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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 153, de 23/09/2020
cve: DSCD-14-CO-153
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 153
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PATXI LÓPEZ ÁLVAREZ
Sesión núm. 7
celebrada el miércoles,
23 de septiembre de 2020
Proposiciones no de ley:
- Sobre la revocación de honores y condecoraciones a Francisco Franco y los colaboradores con el régimen dictatorial. Presentada por el Grupo Parlamentario Republicano. (Número de expediente 161/000241) ...
- Sobre la renovación de los órganos constitucionales y organismos institucionales. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000709) ... (Página7)
- Por la que se insta al Gobierno a reducir el número de entidades, estructuras y cargos superiores y directivos con el fin de adaptar el gasto político a las nuevas necesidades sociales surgidas como consecuencia de la tragedia provocada
por la pandemia de COVID-19. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/000724) ... (Página12)
- Relativa a impedir que la ocupación ilegal de inmuebles pueda dar lugar a la inscripción de ocupantes en el padrón municipal. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000763) ...
- Relativa a impulsar políticas públicas de memoria democrática y acabar con la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en España. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común. (Número de expediente 161/001074) ... (Página22)
Votaciones ... (Página29)
Delegación en la Mesa de la Comisión de las facultades previstas en el artículo 44 del Reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (Número de expediente 042/000001) ...
Se abre la sesión a las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LA REVOCACIÓN DE HONORES Y CONDECORACIONES A FRANCISCO FRANCO Y LOS COLABORADORES CON EL RÉGIMEN DICTATORIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO. (Número de expediente 161/000241).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
En esta sesión, como saben, vamos a sustanciar un orden del día que consiste en el debate y votación de proposiciones no de ley de los grupos parlamentarios. Como ya saben, los grupos autores de la iniciativa contarán con cinco minutos para
su defensa, los que hayan presentado enmiendas tendrán cuatro minutos para defenderlas y el resto de grupos, que fijarán posición, tendrán tres minutos para hacerlo. Como siempre, las intervenciones serán de menor a mayor. También les anuncio que
las votaciones las haremos al finalizar todos los debates y que, finalizadas las votaciones, también votaremos la delegación de la Comisión a la Mesa conforme al artículo 44 del Reglamento.
Entrando ya en el orden del día, tenemos, en primer lugar, el debate de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la revocación de honores y condecoraciones a Francisco Franco y los colaboradores con el régimen
dictatorial. Para defender esta proposición no de ley, tiene la palabra el señor Rufián Romero.
El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos.
Voy a intentar hacerlo lo más breve posible y ligero. Como todo el mundo sabe, esto es un clásico de mi grupo, del Grupo Republicano, de Esquerra Republicana. Es un motivo de orgullo para nosotros, pero también es dramático que de forma
recurrente tengamos que pedir algo que yo creo que es bastante objetivo y sobre todo decente, o debería serlo, más allá de nuestras banderas, de nuestras filias y fobias políticas, etcétera, como si en este país no hubiera enormes carencias
democráticas, como es esta.
Voy a intentar decirlo de la forma más aséptica posible. Es una auténtica vergüenza -no tiene otro calificativo- que el dictador fascista y asesino Francisco Franco siga teniendo, así como su familia y destacados falangistas y militares
golpistas de aquella época, calles, incluso barrios, en su honor. Apellidos como Mola, Moscardó, Queipo de Llano, Primo de Rivera, Carrero Blanco o la propia Carmen Polo han tenido -incluso alguno de ellos las tienen a día hoy-, repito, calles,
condecoraciones en su honor. Todo forma parte de un entramado creado a partir del año 1948 en el que Franco decide que tanto su entorno como sus amigos tienen que tener este tipo de calles, barrios y condecoraciones en este país, cuando su único
mérito era la participación en ese golpe de Estado contra la República y que comportó centenares de miles de asesinados. No tiene absolutamente ningún sentido que gente como Marcos Ana tenga menos calles que gente como Queipo de Llano.
El Gobierno sí que es cierto que aprobó hace unos días un proyecto de ley de Memoria Democrática, una ley que, desde nuestro punto de vista -y lo decimos con enorme respeto, pero creo que hay que decirlo- nos da la razón; da la razón a este
grupo parlamentario. Todo el mundo recuerda el debate encendido que hubo hace unos años con la aprobación de la anterior ley y cómo mi compañero y amigo Joan Tardà se quedó solo en el no y nadie lo entendía. Él venía a decir que faltaba muchísima
ambición. Once años después se le da la razón tanto a él como a este grupo parlamentario. Le damos la bienvenida, pero creemos que llega un tanto tarde porque muchísima gente que lo merecía ver no lo va a ver.
Más allá de ciertas ambigüedades, incluso cierto acomplejamiento que seguimos viendo en esta ley, creemos que sería positivo que se empezara a decir de forma abierta, sobre todo por parte del Grupo Socialista, que esta ley sí que daría
cabida a esta reivindicación para dejar de dar libre albedrío al Ejecutivo de turno o del color de turno y que de una vez por todas este tipo de cosas dejen de pasar.
Es perentorio hacer un censo de cuántos ayuntamientos, cabildos y otras instituciones públicas aún tienen en sus diarios de sesiones medallas otorgadas a jerarcas del régimen fascista. También sería perentorio averiguar exactamente cuántas
condecoraciones y reconocimientos hay en este sentido, porque -repetimos- atentan contra la democracia. Esto no va de republicanos contra monárquicos, esto no va de izquierdas contra derechas, esto no debería ir de independentistas contra
españolistas. Esto va de si uno es demócrata o no mucho, siendo muy generoso. Ahora que se habla tanto de patriotismo -y la verdad es que en esta Cámara hay muchísima gente que se da golpes de pecho con una pulserita con la bandera de España en la
muñeca-, el patriotismo bien entendido es precisamente querer que en tu país los fascistas no sean reconocidos en las calles; si realmente eres patriota, debe ser así.
Nosotros seguiremos pidiendo esta iniciativa. Nos parece que es de primero de política. Nadie se imaginaría un ayuntamiento alemán -sé que es un ejemplo bastante manido- que tuviera entre sus hijos predilectos a gente como Heinrich
Himmler; nadie, ¿no? Pues aquí, en España, pasa; con nuestros fascistas pasa. Por tanto, creo que poco más hay que decir. Por favor, les pedimos una vez más -espero que sea la última- que se apruebe esta proposición no de ley y que se convierta
en enmienda al proyecto de ley anunciado por el Gobierno sobre la cuestión de la memoria democrática.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rufián Romero.
Hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario VOX y para su defensa tiene la palabra el señor Contreras Peláez.
El señor CONTRERAS PELÁEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros hemos planteado una enmienda de supresión, porque esta propuesta, como, en general, todas las que van en la línea de la llamada memoria democrática, nos parece, para empezar, jurídicamente aberrante, porque atenta contra el
principio de no retroactividad de las normas restrictivas de derechos reconocido en el artículo 9.3 de la Constitución y en el artículo 2.2 del Código Civil, así como en tratados internacionales suscritos por España. Pero es que además moralmente
nos parece digna de suma crítica -digámoslo así, por no decir infame-, es decir, se trata, en definitiva, de desenterrar muertos, y no por piedad hacia los muertos, sino para arrojarlos a la cara del adversario. Esa es la finalidad de todas las
llamadas leyes de memoria histórica. Se trata de demonizar a media España. Se trata de anclar fuertemente en el subconsciente de los españoles la idea según la cual derecha equivale a represión y dictadura e izquierda equivale a libertad y
democracia, lo que carece de cualquier fundamento histórico. En definitiva, la izquierda necesita reforzar su autoatribuida superioridad moral, una superioridad moral que le es perentoriamente necesaria en las circunstancias actuales para compensar
su incompetencia gestora. Una vez más la izquierda está a punto de dejar la economía española devastada con más de un 20 % de parados, como ocurrió también en el año 1996 y en el año 2011, y esto tiene que ser compensado por medio de una sobredosis
de superioridad moral. Pero, claro, lo que se hace para conseguirlo es dividir a los españoles en buenos y en malos. Se enfrenta a unos con otros. Se demoniza a la media España conservadora, a la media España que luchó en las filas de Franco en
la Guerra Civil, a la media España que vota actualmente a la derecha y que apoyó el régimen de Franco. En definitiva, se divide a los españoles en buenos y malos, se los enfrenta y, lo que es más grave, se cancela la admirable reconciliación y
perdón recíproco que se habían alcanzado en la Transición, resucitando un odio cainita que nos trajo muchos problemas en el siglo XX.
Aquí se habla de la retirada de honores y reconocimientos públicos. Dudo de que todavía haya personajes del franquismo con reconocimientos públicos. En todo caso, ¿por qué no se aplica a todos? ¿Por qué no se aplica a las personas de la
izquierda que en los años treinta también cometieron muy graves crímenes contra los derechos humanos? ¿Por qué debe tener una estatua en Nuevos Ministerios Indalecio Prieto? En sus propias memorias, publicadas en México, pidió perdón por su
implicación en el golpe de Estado de la izquierda en octubre de 1934 contra el Gobierno de derechas salido de elecciones limpias celebradas en noviembre de 1933. Fue el momento en que descarriló la experiencia democrática de la Segunda República.
La izquierda rompió la regla de oro de toda democracia. En una democracia hablan las urnas, no las balas. La izquierda intentó rectificar e impugnar el resultado de las urnas con las balas. La llamada Revolución de Asturias en realidad fue una
rebelión armada en toda España. Hubo muertos en veintiséis provincias y fue reprimida por el Gobierno. Y Prieto tuvo una participación personal en ello, él recepcionó un alijo de armas traído por el buque Turquesa en la playa de San Esteban de
Pravia en septiembre de 1934. ¿O por qué debe tener honores públicos y nombre de calles Santiago Carrillo, señalado por tantos historiadores como responsable principal de las sacas y los fusilamientos masivos de Paracuellos del Jarama y otras
localidades madrileñas en noviembre de 1936? ¿O por qué debe tener honores públicos Lluís Companys? Como presidente de la Generalidad firmó el 26 de julio de 1936 el decreto que instituía el Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, y
estas milicias practicaron una represión brutal contra todo tipo de personas: por ser católicas, por ir a misa, por ser conservadoras; se han estimado en 8129 las víctimas. Companys creó campos de concentración, como el de Omells Na Gaia, y
permitió la creación de checas, como la barcelonesa de San Elías, a la que fue conducida el 8 de septiembre de 1936 sor Apolonia Lizarraga, superiora de las carmelitas de Vic.
El señor PRESIDENTE: Señor Contreras, debe concluir.
El señor CONTRERAS PELÁEZ: Allí se le dio el tratamiento habitual en ese tipo de centros, a saber, fue aserrada viva y sus trozos fueron entregados a los cerdos para que los devorasen. No creemos que ese tipo de personajes merezcan tampoco
honores públicos y no aceptamos esa asimetría, esta ley del embudo en materia de memoria histórica.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Es el turno ahora de los grupos que fijan posiciones.
Nadie va a intervenir por el Grupo Parlamentario Mixto.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Gracias, presidente.
Votaremos sí a esta iniciativa de revocar honores y condecoraciones a Franco y a los colaboradores de su régimen dictatorial que todavía hoy se mantienen porque creemos que es de justicia, porque las instituciones se lo deben a las víctimas,
a las miles de personas que durante tantos años sufrieron la feroz represión del franquismo y también a todos los que lucharon contra ese sistema, y también -y no es menos importante después de oír lo que acabamos de oír - porque es una necesidad si
este Estado quiere adentrarse de una vez por todas en los estándares de lo que se supone que es una democracia plena. A Mola, Moscardó, Queipo de Llano, Yagüe, Primo de Rivera, Redondo, Luis Carrero Blanco, Franco y tantos y tantos más, a todos
esos valedores y protagonistas de la dictadura y del régimen fascista en España se les siguen reconociendo condecoraciones y honores. En este Estado se siguen manteniendo situaciones que serían impensables en otros lugares de Europa, tal como ha
dicho Gabriel Rufián. ¿Se imagina alguien reconocimientos similares a Hitler, Mussolini o Pétain? El franquismo y el posfranquismo mantienen la sombra de Franco. Eso es lo que está ocurriendo y, como se dice tantas veces, es realmente una sombra
alargada. Por eso, creemos que es de justicia y de dignidad democrática apoyar todo aquello que vaya diluyendo las negras sombras que todavía nublan tanto la visión de lo que debería ser una verdadera democracia.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aizpurua.
No está en la sala el representante del Grupo Parlamentario Vasco.
Pasamos al Grupo Parlamentario Ciudadanos. Tiene la palabra el señor Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.
Señores de Esquerra, señor Rufián, tienen ustedes una obsesión con el pasado que les impide no ya ver el futuro, sino el presente. La España democrática ha superado hace ya mucho tiempo esta guerra cultural que ustedes quieren seguir
manteniendo. La ha superado ya hace mucho tiempo y ha roto todas las ataduras, o casi todas las ataduras, con el fascismo y lo que supuso la dictadura de Franco. Son ustedes incapaces de superar el pasado, viven obsesionados con él. Además, eso
les impide ver la realidad de los españoles del siglo XXI, ver la sociedad actual española tal como es en estos momentos. Son ustedes tan nostálgicos del franquismo como aquellos -pocos, afortunadamente- que aún hoy lo ensalzan. Y no van a
encontrar ahí a este grupo parlamentario. No nos van a encontrar posicionándonos en un sitio u otro, porque la sociedad no está en este momento hablando de esto.
Además son ustedes muy curiosos, porque ustedes hablan del fascismo, pero parece que olvidan su propia historia. ¿O sus Joventuts d'Esquerra Republicana-Estat Català, las famosas JEREC, no eran una organización juvenil fascista? Fueron
creadas a imagen y semejanza de los escuadrones de Mussolini, y además fueron muy similares ambas. Sus líderes fueron la página negra del catalanismo entre torturas, ataques a redacciones de prensa, cuadros jerárquicos, represión del anarquismo,
exaltación del paramilitarismo y culto a la violencia explosiva, si cabe, desde que se transfirieron las competencias de orden público a la Generalitat. Estat Català era una organización filofascista con pistoleros, como los hermanos Badia, con
milicias paramilitares y con contactos con los muchachos de Mussolini. ¿Esto lo van a borrar también? ¿Por qué no lo borran de su propio partido? ¿O cuando está en Esquerra ya no es fascismo?
Creo que esto es de una hipocresía enorme. Y volver otra vez a traer este debate, castigar continuamente a la sociedad española -que ha dejado esto hace muchísimo tiempo atrás- con estos debates no proporciona nada; no gana nadie en esto,
señor Rufián. Hagan como hicieron muchos de
nuestros abuelos y entiendan que los abusos de uno y otro lado fueron sencillamente malos y terribles. Se hicieron cosas horribles en ambos lados -fue una guerra entre hermanos, señor Rufián-, pero la sociedad española afortunadamente
superó esto hace mucho tiempo. Háganse un favor y háganselo, sobre todo, esta sociedad: preocúpense por los problemas actuales de los catalanes, que tienen muchos tras muchos años de inactividad de su Gobierno autonómico, señor Rufián.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Velarde Gómez.
La señora VELARDE GÓMEZ: Buenas tardes, señorías.
Desde nuestro grupo parlamentario vamos a votar a favor de la PNL que presenta Esquerra Republicana y además saludamos su presentación en esta Comisión, porque el espíritu de esta tiene que servirnos para trabajar de forma constructiva y
enérgica en la tramitación de la ley de memoria democrática que recientemente hemos aprobado en el Consejo de Ministros.
El anteproyecto de ley ya contempla la retirada de símbolos, elementos públicos que son contrarios a la memoria democrática, así como la sanción de actos de exaltación o enaltecimiento del golpe de Estado y de la dictadura. El texto
legislativo impulsado por el Gobierno de coalición regula también la revocación de distinciones, nombramientos, títulos, honores institucionales, condecoraciones, recompensas y títulos nobiliarios, así como las medallas pensionadas, como la que
recibió el torturador Billy el Niño, que murió sin que el Estado -como ya he dicho alguna vez- llegase a tiempo para hacer justicia con las víctimas a las que torturó por el simple hecho de defender la democracia. Y cuando el anteproyecto se
publique en el BOE finalmente, desaparecerá también el Ducado de Franco, que actualmente ostenta Carmen Martínez-Bordiú, la nieta del dictador. Es absolutamente inaceptable que los descendientes del dictador tengan títulos nobiliarios, propiedades,
condecoraciones vinculadas al fascismo si queremos un Estado democrático moderno y europeo.
Y como andaluza tengo que decir que me emociona y me enorgullece que nuestro país vaya a anular la sentencia contra Blas Infante, que es el padre de la 'matria' andaluza y que fue fusilado entre los días 10 y 11 de agosto en el kilómetro 4
de la carretera de Carmona. Y Queipo de Llano, que es el autor intelectual del asesinato de Blas Infante y de 50000 andaluces más, saldrá también de la Basílica de la Macarena, donde sigue enterrado en un lugar privilegiado. Como hija y nieta de
sevillanos, me consta que la Basílica de la Macarena forma parte de la cultura popular y es la referencia religiosa de muchos sevillanos y sevillanas que son hijos y nietos de las víctimas del franquismo que quieren poder ir a ver a su virgen sin
que esté presente el genocida Queipo de Llano. Esta misma ley va a servir también para declarar nula la sentencia del president de la Generalitat Lluís Companys, fusilado por el franquismo el 15 de octubre de 1940, al igual que declarará nulas
cientos de miles de sentencias de los tribunales de excepción franquista, que nunca fueron legítimos.
Es hora de que este país reconozca la memoria, haga justicia y salde su deuda con los miles de demócratas que fueron asesinados por el régimen franquista. Seguramente, señor Rufián, el anteproyecto de ley no sea perfecto o haya
circunstancias que no se contemplen. Por eso lo mejor que podemos hacer por las víctimas del franquismo es desarrollar un buen trabajo en la tramitación del texto legislativo, para que más pronto que tarde este país cure las heridas de los
demócratas que fueron asesinados por el régimen franquista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Velarde.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene palabra el señor Mateu Istúriz.
El señor MATEU ISTÚRIZ: Presidente, señorías, buenas tardes.
Nauseabunda la intervención del señor Rufián, y qué decir de la intervención de la señora Aizpurua cuando pone el retrovisor para hablar de cosas de hace ochenta años y no recordar a las víctimas del terrorismo y no reprobarlos en ningún
momento. Señorías, la verdad es que mal empezamos el tratamiento de la memoria histórica. Nos queda mucho camino por recorrer y ya se están levantando otra vez los odios y los rencores a los que la Transición había puesto freno. Desde luego, no
han sido acertados ninguno de ustedes en su intervención; así no vamos a ningún lado, sino que nuevamente volvemos al frentismo.
Les voy a aportar una sería de razones jurídicas por las que perfectamente podríamos votar en contra de esta proposición de ley. En primer lugar, el artículo 9.3 de la Constitución. Nosotros somos un partido constitucionalista, y el
artículo 9.3 de la Constitución, que también está ínsito en el artículo 2 del Código Civil, establece la irretroactividad de las normas que restrinjan derechos personales, y de lo que ustedes hablan, los títulos nobiliarios y las distinciones, son
derechos personales. Pónganse ustedes a trabajar por el futuro y no tiren siempre bombas de humo, porque nos queda mucho tiempo todavía para tapar su ineficacia en el tratamiento de los problemas de los catalanes fundamentalmente, señor Rufián. Y
en cuanto a usted, señora Aizpurua, a ver si de una vez tienen la sensibilidad de condenar los asesinatos de ETA, porque todavía no lo han hecho.
Nosotros somos un partido constitucionalista y precisamente por eso les he recordado el artículo 9.3 de la Constitución y el 2 del Código Civil. En un ámbito técnico, para aligerar un poco la tensión repugnante que se ha introducido esta
tarde en esta sala, que nunca debería ser así, les recuerdo que la posibilidad de revocar distinciones en lo que se refiere al rey y al Gobierno se encuentra limitada a las concedidas en la Administración General del Estado. Los honores son otra
cosa distinta, los revocan los ayuntamientos que los han concedido. El Ayuntamiento de Burgos, mi ciudad, revocó el título de Alcalde Honorífico a Franco en el año 2017 y a su esposa le retiró el título de Dama de Cabeza de Castilla y Burgalesa de
Honor.
Y les recuerdo también una cosa en la que ustedes no caen, y es que las condecoraciones y otras distinciones pierden cualquier eficacia cuando fallece la persona a la que se ha concedido. Por tanto, en el ámbito jurídico ustedes están
perdiendo el tiempo, es estéril esta necesidad de revocarlo. Y de los títulos nobiliarios no aparece regulado nada en la Ley 52/2007, de memoria histórica. ¿Por qué, señorías? Porque no hubo acuerdo en su momento, es una ley en la que sobre este
tema no hubo acuerdo. Las personas que los tienen están habilitados para poseerlos y transmitirlos a sus herederos. Por eso, nuestro grupo parlamentario sin el apoyo legal oportuno -insisto, los partidos constitucionalistas no queremos romper
España, no como otras personas que han intervenido aquí-, evidentemente, no va a apoyar esa iniciativa.
Actualmente no tenemos el apoyo legal de la Ley de memoria histórica. Evidentemente, ya saben ustedes que se presentó una PNL en este sentido cuyo quinto apartado sí se refiere a esta posibilidad respecto a los títulos que exalten la
Dictadura y el franquismo. También les recuerdo que algunos de los títulos que ustedes mencionan en la exposición de motivos fueron concedidos por don Juan Carlos I más allá del año 1975, y no olvidemos que el artículo 62 de la Constitución habla
de que el rey puede conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes, por lo que sería reprobable revocar lo que legítimamente se concedió.
Último proyecto de ley, anteproyecto de memoria democrática. Nos quieren robotizar a todos haciéndonos pensar lo mismo acerca de lo que sucedió hace ochenta años. Con el Partido Popular no lo van a conseguir, señorías. Dividen a España
nuevamente entre los que estuvieron en un bando y los que estuvieron en otro. En esta ley se abordará nuevamente esta cuestión de la revocación de los títulos nobiliarios. Efectivamente, su capítulo 4 habla más o menos de lo mismo. Y podemos
decir que en el futuro de treinta y siete títulos nobiliarios quedarán vigentes treinta y cinco.
El señor PRESIDENTE: Señor Mateu, debe concluir.
El señor MATEU ISTÚRIZ: Voy terminando.
Entonces, sobre la base de lo ya dicho, nosotros respetamos escrupulosamente las leyes y, como todavía tenemos mucho que hablar acerca del debate de la Ley de memoria histórica, este es el momento de ser decentes, y nos vamos a abstener
hasta que no podamos manifestar nuestra opinión en el sentido en el que lo tenemos que hacer.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mateu.
Finaliza el turno de fijación de posiciones el Grupo Parlamentario Socialista, y tiene la palabra el señor Gutiérrez Salinas.
El señor GUTIÉRREZ SALINAS: Un saludo a la Mesa y a los representantes de los grupos políticos pertenecientes a la Comisión, en especial al mío, el Grupo Socialista. Quiero desde aquí dar mi apoyo a todas las personas que están sufriendo
en esta terrible pandemia, así como dedicar un recuerdo a todas las personas que han fallecido como consecuencia de la misma y expresar mi más sentido pésame a las familias.
Inicio mi intervención sobre el tema que nos ocupa dando la enhorabuena al Gobierno progresista por la aprobación en el Consejo de Ministros del martes 15 de septiembre del anteproyecto de ley de memoria democrática. Este anteproyecto de
ley busca encontrarse con la verdad, la justicia, la dignificación de las víctimas, el perdón y la convivencia de los españoles. Repito las palabras de Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno, en el momento de la presentación del
anteproyecto de ley: El anteproyecto de ley atiende las recomendaciones de Naciones Unidas, del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo, homologa a nuestra democracia con la de otros países que también han tenido situaciones traumáticas
parecidas a las nuestras y cumple con los pronunciamientos al respecto del Congreso de los Diputados.
En su discurso de investidura, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció medidas para seguir profundizando en las políticas de memoria democrática y, entre otras, concretó las de anulación de las condecoraciones derivadas de
acciones represivas ejercidas durante la dictadura. En comparecencia en esta Comisión, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, anunció la próxima aprobación del anteproyecto de ley de memoria democrática, que, entre otras medidas,
recogería retirar honores y prebendas que hayan sido concedidas o supongan la exaltación de la contienda civil por el franquismo, y así es. En la futura ley, que inició su andadura legislativa el pasado martes, se eliminarán todos los títulos
nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978, así como la orden imperial del yugo y las flechas y se revocarán las distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales, así como las condecoraciones y recompensas o títulos nobiliarios que hayan
sido concedidos o supongan la exaltación de la contienda civil o del franquismo.
Esta ley demuestra claramente la voluntad del Gobierno progresista de contribuir al restablecimiento de la verdad, la justicia, la dignificación de las víctimas de la contienda civil y del franquismo y, sobre todo, tiene como objetivo
conseguir una buena convivencia de los españoles y españolas. Ya era hora, después de más de cuarenta años desde la aprobación y puesta en vigor de la Constitución española, de que se iniciara la tramitación de la ley para restituir la memoria
democrática en su justa medida, dignificar a todas las víctimas y sentar las bases de una buena convivencia en paz de los españoles y españolas. Es un anteproyecto que además da cumplimiento a uno de los puntos importantes del programa del Gobierno
progresista acordado por las formaciones políticas Unidas Podemos y el Partido Socialista Obrero Español.
Por lo tanto y como no podría ser de otra forma, apoyamos esta PNL que presenta el Grupo Republicano, haciendo constar que las peticiones que se recogen en la misma ya están ampliamente contempladas en el anteproyecto de ley de memoria
democrática aprobado el pasado martes en Consejo de Ministros.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez.
- SOBRE LA RENOVACIÓN DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES Y ORGANISMOS INSTITUCIONALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000709)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día, que es el debate de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre renovación de los órganos constitucionales y organismos institucionales.
Para su defensa tiene la palabra el señor Elorza González.
El señor ELORZA GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, vamos a debatir hoy en esta Comisión Constitucional una PNL que presentamos los socialistas en el mes de abril, pero el tema tiene mucha actualidad porque nos encontramos ante una
maniobra claramente antidemocrática del Partido Popular, cual es el bloqueo en la renovación de los órganos constitucionales y de los organismos supervisores. El PP está practicando un juego sucio contra la Constitución y ataca al sistema
democrático en un momento precisamente de emergencias para España, en un momento en el que impedir la renovación del Tribunal Constitucional en parte, la elección total del Consejo General del Poder Judicial, impulsar desde el consenso la elección
del Consejo de Radiotelevisión Española, cubrir las vacantes del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo y de la Presidencia de la Comisión del Consejo de Transparencia constituye un ataque a elementos claves de un Estado de derecho, un ataque
a la Constitución y a las leyes respectivas. Por tanto, tenemos que señalar que el señor Casado juega sucio, porque no se resigna, en una palabra, a perder el control partidista del Poder Judicial, porque busca jueces y fiscales, digamos,
patrióticos, que sirvan a intereses inconfesables, a intereses corruptos. El PP no bloquea esta elección para garantizar la independencia judicial, no; el PP no busca con su actitud el máximo respeto al Tribunal Constitucional, que es el
garante de la aplicación correcta de la Constitución, no; tampoco lo hace para garantizar una radiotelevisión más plural y más objetiva o por favorecer la transparencia, no; la derecha tampoco bloquea las designaciones que exigen una mayoría
absoluta o una mayoría de tres quintos o de dos tercios para garantizar precisamente el consenso. Lo hace simplemente para evitar que la democracia en España funcione y para no perder el control de estos organismos, que son fundamentales, con lo
cual también están atacando la separación de poderes.
Asistimos a una jugada de corrupción política que no es sino la de congelar la composición de organismos claves para que funcione la democracia, para que no avancen las políticas sociales o para condicionar la interpretación del supremo
órgano que es el Tribunal Constitucional. Sabemos que ni el Partido Popular ni sus socios quieren mover ni una sola pieza de las que dejó Rajoy en órganos que hoy empiezan a carecer de legitimidad para seguir tomando decisiones importantes, de
espaldas a la voluntad de este Parlamento, a la voluntad del Congreso de los Diputados. La dirección del Partido Popular, por tanto, en opinión de los socialistas, está alentando una crisis del Estado de derecho con un sofisticado y nuevo tipo de
golpismo paralizante propio de la escuela de Trump. Es curioso que también en estos momentos se observa cómo en Estados Unidos el señor Donald Trump también está jugando sucio para sustituir de aquella manera a la honorable juez Ginsburg en la
Corte Suprema americana. Se nota que el Partido Popular -lo sabemos todos y todas- se juega mucho ante los tribunales en momentos claves, porque hay sumarios pendientes amenazantes para él, como es el caso Kitchen, que esconde abusos de poder y
utilización de instrumentos del Estado.
Para los socialistas, lo mismo que para los progresistas, este bloqueo que tratan de justificar por la presencia del señor Iglesias en el Gobierno es un ataque a la democracia, al Parlamento y a la legitimidad de un Gobierno de izquierdas.
Por tanto, en este momento tenemos la oportunidad de aplicar, sí, criterios en la selección de los miembros, hombres y mujeres de estos organismos; criterios de mérito, capacidad, experiencia, prestigio e independencia personal, esto es, de no
dependencia ni sometimiento a ningún partido. Es el momento para constituir estos organismos con hombres y mujeres de excelencia que actúen de manera independiente e imparcial para que las instancias den prestigio a la democracia española y
fortalezcan el Estado de derecho. Por tanto, cúmplase la Constitución, cúmplanse las leyes que establecen cómo se configuran en tiempo y forma estos organismos y no se bloquee más la situación, porque, como decíamos, hará imposible la separación de
poderes, el respeto al principio de legalidad y la neutralidad de las administraciones, así como el cumplimiento de principios de una democracia avanzada como son la transparencia, el pluralismo, la participación y la rendición de cuentas.
En definitiva, los socialistas, nuestro grupo parlamentario pide, señor presidente, que el Congreso de los Diputados manifieste la urgente necesidad de que se proceda al nombramiento de los puestos vacantes o pendientes de renovación en los
órganos constitucionales u organismos supervisores, proceso en el que tienen una participación decisiva las Cortes Generales como representación de la soberanía popular, siguiendo los cauces establecidos por la Constitución y por las leyes y
haciendo el máximo esfuerzo por lograr un amplio consenso de mayorías reforzadas entre los grupos parlamentarios que permita también, cómo no, que los grupos minoritarios puedan participar y tener voz en estas decisiones importantes. Y lo dicho,
señorías del PP, son ustedes unos alumnos aventajados de Donald Trump.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Elorza.
Hay también una enmienda del Grupo Parlamentario VOX, que defenderá el señor Zambrano García-Raez.
El señor ZAMBRANO GARCÍA-RAEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, como nos dicen las sentencias del Tribunal Constitucional 40/2003 y 78/2006, toda PNL es un instrumento para poner en marcha la función de impulso político y control del Gobierno y también una vía adecuada para forzar el debate
político y obligar a que los distintos grupos de la Cámara y esta misma tengan que tomar expresa posición sobre un tema en concreto, sobre un tema determinado. En el presente caso la proposición se centra en lo segundo, en el debate político sobre
la renovación de los órganos institucionales, sin incluir una propuesta de impulso ni orientación de Gobierno. Aunque no es imprescindible, entendemos que una PNL sobre un asunto trascendente como este, además de plantear el debate y el
posicionamiento de los distintos grupos, también merece una propuesta concreta, menos ambigua en la orientación política. Si hay algo de lo que en la actualidad se lamentan los españoles es de la politización
partidista prácticamente de todo en España: de la educación, la sanidad, los medios de comunicación, las agencias, Radiotelevisión Española, el CIS. Prácticamente todo sufre la politización partidista y, por supuesto, los nombramientos de
los miembros de los órganos constitucionales y de las instituciones y organismos que pudieran tener alguna función de control sobre el Gobierno. El objetivo de la politización partidista es el control político de esos cargos y organismos, politizar
para controlar. A decir verdad, lo llevan haciendo décadas, en un mercadeo constante de nombramientos en el que han participado tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Cuando uno lee esta proposición, lo primero que le viene a la
mente es: la Fiscalía General del Estado; el nombramiento de la exministro socialista de Justicia; las palabras del presidente del Gobierno, tan repetidas últimamente, sobre de quién depende la fiscalía. 'Del Gobierno', contestó el periodista.
'Pues ya está', sentenció el presidente, señor Sánchez.
Tampoco podemos evitar pensar en el interés de la izquierda por el nombramiento de miembros y por el control del Consejo General del Poder Judicial, del que tanto se habla últimamente. Es un consejo que fue víctima de la reforma socialista.
Este sistema, del que tanto se queja ahora el proponente, lo creó un Gobierno socialista a instancias del Partido Socialista, quebrando la verdadera independencia del Poder Judicial. El Partido Popular no deshizo ese sistema, bien por falta de
valentía para afrontar asuntos de calado, bien por propio interés, al poder ser ellos entonces quienes decidiesen la mayoría del consejo. Nunca deberíamos olvidar que solo mediante una auténtica separación de poderes, un Poder Judicial realmente
independiente y la existencia de órganos protegidos del control partidista, solo mediante esas herramientas, podremos enfrentarnos al nepotismo y al abuso de poder. Pero han sido ustedes y el Partido Popular quienes han forzado la Constitución, la
legislación, incluso haciendo caso omiso a la recomendación del Tribunal Constitucional de 1986. Poco a poco, han convertido esa separación de poderes en un mero espejismo político.
Esta PNL habla de urgencia y de obligación. Se centra en la urgencia de los nombramientos y en la obligación de respetar plazos y formas. Pero lo verdaderamente urgente y lo que es la verdadera obligación del Congreso de los Diputados es
acabar con esa politización partidista e interesada de los nombramientos de los órganos constitucionales; eso sí que es urgente. La izquierda, maestra del disfraz y del engaño, por razón del sistema de mayorías necesita el voto de otros grupos
políticos y habla de consenso, cuando en realidad lo que pretende es una confabulación partidista para realizar designaciones políticas interesadas, un reparto de cargos, como si de cromos se tratara. Llevan décadas con un constante quebranto del
espíritu y la letra de la Constitución. Como digo, lo realmente es urgente es establecer un nuevo marco normativo que provoque que los nombramientos se realicen de forma honesta, que se garantice la independencia y la separación de poderes, por el
bien de España y no de los políticos y sus partidos, y con verdadero respeto a la Constitución.
Concluyo. Esta PNL, tal como se nos presentó redactada, no es más que un postureo que sirve de disfraz a las verdaderas intenciones de la izquierda, que son continuar mangoneando los nombramientos de los órganos constitucionales o cualquier
otro nombramiento cuya finalidad sea, precisamente, la de garantizar esa separación de poderes y ese control del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Concluya ya, señor Zambrano.
El señor ZAMBRANO GARCÍA-RAEZ: Última frase, señor presidente.
Como pueden comprobar, en nuestra propuesta lo que solicitamos es que haya una verdadera colaboración entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para garantizar una verdadera independencia y la capacitación de las personas que resulten
nombradas, para garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales de forma honesta y en su verdadero espíritu, y para acabar con esta configuración partidista, que, a fin de cuentas, es una corrupción más.
El señor PRESIDENTE: Señor Zambrano, es una frase muy larga.
El señor ZAMBRANO GARCÍA-RAEZ: Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zambrano.
Entramos en el turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor García Adanero.
El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
Estamos acostumbrados a que el Grupo Socialista y el propio Grupo de Podemos insten al Gobierno de España, en vez de tomar las decisiones en el Consejo de Ministros y tener las propuestas ya en el
Boletín Oficial del Estado. Pero es que ahora ya nos instamos los propios grupos a los grupos, lo cual es un paso más allá y pone en evidencia que algo no está funcionando demasiado bien. Nosotros somos partidarios de que se renueven todos
los órganos, pero es un disparate que se eche la culpa aquí de que no se haga política social a que no se renuevan ni el Tribunal Constitucional ni el Consejo General del Poder Judicial. Si no hacen políticas sociales será porque no les da la gana,
pero no porque no se renueven estos órganos. Ustedes han heredado de Rajoy un presupuesto y han sido incapaces de aprobar otro, y la culpa no será también de que no se haya renovado el Tribunal Constitucional. La culpa es de su incompetencia. No
nos echen la culpa a los demás. Bueno, díganselo al Partido Popular, que nosotros, con los votos que tenemos, desde luego no podemos nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional ni del Consejo General del Poder Judicial.
Es que, además, se dice: vamos a buscar personas independientes. Pero ¿a quién tenemos de fiscal general del Estado? A una persona dos veces reprobada en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, y sin pedirle opinión a
nadie, sino que se nombra porque se puede nombrar. ¿Qué ocurre ahora? Que ustedes no pueden utilizar el rodillo y, como son incapaces de pactar, porque si no es con rodillo no saben hacer las cosas, no tienen más remedio que llamar a la puerta del
Partido Popular. Quieren que todos aquí, en el Congreso, digamos que esto hay que renovarlo y echan la culpa al Partido Popular de que no se renueve. Pues pónganse a trabajar y pónganse a pactar; pero, para pactar, hay que ser leales. Si ponen
de fiscal general del Estado a la ministra de Justicia es difícil empezar a hacer las cosas. A partir de ahí, habrá que buscar, por supuesto, las mejores personas. Igual la solución es que traigan a las mejores personas y así nos convenzan al
conjunto de los grupos parlamentarios para que las votemos. Pero echar la culpa de la ineficacia de la gestión del Gobierno a que no se renueven estos cargos y echar la culpa de que no se renueven estos cargos a que el Partido Popular, en este
caso, no quiere pactar, cuando ustedes han sido incapaces de mover ficha con la Fiscalía General del Estado, con la importancia que eso tiene, pone de manifiesto, como se decía antes, que aquí lo que pretenden es tapar todo lo que no son capaces de
hacer, todos los acuerdos a los que no son capaces de llegar. Como no tienen la apisonadora con la mayoría absoluta, son bastante incapaces de llegar a acuerdos con los demás.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Adanero.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.
Señores del Partido Socialista, señor Elorza, la verdad es que estoy absolutamente desconcertado con lo que ustedes han traído a esta Comisión en este momento. Creo que el escenario es un poco patético. No sé si creen ustedes que van a
solucionar el bloqueo al que ustedes también han contribuido para la renovación de los miembros del Consejo del Poder Judicial y del resto de instancias. ¿Piensan ustedes que esto vale para algo? ¿Esta es la forma de resolver realmente las cosas?
Yo creo que la forma de resolver las cosas, ya que ustedes no están dispuestos a dialogar con el resto de los grupos sobre esto, es cambiar la ley.
Llevan treinta y cinco años repartiéndose estos nombramientos entre el Partido Popular y el Partido Socialista y no se dan cuenta, ni unos ni otros, de que el escenario pluripartidista en el que estamos ha venido para quedarse y de que esto
ya no es posible. Por tanto, si no queremos que estos bloqueos se sigan sucediendo de forma permanente, tendremos que cambiar esta ley de alguna forma. Nosotros lo hemos propuesto esta misma semana. Se lo propuso la señora Arrimadas, mi
presidenta, ayer mismo. ¿Y qué hicieron ustedes? Votaron en contra de una ley que pretendía solucionar un problema para todos los españoles y que permitiría poner una solución, limpia, honesta, transparente, de mérito y capacidad, donde los jueces
los elijan los jueces, donde los políticos saquen de una vez sus zarpas de la judicatura. Ustedes votaron en contra. Por lo menos, podían haberla aceptado y haber presentado enmiendas, porque me temo que este problema se va a seguir sustanciando
durante muchísimo tiempo, bien con este Gobierno, bien con Gobiernos sucesivos, en los que las mayorías absolutas van a ser muy difíciles y no llegar a acuerdos va a imposibilitar en muchas ocasiones que se hagan estos nombramientos. Por tanto,
tienen ustedes un problema. Ustedes quieren seguir viviendo en el modelo bipartidista -ustedes y los señores del PP, claro-, pero es que esa ya no es la realidad de este país ni la realidad de esta sociedad, señor Elorza. Entiéndanlo,
compréndanlo, asúmanlo de una vez. No van a volver ustedes a gobernar con mayoría absoluta.
Ustedes piensan que la transparencia es poner a aquellos que ustedes quieren, como ya hemos visto en este Congreso con Radiotelevisión Española. De este Congreso salieron unas recomendaciones y una modificación para el nombramiento en
Radiotelevisión Española, y se lo saltaron en cuanto pudieron. ¿Y ahora nos quiere usted traer aquí, a la Cámara, al Poder Legislativo, una proposición no de ley para que instemos a qué? ¿A que sepan gobernar? Sepan gobernar ustedes. Hagan
leyes, cambien leyes y, si no les gustan las leyes que proponemos los grupos, modifíquenlas en las enmiendas. Propongan alguna solución, propónganlo desde el grupo, propónganlo desde el Gobierno, a través de un proyecto de ley. Creo que ustedes no
tiene ninguna credibilidad, señores socialistas, para venir aquí a hablar de nombramientos transparentes, limpios y, desde luego, no partidistas. Dejen, de verdad, de manipular a la sociedad con este debate, que es un debate que ustedes han creado
y que la única manera de resolverlo es modificar las leyes.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez.
El Grupo Republicano no va a intervenir. Por tanto, pasamos al Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. Tiene la palabra la señora Garrido Gutiérrez.
La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente.
La Constitución española establece algunas ideas bastante sencillas y básicas en el tema que nos ocupa, respecto al nombramiento de las personas que deben ocupar ciertos órganos constitucionales. Por un lado, incorpora el principio
democrático en ese proceso, con la participación de los representantes, como se suele decir, de la soberanía o de la voluntad popular que están aquí depositados, tanto en el Congreso como en el Senado, y también establece mayorías cualificadas para
asegurar un mínimo consenso -palabra mágica- y la necesidad, me imagino también, de que a través de ese consenso se busquen las personas más cualificadas. Es verdad que este modelo estaba pensando para un sistema bipartidista que, no nos vamos a
engañar, era el modelo prefigurado en la Constitución del 78, pero también debemos reconocer que la sociedad ha cambiado. El pueblo habló, llegó el 15M y, por lo tanto, pese a quien le pese, ese bipartidismo se ha acabado y seguramente no volverá.
Negarse a esa realidad bloqueando la renovación de órganos constitucionales, básicamente es propiciar el secuestro político de las instituciones y pisotear el principio democrático. La actuación del Partido Popular es -y esto igual no les gusta-
antidemocrática. Gracias a las mayorías que tuvieron en el pasado, quieren seguir manteniendo el control ideológico sobre distintos órganos constitucionales, principalmente sobre la cúpula del Poder Judicial, impidiendo su renovación y, como digo,
con esa intención de perpetuar esa influencia ideológica.
Ya lo sabemos, podríamos hablar de las declaraciones del señor Cosidó o de hechos que todavía están presentes, que tienen que ver con el Consejo General del Poder Judicial que lidera el señor Lesmes, que viene desde hace ya algún tiempo
copando los órganos judiciales con personas afines a la derecha, sobre todo del Tribunal Supremo, la sala de lo Penal, por lo que les toca, porque juzga a políticos aforados nacionales, o por el tema del procès, o el Contencioso-Administrativo,
porque también esa sala es importante, ya que hay que proteger a los bancos. Esto tiene que ver con querer mantener o no un sistema democrático de baja o alta calidad. Ya sabemos dónde están ustedes. El 30 de septiembre vamos a tener otro
ejemplo: se reúne el Consejo General del Poder Judicial, votará trece nombramientos que realmente están fuera de la legalidad, son alegales, es un golpismo, es un asalto institucional del que ustedes son parte fundamental. (Protestas). Por una
vez nos toca a nosotros decir eso. Así que no sigan con el bloqueo, pierdan las esperanzas porque Unidas Podemos va a seguir en la vida política de este país durante mucho tiempo y, por lo tanto, dejen de hacer eso que predican tanto, hablan de la
Constitución y se dan golpes en el pecho pero ustedes utilizan la Constitución más que nadie. Cogen lo que les gusta, quitan lo que no les gusta, por lo tanto no tienen ninguna legitimidad para reprochar nada a nadie. Son, en definitiva, un
partido antisistema.
Gracias. (Protestas.-Una señora diputada: ¡Mira, qué bonito! ¡Hala!).
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. (Una señora diputada: ¡Presidente!)¿Qué? Se ha expresado en su turno de palabra. (Una señora diputada: Nos ha llamado de todo). No, no ha sido así. (La señora Garrido Gutiérrez: Como nunca
nos llamáis nada, ¿verdad?-Una señora diputada: Es que te lo mereces).
Finaliza el turno la señora Uriarte Bengoechea, por el Grupo Parlamentario Popular.
La señora URIARTE BENGOECHEA: Buenas tardes.
Señorías del Grupo Socialista, dicen ustedes en su exposición de motivos -y cito textualmente- que para que la sociedad democrática funcione correctamente es fundamental que la ciudadanía respete y valore las instituciones. Y nos citan la
Constitución para referirse a la legitimidad democrática. Justamente hoy, el ministro de Justicia de su Gobierno nos anuncia y nos confirma un golpe frontal a nuestras instituciones y un cuestionamiento de nuestro Estado de derecho y de nuestra
Constitución. Justamente esta mañana el ministro de Justicia nos dice que ustedes van a tratar los indultos a los golpistas catalanes a partir de la semana que viene. Y, además de eso, nos confirma que ustedes van a modificar el Código Penal para
reducir las penas de sedición y rebelión y aplicar esa reducción retroactivamente a los delincuentes condenados por el Tribunal Supremo. Pero, además de eso, ayer mismo hemos sabido que el Gobierno impide que el jefe de Estado acuda este viernes a
la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona. ¿Y en este contexto ustedes nos hablan de respeto a la democracia y de legitimidad democrática? Hay mucho más que eso. Les recuerdo, entre los diversos ataques que ustedes han hecho a las
instituciones, a la Constitución y a nuestro Estado de derecho, que ustedes han nombrado fiscal general a una ministra de Justicia socialista que, de momento, en los últimos días lo que ha hecho es contribuir a impedir que prosperen las querellas
contra el Gobierno. ¿Y qué le puedo decir a usted, qué le voy a recordar de lo que están diciendo sus socios de Gobierno, de Podemos, respecto a la monarquía, que se proponen liquidar?
Y todo esto ocurre, como ustedes saben, señorías del Grupo Socialista, por dos razones: porque ustedes han llegado con vocación de asaltar las instituciones -cuando ustedes hablan de renovar a nosotros nos parece que están pensando en
asaltar- y porque ustedes dependen de unos pactos con los independentistas y de unos pactos con Bildu que quieren mantener a toda costa para mantenerse en el Gobierno y, en las próximas semanas, para aprobar los presupuestos. ¿En ese contexto
ustedes nos hablan de respeto a la democracia?
Señorías del Grupo Socialista, vuelvan ustedes al compromiso constitucional; de verdad, ese que abandonaron desde que les lidera el señor Sánchez. Vuelvan al compromiso constitucional, ahí nos encontrarán; nos encontrarán para abordar
todas estas cuestiones que ustedes plantean en esta PNL. Renuncien a esos pactos que atentan contra nuestra Constitución, comiencen a mostrar también su vocación real de renovación de estos órganos -ayer no le hicieron, como les ha recordado el
representante de Ciudadanos, cuando dijeron no a su proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial-, pero, sobre todo, señorías, vuelvan al compromiso constitucional. Y cuando ustedes vuelvan al compromiso constitucional, no tengan
ninguna duda de que allí nos encontrarán y allí podremos tratar de todas estas cuestiones que ustedes nos plantean hoy aquí. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uriarte.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REDUCIR EL NÚMERO DE ENTIDADES, ESTRUCTURAS Y CARGOS SUPERIORES Y DIRECTIVOS CON EL FIN DE ADAPTAR EL GASTO POLÍTICO A LAS NUEVAS NECESIDADES SOCIALES SURGIDAS COMO CONSECUENCIA DE LA TRAGEDIA PROVOCADA
POR LA PANDEMIA DE COVID-19. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/000724).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer punto del orden del día, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a reducir el número de entidades, estructuras y cargos superiores y directivos con
el fin de adaptar el gasto político a las nuevas necesidades surgidas como consecuencia de la tragedia provocada por la pandemia del COVID-19.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Sánchez García.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia.
Esta proposición no de ley de VOX consiste en instar al Gobierno a la reducción de cuatro vicepresidencias del Gobierno a una, la reducción de veintidós ministerios a doce y la reducción correlativa de altos cargos. Es sabido que este
número muy alto de vicepresidencias, ministerios y correlativo de altos cargos constituye una exigencia del pacto de Gobierno de PSOE y Podemos para dar cabida en las más altas instancias de la Administración a representantes de ambos partidos, y
entre ellos constituyen un Gobierno pintoresco. Personajes sin oficio ni beneficio, distintos de la carrera política presente, que ejecutan carreras de alta velocidad -no hace falta que ponga nombres o sí, la señora Montero, doña Irene,
don Alberto Garzón-, personajes arribistas que precisan para una carrera profesional posterior disfrutar de estos cargos políticos y piensan más en su cese y en su carrera ulterior, reincorporados al sector privado -léase el señor Escrivá o
el ministro astronauta, el señor Duque-, a ser posible encontrando acomodo en un consejo de administración, deseablemente de una sociedad cotizada y deseablemente que esta sea del IBEX 35. O incluso un anciano, quien en su senectud, como el
ministro Castells, disfruta la ilusión de ser ministro y presta un servicio ocasional a esta coalición de socialistas y comunistas.
Hemos propuesto también la comprobación de toda carga presupuestaria representada por tal metástasis político-administrativa a modo de auditoría, y esa metástasis se caracteriza no solamente por todos estos órganos multiplicados, sino por el
número cuasi infinito de agencias y entes públicos, en general, totalmente inútiles y antieconómicos. Con mayor motivo esta necesidad se hace urgente en una situación de depresión económica como la actual, y me atengo al efecto a las reveladoras
previsiones corregidas del Banco de España respecto de las anteriores del 8 de junio, según las cuales hay una revisión a la baja del crecimiento, cuya previsión anterior ya era de un crecimiento escaso, y hay una previsión de agravamiento de tres
desequilibrios elementales, como son el paro, el déficit presupuestario y la deuda pública, con riesgo evidente de que España se descuelgue de la zona euro por un defecto acaso insanable de convergencia.
Dice el Banco de España también en sus últimas previsiones, que hemos conocido hace unos días, que solo llegaremos a recuperar el PIB de 2019 en 2023, cuatro años de lentísima recuperación -no de prosperidad- para volver a la situación
anterior, que no era precisamente de abundancia. Todo esto adornado por esta obsesión socialista y comunista de exaltación sin juicio, de corta inteligencia y negadora de la realidad que se impone de lo público. Se dice constantemente que esta
crisis sanitaria es una llamada o una vuelta a lo público. Pero, vamos a ver, esto, ¿en qué se basa, aparte de en programas ideológicos que no tienen ningún contenido conocido y contrastado por ningún saber? La realidad es esta: el sector público
en España solamente emplea a una quinta parte de la población activa. Se desprecia, por lo tanto, con esta exaltación al 84 % del producto interior bruto, que produce el sector privado. El sector público solamente produce el 16,4. Casi el 84 %
resulta preterido en estas consideraciones y estas más o menos, como digo, hechas con alharacas y con grandes proclamas huecas, y queda preterido el empleo que procura el sector privado a cuatro quintas partes de los trabajadores españoles; un
sector público de muy dudosa eficiencia para producir ese 16,4 % del PIB. El sector público precisa de 6,7 millones de horas de trabajo al año, mientras que, para el mismo porcentaje del PIB, el sector privado solo necesita 3,9 millones de horas de
trabajo anuales. Luego el sector público es un 42 % menos productivo -en términos de productividad, en el sentido propio de este término según la ciencia económica- que el privado.
¿Esto no merece ninguna reflexión por parte de socialistas y comunistas que gobiernan en este momento? No, esto se ignora y lo seguimos exaltando sin ton ni son, simplemente creyendo que esto merecerá el aplauso de su electorado, que
acabará -claro es- protestando, y protestando severamente, porque habrá tensiones sociales por este desastre gestor y estas proclamas ideológicas continuadas que no conducen a nada.
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez, debe concluir.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Este estado de cosas es dudosamente conforme, por lo demás, con la Constitución española, cuyo artículo 31.2 requiere que el gasto público se realice con arreglo a unos criterios de economía y eficiencia. Los datos
que acabo de dar indican exactamente lo contrario.
Por lo demás -y concluyo, señor presidente-, esto no nos puede sorprender, porque ni el PSOE ni Podemos están actuando como partidos constitucionalistas, ni en esto ni en nada. No voy a mencionar, porque no hace falta, la actitud que han
tomado en materia territorial en España o en materia relativa a la jefatura del Estado y a la monarquía parlamentaria. Su comportamiento es manifiestamente anticonstitucional.
El señor PRESIDENTE: Concluya ya, señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Por lo tanto, también se expresa y produce así en términos económicos.
Nada más. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, señor Sánchez.
Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Popular y la va a defender el señor Bermúdez de Castro.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Me gustaría comenzar con una reflexión. ¿De verdad piensan sus señorías que está justificada esta estructura de Gobierno, con 4 vicepresidencias, 22 ministros, 33 secretarios de Estado, 116 directores generales y más de 770 asesores? ¿De
verdad piensan que, en un momento en el que tenemos la mayor caída de nuestra economía y volvemos a liderar la destrucción de empleo y de empresas, se justifica una estructura de Gobierno tan desmedida? ¿De verdad piensan que, ante el drama que
estamos viviendo por la pandemia y que está obligando a miles de familias españolas a apretarse el cinturón, el Gobierno no puede hacer lo mismo? ¿Sinceramente piensan que esta estructura de Gobierno sirve al interés general? Piénsenlo de verdad
antes de contestarnos que esta propuesta es demagógica, oportunista o populista. Ya les adelanto nuestra opinión: a nuestro juicio, esta estructura de Gobierno no obedece a un criterio de satisfacción de los intereses generales, sino que obedece
al resultado de una negociación política entre el PSOE y Podemos y, por tanto, a la satisfacción de sus intereses políticos.
Pues bien, fruto de esa negociación y al margen de las pastillas para combatir el insomnio que a partir de ese acuerdo debe estar tomando el presidente del Gobierno, se creó una estructura de Gobierno tan excesiva como desconocida en la
historia de nuestra democracia. Pongo tres ejemplos. Se desdoblaron ministerios solo para satisfacer las aspiraciones políticas de algunos dirigentes, se dio categoría ministerial a materias que habían sido gestionadas hasta la fecha desde una
dirección general, y hay hoy en el Gobierno una vicepresidencia y un ministerio que están gestionando competencias que antes se llevaban desde una sola secretaría de Estado. En definitiva, una inflación de ministerios tan irracional como
injustificada que nos lleva a tener el Gobierno más caro de nuestra democracia.
Nuestro grupo ha presentado una enmienda que creemos que mejora la propuesta que hoy se nos presenta a debate. Abogamos por la reducción de la actual estructura del Gobierno, eliminando aquellas vicepresidencias, ministerios y altos cargos
y asesores que no desempeñen cometidos necesarios e indispensables, y pedimos que el ahorro de estas medidas se destine a financiar programas de lucha contra la pandemia. En ese sentido, compartimos el espíritu que guía esta iniciativa.
Ahora bien, entendemos que esa reducción no debe hacerse por ley, sino que le corresponde realizarla a quien tiene potestad para ello, que es el presidente del Gobierno. Yo creo, señorías de VOX, que no han entendido bien el artículo 100 de
nuestra Constitución en relación al artículo 98, porque en ese artículo no se dice que se deba fijar por ley el número de vicepresidentes o ministros, sino si, además de los vicepresidentes y ministros, hay otros altos cargos que por ley se
consideran también miembros del Gobierno, que es una cosa distinta. De ahí el sentido de nuestra enmienda.
Por último, compartimos la idea de racionalizar la Administración y el sector público con la supresión de aquellos organismos innecesarios y con la eliminación de duplicidades entre administraciones. Tengo que decirles que esto no es una
novedad, porque les recuerdo que en el año 2013, con un Gobierno del Partido Popular, se impulsó la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, conocida por su acrónimo CORA, que tuvo ese mismo objetivo, y además fue eficaz, porque en
los tres primeros años consiguió que se suprimieran 2348 organismos y entes públicos de todas las administraciones, con un ahorro estimado para los ciudadanos de más de 35000 millones de euros. Ese fue el principal recorte de gasto de los Gobiernos
del Partido Popular. Ya ven, un recorte que en realidad era otra cosa, era actuar como se debe, con eficacia, eficiencia y austeridad en administraciones, y de eso se trata y va el sentido de nuestra enmienda, de seguir en esta línea.
Porque no olviden -y con eso termino- que no hay nada más antisocial que la ineficiencia de la Administración, porque los servicios públicos se pagan con el dinero de los contribuyentes. Señorías, para dar lecciones, lo primero que hay que
hacer es dar ejemplo, y eso es precisamente lo que se pide: que si va a pedir el Gobierno esfuerzo a los españoles, antes los haga el propio Gobierno. Es un tema de coherencia y también de justicia.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bermúdez de Castro.
Entramos en el turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor García Adanero.
El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señor presidente.
Yo creo que a estas alturas, quitando a los que forman parte del Gobierno, no hay nadie en España que no piense que el Gobierno está sobredimensionado. Yo he llegado a la conclusión de que no van al Congreso, no van al hemiciclo porque no
caben. Como son tantos y no caben, mejor no acuden y ya está.
Porque todos vimos cómo se formó aquel Gobierno, cuando el señor Iglesias dijo que quería ser vicepresidente: el presidente creó otras tres vicepresidencias para poder disiparlo entre los cuatro. Siempre se llama menos la atención si hay
otros tres que son como tú, que si solo eres tú el vicepresidente.
Luego, cuando hubo que colocar al de Izquierda Unida, se dijo: ¿Hay algo por ahí que antes fuera una dirección general o algo parecido? ¿Consumo? Pues Consumo. Así se ha hecho un Gobierno que yo estoy seguro de que si ahora vamos a la
Puerta del Sol y preguntamos a los que pasen por ahí quién forma parte del Gobierno, no tendrán ni idea, quitando los cinco o seis ministros y ministras habituales, los que en todo este tiempo están haciendo labor, criticada o no, bien o mal, porque
hay opiniones para todos los gustos -desde nuestro punto de vista, en general, bastante mal, pero entiendo que a otros les gustará lo que hacen-, pero están haciendo cosas. Pero es que hay otros que no sabemos ni quiénes son; no lo sabemos. Como
digo, si salimos a la calle y preguntamos, seguramente no serán capaces de darnos más de seis nombres de las personas que forman el Gobierno de España en estos momentos.
Ya sabemos que no es competencia del Congreso, ya sabemos que es una decisión del propio presidente del Gobierno, pero es evidente que esto, que en una situación normal sería muy criticable, en una situación en que la gente está cerrando sus
negocios, en que la gente no puede abrir un negocio, en que con los problemas que está teniendo España en su conjunto derivados de la pandemia no se puede llevar una actividad comercial normal, no se puede llevar una actividad laboral normal, el
propio Gobierno también podía haber tomado alguna medida, como reducir parte de su estructura, que, como digo, está bastante sobredimensionada.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Adanero.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, señor presidente.
La verdad es que este es un Gobierno extremo. Es un Gobierno extremo, no solo en sus posiciones políticas, no solo por los socios de los que se está rodeando, sino que es extremo también en su tamaño. Pero esta es una realidad que la
ciudadanía reconoce bien.
No sé si parte de este Gobierno, aquellos que decían que eran el partido de la gente, ha consultado a la gente lo que piensa sobre este extremo. Parece que estas consultas a la gente ya no le interesan. Ya no. La opinión de la gente ya no
es válida o ya no es importante. Tan es así, que han dejado hasta de decir ustedes que son el partido de la gente, porque se han transformado en el partido del establishment, señores de Unidas Podemos.
En fin, yo creo que lo peor, además, no es solo este tamaño extremo del Gobierno. Lo peor es que, además, no lo hace bien, que yo creo que es la crítica que tenemos que hacerle. Porque, señores de VOX, nosotros no estamos para decirle al
presidente del Gobierno cuántos ministros tiene que tener, ni estamos para decirle cuántas vicepresidencias tiene que crear; pero sí estamos para exigirle que lo haga bien y, desde luego, para que en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos
de dolor para muchas personas, sobre todo para las empresas, para los autónomos, en estos tiempos malos, y más en los que se avecinan, hagan las cosas bien. Pero no hacen las cosas bien; no hacen las cosas bien, y no hacemos más que verlo.
Seguimos siendo el país de nuestro entorno más maltratado por esta crisis, con más incidentes, con más gente afectada, con más muertos. Pero, además, es que somos el país que peor está respondiendo a la crisis económica subsiguiente; somos el país
con peores escenarios futuros de crecimiento.
Yo creo que uno, cuando gobierna, debe gobernar para hacer bien las cosas. Oiga, y si para hacer bien las cosas es necesario tener este Gobierno extremo, bueno, pero es que, como he dicho al principio, ni siquiera son capaces de hacer bien
las cosas. Nosotros, como he dicho antes, no tenemos que decirle a este Gobierno cuánta gente tiene que tener, sino exigirle responsabilidades. Nuestra opinión es que es un Gobierno demasiado grande que, además, no soluciona los problemas de la
gente, porque la enorme dispersión que ha provocado la creación de estos ministerios hace que incluso sectores tan importantes como el de la industria, en todos los sentidos, muchas veces no tenga ni siquiera la idea clara de con quién tiene que
hablar. Si era difícil hablar con un ministerio, ahora están ustedes obligando a los sectores productivos de este país a tener que hablar con dos, incluso con tres ministerios distintos, con ministros que, además, no se hablan ni se entienden entre
ellos. Así es imposible, como he dicho, la recuperación que nos viene por delante, y ese es el escenario al que tenemos que hacer frente, señorías.
Por tanto, ojalá sean capaces los señores de este Gobierno, no de reducir el tamaño del Gobierno -que estaría bien-, sino de hacer bien las cosas. Porque hacerlo mejor con menos es mucho mejor que no hacer nada, que es lo que están ustedes
haciendo en estos momentos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez.
Por el Grupo Republicano, tiene la palabra el señor Rufián Romero.
El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a intervenir también brevemente con 4 o 5 notas, un poco sobre la base de lo que he oído. He escuchado al portavoz de VOX diciendo algo así como que es de corta inteligencia defender lo público, esta exaltación de lo público. La mitad
de ustedes, sin lo público, ¿en qué hubieran trabajado? Entre ellos, su jefe. No se le conoce un trabajo más allá de la política. Sin lo público, muchos de ustedes tendrían que estar currando en otro sitio.
El portavoz del Partido Popular ha hecho un alarde, ha dicho que hay una estructura excesiva, ha pedido austeridad. Díaz Ayuso cobra 130000 euros al año, tiene 200 asesores; 200. La verdad es que se le da bastante mal. Son 200 asesores
con sueldos de entre 45000 y 56000 euros al año. Aparte, sigue hablando de austeridad dentro de las administraciones. Entiendo que se refiere a Brugal, Lezo, Gürtel... Entiendo que esa es la mejor forma de pedir o de reflejar austeridad en la
Administración.
Yo creo que ustedes reflejan una enorme carencia democrática. Lo que estamos viendo en el futuro de la política, y lo digo con pleno conocimiento de causa. Nosotros venimos de una coalición de Gobierno en Cataluña con enormes
contradicciones, enormes, pero también comporta enormes victorias, y es lo que ha pasado aquí, en España. Porque aquí ya nunca más nadie va a ganar por mayoría absoluta, y ojalá no pase nunca; ojalá no pase nunca, pero si ustedes algún día vuelven
al Gobierno, seguramente lo harán en coalición. De hecho, en Andalucía ya pasa, y no se ha reducido absolutamente nada. Al contrario, VOX tiene unos problemones bastante graves con sus representantes allí, en Andalucía, sobre todo con el portavoz.
Ya que hablan de eliminar instituciones inútiles, les doy una idea: la Casa Real.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rufián.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Pisarello Prados.
El señor PISARELLO PRADOS: Gracias, presidente.
Creo que somos varios los que llevamos días intentando desentrañar cuál era el objetivo de esta proposición de VOX sobre la eliminación de gastos superfluos. Efectivamente, yo también pensaba que podía ser un acto de contricción, en primer
lugar, porque el jefe de su formación política llegó a cobrar, entre 1999 y 2013, más de 730000 euros provenientes de cargos institucionales, de asesorías..., eso que ustedes, en su lenguaje, llaman nombramientos a dedo. Por tanto, yo pensé que tal
vez se habían caído del caballo en el camino a Damasco, como Saulo de Tarso, y de pronto veían un problema que no habían visto antes, pero veo que no es así. También pensé, efectivamente, que cuando se habla de dilapidar dinero público -aunque
ustedes no tienen nada que ver con el Partido Popular- estaban pensando en eso, en el caso Gürtel, en el caso Púnica, en los 325 contratos millonarios de la señora Ayuso con empresas como Ribera Salud o como Unilabs, que están costando ingentes
cantidades de dinero al erario público. También -ingenuo de mí- abrigué la posibilidad de que estuvieran preocupados, como buena parte de la ciudadanía, por los gastos suntuarios y los casos de corrupción que se están atribuyendo al rey emérito,
que es una cosa grave. Pero aquí me di cuenta de que hasta la señora Cayetana Álvarez de Toledo ha sido más valiente en eso y ha hablado con mucha más claridad que vosotros. Porque para vosotros el problema está supuestamente en las
vicepresidencias, las secretarías de Estado, no en la evasión fiscal masiva, no en las bonificaciones injustificadas del impuesto al patrimonio de los más ricos. No está aquí el problema de los gastos excesivos; está en la organización interna del
Gobierno.
Bueno, yo pienso: de acuerdo, uno podría discutir sobre estas cosas, pero, señorías, ¿realmente el problema de los gastos suntuarios está aquí? Le diría una cosa: yo más bien tiendo a pensar lo contrario. Hace poco leía un artículo en el
diario La Vanguardia de Ignacio Sánchez Cuenca que decía que uno de los problemas que tenemos en este contexto de COVID es que nos falta músculo administrativo. No
tenemos suficientes inspectores de Hacienda, inspectores de Trabajo, servicios sociales, que agilicen el trabajo de los ministerios, si los comparamos, por ejemplo, con los partidos nórdicos. Pero, claro, a vosotros eso no os preocupa, y no
os preocupa tampoco que el problema de este país hayan sido las políticas que privatizaron el empleo público y que recortaron las plantillas. Yo tengo bastante claro por qué eso no os preocupa: no os preocupa porque esa Administración robusta y
eficiente al mismo tiempo es fundamental para garantizar servicios públicos de calidad para toda la ciudadanía, y su función aquí es otra, señorías. Es una función legítima, pero que hay que decirla con todas las palabras: vosotros estáis aquí con
muchas banderas en las mascarillas, con tono marcial, pero vuestro objetivo es que haya una Administración débil, permeable a los intereses privados, a los grandes intereses privados, y servir de manera sumisa al 1 % privilegiado de siempre. Ese es
vuestro papel. Por eso vuestra insistencia cuando habláis de reformar la Administración es ocultar, efectivamente, esos intereses que vosotros estáis defendiendo cada día.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pisarello.
Cierra el turno al Grupo Parlamentario Socialista, y tiene la palabra la señora Crespín Rubio.
La señora CRESPÍN RUBIO: Gracias, presidente.
Señorías, no hay duda de que votaremos en contra de esta propuesta, y lo haremos porque está demostrado que las propuestas de los populistas ni tienen lógica ni pretenden tenerla, son un método solo para inflamar los ánimos de la sociedad y
hacer quebrar las instituciones, a fin de alcanzar el poder para después ejecutarlo, eso sí, totalitariamente. Ya no engañan a nadie, señoría. Como nadie tiene duda de que tanto Partido Popular como VOX están en lo mismo, son lo mismo; como decía
su portavoz: comparten el espíritu.
Señor Sánchez García, cada una de vuestras iniciativas y actitudes ponen de manifiesto la añoranza por otros tiempos, entre ellos, a mí se me viene a la cabeza en este debate de esta propuesta aquellos Gobiernos tecnócratas del año 1957, con
técnicos del Opus Dei y al servicio de la dictadura.
Señoría, este grupo, el Grupo Socialista, siempre, pero aun más en un momento como este, hará una apuesta por la política y por el papel que deben jugar las administraciones públicas respondiendo a las demandas de los ciudadanos, desde la
Constitución, sí, en este caso también cumpliéndola, una Constitución que ampara y da la potestad al presidente del Gobierno de decidir cómo y con quién se responde -eso sí, con eficiencia y eficacia- a los objetivos planteados. Claro, no lo
entienden ni aceptan las reglas de la democracia ni la política, y mucho menos en instituciones que no estén controladas por ustedes.
Los ciudadanos, señorías, lo que quieren es que recortemos en corrupción, en abuso de poder o en utilización partidista de las Administraciones, que deben responder en condiciones de igualdad a las demandas colectivas. Nos votan para
debatir y decidir en condiciones como esta sobre propuestas que resuelvan muchos de los problemas que tienen. Sabemos que a ustedes les quedan lejos estos problemas, pero son muchos y complejos.
Si de verdad tienen propuestas para mejorar y modernizar la Administración, fortaleciendo así las instituciones, llámennos, aquí estaremos siempre. Deberían de sonrojarse con algunas de las perlas que han soltado aquí esta tarde. Sobre
todo, deberían de sonrojarse por lo que han hecho en Andalucía. Sí, el Partido Popular, con la complicidad de VOX y también de Ciudadanos: sacar convocatorias de empleo público opacas, tramposas, exprés; convocatorias que quebrantan la igualdad
de oportunidades, lo que es de todos, señorías, porque eso sí que es de todos y de todas, convocatorias que quebrantan el principio de igualdad, mérito y capacidad que recoge la Constitución. Señorías, hay miles de contratos con 24 horas para
mandar un correo electrónico y resolver por orden de llegada, y excluyendo a mujeres embarazadas, mayores de 60 y colectivos vulnerables. En los tribunales lo van a explicar. Nadie tiene dudas para quién han preparado esas convocatorias, y tienen
la desfachatez de venir aquí con una propuesta como la que nos han traído esta tarde.
Señorías, esta es la estrategia antipolítica del populismo de extrema derecha. Sabemos lo que esperan los ciudadanos de nosotros y, créannos, se lo vamos a ofrecer. Trabajo sin descanso, compromiso, transparencia, buen Gobierno y que la
política y las instituciones estén a la altura de las circunstancias. Lo está haciendo todo el personal de la Administración y todo el Gobierno en el desempeño de sus responsabilidades para combatir la pandemia y sus consecuencias. Contribuyan a
ello, ayuden a este país, ayuden a sus ciudadanos y respalden que lo hagamos ayudando siempre a quien más lo necesita.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Crespín.
- RELATIVA A IMPEDIR QUE LA OCUPACIÓN ILEGAL DE INMUEBLES PUEDA DAR LUGAR A LA INSCRIPCIÓN DE OCUPANTES EN EL PADRÓN MUNICIPAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000763).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4.º del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a impedir que la ocupación ilegal pueda dar lugar a la inscripción de ocupantes en el padrón municipal. La
defiende la señora Zurita Expósito.
La señora ZURITA EXPÓSITO: Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos.
Desgraciadamente, en estos últimos meses se habla mucho de ocupación ilegal, y realmente es un problema muy grave. Pero más grave es que se pretenda normalizar un acto delictivo, que no es otra cosa que apropiarse de un bien ajeno, de
ocupar una vivienda, un inmueble que no es tuyo. Entendemos que es muy grave, además, que la semana pasada el vicepresidente del Gobierno, el señor Iglesias, haya manifestado en el Congreso que la ocupación no es un problema, que hay legislación
suficiente para combatirla y que está justificada para garantizar el derecho a la vivienda. Preocupantes fueron también algunas intervenciones que hemos escuchado hoy en el Pleno, y el resumen es: comprar, alquilar u ocupar, esa es la filosofía de
Podemos, anulando el derecho constitucional a la propiedad. Ese es el resumen de lo que hemos oído esta mañana. Cuando el derecho a la vivienda es algo que nadie discute, que está en nuestra Constitución, pero que nunca podrá ser a costa de otro
derecho fundamental, que es el de la propiedad privada.
Señorías, nos preocupa -y de ahí el sentido de esta proposición no de ley- que, por parte del Gobierno, de sus socios y Gobiernos autonómicos de corte socialcomunista se estén adoptando medidas que incentivan y propician la ocupación ilegal
de viviendas y la intervención de la propiedad privada, cuando lo que hay que hacer es disuadir, tomar medidas para evitar que estas prácticas sean algo habitual y que los ciudadanos tengan la certidumbre sobre el derecho a la propiedad reflejado en
el artículo 33 de la Constitución.
Así, como medidas flagrantes que el Gobierno ha bendecido -por decirlo así-, pero ya sin contar con la vista gorda que se hacía desde el 2015 en los ayuntamientos del cambio liderados por la señora Carmena y la señora Colau a las ocupaciones
en Madrid y Barcelona, podemos citar el reciente Decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda aprobado en Cataluña, convalidado a principios de este año, que legaliza prácticamente las ocupaciones ilegales, considerando
viviendas vacías las viviendas ocupadas, incluso si se ha interpuesto una demanda judicial. Hay que decir también que ha sido admitido a trámite el recurso que al respecto ha presentado el Grupo Parlamentario Popular al Tribunal Constitucional.
Luego, medidas del Gobierno estatal. Esa orden ministerial aprobada durante el estado de alarma, donde se pone de manifiesto la intervención de viviendas vacías por parte del Gobierno, y también durante el estado de alarma -y que constituye
el objeto de esta proposición no de ley-, la instrucción de abril de 2020 a los ayuntamientos para empadronar a los okupas en el domicilio ocupado. Hay que decir que esto nada tiene que ver con la intervención de los servicios sociales en el caso
de familias vulnerables, a efectos de garantizar el derecho a la vivienda. Lo que hay que garantizar es que el sistema funcione y en ese sentido es en el que hay que seguir trabajando.
Señorías, la ocupación no tiene excusa, y eso es lo que pretende la ley antiocupación que hemos registrado en el Congreso. Ante la diversa casuística que puede existir, si es morada o segunda residencia, si está vacía, si el propietario es
una persona física o jurídica, si son mafias, si son okupas convencidos, nuestra ley define exactamente lo que es la ocupación ilegal como acto delictivo, que es la tenencia o disfrute de un inmueble ajeno, que no es tuyo. Regula la lucha contra
las mafias estableciendo penas de cárcel, desalojos en 48 horas máximo, y que las comunidades de propietarios puedan intervenir, y un inmueble ocupado ilegalmente no puede tener la consideración de morada o domicilio, de manera que los ilegales no
vayan a gozar de la misma protección y los mismos derechos que quien compra una vivienda o quien vive en un piso pagando su alquiler. Además, considera nula, por supuesto, la inscripción en el padrón municipal cuando la persona que intenta
inscribirse es un okupa ilegal.
Estas dos medidas serían el objeto de esta proposición no de ley, porque entendemos que la acción por parte de la Administración autonómica tiene que ser otra, no empadronar a los okupas. La ocupación ilegal no puede ser, en ningún caso,
alternativa a la carencia de viviendas. Ni es alternativo, por supuesto, intervenir la propiedad privada, como se ha hecho en Cataluña, donde se legaliza la ocupación, pero tampoco debe pasar por que se le dé al okupa, ya lo he dicho antes, los
mismos derechos que alguien que
se ha costeado su vivienda, o simplemente que haya accedido a la vivienda con ayudas públicas y resida en una vivienda social.
Hay que evitar la discriminación entre quien accede a la vivienda por sistemas reglamentarios y quien se autoadjudica, por decirlo así, una vivienda que es de otro. Ese es el sentido de esta propuesta, que todos los ciudadanos tengan la
garantía de que están en el Estado de derecho reflejado en nuestra Constitución y se tomen las medidas necesarias para que únicamente se puedan empadronar los titulares de derechos reales sobre una vivienda.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Zurita.
No hay enmiendas a esta proposición no de ley, así que pasamos directamente al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.
Volvemos a repetir debates otra vez. Hemos hablado de la ocupación hoy mismo en el hemiciclo y repetimos el mismo debate ahora. Algunos grupos eligen los cupos para volver a hablar de lo mismo una y otra vez en esta Cámara, sobre todo sin
solucionar nada.
¿Que tenemos un problema con la ocupación? Yo creo que esto está más que claro. Nosotros ya registramos -y lo vimos en la legislatura pasada- nuestra ley antiocupación. Fue tomada en consideración por el Pleno de la Cámara, pero no se
pudo acabar de desarrollar en la ponencia el año subsiguiente. Hemos vuelto a registrar, corregida y aumentada, como una buena obra, una nueva ley antiocupación, y estamos a la espera de que el Gobierno nos dé su conformidad. La verdad es que se
van agotando los 30 días que tiene para hacerlo. No entendemos muy bien tanta dilación para dar la conformidad a esta ley.
Señorías, una sociedad sana yo creo que es aquella que ayuda a solucionar los problemas que tienen las personas, y es evidente que en este país hay familias vulnerables y gente desfavorecida que necesita poder acceder a una vivienda. Pero
la manera que la sociedad y el Estado deben de tener para dar solución a esos problemas que son reales, que existen, no puede ser mirar para otro lado y permitir que la gente se busque la vida por sí misma, sino que tienen que dar solución a esos
problemas. Por tanto, la ocupación no es una solución a los problemas, como se quiere vender por parte de algunos grupos. No es una solución a los problemas de los más desfavorecidos, no es una solución a los problemas de las familias vulnerables,
es una ilegalidad. Por tanto, la solución a unos problemas reales no puede ser la ilegalidad. En este caso alegalidad también, porque no hay una norma clara para esto.
Es verdad que muchos grandes tenedores tienen muchas veces parte de la culpa de estas ocupaciones, entre otras cosas porque no acaban denunciando las propias ocupaciones, lo cual crea un clima en el que la gente piensa que todo puede valer.
Pero es que esto no es así. Un Estado de derecho se sustenta en la observancia exacta de las leyes.
Yo sé que también hay otro problema dentro de este Gobierno, y es que probablemente parte de este Gobierno entiende que la propiedad privada igual no es importante, o igual hasta que ni siquiera debería existir. Pero yo creo que entonces lo
que tienen que hacer ustedes, señores de Podemos, es decirlo de forma clara. Decir: 'oiga, es que nosotros no creemos en la propiedad privada, y como no creemos en la propiedad privada, pues exprópiese; expropie el que pueda, que el Gobierno
expropie y los ciudadanos, de forma voluntaria, pues que vayan expropiando también a su manera'.
Yo creo que esta no es la solución del problema de las personas vulnerables. No se puede uno esconder en el problema real de las personas y las familias vulnerables y defender un escenario que solamente beneficia a las mafias, que solo
beneficia al delito, a aquellos que precisamente promueven el delito, y que crea una sensación de inseguridad absoluta en nuestra sociedad.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, el señor Rufián Romero tiene la palabra.
El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.
Primero, quiero agradecer la intervención ecológica de la portavoz del Partido Popular porque ha sido reutilizada. Ha dicho exactamente lo mismo que esta mañana.
Les voy a leer unas declaraciones de un juez, pues a mí no me creen. Es Joaquim Bosch, magistrado. Él dice lo siguiente: En dieciséis años -dieciséis- como juez no he tenido ni una sola ocupación de
primera vivienda -en dieciséis años, ni una sola; juez instructor-, todas han sido casas vacías, sobre todo de bancos. ¡Ah, bancos! Dato importante para, quizá, sospechar que tanto lo de esta mañana como lo de esta tarde, lo de VOX y lo
del Partido Popular, quizá son iniciativas, cuanto mínimo, patrocinadas.
Yo creo que convendría recordar, una vez más, que todo forma parte de una burbuja mediática, de una campaña para tapar -todo el mundo lo sabe- la fuga del rey emérito durante este verano. Las portadas diarias de según qué medios de
comunicación, en las que solamente se hablaba de Unidas Podemos y de las ocupaciones, creo que lo demuestran.
El Washington Post publicó hace muy poco -contabilizó hace muy poco- las mentiras de Donald Trump en 800 días. Son 10000. Donald Trump dice 23 mentiras al día. Le funciona, le funciona. La pregunta es si a ustedes también les va a
funcionar. Yo creo que la respuesta es que sí, les está funcionando, porque hoy en día hay muchísima gente en barrios que está mucho más cerca, sobre todo en un futuro inmediato, de tener que ocupar una casa, porque los van a acabar desahuciando,
que de que se la ocupen, que de estar preocupado por las ocupaciones. ¿Cómo se explica?
La esperanza es que, a pesar de sus enormes maquinarias mediáticas y de poder, de momento están en la oposición. Repito: consideramos que es una burbuja mediática y no vamos a participar de ella. Estamos hablando del 0,06 % de los
allanamientos en este país, 14000 y pico frente a 26 millones de viviendas. No da lugar, y lo saben.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rufián.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Elizo Serrano.
La señora ELIZO SERRANO: Muchas gracias, presidente.
Señorías, el padrón municipal es, como todo el mundo sabe, el requisito meramente burocrático que permite hacer efectivos algunos de los más elementales derechos fundamentales. Estamos hablando del derecho a la educación, del derecho a la
salud o del derecho a la atención social, entre otros. No es la primera vez que las asociaciones denuncian trabas injustificadas para acceder al padrón de los sectores más débiles de la sociedad. No es tampoco la primera vez que el Partido Popular
defiende y ejecuta la restricción de los derechos fundamentales -estos sí- de las personas en función de sus circunstancias sociales. Sin embargo, hoy no estamos solo aquí para asistir al último embate contra los derechos humanos. No estamos ni
siquiera ante la penúltima manifestación de aporofobia o criminalización de los perdedores de todas las crisis.
En realidad, da igual lo que digamos. Lo que hoy estamos haciendo aquí, querámoslo o no, y por el solo hecho de estar aquí, es un publirreportaje: crear un problema donde no lo hay, generar un falso relato para engañar a la ciudadanía. Un
publirreportaje al negocio de la seguridad privada en España, un negocio más propio de la mafia: se crea miedo y se cobra protección. Un negocio, el de la seguridad privada, surgido -y no por casualidad- de las sombras del franquismo. ¿O acaso
hay que recordar a los insignes presidentes de Prosegur, señor Arias-Salgado o señor Martín Villa? Un sector con una ley hecha a medida por Jaime Mayor Oreja para sus hermanos José y Carlos y para él mismo, como apoderados, administradores o
accionistas de diversas compañías de seguridad privada.
Pero lo que estamos haciendo aquí hoy, señorías, es aún peor. Es un publirreportaje al servicio del negocio de la mentira. Un publirreportaje que impulsa el negocio de moda entre los inversores, el miedo a la ocupación de la vivienda
habitada, una mentira repetida mil veces que acaba en la web de Prosegur, donde se publicita ya una nueva alarma antiokupas, un servicio que incluso te protege si los supuestos okupas intentan entrar en tu casa estando tú en ella. Esto, señorías,
tiene un nombre, y todos lo conocemos: publicidad engañosa y estafa, y lo que estamos haciendo aquí es hacer publicidad a una estafa, a un servicio por el que te pueden cobrar hasta casi 1000 euros al año para cubrirte de un riesgo inexistente.
Digámoslo alto y claro: en España no hay un problema de ocupación de las viviendas en las que vivimos. Es una patraña comercial, y la única manera de no participar en esta mentira es, obviamente, diciendo la verdad, y la verdad es que en España no
hay un problema de ocupación, lo que hay es un problema de desocupación, un problema de desocupación de viviendas.
De los 25 millones de viviendas que hay en España, solo 21 millones están habitadas, sea diariamente o como segunda residencia. Hay casi 4 millones de viviendas completamente deshabitadas, es decir, lo que la ley define como desocupadas
permanentemente, sin causa justificada y por un plazo de dos años. El número más alto de viviendas vacías e inútiles de Europa. Casas donde solo retumba el silencio político sobre el verdadero problema de la vivienda. Muchas de estas viviendas
son, como sabemos, el trágico
resultado de los desahucios ejecutados por los bancos, desahucios que se siguen produciendo en España en 2020 sin alternativa ocupacional. Seguimos teniendo muchas casas sin gente y mucha gente sin casa. Seguimos teniendo casi 4 millones
de casas vacías, que degradan día a día el derecho constitucional a la vivienda. Seguimos negando el acceso a la sanidad y a la educación de familias más vulnerables, criminalizando a las víctimas, dirigiendo la acción política con mezquindad a los
sectores más desfavorecidos de la sociedad, utilizándolos a todos para revolver el río, seguros de la ganancia de los pescadores de siempre, a costa de la verdad legal y material y a costa de los derechos de las familias que lo están pasando peor.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Elizo.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Zambrano García-Raez.
El señor ZAMBRANO GARCÍA-RAEZ: Gracias, señor presidente.
Bueno, como ya se ha dicho, este tema ya se ha debatido en el Pleno, y apoyaremos la proposición del Partido Popular. Un acto ilegal no debe dar nunca un beneficio a aquel que comete el acto ilegal, y creo que eso es de sentido común, y sin
duda han de ser tomadas medidas que protejan la propiedad privada, que acaben con esa demagogia barata que desde la izquierda radical justifica la ocupación. Una ocupación que se niega. Yo personalmente la he visto en mi ciudad y en mi provincia,
y yo no sé cómo son capaces de negar la realidad de lo que puede ser la tragedia para una familia que tiene acumulado su ahorro y el fruto de su trabajo en una segunda, en una tercera vivienda o que tiene allí la herencia del trabajo de sus padres y
sus abuelos.
El Gobierno debe asumir la responsabilidad y el deber de proteger a aquellos españoles que, con su esfuerzo, adquirieron esos inmuebles, por los que pagaron impuestos y por los que se esforzaron mucho.
La propiedad privada es un derecho básico en toda sociedad civilizada, es garantía de libertad individual, y viene, efectivamente, garantizada en nuestra Constitución. Nadie puede ser privado de su propiedad si no por causa justificada y de
acuerdo con la ley, algo que deberían ustedes repetirse una y otra vez: de acuerdo con la ley. Hay que respetar la ley. Por ello, toda medida que defienda este principio es una medida que defiende nuestra Constitución y nuestro sistema de
libertades.
Actualmente, salvo error, hay cuatro iniciativas legislativas sobre este asunto, dos del Grupo Parlamentario VOX, una del Partido Popular y otra del Grupo de Ciudadanos. Bueno, pues a grupos como el Partido Popular les conmino a que apoyen
también las iniciativas de VOX en este sentido, que las estudien y las analicen, porque creemos que son de sentido común y, en definitiva, son iniciativas que se refieren a la reforma del sistema legal para proteger un principio tan esencial y tan
fundamental para el funcionamiento de una sociedad medianamente civilizada. Todo ello no quita la necesidad de que se desarrollen con eficacia políticas de vivienda. Es responsabilidad de la Administración tanto la defensa de la libertad de la
propiedad privada como la de desarrollar estas políticas de vivienda. También les conmino a apoyar las propuestas del Grupo VOX en este sentido. Tenemos presentada una propuesta -pueden ustedes verla y analizarla en el boletín oficial del 24 de
julio del 2020- para la mejora del sector de la vivienda y el aumento de la inversión destinada a la vivienda de protección oficial. Sin duda, no solo justificando la ocupación se soluciona el problema, la Administración tiene que poner de su parte
y con eficacia, invirtiendo los recursos públicos en cosas útiles, como puede ser esta, y no en el ingente gasto político que, de forma absurda, está manteniendo de forma constante este Gobierno tan de izquierdas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zambrano.
Cierra el turno el Grupo Parlamentario Socialista con la señora Narváez Bandera.
La señora NARVÁEZ BANDERA: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
Traen esta tarde una moción sobre un tema reiterativo a esta Comisión, con la que creo que pretenden -a mi entender- seguir alentando el miedo en la gente, un miedo infundado a perder su casa. Con esta moción lo único que pretenden es
crispar el ambiente y fomentar el conflicto social a través de la desinformación y de los bulos en las redes. Digo esto, señorías, porque en la exposición de motivos enredan y confunden, haciéndose eco de las mentiras que se han vertido, sobre todo
por la publicación en el BOE de la Resolución del 29 de abril sobre empadronamientos en infraviviendas. Señorías, esto, como ya saben, no es nuevo. Deberían saber que se aprobó en el año 1997, cuando gobernaba el señor Aznar, y se llamaba
empadronamiento de marginados. ¿A qué viene sacar esto otra vez ahora? ¿A quién
le conviene? Ya lo han preguntado algunos y algunas diputadas. A la vista del tratamiento que le están dando, parece ser que este es uno de los grandes problemas del país, y lo que buscan es crear alarmismo y miedo entre la población,
haciendo un batiburrillo con los conceptos técnicos de usurpación, allanamiento, que la gente no comprende, y se han dado los datos esta mañana y se han vuelto a reiterar aquí nuevamente. Por lo que se refiere a allanamiento, cuando se produce en
la primera y segunda vivienda, hubo solo 285 condenas y van bajando desde el 2016. ¿Que hay que proteger a las personas que lo sufren? Por supuesto, señorías, pero la mayoría de las ocupaciones -se ha dicho- se producen en edificios vacíos
pertenecientes a grandes bancos y fondos de inversión. Estas ocupaciones han ido creciendo, pero crecieron de una manera exponencial del 2013 al 2016, y ahí también gobernaba el Partido Popular.
Señorías, este Gobierno está tomando las medidas para dar solución a estos problemas. Ya se ha dicho esta mañana en el Pleno, la Fiscalía ha publicado una orden de actuación para los fiscales, el Ministerio del Interior también ha sacado
una instrucción para establecer el protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y todas estas medidas, señorías, refuerzan los derechos de las víctimas y los perjudicados por estos delitos, recurriendo a la inmediatez en
el desalojo. Ayer mismo, el ministro de Justicia en el Senado no descartó medidas contra el fenómeno de la ocupación para favorecer los desalojos, y, si no son suficientes esas medidas que se van a tomar, habrá que articular otros cambios legales,
pero desde el sosiego, desde el sosiego necesario para abordarlos, porque no en todos los territorios ni en todos los municipios se dan las mismas circunstancias.
Ahora bien, que el padrón municipal sirva para legitimar, de alguna manera, estos delitos, es absolutamente falso. Es una falacia, y ustedes lo saben. El padrón municipal solo es un reflejo de las personas que viven en un municipio. El
padrón municipal no da ningún título de propiedad, señorías. Estar inscrito en el padrón no te hace ni propietario de la vivienda, ni arrendatario, ni te da ningún tipo de derecho de uso. Si esto supone un ilícito, lo tienen que sustanciar los
tribunales. Pero les voy a decir más, en la mayoría de los municipios no empadronan a las personas por la cara, pregúntenles a sus alcaldes y alcaldesas. De ocupar una vivienda a empadronarse en ella hay un trecho. La mayoría de los
ayuntamientos, tal y como recoge la normativa, porque también recoge eso la normativa, piden para el empadronamiento que se acredite que la vivienda es propiedad de la persona que se va a empadronar.
El señor PRESIDENTE: Señora Narváez, debe concluir.
La señora NARVAEZ BANDERA: Bien a través de un contrato de compraventa o escritura, que el propietario autoriza el empadronamiento, que tengan un contrato de alquiler, no se empadrona de oficio, y las bajas están reguladas.
Ninguna de las peticiones de esta proposición no de ley tiene fundamento, señorías, así que desde el PSOE no la apoyaremos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Narváez.
- RELATIVA A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEMORIA DEMOCRÁTICA Y ACABAR CON LA IMPUNIDAD DE LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS EN ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN
COMÚN. (Número de expediente 161/001074).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última proposición no de ley, que es del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a impulsar políticas públicas de memoria democrática y acabar con la
impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en España.
Para su defensa tiene la palabra el señor Santiago Romero.
El señor SANTIAGO ROMERO: Muchas gracias, presidente.
Esta proposición tiene la finalidad de reconocer a quienes hicieron posible que hoy disfrutemos de libertades, de democracia, de derechos civiles y sociales, y además garantizar el derecho a reparación por algunos hechos realmente
ignominiosos. Es un homenaje necesario, más en estos momentos, cuando la actual pandemia, que tiene una gran incidencia entre personas mayores, se encuentra golpeando a una generación que sufrió duramente las consecuencias del golpe de Estado de
1936, de la guerra de España y de la prolongada dictadura franquista. Hemos perdido referentes muy importantes de la lucha
democrática y por las libertades, tanto mujeres como hombres. Citaría -sin querer excluir a nadie- a Rafael Gómez Nieto, el último de los combatientes de La Nueve, la mítica compañía del Ejército francés integrada por republicanos
españoles, que fue la primera unidad que entró en París para liberarla de la ocupación del nazismo. En todo caso, queremos expresar con esta proposición un agradecimiento, que tiene mucho que ver con el futuro que queremos para nuestro país, que
refleja valores de compromiso con los demás, de defensa de los derechos humanos, de rechazo a cualquier dictadura y a cualquier régimen autoritario. Porque, señorías, como saben, la democracia y los derechos humanos no volvieron a España solos,
fueron la conquista de unas mayorías que lucharon, dieron su vida en algunos casos, se movilizaron exigiendo derechos y libertades, y este legado debemos transmitirlo a las generaciones futuras. El Consejo de Ministros aprobó hace dos semanas el
anteproyecto de ley de memoria democrática, que entre sus objetivos está el de este reconocimiento y el fortalecimiento de las políticas públicas de memoria, pero sin duda llegamos tarde por una sucesión de olvidos ciertamente negligente, y por eso
debemos adoptar con urgencia medidas de reconocimiento público a quienes dedicaron su vida a luchar contra el franquismo. Luchadores por la democracia y la libertad, porque, desgraciadamente, en España han existido políticas, a diferencia de lo que
ha pasado en los países de nuestro entorno, que han querido despreciar la importancia de la lucha contra la dictadura franquista utilizando una supuesta equidistancia entre quienes se aprovecharon de los privilegios de la dictadura franquista y
quienes defendieron el orden constitucional y democrático. Fíjense que hasta últimamente hemos tenido que soportar en el Pleno de esta casa de la democracia reivindicaciones del régimen franquista, lo cual es absolutamente incompatible con hablar
de reconciliación. Además, vemos cómo se han obstaculizado medidas para dar incluso entierro decente a víctimas de la represión que aún permanecen en las cunetas y los campos de nuestro país en fosas comunes, algo que los católicos -como alguna vez
hemos oído en esta Cámara- seguro que clasificarían como acto impío, no dar el debido enterramiento a estas personas. Además, asistimos a insultos a personas que lucharon contra los regímenes de Hitler o de Mussolini. Nuestra sorpresa es el
insulto que se cometió a las víctimas y a sus familias del periodo más negro de la represión franquista, cuando el actual Ayuntamiento de Madrid decidió desmantelar -destruir- el memorial a las más de 3000 personas fusiladas en este cementerio del
este de Madrid, entre 1939 y 1943, fusiladas a consecuencia de la actuación de tribunales de excepción, tribunales organizados por una dictadura, sin ninguna legitimidad, que hoy, en el anteproyecto de ley que se ha aprobado en el Consejo de
Ministros, obviamente se pone negro sobre blanco que son sentencias de esos tribunales absolutamente nulas por ilegítimas, como no puede ser de otra forma en derecho. Sin duda, es un hecho que constituye una revictimización para esas 3000 personas
fusiladas, alejándose de la obligación que tiene el Estado de procurar la verdad, garantizar la justicia y la reparación. Por eso, nuestra proposición reconoce a esas personas. No es una venganza, es justicia. La izquierda de este país nunca ha
profanado, como ha hecho la derecha, y como en este caso es evidente, no oculta la realidad histórica y reconoce los derechos a la memoria, incluso también de los golpistas, y su reparación a las personas que todavía no lo han conseguido.
Fíjense, frente a ese deleznable hecho cometido por el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo de VOX, les cito, por ejemplo, la actuación realizada en el Ayuntamiento de Fabero en agosto de este
año, del 2020. A propuesta de Izquierda Unida se retiró -y en cumplimiento de la Ley de memoria democrática del año 2007- una placa dedicada a los caídos por Dios y por España, pero la propuesta que se hizo no fue simplemente retirar la placa y
destrozarla, como ha hecho el Ayuntamiento de Madrid con el memorial de las 3000 víctimas, lo que se acordó fue trasladarla a un cementerio religioso, instalar esa placa para que, quien así lo quisiera, pudiera rendir memoria incluso a los que
cayeron en la guerra en el bando de los sublevados fascistas que atacaron la legalidad constitucional. Ese es el ejemplo, y por eso es absolutamente indecente...
El señor PRESIDENTE: Señor Santiago, debe concluir.
El señor SANTIAGO ROMERO: Sí.
...indecente e inasumible esa revictimización de las víctimas, ese odio contenido y esa falta de valores y de respeto a los derechos humanos. Quiero acabar la intervención reconociendo y agradeciendo la labor de las organizaciones
memorialistas y de los familiares de las víctimas, en especial de las que fueron ejecutadas por la dictadura franquista en el cementerio del Este de Madrid.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Santiago.
No hay tampoco enmiendas a esta proposición. Por lo tanto, pasamos al turno de fijación de posiciones.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor García Adanero.
El señor GARCÍA ADANERO: Sí. Muchas gracias, señor presidente.
Ya decía el propio portavoz del Grupo Podemos que el Gobierno ya ha anunciado, y parece ser que ya ha aprobado, no sé si como proyecto o como anteproyecto, pero, en definitiva, que se va a poder debatir de esta cuestión en la Cámara, y con
una ley. (La señora vicepresidenta, Garrido Gutiérrez, ocupa la Presidencia).
En todo caso, ha habido un momento en que yo no sé si ha querido hacer un chiste con la condición de católico, espero que no. Yo le digo que soy católico y espero que me respete; simplemente eso. Espero que no lo haya querido hacer como
gracieta, porque le pido respeto. (El señor Santiago Romero: Perdón, ¿me está preguntando? Me ha dado esa sensación, sin más. (El señor Santiago Romero: No he hecho ningún chiste. He sido educado en un colegio católico como la mayoría de los
españoles). Que no le pregunto dónde ha estado ni ha dejado de estar, que me da igual. Si ha querido hacer un chiste con eso, digo que respete, sin más.
La señora VICEPRESIDENTA (Garrido Gutiérrez): Bueno, por favor.
El señor GARCÍA ADANERO: A partir de ahí, le quería decir que, evidentemente, contra el franquismo luchó mucha gente. Unas personas, desde luego, lucharon por obtener la libertad y otros lo hicieron por tener un régimen diferente, un
régimen comunista, y tenían, evidentemente, como referentes tanto al dictador Castro como al propio Stalin en su momento, etcétera. Pero, bueno, ya habrá tiempo de hablar de eso. Yo creo que lo que subyace al final en este tema y en algunos otros
que estamos viendo por parte de su partido y por algún otro, es decir que la Transición se cerró en falso, y si hay que hacer un homenaje a aquellos que lucharon por las libertades en España y por tener la democracia que tenemos hoy en día, desde
luego sería a aquellos que hicieron la Transición, tanto los actores principales, que los tenemos ahí enfrente, en cuadros, como el conjunto del pueblo español, que, al final, con su voto hizo posible esa Transición. Se quiere hacer una Transición
en falso porque eso justificaría muchas cosas. Si decimos que la Transición se ha cerrado en falso, eso justificaría el posible derecho de autodeterminación -para algunos- de las nacionalidades españolas que lo pudieran hacer; evidentemente, para
los nacionalistas vascos. Si hubiéramos cerrado la Transición en falso también justificaría, desde luego, toda la actividad terrorista de ETA hasta el día de hoy, porque seguiríamos en el posfranquismo y, por lo tanto, estaría justificado el seguir
luchando -según ellos- por conseguir las libertades. Por lo tanto, este es un terreno muy peligroso. Es un terreno muy peligroso porque la Transición se cerró cuando se cerró, se aprobó la Constitución en el año 1978 y a partir de ahí, desde
luego, todos aquellos que han luchado en contra de la libertad de España, en contra de lo que se consiguió en aquel momento, han ido en contra de la democracia y de las libertades. Por lo tanto, si lo que pretenden es que la Transición fue en falso
y que ahora, que hay un gobierno socialista más comunista en el Gobierno, apoyado por independentistas y por los herederos de Batasuna, ha llegado la verdadera democracia a España, entenderán que nosotros, contra eso, lucharemos también firmemente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Garrido Gutiérrez): Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra Mertxe Aizpurua Arzallus.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Eskerrik asko, presidente.
Acabar con la impunidad del franquismo y acabar con el franquismo sociológico que todavía pervive es el debate pendiente y uno de los retos fundamentales de este Estado. Estamos de acuerdo en que hay que tomar las medidas necesarias para
reconocer a todas las personas que lucharon por las libertades y la democracia, y hacerlo por medio de homenajes públicos. Votaremos que sí, en consecuencia.
Ahora que se escuchan testimonios desgarradores, que se pueden ver películas como la que explica lo que ocurrió con Las Trece Rosas, mujeres progresistas y demócratas a las que todavía hoy la ultraderecha califica de violadoras y
terroristas, ahora más que nunca no podemos sino expresar nuestro reconocimiento a todas las organizaciones memorialistas por el trabajo que han hecho durante todos estos años y que están haciendo, porque gracias a estas organizaciones, a estas
personas, se consigue traer aquí la memoria desgarrada de tantas y tantas personas que hoy siguen sufriendo, de familias que
siguen todavía buscando a los suyos. Estamos así porque hoy todavía hay franquismo sin Franco, y lo que se cerró en falso fue el franquismo, contrariamente a lo que dice el señor Adanero. Hace cuarenta y cinco años -cuarenta y cinco- que
murió el dictador Francisco Franco. Los principales beneficiarios políticos y económicos de aquel régimen, que están ahí también indemnes, también impunes, suelen repetir que tratar de acabar con la impunidad es remover viejas heridas, dicen que no
interesa a nadie, dicen que son cosas del pasado. Hoy he oído decir aquí, en esta sala, que son cosas de abuelos. Pues así, silenciando, ignorando el sufrimiento de las miles de personas que siguen buscando hoy a sus familiares en las cunetas,
absolviendo también a los beneficiarios de robos y expolios, se ha ido dando cuerpo a un discurso cada vez más reaccionario, a un sistema de valores que desprecia el diálogo, la convivencia, la negociación y el reconocimiento al otro. Todo esto
explica muchas cosas. El franquismo negó la diversidad, el derecho a existir y la dignidad del otro, del distinto, y esto ha dejado un rastro doloroso y perceptible en la sociología del Estado. Ya ven, hoy es 23 de septiembre de 2020 y el criminal
Francisco Franco sigue planeando sobre el debate político. Este es el resultado real de lo que los políticos de la tan glorificada Transición no hicieron. Franco construyó, efectivamente, un país atado y bien atado, atado también a la violación
sistemática de los derechos humanos, tanto que los crímenes y su impunidad no son un problema de ayer, sino de esta democracia del año 2020. Los ecos del franquismo no han tenido continuidad únicamente en el terreno represivo. El propio debate
actual sobre el modelo del Estado y el derecho a decidir de Euskal Herria y otras naciones del Estado no tendría sentido de no ser porque la dictadura de Franco rompió con la legalidad republicana en su momento e impuso un españolismo uniforme, que
se mantuvo como dogma durante la Transición, con una descentralización administrativa que no cuestionara la esencial unidad de España. Por eso, en este siglo XXI, terminar con la impunidad no es solo retirar los símbolos públicos del franquismo,
retirar los reconocimientos y los honores, sino también, y sobre todo, acabar con una herencia estructural que el dictador dejó atada y bien atada. Recuperar la memoria y acabar con la impunidad también es cambiar todo aquello que no se quiso
cambiar, y es también homenajear a los últimos fusilados por el franquismo. Precisamente, este domingo se cumplen cuarenta y cinco años de las ejecuciones sumarísimas de Juan Paredes Manot -Txiki-, Ángel Otaegui, José Humberto Baena, José Luis
Sánchez Bravo y Ramón García Sanz. Creo que también merece recordarlo.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Garrido Gutiérrez): Gracias, señora Aizpurua.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra don Mikel Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Voy a ser breve. Ya conocen ustedes la posición de nuestro grupo parlamentario en relación con los procesos de memoria y, en concreto, con el proceso de memoria del que trata esta iniciativa. Desde nuestra manera de ver las cosas, los
procesos de memoria tienen una doble finalidad: por un lado, la verdad, como se ha dicho, la justicia y reparación, como ha dicho el portavoz que defendía la iniciativa, con las personas que sufrieron un daño injusto por defender sus valores, sus
ideas, sus puntos de vista políticos, sean del color que sean; y por otro, sobre todo, tiene un valor colectivo -ya lo dije en alguna ocasión en el Pleno-, que es involucrar en la sociedad principios éticos, principios que se resumen en que la
sociedad se conciencie de que hay ciertas cosas que no pueden volver a pasar. Esta doble dimensión creemos que se da en todo proceso de memoria y también se está produciendo en los procesos de memoria en los que estamos incursos, y por eso
apoyaremos la iniciativa. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Sobre todo, porque vamos a tener ocasión de debatir esta cuestión cuando llegue a la Cámara el proyecto -hoy anteproyecto- de reforma de Ley de memoria, y también confío en que
en esta legislatura pueda llegar el proyecto de ley de reforma de la Ley sobre Secretos Oficiales, que no exclusivamente, pero sí tiene puntos de conexión importantes. Acabo señalando que confío en que esos debates, que van a ser bastante más
profundos, los podamos abordar con la mayor serenidad y, sobre todo, con un ánimo no confrontativo, sino de involucrarnos todos, como decía, en reflexionar sobre cosas que han pasado y que no pueden volver a pasar.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.
Señor Santiago, en fin, ya se lo han comentado algunos otros intervinientes, me parece que esta proposición que usted trae, con la que podemos estar, por supuesto, de acuerdo con el fondo, pero su objetivo no es ese, su objetivo es, una vez
más, volver a sacar viejas heridas del pasado. Si es que lo hemos hablado antes también con los señores de Esquerra, es que no aprenden ustedes. Le voy a contar una experiencia personal. Yo tuve tres abuelos, dos naturales, el padre de mi padre y
el padre de mi madre, y uno que era el padre de una tía mía, hermana de mi madre. El padre de mi padre falleció enseguida, yo no llegué casi a conocerle de pequeño, pero, para mí, estas dos personas, el padre de mi madre y su consuegro, fueron dos
referentes. Le contaré. Uno participó en la guerra en el bando nacional y otro en el bando republicano y, además, fue mutilado en esa guerra. Estas dos personas eran consuegros. Fueron dos personas que, pese a tener diferencias probablemente -yo
creo que ni uno era franquista ni otro era comunista, simplemente la guerra fue así y así se desarrollaron las cosas-, no he visto dos personas que se quisieran más -eran consuegros, insisto-, habían combatido frente a frente, porque yo sé que,
además, combatieron en una batalla uno al lado del otro. Evidentemente, no se conocían -por supuesto que no-, pero estuvieron en la misma batalla combatiendo. Estas personas se hicieron íntimos amigos, además de consuegros. Tan, tan amigos, que
jamás nos dieron un motivo a ninguno de sus nietos para tener que pensar que había que elegir un bando o el otro, una vez que aquello hubo finalizado. Eran una pareja de mus formidable, se entendían a la perfección. Para mí, esos son mis
referentes, señor Santiago. Para mí, esos son los héroes de la Transición, gente que abandonó cualquier resentimiento personal para trabajar juntos en pos de la concordia. Esos son los referentes que yo tengo.
Entiendo que quizá no son los suyos y entiendo que haya gente que se va a ver muy agraviada, pero volver a recuperar esto de forma permanente no ayuda a nadie, señor Santiago.
Ya que usted habla de lesa humanidad, ¡hombre!, es que siempre se le olvidan los mismos. Quiero recordarle que también, si hablamos de crímenes de lesa humanidad, hay una banda terrorista en este país que ha cometido crímenes de lesa
humanidad, y que, entre otras cosas, está denunciada por esos crímenes de lesa humanidad, porque son una banda terrorista que propició el éxodo de parte de un pueblo, que propició crímenes, que secuestró, que asesinó, que amenazó. Pero ustedes
siempre se olvidan de ellos. Nosotros no, nosotros sí que los ponemos, porque hay que hablar de todos, y si usted quiere hablar de crímenes de lesa humanidad, hablemos de los de todos.
Finalizo, presidente. Habla usted de las estatuas, de los memoriales, del reconocimiento. Le quiero recordar que, en el País Vasco, las placas de reconocimiento a las víctimas del terrorismo han sido ultrajadas, humilladas, sus tumbas
profanadas, las de las víctimas. Pero de esas usted nunca habla, señor Santiago. Es una auténtica pena.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gutiérrez.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Rufián Romero.
El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, presidente.
Comienzo con la intervención que me ha precedido, porque la verdad es que aquellos que somos de izquierdas desde pequeñitos, cada vez que señalamos la dictadura, el fascismo, el franquismo sociológico que comentaba mi compañera Mertxe
Aizpurua, siempre hay alguien de la derecha que dice: 'hombre, no te pases, no hables de viejas heridas'. Son los mismos que, de repente, te dicen 'Gibraltar español' o te sacan el comodín de la ETA. Yo creo que forma parte de una creencia muy
instaurada en este país durante muchos años, que ya decía el dictador asesino fascista Franco, aquello de: 'haz como yo, no te metas en política'. Es la criminalización de la politización. O sea que hablar de política nos separa. 'No hables de
política porque nos separa, porque, claro, entre rojos, azules', y casi casi se explica el golpe de Estado contra la legalidad republicana y, sobre todo, aquellos que lo sufrieron, que, evidentemente, tuvieron que seguir viviendo, y, evidentemente,
por las vicisitudes de la vida incluso compartieron familias, como si todo aquello hubiera sido un anuncio de Campofrío. Como se llevaban bien, claro, aquí ya está. Nosotros consideramos que el fascismo nunca es una opción, nunca es una opción
democrática. No podemos normalizar al fascismo. El fascismo es la antidemocracia. Jamás debe ser una opción democrática y mucho menos ahora, en una etapa, una época en la que el fascismo está envalentonado. Seguramente si Tejero hoy entrara otra
vez aquí, no haría falta todo lo que trajo, simplemente se sentaría y aplaudiría. Así estamos.
Un recordatorio, con muchísimo cariño y afecto, evidentemente, al portavoz de Unidas Podemos que ha hecho la intervención, y a todos los compañeros y compañeras, más allá de esta PNL. Hay un mecanismo que ellos tienen y que el resto de
antifascistas de esta Cámara no tenemos, y se lo recuerdo una vez más, porque es la mejor forma de hacer antifascismo. Las PNL están muy bien, pero la mejor forma de hacer antifascismo, el mejor mecanismo antifascista es el BOE. Es el BOE, y
algunos de ustedes están en el Gobierno y cada martes tienen una oportunidad histórica de hacer un montón de cosas en este país que se tienen que hacer y no se hacen.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rufián.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Contreras Peláez.
El señor CONTRERAS PELÁEZ: Gracias, señor presidente.
Entre los muchos aspectos chocantes de la PNL que se nos somete a consideración había una cita torticeramente truncada, una alusión a la resolución del Parlamento Europeo de septiembre de 2019. Dice la PNL: 'A nivel europeo, el Parlamento
ha aprobado una resolución solicitando a los Estados miembros una evaluación clara y basada en los principios de los crímenes y los actos de agresión'. Esa frase está cortada. Continuaba con las siguientes palabras: 'Los actos de agresión
perpetrados por los regímenes comunistas y el régimen nazi'. Esa resolución de septiembre del año pasado es histórica, porque por primera vez se ha establecido institucionalmente una equiparación moral entre fascismo y comunismo, dos ideologías
criminales que llenaron de sangre el siglo XX. En VOX rechazamos ambas terminantemente; en ese sector de la sala se rechaza solo una de ellas. Jamás les he oído una declaración de piedad, de consideración hacia los 100 millones de víctimas del
sistema comunista en el siglo XX y hacia las 72000 personas fusiladas, torturadas, masacradas en la retaguardia republicana durante la guerra civil española por el delito de ir a misa o de ser de derechas. Nunca he oído una palabra de piedad sobre
ellas a los que siempre están hablando de víctimas.
Se ha dicho también que el Partido Comunista, la izquierda, luchaba por la democracia y la libertad. Es mentira. La izquierda de los años treinta -especialmente el Partido Comunista- era una mera correa de transmisión de Stalin, de la
Komintern en España, eran agentes de la Komintern en España y cumplían órdenes. La política de Stalin en los años treinta ya sabemos cuál fue: millones de muertos en el Holodomor, la hambruna políticamente inducida en Ucrania, 6 millones de
muertos de hambre, 2 millones de muertos en la deskulakización, etcétera, y los comunistas españoles, discípulos aventajados de Stalin, reproducían la misma conducta criminal durante nuestra Guerra Civil. Ellos tuvieron una participación muy
destacada en esas matanzas a las que aludí antes, matanzas que iban dirigidas no solo -aunque sí muy especialmente- contra las personas de derechas, también contra la propia izquierda. Esta es una peculiaridad de la violencia comunista. Todo el
mundo conoce -quizá ustedes no- la mini guerra civil en Barcelona, en mayo de 1937, entre comunistas y anarquistas, cuando los comunistas machacaron a los anarquistas con cientos de muertos y miles de encarcelamientos. Testigo de excepción de
aquellos acontecimientos fue el escritor George Orwell. En el mundo anglosajón a menudo se plantea la cuestión de cómo pudo Orwell escribir la novela definitiva sobre el totalitarismo -1984- sin haber estado nunca ni en la Unión Soviética ni en la
Alemania nazi. Bien, es que había estado en Barcelona en 1937, y eso le bastó para saber lo que era el totalitarismo. Lo describió, literalmente, como el reinado del terror. Cito textualmente una frase suya: La idea de eliminar a todo el que no
está de acuerdo con nosotros no nos parece natural en Inglaterra. En Barcelona, en 1937, parecía algo completamente natural eliminar al que no esté de acuerdo con nosotros.
Los comunistas no solo -por cierto, muchos de ustedes pertenecen al Partido Comunista, me refiero a Unidas Podemos; nosotros nacimos hace seis años, el Partido VOX tiene seis años, el Partido Comunista tiene cien años y muchos se precian
todavía de pertenecer a él- asesinaron a muchas personas, sino a la misma democracia, con lo que dije antes: la ruptura de la regla del juego a partir de 1934, al no aceptar la victoria electoral de las derechas.
Me permitirá terminar citando unas palabras de Jesús Hernández, líder del Partido Comunista de España en Alicante, en enero de 1936: Nosotros siempre hemos aspirado a formar un partido único que adopte como norma en su lucha la insurrección
armada para la conquista del poder y la instauración de la dictadura del proletariado.
Es mentira que ustedes lucharon por la democracia y la libertad. Luchaban por la dictadura comunista, y es lo que se hubiera establecido en España si hubiesen triunfado ustedes en la Guerra Civil. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moro Álvarez.
La señora MORO ÁLVAREZ: Gracias, presidente.
El 5 de mayo de 1978 un diputado decía en esta Comisión: A lo largo de la historia de nuestro país, prácticamente durante cerca de dos siglos, la confrontación se ha establecido entre quienes proclamaban que la soberanía nacional reside en
el pueblo y entre quienes negaban, de una u otra forma, este principio, y ha sido una confrontación dramática y muchas veces sangrienta que ha frenado el progreso de España. Cuando hoy todos los partidos presentes en el Parlamento, con raíces
históricas no solo distintas sino opuestas, proclamamos unánimes este principio, puede afirmarse que España ha alcanzado una cota histórica trascendental, que todos debemos comprometernos a no ceder jamás.
Decía también: A medida que la guerra de 1936-1939 fue pasando a la categoría de acontecimiento histórico -trágico, pero pasado ya-, cuando la necesidad de rehacer el país y superar aquella tragedia nos condujo a pensar la política de la
reconciliación nacional, explicamos que lo decisivo era obtener, con el consenso más amplio, un sistema de libertades democráticas. Lo decisivo era la democracia.
Señorías, estas son las palabras de un peligroso ultraderechista llamado Santiago Carrillo. Ahora hablan ustedes de memoria histórica, de memoria democrática, pero lo decisivo realmente para ustedes no es la democracia ni la reconciliación
ni el futuro. Pretenden dinamitar el pacto de la reconciliación, el pacto constitucional. Ustedes hoy, con esta iniciativa -como vienen haciendo- eliminan la reconciliación a la que sus antecesores se comprometieron y quieren devolvernos al
enfrentamiento. Cuando necesitan titulares, ocultar una mala gestión, errores o inconsistencias, las fuerzas de la izquierda recurren a un victimista discurso de memoria histórica, y ahora democrática, que divide y nos devuelve a tiempos previos a
la reconciliación, justo cuando necesitamos mucha fuerza para gestionar los graves problemas del presente.
Nos preguntamos: memoria, ¿para qué? ¿Para ser mejores en el presente y no cometer errores? ¿Para conocer mejor lo vivido? ¿Para consolidar y avanzar en los valores de la Transición? ¿O, al contrario, como trampantojo, como instrumento
de distracción? ¿Para mantener vivo el odio que nuestros mayores superaron? ¿Para bloquear la sociedad y vivir sine die en el pasado más negro? ¿Para reescribir la historia? ¿Para excluir, estigmatizar y trabajar por el pensamiento único?
Señorías, solo la pluralidad ideológica, el respeto mutuo, aún más que la tolerancia, y la rigurosa confrontación intelectual permiten convivir y avanzar a una sociedad. Las sociedades que solo miran atrás y aspiran a alcanzar una foto fija
buscada por los que no admiten réplica, bloquean el progreso. La renovación, la búsqueda de lo mejor, la comparación con vistas a la propia superación es lo que nos permite avanzar.
En palabras de la profesora Mangas, el irrefrenable deseo de mejorar nuestras vidas e instituciones, el sentido crítico, es lo que hace el progreso humano. Nosotros, el Grupo Popular, estamos a favor de mejorar, de sumar, no de dividir o
excluir. Estamos a favor del Pacto constitucional de la reconciliación y la concordia, de aprender de las lecciones del pasado, pero de mirar al futuro y preocuparnos por las necesidades presentes. Es una broma de mal gusto que el grupo de apoyo
al Gobierno, que en plena crisis de la pandemia estuvo más preocupado por perseguir la libertad de expresión y de pensamiento que de organizar bien los recursos sanitarios, justifique hoy esta iniciativa pensando en unas pocas víctimas de la
pandemia, cuando no les interesan todos los demás y cuántos son los demás.
El señor PRESIDENTE: Señora Moro, debe concluir.
La señora MORO ÁLVAREZ: Termino enseguida.
Señorías, ustedes, que han hecho gala del binomio prohibición-sanción, vienen ahora a darnos lecciones de lo que es memoria histórica. Por eso, no podemos apoyar esta iniciativa, porque en este momento eso que proponen no aporta nada a las
necesidades actuales y urgentes de los españoles que mueren, enferman y pierden su trabajo.
Permítanme que termine con palabras también de Santiago Carrillo: En cuanto concierne al Grupo Parlamentario Comunista y a los sectores que representa, nuestro compromiso es total. No haremos jamás nada que vaya contra el principio de la
soberanía popular y nos opondremos resueltamente a todo lo que se le enfrente. Este compromiso lo adoptamos públicamente con toda responsabilidad ante la opinión pública española.
Ustedes han abandonado ese compromiso. Nos encontrarán en el compromiso de la reconciliación y en el constitucional.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Moro.
Termina el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor García Gómez.
El señor GARCÍA GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
La democracia española está plenamente homologada con las democracias con las que compartimos la Unión Europea. Desde los primeros tiempos de la Transición, España quiso incorporarse a Europa, entre otras cuestiones, para tener unos
estándares democráticos que nos alejaran de la Dictadura. Desgraciadamente, no todos los componentes de quienes participamos en la vida política de este país parece que se homologaron con sus correligionarios europeos. No parece que en esta
materia de memoria histórica, de condena del franquismo, la derecha española haya avanzado lo más mínimo. Nadie imagina a la CDU del señor Kohl y de la señora Merkel incumpliendo las leyes alemanas que impiden el enaltecimiento del nazismo en
cualquier nivel de Gobierno. En España, por el contrario, los Gobiernos de Rajoy, muchas comunidades autónomas gobernadas por el PP y muchos ayuntamientos con regidores populares han incumplido sistemáticamente la Ley de Memoria Histórica de 2007.
Desde las últimas elecciones de 2019, apoyados en la ultraderecha de VOX, literalmente se han declarado en rebeldía contra la obligación de cumplir dicha ley. Se autocalifican de constitucionalistas, pero, en realidad, lo que les retrata es
que son constitucionalistas a tiempo parcial. Por estas circunstancias, en primer lugar, y para complementar la ley de 2007, en segundo lugar, el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez aprobó el pasado día 15 el anteproyecto de ley de
memoria democrática. Esta ley recoge las demandas de las víctimas y de sus familiares, así como lo hace el movimiento memorialista.
El PSOE es un partido con 141 años de historia. Toda ella transcurre en paralelo a la historia de España. Por ello, en cuestión de memoria histórica, de lucha contra el franquismo, de defensa de la democracia, de defensa de la Transición,
nadie estuvo más en la vanguardia, y ello nos obliga a estar muy cerca de los hombres y mujeres que fueron torturados, encarcelados, represaliados, perseguidos, y a quienes les arrebataron sus vidas por la defensa de las libertades.
El Grupo Parlamentario Socialista espera que cuando llegue la ley de memoria democrática al Congreso, pueda ser aprobada con una amplia mayoría de las fuerzas parlamentarias democráticas. Subrayo 'democráticas', porque esto va de
democracia, no de izquierda ni de derecha. Es una obligación moral y ética que España deje de ser el país europeo con más muertos en fosas. Se precisa que sea una política pública la recuperación de todas las víctimas de esas ignominiosas fosas y
que puedan tener una digna sepultura. Necesitamos la resignificación de los lugares que hoy homenajean al franquismo y que se conviertan en lugares de memoria.
España está impelida a cerrar definitiva y dignamente lo que se intentó con la ley de 2007, y a reforzar la calidad del sistema democrático para que no haya ninguna fisura por la que puedan colarse el fascismo, el totalitarismo o el
franquismo, aunque se disfracen de populismo. Memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición, siempre serán nuestras guías en esta materia. Tenemos todas las esperanzas en el Gobierno de España, porque ha demostrado que cumple con el
derecho humanitario internacional.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
VOTACIONES:
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García.
Hemos concluido el debate de las proposiciones no de ley y pasamos ahora a las votaciones. Veo que todos los grupos tienen a todos los miembros presentes. Por lo tanto, creo que no hace falta hacer ningún receso y podríamos pasar
directamente a votar.
En primer lugar, antes de votar el primer punto, tengo que preguntar, porque antes no lo hemos hecho, al Grupo Republicano, que es el autor de la iniciativa, si acepta la enmienda de VOX. (El señor Rufián Romero hace signos negativos). Era
de supresión total, con lo cual era evidente.
Por lo tanto, votamos en sus propios términos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la revocación de honores y condecoraciones a Francisco Franco y los colaboradores del régimen dictatorial.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 5; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Antes de votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, también le pregunto al señor Elorza si acepta la enmienda.
El señor SUÁREZ ILLANA: Ha habido un error.
El señor PRESIDENTE: Somos 35...
El señor SUÁREZ ILLANA: Ha dicho que ha habido 5 votos en contra y yo creo que ha habido 6.
El señor PRESIDENTE: El Grupo VOX tiene 5.
El señor SUÁREZ ILLANA: Yo he votado en contra.
El señor PRESIDENTE: Perdón. Entonces, el resultado es el siguiente: votos a favor, 21; en contra, 6; abstenciones, 8.
Muchas gracias por la corrección.
Votamos en sus propios términos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre renovación de los órganos constitucionales y organismos institucionales.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 15; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Antes de votar la del Grupo Parlamentario VOX, también tengo que preguntarle si acepta la enmienda del Grupo Popular.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Sí, la aceptamos.
El señor PRESIDENTE: Entonces, se vota en los términos de la enmienda la proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a reducir el número de entidades, estructuras y cargos superiores y directivos, con
el fin de adaptar el gasto político a las nuevas necesidades surgidas como consecuencia de la tragedia provocada por la pandemia de COVID-19.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 18; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar en sus propios términos la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a impedir que la ocupación ilegal pueda dar lugar a la inscripción de ocupantes en el padrón municipal.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Finalmente, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a impulsar políticas públicas de memoria democrática y acabar con la impunidad de los
crímenes de lesa humanidad cometidos en España. También se vota en sus propios términos porque no había ninguna enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 15; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
DELEGACIÓN EN LA MESA DE LA COMISIÓN DE LAS FACULTADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 042/000001).
El señor PRESIDENTE: Finalmente, se somete a votación la delegación en la Mesa de la Comisión de las facultades previstas en el artículo 44 del Reglamento, concordante con la Resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de
1983.
La señora URIARTE BENGOECHEA: Señor presidente, quiero hacer una propuesta en este punto. Quiero intervenir para hacer una propuesta alternativa.
El señor PRESIDENTE: No hay propuesta alternativa. Se vota esto, sí o no. Es una delegación condicionada.
La señora URIARTE BENGOECHEA: No. Podemos hacer una propuesta alternativa, que es la delegación condicionada.
El señor PRESIDENTE: Es que es la que iba a someter a votación.
La señora URIARTE BENGOECHEA: ¿La delegación condicionada?
El señor PRESIDENTE: Si me deja acabar... Es que no me ha dejado acabar.
La señora URIARTE BENGOECHEA: No figura como tal en el orden del día.
El señor PRESIDENTE: Es que no he acabado de intervenir y no le he dado la palabra, entre otras cosas. O sea que un poco de paciencia.
Lo que iba a someter a votación es el acuerdo tipo de delegación de las comisiones en sus mesas de las facultades reguladas en el artículo 44 del Reglamento, condicionada con dos puntos. El primer punto es: de conformidad con lo
establecido en la Resolución de la Presidencia del Congreso de 2 de noviembre de 1983, se delegan en la Mesa de la Comisión las facultades a que se refiere el artículo 44 del Reglamento del Congreso. El segundo punto es: el rechazo de solicitudes
de comparecencia exigirá el acuerdo unánime de los miembros de la Mesa, quedando abocada por la Comisión la decisión en caso contrario. Esto es una delegación condicionada.
La señora URIARTE BENGOECHEA: No estamos de acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Pues vote en contra.
La señora URIARTE BENGOECHEA: No. Queremos proponer una delegación condicionada para todo tipo de decisiones de la Mesa.
El señor PRESIDENTE: No, hay decisiones que le corresponden por Reglamento a la Mesa y solo a la Mesa. Por lo tanto, si quiere cambiar el Reglamento, haga una propuesta en la Comisión de Reglamento.
La señora URIARTE BENGOECHEA: No. Presidente, queremos proponer una votación sobre la llamada delegación condicionada en los términos -y lo leo- propuestos en el libro Comentarios al Reglamento del Congreso de los Diputados, de la letrada
Mercedes Senén. En la página 368 de este libro, la letrada Mercedes Senén dice lo siguiente -y leo textualmente-: La delegación de la Comisión puede realizarse de forma condicionada o en términos absolutos. Lo primero significa que la Comisión
solo delega en su Mesa la decisión sobre la tramitación de aquellas comparecencias o solicitudes de información en las que exista unanimidad, ya que sobre aquellas en las que todos los miembros de la Mesa no coincidan, votará la propia Comisión. Es
decir, que en estos casos el Pleno de esta abocaría la competencia delegada sin que fuera necesario un acuerdo expreso para cada supuesto concreto, puesto que la delegación inicial ya se adoptó de forma condicionada.
El señor PRESIDENTE: Me gustaría saber dónde está la diferencia con lo que he dicho yo.
Acabo, porque estoy hablando.
La señora URIARTE BENGOECHEA: Pero yo no he acabado todavía.
El señor PRESIDENTE: Se acabó. No tiene la palabra. Se acabó. Es exactamente lo que he dicho yo, es exactamente lo que se ha hecho en todas las comisiones de este Congreso durante todas las legislaturas, y es lo que someto a votación:
la delegación condicionada.
Si están en contra, voten en contra. Ya está.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Eran las cinco y cinco minutos de la tarde.