tanto, a nosotros nos parece muy importante. Probablemente, si no hubiera existido esta crisis, no habría lugar a esto y seguramente ni siquiera en el propio Parlamento de Cantabria habrían caído en esta necesidad; pero
puesto que es el mismo Gobierno de la nación el que está instando a las comunidades autónomas a tomar, a decretar medidas de control de los propios ciudadanos, medidas en las que se restringe la propia movilidad, creo que estas cosas es necesario
hacerlas dentro de un artefacto legal, como he comentado, que permita hacerlo. Por tanto, nosotros vamos a mantener la enmienda, pese a lo que diga el señor de VOX. Si no se pudiera hacer, entonces no habría ninguna enmienda que presentar porque
habría que admitir lo que viniera de allí. Y yo creo que toda su propuesta, como usted puede comprender, es una reducción al absurdo, porque entonces para qué vamos a presentar enmiendas. Aquí se debatiría directamente lo que viniera de los
parlamentos y ya estaría. Bueno, el procedimiento legislativo es el que es y me parece que

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lo que usted ha dicho va contra el procedimiento legislativo y, como esto está ordenado de forma muy clara, nosotros vamos a mantener esta enmienda.


Sobre la enmienda de VOX, volver a plantear ahora cuestiones sobre el lenguaje inclusivo quizá sea algo muy de ese partido. Nos parece que no tiene mucho espacio y, por tanto, no estamos de acuerdo con esa primera parte de los diputados y
las diputadas. Es verdad que quizá la segunda parte tenga un poco más de razonamiento y de sentido, puesto que no queda muy claro qué es un acto parlamentario y qué no es un acto parlamentario. Sin embargo, el ejercicio de las funciones sí que es
algo propio de quien ostenta esa función y está mucho más delimitado. Por tanto, dentro de la modificación técnica, estaríamos más de acuerdo con esa segunda parte y, desde luego, rechazamos corregir cualquier cosa sobre el lenguaje inclusivo en la
modificación del estatuto.


Muchísimas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez Vivas.


Pasamos ahora al turno de fijación de posiciones. No está el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Legarda Uriarte.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.


Es conocida la postura de nuestro grupo respecto a las tramitaciones de los estatutos y las enmiendas que se suelen articular en la Cámara. Nosotros siempre hemos manifestado nuestra postura en contra de que esta Cámara modifique la
autoorganización o el autogobierno que se quiera dar una comunidad autónoma siempre que se encuadre dentro de un sendero constitucional. En ese sentido, comparto las reflexiones que ha realizado el portavoz de VOX y nos opondremos a todas las
enmiendas. Íbamos a hacer una excepción con el procedimiento peculiar y particular de, a través de una PNL, intentar que introduzcamos una enmienda respecto al proyecto original que venía de la asamblea correspondiente. Teníamos intención de
hacerlo, pero, después de haber oído la intervención del portavoz de VOX, creemos que no reúne la mayoría suficiente en origen y, por tanto, tampoco la apoyaremos. En definitiva, presidente, no apoyaremos ninguna de las enmiendas planteadas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Legarda.


No va a intervenir el Grupo Parlamentario Republicano. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Velarde.


La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias.


Intervengo para decir que nosotras vamos a admitir lo que pide el Parlamento cántabro en virtud de su autonomía. Por lo tanto, no vamos a apoyar las enmiendas, pero quería hacer una matización con respecto a la enmienda de VOX, porque creo
que hay que hacerla.


Esa enmienda se presenta por parte de la extrema derecha, que va a lo suyo también en esta Comisión y solo se detiene para eliminar la perspectiva de género y reforzar la invisibilización de las mujeres. Su enmienda nada tiene que ver con
la solicitud de reforma en cuanto al aforamiento que solicita el Parlamento cántabro. Tanto el texto original como la enmienda que propone el mismo Parlamento de Cantabria tienen una redacción integradora y que respeta el principio de igualdad de
género y es lamentable -hay que decirlo- que la extrema derecha aproveche hasta esto para posicionarse enfrente de la igualdad y del feminismo. Señorías de VOX, el lenguaje construye la realidad y lo que no se nombra desaparece o pasa a un segundo
plano, y eso no lo podemos permitir. Por tanto, respaldando nuestra decisión en el artículo 14 de la Constitución sobre el compromiso con la igualdad, en la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en el Informe sobre el lenguaje no
sexista en el Parlamento Europeo de 2008, votamos en contra de las tres enmiendas y, sobre todo, en contra de la invisibilización que quiere hacer VOX de las mujeres en este Congreso.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Velarde.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Movellán Lombilla.


El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Muchas gracias, presidente.


Hoy debatimos la cuarta reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria, un estatuto que ya ha sido reformado en tres ocasiones, dos de ellas por acuerdo entre las fuerzas políticas mayoritarias a nivel

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estatal. En la reforma de 1991 se incorporó la celebración de las elecciones autonómicas el cuarto domingo de mayo y en la reforma de 1994 se incorporaron nuevas competencias al estatuto de nuestra comunidad autónoma. Pero realmente fue la
reforma de 1998 la que supuso un gran avance en competencias y autogobierno para la Comunidad Autónoma de Cantabria. Esa reforma contó con el consenso de toda la sociedad de Cantabria, con el apoyo y el voto unánime de los cinco grupos políticos
que entonces estaban representados en la Asamblea Regional, hoy Parlamento de Cantabria. Hoy, veintidós años después, debatimos sobre otra reforma también planteada por el Parlamento de Cantabria y también aprobada por unanimidad de los cinco
grupos políticos que la impulsaron en la pasada legislatura.


La reforma que votaremos hoy no lleva asunción de nuevas competencias ni reforma la estructura de la comunidad autónoma ni tampoco avanza en el desarrollo del autogobierno. Plantea la eliminación del aforamiento a los diputados del
Parlamento de Cantabria y al presidente y los consejeros del Gobierno regional y va a afectar a 42 cántabros de los más de 580 000 que vivimos en la región. Si bien creemos que esta reforma no está entre las prioridades de los cántabros, es verdad
que responde al debate que se suscitó, sobre todo en la anterior legislatura, en la sociedad cántabra y en la sociedad española sobre la necesidad de supresión de los aforamientos de los cargos públicos, poniendo en el punto de mira la
reconsideración de esta prerrogativa de fueros procesales especiales, que se hizo ver como un privilegio que ostentaban los políticos. En el Grupo Parlamentario Popular creemos en la necesidad de trasladar a la sociedad toda la confianza posible y
aquello que pueda ser visto como un privilegio, a pesar de no serlo, debemos reformarlo. Pero, señorías, también consideramos que las reformas que en materia de aforamiento se lleven a cabo deben responder a un modelo coherente y unitario para el
conjunto del territorio nacional, de tal modo que los sistemas de aforamiento se fundamenten en un modelo general y no en tantos modelos como comunidades autónomas existen. No voy a reiterarme en los argumentos que utilicé en el Pleno para
posicionar favorablemente el voto del Grupo Parlamentario Popular a esta reforma que, además, contó en la toma de consideración con el voto afirmativo de la práctica totalidad del Congreso de los Diputados. No ocurre así con aquellas enmiendas que
se han presentado con posterioridad a la toma en consideración que, con lo visto en la reunión de la ponencia, no cuentan con el mismo nivel de apoyo y el mismo grado de consenso que la reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria. No voy a
referirme al fondo de las enmiendas pero sí a las formas, y digo que no voy a referirme al fondo porque creo que desvirtúan ese alto grado de consenso que suscitó la reforma planteada para la supresión de los aforamientos.


Recordemos que esta iniciativa contó con la unanimidad de los cinco grupos políticos, superando ampliamente los dos tercios requeridos para iniciar esta reforma estatutaria. No consideramos justificada la excepcionalidad o la urgente
necesidad de introducir vía enmiendas las cuestiones que se están planteando en ellas, puesto que nada impide que se lleve a cabo el procedimiento establecido y que nos ha traído hoy aquí la presente reforma del estatuto. Más bien parece que
algunos de los grupos enmendantes quieren coger la calle de en medio y atajar para introducir nuevas reformas de gran calado en el estatuto, como la introducción de la figura de los decretos-leyes de los que disponen a día de hoy solo cuatro
comunidades autónomas pero que fueron impulsados desde sus respectivos Parlamentos autonómicos. Si bien no vamos a entrar en el fondo, sí lo haremos en la forma, puesto que la forma es determinante, ya que no cuentan con ese alto grado de consenso.
Se coarta el debate y la discusión de la reforma al Parlamento autonómico y, además, hemos visto el escaso apoyo suscitado por la única iniciativa presentada por el Partido Regionalista de Cantabria, que hoy no ha tenido a bien ni venir a defender
la enmienda presentada y que contó solo con diecisiete votos afirmativos de los treinta y cinco votos de los parlamentarios autonómicos. Vemos que mucho interés no parece que tengan cuando ni el Grupo Parlamentario Mixto ni el señor Mazón han
venido hoy a defender la enmienda. Consideramos que no es muy de recibo que, vía enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, en el Congreso de los Diputados se fulmine la unanimidad de todos los grupos políticos en representación de los cántabros que
impulsaron esta reforma que hoy debatimos.


Vamos a votar a favor de la reforma tal y como se ha impulsado desde el Parlamento de Cantabria y votaremos en contra de las enmiendas presentadas que no cuentan con ese apoyo. No nos apartamos de un debate sobre la necesidad de actualizar
o desarrollar las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía para Cantabria, pero creemos que debe ser en el Parlamento de Cantabria donde se discuta, se debata, se acuerde y se impulse una nueva reforma estatutaria, si así lo consideran.
Señorías,

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no por mucho correr se llega primero. Mantengamos ese mismo nivel de unanimidad o de consenso en el respaldo que siempre han tenido las reformas estatutarias de Cantabria.


Voy finalizando. Sobre todo, quiero dirigirme a aquellas señorías que forman parte de los partidos políticos que hoy gobiernan en Cantabria, diciéndoles que no utilicen estas distracciones para no trabajar en lo que realmente nos preocupa a
los cántabros. Créanme, señorías, que los cántabros no están preocupados.


El señor PRESIDENTE: Señor Movellán, tiene que concluir, ha sobrepasado el tiempo.


El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Sí, finalizo.


Que Cantabria tiene males mayores y retos más importantes que esta reforma, que solo va a afectar a 42 cántabros de los 580 000 totales.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Movellán.


Para finalizar el turno de fijación de posiciones tiene la palabra el señor Casares Hontañón, del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor CASARES HONTAÑON: Muchas gracias, señor presidente.


Buenos días, es un orgullo para mí intervenir por primera vez en esta Comisión Constitucional del Congreso y hacerlo, además, para hablar del Estatuto de Autonomía para Cantabria, el de mi tierra, y el de su reforma; una reforma que
demuestra que la Constitución española está más fuerte que nunca, que la democracia de nuestro país está más consolidada que nunca y que, cuando queremos, podemos debatir y dialogar sin ruido, sin insultos y sin confundir a la ciudadanía. Por ello
me gustaría que el ejemplo que estamos dando hoy aquí, en el Congreso, al abordar la reforma planteada del Estatuto de Autonomía para Cantabria, se extrapole y sirviera de ejemplo para abordar, con este mismo respeto, otras reformas que nuestra
Constitución tiene pendientes y que solo pueden salir adelante con el concurso de todos, con la implicación, la voluntad y el acuerdo de todos.


Señorías, se celebran este año los 42 años de vigencia de la Constitución, que han servido para ampliar derechos, para garantizar libertades, pero sobre todo para establecer un marco de convivencia plural, diverso y rico, en el que Cantabria
se siente integrada y que ha servido para que se emanaran normas tan importantes para regular dicha convivencia, como el Estatuto de Autonomía para Cantabria; pero, siempre fruto del diálogo, del acuerdo y de la voluntad de todos y todas, y del
respeto a la soberanía de Cantabria y del conjunto de España. Autonomía, sí, siempre, pero dentro del marco constitucional que nos hemos dado y fruto del consenso de todos y no de una parte; porque ese es el único camino para avanzar en el
progreso, el bienestar y la concordia, todos juntos, cediendo, acordando, llegando a puntos de encuentro, que, créanme señorías, hoy son más necesarios que nunca.


Digo esto porque hace unos meses, en el Pleno del Congreso aprobamos por mayoría absoluta la reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria, para eliminar la condición de aforados del presidente y consejeros del Gobierno autonómico y de
los 35 diputados y diputadas del Parlamento de Cantabria; una propuesta que nacía del trabajo del Parlamento regional, trabajada, debatida, discutida, acordada y, finalmente, consensuada con todas las formaciones políticas que integran hoy al
Parlamento de Cantabria. Ese es el gran valor de la autonomía de una comunidad como Cantabria, que puede proponer a esta Cámara, al Congreso de los Diputados, que nos emplacemos para valorar sus propuestas y mejorar las condiciones en las que se
desarrolla la convivencia, la vida y los derechos de los cántabros y de las cántabras.


Sin embargo, la propuesta que el Partido Regionalista realizó desde la tribuna del Congreso de los Diputados, para que el Gobierno cántabro tenga capacidad legislativa directa en situaciones excepcionales y urgentes, en una figura similar a
la de los reales decretos-ley que posteriormente deben ser convalidados por las Cortes Generales, no cuenta en origen ni con ese diálogo entre los grupos parlamentarios de Cantabria ni con el acuerdo y consenso necesarios para traerla a esta Cámara,
al igual que ocurre con las enmiendas presentadas por el Partido Ciudadanos. No obstante, hay tiempo para ello, emplazamos especialmente al Partido Regionalista de Cantabria a trabajar, dialogar y consensuar la propuesta en el Parlamento de nuestra
comunidad autónoma, en la sede de la soberanía de Cantabria, en el Parlamento regional, para contar con todas las fuerzas políticas que representan a los cántabros y a las cántabras, y llegar allí a un acuerdo para defender después, aquí, esa
propuesta.

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La pandemia, señorías, ha puesto de manifiesto muchas situaciones en las que la urgencia y la excepcionalidad del momento obligan a actuar con rapidez para dar respuesta a problemas concretos. Entendemos que es ahí donde nace esta propuesta
del Partido Regionalista Cántabro, en esa situación tan anómala como la que estamos viviendo todos y que ha obligado a tomar muchas decisiones difíciles en un momento también muy difícil. Por tanto, entendemos el fondo de la cuestión y no dudamos
que es fácilmente compartible por todas las fuerzas políticas de Cantabria, pero emplazamos, desde esta Cámara, a abordar este asunto en el propio Parlamento de Cantabria.


Hoy rechazaremos las enmiendas y esperaremos a que el Parlamento de Cantabria se pronuncie sobre hecho ello, debata sobre ello, dialogue sobre ello y acuerde algo tan necesario y fundamental en un sistema democrático como el nuestro, para
que después podamos abordar aquí el futuro, siempre con consenso, unidad y siempre para ampliar derechos y libertades de la ciudadanía.


Termino con una muy breve referencia a la enmienda que ha presentado también VOX, en la que quieren suprimir a las diputadas del Parlamento de Cantabria. Señorías de VOX, no tienen ustedes suficientes diputados ni hoy ni en el futuro para
suprimir la igualdad en nuestra tierra.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Casares.


El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Señor presidente, en virtud del artículo 79 del Reglamento, por alusiones pido un segundo nada más para aclararlo.


El señor PRESIDENTE: No, las alusiones han sido dentro del debate, no creo que haya habido ninguna alusión que suponga menoscabo.


El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Es solo para aclarar, solo medio minuto, el tema de diputados y diputadas. Porque el artículo 11.2 del Estatuto dice: Los diputados no estarán sujetos a mandato imperativo. Si en el apartado 1 ponemos
diputadas y diputados, las diputadas están sujetas a mandato imperativo. Solo era eso.


El señor PRESIDENTE: Bien, esto lo había explicado en el debate antes, así que lo sabían los diputados y diputadas que han intervenido después.


Haremos todas las votaciones al final de la sesión. No me atrevo a fijar una hora. Hemos tardado veinticinco minutos en este punto; si fuéramos así, antes de las dos de la tarde estaríamos votando. Lo digo para las previsiones.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- RELATIVA AL FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS SOCIALES COMO RESPUESTA A LA CRISIS SANITARIA, ECONÓMICA Y SOCIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN. (Número de expediente
161/001550).


El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al bloque de las proposiciones no de ley, empezando con la que ha presentado el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al fortalecimiento de los derechos
sociales como respuesta a la crisis sanitaria, económica y social, y la va a defender la señora Garrido Gutiérrez.


Por cierto, como saben, cinco minutos quien presenta la propuesta, cuatro quien enmienda y tres quien fija posición. Señora Garrido.


La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Muchas gracias, presidente.


La Constitución española, aunque tarde, todas sabemos que entra dentro de la tradición del constitucionalismo social de posguerra. Estas constituciones inauguran un nuevo constitucionalismo, una nueva forma de Estado, el Estado social. Lo
más característico de este Estado es que aparece el Estado como mediador entre el conflicto capital y trabajo, con el objetivo de mantener un cierto equilibrio entre estas dos partes y, así, poder garantizar unas condiciones de vida digna a la clase
trabajadora o a las clases populares. También se ha llamado a este constitucionalismo social constitucionalismo del más débil.


Nuestro texto constitucional, aunque cuarenta años después, recibe ese constitucionalismo y, por lo tanto, el artículo 1.1 ya declara que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho.

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A lo largo del articulado se van desarrollando estos contenidos. Solo por citarlos muy rápidamente, tenemos mecanismos de intervención en la economía para mantener el equilibrio del que yo hablaba; la subordinación de la riqueza al interés
general, artículo 128; la posibilidad de planificación de la actividad económica, artículo 131; la función social, que a veces se olvida, de la propiedad privada, artículo 33.2; el sistema fiscal justo y progresivo. A esto podemos añadir la
constitucionalización del trabajo con el propio derecho al trabajo, el derecho a la huelga y la negociación colectiva; los derechos sociales como garantes de esas condiciones materiales de la clase trabajadora; derecho a la salud, a la vivienda,
pensiones.


Bien, todo esto está recogido formalmente en la Constitución, pero también sabemos que lo que llamamos Constitución material, la realidad, es otra bien distinta. Muchos de los derechos que he citado no están plenamente garantizados o
incluso han sufrido retrocesos. No existe una única explicación, pero sí hay una tendencia en los últimos años, en la última década, de deterioro de la parte más social de la Constitución. Podemos, por ejemplo, destacar el papel de la Unión
Europea que sobre todo a partir del tratado de Maastricht impone a los Estados principios opuestos al modelo de Estado social, la primacía del mercado y la libre competencia. Esto, paulatinamente, produce la desnormativización o vaciamiento de la
parte más social de la Constitución. A esto le añadimos la crisis de 2008, otra vuelta de tuerca, con la imposición de la Unión Europea del dogma neoliberal de la austeridad y la reforma, cómo no, la guinda del artículo 135, que constitucionaliza
esa filosofía. Hemos comprobado los resultados: un débil y triste sistema del bienestar, con muchas grietas. Los años de recortes y privatizaciones han impedido poder dar en estos momentos más seguridad y más protección a la ciudadanía.


Esa es la comprensión de la realidad, pero ¿podemos darle la vuelta? Sí, hay que empezar a recuperar la parte social de la Constitución, esa que ha quedado secuestrada u olvidada. Esto significa garantizar los derechos básicos de los que
estamos hablando, por un lado, y también regular contrapesos eficaces frente al poder ilimitado de los agentes económicos. Por ejemplo, para garantizar una sanidad universal, gratuita y de calidad para todas no podemos permitir la mercantilización
de la salud; si dejamos que la salud sea un negocio, no disfrutarán todas las personas de ese derecho de acceso a tratamientos, de medicamentos. Otro ejemplo, para garantizar el derecho a la vivienda tenemos que cumplir lo que dice el artículo 47;
es decir, prohibir la especulación sobre ese bien. Si queremos garantizar pensiones para nuestros mayores, debemos hacer un sistema público de pensiones y no caminar hacia la privatización de dichas pensiones. Por tanto, hablamos de algo muy
básico: de proteger lo común y lo público.


Se pueden establecer diferentes medidas, esta propuesta apunta alguna de ellas, que voy a citar muy rápidamente. De acuerdo a lo que ya establecen los tratados internacionales que el Estado español ha firmado, deberemos recoger en nuestro
ordenamiento, por ejemplo, la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos constitucionales; no hay derechos de primera y de segunda, eso está ya muy demodé; no podemos dar pasos atrás en la garantía de los derechos, se debería
establecer una cláusula de no regresividad y también la protección de un mínimo esencial no solo de los derechos y libertades públicas, sino también de los derechos sociales, así lo defiende la mayoría de la dogmática española y también las
organizaciones sociales. Para que esto sea posible, también debemos garantizar normativamente suficiencia económica para estas prestaciones, estableciendo, como pasa en algunos Estados, por ejemplo, preasignaciones presupuestarias.


Termino. En definitiva, esta grave crisis sanitaria, social y económica puede sentirse, a pesar de los pesares, como una oportunidad si desde hoy mismo empujamos lo que estoy hablando, que no es ni más ni menos que un constitucionalismo
verdaderamente democrático. Esta y no otra será la manera de salir todas juntas de esta crisis.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Garrido.


A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario VOX, y la va a defender el señor Zambrano García-Raez.


El señor ZAMBRANO GARCÍA-RAEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, de la lectura de esta proposición no de ley podemos ver que se presenta por el Grupo de Podemos el ejemplo de una perorata demagógica, mentirosa con la que la izquierda se suele dirigir a la población en general. Olvida que fue un
Gobierno socialista de izquierdas, con su incompetencia y sus mentiras el que puso a España al borde del precipicio y al borde de un rescate que hubiese sido catastrófico, y olvida que son los españoles los que con su esfuerzo y sacrificio pagan esa
situación. Y es que esta izquierda radical, mientras esquilma los recursos de los españoles, pretende atribuir a lo privado

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todos los males de la población, pretende enfrentar efectivamente lo público contra lo privado con un discurso que pretende hacer creer que la inversión privada es culpable de los males y necesidades de los españoles, e incompatible con una
buena gestión de los servicios públicos.


Para mantener sus políticas absurdas, generadoras de pobreza y desempleo, esta izquierda se ve en la necesidad de dos cosas: por un lado, esconder o disfrazar su extrema incompetencia y corrupción en la gestión de los servicios públicos;
esta PNL sirve a esa misión. Por otro lado, justificar la injustificable presión fiscal, estigmatizando toda iniciativa privada y pretendiendo que la población perciba los esfuerzos de empresarios y ciudadanos como perjudiciales para el Estado.
Esta izquierda del 'exprópiese' pretende aprovechar la desgracia y la necesidad de la población en la crisis para enfrentarla contra sí misma. De nuevo utiliza el populismo como siempre ha hecho a lo largo de toda su historia. Y es que la
izquierda radical existe por razón de un enfrentamiento que se ve obligada a crear y mantener para poder justificar su propia existencia, porque sin enfrentamiento social no habría izquierda. Hoy le toca pretender convencer de que lo privado es
malo, de que lo público debe invadirlo todo; ya solo le falta hablar de la lucha de clases, supongo que algún día vendrán con la lucha de clases otra vez.


Esta PNL utiliza expresiones propias de la izquierda, aparentemente trascendentes, en un lenguaje político propio y grandilocuente, que en realidad solo intenta disimular carencias intelectuales en su discurso político. Expresiones tales
como mecanismos de carácter coyuntural y estructural, principios de no regresividad, reconstrucción constructiva, pacto transversal. Sin duda, son expresiones útiles en ese discurso demagógico que pretende ocultar la incompetencia del Gobierno y
especialmente la gestión de esta pandemia.


¿Qué pide esta PNL? Pide que el Congreso requiera al Gobierno para garantizar la totalidad de los derechos de la Constitución, un mínimo esencial inviolable de acuerdo con los tratados internacionales firmados, especialmente, como estamos
en este momento: salud, dependencia, servicios públicos y prestaciones sociales. Es chocante que un grupo político que forma parte de la coalición de Gobierno pretenda requerir a su propio Gobierno del que forma parte para que garantice la
totalidad de los derechos constitucionales, en estos tiempos en especial nada menos que salud y dependencia. En realidad, en esta PNL no vemos otra cosa que un postureo, una puesta en escena y, señorías de Podemos, basta con que hagan lo que dicen,
son ustedes los que gobiernan, efectivamente, cumplan la Constitución.


¿Y qué hacer ante esta PNL? ¿Debemos participar en este juego de la izquierda, un juego que consiste en traer una exposición de motivos infumable, llena de absurdos, para luego simplemente pedir que se respete la Constitución? Como si
todos los grupos debiéramos sentirnos forzados a asentir dócilmente, participando del postureo mentiroso del proponente. Desde VOX condicionamos nuestro voto a la aceptación de una enmienda que ponga algo de verdadero sentido común y que traslade
el verdadero clamor de la población española a la clase política. ¿Qué pide la población? Que la clase política haga esfuerzos para frenar el gasto innecesario, el gasto político; que se centre en la gestión eficaz de los recursos; en
definitiva, el artículo 31.2 de la Constitución; que el gasto vaya a la gente, a lo útil, no a subidas de sueldos como ustedes pretendieron; que no vaya a observatorios, institutos, asociaciones amigas de la izquierda o chiringuitos progres, sino
a inversión, a promoción de iniciativas creadoras de empleo y a mejoras de los servicios públicos. No vamos a participar gratuitamente de las mentiras y puestas en escena de la izquierda radical, todos sabemos cómo disfrazan sus verdaderas
pretensiones, que no son otras que llevarnos a una situación...


El señor PRESIDENTE: Señor Zambrano, debe concluir.


El señor ZAMBRANO GARCÍA-RÁEZ: Llevo cuatro minutos y medio.


El señor PRESIDENTE: Claro, y son cuatro minutos.


El señor ZAMBRANO GARCÍA-RÁEZ: Ah, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Por eso, sí.


El señor ZAMBRANO GARCÍA-RÁEZ: Pensaba que eran cinco. Pues entonces concluyo.


Decía que no son otras que llevarnos a una situación en la que el Estado lo invada y lo controle todo. No, no queremos una situación en la que la población termine empobrecida y dependiente de las ayudas estatales.


Gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muy bien. Gracias, señor Zambrano.


Pasamos al turno de fijación de posiciones, de tres minutos. Empezamos por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.


En lo general, en el Grupo Parlamentario Vasco y en el Partido Nacionalista Vasco estamos plenamente implicados en las políticas sociales, y he de recordar que somos un partido humanista y allí donde gobernamos siempre hemos practicado la
política, como ahora se dice, de no dejar a nadie atrás.


Respecto a cuestiones ya particulares que nos suscita esta iniciativa, en primer lugar, la fecha de presentación es previa a la presentación por el Gobierno de los presupuestos, entonces la pregunta que nos suscita es: ¿qué pasa, que los
presupuestos no han coadyuvado a este fortalecimiento de los derechos sociales, los presupuestos que hemos aprobado el otro día? Porque parece que, desconectada de los presupuestos, puede subyacer una crítica de que los presupuestos no han
coadyuvado en esta dirección. La segunda cuestión particular que me suscita es: los proponentes están en el Gobierno, entonces hagan las políticas que tengan que hacer desde el Gobierno, presenten unos proyectos y nosotros los debatiremos y
tomaremos la posición que proceda en la Cámara, pero no nos traigan iniciativas como esta. Habrá una distinción, un observador ajeno podrá ver una distinción entre Gobierno y oposición, pero la verdad es que, si no nos conociéramos todos, me
suscitaría dudas. Y la tercera cuestión particular que quiero plantear es que el hecho de que nosotros nos pronunciemos a favor de la iniciativa -que nos vamos a pronunciar a favor-, no significa que compartamos -hablo como vulgarmente se dice-
cómo se presentan a veces estas iniciativas por el grupo que las propone ni necesariamente sus contenidos, y muy particularmente en los temas competenciales que con carácter general desconocen el reparto competencial y son invasivos desde el punto
de vista de nuestras competencias.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Legarda.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.


La verdad es que la portavoz del grupo proponente, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos ha hecho un ejercicio de fuego artificial con esta proposición no de ley que es digna de ser considerada como parte de relleno, de cupo o
de cuota incluso, porque ni siquiera ha hecho usted un ejercicio de una bengala que alarme sobre algo. Yo creo que los derechos económicos y sociales están más que garantizados, los que están en la Constitución, pero como respuesta a la crisis
sanitaria usted no ha dicho absolutamente nada. Nosotros sí vamos a hablar de la crisis sanitaria, que es lo importante y lo que a los ciudadanos les importa.


Hace más de ocho meses que se decretó por primera vez el estado de alarma en España a raíz de esta crisis; la segunda vez que se hacía en nuestra historia democrática, por cierto. Desde entonces se han decretado dos estados de alarma más,
se han debatido siete prórrogas, la última por este periodo de seis meses. En todo este tiempo hemos tenido conocimiento de más de dos millones de casos de contagiados en España, de más de 50 000 fallecidos: una situación trágica, que está además
lejos de mejorar, como estamos viendo estos momentos. Nos encontramos no sé si en la segunda o tercera ola. No sabemos si después de estas Navidades la situación va a empeorar sustancialmente y lo único que nos llena un poco de esperanza es la
introducción de la vacuna, que va a llegar próximamente y que esperamos que alivie a todos los ciudadanos de unas consecuencias más graves aún de las que vivimos. Ni siquiera la vacuna creemos que puede evitar las consecuencias de lo sucedido
durante estos ocho meses en relación con las vidas perdidas ni respecto a las consecuencias económicas, por supuesto, que este parón ha provocado en el conjunto del país y en muchísimos sectores empresariales. Yo creo que no debemos olvidar,
señorías, que esta ralentización económica va a resultar de una enorme gravedad y que sus efectos no se van a paliar con una simple reanudación de la actividad económica tras el confinamiento y las medidas restrictivas. Creo que tenemos la
obligación de lograr mediante el consenso político no solo la protección de los derechos sociales a los que hacía referencia la proponente, sino el impulso de la actividad empresarial, que es motor del progreso económico; sin progreso, no hay
capacidad de defender los derechos sociales.

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Nosotros creemos que hemos demostrado ser un partido responsable, un partido de Estado que ha tomado decisiones pensando en el interés general y vamos a seguir trabajando en ese camino, aunque nos cueste mucho, porque la actividad de este
Gobierno y la actividad del presidente de este Gobierno no nos ponen fáciles las cosas, pero creo que debemos seguir pensando en el interés general de todos nosotros. Creo que esto es mucho más importante que cada grupo parlamentario, que cada
iniciativa, que cada cupo de cada grupo parlamentario, y creo que aquí estamos para pensar en el beneficio del interés general por responsabilidad.


Finalizo, presidente. Por supuesto, vamos a apoyar esta proposición no de ley porque, efectivamente, quién no quiere que se fortalezcan los derechos sociales, pero desde luego la proposición entera es un auténtico absurdo, y se lo tengo que
decir así, como bien le ha recordado también el señor Legarda.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera Balañà.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Gracias, presidente.


Compartimos el sentido último de esta proposición no de ley y, por tanto, nos vamos a posicionar a favor de ella, pero son ciertos algunos de los comentarios que se han vertido ya en esta Comisión. Es decir, es una proposición no de ley
básicamente estética, con una buena redacción, con una mejor defensa -también debo decirlo-, pero lo único que les rogamos es que sean coherentes con lo que ustedes plantean y pasen de las palabras a los hechos. Cuando hablamos de dependencia, y
coincidimos, por favor, transfieran lo que se debe a las comunidades autónomas, que son las que tienen que hacer frente a este problema. Cuando ustedes hablan del artículo 135, estamos completamente de acuerdo, así que iniciemos la posibilidad de
derogarlo. Cuando hablamos de poner la vida en el centro y de que los derechos sociales tengan tanta defensa como otros derechos que para nosotros no son tan importantes, coincidimos completamente. Hagamos cumplir el artículo 47 de la
Constitución, pero cuando les planteamos que los desahucios se interrumpan en seco nos encontramos con que nos lo tumban. Por lo tanto, como ustedes forman parte del Gobierno, por favor, esto que expresan en la proposición no de ley que se concrete
en hechos, que se concrete en cifras, que se concrete en la defensa de esos derechos de las personas a la vivienda, a la educación, a la salud, y que se ponga en el centro la vida y que de una vez se haga cumplir la función social de la propiedad,
que esa regresividad de que hablamos sea efectivamente traspuesta en medidas que tengan un impacto directo en la realidad de las personas. A partir de ahí, como ya le he dicho, nos posicionamos favorablemente, pero tienen ustedes un gran papel. Es
el primer Gobierno en coalición, es el primer Gobierno en coalición de izquierdas. Transformen este Estado para que tengan un legado para la posteridad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallugera.


Pasamos al Grupo Parlamentario Popular y tiene la palabra el señor Mateu Istúriz.


El señor MATEU ISTÚRIZ: Señorías, presidente, buenos días.


Podemos es un grupo especialista en blanquear terroristas como el señor Otegi y también en tratar de autoblanquearse, pero no le va a salir bien la jugada, señorías. Ustedes quieren cerrar el año con un alegato en defensa de los servicios
públicos, la protección social y su salvaguarda en la Constitución del año 78 cuando realmente a lo que asistimos es a un triste balance de cierre de fin de año de este Gobierno socialcomunista, del cual ustedes forman parte: 70 000 muertos,
fallecidos, la mitad de ellos en residencias; 47 000 en listas de dependencia; 106 fallecidos al día, el doble que el año pasado; 4 millones de parados, señorías; 1 200 000 familias con todos sus miembros en paro; las colas del hambre aumentan
exponencialmente frente a las puertas de las instituciones del tercer sector, como Cáritas y Cruz Roja, y casualmente sin salir en las televisiones.


En donde ponen ustedes la mano lo fastidian, va al hundimiento, lo tocan. Las pruebas son que en las residencias de mayores el señor Iglesias no ejerció su mando único nunca y las dejó a su suerte sin mascarillas, sin EPI, sin PCR, sin
protocolos de aislamiento. Ni una sola medida que contenga el empleo y las colas del paro aumentan, mientras la ministra de Trabajo se vanagloria de haber resuelto muchos expedientes de concesión de ERTE, pero ¿qué pasa con los que no se han
resuelto? Hay 800 000 trabajadores en ERTE gracias a una figura que creó el Partido Popular. Señorías, ¿se convertirán en desempleo por su nefasta gestión? A los servicios sociales también ustedes les han puesto la zarpa: se ha

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disminuido enormemente la financiación tanto del 0,7 del impuesto sobre la renta de las personas físicas, tanto en porcentaje como en volumen absoluto, como del mismo 0,7 del impuesto sobre sociedades, eliminando la concurrencia competitiva
y sustituyéndola por la aplicación de decretos. El ingreso mínimo vital: un fracaso absoluto. Prometieron llegar a 850 000 familias y solo 136 000 personas lo han recibido, y para más inri ustedes, con su nefasta gestión, excluyen a los
funcionarios que se emplean a tope todos los días. Colapsan la Seguridad Social en la gestión de pensiones de jubilación, de viudedad y de orfandad. Señorías, lecciones de defensa de los derechos sociales, ni una al Partido Popular.


Evidentemente, mientras el señor vicepresidente del Gobierno se esmera en sus cuidados videos de redes sociales para atacar a la monarquía, para ocultar su presencia en determinados sitios, como ha sucedido en la entrega del premio Cervantes
en Cataluña -¡qué vergüenza, señorías, que no les hayamos dado el carácter de viaje oficial a sus majestades los reyes de España!-, ataca también a la justicia impunemente, pero no es capaz de gestionar unos presupuestos adecuados, en los cuales
para la dependencia nada más introduce 600 millones de euros, 600 millones de euros que denomina plan de choque, totalmente insuficientes para abordar el problema que tiene la dependencia. Nosotros introdujimos unas enmiendas con 600 millones de
euros más para generar ese plan de choque. Lo que pretenden ustedes, señorías de Podemos, es destruir esa colaboración público-privada. Dialoguen más con las comunidades autónomas, dialoguen más con el sector especializado. Además, les pregunto
-ustedes están en el Gobierno-: ¿qué pasó con esos 1000 millones de euros que el señor Sánchez a bombo y platillo anunció el pasado 16 de junio dentro del plan COVID-19? No se ha visto ni uno. ¿El señor vicepresidente Iglesias visita alguna
residencia de mayores? Ni una.


Señorías, nosotros siempre, como grandes constitucionalistas y defensores de la Constitución que somos, al oír hablar de derechos sociales reflejados en la Constitución y mencionados los artículos correspondientes, evidentemente vamos a
apoyar su defensa y su gestión, pero no la gestión de la manera en que ustedes lo hacen, señorías de Podemos y del Gobierno socialcomunista, sino de la nuestra. Por eso, nos abstendremos en esta proposición no de ley.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mateu.


Cierra este turno, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora López Somoza.


La señora LÓPEZ SOMOZA: Gracias, presidente.


Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar posición en torno a la proposición no de ley que plantea el Grupo de Unidas Podemos. Vamos a respaldar esta iniciativa y lo haremos, en primer lugar, por una cuestión de
convicciones. Nos encontramos ante una situación de esperanza y de incertidumbre: esperanza porque la vacuna nos muestra que estamos en disposición de doblegar una enfermedad en un tiempo récord y nos recuerda la importancia de invertir en
ciencia, en conocimiento y en investigación; incertidumbre porque las consecuencias de la pandemia han alcanzado a nuestra sociedad, nuestras empresas y nos han situado ante una crisis.


Tenemos que decidir, señorías, si optamos por una salida basada en la desigualdad, como nos proponen las derechas cuando plantean sus recetas fallidas, cuya simple mención en cualquier facultad de Economía seria supondría un suspenso
inmediato -basta con recordar la situación de la sanidad en mi comunidad, en Madrid, donde la señora Díaz Ayuso mantiene cerrados muchos de los centros de atención primaria, por poner solo un ejemplo, porque, señorías del Partido Popular, no me
hagan recordar la dramática situación de las residencias de mayores en mi comunidad-, o si, por el contrario, fortalecemos un crecimiento inteligente y sostenible combinado con la solidaridad, la redistribución y el fortalecimiento de los servicios
públicos para poder salir más fuertes, más cohesionados y con una sociedad mejor. Señorías, mi grupo parlamentario lo tiene claro. Decía Willy Brandt que permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen. No hay mejor frase
para definir cómo gobernó el Partido Popular durante siete años, sin un modelo económico de crecimiento pensado en el largo plazo, debilitando los servicios públicos y promoviendo en nuestra sociedad el egoísmo y la avaricia como pilares de ascenso
social.


También apoyaremos esta iniciativa por el planteamiento que nos trae. Mi grupo parlamentario es el más antiguo de esta Cámara. Mi partido lo es en nuestro país. Desde siempre los socialistas, en la oposición o en el Gobierno, hemos
defendido una visión promocional y transformadora del derecho y las instituciones. En 1931 dos socialistas, Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto, fueron firmes defensores de constitucionalizar derechos y políticas de avance social para
proteger a los españoles. Tras siete años de Gobierno del Partido Popular, en 2018, el presidente Pedro Sánchez devolvió la decencia a

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la vida pública impulsando los principios del artículo 9.2 de la Constitución, que habla de remover los obstáculos que impidan o dificulten la igualdad real y efectiva de las personas y los grupos de los que forman parte. Estamos, señorías,
construyendo la España de las oportunidades. En 2020 lo hemos visto con medidas como la movilización de 200 000 millones de euros de reactivación económica, el ingreso mínimo vital, la subida del salario mínimo interprofesional, las leyes del
cambio climático y de identidad sexual, las reformas educativas y un largo etcétera. Pero, sobre todo, lo hemos visto con la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado que son progresistas, que son sociales y son, sobre todo,
constitucionales, porque permitirán orientar la salida de esta crisis de otra manera, apostando por un crecimiento inteligente, de transición digital y ecológica, promoviendo la igualdad real entre mujeres y hombres, fortaleciendo los servicios
públicos, con un incremento de la oferta de empleo público y mayores capacidades para los sistemas sanitario, educativo y de dependencia.


El señor PRESIDENTE: Señora López Somoza, tiene que concluir.


La señora LÓPEZ SOMOZA: Termino, presidente.


Apoyaremos esta iniciativa porque es nuestro compromiso como coalición progresista, porque es una necesidad que tiene la sociedad española y, sobre todo, porque la justicia social y la remoción de los obstáculos que lo impidan o dificulten
es un mandato constitucional...


El señor PRESIDENTE: Muy bien, muchas gracias. Ha concluido su tiempo.


- SOBRE LA CONMEMORACIÓN DEL 90.º ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1931. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001681).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al cuarto punto del orden del día, que es el debate de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la conmemoración del 90.º aniversario de la Constitución de 1931. Para su defensa, tiene
la palabra el señor Taibo Monelos.


El señor TAIBO MONELOS: Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todas.


El Grupo Socialista trae esta proposición no de ley con la pretensión de que se reconozca la Constitución de 1931 con ocasión de los actos del 90.º centenario que tendrá lugar en el ejercicio que viene. La Constitución de 1931 supuso un
cambio importante respecto al constitucionalismo español anterior, en virtud de que introduce conceptos nuevos y los derechos no serán solo individuales, sino que incorpora también derechos sociales, económicos y culturales. En cuanto a la
organización territorial del Estado, formula el mecanismo del Estado integral, regional que llamaríamos hoy en día, y que intenta establecer un modelo intermedio entre el Estado federal y el Estado unitario.


Como principios más representativos podemos destacar los siguientes, que son precursores e inspiradores de nuestra actual Constitución, como es el de la soberanía popular. A diferencia de otros textos, no indica que la soberanía radica en
la nación, sino que emplea el término pueblo. En cuanto al ejercicio de esta soberanía, también consiste en el sufragio universal, que queda plenamente establecido en el texto, incorporando poco después el sufragio femenino, por lo que es la
primera vez que puede hablarse en España de un auténtico sufragio universal de toda la ciudadanía. En cuanto a los derechos y libertades, la Constitución de 1931 contiene una amplia declaración de derechos, incorpora los derechos individuales
propios del Estado liberal, amplía otros de carácter económico, social y cultural, así como referentes a la familia, y desarrolla también los de asociación política y sindical. Promueve, además, el Estado laico, proclamando que el Estado español no
tiene religión oficial, consagrando de esta manera la separación completa entre la Iglesia y el Estado.


En cuanto al sistema de Administración de Justicia que se establecía en la Constitución de 1931, se garantiza su independencia respecto a los restantes poderes del Estado, cuenta con unidad de jurisdicciones e inamovilidad de los jueces y
magistrados. Introduce la institución del jurado, establece la gratuidad de la justicia para los más débiles y se crean los tribunales de urgencia para hacer efectivo el derecho de amparo de las garantías individuales. Se proclama la cuestión de
constitucionalidad, que puede ser planteada ante el novedoso creado Tribunal de Garantías Constitucionales, precursor de nuestro actual Tribunal Constitucional. Al amparo de esta Constitución, se aprueban los estatutos de autonomía de Cataluña y
del País Vasco. El de Galicia, mi tierra, se sometió a referéndum y fue entregado el 15 de julio de 1936 al presidente de la República, pero tres días después toda Galicia ya estaba controlada por los sublevados, por lo que nunca pudo entrar en
vigor.

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Debo mencionar, además, todos los derechos constitucionales, los más reseñables, que esta Constitución otorgaba a los españoles, como era el principio de no retroactividad de las leyes, el principio de legalidad, el habeas corpus, la
libertad de circulación, la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de la correspondencia, la libertad de elección, profesión y libertad de industria, libertad de expresión, el derecho de petición, reunión, el de manifestación y, cómo no, la
libertad de asociación y sindicación, así como recogía también la inamovilidad de los funcionarios.


No puedo dejar de mencionar que esta Constitución recoge además todo un elenco de derechos de la mujer que se van postergando y proyectando a través de la II República. La Constitución de 1931 fue la primera en plantear el principio de
igualdad entre sexos. El artículo 36 planteó el derecho de voto, ratificado el 1 de octubre de 1931. El artículo 53 da derecho a hombres y mujeres a ser elegidos como diputados e igualdad ante la ley. El artículo 25 afirmaba que no se aceptan
privilegios jurídicos por razones de sexo. El artículo 23 otorga a las extranjeras casadas con españoles que conserven su propia nacionalidad. Además, al albur de esta arquitectura jurídica que generó la Constitución de 1931, se crearon y se
aprobaron toda una serie de garantías, de libertades y de normativas como la ley del divorcio, la ley del matrimonio civil y la ley del aborto, todas ellas normativas en las cuales se inspira hoy nuestra actual legislación y tradición
constitucional.


Por todo ello, me gustaría contar con el apoyo de esta Cámara y que pudiéramos conmemorar esta Constitución de 1931 en el ejercicio que viene, en 2021, y poder hablar más de lo que nos une que de lo que nos separa.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


No se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley. Por tanto, pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.


La verdad es que en estas fechas, a la vista del Gobierno, sobre todo de este primer año de andadura de la coalición que nos gobierna, me parece muchísimo más importante reivindicar la Constitución de 1978, la actualmente vigente, pero
constantemente en peligro. Esta es la Constitución que tenemos en común, señorías, esto es lo que tenemos que proteger, lo que tenemos en común. Ustedes viven aislados del mundo y están apartados de la realidad de los españoles. Se pasan la vida
hablando de memoria histórica, de guerra civil, de la dictadura, de los rojos y de los azules, y yo creo que esto ya es francamente decepcionante, aparte de ser muy cansino. Estamos hartos de pagarles a ustedes el sueldo, los españoles, para que
hablen del pasado con el único objetivo de dividir a la sociedad y continuar rebañando unos pocos votos más. Vivimos una situación gravísima y ustedes dedican mucho más tiempo del debate a avivar fantasmas del pasado y falsos debates que no están
instalados en la sociedad. Nos gustaría que se mirara más al futuro, ser más útiles a los españoles. En cambio, este Gobierno demuestra una y otra vez su voluntad de intentar lograr rédito político y electoral constante mediante la
instrumentalización y la exacerbación de la identidad política. Señorías, hay debates mediante los que se pretende lograr un punto común de acuerdo entre las partes, pero parece que ustedes solo generan debates cuando les beneficia. Yo creo que
esto no es nuevo, los populismos de todo el mundo han inventado esta guerra cultural para polarizar y evitar hablar de los asuntos que de verdad importan en la vida de las personas. Esa polarización busca erradicar la moderación, hacerla muda en el
estruendo. Ya ha sucedido en el pasado, que dos minorías extremistas arrasan a la gran mayoría al conflicto.


Nosotros no vamos a dejarnos arrastrar por estos extremos a debates que solo buscan enfrentamiento y que solo les importan a ustedes. Nosotros no vamos a pelear con los fantasmas del pasado. Ni hubo ni hay dos Españas, como quieren
hacernos ver. Hay una España en la que cabe gente de toda condición, de toda ideología y de todo credo; hay una España, hoy golpeada por la pandemia, en la que la gente se muere y se arruina, señorías; y luego hay unos grupitos parlamentarios que
quieren que solo se hable de ellos. Mientras unos se empeñan en dividir a la sociedad mediante debates de intereses partidistas y utilidades cuestionables para el país, nosotros queremos pensar más en los españoles que se mueren y se arruinan. A
ellos es a los que tenemos que dar respuesta, señorías, y no avivar debates que, de verdad, para nada interesan a los ciudadanos. Tiene la prueba en sus socios de Gobierno, en el señor Iglesias, que está esperando que el debate del día de
Nochebuena sea el discurso de su majestad y si habrá o no república. ¿Y qué piensan los ciudadanos? Pues mire usted, seguramente los ciudadanos esa noche en

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lo que estarán pensando es en cuántos faltan, en cuántos de sus familiares han fallecido, en que no pueden estar con sus amigos y sus familias. Ese es el verdadero debate de la Nochebuena y no lo que sus socios de Gobierno quieren traernos.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez.


¿Grupo Parlamentario Republicano? (Pausa). ¿Va a intervenir? (Asentimiento). La señora Vallugera Balañà tiene la palabra.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Perdón, señor presidente, pensaba que intervenían antes otros grupos y estaba un poco distraída. Muchas gracias.


Con su permiso, lo que hubo el 14 de abril de 1931 es lo único que yo voy a celebrar y a conmemorar, que es la proclamación de la república catalana en el balcón de la Generalitat de Catalunya por Francesc Macià. Si ustedes quieren
conmemorar la Constitución republicana de 1931, adelante, no nos vamos a oponer, hagan lo que crean conveniente, pero nosotros vamos a trabajar para recuperar esa república que duró poquísimo, pero que existió y que ya expresaba los sentimientos de
mi pueblo.


Dicho esto, están ustedes rememorando una Constitución republicana, eso está muy bien. La verdad es que antes eran ustedes republicanos; es una lástima cómo están evolucionando, y lo digo porque no nos están permitiendo ninguna Comisión de
investigación ni sobre el emérito ni sobre el actual. Hagan ustedes de republicanos, desempolven, por favor, sus papeles fundacionales, que además reconocían el derecho de autodeterminación de los pueblos junto con ese republicanismo.


No voy a decir exactamente cuál será nuestro voto porque intentaremos que no sirva de obstáculo para que puedan realizar esa conmemoración. Por tanto, en función de cómo se posicionen el resto de grupos, nos posicionaremos nosotros
(rumores), pero lamentamos muchísimo que, además de conmemorar, no hagan lo posible para que, como mínimo, se apliquen también los principios de transparencia -porque se supone que todos somos ciudadanos de un mismo Estado, con los mismos derechos-
a la supuesta corrupción -lo voy a decir así porque, si no, igual me llevan a prisión-, que está más que demostrada de la actual Monarquía; Monarquía que les recuerdo que viene directamente entronizada por el dictador que acabó con la República.
Hay gente que no quiere hablar del pasado; es cierto, porque no quieren entender nada de lo que pasa ahora. No hemos aparecido en 2020 y venimos de la nada; no, no, venimos de una historia de dictadura, de una república que fue masacrada, y
venimos de un porcentaje de ciudadanos que se exiliaron, fueron fusilados o damnificados por esa dictadura inmensa. Solo los vencedores quieren que se olvide.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Tenía razón, señora diputada, porque me he saltado al Grupo Vasco (EAJ-PNV). (Denegación). Parece que no va a intervenir.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Santiago Romero.


El señor SANTIAGO ROMERO: Muchas gracias.


Artículo 1: 'España es una república democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo'. La República nació con la vocación de transformar
profundamente la realidad de una España aún feudal para garantizar la libertad, los derechos humanos y la justicia social; el tránsito de siervos a ciudadanos con derechos. Los demócratas de hace noventa años eran republicanos. La Constitución de
1931 aspiraba a modernizar y democratizar España y lo habríamos conseguido, si no hubiera sido por los militares y golpistas traidores que se alzaron contra la democracia. Sirvan de ejemplo; artículo 6: 'España renuncia a la guerra como
instrumento de política nacional'; artículo 7: 'El Estado español acatará las normas universales del Derecho internacional...'; artículo 25: 'No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase
social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas'. El compromiso con la democracia y la voluntad popular se acreditó con la elección del presidente de la República, el único jefe de Estado elegido democráticamente en la historia
de nuestro país, elegido por última vez con esta norma constitucional el 10 de mayo de 1936, hace ochenta y cuatro años.


El principio de soberanía popular define el texto republicano, que recogió los principios del parlamentarismo de la Europa de entreguerras, la preeminencia del Poder Legislativo -expresión de la

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voluntad general- frente al Poder Ejecutivo o Gobierno. El Parlamento se convierte en el centro de la vida política e instancia de control del Gobierno. La República extendió la democracia constitucionalizando el referéndum legislativo,
para que nuestros compatriotas pudieran decidir, constitucionalizó un Estado laico y creó un amplio catálogo de derechos, también en ámbitos privados como el matrimonio, la educación, la familia, el trabajo o la economía. Por primera vez se alcanzó
la igualdad de género, al reconocer el derecho de voto a las mujeres y el matrimonio civil con igualdad de derechos. Supuso el acceso de todo nuestro pueblo a la cultura y a la educación, que por primera vez se convirtieron en derechos,
garantizando la emancipación social. Se estableció el carácter obligatorio de la educación básica, pública, gratuita y laica, lo que significó un inmenso esfuerzo económico del Estado.


Saludamos la iniciativa del Grupo Socialista de conmemorar la aprobación de la Constitución republicana de 1931, la primera Constitución plenamente democrática y garantista de derechos que ha tenido nuestro país. Ojalá sigamos avanzando en
un horizonte republicano de garantía de los derechos esenciales, no solo civiles y políticos. Ojalá acabemos con cualquier discriminación familiar o personal para que todos seamos iguales ante la ley, para que todos los españoles puedan acceder a
las más altas instituciones del Estado. Y también ojalá alcancemos la garantía plena de derechos económicos y sociales, imprescindibles para que todas y todos nuestros compatriotas tengan una vida plena y digna.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Santiago.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sánchez García


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia.


Agradezco al portavoz -me parece que ha sido socialista- su ponderado tono en el examen de este texto del año 1931; es ponderado en su tono, pero el contenido que ha expuesto de ese texto es incompleto. La II República española empezó mal
y acabó peor. Empezó con un pacto, el Pacto de San Sebastián, cuyo único objetivo era derrocar a la Monarquía, y lo consiguió, en contra de la voluntad popular, porque las elecciones de abril de 1931 no dieron la victoria a las candidaturas
republicanas sino a las monárquicas. Y acabó peor, porque acabó en la Guerra Civil, cuya causa principal fue la República, sus Gobiernos. Por no hablar del fraude electoral de 1936, debidamente documentado en el ensayo de 2017 de Álvarez Tardío y
Villa García, reconocido como estudio definitivo por Stanley Payne. Pero el problema no era la Constitución, que contenía muchos errores pero también tenía algunos aciertos. García-Valdecasas, que había participado tanto en la Comisión asesora
nombrada por el Gobierno para la redacción como en la Comisión constituida en este Congreso -entonces Cortes unicamerales- para la aprobación del texto, dice expresamente en 1983 -iniciado ya el periodo democrático actual- que el problema no fue
tanto la Constitución como sus desarrollos ulteriores, que fueron en detrimento de la Constitución. En la Constitución hubo aciertos, sí, y hubo errores. Por cierto, esta opinión de García-Valdecasas no es solamente de él; acerca de esa
indeseable acción de Gobierno y legislativa de los Gobiernos republicanos se expresa también Rubio Llorente, connotado socialista y constitucionalista, que en 1980 dijo: Una idea de democracia dominante en las izquierdas de las Cortes
Constituyentes de la II República de la democracia jacobina radical, que no entiende la posibilidad de establecer límite a la acción del legislador y que puede llevar, en último término, a lo que Talmon ha llamado democracia totalitaria.


Aciertos de la Constitución: sin duda, el modelo regional, sobre todo si lo comparamos con el de la Constitución de 1978. Esto lo ha escrito, destacado y, en fin, presentado como una ventaja de difícil refutación, Parada Vázquez. Se ha
referido a tres particulares, ha dicho que la Constitución del 78 es un abaratamiento del trámite de iter procedimental para el acceso a la autonomía; ha mencionado también la imposibilidad del derecho de retorno que la Constitución republicana
reconocía, mientras que la del 78 no lo reconoce así; y también se ha referido a que es más favorable el modo de reparto de competencias entre Estado y regiones en la Constitución del 31 que en la del 78. Pero la Constitución cometió gravísimos
errores, sobre todo en materia religiosa. En materia religiosa, los artículos 26 y 27, disolución perifrástica de la orden de la Compañía de Jesús...


El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez, debe concluir.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Errores imperdonables que llevaron al fratricidio y a la contienda civil y que, por lo tanto, hacen que sea imposible de todo punto que podamos en este momento apoyar la celebración de la promulgación de ese texto.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez.


Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moro Almaraz.


La señora MORO ALMARAZ: Gracias, presidente.


En su obsesión por resucitar el pasado, con esa añoranza que les hace estatuas de sal, ustedes quieren traer una y otra vez su exaltación nostálgica de la República, mientras atacan a la Constitución vigente, a la Transición que la hizo
posible y deterioran nuestro marco de convivencia. Hoy, señorías, debe ser motivo de respeto, de protección y de conmemoración la Constitución vigente, la que nos ha permitido superar tiempos muy oscuros y alcanzar importantísimas cotas de progreso
y estabilidad. Su estrategia y objetivos con esta PNL son muy visibles; prefieren romper el acuerdo de la reconciliación que trabajar por preservarlo, consolidarlo y mejorarlo. El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, en plena
crisis por la pandemia, no tiene otra preocupación que interpretar lo que piensan los españoles que pierden su negocio, su empleo, su salud o incluso su vida, concluyendo que la mayoría son republicanos, y ello a pesar de que incluso el CIS de
Tezanos señala que la Monarquía preocupa al 0,3 % de los españoles. ¿Por qué, si no, conmemorar los noventa años de la Constitución del 31? Mucho se ha escrito y tendrá que escribirse aún sobre la Constitución del 31, hágase, sigan haciendo
seminarios, exposiciones. Fíjense en la diferencia entre quienes queremos seguir trabajando por la concordia y la integración y ustedes; para conmemorar el 40.º aniversario de la Constitución de todos, la vigente, se prepararon muy importantes
iniciativas en las que se presentó la evolución constitucional en España, sin olvidar ninguna de ellas. Alguna exposición muy relevante en esta misma casa, pero con el objetivo de ensalzar lo que había supuesto para los españoles la Constitución de
1978.


Señorías, no hay momento más inoportuno que este para proponer una conmemoración como la que señalan. Tenemos mucho que trabajar por el presente y el futuro de los españoles. Desestabilizar con la permanente crítica a nuestra Constitución
e instituciones no ayuda. Ustedes saben o deberían saber que son muchas las sombras de la Constitución del 31. Frente a quienes la loan apasionadamente se han alzado muchas voces críticas, comenzando por defensores e impulsores de la II República.
Alcalá Zamora habló y escribió ampliamente sobre los defectos de esta Constitución. Unamuno clamó contra la que denominó despectivamente como un código de compromiso henchido de ambigüedades y hueco de verdadero contenido. Para Ortega era una
Constitución lamentable, sin pies ni cabeza. Pero el principal defecto de esta Constitución y de sus promotores fue no saber integrar; una Constitución aprobada en exclusiva por hombres, sin haber avanzado en el voto previo de la mujer; una
Constitución contra muchos, en especial contra la Iglesia, a la que se señaló de forma injustificada e inmisericorde, con las consecuencias violentas que después se vivieron, y la forma en que abordó el laicismo, desde el ataque a la religión, fue
una forma de dejar fuera y en contra a mucha gente, y esto fue reconocido por el propio Azaña. Ese efecto disgregador de su artículo 26 no permite que la miremos como un modelo.


Señorías, esta no es la Constitución de 1812, la de mayor influencia en el contexto europeo, la que permitió un salto decisivo en nuestro país a la modernidad, pero lo más importante -y concluyo, señor presidente-, las prioridades de los
gobernantes y de los legisladores tienen que estar hoy en fortalecer nuestro marco de convivencia para afrontar la situación de emergencia nacional en la que nos encontramos. Busquemos puntos de encuentro y no de separación. Nuestro punto de
encuentro más robusto ha sido y debe seguir siendo nuestra Constitución, la vigente. Las conmemoraciones han de ser fechas gozosas, que unan, no que nos devuelvan a los reproches, a las decepciones y a la exclusión. Dejen que los estudiosos sigan
buscando las luces y las sombras de la Constitución del 31 y nosotros miremos hacia adelante con la Constitución del 78 para mejorar la situación de los españoles.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Moro.


A partir de ahora cuando digamos 'concluyo' tenemos una frase.


Como no tenía enmiendas, votaremos la PNL en sus términos. Antes se me ha olvidado preguntar a la señora Garrido si aceptaba la enmienda de VOX, por el tono del debate supongo que no, pero toca preguntar.


La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Va a ser que no.


El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, también votaremos en sus términos esa proposición no de ley.

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- SOBRE EL IV PLAN DE GOBIERNO ABIERTO DE ESPAÑA 2020-2024. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001696).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al 5.º punto del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el IV Plan de Gobierno Abierto de España 2020-2024. Para su defensa tiene la palabra el señor Elorza.


El señor ELORZA GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, el IV Plan de Gobierno Abierto recoge un listado de compromisos realmente ambiciosos y bien planificados con un calendario para reforzar la calidad de la democracia en España. Lo que
busca un Gobierno abierto, como sabrán, es activar la democracia desde una estrategia de innovación política y tecnológica. Para ello, el plan que se acaba de aprobar se fundamenta en cuatro principios democráticos: primero, profundizar en la
transparencia, el acceso a los datos abiertos y la rendición de cuentas de las administraciones. Segundo, impulsar y fortalecer la calidad de la participación de la sociedad en la gestión pública. Tercer principio, promover valores éticos y
mecanismos para afianzar la integridad de las instituciones. Y, cuarto, sensibilizar a la sociedad y a los empleados públicos sobre los valores democráticos que representa un Gobierno abierto.


El plan, evidentemente, se apoya en aplicaciones y mecanismos tecnológicos para desarrollar estos compromisos. Esta PNL que presentamos propone establecer, además, un vínculo formal para la deliberación y la colaboración entre los
responsables del IV Plan de Gobierno Abierto y el Congreso, de modo que permita el intercambio de ideas y favorecer las buenas prácticas en este Parlamento. De esa manera será posible hacer un seguimiento, un control, desde el Congreso, que evalúe
el grado de cumplimiento de los compromisos y actuaciones contempladas en el plan para el desarrollo de este modelo de Gobierno abierto. Su contenido, además, es consecuencia de un proceso de participación y de consulta ciudadana en Internet -que
acabó hace escasamente un mes-, promovido por el Ministerio de Política Territorial del Gobierno de coalición, y representa un excelente instrumento para luchar contra la desafección ciudadana, la corrupción, el populismo autoritario y el
descrédito, ciertamente, de las instituciones.


La Constitución española garantiza a la ciudadanía, en los artículos 9.2, 23.1 y 105, el derecho de participación en las decisiones públicas, y establece que todos los poderes públicos tienen el deber de promover y facilitar esa
participación en la vida económica, social y cultural. El marco del Foro cívico de Gobierno Abierto reúne a las administraciones públicas -a todas ellas- con expertos y con organizaciones de la sociedad civil en un espacio de diálogo, que ha
permitido durante años celebrar talleres deliberativos para debatir y priorizar las propuestas que la ciudadanía ha planteado en su momento, lo mismo que las organizaciones interesadas, en este marco que es ese foro cívico para acordar entre todos
las prioridades de gobernanza democrática en España de cara a los próximos cuatro años y su inclusión en este plan. Para llevarlas a cabo el plan recoge, en sus 250 páginas, 110 actuaciones concretas, así como el impulso de procesos de
comunicación, gobernanza y evaluación continua. De la cifra anterior, 53 propuestas han sido planteadas por las comunidades autónomas, de modo que las propuestas de las comunidades están integradas. Y son realmente llamativas, en mi opinión, por
su calidad, las de la Generalitat, las de Andalucía, las del Gobierno vasco -que bien conozco-, las de Castilla y León, etcétera. También hay iniciativas incorporadas en el plan de la FEMP por parte de los ayuntamientos.


Entre los objetivos del IV plan destacaría: la mejora de los sistemas de integridad pública; la regulación legal de los lobbies; modificar la Ley de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones; la protección por
ley de las personas denunciantes de casos de corrupción; un observatorio del Gobierno abierto, que he citado; creación de una plataforma de participación interactiva en el propio portal de transparencia; un sistema de información a la ciudadanía
de la trazabilidad del proceso de elaboración legislativa o huella normativa; la reforma de la Ley de transparencia -ciertamente-; un plan de mejora de la transparencia y ejercicio de rendición de cuentas, para permitir un seguimiento y evaluación
periódica del cumplimiento de los planes del Gobierno; la mejora del portal de transparencia en sí mismo, con incremento de lo que se llama la publicidad activa; configurar una herramienta tecnológica, de gran complejidad, para la labor
informativa y de control sobre los presupuestos; y, además, crear laboratorios de innovación para promover la participación en políticas públicas. En conclusión, este IV Plan de Gobierno Abierto de España 2020-2024 incide en reformas y nuevos
proyectos legislativos, también impulsa iniciativas de gobernanza entre las administraciones, promueve derechos constitucionales de participación e información veraz y sensibiliza a la ciudadanía de valores democráticos.


Agradecemos, por último, las enmiendas presentadas por dos grupos, lo que sucede es que esas enmiendas tienen un contenido que va mucho más allá, realmente exceden el contenido de esta sencilla

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pero interesante para todos proposición no de ley y, por tanto, no las vamos a aceptar, no las vamos a asumir porque, repito, exceden del campo de debate del tema que hoy queríamos traer aquí a colación.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Elorza.


Efectivamente, hay dos enmiendas presentadas a esta iniciativa. La primera, del Grupo Parlamentario Popular, y la va a defender el señor Tirado Ochoa.


El señor TIRADO OCHOA: Muchas gracias, señor presidente.


En el Grupo Parlamentario Popular vamos a trabajar para aumentar la calidad democrática, la transparencia y la participación ciudadana. Es bueno que los ciudadanos cada vez se vuelvan más exigentes demandando más información y datos que
permitan conocer la efectividad de las medidas adoptadas y, lo más importante, su porqué. En el Grupo Parlamentario Popular apoyaremos y apoyamos los objetivos y los trabajos de los planes de Gobierno abierto que se han aprobado anteriores a este
y, por supuesto, también los de este IV Plan 2020-2024. Ahora bien, no son momentos de mera retórica o de buenas intenciones, son momentos de hechos, de realidades verificables. La transparencia y la información no pueden ser un mero instrumento
estético. Y lo digo, señorías, porque estamos ante el Gobierno de la mentira y la desinformación. Lo dice el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (rumores), que critica la falta de transparencia y que reiteradamente son ignorados sus
requerimientos. Estamos ante el Gobierno menos transparente de la democracia y los hechos así lo reflejan. Empezaré por lo más indigno: ocultar la muerte de más de 20 000 españoles por COVID-19. Esto no es transparencia ni está recogido en
ningún objetivo o compromiso del IV Plan de Gobierno Abierto, como tampoco aparece en dicho plan que se engañe y se mienta con el falso e inexistente comité de expertos. Es un Gobierno con el portal de transparencia cerrado, un Gobierno que intentó
confinar el Congreso, un Gobierno que intentó torpedear la actividad de los periodistas, un Gobierno que ha sustituido la información por propaganda. Les recomiendo, señorías, la lectura sosegada del libro de María Eizaguirre: 100 días en estado
de alarma. No es de extrañar que la televisión pública se refiera a sus telediarios como los telediarios del Gobierno. Es falta de transparencia que, a día de hoy, no se conozcan los contratos millonarios relacionados con la COVID-19, ni sus
importes ni sus beneficiarios ni los intermediarios.


Un año, como vemos, lamentable para la transparencia pero también para la participación. No entiendo cómo el portavoz socialista habla aquí de participación, cuando se han traído leyes tan importantes como la educativa y se ha impedido que
los padres de los alumnos y los docentes puedan venir aquí al Congreso a dar su opinión, como también se está impidiendo en una reforma tan importante como la del Poder Judicial que los jueces o los fiscales, a través de sus representantes en las
distintas asociaciones, puedan opinar. No se puede decir una cosa y hacer lo contrario. Por lo tanto, mal para la información, mal para la transparencia y mal también para la participación. En definitiva, señorías, no hay ni transparencia ni
participación de la sociedad civil.


Nos gustaría haber apoyado esta iniciativa, pero ustedes mismos hacen que el Grupo Popular hoy no pueda apoyarla. ¿Por qué? Porque se quedan exclusivamente en lo retórico, en lo teórico; el papel lo aguanta todo, pero hay que estar a los
hechos y los hechos son los que yo he descrito. Nos gustaría que viniese a esta Comisión la vicepresidenta primera para hablar precisamente de información, de transparencia y de participación. Una vicepresidenta que ha estado boicoteando y
despreciando a esta Comisión durante nada más y nada menos que siete meses. ¿Cómo vamos a aprobar una PNL sobre transparencia si la propia vicepresidenta se niega a ser transparente en esta Comisión y a dar participación? Termino, señor
presidente, nosotros vamos a apoyar siempre el Plan de Gobierno Abierto, pero no esta PNL porque el Partido Socialista se queda en la mera retórica y nosotros queremos realidades verificables, queremos hechos, transparencia y participación.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tirado.


La otra enmienda es del Grupo VOX y la defenderá el señor Zambrano García-Raez.


El señor ZAMBRANO GARCÍA-RAEZ: Gracias, señor presidente.


Hay otra PNL relacionada con este asunto que se presentó en la Comisión de Política Territorial, en la que el portavoz del PSOE afirmaba que el Gobierno abierto es una nueva forma de actuar mediante la que

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las administraciones públicas a través de planes de acción ofrecen información sobre lo que hacen con transparencia y rinden cuentas, entre otras cosas. Solicitaba también aprobar el IV plan, informar sobre el plan anterior, hablaba de
democracia participativa, transparencia y rendición de cuentas; bonitas palabras, bonitos proyectos. A nuestro juicio, hay al menos tres elementos a tener en cuenta en toda sociedad verdaderamente democrática -distintos a esto- para garantizar un
verdadero control del poder político -porque se trata de eso, de que el poder político no se imponga y esté bajo el control del pueblo-: una prensa libre e independiente; un Poder Judicial independiente, accesible y ágil que ejerza el control de
la acción de la Administración; y un verdadero control parlamentario. Todos los planes de Gobierno abierto están muy bien, pero al fin y al cabo son normas hechas por los políticos para que los políticos controlen a los políticos. Díganme
sinceramente, ¿ustedes creen que en España los medios de comunicación no tienen líneas editoriales predefinidas políticamente? ¿De verdad creen que los grandes medios de comunicación son objetivos y sin influencias partidistas? La misma
Radiotelevisión Española, ¿creen ustedes que es un medio libre? ¿Creen que realmente tenemos un Poder Judicial independiente, ajeno a influencias políticas? ¿Creen que tenemos una jurisdicción contenciosa ágil y accesible? Les recuerdo que se
instaló la imposición de costas para quien fuese vencido pleiteando contra la Administración, con el desequilibrio que existe entre un ciudadano y el propio poder político. ¿Realmente creen que el rodillo socialcomunista permite un verdadero
control parlamentario? Les recuerdo el ejemplo de la Comisión que se estaba pidiendo para aquel asunto tan escabroso de los abusos sexuales a menores en los centros de acogida en Baleares. En definitiva, medios de comunicación, Poder Judicial,
control parlamentario, esos sí que son verdaderos controles externos al Poder Ejecutivo que pueden servir para controlar el poder.


A ello añádase que para tener un Gobierno transparente y que rinda cuentas es necesario además que el poder político acepte que los órganos públicos de control, información o sondeo de la opinión pública estén dirigidos por profesionales
procedentes de la Función pública o no, pero totalmente independientes y no nombrados por razones de amistad o de connivencia política. ¿Realmente creen que tales cargos de dirección son decididos primando razones de profesionalidad, objetividad o
independencia? Me refiero a cargos y organismos que van desde la Fiscalía General del Estado al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno pasando por la Agencia EFE o el CIS, por ejemplo.


Por ello, ante esta proposición no de ley de bonitas palabras e intenciones -no cabe duda- no podemos sino presentar nuestra propuesta de enmienda de adición, que consiste en sumar a la PNL que este Congreso inste al Gobierno a proporcionar
una información rápida, veraz y completa de las cuestiones de interés público -le acaban de dar ejemplos de algunas cuestiones en las que no se está cumpliendo-, así como a abstenerse de ejercer cualquier tipo de influencia sobre aquellas entidades
u organismos, agencias de noticias o medios de comunicación públicos o privados, que con su labor pudieran prestar un servicio de control y fiscalización de la acción de Gobierno o simplemente de información o sondeo político. Hay que añadir que
para que haya transparencia y rendición de cuentas hace falta sobre todo y por encima de todo honestidad y voluntad política.


Y para terminar les recuerdo dos de los múltiples casos en los que los españoles aún están esperando esa transparencia. Hoy recibimos la noticia de que la consultora Neurona desvió a México 129 000 euros de la campaña de Podemos con
facturas falsas de estos políticos. O le pongo el ejemplo de Andalucía, Comisión parlamentaria de investigación sobre la FAFFE, Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. Les recuerdo que eran tarjetas de crédito con las que gastaban en
prostíbulos, drogas, etcétera. Los líderes socialistas se niegan a declarar ante la Comisión. Yo creo que nuestra enmienda no perjudica para nada la propuesta, es más, la amplía y la completa. Creemos que debería aceptarse.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zambrano.


Pasamos al turno de fijación de posiciones y empezamos por el Grupo Parlamentario Mixto. El señor García Adanero tiene la palabra.


El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.


La verdad es lo que ya se ha dicho. Al final, llama la atención esta propuesta porque, evidentemente, el Gobierno puede remitir anualmente la memoria de oficio, sin que se le pida, y las comparecencias también se pueden realizar. Creo que
es la muestra de lo que está haciendo el Gobierno habitualmente: hace unos discursos interminables en los que no se dice nada y una propaganda continua, pero luego no cumple con la normativa que ya tenemos aprobada. Se ha puesto un ejemplo muy
claro de la falta de respeto a la Comisión Constitucional, como es la no presencia de la vicepresidenta del Gobierno. Estamos

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diciendo aquí que vengan unas personas que no sabemos ni quiénes son, pero no viene una persona que tiene la obligación de acudir a sede parlamentaria por Reglamento y por el puesto que ocupa, si algún grupo pide su comparecencia. Por
tanto, creo que es una tomadura de pelo todo lo demás que se dice. ¡Y qué decir de la famosa transparencia! Todavía estamos a vueltas con el célebre comité de expertos. Creo que las cosas que ha hecho el Gobierno a lo largo de estos meses ponen en
evidencia que esto está muy bien, pero que no dejan de ser más papeles y más normas mientras no se cumplen las que hay en este momento.


También se ha puesto el ejemplo -y creo que es un ejemplo muy importante- de la famosa Ley de educación. Independientemente del resultado y de los votos que puedan apoyar la Ley Celaá, existen unos trámites para que la sociedad civil, por
diferentes fórmulas, pueda dar su opinión sobre una ley de estas características que afecta al conjunto de la sociedad. Sin embargo, se han impedido. Flaco favor se hace a la participación de los ciudadanos y a la transparencia si aquello que ya
tenemos legislado y aquellas normas que ya se pueden cumplir las incumplimos y ahora decimos que haya otras, que se nos remitan una serie de papeles a los que podemos tener acceso sin ningún problema o que comparezcan unas personas que, con todo el
respeto, no sabemos ni quiénes son y que, desde luego, no ocupan el escalafón de una vicepresidencia del Gobierno de España. Como digo, creo que esto se ha presentado para ocupar espacio en la Comisión, pero sin ningún fundamento ni siendo
coherentes con la acción del Gobierno en estos momentos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Adanero.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.


Intervendré de manera muy breve. Ciertamente, y sin perjuicio de las críticas que se pueden y se deben hacer a todo Gobierno, una cosa es gobernar y enfrentarse a las realidades, a la pluralidad de una sociedad y a los distintos puntos de
vista y otra cosa distinta es hablar. Sin embargo, sin perjuicio de las críticas que -como decía- se pueden y se deben hacer a cualquier Gobierno en ejercicio con más o menos oportunidad o con más o menos densidad, consideramos que esta iniciativa
supone un paso en la buena dirección, en el sentido de incorporar el Poder Legislativo a un ámbito que hasta ahora era tratado por los distintos niveles del Poder Ejecutivo -Administración General del Estado, comunidades autónomas y municipios a
través de la FEMP-, a ese ámbito de encuentro que había entre los poderes ejecutivos y la sociedad civil en aspectos determinantes para ir abriendo camino en transparencia, participación y rendición de cuentas. En ese sentido, sobre todo en este
cuarto plan que apunta a bastantes reformas normativas, consideramos que es un paso en la buena dirección incorporar al Legislativo -que hasta este momento estaba ausente- a esta actividad de gobierno abierto entre sociedad civil y poderes
ejecutivos, remitiendo, como se indica en la parte dispositiva, los informes anualmente y compareciendo en la Comisión que corresponda los responsables de la presentación, elaboración y posterior gestión de este cuarto plan. Simplemente, quiero
manifestar que votaremos a favor de la iniciativa.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Legarda.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Gutiérrez Vivas tiene la palabra.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.


Señorías, esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista no es más que un engaño, porque, simplemente, no es convincente el compromiso que manifiesta con la transparencia en la gestión del Gobierno cuando ese compromiso
procede del principal partido del Gobierno.


Señorías, si ustedes quieren incrementar la transparencia del Gobierno, háganlo. Es fácil; háganlo. No presenten una PNL en el Congreso; háganlo. No pierdan el tiempo instándose a sí mismos a llevar a cabo proyectos para la mejora de
nuestro marco institucional; llévenlos a cabo. Lo tienen fácil. El problema es que a ustedes no les interesa ni la transparencia ni la rendición de cuentas ni cualquier labor que ahonde en incrementar los controles a los que por ley ha de
someterse el Ejecutivo. Esto lo demuestran perfectamente sus dos años al frente del Gobierno. No importa cuántas palabras grandilocuentes usen ustedes en sus proposiciones carentes de valor jurídico y no importa cuántos compromisos asuman
verbalmente en esta Comisión si al salir de esta sala ustedes van a dedicarse a eludir sus responsabilidades

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políticas, a pactar en secreto con nacionalistas, a hacer oposición a la oposición, a colocar a sus amiguetes al frente de todas las empresas públicas e instituciones del país o a pactar prórrogas del estado de alarma que no exijan casi
control parlamentario ante esta Cámara. En cambio, cuando otros grupos como el mío, Ciudadanos, les instan a ustedes a la aprobación de leyes de verdad para incrementar la transparencia, la regeneración de las instituciones o el refuerzo de la
independencia de los organismos reguladores, ¿qué hacen ustedes? Pues, vetan esas leyes y, por tanto, impiden su debate.


Según la exposición de motivos de su proposición no de ley, ustedes desean la regulación de un registro de lobbies, la reforma de la Ley de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones, la protección de las personas
denunciantes, el incremento de la transparencia y la mejora de la trazabilidad del proceso de elaboración normativa. Sin embargo, estas medidas ya estaban contempladas en una ley que este grupo parlamentario, Ciudadanos, presentó en esta Cámara
sobre protección de denunciantes de corrupción, y ustedes la votaron en contra. La votaron en contra, señorías. Por tanto, ¿qué nos están contando ahora? Han votado en contra de nuestra ley de refuerzo de la independencia judicial, de nuestra ley
de refuerzo de la autonomía del Ministerio Fiscal y de tantas otras de otros grupos que preveían medidas similares en materia de transparencia y control. ¿Y ahora vienen ustedes aquí con una proposición no de ley en esta Comisión a arrogarse la
medalla de la transparencia, del buen gobierno, del gobierno abierto y de la regeneración?


Señorías, claro que hay que incrementar las obligaciones a las que se ha de someter su partido en el Gobierno, pero no a través de esta proposición no de ley, que es un engaño y una forma burda de fingir que están ustedes comprometidos con
la regeneración y con las normas de buen gobierno, cuando en estos dos años han demostrado que nada de eso les interesa en absoluto; la realidad palpable son sus votaciones en la tramitación de las proposiciones de ley. Se han opuesto a cualquier
cosa que signifique regeneración y transparencia.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez.


Cierra el turno, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, la señora Velarde Gómez.


La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidente.


La información es poder y, por eso, la transparencia y el paradigma de gobierno abierto son muy buenos mecanismos para evitar precisamente el abuso de poder. Favorecen la ética democrática, la calidad de nuestras instituciones y el derecho
constitucional a la participación por parte de la sociedad civil. Se acabaron esos tiempos del ocultamiento, del secreto y de la manipulación de datos en contra de los intereses de la ciudadanía. Decir gobierno abierto es lo mismo que decir más y
mejor democracia. Todos estos valores positivos a favor del derecho de la información y del derecho a la información, que favorecen además las nuevas tecnologías, y una sociedad que utilizando un ordenador puede fiscalizar a las instituciones
democráticas, están recogidos en este IV Plan de Gobierno Abierto de España 20202024, cuya implementación ha ralentizado la pandemia. Este plan para democratizar las instituciones implica más transparencia y que la ciudadanía sea capaz de
participar directamente en la toma de decisiones. Quizás a muchos de ustedes no les guste esta medida o les ponga un poco nerviosos, porque la transparencia y la participación pueden hacer peligrar sus chiringuitos. Sin embargo, los ciudadanos no
solo tienen algo que aportar, sino que también tienen el derecho a participar y el derecho a la información por parte de este Gobierno. Contrariamente -y hay que decirlo- a la transparencia con la que operan las derechas, la hoja de ruta para
profundizar en la democratización de las instituciones pasa necesariamente por abrir mecanismos de participación y transparencia incluidos en este plan de Gobierno.


Me han sorprendido las intervenciones -y no quería hacer referencia, pero no me dejan otro camino- de VOX y del PP hablando de transparencia y dando lecciones de transparencia. Señorías, da mucho pudor, y tengo que decirlo. Que lo diga el
PP, cuando sus corruptelas han llevado a la cárcel a gran parte de los miembros de su partido, y que VOX hable precisamente aquí de Andalucía... Su candidato a la Junta de Andalucía, el señor Serrano, está investigado por haber cobrado 2,5 millones
de euros de dinero público y, supuestamente, haberlos traspasado a sus empresas, y aun así lo mantienen colaborando con VOX Murcia. Por favor, señorías, un poco de pudor.


Termino. Vamos a votar a favor de esta iniciativa, evidentemente, como no puede ser de otra manera, porque hay que avanzar hacia una mayor transparencia y hacia mecanismos de participación de la sociedad civil, y en concreto de los puntos
que plantea esta PNL de que el Parlamento sea partícipe de la

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implementación del IV Plan de gobierno abierto, y los diputados, en tanto que somos representantes de la soberanía popular, podamos hacer el seguimiento de su puesta en marcha.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Velarde.


Esta PNL la votaremos en sus términos, porque en el propio debate ya se ha dicho que no se aceptan las enmiendas.


- SOBRE LA DEFENSA DEL DERECHO DE LOS ESPAÑOLES A SER EDUCADOS EN CASTELLANO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y EN LAS LENGUAS OFICIALES DE LAS RESPECTIVAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/001745).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 6 del orden del día, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre la defensa del derecho de los españoles a ser educados en castellano en todo el territorio nacional y en las
lenguas oficiales de las respectivas comunidades autónomas.


Para su defensa, así como para la defensa de la autoenmienda presentada por su grupo, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro Fernández.


El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, presidente.


Señorías, una manifestación de la gran riqueza cultural de nuestra nación son las diferentes lenguas españolas. Desde el castellano, que es la lengua oficial en todo el territorio y que hablan casi seiscientos millones de personas en el
mundo, hasta el gallego, el euskera, el catalán y el resto de las lenguas cooficiales, que también son españolas y que tienen su marco jurídico en el artículo 3 de nuestra Constitución y en los diferentes estatutos de autonomía, pero también en la
doctrina del Tribunal Constitucional y en la jurisprudencia de los tribunales.


¿Qué nos ha dicho el Tribunal Constitucional en esta materia? Pues nos ha dicho, entre otras cosas, que el castellano es la lengua oficial en todo el territorio nacional y que todos los españoles tenemos el deber de conocerla y el derecho a
usarla y que las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas si así lo establecen sus estatutos de autonomía, como han hecho. Es decir, el criterio delimitador de las distintas lenguas es el criterio
territorial, pero también el de conjunción lingüística o convivencia entre ambas lenguas. Por eso, el hecho de que una lengua cooficial pueda ser utilizada como lengua vehicular en la enseñanza no puede significar nunca que el castellano deje de
serlo.


Nos ha dicho también el Tribunal Constitucional que la cooficialidad de lenguas ha de sujetarse siempre a un patrón de equilibrio para que ninguna de ellas tenga un trato privilegiado sobre la otra, evitando así cualquier tipo de
discriminación, pues de lo que se trata, señorías, es de preservar esa riqueza, de preservar el bilingüismo. Y eso es, precisamente, lo que refleja como hecho probado la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del pasado 16
de diciembre, que trae causa de un recurso interpuesto por el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, al establecer que a día de hoy el castellano está siendo discriminado en Cataluña, al punto de calificar como residual su uso en la
enseñanza, por lo que establece, con carácter obligatorio para todos los centros escolares y para todos los alumnos, un porcentaje mínimo del 25 % de educación en lengua castellana, algo que solo cumplían en el ciclo de Primaria el 2 % de los
centros educativos de Cataluña. Por cierto, ese porcentaje del 25 % ya fue avalado en 2013 por el propio Tribunal Supremo.


Pues bien, ante esta sentencia, que desmonta todo el sistema de inmersión lingüística en Cataluña, la reacción del independentismo no se ha hecho esperar, y el consejero de la Generalitat, el señor Bargalló, de forma desafiante, se ha
despachado diciendo que esta sentencia no tendrá ningún efecto ni consecuencia jurídica y que la política educativa no la hacen los jueces, sino los Gobiernos, olvidando dos cosas, que esta sentencia -basta con leerla- se basa precisamente en la
doctrina del Tribunal Constitucional, que es de obligado cumplimiento y que no puede ser ni desobedecida ni modificada por ninguna ley educativa. Naturalmente, los jueces no hacen política educativa; lo que están diciendo los jueces a los
responsables de la política educativa de la Generalitat es que no pueden hacerla contra la ley ni contra la Constitución ni contra las sentencias de los tribunales. Y ¿saben por qué, señorías? Porque España, al menos por ahora, no es ninguna
república bananera, sino un Estado de derecho, por esa

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simple razón. Ya sé que eso a algunos les da igual, porque lo que buscan es utilizar las lenguas como un elemento más de confrontación y persiguen que el castellano sea tratado en Cataluña como si fuera una lengua extranjera en la
enseñanza, pero a quienes no debería darles igual es a ustedes, señorías del Grupo Socialista. Miren, muchos de sus compañeros socialistas están criticando con dureza la Ley Celaá, incluso están recogiendo firmas en su contra. En respuesta a todas
esas críticas y manifestaciones, la ministra de Educación ha asegurado que, aunque no esté en el texto de la nueva ley, el castellano seguirá siendo vehicular en la enseñanza en Cataluña, y el propio presidente del Gobierno, hace escasas fechas, ha
dicho que cumplirá estrictamente desde el primero hasta el último de los artículos de la Constitución. Pues bien, hoy el Grupo Socialista se va a colocar ante el espejo en esta materia. Hoy tienen que decidir de qué lado están. El texto es muy
claro, no busquen excusas; ahora solo cabe saber si lo que han dicho la ministra y el presidente Sánchez es verdad o una nueva mentira; si consideran que el Gobierno debe de cumplir de forma efectiva la doctrina del Tribunal Constitucional o las
sentencias de los tribunales o va a declararse insumiso ante las mismas, como pretende hacer el Gobierno de la Generalitat; si apuestan, como nosotros, por el bilingüismo integrador o por la exclusión del castellano como lengua vehicular en
Cataluña. Miren, no sé de qué lado se van a posicionar, pero les aseguro que nosotros no vamos a permitir que nadie nos imponga sus ideas ni que se quieran construir nuevos muros entre españoles, haciendo incompatibles el uso de las lenguas que
conviven en la sociedad con toda normalidad. De eso se trata en esta iniciativa, de cumplir la ley y de garantizar la libertad, la integración y la convivencia.


Nada más, señorías. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bermúdez de Castro.


Hay otra enmienda del grupo parlamentario VOX y para su defensa tiene la palabra la señora Trías Gil.


La señora TRÍAS GIL: Buenas tardes.


Lo que se solicita en esta PNL, defender el derecho de todos los españoles a ser educados en castellano, es necesario, pero del todo insuficiente. De tan general, se entiende que es para hacer ruido y que luego todo siga igual, al más puro
estilo del grupo proponente, el Grupo Popular.


El mandato del artículo 3.1 de la Constitución, sobre el deber de conocer y el derecho a usar el castellano, se explica sobre la base del artículo 2 y la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los
españoles, en los que se fundamenta la propia Constitución. Proponemos en nuestra enmienda que, para que se cumpla dicho artículo, se considere el castellano lengua vehicular de toda enseñanza impartida en España y que las administraciones
educativas aseguren un mínimo de horas lectivas impartidas en la lengua cooficial escogida, distinta del castellano, cuyo número no será nunca superior al 40 % del total.


Señorías, la inmersión lingüística no funciona. Recientemente, profesores de lengua española en Cataluña han declarado que los alumnos catalanes no dominan el castellano; afirman que no puede dominar igual el castellano un alumno cuyo
único contacto con esta lengua son dos o tres horas a la semana, que otro que es escolarizado casi íntegramente en esa lengua. Puro sentido común, señorías.


Por otro lado, no hace falta bucear mucho en la hemeroteca para ver que cada día saltan a la prensa noticias acerca de la discriminación del español en España en todas las comunidades autónomas donde hay cooficialidad; en unas, de forma
burda, ruin y sin disimulo, como la carta del Olentzero vasco, riñendo a los niños por no escribirle en vasco, y en otras de forma más sutil, pero igual de nociva, como en Galicia, gobernada por el Partido Popular, donde la estrategia es eludir el
problema. Así Feijoó, en recientes declaraciones, considera que la situación del español en Galicia no es un problema, que el problema es el inglés. O la reciente proposición de ley de Compromís, independentistas en la Comunidad Valenciana, que,
obviando los autos del Tribunal Superior de Justicia valenciano y del Tribunal Supremo, pide sustituir el español por el valenciano. O lo que pasa en Baleares, que se llega al extremo de que hay asociaciones que piden a familias, docentes y
monitores que hablen siempre en catalán a niños y jóvenes para blindar el catalán más allá de las aulas. Por no hablar de Cataluña, donde, según un estudio de la AEB, el 99,5 % de los centros catalanes solo tienen el catalán como lengua vehicular,
en definitiva, que la Ley Celaá les parece poco.


El castellano, el español, que es el término con el que se refieren a la lengua que nos hermana con millones de hispanohablantes, ahora es arrinconado, discriminado y denigrado en su país de origen, España. No nos cansaremos de denunciarlo.
Y, lamentablemente, las sentencias de los tribunales superiores de justicia no solucionan el problema. Se pregunta José Domingo, dirigente de AEB: ¿Sabes lo que les supone a ochenta padres enfrentarse con la dirección de un centro, con la
Administración

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educativa, con la inspección? Es una heroicidad. Vas contra una máquina que te está intentando aplastar. Las resoluciones de los recursos se eternizan y tienen costes y, después, en la aplicación de las cautelares, son tramposos hasta el
ridículo. Por supuesto, deben cumplirse estas sentencias y ya mismo. Lo grave es que prácticamente la única alternativa que tienen los catalanes, los vascos, los gallegos para que sus hijos estudien en español es a través de las denuncias.


Señorías, lo que sucede en España con las políticas lingüísticas contra nuestra lengua común es absolutamente anormal, y que los sucesivos Gobiernos del PSOE y PP hayan condescendido es lo que nos ha traído a esta situación donde el
separatismo y el independentismo han hecho de la lengua el arma poderosa para izar su bandera. Mientras que las lenguas son algo vivo, que late con el propio desarrollo de la historia, lo que constatamos hoy es que se han convertido en productos,
en mercancías al servicio del separatismo y del independentismo, que además destruyen la convivencia pacífica en las regiones donde se imponen de forma artificial.


Señorías, les invito a leer estas Navidades uno de los clásicos de nuestra lengua, ustedes que aún tienen la fortuna de poder leer y hablar en español, privilegio del que muchos escolares catalanes, gallegos y valencianos ya no podrán gozar
porque ustedes, señorías del PSOE, de Esquerra, de Bildu, del PP, cada uno a su manera, les están arrebatando esta posibilidad.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Trías.


Pasamos al turno de fijación de posiciones y empezamos por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente. Intervendré brevemente.


Estamos ahora en el debate respecto a la lengua vehicular y el conocimiento, en la Lomloe, del castellano y del resto de lenguas oficiales en cada uno de sus respectivos territorios. Cuando vi esta iniciativa me fui a la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional. Creo que está resumida en la sentencia del Estatut de Catalunya, en la 31/2010, en los fundamentos jurídicos 14 y 24: el 14, la normalización lingüística, y el 24, proyectar la educación. Ahí lo que dice muy resumidamente
es que inicialmente, como decía el portavoz del Grupo Popular, tiene que haber un equilibrio entre las distintas lenguas, pero plantea un matiz que el portavoz del Grupo Popular no ha citado, y lo leo literalmente: equilibrio inexcusable entre las
lenguas oficiales de un territorio que, en ningún caso, pueden tener un trato privilegiado. Y añade: sin perjuicio de la prevalencia que el legislador pueda adoptar en cada caso con medidas de política lingüística tendentes a corregir -de existir-
situaciones históricas de desequilibrio de una de las lenguas oficiales respecto de la otra, subsanando así la posición secundaria o postergada que alguna de ellas pudiera tener. Eso es lo que se llama la discriminación positiva y estos son los
procesos de normalización.


Estos mismos procesos, cuando analiza el 27 de la Constitución, en el fundamento 24 los proyecta y dice: En educación hay que cohonestar las políticas de normalización lingüística con las políticas educativas. Y señala: Las políticas
educativas son una actividad reglada. Los ciudadanos no tenemos derecho a elegir -digamos- las distintas asignaturas y contenidos de los currículos, es una actividad reglada de los poderes públicos, y se predica tanto de las Matemáticas como de las
Naturales como de la Lengua. Ni los ciudadanos ni los padres tenemos derecho a elegir la lengua constitucionalmente. Otra cuestión distinta es que alguna comunidad lo haya habilitado, como la vasca, pero no hay ese derecho subjetivo, no existe en
la Constitución, y el 13 lo dice en este fundamento 24. Y, segundo, en ese cohonestar -y ya voy a la conclusión-, dice: ambas lenguas serán objeto de enseñanza. Es legítimo que el catalán, en atención al objetivo de normalización en Cataluña, sea
el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo, aunque siempre con el límite de que ello no determine la exclusión total del castellano.


Vamos a la Ley Celaá, la Lomloe, que es de lo que estamos hablando, porque llevamos ya tiempo hablando de esto, incluso el fin de semana, en los medios y en la calle. ¿La Lomloe qué viene a decir? Viene a decir exactamente lo que dice el
TC, dice: Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y demás lenguas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución, los estatutos y
normativa aplicable. Lo dijo la ministra...


El señor PRESIDENTE: Señor Legarda, esa última frase.

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El señor LEGARDA URIARTE: Un segundo, si me deja.


Al finalizar la educación obligatoria, dominio pleno y equivalente. Y dice -lo que creo que es más importante-: Las administraciones educativas adoptarán las medidas compensatorias necesarias para lograr estos fines. La verdad, no sé
dónde está la polémica.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Pasamos al Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Gutiérrez Vivas tiene la palabra.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.


En apenas un año, señorías, la actual coalición de Gobierno ha situado a nuestra democracia y a nuestro Estado de derecho en límites de fragilidad insospechados. Además de la colonización partidista de las instituciones tras la llegada de
Unidas Podemos a las instituciones de Gobierno, la dirección política de Pedro Sánchez ha estado constantemente a merced de los intereses separatistas, sea Bildu, Esquerra Republicana o Junts per Catalunya. Sánchez es capaz de cualquier cosa a fin
de asegurarse el apoyo de estos partidos, ejemplo de ello es la concesión de indultos encubiertos mediante la reforma de la carta del Código Penal en la que está ahora inmerso.


Otra de las cesiones más graves del Partido Socialista al separatismo ha sido la relativa al reconocimiento del castellano como lengua oficial. La supresión de la referencia al castellano como lengua vehicular en el ámbito de la enseñanza
en todo el Estado es quizá el ejemplo más representativo de la deriva de Sánchez. Se trata de una norma prevista tanto en la Constitución como en la disposición adicional trigésimo octava de la vigente Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, y es una norma de necesidad y unidad absolutas, y, sin embargo, Sánchez ha cedido a las demandas de Esquerra y Bildu. Nosotros no podemos entender cómo el Partido Socialista ha accedido a esto, señorías. Nosotros somos un partido de
Estado y, a pesar de nuestras profundas discrepancias con el Gobierno, hemos tratado de llegar a consensos durante el trámite de aprobación presupuestaria; hemos presentado más de 320 enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado para
este año orientadas a mejorar la vida de las familias, los autónomos, las pymes, de nuestro país, a fortalecer nuestra sanidad en el contexto de la pandemia y a asegurar una gestión responsable de los fondos europeos. Pero, por supuesto, nuestra
colaboración y nuestro apoyo estaban sujetos a cuatro condiciones básicas irrenunciables que todos ustedes conocen: la aprobación de un permiso laboral parental, un fondo de ayudas directas para pymes y autónomos, el refuerzo de la atención
primaria y el compromiso de que el castellano fuera lengua vehicular y que no se convocaran referéndums ilegales. Son compromisos cuya aprobación creo que ustedes comprenden perfectamente que no plantea especial dificultad a un partido democrático
y de Estado como el Partido Socialista, pero sorprendentemente para nosotros, este Gobierno no quiso cumplir estos sencillísimos requisitos y, pese a tratarse de una cosa obvia, prevista con perfecta claridad en la Constitución, el Partido
Socialista ha optado voluntariamente, señorías del Partido Socialista, voluntariamente, sin que nadie le haya obligado, por pactar con Esquerra y Bildu y pagar así un altísimo precio por sus apoyos, entre otros, la supresión del castellano como
lengua vehicular, una decisión terrible para el futuro de España.


Señorías, respetar el tratamiento del castellano como lengua española oficial y común en todo el Estado es un compromiso irrenunciable que ha de asumir todo Gobierno de España, única forma de garantizar el derecho de los ciudadanos a
expresarse en cualquiera de las lenguas españolas que sean cooficiales en sus respectivos territorios, todo ello sin perjuicio del carácter vehicular de otras lenguas cooficiales en igualdad de condiciones en el ámbito de la enseñanza. Esta
decisión de Pedro Sánchez de seguir a Pablo Iglesias en sus nefastas alianzas con los partidos populistas y separatistas de España es una noticia trágica para el país. No tengan ninguna duda de que esta cesión al nacionalismo nos costará carísima
en el futuro.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez.


Pasamos al Grupo Parlamentario Republicano. Tiene la palabra la señora Vallugera Balañà.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Gracias.


Yo sé perfectamente que mi opinión y nuestro posicionamiento político no les importa en absoluto, dudo incluso de que escuchen algo de lo que voy a decir, porque en realidad lo que quieren es poner en un brete al PSOE y a Unidas Podemos, y,
por tanto, lo que nosotros -que curiosamente venimos de allá- podamos decir les importa muy poco.

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Miren, teóricamente -teóricamente- esto deberían hacerlo porque les preocupa que los niños en Cataluña no sepan el castellano. Bueno, pues les voy a contar que esto no pasa. Lo que ustedes están diciendo son mentiras, mentiras, mentiras;
bulos; una sarta de estupideces una detrás de otra, y falsedades y más falsedades. El señor Legarda ha tenido la sangre fría de explicar muy bien documentadamente y a través de las sentencias qué es lo que implica.


La verdad es que cuando hablamos de lengua me salen mis impulsos más elementales, porque ¿saben qué pasa? Yo creo que domino suficientemente el castellano para que nos entendamos, muy a mi pesar, también se lo diré. Yo creo que ustedes no
quieren que los niños que están en Cataluña sepan el catalán, y esto es simplemente un alarde de ignorancia que da mucha lástima de oír en un Congreso. ¿Saben qué pasa también? Que los únicos que no podemos vivir en catalán en Cataluña somos los
que hablamos en catalán, es decir... Es que me sale la rabia interna de cuando a tí no te han atendido en catalán, cuando tú no has podido ir al cine, cuando no has podido llevar a tus hijos a ver películas porque no hay doblaje, cuando no es
verdad que la inmersión se esté dando en todas las escuelas de Cataluña, cuando no van a encontrar un solo escolar que no sepa leer, que no sepa hablar y que no sepa entender el español, pero van a encontrar muchos que no saben decir ni bon dia, y
esto es lo que está pasando. Lo único que puede hacerme entender su posición son dos cosas y les recuerdo que todos los informes científicos sitúan el catalán como lengua minoritaria en peligro de desaparición. No entiendo cómo pueden ser tan poco
humanos y tan poco empáticos para no entender lo que significa que tu propia lengua en tu país no pueda ser usada con normalidad y no se pueda vivir con ella. No lo entiendo. Soy incapaz de entender cómo no pueden ponerse en nuestro lugar porque
es una lengua que va a desaparecer.


Termino. Hagan el favor de ir por allí. No sé si ustedes realmente tienen la convicción de que nosotros no somos humanos con los mismos derechos que todos porque somos indígenas y ustedes el país colonizador que nos va a traer la verdadera
fe y la verdadera lengua o si ustedes son tan estúpidos que se han creído su propio discurso, y eso es lamentable.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muy bien, señora Vallugera.


Pasamos al Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común y tiene la palabra el señor Asens Llodrà.


El señor ASENS LLODRÀ: Gracias, presidente.


Señorías del Partido Popular, lo suyo con la lengua, como decía la canción, no es amor, es una obsesión, y créanme cuando les digo que la inmensa mayoría de catalanes y catalanas que defienden esta ley aman la lengua castellana, aman a sus
autores insignes, como Cervantes, y aman seguramente más que ustedes a referentes literarios internacionales como Lorca, ejecutado por el régimen franquista, un régimen que muchos de ustedes todavía no han condenado porque son hijos políticos de él.
(Un señor diputado: ¡Qué pesadez!). Les digo eso porque si Franco y su dictadura de cuarenta años no consiguió eliminar la... (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Asens.


Vamos a mantener el silencio que hemos mantenido hasta ahora, que íbamos muy bien. Ya queda poco.


El señor ASENS LLODRÀ: Sí, el Partido Popular fue fundado por siete ministros franquistas aunque ustedes lo nieguen y si Franco en sus cuarenta años de dictadura no logró eliminar la España plurilingüe, tampoco lo van a hacer ustedes,
aunque agiten el odio y la confrontación, aunque agiten su catalanofobia y utilicen fake news y mentiras, como la que traen hoy aquí con esta iniciativa, donde leo textualmente que el objetivo de los partidos nacionalistas es eliminar el derecho al
uso del castellano en sus sistemas educativos. ¡Qué mentira! No sé qué periódico leen ustedes, pero si creen que el Partido Socialista o nosotros somos un partido nacionalista deben cambiar de periódico. La inmersión lingüística en Cataluña no es
producto del nacionalismo, es un consenso de la sociedad, es un consenso de la comunidad educativa, es una victoria de la gente humilde, trabajadora que en los años sesenta, de Murcia, de Galicia, de Andalucía, vino a Cataluña para levantarla y
quería que sus hijos e hijas tuvieran las mismas oportunidades que los hijos y las hijas de la burguesía catalana, que tuvieran los mismos derechos, porque esto de la inmersión lingüística va de eso, de cohesión social más que de competencias
lingüísticas. Pero si hablamos de competencias lingüísticas, es falso, como dicen ustedes, que esté en

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riesgo el castellano. Si realmente estuviera en riesgo en las aulas, ¿cómo se explican que en la selectividad los alumnos catalanes saquen mejores notas en lengua castellana que los alumnos de otras comunidades monolingües? ¿Cómo se
explican que en Extremadura o Andalucía los alumnos saquen peor nota? ¿Cuál es su explicación a ese hecho?


Señorías, mientras nosotros intentamos recoser las heridas que ustedes nos han legado e intentamos defender el diálogo y los consensos de la sociedad catalana, ustedes, que agitan banderas, que hablan de la unidad de España continuamente, en
verdad son los auténticos secesionistas que separan y dividen con mentiras, como las que hoy traen o como las que dijeron en su día con la presentación de la ley cuando dijeron que se quería eliminar la educación especial, cuando es justo al revés:
se invierten más recursos. Cuando hoy leemos en la prensa que Ayuso ha despedido a 388 docentes de la educación especial, sus mentiras ya no cuelan.


El señor PRESIDENTE: Señor Asens, debe concluir.


El señor ASENS LLODRÀ: Y por eso van a perder aunque intenten ganar en los tribunales lo que pierden en las urnas y en los parlamentos.


Muchas gracias. (La señora Uriarte Bengoechea pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Asens.


Cierra este...


La señora URIARTE BENGOECHEA: Presidente, por alusiones.


El señor PRESIDENTE: ¿Qué alusiones?


La señora URIARTE BENGOECHEA: Por una falsedad sobre mi grupo que acaba de emitir el señor Asens.


El señor PRESIDENTE: ¿Cuál es?


La señora URIARTE BENGOECHEA: Pedimos, en virtud del artículo 71...


El señor PRESIDENTE: ¿Cuál es la falsedad?


La señora URIARTE BENGOECHEA: La falsedad es que el señor Asens acaba de decir que el PP nunca condenó el franquismo. Mentira. Señor Asens, el PP condenó el franquismo en concreto en esta Cámara el 20 de noviembre de 2002 y, además,
precisamente en la Comisión Constitucional. Quien no ha condenado el franquismo es usted, son ustedes, el Grupo Unidas Podemos.


El señor PRESIDENTE: Queda constancia de eso. Muy bien. Muchas gracias.


El señor ASENS LLODRÀ: Señor presidente, yo no he dicho que el Partido Popular no lo haya condenado, he dicho que algunos de ustedes. Sé lo que he dicho: algunos de ustedes. (El señor Bermúdez de Castro Fernández: Año 2002).


El señor PRESIDENTE: Se acabó. Señor Asens, no tiene la palabra. Ha quedado constancia de esa condena oficial en este Congreso.


Decía que cerraba el turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Peña Camarero.


La señora PEÑA CAMARERO: Muy buenos días.


La verdad es que podríamos terminar el debate aquí en medio segundo. El Partido Popular presenta una proposición sobre el respeto a las lenguas de España para pedir algo que el Gobierno ya está haciendo. No hay debate, no hay problema, no
hay propuesta. El Partido Popular no incorpora, respecto a la educación en castellano y al resto de lenguas oficiales, nada nuevo que no tenga en marcha ya el Gobierno liderado por Pedro Sánchez. Quizás sería más interesante conocer cómo la
derecha de este país va a pedir perdón a los miles de familias a las que están intentando asustar respecto a la educación de sus hijos e hijas. Cuando pasen los meses y ese apocalipsis que ustedes plantean sobre la educación especial, la concertada
y las lenguas no suceda, ¿cómo van a pedir disculpas? ¿Cómo van a reconocer

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que en su histeria por no tener el poder son capaces de utilizar políticamente a niños y niñas, preocupar a padres de menores con diversidad funcional o hacer creer a una vecina de un pueblo rural de Castilla que la van a obligar a estudiar
en catalán? ¿Cómo? ¿Cómo lo van a hacer?


¿Qué es lo que dice en realidad la Ley educativa recién aprobada por mayoría absoluta? Dice que las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas
cooficiales en sus respectivos territorios de conformidad con la Constitución española, con los estatutos de autonomía y con la normativa aplicable. Esto es lo que dice la ley, nada más; pero, bueno, sí, dice algo más, que al finalizar la
educación obligatoria todos alumnos tendrán dominio pleno en ambas lenguas donde exista lengua cooficial; y dice más: Las administraciones educativas tomarán las medidas compensatorias necesarias para lograr ese objetivo. En definitiva, con la
Constitución española en la mano: artículo 3.1, se cumple; artículo 3.2, se reconoce, y artículo 3.3, nos llena de orgullo. ¡Vamos!, que esta Ley de educación es un pleno al quince respecto al cumplimiento de la Constitución española.


¿Qué sucede entonces? Pues que, como siempre, ustedes parten de una mentira, y es que el idioma tiene ideología, pero no, hablar una lengua no te define ni de izquierdas ni de derechas; y tengo que decirlo -como buena castellana me gusta
tirar de refranero-: para hilar una mentira hace falta madeja porque la mentira no vive larga vida. ¿Qué hacemos ahora con el Partido Popular de la señora Ayuso que acaba de despedir hoy a cuatrocientos profesores de refuerzo de educación
especial? Lo importante no es lo que mienten, que lo hacen y mucho, sino el daño que hacen a las personas. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Peña. ¿Pueden silenciar esa conversación de arriba para oír a la persona que está interviniendo?


La señora PEÑA CAMARERO: El problema es ese, que no son conscientes del daño que hacen a las personas que de primeras se creen sus palabras.


Así que, para finalizar, si lo que quieren es poner en valor el castellano, no hace falta oponerse al resto ni denigrar otras lenguas. Si de verdad quieren poner en valor, les voy a hacer una propuesta muy concreta. ¿Saben dónde están los
primeros vestigios, el registro más antiguo del español? Mucho hablar y poco estudiar, ¿verdad, señorías del Partido Popular? Seguro que no lo saben. En el norte de mi provincia, en Burgos, en Valpuesta, ahí están los cartularios a los que el
Partido Popular no ha hecho caso nunca ni ha invertido un duro en ponerlos en valor. Así que les animo a utilizar sus energías para rescatar ese origen del castellano y dejar a las familias de este país vivir tranquilas y seguras de que sus hijos e
hijas tendrán la mejor educación posible con esta nueva ley educativa.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Peña.


Señor Bermúdez de Castro, supongo que la autoenmienda la acepta, pero ¿la de VOX?


El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: No, queremos que se vote en los términos de la enmienda del Grupo Popular porque la enmienda de VOX va más allá de lo que dicen las sentencias de los tribunales.


El señor PRESIDENTE: Así se hará, se votará en los términos resultantes de la autoenmienda del Grupo Parlamentario Popular.


- RELATIVA A LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN Y DEL CONSENSO CONSTITUCIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001765).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la defensa de la Constitución y del consenso constitucional. Para su defensa, tiene la palabra la
señora Uriarte Bengoechea.


La señora URIARTE BENGOECHEA: Gracias, señor presidente.


Señorías, en el día de hoy en esta Comisión Constitucional se produce un llamativo contraste. Ustedes, señorías del Partido Socialista, han presentado una proposición no de ley para celebrar la Constitución de 1931, mientras que nosotros
estamos presentando una proposición no de ley para

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defender nuestra Constitución, la Constitución de 1978, la Constitución que sustenta esta democracia. Me parece que son dos visiones diferentes de lo que necesita nuestra democracia. ¿Realmente nuestra democracia necesita volver al pasado,
o más bien necesita fortalecer el presente y mirar hacia el futuro?


Tampoco es nuestra intención, señorías del Partido Socialista, entrar hoy en polémicas con ustedes cuando precisamente estamos presentando una proposición no de ley para el consenso, para la defensa del consenso en torno a la Constitución de
1978, un consenso que a nosotros nos parece hoy más importante que nunca, un fortalecimiento que vemos más necesario que nunca porque, como ustedes bien saben -lo sabemos todos-, los ataques a la Constitución desde diferentes sectores políticos de
nuestro país son crecientes. Esos ataques se producen cuando las razones para la defensa de nuestra Constitución de 1978 son enormes. ¿Básicamente cuál? La primera y gran razón, que esta Constitución ha fundamentado una historia de éxito de
nuestra democracia, una historia que ya tiene cuarenta y dos años, que acabamos de celebrar el pasado 6 de diciembre, la historia de éxito de una de las democracias más avanzadas del mundo, como todos sabemos, así reconocida por todos los organismos
internacionales. Sin embargo, hay algunos grupos que cuestionan constantemente esta Constitución. ¿Básicamente cuáles? Los grupos nacionalistas, a pesar de que esta Constitución también consagra uno de los sistemas democráticos más
descentralizados del mundo. Sin embargo, los grupos nacionalistas la cuestionan, pero no porque les parezca mejor o peor esta Constitución. El problema de los grupos nacionalistas es que no aceptan ninguna constitución de España, porque ustedes,
los grupos nacionalistas, no reconocen la soberanía del pueblo español, como no reconocen la unidad de España. A partir de ahí, ustedes cuestionan todo y cuestionan la ley fundamental. ¿Consecuencia de eso? La consecuencia de eso es que los
grupos nacionalistas se saltan la ley y la Constitución una y otra vez.


Ejemplos. Solamente en las últimas semanas. La semana pasada, tuvimos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a la que se ha referido mi compañero señor Bermúdez de Castro. Usted decía hace poco, señor Legarda: La
verdad, no sé dónde está la polémica. O decía también en este caso la diputada señora Peña, que ha hablado en el punto anterior: Ustedes hablan de apocalipsis. ¿Pero ustedes se han leído la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña?
¿Qué es lo que muestra, señor Legarda? Que en efecto hay un problema, en este punto como en otros muchos. Les recuerdo otro entre los cientos que podría citar. Les recuerdo que el Grupo del Partido Popular y Ciudadanos, del Parlamento vasco,
acaba de presentar también este mes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional porque en el Parlamento vasco no se cumple la Loreg y no hay una obligación de acatamiento a la Constitución. También se incumple eso en el Parlamento vasco.
Pero lamentablemente, además del cuestionamiento constante y frontal de los grupos nacionalistas, en la actualidad hay un partido en el Gobierno, Unidas Podemos, que dice que hay que acabar con el régimen de 1978.


Ese es el contexto en el cual nosotros, el Grupo Popular, hoy presentamos esta proposición no de ley para llamar al consenso constitucional. Les decimos, señorías de otros partidos -sabemos que los nacionalistas nunca nos apoyarán, pero nos
gustaría que hubiera un apoyo amplio-: Dejen ustedes diferencias de propuestas, diferencias ideológicas, como alguna que han reflejado ustedes, señorías del Grupo Socialista, en la enmienda que nos proponen, y súmense a nosotros para apoyar esta
Constitución y el consenso fuerte alrededor de esta Constitución.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uriarte.


Efectivamente, hay dos enmiendas presentadas a esta proposición no de ley. Una de ellas es del Grupo Parlamentario VOX y la va a defender el señor Sánchez García.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ¿De qué tiempo dispongo, por favor?


El señor PRESIDENTE: Cuatro minutos.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Gracias.


Con la venia entonces. Hay tres elementos en esta proposición no de ley del Partido Popular: la defensa de la Constitución, el consenso y la democracia avanzada. Sobre la defensa de la Constitución, un lenguaje de reminiscencias
smithianas. No me lo esperaba yo en boca del Partido Popular, pero aquí lo tenemos, puesto por escrito. Es la doctrina del periodo entreguerras, que tiene un sentido de la Constitución como norma que invoca un valor metajurídico. Tampoco me lo
esperaba. Nosotros no vamos a oponernos a que es precisa la defensa de la Constitución, despojada ahora de este sentido

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doctrinal, del constitucionalismo contemporáneo, en una circunstancia como la presente, en la que es evidente que el Gobierno, constituido por el Partido Socialista y Podemos, vapulea con fruición y con una cierta sans-façon la Constitución
todos los días; de modos distintos, con iniciativas legislativas, con manifestaciones atinentes a cualesquiera elementos medulares de ese texto constitucional. De modo que en esto estamos conformes y por ello hemos formulado una enmienda en la que
destacamos este alcance de la necesidad de defender la Constitución ante los ataques del Gobierno actual.


Sin embargo, luego hay otros elementos, en primer lugar el del consenso, como he mencionaba al principio. El consenso no es un valor en sí mismo, esto es un cuento chino que ustedes, el Partido Popular y el Partido Socialista cuando le ha
convenido -pero ustedes siempre salen perdedores- han alimentado. Hay una obra de 2005 de Thomas Darnstädt, La trampa del consenso, que está publicada en español. Yo tengo la seguridad de que la señora Edurne Uriarte la conoce y la ha leído. Cito
esta, podría citar otras muchas. Esto del consenso en sí mismo no significa nada. El consenso tiene un significado si se le da un significado, si se le da un contenido. Si no se le da, no. Apelar al consenso con un Gobierno como este por parte
del Partido Popular francamente no lo entiendo. Además, creo que no lo entiende su electorado. Practiquen ustedes un poco el realismo en la política y vénganse a la oposición, a una oposición neta frente al Gobierno actual, no esta oposición
ambivalente, porque si usted dice que quiere consenso es porque quiere pactar con el gobierno. ¿Qué quiere pactar? ¿Pero no ha comprendido ya que no es posible pactar nada con ellos? ¿No lo han entendido? ¿Qué más quieren para entender esto tan
elemental? ¿No comprenden que esto defrauda a su electorado? ¿No comprenden que su electorado lo que quiere es que ustedes asuman esa oposición neta al partido gobernante, que es el Partido Socialista, en este caso en coalición con un partido
comunista como Podemos? Sean sensatos; ustedes tienen muchas culpas que purgar por su actuación en el pasado, pero en VOX estamos dispuestos a perdonarles. (Risas). Estamos dispuestos a perdonarles por España. Por lo tanto, por España, vengan
ustedes a la oposición y déjense ya de este tipo de ambivalencias, que ni siquiera les favorecen. No sé si ofrecer mis servicios como estratega político al señor Casado, porque me parece que está muy mal orientado desde el punto de vista de sus
expectativas electorales.


En segundo lugar, democracia avanzada. Me sorprende que esto lo haya incluido la señora Uriarte en su texto. El concepto de democracia avanzada es un concepto marxista...


El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez, busque esa última frase porque ha consumido su tiempo.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Lo introdujo en el preámbulo de la Constitución una enmienda que formuló Tierno Galván y es un concepto tomado del programa común de la izquierda socialista y comunista francesa para las elecciones legislativas de
1973.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez.


La otra enmienda es del Grupo Parlamentario Socialista y la defenderá la señora Crespín Rubio.


La señora CRESPÍN RUBIO: Gracias, presidente.


He de reconocer que no me sorprende de nada esta PNL que de nuevo utiliza y cuestiona la madurez y las posibilidades de nuestra Constitución. Llevan en esto bastante tiempo los señores del Partido Popular, aunque admito que han mejorado, y
mucho, en la forma de plantearla. El espíritu de la Navidad lo han llevado también hoy, el día de la lotería, al espíritu de la Constitución. Hablan de su grandeza, de su defensa, de su aportación. Es cuando menos curioso, aunque he de volver a
decirles que al Partido Socialista no pueden darle ningún tipo de elección. Está bien que a los cuarenta y dos años de su aprobación reconozcan lo fundamental de nuestra carta magna para la convivencia, la concordia, el progreso, el fortalecimiento
de la democracia, la defensa del Estado de las autonomías; que hablen de derechos y que hablen de pluralismo en su exposición de motivos. En fin, han mejorado. Nada tiene que ver esto con la última moción -que, además, defendí yo misma- y con
cómo hablaban del Estado de derecho.


Ahora bien, señorías del Partido Popular, no todo puede quedar en la forma y en el continente. Proteger y mejorar la Constitución tiene mucho que ver con el fondo y con su contenido, con todo su contenido. Al final siempre se delatan, su
intención es utilizarla como arma arrojadiza contra un Gobierno, por cierto, legítimo. Ahora que hablamos de educación y de escuela, me recuerda esto a cuando los diputados y diputadas vamos por las escuelas y por los institutos explicando a los
chavales la Constitución

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y les hablamos de los derechos, de las libertades, pero, señorías del Partido Popular, no sé si ustedes les hablan también de los deberes. También la Constitución recoge los deberes.


Señorías, hay que cumplir con lo que se dice y si la defendemos, tenemos que responder también a sus exigencias. Preservarla requiere respetarla, no vapulearla, y estar abiertos en ese fortalecimiento a nuestro futuro y a estos retos y
necesidades, siempre desde el consenso. Distintas democracias europeas con recorrido histórico similar a la nuestra han reformado su constitución, pero si lo que quieren es patrimonializarla y dar lecciones de buen constitucionalista, den ejemplo,
cúmplanla y renueven los órganos que consagra nuestra Constitución, como es el Consejo General del Poder Judicial. ¿Cómo una fuerza política que no cumple el artículo 122 ni el 159 presenta esta PNL?


Por eso, señorías, este grupo parlamentario ha presentado esa enmienda; una enmienda para respetar el legítimo posicionamiento que tengan los distintos grupos de la Cámara, pero dejando claro que el propio texto constitucional permite su
reforma y para promover el cumplimiento íntegro de la Constitución en todos sus preceptos, incluida la renovación de los órganos constitucionales. Estamos convencidos de que pedir al Partido Popular lo que es nuestra obligación, respondiendo a lo
que nos exige la Constitución a todos nosotros y nosotras, es coherente. En aras a su coherencia y a la necesidad de dar ejemplo, si quieren tener algo de credibilidad, admitan esta enmienda y sigamos caminando en lo que emprendimos hace cuarenta y
dos años: la fortaleza y la calidad democrática, los derechos y los deberes para la convivencia desde el respeto, el consenso y las diferencias que las distintas fuerzas políticas puedan tener. De lo contrario, señoría, de no admitirla,
significaría que ni creyeron entonces ni creen hoy, que es una nueva farsa y un engaño y que solo la utilizan cuando les beneficia para sus intereses particulares y partidistas.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Crespín.


Pasamos al turno de fijación de posiciones y empezamos por el Grupo Mixto y el señor García Adanero.


El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señor presidente.


La verdad es que pide un imposible el Partido Popular, porque es un imposible pedirle a este Gobierno que busque un consenso constitucional o con aquellos partidos que creen en la Constitución o que la defienden, aunque cumplirla
evidentemente la tendrá que cumplir. Y más teniendo, como tiene, al grupo de los 53. Es evidente que el grupo de los 53 es el que marca la política de este Gobierno y ese grupo es lo suficientemente importante para decidir las diferentes
políticas. Esos 53 son absolutamente contrarios al texto constitucional: unos abiertamente contrarios desde el principio al fin y otros muy contrarios; con el objetivo político estos tres grupos que forman el grupo de los 53 de querer acabar con
lo que ellos llaman el régimen del 78, que no es otra cosa que la Transición y la Constitución, que fue mayoritariamente votada por el pueblo español y refrendada en aquel año.


¿Cuál es la fortaleza? Que la Constitución se puede modificar y, evidentemente, si no lo hacen, si no lo intentan, es porque saben que no tienen votos suficientes para ello. Eso es lo que hace fuerte a la Constitución, que por mucho que
desde el propio Gobierno se estén atacando principios constitucionales, se esté atacando a la propia jefatura del Estado y se esté atacando a instituciones propias que se han dotado en la Constitución, son conscientes de que no pueden ir por los
trámites que establece la propia Constitución -que, como bien se ha dicho, se puede modificar- porque para modificarla hay que tener votos y para eso no se tienen votos. Sí se tienen votos para ir en contra de la Constitución, pero cuando es el
pueblo español el que, de forma libre, voluntaria y sin presiones, tiene que votar, ahí ya no les salen las cuentas. Por tanto, podemos estar muy tranquilos en el sentido de que de una forma democrática la Constitución va a durar muchos años en
nuestro país.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias García Adanero.


Cierra el turno, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, la señora Garrido Gutiérrez.


La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente.


Llama un poco la atención de esta propuesta del Partido Popular, casi lo resumiría en un dicho popular que dice dime de qué hablas y te diré de qué careces. Realmente la Constitución -lo hemos dicho

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siempre- no se defiende de boquilla, no se defiende dándose golpes en el pecho ni envolviéndose en banderas, sino que el constitucionalismo que recoge la Constitución de 1978, que es un constitucionalismo social y democrático, se practica en
el día a día.


En su propuesta hablan de que la Constitución ha quedado vieja y desfasada. Por supuesto, y ustedes tienen algo que ver en ello, ustedes no quieren ni oír hablar de tocar la Constitución, que creen que es un texto que está grabado en
piedra. Si ustedes siguen por esa línea de trabajo, lo que van a conseguir es que esa norma constitucional esté muy alejada de lo que piensa la sociedad y que, por lo tanto, al final, esa Constitución sea papel mojado. La reforma constitucional
existe para acompasar esa norma que es la Constitución, que es una realidad estática, a esa realidad dinámica que somos aquellos que tenemos el poder originario, que es el poder constituyente. También tienen que ver con la ruptura de se régimen del
78. Tanto el pacto territorial como el pacto social que está en ese consenso constitucional está roto y ustedes tienen mucho que ver con ello. Antes hablaba de los derechos sociales, de esa desvalorización y vaciado de contenido de la parte social
de la Constitución. Podría poner como ejemplo la reforma constitucional y ver cómo hace daño a ese derecho tan bonito, que es el derecho al trabajo recogido en la Constitución. Podríamos hablar del pacto territorial y podríamos hablar de su famoso
recurso al constitucional y de la sentencia del Estatut de Catalunya, que fue una bomba en la misma línea de flotación del Estado de las autonomías. Ustedes tienen una posición un poco tramposa; hay cosas que les gustan de la Constitución y cosas
que no cumplen, es decir, les gusta mucho hablar y llenarse la boca con la unidad de España, pero nunca he visto que defiendan el artículo 47 de la Constitución ni que se esfuercen en hacer que los españoles y españolas tengan derecho a esa vivienda
digna. Podríamos hablar del artículo 112, de la independencia del Poder Judicial o no. Si queréis, hablamos del artículo 122, del órgano de gobierno de los jueces.


En definitiva -y con esto acabo-, creo que son ustedes unos -diría- malos aliados de la Constitución española, que ustedes solitos van a ser capaces de acabar con ese régimen del 78.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Garrido.


Señora Uriarte, ¿acepta alguna de las dos enmiendas que se han presentado?


La señora URIARTE BENGOECHEA: No. Queremos que se vote en los términos propuestos.


El señor PRESIDENTE: Pues la votaremos en los términos originales.


Paramos dos minutos y votamos. (Pausa).


VOTACIONES.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a las votaciones. Estamos presentes 32, para aquellos que les gusta sumar a ver si lo hemos hecho bien o mal.


Empezamos por votar el dictamen sobre la propuesta de reforma de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria. Como saben, empezamos por votar las enmiendas. La primera votación es la enmienda del
Grupo Parlamentario VOX.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 27.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos ahora la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, del PRC.


Efectuada la votación, dijo:


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada por unanimidad. No sé si es la primera vez.


Votamos ahora la enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Efectuada la votación, dijo:


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada por unanimidad.

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Votamos ahora el texto del dictamen, incluyendo su preámbulo.


Efectuada la votación, dijo:


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


Pasamos ahora a las proposiciones no de ley. Empezamos por la del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al fortalecimiento de los derechos sociales como respuesta a la crisis sanitaria,
económica y social. Se vota en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 5; abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Pasamos a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la conmemoración del 90.º aniversario de la Constitución de 1931.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 5; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos ahora la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el IV Plan de Gobierno Abierto de España 2020-2024, que se vota en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre la defensa del derecho de los españoles a ser educados en castellano en todo el territorio nacional y en las lenguas oficiales de las respectivas comunidades autónomas.
Se vota en los términos de la autoenmienda del grupo proponente.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Por último, votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la defensa de la Constitución y del consenso constitucional. Se vota en sus propios términos porque no se han aceptado ninguna de las dos enmiendas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 17; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Hemos terminado. Felices fiestas, cuídense y espero que volvamos un poco mejores, que nunca viene mal.


Se levanta la sesión.


Era la una y cuarenta minutos de la tarde.