Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 83, de 12/05/2020
cve: BOCG-14-D-83
PDF
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
12 de mayo de 2020
Núm. 83
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PERSONAL
299/000003 Personal eventual para la atención de los señores Diputados.
Ceses ... (Página6)
Nombramientos ... (Página6)
299/000004 Personal eventual para la atención de los señores Presidentes de Comisión. Nombramientos ... (Página6)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/000709 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la renovación de los órganos constitucionales y organismos institucionales ... (Página7)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000690 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las acciones de Marruecos sobre las fronteras de Ceuta y Melilla ... (Página9)
Comisión de Justicia
161/000710 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a agilizar la realización de la prueba de acceso a la abogacía ... (Página11)
161/000711 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a garantizar a colectivos que realizan sus labores profesionales en el ámbito de la Administración de Justicia la conciliación de su vida personal y
familiar con su actividad profesional en el ámbito jurisdiccional ... (Página12)
161/000715 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas para que se reanude la actividad en los órganos judiciales y tribunales de España a través de la plataforma LexNET, ampliándose y
mejorándose ... (Página13)
Comisión de Interior
161/000713 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a la apertura de los pasos fronterizos en las Eurocidades del río Miño ... (Página15)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/000716 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la reducción del plazo de concesiones, y el estudio de ayudas a usuarios habituales, de los tramos de peaje de la autopista A-6, conexión con Ávila y
Segovia ... (Página16)
161/000717 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas que favorezcan la cohesión territorial de España ... (Página20)
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000689 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a agilizar el cobro de prestaciones para todos los trabajadores afectados por un ERTE ... (Página22)
161/000712 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, por la que se insta al Gobierno a desarrollar un mecanismo por el cual todos aquellos trabajadores que
hubieran agotado un subsidio por desempleo en los dos meses anteriores a la entrada en vigor del estado de alarma mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, tengan automáticamente reconocida una prórroga de dicho subsidio por la misma entidad
gestora que hubiera reconocido el primero ... (Página24)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/000681 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la regulación de los intermediarios digitales. Retirada ... (Página25)
161/000687 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al establecimiento de prórrogas para la Inspección Técnica de Vehículos ... (Página25)
161/000688 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a convocar de forma urgente el Consejo Español de Turismo, a fin de definir una estrategia común y conjunta en materia turística ...
161/000699 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas urgentes para garantizar la supervivencia e impulsar al sector de automoción español ... (Página29)
161/000702 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el Plan de Reactivación del Turismo ... (Página32)
161/000718 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la creación y mantenimiento de una reserva estratégica de distintos materiales primando la producción nacional de los mismos ...
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000697 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a facilitar la empleabilidad de trabajadores durante las campañas agrícolas en el periodo de la crisis por COVID-19 ...
161/000701 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre medidas contra el alga asiática (Rugulopterix okamurae) ... (Página37)
161/000708 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Observatorio de la Cadena ... (Página39)
161/000721 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la necesidad de adoptar medidas de apoyo a todas las Cofradías de Pescadores ... (Página41)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000692 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a alcanzar una Estrategia Española de Economía Circular para afrontar la recuperación económica post COVID-19 ...
161/000704 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la regulación de la libertad de circulación para el acceso a huertas privadas o de autoabastecimiento ...
Comisión de Cultura y Deporte
161/000695 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la adopción de un plan de medidas de ayuda al sector musical de las orquestas que tenga en cuenta sus especificidades ...
Comisión de Sanidad y Consumo
161/000646 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al reparto de mascarillas para el conjunto de la población frente al coronavirus (COVID-19) en las oficinas de farmacia. Retirada ...
(Página47)
161/000693 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la falta de medidas y material de protección para las oficinas de farmacia ... (Página47)
161/000694 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la extensión de las medidas de protección del 'Plan de Contingencia contra la violencia de género debido a la crisis del coronavirus' a otras posibles
víctimas de la violencia intrafamiliar: los hombres, los menores y los ancianos ... (Página50)
161/000696 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la posibilidad de uso de la totalidad de laboratorios capacitados existentes para realizar pruebas diagnósticas de coronavirus
(COVID-19) ... (Página51)
161/000698 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la campaña de vacunación contra la gripe estacional de este año ante la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) ...
161/000703 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar las consecuencias psicológicas de la crisis COVID-19 ... (Página54)
161/000705 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo y acompañamiento de pacientes mientras estén vigentes las limitaciones de movimiento obligadas por el coronavirus (COVID-19) ...
(Página55)
161/000706 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la asistencia a los actos funerarios de las personas que fallezcan mientras estén vigentes las limitaciones de movimiento obligadas por
la pandemia de COVID-19 ... (Página57)
161/000719 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre el abastecimiento de agua y saneamiento de las aguas residuales como sistema de detección de SARS-CoV-2 (COVID-19) ... (Página58)
161/000720 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al desarrollo de un plan de choque con el que cubrir las necesidades biotecnológicas y de tecnología sanitaria ante la crisis generada
por el coronavirus (COVID-19) ... (Página60)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000669 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas urgentes en materia de universidades para hacer frente a la crisis provocada por el COVID-19 ... (Página62)
161/000714 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a elaborar una nueva Estrategia de Internacionalización de las Universidades Españolas para el horizonte 2030 ... (Página64)
Comisión de Igualdad
161/000691 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la incorporación al Plan de Vivienda 2018-2021 de un programa específico para víctimas de violencia de género ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
181/000118 Pregunta formulada por el Diputado don Alberto Rodríguez Rodríguez (GCUP-EC-GC), sobre medidas previstas para garantizar un mínimo nivel de subsistencia a aquellas personas trabajadoras que, habiendo agotado un subsidio de
desempleo antes o durante la vigencia del estado de alarma, no dispongan de ningún otro tipo de ingresos o rentas y no puedan buscar un trabajo por la imposibilidad derivada de las medidas de confinamiento ... (Página67)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000088 Pregunta formulada por la Diputada doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX), sobre posibilidad de reestructurar las inversiones y emplear los fondos inicialmente destinados para el Fondo Verde del Clima a la lucha trasversal
contra el SARS-CoV-2, al haberse reducido drásticamente las emisiones de NO2 y, previsiblemente, también las de CO2, por el confinamiento. Retirada ... (Página67)
181/000117 Pregunta formulada por la Diputada doña Inés Sabanés Nadal (GPlu), sobre medidas previstas para salvaguardar el medio ambiente en regiones como Murcia ante la inacción de los Gobiernos autonómicos, así como opinión del Gobierno
acerca de si se deberían rescatar las competencias de conservación y protección de la biodiversidad de aquellas Autonomías que estén haciendo dejación de funciones ... (Página68)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/010883 Autor: Utrilla Cano, Julio Rosety Fernández de Castro, Agustín Asarta Cuevas, Alberto Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo Salvá Verd, Antonio González Coello de Portugal, Víctor Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
Informaciones del Centro Nacional de Inteligencia sobre las advertencias de la Jefa de la Delegación en China sobre los peligros del COVID-19 que afectaba en diciembre de 2019 a la ciudad de Wuhan ... (Página68)
184/011740 Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz Movellán Lombilla, Diego Echániz Salgado, José Ignacio
ERTE presentados en España desde el comienzo del estado de alarma, así como número de los mismos tramitados y que se han resuelto directamente, porcentaje de los que están paralizados, número de los que se han denegado y motivos para ello
... (Página70)
184/011741 Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz Movellán Lombilla, Diego Echániz Salgado, José Ignacio
ERTE presentados a lo largo de las últimas cinco semanas cuya resolución corresponde al Ministerio de Trabajo y Economía Social y número de trabajadores afectados por los mismos como consecuencia del COVID-19 que son responsabilidad de dicho
Ministerio, así como, de los datos anteriores, ERTE paralizados, solicitudes denegadas y motivos para ello ... (Página71)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
PERSONAL
299/000003
Ceses
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 29 de abril de 2020, la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del
Excmo. Sr. D. Rafael Simancas Simancas, con efectos de 10 de mayo de 2020, de D.ª María Luisa Delgado Martínez, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nombramientos
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 28 de abril de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Josep Arisa Muns, a
propuesta del Excmo. Sr. D. Gabriel Rufián Romero, con efectos de 4 de mayo de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente técnico de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Republicano.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
299/000004
Nombramientos
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 28 de abril de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Gabriel Cursach
Perona, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Norma Pujol i Farré, con efectos de 4 de mayo de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de la Presidenta de la Comisión de Derechos de la Infancia y
Adolescencia.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 4 de mayo de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Marina Montoto Ugarte,
a propuesta del Excmo. Sr. D. Íñigo Errejón Galván, con efectos de 4 de mayo de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la
lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/000709
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre 'la renovación de los órganos constitucionales y organismos institucionales',
para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
El artículo 1.2 de la Constitución señala que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Previamente, el art. 1.1 CE afirma que España se constituye en un Estado social y democrático de
Derecho. El principio democrático, esto es, la premisa de que todos los poderes deben tener su origen, directo o indirecto, en la voluntad del pueblo, auténtico titular de la soberanía, constituye, por tanto, uno de los fundamentos de nuestro
sistema constitucional.
La necesaria legitimidad democrática de las instituciones explica que la propia Constitución otorgue a las Cortes Generales, que representan al pueblo español (art. 66 CE), la función de nombrar los miembros de diversos órganos
constitucionales, como es el caso del Defensor del Pueblo (art. 54 CE), los miembros juristas del Consejo General del Poder Judicial (art. 122 CE) u ocho de los doce magistrados del Tribunal Constitucional (art. 159 CE). Además, está en el
origen de que las leyes que regulan la creación de organismos institucionales, especialmente importantes para el funcionamiento de nuestro sistema democrático, también hayan optado por un sistema de designación parlamentaria.
Es el caso, por ejemplo, del Consejo de Administración de RTVE (art. 11 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal), de parte de los miembros de la Junta Electoral Central (art. 9 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general), de los consejeros
del Tribunal de Cuentas (art. 30 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas), de los vocales togados del CGPJ (art. 567 y siguientes de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial) o del Presidente del
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (art. 36 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno), entre otros.
Además, para que dichos nombramientos reflejen de manera más fiel la voluntad de la ciudadanía, tanto la Constitución como estas leyes establecen distintas mayorías reforzadas para proceder a los mismos. Desde la mayoría de dos tercios
requerida para el nombramiento de los vocales del Consejo de Administración de RTVE, hasta la mayoría absoluta necesaria para ratificar al Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pasando por la mayoría de tres quintos con la que se
debe contar para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional o los vocales del CGPJ y del Tribunal de Cuentas, así como del Defensor del Pueblo. El objetivo es que los candidatos nombrados lo sean de consenso, posibilitando a la
minoría parlamentaria la participación en los consensos.
Por tanto, una vez producida una vacante en cualquiera de estos organismos, Las Cortes Generales y, especialmente el Congreso de los Diputados, tienen la obligación constitucional de proveer, mediante el procedimiento descrito, la renovación
de la composición de los mismos. Solo así, procediendo en tiempo y forma a dicha renovación, se respeta la letra de la Constitución que establece unos mandatos temporales de los miembros de los órganos constitucionales. Como ocurre con el Defensor
del Pueblo y el Consejo General del Poder Judicial (cinco años en ambos casos) o el Tribunal Constitucional (nueve años). A su vez se acata lo señalado por las leyes que regulan la creación de otros organismos institucionales, que también
establecen plazos tasados para los mandatos de sus miembros.
Para que una sociedad democrática funcione correctamente es fundamental conseguir que la ciudadanía respete y valore sus instituciones. Se trata de un intangible sin el cual la calidad de una democracia se resiente profundamente. Pero es
responsabilidad del Parlamento ganarse el respeto y la confianza de la sociedad. Difícilmente se podrá esperar de la ciudadanía este necesario respeto si las propias instituciones no se prestigian al incumplir con las normas que las regulan. Lo
que significa, entre otras cosas, cumplir los procedimientos y buenas prácticas de la democracia y acordar las renovaciones en los plazos constitucional y legalmente establecidos.
En numerosas ocasiones en el pasado, el Congreso de los Diputados no ha acertado en el cumplimiento de sus funciones, lo que ha llevado a situaciones de bloqueo para algunos de estos nombramientos. Sin embargo, la reanudación de la
actividad parlamentaria tras su práctica paralización como consecuencia del coronavirus, tendría que llevar a impulsar una toma de decisiones presidida por la búsqueda de acuerdos.
En este momento, casi todas las instituciones que necesitan la designación parlamentaria están pendientes, en distintos grados, de renovación desde hace más de un año: El CGPJ desde noviembre de 2018, el Defensor del Pueblo desde junio de
2017, desde enero de 2018 un puesto de vocal del Tribunal de Cuentas, que debe ser designado por el Senado y el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desde noviembre de 2017. También están pendientes de renovación, desde noviembre
de 2019, los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional nombrados por el Congreso de los Diputados. El Consejo de Administración de RTVE lleva a su vez desde julio de 2018 pendiente del nombramiento de sus miembros.
La ciudadanía no acepta estrategias políticas basadas en el mero interés partidista y la confrontación permanente cuando hay tanto en juego. Reclama, de nuevo, el esfuerzo de todos los partidos en la consecución de un amplio consenso a la
hora de elegir a los hombres y mujeres que formen parte de las instituciones señaladas, vitales para el buen funcionamiento del Estado de Derecho.
Por ello, ningún grupo político debiera contribuir al bloqueo de la renovación de estos órganos y organismos que por su carácter y funciones hacen posible desde la separación de poderes, el respeto al principio de legalidad y la neutralidad
de las administraciones, hasta el cumplimiento de principios de una democracia avanzada como son la transparencia, el pluralismo, la participación y la rendición de cuentas.
La sociedad española nos exige, también, que las mayorías reforzadas necesarias para estos nombramientos permitan asegurar que los candidatos y candidatas designadas serán excelentes profesionales y garanticen la neutralidad e independencia
de los órganos constitucionales e instituciones controladores y reguladoras. La exigencia de mayorías reforzadas no puede convertirse en un instrumento para bloquear la gobernanza democrática ni en una pieza más de una agenda partidista.
En base a las siguientes consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta la urgente necesidad de que se proceda al nombramiento de los puestos vacantes o pendientes de renovación en los órganos constitucionales y organismos institucionales, proceso en el que tienen una
participación decisiva Las Cortes Generales, siguiendo los cauces constitucionales y legales establecidos y haciendo el máximo esfuerzo para lograr un amplio consenso de mayorías reforzadas entre los Grupos Parlamentarios, en torno a personas de
mérito, objetivamente muy capacitadas, con trayectoria de prestigio y garantía de independencia en el desarrollo de su tarea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2020.-Odón Elorza González, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000690
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las acciones de Marruecos
sobre las fronteras de Ceuta y Melilla, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El pasado 31 de julio de 2018 el Gobierno de Marruecos decidió unilateralmente cerrar la aduana comercial en la frontera internacional de Beni Enzar en la ciudad de Melilla, con el consiguiente y significativo perjuicio a la estabilidad
económica de la ciudad española en los sectores comercial y del transporte internacional de mercancías. Ese cierre y sus negativas consecuencias se mantienen inalterados al día de la fecha salvo en la duración de su aplicación que ya se prolonga
por más de veinte meses.
El motivo alegado para dicho cierre, aparentemente, o así se trasladó a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, fue el de promocionar la actividad comercial a través del puerto marroquí de Beni Enzar (provincia de Nador) por
parte de Marruecos en el ejercicio de su soberanía.
Este cierre unilateral por parte de Marruecos no es óbice, ni impedimento para que, sobre la base de los principios de buena vecindad, los servicios sanitarios, escolares y de administración pública en general de la Administración española
en la Ciudad Autónoma de Melilla se vean fuertemente sobrecargados y en ocasiones, incluso colapsados, por las atenciones proporcionadas a ciudadanos transfronterizos que, mediante la invocación de los citados principios de buena vecindad, acceden
libremente a la ciudad reclamando la prestación de dichos servicios y provocando, de esta manera, una importante sobrecarga en la atención a la población de Melilla.
Existe, por tanto, un evidente desequilibrio entre las perspectivas con las cuales ambos países se aproximan a esta relación fronteriza. Parece que los principios humanitarios y de buena vecindad, escrupulosamente contemplados por el Estado
español, son relegados en el caso marroquí mediante decisiones adoptadas en el uso legítimo de su soberanía, sin tener en consideración, al mismo tiempo, la necesidad de contribuir al mantenimiento de los niveles de sostenibilidad de la vida en las
ciudades de Ceuta y Melilla, tal como cabría esperar de una adecuada interpretación de los Acuerdos de buena vecindad suscritos entre ambos países.
Ante esta situación, se formuló pregunta por escrito por parte de este Grupo Parlamentario al Gobierno de la nación sobre las medidas tomadas por este para contrarrestar los efectos perjudiciales de esta acción unilateral por parte de
Marruecos, obteniendo como respuesta que se había constituido un Grupo
de Trabajo de Aduanas de ambos países, que se había reunido en dos ocasiones, al objeto de encontrar la solución más satisfactoria para ambas partes, y que aún no habían llegado a un punto de encuentro.
El pasado 12 de enero de 2020, se produjo un intento de entrada a la carrera por parte de unas cincuenta personas, que pretendían forzar el paso fronterizo de Farhana, eficazmente repelido por las Fuerzas de Seguridad del Estado presentes en
la zona, si bien con una considerable asunción de riesgos y con un celo profesional mucho más allá de lo exigible a los funcionarios de estas Fuerzas.
Preguntado el Gobierno por las acciones acometidas para reforzar convenientemente las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Ciudad, así como por las acciones emprendidas ante las autoridades marroquíes para lograr
su colaboración en el diseño de unos pasos fronterizos más eficaces y más seguros para las fuerzas policiales de ambos países, se respondió que las plantillas existentes están en un nivel de cobertura muy alto y que el contacto con el Ministerio del
Interior es permanente, al objeto de mejorar las condiciones de las infraestructuras fronterizas.
El pasado 21 de febrero, en el curso de la primera entrevista concedida a un medio de comunicación español tras el comienzo de la adopción de medidas contra el contrabando el pasado octubre en Ceuta, el Director General de Aduanas de
Marruecos, Sr. Nabyl Lakhdar, declaró a Javier Otazu, corresponsal de la Agencia EFE en Rabat, que Ceuta y Melilla 'no son fronteras' por tratarse de ciudades que Marruecos no reconoce como españolas, añadiendo que 'no son ni han sido nunca pasos
comerciales, sino de pasajeros': en este sentido deben pasar a ser 'como los aeropuertos', donde los pasajeros entran con bienes para su consumo personal a pequeña escala.
También en relación con la salud, Lakhdar justificó la prohibición de la entrada de pescado marroquí en Ceuta, señalando que era tolerable cuando se destinaba al consumo individual, pero no cuando pasaba al circuito comercial 'sin respeto de
las reglas fitosanitarias', añadiendo que la misma lógica debe aplicarse en adelante a las frutas y verduras; las medidas, continuó, aplicadas o en vías de aplicación hasta el momento en Ceuta, lo serán también, en un futuro, en Melilla, 'si
queremos ser lógicos con nosotros mismos y queremos llegar a la normalidad'. 'Si las medidas no se han aplicado aún en Melilla ha sido para no crear problemas o una fuerte incomprensión (entre su población) de manera profunda, dado que en esa
ciudad ya se comenzó con una primera medida de cierre de la oficina de aduana urbana en verano de 2018' (citada en párrafo 1 precedente).
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Manifestar su visión sobre esta serie de medidas adoptadas de manera unilateral sobre Ceuta y Melilla por parte de Marruecos.
- Constituir una Comisión Interministerial bajo la Dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en aplicación del principio de unidad de acción en el exterior, con la participación de representantes, al menos,
de los Ministerios de Hacienda, Interior, Educación y Formación Profesional, Industria, Comercio y Turismo, Sanidad e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y por supuesto de los gobiernos de ambas ciudades autónomas, al objeto de analizar la
situación en la que se encuentran Ceuta y Melilla.
- Proponer, desde el trabajo conjunto realizado en esa comisión, las medidas que garanticen la sostenibilidad de la vida en ambas ciudades, frente a la sucesión de medidas de carácter unilateral implementadas por Marruecos en las fronteras
internacionales en las mismas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2020.-Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu y Marta González Vázquez, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Justicia
161/000710
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para presentar, al amparo de los establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para
agilizar la realización de la prueba de acceso a la abogacía, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La grave crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha generado miles de pérdidas en vidas humanas que nadie puede olvidar. Como tampoco el importante coste económico, social e institucional al que deberemos hacer frente. Estamos ante el
mayor reto al que se he enfrentado nuestro país en los últimos cuarenta años de democracia, un reto que tiene a la Administración de Justicia y al sector de la abogacía como importantes aliados para la preservación de los derechos democráticos de
ciudadanía.
En esta labor es relevante la incorporación a la abogacía de los más de 6.780 aspirantes que todavía deben realizar el examen de acceso a la abogacía y que han visto suspendida la prueba por la situación sanitaria. El acceso a su título de
profesionalidad dará tranquilidad a estos operadores jurídicos y mejorará el servicio de la administración de justicia.
A través de la Resolución de 10 de marzo el Ministerio de Justicia suspendía la celebración del examen de acceso a la abogacía del 28 de marzo atendiendo a criterios estrictamente sanitarios. El ministerio se pronunciaba de este modo en pro
de evitar cualquier tipo de riesgo en la salud de los aspirantes a abogados y sus familias, comprometiéndose a publicar una nueva fecha de convocatoria con antelación.
El acierto del Gobierno de España en tomar esta medida preventiva de suspensión del examen de acceso se complementa con la importancia que le da este Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista a la incorporación de nuevos profesionales a
la administración de justicia. Una incorporación a través de la celebración del examen de acceso cuya fecha se tendrá que decidir atendiendo a criterios sanitarios, desde el diálogo con las partes y dando tranquilidad a los principales implicados;
los más de 6780 abogados candidatos a la realización del examen.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos de vital importancia la incorporación de nuevos abogados en el contexto post-COVID como medida fundamental para la garantía del ejercicio de los derechos de la ciudadanía, en un momento en
el que se prevé aumentarán los servicios jurídicos de estos profesionales.
Somos conscientes del ingente esfuerzo que tendrá que realizar la Administración de Justicia una vez pasada esta situación. En este sentido ya se han puesto las primeras medidas como el plan de agilización de la jurisdicción social y
contenciosa y de los juzgados de lo mercantil tras el estado de alarma, contenido en el Real Decreto 11/2020.
Desde este espíritu de fortalecimiento de la justicia que compartimos con el resto de operadores jurídicos y con el Gobierno, se pretende dar cauce a la realización del examen de acceso a la abogacía, desde el diálogo con los representantes
del sector y agentes implicados, atendiendo siempre a los criterios sanitarios que se determinen.
En este sentido, desde el Grupo Parlamentario Socialista, proponemos la reducción drástica de los tiempos de corrección del examen de acceso a la abogacía para facilitar una rápida colegiación, a partir del momento en que los criterios
sanitarios permitan la realización de dicha prueba, con garantías de salubridad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proseguir con el diálogo con todas las organizaciones representativas del sector de la abogacía y representantes de estudiantes en aras a alcanzar, teniendo en cuenta los criterios sanitarios, los acuerdos
que permitan, en el menor tiempo posible, la realización del examen de acceso a la abogacía, en su caso, de manera telemática.
2. Promover la rápida resolución de los resultados de la prueba y permitir la colegiación de quienes la hayan superado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2020.-Francisco Aranda Vargas, Andrea Fernández Benéitez, Miguel Ángel González Caballero y Juan Luis Soto Burillo, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas,
Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo del grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para presentar, al amparo de los establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley
para garantizar la conciliación de su vida personal y familiar con su actividad profesional en el ámbito jurisdiccional, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La Constitución Española de 1978 en su artículo 14 establece que: 'Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.' Asimismo, en su artículo 9.2, establece que: 'Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se íntegra sean reales y efectivas:
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social'.
El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la Ley, aun siendo un paso progresivo, también ha sido insuficiente, y ello a pesar de que en 2007 se da un paso muy importante con la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad
efectiva de mujeres y hombres, dictada al amparo de la necesidad constatada de tratar normativamente un problema de desigualdad entre mujeres y hombres.
Podríamos citar diferentes normas estatales que han ido introduciendo medidas para la conciliación que inciden en determinados aspectos como regulación de la jornada laboral, permisos, vacaciones, excedencias etc.
En la propia Administración de Justicia se han introducido modificaciones destinadas a equiparar la regulación del permiso de paternidad y maternidad con carácter general a lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público,
especialmente en las últimas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Es imprescindible pues que estas medidas sean extensibles a otros colectivos, como abogados, procuradores, graduados sociales, etc., que realizan sus labores profesionales en el ámbito de la administración de justicia. Por ello, es
conveniente que estas medidas de permisos, licencias y bajas que tienen reconocidos los funcionarios que desempeñen su función en la administración de justicia, se regulen, para que se extiendan y otros colectivos, cuando desempeñen funciones ante
los tribunales.
Conciliar la vida personal, laboral y familiar es un derecho de ciudadanía y una condición fundamental para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. La conciliación permite que se pueda llevar a cabo el desarrollo de la carrera
profesional de una forma plena y ejercer el derecho a la vida personal y familiar sin que nadie se tenga que ver en la tesitura de elegir entre la vida profesional y la familiar, elección que en la actualidad y a pesar de los avances sigue
perjudicando mayoritariamente a las mujeres.
En el ejercicio de la actividad jurisdiccional hay situaciones que hacen inviable a veces el ejercicio del derecho a conciliar, por ello, se hace necesario una regulación para introducir en algunos ámbitos como pueden ser las posibilidades
de suspensiones de procedimientos, vistas y actos procesales, causas que actualmente no están previstas y sin las cuales resulta imposible la conciliación de la vida familiar y
profesional y por tanto la igualdad real entre mujeres y hombres. Esa situación también se puede dar por su intervención procesal en los procedimientos de mediación y arbitraje.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas normativas necesarias que permitan y garanticen a colectivos, como abogados, procuradores y graduados sociales, que realizan sus labores profesionales en el ámbito de la
administración de justicia la conciliación de su vida personal y familiar con su actividad profesional en el ámbito jurisdiccional, de la mediación y el arbitraje.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2020.-Francisco Aranda Vargas, Andrea Fernández Benéitez y Elvira Ramón Utrabo, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/000715
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, don Eduardo Luis Ruiz Navarro, doña Patricia de las Heras Fernández, don José María Sánchez García y don Pedro Fernández Hernández, en sus respectivas condiciones de
Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa
a la adopción de medidas para que se reanude la actividad en los órganos judiciales y tribunales de España a través de la plataforma Lex-net, ampliándose y mejorándose, para su discusión en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
Primero. El Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, contempla en el ámbito de la Justicia, las siguientes recogidas en
sus disposiciones, concretamente:
Disposición adicional decimonovena. Agilización procesal.
'Una vez que se haya dejado sin efecto la declaración del estado de alarma y de las prórrogas del mismo que, en su caso, se hayan acordado el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, aprobará a la mayor brevedad posible y en todo
caso en el plazo máximo de 15 días, un Plan de Actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo así como en el ámbito de los Juzgados de lo mercantil con la finalidad de contribuir al
objetivo de una rápida recuperación económica tras la superación de la crisis.'
Segundo. La Comisión Permanente del CGPJ ha propuesto un plan de choque para evitar el más que previsible colapso de los Juzgados y Tribunales cuando se reanude la actividad judicial. Advierte de la necesidad de reformas procesales,
organizativas, de medios personales y materiales, no solo para retomar los asuntos en trámite, sino también para la incoación de los nuevos que ya estaban previstos y a un posible incremento de la litigiosidad.
Las medidas que surjan, deberían involucrar a todos los actores intervinientes en la Administración de Justicia, sin olvidar a ninguno de ellos.
La situación de la Administración de Justicia, antes de la declaración del Estado de Alarma, no era de las más benignas. Presumiblemente, ante la parada, salvo las actuaciones consideradas urgentes, los problemas se agravarán notablemente.
Tercero. El Ministerio de Justicia cuenta desde hace 15 años con un gestor de notificaciones telemáticas. Se denomina Lexnet e interopera con Minerva y Cicerone (Comunidad Valenciana), sistemas
de Gestión Procesal de los juzgados promovido por el Ministerio de Justicia español. Su uso se basa en la utilización de un programa similar a un sistema de correo web mail que permite, previa identificación con certificado y firma
electrónica, con una tarjeta criptográfica, enviar notificaciones a profesionales, inicialmente Abogados y Procuradores, desde los juzgados con efectos legales plenos.
El sistema Lexnet ha incluido posteriormente otros colectivos como la Abogacía del Estado y los Graduados Sociales y ha ampliado sus funcionalidades para que los profesionales puedan enviar escritos a los juzgados, y los procuradores puedan
comunicarse traslados de copias entre sí.
Lexnet también ofrece interoperabilidad con otros Sistemas de Gestión Procesal de las Comunidades Autónomas con competencias de Justicia transferida.
Ante la necesidad de reanudar, cuanto antes, la operativa diaria ordinaria de los Juzgados y Tribunales españoles, en una situación en la que se van a tener que extremar las medidas de protección sanitaria para todos los agentes
intervinientes en la Administración de Justicia, se hace imprescindible no solo volver a poner en marcha el sistema telemático Lexnet, sino potenciarlo y ampliarlo, implementando sus funcionalidades como una suerte de herramienta que sirva para
paliar el próximo colapso de las actuaciones judiciales.
Cuarto. El 13 de abril de 2020, se dictó desde la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, un Acuerdo adoptado en consenso con el Ministerio de Justicia, por el que se permite la presentación de determinados escritos,
tales como los iniciadores de procedimiento o los de trámite no vinculados a términos o plazos interrumpidos o suspendidos. Tal y como se recoge en el mencionado Acuerdo, 'dichas actuaciones y servicios se realizarán de acuerdo con los medios
personales disponibles, cuya suficiencia se valorará semanalmente'. Estas medidas que entrarán en vigor a partir del próximo 15 de abril de este mismo año, son insuficientes para afrontar la fatídica situación a la que la Administración de Justicia
va tener que hacer frente en los próximos meses.
Es por ello, que se hace necesario desarrollar cuanto antes el sistema de funcionalidades pendientes que ayuden a combatir el más que presumible colapso y coloquen a la Justicia española en el siglo XXI.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Se ponga en marcha el mecanismo corrector previsto en el Art. 16.4 del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y
por el que se regula el sistema Lexnet al concurrir circunstancias excepcionales, impidiendo el propio sistema que se supere en más de un cincuenta por ciento al día el volumen de salida ordinario de actos de comunicación y, si técnicamente no fuera
posible, los responsables del envío adoptaran las medidas necesarias a tal fin, repartiendo de forma gradual el exceso acumulado en remisiones consecutivas durante los cinco días siguientes.
3. Se prorrogue el acceso al almacenamiento de toda la documentación transmitida por el sistema, toda vez que actualmente se borra a los 60 días. (Art. 16.3 del citado RD) Se propone triplicarlo hasta los 180 días.
4. Se amplíe la capacidad de envío/recepción de los 30 MB actuales para evitar el rechazo parcial de la documentación transmitida, o en su defecto se arbitre un sistema de envío digital certificado con plenos efectos legales, a realizar
dentro de los 3 días siguientes para evitar el desplazamiento físico que conllevaría la presentación en formato papel.
5. Que, para evitar disfunciones en el actual marco de crisis provocado por la pandemia, y para una correcta aplicación del artículo 151.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se tome como fecha de la efectividad de los actos de comunicación
realizados a través de los servicios organizados por los Colegios respectivos, el de la 'recepción' efectuada por estos últimos y no el de la puesta a disposición en su buzón de Lexnet y que este dato de recepción pueda ser conocida por el Órgano
Judicial emisor. Para su efectividad se hace necesario dictar la instrucción precisa del Secretario General dependiente del Ministerio de Justicia, así como unificar los criterios formales a la hora de entrada de los escritos, evitando la
aplicación de protocolos particulares que resulten contradictorios.
6. Dotar de los medios personales necesarios para que las medidas recogidas en el Acuerdo de la Comisión Mixta del Consejo General del Poder Judicial de 13 de abril puedan llevarse a cabo con la
máxima eficiencia posible, en aras de un correcto funcionamiento de la Administración de Justicia en esta extraordinaria situación que atravesamos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2020.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Eduardo Luis Ruiz Navarro, Patricia de las Heras Fernández, José María Sánchez García y Pedro Fernández Hernández, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Interior
161/000713
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley para la apertura de los pasos transfronterizos en las Eurocidades del río Miño, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La cooperación transfronteriza entre entidades regionales y locales a ambos lados de la frontera entre Galicia y Portugal es una de la más consolidada y con más tradición en Europa. Desde la década de los 90 del siglo pasado, la cooperación
transfronteriza ha experimentado en este espacio un desarrollo espectacular, creándose diferentes estructuras organizativas comunes, como Consorcios, Comunidades de Trabajo, Asociaciones o Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT),
Euroregiones, Eurociudades.
El proyecto de Eurocidades del Miño tiene como objetivo principal la búsqueda de un crecimiento sostenible del territorio que repercuta positivamente en la mejora de la calidad de vida y de la cohesión social de la población en este espacio
común, basado en la colaboración de las potencialidades comunes, en la preservación y promoción de sus valores naturales, culturales y etnográficos, en compartir y optimizar las infraestructuras y servicios públicos, así como los recursos humanos y
económicos. Así, se están consolidando relaciones institucionales y una programación y gestión conjunta y compartida de los distintos servicios públicos.
Sin embargo, dentro de las medidas de contención de la COVID-19 adoptadas por el Gobierno se procedió al cierre de fronteras entre el Estado español y Portugal, lo que afecta directamente al funcionamiento y gestión compartida puesto en
marcha en las Eurocidades. El período de confinamiento e incomunicación ha supuesto un duro golpe para las economías de las mismas, que se encuentran interrelacionadas. Ahora, cuando se comienza a diseñar y planear una flexibilización en ciertas
actividades, se debe apostar por abrir los pasos fronterizos y permitir la intercomunicación dentro de las Eurocidades.
Esta dependencia entre las economías de las ciudades de ambos márgenes es fácilmente palpable en algunas villas, como la de Valença, donde el 90 % del comercio del municipio está dirigido a la población gallega. Un caso similar es el de
Cerveira, donde la economía local depende en gran parte de las ferias y mercadillos a los que acuden personas de ambos lados de la frontera.
La apertura de nuevos pasos fronterizos como supondría un gran alivio para las economías locales y para las y los trabajadores transfronterizos que cada día deben trasladarse a kilómetros de distancia para acudir a sus puestos de trabajo.
En este momento, la única frontera abierta en el territorio es la del puente de Tui-Valença, concentrando cerca del 49 % del total de la movilidad entre el Estado español y Portugal, siendo con diferencia, el más transitado del total de los 9 pasos
habilitados entre los dos estados.
Al ser único paso abierto, las trabajadoras y trabajadores transfronterizos de una y otra orilla del río deben desplazarse en muchos casos hasta más de 60 km entre la ida y vuelta para poder llegar hasta polígonos o empresas que de otra
manera quedaban la escasa distancia de sus domicilios. Esta situación, afecta especialmente a la población con un nivel económico más bajo, que ha provocado en muchos casos, la necesidad de abandonar sus puestos de trabajo por el incremento
inasumible en los costes de desplazamiento si se ponen en relación con el salario percibido.
Como es lógico, la apertura debería hacerse garantizando medios de control y seguridad, tal y como sucede ya en el paso de Tui-Valença que eviten una vuelta atrás en los avances conseguidos o que puedan suponer nuevos confinamientos.
También es imprescindible para las economías de estas Eurocidades que se prevea una coordinación entre el gobierno luso y el del Estado español durante la implementación de las medidas de desescalada. Un ritmo diferente de desescalada
podría provocar fricciones en un territorio en el que la dependencia económica ente ambas márgenes del río es muy fuerte.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La apertura inmediata de los pasos fronterizos que permitan la circulación de las trabajadoras y trabajadores transfronterizos que diariamente deben desplazarse a su puesto en el Estado vecino.
2. La apertura total de las fronteras, aunque manteniendo las restricciones y controles sanitarios necesarios, una vez que finalicen los estados de alarma y emergencia.
3. La coordinación del proceso de desescalada entre ambos Estados, para garantizar la armonización entre las medidas que se pongan en funcionamiento y las actividades permitidas a uno y otro lado de la frontera, de modo que no se divida en
dos un territorio que social y económicamente funciona como uno solo.
4. La inclusión dentro de las políticas diseñadas a nivel estatal y europeo a medio plazo, de medidas que atiendan al grave perjuicio económico generado por el cierre de fronteras y a su especial incidencia en los territorios
transfronterizos, que van a sufrir un doble impacto económico como consecuencia de la crisis de la COVID-19. Deben habilitarse fondos suficientes para paliar ese doble impacto producido por la pandemia en los territorios transfronterizos, dado que
estos territorios suponen el 40 % del territorio de la Unión y agrupan el 30 % de la población.
5. La evaluación de daños económicos en los sectores más afectados, tanto por el Estado de Alarma y Emergencia como por el restablecimiento temporal de la frontera, promoviendo propuestas de ayuda y estudios de viabilidad, así como la
elaboración de políticas de apoyo con participación de los agentes locales y de los actores socioeconómicos.
6. La paralización en la actividad productiva y comercializadora del sector primario, y singularmente de la pesca de lamprea y de la pesca marítima, deben ser una oportunidad para aplicar políticas de conservación y regeneración de los
recursos. En este sentido, es importante pactar entre Estados una dinámica única y coordenada, de conservación y de explotación, en términos de justicia y de eficacia de las políticas sobre un Río y recursos naturales comunes.
7. La consulta y coordinación para la adopción de medidas por parte del Gobierno con la AECT Río Miño, que como agente institucional y jurídico compartido y por el conocimiento sobre la realidad en el terreno, es el mejor instrumento para
la proposición de medidas conjuntas que no desequilibren las economías de ambos márgenes del Río, pues sí las propuestas no son simétricas entre ambos Estados, se podrían provocar problemas de aplicación práctica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2020.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/000716
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Rodrigo Jiménez Revuelta, doña Georgina Tría Gil, doña Patricia de las Heras Fernández y doña Patricia Rueda Perelló, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX)
respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la reducción del plazo de concesiones, y el estudio de ayudas a usuarios habituales, de los tramos de peaje de la autopista A-6, conexión con Ávila y Segovia, para su discusión en la Comisión Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
En el Consejo de Ministros del día 14 de abril de 2020 se estableció el acuerdo por el que se determina el plazo de la concesión para la construcción, conservación y explotación de los tramos de la autopista de peaje: autopista A-6,
conexión con Segovia y autopista A-6, conexión con Ávila y para la conservación y explotación de la autopista de peaje A-6, tramo Villalba-Adanero. A falta de su publicación en el BOE, se establece el 19 de noviembre de 2029, como la fecha elegida
para la finalización de la concesión.
En el BOE de 18 de noviembre de 1999, se publicaba el Real Decreto 1724/1999, de 5 de noviembre, que recogía en el artículo 1 lo siguiente: 'se adjudica la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de los
tramos de autopista de peaje: autopista A-6, conexión con Segovia, y autopista A-6, conexión con Ávila, y para la conservación y explotación de la autopista de peaje A-6, tramo Villalba-Adanero, a partir del 30 de enero del año 2018, a Ibérica de
Autopistas Sociedad Anónima, concesionaria del Estado, en los términos contenidos en la variante VT-B, TGE, de su oferta'. Ibérica de Autopistas Sociedad Anónima procedió a constituir, en forma legal, la sociedad concesionaria con la denominación
Castellana de Autopistas, Sociedad Anónima, Concesionaria del Estado, tal y como exigía el artículo 2 del Real Decreto.
En el artículo 10 del Real Decreto, se dice que de acuerdo con la cláusula 33 del pliego de cláusulas administrativas particulares, la duración exacta de la concesión se evaluará al cabo de 20 años en función de la evolución real del tráfico
pero que, en cualquier caso, será de un mínimo de 32 años y un máximo de 37 años, entrando en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el BOE.
El 22 de abril de 2010, la sala cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, emitió una Sentencia con respecto a este asunto (C-423/07), en la que se recoge que España ha incumplido las obligaciones recogidas en el artículo 3 de la
Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras y, por tanto, los apartados 3, 6, 7, 11 y 12 del artículo 11, y también ha vulnerado los principios de
igualdad de trato y no discriminación del Tratado CE, al no publicarse todas las obras que se iban a ejecutar en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Ante esta sentencia, se publicó en el BOE de 16 de marzo de 2012 el Real Decreto 525/2012 de 9 de marzo (previa aceptación de la Comisión Europea de las medidas propuestas el 30 de marzo de 2011). En el artículo 1 de este Real Decreto, se
indica que se reduce el periodo concesional inicial en 7 años y se mantiene el compromiso de licitar, a partir de noviembre de 2019, la concesión de explotación del periodo reducido.
Ya en el 2018 el Gobierno manifestó su intención de bonificar con un 70 % a los vehículos pesados para su desvío por la AP-6 y que no utilizaran la travesía de san Rafael, que cuenta actualmente con una intensidad de tráfico diario de más de
10.000 vehículos, de los que 1.500 son pesados y supone un riesgo para la población de San Rafael, con multitud de accidentes. Cabe recordar como triste ejemplo la muerte de un ciclista (Manuel Gea) arrollado por un camión, así como multitud de
accidentes que a lo largo de estos años se han producido. El resultado fue que no se produjeron esas bonificaciones.
Que esta situación no es desconocida por el Gobierno y que otras poblaciones y autopistas como la AP-68 entre Zambrana y Tudela, ya fueron objeto de bonificaciones de hasta el 75 %, por lo que más en esta ocasión, que dicha bonificación
supondría un descenso en la afluencia del tráfico por la travesía de San Rafael y el descenso de accidentes y de pérdidas humanas.
La AP-6 actualmente cuenta con un volumen de tráfico de los más altos de las autopistas de peaje según la página oficial del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, con una media en el año 2018 de 29.322 vehículos diarios.
El mapa de las autovías afectadas para una mayor explicación se define en las siguientes imágenes, teniendo especial relevancia de tráfico en la N-VI a su paso por San Rafael.
Actualmente la N-VI a su paso por San Rafael, sirve de vía alternativa a la de pago a la AP-6, y soporta un tráfico de unos 12.400 vehículos al día, con más de un 10 % de pesados, y numerosas intersecciones sin canalizar. En concreto, a la
salida de la travesía de San Rafael, en dirección A Coruña, existen diversos accesos a industrias, así como un Centro del Servicio de Empleo de Castilla y León.
Esta cantidad de vehículos diarios de 12.400 choca con los 29.000 vehículos de media, siendo el 50 % en algunos meses del año.
Las tarifas aplicables actualmente en la AP-6 y en la AP-51 y AP-61, según el tipo de vehículo, si son ligeros o pesados varía.
Estos precios oscilan en los ligeros desde 7,10 al día a Segovia y 9,75 al día a Ávila en horario normal, y 8,65 al día a Segovia y 10,70 a Ávila al día en hora punta. Y los precios en los vehículos pesados oscilan, según el tipo de
vehículo pesado, entre 18,60 y 21,40 al día a Segovia y 23,90 y 27,35 al día a Ávila.
Esta situación, por lógica, provoca que muchos vehículos utilicen la vía accesoria de la N-VI a su paso por San Rafael con el consiguiente riesgo para los viandantes y ciudadanos de la población de San Rafael.
La conexión entre Madrid y Ávila y Segovia es fundamental para la movilidad de los ciudadanos, tanto a nivel profesional como a nivel particular, ya que debido a la distancia muchos trabajadores y estudiantes hacen este recorrido a diario,
como a nivel turístico y para el transporte de mercancías. Si este anuncio realizado el 14 de abril, en mitad de la crisis por la pandemia SARS-CoV-2, se lleva a cabo con la publicación en el BOE, supondría favorecer la marcha de los ciudadanos de
Ávila y Segovia por la falta de oportunidades y la peor comunicación con un núcleo urbano como Madrid fundamental para el tejido empresarial.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, con el fin de impulsar y favorecer la comunicación, movilidad y transporte terrestre entre Madrid y las ciudades de Ávila y Segovia, promueva y acuerde la suscripción de un Convenio con
la concesionaria de la Autopista A-6 conexión con Segovia, conexión con Ávila y Villalba-Adanero para establecer los términos de una bonificación o exención a fin de favorecer a los usuarios frecuentes de esta vía, descongestionando además la
travesía de San Rafael y evitando el tráfico fluido e intenso en una vía urbana que registra accidentes todos los años.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2020.-Patricia Rueda Perelló, Patricia de las Heras Fernández, Georgina Tría Gil y Rodrigo Jiménez Revuelta, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000717
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Rubén Darío Vega Arias, doña Cristina Esteban Calonje, doña Patricia de las Heras Fernández, don Tomás Fernández Ríos, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida, doña Patricia
Rueda Perelló, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la adopción de medidas que favorezcan la cohesión territorial de España, para su discusión en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Primero. Los movimientos de los españoles desde y hacia las Islas Baleares, Islas Canarias y las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta requieren un tratamiento especial. La conexión de la península con los territorios nacionales extra
peninsulares adolece de una serie de dificultades que actualmente se pretenden compensar con la bonificación a residentes extra peninsulares de los servicios regulares del transporte aéreo y marítimo.
Segundo. La actual bonificación a residentes extra peninsulares adolece de dos grandes defectos:
- Alcance muy limitado: la bonificación, en términos de cohesión territorial, alcanza sólo al 7,39 % de la población nacional, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
- Efecto expulsión: la escasa oferta de conexiones entre la península y los territorios nacionales extra peninsulares y el alto porcentaje de la bonificación (75 %), provocan el alza en los precios ofertados, con la consiguiente expulsión
de los pasajeros que no pueden acogerse a dicha bonificación, es decir a los españoles residentes en la península, que suponen el 92,61 % de la población nacional.
El binomio expuesto manifiesta el perverso efecto en perjuicio de los españoles residentes en la península y, por lo tanto, a nuestra cohesión territorial, del actual sistema de bonificación a residentes extra peninsulares de los servicios
regulares del transporte aéreo y marítimo.
Tercero. Especialmente interesante es la experiencia vivida con el incremento de la bonificación del 50 % al 75 % instrumentada en el Real Decreto 949/2018, de 27 de julio, por el que se modifica la cuantía de la subvención al transporte
regular, aéreo y marítimo, de los residentes en los territorios no peninsulares con el resto del territorio nacional, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional centésima cuadragésima séptima de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
Dicho incremento supuso un claro beneficio para los operadores del transporte, consecuencia del incremento de la demanda y del alza de las tarifas. Sin embargo, el alza de precios supuso una disminución del impacto económico esperado en el
acceso de los residentes a los billetes bonificados. Además, tal y como se indicaba en el exponendo anterior, supuso el perverso efecto expulsión para los no residentes.
La situación hace obligatoria la adopción de medidas correctoras para evitar que los pocos operadores de transporte se vean beneficiados injustamente. Calificamos dicho enriquecimiento de injusto porque no se basa en el pretendido aumento
de la demanda, sino en el aumento de las tarifas, detrayendo la pretendida reducción del precio del billete para los residentes bonificados. Muy elocuente es el artículo que reproducimos a continuación:
'Los informes que manejan indican que ese incremento es de un 24 % de media en los nueve primeros meses de 2019. La preocupación es que esa subida de precios aleje al turista peninsular de Canarias, al no contar con el descuento. Pero lo
cierto es que la subida de precios amparada en la subvención puede acabar afectando también al residente canario. Según Juan Carlos Martín, catedrático de Economía Aplicada de la ULPGC, 'es un efecto que se estudia en primero de microeconomía. No
tiene más misterio. La subvención siempre va a acarrear subidas de precios y echar fuera a los que no se benefician de la subvención. Se produce además un efecto llamada a gente que antes tal vez no viajaba, pero al ver que el descuento es del 75
% se anima, con la idea de que está ahorrando más, aunque es absurdo porque los precios han subido por el aumento de la demanda' 1.
Por otro lado, la comercialización online de los billetes de transporte permite que el operador aplique tarifas distintas, según la condición de residente o no residente del comprador. Esa posibilidad desaparecería prohibiendo al operador
acceder a la localización del comprador o a su condición de residente o no residente antes de haber ofertado la tarifa del billete.
Por último, la escasez de operadores en las rutas extra peninsulares provoca la existencia de oligopolios, duopolios e incluso monopolios. En dichas condiciones de restricción de la oferta, la concertación de precios y el abuso de posición
dominante son frecuentes si no se imponen medidas correctoras. En los últimos meses la restricción de la oferta había aumentado gravemente. Sin ánimo de ser exhaustivos, citaremos varios ejemplos del tráfico aéreo:
- Concentración por adquisición de Air Europa por parte de Iberia 2.
- Norwegian había anunciado el cierre de sus rutas entre Madrid y Canarias para el mes de noviembre, aunque la quiebra posterior de Thomas Cook alteró la decisión 3.
- Ryanair cerró sus bases en canarias en enero de 2020 4.
Cuarto. Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de la COVID-19 suman el carácter de urgencia a la necesidad de las medidas correctoras descritas anteriormente. El problema estructural expuesto se ve agravado por el cierre de la
actividad turística y sus inciertas expectativas.
El escenario que está dibujando la crisis sanitaria por la COVID-19, no permite confiar en el sostenimiento de la demanda turística en los países tradicionalmente emisores para los dos archipiélagos españoles: Reino Unido y Alemania.
El impulso al turismo nacional que ya estaba justificado como uno de los factores de cohesión social con los territorios extra peninsulares, ahora se ha tornado de extrema necesidad para la reactivación económica del principal sector de las
Islas Canarias y Baleares.
Quinto. Por otro lado, cabe señalar que la regulación comunitaria consagra, para las compañías aéreas que dispongan de una Licencia expedida por un Estado miembro de la Unión Europea, los
1 Noya, Miguel. (10 de enero de 2020). El descuento a residentes ¿un arma de doble filo? 'Cinco Días'.
2 Múñoz, Ramón. (4 de noviembre de 2019). Iberia compra Air Europa por 1.000 millones de euros. 'El País'.
3 Reuters. (28 de septiembre de 2019). Norwegian mantendrá sus bases en Canarias tras la quiebra de Thomas Cook. 'Cinco Días'.
4 Guillermo Ginés. (9 de enero de 2002). Ryanair echa el cierre a sus bases canarias sin haber notificado aún el despido a sus trabajadores. 'ABC'.
principios de prestar libremente y sin restricción alguna servicios aéreos en las rutas aéreas intracomunitarias, así como fijar libremente los precios de sus tarifas. No obstante, también permite a un Estado miembro restringir parcialmente
esas libertades mediante la imposición de lo que se denominan Obligaciones de Servicio Público, las cuales se definen como 'cualquier obligación impuesta a los servicios aéreos regulares entre un aeropuerto de la Comunidad y otro que sirva a una
región periférica o en desarrollo, o en una ruta de baja densidad cuando dicha ruta se considere esencial para el desarrollo económico y social de la región'. De manera que la extensión de las Obligaciones de Servicio Público a los otros
territorios extra peninsulares donde todavía no existen, podría plantearse como otra de las soluciones que permitiese a los viajeros acceder a tarifas no excesivas. Sin embargo, la crisis del sector del transporte por la pandemia de la COVID-19
desaconseja su implantación a corto y medio plazo, ya que supondrían la insostenibilidad de las rutas al confluir tarifas bajas con baja demanda.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas para favorecer la cohesión territorial de España:
1. Extender a todos los españoles la actual bonificación a residentes extra peninsulares de los servicios regulares del transporte aéreo y marítimo para los desplazamientos desde y hacia los territorios nacionales extra peninsulares: Islas
Canarias, Islas Baleares y las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta.
2. Adoptar las medidas necesarias para que el acceso del resto de los españoles a la bonificación para trasladarse desde y hacia los territorios extra peninsulares no conlleve el alza de las tarifas, que diluiría parcial o totalmente la
cohesión territorial pretendida. Dichos mecanismos deben comprender, como mínimo:
- La monitorización de las tarifas, especialmente en periodos de alta demanda.
- La vigilancia y, si fuera necesario, regulación del proceso de comercialización de los billetes del transporte para evitar los mecanismos encaminados a conocer la condición de beneficiario antes de mostrar la tarifa.
- El análisis de posibles restricciones de la oferta y abusos de la posición dominante por parte de los operadores del transporte y la implementación de las medidas correctoras necesarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2020.-Rubén Darío Vega Arias, Patricia de las Heras Fernández, Tomás Fernández Ríos, José María Figaredo Álvarez-Sala, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Patricia Rueda Perelló y Cristina
Esteban Calonje, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000689
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a agilizar el cobro de
prestaciones para todos los trabajadores afectados por un ERTE, para su debate en Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
La declaración del estado de alarma decretado en nuestro país a causa de la pandemia del COVID-19, está afectando muy gravemente al empleo, tal y como acreditan los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social registrados durante el mes
de marzo. Desde el pasado 8 de marzo hasta final de mes se han destruido casi 900.000 empleos.
El pasado 17 de marzo, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social, que entre otras, aprobaba medidas para agilizar y facilitar los trámites para la
presentación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
Tras la aprobación de las medidas extraordinarias, se han presentado cerca de 500.000 expedientes de regulación temporal de empleo, que están afectando ya a 4 millones trabajadores, un dato estremecedor que ha superado claramente las
previsiones del Gobierno.
Esa falta de previsión ha tenido principalmente dos consecuencias: en primer lugar, un colapso administrativo en las distintas Oficinas del Servicio de Empleo Público Estatal, cuyo personal no ha contado con el refuerzo suficiente para
atender tanta demanda de prestaciones y subsidios; y en segundo lugar que no se hayan podido tramitar todos los expedientes, provocando que cientos de miles de trabajadores no hayan cobrado la correspondiente prestación económica en el mes de abril
y tenga que esperar hasta el próximo pago mensual de prestaciones del 10 de mayo.
Los convenios establecidos por el Ministerio de Trabajo con las entidades bancarias, para el adelanto de las prestaciones a las personas que tienen derecho a ellas, permitirían el cobro de las prestaciones el próximo día 2 de mayo. Esto
supone que los cientos de miles de trabajadores afectados por estos ERTES estarán dos finales de mes sin cobrar: marzo y abril
El número de ERTEs presentados se ha visto incrementado como consecuencia de la 'hibernación' de casi toda la actividad productiva decretada entre el 31 de marzo y el 11 de abril. Muchas empresas tuvieron que cerrar y se acogieron a un ERTE
por no poder afrontar el pago del salario de sus empleados, al no producir y no obtener ingresos que permitieran la viabilidad de sus actividades económicas y empresariales.
Los trabajadores, que han visto suspendido su contrato laboral como consecuencia de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, no pueden esperar más de un mes en cobrar la prestación que les corresponde. Muchas familias dependen del
cobro de esta prestación para poder subsistir, atender los gastos familiares y de suministros básicos, al carecer de ahorros.
La falta de previsión del Gobierno y el colapso administrativo del SEPE no deberían de repercutir en estos colectivos vulnerables. Además, debido al desbordamiento de las administraciones, los afectados, carecen de documentos que acrediten
el reconocimiento oficial de resolución favorable del ERTE, lo que les impide acogerse a las distintas ayudas que se han aprobado, como la moratoria en las hipotecas o el rescate parcial o completa del plan de pensiones, entre otras.
Desde el Grupo Parlamentario Popular nos hacemos eco de la gravedad de esta situación que está afectando gravemente a millones de trabajadores y de familias en nuestro país, que reclaman al Gobierno soluciones eficaces y reales y no medidas
propagandísticas ficticias y problemas, como está ocurriendo en la actualidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Realizar las gestiones necesarias para que los trabajadores afectados por ERTES en las últimas semanas no tengan que esperar hasta el pago mensual de nóminas de prestaciones del SEPE del 10 de mayo para cobrar la correspondiente
prestación. Para ello, se habilitará un pago extraordinario inmediato que permita el abono de las prestaciones a los cientos de miles de trabajadores afectados por ERTES que no fueron reconocidos e incluidos en la nómina mensual de abril debido al
colapso administrativo del SEPE.
- Establecer pagos extraordinarios quincenales de la nómina de prestaciones y subsidios, a medida que se vayan resolviendo los expedientes de ERTES, durante la duración del estado de alarma y posteriormente durante un período transitorio de
3 meses, que evite que los trabajadores que se ven afectados por ERTES tengan que estar meses sin recibir las prestaciones que les corresponden.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2020.-José Ortiz Galván, Diego Movellán Lombilla, José Ignacio Echániz Salgado y Carolina España Reina, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000712
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate en la Comisión de
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Exposición de motivos
La crisis sanitaria actual ha puesto de manifiesto más que nunca la necesidad de establecer por parte de los poderes públicos mecanismos que permitan a toda la población mantener unas mínimas condiciones de vida que garanticen su
subsistencia. Y hemos de insistir: no hablamos de renta, ni de comodidad ni siquiera de vivir dignamente, hablamos de subsistencia en su nivel más básico.
Aquellas familias que no disponen de ahorros, rentas del trabajo, que no tienen derecho a desempleo, que no están incluidas en un ERTE, en estos momentos tampoco tienen la posibilidad de salir a buscar trabajo.
Se ha anunciado desde el Gobierno la creación del Ingreso Mínimo Vital como uno de esos mecanismos que permitan la subsistencia. Pero mientras tanto, se plantea la cuestión de aquellas personas que habiendo agotado un subsidio de desempleo
no tienen posibilidad de acceder a ningún otro tipo de ayuda en tanto se articulen los mecanismos necesarios para hacer efectivo el IMV.
Típicamente, los requisitos para el acceso a los subsidios por desempleo son haber agotado una prestación anterior y acreditar la búsqueda activa de empleo. ¿En qué situación quedan los trabajadores en paro que habiendo agotado un subsidio
durante la vigencia del estado de alarma no pueden acceder otra ayuda en tanto no se apruebe definitivamente el IMV? Ni pueden buscar empleo (literalmente no pueden salir de sus casas) ni pueden acceder a ninguna otra ayuda o prestación. Es aquí
cuando hablamos del derecho a la subsistencia.
Es generalizado el caso de trabajadores de temporada que agotan un subsidio esperando la temporada de verano o Semana Santa para buscar empleo en sectores relacionados con el ocio y el turismo. Esa posibilidad ha desaparecido. También el
caso de trabajadores agrícolas cuya actividad habría de empezar en las próximas semanas.
Dado que los Poderes Públicos imponen, en aras del bien común, el confinamiento como medio para luchar contra la crisis sanitaria, es lógico concluir que esos mismos poderes públicos deben ofrecer una alternativa de subsistencia a aquellos
que están obligados a cumplir con el confinamiento y no puede de esta manera buscar trabajo.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar un mecanismo por el cual todos aquellos trabajadores que hubieran agotado un subsidio por desempleo en los dos meses anteriores a la entrada en vigor del estado de alarma mediante
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, tengan automáticamente reconocida una prórroga de dicho subsidio por la misma entidad gestora que hubiera reconocido el primero. La duración de dicha prórroga debería extenderse hasta un mes después de
completadas las medidas aprobadas por el Gobierno el 28 de abril de 2020 para el Plan de Transición Hacia una Nueva Normalidad para así permitir a todos los beneficiarios de esta medida un pequeño plazo para la búsqueda de un nuevo empleo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2020.-Alberto Rodríguez Rodríguez, Diputado.-Pablo Echenique Robba, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/000681
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Retirada de su Proposición no de Ley sobre la regulación de los intermediarios digitales.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno, a la Comisión de Industria, Comercio y Turismo y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 79, de 6 de mayo de 2020.
161/000687
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña María de la Cabeza Ruiz Solás, doña Patricia Rueda Perelló, don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Mireia Borrás Pabón y don Andrés Alberto Rodríguez Almeida en su condición de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa al
establecimiento de prórrogas para la Inspección Técnica de Vehículos, para que se debata en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Primero. La Inspección Técnica de Vehículos constituye un servicio diseñado para garantizar que los vehículos estén en buenas condiciones desde el punto de vista de la seguridad y el medio ambiente durante su uso. Dicho servicio abarca la
inspección técnica periódica de los vehículos y las inspecciones técnicas en carretera de los vehículos utilizados para actividades de transporte comercial por carretera, así como un procedimiento para la matriculación de vehículos que permita la
suspensión del permiso de circulación de un vehículo cuando este represente un riesgo inmediato para la seguridad vial.
Por tanto, la inspección periódica constituye el principal instrumento para garantizar que los vehículos se encuentran en buenas condiciones para circular.
Segundo. La regulación de la Inspección Técnica de Vehículos la encontramos en el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, que tiene por objeto la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2014/45/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de motor y de sus remolques, y por la que se deroga la Directiva 2009/40/CE, y la refundición de los Reales Decretos 2042/1994, de 14 de
octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos y 224/2008, de 15 de febrero, sobre normas generales de instalación y funcionamiento de las estaciones de inspección técnica de vehículos.
Esta disposición se dicta al amparo de lo establecido en los artículos 149.1.13.ª y 149.1.21.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva para determinar las bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica y en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.
El artículo 2, letra e), del Real Decreto 920/2017, recoge la definición de Inspección Técnica de Vehículos, señalando expresamente:
'e) 'Inspección técnica de vehículos o inspección ITV', inspección de conformidad con el anexo I encaminada a la comprobación que un vehículo es apto para su utilización en la vía pública por ser conforme con las características de seguridad
y de protección del medio ambiente exigidas y obligatorias.'
Esta definición recoge, por tanto, un servicio obligatorio y así lo señala, una vez más, el apartado primero del artículo 4 del citado Real Decreto al disponer que 'los vehículos matriculados o que vayan a ser matriculados en España, para
poder circular por las vías públicas, deberán someterse a inspección técnica en una estación ITV en los casos y con la periodicidad, requisitos y excepciones que se establecen en este real decreto'.
En consecuencia, circular por las vías públicas con la ITV caducada constituye una infracción castigada con una sanción pecuniaria. Así lo recoge el artículo 76, letra o), del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. El citado artículo señala expresamente lo siguiente:
'Son infracciones graves, cuando no sean constitutivas de delito, las conductas tipificadas en esta ley referidas a o) Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas reglamentariamente establecidas, salvo que sea calificada
como muy grave, así como las infracciones relativas a las normas que regulan la inspección técnica de vehículos.'
Tercero. Tras la supresión de este servicio por la crisis sanitaria, es necesario plantearse y preparar debidamente la vuelta a la normalidad para evitar colapsos en los establecimientos de ITV de aquellos conductores cuya ITV ha caducado
durante el periodo de tiempo del estado de alarma, es decir desde el 14 de marzo. Conductores que se ven imposibilitados de circular por las vías públicas con sus vehículos y que se ven, a su vez, amenazados de recibir una sanción.
Según las estimaciones de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), y tomando como referencia el 10 de mayo, desde que comenzara el estado de alarma unos 3,1
millones de vehículos han visto o verán expirar su ITV.
El cierre de las estaciones que prestan este servicio, y la supresión de los plazos obligatorios desde el pasado 15 de marzo, ha ocasionado que se acumulen un gran número de inspecciones pendientes, que deberán ahora realizarse
obligatoriamente para evitar posibles sanciones. AECA-ITV ha señalado sobre este punto que 'es indudable que, en el momento del levantamiento del estado de alarma, se generaría una gran aglomeración de ciudadanos en las estaciones de ITV. Si
además añadimos que la capacidad de inspecciones de las estaciones de ITV es de 1.800.000 inspecciones al mes, esto supondría multiplicar entre 2,8 a 3 veces la capacidad de inspecciones, lo que resulta inviable'.
En definitiva, de no tomarse medidas en el momento de la apertura del servicio, la atención a todas las inspecciones pendientes sería impracticable, puesto que la capacidad de las estaciones de ITV tienen un límite; y muy peligrosa por las
aglomeraciones, teniendo en cuenta además las enormes dificultades con las que se encuentran las empresas a la hora de adquirir equipos de protección tanto para sus empleados como para sus clientes.
Cuarto. Por último, es necesario hacer referencia al artículo 4 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, y concretamente a la letra b), que señala expresamente lo siguiente:
'Sin perjuicio de las competencias que tengan asumidas las comunidades autónomas, y además de las que se asignan al Ministerio del Interior en el artículo siguiente, corresponde a la Administración General del Estado:
b) La previa homologación, en su caso, de los elementos de los vehículos, remolques y semirremolques que afecten a la seguridad vial, así como dictar instrucciones y directrices en materia de inspección técnica de vehículos.'
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Establecer, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y dentro del marco de sus competencias, directrices con el fin de que se aprueben nuevas prórrogas para realizar la ITV de vehículos con fecha de vencimiento dentro
del periodo del estado de alarma. De esta manera, los vehículos que debieran pasar la inspección durante el estado de alarma podrán hacerlo paulatinamente hasta finales de verano. Dicho margen deberá ampliarse en caso de que se prorrogue
nuevamente el estado de alarma.
2. Dictar instrucciones a fin de que se disponga del personal técnico necesario con el fin de poder asumir el gran número de inspecciones que serán requeridas, así como la ampliación de horarios de atención al público para agilizar las
inspecciones aplazada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2020.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000688
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Patricia Rueda Perelló, don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Mireia Borrás Pabón, doña Patricia de las Heras Fernández, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida y doña María de la Cabeza Ruiz Solás, en su
condición de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no
de Ley relativa a convocar de forma urgente el Consejo Español de Turismo, a fin de definir una estrategia común y conjunta en materia turística, para que se debata en la Comisión de Industria, Comercio yTurismo.
Exposición de motivos
Primero. Los ingresos del turismo suponen el 12 % del PIB, casi 150 mil millones de Euros según la Cuenta Satélite de Turismo Español (CSTE) -que mide su impacto sobre la economía nacional-, el 13 % del empleo y contribuye con un saldo
positivo de 48 mil Millones de euros a la balanza de pagos de nuestra economía.
Este sector, en el que hasta el momento España ha sido líder mundial, está en grave peligro por la crisis de la COVID-19.
Es complicado prever con exactitud las dramáticas consecuencias que esta pandemia está causando en el sector turístico, ya que es muy difícil predecir cómo influirá en el comportamiento de los turistas nacionales y extranjeros en los meses
venideros, así como la pérdida de confianza dada la incertidumbre económica generada por la inestabilidad del empleo. Todo esto se ve agravado por la negativa imagen de España tras la nefasta gestión sanitaria realizada por el actual Gobierno.
Agentes sociales y empresarios del sector apuntan a una caída del 50 %, con una previsible vuelta a las catastróficas cifras de 2008, lo que supondría una caída del 30 % de la actividad directa e indirecta.
Segundo. Conscientes de la necesidad de una colaboración y cooperación entre las diferentes administraciones turísticas y el sector turístico, creemos que son imprescindibles una serie de medidas que ayuden a definir una política
estratégica común y conjunta en materia turística.
En primer lugar, el establecimiento de unas directrices nacionales, claras y pactadas, en forma de manual de buenas prácticas, para la actualización de los planes de seguridad y salud en el trabajo tendentes a minimizar las posibilidades de
contagio de los trabajadores. En vista de lo que se ha llamado 'nueva normalidad', es conveniente establecer protocolos de actuación tanto para la prevención como para el manejo de situaciones de epidemia. Esta falta de previsión ha hecho que en
los últimos meses vivamos una situación no vista en tiempos modernos, por lo que se hace imperativo establecer unas
directrices nacionales, claras y pactadas, que no produzcan contradicciones, ni asimetrías a la hora de la apertura de los centros de trabajo.
En segundo lugar, el establecimiento de prioridades en las políticas públicas con el fin de salvaguardar el estado del bienestar y el tejido industrial español. A tal fin, se deberá suspender cualquier referencia a la transición ecológica
en cualquier Administración Pública mientras dure la emergencia social y económica a la que se está enfrentando España, de forma que los esfuerzos del Gobierno y de la Administración deben ir encaminados a la supervivencia del sector turístico y el
empleo, omitiendo gastos y esfuerzos superfluos que en numerosas ocasiones no se deben a los intereses nacionales sino a intereses partidistas. Urge marcar prioridades claras que garanticen el estado de bienestar salvaguardando el tejido productivo
en la industria turística. La acción del Gobierno debe ir encaminada a la supervivencia de las empresas, pymes, micropymes y autónomos y, por tanto, del empleo.
En tercer lugar, la creación de políticas de empleo a medio plazo, cuyos objetivos deben ser mantener y crear empleo, evitando políticas populistas y cortoplacistas que en el medio y largo plazo se han revelado contraproducentes. En estos
momentos de fuerte caída de la demanda y de la actividad, se hace imperativo establecer políticas que flexibilicen el empleo para evitar el colapso empresarial. El cierre de cualquier tipo de empresa española es letal para la economía de nuestro
país.
Tercero. Siendo el sector turístico, en general, y el empresario, en particular, los agentes fundamentales para propiciar prosperidad y progreso, se hace necesario generar un discurso unitario que reconozca sus méritos e impulse su
actividad, evitando la crítica y denostación de los creadores de empleo desde las altas instancias públicas, algo que genera gran malestar y frena el desarrollo y bienestar de España. Es de señalar que todo el empresariado español, desde las
grandes empresas al más humilde de los autónomos, pasando por todos los tipos de PYMEs, durante esta crisis sanitaria ha mostrado un alto nivel de solidaridad y entrega de forma desinteresada, por lo que es necesario hacer un reconocimiento público
a la labor realizada durante esta pandemia.
Cuarto. Por último, impulsar y potenciar la colaboración entre el sector público y el privado para obtener los resultados necesarios. Esta política de colaboración, defendida por VOX, ha sido reiterada en numerosas ocasiones en las últimas
semanas por la Organización Mundial del Turismo, y es uno de los principios rectores del Real Decreto 719/2005, de 20 de junio, por el que se crea el Consejo Español de Turismo. Estos principios de colaboración y cooperación entre la Administración
General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, la Administración local y el sector turístico han de ser los principios básicos que tutelen las relaciones entre todos los agentes del sector turístico y son imprescindibles,
como anteriormente hemos mencionado, para definir una política estratégica común y conjunta en materia turística. Es necesario, por tanto, contar con órganos de cooperación, como el Consejo Español de Turismo, que integren de manera efectiva a
dichos agentes para tratar aquellos asuntos de relevancia que afecten a la definición y puesta en práctica de las políticas turísticas. Esta actuación integrada entre los diversos niveles institucionales garantiza la mejor consecución de los
intereses generales y una mejor consecución de los principios de eficacia y eficiencia.
Dadas las devastadoras consecuencias que esta pandemia ha originado y originará en un sector turístico que tanto aporta a la economía y al bien común, el Grupo Parlamentario VOX insta al Gobierno a que dé una respuesta urgente al sector y a
los españoles y a que se establezca una colaboración y cooperación inmediata con los distintas Administraciones turísticas y el sector turístico, a fin de adoptar una estrategia común y conjunta en la materia.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Convocar de manera urgente al Consejo Español de Turismo, favoreciendo, en consecuencia, la participación en el seguimiento de las políticas turísticas en España de las distintas Administraciones públicas con competencias en la materia,
y de los empresarios, trabajadores y profesionales que inciden en la actividad turística, al objeto de adoptar, en el marco de sus competencias, las siguientes medidas:
a) Proponer la elaboración de un Manual de buenas prácticas donde se recoja una serie de directrices nacionales, claras y pactadas para la puesta al día de los planes de seguridad y salud en el
trabajo en el sector y que tengan en cuenta las posibilidades de contagio de los trabajadores y la prolongación de esta crisis sanitaria.
b) Emitir un informe sobre los criterios básicos y líneas generales de los planes y programas dirigidos a la mejora de los sectores, productos y destinos turísticos españoles, tras el impacto negativo en el sector de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
c) Definir políticas de empleo a corto, medio y largo plazo que garanticen la continuidad y expansión del sector turístico y mantengan, cuando no los incrementen, los niveles de participación en el PIB y el empleo de España.
d) Elaborar un informe sobre la situación general y actual del sector turístico, tras el impacto negativo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, remitiendo el mismo a la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2020.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, María de la Cabeza Ruiz Solás y Patricia de las Heras Fernández,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Patricia Rueda Perelló, don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Mireia Borrás Pabón, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida y doña María de la Cabeza Ruiz Solás, en su condición de portavoz, portavoz
adjunta y diputados, respectivamente, del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
adopción de medidas urgentes para garantizar la supervivencia e impulsar al sector de automoción español, para que se debata en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
Exposición de motivos
Primero. La relevancia de la automoción como sector estratégico para España
El sector de la automoción es uno de los más críticos para España. Abarca numerosas áreas de actividad:
- la fabricación de automóviles y camiones en sí;
- la fabricación de equipos y componentes para automoción, provisión de servicios industriales y tecnológicos para la fabricación en sí;
- la distribución y venta de los vehículos;
- los servicios postventa -mantenimiento, talleres y complementarios, aseguradoras, gestorías, peritajes-.
El cálculo de las cifras totales de todas las áreas de actividad que cubre resulta complejo, pero en términos generales podrían expresarse como los siguientes:
- Genera un 11 % del PIB (unos 137.000 millones), el 15 % de los ingresos fiscales del Estado.
- Genera 463.000 empleos directos que se distribuirían entre fabricación (66.000), componentes (225.000), distribución (162.000) y reciclado (10.000).
- Genera 1.800.000 empleos indirectos.
- En España hay 17 plantas de fabricación de vehículos y 1.000 empresas relacionadas con la fabricación de componentes distribuidas por toda la geografía nacional.
- Fabrica unos 2.830.523 vehículos al año de los que se exportan 2.317.531. Es decir, exporta el 81,88 % de la producción total.
- El área de componentes genera unos 36.200.000.000 al año. El 55 % de ese importe correspondería a exportaciones y se estima que esta área invierte en I+D+i unos 2.000.000.000 al año.
- Las exportaciones del sector, entre vehículos y componentes, representan, aproximadamente, un 22 % del total de las exportaciones nacionales.
Adicionalmente, este sector tiene un grandísimo potencial de desarrollo tecnológico. El alquiler de vehículos compartidos ('carsharing') está abriendo una puerta al análisis de datos asociados a estos vehículos en el que España tiene una
posición privilegiada. También la idea del vehículo autodirigido se plantea como una posible evolución del sector y, de nuevo, España tiene una posición de salida privilegiada.
Así las cosas, nos encontramos ante un sector evidentemente estratégico para la economía española.
Segundo. El impacto del COVID-19 en la Automoción.
Sin embargo, este sector está sufriendo gravemente por la pandemia COVID-19. Las medidas de parálisis adoptadas para frenar la expansión de la pandemia están impactando de forma directa en el sector de la automoción.
En efecto, las previsiones económicas para el sector son nefastas. En cuanto los datos se actualicen, las cifras serán gravísimas. Lo cierto es que, en marzo, las matriculaciones de vehículos ya habían caído un 69,3 %. Pero debe tenerse
en cuenta que desde el 16 de marzo la venta al público está paralizada. Las estimaciones hablan de unas caídas del 90 % para los próximos dos meses 5.
Esta caída económica tendrá necesariamente una repercusión directa en los empleos que el sector genera. Además, no parece que la actividad vaya a regresar a la normalidad en el mismo momento en que se levanten las medidas de confinamiento y
de suspensión de la actividad económica. Así las cosas, en China, cuya economía ha iniciado su camino de recuperación, las ventas de automóviles no se han recuperado en absoluto. Todo apunta a que el sector de la automoción español va a vivir un
periodo muy crítico en el momento en que finalicen las medidas de suspensión de la economía.
En definitiva, si el sector de la automoción no logra superar esta crisis, peligrarán los empleos, el PIB y los centros de producción del sector en España. Pero, también peligrará el potencial desarrollo de industrias específicas del
análisis de datos de los vehículos compartidos o de la experimentación del vehículo autodirigido.
Tercero. La contribución del sector a la Economía.
Adicionalmente a todo lo anterior, debe tenerse en cuenta que el sector de la automoción es uno de los que mayor capacidad tractora de la economía tienen en España.
El sector impulsa tanto a los eslabones inferiores de la cadena de producción como a los superiores. En efecto, la fabricación de vehículos impulsa a una fortísima industria de la producción de componentes. También influye muy
favorablemente en la producción y provisión de servicios de recambios y reparaciones. En definitiva, de acuerdo con las cifras del sector 6:
- Cada euro invertido en la fabricación de vehículos puede generar 1,85 para el resto de la economía.
- Cada euro en la curva de demanda de automóviles impulsa la venta de vehículos, que a su vez genera unos 2 para el resto de la economía.
- Cada empleo en la producción de automóviles podría generar hasta 7,75 empleos en el resto de la economía 7.
- Cada millón de euros invertido en el sector podría generar otros 3,5 MM (financiación, seguros, fabricación, etc.).
- Cada millón invertido en la automoción, generaría hasta 1,7 MM en ingresos fiscales (1,2 MM en IVA).
5 Datos elaborados por ANFAC, FACONAUTO y GANVAM.
6 Datos elaborados a partir de la tabla Input-output del INE.
7 Estudio elaborado por KPMG.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Adoptar todas las medidas y acciones necesarias para garantizar la supervivencia e impulsar al sector de automoción español y, en concreto, las siguientes:
i. Establecimiento de unas directrices nacionales, claras y pactadas para la puesta al día de los planes de seguridad y salud en el trabajo que tengan en cuenta las posibilidades de contagio de los trabajadores. Los españoles vamos a tener
que 'vivir con el virus' durante un largo periodo de tiempo. En estos últimos meses hemos sufrido enormemente las consecuencias de la falta de previsión a la hora de acometer con un mínimo de orden las medidas necesarias para asegurar la salud de
los ciudadanos. Por tanto, consideramos, y reiteramos que deben existir unas directrices nacionales, claras y pactadas que no produzcan contradicciones, ni asimetrías a la hora de volver a abrir los centros de trabajo.
ii. Resolución de los ERTEs que estén pendientes por las complejidades de las distintas Administraciones autonómicas. Ampliación de estos por razón de producción, estacionalidad y caída en las ventas y actividad.
iii. Puesta en marcha de un plan histórico y nacional de dinamización de la demanda interna bajo los criterios de mejores prácticas en relación con los países de nuestro entorno y los planes anteriores [MOVES, RENO VE, PIVE etc., que además
fomentasen la modernización del parque móvil nacional con entrega de vehículos de más de 10 años para la compra de vehículos de menos de 6, p.e.] que se hayan llevado a cabo en España. El sector de la automoción no puede acabar el año 2020 con una
caída de ventas del 50 % como se vaticina si se mantiene la inacción del Gobierno. Esto implicaría la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo, y un cataclismo social de primer orden.
iv. Adoptar medidas de agilización de exportaciones e importaciones. Permisos de transporte para los grandes camiones. Aligerar toda la carga burocrática que soporta el sector estableciendo en todos los casos la comunicación y declaración
previa de acuerdo con el paradigma establecido por la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
v. Fomentar la incorporación de España al esfuerzo de la Unión Europea en el campo de las baterías (Alianza Europea de las Baterías/EBA250). Un mercado que se cifra en 250 mil millones de euros en 2025, y que, si bien se publicó en un
primer momento que España participaría, no se conoce las razones para que no se haya producido dicha participación. Para salir de la crisis del COVID-19, además de medidas paliativas y de reconstrucción de lo existente, es importante dar señales de
apoyo inequívoco a un sector tan importante en España como es el de la automoción.
2. El Gobierno deberá basar su estrategia política a nivel nacional, entre otras, las siguientes cuestiones:
i. Principio de seguridad jurídica. El sector requiere un esfuerzo nacional sin interferencias reglamentistas, ni trabas burocráticas de las distintas administraciones territoriales. La urgencia exige un esfuerzo concertado de los
distintos ministerios afectados y de todo el resto del estado.
ii. Suspensión de la denominada transición ecológica para todas las administraciones españolas. España está inmersa en una emergencia social y económica como pocas veces se ha vivido antes. Urge tener las prioridades claras. La acción
del gobierno debe ir encaminada a la supervivencia de las empresas y el empleo.
iii. Mantenimiento del empleo a medio plazo. De nada sirve dictar resoluciones claramente populistas para proteger el empleo a corto plazo cuando se va a producir una importante caída de la demanda y la actividad. La falta de flexibilidad
en este punto abocará a muchas empresas al colapso empresarial y al concurso de acreedores, empresas que con una ayuda mínimamente sensata podrían sobrevivir.
iv. Recuperación de un discurso unitario en favor del sector y del empresario. Denostar a uno de los agentes fundamentales para nuestra prosperidad y progreso es lamentable, y más si se hace desde las más altas instancias públicas. El
empresariado español ha demostrado durante esta crisis un nivel de solidaridad ejemplar que debe ser reconocido.
3. Todas las medidas que finalmente se adopten para evitar la desaparición de la automoción (y de los empleos, el PIB, etc. generados) deberán acordarse entre el Gobierno y los interlocutores del sector, tanto públicos como privados. A
tal efecto, se crearán grupos de trabajo cuya función será el estudio, análisis y propuesta de las citadas medidas relacionadas con el sector de la automoción, de conformidad con el Plan Estratégico de Apoyo Integral al Sector de Automoción
2019-2025, lanzado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2020.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000702
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Plan de Reactivación del Turismo,
para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
El turismo representó en España en 2019 el 12,3 % del PIB (153.000 millones de euros), con más de 2,5 millones de afiliados a la Seguridad Social, un 3,5 % más que el año anterior. España recibió 83,7 millones de turistas y este año,
debemos poner todo de nuestro lado para recuperar el dinamismo del sector.
La hostelería ha conseguido mantener un importante peso en la economía española a lo largo de los años. El sector factura alrededor de 125 mil millones de euros anuales, lo que representa más de un 6 % del PIB. En España están registrados
más de 300.000 establecimientos, que dan empleo a 1,7 millones de personas.
Este sector ha puesto a disposición de todos los españoles sus instalaciones para albergar enfermos y personal sanitario, han dado de comer a nuestros transportistas sin ningún coste o enviado la comida a nuestras casas para que nosotros no
tuviéramos que salir de casa y mantenernos a salvo.
El sector turístico y de hostelería seguirán sufriendo las medidas de distanciamiento a pesar de la reactivación de la economía. La normalización de los flujos internacionales de personas llevará tiempo.
La Comisión Europea ya se ha pronunciado en estos términos ha presentado una hoja de ruta europea para levantar las medidas de confinamiento adoptadas contra el coronavirus. La hoja de ruta tiene en cuenta los conocimientos del Centro
Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, del Grupo consultivo de la Comisión sobre el coronavirus, la experiencia de los Estados miembros y las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud. De este modo, en el momento de
revertir las medidas deben tenerse en cuenta tres categorías principales de criterios:
- Criterios epidemiológicos que indiquen una reducción sostenida y una estabilización del número de hospitalizaciones o de nuevos casos durante un período prolongado.
- Capacidad suficiente del sistema sanitario, por ejemplo, en términos de número adecuado de camas de hospital, productos farmacéuticos y existencias de equipos.
- Capacidad de seguimiento adecuada, incluida la capacidad de efectuar pruebas a gran escala para detectar y aislar rápidamente a las personas infectadas, así como la capacidad de localización y rastreo.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que impulse un Plan de Reactivación del Sector Turístico y la Hostelería, en colaboración con los agentes económicos y sociales, para prevenir la pérdida
de empleos y asegurar la recuperación de un sector clave para la economía española, que contenga, al menos, los siguientes puntos:
1. Programa de protección de los trabajadores contra el desempleo y la pérdida de ingresos:
a) Ampliación del periodo de aplicación de los ERTEs hasta que se recupere la actividad del sector.
b) Flexibilización de la cláusula de mantenimiento del empleo para aquellas empresas cuya actividad se haya reducido en más de un 40 % una vez que finalicen las restricciones de movimiento y actividad.
2. Medidas de protección de los consumidores:
a) Flexibilizar temporalmente la normativa europea de derechos de los pasajeros y consumidores del sector turístico, garantizando la máxima protección al consumidor al mismo tiempo que asegure la liquidez de las compañías de transporte y
turismo.
b) Adoptar un fondo europeo de emergencia para viajes que cubra las reclamaciones de reembolso y proteja a los consumidores en caso de insolvencia de un operador de viajes.
3. Medidas para la reactivación del sector turístico y de la hostelería:
a) Tarifa Plana de 60 euros/mes para los autónomos tras reabrir su negocio después de haberse acogido a la prestación extraordinaria cese de actividad por el coronavirus.
b) Bonificación de un 50 % de las cuotas empresariales a la Seguridad Social de los trabajadores, por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional hasta las
restricciones a la actividad en el sector turístico y de hostelería finalicen.
c) Exención en las cuotas empresariales a la Seguridad Social de las nuevas contrataciones hasta marzo de 2021 del sector turístico y de hostelería siempre y cuando se mantengan los niveles de empleo anteriores a la crisis.
d) Reforzar las líneas de avales estatales para asegurar que el sector obtiene la liquidez necesaria para asumir todos los gastos fijos durante el periodo de confinamiento y les permite reabrir cuando el estado de alarma finalice.
e) Adoptar ayudas estatales para el sector del turismo y facilitar el acceso rápido y fácil a líneas de financiación a corto y medio plazo para revertir la escasez de liquidez, especialmente para los subsectores turísticos particularmente
afectados.
4. Alivio fiscal para un sector muy golpeado:
a) Cancelar las tasas turísticas de ámbito local y regional.
b) Aplazamiento de los pagos de Seguridad Social, así como la liquidación y el pago del IVA para la cadena de valor del sector turístico sin intereses.
c) Aplazamiento del 50 % del importe de las tarifas aeroportuarias en 2020 incluyendo las tasas de parking.
d) Suspender la creación de un impuesto que grave el transporte aéreo, clave para el turismo de nuestras islas (Baleares y Canarias).
5. Medidas de seguridad sanitaria en estaciones de transporte:
Las instalaciones de transporte deben convertirse en bastiones de la lucha contra la propagación del COVID-19. Por ello se propone dotar estas infraestructuras del equipamiento necesario para proteger la salud de los pasajeros y de los
empleados del sector.
Medidas para proteger a los pasajeros y empleados: debemos evaluar desde un punto de vista sanitario el proceso por el cual un pasajero pasa durante su estancia en las instalaciones de transporte y los vehículos para determinar los momentos
en los que se puede producir un contagio impulsando medidas para la digitalización del sector, medidas de higiene y salud para pasajeros y trabajadores, formación en materia de prevención sanitaria adaptada a los puestos de trabajo, equipos de
protección individual para aquellos trabajadores en puestos de atención al público, entre otros.
6. Protocolos de salud e higiene en establecimientos y servicios turísticos:
Para garantizar que las medidas de contención del virus también se observan en los establecimientos hoteleros y hosteleros, se proponen medidas como la formación del personal sobre las medidas de prevención de la propagación del COVID-19
adaptadas a cada puesto de trabajo, la adopción de nuevos protocolos de salud e higiene para establecimientos y servicios turísticos en colaboración con los expertos médicos y en coordinación con las autoridades nacionales o la utilización de EPI
homologados para cada puesto de trabajo, entre otros.
7. Plan de promoción del destino España:
Los esfuerzos publicitarios para devolver la confianza a viajar se deben producir para atraer a turistas comunitarios e incentivar que los españoles viajen a destino nacional con el objetivo de recortar las pérdidas ocasionadas por las
medidas de confinamiento y además poner en valor la variada oferta turística de España.
8. Medidas para garantizar la libertad de movimientos:
La libertad de movimientos se encuentra en el ADN europeo. No podemos optar por una realidad que supongan controles fronterizos o restricciones de movimiento decididas de manera unilateral por los Estados Miembros. Por ello, debemos
proporcionar una respuesta conjunta y determinante para evitar recortes de nuestras libertades:
a) Garantizar el desplazamiento seguro de viajeros en los países europeos. En un primer paso, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, los estados deben asegurar que se cumplen las condiciones epidemiológicas, sanitarias y de
testeo masivo para garantizar que la apertura de fronteras no supone un riesgo para la población y recobrar la confianza.
b) Abrir las fronteras con el resto del mundo. En un segundo paso, la UE coordinará con el resto del mundo las medidas para que pasajeros de terceros países puedan entrar en territorio comunitario e instalar el equipamiento necesario en
puertos, aeropuertos y estaciones de tren y autobús para garantizar la seguridad de todos.
c) Instalaciones habilitadas para el testeo en puntos estratégicos (aeropuertos, estaciones, etc.) con el fin de conocer la situación real de la pandemia. Deberán cumplir con las condiciones de accesibilidad.
9. Respuesta europea coordinada y efectiva:
a) Creación de un mecanismo europeo de gestión de crisis para el Turismo que coordine una respuesta europea efectiva al COVID-19, en colaboración con la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
b) Adoptar una Estrategia Europea de Turismo y una línea presupuestaria específica para turismo en el próximo Marco Financiero Plurianual que contemple los efectos a medio y largo plazo de la crisis.
10. Respuesta nacional para reactivar el turismo:
a) Apoyo a las Comunidades Autónomas para adoptar Planes de Choque frente a los efectos adversos en el sector turístico motivados por el COVID-19 que analicen los posibles escenarios y fortalezcan la marca del destino.
b) Elaborar un Plan de Recuperación del Turismo dirigido a la promoción de la marca de España como destino turístico seguro tan pronto se produzcan los primeros signos de recuperación. Además de promocionar la oferta turística informará de
todas las garantías y medidas de seguridad implementadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2020.-María Carmen Martínez Granados y María Muñoz Vidal, Diputadas.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000718
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Patricia Rueda Perelló, don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Mireia Borrás Pabón, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida y doña María de la Cabeza Ruiz Solás, en su condición de Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la Proposición no de Ley relativa a la creación y mantenimiento de una reserva estratégica de
distintos materiales primando la producción nacional de los mismos, para que se debata en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
Exposición de motivos
Primero. La crisis del coronavirus ha evidenciado una serie de graves problemas en la gestión de nuestras Administraciones Públicas. Una de ellas es la falta de coordinación entre Gobierno, Comunidades Autónomas y ayuntamientos. Hemos
asistido al lamentable hecho de Administraciones compitiendo por adquirir en el mercado internacional -eufemismo del mercado chino- el material sanitario esencial para la lucha contra la COVID-19. Tan lamentable ha sido la situación que el Gobierno
ha llegado a incautar material de otras Administraciones e incluso de empresas privadas.
Así mismo, esta pandemia ha puesto en serias dudas la idoneidad de mantener complejas, y lejanas por la distancia, cadenas de valor a la hora de la fabricación industrial. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en
su informe 'La industria, motor de crecimiento (2018)', estima que la aportación de valor añadido doméstico de nuestras manufacturas ha ido reduciéndose hasta aproximadamente el 60 %. No es la única en este proceso, y así el resto de las economías
de nuestro entorno han visto como se reducía de la misma forma su aportación al valor de lo exportado. Finalmente, hay que destacar que dentro del valor aportado a las cadenas de valor hay un componente de servicios y otro de la propia fabricación
en una proporción 35/65 %.
Segundo. En España existe normativa sobre las reservas estratégicas, pero parcial, solo referida a los carburantes, como es el Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, por el que se regula la obligación de mantenimiento de existencias
mínimas de seguridad, la diversificación de abastecimiento de gas natural y la corporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos. La ley establece que se debe disponer de unas existencias mínimas de seguridad de noventa y dos días.
Otros países de nuestro entorno han desarrollado de forma más estructurada las reservas de abastecimiento ampliada a más campos: EEUU, con las reservas de carburantes y grano; Suiza, con la ley de suministro nacional de 17 de junio de
2016, que en su artículo 4 establece como esenciales todos los bienes y servicios de los sectores de la energía, alimentos (incluye semillas, plantas, piensos animales), materias primas para la agricultura, comercio e industria; transportes,
logística, telecomunicaciones, medios de pagos; productos sanitarios y terapéuticos. El almacenamiento se realiza por el sector privado con financiación pública.
Tercero. Dada la situación que estamos viviendo se plantea una racionalización de las cadenas de valor y más cuando afecta a productos estratégicos como son el material sanitario, los medicamentos, los equipos sanitarios, los alimentos, los
carburantes, el material de recambio que permiten el funcionamiento de algunas industrias estratégicas, las telecomunicaciones y el sector de datos, entre otros.
La crisis del coronavirus puede servir como enseñanza de cuáles son los bienes y servicios donde nuestra vulnerabilidad es mayor, así como el tamaño que deberán tener las reservas para asegurar el suministro a lo largo de un tiempo
determinado. Tiempo que también deberá ser determinado de acuerdo con las terribles experiencias y enseñanzas que hemos sufrido en estas últimas semanas.
El establecimiento de unas reservas como las que proponemos en colaboración con el sector privado puede ser un importante motor económico y también un primer paso en la denominada 'globalización inversa', que es inevitable tras lo
experimentado estas semanas con las carencias en el suministro de material sanitario, y que tanto daño y tantas vidas han costado.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar la creación y mantenimiento de una reserva estratégica de almacenaje de distintos materiales para casos de emergencia primando la producción nacional de los mismos en colaboración
con el sector privado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2020.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000697
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para facilitar la empleabilidad de trabajadores
durante las campañas agrícolas en el periodo de la crisis por COVID-19, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La crisis del COVID-19 está dejando situaciones paradójicas. Mientras la sociedad y la economía se ha visto sometida a una 'hibernación', los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) se acumulan y afectan a 3,9 millones de
trabajadores, un 16 % de la población activa, y ha proliferado el teletrabajo para no salir de casa, otros sectores debían estar activos para garantizar nuestras necesidades básicas, como la actividad en el campo para el suministro de alimentos, y
reclaman mano de obra para manipular o recolectar sus productos.
Hace semanas, algunos sectores agroalimentarios avisaron, con inquietud y preocupación, sobre la escasez de trabajadores y la cercanía de las campañas de recolección. El cierre de fronteras ha hecho que sea imposible traer empleados de
otros países, comunitarios o no. A nivel nacional, el miedo al contagio y la ausencia de equipos de seguridad o, simplemente, la necesidad de cuidar de los mayores o los menores, ha incrementado el absentismo laboral.
Solo a modo de ejemplo, en esta situación se encuentran los empresarios de la fruta de hueso que en Aragón o Cataluña tiene que recoger las nectarinas y melocotones, los de la fresa en Huelva, la cereza del Valle del Jerte, las hortícolas en
Alicante, en Murcia, o Almería, el ajo en Granada, Córdoba, Cuenca o Albacete, el esparrago en Navarra o Guadalajara, las cebollas y patatas de Andalucía, Castilla o Valencia, y en el futuro las uvas en la mayoría de las regiones pero especialmente
en La Rioja, La Mancha, Galicia o Castilla y León.
Campañas que se prolongan hasta noviembre son intensivas en mano de obra para lugares determinados. Fuentes oficiales estimaron que en España se necesitarían entre 100.000 y 150.000 trabajadores para las actividades de campañas agrícolas,
pero algunas organizaciones la elevan hasta 200.000 trabajadores. El Gobierno se vio obligado a tomar algunas decisiones laborales en este sentido, calificadas por el sector como de insuficiente, restrictivas, incoherentes, y poco realista.
Corremos el riesgo de no garantizar el abastecimiento de algunos productos, que estos adquieran un precio elevado o que se importen de terceros países, como ya se empieza a denunciar. En cualquier caso, el impacto sobre nuestro sector
agrícola sería devastador.
No se trata únicamente de garantizar las rentas agrarias, ni de plantear el empleo agroalimentario como un complemento de subsidios, se trata de tomar medidas que garanticen el mantenimiento del tejido agroempresarial, que no se vea abocado
al cierre por tiempo indeterminado y a incrementar la lista de parados.
No es necesario recordar que la crisis del COVID-19 se ha solapado con la crisis de precios, el incremento de los costes de producción, el debate sobre los contratos, los problemas de los aranceles, etc., en la que estaba sumida la
agricultura.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar las modificaciones oportunas para ajustar la oferta y a demanda de puestos de trabajo en actividad agroalimentarias habilitando el acceso de trabajadores en diferentes situaciones de desempleo y ampliando el ámbito geográfico de
contratación, para que en torno a 200.000 personas puedan realizar estos trabajos allí donde se precisan para realizar las labores de recolección.
2. Flexibilizar e implantar medidas que permitan, con los debidos controles sanitarios, la movilidad y los desplazamientos de los trabajadores a las explotaciones o instalaciones de manipulado, aprovechando, por ejemplo, el transporte
colectivo colegios o turismo hoy infrautilizado y con problemas de viabilidad.
3. Aprobar los protocolos necesarios para facilitar, la movilidad interna entre diferentes provincias del país, en lo que se ha venido a llamar corredor verde nacional. Asegurando las garantías sanitarias de traslado y habitacionales
durante el periodo de contrato.
4. Autorizar, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea el corredor verde internacional para que los temporeros puedan trasladarse desde otros países europeos, con los controles sanitarios pertinentes y los protocolos
habitacionales y de desplazamientos que permitan garantizar la seguridad en todo el proceso.
5. Ampliar las posibilidades de aplicar las medidas hasta que finalice de las campañas de todos los productos de este año.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2020.-Milagros Marcos Ortega y Marta González Vázquez, Diputadas.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000701
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Ricardo Chamorro Delmo y don Rubén Darío Vega Arias, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley de medidas contra el alga asiática (Rugulopterix okamurae), para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Primero. Desde hace varios años, España viene sufriendo la invasión de una plaga asiática que pone en riesgo tanto el ecosistema marino como la economía de miles de familias que, de manera directa o indirecta, viven de la pesca y del
turismo de playa.
Los primeros avistamientos del alga asiática (Rugulopterix okamurae) se remontan al año 2015 y, desde entonces, no ha recibido ni la atención, ni los recursos, ni los medios necesarios por parte de las Administraciones y de los poderes
públicos.
Segundo. Las investigaciones científicas han revelado que se trata de un alga originaria del Pacífico noroccidental, de gran resistencia y potencial invasor, que posiblemente sea transportada en los tanques de lastre de los barcos para
posteriormente mediante achique, ser liberada en aguas del Estrecho y el Mediterráneo. Ya en nuestras costas, por su capacidad de supervivencia, la falta de depredadores marinos, su semejanza con las algas autóctonas y su enorme capacidad
reproductora, ha logrado asentarse e invadir todo el ecosistema marino español.
Tercero. La principal zona afectada es la costa andaluza, ya que se han encontrado importantes bosques de este alga desde Ayamonte (Huelva) hasta Marbella (Málaga), aunque su hábitat se extiende
desde la costa atlántica portuguesa y la mediterránea, e incluso se han encontrado importantes extensiones de Rugulopterix okamurae en la costa levantina.
Cuarto. Este alga genera un daño medioambiental importante en los ecosistemas marinos porque destruye el hábitat propio de las especies autóctonas al tapizar los fondos marinos, desplazando a otras especies e incluso eliminándolas. De esta
forma, influye en la economía dedicada a este sector que no puede faenar porque el pescado ha sido desplazado de sus caladeros habituales. En concreto, la cherna (Polyprion americanus), el mero de profundidad (Epinephelus spp.), el besugo de la
pinta (Pagellus bogaraveo) o el sable (Trichiurus lepturus), etc.
Quinto. El sector pesquero español viene denunciando esta situación desde hace tiempo, como han puesto de manifiesto diversas organizaciones tales como la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), la Federación de Cofradías de
Pescadores de Cádiz (Fescopesca) o la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope).
Sexto. Sin embargo, pese a estas constantes denuncias y pese a que se tiene conocimiento de la invasión de este alga desde el año 2015, las Administraciones Públicas españolas no han prestado ni la atención ni las soluciones adecuadas a
este problema, por lo que el litoral español está en grave peligro con una situación que empeora cada día. Es más, aunque el Gobierno anunció en septiembre de 2019 que incluiría a la Rugulopterix okamurae en el Catálogo de especies exóticas
invasoras (lo que permitiría el uso de recursos específicos para combatirla), todavía no se ha llevado a cabo.
Y así lo afirma la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea en una carta remitida al Ayuntamiento de Conil, con registro de entrada el 12 de diciembre de 2019, que 'no ha recibido todavía solicitud alguna del Gobierno de
España para la inclusión del alga en la lista de especies exóticas invasoras de la Unión Europea', lo que imposibilita incluirla en el programa operativo de España del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), que es el documento donde España debe
hacer constar cómo piensa gastar el dinero, es decir, para que proyectos concretos solicita cofinanciación de dicho Fondo junto con la financiación nacional.
Séptimo. El Instrumento de ratificación del Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL 73/78), fue publicado en España en el B.O.E núm.249 de 17 de octubre de 1984.
En dicho Convenio se incluyen en el Anexo IV las Reglas para prevenir la contaminación por las aguas sucias de los buques, donde se establece que la descarga de aguas sucias al mar está prohibida a menos que el buque utilice una instalación
de tratamiento de aguas sucias aprobada o descargue aguas sucias previamente desmenuzadas y desinfectadas mediante un sistema aprobado, a una distancia superior a 3 millas marinas de la tierra más próxima, o a una distancia superior a 12 millas
marinas de la tierra más próxima si no han sido previamente desmenuzadas ni desinfectadas.
Octavo. En 2004 se adoptó el Convenio internacional para el control y gestión de las aguas de lastre y los sedimentos de los buques (Convenio BWM) de la Organización Marítima Internacional (BOE núm. 282, de 22 de noviembre de 2016) como
forma de controlar el agua de lastre que portan los busques en el mar y evitar así la transferencia de especies potencialmente invasoras de unas regiones a otras, obligando a que el agua de lastre sea tratada antes de que sea liberado en un nuevo
lugar y registrada manualmente en un libro de descargas.
No obstante, aunque este Convenio fue ratificado por España en 2017 (BOE núm. 282, de 22 de noviembre de 2016), las medidas de implantación no han sido las adecuadas para garantizar su objetivo, sufriendo continuas críticas a nivel
internacional de ser poco ambicioso e impreciso, en muchas de sus directrices técnicas de aplicación por lo que las medidas de control que prevé son insuficientes, al menos hasta que se establezca la obligatoriedad de unas medidas técnicas
instrumentales de control y registro de descargas, no en un simple registro manual a modo de diario de descargas, así como su obligatoriedad para todos los buques, existentes y nuevos.
Noveno. Así pues, se trata de una especie invasora que está devastando el ecosistema marino español y que está afectando seriamente a importantes sectores de nuestro país como son el sector pesquero y el sector turístico. Los poderes
públicos deben adoptar las medidas que sean necesarias para erradicar esta alga que está dañando gravemente nuestras costas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Incluir el alga Rugulopterix okamurae en el Catálogo de especies exóticas invasoras y, posteriormente, en el programa operativo de España del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).
2. Adoptar un Plan Nacional de protección del litoral español frente a la invasión de este alga asiática (Rugulopterix okamurae).
3. Establecer y coordinar planes de control y erradicación con las Comunidades Autónomas.
4. Elaborar una nueva normativa nacional de gestión y control del agua de lastre que dé un cumplimiento más seguro al Convenio internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques (Convenio BWM).
5. Emitir 'notificaciones a los navegantes' conforme a la Regla C-2 del Convenio internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques, en especial a los buques que tengan previsto utilizar el
Dispositivo de Señalización de Tráfico (DST) del Estrecho.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2020.-Ricardo Chamorro Delmo y Rubén Darío Vega Arias, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000708
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el Observatorio de la Cadena, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El Observatorio de la Cadena Alimentaria sustituye al anterior Observatorio de Precios de los Alimentos, y surge como consecuencia de la nueva Ley de la Cadena Alimentaria, con el objetivo de mejorar el conocimiento de la formación de los
precios en la cadena agroalimentaria y las diferencias entre origen y destino. Se constituyó en abril de 2015.
El Observatorio de la Cadena Alimentaria es un órgano colegiado adscrito a la Dirección General de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 12/2013, de
2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
El Observatorio de la Cadena Alimentaria crea un marco de conocimiento sobre la formación de los precios a lo largo de la cadena agroalimentaria, mediante la publicación de datos objetivos y la realización de estudios e informes que permiten
llevar a cabo un seguimiento sistemático de los precios
De esta forma, se pretende favorecer la transparencia y la eficiencia del proceso de comercialización, detectando posibles situaciones de desequilibrio en las cotizaciones de productos a lo largo de la cadena de comercialización.
Las funciones del Observatorio de la Cadena Alimentaria son las siguientes:
Generar información de carácter regular, encaminada a establecer un seguimiento sistemático de la formación de los precios finales de los alimentos.
Analizar la estructura básica de los precios y los factores causantes de su evolución, en los alimentos de mayor importancia relativa en la producción y el consumo.
Realizar informes y estudios explicativos, en su caso, de las posibles situaciones de desequilibrio generadas; así como, elaborar los informes sobre precios de los alimentos que le sean demandados por los Ministros de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino y de Industria, Turismo y Comercio.
Favorecer el diálogo y la intercomunicación entre las representaciones del sector productivo, la distribución comercial y los consumidores, entre sí y de estos con las Administraciones Públicas.
Elaborar propuestas de actuación de las Administraciones competentes y recomendaciones a los diversos agentes económicos intervinientes, empresas e instituciones públicas o privadas.
El principal eje de actuación del Observatorio de la Cadena Alimentaria es el Sistema de Información de Precios en Origen-Destino. El Sistema de Información de Precios en Origen-Destino posibilita el seguimiento de la evolución semanal de
los precios de 34 productos alimentarios en los tres niveles comerciales más significativos: origen, mayorista y destino Las operaciones estadísticas están sustentadas por distintas unidades gestoras pertenecientes a varios Ministerios, así como de
la Empresa Nacional MERCASA.
El observatorio renace con el reto de impulsar la figura del mediador y de ser capaz de resolver la crisis de precios del sector.
Este organismo debería ser capaz de resolver los desequilibrios en la cadena y logar precios justos para los agricultores y ganaderos.
En el Observatorio están representados los intereses de los diferentes operadores de la cadena, de modo que el trabajo conjunto de todos resulte de la mayor eficacia y permita el logro de los objetivos buscados.
El ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación actualizará los estudios del Observatorio de la Cadena Alimentaria, especialmente del aceite de oliva y las frutas y hortalizas 'sectores en los que la crisis es más aguda en este momento'.
El objetivo de estos estudios, que no se actualizaban desde 2013-2014, es identificar adecuadamente a los agentes que intervienen en el proceso, los costes y las retribuciones para que exista un reparto justo del valor.
Los informes que elabora el Observatorio, que se elabora anualmente, aporta transparencia e información sobre el funcionamiento de la cadena, evalúa la calidad de las relaciones entre los operadores y el seguimiento de la evolución de dicha
calidad en el tiempo Además, permite detectar la aparición de nuevas prácticas y garantizar de este modo la permanente actualización de los compromisos de la Ley.
Podemos resumir todo lo anterior que el Observatorio de la Cadena Alimentaria debe contribuir a resolver la grave crisis de precios que sufren los agricultores y ganaderos.
Para resolver los desequilibrios en la cadena' y lograr 'de una vez por todas' precios justos para los agricultores y ganaderos. Entre las funciones para conseguir la grave crisis de precios y los desequilibrios en la cadena, estaría la de
elaborar informes de 'situaciones irregulares' en la cadena y trasladarlos a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para agilizar la persecución de prácticas abusivas como la venta a pérdidas. Es imprescindible que estos informes
de la cadena de valor que analizan los costes de producción de diversos productos, deben ser actualizados más frecuentemente. Muchos de ellos llevan varios años sin actualizarse, y son una herramienta imprescindible para denunciar abusos y resolver
problemas'.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a relanzar el Observatorio de la Cadena Alimentaria actualizando los estudios de márgenes de los principales productos y publicando índices que puedan ser empleados para obtener los costes de
producción en los contratos, con el propósito de denunciar abusos y resolver posibles problemas que se pudiesen generar en la cadena de valor.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2020.-Manuel Gabriel González Ramos, Diputado.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000721
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de adoptar
medidas de apoyo a todas las Cofradías de Pescadores, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Desde hace tiempo, las Cofradías de Pescadores de todo nuestro territorio en España han venido reclamando del gobierno de la Nación que se tuvieran presentes las singularidades que las caracterizan a la hora de instrumentar las ayudas y las
modificaciones reglamentarias, especialmente europeas, para poder beneficiarse de las cuantías que se contemplan en el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca FEMP.
Las Cofradías de Pescadores son entidades de Derecho Público en el sector pesquero, bajo la tutela de la administración y cuya representación viene regulada mediante Decreto, de manera que exista paridad de representación entre la parte
económica y la parte social dentro de sus órganos de representación.
Así, la regulación estatal de las Cofradías se encuentra recogida en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de pesca marítima del Estado, a las que dedica los artículos 45 a 51, sobre sus funciones, en los siguientes términos:
a) Actuar como órganos de consulta de las Administraciones públicas competentes y ejercer las funciones que les encomienden la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias.
b) Prestar servicios a sus miembros y representar y defender sus intereses.
c) Administrar los recursos propios de su patrimonio.
Para el cumplimiento de sus fines las Cofradías cuentan con ingresos procedentes de sus propias fuentes, aparte de las subvenciones a cargo de los Presupuestos
Generales del Estado. Se pueden concretar en tres conceptos: las cuotas sociales, los porcentajes de las ventas y los ingresos procedentes de arrendamientos de locales pertenecientes a su patrimonio.
Durante los últimos años estas fuentes de ingresos han venido experimentando importantes reducciones. Así, las cuotas de socios han permanecido congeladas, cuando no suprimidas, para poder ayudar al sector pesquero, que ya se ve sujeto a la
obligación de hacer frente a otras tasas e impuestos. La caída de precios y la caída de la actividad pesquera han propiciado una significativa reducción en los ingresos procedentes del porcentaje de ventas de estos productos del mar, y por si todo
ello no representara una merma significativa en sus ingresos, en la actual situación de confinamiento y paralización de actividades económicas, las cantidades procedentes de arrendamientos de locales, la mayoría dedicados a cafeterías o
restaurantes, se están viendo reducidas o eliminadas por verse obligados a permanecer cerrados.
Por otra parte, la actividad que realizan las Organizaciones de Productores de Pesca OPPs se parecen, cada día más, a las que vienen realizando desde hace años las Cofradías de Pescadores, compartiendo ambas las necesidades que acucian al
sector pesquero.
Las recientes medidas aprobadas a nivel de la Unión Europea, que por otra parte mejoraron las propuestas iniciales, al incluir a los mariscadores a pie dentro de los beneficiarios de fondos procedentes del FEMP, volvieron a dejar a las
Cofradías de Pescadores fuera de su ámbito, a pesar de que estas entidades venían reclamándolo al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, lo que ha causado un profundo malestar y preocupación ante las necesidades urgentes de cofinanciación.
En el actual marco provocado por el COVID-19 y los sucesivos estados de alarma, al igual que ocurre con otras actividades vinculadas al sector pesquero y a lo que representa la cadena Mar-industria, el Grupo Parlamentario Popular ha venido
demandando al gobierno la inmediata puesta a disposición de medidas que ayuden a paliar las graves consecuencias de los problemas expuestos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar urgentemente las siguientes medidas:
1. Facilitar a todas la Cofradías de Pescadores todos los materiales de protección que la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, FNCP, han solicitado reiteradamente, y que a pesar de haberlos considerado como sector prioritario
para su reparto por ser actividad esencial, hasta la fecha no han recibido, como son EP1s, mascarillas, guantes, etc.
2. Atender las propuestas trasladadas desde la FNCP en el sentido de realizar campañas específicas de promoción de los productos del mar, que contribuyan a sostener la actividad pesquera y con ello garantizar el suministro de estos
alimentos esenciales a la población, al tiempo que contribuyan a paliar el déficit en los ingresos de estas entidades.
3. Estudiar posibles aplazamientos o exoneraciones de aquellos tributos gravados a las Cofradías de Pescadores, así como el establecimiento de mecanismos de adelanto de las ayudas procedentes del FEMP que ayude a los armadores, pescadores y
posibles beneficiarios de las mismas a recibirlas en el menor tiempo posible.'
4. Instar a las autoridades comunitarias a que en las siguientes modificaciones o aprobación de nuevos paquetes de ayudas con fondos del FEMP se contemple a las Cofradías de Pescadores entre las beneficiarias de dichas líneas de ayudas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2020.-Joaquín María García Díez, Marta González Vázquez y María Pilar Ramallo Vázquez, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000692
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para alcanzar una Estrategia Española de Economía
Circular para afrontar la recuperación económica post COVID-19, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Cuando todavía no hemos salido de una de las mayores crisis sanitarias de nuestra historia reciente y con la necesidad de estar unidos, en torno a las familias de las personas que han fallecido víctima de la pandemia y con lealtad a las
administraciones públicas que están gestionando la crisis, los poderes públicos deben ir por delante y anticiparse a la que se prevé, será una de las mayores crisis económicas de nuestro tiempo.
Es imprescindible, primero, evaluar sus consecuencias, especialmente económicas, en caída del PIB nacional, y pérdidas de puestos de trabajo, que ya están socavando y poniendo en grave riesgo la sociedad del bienestar que durante tantos años
y esfuerzos hemos construido entre todos los españoles. Y segundo, poner en marcha políticas públicas que sean palanca de recuperación y estímulo para nuestra economía.
Una economía para las personas, que no deje a nadie atrás, solidaria, que cohesione territorios, competitiva y generadora de bienestar. Al tiempo debemos proteger nuestra democracia, garantizando la estabilidad política y social, la
pluralidad, el estado de derecho, la libertad y la igualdad de oportunidades.
Si antes de COVID-19, la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias, ya presentes en nuestras vidas, nos situó ante una emergencia climática, hoy se suma la emergencia sanitaria, por la
salud y la seguridad y tenemos la obligación de convertir estas emergencias, en oportunidad para mejorar nuestra economía, aprovechando el marco del Pacto Verde Europeo impulsado por la Unión Europea.
La economía y el medio ambiente ya no pueden seguir caminando por separado. Los efectos del calentamiento, el debilitamiento de nuestros ecosistemas y su biodiversidad y/o por ejemplo sus derivadas migratorias nos obligan a actuar y hacer
un uso inteligente de nuestros recursos, los residuos, el suelo, el agua, el aire o el clima.
Poner en marcha una Economía Circular que ofrezca a través de la investigación, la innovación, las nuevas tendencias de la digitalización y de la mano de un nuevo marco regulatorio, nuevas oportunidades de bienestar, es imprescindible.
Es imprescindible mejorar nuestra competitividad, ampliar las inversiones y promover la colaboración público-privada, apostar definitivamente por la movilidad sostenible, las energías renovables, la rehabilitación sostenible de edificios, la
investigación, la innovación, la recuperación de la biodiversidad, el aprovechamiento inteligente de los recursos y afrontar el reto de la bioeconomía, bajo el marco de la Economía Circular, y con el Pacto Verde Europeo como hoja de ruta para
estimular la economía desde el minuto uno tras COVID-19.
Debemos ir por delante. Liderar la salida de la crisis, y acelerar la puesta en marcha de las medidas contempladas en el Pacto Verde Europeo. Poner en marcha una 'Economía Inteligente' que haga de los objetivos de neutralidad climática,
los cumplimientos de los acuerdos de París, y el European Green Deal el camino para abrir la economía y hacer frente a la crisis económica post COVID-19.
Todas las crisis a largo de nuestra historia han dejado atrás formas de producción, modelos económicos, y empleos tradicionales. Y al mismo tiempo todas las crisis se han convertido en motor de cambio, y definitiva adaptación a sus tiempos.
Es nuestra obligación convertir la crisis en oportunidad y promover una transición justa y, a su vez, estar alerta y establecer mecanismos para anticiparnos a futuras amenazas.
El Pacto Verde Europeo es un buen y acertado instrumento para impulsar la economía tras la crisis de COVID-19. El foro económico mundial ya en el año 2016, estableció que los beneficios de la economía circular pueden ser claves para
aumentar la resiliencia de nuestra sociedad y ha llegado el momento de afrontar cambios, la sociedad española debe liderarlos, con planes, inversión, una activa participación público-privada y la sociedad en su conjunto adaptando nuevos hábitos y
usos.
Por tanto, debemos hacerlo entre todos, con políticas inclusivas, de la mano de la sociedad civil, los autónomos, las pymes, las grandes empresas junto a las administraciones en todos sus niveles, incorporando por ejemplo la compra verde
inteligente, y de acuerdo al principio de subsidiaridad, prestando especial atención al papel que deben jugar las administraciones locales, por su cercanía y conocimiento de la economía de las ciudades y pueblos.
Fue a finales de 2015 cuando la Comisión Europea adoptó la comunicación COM (2015) 614 final 'Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular.'. En febrero de 2018 España cumplía y se sometía a información pública
el borrador de la Estrategia Española de Economía Circular, alineada con el Plan de Acción que la Comisión Europea presentó en diciembre de ese mismo año. El pasado 11 de marzo, la Comisión Europea adoptaba un nuevo Plan de Acción para la Economía
Circular, que tiene por objeto adaptar la economía a un futuro ecológico y reforzar la competitividad, protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente y confiriendo nuevos derechos a los consumidores.
En España, tenemos todavía mucho por hacer, pues no solo no disponemos de una Estrategia de Economía Circular, repetidamente anunciada por el Gobierno, cuando ya existía un documento de análisis y de propuestas de actuación desde 2018,
tampoco por poner un ejemplo más, se ha iniciado el proceso de transposición de las cuatro Directivas en materia de residuos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar, definitivamente y en colaboración con Comunidades Autónomas y los Municipios, una Estrategia Española sobre Economía Circular que establezca los sectores prioritarios de actividad y las líneas principales de actuación, metas,
plazos y la participación de las distintas administraciones, y el papel activo que han de tener las empresas y la sociedad civil.
2. La puesta en marcha de una 'Agenda Verde para una Economía Inteligente', que avance en las posibilidades que ofrece Pacto Verde Europeo, como palanca para reactivar la economía y salir de la crisis. Una Agenda para recuperar los
sectores económicos que más se están viendo afectados por la crisis y que promueva la definitiva implantación de una Economía Circular competitiva en nuestro país. Poniendo en marcha planes de acción, medidas de estímulo fiscal, inversión
publico-privada, incorporando sectores estratégicos como la Formación, el sector Agroalimentario, la Construcción, la Industria, los Bienes de Consumo, el Turismo o la Gestion de los Residuos entre otros, todo en el marco de recién presentado The
European Green Deal y las líneas de financiación europeas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2020.-Guillermo Mariscal Anaya, César Sánchez Pérez y Paloma Gázquez Collado, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000704
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de regulación de la libertad de
circulación para el acceso a huertas privadas o de autoabastecimiento, para su debate en la Comisión de Transición Energética y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El confinamiento decretado por el Real decreto 463/2020 y la sucesivas prórrogas de alarma ha provocado un modelo único de aplicación para todo el territorio del estado que provoca situaciones paradójicas, tales como permitir hacer cola a la
puerta de supermercados pero en cambio prohibir el desplazamiento a huertas que no tengan consideración de explotación agraria, aunque constituyen el sustento y abastecimiento principal de muchas familias en el medio rural.
Alrededor del 16,2 % de la población española vive en la España rural, que ocupa el 84,1 % del territorio. Un modo de vida diferente pero también un modelo productivo diferente, que ha permitido mostrar, en estos tiempos de pandemia, la
resiliencia de los pequeños municipios y también la diligencia con la que han acatado las normas de confinamiento, pensadas en gran medida para la problemática de las grandes ciudades y su modo de vida.
Así pues, los sucesivos decretos de confinamiento para tratar de frenar la propagación de la epidemia del coronavirus han considerado como actividades esenciales las desarrolladas por empresas agroalimentarias en conjunto; sin embargo esas
mismas normas restringen y genera un vacío interpretativo en relación a la libertad de circulación para el acceso a huertas o campos de uso particular o no profesional. Estas tierras o huertos, además de su función para el autoconsumo, constituyen
una fuente de ingresos complementarios en el ámbito rural para muchas familias, vía cooperativas o mercados minoristas. En la actual situación económica se hace aún más imprescindible la regulación de esta actividad. La situación ha sido
solventada de diferentes maneas en las distintas comunidades autónomas: desde la regulación por la Consellería de Medio Rural en Galicia hasta la completa prohibición de desplazamientos en Castilla-La Mancha, caso de Toledo, ocasionando perjuicios
irreparables para los propietarios o productores por la pérdida de las cosechas, falta de riego o de otras labores agrícolas que es necesario realizar, pasando por la discrecionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante los
desplazamientos para actividades de este tipo en otras provincias de la misma comunidad autónoma.
La diversidad de situaciones supone un problema de calado para el autoabastecimiento, pero también plantea una gran inseguridad jurídica para la población y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones,
teniendo en cuenta que, de hecho, algunas interpretaciones realizadas desde las Delegaciones del Gobierno de Aragón o Extremadura, o incluso desde ámbitos provinciales como la subdelegación de Zamora, territorios todos ellos rurales, despoblados y
que sufren dispersión geográfica, han visto como su modo de vida diferente ha sido tenido en cuenta correctamente, aliviando a sus paisanos de tan restrictiva carga confeccionada desde una visión exclusivamente urbana.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer de forma uniforme en todo el territorio español la autorización de desplazamientos a huertos particulares o de autoabastecimiento, a través de la oportuna instrucción a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, para el cuidado o la recolección en los siguientes casos:
1. Labores y recolección en huertos de autoconsumo cuya falta de atención pueda causar pérdidas irreparables, y/o en atención a la situación socioeconómica de la unidad familiar del interesado.
2. Cuidado y alimentación de animales considerados casos de fuerza mayor al amparo del artículo 7.1.g) del Real Decreto 463/2020.
3. Establecer con precisión que la actividad se realizará dentro del término municipal de/lugar de residencia, o a una distancia prudencial de éste, de forma individual, para la actividad agrícola necesaria y aplicando las normas
establecidas para la protección de la salud y seguridad de los ciudadanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2020.-Carmen Navarro Lacoba, Guillermo Mariscal Anaya, Tomás Cabezón Casas y José Alberto Herrero Bono, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cultura y Deporte
161/000695
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, por iniciativa del Diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la adopción de un plan de medidas de ayuda al sector musical de las orquestas que tenga en cuenta sus especificidades para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
La crisis causada por el coronavirus está provocando graves efectos de carácter laboral, económico y social, también en el sector cultural, mostrando una vez más la precaria situación en la que se encuentran muchos creadores y artistas, así
como el personal técnico y auxiliar partícipe en el proceso de creación. En este sector, la temporalidad e intermitencia de los contratos, así como la irregularidad de los ingresos y la escasez de los salarios suelen ser la norma.
Dentro del sector cultural, el musical genera unos 5000 puestos de trabajo directos, entre componentes de orquestas, pequeñas formaciones (dúos, tríos y solistas), disco móviles, etc. Además, las empresas auxiliares directas que prestan sus
servicios en la organización de fiestas y otros eventos populares generan unos 10.000 puestos de trabajo directos, englobando a empresas de suministro eléctrico, pirotecnias, todo tipo de feriantes y atracciones de feria, bares, pulperías y demás
servicios de restauración y hostelería ambulantes que tienen como actividad principal el marco de las Fiestas populares. También se deben tener en cuenta otros sectores que se ven afectados de forma indirecta, pues la celebración de fiestas,
conciertos y otros eventos multiplican la actividad económica de las ciudades y pueblos en los que se celebran, que ven multiplicado su rendimiento, como es el caso de la hostelería, el pequeño comercio, y, en general, casi todas las empresas
locales.
En Galicia, el sector musical cuya dedicación principal son las fiestas populares está compuesto por unas 400 empresas, de las que 300 son orquestas, y las otras 100 están formadas por tríos, dúos, solistas, discos móviles y charangas. Las
orquestas suelen organizarse como autónomos o SL, y funcionan con parte de sus empleados en régimen general (los trabajadores técnicos y de montaje), y los músicos en el régimen especial de artistas.
Hay dos tipos de funcionamiento, algunas de estas orquestas trabajan anualmente, manteniendo en fijo-discontinuo a su personal, pues en la temporada de invierno el número de actuaciones disminuye notablemente. Sin embargo, la mayoría de
ellas tienen una actividad puramente estacional, arrancando la temporada en los meses de abril o mayo y prolongándose hasta octubre.
La situación actual del COVID-19 que ha supuesto la necesidad de decretar el Estado de Alarma desde el mes de marzo, ha paralizado la actividad de todo este sector, que ya tiene preparada la inversión para la temporada, pero que está
recibiendo numerosas cancelaciones ante la incertidumbre de si los eventos previstos a lo largo de los meses de verano van a poder realizarse y en qué condiciones. El cierre total de la actividad está poniendo en grave riesgo la supervivencia de
todo el sector.
La situación es muy preocupante tanto en el aspecto laboral como empresarial. Debemos recordar, que solo algunas de las orquestas van a poder acogerse a la solicitud de un ERTE (unas 50), como medida extrema para aguantar hasta la
reapertura de la actividad normal. Las demás, por su estructura y conformación no tienen la posibilidad de acceder al mismo, lo que supone una desprotección laboral a miles de músicos, que en el momento de iniciarse el Estado de alarma aún no
estaban dados de alta, y ya tenían consumidas sus prestaciones por desempleo tras el transcurso de los meses de invierno.
Desde el punto de vista empresarial, se debe tener en cuenta las grandes inversiones en material, escenarios y equipos, que se preveían amortizar durante la temporada de verano.
La situación descrita, hace que el sector musical dedicado de forma principal a las fiestas populares esté en este momento en grave riesgo al deber soportar tan largo período sin actividad ni ingresos. Se necesita un plan de ayuda
específico para este sector con características singulares y especialmente perjudicado tanto laboral como empresarialmente. Recordemos que la actividad de las orquestas se desenvuelve principalmente en la época de verano, por lo que, si no pueden
reanudar su trabajo hasta el mes de septiembre, perderán los ingresos de todo el año, no volverán a tener carga de trabajo hasta la primavera de 2021.
Por todo lo expuesto con anterioridad, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar y poner en funcionamiento un plan específico para el sector musical dedicado a las fiestas musicales entre cuyas medidas se debe contemplar:
1. Medidas de carácter laboral que tengan en cuenta la diversidad de situaciones, pensando en los trabajadores y trabajadoras que sí se han podido acogerse a los ERTE, a los distintos regímenes implicados (general, especial de artistas...),
y en aquellos otros trabajadores y trabajadoras que no han llegado a iniciar la temporada, diseñando una prestación especial o subsidio ante la imposibilidad de desarrollar su actividad.
2. Medidas que permitan la supervivencia de las empresas que, al dedicarse a una actividad fundamentalmente estacional, al perder la campaña de verano están perdiendo el año entero. Entre estas medidas deberán incluirse, además de las
líneas de crédito o financiación, se incluyan ayudas a fondo perdido para atender a los gastos fijos e inversiones realizadas sin posibilidad de amortización.
3. Medidas de reactivación del sector con ayudas que incentiven la reanudación de la actividad una vez superada la crisis sanitaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2020.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Laurra Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/000646
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Retirada de su Proposición no de Ley relativa al reparto de mascarillas para el conjunto de la población frente al coronavirus (COVID-19) en las oficinas de farmacia.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno, a la Comisión de Sanidad y Consumo y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 79, de 6 de mayo de 2020.
161/000693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán y don Juan Luis Steegmann Olmedillas, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y de Diputado, respectivamente, del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la falta de medidas y material de protección para las oficinas de farmacia, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Primero. El modelo de farmacia en España garantiza que el 99 % de la población, viva donde viva, pueda acceder a una farmacia andando y ser atendido por un profesional sanitario, el farmacéutico. Esto no ocurre en ningún otro lugar del
mundo. Gracias a la capilaridad de las más de 22.000 farmacias españolas de todo el territorio nacional, 1 de cada 4 se encuentran en el medio rural, muchas de ellas en numerosos pequeños núcleos urbanos donde el profesional farmacéutico representa
la única autoridad sanitaria. La oficina de farmacia es un establecimiento sanitario privado de interés público como establecen, entre otras, la Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia y el Real Decreto
Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. La misión del farmacéutico comunitario consiste en atender las necesidades de los
pacientes en relación con los medicamentos y productos sanitarios que utilizan, colaborando con las administraciones sanitarias para garantizar la prestación farmacéutica, y desarrollando todas aquellas cuestiones que estén relacionadas con la salud
y dentro de su ámbito de actuación profesional.
Siendo las oficinas de farmacia uno de los pocos establecimientos que permanecen abiertos en el actual escenario de pandemia por coronavirus y en estado de alarma en la sociedad española, hay que señalar el rol imprescindible que supone la
farmacia comunitaria en el conjunto del sistema sanitario español.
Segundo. En España se han implantado y tenemos funcionando los 'Programas de Atención al Mayor Polimedicado', que establecen una serie de protocolos comunes con el Centro de Salud y las farmacias de la zona, para detectar y canalizar
pacientes susceptibles de no usar bien su medicación debido a su edad y complejidad del tratamiento.
Las farmacias, a su vez, a través de sus sociedades científicas o el propio Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, han sabido desarrollar e implementar guías de servicios profesionales para patologías crónicas, que solo hay
que potenciar, para que se pueda confirmar lo que la bibliografía ya indica: que tienen un beneficio para la eficiencia del sistema de salud por ahorrar y disminuir la sobrecarga asistencial en consultas médicas, mejorar el cumplimiento
terapéutico, y máxime en un contexto de aislamiento y distanciamiento social como el actual.
Así lo han hecho saber reiteradamente asociaciones como FEP (Foro Español de Pacientes): 'Desde el Foro Español de Pacientes (FEP), entendemos que el modelo español de farmacia contribuye a la calidad del servicio, integrado en el SNS, como
establecimientos sanitarios privados de interés público, regulados y aportando una atención sanitaria muy cualificada. En este momento de crisis ocasionado por el coronavirus, agradecemos a todos los profesionales del SNS su servicio y
profesionalidad, manteniendo una actividad esencial para los pacientes y el conjunto de la ciudadanía; e igualmente a la farmacia de calle, que va más allá de solo la dispensación de medicamentos, productos sanitarios, etc., pues también juegan un
importante papel educativo'.
En la situación actual de aislamiento de la población, de pacientes en pánico con síntomas de infección por Coronavirus (fiebre, tos, disnea, mialgia, malestar general, etc.), que no logran contactar con nadie, que tienen miedo de ir al
hospital, e incluso al centro de salud, por miedo al contagio, el enfermo se encuentra solo y desorientado, y tiene en la oficina de farmacia y en el farmacéutico un profesional sanitario que le dispensa los medicamentos y le da recomendaciones de
cómo actuar ante cada situación particular que en gran número de ocasiones es paciente habitual, desarrollando a su vez una labor social incuestionable.
Desde el Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España y los propios Colegios provinciales han manifestado su total ofrecimiento y disposición a seguir colaborando en la difusión de información veraz y rigurosa, transmitiendo las
medidas preventivas que contribuyan a frenar la propagación del virus en la sociedad. Las farmacias continúan cumpliendo con su horario habitual autorizado y con sus obligaciones de servicios de Urgencias, las guardias, pero también, realizando su
labor sanitaria de dispensación y recomendación de medicamentos y de atención al enfermo, así como informando y formando a la población en actuación frente a los síntomas menores, y aplacando por tanto la angustia con la que los sufren muchos
ciudadanos.
La Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) denunciaba recientemente que el farmacéutico comunitario 'podría estar siendo mucho mejor aprovechado' en la crisis de salud pública que está propiciando el coronavirus. Dicha
sociedad, ha trasladado un escrito al Ministerio de Sanidad, solicitando una convocatoria telemática de una Mesa de Trabajo con medicina, farmacia y enfermería, a fin de tratar de aprovechar de forma más eficiente los recursos.
La realidad es que en las farmacias llevan ya semanas empleándose a fondo, con riesgo de su propia salud, y contribuyendo al mejor manejo multidisciplinar de la situación actual de crisis sanitaria y en beneficio de la sociedad, muy por
encima de sus posibilidades, físicas y emocionales, y sometidos a muchísimo estrés laboral y personal, y todo ello sin ningún soporte por parte de la Administración:
a) Evitando miles de consultas a centros de salud y hospitales.
b) Informando y formando a la población sobre cómo actuar en cada situación, aplacando por tanto la angustia que están sufriendo muchos españoles, así como desmintiendo informaciones peligrosas.
c) Gestionando desde la farmacia la continuidad de las prescripciones de los tratamientos crónicos, evitando a su vez la sobrecarga asistencial en las consultas de Atención Primaria, mediante llamada al MAP si es preciso para la inclusión
del medicamento necesario en la receta electrónica del paciente, que ya se está implementando por CC.AA. mediante la renovación de forma automatizada todas las recetas de pacientes crónicos.
d) Acudiendo a los domicilios de pacientes en situaciones de vulnerabilidad por avanzada edad, situación de inmovilidad, imposibilidad o miedo a salir de casa, por posible contagio, cuarentenas preventivas y aislamientos obligados, por
diagnóstico positivo a coronavirus, a llevarles sus medicamentos, sin cobrar el servicio a domicilio de entrega de medicación o gastos de envío, en un marco de incertidumbre jurídica absoluta, pero en atención al desbordamiento del sistema
sanitario.
Tercero. Existe un evidente desabastecimiento de medicamentos y productos sanitarios, así como principios activos y materias primas para formular, muchos de ellos tan necesarios y demandados por la población desde hace ya muchos días como
son mascarillas, guantes, geles hidroalcohólicos, alcohol, termómetros... Pero también supone desabastecimiento de medios y medidas de protección para el farmacéutico titular y los demás empleados de la oficina de farmacia. El Ministerio impone a
este sector de trabajadores el rendimiento pleno dentro de su actividad profesional, así como la relevancia de sus funciones en el día a día, es llamativo la necesidad que transmiten y las condiciones precarias en las que se encuentran, llegando a
ser ellos mismos los que se autoabastecen de los productos mínimos de protección como por ejemplo mascarillas, compradas en proveedores online o dadas por los usuarios.
Debe preocupar especialmente las farmacias de zonas rurales, donde no hay ambulatorio ni centro de salud. Y en la gran mayoría de ocasiones con un único farmacéutico, y el gran riego que existe a que este profesional se contagie y se vea en
la obligación de no poder atender a nadie.
No parece muy adecuado que el D. Fernando Simón, director de Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas sanitarias del Ministerio de Sanidad, manifestara el pasado 23 de marzo de 2020 tal desconocimiento del sector y de la ingente
actividad realizada por nuestra farmacia comunitaria; como tampoco resulta responsable la dejadez mostrada ante un colectivo, el farmacéutico, que desde antes de decretarse la alarma en España ya estaban ofreciendo el 100 % de sus recursos
materiales y humanos, privados recordemos, y poniéndolos al servicio de la sociedad española, con evidente riesgo para su salud, algo que evidentemente se escapa y por mucho de los 'riesgos propios de su profesión'.
Por todo lo anteriormente expuesto y dada la crisis sanitaria excepcional y sin precedentes que estamos viviendo, la Farmacia española, está en la primera línea de batalla.
Los farmacéuticos son los especialistas del medicamento que, al igual que otros profesionales sanitarios, están anteponiendo el bien de la sociedad al suyo propio, con una innegable vocación de servicio, y agentes de salud que debemos cuidar
y proteger especialmente, desde el Grupo Parlamentario VOX en el Congreso, presentamos para su debate en el Pleno la siguiente
Proposición no de Ley
'Instamos al Gobierno de España a garantizar la seguridad de los farmacéuticos de la oficina de farmacia, así como a sus técnicos en farmacia y parafarmacia y auxiliares, en el desempeño de sus funciones de atención farmacéutica,
dispensación y recomendación de medicamentos y otros productos sanitarios. En concreto:
Primero. Siendo la oficina de farmacia un establecimiento sanitario privado de interés público, y siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad en sus documentos técnicos destinados a personal sanitario, en el Procedimiento de
actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, publicado en su web oficial a fecha 15 de marzo de 2020, en su capítulo 6, sobre Medidas dirigidas a la prevención y el control de la infección, tal y como se indica en el
mismo:
1.1 Que se les provea de equipos de protección individual de manera que las medidas de protección a los profesionales sanitarios se extiendan a las Oficinas de Farmacia, ya que forman parte integral del SNS: 'El personal sanitario que
atienda a casos de infección por SARS-CoV-2 o las personas que entren en la habitación de aislamiento (p. ej familiares, personal de limpieza...) deben llevar un equipo de protección individual para la prevención de infección por microorganismos
transmitidos por gotas y por contacto que incluya bata, mascarilla (quirúrgica o FFP2 si hay disponibilidad y siempre asegurando la existencia de stoks suficientes para las situaciones en las que su uso esté indicado de forma más priorizada),
guantes y protección ocular antisalpicaduras'.
1.2 Que se les surta de paneles de metacrilato, geles hidroalcohólicos, guantes y mascarilla o el abono de los gastos de las dotaciones e instalaciones realizadas por ellos. Ya que en la farmacia comunitaria se produce un flujo constante de
personas con diferente sintomatología, abarcando desde formas más leves a formas más agresivas de la infección por coronavirus, así como toda clase de pacientes con patología crónica, polimedicados, de edad avanzada, de vulnerabilidad por patología
concomitante, etc. Con contacto continuo de objetos y superficies susceptibles de vectorizar la infección. Es de vital importancia.
Segundo. Que se constituya una Mesa de atención primaria, con todos los colectivos expuestos y vulnerables en esta crisis (personal médico, farmacéutico y de enfermería, principalmente) y se adopten medidas coordinadas y efectivas para su
protección.
Tercero. Que sean amparados por un entorno jurídico que les autorice la excepcional actuación de atención farmacéutica domiciliaria que, llevan realizando, de facto, desde el comienzo de la crisis sanitaria actual, ante la extrema necesidad
de los enfermos en situación de alta vulnerabilidad y fragilidad, y en el contexto del colapso del sistema sanitario producido. Actuaciones siempre con conocimiento y consejo de los órganos colegiales provinciales y del Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos de España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2020.-Juan Luis Steegmann Olmedillas, Diputado.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000694
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Lourdes Méndez Monasterio, doña Carla Toscano de Balbín, doña Rocío de Meer Méndez, doña María de la Cabeza Ruíz Solás y don Juan Luis Steegmann Olmedillas, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados
del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley en relación con la extensión de las
medidas de protección del 'Plan de Contingencia contra la violencia de género debido a la crisis del coronavirus' a otras posibles víctimas de la violencia intrafamiliar: Los hombres, los menores y los ancianos, para su discusión en la Comisión de
Sanidad.
Exposición de motivos
Primero. El 1 de abril de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
Esta disposición normativa contiene una serie de medidas que el Gobierno considera necesario implementar de manera inminente para paliar las graves consecuencias que, en todos los órdenes sociales, se han generado y se generarán a causa de la crisis
sanitaria.
En su Exposición de Motivos, se afirma que esta norma se ha redactado 'manteniendo como prioridad la protección de las familias, autónomos y empresas más directamente afectadas'. Allí se explicita que 'el capítulo I regula un amplio paquete
de medidas para apoyar a los trabajadores, a los consumidores, a las familias y a los colectivos más vulnerables, (...) para aliviar su situación financiera y que puedan disponer de unos ingresos mínimos y contribuir al alivio de sus gastos fijos es
una de las prioridades estratégicas del Gobierno, especialmente relevante en las circunstancias actuales, siendo de especial importancia la adopción de medidas que aseguren que no quedan en situación de exclusión como consecuencia de la crisis
sanitaria del COVID-19'.
Segundo. La familia es, por tanto, uno de los colectivos que el Real Decreto dice haber pretendido tutelar en mayor medida. Sin embargo, si examinamos detenidamente las disposiciones alusivas a la institución familiar, encontramos que
todas ellas se refieren únicamente a la vertiente económica. Citamos a continuación las más reseñables: suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional (artículo 1), prórroga
extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual (artículo 2), moratoria de deuda hipotecaria (artículo 19), garantía del suministro energético y de agua (artículo 29) y disponibilidad de los planes de pensiones en caso de
desempleo (Disposición Adicional 20.ª).
Tercero. Sin duda alguna, la dimensión económica de la crisis es importante. Pero las medidas al respecto, además de ser claramente insuficientes, no son las únicas que afectan a las familias españolas. Otro grave problema que aqueja a
esta institución es la violencia que se produce dentro de muchos grupos familiares, y que el confinamiento y la restricción de movilidad impuestos por el RD 463/2020, de 14 de marzo no hacen sino agravar. Tan es así, que el Ministerio de Igualdad
ha desarrollado un 'Plan de Contingencia contra la violencia de género debido a la crisis del coronavirus', que incluye la garantía de funcionamiento de los dispositivos de información durante las 24 horas del día, la respuesta de emergencia y
acogida a las víctimas en situación de riesgo, el normal funcionamiento de los centros de emergencia y otros análogos, la asistencia telemática de carácter jurídico, psicológico o social a las víctimas e, incluso, la posibilidad de enviar un mensaje
de alerta por mensajería instantánea con geolocalización dirigido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Cuarto. Sabemos, por los datos de diferentes Fundaciones a los que hemos tenido acceso, que el confinamiento está haciendo que aumente la violencia contra los menores. Y cada día que pasa de aislamiento, esa violencia crece. Sólo en la
semana del 23 al 30 de marzo, el chat anónimo y confidencial de unas de estas Fundaciones ha recibido 270 peticiones de ayuda, 173 de las cuales corresponden a casos de maltrato grave. O sea, 24 casos al día en España. Dentro de la referida
semana, cada día supera al anterior: si el día 23 los casos de violencia ocuparon el 36 % de las consultas, el día 31 subieron al 40 %. El riesgo aumenta porque la víctima no puede alejarse del agresor. Se percibe un aumento alarmante y
preocupante de las cifras en estos últimos días.
No hacemos sino poner palabras a los datos objetivos, una radiografía de lo oculto y más oscuro de la sociedad: el maltrato del vulnerable. Más de una de cada tres consultas recibidas en una semana son violencia contra un menor. Estamos
hablando de palizas, marcas, heridas, golpes... (el 12,7 % de las conversaciones). También de insultos, menosprecios, manipulaciones, vacíos... (el 7 %). La violencia física y la psicológica comandan esta tabla cruel. Pero hay más: un 3,5 %
son agresiones sexuales. Se trata de una violencia agravada en cuanto que, insistimos, los menores no pueden escapar de su agresor, por razones de parentesco y superioridad moral.
La violencia contra los ancianos también es, desgraciadamente, una realidad en España, hasta el punto de que en varias Comunidades Autónomas se han elaborado Protocolos de Actuación para atajar este mal. Es el caso, por ejemplo, de Gerona o
de Andalucía. Y, al igual que ocurre con la violencia contra los menores, la que se inflige respecto de los ancianos se está viendo acrecentada a causa de un confinamiento obligado por la ley, que impide a las víctimas abandonar voluntariamente su
domicilio.
Quinto. Por todo ello, este Grupo Parlamentario entiende que el actual 'Plan de Contingencia' deja desprotegidas, como también lo hace la vigente legislación en materia de violencia de género, a otras posibles víctimas de agresiones
físicas, verbales o psicológicas en el seno de las relaciones intrafamiliares, tales como los menores, los ancianos o cualquier persona -hombre o mujer- que pueda ser o haya sido susceptible de violencia en dicho entorno. No podemos desatender esta
realidad, frente a la cual el Gobierno debería tomar, máxime mientras dure el confinamiento, medidas de prevención de la misma envergadura que las implementadas en materia de violencia de género, en virtud del principio constitucional de igualdad
recogido en los artículos 9.2 y 14 de nuestra Carta Magna.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ampliar las medidas de protección que brinda el Plan de Contingencia contra la violencia de género debido a la Crisis del Coronavirus, elaborado por el Ministerio de Igualdad, a toda persona
que pueda ser o haya sido víctima de violencia en el seno familiar, ya sea hombre, mujer, niño o anciano.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2020.-Lourdes Méndez Monasterio, Rocío de Meer Méndez, Carla Toscano De Balbín, María de la Cabeza Ruiz Solás y Juan Luis Steegmann Olmedillas, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz
del Grupo Parlamentario VOX.
161/000696
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la posibilidad de uso de la
totalidad de laboratorios capacitados existentes para realizar pruebas diagnósticas de coronavirus (COVID-19), para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el pasado 12 de febrero de 2020 un informe en el que, ante la crisis generada por el coronavirus (COVID-19), aconsejaba a los países prepararse para realizar pruebas diagnósticas a gran
escala entre la población, así como para llevar a la práctica el mayor
número posible de test a todos los casos sospechosos de contagio en el supuesto de que la expansión del virus fuese generalizada.
Transcurridos más de dos meses desde entonces, y tras la expansión de la pandemia y el contagio masivo de personas en gran parte del mundo, muchos países han llevado y están llevando a la práctica la recomendación realizada por la OMS de
realizar test de forma generalizada como medida con la que controlar la evolución de la epidemia y como fórmula con la que obtener los datos y la evidencia necesarias para aplicar las iniciativas sanitarias, económicas y sociales más adecuadas
frente al COVID-19.
De acuerdo con investigaciones realizadas por distintas instituciones internacionales, la Universidad de Oxford entre ellas, países como Islandia, Luxemburgo, Bahréin o Estonia son ejemplos de países que figuran entre los más activos
realizando test para diagnosticar de forma masiva a las personas afectadas por el virus.
Otros países afectados por el COVID-19 que también están siendo destacados por organismos como la referida Universidad de Oxford por los esfuerzos realizados para realizar test masivamente -y que están más próximos geográficamente a España-,
son Noruega, Suiza, Irlanda e incluso de Italia.
En este sentido, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha planteado en diversas ocasiones -la última mientras se elaboraba esta iniciativa fue el pasado 25 de abril de 2020 en su aparición televisiva de los sábados por la tarde- que España
es 'de los países del mundo que más test realiza a su población'.
Más allá de que lleve semanas siendo desmentido por las referidas organizaciones internacionales -por el hecho de no incluir a nuestro país en el listado de los 20 primeros países que más test realizan-, así como por los medios de
comunicación, por miles de profesionales sanitarios y por la evidencia de los hechos, el Gobierno ha aplicado distintas medidas para realizar pruebas diagnósticas.
La toma del control de laboratorios privados vía orden ministerial -el pasado 13 de abril-, la incautación de test de empresas privadas -más de 2.000 en el caso de 'Siemens-Gamesai' que trascendió públicamente el pasado 14 de abril- o la
validación de laboratorios de centros de investigación y universidades por parte del Instituto de Salud Carlos III -24 validados en total a fecha de 24 de abril-, son ejemplos de esas medidas.
No obstante, la realización de test impulsada por el Ejecutivo sigue resultando insuficiente en términos generales y en ámbitos concretos como, por ejemplo, el de la sanidad -queja recurrente de consejos de colegios oficiales de
profesionales, sociedades científicas, sindicatos..., especialmente desde la declaración oficial del estado de alarma-, que denuncian la generación de un importante cuello de botella en la realización de estas pruebes diagnósticas, por falta de
previsión, de organización y de gestión, en un momento en el que esto no se podía permitir por su coste en vidas humanas.
Cabe destacar en este contexto que España cuenta además de los hospitalarios, los universitarios y de los de centros de investigación, con una red de laboratorios de sanidad animal con capacidad para realización masiva de pruebas PCR y
Serología, que está coordinada desde el Ministerio de Agricultura y que tiene capacidad para analizar millones de muestras, dado que toda la cabaña ganadera de nuestro país es analizada anualmente para detectar y controlar diversas enfermedades.
Del Ministerio de Agricultura dependen directamente dos laboratorios: el Laboratorio Central de Veterinaria-LCV -situado en Algete, Madrid- y el Laboratorio Central de Sanidad Animal-LCSA -en Santa Fe, Granada-. Ambos laboratorios trabajan
con patógenos que requieren altos niveles de bioseguridad, ya que muchos de ellos son zoonóticos (transmisibles de los animales a las personas). Además, ambos laboratorios están avalados por la Entidad Nacional de Acreditación en diferentes
técnicas y ensayos en base a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, y cuentan con personal experimentado en diagnóstico molecular.
En cuanto a los test serológicos, aparte de los laboratorios ya citados, existen otros laboratorios en todas las Comunidades Autónomas que pueden realizar este tipo de analíticas si se establece el protocolo necesario y se dispone de los
kits comerciales necesarios. Por citar dos ejemplos, los laboratorios de sanidad animal de Castilla y León tienen la capacidad de hacer 6.000.000 de serologías anuales, y los de Aragón, 1,5 millones.
Por todo ello, y teniendo en cuenta que en contraposición con las medidas propuestas por el propio Gobierno y también contra el criterio de la OMS, el Ministerio de Sanidad manifestó el pasado 26 de abril de 2020, en palabras de Fernando
Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, que 'los test masivos no son recomendables' y que lo acertado a su parecer es realizar únicamente los test a personas con sintomatología
compatible con COVID-19 que hayan estado en contacto con personas cuyo contagio haya sido demostrado.
El Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprovechar al máximo toda la capacidad laboratorial del país haciendo un uso efectivo de todos los laboratorios disponibles y capacitados para realizar pruebas diagnósticas de corona virus
(COVID-19) en España, incluidos los veterinarios, con el objetivo, a partir de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, de posibilitar la realización de las referidas pruebas diagnósticas a gran escala entre la población y así poder
conocer tanto la situación de positividad frente al virus, como la inmunológica real de la población, con el objeto de poder trazar una estrategia sanitaria, económica y social coherente y eficaz, basada en datos reales, para no adoptar medidas
caprichosas no basadas en el conocimiento exhaustivo de la realidad, ni en estudios serológicos que según se anuncian, estarán completados en el mejor de los casos 5 meses después del inicio de la epidemia, e impedir de esta manera una nueva
escalada en el número de contagios o muertes por Corona virus.
Para ello, el gobierno trazará en el menor tiempo posible un sistema de gestión, que incluya un protocolo con la distribución de la población entre esa red de laboratorios, la facilitación de los kits, la identificación, el etiquetado, la
recogida de las muestras, el procesado de las mismas, y la comunicación de los resultados tanto a los interesados, como a una Base de Datos dinámica de carácter nacional compartida con cada Comunidad Autónoma que, guardando todos los requisitos de
protección de datos, permita conocer con precisión nuestra realidad frente al COVID-19.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2020.-José Ignacio Echániz Salgado, Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo y Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
161/000698
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la campaña de vacunación
contra la gripe estacional de este año ante la crisis generada por el coronavirus (COVID-19), para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define vacuna como cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos en el organismo.
Puede tratarse, al parecer de la propia OMS, de una suspensión de microorganismos inertes o atenuados, o de productos o derivados de microorganismos, y suelen administrarse mediante una inyección, aunque algunas vacunas se suministran
mediante un vaporizador nasal u oral.
Una de las infecciones víricas contra las que la vacunación es más habitual es la gripe estacional. La citada OMS entiende por gripe estacional una infección vírica aguda que puede ser del tipo A, B o C en función de las combinaciones de
las proteínas H y N en la superficie del virus.
Fiebre alta, abundante secreción nasal, escalofríos, tos, dolores musculares, articulares y de cabeza... Son algunos de los síntomas propios de la gripe estacional, que puede afectar a toda la población, pero especialmente a los individuos
menores de dos años, a los mayores de 65 años, a las mujeres embarazadas, a los trabajadores de centros sociosanitarios, y a personas de todas las edades que presenten determinadas afecciones, tales como inmunodepresión o patologías crónicas
cardiacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas.
Según la OMS, la gripe estacional puede causar problemas económicos (principalmente por la reducción de la actividad laboral) y de salud pública considerables, de ahí su énfasis en la prevención de las infecciones, especialmente mediante la
vacunación, que resulta segura y eficaz desde hace más de 60 años hasta el punto de tener una efectividad comprendida entre el 70 y el 90 por ciento (especialmente en ancianos, en los que reduce los casos graves y las complicaciones un 60 por
ciento, y las muertes en un 80 por ciento).
En una línea de trabajo similar a la de la OMS, las administraciones sanitarias nacionales consideran la vacuna como la medida más eficaz para prevenir la gripe estacional y sus complicaciones.
Junto con medidas higiénicas como taparse la boca al toser o estornudar, lavarse con frecuencia las manos y no reutilizar los pañuelos empleados al estornudar o limpiar las secreciones nasales, tanto el Ministerio de Sanidad como las
consejerías autonómicas recomiendan la vacunación en convergencia con numerosas sociedades científicas y asociaciones profesionales de nuestro país.
La composición de las vacunas contra el virus de la Influenza se decide por parte de la OMS (su facilidad para mutar de un año a otro, requiere que se configure y se adapte cada año en virtud de los virus gripales que circulan en el invierno
austral), para luego producirla de forma masiva por parte de los laboratorios, lo cual requiere de un tiempo mínimo.
Las campañas de vacunación frente a la gripe estacional suelen iniciarse en el mes de octubre. No obstante, el contexto epidemiológico español se ha visto seriamente alterado este año por el coronavirus (COVID-19).
Por ello, con el objetivo de mejorar el diagnóstico diferencial de la gripe estacional con respecto al referido COVID-19 y teniendo presente que durante la temporada 2018/2019 en nuestro país se produjeron 490.000 casos leves de gripe que
acudieron a las consultas de atención primaria, hubo 35.300 hospitalizaciones con gripe confirmada por ensayos de laboratorio, se produjeron 2.500 ingresos en unidades de cuidados intensivos y se certificaron 6.300 muertes asociadas a la gripe,
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha, desde la coordinación con las Comunidades Autónomas y las sociedades científicas, una estrategia integral con la que garantizar un abordaje adecuado de la gripe estacional en
la campaña 2020 en todo el Sistema Nacional de Salud, ante la crisis generada por el coronavirus (COVID-19).
La referida estrategia deberá prepararse ya para intentar llegar este año a la mayor cantidad viable de población, así como adelantar todo lo que sea posible la vacunación, con el objetivo de facilitar en la medida de lo factible un
diagnóstico diferencial claro de la gripe estacional con respecto al referido COVID-19.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2020.-José Ignacio Echániz Salgado, Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo y Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
161/000703
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar las consecuencias
psicológicas de la crisis COVID-19, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El COVID-19 está dejando y dejará en el futuro consecuencias múltiples y, en su mayoría negativas, para la sociedad. También desde el punto de vista psicológico.
Además, la soledad es un problema en nuestra sociedad. El creciente número general de solteros, muchas personas mayores viudas o viudos, pero también la individualización creciente de la sociedad ya ha creado un gran potencial para la
soledad.
Las personas pueden lidiar con la soledad de manera muy diferente dependiendo de su estructura de personalidad. Las personas especialmente temerosas a menudo se sienten solas porque a menudo sufren de miedo a la pérdida, que por supuesto
ahora se está agudizando. Los introvertidos podrán hacer frente al 'distanciamiento social' mucho mejor, ya que está mucho más cerca de su realidad o de su nivel óptimo de excitación cerebral que los extrovertidos, acostumbrados a socializar y a
tener contacto con el exterior.
Especialmente, las personas que ahora no están dentro de una familia o sociedad y que solo pueden tener contactos mediáticos durante semanas y meses sufrirán mucho. También se conocen las consecuencias de la soledad, a saber, el aumento de
las tasas de enfermedad del sistema cardiovascular y el aumento de los trastornos mentales, especialmente la depresión.
Casi todas las actividades tienen un punto de saciedad psicológica. En pocas palabras: después de una semana, hasta Netflix deja de ser emocionante. Muchas actividades voluntarias tampoco serán posibles en un futuro cercano debido a la
crisis COVID.
En la crisis actual, las personas perderán sus empleos. Los trabajadores por cuenta propia y, por ejemplo, los empleados en el sector de la hostelería y restaurantes están particularmente en riesgo. Sin embargo, esta inseguridad laboral es
un obstáculo importante para el estrés, y en general, la precariedad económica está aumentando para muchas personas, lo que aumenta enormemente el estrés. Esta sensación de no saber si hay suficiente dinero en la cuenta a fin de mes será una carga
enorme. Aquellos que tienen deudas y préstamos ahora sufrirán enormemente.
Por su parte, los trabajadores de supermercados y tiendas de alimentación están padeciendo, desde el inicio del estado de alarma, la incongruencia entre la realidad de su labor y las medidas de protección dispuestas para ellos. En el actual
protocolo, estas personas están clasificadas por el Ministerio de Sanidad en el segundo escalafón 'exposición de bajo riesgo'.
En sus centros de trabajo, no obstante, atienden cada día a decenas y hasta a cientos de personas. Además del contacto constante, las personas que trabajan en supermercados están expuestas a una elevada presión mental, tensión y sobrecarga.
Para protegerse de un riesgo no hay que aumentar otro. Esto significa que, para protegernos de un riesgo biológico, no debemos incrementar la fatiga mental ni física de las personas.
Proposición no de Ley
'El Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno a:
1. Desarrollar medidas para paliar la fatiga mental y física de los trabajadores esenciales directamente relacionados con el COVID-19.
2. Poner en marcha medidas económicas que compensen el enorme esfuerzo de estos colectivos esenciales.
3. Desarrollar un sistema de monitoreo de la soledad, en el que las viudas y viudos en particular, así como cualquier persona que lo desee, participe activamente y se le llame regularmente.
4. Poner en marcha tareas de estimulación cognitiva para todos los que ahora están en casa y no saben cómo trabajar, de forma análoga al programa educativo para niños.
5. Poner en marcha teléfonos de atención y servicios de asesoramiento para el apoyo psicológico a la población.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2020.-Elena Castillo López, Carmen Riolobos Regadera y José Ignacio Echániz Salgado, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/000705
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al apoyo y acompañamiento de
pacientes mientras estén vigentes las limitaciones de movimiento obligadas por el coronavirus (COVID-19), para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La cifra de personas contagiadas por coronavirus (COVID-19) en España a fecha de 27 de abril de 2020 es, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, de 209.465. Por otra parte, y de acuerdo también con la versión oficial del
Gobierno, el número de fallecidos supera los 23.500.
La realidad descrita convierte a nuestro país en uno de los más afectados por el coronavirus (COVID-19) no sólo de la Unión Europea, sino de todo el mundo, y aunque la presión sobre las unidades de cuidados intensivos de los hospitales del
Sistema Nacional de Salud se está reduciendo de forma progresiva y la evolución de la pandemia comienza a mostrar señales de remisión en la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas, la cifra sostenida de fallecimientos diarios que se ha
registrado en los últimos días (sobre los 400) pone de manifiesto la necesidad de continuar aplicando medidas efectivas con las que evitar la propagación del COVID-19 y preservar la salud de los ciudadanos.
Desde la plena compatibilidad y la total convergencia con las medidas efectivas referidas, son diversas las instituciones que en los últimos días han manifestado la necesidad de analizar la manera de mejorar el apoyo y el acompañamiento a
los pacientes, tanto a los afectados por el COVID-19 como por otras patologías, así como de favorecer el entorno más compasivo que resulte posible en los momentos finales de la vida.
En este sentido, es muy probable que la declaración más notoria sea la realizada por el Comité de Bioética de España el pasado 15 de abril.
Mediante una declaración oficial, el citado Comité de Bioética de España señala que 'las circunstancias forzadas por una infección con tal alta contagiosidad y letalidad' como la provocada por el COVID-19 han hecho 'imperativa la adopción de
medias muy estrictas para prevenir la transmisión del virus'. En consecuencia, 'miles de pacientes han fallecido sin sentir el afecto y la cercanía de sus seres queridos, así como sin contar con apoyo espiritual o religioso conforme a sus
convicciones y creencias'.
En este contexto, y 'más allá del esfuerzo que los profesionales sanitarios -cualquiera que sea su estatus- ya están haciendo para paliar la carencia afectiva', el Comité de Bioética de España considera que 'se debe estudiar el modo de
permitir el acceso de, al menos, un familiar, sobre todo en los momentos de despedida'.
Aunque algunas Comunidades Autónomas, hospitales y residencias de mayores han elaborado protocolos y guías de actuación para hacer posible que familiares y personas allegadas puedan acompañar al paciente sin poner en riesgo su salud ni la
del equipo asistencial, no es así de forma homogénea en el conjunto de Comunidades Autónomas, hospitales y residencias de mayores de nuestro país.
Además, como también señala el Comité de Bioética de España en su declaración oficial, el acompañamiento y el apoyo espiritual constituyen derechos proclamados en la legislación vigente sobre los derechos de los pacientes y están
contemplados, de igual modo, en distintos planes de humanización de la asistencia sanitaria elaborados en los últimos años. Como tal, y en consecuencia, 'debe procurarse siempre que su limitación no sólo esté justificada ética y legalmente, sino
que, además, no sea de tal intensidad que acabe 'de facto' por convertirse en una absoluta privación'.
En las circunstancias actuales de la pandemia por coronavirus (COVID-19) y 'tras comprobar ciertas carencias de tipo relacional', el Comité de Bioética de España considera urgente 'afrontar el desafío que supone la asistencia en situaciones
especiales'. Es el caso 'de los pacientes en los momentos finales de su vida con la mayor calidad asistencial y humana que sea posible, de acuerdo con la filosofía de los cuidados paliativos', que incluyen criterios, entre otros, 'de acompañamiento
familiar'.
Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta tanto lo establecido en el artículo 53.1 de la Constitución, así como la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional en la que se establece que todos los derechos deben conservar un contenido
mínimo esencial.
El Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar, desde la preservación de la salud pública y en coordinación con las Comunidades Autónomas, los consejos de colegios oficiales de las profesionales sanitarias y las sociedades
científicas, un protocolo con el que posibilitar de forma homogénea en todo el país el acompañamiento y el apoyo de familiares y allegados a los pacientes
mientras estén vigentes las limitaciones de movimiento obligadas por el coronavirus (COVID-19), especialmente en situaciones de parto y en los momentos finales de la vida, y en mayor medida cuando se trate de pacientes menores de edad,
vulnerables y/o con discapacidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2020.-José Ignacio Echániz Salgado, Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Elvira Velasco Morillo y Carmen Navarro Lacoba, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000706
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la asistencia a los actos
funerarios de las personas que fallezcan mientras estén vigentes las limitaciones de movimiento obligadas por la pandemia de COVID-19, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Más allá de los contagios y los fallecimientos provocados por el coronavirus (COVID-19) en España -tan numerosos que nos han situado entre los países más afectados no sólo de la Unión Europea, sino de todo el mundo-, uno de los efectos más
negativos del propio COVID-19 en el bienestar de los ciudadanos es su impacto desde la perspectiva de la salud mental.
El desgate derivado del confinamiento vigente a partir la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo, la incertidumbre generada por las consecuencias laborales y económicas que la pandemia podrá tener en nuestras vidas y en las
de nuestros más allegados, la ansiedad provocada por no conocer hasta cuándo se prolongará la situación actual, el miedo ante la posibilidad de que se produzcan rebrotes dentro de pocos meses... son algunos ejemplos de desequilibrios emocionales
que se están produciendo en muchos hogares de la geografía española.
No obstante, es más que probable que el mayor de los desequilibrios referidos sea el derivado del fallecimiento de un familiar o una persona cercana en las últimas semanas, así como de la imposibilidad de estar presente en sus momentos
finales o en su última despedida.
El citado confinamiento impuesto para reducir al máximo la propagación del COVID-19 y preservar todo lo posible la salud de los ciudadanos ha imposibilitado -o limitado, cuanto menos, en gran medida- la presencia en velatorios, funerales,
incineraciones, entierros... en las ceremonias habituales para dar el último adiós.
Sin embargo, la evolución experimentada por la pandemia en nuestro país comienza a mostrar una tendencia a la remisión en la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas por la que el Gobierno ha comenzado a ofrecer públicamente algunas
pistas sobre cómo se plantea llevar a cabo el levantamiento escalonado del confinamiento.
Reactivación de la actividad en determinados sectores económicos, autorización para que menores de 14 años puedan salir a la calle acompañados de adultos, desescalada en cuatro fases... son algunas de las propuestas que se han puesto sobre
la mesa en los últimos días para procurar una realidad un poco más parecida a la existente antes de la expansión del coronavirus (COVID-19) en nuestro país.
Es precisamente en este contexto en el que cabe desarrollar cuanto antes, sin esperar al inicio de las fases comprometidas por el Gobierno, medidas con las que ampliar la cantidad de personas que pueden asistir físicamente a los velatorios,
los funerales, las incineraciones, los entierros... antes mencionados; para dar el último adiós a la persona fallecida y hacer posible, desde la mayor garantía viable de la protección de la salud frente al COVID-19, un acompañamiento y un apoyo
que contribuirán a evitar duelos patológicos y al agravamiento de las situaciones de vulnerabilidad propias de la pérdida de un ser querido.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar, desde la coordinación con las Comunidades Autónomas y las sociedades científicas, un protocolo que, desde la preservación de la salud frente al coronavirus (COVID-19), permita
ampliar en todo el país el número de personas que pueden asistir presencialmente a las ceremonias celebradas -velatorios, funerales, incineraciones, entierros...- para dar el último adiós a las personas que fallezcan mientras estén vigentes las
limitaciones de movimiento obligadas por la pandemia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2020.-José Ignacio Echániz Salgado, Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Elvira Velasco Morillo y Carmen Navarro Lacoba, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán y don Juan Luis Steegmann Olmedillas, en sus condiciones de Portavoz y Diputado del grupo parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley en relación con el abastecimiento de agua y saneamiento de las aguas residuales como sistema de detección de SARS-CoV-2 (COVID-19), para su discusión en la
Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Primero. El artículo 4 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, establece que el servicio de suministro domiciliario de agua potable para
consumo humano es un servicio esencial que debe quedar garantizado, especialmente en las actuales circunstancias.
El Ministerio de Sanidad, como autoridad delegada competente y de conformidad con el artículo 4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, dictó la Orden SND/274/2020, por la que se adoptan medidas en relación con los servicios de abastecimiento de agua de consumo humano y de saneamiento de aguas residuales.
La citada Orden recoge una serie medidas tendentes a evitar posibles problemas de salud mediante la garantía de los niveles de salubridad e higiene tanto en el suministro de agua como en los servicios de saneamiento de las aguas residuales
urbanas.
El agua en su estado natural necesita ser tratada hasta alcanzar las condiciones de calidad exigidas por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
De igual modo, el saneamiento implica procesos de tratamiento para depurar las aguas residuales urbanas con las mejores condiciones de calidad.
Las medidas que se adoptan en la presente Orden van destinadas a garantizar el adecuado suministro de agua, así como el correcto saneamiento, posibilitando que las empresas y entidades que llevan a cabo dichos procesos de tratamiento del
agua necesarios para que los servicios señalados tengan la consideración de operadores de servicios esenciales y dispongan de los productos, sustancias y materiales higiénicos para garantizar que puedan llevar a efecto su labor con las máximas
garantías de éxito, en cumplimiento de la normativa sanitaria aplicable a las aguas de consumo humano y a la depuración de las aguas residuales.
Segundo. El punto primero de la Orden SND/274/2020 señala expresamente que 'esta orden tiene por objeto dictar las medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios de abastecimiento a la población de agua de
consumo humano y de saneamiento de aguas residuales urbanas, considerados como servicios esenciales para la sociedad por su estrecha vinculación con la salud humana, en desarrollo y aplicación de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo'.
La citada orden resulta de aplicación a todas las entidades, públicas y privadas, que prestan, o contribuyen a prestar, el servicio de abastecimiento a la población de agua de consumo humano, así como de saneamiento de aguas residuales
urbanas, incluido el servicio de abastecimiento de aguas de consumo humano procedentes de las instalaciones de desalinización de aguas de mar (IDAM).
También incluye a:
- Subsector de laboratorios de ensayo en el campo de actividad de abastecimiento y saneamiento de aguas residuales.
- Subsector de fabricantes y comercializadores de reactivos empleados para la actividad de abastecimiento y saneamiento de aguas residuales.
- Subsector de suministro de bienes, repuestos y equipamientos relacionados con la cadena de soporte de los servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas residuales.
Tercero. Por otro lado, cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud ha señalado que el suministro de agua potable, saneamiento y condiciones higiénicas desempeñan un papel esencial en la protección de la salud humana durante todos
los brotes de enfermedades infecciosas, incluido el brote actual de COVID-19.
Asimismo, en un reciente análisis de riesgos llevado a cabo por la Comisión Europea se ha resaltado la importancia de garantizar el suministro de materias primas, materiales y productos químicos utilizados para el mantenimiento de la
correcta calidad del agua de consumo y un adecuado tratamiento de las aguas residuales. A día de hoy hay consenso en distintas organizaciones científicas, como la Organización Mundial de la Salud, el ECDC/CDC (Centers for Disease Control and
Prevention) y la EPA (Environmental Protection Agency) en que el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) no ha sido detectado en aguas de consumo cuando están tratadas al menos con filtración y desinfección, pues estos tratamientos eliminan o inactivan el
coronavirus. De acuerdo con la evidencia científica disponible, a las características del coronavirus y a la eficacia de los tratamientos en la producción de agua de consumo no parece que sea necesario añadir un tratamiento especial por causa de
este virus. Sin embargo, se ha comprobado que hay restos del virus en las aguas residuales antes de entrar en las plantas de tratamiento y que afortunadamente se eliminan con la depuración.
Cuarto. Un importante conjunto de investigaciones científicas ha demostrado la capacidad de la luz UV para inactivar una extensa lista de bacterias patógenas, virus y protozoos. La luz UV ofrece una ventaja clave sobre la desinfección con
cloro, ya que puede inactivar protozoos perjudiciales para la salud de la población.
La liberación de estos microorganismos perjudiciales a los lagos y ríos receptores a través de las plantas de tratamiento de aguas residuales que utilizan cloro para la desinfección, incrementa el riesgo de contaminación en comunidades que
utilizan los mismos cuerpos de agua para el agua potable y el agua de uso lúdico. Las plantas de tratamiento de aguas potables pueden beneficiarse de la utilización de luz UV, puesto que inactiva fácilmente patógenos resistentes al cloro
(protozoos), a la vez que reduce el empleo de cloro y la formación de sus subproductos.
A diferencia de los métodos químicos para la desinfección de aguas, la luz UV proporciona una inactivación rápida y eficiente de los microorganismos mediante un proceso físico. Cuando las bacterias, los virus y los protozoos se exponen a
las longitudes de onda germicidas de la luz UV, se vuelven incapaces de reproducirse e infectar. La luz UV se puede emplear para la desinfección contra microorganismos, incluidos protozoos resistentes al cloro.
Se ha demostrado que la luz UV es eficaz frente a microorganismos patógenos, como los causantes del cólera, la polio, la fiebre tifoidea, la hepatitis y otras enfermedades bacterianas, víricas y parasitarias.
Asimismo, se aprovecha la luz UV (sola o junto con peróxido de hidrógeno) para destruir contaminantes químicos como pesticidas, disolventes industriales y fármacos, a través de un proceso denominado oxidación UV.
La desinfección por UV no es un proceso químico y no produce ningún riesgo. La luz UV impide que los microorganismos se reproduzcan dañando el ácido nucleico. Los microorganismos se desactivan por medio de la luz UV como resultado del daño
a los ácidos nucleicos. El ADN y el ARN celular absorben la energía alta asociada con la energía UV de longitud de onda corta, principalmente a 254 nm. Esta absorción de energía.W forma nuevos enlaces entre nucleótidos adyacentes creando dobles
enlaces o dímeros.
La dimerización de las moléculas adyacentes, especialmente de las timinas, constituye el daño fotoquímico más frecuente. La formación de numerosos dímeros de timina en el ADN de bacterias y virus impide la replicación y la capacidad de
infectar.
Los sistemas UV deben diseñarse con una dosis de radiación UV suficiente como para garantizar que el daño celular no pueda ser reparado. La determinación del tamaño de un sistema debe basarse en la validación bioanalítica (pruebas de campo)
para garantizar una desinfección adecuada.
Es un proceso libre de sustancias químicas que no añade nada al agua, excepto luz UV. La luz UV no requiere transporte, almacenamiento ni manipulación de sustancias químicas tóxicas o corrosivas, lo que representa un beneficio para la
seguridad de los operarios de las plantas y la población circundante.
El tratamiento por UV no genera subproductos carcinógenos de la desinfección que puedan afectar negativamente a la calidad del agua.
La desinfección por UV es muy eficaz en la inactivación de una gran diversidad de microorganismos, incluidos patógenos resistentes al cloro como Cryptosporidium y Giardia.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Analizar el agua en las plantas de tratamiento, tanto a su entrada como a su salida, para descartar presencia de SARS-CoV-2.
2. Establecer un sistema de detección aleatorio en puntos terminales de distribución.
3. Crear un sistema de alerta epidemiológica a través de este sistema de control.
4. Garantizar un abastecimiento permanente y seguro de agua durante toda la crisis de la COVID-19, de conformidad con la Orden SND/274/2020.
5. Garantizar el suministro de materias primas, materiales y productos químicos necesarios para el mantenimiento de la correcta calidad del agua.
6. Suspender cualquier medida que conlleve un corte de suministro mientras la epidemia de COVID-19 no se haya definido como terminada.
7. Mientras dure la epidemia de COVID-19 instalar y usar sistemas de desinfección con luz UV en el agua que, una vez tratada con los métodos de desinfección habituales, vaya a ser usada para el consumo.
8. Incentivar a aquellas empresas españolas que desarrollen sistemas de purificación de aguas mediante luz UV.
9. Realizar un rastreo de aguas residuales como sistema de detección de SARS-CoV-2.
10. Asimismo, instalar sistemas de desinfección con luz UV, para ser usados, en el eventual caso de que se detecte SARS-CoV-2 en el producto final tras el tratamiento estándar de aguas residuales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2020.-Juan Luis Steegmann Olmedillas, Diputado.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000720
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al desarrollo de un plan de
choque con el que cubrir las necesidades biotecnológicas y de tecnología sanitaria ante la crisis generada por el coronavirus (COVID-19), para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Uno de los elementos que entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades consideran cardinal para posibilitar una gestión adecuada de la crisis generada por el
coronavirus (COVID-19) son las pruebas diagnósticas.
'Test, test, test'. Ese fue el claro mensaje comunicado por Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la referida OMS, el pasado 17 de marzo de 2020. Según Adhanom Ghebreyesus, 'no podemos detener la pandemia si no sabemos quién está
infectado', por eso 'recomendamos a los países que se aferren a las pruebas'.
Más allá de clasificaciones de los países en función de las pruebas diagnósticas de COVID-19 que hayan realizado -caso de la publicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en la que España ocupa definitivamente
el lugar 17-, la realización de las referidas pruebas ha sido valorada por los expertos como la mejor fórmula para conocer de forma fiable la situación real de la pandemia, así como para diseñar y llevar a la práctica las medidas oportunas para
frenar los contagios, planificar adecuadamente el levantamiento gradual de los confinamientos y preservar la salud de las personas.
A fecha de 23 de abril de 2020, la cifra de pruebas PCR realizadas en nuestro país según concretó Salvador Illa, ministro de Sanidad, en su cuenta oficial de la red social Twitter (@salvadorilla), era de 1.035.522, mientras que la de test de
diagnóstico rápido ascendía a 310.038.
Partiendo de las insuficiencias en la realización de pruebas diagnósticas reiteradamente manifestadas en nuestro país por colectivos como, por ejemplo, los representantes de los profesionales sanitarios (consejos de colegios oficiales,
sociedades científicas, sindicatos...), además de otros episodios nada afortunados como el protagonizado por los 640.000 test de diagnóstico rápido defectuosos adquiridos por el Gobierno el pasado mes de marzo, parece que la mayor asignatura
pendiente del propio Ejecutivo en lo que a pruebas diagnóstica de COVID-19 se refiere es la que la Asociación Española de Bioempresas (Asebio) puso sobre la mesa el pasado 28 de abril.
Según Asebio, las empresas a las que representa tienen capacidad para producir 745.500 test para diagnosticar coronavirus a la semana, cifra que podría verse incrementada hasta 1,5 millones si el Gobierno formalizase el compromiso de
adquirirlos.
De esta forma, las posibilidades de alcanzar un control real de la pandemia serán mayores y, de forma paralela, se favorecería el desarrollo de la industria tecnológica española. No obstante, al menos en los momentos en los que se redactaba
la presente iniciativa, el citado compromiso no se había anunciado ni parecía haber voluntad de ello.
Por otra parte, Asebio considera necesario 'un plan para tener capacidades ahora y una estrategia de país post COVID-19' que 'nos dé una idea de lo que el sistema va a necesitar en los próximos meses y se establezca una hoja de ruta que nos
dé confianza', solicitud plenamente convergente con la planteada a lo largo de las últimas semanas por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar, en coordinación con las Comunidades Autónomas y desde la cooperación con los representantes de las empresas de tecnología sanitaria y biotecnología, un plan de choque con el que
poder planificar y llevar a la práctica las medidas oportunas para satisfacer las necesidades del país (test diagnóstico rápido, PCR...) en los próximos meses ante la crisis generada por el coronavirus (COVID-19).
De igual forma, y también en coordinación con las Comunidades Autónomas y desde la cooperación con los representantes de las empresas de tecnología sanitaria y biotecnología, el Gobierno desarrollará una estrategia de país para hacer posible
una respuesta eficiente y adecuada ante futuras crisis de salud pública.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2020.-José Ignacio Echániz Salgado, Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo y Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000669
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Proposición no de Ley sobre medidas urgentes en materia de universidades para hacer frente a la crisis provocada por el COVID-19.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Asimismo, dar traslado de este acuerdo al Gobierno, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas urgentes en materia de Universidades para hacer
frente a la crisis provocada por el COVID-19, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
El pasado 15 de abril, el Ministerio de Universidades emitió un documento de recomendaciones sobre criterios generales para la adaptación del sistema universitario español ante la pandemia del COVID-19, durante el curso 2019-2020.
La nota emitida por el Ministerio sugiere a las Universidades que establezcan unos criterios generales de evaluación no presencial que posibiliten que cada titulación y asignatura evalúe el aprendizaje realizado por el alumnado de una manera
específica. Con estos criterios, siempre según la valoración del Ministerio de Universidades, se persigue adaptar la evaluación a las especificidades académicas existentes en cada grado o máster derivadas de su propio contenido.
Para el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el Ministerio de Universidades, al igual que hizo el Ministerio de Educación y Formación Profesional la pasada semana, ha optado por la solución más cómoda, al cargar sobre los centros educativos y
el personal docente toda la responsabilidad en relación a la concreción de los criterios de evaluación y para la superación de los créditos de los grados y los máster homogéneos para todo el territorio, en una situación de total excepcionalidad como
en la que nos encontramos. De igual modo, estas recomendaciones nos parecen demasiado aventuradas, ya que en este momento no disponemos de datos oficiales sobre cómo se han adaptado las Universidades de España a la hora de seguir impartiendo las
asignaturas a través de medios electrónicos y el seguimiento de las clases realizado hasta la fecha por parte del estudiantado.
El ministro de Universidades deber ser consciente del perjuicio que estas decisiones pueden causar a los estudiantes, si los criterios de evaluación establecidos no garantizan que el alumnado haya asumido las competencias propias de las
titulaciones, en forma de devaluación de su propio título una vez finalicen sus estudios. Del mismo modo, esta decisión cuestiona el principio de igualdad del estudiantado, al
posibilitar de facto que existan métodos y estándares totalmente distintos para evaluar una misma asignatura en todas las Universidades, y tiene una perspectiva nula a corto plazo, en la medida en que los expertos no consideran descartable
que el próximo otoño pueda haber un nuevo brote de COVID-19 en nuestro país, lo que podría obligar a las Universidades a suspender de nuevo las clases presenciales.
Por último, y no por ello menos importante, establecer mecanismos y criterios homologables para todas las Universidades que garanticen que los estudiantes han asumido el contenido curricular, supone una manera de dignificar el trabajo del
personal docente de los centros universitarios, que se han visto obligados a trabajar desde que se decretó el confinamiento desde sus hogares para llegar a todo el estudiantado y seguir impartido las clases sin que hubiera un plan específico ni
existieran los medios adecuados para ello.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
1. Emitir unas nuevas directrices básicas, previo consenso con las Comunidades Autónomas, las Universidades, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, los sindicatos más representativos del profesorado y las asociaciones de
estudiantes más importantes de ámbito nacional, para la evaluación y superación de las asignaturas de los grados y másteres universitarios, así como de las prácticas académicas curriculares.
2. Emitir un formulario o cuestionario de manera urgente, previo acuerdo con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, los sindicatos más representativos del profesorado y las asociaciones de estudiantes universitarios más
importantes de ámbito nacional, para recopilar la experiencia acumulada en las Universidades durante esta la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
3. Impulsar una evaluación del impacto de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 en las Universidades. En el plazo de 3 meses, el Ministerio de Universidades deberá remitir un informe con el resultado de la evaluación a los miembros
de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades que deberá dar respuesta a las siguientes cuestiones:
a) La experiencia acumulada por las Universidades en este periodo, para la posterior elaboración de planes de contingencia por parte de las CC. AA. y las propias Universidades para que situaciones de excepcionalidad como la que estamos
viviendo no afecten a la formación de los universitarios.
b) Las competencias del personal docente para impartir clases a través de medios digitales.
c) Adaptación realizada por parte de las Universidades para realizar la docencia a distancia y el seguimiento de las clases por parte de los universitarios a través de herramientas digitales u otros medios habilitados para este fin.
d) Medidas para aumentar el porcentaje de estudiantes que se matriculan en grados STEM en nuestro país.
e) Diagnóstico sobre el impacto académico, investigador y económico de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 en las Universidades.
4. Impulsar de manera inmediata la actualización de los umbrales de renta aplicables para la concesión de las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2020-2021 para garantizar la igualdad de oportunidades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2020.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000714
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Pedro Fernández Hernández, doña Mireia Borrás Pabón y don Francisco José Contreras Peláez, en su condición de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a elaborar una nueva Estrategia de Internacionalización de las Universidades Españolas para el
horizonte 2030, para su debate ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
Primero. La introducción de la 'Estrategia para la Internacionalización de las Universidades Españolas 2015-2020' expresa que 'la internacionalización es un factor clave para el desarrollo de la calidad de las universidades españolas,
teniendo el potencial de ser el motor para la reforma del sistema universitario español en busca de la mejora de su eficiencia, excelencia y competitividad en un entorno global (...) El desarrollo de un sistema de educación superior
internacionalizado en España debe jugar un papel fundamental en mantener y contribuir a aumentar el atractivo internacional de España, mediante la educación de los profesionales altamente cualificados que nuestra economía y nuestra sociedad
necesitan, dando a los estudiantes los conocimientos y competencias demandados por la economía global, así como generando y transfiriendo conocimiento a la sociedad y empresas españolas.
La internacionalización proporciona oportunidades de mejorar la calidad de las actividades de aprendizaje, docencia, investigación, transferencia e innovación en nuestras universidades, consolidando España como una referencia en educación
internacional en español, debiendo también empezar a competir ofreciendo educación internacional de calidad mundial en inglés y otras lenguas extranjeras.
Nuestras universidades deben ser atractivas y reconocidas internacionalmente, capaces de competir con las mejores universidades de otros países, contribuyendo a resolver los grandes retos sociales, muchos de ellos globales, de las sociedades
modernas.
A nivel del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), los Ministros de los 47 países del proceso de Bolonia acordaron en 2007 una Estrategia para la Dimensión Exterior del EEES 8 y en 2012 una Estrategia de Movilidad 2020 9. En la Unión
Europea (UE), la Comisión aprobó en 2013 una estrategia de internacionalización para la UE 10. Estas estrategias proponen medidas y objetivos concretos para promover la movilidad internacional de estudiantes y de personal y la internacionalización
de los sistemas e instituciones de educación superior. Todos los miembros del EEES deben desarrollar sus estrategias y objetivos nacionales con medidas concretas e indicadores medibles.
El Grupo de Trabajo de Internacionalización de las Universidades coordinado por la Secretaría General de Universidades (SGU) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (ME CD), ha contado con amplia participación de otros departamentos
ministeriales, universidades y otros actores del sistema universitario, incluyendo las empresas y organismos de la sociedad civil. La Estrategia de Internacionalización se plantea como un conjunto de medidas y acciones concretas a desarrollar por
actores específicos con el fin de lograr resultados medibles en un plazo de tiempo determinado.
La Estrategia parte de un diagnóstico de la internacionalización del sistema e instituciones universitarias e identifica los retos a afrontar en un entorno abierto de colaboración y competición a nivel internacional en educación superior.
Se propone en función de estos retos, un sistema de visión y objetivos, así como acciones concretas para su desarrollo'.
Segundo. La citada 'Estrategia para la Internacionalización de las Universidades Españolas 2015-2020' propone un objetivo general para el horizonte 2020, consistente en 'consolidar un sistema universitario fuerte e internacionalmente
atractivo que promueva la movilidad de entrada y salida de los mejores estudiantes, profesores, investigadores y personal de administración y servicios, la calidad educativa, el potencial del español como idioma para la educación superior, la
internacionalización de los programas formativos y las actividades de I+D+i, contribuyendo a la mejora del atractivo y de la competitividad internacional de España, así como al desarrollo socioeconómico de su entorno próximo basado en el
conocimiento.'
8 European Higher Education in a Global Setting. A Strategy for the External Dimension of the Bologna Process.
9 Mobility for Better Learning. Mobility Strategy 2020 for the European Higher Education Area.
10 European Higher Education in the World. EC. July 2013.
Tercero. Para alcanzar este objetivo general se proponen las siguientes actuaciones concretas en 4 grandes ejes estratégicos:
- La consolidación de un sistema universitario altamente internacionalizado.
- El aumento del atractivo internacional de las universidades.
- La promoción de la competitividad internacional del entorno.
- La intensificación de la cooperación en educación superior con otras regiones del mundo.
Cuarto. Esta estrategia, que ha mejorado la posición de la Universidad española así como su calidad y las interacciones con otras Universidades extranjeras, finaliza este año 2020, lo que recomienda la preparación de una nueva estrategia
valorando los resultados de la anterior para el horizonte 2030, a fin de posibilitar que la Universidad española se posicione en el exterior al mismo nivel que el peso económico internacional que actualmente tiene España entre las economías más
importantes del mundo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar una nueva Estrategia de Internacionalización de las Universidades Españolas para el horizonte 2030.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2020.-Mireia Borrás Pabón, Pedro Fernández Hernández y Francisco José Contreras Peláez, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Igualdad
161/000691
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la incorporación al Plan de
Vivienda 2018-2021 de un programa específico para víctimas de violencia de género, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La situación de confinamiento decretada por el Gobierno a través del RDL 463/2020 y sus sucesivas prórrogas no afecta a todos por igual. Existe una población de riesgo ante esta situación extraordinaria a la que el Gobierno no ha dado
respuesta eficaz: las mujeres víctimas de violencia doméstica.
Ya desde los organismos internacionales se ha alertado del aumento de actos de violencia contra la mujer que se pueden producir en estas circunstancias durante el confinamiento.
El secretario general de las Naciones Unidas pidió a todos los países que implementen medidas para evitar este repunte de violencia de género mientras avanzan las cuarentenas por la pandemia del coronavirus.
Asimismo, en estos días, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial ha defendido que se deben ampliar los recursos tras el Estado de Alarma al producirse condiciones
familiares que pueden agravarse ante una situación económica precaria, condiciones de desempleo y un panorama socio-económico donde se requiere la puesta en marcha de las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de la Género,
aprobado en la XII legislatura con amplio consenso en esta Cámara, además de otras medidas que se tendrán que adaptar ante la incertidumbre sanitaria, social y económica.
Ante el drama que supone el confinamiento bajo un mismo techo de una mujer víctima de violencia y su agresor, desde nuestro Grupo Parlamentario entendemos que se deben adoptar con urgencia medidas que ofrezcan una alternativa de vivienda a
aquellas mujeres que denuncien situaciones de violencia por cualquiera de los dispositivos de emergencia que se han habilitado ante esta crisis en cada una de nuestras Comunidades Autónomas.
Con respecto a las medidas de carácter habitacional en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, se establecía como medida a desarrollar:
'168. Asegurar con las Comunidades Autónomas competentes en la materia la existencia de Recursos Habitacionales suficientes y dignos para las mujeres víctimas: a través de la red de casas de acogida, impulsando su acceso a una vivienda
social (siendo uno de los colectivos de acceso prioritario) o a aquellas soluciones que aporte cada comunidad. Se trabajará con las CC.AA. en un Plan de Garantía Habitacional Inmediata para toda aquella mujer que, previa valoración, ostente la
condición de mujer víctima de violencia machista, revisando los criterios de acceso para permitir el uso de los recursos a víctimas sin orden de protección o a mujeres en situación irregular que lo requieran.'
Ya en el Plan de Vivienda 2018-2021, elaborado por el Gobierno del Partido Popular se establecía el acceso preferente a todos los programas de las mujeres víctimas, pero entendemos que, ante una situación de emergencia, la situación ha de
ser inmediata, eficaz y con la garantía de que sea una solución digna, lejos de la que se plantea en el RDL 12/2020, en los establecimientos turísticos regulados en la Orden TMA/277/2020. Estos establecimientos pueden usarse durante una o dos
semanas, pero no son una solución digna para una posible víctima ni para sus hijos.
Esta solución se plantea desde el Gobierno con independencia de las medidas previstas en el Real Decreto Ley 11/2020 en el que se establece la reestructuración del Plan de Vivienda 2018-2021, concretamente del programa 3 de ayuda a las
personas que se encuentren en situación de desahucio o de lanzamiento de vivienda habitual.
Habida cuenta de que este programa tenía una asignación presupuestaria en origen de 31,73 millones de euros y que a este programa no se ha adscrito prácticamente ninguna comunidad autónoma, además de que en el Real Decreto 106/2018 que da
soporte al referido Plan se establece la posibilidad de modificar la distribución de los fondos entre programas con objeto de adaptarse a las demandas de ayudas sobrevenidas durante la vigencia del Plan, desde el Grupo Parlamentario Popular
entendemos que no tiene sentido reestructurar el Plan de Vivienda mezclando desahucios con violencia de género. La solución, en cambio, debe pasar por establecer un programa específico para víctimas, las cuales se encuentran ahora mismo sin
cobertura ante la situación de emergencia creada por el COVID-19.
Y más cuando en el propio RDL 11/2020 se contemplan medidas de urgencia para garantizar que no se produzcan desahucios por impago de alquiler en un mínimo de seis meses, igual que se ha garantizado la prórroga de la moratoria de desahucios
por impagos hipotecarios.
Desde el Grupo Parlamentario Popular planteamos que los fondos destinados al actual programa de atención a las familias que hayan sido objeto de desahucio (puesto que se prevén otras medidas alternativas para darles cobertura), se destinen
en este periodo de emergencia a la creación de un nuevo programa para la atención a víctimas de Violencia de género durante el confinamiento que ha sufrido toda la población durante la crisis del COVID-19.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer, dentro de la reestructuración del Plan de Vivienda 2018-2021, un nuevo programa de ayuda a las víctimas de violencia de género para minimizar el impacto social de la crisis del
corona virus.
1. Este nuevo programa tendrá por objeto facilitar una vivienda de acceso inmediato a las mujeres víctimas de violencia de género, de acuerdo con sus necesidades familiares, para garantizar así la protección de la víctima y de sus hijos en
condiciones que garanticen el normal funcionamiento de su vida familiar.
2. Podrán ser beneficiarias de las ayudas de este programa las personas referidas en el apartado anterior, así como las administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, de economía colaborativa o similares,
siempre sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea dotar de una vivienda a las referidas personas.
3. La financiación de esta medida correrá a cargo de los fondos inicialmente previstos para el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 regulado en el Real Decreto 06/2018, de 9 de marzo, redistribuyendo los fondos entre programas y en
coordinación con la CC.AA.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2020.-Ana María Zurita Expósito, Pilar Marcos Domínguez y Margarita Prohens Rigo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
181/000118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Diputado don Alberto Rodríguez Rodríguez
Dirigida a la Ministra de Trabajo y Economía Social, doña Yolanda Díaz Pérez
Texto:
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para garantizar un mínimo nivel de subsistencia a aquellas personas trabajadoras que, habiendo agotado un subsidio de desempleo antes o durante la vigencia del estado de alarma, no dispongan de ningún
otro tipo de ingresos o rentas y no puedan buscar un trabajo por la imposibilidad derivada de las medidas de confinamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2020.-Alberto Rodríguez Rodríguez, Diputado.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000088
Por escrito de fecha 27 de abril de 2020, se ha retirado la pregunta formulada por la Diputada doña María Magdalena Nevado del Campo sobre posibilidad de reestructurar las inversiones y emplear los fondos inicialmente destinados para el
Fondo Verde del Clima a la lucha trasversal contra el SARS-CoV-2, al haberse reducido drásticamente las emisiones de NO2 y, previsiblemente, también las
de CO2, por el confinamiento, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 75, de 28 de abril de 2020.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
181/000117
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Democrático
Diputada doña Inés Sabanés Nadal
Dirigida a la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Texto:
1. ¿Qué piensa hacer el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el ámbito de sus competencias para salvaguardar el medio ambiente en regiones como Murcia ante la inacción de los gobiernos autonómicos?
2. ¿Debería rescatar el Estado las competencias de conservación y protección de la biodiversidad de aquellas autonomías que estén haciendo dejación de funciones, según lo previsto en el artículo 45 de la Constitución Española, que obliga a
los poderes públicos a preservar el medio ambiente de todos los ciudadanos, al igual que la riqueza del país que debe estar sometida al interés general según el artículo 128.1 de nuestra Constitución, y cumpliendo una función social y pública según
el artículo 4 de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, bajo competencia y responsabilidad del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2020.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/010883
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Utrilla Cano, Julio (GVOX). Rosety Fernández de Castro, Agustín (GVOX). Asarta Cuevas, Alberto (GVOX). Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo (GVOX). Salvá Verd, Antonio (GVOX). González Coello de Portugal, Víctor (GVOX). Del Valle
Rodríguez, Emilio Jesús (GVOX).
Informaciones del Centro Nacional de Inteligencia sobre las advertencias de la Jefa de la Delegación en China sobre los peligros del COVID-19 que afectaba en diciembre de 2019 a la ciudad de Wuhan.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto la pregunta 1, en la medida en que, conforme a lo dispuesto en el
artículo 11 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, Reguladora del Centro Nacional
de Inteligencia, la información apropiada sobre el funcionamiento y actividades del CNI se somete al conocimiento del Congreso de los Diputados a través de la Comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados, comunicando
este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Utrilla Cano, don Agustin Rosety Fernández de Castro, don Alberto Asarta Cuevas, don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, don Antonio Salvá Verd, don Víctor González Coello de Portugal y don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, en sus
condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para la que solicitan respuesta por
escrito.
Exposición de motivos
El Centro Nacional de Inteligencia (en adelante, CNT) es el Organismo público responsable de facilitar al presidente del Gobierno de la Nación 'las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier
peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones'. Así lo señala expresamente la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del
Centro Nacional de Inteligencia.
Igualmente, señala en su artículo 4, apartado a), que el CNT llevará a cabo la función de 'Obtener, evaluar e interpretar información y difundir la inteligencia necesaria para proteger y promover los intereses políticos, económicos,
industriales, comerciales y estratégicos de España, pudiendo actuar dentro o fuera del territorio nacional.'
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasó por alto las recomendaciones y observaciones que integrantes del servicio de inteligencia le proporcionó y que afectaban tanto a la integridad física de los ciudadanos como a los intereses
económicos, comerciales e industriales.
Y ello, porque la Dirección del CNI, según informaciones públicas, trasladó por escrito a Presidencia del Gobierno la preocupación de la jefa de la Delegación en China sobre los peligros del COVID-19, que afectada en diciembre de 2019 a la
ciudad de Wuhan. Las informaciones tenían su origen en comunicaciones que Beatriz Méndez de Vigo (jefa de la Delegación en China) tuvo con contactos de inteligencia exterior del Ministerio de la Seguridad del Estado, (Guojia Anquan Bu).
Así, ya a mediados del mes de enero, se señalaba la alerta emitida por un grupo de médicos del Hospital Central de Wuhan, a cuya cabeza se encuentra la doctora Ai Fen.
Estas comunicaciones, tenían lugar previo el decreto de la OMS, el 30 de enero, de 'riesgo de salud pública de interés internacional'.
El presidente del Gobierno ya tenía en su poder los informes, llegados desde China, y que constataban la virulencia y rápida propagación del virus haciendo inminentemente necesario el confinamiento de la población para combatirlo, cuando
tuvo conocimiento el 24 de febrero de los primeros contagiados en España. En el mes de marzo, el Ministerio de Sanidad, indicaba que el número de contagiados, estaba en torno a 15, y progresaba, haciendo referencia a los correos de la Delegación
del CNT en China.
Preguntas:
1. [...]
2. ¿Por qué no se declaró en aquel momento la 'Situación de interés' recogida en el artículo 23 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, si cumplía con todos los requisitos contemplados en su apartado segundo?
3. ¿Por qué no se convocó al Consejo de Seguridad Nacional para ejercer las funciones de dirección y coordinación de la gestión de dicha Situación, sin perjuicio de la aplicación de la legislación en materia de Defensa Nacional y de las
competencias que correspondan al Consejo de Ministros?
4. Y, en relación a la anterior, ¿por qué no se constituyó la Comisión de Apoyo de Sanidad, inexistente al momento?
5. ¿Por qué no se elaboró un plan de contingencia?
6. ¿Por qué no se determinaron, en aquel momento, las necesidades de abastecimiento para acopio de material sanitario crítico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2020.-Julio Utrilla Cano, Agustín Rosety Fernández de Castro, Alberto Asarta Cuevas, Antonio Salvá Verd, Víctor González Coello de Portugal, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Carlos Hugo
Fernández-Roca Suárez, Diputados.
184/011740
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz (GP). Movellán Lombilla, Diego (GP). Echániz Salgado, José Ignacio (GP).
ERTE presentados en España desde el comienzo del estado de alarma, así como número de los mismos tramitados y que se han resuelto directamente, porcentaje de los que están paralizados, número de los que se han denegado y motivos para ello.
Acuerdo:
Admitir a trámite como pregunta con respuesta escrita y, en consecuencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este
acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Doña Beatriz Álvarez Fanjul, Diputada por Vizcaya; don Diego Movellán Lombilla, Diputado por Cantabria, y don José Ignacio Echániz Salgado, Diputado por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular, presentan para el mejor
cumplimiento de sus funciones parlamentarias, al amparo de lo establecido en el Reglamento, las siguientes preguntas:
- ¿Qué porcentaje de los 500.000 ERTE presentados en España, desde el comienzo del estado de alarma, consecuencia de la crisis del COVID-19, han sido presentados por las empresas en las autoridades laborales competentes de las Comunidades
Autónomas? Desglosar datos por provincias y sectores económicos.
- ¿Qué porcentaje de los ERTE se presentaron directamente en el en el Ministerio de Trabajo y Economía Social? Desglosar datos por sectores económicos.
- Los ERTE presentados directamente para su tramitación en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, ¿a cuántos trabajadores afectan?
- De los datos anteriores, ¿cuántos expedientes de ERTE, tramitados tanto por las autoridades laborales competentes de las Comunidades Autónomas como directamente por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, se han resuelto diariamente?
¿Qué porcentaje de ERTE tramitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social está paralizado y cuánto representa sobre el total de los ERTE y trabajadores?
- ¿Cuántos expedientes tramitados tanto por la autoridad laboral competente como por el Ministerio de Trabajo y Economía Social se han denegado, y por qué razones? Desglosar datos por provincias y sectores económicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2020.-Beatriz Álvarez Fanjul, Diego Movellán Lombilla y José Ignacio Echániz Salgado, Diputados.
184/011741
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz (GP). Movellán Lombilla, Diego (GP). Echániz Salgado, José Ignacio (GP).
ERTE presentados a lo largo de las últimas cinco semanas cuya resolución corresponde al Ministerio de Trabajo y Economía Social y número de trabajadores afectados por los mismos como consecuencia del COVID-19 que son responsabilidad de dicho
Ministerio, así como, de los datos anteriores, ERTE paralizados, solicitudes denegadas y motivos para ello.
Acuerdo:
Admitir a trámite como pregunta con respuesta escrita y, en consecuencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este
acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Doña Beatriz Álvarez Fanjul, Diputada por Vizcaya; don Diego Movellán Lombilla, Diputado por Cantabria, y don José Ignacio Echániz Salgado, Diputado por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular, presentan para el mejor
cumplimiento de sus funciones parlamentarias, al amparo de lo establecido en el Reglamento, las siguientes preguntas:
¿Qué porcentaje de los 500.000 ERTE presentados a lo largo de las últimas cinco semanas le corresponde resolver al Ministerio de Trabajo y Economía Social? Desglosar datos por provincia y sector.
Del número total de empleados afectados por los ERTE presentados en estas últimas semanas como consecuencia del COVID-19 ¿cuántos trabajadores son responsabilidad del Ministerio de Trabajo?
De los datos anteriores, ¿qué porcentaje de ERTE está paralizado y cuánto representa sobre el total de los ERTE y trabajadores?
¿Cuánto de lo que se ha revisado por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social se ha denegado, y por qué razones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2020.-Beatriz Álvarez Fanjul, Diego Movellán Lombilla y José Ignacio Echániz Salgado, Diputados.